Aram Aharonian
Análisis
17/08/2018 - PUBLICADO EN ALAI
En
Colombia se respira una atmósfera de zozobra e inestabilidad social,
tras el asesinato de 330 líderes sociales, la amenaza permanente a
periodistas y el temor a que Iván Duque, el nuevo mandatario, se
aventure en dos guerras: una interna y otra contra su vecino, Venezuela.
“La única forma de tratar de unir a la nación es inventando un enemigo externo, para apelar al nacionalismo, una guerra contra los “castrocomunistas” venezolanos, desviando la atención de la continuidad del genocidio interno y la crisis social, económica y financiera”, señala el analista Camilo Rengifo.
Durante cuatro períodos presidenciales, Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos, quien además fue ministro de Defensa del primero en épocas de los “falsos positivos” –campesinos asesinados y vestidos con ropa de guerrilleros para mostrar a la prensa victorias militares-, la hipótesis del conflicto siempre estuvo en al aire, en guerras de micrófonos o con injerencia directa en asuntos internos del vecino del noroeste.
Y, los mentideros políticos señalan que Santos quiso despedirse del gobierno apoyando el intento (frustrado) de magnicidio del presidente venezolano Nicolás Maduro, el 4 de agosto último. Pero esta última jugada del benemérito Nobel de la Paz, no le salió bien.
James Mattis, secretario de Defensa de los Estados Unidos visitó a mediados de agosto Brasil, Chile, Colombia y Argentina, con una agenda que insistía en el tema de la inestabilidad política y la supuesta crisis humanitaria de Venezuela, que podría afectar el escenario regional, junto al temor por un conflicto armado entre Colombia Y Venezuela tras el atentado fallido -con drones cargados de explosivos- contra Nicolás Maduro.
La gira busca resaltar los vínculos de Washington con lo que considera su patio trasero, según destaca un comunicado del Pentágono, pese a que EEUU no ofreció todavía ninguna agenda positiva de cooperación. Las alianzas panamericanas han sido punto focal de las visitas, este mismo año, del exsecretario de Estado Rex Tillerson, su sucesor Mike Pompeo y del vicepresidente Mike Pence a la región.
El ministro brasileño de Defensa, Joaquim Silva e Luna, dijo que entendió bien lo que quiso decir Mattis, “pero eso es una disputa comercial en todo el mundo; hay una gran reorganización en todo el mundo, en Asia, en la Unión Europea, es una disputa de mercado” y señaló que es posible que Brasil se beneficie de una guerra comercial entre EEUU y China.
Según Mattis, su país apoya “decisiones soberanas de estados soberanos”, pero advirtió de “invasiones de otros países”. El libreto pareciera convertir a Latinoamérica en un campo del juego geopolítico estadounidense.
Otra preocupación del mandamás del Pentágono es la reunión en Argentina del G-20, donde el anfitrión tiene responsabilidades en defensa y seguridad de los líderes del mundo “desarrollado”, que permitan la asistencia de Donald Trump: cómo participar de manera discreta sin resentir las pasiones nacionales. La propuesta de Mattis fue la posible cesión de equipos para un área específica; la prevención de ciberataques, con “inhibidores” de circulación de drones.
En los países visitados, Mattis auscultó la influencia y presencia en Sudamérica de dos rivales, China y Rusia. Y al respecto señaló que “hay más de una forma de perder la soberanía en este mundo. No es sólo por las bayonetas. Puede ser con países que llegan ofreciendo regalos, préstamos amplios que acumulan deudas masivas en otros países a sabiendas de que no podrán repagarlas, es lo que parecen ser los préstamos chinos a naciones como Venezuela y Filipinas”.
La visita de Mattis a la región se produjo tras el encuentro del titular de la Armada estadounidense con sus pares de Argentina, Brasil y Chile en Cartagena, Colombia, en el marco de la 28 Conferencia Naval Interamericana que congregó a los jerarcas navales de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay.
La fachada para imponer un bloqueo marítimo a Venezuela podría ser el eufemísticamente llamado ejercicio naval multinacional Unitas Lix-2018, del que Colombia será anfitriona en septiembre próximo, señala el analista mexicano-uruguayo Carlos Fazio.
El atentado buscaba que el poder fuera transferido sin demora a las “autoridades civiles legítimas, miembros de la Asamblea Nacional” presidida por Julio Borges, tras “liberar” una zona del país e instalar allí un “gobierno paralelo” que ejerciera funciones de hecho, con el respaldo de Washington, sus socios de la OTAN y el Grupo de Lima.
Hoy la producción de coca alcanza en Colombia niveles record, grupos armados ilegales luchan por territorios en los que el Estado tiene escasa o nula presencia y una oleada de 330 asesinatos de activistas sociales en los últimos meses, mostró que la paz sigue siendo un término relativo.
Si Iván Duque, el nuevo presidente -que quiere reformular el acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC que su antecesor Juan Manuel Santos se abstuvo de implementar- no logra llevar el Estado a las zonas rurales, hoy en manos de narcotraficantes y paramilitares (o no está interesado en ello), poco cambiará en Colombia, que registró al menos 260 mil muertos, 60 mil desaparecidos y más de siete millones de desplazados.
¿Fin de la zona de paz?
La coordinación conservadora de varios presidentes suramericanos lograron desmontar los más importantes avances de la integración de los países de América del Sur que conformaron la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR) como bloque referente de las relaciones mundiales marcadas por la multipolaridad de potencias y de proyectos integracionistas regionales y declararon a la región como zona de paz
La potencia económica y política de los gobiernos de Argentina y Brasil, respaldados por los presidentes de Perú, Chile, Colombia y Paraguay (el denominado Grupo de Lima), comenzó su tarea destructiva en abril pasado, cuando determinaron “suspender su participación” en el organismo
Y el momento “adecuado” (la asunción de la presidencia pro-tempore de Bolivia) finalizó dos años de sigilosos movimientos de debilitamiento y parálisis de todos los proyectos integracionistas construidos al margen de la influencia y predomino de Estados Unidos: Mercosur, ALBA, CELAC y Unasur.
Desmantelados los organismos de integración horizontal, vuelve el poder del panamericanismo monroista -América para los (norte)americanos-, dejando en pie a la Organización de Estados Americanos (OEA), bajo la tutela de Washington. Pero no logran consenso, porque Nicaragua, Venezuela y Bolivia, al menos, se oponen a la injerencia en asuntos internos de otros países. Y por eso, EEUU trata de desestabilizar sus gobiernos con todos los medios posibles,
La Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), creada en 2008, auspició el Consejo de Defensa Sudamericano, integrado por 12 países, que entre sus propósitos principales tuvo consolidar a la región como zona de paz y servir de contrapeso a los afanes intervencionistas del Pentágono en los ejércitos locales, con fines de alineamiento y adoctrinamiento.
Pero la contraofensiva conservadora y del Comando Sur del Pentágono siguió adelante. En mayo último, Juan Manuel Santos anunció que Colombia – con siete bases estadounidenses en su territorio- se sumaba como “socio global” de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, máximo exponente de las intervenciones militares, abiertas y encubiertas, después de la guerra fría. Ahora Chile quiere seguir el mismo camino.
Y ahora, de la mano del embajador de EEUU en Bogotá, Kevin Whitaker el nuevo presidente colombiano, Iván Duque, apadrinado por Álvaro Uribe, sindicado como genocida y unido al narcotráfico y el paramilitarismo, quiere ser protagonista del “Golpe Maestro”.
Este plan, fue diseñado por el almirante Kurt Tidd, jefe del Comando Sur, quien aspira a que el gobierno bolivariano sea derrocado a través de una “operación militar bajo bandera internacional, patrocinada por la Conferencia de los Ejércitos Latinoamericanos, bajo la protección de la OEA y la supervisión, en el contexto legal y mediático del secretario general, Luis Almagro”.
Según se supo en el Congreso estadounidense, Duque tiene una estrategia para negociar con EEUU una dispensa para Colombia con los aranceles de importación del acero y el aluminio: manejar la guerra encubierta del Pentágono contra Venezuela, desde la frontera colombiana.
A inicios de julio y antes de asumir la presidencia, negoció en Washington con el vicepresidente Mike Pence, el secretario de Estado, Mike Pompeo, la directora de la Agencia Central de Inteligencia, Gina Haspel, el zar antidrogas James Carrol, y el asesor de Seguridad Nacional, el superhalcón John Bolton.
A Pence, “preocupado” por la supuesta amenaza a Colombia de la “dictadura” de Maduro –como ya se lo había manifestado a Santos en su visita a Bogotá y en la reunión cuando la Cumbre de la OEA en Lima- le solicitó apoyo en materia militar, de inteligencia y seguridad.
El 10 de agosto, tres días después de asumir la Presidencia, anunció el retiro “irreversible” de Colombia de Unasur y abogó por la aplicación de la Carta Democrática de la OEA contra Venezuela, tras prometer que llevaría a Maduro ante la Corte Penal Internacional, la misma “justicia” internacional, donde Uribe, está acusado por crímenes de lesa humanidad, y donde hacen cola los mexicanos Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
Un día antes, en la sede de la cancillería colombiana en Bogotá, el nuevo ministro del exterior, Carlos Holmes Trujillo, se reunió con Julio Borges, sindicado como uno de los coautores intelectuales del frustrado magnicidio del presidente venezolano Nicolás Maduro, para expresarle el “apoyo incondicional” del gobierno de Duque para “rescatar la democracia y la legalidad en Venezuela”.
Gustavo Álvarez Gardeazábal, al criticar las declaraciones de Duque en Washington, cuando afirmó que iba a liderar un bloque latinoamericano contra Maduro, en una nota titulada “¿A la guerra?’, advertía que así un presidente no esté de acuerdo con la ideología de una nación, no puede comenzar a hacer declaraciones que vayan en contra del principio del respeto soberano. Y advertía que si la guerra llegase a suceder con el país hermano, Colombia perdería “pues Venezuela está mejor armada que nosotros”.
La periodista María Jimena Duzán, en su última columna antes de que la amenazaran, recordaba las declaraciones del general retirado Leonardo Barrero (“Prepárense porque vuelve la guerra”) y se preguntaba cuál será el blanco principal de esta nueva guerra anunciada: ¿los líderes sociales que están cayendo como moscas, los ocho millones de ciudadanos que votaron por Petro, los diez millones de personas que votaron por Duque y que aún creen en ‘pajaritos en el aire’?
Paralelamente, desde junio está en Cúcuta y Maicao, poblaciones fronterizas con Venezuela, un contingente de “cascos Blancos” de la cancillería argentina. Gabriel Fucks, extitular de estos “contingentes de paz”, señaló que la misión en la frontera colombiano-venezolana, más que una acción de asistencia sanitaria, forma parte de una política de presión contra Venezuela.
No es de extrañar que el gobierno de Mauricio Macri se haya sumado a los planes estadounidense-colombianos, dada su posición subordinada en la OEA. Macri, además, aceptó desplegar en el territorio argentino una nueva red de bases militares estadounidenses: una en Neuquén, en el estratégico sur patagónico, cerca de la reserva gasífera de Vaca Muerta, financiada por el Comando Sur con “ayuda humanitaria” y dos en Tierra de Fuego, la de Tolhuin y la de Ushuaia.
Una vasta frontera caliente
La mayor parte de los problemas que se suscitaron históricamente y se siguen suscitando en la extensa frontera común de más de 2.200 kilómetros, los genera la actitud del establishment colombiano, generando tensiones que en algunos casos han estado a punto de desencadenar conflictos de carácter bélico, a veces alegando presuntas reivindicaciones territoriales.
Generar tensiones con Venezuela sirve para desviar la atención de la violencia de seis décadas en Colombia, parte de la normalidad en ese país y que contrasta en las últimas dos décadas por la existencia de sistemas sociales, económicos y políticos contrapuestos. El mensaje de la conducción política colombiana y los medios de comunicación hegemónicos, no ha cambiado: su lenguaje es agresivo, belicoso, xenófobo y permanentemente amenazante
El periodista José Vicente Rangel, exvicepresidente y excanciller venezolano, señala que la provocación en política siempre ha estado en la base de cualquier aventura. Dos períodos constitucionales de Álvaro Uribe, dos de Juan Manuel Santos y el próximo de Iván Duque, cuyo lenguaje provocador antes de tomar posesión del cargo, es el mismo de sus predecesores.
La oligarquía y la derecha colombianas tienen planes políticos y militares contra Venezuela, no de ahora, con motivo del desarrollo del proceso bolivariano contra el cual aducen razones de carácter ideológico, sino de muy atrás en el tiempo, durante otros gobiernos venezolanos. Desde el intento de usurpación de los derechos venezolanos sobre Los Monjes, la provocación de la fragata Caldas en el Golfo de Venezuela
El poder fáctico colombiano ha estado involucrado en múltiples operaciones contra Venezuela: comerciales financieras en la frontera, con el contrabando de extracción, con la actuación de grupos paramilitares, infiltrando unidades a través de la frontera a fin de generar actos terroristas en territorio venezolano.
Uribe instrumentó una alianza con la oposición venezolana golpista, a la que orientó y financió abiertamente, e incluso se lamentó, en una insólita declaración, no haber tenido tiempo –siendo presidente– para atacar militarmente a Venezuela (a lo cual, por cierto, Chávez le contestó que lo que le faltó fueron cojones).
Santos, sibilino y de la aristocracia bogotana, intrigó en organismo internacionales y en gobiernos de la región para adelantar una campaña consistente en afirmar que con motivo de la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, Maduro había acabado con la democracia venezolana, y se negó a reconocer su reelección.
El atentado que quiso acelerarlo todo
El 4 de agosto, durante la parada militar por el aniversario de la Guardia Nacional un grupo terrorista atentó con drones DJI M600 -de última generación, con un rendimiento de vuelo mejorando y una mayor capacidad de carga, utilizados con fines industriales y profesionales de diversos rubros, incluidos los militares- cargados de explosivos contra el presidente Maduro, para intentar conseguir por la vía del magnicidio lo que la oposición de ultraderecha no ha podido conseguir en una veintena de elecciones.
Tampoco lo logró con el golpe de Estado de 2002 contra el presidente Hugo Chávez, ni con el sabotaje petrolero de 2002-2003, ni con la desestabilización y las guarimbas de 2014 y 2017 desarrolladas éstas por sectores radicales proestadounidenses de la oposición venezolana, con el apoyo y financiamiento de Washington, Madrid y Bogotá, el aliento de la jerarquía conservadora de la Iglesia católica y los medios hegemónicos cartelizados, nacional y trasnacionales.
Ni siquiera con las sanciones y la guerra económica, y la guerra de Cuarta generación, con campañas de intoxicación mediática, sabotajes y actos violentos, con apoyo de la Organización de Estados Americanos y los gobiernos del llamado Grupo de Lima.
Según los expertos, uno de los drones usó como explosivo pólvora y pentrita y el otro pólvora y C-4 (explosivo plástico de uso militar utilizado en las operaciones de bandera falsa de la Red Gladio de la OTAN y también por agentes de la CIA para derribar la aeronave de Cubana de Aviación sobre Barbados, en 1976, en el que murieron 73 personas), y en el asesinato del excanciller de Salvador Allende, Orlando Letelier, en Washington, ese mismo año
Obviamente el Comando Sur estadounidense no detuvo sus planes por el fracaso del atentado con drones, que debía provocar –de acuerdo al plan- un asesinato en masa de líderes civiles y militares en Venezuela, el caos social y una guerra civil, sino que sigue tratando de generar divisiones en las Fuerzas Armadas bolivarianas, para impulsar algún levantamiento en guarniciones castrenses, como lo intentaran en el Fuerte Paramacay.
Los frustrados magnicidas confesaron que recibieron entrenamiento en la finca Atalanta en el departamento colombiano Norte de Santander, donde aprendieron a manejar drones, a cambio de 50 millones de dólares y residencia en Estados Unidos (no en Guantánamo).
Tras el atentado terrorista, la mayoría de los presidentes (¿conocían el plan?), mantuvieron silencio, minimizaron el incidente con drones, relativizaron el atentado o silenciaron la tentativa de magnicidio y el acto de terrorismo, y cuándo no, recuperando las nociones oscurantistas de siempre, lo calificaron como un “montaje”, “autoatentado” o “maniobra”. En los hechos estaban validando el (su) fracaso.
Colofón
Quedan muchas interrogantes: ¿Qué pasaría con los pueblos: aceptarían una guerra? ¿Es este todo el escenario deseado por todo el gran capital? ¿Qué actitud tomarían China y Rusia, por ejemplo? ¿Qué pasará en EEUU con las elecciones parlamentarias? ¿El gran capital seguirá apoyando a Trump o preferirá su reemplazo por Pence?
Sin duda hay que llamar a una actitud activa por la paz, crear conciencia de los peligros que corre Latinoamérica toda. Es la paz o la destrucción. Es el futuro de la región.
Aram Aharonian
Periodista y comunicólogo uruguayo. Magíster en Integración. Fundador de Telesur. Preside la Fundación para la Integración Latinoamericana (FILA) y dirige el Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)
“La única forma de tratar de unir a la nación es inventando un enemigo externo, para apelar al nacionalismo, una guerra contra los “castrocomunistas” venezolanos, desviando la atención de la continuidad del genocidio interno y la crisis social, económica y financiera”, señala el analista Camilo Rengifo.
