Estrategia fallida: 250.000 asesinatos en México desde el inicio de la "guerra contra el narco" // México: Madres de personas desaparecidas marchan por las víctimas de la guerra contra las drogas // Vinculan a una unidad policial financiada por EE.UU. con ejecuciones ilegales en El Salvador // Habla la Mara Salvatrucha: La Policía y las pandillas se preparan para una guerra en El Salvador // Uribe y los "negocios legítimos con narcotraficantes" // Guatemala: Condena histórica contra Egresados de la Escuela de las Américas // Documento desclasificado de la CIA confirma que Geisel aprobó ejecuciones durante la dictadura brasileña // ARGENTINA: El FMI es parte del poder que subordina a Argentina a la dominación y la dependencia por Julio C. Gambina // CTA A: "La unidad que sirve es la que construye alternativas" // Las Abuelas de Plazo de Mayo nominadas para el Premio Nobel de la Paz // URUGUAY: Los debates estratégicos en la CNT (1968-1971)

Estrategia fallida: 250.000 asesinatos en México desde el inicio de la "guerra contra el narco"

Publicado: 24 may 2018 16:40 GMT - RT

El presidente Felipe Calderón entrega la presidencia a Enrique Peña Nieto en el Congreso. Ciudad de México, 1 de diciembre de 2012. / Henry Romero / Reuters

Más de 250.000 personas han sido asesinadas en México en lo que va de la llamada "guerra contra el narcotráfico", según un recuento realizado por RT.
De acuerdo con fuentes oficiales, existe evidencia documental de al menos 250.547 homicidios en el país entre diciembre de 2006 y abril de 2018. Una cifra que evidencia las fallas del actual modelo de seguridad implementado desde hace poco más de una década en el país, el mismo que ha provocado una crisis humanitaria sin precedentes en México, con niveles de violencia equiparable a países en guerra.
Pero a pesar de que el Gobierno mexicano reconoce que la estrategia de seguridad ha sido un fracaso, una ley aprobada por el Congreso que actualmente es revisada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, busca que militares sigan realizando por tiempo indefinido tareas de seguridad pública, pese a las críticas de los expertos.
De ahí que la "epidemia de violencia" que padece México, se haya convertido en uno de los principales temas de las campañas presidenciales, mientras el número de asesinatos en el país sigue a la alza.

Las cifras de la "guerra contra el narcotráfico"

El 1 de diciembre de 2006, Felipe Calderón tomó posesión como presidente de México en medio de acusaciones de fraude electoral. 
"Sé que restablecer la seguridad no será fácil ni rápido, que tomará tiempo, que costará mucho dinero e incluso, por desgracia, vidas humanas. Pero ténganlo por seguro: ésta es una batalla en la que yo estaré al frente, es una batalla que tenemos que librar y que unidos los mexicanos vamos a ganar a la delincuencia", dijo Calderón en uno de sus primeros discursos como presidente.

Soldados montan guardia en el penal de Topo Chico en Monterrey, Mexico, el 11 de febrero de 2016. / Daniel Becerril / Reuters

Apenas 10 días después, el 11 de diciembre, el gobierno de Calderón anunció el primer operativo con militares para realizar labores de seguridad pública sin el sustento legal necesario y sin un diagnóstico previo de la situación.
Ese mismo mes, los datos de incidencia delictiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública registraron 1.021 carpetas de investigación por homicidio doloso. Fue así que la "batalla" del Ejército contra la delincuencia organizada había comenzado.
"Es una guerra, un tema que yo sé que será muy largo, que probablemente yo no vea el final como presidente", dijo Calderón vestido como militar, el 3 de enero de 2007.
Datos del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) sostienen que de 2007 a 2016 se registraron 210.007 homicidios por agresiones.

De acuerdo con un informe del Instituto Belisario Domínguez del Senado mexicano, en el cual se explican a detalle las precisiones metodológicas sobre las cifras de homicidios en el país, las defunciones por homicidio del INEGI "corresponden a una categoría médica y reflejan el número de personas fallecidas cuya causa directa de muerte es un presunto homicidio".
"Esta categoría médica puede equipararse, sin problemas, con el concepto jurídico de homicidio doloso", agrega el informe del Senado.
Sin embargo, la actualización de las defunciones por homicidio registradas en el INEGI demora alrededor de un año, por lo que estas cifras no contemplan datos de 2017, considerado el año más violento del que se tenga registro.
De acuerdo con datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2017 se registraron 29.159 carpetas de investigación por homicidio doloso en México.
Asimismo, de enero a abril de 2018, el SNSP registra 10.395 carpetas de investigación por este mismo delito.
De este modo, el primer cuatrimestre de 2018, registra un incremento de 21% respecto al mismo periodo en 2017.

Marinos montan guardia durante un operativo en Ciudad de México, 20 de julio de 2017. / Carlos Jasso / Reuters

Al sumar todas las cifras anteriores, el número de asesinatos documentados en México a lo largo de la "guerra contra el narco" es de 250.547 homicidios.
Una cifra que incluso podría ser mayor, considerando que estadísticamente las cifras del INEGI suelen registrar un mayor número de muertos por homicidio que las carpetas de investigación registradas por el SNSP.
De este modo, México registra un cuarto de millón de muertos por la violencia desde el comienzo de la actual estrategia de seguridad iniciada por Felipe Calderón y continuada durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.
Una epidemia de asesinatos que, de acuerdo con el informe Estadísticas Mundiales de Salud 2017 elaborado por la Organización Mundial de la Salud, es equiparable a la que existe en países en guerra.
En 2016, México se ubicó como el segundo país en "conflicto bélico" con más muertos, sólo detrás de Siria, de acuerdo con un estudio del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos.

Una estrategia fallida que busca perpetuarse

El presidente Enrique Peña Nieto reconoció por primera vez, el pasado 20 de abril, que la estrategia de seguridad impulsada durante su sexenio, la cual dio continuidad a la implementada por su antecesor, fue un fracaso.
"Sin duda hoy reconocemos que en el ámbito de la seguridad pública hay mucho por hacer. Sigue siendo todavía, de los retos mayores", dijo Peña, quien reconoció públicamente "las fallas y lecciones que nos dejan aquellas políticas que no dejan de ser suficientemente acertadas y no dan los logros y los resultados que nos trazamos". (48:40)

Esto, a pesar de que en diciembre de 2017, el gobierno de Peña impulsó en el Congreso la aprobación de la Ley de Seguridad Interior, la cual otorga facultades extraordinarias a los militares en tareas de seguridad pública.
Una ley con la que el Gobierno mexicano busca mantener una estrategia de seguridad que no ha dado resultados.
La Ley de Seguridad Interior fue criticada por organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos –incluyendo a Naciones Unidas– por considerar que mantener por tiempo indefinido a las fuerzas armadas combatiendo a la delincuencia organizada, fomentará la violaciones sistemáticas de derechos humanos como las ocurridas en la última década.
La ley fue impugnada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por considerar que viola la Constitución, y que actualmente es revisada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Organizaciones civiles y académicos opositores a la ley, aglutinados en el colectivo #SeguridadSinGuerra, hicieron un llamado al Congreso mexicano a no legalizar un "Estado de excepción" permanente, sin controles civiles sobre los mandos militares, que fomenta la violación sistemática de los derechos humanos.
Una decisión que, a decir de sus críticos, busca perpetuar por tiempo indefinido una estrategia de seguridad fallida.

¿Qué relación existe entre la militarización y la epidemia de asesinatos?

A pesar de que existe suficiente evidencia para establecer un "vínculo causal entre las intervenciones federales y el crecimiento de los homicidios", los académicos todavía debaten sobre cómo funciona con precisión este vínculo.

El Senado durante una discusión sobre la Ley de Seguridad Interior, Ciudad de México, 14 de diciembre, 2017. / Ginnette Riquelme / Reuters

"Los datos que tenemos son bastante claros en decirnos que la principal causa de la epidemia de homicidios es la política del gobierno, militarizar la seguridad y la persecución de las drogas", explica Alejandro Madrazo, investigador titular del Programa de Política de Drogas del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), en entrevista con RT.
"En consecuencia, me parece una profunda irresponsabilidad que el gobierno no sólo insista, sino que profundice en esta estrategia de seguridad, aprobando la Ley de Seguridad Interior en diciembre", agrega el académico.
En este sentido, el especialista refiere que previo a la "guerra contra el narco" iniciada por Calderón, los asesinatos en México mantenían una tendencia a la baja, la cual repuntó considerablemente a partir de la militarización en el combate a los cárteles de la droga.

Sin embargo, no todos los asesinatos derivados de la "guerra contra el narcotráfico" tienen que ver necesariamente con ejecuciones y enfrentamientos entre los cárteles de la droga y el gobierno.
Un ejemplo de esto es 2017, año en que la organización Semáforo Delictivo registró 18.989 ejecuciones vinculadas con el crimen organizado frente a las 29.159 carpetas de investigación por homicidio documentadas por el gobierno, es decir, 65% del total. Un porcentaje que se ha incrementado a 75% en los primeros cuatro meses de 2018.

¿Pero cómo se explican el resto de los asesinatos? Si bien la evidencia estadística muestra un vínculo directo entre la militarización del país y un incremento en el número de homicidios comunes, los académicos todavía tratan de explicar con precisión este fenómeno.
Una de las primeras hipótesis, propuesta por el investigador Fernando Escalante, del Colegio de México, en un texto de 2011 titulado La muerte tiene permiso, plantea que, cuando el Ejército llega a un municipio para sustituir a las policías locales, la violencia en dichas poblaciones se dispara al no existir una autoridad que medie los conflictos sociales. "Tienes solamente un Ejército de ocupación, armado hasta los dientes, persiguiendo a los capos, pero que no se ocupa de la violencia cotidiana entre los ciudadanos", explica Madrazo.
Una segunda hipótesis plantea que cuando los militares capturan o matan a los líderes de las organizaciones criminales, se desatan conflictos internos por el control de las bandas delictivas, detonando olas de violencia a nivel regional.
Una tercera hipótesis sostiene que cuando aparece un nuevo actor fuertemente armado en las disputas por el control del territorio, como lo son el Ejército y la Marina, esto genera incentivos para que las organizaciones criminales adquieran armamento de mayor poder, lo cual permitiría entender la correlación entre la entrada de armas desde Estados Unidos y el incremento de la violencia. 

Los oficiales del Grupo de Operaciones Especiales (GOPES) montan guardia en la escena de un tiroteo en Tláhuac, Ciudad de México, el 20 de julio de 2017. / Pedro PARDO / AFP

Para otros estudiosos del tema, como David Weisburd, profesor de George Mason University, el alto índice de asesinatos en México y América Latina, tiene que ver con la manera en que la ausencia del Estado en zonas marginadas promueve la violencia como un mecanismo social que busca satisfacer la necesidad de justicia.
"Las personas más pobres viven en situaciones de presión. Los recursos son limitados y hay demasiada competencia", explicó Weisburd a InSight Crime en marzo pasado. "El gobierno está ausente en esos lugares, y por eso las comunidades son más propensas a tomarse la justicia por sus propias manos", añadió.

La violencia en tiempos electorales

Ante el escenario de violencia que prevalece en México, la inseguridad se ha convertido en el gran tema de las campañas presidenciales, junto con la corrupción.
Una situación que, a decir de Madrazo, se diferencia de las campañas presidenciales anteriores, cuando el tema de la violencia fue minimizado a pesar de que 2011 fue en su momento el año con más asesinatos registrados.

Un agente de policía custodia una escena del crimen en Ciudad Juárez, México, el 7 de febrero de 2018. / Jose Luis Gonzalez / Reuters

"Veo por primera vez, que se está hablando medianamente en serio de la estrategia de seguridad", señala el especialista en entrevista con RT.
En este sentido, considera que si bien ninguno de los candidatos presidenciales se atreve a hablar abiertamente de desmilitarizar al país, la propuesta de amnistía planteada por el izquierdista Andrés Manuel López Obrador y la idea de fortalecer a las policías planteada por el centroderechista Ricardo Anaya, son señales de que el próximo gobierno pueda implementar algunos cambios en la actual estrategia de seguridad.
"Por lo menos está pintando la propuesta, mal articulada en un inicio, de una amnistía y eso ha hecho que el tema esté siendo debatido", señala Madrazo.
"La propuesta de Anaya, que no ha tenido mucha atención, va encaminada sobre todo a fortalecer policías aunque no se atreve a hablar de desmilitarización, cosa que considero un error, y López Obrador está hablando de amnistía. El único que está casado con la militarización es José Antonio Meade", candidato del oficialista PRI, concluye el académico.
Manuel Hernández Borbolla

Noticias Internacionales Independientes

México: Madres de personas desaparecidas marchan por las víctimas de la guerra contra las drogas

11 May. 2018

En Ciudad de México, cientos de personas marcharon por las calles el jueves 10 de mayo, fecha en que se celebra el Día de la Madre en ese país, exigiendo justicia para las decenas de miles de personas que han desaparecido en México desde que el Estado declaró la guerra contra el narcotráfico en 2006. Madres de Desaparecidos, una organización formada por madres de personas desaparecidas, le pidió al Gobierno que tome medidas para detener la crisis. Las siguientes son las palabras de Lucrecia Galicia Rodríguez, una de las manifestantes.

Lucrecia Galicia Rodríguez expresó: “Mi nombre es Lucrecia Galicia Rodríguez y estoy buscando a mi hija, Jaqueline Galicia Galicia, quien se fue de casa y nunca regresó. Tiene 35 años y es madre de cuatro hijos. Quise venir a la marcha para que me ayuden a buscar a mi hija. Desapareció hace un año y medio, y sus hijos aún esperan que regrese. Por eso vine a la manifestación. Me invitaron y vine a la marcha”.

MÉXICO 17 de abril de 2018, 16:14hs - LR21

México afronta su proceso electoral más violento con al menos 80 políticos asesinados

El último caso es el del alcalde del municipio mexicano de Jilotlán de los Dolores en Jalisco, Carlos Andrade Magaña, quien se presentaba a la reelección y fue asesinado a tiros el domingo.

México afronta su proceso electoral más violento con al menos 80 políticos asesinados

Juan Carlos Andrade, alcalde del municipio de Jilotlán de los Dolores, en el occidental estado mexicano de Jalisco, fue asesinado a tiros el domingo en una carretera del vecino estado de Michoacán, informó la fiscalía local.
A través de un comunicado la Fiscalía General del Estado de Jalisco informó que el edil fue asesinado a balazos en Jalisco, en la carretera Tepalcatepec-Jilotlán. Su cadáver fue hallado dentro de un automóvil marca Toyota color gris.
Andrade se había tomado licencia en el cargo para hacer campaña por su reelección. La coalición Por México al Frente integradas por Acción Nacional (PAN), Movimiento Ciudadano y de la Revolución Democrática (PRD) condenó el asesinato de Andrade y exigió al gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval Díaz, el esclarecimiento y castigo a los responsables del “artero” asesinato. De igual forma solicitaron que informe del avance de las investigaciones relacionadas con este y otros homicidios y casos de desaparecidos en la entidad, “y si no puede, le exigimos que renuncie”.

“Proceso electoral más violento”

Al menos 80 políticos han sido asesinados desde el pasado 8 de setiembre en México, cuando arrancó el proceso electoral que culminará el próximo 1 de julio. Expertos consideran que estos son los comicios más violentos jamás registrados en el país.
La semana pasada, la consultora Etellekt publicó un informe en el que alertaba que desde setiembre han registrado 203 agresiones a políticos, 173 fueron ataques directos por el crimen organizado y 30 contra familiares de los gobernantes, entre ellos 78 asesinatos.
El informe agrega que tan sólo en el último mes ocurrieron más de 60 agresiones, principalmente a presidentes municipales o precandidatos a cargos de elección popular, para que desistan su registro.
“También aumentó mucho el número de amenaza de muerte e intimidación en contra de candidatos, a quienes los obligan a renunciar de sus aspiraciones a cambio de no atentar contra su vida o familiares en mucho municipios”, expresa el documento.
Durante el panel ‘Los Retos y Amenazas a la Seguridad durante las Elecciones 2018’, organizado por la Universidad de las Américas de la Ciudad de México, la consultora estimó que éste es el proceso electoral más violento en los últimos años y consideró que el Estado debe reforzar la seguridad de los contendientes pues dijo que el 66% de los asesinatos se registraron en el periodo de precampañas e intercampañas.
“Se trata de la elección más grande en la historia del país” en la que los mexicanos elegirán un nuevo presidente y cerca de 3,400 funcionarios de gobiernos locales, el Congreso y el Senado, lo que supone “un claro desafío para el Estado en lo que se refiere a blindar la seguridad de los aspirantes y actores políticos involucrados en el proceso”.
“El crimen organizado atacó de manera particular a precandidatos, es ahí donde se dio el mayor número de atentados, al menos 20 asesinatos fueron contra aspirantes o precandidatos de manera primordial en el ámbito municipal, lo que es el sector más vulnerable del país. Los partidos más afectados son el PRI, con 29 militantes muertos, seguido por el PRD”.
Mientras que el partido que lleva como candidato al por ahora favorito a la presidencia, Andrés Manuel López Obrador, el Movimiento Revolución Nacional, es el que tiene más políticos amenazados, 52.