Durante cuatro períodos presidenciales, Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos, quien además fue ministro de Defensa del primero en épocas de los “falsos positivos” –campesinos asesinados y vestidos con ropa de guerrilleros para mostrar a la prensa victorias militares-, la hipótesis del conflicto siempre estuvo en al aire, en guerras de micrófonos o con injerencia directa en asuntos internos del vecino del noroeste.
Y, los mentideros políticos señalan que Santos quiso despedirse del gobierno apoyando el intento (frustrado) de magnicidio del presidente venezolano Nicolás Maduro, el 4 de agosto último. Pero esta última jugada del benemérito Nobel de la Paz, no le salió bien.
James Mattis, secretario de Defensa de los Estados Unidos visitó a mediados de agosto Brasil, Chile, Colombia y Argentina, con una agenda que insistía en el tema de la inestabilidad política y la supuesta crisis humanitaria de Venezuela, que podría afectar el escenario regional, junto al temor por un conflicto armado entre Colombia Y Venezuela tras el atentado fallido -con drones cargados de explosivos- contra Nicolás Maduro.
La gira busca resaltar los vínculos de Washington con lo que considera su patio trasero, según destaca un comunicado del Pentágono, pese a que EEUU no ofreció todavía ninguna agenda positiva de cooperación. Las alianzas panamericanas han sido punto focal de las visitas, este mismo año, del exsecretario de Estado Rex Tillerson, su sucesor Mike Pompeo y del vicepresidente Mike Pence a la región.
El ministro brasileño de Defensa, Joaquim Silva e Luna, dijo que entendió bien lo que quiso decir Mattis, “pero eso es una disputa comercial en todo el mundo; hay una gran reorganización en todo el mundo, en Asia, en la Unión Europea, es una disputa de mercado” y señaló que es posible que Brasil se beneficie de una guerra comercial entre EEUU y China.
Según Mattis, su país apoya “decisiones soberanas de estados soberanos”, pero advirtió de “invasiones de otros países”. El libreto pareciera convertir a Latinoamérica en un campo del juego geopolítico estadounidense.
Otra preocupación del mandamás del Pentágono es la reunión en Argentina del G-20, donde el anfitrión tiene responsabilidades en defensa y seguridad de los líderes del mundo “desarrollado”, que permitan la asistencia de Donald Trump: cómo participar de manera discreta sin resentir las pasiones nacionales. La propuesta de Mattis fue la posible cesión de equipos para un área específica; la prevención de ciberataques, con “inhibidores” de circulación de drones.
En los países visitados, Mattis auscultó la influencia y presencia en Sudamérica de dos rivales, China y Rusia. Y al respecto señaló que “hay más de una forma de perder la soberanía en este mundo. No es sólo por las bayonetas. Puede ser con países que llegan ofreciendo regalos, préstamos amplios que acumulan deudas masivas en otros países a sabiendas de que no podrán repagarlas, es lo que parecen ser los préstamos chinos a naciones como Venezuela y Filipinas”.
La visita de Mattis a la región se produjo tras el encuentro del titular de la Armada estadounidense con sus pares de Argentina, Brasil y Chile en Cartagena, Colombia, en el marco de la 28 Conferencia Naval Interamericana que congregó a los jerarcas navales de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay.
La fachada para imponer un bloqueo marítimo a Venezuela podría ser el eufemísticamente llamado ejercicio naval multinacional Unitas Lix-2018, del que Colombia será anfitriona en septiembre próximo, señala el analista mexicano-uruguayo Carlos Fazio.
El atentado buscaba que el poder fuera transferido sin demora a las “autoridades civiles legítimas, miembros de la Asamblea Nacional” presidida por Julio Borges, tras “liberar” una zona del país e instalar allí un “gobierno paralelo” que ejerciera funciones de hecho, con el respaldo de Washington, sus socios de la OTAN y el Grupo de Lima.
Hoy la producción de coca alcanza en Colombia niveles record, grupos armados ilegales luchan por territorios en los que el Estado tiene escasa o nula presencia y una oleada de 330 asesinatos de activistas sociales en los últimos meses, mostró que la paz sigue siendo un término relativo.
Si Iván Duque, el nuevo presidente -que quiere reformular el acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC que su antecesor Juan Manuel Santos se abstuvo de implementar- no logra llevar el Estado a las zonas rurales, hoy en manos de narcotraficantes y paramilitares (o no está interesado en ello), poco cambiará en Colombia, que registró al menos 260 mil muertos, 60 mil desaparecidos y más de siete millones de desplazados.
¿Fin de la zona de paz?
La coordinación conservadora de varios presidentes suramericanos lograron desmontar los más importantes avances de la integración de los países de América del Sur que conformaron la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR) como bloque referente de las relaciones mundiales marcadas por la multipolaridad de potencias y de proyectos integracionistas regionales y declararon a la región como zona de paz
La potencia económica y política de los gobiernos de Argentina y Brasil, respaldados por los presidentes de Perú, Chile, Colombia y Paraguay (el denominado Grupo de Lima), comenzó su tarea destructiva en abril pasado, cuando determinaron “suspender su participación” en el organismo
Y el momento “adecuado” (la asunción de la presidencia pro-tempore de Bolivia) finalizó dos años de sigilosos movimientos de debilitamiento y parálisis de todos los proyectos integracionistas construidos al margen de la influencia y predomino de Estados Unidos: Mercosur, ALBA, CELAC y Unasur.
Desmantelados los organismos de integración horizontal, vuelve el poder del panamericanismo monroista -América para los (norte)americanos-, dejando en pie a la Organización de Estados Americanos (OEA), bajo la tutela de Washington. Pero no logran consenso, porque Nicaragua, Venezuela y Bolivia, al menos, se oponen a la injerencia en asuntos internos de otros países. Y por eso, EEUU trata de desestabilizar sus gobiernos con todos los medios posibles,
La Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), creada en 2008, auspició el Consejo de Defensa Sudamericano, integrado por 12 países, que entre sus propósitos principales tuvo consolidar a la región como zona de paz y servir de contrapeso a los afanes intervencionistas del Pentágono en los ejércitos locales, con fines de alineamiento y adoctrinamiento.
Pero la contraofensiva conservadora y del Comando Sur del Pentágono siguió adelante. En mayo último, Juan Manuel Santos anunció que Colombia – con siete bases estadounidenses en su territorio- se sumaba como “socio global” de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, máximo exponente de las intervenciones militares, abiertas y encubiertas, después de la guerra fría. Ahora Chile quiere seguir el mismo camino.
Y ahora, de la mano del embajador de EEUU en Bogotá, Kevin Whitaker el nuevo presidente colombiano, Iván Duque, apadrinado por Álvaro Uribe, sindicado como genocida y unido al narcotráfico y el paramilitarismo, quiere ser protagonista del “Golpe Maestro”.
Este plan, fue diseñado por el almirante Kurt Tidd, jefe del Comando Sur, quien aspira a que el gobierno bolivariano sea derrocado a través de una “operación militar bajo bandera internacional, patrocinada por la Conferencia de los Ejércitos Latinoamericanos, bajo la protección de la OEA y la supervisión, en el contexto legal y mediático del secretario general, Luis Almagro”.
Según se supo en el Congreso estadounidense, Duque tiene una estrategia para negociar con EEUU una dispensa para Colombia con los aranceles de importación del acero y el aluminio: manejar la guerra encubierta del Pentágono contra Venezuela, desde la frontera colombiana.
A inicios de julio y antes de asumir la presidencia, negoció en Washington con el vicepresidente Mike Pence, el secretario de Estado, Mike Pompeo, la directora de la Agencia Central de Inteligencia, Gina Haspel, el zar antidrogas James Carrol, y el asesor de Seguridad Nacional, el superhalcón John Bolton.
A Pence, “preocupado” por la supuesta amenaza a Colombia de la “dictadura” de Maduro –como ya se lo había manifestado a Santos en su visita a Bogotá y en la reunión cuando la Cumbre de la OEA en Lima- le solicitó apoyo en materia militar, de inteligencia y seguridad.
El 10 de agosto, tres días después de asumir la Presidencia, anunció el retiro “irreversible” de Colombia de Unasur y abogó por la aplicación de la Carta Democrática de la OEA contra Venezuela, tras prometer que llevaría a Maduro ante la Corte Penal Internacional, la misma “justicia” internacional, donde Uribe, está acusado por crímenes de lesa humanidad, y donde hacen cola los mexicanos Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
Un día antes, en la sede de la cancillería colombiana en Bogotá, el nuevo ministro del exterior, Carlos Holmes Trujillo, se reunió con Julio Borges, sindicado como uno de los coautores intelectuales del frustrado magnicidio del presidente venezolano Nicolás Maduro, para expresarle el “apoyo incondicional” del gobierno de Duque para “rescatar la democracia y la legalidad en Venezuela”.
Gustavo Álvarez Gardeazábal, al criticar las declaraciones de Duque en Washington, cuando afirmó que iba a liderar un bloque latinoamericano contra Maduro, en una nota titulada “¿A la guerra?’, advertía que así un presidente no esté de acuerdo con la ideología de una nación, no puede comenzar a hacer declaraciones que vayan en contra del principio del respeto soberano. Y advertía que si la guerra llegase a suceder con el país hermano, Colombia perdería “pues Venezuela está mejor armada que nosotros”.
La periodista María Jimena Duzán, en su última columna antes de que la amenazaran, recordaba las declaraciones del general retirado Leonardo Barrero (“Prepárense porque vuelve la guerra”) y se preguntaba cuál será el blanco principal de esta nueva guerra anunciada: ¿los líderes sociales que están cayendo como moscas, los ocho millones de ciudadanos que votaron por Petro, los diez millones de personas que votaron por Duque y que aún creen en ‘pajaritos en el aire’?
Paralelamente, desde junio está en Cúcuta y Maicao, poblaciones fronterizas con Venezuela, un contingente de “cascos Blancos” de la cancillería argentina. Gabriel Fucks, extitular de estos “contingentes de paz”, señaló que la misión en la frontera colombiano-venezolana, más que una acción de asistencia sanitaria, forma parte de una política de presión contra Venezuela.
No es de extrañar que el gobierno de Mauricio Macri se haya sumado a los planes estadounidense-colombianos, dada su posición subordinada en la OEA. Macri, además, aceptó desplegar en el territorio argentino una nueva red de bases militares estadounidenses: una en Neuquén, en el estratégico sur patagónico, cerca de la reserva gasífera de Vaca Muerta, financiada por el Comando Sur con “ayuda humanitaria” y dos en Tierra de Fuego, la de Tolhuin y la de Ushuaia.
Una vasta frontera caliente
La mayor parte de los problemas que se suscitaron históricamente y se siguen suscitando en la extensa frontera común de más de 2.200 kilómetros, los genera la actitud del establishment colombiano, generando tensiones que en algunos casos han estado a punto de desencadenar conflictos de carácter bélico, a veces alegando presuntas reivindicaciones territoriales.
Generar tensiones con Venezuela sirve para desviar la atención de la violencia de seis décadas en Colombia, parte de la normalidad en ese país y que contrasta en las últimas dos décadas por la existencia de sistemas sociales, económicos y políticos contrapuestos. El mensaje de la conducción política colombiana y los medios de comunicación hegemónicos, no ha cambiado: su lenguaje es agresivo, belicoso, xenófobo y permanentemente amenazante
El periodista José Vicente Rangel, exvicepresidente y excanciller venezolano, señala que la provocación en política siempre ha estado en la base de cualquier aventura. Dos períodos constitucionales de Álvaro Uribe, dos de Juan Manuel Santos y el próximo de Iván Duque, cuyo lenguaje provocador antes de tomar posesión del cargo, es el mismo de sus predecesores.
La oligarquía y la derecha colombianas tienen planes políticos y militares contra Venezuela, no de ahora, con motivo del desarrollo del proceso bolivariano contra el cual aducen razones de carácter ideológico, sino de muy atrás en el tiempo, durante otros gobiernos venezolanos. Desde el intento de usurpación de los derechos venezolanos sobre Los Monjes, la provocación de la fragata Caldas en el Golfo de Venezuela
El poder fáctico colombiano ha estado involucrado en múltiples operaciones contra Venezuela: comerciales financieras en la frontera, con el contrabando de extracción, con la actuación de grupos paramilitares, infiltrando unidades a través de la frontera a fin de generar actos terroristas en territorio venezolano.
Uribe instrumentó una alianza con la oposición venezolana golpista, a la que orientó y financió abiertamente, e incluso se lamentó, en una insólita declaración, no haber tenido tiempo –siendo presidente– para atacar militarmente a Venezuela (a lo cual, por cierto, Chávez le contestó que lo que le faltó fueron cojones).
Santos, sibilino y de la aristocracia bogotana, intrigó en organismo internacionales y en gobiernos de la región para adelantar una campaña consistente en afirmar que con motivo de la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, Maduro había acabado con la democracia venezolana, y se negó a reconocer su reelección.
El atentado que quiso acelerarlo todo
El 4 de agosto, durante la parada militar por el aniversario de la Guardia Nacional un grupo terrorista atentó con drones DJI M600 -de última generación, con un rendimiento de vuelo mejorando y una mayor capacidad de carga, utilizados con fines industriales y profesionales de diversos rubros, incluidos los militares- cargados de explosivos contra el presidente Maduro, para intentar conseguir por la vía del magnicidio lo que la oposición de ultraderecha no ha podido conseguir en una veintena de elecciones.
Tampoco lo logró con el golpe de Estado de 2002 contra el presidente Hugo Chávez, ni con el sabotaje petrolero de 2002-2003, ni con la desestabilización y las guarimbas de 2014 y 2017 desarrolladas éstas por sectores radicales proestadounidenses de la oposición venezolana, con el apoyo y financiamiento de Washington, Madrid y Bogotá, el aliento de la jerarquía conservadora de la Iglesia católica y los medios hegemónicos cartelizados, nacional y trasnacionales.
Ni siquiera con las sanciones y la guerra económica, y la guerra de Cuarta generación, con campañas de intoxicación mediática, sabotajes y actos violentos, con apoyo de la Organización de Estados Americanos y los gobiernos del llamado Grupo de Lima.
Según los expertos, uno de los drones usó como explosivo pólvora y pentrita y el otro pólvora y C-4 (explosivo plástico de uso militar utilizado en las operaciones de bandera falsa de la Red Gladio de la OTAN y también por agentes de la CIA para derribar la aeronave de Cubana de Aviación sobre Barbados, en 1976, en el que murieron 73 personas), y en el asesinato del excanciller de Salvador Allende, Orlando Letelier, en Washington, ese mismo año
Obviamente el Comando Sur estadounidense no detuvo sus planes por el fracaso del atentado con drones, que debía provocar –de acuerdo al plan- un asesinato en masa de líderes civiles y militares en Venezuela, el caos social y una guerra civil, sino que sigue tratando de generar divisiones en las Fuerzas Armadas bolivarianas, para impulsar algún levantamiento en guarniciones castrenses, como lo intentaran en el Fuerte Paramacay.
Los frustrados magnicidas confesaron que recibieron entrenamiento en la finca Atalanta en el departamento colombiano Norte de Santander, donde aprendieron a manejar drones, a cambio de 50 millones de dólares y residencia en Estados Unidos (no en Guantánamo).
Tras el atentado terrorista, la mayoría de los presidentes (¿conocían el plan?), mantuvieron silencio, minimizaron el incidente con drones, relativizaron el atentado o silenciaron la tentativa de magnicidio y el acto de terrorismo, y cuándo no, recuperando las nociones oscurantistas de siempre, lo calificaron como un “montaje”, “autoatentado” o “maniobra”. En los hechos estaban validando el (su) fracaso.
Colofón
Quedan muchas interrogantes: ¿Qué pasaría con los pueblos: aceptarían una guerra? ¿Es este todo el escenario deseado por todo el gran capital? ¿Qué actitud tomarían China y Rusia, por ejemplo? ¿Qué pasará en EEUU con las elecciones parlamentarias? ¿El gran capital seguirá apoyando a Trump o preferirá su reemplazo por Pence?
Sin duda hay que llamar a una actitud activa por la paz, crear conciencia de los peligros que corre Latinoamérica toda. Es la paz o la destrucción. Es el futuro de la región.
Aram Aharonian
Periodista y comunicólogo uruguayo. Magíster en Integración. Fundador de Telesur. Preside la Fundación para la Integración Latinoamericana (FILA) y dirige el Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)
sábado, 18 de agosto de 2018
Adiós UNASUR
Está visto que la integración y la utópica
unidad latinoamericana no puede ser construida desde las desgastadas posturas
de las tradicionales fuerzas dominantes latinoamericanas. Ha quedado demostrado
que solo la energía de los proyectos progresistas y de izquierda puede llevar a
ese horizonte de desarrollo independiente, centrado en nuestras necesidades e
intereses, y que solo el apoyo mutuo puede ofrecerles perspectivas de éxito.
Rafael Cuevas Molina/Presidente
AUNA-Costa Rica
 |
| Iván Duque, presidente de Colombia. |
La
salida de Colombia de UNASUR decretada por el flamante presidente colombiano,
Iván Duque, digno delfín de Álvaro Uribe, pone la lápida sobre uno de los más
importantes proyectos integracionistas de corte latinoamericanista que nacieron
al calor de la ola nacional-progresista que recorrió América Latina en los
primeros quince años del siglo XXI.
Antes,
con excusas de un supuesto desorden administrativo, Perú, Chile, Brasil y
Argentina ya se habían retirado de hecho, mientras el cuántico presidente
ecuatoriano, Lenín Moreno, le quitaba el edificio que la albergaba.
Es
decir, toda una estampida de los gobiernos de derecha, que prefieren al
proyecto panamericanista de la OEA al latinoamericanista que representaban la
UNASUR, el ALBA o el proyecto del Banco del Sur. Se sienten más cómodos ahí,
más ideológicamente cobijados, más políticamente acompañados teniendo a su vera
al Tío Sam, aunque este los haya dejado al garete al retirarse de forma
intempestiva del otrora proyecto rival del ALBA, la Alianza del Pacífico.
Se
trata, sin embargo, de la tradicional y conocidísima forma de actuar de los
políticos de derecha de América Latina, que no saben comportarse sino de la
forma como tan bien la describió el otrora presidente del Perú, Pedro Pablo
Kuczynski: como perritos falderos.
En
mayo de 2008, en el auge de la hola nacional-progresista latinoamericana, Luiz
Inacio Lula da Silva dijo eufórico al constituirse la Unión de Naciones Latinoamericanas,
avizorando un futuro de complementariedad y apoyo mutuo latinoamericano: “Parecía una cosa imposible porque aquí, en
América del Sur, fuimos adoctrinados para creer que no saldríamos bien en nada,
que somos pobres, que nos peleamos mucho y que tenemos que depender de Estados
Unidos y de la Unión Europea”.
Lula está hoy en la cárcel y el
adoctrinamiento al que hacía referencia en la frase anterior ha hecho su labor
de zapa para que, nuevamente, volvamos a creer que ningún proyecto autónomo
latinoamericano saldrá bien y que, por eso, seguiremos siendo pobres, nos
seguiremos peleando mucho y que tenemos que depender de Estados Unidos y de la
Unión Europea.
Rafael Correa, uno de los más entusiastas
impulsores de la UNASUR, advirtió de las dificultades de cualquier proyecto
progresista o de izquierda en solitario en América Latina. Para poder salir
adelante, dijo, hay necesidad del apoyo mutuo que mitigue o neutralice las
agresivas políticas que implementan los Estados Unidos contra cualquiera que
quiera salirse del redil. Cuba es el principal ejemplo: sesenta años de bloqueo
que la han llevado a una resistencia numantina difícil de emular en otros lares
y otras condiciones, y el acoso actual, por todos los costados, a Venezuela lo
refuerza.
El mismo Correa repetía la idea en 2014 en
Santa Cruz, Bolivia, ante miles de representantes de organizaciones sociales y
campesinas que participaban en el Encuentro Plurinacional y Social de
Integración de los pueblos: "Solo unidos a nivel latinoamericano, unidos a
nivel mundial, los pobres de esta tierra podemos hacer escuchar nuestra voz y
cambiar un orden internacional que no solo es injusto, sino inmoral, porque no
está en función de la justicia, tan solo del poder, del más fuerte, del más
poderoso".
Está visto que la integración y la utópica
unidad latinoamericana no puede ser construida desde las desgastadas posturas
de las tradicionales fuerzas dominantes latinoamericanas. Ha quedado demostrado
que solo la energía de los proyectos progresistas y de izquierda puede llevar a
ese horizonte de desarrollo independiente, centrado en nuestras necesidades e
intereses, y que solo el apoyo mutuo puede ofrecerles perspectivas de éxito.
Ha quedado también en evidencia que, en
esas condiciones, los Estados Unidos pueden dejar de ser los amos y señores que
siempre han sido en nuestras tierras, que cercados por la unidad
latinoamericana se ven forzados a echar marcha atrás incluso de en algunos de
sus más preciados logros, como la expulsión de Cuba de la OEA.
Ahí está la muestra de lo que podemos
lograr, ya no se trata de una suposición. Esa es una de las grandes lecciones
que debemos extraer de estos años de gobiernos nacional progresistas; y la otra
es esta: la derecha será siempre sumisa al imperio, a él acudirán a buscar
refugio, con el se aliarán cada vez que puedan. Esa es la única unidad que
conocen.
Ecuador se retira del ALBA, anuncia el canciller José Valencia
| CUBADEBATE
El
canciller José Valencia (centro) anunció que Ecuador no continuará su
participación en la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra
América (ALBA). Foto: @CancilleriaEc/Twitter.
El ALBA es una plataforma de integración de los países de América Latina y el Caribe que nació el 14 de diciembre de 2004 y a la cual Ecuador formalizó su adhesión en junio de 2009.
(Noticia en construcción)
Ecuador anuncia su salida del ALBA-TCP
El canciller de Ecuador, José Valencia,
anunció el retiro de la nación suramericana de la Alianza Bolivariana
para los Pueblos de Nuestra América – Tratado de Comercio de los Pueblos
(ALBA-TCP).
Durante una rueda de prensa, Valencia indicó que Ecuador se retira del ALBA-TCP y que tampoco se integrarán a otros grupos de Estados que a su juicio “no propicien situaciones constructivas sin exclusión alguna”.
Explicaron que la decisión de su salida busca ratificar la independencia de su país en su accionar general en la política regional, “un accionar marcado en principios”.
“Mantenemos una posición de principios y para reforzarla anunciamos que no continuaremos en la ALBA-TCP”, apuntó el canciller ecuatoriano.
F/Telesur
Durante una rueda de prensa, Valencia indicó que Ecuador se retira del ALBA-TCP y que tampoco se integrarán a otros grupos de Estados que a su juicio “no propicien situaciones constructivas sin exclusión alguna”.
Explicaron que la decisión de su salida busca ratificar la independencia de su país en su accionar general en la política regional, “un accionar marcado en principios”.
“Mantenemos una posición de principios y para reforzarla anunciamos que no continuaremos en la ALBA-TCP”, apuntó el canciller ecuatoriano.
F/Telesur
F/CancilleriaEc
Evo Morales alerta sobre la invasión encubierta de EEUU a América Latina
por
Sullkata M. Quilla
LA HAINE - 22/08/2018
EL régimen de EEUU sigue cabildeando y financiando la destrucción de la integración regional
El
presidente de Bolivia, Evo Morales, denunció una invasión encubierta de
EEUU sobre América Latina, luego de que Washington anunciara que
enviará a Colombia un buque hospital para atender a los venezolanos que
se encuentran en ese país fronterizo, y señaló que la mejor ayuda que
puede prestar ese país a Venezuela es respetar su soberanía y “levantar
el bloqueo económico que el imperio norteamericano le ha impuesto
injustamente”.
“Condenamos invasión encubierta de gobierno de EEUU a América Latina,
al enviar a Colombia barco del Pentágono con excusa de ‘ayuda
humanitaria’ hermanos venezolanos. La embarcación USNS Comfort, con
capacidad para transportar helicópteros de guerra, es amenaza contra
Venezuela”, alertó Morales a través de Twitter. “Toda agresión a
Venezuela, es una agresión a América Latina”, aseveró.
Mientras, EEUU sigue ideando y financiando la destrucción de la integración latinoamericana, para poder imponer la vieja doctrina monroista de “América para los (norte)americanos. Hay intereses geopolíticos que tienen que ver con tener acceso a los recursos” tales como “el petróleo”, “el agua dulce”, “la biodiversidad” o “los minerales”, recursos esenciales para que Washington mantenga su poder hegemónico imperial, indicó Pablo Ruiz integrante del grupo de Observadores de la Escuela de las Américas.
En esta ruta de acciones de Washington se inscriben el golpe de Estado contra el presidente progresista Fernando Lugo en 2012, que rompió las siete décadas de hegemonía del partido Colorado, similar al ejecutado contra el mandatario hondureño Manuel Zelaya en 2009, o el derrocamiento de la presidenta constitucional brasileña Dilma Roussef.
Fue precisamente la estrategia de la persecución judicial parlamentaria con la que dejó la puerta abierta al gobierno de Estados Unidos para instalar en la presidencia paraguaya -en principio a Federico Franco- quien luego dio paso a Horacio Cartes, un jefe de Estado complaciente a la agenda estadounidense, quien facilitó el emplazamiento de nuevas bases militares, una de ellas en la Triple Frontera con Brasil y Argentina, de cara al Acuífero Guaraní y muy cerca de Bolivia.
La excusa de Washington fue la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, la misma usado para instalar 76 de las 800 bases militares que tiene en el mundo, también en Brasil, Chile, Colombia y Perú, lo que le permite a Washington controlar la mayor reserva de agua dulce de esa región, cuestión a la que se suma hoy la explotación de esquisto (fracking) por multinacionales petroleras norteamericanas.
La meta, apoderarse de los recursos naturales y el control geoestratégico de la región. De las 76 bases, están 12 en Panamá, 12 en Puerto Rico, 9 en Colombia, 8 en Perú, 3 en Honduras y 2 en Paraguay,
En 2015 se concretó la instalación de la primera base militar estadounidense en territorio paraguayo, bajo el estatus de “Centro de Operaciones de Emergencias (COE)” en el departamento de San Pedro, creada con la excusa de “ayudar” a la población ante “eventos de emergencia o desastres naturales”.
Prensa Rural señaló que las comunidades indígenas de la zona denunciaron que esa base “se abona al control geoestratégico imperialista en la región y al saqueo de los recursos naturales, en este caso con el aval del presidente Horacio Cartes” en confabulación con el contralmirante George Ballance, entonces director de Cooperación en Seguridad del Comando Sur. Poco antes había instalado en 2012, en Chile, un “Centro de Entrenamiento para Personal de Operaciones de Paz en Zonas Urbanas”, en el Fuerte de Aguayo de la ciudad de Concón, Valparaíso.
Una investigación periodística de Raúl Capote en Granma de Cuba, sustentado en documentos publicados en los portales del Comando Sur y del Ministerio de Defensa estadounidense, advierte sobre la estrategia que aplicará en Latinoamérica durante los próximos 10 años, justificando sus acciones directas contra Cuba, Bolivia y Venezuela, que por mantener relaciones de cooperación con China, Rusia e Irán, son consideradas enemigos de Washington.
Cita el texto publicado por Granma que el actual Comandante del Comando Sur, almirante Kurt Tidd, “en febrero del 2018 expuso ante el Congreso los escenarios planteados para el continente, objetivos, medios y estrategias acordes con la Estrategia de Defensa Nacional (2018) y la Estrategia de Seguridad Nacional (2017-2018)”. “En términos de proximidad geográfica, comercio, inmigración y cultura, no hay otra parte del mundo que afecte más la vida cotidiana de EEUU que América Central, América del Sur y el Caribe”, dijo Tidd.
Para lograr mantener la hegemonía de Washington en la región, resaltó Tidd, las amenazas latinoamericanas deben enfrentarse por medio de una “Red de Redes”, operada por el Comando Sur. “Tres fuerzas de tarea conjunta actuarán en este plan: Fuerza de Tarea Conjunta-Bravo (Base Aérea de Soto Cano, Honduras), Fuerza de Tarea Conjunta de Guantánamo, La Fuerza de Tarea Interagencial y Conjunta-Sur (Cayo Hueso, Florida)”.
El nuevo presidente de Colombia, Iván Duque, luego de reunirse en Washington con el vicepresidente de EEUU, Mike Pence, informó que será frontal contra Venezuela y anunció la salidad de su país de la Unasur. Para los fines de control militar en la región, con 2.200 kilómetros de frontera terrestre con Venezuela, es un punto geográfico bisagra, equivalente a lo que es Israel para Washington en el Medio Oriente.
La nueva relación de Colombia con la OTAN (a la que aspira sumarse el gobierno conservador de Chile) y la gran inversión militar del gobierno del saliente presidente Juan Manuel Santos en 2017, por unos 9.713 millones de dólares, 3,1% del Producto Interno Bruto (PIB), dan prueba de ello. Los gastos militares colombianos son menores que los brasileños, lindero también con Venezuela, pero superiores a los de Argentina (5.680 millones de dólares, 0,9% de su PIB) y México (6.000 millones de dólares, 2,5% de su PIB), cifras que se dan en paralelo a recortes en ciencia, tecnología, salud y educación.
EEUU anunció asimismo la instalación de una base militar en Neuquén, Argentina, lugar donde la empresa YPF encontró en 2011 “un mega yacimiento de petróleo”, el de Vaca Muerta, y el gobierno argentino habló de un Centro de Inteligencia Regional en Ushuaia, en Tierra del Fuego.
Los ministros argentinos de Defensa y de Seguridad, Oscar Aguad y Patricia Bullrich se reunieron en EE UU. con funcionarios del Departamento de Estado, del FBI, la DEA y directivos del Comando Sur, tras lo cual autorizaron la instalación de una base militar en la Triple Frontera con Paraguay y Brasil, pero que también les permite acceso a Bolivia, Chile y Uruguay.
Asimismo, Perú en los últimos años “se convirtió en pieza clave del despliegue militar estadounidense en la región con la instalación de bases en la selva y los Centros de Operaciones de Emergencia Regional (COER)”.
La guerra que EEUU lleva a cabo contra Venezuela necesita de una fuerza regional que intervenga no solo en lo económico y político, sino también en lo militar, lo que explica la renovada injerencia directa e indirecta sobre las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y soberanía nacional de Ecuador, que incluye brindar capacitación, inteligencia, intercambio de información y acceso a colegios militares.
La presencia de militares estadounidenses en suelo ecuatoriano, bajo el pretexto de lucha contra el terrorismo y el narcotráfico, se oficializó con la visita del subcomandante del Comando Sur, Joseph P. DiSalvo, para coordinar las acciones militares con las máximas autoridades de ese país. “Debemos pensar en una estrategia nueva, que más que un Plan Colombia sea un plan Sudamérica, donde todo el mundo pueda combinar sus esfuerzos y así luchar contra esto”, expresó DiSalvo en una entrevista ofrecida a medios ecuatorianos.
Hay que tomar muy en serio la advertencia de Evo Morales.
CLAE
Mientras, EEUU sigue ideando y financiando la destrucción de la integración latinoamericana, para poder imponer la vieja doctrina monroista de “América para los (norte)americanos. Hay intereses geopolíticos que tienen que ver con tener acceso a los recursos” tales como “el petróleo”, “el agua dulce”, “la biodiversidad” o “los minerales”, recursos esenciales para que Washington mantenga su poder hegemónico imperial, indicó Pablo Ruiz integrante del grupo de Observadores de la Escuela de las Américas.
En esta ruta de acciones de Washington se inscriben el golpe de Estado contra el presidente progresista Fernando Lugo en 2012, que rompió las siete décadas de hegemonía del partido Colorado, similar al ejecutado contra el mandatario hondureño Manuel Zelaya en 2009, o el derrocamiento de la presidenta constitucional brasileña Dilma Roussef.
Fue precisamente la estrategia de la persecución judicial parlamentaria con la que dejó la puerta abierta al gobierno de Estados Unidos para instalar en la presidencia paraguaya -en principio a Federico Franco- quien luego dio paso a Horacio Cartes, un jefe de Estado complaciente a la agenda estadounidense, quien facilitó el emplazamiento de nuevas bases militares, una de ellas en la Triple Frontera con Brasil y Argentina, de cara al Acuífero Guaraní y muy cerca de Bolivia.
La excusa de Washington fue la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, la misma usado para instalar 76 de las 800 bases militares que tiene en el mundo, también en Brasil, Chile, Colombia y Perú, lo que le permite a Washington controlar la mayor reserva de agua dulce de esa región, cuestión a la que se suma hoy la explotación de esquisto (fracking) por multinacionales petroleras norteamericanas.
La meta, apoderarse de los recursos naturales y el control geoestratégico de la región. De las 76 bases, están 12 en Panamá, 12 en Puerto Rico, 9 en Colombia, 8 en Perú, 3 en Honduras y 2 en Paraguay,
En 2015 se concretó la instalación de la primera base militar estadounidense en territorio paraguayo, bajo el estatus de “Centro de Operaciones de Emergencias (COE)” en el departamento de San Pedro, creada con la excusa de “ayudar” a la población ante “eventos de emergencia o desastres naturales”.
Prensa Rural señaló que las comunidades indígenas de la zona denunciaron que esa base “se abona al control geoestratégico imperialista en la región y al saqueo de los recursos naturales, en este caso con el aval del presidente Horacio Cartes” en confabulación con el contralmirante George Ballance, entonces director de Cooperación en Seguridad del Comando Sur. Poco antes había instalado en 2012, en Chile, un “Centro de Entrenamiento para Personal de Operaciones de Paz en Zonas Urbanas”, en el Fuerte de Aguayo de la ciudad de Concón, Valparaíso.
Una investigación periodística de Raúl Capote en Granma de Cuba, sustentado en documentos publicados en los portales del Comando Sur y del Ministerio de Defensa estadounidense, advierte sobre la estrategia que aplicará en Latinoamérica durante los próximos 10 años, justificando sus acciones directas contra Cuba, Bolivia y Venezuela, que por mantener relaciones de cooperación con China, Rusia e Irán, son consideradas enemigos de Washington.
Cita el texto publicado por Granma que el actual Comandante del Comando Sur, almirante Kurt Tidd, “en febrero del 2018 expuso ante el Congreso los escenarios planteados para el continente, objetivos, medios y estrategias acordes con la Estrategia de Defensa Nacional (2018) y la Estrategia de Seguridad Nacional (2017-2018)”. “En términos de proximidad geográfica, comercio, inmigración y cultura, no hay otra parte del mundo que afecte más la vida cotidiana de EEUU que América Central, América del Sur y el Caribe”, dijo Tidd.