Vinculan a una unidad policial financiada por EE.UU. con ejecuciones ilegales en El Salvador

Publicado: 30 may 2018 05:18 GMT - RT

Washington ha inyectado decenas de millones de dólares a las fuerzas de seguridad salvadoreñas para reforzar un programa del Gobierno contra las pandillas.

Imagen ilustrativa

Flickr / Presidencia El Salvador

Estados Unidos ha financiado y equipado a agentes de la élite de la Policía paramilitar de El Salvador, vinculados con ejecuciones ilegales de pandilleros, según informó la CNN, que asegura tener conocimiento de un informe de la ONU al respecto que saldrá a la luz el próximo mes.
En el documento, la Policía del país centroamericano es acusada de "un patrón de comportamiento del personal de seguridad que asciende a ejecuciones extrajudiciales". Además, el informe de las Naciones Unidas insta a las fuerzas de seguridad salvadoreñas a romper un "ciclo de impunidad "en que los asesinatos rara vez son castigados", según reseña el medio.

'Mano Dura'

Varias sucesivas administraciones estadounidenses han inyectado decenas de millones de dólares a las fuerzas de seguridad salvadoreños para reforzar el controvertido programa 'Mano Dura' del Gobierno, lanzado por primera vez en 2003 para enfrentar el creciente problema de las pandillas en el país, de acuerdo con la CNN.

Miembros de la Mara Salvatrucha (MS-13) tras ser detenidos por la Policía en San Salvador, El Salvador, el 10 de agosto de 2017. / Jose Cabezas

Sin embargo, los destinatarios exactos y la naturaleza de los fondos estadounidenses para la Policía salvadoreña están envueltos en secreto. Los documentos disponibles raramente especifican qué unidades se benefician del financiamiento, pero sí dicen qué "unidades examinadas" obtienen mentores del FBI y de la Administración para el Control de Drogas de EE.UU. (DEA).

La unidad FES

Dos fuentes con conocimiento del programa de entrenamiento y equipamiento de EE.UU., que no deseaban ser identificadas, comentaron a la CNN que la unidad policial, conocida como Fuerzas Especializadas de Reacción El Salvador (FES), recibió asistencia de EE.UU.
Se destaca que esta unidad policial mató a 43 supuestos miembros de pandillas en los primeros 6 meses del año pasado. Varias de esas muertes han sido investigadas como asesinatos extrajudiciales.
Un asesinato y desaparición de una oficial de la FES, condujo a la disolución de la unidad, de acuerdo con medios locales. Sin embargo, muchos de sus agentes se han unido a una nueva fuerza de élite que actualmente también recibe fondos de EE.UU.

Embajada de EE.UU. 

Ante la evidencia obtenida por la CNN, un portavoz de la Embajada de EE.UU. en El Salvador admitió por primera vez que Washington había suministrado asistencia a la unidad FES, pero aseguró que "el Gobierno de Estados Unidos toma las acusaciones de asesinatos extrajudiciales extremadamente en serio, y ha expresado constantemente inquietudes con respecto a las denuncias de abusos por parte de las fuerzas de seguridad".

"Efectivamente, la Policía realiza ejecuciones extrajudiciales de manera sistemática", afirma Guadalupe Echevarría, jefa antipandillas de la Fiscalía General de El Salvador

Habla la Mara Salvatrucha: La Policía y las pandillas se preparan para una guerra en El Salvador

Publicado: 2 oct 2017 13:59 GMT | Última actualización: 3 oct 2017 07:46 GMT - RT

"No nos vamos a meter con cualquier 'hijueputa' policía, así nomás porque sí, si ellos se meten con nosotros, entonces como sea vamos a acabar con ellos; si ellos no entienden, entonces les caemos hasta que entiendan". Hablamos con un integrante de la Mara Salvatrucha sobre cómo sobrevivir en la ciudad de El Salvador.

Tres policías en Cojutepeque, El Salvador, el 16 de junio de 2016.

Jose Cabezas / Reuters

"Efectivamente, la Policía realiza ejecuciones extrajudiciales de manera sistemática", afirma Guadalupe Echevarría, jefa antipandillas de la Fiscalía General de El Salvador, en medio del alza en la cifra de muertes vinculadas a las pandillas, al menos 60 decesos violentos en el fin de semana del 23 y 24 de septiembre de 2017. No puede sino aceptar esta realidad, las más recientes masacres (Finca San Blas, por ejemplo) llevadas a cabo por la policía demuestran que para la corporación de seguridad no hay otra salida que eliminar físicamente al enemigo. "Se necesita que nos den más herramientas y que el Gobierno no esté del lado de los criminales", afirma un oficial de policía frente al cuerpo de un taxista asesinado por la pandilla conocida como Mao Mao, uno de los 29 asesinados de aquella jornada en que conversamos.

Un policía acordona la escena de un crimen: un panadero fue ejecutado, aparentemente por no querer pagar la cuota que una pandilla le impuso. / RT / Heriberto Paredes

Sin embargo, en un comunicado emitido por la Policía Nacional Civil, encabezada por el Comisionado Howard Cotto, el 28 de septiembre de 2017, la dependencia afirma que ha habido una disminución de los homicidios ocurridos en el municipio de San Salvador, capital del país. Según cifras dadas por este comunicado, de enero a septiembre de 2017 se han reportado "175 hechos de violencia, 173 menos en comparación con el mismo periodo de 2016, en el que hubo 348, lo que significa una reducción del 50 % en los homicidios", dicta el documento al que RT tuvo acceso.
Pero en las calles la situación es diferente, la gente tiene miedo sin importar que se trate de un barrio adinerado o de una colonia pobre; la percepción acerca de la violencia y la seguridad apunta a que no se puede caminar con tranquilidad, se tienen que seguir reglas de protección y sobre todo, no se puede desobedecer la palabra de la pandilla y de la mara. Durante un recorrido nocturno por distintas zonas reportadas como escenarios de asesinato, es posible verificar que a pesar de que las instituciones forenses registran el deceso, se hace la revisión de la escena del crimen y se levanta el cuerpo conforme a la ley, al final, las cifras son distintas, son menores.
La prensa local también registra los asesinatos diarios, trata de dar explicaciones a cada caso y, en voz de un reportero gráfico ―que prefirió el anonimato―, también de argumentar acerca de las razones de tanta violencia en el país: "Se trata de crímenes relacionados con pandillas o porque no se paga la renta o porque se tiene alguna cuenta pendiente, sea con el Barrio 18 o con la MS13, pero ahora hay un incremento de los asesinatos de policías y militares porque hay una ofensiva de las pandillas y están demostrando su poder".

Aumentan los homicidios a pesar de las cifras positivas de la Policía Nacional Civil. / RT / Heriberto Paredes

Desde enero y hasta finales de septiembre de este año van 17 militares asesinados y 33 policías ejecutados en su día de descanso, justo cuando no tienen posibilidad de defenderse. Por su parte, la PNC se muestra hermética y se cuida de no dar declaraciones a la prensa, a pesar de que RT solicitó alguna postura oficial respecto a esta situación. "El Gobierno tiene interés de que las cosas sigan así, sino, de dónde les van a llegar ayudas económicas al país", revela el mismo policía con quien se logró conversar, hasta ahora la única declaración emitida por alguien de esa institución.
La población salvadoreña vive con temor, vive en una geografía que está definida por el control territorial que tienen las pandillas. A veces se trata de colonias enteras dominadas por la MS13 o por el Barrio 18, pero en otras ocasiones, como en el centro de la capital, se trata de calles intercaladas en las que para transitar se tiene que tener un conocimiento preciso. Para sobrevivir en esta ciudad, hay que seguir la consigna sagrada: "Ver, oír y callar".

Habla la Mara Salvatrucha 13

El pasado 26 de septiembre de 2017, a través de un memorándum, el comisionado César Baldemar Flores Murillo, subdirector general de la Policía Nacional Civil, informó que existe un acuerdo mediante el cual las dos principales pandillas en El Salvador ―Mara Salvatrucha 13 (MS13) y el Barrio 18― establecerían una unificación para combatir a la Policía Nacional Civil y al Ejército. En el documento se alerta a agentes policiales, personal militar, empleados gubernamentales como directores, ministros, diputados, fiscales y alcaldes de acciones terroristas como quema de autobuses, gasolineras y contra puestos policiales. Un dato curioso es que en el memorándum no se garantiza la seguridad de los elementos policiales y se les invita a tomar "las medidas necesarias para su autoprotección".

Guadalupe Echeverría, jefa anti pandillas de la Fiscalía General de El Salavdor. / RT / Heriberto Paredes

"Nosotros sabemos cuándo viene la policía, cuando ellos vienen a nuestra zona, nosotros estamos conectados. Nosotros lo que hacemos es cuidar el territorio que controlamos, aunque a veces hay gente a la que no le gusta. Para nosotros el enemigo es la otra pandilla, a veces la jura [policía] se mete con nosotros, y nosotros no nos vamos a dejar matar. Si nos tiran nosotros respondemos", explica en entrevista para RT, Wilson, integrante de la 'clica' Pinos Locos Salvatrucha, parte de la estructura de la Mara Salvatrucha 13, y tal vez esta sea la explicación que aclare la actual ofensiva contra los miembros de las instituciones de seguridad.
A pesar de las constantes denuncias de cobro de renta a diversos sectores de la población, Wilson afirma: "No cobramos renta a la gente normal, a los empresarios sí les pedimos una cooperación, pero no nos metemos con la gente de nuestro territorio, hay otras pandillas que sí lo hacen, pero la Mara no".
"Hay gente ―amplía Wilson― que se ha desviado del camino y anda como nosotros, pero para nosotros ya no son lo mismo, Mara solo hay una y ellos ya no son parte, usan el número 503 para identificarse". Entre la prensa y algunos oficiales de policía se habla ―extraoficialmente― de una parte de la MS13 que se ha dividido, pero hasta el momento solo se trata de versiones aisladas. Sin embargo, los dichos de Wilson convierten esto en una toma de postura respecto a lo que podría consolidarse como otra organización en medio de un contexto altamente violento.

Exmiembro de la Mara Salvatrucha envía un mensaje a Trump

"No nos vamos a meter con cualquier 'hijueputa' policía, así nomás porque sí, si ellos se meten con nosotros, entonces como sea vamos a acabar con ellos; si ellos no entienden, entonces les caemos hasta que entiendan. Estamos todo el tiempo pendientes de lo que pasa, no andamos en las calles, sino que con gente de confianza monitoreando todo el tiempo" completa Wilson.
En las calles es posible respirar un cierto estado de alerta por parte de la policía. El Gobierno salvadoreño, además, decidió colocar algunos vehículos rápidos tipo Hummer en puntos que considera estratégicos. Por su parte, la población continúa asumiendo las reglas de cada pandilla y cuida mucho de no meterse en las colonias que le resultan contrarias. Es sin duda, un ejercicio de geografía del cual pende la vida.
Entre las versiones que circulan en la prensa y entre los oficiales de la policía que patrullan ciertos sectores, está aquella que afirma que la existencia de la pandilla identificada con el 503, y que podría ser una disidencia de la MS13, es parte de una estrategia gubernamental para dividir y causar confusión y de esta manera debilitar de algún modo a una de las pandillas con más alto control territorial en El Salvador. De ser esto cierto, esta versión se convertiría en una posible explicación del aumento de ataques a los cuerpos de seguridad estatales y a la posible unificación de pandillas de la cual se tiene conocimiento ahora.
Heriberto Paredes

Uribe y los "negocios legítimos con narcotraficantes"

por National Security Archive

29/05/2018  - LA HAINE

Nuevos documentos desclasificados relacionan al expresidente Álvaro Uribe con el narcotráfico colombianoNational Security Archive de la Universidad George Washington, 26 de mayo de 2018. Electronic Briefing Book No. 631