Para lograr mantener la hegemonía de Washington en la región, resaltó Tidd, las amenazas latinoamericanas deben enfrentarse por medio de una “Red de Redes”, operada por el Comando Sur. “Tres fuerzas de tarea conjunta actuarán en este plan: Fuerza de Tarea Conjunta-Bravo (Base Aérea de Soto Cano, Honduras), Fuerza de Tarea Conjunta de Guantánamo, La Fuerza de Tarea Interagencial y Conjunta-Sur (Cayo Hueso, Florida)”.
El nuevo presidente de Colombia, Iván Duque, luego de reunirse en Washington con el vicepresidente de EEUU, Mike Pence, informó que será frontal contra Venezuela y anunció la salidad de su país de la Unasur. Para los fines de control militar en la región, con 2.200 kilómetros de frontera terrestre con Venezuela, es un punto geográfico bisagra, equivalente a lo que es Israel para Washington en el Medio Oriente.
La nueva relación de Colombia con la OTAN (a la que aspira sumarse el gobierno conservador de Chile) y la gran inversión militar del gobierno del saliente presidente Juan Manuel Santos en 2017, por unos 9.713 millones de dólares, 3,1% del Producto Interno Bruto (PIB), dan prueba de ello. Los gastos militares colombianos son menores que los brasileños, lindero también con Venezuela, pero superiores a los de Argentina (5.680 millones de dólares, 0,9% de su PIB) y México (6.000 millones de dólares, 2,5% de su PIB), cifras que se dan en paralelo a recortes en ciencia, tecnología, salud y educación.
EEUU anunció asimismo la instalación de una base militar en Neuquén, Argentina, lugar donde la empresa YPF encontró en 2011 “un mega yacimiento de petróleo”, el de Vaca Muerta, y el gobierno argentino habló de un Centro de Inteligencia Regional en Ushuaia, en Tierra del Fuego.
Los ministros argentinos de Defensa y de Seguridad, Oscar Aguad y Patricia Bullrich se reunieron en EE UU. con funcionarios del Departamento de Estado, del FBI, la DEA y directivos del Comando Sur, tras lo cual autorizaron la instalación de una base militar en la Triple Frontera con Paraguay y Brasil, pero que también les permite acceso a Bolivia, Chile y Uruguay.
Asimismo, Perú en los últimos años “se convirtió en pieza clave del despliegue militar estadounidense en la región con la instalación de bases en la selva y los Centros de Operaciones de Emergencia Regional (COER)”.
La guerra que EEUU lleva a cabo contra Venezuela necesita de una fuerza regional que intervenga no solo en lo económico y político, sino también en lo militar, lo que explica la renovada injerencia directa e indirecta sobre las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y soberanía nacional de Ecuador, que incluye brindar capacitación, inteligencia, intercambio de información y acceso a colegios militares.
La presencia de militares estadounidenses en suelo ecuatoriano, bajo el pretexto de lucha contra el terrorismo y el narcotráfico, se oficializó con la visita del subcomandante del Comando Sur, Joseph P. DiSalvo, para coordinar las acciones militares con las máximas autoridades de ese país. “Debemos pensar en una estrategia nueva, que más que un Plan Colombia sea un plan Sudamérica, donde todo el mundo pueda combinar sus esfuerzos y así luchar contra esto”, expresó DiSalvo en una entrevista ofrecida a medios ecuatorianos.
Hay que tomar muy en serio la advertencia de Evo Morales.
CLAE
Presidente boliviano: militarización de frontera argentina es amedrentamiento
LA
PAZ (Sputnik) — El presidente Evo Morales aseguró que no le asusta el
reciente refuerzo de la presencia militar argentina cerca de la frontera
con su país, que calificó como un intento de amedrentamiento orquestado
por el imperialismo.
"Yo
no estoy de acuerdo con lo que hizo estos días Argentina: militarizar
la frontera con Bolivia [en] La Quiaca, al frente de Villazón. Lo que
hacen, amedrentar, intentarán asustarnos, [pero] no nos vamos a
asustar", dijo el gobernante, crítico frecuente de su homológo argentino
Mauricio Macri, en un discurso por la inauguración de una escuela.
Morales se refirió así al "Operativo Integración Norte" puesto en
marcha la semana pasada por Macri en la provincia argentina de Jujuy,
fronteriza con el departamento de Potosí en el sudoeste boliviano, que
implica el desplazamiento inicial de 500 militares en supuestas tareas
de lucha contra el contrabando y el terrorismo, según reportes de medios
argentinos.
©
AP Photo / Natacha Pisarenko
El mandatario boliviano equiparó a la movilización militar argentina con la reciente decisión de Colombia de convertirse en el primer país latinoamericano integrado a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), alianza militar liderada por Estados Unidos desde los tiempos de la Guerra Fría.
"Las bases militares, la OTAN, no es ningún
instrumento de liberación, es de sometimiento. OTAN y las bases
norteamericanas son sinónimo de robo, de saqueo, de confrontación, de
guerra", denunció Morales.
En contraste con sus críticas a Macri, Morales suele expresar con frecuencia su apoyo a la expresidenta argentina Cristina Fernández (2007-2015), quien enfrenta procesos judiciales por presunta corrupción.
Las pistas de Bloomberg y la aplicación del "modelo Honduras" contra Venezuela
Mientras medios y gobiernos regionales continúan negando la
ejecución del magnicidio contra el presidente Nicolás Maduro, el medio
financiero internacional Bloomberg vuelve a dar pistas sobre la
permanente conspiración contra el país.
Agosto 19 de 2018, 10:00 pm - MISIÒN VERDAD
En un artículo publicado el viernes 17 de agosto,
una fuente de Bloomberg revela que dos de los grupos que planeaban dar
golpes de Estado contra el Gobierno venezolano se reunieron en abril de
este año en Bogotá, semanas antes del ataque con drones del 4 de agosto.
El primer grupo estaba compuesto por algunos militares activos de los cuatro componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), quienes pretendían impedir las elecciones presidenciales del 20 de mayo, secuestrar al presidente Nicolás Maduro y "enjuiciarlo". Estos planes fueron abortados gracias a las labores de inteligencia de los cuerpos de seguridad del Estado venezolano, quienes infiltraron la "Operación Constitución" (nombre que le habían asignado los conspiradores) y arrestaron a una docena de estos militares y un par de civiles.
El segundo grupo estaba compuesto en su mayoría de civiles. Según Bloomberg, estos planeaban asesinar a Maduro y les pidieron al grupo de los militares que unieran fuerzas. En dicha reunión mostraron videos de drones armados embarcados desde Miami y siendo probados en una granja colombiana. Este dato concuerda con las pruebas presentadas por el ministro de comunicación e información Jorge Rodríguez, las cuales demuestran que uno de los drones había sido maniobrado en una finca en la ciudad de Chinácota, ubicada a 45 kilómetros de Cúcuta, en el departamento Norte de Santander, en donde los terroristas fueron entrenados.
Bloomberg también afirma que el grupo de los militares se negó a participar, pues los civiles "parecían poco profesionales" y además no estaban interesados en matar a Maduro. Uno de los participantes en la reunión de abril en Bogotá dijo a ese medio que cree que las personas con las que se reunió su grupo fueron los perpetradores del magnicidio frustrado.
Varias agendas que persiguen el mismo fin pero con diferentes métodos están en pleno movimiento contra Venezuela, y lo revelado por este medio internacional lo corrobora. No hay consenso en cuanto a la estrategia a utilizar contra el país, y todos compiten por ver quién impone su ruta como la que debe seguir todo el ecosistema opositor.
Otro dato importante es que Bloomberg no pone en duda la veracidad del magnicidio, por el contrario aporta datos que sustentan la investigación del Gobierno nacional. Si las pruebas presentadas por los cuerpos de seguridad no eran suficientes, esto debería poner punto final a la especulación mediática con respecto a lo ocurrido el 4 de agosto.
Desde la llegada de Hugo Chávez a Miraflores, factores políticos internos (empresarios, partidos políticos, sectores de la Iglesia católica, etc.) y externos (gobiernos aliados a Washington en la región, empresas transnacionales, etc.) han buscado en los militares una solución rápida al problema que para ellos representa el chavismo. La carta del golpe clásico siempre ha estado sobre la mesa, sólo que nunca han podido materializarla.
En parte por el liderazgo que aún mantiene el Comandante Chávez dentro de la FANB y la lealtad que se ha ganado Nicolás Maduro durante su primer período presidencial. Sin embargo, en 2002 varios militares, la mayoría de la vieja guardia, abiertamente se pronunciaron en contra de Chávez y jugaron un papel relevante dentro del golpe de Estado que sacó al chavismo brevemente del poder.
Uno de los casos más representativos y planificados de la conspiración militar ha sido el de Baduel, quien dio inicio a una nueva ola de alzamientos "por la izquierda" en la institución castrense, tradición continuada más recientemente por el ex ministro Miguel Rodríguez Torres.
La "Operación Constitución", el "Golpe Azul" y otros abortos de cambio de régimen reseñados en este portal, evidencian que la FANB busca ser infiltrada para acompañar una agenda golpista contra el Gobierno venezolano. La misma es insistente y abiertamente promovida por importantes sectores del gobierno de Estados Unidos.
Recordemos el caso Honduras: el ejército secuestró a Manuel Zelaya y lo sacó del país en pijamas, previa orden de una Corte Suprema que le dio legitimidad al golpe. Imposible no hacer el paralelismo con la reciente "sentencia" del parapeto de tribunal que el antichavismo montó en Bogotá, que ordena detener a Maduro y encerrarlo en Ramo Verde.
No es casual que uno de los operadores del golpe contra Zelaya haya declarado que el ejército venezolano es "la única institución capaz de instigar una verdadera transición política en Venezuela". El "modelo Honduras" es el que algunos sectores proponen seguir para el caso venezolano.
Hasta ahora, el DGCIM y demás organismos de inteligencia venezolanos han demostrado una gran efectividad para detectar y neutralizar estos movimientos. Pero el fantasma de la conjura está presente y es algo que no se puede desestimar invocando el mantra de la unión cívico-militar, como tampoco se puede minimizar la importancia que tiene ésta en la estabilidad política del país.
Y es que una de las fortalezas del Estado venezolano frente a la multiforme agresión internacional ha sido precisamente esa unión que Chávez se encargó de reconstruir, borrando las fronteras que artificialmente fueron impuestas entre pueblo y cuerpo castrense. Quebrar esta unidad es uno de los objetivos del Departamento de Estado, y para ello se vale de múltiples recursos que van desde las operaciones psicológicas, como las empleadas contra la Guardia Nacional Bolivariana durante la revolución de color de 2017, hasta la presión vía sanciones a los oficiales del alto mando militar.
Estas sanciones buscarían quebrar lealtades y promover movimientos de sedición dentro de las filas del chavismo. Aunque estas operaciones han logrado tocar a algunas individualidades y causar ruidos dentro de la unidad militar, han fracasado en cuanto a lograr su objetivo final: desplazar al chavismo y lograr el cambio de régimen. Hasta el momento, la unión cívico-militar ha sido una vacuna contra el golpe.
A pocas horas de entrada en vigencia de la reconversión monetaria y una reforma integral de la economía venezolana, en el intento por recuperar un funcionamiento ordenado, el "modelo Honduras" puede ser una de las vías a tentar por parte de los operadores de la guerra contra Venezuela, con el objetivo de evitar la estabilización del país. Esto es lo que subyace en la publicación de Bloomberg y a la naturaleza del intento de magnicidio en sí.
Esto debido a que los planes contra Venezuela se fraguan desde los grandes centros de poder en el extranjero y sus sucursales regionales, no desde lo local. Y una de sus principales sucursales es Bogotá.
El primer grupo estaba compuesto por algunos militares activos de los cuatro componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), quienes pretendían impedir las elecciones presidenciales del 20 de mayo, secuestrar al presidente Nicolás Maduro y "enjuiciarlo". Estos planes fueron abortados gracias a las labores de inteligencia de los cuerpos de seguridad del Estado venezolano, quienes infiltraron la "Operación Constitución" (nombre que le habían asignado los conspiradores) y arrestaron a una docena de estos militares y un par de civiles.
El segundo grupo estaba compuesto en su mayoría de civiles. Según Bloomberg, estos planeaban asesinar a Maduro y les pidieron al grupo de los militares que unieran fuerzas. En dicha reunión mostraron videos de drones armados embarcados desde Miami y siendo probados en una granja colombiana. Este dato concuerda con las pruebas presentadas por el ministro de comunicación e información Jorge Rodríguez, las cuales demuestran que uno de los drones había sido maniobrado en una finca en la ciudad de Chinácota, ubicada a 45 kilómetros de Cúcuta, en el departamento Norte de Santander, en donde los terroristas fueron entrenados.
Bloomberg también afirma que el grupo de los militares se negó a participar, pues los civiles "parecían poco profesionales" y además no estaban interesados en matar a Maduro. Uno de los participantes en la reunión de abril en Bogotá dijo a ese medio que cree que las personas con las que se reunió su grupo fueron los perpetradores del magnicidio frustrado.
Varias agendas que persiguen el mismo fin pero con diferentes métodos están en pleno movimiento contra Venezuela, y lo revelado por este medio internacional lo corrobora. No hay consenso en cuanto a la estrategia a utilizar contra el país, y todos compiten por ver quién impone su ruta como la que debe seguir todo el ecosistema opositor.
Otro dato importante es que Bloomberg no pone en duda la veracidad del magnicidio, por el contrario aporta datos que sustentan la investigación del Gobierno nacional. Si las pruebas presentadas por los cuerpos de seguridad no eran suficientes, esto debería poner punto final a la especulación mediática con respecto a lo ocurrido el 4 de agosto.
Goteras en la FANB: abril de 2002 hasta agosto de 2018
Aunque públicamente no se habla lo suficiente de ello, la FANB es un objetivo permanente para quienes tienen como agenda política atentar contra la seguridad y estabilidad del país.Desde la llegada de Hugo Chávez a Miraflores, factores políticos internos (empresarios, partidos políticos, sectores de la Iglesia católica, etc.) y externos (gobiernos aliados a Washington en la región, empresas transnacionales, etc.) han buscado en los militares una solución rápida al problema que para ellos representa el chavismo. La carta del golpe clásico siempre ha estado sobre la mesa, sólo que nunca han podido materializarla.
En parte por el liderazgo que aún mantiene el Comandante Chávez dentro de la FANB y la lealtad que se ha ganado Nicolás Maduro durante su primer período presidencial. Sin embargo, en 2002 varios militares, la mayoría de la vieja guardia, abiertamente se pronunciaron en contra de Chávez y jugaron un papel relevante dentro del golpe de Estado que sacó al chavismo brevemente del poder.
Uno de los casos más representativos y planificados de la conspiración militar ha sido el de Baduel, quien dio inicio a una nueva ola de alzamientos "por la izquierda" en la institución castrense, tradición continuada más recientemente por el ex ministro Miguel Rodríguez Torres.
La "Operación Constitución", el "Golpe Azul" y otros abortos de cambio de régimen reseñados en este portal, evidencian que la FANB busca ser infiltrada para acompañar una agenda golpista contra el Gobierno venezolano. La misma es insistente y abiertamente promovida por importantes sectores del gobierno de Estados Unidos.
Recordemos el caso Honduras: el ejército secuestró a Manuel Zelaya y lo sacó del país en pijamas, previa orden de una Corte Suprema que le dio legitimidad al golpe. Imposible no hacer el paralelismo con la reciente "sentencia" del parapeto de tribunal que el antichavismo montó en Bogotá, que ordena detener a Maduro y encerrarlo en Ramo Verde.
No es casual que uno de los operadores del golpe contra Zelaya haya declarado que el ejército venezolano es "la única institución capaz de instigar una verdadera transición política en Venezuela". El "modelo Honduras" es el que algunos sectores proponen seguir para el caso venezolano.
Hasta ahora, el DGCIM y demás organismos de inteligencia venezolanos han demostrado una gran efectividad para detectar y neutralizar estos movimientos. Pero el fantasma de la conjura está presente y es algo que no se puede desestimar invocando el mantra de la unión cívico-militar, como tampoco se puede minimizar la importancia que tiene ésta en la estabilidad política del país.
Y es que una de las fortalezas del Estado venezolano frente a la multiforme agresión internacional ha sido precisamente esa unión que Chávez se encargó de reconstruir, borrando las fronteras que artificialmente fueron impuestas entre pueblo y cuerpo castrense. Quebrar esta unidad es uno de los objetivos del Departamento de Estado, y para ello se vale de múltiples recursos que van desde las operaciones psicológicas, como las empleadas contra la Guardia Nacional Bolivariana durante la revolución de color de 2017, hasta la presión vía sanciones a los oficiales del alto mando militar.
Estas sanciones buscarían quebrar lealtades y promover movimientos de sedición dentro de las filas del chavismo. Aunque estas operaciones han logrado tocar a algunas individualidades y causar ruidos dentro de la unidad militar, han fracasado en cuanto a lograr su objetivo final: desplazar al chavismo y lograr el cambio de régimen. Hasta el momento, la unión cívico-militar ha sido una vacuna contra el golpe.
A pocas horas de entrada en vigencia de la reconversión monetaria y una reforma integral de la economía venezolana, en el intento por recuperar un funcionamiento ordenado, el "modelo Honduras" puede ser una de las vías a tentar por parte de los operadores de la guerra contra Venezuela, con el objetivo de evitar la estabilización del país. Esto es lo que subyace en la publicación de Bloomberg y a la naturaleza del intento de magnicidio en sí.
Cierre abierto
La oposición venezolana internamente está desmantelada y sin opciones reales de tomar el poder por la vía legal. Esto hace que la clase política del antichavismo sea presa fácil de la agenda paramilitar, que los utiliza y desecha a conveniencia. Juan Requesens es el ejemplo más reciente de esto, pero también lo son Freddy Guevara y todos los alcaldes y diputados prófugos que bailan al ritmo de un proceso de intervención que los supera y para el cual son totalmente prescindibles.Esto debido a que los planes contra Venezuela se fraguan desde los grandes centros de poder en el extranjero y sus sucursales regionales, no desde lo local. Y una de sus principales sucursales es Bogotá.
Stella Calloni: "La democracia de seguridad nacional es la nueva forma de intervención estadounidense"
Bruno Sgarzini
Julio 29 de 2018, 1:00 pm - MISIÒN VERDAD
Stella
camina con un bastón a sus 83 años por los pasillos del Palacio de
Convenciones de La Habana donde se desarrolla el XXIV Foro de São Paulo.
Entre remolinos de gente, se le acercan personas a saludarla y hablarle
mientras se dirige hacia el sitio asignado en uno de los salones del
Palacio, al Encuentro de la Red de Intelectuales realizado en paralelo a
las actividades del foro.
En este contexto, rodeado de figuras políticas como Manuel Zelaya, Dilma Rousseff y Nicolás Maduro, Misión Verdad entrevistó a una de las investigadoras con más trabajos sobre las estrategias de intervención de Estados Unidos como corresponsal itinerante del diario mexicano La Jornada, entre los que destaca por su precisión y su rigurosidad "Operación Cóndor, un pacto criminal", dedicado a los años más oscuros de las dictaduras militares del Cono Sur.
La lucidez de sus definiciones, además del conocimiento profundo acerca del tema, hace que esta entrevista se convierta en un material de referencia para todo aquel que en el futuro quiera estudiar las nuevas formas de intervención en la región.
Dado que, según la propia Stella, quizás una de las tareas pendientes del mundo intelectual regional sea la de definir el campo de batalla en el que nos enfrentamos.
Desde el año 2014 se da una nueva forma de intervención en los países de la región basada en los jueces, los medios de comunicación y las fuerzas de seguridad, entre otros actores. En este contexto, se da un periodo de golpes de Estado a presidentes como Dilma Rousseff, Fernando Lugo y Manuel Zelaya. ¿Cuándo Estados Unidos reelabora esta estrategia y cómo la lleva a la práctica?
Estimando los conflctos para el año 2000, luego de varios debates internos deciden un cambio en la llamada guerra de baja intensidad,con el viejo esquema de insurgencia, para reemplazar a los militares después del agotamiento de las dictaduras del Cono Sur, regidas por la doctrina de seguridad nacional que establecía a nuestros pueblos y su dirigencia como enemigos internos en el marco de la Guerra Fría.
Con este objetivo, Estados Unidos se centró en infiltrar y controlar los medios de comunicación, los partidos políticos, el poder judicial y las fuerzas policiales de la mayoría de los países de la región con el fin de establecer algo así como "democracias de seguridad nacional" . Además de enfocar su financiamiento a través de fundaciones y Organizaciones No Gubernamentales, como la Fundación Nacional para la Democracia y la Agencia del Departamento de Estado para el Desarrollo Internacional, creadas durante la administración de Ronald Reagan.
Éstas invadieron silenciosamente América Latina en los años 80 y ya para el 2000 se reproducían por miles, preparando el terreno para el proyecto geoestrátegico de Estados Unidos de recolonización de la región.
Se crearon escuelas de justicias y La Academia Internacional Para el Cumplimiento de la Ley en El Salvador con el mismo criterio de captación y formación de funcionarios judiciales y policiales de la famosa Escuela de Las Américas, reconocida por haber adiestrado a los militares que encabezaron las dictaduras del Cono Sur.
Por esto hoy los jueces, fiscales, periodistas y policías son más importantes que los militares, excepto en países como Colombia donde estos aún continúan con un papel preponderante en la política interna con la utlización de paramiliares, armados y entrenados por Israel y Estados Unidos.
Paradójicamente, para esta captación se valen de la corrupción y la vanidad de los profesionales de estos sectores de la sociedad, tal como lo habían previsto en los documentos de Santa Fe elaborados por tanques de pensamiento del fundamentalismo conservador impuesto desde la era Reagan.
¿Cuál te parece uno de los casos más ejemplares de este cambio en la forma de intervenir en la región?
El golpe en Honduras contra el presidente Manuel Zelaya refleja bastante cómo funciona este esquema en la práctica. Ya que cuando el país se les va de las manos, la por entonces secretaria de Estado, Hillary Clinton, nombra como veedor en Honduras a John Negroponte, quien como embajador en ese país durante los 80 estuvo a cargo de la guerra sucia en Centroamérica durante los ochenta y debería estar preso por crímenes de lesa humanidad en Nicaragua, El Salvador y otros países de la región.
Con el conocimiento del empresariado hondureño y los políticos locales, Negroponte rápidamente se encarga de corromper el parlamento y presionarlo para que nombre una Corte Suprema de Justicia favorable a los intereses de Estados Unidos. Hecho esto, los medios generan un clima de opinión contra los supuestos intentos de Zelaya de reelegirse, comprobadamente falsos, para justificar que los militares lo sacaran del poder y lo trasladasen de la base de Estados Unidos en Palmerola, instalada durante la guerra sucia contra el sandinismo, hacia otra ubicada en Costa Rica.
Con este pretexto fue que la Corte Suprema estableció que no había habido un golpe sino una defensa del Estado contra los intentos de Zelaya de violar la constitución hondureña. Episodio que terminó con la elección de Roberto Michelletti como presidente de facto por parte del parlamento.
Un ejemplo claro de cómo actúan los medios, los políticos, la justicia y los militares en este caso.
Hablamos de democracias tuteladas en la que se tiene un control directo de los países a través del manejo de la justicia, los medios de comunicación, empresarios, la policía, y diferentes actores de la sociedad como pueden ser los jóvenes o los grupos indígenas.
En cierto sentido, es como si existiese una dictadura de seguridad nacional pero sin los militares en el poder.
Otro ejemplo claro es el de Colombia, donde formalmente hay elecciones, y un presidente elegido por votos, a pesar de ser una nación manejada por las Fuerzas Armadas, totalmente formadas por Estados Unidos.
Eso también tiene su réplica en planes como el de la Seguridad Democrática de Álvaro Uribe Vélez, donde se reordenó parte del territorio colombiano en función de instalar un sistema de gobierno que permitiese la extracción de recursos naturales sin ningún tipo de oposición local.
Sí, porque en Colombia lo que sucedió con estas "zonas de pacificación" es que, después éstas, quedaron repletas de paramilitares. En realidad lo que hicieron fue utilizar la figura del enemigo interno con las FARC para afinar en estas zonas una estructura de control que luego brindase seguridad a las transnacionales para explotar los recursos naturales de estas zonas.
En cierta forma, lo mismo sucede ahora en la Patagonia con la acusación de terroristas y enemigos internos realizada contra los mapuches por parte de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrrich. Con la intención de justificar la instalación de una base militar de Estados Unidos cerca de Vaca Muerta, uno de los principales reservorios energéticos del país.
En México sucede lo mismo pero con el pretexto de la guerra contra el narcotráfico para firmar la Iniciativa Mérida, similar al Plan Colombia. Así durante el gobierno de Felipe Calderón se introdujo esta falsa guerra contra el narco, que es un asunto de seguridad interna, y con esto se implico a las tres Fuerzas Armadas, la Marina, el Ejército y la Aéronautica, junto al grupo paramilitar Los Zetas en una verdadera guerra contra el pueblo que dejó casi 200 mil muertos y unos 40 mil desaparecidos.
Así, de esta forma, Estados Unidos le presta dinero para que después le compren armas y sus asesores los formen para usarlas en una guerra contra el narcotráfico dirigida por el Pentágono.
Al igual que en Colombia, esta modalidad lo que ha dado como resultado es la limpieza de la población de lugares del norte del país, donde muchas personas huyeron ante la imposibilidad de poder lidiar con los asesinatos y los secuestros.
De esta forma, limpian zonas enteras de la región para reorganizar el territorio en función de la extracción de recursos naturales para el proyecto capitalista de Estados Unidos, hoy necesitado de abrir otros frentes ante el ascenso de China y Rusia.
Es en este contexto donde se ve que en países como Brasil se da una ocupación militar en Río de Janeiro y una condena política a Lula. ¿Hacia dónde va la región?
A un punto donde el Comando Sur afirma que debe haber, paradójicamente, una seguridad democrática en todo el continente. Donde se ve con el modelo mexicano y colombiano que el objetivo es una disolución en la práctica de los Estados-nación. Con la diferencia de que antes buscaban hacerlo con ocupaciones por la fuerza, y ahora apuestan hacerlo de otra manera.
Por eso es necesario sentarnos a pensar con un grupo de trabajo los planes para la región de Estados Unidos, bajo el fin de idear formas para anticiparnos a éstos. Que evaluemos cuáles son las armas que cuenta cada país y crear una verdadera unidad para enfrentarlos.
Ya que Estados Unidos en cierto punto hoy es un gigante con pies de barro debido a su contexto interno. Que se encuentra desesperado porque no hay un manejo sólido de la situación en su establecimiento, que está desesperado por no haber podido controlar completamente ningún país de Medio Oriente en las últimas décadas, pese a haber ocupado Irak, Afganistán, y haberlo intentado en Siria con mercenarios de 80 países.
Al emerger, además, China y Rusia y cambiar el panorama actual, Estados Unidos trata de venir con todo sobre nuestra región.
En este contexto, debemos salir de algunas posiciones dogmáticas, proponernos un trabajo de masas en serio, como el que se hizo en Venezuela, para superar los límites impuestos por proyectos como el de Estados Unidos, que en países como Argentina no pudimos pasar por solo hacer trabajo en estructuras medias y altas.
Sobre todo si entendemos que hay una crisis que abre una oportunidad para salir de estos planes si se unifican criterios. Ante esta encrucijada en la que estamos tanto los de arriba como los de abajo. Nuestra elección hoy se plantea entre recolonización o independencia.
Algunas respuestas de esta entrevista fueron ampliadas por pedido de Stella Calloni para mejor entendimiento de los lectores sobre el tema.
En este contexto, rodeado de figuras políticas como Manuel Zelaya, Dilma Rousseff y Nicolás Maduro, Misión Verdad entrevistó a una de las investigadoras con más trabajos sobre las estrategias de intervención de Estados Unidos como corresponsal itinerante del diario mexicano La Jornada, entre los que destaca por su precisión y su rigurosidad "Operación Cóndor, un pacto criminal", dedicado a los años más oscuros de las dictaduras militares del Cono Sur.
La lucidez de sus definiciones, además del conocimiento profundo acerca del tema, hace que esta entrevista se convierta en un material de referencia para todo aquel que en el futuro quiera estudiar las nuevas formas de intervención en la región.
Dado que, según la propia Stella, quizás una de las tareas pendientes del mundo intelectual regional sea la de definir el campo de batalla en el que nos enfrentamos.
Desde el año 2014 se da una nueva forma de intervención en los países de la región basada en los jueces, los medios de comunicación y las fuerzas de seguridad, entre otros actores. En este contexto, se da un periodo de golpes de Estado a presidentes como Dilma Rousseff, Fernando Lugo y Manuel Zelaya. ¿Cuándo Estados Unidos reelabora esta estrategia y cómo la lleva a la práctica?
Estimando los conflctos para el año 2000, luego de varios debates internos deciden un cambio en la llamada guerra de baja intensidad,con el viejo esquema de insurgencia, para reemplazar a los militares después del agotamiento de las dictaduras del Cono Sur, regidas por la doctrina de seguridad nacional que establecía a nuestros pueblos y su dirigencia como enemigos internos en el marco de la Guerra Fría.
Con este objetivo, Estados Unidos se centró en infiltrar y controlar los medios de comunicación, los partidos políticos, el poder judicial y las fuerzas policiales de la mayoría de los países de la región con el fin de establecer algo así como "democracias de seguridad nacional" . Además de enfocar su financiamiento a través de fundaciones y Organizaciones No Gubernamentales, como la Fundación Nacional para la Democracia y la Agencia del Departamento de Estado para el Desarrollo Internacional, creadas durante la administración de Ronald Reagan.
Éstas invadieron silenciosamente América Latina en los años 80 y ya para el 2000 se reproducían por miles, preparando el terreno para el proyecto geoestrátegico de Estados Unidos de recolonización de la región.
Se crearon escuelas de justicias y La Academia Internacional Para el Cumplimiento de la Ley en El Salvador con el mismo criterio de captación y formación de funcionarios judiciales y policiales de la famosa Escuela de Las Américas, reconocida por haber adiestrado a los militares que encabezaron las dictaduras del Cono Sur.
Por esto hoy los jueces, fiscales, periodistas y policías son más importantes que los militares, excepto en países como Colombia donde estos aún continúan con un papel preponderante en la política interna con la utlización de paramiliares, armados y entrenados por Israel y Estados Unidos.
Paradójicamente, para esta captación se valen de la corrupción y la vanidad de los profesionales de estos sectores de la sociedad, tal como lo habían previsto en los documentos de Santa Fe elaborados por tanques de pensamiento del fundamentalismo conservador impuesto desde la era Reagan.
¿Cuál te parece uno de los casos más ejemplares de este cambio en la forma de intervenir en la región?
El golpe en Honduras contra el presidente Manuel Zelaya refleja bastante cómo funciona este esquema en la práctica. Ya que cuando el país se les va de las manos, la por entonces secretaria de Estado, Hillary Clinton, nombra como veedor en Honduras a John Negroponte, quien como embajador en ese país durante los 80 estuvo a cargo de la guerra sucia en Centroamérica durante los ochenta y debería estar preso por crímenes de lesa humanidad en Nicaragua, El Salvador y otros países de la región.
Con el conocimiento del empresariado hondureño y los políticos locales, Negroponte rápidamente se encarga de corromper el parlamento y presionarlo para que nombre una Corte Suprema de Justicia favorable a los intereses de Estados Unidos. Hecho esto, los medios generan un clima de opinión contra los supuestos intentos de Zelaya de reelegirse, comprobadamente falsos, para justificar que los militares lo sacaran del poder y lo trasladasen de la base de Estados Unidos en Palmerola, instalada durante la guerra sucia contra el sandinismo, hacia otra ubicada en Costa Rica.
Con este pretexto fue que la Corte Suprema estableció que no había habido un golpe sino una defensa del Estado contra los intentos de Zelaya de violar la constitución hondureña. Episodio que terminó con la elección de Roberto Michelletti como presidente de facto por parte del parlamento.
Un ejemplo claro de cómo actúan los medios, los políticos, la justicia y los militares en este caso.
Hablamos de democracias tuteladas en la que se tiene un control directo de los países a través del manejo de la justicia, los medios de comunicación, empresarios, la policía, y diferentes actores de la sociedad como pueden ser los jóvenes o los grupos indígenas.
En cierto sentido, es como si existiese una dictadura de seguridad nacional pero sin los militares en el poder.
Otro ejemplo claro es el de Colombia, donde formalmente hay elecciones, y un presidente elegido por votos, a pesar de ser una nación manejada por las Fuerzas Armadas, totalmente formadas por Estados Unidos.
Eso también tiene su réplica en planes como el de la Seguridad Democrática de Álvaro Uribe Vélez, donde se reordenó parte del territorio colombiano en función de instalar un sistema de gobierno que permitiese la extracción de recursos naturales sin ningún tipo de oposición local.
Sí, porque en Colombia lo que sucedió con estas "zonas de pacificación" es que, después éstas, quedaron repletas de paramilitares. En realidad lo que hicieron fue utilizar la figura del enemigo interno con las FARC para afinar en estas zonas una estructura de control que luego brindase seguridad a las transnacionales para explotar los recursos naturales de estas zonas.
En cierta forma, lo mismo sucede ahora en la Patagonia con la acusación de terroristas y enemigos internos realizada contra los mapuches por parte de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrrich. Con la intención de justificar la instalación de una base militar de Estados Unidos cerca de Vaca Muerta, uno de los principales reservorios energéticos del país.
En México sucede lo mismo pero con el pretexto de la guerra contra el narcotráfico para firmar la Iniciativa Mérida, similar al Plan Colombia. Así durante el gobierno de Felipe Calderón se introdujo esta falsa guerra contra el narco, que es un asunto de seguridad interna, y con esto se implico a las tres Fuerzas Armadas, la Marina, el Ejército y la Aéronautica, junto al grupo paramilitar Los Zetas en una verdadera guerra contra el pueblo que dejó casi 200 mil muertos y unos 40 mil desaparecidos.
Así, de esta forma, Estados Unidos le presta dinero para que después le compren armas y sus asesores los formen para usarlas en una guerra contra el narcotráfico dirigida por el Pentágono.
Al igual que en Colombia, esta modalidad lo que ha dado como resultado es la limpieza de la población de lugares del norte del país, donde muchas personas huyeron ante la imposibilidad de poder lidiar con los asesinatos y los secuestros.