En el año 1993, un senador colombiano informó a la Embajada de EEUU que los fundadores del cartel de Medellín habían financiado la campaña electoral del entonces senador Álvaro Uribe Vélez, según revelan los documentos desclasificados y publicados hoy por el National Security Archive de la Universidad George Washington.
Los cables publicados describen casi una década de interacciones de la Embajada de EEUU con Álvaro Uribe y muestran que los diplomáticos estadounidenses tenían preocupaciones persistentes sobre los vínculos de Uribe con el narcotráfico, incluso cuando los funcionarios de la embajada desarrollaron una relación de trabajo con este mismo político, por entonces en ascenso.
En una reunión con un funcionario de la Embajada de los EE. UU., en febrero de 1993, el senador Luis Guillermo Vélez Trujillo, aliado político de Uribe, dijo que la familia Ochoa Vásquez había financiado la campaña política de Uribe y agregó que éste era primo de los Ochoa Vásquez, fundadores del conocido grupo de narcotraficantes.
Vélez Trujillo dijo a la Embajada que los lazos familiares y financieros de Uribe con los Ochoas explicaban por qué Uribe y otros dos se habían reunido en secreto con la esposa del fugitivo líder del Cartel de Medellín Pablo Escobar en diciembre de 1992 en un esfuerzo infructuoso por negociar su rendición a las autoridades colombianas. Agregó que Escobar, a través de Ochoas, le exigió luego a Uribe que devolviese los favores recibidos abriendo un canal de comunicación con el presidente colombiano César Gaviria, según un cable de la Embajada de EEUU que describe el encuentro con Vélez Trujillo.
En ese momento, tanto Vélez Trujillo como Uribe eran senadores del Partido Liberal del departamento de Antioquia. Vélez fue, más tarde, miembro fundador del partido político pro Uribe, el Partido de la U.
Otro contacto de la Embajada citado en el cable, el ex senador del Partido Liberal Alejandro González, "reiteró las acusaciones de [Luis Guillermo] Vélez de que Uribe teme por su vida porque no pudo cumplir con sus mentores del cartel de Medellín", según el cable.
Como presidente, Uribe forjó fuertes lazos con los EEUU, se aseguró miles de millones en asistencia en seguridad, extraditó un número récord de sospechosos de tráfico de drogas y, a través de una campaña militar agresiva, redujo en más de la mitad el número de insurgentes guerrilleros armados en el país. En 2014, Uribe fue nuevamente electo al Senado de Colombia, esta vez representando al Partido del Centro Democrático.
Durante la presidencia de Uribe, hubo un aumento masivo en las ejecuciones extrajudiciales por parte del Ejército colombiano (como en el escándalo de los "falsos positivos"). Los miembros de su gobierno, a través de la agencia de inteligencia del DAS, vigilaron e intimidaron ilegalmente a una larga lista de opositores políticos, incluidos periodistas, jueces y activistas de derechos humanos. Actualmente, e primo de Uribe, Mario Uribe Escobar, está cumpliendo una condena por su participación en grupos paramilitares, mientras que su hermano, Santiago Uribe Vélez, está siendo juzgado por liderar un escuadrón de la muerte conocido como Los 12 Apóstoles.
Recientemente se reveló que la Suprema Corte colombiana está investigando al propio Álvaro Uribe por asesinato e intimidación de testigos relacionados con una investigación de crímenes cometidos por miembros del Bloque Metro, un grupo ilegal de milicias paramilitares supuestamente formado por Uribe y miembros de su familia.
En 2004, el National Security Archive de la Universidad George Washington reveló un informe de inteligencia militar de EEUU de 1991 que incluye a Uribe entre las principales figuras del narcotráfico en Colombia, junto con Pablo Escobar, el jefe narcoparamilitar Fidel Castaño y más de 100 figuras del crimen organizado. Uribe era un "amigo personal cercano de Pablo Escobar", según el informe de la Oficina del Agregado de Defensa de EEUU (DAO) en Colombia, y estaba "dedicado a la colaboración con el Cartel de Medellín a altos niveles gubernamentales".
El gobierno colombiano negó varias acusaciones específicas en el informe de inteligencia de 1991, pero no intentó refutar las aseveraciones más importantes que se revelaron en el documento: que Uribe tenía una relación personal cercana con Pablo Escobar y negocios con el Cartel de Medellín.
Hasta ahora, ha habido poca documentación adicional disponible sobre cómo se evaluó EEUU las supuestas relaciones de Uribe con los narcotraficantes durante los años anteriores y desde ese informe. En una entrevista de 2009 con El Nuevo Herald, el ex embajador de los EEUU en Colombia, Myles Frechette (1994-1997), había dicho que le había preguntado a Uribe sobre algunos de estos rumores, pero que no había quedao satisfecho con su explicación.
En marzo de 1995, un cable de la Embajada de EEUU firmado por Frechette, resumió la gama de denuncias que vinculan a Uribe, entonces el recién instalado gobernador de Antioquia, con el tráfico de drogas. La parte del cable que describe las acusaciones fue redactada de una versión publicada anteriormente del cable.
Frechette escribió que Uribe, "como muchos políticos prominentes colombianos", era "sospechoso de haber tenido una participación periférica con la industria del narcotráfico en Colombia”. Según el informe de la embajada de EEUU, en 1992, en una reunión de su partido, Uribe intentó nombrar candidato para alcalde de Medellín a un miembro de una conocida familia de narcotraficantes. Como no tuvo éxito, propuso al tío de Pablo Escobar Gaviria, también sin éxito. Según otro informe de la Embajada, en 1993 Uribe y otros dos se reunieron con la esposa del narcotraficante Pablo Escobar para tratar de negociar su rendición, una reunión facilitada por el supuesto contacto de Uribe con la familia.
Un cable de 1988 firmado por el subjefe de la misión estadounidense (DCM) J. Phillip McLean afirma que la "información incompleta disponible" sobre los rumores de que el entonces senador Uribe tenía vínculos con narcóticos fue “compensada” durante una larga entrevista en la que Uribe presentó documentación y explicaciones sobre sus presuntos contactos con los narcotraficantes ".
En enero de 1992, pocos meses después del informe DIA de septiembre de 1991, la Embajada de EEUU cuestionó la inclusión de Uribe en una lista similar de "posibles narcopols" en Colombia, considerando que si la única transgresión de Uribe es pertenecer a una familia que ha hecho negocios legítimos con narcos, su inclusión en esta lista no debería darse por segura.
Otros registros citados en una "versión actualizada" del mismo informe dice que la familia de Uribe tenía "extensas posesiones de tierras y negocios en Antioquia" y que hicieron "negocios legítimos, como la ganadería, con conocidos traficantes de Antioquia". En junio de 1992, David L. Hobbs, de la embajada de EEUU, escribió que "con cada reunión nos inclinamos menos a creer en las narraciones de Uribe.
Aproximadamente seis meses después, luego que informes de que Uribe y otras dos personas se habían reunido secretamente con la esposa de Escobar, otro cable de la Embajada registra una conversación con Uribe, quien "llamó al [Oficial Político] en la Embajada el 26 de enero para explicar su versión de los hechos y aclarar su papel "en el episodio, que también se informó en el momento.
Uribe dijo a funcionarios de la embajada de EEUU que él y otros dos se habían reunido con la esposa de Escobar, María Victoria Henao Vallejo, para transmitir el mensaje de que, en palabras de la Embajada, "estaría más que dispuesto a actuar como garante de la seguridad de Escobar" si ese fuese el único obstáculo para su rendición a las autoridades colombianas. Escobar escapó de su arresto domiciliario en julio de 1992 y pasó los siguientes 16 meses prófugo de las autoridades colombianas y estadounidenses antes de ser asesinado en una operación policial en diciembre de 1993.
Según Uribe, la reunión fue organizada por Iván Velásquez Gómez, quien era entonces el inspector general del departamento de Antioquia y actualmente es el jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Según Uribe, Velásquez había dicho que podía arreglar una reunión con la madre de Escobar, Hermilda de los Dolores Gaviria Berrío, pero en su lugar organizó una reunión con Henao.
“Uribe dijo que no se dio cuenta de que estaban tratando con la esposa de Escobar hasta después de varios minutos de conversación. Dijo que le había informado a la señora Escobar que no tenía autoridad para negociar. Expresó su profunda preocupación por la violencia y que estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para garantizar que Escobar se rindiera pacíficamente.”
Uribe "estaba visiblemente agitado" durante su reunión con el funcionario de la embajada de EEUU, y "constantemente paseaba por la pequeña oficina", según el sumario. Uribe "dijo que quería que la Embajada tuviera conocimiento de su papel exacto en el asunto y entendiera que todo era transparente." Uribe negó enfáticamente los rumores de que el propio Escobar estaba en la reunión y dijo que rechaza absolutamente cualquier pensamiento de diálogo o concesiones a Escobar".
El delegado político de la Embajada dijo que el Senador Vélez Trujillo le había dicho que "él cree que fue Uribe quien inició el contacto con la madre de Escobar", y le recordó "que Uribe es primo de la familia de narcotraficantes Vásquez de Ochoas [sic] ...la que ha financiado su campaña política”. Vélez Trujillo dijo que “Escobar, a través de los Ochoas, está ahora exigiendo a Uribe que devuelva los favores tratando de abrir un canal de comunicación con [el presidente colombiano César] Gaviria".
Alejandro González, el ex senador liberal de Antioquia, le dijo a la Embajada que Uribe temía "por su vida porque no pudo retribuir a sus mentores del cartel de Medellín". González fue asesinado el año siguiente.
Los funcionarios de la Embajada de los EE. UU. Estaban "convencidos de que la reunión no fue ordenada por la administración Gaviria y que nada salió de ella", según el cable de febrero de 1993. Uribe y los otros dos "actuaban de acuerdo con lo que consideraban su propio interés individual", dice el informe, y "la participación de Uribe bien podría tener algo que ver con su relación con los Ochoas” mientras la Embajada negaba tener información reciente sobre el vínculo con los narcotraficantes.
Algunas de las acusaciones que vinculan a Uribe con el tráfico de drogas provienen de sus lazos políticos con Ernesto Samper Pizano, cuya administración presidencial (1994-1998) fue obstaculizada por la evidencia de que su campaña recibió contribuciones del Cártel de Cali, y de César Villegas Arciniegas, un amigo cercano y confidente de Samper que fue condenado en 1998 por su papel en el escándalo y asesinado más tarde en 2002.
En marzo de 1993, uno de los cables de Busby a Washington dijo que la Embajada creía que había "sustancia en los rumores" de que Samper, Villegas Arciniegas y Uribe, a quienes calificó como "un partidario clave de Samper", tenían vínculos con el narcotráfico.
Los rumores se debieron en parte a la evidencia de que Villegas Arciniegas, como director de planificación de la Administración de Aviación Civil de Colombia a principios de la década de 1980, había otorgado licencias de operación a narcotraficantes conocidos. Uribe, que era entonces director de la organización, lo nombró para el puesto.
Frechette, quien reemplazó a Busby como embajador de EEUU, le dijo a El Nuevo Herald en 2009 que nunca estuvo satisfecho con la explicación de Uribe sobre por qué nombró a Villegas Arciniegas para el cargo. "¿Cómo viniste a contratar a Villegas?", le preguntó a Uribe. "¿Sabes que Villegas sin duda dio esas licencias a los narcos?"
Un cable de la Embajada de julio de 1993 decía que Uribe era "el único político de Medellín que se declaró incondicional de Samper" por lo que "será el hombre de Samper en Medellín, un distrito clave para cualquiera que quiera ser presidente de Colombia". Pero Uribe había "demostrado" ser un enigma para la Embajada ", según el cable, y el alcance de sus conexiones reales con los narcotraficantes seguía sin estar claro.
Según la Embajada de EEUU de la época, la donación de dinero por parte del narco a los políticos era "una práctica casi universal en la política colombiana".
Traducción y edición de Jorge Majfud

Cinco aspectos clave del ingreso de Colombia como socio de la OTAN

Por Misión Verdad
KAOS EN LA RED - Publicado en: 29 mayo, 2018

Un factor importante de la OTAN es que respalda activamente el mantenimiento de armas nucleares, bajo su responsabilidad, ya que supuestamente favorece a la paz mundial.

En tiempos de balcanización global, con el Imperio del Caos estadounidense en plena debacle y en disputa geopolítica con el bloque euroasiático, Colombia se inserta en el escenario latinoamericano y caribeño como “socio global” de la OTAN, entidad (liderada por Estados Unidos) responsable de muchos de los desastres “humanitarios” en Europa oriental, África y Medio Oriente en las últimas décadas.

¿Qué es la OTAN?

El 4 de abril de 1949 se firmó el Tratado del Atlántico Norte, también conocido como el Tratado de Washington, que unía a 12 países fundadores, a saber: EEUU, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Francia, Islandia, Italia, Luxemburgo, los Países Bajos, Noruega, Portugal y el Reino Unido, en una sola organización de cooperación militar, mejor conocida en español como OTAN.

Posteriormente, nuevos miembros firmaron el tratado. Turquía y Grecia se unieron a la organización en 1952; Alemania occidental en 1955; España en 1982; Hungría, Polonia y República Checa en 1999; Bulgaria, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Letonia, Lituania y Rumania en 2004; Albania y Croacia en 2009; Montenegro en 2017. Actualmente hay 29 miembros.

Cabe destacar que la mayoría de países que se unieron a la OTAN luego del desmantelamiento de la Unión Soviética en 1991, formaron parte del llamado Pacto de Varsovia fundado el 14 de mayo de 1955 como respuesta a la organización atlantista, ya que significaba, en el marco de la Guerra Fría, una amenaza militar al denominado bloque comunista del este europeo y parte de Eurasia.

La OTAN nació en un contexto de altas tensiones entre EEUU y la Unión Soviética, con la guerra frontal siempre a la vuelta de la esquina, por lo que las alianzas multinacionales de cada bando en ese momento contribuyeron a neutralizar ese tipo de confrontación, aunque jugaron un papel importante en lo que sería conocido como la Guerra Fría, de confrontación bélica indirecta, política, económica, cultural, en diferentes puntos del planeta, incluido Latinoamérica.

Un factor importante de la OTAN es que respalda activamente el mantenimiento de armas nucleares, bajo su responsabilidad, ya que supuestamente favorece a la paz mundial.

Estructura y operatividad de la OTAN

Esta organización mantiene un comando central permanente e integrado en el que el personal militar y civil de todos los países trabajan de manera colectiva. Los dos comandos estratégicos de la OTAN se encuentran en Bélgica y EEUU, los comandos de fuerza conjunta en los Países Bajos (Holanda) e Italia, el comando aéreo en Alemania, el comando de tierra en Turquía y el comando marítimo en el Reino Unido.

El más importante artículo del tratado es el número 5, pues reza que: “Las Partes convienen en que un ataque armado contra una o varias de ellas, acaecido en Europa o en América del Norte, se considerará como un ataque dirigido contra todas ellas”. El artículo 5 sólo fue invocado una vez como consecuencia de los ataques (de bandera falsa) en Nueva York y Washington el 11 de septiembre de 2001, en el que los aliados de la OTAN asistieron a dos operaciones militares en Afganistán.

La organización se preserva como una entidad netamente política y militar, por lo que operaciones de inteligencia y contrainteligencia son usuales, así como actividades relacionadas al terrorismo, el narcotráfico, distintos operativos ilícitos y defensa integral de sus miembros.

En teoría, los países que conforman la OTAN deben gastar el 2% de su PIB en defensa militar. Para este año 2018, sólo cinco de ellos llegaban o contribuían por encima de esa cifra.

También, la OTAN mantiene relaciones con otros países y organizaciones internacionales como la Organización de Naciones Unidas (ONU, con la que mantiene una más que estrecha relación), la Unión Europea (UE) y la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa. Desde 2005, la Unión Africana ha recibido apoyos de la OTAN. Y la organización tiene socios y aliados tanto en Medio Oriente como en Asia y América Latina (Irak, Pakistán, Japón, Corea del Sur, etc.), con los cuales tiene acuerdos bilaterales y algunos son “socios globales”.

El acuerdo Colombia-OTAN

La novedad consiste en que se firmó, no un acuerdo bilateral, sino uno de seguridad. Llamado Acuerdo de Seguridad de la Información entre Colombia y la OTAN, se firmó el 25 de junio de 2013 entre el vicesecretario general de la organización atlantista, Alexander Vershbow, y el ministro de Defensa colombiano, Juan Carlos Pinzón. Desde entonces, los ministerios de Defensa y de Relaciones Exteriores de Colombia enviaron un proyecto de ley para ratificar la alianza al Congreso de su país.

En ese mismo año, Colombia participó en la Conferencia de la OTAN con una ponencia sobre la construcción de la integridad militar, y, según la misma organización el país sudamericano supuestamente podría contribuir a la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo internacional.

A su vez, el ejército colombiano intercambiaría con la OTAN insumos de inteligencia, así como gestiones a las prácticas en operaciones “humanitarias”, lo que equivaldría a un fortalecimiento militar de cara a los objetivos del país latinoamericano.

El acuerdo no permitía que Colombia se pudiera convertir en miembro pleno de la OTAN por consideraciones geográficas y de orden administrativo, y tampoco admite el despliegue de tropas extranjeras (salvo las estadounidenses, como lo es de facto hoy) en suelo colombiano. Eso en teoría.

Este acuerdo fue transformándose en el tiempo, hasta que el 18 de mayo de 2017 se llegó a la formalidad de que Colombia podía convertirse en un “socio global” de la alianza atlantista como ya lo son Mongolia, Japón, Afganistán y Nueva Zelanda, por ejemplo. Sería el primero en América Latina.

¿Qué significa ser un “socio global”?

Acuerdos bilaterales se han firmado entre la OTAN y países latinoamericanos. La relación con Argentina, por tomar un ejemplo, ha sido muy estrecha: en 1997 fue nombrada por la Administración Clinton “aliada importante extra-OTAN”, un estatus que comporta colaboraciones importantes en diferentes áreas militares. Incluso, los argentinos han llevado batallones a otros países en operaciones “humanitarias” de la OTAN en Croacia, Haití, Angola, Mozambique, Guatemala, Kuwait, Líbano, Chipre, a lo largo de la década de 1990.

Pero sociedades de ese tipo son menos profundas que la categoría de “socio global”, que compone otras características. Significa, básicamente, un enlazamiento íntimo entre el país y la estructura de la OTAN, que abarca la mayoría de las áreas militares en estrecha colaboración.

Efectivamente, desde 2013, Colombia y la OTAN han participado en una Iniciativa de Construcción Integral en limitadas áreas como “educación militar y entrenamiento, seguridad marítima, buena gobernanza e integridad constructiva”, según la página oficial de la alianza.

Para ello, Colombia ha permitido que la OTAN trabajase en profundidad en la institución militar local, y ha llevado a su personal correspondiente a cursos de la escuela de la OTAN en Oberammergau (Alemania) y al Instituto de Defensa de la OTAN en Roma (Italia) desde 2013. Colombia asimismo ha participado en numerosas conferencias militares de alto nivel relacionadas a la organización atlantista.

En 2015, Colombia apoyó operaciones navales de “contrapiratería” de la OTAN en el Cuerno de África, según el mismo portal de la organización multinacional.

En el futuro, ya con el país latinoamericano como “socio global”, podría participar en operaciones y misiones lideradas por la ONU, con asesoría de la OTAN a las fuerzas armadas colombianas según los estándares y normativas de la organización.

Implicaciones geopolíticas en América Latina

Tomando en cuenta que Colombia está íntimamente vinculada a la estructura e infraestructuras del Pentágono, con nueve bases militares estadounidenses en su territorio, y una nueva doctrina militar que estrecha las relaciones y visiones entre las fuerzas armadas colombianas y las de Washington.

Sabiendo de antemano que el plan del Pentágono consiste en caotizar el planeta entero, destruyendo Estados-nación y sociedades enteras, para reorganizarlo en dos principales áreas geoeconómicas políticas, el Norte y el Sur, constituyendo así una nueva visión no sólo militar de EEUU sino del desenvolvimiento global de las relaciones internacionales, podemos sugerir que Colombia se inserta como principal pivote latinoamericano de una estrategia que pretende imponer a las élites occidentales como el “gendarme necesario” de una región en disputa geopolíticamente por otros actores de gran peso. Nos referimos, por supuesto, a Rusia, en el aspecto político-militar, y China, en lo económico-financiero.

La OTAN, liderada desde su origen por EEUU, ha tomado parte de esa misma estrategia en varias partes del mundo: en la balcanizada Yugoslavia (Europa del Este), en Libia (África), en Irak y Siria (Medio Oriente). Las operaciones militares “humanitarias” en los primeros dos países terminaron en desastres distópicos en los que gobiernan las más diversas actividades delictivas y de degradación humana y cultural, y la partición oficial o de facto de sus territorios en poderes multinacionales o terroristas, en beneficio de la eliminación de las fronteras. En Siria fracasó el plan, luego de siete años de guerra, aun con el apoyo de la alianza atlántica a grupos terroristas en Medio Oriente y a los ataques de EEUU a Damasco.

Si tomamos en cuenta la actitud beligerante de Colombia contra Venezuela y Ecuador (recordar el incidente militar-diplomático en 2008), y sobre todo con relación al gobierno de Nicolás Maduro, es posible dilucidar que la OTAN apoyaría los esfuerzos militares de Colombia en su papel como miembro activo del Grupo de Lima.
La otanización de Colombia, en su figura de “socio global”, podría darle un carácter de “regularidad” y apoyo logístico a las células del paramilitarismo colombiano en la frontera colombo-venezolana, lo que ajustaría el pivoteo pre-bélico del vecino país con relación a Venezuela. En una analogía respecto al conflicto sirio, decíamos en 2013 que “Colombia jugaría a cabalidad contra Venezuela el mismo papel que Turquía (antes de la negociación con Rusia e Irán) juega contra Siria: el de cabeza de playa para variopintos ‘frentes armados’ apoyados logística y militarmente por los países de la OTAN”.

El mismo Gobierno venezolano hizo público en un comunicado de 2016 el rechazo a la integración de Colombia a la OTAN: “El Gobierno venezolano se opone firmemente ante el intento de introducir factores externos con capacidad nuclear en nuestra Región, cuyas actuaciones pasadas y recientes reivindican la política de la guerra, violentan acuerdos bilaterales y regionales de los cuales Colombia forma parte (Unasur, Celac), a través de los cuales se declaró a América Latina y el Caribe como Zona de Paz”.

Además, sería un “ejemplo a seguir” para el resto de socios estadounidenses en la región, como Argentina, Brasil, Chile, Perú, Panamá (en resumen, el Grupo de Lima), ya que esta asociación militar tiene implicaciones en las diferentes operaciones supuestamente antiterroristas y “humanitarias” que llevan a cabo actualmente EEUU y la OTAN en el resto del globo.

CASO MOLINA THEISSEN 23 de mayo de 2018, 15:29hs - LR21

Sentencia histórica en Guatemala:

penas de 58 y 33 años para militares por crímenes durante guerra civil

El Tribunal de Mayor Riesgo C de Guatemala sentenció a cuatro militares del alto mando y de la estructura de inteligencia, por la detención ilegal y violación sexual de Emma Guadalupe y la desaparición forzada su hermano de 14 años Marco Antonio Molina Theissen en 1981.

Sentencia histórica en Guatemala: penas de 58 y 33 años para militares por crímenes durante guerra civil.

Los generales Benedicto Lucas García, antiguo jefe del Estado Mayor General del Ejército; Manuel Antonio Callejas, viejo líder de Inteligencia Militar, y Hugo Zaldaña Rojas, exoficial de inteligencia militar fueron condenados a 58 años de prisión por los delitos de desaparición forzada, violación y delitos contra los deberes de humanidad.
El tribunal también condenó a Francisco Luis Gordillo, excomandante de la Zona Militar de Quezaltenango, a 33 años de prisión por delitos contra los deberes de humanidad mientras que absolvió al general Edilberto Letona de los cargos.
Durante dos meses y medio un tribunal escuchó a peritos, testigos, víctimas y presuntos victimarios sobre lo que sucedió con Emma Molina Theissen, detenida por agentes del Estado en septiembre de 1981 en la Ciudad de Guatemala por su militancia y llevada a un destacamento militar ubicado en Quetzaltenango, al oeste de la capital.
Allí, Emma, que entonces tenía 20 años fue torturada y violada y días después logró escapar de sus captores.
En su búsqueda agentes policiales vestidos de particular llegaron a su casa y al no encontrarla se llevaron a su hermano de 14 años, Marco Antonio Molina Theissen, quien permanece desaparecido desde aquel día.
El tribunal desechó los argumentos de los defensores que justificaron los hechos porque había sido en el marco de una guerra y que lo que hizo el Ejército fue luchar contra el comunismo y la subversión.
“Siempre supieron lo que hacían”, argumentó el tribunal.
Zaldaña Rojas dijo ante el tribunal que Marco Antonio Molina Theissen está escondido en algún lugar y que tiene 42 años.
Por su parte Emma Molina Theissen pidió justicia para ella y su hermano.
“Quiero contarles que no me mataron pero que sí destruyeron profundamente mi vida durante muchísimos años en los que estuve llena de terror, llena de dolor, años en los que no me consideraba merecedora de la vida, consideraba que mi vida era una vida robada a mi hermano”, dijo.
Al tiempo que lamentó haberse fugado porque considera que eso llevó al secuestro de su hermano: “en el momento que se produce mi fuga, se convierte en el peor error, en el peor momento de mi vida y en la peor decisión, porque significó el secuestro y la desaparición de mi hermanito”.
La fiscalía acusó a los militares por la jerarquía y el mando que entonces ostentaban y que no ejercieron para prevenir los hechos a pesar de tener conocimiento de las violaciones a los derechos humanos.
Emma Molina Theissen además reconoció a Zaldaña Rojas como uno de sus violadores y su madre como la persona que se llevó a su hijo menor.
En 2004 la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado guatemalteco por la violación de los derechos humanos de los hermanos Molina Theissen y ordenó la búsqueda de los restos del menor. Hasta ahora esa tarea no se ha llevado a cabo.
“He vivido aplastada por la culpa, llena de vergüenza, llena de dolor, llena de asco, mucho asco. No tienen idea, profanaron mi cuerpo, violentaron toda mi humanidad y eso me va acompañar toda la vida”, concluyó Emma.
Según reporta la prensa local tras finalizar la audiencia los condenados cantaron el himno del Ejército y se abrazaron.
El Ejército dijo que no comentarían el fallo judicial y que el Ministerio de Defensa es respetuoso de lo que ordenen los tribunales.

Elegimos Vivir: Condena histórica contra Egresados de la Escuela de las Américas

mayo 23, 2018 Editor A

Posted on 24 mayo, 2018 by soawlatina

Después de 37 años, la justicia llegó para la familia Molina Theissen. La madrugada del 23 de mayo el Tribunal de Mayor Riesgo C de Guatemala puso fin a la larga espera y sentenció a 4 ex oficiales guatemaltecos, 3 de ellos graduados de la Escuela de las Américas (SOA / WHINSEC), por el secuestro y violación de Emma Guadalupe Molina Theissen, y por la desaparición forzada de Marco Antonio Molina Theissen en 1981.

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Por unanimidad, el ex general Benedicto Lucas García, quien fungió como jefe del Estado Mayor del ejército; el ex general Manuel Callejas y Callejas, ex jefe de inteligencia militar; Francisco Gordillo y Hugo Zaldaña, fueron sentenciados a 33 años de prisión inconmutable por los crímenes de lesa humanidad y por la violencia sexual cometida en contra de Emma Guadalupe, secuestrada y detenida por el ejército guatemalteco entre el 27 de septiembre y el 6 de octubre de 1981. Adicionalmente, Lucas García, Callejas y Callejas, y Zaldaña fueron condenados a 25 años de prisión inconmutable por la desaparición forzada de Marco Antonio el 6 de octubre de 1981. Edilberto Letona fue absuelto de todos los cargos y se ordenó su liberación inmediata.

“El 23 de mayo pasará a la historia de Guatemala como la fecha en que la familia Molina Theissen y todas las familias a las que nos fueron arrebatadas niños y niñas, familias sumidas en un profundo abismo, vemos la justicia brillar. Los sobrevivientes podemos sentirlo, y sentimos que se hizo justicia también para nosotras y para nuestros desaparecidos, por nuestros niños y niñas”, dijo Adriana Portillo, defensora de derechos humanos y sobreviviente del conflicto armado en Guatemala. Después de que las fuerzas de seguridad guatemaltecas mataron a uno de sus hermanos y desaparecieron a seis miembros de su familia, entre ellos su padre, sus hijas de 10 y 9 años, y su hermana de 18 meses, Adriana y sus dos hijas sobrevivientes huyeron de Guatemala en 1985.
Marco Antonio tenía 14 años cuando fue desaparecido por el ejército guatemalteco, auspiciado por el gobierno de EEUU. De acuerdo con la Comisión para el Esclarecimiento Histórico de Guatemala, 5 mil menores más corrieron la misma suerte, sin embargo todavía se desconoce su paradero. Sin embargo, la lucha por verdad y justicia iniciada hace 37 años por la familia Molina Theissen es un paso histórico en la lucha por el esclarecimiento de las personas asesinadas y desaparecidas durante el conflicto interno.
“A pesar de que éste ha sido un paso grande en la historia de la justicia de Guatemala, no podemos olvidar que la Escuela de las Américas sigue entrenando ejércitos latinoamericanos en otras partes del mundo en técnicas de tortura y desaparición, y tantas cosas más. No sólo Guatemala y no sólo SOA Watch, pero los pueblos del mundo debemos buscar que estos gobiernos estadounidenses paguen también porque son responsables de todo el sufrimiento de los pueblos latinoamericanos a lo largo de tantos años”, añadió Portillo en referencia a Benedicto Lucas García, Manuel Callejas y Callejas, y Francisco Gordillo graduados de la escuela de las Américas.
En SOA Watch celebramos la histórica sentencia en el caso Molina Theissen y reconocemos la lucha de las familias como el motor de los movimientos por verdad y justicia en América Latina. No olvidamos el papel represor de los gobiernos estadounidenses en la violenta y digna historia de los pueblos de nuestro continente. Demandamos el cierre de la SOA/WHINSEC como un primer paso para la reparación de los daños causados a cientos de miles de víctimas de tortura, exilio, desaparición forzada y muerte. Guatemala dio un paso más hacia la búsqueda de memoria y justicia. Estados Unidos debe seguir el ejemplo.
En solidaridad,
SOA Watch

Un documento desclasificado de la CIA confirma que el Palacio del Planalto sabía de los homicidios políticos - Geisel aprobó ejecuciones durante la dictadura brasileña

El presidente de la Comisión de la Verdad dijo que era hora de que las Fuerzas Armadas asumieran su responsabilidad institucional.

Geisel, penúltimo jefe de Estado de la dictadura, dijo que las ejecuciones debían continuar.

PÀGINA 12 - 12 de mayo de 2018

Un documento desclasificado de la CIA publicado ayer por la prensa brasileña muestra a uno de los presidentes de la dictadura militar  autorizando la ejecución de opositores. Pedro D’Alari, el presidente de la Comisión de la Verdad creada por la ex presidenta, Dilma Rousseff, afirmó que el cable de la CIA era terrible y que era hora de que las Fuerzas Armada asumieran su responsabilidad institucional.
Según el documento, Ernesto Geisel (1974-79), penúltimo jefe de estado de la dictadura, le dijo explícitamente al jefe del Servicio Nacional de Informaciones, Joao Baptista Figueiredo, quien le sucedería en el cargo, que las ejecuciones debían continuar. El archivo fue revelado por el historiador e investigador de la Fundación Getúlio Vargas, Matias Spektor.
El informe, fechado el 11 de abril de 1974, está firmado por el entonces director de la Central de Inteligencia estadounidense (CIA), William Colby, y dirigido al secretario de Estado Henry Kisinger.
“Este es el documento más perturbador que he leído en veinte años de investigaciones”, escribió Spektor en su cuenta de la red social Facebook, sobre el informe desclasificado en 2015. El documento de la CIA, que fue rescatado de los archivos del Departamento de Estado, expuso por primera vez con documentación que los dictadores de Brasil, que gobernaron entre 1964 y 1985, sabían y eran los que autorizaban los asesinatos de opositores.
En el memorando, Geisel autoriza la continuación de la política de asesinatos, pero exige del Centro de Informaciones del Ejército una autorización previa del propio Palacio presidencial de Planalto. “El 1 de abril (de 1974), el presidente Geisel le dijo al general Figueiredo que la política de ejecuciones debería continuar, pero que debía tomarse cuidado para estar seguros de que solamente los subversivos peligrosos serían ejecutados”, apunta el informe.
El memorando del 11 de abril de 1974 incluye un mensaje con el título “Presidente brasileño Ernesto Geisel decide continuar con la ejecución sumaria de subversivos bajo ciertas circunstancias”. Irónicamente, Geisel, quien gobernó entre 1974 y 1979, era considerado uno de los apaciguadores de la represión política y ejecuciones. El informe de la CIA sostuvo que Geisel tomó la determinación luego de ser informado por Figueiredo, entonces su jefe de inteligencia, de que durante el gobierno del dictador Emilio Garrastazú Médici (1969-1974) fueran ejecutadas 104 personas. El memorándum indicaba que el general Figueiredo, como mano derecha de Geisel, debía ser informado de cada ejecución.

Bolsonaro minimizó las ejecuciones extrajudiciales.

Marcelo Rubens Paiva, escritor e hijo del diputado Rubens Paiva, asesinado en 1971, dijo que el documento confirma que el Palacio del Planalto sabía de los homicidios políticos.
La ex presidenta Dilma Rousseff, durante su gobierno creó una Comisión de la Verdad para investigar los hechos que consignó 434 muertos o desaparecidos. En el período posterior al cable de la CIA hubo 80 opositores asesinados, informó ayer el diario O Globo, basado en las nuevas revelaciones. Además, en aquel momento la Comisión acusó a 377 agentes militares, policiales y civiles por crímenes contra la humanidad, aunque no pueden ser juzgados porque está en vigor la Ley de Amnistía de 1979 (sancionada por el dictador Figuereido y ratificada en 2010 por el Supremo Tribunal Federal) que ampara a policías y militares acusados de violación de los derechos humanos. Por dicha ley, Brasil nunca juzgó a los represores. 
“Nunca tuvimos en la mano un documento en el que realmente estuviese escrito: ‘Vamos a ejecutar’. (Los militares) siempre dijeron que las ejecuciones eran casos aislados”, dijo Vera Rotta, quien durante los gobiernos del presidente de izquierda Luiz Inácio Lula da Silva trabajó en la Secretaría de Derechos Humanos y coordinó un amplio informe sobre la represión.
Pero la falta de documentación oficial de las Fuerzas Armadas impidieron continuar la investigación terminada el 10 de diciembre de 2014: en la Comisión de la Verdad se abrió un caso de 8.000 indígenas asesinados en la Amazonia que se oponían a la colonización de agricultores blancos que promovió el régimen para fomentar el agronegocio en la zona norte del país. La fiscal general, Raquel Dodge, pidió el año pasado a la Corte abrir juicios contra acusados de delitos de lesa humanidad, al considerarlos imprescriptibles y no alcanzados por la Ley de Amnistía.
El candidato presidencial ultraderechista, Jair Bolsonaro, minimizó el informe de la CIA al afirmar: “¿Quién nunca le pegó a un hijo y luego se arrepintió?” El diputado y ex capitán del ejército  que marcha segundo en las encuestas detrás de Lula, reivindica a la dictadura militar y ayer puso en duda la veracidad del documento. 
“Yo creo que sé lo que le pasó a este agente de la CIA que hizo el informe: ¿Cuántas veces uno dice, ‘te voy a matar, te voy a cagar a trompadas’. Este agente de la CIA debe haber escuchado una conversación así e hizo el informe. Pero me pregunto: ¿Dónde están los 104 muertos?”, dijo Bolsonaro a una radio de Minas Gerais. Bolsonaro se puso en el centro de la discusión e interpretó que la divulgación del informe por parte de Spektor es para frenar su candidatura.
El dirigente ultraderechista recordó, asimismo, que ahora el grupo Globo, el conglomerado de medios más importante del país, apoyó el golpe de 1964 que destituyó al presidente Joao Goulart.

Cuba: "Las más crueles dictaduras militares de Latinoamérica fueron impuestas o apoyadas por EE.UU."

Publicado: 15 abr 2018 02:03 GMT - RT

Durante la Cumbre de las Américas, el ministro de Exteriores cubano, Bruno Rodríguez, ha criticado con dureza al vicepresidente de EE.UU., Mike Pence, por los ataques verbales lanzados contra Cuba y Venezuela.

El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, es recibido en el aeropuerto de Lima el 13 de abril de 2018.