De esta forma, limpian zonas enteras de la región para reorganizar el territorio en función de la extracción de recursos naturales para el proyecto capitalista de Estados Unidos, hoy necesitado de abrir otros frentes ante el ascenso de China y Rusia.
Es en este contexto donde se ve que en países como Brasil se da una ocupación militar en Río de Janeiro y una condena política a Lula. ¿Hacia dónde va la región?
A un punto donde el Comando Sur afirma que debe haber, paradójicamente, una seguridad democrática en todo el continente. Donde se ve con el modelo mexicano y colombiano que el objetivo es una disolución en la práctica de los Estados-nación. Con la diferencia de que antes buscaban hacerlo con ocupaciones por la fuerza, y ahora apuestan hacerlo de otra manera.
Por eso es necesario sentarnos a pensar con un grupo de trabajo los planes para la región de Estados Unidos, bajo el fin de idear formas para anticiparnos a éstos. Que evaluemos cuáles son las armas que cuenta cada país y crear una verdadera unidad para enfrentarlos.
Ya que Estados Unidos en cierto punto hoy es un gigante con pies de barro debido a su contexto interno. Que se encuentra desesperado porque no hay un manejo sólido de la situación en su establecimiento, que está desesperado por no haber podido controlar completamente ningún país de Medio Oriente en las últimas décadas, pese a haber ocupado Irak, Afganistán, y haberlo intentado en Siria con mercenarios de 80 países.
Al emerger, además, China y Rusia y cambiar el panorama actual, Estados Unidos trata de venir con todo sobre nuestra región.
En este contexto, debemos salir de algunas posiciones dogmáticas, proponernos un trabajo de masas en serio, como el que se hizo en Venezuela, para superar los límites impuestos por proyectos como el de Estados Unidos, que en países como Argentina no pudimos pasar por solo hacer trabajo en estructuras medias y altas.
Sobre todo si entendemos que hay una crisis que abre una oportunidad para salir de estos planes si se unifican criterios. Ante esta encrucijada en la que estamos tanto los de arriba como los de abajo. Nuestra elección hoy se plantea entre recolonización o independencia.
Algunas respuestas de esta entrevista fueron ampliadas por pedido de Stella Calloni para mejor entendimiento de los lectores sobre el tema.
Colonialismo 2.0 en América Latina y el Caribe: ¿qué hacer?
Rosa Miriam Elizalde
Muy tempranamente, el antropólogo brasileño Darcy Ribeiro
alertó que, de la mano de una tecnología revolucionaria, "hay una
verdadera colonización en curso. Norteamérica está cumpliendo su papel
con enorme eficacia en el sentido de buscar complementariedades que nos
harán dependientes permanentemente de ellos".
Agosto 13 de 2018, 1:10 pm - MISIÒN VERDAD
Desde
que Internet se convirtió en el sistema nervioso central de la
economía, la investigación, la información y la política, las fronteras
estadounidenses extendieron sus límites a toda la geografía planetaria.
Sólo Estados Unidos y sus empresas son soberanos, no existe
Estado-nación que pueda remodelar la red por sí solo ni frenar el
colonialismo 2.0, aun cuando ejecute normativas locales de protección
antimonopólicas e impecables políticas de sostenibilidad en el orden
social, ecológico, económico y tecnológico. Todavía menos puede
construir una alternativa viable desconectado de la llamada "sociedad
informacional".
Muy tempranamente, el antropólogo brasileño Darcy Ribeiro alertó que, de la mano de una tecnología revolucionaria, "hay una verdadera colonización en curso. Norteamérica está cumpliendo su papel con enorme eficacia en el sentido de buscar complementariedades que nos harán dependientes permanentemente de ellos". Y añadió: "Viendo esta nueva civilización y todas sus amenazas, tengo temor de que otra vez seamos pueblos que no cuajen, pueblos que a pesar de todas sus potencialidades se queden como pueblos de segunda".
Tal escenario está encadenado con un programa para América Latina y el Caribe de control de los contenidos y de los entornos de participación de la ciudadanía que se ha ejecutado con total impunidad, sin que la izquierda le haya prestado la más mínima atención. En 2011, el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos aprobó lo que en algunos círculos académicos se conoce como operación de "conectividad efectiva": plan declarado en un documento público del Congreso estadounidense para "expandir" los nuevos medios sociales en el continente, enfocados en la promoción de los intereses norteamericanos en la región.
El documento explica cuál es el interés en las llamadas redes sociales del continente: "Con más del 50% de la población del mundo menor de 30 años de edad, los nuevos medios sociales y las tecnologías asociadas, que son tan populares dentro de este grupo demográfico, seguirán revolucionando las comunicaciones en el futuro. Los medios sociales y los incentivos tecnológicos en América Latina sobre la base de las realidades políticas, económicas y sociales serán cruciales para el éxito de los esfuerzos gubernamentales de Estados Unidos en la región".
Resume también la visita de una comisión de expertos a varios países de América Latina para conocer in situ las políticas y financiamientos en esta área y concluye con recomendaciones específicas para cada uno de nuestros países, que implican "aumentar la conectividad y reducir al mínimo los riesgos críticos para Estados Unidos", gobierno líder en la inversión de infraestructura. "El número de usuarios de los medios sociales se incrementa exponencialmente y como la novedad se convierte en la norma, las posibilidades de influir en el discurso político y la política en el futuro están ahí", señala.
¿Qué hay detrás de este modelo de "conectividad efectiva" para América Latina? La visión instrumental del ser humano, susceptible a ser dominado por las tecnologías digitales; la certeza de que en ningún caso las llamadas plataformas sociales son un servicio neutral que explotan un servicio genérico; se fundan en cimientos tecnológicos e ideológicos y son sistemas institucionalizados y automatizados que inevitablemente diseñan y manipulan las conexiones.
Lo que calcula el gobierno norteamericano con su "operación" es la posibilidad de que esas herramientas creen una simulación de base y derrumben sistemas políticos que no les resulten "convenientes". ¿Qué parte ha operado desde las redes sociales en la situación que viven hoy Venezuela y Nicaragua, y antes vimos en Bolivia, Brasil, Ecuador y Argentina?
Este poder da a los propietarios una enorme ventaja sobre los usuarios en la batalla por el control de la información. Cambridge Analytica, rama londinense de una empresa contratista estadounidense dedicada a operaciones militares en red activa desde hace un cuarto de siglo, intervino en unas 200 elecciones en medio mundo. El modus operandi era el de las "operaciones psicológicas"; su objetivo: hacer cambiar la opinión de la gente e influirla, no mediante la persuasión, sino a través del "dominio informativo". La novedad no es el uso de volantes, Radio Europa Libre o TV Martí, sino el Big Data y la inteligencia artificial para encerrar a cada ciudadano que deja rastros en la red en una burbuja observable, parametrizada y previsible.
Cambridge Analytica se involucró en procesos electorales contra los líderes de la izquierda en Argentina, Colombia, Brasil y México. En Argentina, por ejemplo, participaron en la campaña de Mauricio Macri en 2015, creando perfiles sicológicos detallados e identificando a personas permeables a los cambios de opinión para influir a través de noticias falsas y selección parcial de la información. Apenas accedió al poder, Macri aprobó un decreto que le permitió quedarse con las bases de datos de los organismos oficiales para utilizarlos en campañas a su favor, uno más entre otros tantos con los que cercenó la base jurídica e institucional de la comunicación forjada en los gobiernos de izquierda en Argentina.
En América Latina y el Caribe, la política se ha convertido en tecnopolítica, su variante más cínica. El propio Alexander Nix, CEO de Cambridge Analytica, se enorgullecía ante sus clientes de que para convencer "no importa la verdad, hace falta que lo que se diga sea creíble", y subrayaba un hecho empírico incuestionable: el descrédito de la publicidad comercial masiva es directamente proporcional al aumento de la publicidad en los medios sociales, altamente personalizada y brutalmente efectiva.
Quienes revisen la página de los socios de Facebook (Facebook Marketing Partners) descubrirán cientos de empresas que se dedican a comprar y vender datos, e intercambiarlos con la compañía del pulgar azul. Algunas, incluso, se han especializado en áreas geográficas o países, como Cisneros Interative (del Grupo Cisneros, que participó en el golpe de Estado contra el presidente Chávez en 2002), revendedor de Facebook que ya controla el mercado de la publicidad digital en 17 países de la región.
No se ha logrado concretar en la región un canal propio de fibra óptica, un sueño de la Unasur. No existe una estrategia sistémica ni un marco jurídico homogéneo y fiable que minimice el control norteamericano, asegure que el tráfico de la red se intercambie entre países vecinos, fomente el uso de tecnologías que garanticen la confidencialidad de las comunicaciones, preserve los recursos humanos en la región y suprima los obstáculos a la comercialización de los instrumentos, contenidos y servicios digitales producidos en nuestro patio.
Tampoco se ha avanzado en una agenda comunicacional común, supranacional, ni espacios donde se concrete. Necesitamos redes de observatorios que, además de ofrecer indicadores básicos y alertas sobre la colonización de nuestro espacio digital, permitan recuperar y socializar las buenas prácticas de uso de estas tecnologías y las acciones de resistencia en la región, a partir de la comprensión de que el éxito o el fracaso frente a estas nuevas desigualdades depende de decisiones políticas.
Ningún país del Sur por sí solo (y mucho menos una organización aislada) puede encontrar recursos para desafiar el poder de la derecha que se moviliza a la velocidad de un clic.
Aquel debate sobre apocalípticos e integrados a la cultura de masas ha sido trascendido hace rato. Ese mundo estable que describía Umberto Eco ya no existe. Hay varias salidas en el horizonte y una puede ser aquel en el que lleguemos a crear nuestras propias herramientas liberadoras, pero la búsqueda y construcción de alternativas no es solo un problema tecnocientífico: depende sobre todo del "actuar colectivo" a corto y mediano plazo, con perspectivas tácticas y estratégicas en la comunicación cara a cara y virtual que faciliten el cambio de las relaciones sociales y los entramados técnicos a favor de nuestros pueblos. Hagámoslo, porque no tenemos mucho tiempo.
Publicado originalmente en el sitio web de Granma.
Muy tempranamente, el antropólogo brasileño Darcy Ribeiro alertó que, de la mano de una tecnología revolucionaria, "hay una verdadera colonización en curso. Norteamérica está cumpliendo su papel con enorme eficacia en el sentido de buscar complementariedades que nos harán dependientes permanentemente de ellos". Y añadió: "Viendo esta nueva civilización y todas sus amenazas, tengo temor de que otra vez seamos pueblos que no cuajen, pueblos que a pesar de todas sus potencialidades se queden como pueblos de segunda".
Tal escenario está encadenado con un programa para América Latina y el Caribe de control de los contenidos y de los entornos de participación de la ciudadanía que se ha ejecutado con total impunidad, sin que la izquierda le haya prestado la más mínima atención. En 2011, el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos aprobó lo que en algunos círculos académicos se conoce como operación de "conectividad efectiva": plan declarado en un documento público del Congreso estadounidense para "expandir" los nuevos medios sociales en el continente, enfocados en la promoción de los intereses norteamericanos en la región.
El documento explica cuál es el interés en las llamadas redes sociales del continente: "Con más del 50% de la población del mundo menor de 30 años de edad, los nuevos medios sociales y las tecnologías asociadas, que son tan populares dentro de este grupo demográfico, seguirán revolucionando las comunicaciones en el futuro. Los medios sociales y los incentivos tecnológicos en América Latina sobre la base de las realidades políticas, económicas y sociales serán cruciales para el éxito de los esfuerzos gubernamentales de Estados Unidos en la región".
Resume también la visita de una comisión de expertos a varios países de América Latina para conocer in situ las políticas y financiamientos en esta área y concluye con recomendaciones específicas para cada uno de nuestros países, que implican "aumentar la conectividad y reducir al mínimo los riesgos críticos para Estados Unidos", gobierno líder en la inversión de infraestructura. "El número de usuarios de los medios sociales se incrementa exponencialmente y como la novedad se convierte en la norma, las posibilidades de influir en el discurso político y la política en el futuro están ahí", señala.
¿Qué hay detrás de este modelo de "conectividad efectiva" para América Latina? La visión instrumental del ser humano, susceptible a ser dominado por las tecnologías digitales; la certeza de que en ningún caso las llamadas plataformas sociales son un servicio neutral que explotan un servicio genérico; se fundan en cimientos tecnológicos e ideológicos y son sistemas institucionalizados y automatizados que inevitablemente diseñan y manipulan las conexiones.
Lo que calcula el gobierno norteamericano con su "operación" es la posibilidad de que esas herramientas creen una simulación de base y derrumben sistemas políticos que no les resulten "convenientes". ¿Qué parte ha operado desde las redes sociales en la situación que viven hoy Venezuela y Nicaragua, y antes vimos en Bolivia, Brasil, Ecuador y Argentina?
Cuando la política es tecno-política
Sólo las grandes empresas tienen la capacidad de cómputo para procesar las colosales cantidades de datos que dejamos en las redes sociales, en cada clic en los buscadores, los móviles, las tarjetas magnéticas, los chats y correos electrónicos. La sumatoria de trazas y el procesamiento de datos les permite crear valor. Cuantas más conexiones, más capital social. Pero los intereses fundamentales de la apertura de los datos y de la invitación a "compartir", a dar un "me gusta" o "no me gusta", a "retuitear", etc., no son los de los usuarios, sino los de las corporaciones.Este poder da a los propietarios una enorme ventaja sobre los usuarios en la batalla por el control de la información. Cambridge Analytica, rama londinense de una empresa contratista estadounidense dedicada a operaciones militares en red activa desde hace un cuarto de siglo, intervino en unas 200 elecciones en medio mundo. El modus operandi era el de las "operaciones psicológicas"; su objetivo: hacer cambiar la opinión de la gente e influirla, no mediante la persuasión, sino a través del "dominio informativo". La novedad no es el uso de volantes, Radio Europa Libre o TV Martí, sino el Big Data y la inteligencia artificial para encerrar a cada ciudadano que deja rastros en la red en una burbuja observable, parametrizada y previsible.
Cambridge Analytica se involucró en procesos electorales contra los líderes de la izquierda en Argentina, Colombia, Brasil y México. En Argentina, por ejemplo, participaron en la campaña de Mauricio Macri en 2015, creando perfiles sicológicos detallados e identificando a personas permeables a los cambios de opinión para influir a través de noticias falsas y selección parcial de la información. Apenas accedió al poder, Macri aprobó un decreto que le permitió quedarse con las bases de datos de los organismos oficiales para utilizarlos en campañas a su favor, uno más entre otros tantos con los que cercenó la base jurídica e institucional de la comunicación forjada en los gobiernos de izquierda en Argentina.
En América Latina y el Caribe, la política se ha convertido en tecnopolítica, su variante más cínica. El propio Alexander Nix, CEO de Cambridge Analytica, se enorgullecía ante sus clientes de que para convencer "no importa la verdad, hace falta que lo que se diga sea creíble", y subrayaba un hecho empírico incuestionable: el descrédito de la publicidad comercial masiva es directamente proporcional al aumento de la publicidad en los medios sociales, altamente personalizada y brutalmente efectiva.
Quienes revisen la página de los socios de Facebook (Facebook Marketing Partners) descubrirán cientos de empresas que se dedican a comprar y vender datos, e intercambiarlos con la compañía del pulgar azul. Algunas, incluso, se han especializado en áreas geográficas o países, como Cisneros Interative (del Grupo Cisneros, que participó en el golpe de Estado contra el presidente Chávez en 2002), revendedor de Facebook que ya controla el mercado de la publicidad digital en 17 países de la región.
¿Qué hacer?
Estos temas todavía están lejos de los debates profesionales y de los programas de los movimientos progresistas del continente. Sobran los discursos satanizadores o hipnotizados que nos describen la nueva civilización tecnológica, pero faltan estrategias y programas que nos permitan generar líneas de acción para construir un modelo verdaderamente soberano de la información y la comunicación y apropiarnos de las llamadas nuevas tecnologías.No se ha logrado concretar en la región un canal propio de fibra óptica, un sueño de la Unasur. No existe una estrategia sistémica ni un marco jurídico homogéneo y fiable que minimice el control norteamericano, asegure que el tráfico de la red se intercambie entre países vecinos, fomente el uso de tecnologías que garanticen la confidencialidad de las comunicaciones, preserve los recursos humanos en la región y suprima los obstáculos a la comercialización de los instrumentos, contenidos y servicios digitales producidos en nuestro patio.
Tampoco se ha avanzado en una agenda comunicacional común, supranacional, ni espacios donde se concrete. Necesitamos redes de observatorios que, además de ofrecer indicadores básicos y alertas sobre la colonización de nuestro espacio digital, permitan recuperar y socializar las buenas prácticas de uso de estas tecnologías y las acciones de resistencia en la región, a partir de la comprensión de que el éxito o el fracaso frente a estas nuevas desigualdades depende de decisiones políticas.
Ningún país del Sur por sí solo (y mucho menos una organización aislada) puede encontrar recursos para desafiar el poder de la derecha que se moviliza a la velocidad de un clic.
Aquel debate sobre apocalípticos e integrados a la cultura de masas ha sido trascendido hace rato. Ese mundo estable que describía Umberto Eco ya no existe. Hay varias salidas en el horizonte y una puede ser aquel en el que lleguemos a crear nuestras propias herramientas liberadoras, pero la búsqueda y construcción de alternativas no es solo un problema tecnocientífico: depende sobre todo del "actuar colectivo" a corto y mediano plazo, con perspectivas tácticas y estratégicas en la comunicación cara a cara y virtual que faciliten el cambio de las relaciones sociales y los entramados técnicos a favor de nuestros pueblos. Hagámoslo, porque no tenemos mucho tiempo.