Guadalupe Pardo / Reuters

Este sábado, durante la VIII Cumbre de las Américas, el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, respondió al vicepresidente de EE.UU., Mike Pence, diciendo que es antidemocrático atacar a Venezuela y al presidente Nicolás Maduro cuando ha sido excluido de la cumbre.
"Es nada democrático atacar a Venezuela y mencionar al presidente Nicolás Maduro cuando ha sido excluido y no está aquí para responderle", dijo Rodríguez.

Invasión militar de EE.UU. a Venezuela: ¿un mito o una certeza?

Poco antes durante su intervención, Pence atacó a los Gobiernos de Cuba y Venezuela, calificándolos de "tiranos". Además dijo que en la actualidad el país sudamericano "es un Estado fallido", y que EE.UU. "no se quedará de brazos cruzados" mientras la República Bolivariana se desmorona. Asimismo señaló que tanto su país como los demás de la región deben hacer más para aislar a Maduro.
No obstante, cuando el canciller cubano comenzó su intervención para responder al vicepresidente estadounidense, la delegación de la nación norteamericana abandonó la sala. "Rechazo las referencias insultantes a Cuba y a Venezuela y la actitud humillante para la América Latina y el Caribe que ha asumido. El vacío moral del Gobierno de EE.UU. no puede ser, no es una referencia" para Latinoamérica, replicó Rodríguez.

"Las más crueles dictaduras militares de Latinoamérica recibieron apoyo de EE.UU."

Washington "en los últimos 100 años carga con la responsabilidad por los abusos más brutales contra los derechos y la dignidad humana", añadió, recordando que "todos los gobiernos despóticos de la región", incluidas "las más crueles dictaduras militares", "han sido impuestos o han recibido apoyo" de Estados Unidos.

EE.UU. y Cuba: relaciones convulsas

El país norteamericano "ha sido el primer y el único en usar armas nucleares contra civiles inocentes", y "es responsable de guerras criminales y de cientos de miles de muertos", agregó el ministro cubano. Además manifestó que Washington ha perpetrado "violaciones masivas, flagrantes y sistemáticas de los derechos humanos".
Por otro lado, Rodríguez dijo que si al Gobierno estadounidense en realidad le interesara el bienestar, los derechos humanos y la libre determinación de los cubanos, entonces debería levantar el embargo impuesto contra la isla hace más de 50 años.
"La convivencia entre EE.UU. y Cuba es posible, productiva y puede ser civilizada", pero para eso, Washington no debe esperar que La Habana "ceda en un milímetro de sus principios, ni ceje en su empeño de construir el socialismo", finalizó el jefe de la diplomacia cubana.

Presidente Evo Morales alerta sobre nueva estrategia imperialista contra los pueblos

27 mayo 2018 | CUBADEBATE

Evo Morales. Foto: Archivo.

El presidente de Bolivia, Evo Morales, alertó hoy sobre una nueva estrategia imperialista contra los gobiernos progresistas y sus pueblos, basada en la proliferación de mentiras para desacreditarlos y desestabilizar estos países.
Ahora la derecha, con esquemas del imperialismo, utiliza la búsqueda de muertos para achacárselos al Estado y, con esto, boicotear su gestión y propiciar movilizaciones populares que amenazan el orden del país, sentenció.
Morales hace referencia al incidente ocurrido el pasado jueves, en el que un estudiante de la Universidad Pública del Alto perdió la vida al ser impactado por una bola de vidrio durante una manifestación del alumnado y el claustro de esa casa de altos estudios.
Aún cuando estudios policiales sugieren que la canica provino de alguno de los manifestantes, la oposición sostiene que el fallecimiento del joven es producto de la represión policial en Bolivia, como mismo ‘sucede en países como Cuba y Venezuela’.
Al respecto, Morales señaló que se trata de una artimaña para desacreditar al país andino amazónico y a ‘esas naciones hermanas’.
Intentan revertir lo avanzado todo este tiempo en pos del desarrollo de los pueblos y en beneficio de los más humildes, acotó.
Durante su intervención en el acto de entrega de obras educativas en la provincia de Shinahota, en el departamento de Cochabamba, el jefe de Estado también felicitó a las madres bolivianas a propósito de la celebración de su día en el país.
Morales destacó el papel de la mujer tanto en el impulso de la economía hogareña como en los planes nacionales para el desarrollo del país.
(Con información de Prensa Latina)

ARGENTINA

El FMI es parte del poder que subordina a Argentina a la dominación y la dependencia

por Julio C. Gambina

LA HAINE - 29/05/2018 

La movilización y organización popular se hicieron visibles el 21F y ahora en la manifestación del 25 de Mayo contra la negociación del régimen con el FMI

El 25 de mayo es día de fiesta y de lucha en la Argentina. Es fiesta porque se recupera la revolución anticolonial de 1810, sus objetivos y reivindicaciones, las que continúan en pie, por lo que también es día de lucha contra la sumisión contemporánea a la dominación que ejercen corporaciones trasnacionales asociadas a poderosos grupos locales.
La dominación española fue combatida en 1810, como lo fue antes, en 1806/07 la invasión inglesa. La dominación británica primero y luego estadounidense constituye la esencia del rumbo civilizatorio asumido por las clases dominantes en la Argentina luego de la gesta revolucionaria de mayo.
Argentina se construyó como país capitalista bajo la dominación colonial e imperialista, por lo que el desafío contemporáneo asume la triple confrontación como anticapitalista, anticolonial y antiimperialista, bajo las nuevas condiciones de lucha contra el racismo, la discriminación, la destrucción de la naturaleza y el patriarcalismo.
Ese programa que enunciamos viene siendo construido en múltiples experiencias de organización popular a través del tiempo, con un momento de máxima acumulación de poder popular hacia 1973. Como consecuencia de ello, la consigna que condensó la situación fue “liberación o dependencia”, coincidente con la situación mundial y experiencia de luchas y procesos populares construidos entre fines de los sesenta y comienzos de los setenta. Remito al mayo francés, el cordobazo/rosariazo, el levantamiento estudiantil mexicano, las luchas de los trabajadores italianos o la primavera de Praga, hasta llegar al triunfo de Vietnam sobre EEUU. Toda una época de acumulación de poder popular en el ámbito mundial.
Parecía que aquel 25 de mayo de 1973 argentino expresaba las tradiciones soberanas de lucha y podía materializarse el ansiado proyecto independentista. Era un momento nacional en correspondencia con un clima de época global, con especificidades más que interesantes en Nuestramérica, con el despliegue del proyecto socialista cubano y la nueva experiencia socialista por vía electoral en Chile.
La lucha social, política y cultural de época era la condición de posibilidad para la realización de variados proyectos, tal como imaginamos los protagonistas de la Universidad para la Liberación que construíamos en 1973/74. Se asumía el legado de la Reforma de 1918 y se potenciaba con una perspectiva emancipadora. Es algo que recordamos estos días en Villa Mercedes, San Luis, a propósito de una jornada que recuperaba los debates por el centenario de la Reforma de 1918 y que organizara el Centro de Pensamiento Crítico Pedro Paz [1]. También se manifestó ese clima de época en la legislación laboral de 1974, como expresión jurídica de los derechos de las trabajadoras y los trabajadores.
Ofensiva del capital y papel del FMI
En esas condiciones, la respuesta en Argentina y en el mundo fue la ofensiva del capital que en términos ideológicos se conoce como el tiempo “neoliberal”, con el monetarismo ortodoxo y reaccionario como bandera de vanguardia en materia de política económica y la represión y el terrorismo de Estado como mecanismo para disciplinar la dinámica del conflicto y la organización social para la transformación.
La ofensiva del capital contra la acumulación popular de poder se inicia en 1975/76 (gobierno constitucional primero y dictadura genocida luego), con importantes avances que despliegan el proyecto aperturista vía endeudamiento externo, de promoción de la iniciativa privada y desregulación estatal con privatizaciones en los 90 (menemismo y Alianza) y que en la actualidad pretenden definir su consolidación.
En ese trayecto existieron resistencias diversas e intentos de construir rumbos alternativos, por lo cual, la ofensiva del capital no constituye un camino allanado y sin tropiezos.
Con el acceso al gobierno de Macri, vía consenso electoral, se pensó en que estaban dadas las condiciones ideales para lograr el control social, la contención del conflicto y la subordinación de la sociedad al objetivo de sustentación del orden del capital, que subordina el todo a la lógica de la maximización de la ganancia.
Bajo esas condiciones se instaló la agenda contra los derechos laborales y sociales e incluso los de la naturaleza, aunque no sean estos reconocidos por la tradición local, tal como ocurre con el nuevo constitucionalismo regional, casos de Bolivia y Ecuador.
El programa del gobierno Macri apostó a las inversiones externas para su materialización y mientras estas llegaban al endeudamiento público externo.
La realidad mundial y local imposibilita la lluvia de inversiones y resulta insostenible la magnitud del reciente endeudamiento externo, por eso la necesidad de ampliar los mecanismos de deuda local.
Hay límites objetivos para el despliegue del programa “macrista” y por eso se acude al FMI, para asociar al organismo internacional como fuente de presión para el ajuste y la reestructuración regresiva del régimen jubilatorio y laboral.
Un tema relevante resulta de la continuidad del conflicto social que disputa cotidianamente el consenso de la sociedad sobre el presente y el futuro de la Argentina.
La respuesta represiva cuenta con cierto respaldo social y eso sostiene la voluntad gubernamental por despejar las calles de la protesta derivada de las nuevas condiciones económicas sufridas en los ingresos deteriorados por el tarifazo y la inflación, con la perspectiva de mayor ajuste en el gasto público social.
¿Es posible sustentar otra política?
La lucha masiva contra la dictadura arrancó el nuevo tiempo constitucional a fines de 1983, del mismo modo que las protestas y la acumulación gestada entre 1998-2001 generaron las condiciones para construir junto a otros procesos en la región una posibilidad de desarrollo e integración con pretensión alternativa.
Es la sociedad y su lucha la que genera las condiciones de posibilidad para el cambio de rumbo.
Por eso, luego del triunfo electoral de medio turno en octubre del 2017 se creyó desde el gobierno que había aval para sus proyectos reaccionarios de reforma previsional y laboral.
Las luchas de diciembre pasado acotaron la reforma previsional a una quita de ingresos por modificaciones en la fórmula de actualización de ingresos previsionales y frenaron los cambios a la legislación laboral. La movilización y organización popular se hicieron visibles el 21F y ahora en la conmemoración del 25 de Mayo bajo la consigna “La patria está en peligro” frente a la negociación del gobierno con el FMI.
Ante la agudización de una ofensiva por el ajuste, ya expresada en una inflación que se proyecta más alta que la del 2017 y con la devaluación que supone una fuerte transferencia de ingresos hacia los sectores más concentrados de la economía, se acude al FMI para incrementar el chantaje sobre la población.
El recuerdo del papel del FMI no es bueno y se asocia a pérdida de soberanía, por lo que la recuperación del 25 de mayo recrea la discusión sobre las posibilidades de un rumbo de autonomía y en ese sentido, lo primero que destaca es el rechazo a las negociaciones con el organismo internacional.
Claro que luego viene el interrogante sobre el qué hacer y en se sentido se impone discutir medidas de emergencia y de fondo.
Entre las primeras, las de emergencia, supone discutir los desequilibrios macroeconómicos en función de modificar la ecuación de beneficiarios y perjudicados. Entre las segundas, las de fondo, se requiere discutir el modelo productivo y de desarrollo.
La emergencia induce a combatir el déficit fiscal y externo para recuperar capacidad soberana de decisión sobre el presente y el futuro con soberanía.
Supone ello discutir más que el gasto, los ingresos fiscales, en un país donde las ganancias elevadas de un pequeño sector de la economía explican el consumo suntuario que consolida el déficit de turismo y la fuga de capitales.
Las retenciones a las exportaciones suscitan en este sentido nuevos debates, del mismo modo que el impuesto a la renta financiera y a los bienes personales y las ganancias. No puede ser el IVA la principal fuente de recaudación estatal, que afecta proporcionalmente en mayor medida a los sectores de menores ingresos.
Del lado del gasto se mantiene la antigua demanda de investigar la deuda pública, externa e interna, y mientras suspender los pagos, más aún con la inusitada suba de la deuda asumida por el gobierno en estos dos primeros años de gestión.
En el fondo, lo que sostenemos es la ampliación del consenso contra el ajuste, contra el FMI y con ello crear las condiciones para otras medidas de política económica que reviertan la ecuación de beneficiarios y perjudicados en la coyuntura, y desde allí generar un debate sobre las cuestiones sustanciales relativas al modelo productivo y de desarrollo, un tema ausente ante el drama de la cotidianeidad.
Nota: [1] http://centropedropaz.fcejs.unsl.edu.ar/index.php/2017/11/24/actividades-cpc-ii-jornada-sobre-la-reforma-universitaria-18-de-agosto-2017/
La Haine

El Fondo Monetario Internacional, arma absoluta del capital financiero transnacional

sábado, 19 de mayo de 2018

I. En medio de una feroz ofensiva contra los trabajadores de todas las categorías y los jubilados, el Gobierno de Macri, al borde del abismo financiero, pide ayuda al Fondo Monetario Internacional.
Lo que es algo así como meter al zorro en el gallinero para que cuide a las gallinas.

Como ejemplo reciente puede citarse a Grecia, donde la intervención mafiosa y patotera de la troika (Comisión Europea, Banco Central Europeo y Fondo Monetario Internacional) empobreció a la mayoría de la población hasta límites insoportables, llevó al desmantelamiento de los servicios esenciales (salud, educación, seguridad social, etc.) y al despojo de buena parte del patrimonio nacional, ahora en poder de grandes empresas transnacionales.
El Gobierno «progresista» de Tsipras capituló incondicionalmente pese a la opinión claramente manifestada por la mayoría del pueblo griego en una consulta popular.

No se puede esperar otra cosa para Argentina con la «ayuda» del Fondo Monetario Internacional, pues esta ha sido y es la política del FMI en los hechos desde su creación en 1944.

Veamos.

En julio de 1944 la Conferencia Monetaria y Financiera de Bretton Woods acordó la creación del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRD). Este último como parte del grupo del Banco Mundial.

Ya en 1943, cuando comenzaba a vislumbrarse el fin de la Segunda Guerra Mundial, los estadounidenses y los ingleses comenzaron a discutir las bases de la organización de la economía mundial en la posguerra.
John Maynard Keynes, encargado por las autoridades británicas de participar en las deliberaciones, propugnaba la creación de una cámara de compensación mundial (Clearing Unión) que permitiría hacer todas las transacciones internacionales a un tipo de cambio fijo referido a una moneda internacional emitida por la Clearing House, el "bancor". Se trataba de un verdadero sistema monetario internacional regulador de las finanzas internacionales, que conservaba la simetría entre las partes, con mecanismos de control y eventualmente de financiación para los países deficitarios y una participación de cada país en función de sus capacidades financieras.

Sería una especie de Banco a escala internacional en el que los "clientes" serían los estados.

Pero esta propuesta no fue aceptada por los Estados Unidos, en ese momento en la cumbre de su poderío económico como único gran beneficiario de la Segunda Guerra Mundial, que impuso en Bretton Woods sus puntos de vista: un sistema de cambios fijos (con una elasticidad del uno por ciento en más o en menos sobre la paridad establecida entre las monedas) y la paridad establecida en relación con el oro o con el dólar de los Estados Unidos (artículo IV de los Estatutos del FMI, antes de la reforma de 1978).

Así es como en la práctica el dólar pasó a ser moneda internacional, obligando a todos los países a acumular reservas en dólares para hacer frente a las fluctuaciones de sus respectivas monedas, resultante del estado de su balance de pagos.

El sistema de Bretton Woods estableció pues un privilegio exorbitante a favor de los Estados Unidos en materia de pagos internacionales, que en los hechos, sirvió para que el resto del mundo financiara su déficit presupuestario.

Esta fue la base de un desorden creciente del sistema monetario internacional que se institucionalizó en 1975 con el abandono del sistema de tipos de cambios fijos (reforma, vigente desde 1978, del artículo IV de los Estatutos del FMI,).

Es decir, se abandonó un principio ordenador del sistema monetario (el sistema de cambios fijos) pero se mantuvo en los hechos al dólar como moneda internacional, de manera que todo el resto del mundo continuó subvencionando la economía de los Estados Unidos, pues los Bancos centrales de los otros países siguieron interviniendo para evitar la baja del dólar.