Publicado originalmente en el sitio web de Granma.
La huella invisible de la restauración conservadora en América Latina
Dos
presidentes no electos: Temer en Brasil y Vizcarra en Perú. Una
vicepresidenta no electa en Ecuador. Persecución política-judicial
contra dos ex presidentes, Rafael Correa y Cristina Fernández de
Kirchner, en Ecuador y Argentina. Lula metido en la cárcel injustamente
para evitar que sea el próximo presidente de Brasil. Intento de atentado
contra Maduro en Venezuela para matarlo en pleno acto público. Planean
abiertamente terminar con UNASUR. Las giras de los altos funcionarios de
Estados Unidos cada vez son más bienvenidas por algunos gobernantes
latinoamericanos.
Estos son algunos de los acontecimientos políticos más emblemáticos que caracterizan la nueva fase de la ofensiva conservadora en la región que viene produciéndose en estos últimos años. Aunque estos hechos no son del todo novedosos, lo verdaderamente distintivo es la intensidad de la arremetida. Desde que la correlación de fuerzas políticas en la región es cada vez menos favorable al campo conservador, se fueron aplicando métodos no democráticos para ganar el terreno que se iba perdiendo por la vía electoral. Nadie olvida en Paraguay y Honduras la destitución golpista a presidentes electos, al igual que ocurriera con Dilma en Brasil. O el intento de acabar con la revolución venezolana por cielo, mar y tierra. O el golpe contra Correa para sacarlo del poder. O la desestabilización permanente contra Evo Morales y la Asamblea Constituyente en Bolivia.
Todos estos hechos ponen de manifiesto que desde el inicio se actuó así en aras de interrumpir un ciclo progresista que venía ampliándose. Pero ahora, aprovechando el propio desgaste de los gobiernos que llevan muchos años en la gestión, más una restricción económica externa que aprieta hasta la asfixia, la restauración conservadora ha decidido pisar el acelerador llevándose por encima a quién sea y cómo sea. Se dieron cuenta que el poder comunicacional y el económico, por muy potentes que fuesen, eran insuficientes para la tarea destituyente y, entonces, tuvieron que retomar en algunos casos el poder militar, así como el poder judicial, en los casos que pudieron hacerlo.
De esta forma, además del objetivo en sí (alterar el orden democrático en lo coyuntural para lograr capacidad de mando), procuran normalizar aquello que no es normal, a partir de una estrategia de insistencia y repetición, orquestada desde casi todos los poderes facticos, incluido eso que llaman “comunidad internacional” que, si no la tiene a favor, se inventa (como es el Grupo de Lima, para el caso venezolano). He aquí la huella conservadora de mayor calado en términos estructurales: conseguir que se naturalicen prácticas que hace pocos años eran rechazadas, mayoritariamente, por la ciudadanía. Y, seguidamente, lograr imponer una suerte de retorno del mito del “no hay alternativa”, que también pudiera permear entre la gente, incluso entre alguna dirigencia política del campo progresista.
Son cuestiones éstas que van más allá del ahora, y que la restauración conservadora está planificando hacia delante, de cara a construir un campo mucho más fértil para poder ganar elecciones sin necesidad de tener que regresar a estos instrumentos tan rudimentarios. El objetivo de mediano plazo es arrebatar cualquier atisbo de esperanza, creando un clima de resignación y sacrificio; demostrando que si lo intentas y lo logras luego acabarás perseguido o en la cárcel; y que lo mejor es volver al “no te metas en política”. De ahí deriva la estrategia, a veces comprada incluso por parte del bloque progresista, de inducirnos a la supremacía de algunos “estados de moda”: la no confrontación, la despolitización, la lógica aspiracional, la clase media, los valores posmateriales, etc. Nadie puede negar que todo ello existe, pero el riesgo reside en que sean resignificados, como la restauración conservadora pretende.
Y esta es seguramente la nueva dimensión, a veces invisible, que gravita en la gran disputa de América Latina para los próximos años.
Estos son algunos de los acontecimientos políticos más emblemáticos que caracterizan la nueva fase de la ofensiva conservadora en la región que viene produciéndose en estos últimos años. Aunque estos hechos no son del todo novedosos, lo verdaderamente distintivo es la intensidad de la arremetida. Desde que la correlación de fuerzas políticas en la región es cada vez menos favorable al campo conservador, se fueron aplicando métodos no democráticos para ganar el terreno que se iba perdiendo por la vía electoral. Nadie olvida en Paraguay y Honduras la destitución golpista a presidentes electos, al igual que ocurriera con Dilma en Brasil. O el intento de acabar con la revolución venezolana por cielo, mar y tierra. O el golpe contra Correa para sacarlo del poder. O la desestabilización permanente contra Evo Morales y la Asamblea Constituyente en Bolivia.
Todos estos hechos ponen de manifiesto que desde el inicio se actuó así en aras de interrumpir un ciclo progresista que venía ampliándose. Pero ahora, aprovechando el propio desgaste de los gobiernos que llevan muchos años en la gestión, más una restricción económica externa que aprieta hasta la asfixia, la restauración conservadora ha decidido pisar el acelerador llevándose por encima a quién sea y cómo sea. Se dieron cuenta que el poder comunicacional y el económico, por muy potentes que fuesen, eran insuficientes para la tarea destituyente y, entonces, tuvieron que retomar en algunos casos el poder militar, así como el poder judicial, en los casos que pudieron hacerlo.
De esta forma, además del objetivo en sí (alterar el orden democrático en lo coyuntural para lograr capacidad de mando), procuran normalizar aquello que no es normal, a partir de una estrategia de insistencia y repetición, orquestada desde casi todos los poderes facticos, incluido eso que llaman “comunidad internacional” que, si no la tiene a favor, se inventa (como es el Grupo de Lima, para el caso venezolano). He aquí la huella conservadora de mayor calado en términos estructurales: conseguir que se naturalicen prácticas que hace pocos años eran rechazadas, mayoritariamente, por la ciudadanía. Y, seguidamente, lograr imponer una suerte de retorno del mito del “no hay alternativa”, que también pudiera permear entre la gente, incluso entre alguna dirigencia política del campo progresista.
Son cuestiones éstas que van más allá del ahora, y que la restauración conservadora está planificando hacia delante, de cara a construir un campo mucho más fértil para poder ganar elecciones sin necesidad de tener que regresar a estos instrumentos tan rudimentarios. El objetivo de mediano plazo es arrebatar cualquier atisbo de esperanza, creando un clima de resignación y sacrificio; demostrando que si lo intentas y lo logras luego acabarás perseguido o en la cárcel; y que lo mejor es volver al “no te metas en política”. De ahí deriva la estrategia, a veces comprada incluso por parte del bloque progresista, de inducirnos a la supremacía de algunos “estados de moda”: la no confrontación, la despolitización, la lógica aspiracional, la clase media, los valores posmateriales, etc. Nadie puede negar que todo ello existe, pero el riesgo reside en que sean resignificados, como la restauración conservadora pretende.
Y esta es seguramente la nueva dimensión, a veces invisible, que gravita en la gran disputa de América Latina para los próximos años.
¿Enfrentar la guerra de quinta generación con arcos y flechas?
Por:
Aram Aharonian
| CUBADEBATE
Alrededor del mundo, una inmensa gama de organismos gubernamentales y partidos políticos están explotando las plataformas y redes sociales para difundir desinformación y noticias basura, ejercer la censura y el control y socavar la confianza en la ciencia, los medios de comunicación y las instituciones públicas.
El consumo de noticias es cada vez más digital, y la inteligencia artificial, el análisis de la Big Data (que permite a la información interpretarse a sí misma y adelantarse a nuestras intenciones) y los algoritmos de la “caja negra” son utilizados para poner a prueba la verdad y la confianza, las piedras angulares de la llamada sociedad democrática occidental.
Son muy pocos los dueños de la infraestructura que permite el uso de la Internet en todo el mundo, y también los servicios que sobre ella se brindan. La propiedad de los cables de fibra subacuáticos, las empresas que se alojan y controlan el NAP de las Américas, los grandes centros de datos como Google, Facebook, Amazon o los llamados “servicios en la nube” como Google Drive, Amazon, Apple Store, OneDrive, veremos que son corporaciones trasnacionales, en su mayoría con capitales estadounidenses.
Hoy, de las seis principales firmas que cotizan en bolsa, cinco de ellas son del rubro de las TIC: Apple, Google, Microsoft, Amazon y Facebook.
Campo popular: Aggiornar la lucha
Es que el mundo cambia constantemente, muchas veces al ritmo de la tecnología y pareciera que a la izquierda, a los movimientos y medios populares de comunicación, nos empujan a pelear en campos de batalla equivocados o ya perimidos, enarbolando consignas que no tienen correlato con este mundo nuevo.Mientras, las corporaciones mediáticas hegemónicas desarrollan sus estrategias, tácticas y ofensivas en nuevos campos de batalla donde se pelea con nuevas armas, donde la realidad no importa, en lo que quizá ya ni se trata de la guerra de cuarta generación, la que ataca a la percepción y sentimientos y no al raciocinio, sino a una guerra de quinta generación, donde los ataques son masivos e inmediatos por parte de megaempresas trasnacionales, que venden sus “productos” (como el espionaje) a los Estados.
Hoy debiéramos estar más atentos a la integración vertical de los proveedores de los servicios de comunicación con compañía que producen contenidos, la llegada de los contenidos directamente a los dispositivos móviles, a la trasnacionalización de la comunicación, convirtiendo a la información en campañas de terrorismo mediático… mientras apenas denunciamos lo fácil que está siendo convertir a la democracia en una dictadura manejada por las grandes corporaciones
Debiéramos estar atentos a los temas de vigilancia, manipulación, transparencia y gobernanza de Internet, al video como formato a reinar en los próximos años, estar atentos al hecho de que los mismos televisores se van convirtiendo en una pantalla más a donde llegan los contenidos manipulados por las grandes corporaciones.
Pero desde el campo popular seguimos reclamando la democratización de la comunicación y la información, creyendo que una distribución equitativa de las frecuencias de radio y televisión entre los sectores público, comercial y popular puede significar el fin de la concentración mediática. Estamos peleando guerras que ya no existen, cuando el campo de batalla está en Internet, en el Big Data, en los algoritmos, en la inteligencia artificial.
Cansa la insistencia discursiva anclada en el pasado y con una agenda diseñada en países centrales, que no incluyen nuestras realidades. Se insiste en una necesaria renovación de la izquierda, en la necesaria búsqueda de nuevos caminos -en las catarsis colectivas de seminarios, foros, reuniones, conciliábulos, escritos-, pero no se buscan soluciones específicas al aislamiento y endogamia de nuestros sitios populares, alternativos a los mensajes hegemónicos, comunitarios, populares.
Estos temas no están en la agenda de los movimientos, de los partidos ni de los gobiernos (incluso los progresistas), más preocupados por seguir con la satanización de las nuevas tecnologías, por la denunciología, que en definir estrategias y líneas de acción. Hoy los gobiernos de la restauración conservadora disparan contra Unasur, que en su momento de auge no pudo concretar un canal propio de fibra óptica, que al menos le hiciera cosquillas al control de las megacorporaciones.
Hoy, el escenario digital puede convertirse en una vía para la reconexión del progresismo con sus bases, y en particular con los jóvenes, que es como decir con el futuro. Pero, no se ha avanzado en una agenda comunicacional común, pero tampoco en temas estratégicos para el futuro de la soberanía tecnológica, como la gobernanza de Internet, el copyright, la innovación, el desarrollo de nuestras industrias culturales.
Se habla de nuevos caminos, pero pocos parecen dispuestos a transitarlos, porque seguramente afectan su identidad, su memoria y su vida. Se insiste en denunciar la desinformación, la información basura, el terrorismo mediático (tenemos doctorados en denunciología), pero no nos preparamos para aprender a usar las nuevas herramientas, las nuevas armas de una guerra cultural ciberespacial. Quizá el problema no sea formular, sino tener oídos dispuestos a intentar, dice el humanista Javier Tolcachier.
Cada sitio de medios y/u organizaciones sociales dirige sus mensajes a una masa crítica acotada, a los que ya están convencidos de su mensaje, en una gimnasia endogámica, sin definir una agenda propia, latinoamericanista, en defensa de los derechos humanos y de los trabajadores, una línea editorial que los pueda unificar y entonces entrar con fuerza en la guerra cultural, en la batalla de las ideas.
Sus lenguajes –y hablamos sobre la generalidad y por eso es de destacar los esfuerzos del mediactivismo de Fora de Eixo, Facción o Emergentes, por ejemplo- no se adecúan al momento histórico, cultural ni tecnológico. Están anclados en la denunciología, sin visibilizar las luchas, los anhelos, de los pueblos o sociedades que dicen representar.
El informe de Oxford
Un informe de Samantha Bradshaw y Philip Howard, investigadores de la Universidad de Oxford (Challenging Truth and Trust: A Global Inventory of Organized Social Media Manipulation), confirma que la manipulación sobre las plataformas de medios sociales se ha convertido en una amenaza a la vida pública.En 2017, el primer inventario de las tropas de ocupación cibernéticas globales realizado por estos investigadores arrojaron luz sobre la organización mundial de la manipulación de los medios de comunicación social por gobiernos y actores de partidos políticos. Este año revela las nuevas tendencias de manipulación organizada de los medios, y sus cada vez más crecientes capacidades, estrategias y recursos en las que se apoya este fenómeno, con evidencias de campañas de la manipulación organizada de los medios en 48 países, 20 más que el año anterior.
En cada país se constató que al menos un partido político o agencia gubernamental usaba los medios de comunicación social para manipular a la opinión pública nacional, en países donde los partidos políticos diseminan desinformación durante las elecciones, o donde la institucionalidad se siente amenazada por noticias basura e injerencia extranjera en los asuntos internos, y desarrollan sus propias campañas de propaganda cibernética.
En una quinta parte de estos 48 países, sobre todo en los del sur global, se hallaron pruebas de campañas de desinformación operando sobre las aplicaciones de chat como WhatsApp, Telegram y WeChat. La manipulación de las redes es un gran negocio, donde gobiernos, fundaciones, ONG y partidos políticos han gastado más de 500 millones de dólares en investigaciones, desarrollo e implementación de operaciones psicológicas y manipulación de la opinión pública a través de internet.
En algunos países esto incluye “esfuerzos para contener al extremismo”, pero en la mayoría de los países esto implica la propagación de noticias basura y desinformación durante las elecciones, las crisis militares y complejos desastres humanitarios.
La Guerra de Quinta Generación
Si la guerra de primera generación se basa en movilizar la mano de obra, la segunda en el poder de fuego y la tercera en la libertad de maniobra, los paradigmas cambian sustancialmente en la de Cuarta Generación, donde tanto los recursos empleados como los objetivos e intereses a alcanzar engloban tanto al interés público como privado (intereses de corporaciones). La idea principal es que el Estado ha perdido su monopolio de la guerra, y a nivel táctico incluye desde el aspecto armamentista al psicológico,Dada la enorme superioridad tecnológica alcanzada durante la etapa anterior frente a esta asimetría de fuerzas entre contendientes, solo es concebible el uso de fuerzas irregulares ocultas que ataquen sorpresivamente al enemigo, tratando de provocar su derrota al desestabilizar a su rival, con el uso de tácticas no convencionales de combate.
En la Guerra de Quinta Generación (también denominada guerra sin límites), introducida desde el 2009 como concepto estratégico operacional en las intervenciones EEUU-OTAN, no interesa ganar o perder, sino demoler la fuerza intelectual del enemigo, obligándolo a buscar un compromiso, valiéndose de cualquier medio, incluso sin uso de las armas. Se trata de una manipulación directa del ser humano a través de su parte neurológica (ondas biaurales y componentes de cristales de magnetita del cerebro y los métodos sobre sus posibles manipulaciones).
Y los medios masivos y las redes sociales son parte integral del esquema de esta guerra, para generar desestabilización en la población a través de operaciones de carácter psicológico prolongado; se busca afectar la psiquis colectiva, afectar la racionalidad y la emocionalidad, además de contribuir al desgaste político y a la capacidad de resistencia.
Y se cuenta con mecanismos científicos de control total a través de no solo la manipulación de medio masivos de comunicación e información concentrados, sino también de sistemas financieros como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, miles de fundaciones y organizaciones no gubernamentales.
Zbigniew Brzezinski, exsecretario de Estado estadounidense, afirmaba que la clave estaba en el ataque al recurso emocional de un país por medio de la revolución tecnológica, La táctica para mantener la desintegración política en la sociedad consiste en crear complejos de inferioridad y en convertirse en referencia externa en todos los ámbitos, evitando que los proyectos y modelos colectivos o alternativos se consoliden en su identidad, pues la referencia será algo distinto a sí mismos; el mundo desarrollado y su modelo prevaleciente.
Los medios de difusión masiva se encargan de condicionar las mentes en las naciones subdesarrolladas, puesto que “el Tercer Mundo enfrenta, ahora, el espectro de las aspiraciones insaciables”, según escribía Brzezinski hace ya 44 años.