Ello permitió y permite a los Estados Unidos apropiarse de una gran parte del producto del trabajo y de los ahorros de los pueblos de todo el planeta.

Esta situación se refuerza por la circunstancia de que los dólares emitidos por la Reserva Federal (moneda fiduciaria, es decir sin respaldo de oro desde 1933) inundan todo el mundo para financiar el déficit presupuestario de los Estados Unidos. En setiembre de 1947 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó sin votación los acuerdos entre las Naciones Unidas, por una parte, y el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, en tanto organismos especializados del sistema de las Naciones Unidas, por la otra.

En los hechos, los acuerdos constituyeron más una declaración de independencia de ambos organismos financieros que de cooperación con las Naciones Unidas.

En el debate sobre los acuerdos, realizado en el Consejo Económico y Social en agosto de 1947, el representante de Noruega dijo que el ECOSOC se apartaría de las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas si los aprobara, agregando que su delegación no estaba dispuesta a reconocer al Banco Mundial como organismo especializado, sometiéndose a las condiciones impuestas por el mismo Banco. El representante de la Unión Soviética, por su parte, señaló en el mismo debate que ciertas disposiciones de los dos acuerdos violaban los artículos 57, 58, 62, 63, 64 y 70 de la Carta de las Naciones Unidas, referidos al funcionamiento de los organismos especializados y a las facultades del Consejo Económico y Social a ese respecto. El representante de Venezuela lamentó que los acuerdos hubieran ido más lejos de los que parecía necesario, en particular el párrafo 3 del artículo IV, que aconsejaba a las Naciones Unidas que evitaran hacer recomendaciones al Banco con relación a los préstamos o a las condiciones o circunstancias de su financiamiento [1].

En 1997 participamos, en representación de una ONG, en la reunión del Grupo de Trabajo sobre el Derecho al Desarrollo de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Allí tuvimos ocasión de intervenir y formularles preguntas a los representantes del FMI y del Banco Mundial.

Las conclusiones que pudimos extraer de dicho diálogo las comunicamos a la Comisión de Derechos Humanos en una intervención oral durante sus sesiones de marzo de 1997. En síntesis dijimos que el FMI no se ocupaba del desarrollo ni del pleno empleo, que figuran entre las funciones que le atribuyen sus Estatutos. En cuanto a la política monetaria, dijimos que el FMI era incapaz de evitar la anarquía financiera internacional y sola desempeñaba el papel de bomberoen situaciones tales como la crisis mexicana o prestaba dinero por razones políticas como lo había hecho con Rusia en vísperas electorales. En cuanto a la deuda, afirmamos que el papel del FMI consistía básicamente en mantener la presión sobre los países deudores e imponerles políticas contrarias a los intereses nacionales y populares.

En el período de sesiones de la Subcomisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, celebrado en julio-agosto de 2001, dos de sus miembros, la señora Udagama y el señor Onyango, presentaron un informe sobre la mundialización[2].

Los autores decían en el informe que si bien la protección y promoción de los derechos humanos es primordialmente una obligación de los estados, otras entidades tales como la Organización Mundial del Comercio, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial no están de manera alguna exceptuadas de responsabilidad en ese terreno. Afirmaban que las instituciones internacionales multilaterales “tienen la obligación de no tomar medidas que afecten la situación social de un país dado”.

En el debate que se suscitó en la Subcomisión, el representante del FMI afirmó que dicha institución no tiene mandato para tomar en cuenta los derechos humanos en sus decisiones y que no está obligada por las diferentes declaraciones y convenciones relativas a los derechos humanos [3].

Esta declaración del representante del FMI provocó vivas réplicas de varios miembros de la Subcomisión, afirmando uno de ellos que “no es admisible que el FMI no se someta al derecho internacional” y otro miembro sugirió que la Subcomisión “debía adoptar una posición clara indicando que los sistemas comerciales y financieros están sometidos al derecho internacional y por lo tanto tienen la obligación de proteger y respetar los derechos humanos”.

En el seno del FMI, el poder de decisión pertenece a los cinco países que reúnen la mayoría de las cuotas, pues el artículo XII sección 5 de sus Estatutos establece el voto ponderado en los órganos de dirección (Consejo de Gobernadores y Consejo de Administración). Además, un solo país, los Estados Unidos, puede bloquear ciertas decisiones importantes (por ejemplo el restablecimiento de un sistema internacional de cambios fijos) porque dispone de un porcentaje de votos superior a la minoría de bloqueo, que es del 15 por ciento.

De modo que un pequeño grupo de países, muy poderosos económicamente, impone al resto del mundo las orientaciones de la política económica. Y en el caso particular de la deuda externa y de las políticas de ajuste sucede lo mismo. De manera que las "recomendaciones" y "principios directores" del FMI no son otra cosa que la coacción ejercida sobre los países que quieren renegociar la deuda u obtener préstamos del sistema financiero internacional, a fin de que adapten su política económica y financiera a los intereses del gran capital transnacional: privatización de los servicios públicos, reducción del gasto social, aumentos de las tarifas de dichos servicios, congelación de los salarios, apertura incondicional de las fronteras a los productos y servicios extranjeros, etc. Son las llamadas “condicionalidades”.

En los hechos, las instituciones de Bretton Woods tienen un poder de decisión excepcional sobre las orientaciones de las economías nacionales de los países menos desarrollados, como mandatarios de los países ricos, sin base alguna en el derecho internacional vigente. Por el contrario, no tienen ningún poder sobre las orientaciones económicas de los países ricos, pese a que la enorme deuda externa e interna de algunos de ellos justificaría ampliamente la aplicación de una política de ajuste estructural, de acuerdo a las concepciones del Fondo. Ni el Fondo ni el Banco Mundial, pese a que las grandes potencias dicen que son los "únicos organismos competentes" del sistema, tienen una política mundial económica y/o financiera. Tal política va a la deriva de los intereses coyunturales del capital financiero e industrial transnacional.

Todo esto confirma que el FMI y el Banco no son en la práctica organismos especializados del sistema de las Naciones Unidas, como está previsto en la Carta de la ONU, sino meros instrumentos y mandatarios de las grandes potencias y del gran capital.

De modo que el Estado que quiere tener acceso al crédito internacional debe ajustarse a los "principios directores" del FMI que, de manera general, son los siguientes:
1)..."apertura de los sectores que han estado protegidos frente a la competencia del mercado y la eliminación de subvenciones..."
2)..."reducir las presiones inflacionarias, alentar la repatriación del capital y fomentar la inversión extranjera directa..." (Comunicado del Comité Provisional de la Junta de Gobernadores del FMI, Comunicado de Prensa Nº 89/44, del 25/9/89);
3)..."contener la demanda global..."
4)..."saneamiento de las empresas públicas..."
5)..."flexibilización del control de precios y de las restricciones comerciales" (acuerdo con Mauritania)
6)..."revisión de la escala de derechos de importación y de los precios agrícolas..." (Acuerdo con Costa Rica, Bulletin du FMI, 5 juin 1989, p. 174).
Etc.
Estos "principios directores" se han incluido en los acuerdos celebrados con numerosos países.

Las llamadas políticas de ajuste son económicamente recesivas y socialmente regresivas, pues el único objetivo real del Fondo es que los deudores paguen los servicios de la deuda a los acreedores. Con tales políticas la espiral de la deuda sigue creciendo porque la economía de los países deudores permanece estancada o crece lentamente, con lo que se les hace aún más difícil cumplir con los acreedores, y se deben contraer nuevos préstamos para pagar los servicios de los préstamos anteriores. Así la deuda externa no deja de crecer y se convierte en deuda eterna[4].

II. El caso argentino

La otra cara de la medalla de la dictadura del capital financiero transnacional es la estructura económico-financiera capitalista integrada al capitalismo mundializado de los países que, como Argentina y casi todos los países del mundo poco desarrollados o semidesarrollados, incluidos los que cuentan –o han contado hasta hace poco- con Gobiernos “progresistas”.

Estructura que ha permanecido intocada en todos los casos y que los hacen dependientes del gran capital industrial y financiero transnacional y por lo tanto expuestos a su voracidad.

En cifras redondas, la deuda externa argentina sufrió la siguiente progresión desde 1966 hasta ahora.

Cuando se produjo el golpe militar de 1966 rondaba los 3200 millones de dólares. Al restablecerse en 1973 los gobiernos constitucionales había aumentado a 4800 millones es decir un 46%. Durante los Gobiernos de Cámpora, Frejuli e Isabel Perón (1973-76) aumentó a 7800 millones (62%). Durante la dictadura 76-83 aumentó a 45000 millones (465%). Con Alfonsín aumentó a 65000 millones (44%) y con Menem a 191000 millones (123%).

Con los Kirchner (2004-2015) se mantuvo estable en torno a esa cifra.

Con Macri actualmente la deuda ronda los 300.000 millones. Es decir que aumentó unas CIEN VECES desde 1966. Existe una abundante bibliografía sobre todo ese período con sus distintas particularidades, a la cual me remito en homenaje a la brevedad.

Pero merece un breve comentario el hecho de que la deuda no haya aumentado en los doce años de gobierno kirchnerista.

En efecto, la deuda no aumentó porque durante ese período se hicieron pagos a los acreedores por 190.000 millones de dólares con las reservas de ANSES y del Banco Central acumuladas durante la fiesta de la soja y contrayendo nuevas deudas. El resultado fue que pese a ese astronómico reembolso cuando terminó el mandato de CFK se seguía debiendo lo mismo que en 2004: unos 190.000 millones. Sumado lo que se pagó durante los Gobiernos K más lo que se seguía debiendo en 2015 da la bonita suma de 380.000 millones de dólares.

Este proceso de “pago serial” (CFK dixit) de la deuda estuvo en buena parte centrado en la ley llamada “del pago soberano local de la deuda exterior de la República Argentina” de 2014 que analicé en un artículo que se puede encontrar en http://www.argenpress.info/2014/10/acerca-de-la-ley-llamada-del-pago.html donde concluyo escribiendo: Esta ley, en lugar de llamarse ley “Del Pago Soberano Local de la deuda exterior de la República Argentina”, debería llamarse “ley de sumisión al capital financiero transnacional”.

Pero más importante aún es que durante los Gobierno de Néstor y Cristina Kirchner se mantuvo invariable en Argentina – y aun se agravó- la tendencia general a escala mundial que indicábamos al principio del Párrafo II de esta nota: el mantenimiento de la estructura económico-financiera capitalista integrada al capitalismo mundializado. Al respecto me remito a mi nota Marcha federal ¿unidad de acción?-Balance de 12 años de kirchnerismo: un proceso de recolonización sin precedentes(https://www.alainet.org/es/articulo/180117).

De modo que la lucha contra la sumisión a los dictados del Fondo Monetario Internacional no debe limitarse a propuestas más o menos coyunturales sino a un proyecto alternativo generado en los lugares de trabajo, de estudio y de investigación que incluya un estudio pormenorizado de toda la deuda externa desde que ésta comenzó a crecer exponencialmente para determinar qué parte es legítima y exigible y qué parte no.

Y sobre todo que incluya reformas estructurales económicas y financieras de fondo tendentes a romper las ataduras esclavizantes con el capital transnacional, lo que presupone (como se señala de alguna manera en el documento de la CEPAL citado más arriba en la nota 4) una auténtica y profunda redistribución del producto nacional en beneficio de los trabajadores y jubilados y la nacionalización de los principales recursos naturales y de los servicios esenciales.

Alejandro Teitelbaum
Alainet

Notas:
[1] Actas resumidas de la reunión del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, agosto de 1947.
[2] La mundialización y sus consecuencias para el pleno disfrute de los derechos humanos, E/CN/.4/Sub.2/2001/10, 2 de agosto de 2001. El informe final fue presentado en 2003: E/CN.4/Sub.2/2003/14.
[3] Cf. Communiqué de presse du 8 août 2001, HR/SC/01/11 y 12.
[4] Véase la publicación de la CEPAL La ineficiencia de la desigualdad, Mayo de 2018. https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/43442/1/S1800059_es...

Publicado por Refundaciòn Comunista de Uruguay

¿Se avecina una crisis global de deuda?

por Michael Roberts

28/05/2018 -  Mundo, Argentina - LA HAINE

La contracción se producirá cuando los beneficios corporativos en muchas economías comiencen a caer a medida que aumentan los costes de servicio de la deuda

Argentina ha solicitado un rescate del Fondo Monetario Internacional después de que una serie de subidas de tipos drásticas no pudieran detener la caída del peso, empujando al país a una crisis financiera. Mauricio Macri, el presidente de derechas y neoliberal de Argentina, anunció la solicitud al FMI en un discurso televisado a nivel nacional, afirmando que la asistencia internacional permitiría al gobierno “evitar una crisis como las que hemos enfrentado antes en nuestra historia”. Pedir al FMI fondos significará más austeridad fiscal y un golpe a los niveles de vida. Según un inversor extranjero “la manera más efectiva sería restringir los aumentos salariales”.
En las últimas semanas, el gobierno de derechas en la Argentina se ha visto obligado a elevar su tasa de interés política (que establece el suelo de todas las tasas de crédito) de manera dramática desde un ya elevado 27% en abril hasta un 40% la semana pasada. En enero, el Banco Central argentino había experimentado con la reducción de su tasa de interés, pero no duró mucho. ¿Por qué? Por tres razones.
En primer lugar, a los inversores extranjeros (que son clave para el éxito de las políticas de austeridad y favorables a las empresas que ha adoptado el gobierno de Macri) les preocupaba que la inflación no estuviese bajo control y comenzaron a retirar su capital. Incluso el gobierno admitió que la inflación aumentaba hacia un 15% este año. El peso argentino comenzó a caer frente al dólar.

En segundo lugar, el dólar comenzó a dar saltos el último mes por los temores de una guerra comercial internacional, que siempre empuja a los inversores a buscar 'refugio seguro' en el dólar y porque la Reserva Federal de Estados Unidos está presionando con el aumento de su tasa política, haciendo que la inversión en divisas de otros países sean menos atractiva para los especuladores.
Y en tercer lugar, se ha producido un fuerte aumento del precio del petróleo crudo, como consecuencia de los esfuerzos para encarecerlo del cartel de la OPEP en el Medio Oriente y las crecientes tensiones políticas entre los EE.UU. e Irán. Eso significa costes adicionales de importación de energía para muchas economías como Argentina, Turquía o Sudáfrica.
Las economías con grandes déficits comerciales, alta inflación y aparentemente poco control sobre su gasto público, y sobre todo, altos niveles de deuda, son las más vulnerables a la retirada de capital de los inversores extranjeros. Y eso significa Argentina, Turquía, Sudáfrica y otros países.
El peso argentino ha caído a un mínimo histórico (provocando aún más inflación) y el precio de los bonos del gobierno han caído en picado. Sólo el año pasado, el gobierno de Macri emitió un bono a 100 años, confiando en que el entusiasmo por el fin de la administración reformista kichnerista de izquierda después de 12 años daría lugar a una avalancha de demanda externa. El valor del bono se ha reducido actualmente a 83 centavos por dólar. Como el gobierno ofrece más del 6% de interés en ese bono, en comparación con poco menos del 3% para los bonos ‘seguros’ de los EE.UU., el gobierno tiene la esperanza de frenar la salida de capitales. El Banco Central en Buenos Aires ha fundido 5 mil millones de dólares de sus reservas de divisas en una semana y promulgado tres subidas de choque de los tipos en un intento de frenar la caída del valor del peso.
Pero el aumento de las tasas de interés en los EE.UU. amenaza con poner muchas economías emergentes, tanto a sus sectores empresariales como públicos, en nuevas dificultades. Muchos han pedido prestado dólares para cubrir sus déficits, para invertir o especular, y ahora el coste de la deuda va a subir. Turquía está con problemas serios. La lira turca se ha hundido, a pesar de la intervención de su Banco Central. El rendimiento de los bonos en dólares subió a nuevos máximos posteriores a la crisis y el mercado de valores cayó este año hasta un 22 por ciento, el peor rendimiento de cualquier bolsa de valores en el mundo con la excepción de Venezuela. Si el Banco Central eleva las tasas, como ha hecho la Argentina, corre el riesgo de causar daños graves a la economía local.
En notas previas, he señalado el peligro de que el aumento progresivo de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal podría provocar una crisis de la deuda, sobre todo en las llamadas economías emergentes, ya que los niveles de deuda han alcanzado niveles récord en esas economías.  También la deuda global está en un máximo histórico porque los gobiernos y las corporaciones se han endeudado mucho a tasas bajas con el fin de estabilizar el sistema bancario e impulsar los mercados de valores y el gasto.
El Instituto de Finanzas Internacionales (IIF), con sede en Washington, sostiene que, además de Argentina y Turquía, Ucrania y Sudáfrica son relativamente vulnerables a un fuerte giro del ‘apetito de riesgo’ de los inversores extranjeros (ver gráfico a continuación).

El IIF reconoce que la deuda mundial subió otros 21 billones de dólares en 2017 para sumar un total de 237 billones. Es cierto que gran parte de esta deuda adicional se debe a China, pero se trata de una economía mucho más capaz de gestionar esa deuda. La mayor parte es en moneda local, no en dólares y China tiene enormes reservas de divisas en dólares (3 billones) que proporcionan un amortiguador ante cualquier colapso de deuda.
Pero otras economías 'emergentes' no están tan bien colocadas. La deuda en dólares y euros supera ya los 8 billones en estos países, es decir, el 15% de la deuda total. la deuda de Argentina está en más del 60% en manos de extranjeros, mientras que Turquía ha visto uno de los mayores aumentos de la deuda FX desde el final de la Gran Recesión en 2009.
En la medida en que las tasas de interés suben para esta deuda, su servicio se ha vuelto más difícil. Según el IIF, las empresas con 'problemas' representan en la actualidad más del 20% de los activos empresariales en Brasil, India y Turquía y aquellas compañías cuyos beneficios son mayores que los costes de los interés son cada vez menos.

“A pesar de las bajas tasas globales, muchas entidades no financieras están teniendo problemas con el servicio de deuda”, señala el IIF. En Argentina, las tasas de interés para las empresas más pequeñas se han situado por encima del 15%.  “Las empresas han ido quemado su capital disponible, desde entonces, ya que no pueden obtener financiación racional”, añade. “Las grandes corporaciones con acceso a la financiación internacional están en mejor posición, pero las empresas medianas y pequeñas tienen problemas”, concluye un analista.
La contracción se producirá cuando los beneficios corporativos en muchas economías comiencen a caer a medida que aumentan los costes de servicio de la deuda. Mi última estimación de los beneficios empresariales globales (sobre la base de un promedio ponderado de las ganancias en los EE.UU., Alemania, Reino Unido, Japón y China, muestra una caída en el último trimestre de 2017 por primera vez desde mediados de 2016. Queda por ver cómo fueron las cosas en el primer trimestre de 2018.

https://thenextrecession.wordpress.com. Traducción: G. Buster para Sinpermiso. Revisada por La Haine

Impactante marcha contra el ajuste y el FMI en Buenos Aires

25 mayo 2018 | CUBADEBATE

Miles y miles de argentinos, familias enteras, y sectores como los docentes, médicos, judiciales, bancarios, estatales envían un mensaje al Ejecutivo de Mauricio Macri: no más FMI. Foto: Prensa Latina.

Una impactante manifestación desfila por la emblemática avenida 9 de julio de Buenos Aires en esta fecha patria, en la que organizaciones sociales y políticas protestan contra el FMI y la política de ajuste del Gobierno.
Cuando se cumplen 208 años de la Revolución de Mayo, la gesta que abrió el camino a la definitiva independencia de España, miles y miles de argentinos, familias enteras, y sectores como los docentes, médicos, judiciales, bancarios, estatales envían con esta concentración un mensaje al Ejecutivo de Mauricio Macri: no más FMI.
Mientras el mandatario realizaba en la Quinta de Olivos, residencia presidencial, el tradicional almuerzo junto a miembros de su gabinete, en las calles la efervescencia social comenzaba a sentirse con fuerza con frases como ‘No al FM’I y ‘La patria está en peligro’, que también retumba en las redes sociales como Twitter y Facebook.
Las principales cadenas televisivas siguen con atención la marcha y muestran en vivo las imágenes, realmente impactantes, donde los colores de la bandera celeste y blanca de esta nación se defiende en las plazas y avenidas en respuesta a la decisión del Gobierno de pedir ayuda financiara al Fondo, en medio de la imparable subida del dólar, que se siente también en la canasta básica.
Más de 40 organizaciones sindicales, sociales, de derechos humanos, políticas, religiosas y multisectoriales convocaron a manifestarse contra los constantes tarifazos en los precios de los servicios básicos y el recorte en el sector estatal que ha traído varios despidos.
Un escenario con una gran pantalla instalada a los pies del Obelisco fue montado por los organizadores de esta convocatoria, a la que se han sumado también un grupo de actores con un video en el que invitaron a sumarse a la movilización, entre ellos Pablo Echarri, Liliana Herrero, Cecilia Roth, Leonardo Sbaraglia y Darío Grandinetti.
‘Este 25 de mayo la Patria está en peligro. Decimos no al FMI, a la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) y al ajuste neoliberal de la Alianza Cambiemos, instrumentos para la dominación del pueblo argentino. No los dejemos pasar’, escribió en twitter el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel.
Venimos a repudiar la política de ajuste, estar acá presente, apuntó al canal C5N uno de los tantos manifestantes en tanto otra señora, quien portaba una escarapela con los colores de la banderam subrayó: vengo por mi patria y para dejarle una patria a mis nietos.
Se espera la lectura de una proclama popular, redactada por varias organizaciones, y que todos al unísono canten el himno nacional en esta fecha histórica.
(Con información de Prensa Latina)

Rosario: Nueva etapa en la Central

"La unidad que sirve es la que construye alternativas"

Viernes 25 de mayo de 2018, por Corresponsalía Rosario *

 

El Secretario General de ATE Nacional, Hugo “Cachorro” Godoy estuvo en Rosario, donde habló con la prensa y mantuvo una reunión con la militancia local de ATE, la CTA Autónoma y otras organizaciones populares. Las próximas actividades que las tendrán como protagonistas y la necesidad de construir unidad fueron los ejes de la visita.

El martes a la mañana estuvo en Rosario Hugo “Cachorro” Godoy, Secretario General de ATE para difundir algunas de las próximas actividades que tendrán al sindicato y a la CTA Autónoma como protagonistas junto a otras organizaciones. En la sede local del gremio, dialogó con la prensa y luego participó de una asamblea multisectorial con trabajadoras y trabajadores de la región para analizar la situación política y celebrar las victorias.
“Venimos a Rosario a celebrar, porque más allá de las políticas de los gobiernos contrarios a los trabajadores, la Corte Suprema de Justicia de la provincia ha declarado absolutamente nula la apelación que ha hecho el gobierno municipal y ha reconocido la validez que ATE viene teniendo desde hace años para que a los trabajadores del Estado Municipal de Rosario se les reconozca el derecho de poder organizarse y afiliarse y ser representados por la Asociación Trabajadores del Estado”, expresó el dirigente.
En el mismo sentido relató lo sucedido en el día de ayer en la localidad de San Justo, donde los municipales también están luchando por su derecho a elegir a qué sindicato afiliarse. Y contó como otra victoria la inauguración del local de la CTA-A en Reconquista.
Godoy también analizó lo que definió como “la desastrosa política económica del presidente Macri”.
Luego de enumerar los principales problemas que están enfrentando los argentinos (bajos salarios, despidos, tarifazos, devaluación, desguace del Estado), vaticinó que “los hechos están demostrando que este plan solamente cierra con represión. Esto va a implicar que siga corriendo sangre de argentinos. La semana pasada se llevaron 11 mil millones de dólares al exterior, que fueron directo de la riqueza que se genera en la Argentina a los bancos y a quienes especulan con el dólar en el mundo. Evidentemente no tenemos un país pobre, es un país que están empobreciendo para beneficiar a empresas multinacionales y perjudicar al conjunto del pueblo argentino”.
De la asamblea participaron integrantes de organizaciones hermanas como el Sindicato de Telefónicos, la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) y la Coordinadora de Jubilados y Pensionados, y trabajadoras y trabajadores activos y pasivos de diversos organismos del Estado.
También estuvieron el secretario General de ATE Rosario, Raúl Daz, y la Adjunta, Lorena Almirón, junto a buena parte de quienes integran la Comisión Administrativa local del sindicato. Además, dijeron presente el secretario General de la CTA-A de la provincia, Gustavo Martínez, y el Adjunto, Rubén “Zurdo” Suárez.
Daz remarcó la importancia de las elecciones de la CTA-A del próximo 8 de agosto, donde ATE “tiene un protagonismo central en la lucha por una herramienta poderosa que necesitamos los trabajadores”. En ese sentido estimó que la clase tiene que “pasar a una ofensiva mayor”.
Por su parte, Almirón destacó la participación de ATE en la Marcha Federal Educativa que hoy tendrá lugar en Rosario y mañana culminará en Buenos Aires. “Para nosotros la unidad con los docentes es muy importante. La lucha es de todos y es una sola para pelear contra los despidos, el ajuste y los tarifazos. Es el momento de encontrar la mayor unidad de la clase trabajadora”, aseguró.
La voluntad de trabajar en pos de construir unidad fue el hilo conductor de todas las intervenciones. El mismo rumbo tuvieron las palabras de Godoy, quien evaluó que “hay que unirse pero primero hay que pelear. Si no se pelea es una unidad de cobardes o de transas que no le sirven a los trabajadores”. Pero agregó que “además de pelear hay que tener propuestas alternativas”.
De esta manera hizo referencia al objetivo que tendrá la marcha federal que comenzará el 28 de mayo y culminará el 1° de junio en el Congreso de la Nación y que tendrá como protagonistas a ATE, la CTA-A y otras organizaciones sociales, de desocupados y de trabajadores de la economía popular. “Pelear para presentar proyectos alternativos para los jubilados, para defender el derecho a la tierra al techo y al trabajo. Esa es la unidad que sirve, la que construye alternativas”, afirmó.
“Es un momento muy difícil y parece que solamente tenemos que defendernos. Pero con pararlos no alcanza, porque sacan a este y ponen a otro. Es muy importante construir la fuerza propia, la fuerza organizada consciente de a dónde quiere ir. Fortalecer el sentido de nuestras peleas, de nuestras acciones y nuestras organizaciones. Cuando se construye unidad no es sólo para defenderse sino para ofender al poder, para proponerle a la sociedad alternativas nuevas”, reflexionó.
El dirigente nacional de los estatales también hizo especial énfasis en la importancia de las próximas elecciones de la CTA-A. “Hay que promover nuevas organizaciones y profundizar su democracia interna. Hay que reconocer como trabajadores a los de la economía popular, hay que permitir a un desocupado que se afilie a una central sindical. Las leyes están armadas para impedir que los trabajadores se organicen. Entonces, a las leyes hay que violarlas o cambiarlas. La rebelión es un derecho natural de los pueblos. La huelga es un derecho natural de los trabajadores. Nosotros creamos la CTA desde la ilegalidad. Hoy está reconocida a pesar de que la ley no la permite. Hay que generar instancias de legalidad nuevas, ese es el desafío”, concluyó.
Fuente: www.aterosario.org.ar

* Equipo de Comunicación de la CTA Rosario

Las Abuelas de Plazo de Mayo nominadas para el Premio Nobel de la Paz

Las Abuelas de Plazo de Mayo nominadas para el Premio Nobel de la Paz

40 AÑOS DE LUCHA 24 de mayo de 2018, 13:50hs - LR21

Las Abuelas de Plaza de Mayo están nuevamente nominadas al Premio Nobel de la Paz por sus "más de 40 años de lucha en defensa de los derechos humanos y la democracia"

La Asociación Civil argentina, Abuelas de Plaza de Mayo, fue nuevamente aceptada por el Comité Noruego para integrar la lista de candidatos al Premio Nobel de la Paz edición 2018.
Es la sexta vez que Abuelas está entre los nominados para obtener el galardón. Esta vez, su postulación al Comité Noruego del Nobel fue presentada por el diputado del bloque FpV-PJ Daniel Filmus “en reconocimiento a su lucha de más de 40 años en la defensa de los derechos humanos”, en especial en la búsqueda de sus nietos y nietas nacidos en cautiverio y apropiados durante la última dictadura cívico-militar.
“En el mundo las Abuelas de Plaza de Mayo son reconocidas por la recuperación de los nietos pero también por todo lo que hicieron en la legislación internacional por el derecho a la identidad”, Filmus.
Este jueves, durante una conferencia de prensa junto a la presidenta de la organización, Estela de Carlotto, legisladores nacionales y representantes de organismos de derechos humanos en la Cámara de Diputados, Filmus recordó que las Abuelas ya ganaron el premio de la paz de la UNESCO, y que en esa ocasión Carlotto manifestó “nuestro principal premio son los nietos que recuperan la identidad”.
Desde octubre de 1977, las Abuelas de Plaza de Mayo sostienen una intensa e incansable búsqueda de sus nietas y nietos, con el propósito de restituir su derecho a la identidad. Se estima que son alrededor de 500 los niños nacidos en cautiverio y apropiados.
Hasta ahora las Abuelas con un su enorme trabajo han logrado localizar y recuperar la identidad de 127 argentinos.

“Les debo media vida a ellas”

Durante la conferencia de aceptación de la dominación al premio Nobel, hizo uso de la palabra también, hoy diputado nacional y uno de los nietos recuperados, Horacio Pietragalla.
Pietragalla se preguntó “qué hubiera pasado si esta organización, si estas mujeres que surgieron en el peor momento de Argentina no se hubieran juntado, si nos hubieran buscando”.
Y recordó “este delito lamentablemente se cometió en varios países del mundo pero se visibilizó gracias a la lucha de Abuelas acá en Argentina”.
“Si esta organización no estaba yo y muchos de nosotros no hubiéramos conocido la historia de nuestros padres, de su lucha y de nuestra propia verdad”, expresó.
Al tiempo que consideró que el premio Nobel es importante “pero creo que más importante es lo real y lo palpable que hicieron las Abuelas, que es generar conciencia en el mundo del derecho a la identidad (…) el aporte que hicieron a la humanidad nuestras madres y abuelas”.
“El premio Nobel ya sabemos que a veces se lo dan a sujetos despreciables”, dijo y en ese sentido aseguró “nosotros tenemos un premio teniendo a las Abuelas, que son imprescindibles para toda la humanidad, les debo media vida a ellas de conocer mi historia y nuestra historia”.
De todas maneras manifestó “espero que esta vez sean coherentes y esos notables que entregan el premio se pongan del lado de la humanidad y les entreguen el premio que lo tienen recontra merecido”.

Leonas

Estela de Carlotto por su parte, recordó los inicios de las búsqueda, y dijo “lejos de cumplir con el vaticinio de la dictadura cuando nos llamó locas y dijo son mujeres se van a cansar, lejos de eso, decimos sí somos mujeres, somos madres y yo creo que la fuerza que hay adentro de cada una de nosotros sacamos las uñas y nos transformamos en leonas para defender a esos hijos y esos nietos”.
“Y hoy después de 40 años para defender a los hijos de nuestros nietos, a los niños que están naciendo para que no se repita esta historia del horror que por pensar distinto con errores y virtudes se mató a 30 mil personas”,
Caroltto agradeció la nominación y dijo “vamos a seguir”.
“Verdad, justicia y memoria no son palabras sino que tienen que ser hechos y que la palabra nunca más tiene que ser una historia con seguridad a cumplir para cada uno de nosotros. Muchisimas gracias”, concluyó.

URUGUAY

DICTADURA 25 de mayo de 2018, 18:48hs - LR21

Fiscal pide procesamiento con prisión para seis personas por violaciones a DD.HH en dictadura

El fiscal letrado penal de Montevideo especializado en Crímenes de Lesa Humanidad, Ricardo Perciballe, solicitó el procesamiento con prisión de seis personas por violaciones a los derechos humanos acaecidas en la década del 70, en el marco de la pasada dictadura militar, en el Batallón de Ingenieros Nº 4 de Laguna del Sauce.

La Fiscalía General de la Nación informó que el fiscal Perciballe solicitó el procesamiento con prisión de seis personas por violaciones a los derechos humanos en dictadura ocurridas el Batallón de Ingenieros N° 4 de Laguna del Sauce.
Los imputados son seis personas, cuatro oficiales militares, un juez sumariante y un médico. Mientras que una séptima persona, también involucrada, se encuentra prófuga.
Los oficiales imputados son el ex jefe del batallón, el coronel retirado Artigas Rivera Bianchi; el responsable de inteligencia Víctor Strocco; y los subalternos Nelson Silveira y Plácido Gregorio Amorín.
También se pide el procesamiento del entonces juez sumariante Julio Antonio Techera y el médico, quien verificaba el estado físico de los detenidos, José Luis Braga, según detalló el semanario Brecha.
La investigación comenzó en octubre de 2011 y recoge el testimonio de 19 víctimas, que en su mayoría eran estudiantes y militaban en organizaciones que realizaban pegatinas y pintadas contra la dictadura militar, en localidades de Maldonado.

Fiscal pide procesamiento con prisión de cuatro militares por un homicidio en 1972

El fiscal letrado Penal de Montevideo en Crímenes de Lesa Humanidad, Ricardo Perciballe, solicitó…

Los imputados

Según el fiscal, Rivera Bianchi se encuentra incurso en dos delitos de “abuso de autoridad contra los detenidos en concurrencia fuera de la reiteración con dos delitos de privación de libertad, habida cuenta que como encargado de la unidad es responsable de lo ocurrido a las víctimas”.
A Strocco se lo acusa de dos delitos de abuso de autoridad contra los detenidos en concurrencia fuera de la reiteración con dos delitos de privación de libertad, ya que “como responsable del Batallón obtuvo bajo torturas la declaración de dos detenidos y con ello sus procesamientos y largos periodos de privación de libertad ilegítima”.
Por su parte Silveira, quien era subordinado,  participó también en los interrogatorios por lo que “se encuentra incurso en dos delitos de abuso de autoridad contra los detenidos”.
Amorín revistió como sargento y fue reconocido por distintas víctimas como partícipe en las torturas. “Deberá responder como autor de un delito continuado de abuso de autoridad contra los detenidos”.
En cuanto a Techera, quien participó como juez sumariante en distintas ocasiones, y fue reconocido por alguna de las víctimas, deberá responder por un delito continuado de “abuso de autoridad contra los detenidos en calidad de cómplice, en concurrencia fuera de la reiteración con un delito continuado de privación de libertad en calidad de cómplice”.
Mientras que Braga, quien revistió como médico de la unidad y fue reconocido por distintas víctimas como quien verificaba el estado físico de los detenidos, deberá responder también por “un delito continuado de abuso de autoridad contra los detenidos en calidad de cómplice”.

DESAPARECIDOS 21 de mayo de 2018, 22:09hs - LR21

Fiscal en Crímenes de Lesa Humanidad ingresa este martes al Batallón Nº 14 de Toledo

El fiscal especializado en Crímenes de Lesa Humanidad, Ricardo Perciballe, ingresará este martes al Batallón de Infantería Paracaidista Nº 14 de Toledo, Canelones, en el marco de la búsqueda de restos de desaparecidos durante la dictadura militar.

Foto: Archivo.

Perciballe recibió en marzo pasado una investigación periodística, de parte del periodista de La República, Marcelo Falca, que contenía testimonios de militares que señalaron que en el Batallón 14 existen restos de detenidos desaparecidos.
El fiscal indicó que con la información que recibió en su momento realizó un cruzamiento de datos que quizás permitan “aflorar cierta verdad”.
De acuerdo a información periodística que surgió en las últimas horas, el fiscal logró confirmar la información aportada por el periodista a través de diferentes testimonios.
Asimismo dijo que si en el ingreso de este martes a las dependencia del Batallón 14 surgen elementos sustantivos, “se comenzará con una segunda etapa, que contará con una investigación con un geo radar”, y luego podría comenzarse con la excavación.
Junto al fiscal Perciballe también ingresaran a la dependencia militar técnicos de la Secretaría de Derechos Humanos del Pasado Reciente de Presidencia y del Instituto de Antropología forense de Argentina.
Días pasados el coordinador del Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia, Felipe Michelini,  remarcó que a partir del requerimiento del fiscal nacional en crímenes de lesa humanidad, Ricardo Perciballe, se estaban efectuando trabajos exploratorios en el Batallón de Toledo.

Una soldado reconoció que participó del operativo de persecución de la maestra Elena Quinteros

"Hasta ahora en el ámbito judicial ninguno de los que integraron el operativo de seguimiento…

192 desaparecidos

En octubre de 2011 fueron hallados en el Batallón 14 los restos del maestro Julio Castro, secuestrado en agosto de 1977.
En 2012 aparecieron en el mismo Batallón los restos del comerciante Ricardo Blanco Valiente, quien había sido detenido el 15 de enero de 1978.
En 2006, durante el primer gobierno de Tabaré Vázquez, fueron hallados en el Batallón de Infantería Nº 13, los restos del escribano Fernando Miranda, quien había estado reportado en la lista de detenidos desaparecidos.
También en 2006, pero en una chacra de Pando, aparecieron los restos de Ubagesner Chávez Sosa.
La Secretaria de Derechos Humanos para el Pasado Reciente de Presidencia de la República maneja que la cifra oficial confirmada, al día de hoy, de personas detenidas desaparecidas dentro del período comprendido entre los años 1968-1985 es de 192 ciudadanos.
El período 1968 – 1973 se lo considera como la acción ilegítima del Estado y el que va de 1973 a 1985 terrorismo de Estado.

Denuncian que la Corte de Justicia tiene jurisprudencia retrógrada en DD.HH y ha legalizado la tortura

El coordinador del Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia, Felipe Michelini, denunció que la…

Los debates estratégicos en la CNT (1968-1971)

12 Apr 2018  - HEMISFERIO IZQUIERDO

Por: Lucía Siola*

El gobierno que inicia con la presidencia de Oscar Gestido en 1967 marcó una nueva etapa política para el Uruguay de los sesenta. Las pujas entre las clases dominantes por el control del aparato político del Estado terminaron luego de varias crisis ministeriales con el triunfo del sector más vinculado al capital financiero internacional, quien avanzó mediante bruscas devaluaciones en una política económica de especulación y fuerte inflación. La pauperización de las condiciones de vida y la caída del salario real se profundizaron producto de las políticas de congelamiento salarial y el aumento de la inflación (que entre 1967 y 1968 creció en 182%). Durante ese año aumentaron los conflictos obreros, las huelgas de gráficos, periodistas y canillitas, las luchas de los funcionarios públicos, de los portuarios y los trabajadores del correo.

Hacia octubre de ese año, el gobierno aplicó Medidas Prontas de Seguridad (MPS) frente a una huelga bancaria y procedió a la detención de cientos de militantes y la realización de acciones represivas. Luego de asumir Jorge Pacheco ante la muerte del presidente Gestido en diciembre, decretó la clausura del diario ‘Epoca’ y ‘El Sol’ y la ilegalización de parte de la izquierda (PS, MRO, FAU y MIR)

Durante 1968 este cuadro no hace más que profundizarse; en abril el gobierno realiza una nueva devaluación y en junio aprueba la congelación de salarios. La respuesta popular a estas políticas y al avance represivo no se hace esperar, Uruguay es sacudido por un importante ascenso en la movilización de masas y de las acciones callejeras. Se producen varios centenares de paros, aumentan las huelgas, las ocupaciones de los lugares de trabajo, tanto públicos como privados, los actos y las movilizaciones. La insurgencia estudiantil de un lado y las luchas obreras del otro pautan la confrontación de los explotados con el Estado. Para hacer frente a esta respuesta popular, Pacheco aplica nuevamente MPS (que van a continuar de forma permanente hasta 1971 con la única interrupción en el período marzo- junio de 1969), militariza a los trabajadores bancarios de UTE, ANCAP, OSE y Telecomunicaciones, reprime las innumerables manifestaciones estudiantiles asesinando a jóvenes militantes, entre ellos Liber Arce, Susana Pintos, Hugo de los Santos. El sepelio de Liber Arce condensó en una jornada este ascenso de la movilización popular, pues reunió a una multitud nunca antes vista, que se estimó en 250 mil personas en una población capitalina de un millón.

En 1969 continúa la confrontación, ya en el primer mes del año es asesinado en una movilización de los estatales el municipal Arturo Recalde, y en abril el sector más poderoso del movimiento obrero, los trabajadores frigoríficos, ingresan en una profunda huelga (contando con el apoyo solidario de los ferroviarios y los portuarios, entre otros) que va a culminar en el mes de setiembre. También en este año se producen las huelgas de los bancarios, de los trabajadores de prensa y de los de UTE. Además el 11 de junio tiene lugar un paro general de la CNT que paralizó todo el país, y encontró a los municipales en un paro de 96 horas y los estatales de 72 hs. Los trabajadores de UTE amenazaban con nuevas medidas y el corte del suministro en el caso de que el gobierno tomara represalias. Entre junio y julio de 1969 decenas de miles de trabajadores se encontraban en huelgas sectoriales. Frente a estos conflictos y luchas obreras, Pacheco decretó la militarización de los estatales, reimplantó las MPS, envió allanar el local de la CNT y detuvo a más de 800 militantes sindicales, estudiantiles y políticos. También, militarizó con la policía el Cerro y reprimió los campamentos de los friyeros en huelga.

Huelga general o ‘salida política’

En este escenario de fuerte convulsión social se abrió una deliberación en el movimiento sindical; se expresaron y se opusieron dos posiciones respecto a la estrategia que debían seguir los sindicatos bajo esta nueva y particular coyuntura. El debate giró en torno a la necesidad de dar una respuesta de conjunto mediante la aplicación de una huelga general de todo el movimiento sindical para quebrar la política de Pacheco.

Durante todo este período, la corriente mayoritaria de la dirección de la CNT vinculada al Partido Comunista del Uruguay (PCU) desarrolló la orientación de avanzar con un plan de lucha con acciones concretas.

Durante el primer Congreso de la CNT realizado en mayo de 1969 se cristaliza en varios documentos presentados por sindicatos y por dirigentes sindicales, una crítica a esta línea de acción, donde se le reprochaba a la ‘conducción’ llevar adelante una táctica de contención del real potencial que podía adquirir la movilización popular. El informe de la Asociación de Bancarios del Uruguay al primer Congreso de mayo de 1969 dice: “La táctica desarrollada, en muchos de sus aspectos por la forma de su aplicación no 'desgastó al enemigo' tanto como a los mismos sindicatos en su aplicación (...) En nuestro criterio, la preocupación de no agravar la situación política desembocó en la aplicación de una táctica que fue oscilando de la inefectividad al quietismo”(1).

Esta posición crítica del balance del accionar de la CNT durante ese período, fue derrotada en el primer Congreso, que resolvió por mayoría apoyar lo actuado por la dirección. Sin embargo, las divergencias lejos de saldarse se profundizaron, y la polémica continuó y adquirió también un cariz público, pues además de manifestarse en los organismos de la CNT se expresó a través de diversos órganos de prensa (El Popular y el semanario Marcha entre 1969-1970).

Posteriormente, frente a la militarización de los trabajadores de UTE, ANCAP, OSE y Telecomunicaciones por parte del gobierno, el 25 de junio de 1969 el Congreso Obrero Textil (COT) propuso a la CNT la declaración de huelga general indefinida. La propuesta que contaba con el apoyo de varios sindicatos, entre los que se encontraban la Federación de Profesores, el sindicato de FUNSA y el de los trabajadores de la Salud privada, fue rechazada por la Mesa Representativa 3 días después, quien convocó un paro general para el 2 de julio con la exclusión de los gremios militarizados.

El dirigente sindical del SUNCA y del PCU, Mario Acosta defendía esta resolución en esto términos: “La situación del país es tan tensa y las disyuntivas económicas están tan cerradas dentro de los actuales carriles, que en cierta medida es cuestión de vida o muerte para la oligarquía el imponer esa política (...) En tal situación que el contendiente relativamente más débil acepte ir a una batalla decisiva, es suicida”. Y continúa, “el movimiento obrero y popular, en vez de embretarse en un choque frontal con un gobierno que evidentemente está dispuesto a pagar un alto precio político por la aplicación rígida de su línea y que seguía controlando las fuerzas estatales, debía zafar del cepo y hallar otra salida”(2).

La oposición a esta mayoría sindical, integrada por una coalición de organizaciones de izquierda (MRO, GAU, MIR -luego PCR-, ROE -luego PVP- y el movimiento 26 de Marzo) nucleados en lo que se denominó la Tendencia Combativa propiciaban la orientación presentada por el COT y por Héctor Rodríguez de superar los conflictos aislados y avanzar de forma conjunta (en una tendencia que ya se estaba expresando de hecho) mediante la huelga general indefinida para paralizar completamente el país, y poner en jaque el margen de acción y la aplicación de las políticas represivas y de ajuste que venía propiciando el gobierno de Pacheco. En esta discusión el dirigente textil Héctor Rodríguez afirmaba que la táctica que se oponía a la huelga general buscaba evitar la confrontación directa con el gobierno aduciendo que no existían condiciones en el movimiento obrero para tal acción, pues pretendía en realidad dirigir la salida a la crisis que vivía el país hacía una “salida política” que se manifestaría en las elecciones de 1971(3).

Cuando las elecciones de noviembre de 1971 se acercaban, el debate continuó y se clarificó en el movimiento sindical. En el 2º Congreso de la CNT se volvió a desarrollar la polémica sobre la táctica sindical de los años anteriores. El informe central de la mesa representativa se pronunciaba contra el voto a los partidos tradicionales y señalaba su apoyo al recién creado Frente Amplio de la siguiente forma “las acciones que fuimos capaces de cumplir, los triunfos alcanzados, la unidad lograda han sido los factores que han permitido que hoy el pueblo se una a una expresión política antioligárquica y antiimperialista y que su acceso al poder sea una alternativa concreta y próxima”(4).

En oposición a este informe once gremios(5) presentaron un documento en minoría cuestionando la orientación de la mesa colocando que los conflictos “fueron orientados y dirigidos por la mayoría de la CNT, pero en realidad estuvieron aislados por la mayoría de la dirección”. En el mismo informe se clarifica sobre el rol que debe jugar el movimiento sindical frente a las elecciones, también cuestionando el informe de la mayoría de la mesa de la CNT “se plantea claramente en líneas generales una salida política electoral pretendiendo desviar la lucha de los trabajadores y a la vez poner a la CNT al servicio de las elecciones. Debemos tener claro que la lucha sindical no tiene de ninguna manera el límite de un acto electoral”(6).

De este modo, los once sindicatos criticaban la táctica de la mayoría de la CNT, de imponer un reflujo a las luchas obreras como forma de canalizar el creciente descontento de los trabajadores detrás de un parlamentarismo que expresaba una alianza de la clase obrera con sectores de la burguesía “progresista”. De fondo, el debate sobre huelga general y el parlamentarismo, tenía que ver con una cuestión estratégica: la acción histórica independiente del proletariado uruguayo.

Vale la pena repasar aquellos debates, cincuenta años después y frente a un próximo Congreso del PIT-CNT. El balance histórico de hacia dónde condujo la orientación de la “acumulación de fuerzas” para no “aislar” al movimiento obrero es concluyente.

* Lucía Siola es dirigente del Partido de los Trabajadores. Es coautora del libro “Historia y memoria de COFE, a 50 años de su fundación”, Montevideo, Julio, 2016 y del folleto “Hacía una historia del SOOFRICA (Sindicato de Obreros y Obreras del Frigorífico Canelones)”, Canelones, 2015. Es también coautora junto a Nicolás Marrero del artículo “La crisis del capitalismo en la educación: un análisis crítico” en Prohibido pensar, Revista de ensayos nº 7, octubre 2015. Publica artículos de prensa en ‘Tribuna de los Trabajadores’ y ‘Prensa Obrera’ (Argentina).

Notas:

1) Informe al Primer Congreso de la Asociación de Bancarios del Uruguay de mayo de 1969 en CNT: Documentos y Congresos 1 Lucha y polémica Sindical 1968-1973 tomo II. CUI, Montevideo, 1985.

2) CNT: Documentos y Congresos/2, Lucha y polémica sindical 1968-1973, Tomo I. Centro Uruguay Independiente, Montevideo, 1985, pp.90

3) Para realizar esta afirmación HR se apoya en un artículo publicado en El Popular el 30 de enero de 1970 por el senador del PCU Enrique Rodríguez, ver en CNT: Documentos y Congresos/2, Lucha y polémica sindical 1968-1973, Tomo IV. Centro Uruguay Independiente, Montevideo, 1985. pp. 50-51.

4) Idem. pp. 25-26.

5 ) Sindicato de Obreros y Administrativos de General Electric; Sindicato Único de Enrique Ghiringheli S.A; Unión de Obreros y Empleados CICSSA; Unión de Obreros de SERAL; Sindicato de Frutas y Verduras de Salto; Plenario Intergremial de Mercedes; Federación Uruguaya de la Salud; Unión de Obreros, Empleados y Supervisores de FUNSA; Sindicato de la Industria del Medicamento y Afines; Unión de Obreros y Empleados de TEM.

6) Ídem, p 73.