Redes sociales, aislacionistas
Las redes sociales son un conjunto de plataformas digitales de esparcimiento e interacción social entre sus diversos usuarios, ya sean personas, grupos sociales o empresas, que permiten el envío de mensajes, la comunicación en tiempo real y la difusión de contenido de distintos modos, entre los usuarios que se encuentren conectados entre sí, es decir, que sean “amigos” o “seguidores” .La aparición masiva de las redes sociales, dice la experta británico-ecuatoriana Sally Burch, han revolucionado nuestras sociedades, pero también han causado preocupación porque al no estar reguladas son aprovechadas para la desinformación, la imposición de imaginarios colectivos con la difusión de información falsa, creando realidades virtuales lejanas a las realidades reales, la apropiación de datos personales para fines comerciales y/o de manipulación política e, incluso, para conculcar la intimidad de los ciudadanos, invadiendo sus espacios de trabajo, educación, ocio e incluso de socialización.
Las redes sociales tienen acceso y manipulan los datos de sus usuarios (direcciones de correos, números telefónicos, aficiones, gustos, amigos), gentilmente proporcionados por ellos mismos a través de la construcción de sus propios perfiles. Su atractivo principal es la masividad: el mismo mensaje, información –o la misma publicidad tácita o encubierta- puede ser enviado a millones de personas a la vez, a través de las distintas plataformas (computadoras, tablets, celulares).
Operan en base a algoritmos que organizan la información para mostrarnos más de aquello que nos guste y menos de lo que no. Cuando validamos un comentario, una publicidad o una noticia, retroalimentamos el sistema para que se adapte aún más a nuestros gustos puntuales. Ya que los algoritmos privilegian el contenido semejante al que hemos elegido (con un “me gusta”), restringiendo las oportunidades de recibir información real, no filtrada, donde el usuario solo accede a opiniones semejantes a las suyas (un efecto antidemocrático, sin duda), agrega Burch.
Por ejemplo, un algoritmo usado por Facebook se basa en la afinidad (cantidad de veces que unos e conecta con otro, publicando en sus muros, validando –me gusta- sus contenidos. Su peso es la cantidad de interacciones que tiene una publicación y el tiempo hace que la información decaiga en interés y baje en la cola de la información.
Las desventajas de las redes sociales apuntan a la ruptura con la presencia de los otros, instándonos a dejar de socializar en persona, en la construcción de sociedades ciberdependientes, nichos donde no tiene cabida el pensamiento contrario, la otredad.
¿El fin de la transparencia?
La consultora británica Cambridge Analytica (CA), la que protagonizó el escándalo por el uso de 87 millones de datos de usuarios de Facebook, si bien anunció el cese de todas sus operaciones, simplemente cambió de piel y seguirá sus manipulaciones, amenazando la transparencia de las elecciones en varios países, entre ellos Argentina, Colombia y México.La compañía británica culpó de su quiebra a las denuncias de manipulación política que inundaron los medios internacionales en los últimos, pero lo cierto (y que no dice) es que sus principales activos ya trabajan en una empresa con fines similares llamada Emerdata Limited, en cuyo consejo de administración aparecen una serie de nombres directamente vinculados con CA, según destapó en marzo Business Insider.
Alexander Taylor fue nombrado director de Emerdata el 28 de marzo en sustitución del dimitido Alexander Nix, quien reconoció que trabajó en elecciones en países de todos los continentes, incluyendo Estados Unidos, Reino Unido, Argentina, Nigeria, Kenia y República Checa, y debió alejarse a raíz de un vídeo grabado por la televisión británica con cámara oculta donde hizo toda clase de comentarios inapropiados como ofrecer grandes cantidades de dinero a un candidato y amenazarle con publicarlo, para intentar extorsionarlo.
Según Business Insider, entre los responsables de Emerdata aparece Johnson Chun Shun Ko, un ejecutivo chino de Frontier Services Group, la firma militar presidida por el prominente partidario de Trump Erik Prince, fundador de la contratista militar estadounidense Blackwater y “casualmente” hermano de la secretaria de educación de Estados Unidos, Betsy DeVos, pilar de la internacional capitalista Red Atlas.
El Observatorio en Comunicación y Democracia señala que recién cuando el escándalo tomó dimensión global, Facebook -.el principal agente empresarial involucrado en los cambios de tendencia en las urnas británicas (referendo por el Brexit) y estadounidenses (elección de Donald Trump) en 2016- reconoció que la consultora británica había accedido (¿o comprado?) a la información personal de al menos 87 millones de usuarios y la había utilizado para crear perfiles de votantes.
Facebook gestiona más de 300 millones de gigabytes en información personal de sus usuarios, un arsenal de perfiles que le permite disponer de una de las plataformas on line más importante del mundo, indispensable para beneficiarse de modelos de negocio que amplían consumidores y diversifican mercados al calor del incremento productivo de los robots y la automatización industrial.
Colofón
Todo esto acontece apenas dos decenios después de que Sergey Brin y Larry Page registraran el dominio google.com y once de que Steve Jobs presentara en sociedad, en San Francisco, el primer iPhone. Mientras, Facebook sigue creando perfiles de usuarios y los algoritmos que usara Cambridge Analytica siguen a disposición de quien los quiera (o pueda) pagar.Difícil que un país sólo tenga capacidad de desarrollar los niveles necesarios de respuesta para mantener y/o recuperar la soberanía en algunas áreas, y por eso es imprescindible la suma de voluntades –gobiernos, academia, movimientos sociales- para sumar fuerza de negociación en temas básicos como inteligencia artificial y el big data. No hay otra salida: debemos apropiarnos del big data para poder pensar en herramientas liberadoras.
La única forma de luchar en esta guerra de quinta generación es poniéndose al día en lo que respecta a la inteligencia artificial, es en la posibilidad de montar nuevas plataformas que evadan los filtros de las grandes corporaciones, es en la necesidad de adueñarse de las armas, las herramientas para poder pelear en esta guerra cultural, de generar agendas propias de acuerdo a los intereses de nuestros pueblos, de…
(Tomado de Estrategia)
BRASIL
Bolsonaro afirma que sacará a Brasil de la ONU si gana las elecciones
El candidato ultraderechista a la Presidencia de Brasil aseguró que la institución “no sirve para nada” y es un “lugar de reunión de comunistas”. Dos nuevas encuestas divulgadas este lunes continúan mostrando a Lula da Silva como el favorito.
El candidato ultraderechista a la presidencia de Brasil, Jair Bolsonaro, afirmó este sábado que si gana las elecciones de octubre sacará a su país de las Naciones Unidas.
El excapitán de Ejército, un defensor de la dictadura militar, calificó a al organismo internacional como un antro “de comunistas”, en conversación con el diario Folha de Sao Paulo.
Jair Bolsonaro justificó a la dictadura brasileña: “No hubo golpe militar en 1964”
El candidato ultraderechista a la Presidencia de Brasil justificó los actos de la dictadura por…
LA ONU ratificó el derecho de Lula a ser candidato a la Presidencia
El Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) estableció que el…“Me salgo, no sirve para nada, es un lugar de reunión de comunistas y gente que no tiene el menor compromiso con América del Sur”, sostuvo Bolsonaro.
A través de su cuenta de Twitter el candidato reforzó su postura y escribió que “hace más o menos dos meses dije en una entrevista que ya habría sacado a Brasil” de la ONU, “no solo por posicionarse contra Israel, sino por siempre estar al lado de todo lo que no sirve. Este actual apoyo a un corrupto condenado y preso es solo un ejemplo más de nuestra posición”, completó, en alusión a Lula.
Lula, el favorito
Mientras tanto, cuando aún no se sabe si finalmente Lula podrá o no participar de los comicios, las encuestas siguen mostrando al líder del Partido de los Trabajadores como favorito.Una encuesta realizada por el instituto MDA para la Confederación Nacional de Transportes (CNT), pubicada este lunes señala que el exmandatario obtendría actualmente 37,3% de los votos para alcanzar la presidencia, frente a 32,4% en mayo.
El mismo sondeo ubica en el segundo puesto del ultraderechista Jair Bolsonaro, que reuniría ahora un 18,8% de los apoyos (16,7% en mayo), mientras que ninguno de los otros once candidatos superaría la barrera del 10%.
Otra encuesta también difundida el lunes llevda a cabo por el instituto Ibope para la TV Globo y el diario O Estado de Sao Paulo, da a Lula un 37% de los votos (frente al 33% de finales de junio), por delante de Bolsonaro con 18% (15% en junio), seguidos por la ecologista Marina Silva, con 6%.
Ambas encuestas son las primeras que realizan desde el inicio oficial de la campaña electoral el jueves y la formalización de las candidaturas presidenciales para los comicios del 7 de octubre (con una eventual segunda vuelta el 28).
Junto a una multitud, el PT registró la candidatura de Lula ante el TSE
Según informa la prensa local fue la primera vez en la historia de Brasil que un candidato a…Según la encuesta de Ibope el candidato a vicepresidente de Lula, Fernando Haddad, exalcalde de San Pablo, quien sería el plan B del PT, apenas alcanzaría un 4% de los electores. Mientras que el sondeo de MDA muestra que solo un 17,3% de los electores de Lula votaría por Haddad, en tanto que un 11,9% lo haría por la ecologista Marina Silva, un 9,6% por Ciro Gomes, y un 6,2% por Bolsonaro.
Lula, una candidatura inédita
Emir Sader
Opinión
21/08/2018
El
PT mantiene la candidatura de Lula, a pesar de la condena y de los
varios procesos que todavía tiene por delante. Todos los indicios que
llegan desde distintas instancias del Poder Judicial apuntan hacia la
imposibilidad de la candidatura de Lula.
Sin embargo, las cosas son mucho más complejas para los que quieren impedir que Lula sea candidato. A dos semanas de que empiece el horario electoral en radio y en TV, y a un mes de que los nombres de los candidatos a la presidencia de Brasil entren en la urna electrónica, no es tan simple para la derecha quitar a Lula el derecho de ser candidato.
El trámite normal impediría una decisión del Poder Judicial en contra de Lula en 14 días, 7 de los cuales le tocan a la defensa. Mientras tanto, él no puede ser impugnado como candidato. Es así imposible que Lula no pueda participar del horario electoral.
El desafío de Lula es alargar el máximo de tiempo posible su presencia en la televisión, en lo posible hasta por lo menos el 17 de septiembre, cuando las listas de los candidatos van a la urna electrónica y ya no pueden ser alterados, lo cual es factible, es una fecha de menos de un mes. Si se deja a un lado los 8 días de los fines de semana, quedan 22 días útiles para que los jueces juzguen un caso tan inédito y de enorme relevancia y repercusión nacional e internacional en tres tribunales distintos: el Tribunal Superior Electoral, el Superior Tribunal de Justicia y el Supremo Tribunal de Justicia.
Los jueces, sin embargo, operan en contra de Lula con velocidad máxima, dado que se trata de una persecución política que intenta impedir que sea candidato, con la conciencia clara de que, si es candidato, gana en primera vuelta.
Pero si hasta el 17 de septiembre no hay sentencia final, la foto y el nombre de Lula estarán en la urna electrónica el 7 de octubre, día de la elección presidencial, aunque sea impugnado inmediatamente después de esa fecha, porque no hay como sacar su nombre de la urna electrónica a partir de esa fecha. En caso de que su victoria fuera cuestionada, asumiría Fernando Haddad, que será registrado como su vicepresidente.
Es por ese camino sinuoso y complejo que Lula puede protagonizar una candidatura inédita: ser candidato a la presidencia de Brasil condenado y preso, haciendo campaña desde la cárcel y triunfando en primera vuelta, en poco más de un mes y medio. Una situación inédita no solo para Lula, sino para la historia política mundial, que solo sería posible por la absurda situación en que el Poder Judicial brasileño lo ha colocado: víctima de un proceso forjado, sin pruebas. Y, preso, Lula actúa más que nunca en la articulación política de su candidatura y de las otras candidaturas del PT y de la izquierda, al tiempo que su apoyo en las encuestas sube todavía más y los adversarios se pelean entre sí, sin amenazarlo, y a la vez, la posible candidatura de Haddad recibirá la trasferencia directa de los votos de Lula, en caso de que tenga que ser el candidato a la presidencia de Brasil.
Después del espectacular acto de masas en Curitiba, cuando fuimos a registrar la candidatura de Lula, Haddad ha empezado una nueva Caravana por el nordeste, para presentarse como el vice de Lula. En ese día, en Curitiba, hemos lanzado el primer libro de la Caravana de Lula, la del Nordeste de Brasil, que yo tuve el honor de editar, el primero de una colección de 5 libros, con los cuales volvemos al nordeste, un bellísimo testimonio gráfico de los viajes históricos de Lula.
Cuanto más fuerte es el apoyo popular a Lula, más se fortalece la decisión de la derecha de intentar inviabilizar su candidatura. La victoria de Lula, apoyada en un movimiento popular muy organizado – como las marchas que llegaron el día 15 a Brasilia los han confirmado – sería una derrota gigantesca para toda la derecha, no solo para los candidatos que se identifican con el gobierno Temer, sino también para el Poder Judicial y para los medios de comunicación.
Es una disputa que aparece como un enfrentamiento jurídico, pero que es una dura pelea política, entre jueces, por una parte, apoyados por los medios, y el movimiento popular y la fuerza política de Lula. Es en medio de esos enfrentamientos que surgió la decisión de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, a favor de los derechos de Lula a ser candidato y participar de todo el proceso de campaña electoral.
La resolución cayó como una bomba sobre el gobierno, el Poder Judicial y los medios, que no logran recuperarse del golpe. Ministros del gobierno – incluido Aloisio Nunes, canciller, ex militante del Partido Comunista y de la Alianza Nacional Liberadora, de Carlos Marighella – se manifiestan exactamente en los mismos términos que lo hacían los ministros de la dictadura, cuando los gobiernos militares eran condenados por organismos internacionales. Dicen que se trata de una injerencia indebida en un asunto interno de Brasil. De hecho, Brasil tenía esa alternativa de no haber firmado el pacto internacional en que las Naciones Unidas se basan para condenar al gobierno brasileño, pero una vez habiendo firmado, tienen que obedecer sus decisiones.
Lula ya ha enfrentado situación inédita en su vida política de más de 50 años de luchas. Ha liderado las más grandes huelgas obreras de la historia de Brasil, ha sido tomado preso, ha sido reelegido presidente del sindicato no reconocido por la dictadura, ha vivido las más distintas circunstancias hasta volverse el presidente más importante de la historia de Brasil y el líder de izquierda de más prestigio en la actualidad en el mundo. Pero nunca podría imaginar que llegaría a la situación actual, en que puede llegar a ser reelegido presidente de Brasil estando en la cárcel.
Circulando esta semana por Brasilia, pude ver las imágenes de lo que es el vacío de poder en el país. El Palacio del Planalto, completamente cercado por fuerzas militares, frente a las tres columnas – una de ellas llevaba el nombre de Columna Prestes – del MST que han llegado desde distintas partes de Brasil, con miedo que se acercaran al lugar desde donde se supone que Temer trabaja. El Palacio del Jaburu, del vicepresidente, donde vive Temer, dado que ha abandonado la residencia oficial del presidente, para alojarse en la del vicepresidente, es un edificio no solamente completamente protegido militarmente, sino tambien con alambre de púa, como si se tratara de un presidio.
Por otra parte, uno se acerca al Palacio de la Alvorada, la linda residencia presidencial, donde Lula vivió por ocho años, completamente abandonado, como imagen del vacío de gobierno que vive Brasil. El Congreso, a su vez, en vacaciones electorales, igualmente vacío. El Tribunal Superior Electoral, cercado por unas manifestaciones de decenas de miles de personas que fueron registrar la candidatura de Lula, con la imagen de Lula Libre proyectadas en su edificio.
Hay más poder en la pequeña celda de Curitiba desde donde Lula articula el retorno a la presidencia de Brasil que en todos esos edificios vaciados de legitimidad y de poder.
- Emir Sader, sociólogo y científico político brasileño, es coordinador del Laboratorio de Políticas Públicas de la Universidad Estadual de Rio de Janeiro (UERJ).
Sin embargo, las cosas son mucho más complejas para los que quieren impedir que Lula sea candidato. A dos semanas de que empiece el horario electoral en radio y en TV, y a un mes de que los nombres de los candidatos a la presidencia de Brasil entren en la urna electrónica, no es tan simple para la derecha quitar a Lula el derecho de ser candidato.
El trámite normal impediría una decisión del Poder Judicial en contra de Lula en 14 días, 7 de los cuales le tocan a la defensa. Mientras tanto, él no puede ser impugnado como candidato. Es así imposible que Lula no pueda participar del horario electoral.
El desafío de Lula es alargar el máximo de tiempo posible su presencia en la televisión, en lo posible hasta por lo menos el 17 de septiembre, cuando las listas de los candidatos van a la urna electrónica y ya no pueden ser alterados, lo cual es factible, es una fecha de menos de un mes. Si se deja a un lado los 8 días de los fines de semana, quedan 22 días útiles para que los jueces juzguen un caso tan inédito y de enorme relevancia y repercusión nacional e internacional en tres tribunales distintos: el Tribunal Superior Electoral, el Superior Tribunal de Justicia y el Supremo Tribunal de Justicia.
Los jueces, sin embargo, operan en contra de Lula con velocidad máxima, dado que se trata de una persecución política que intenta impedir que sea candidato, con la conciencia clara de que, si es candidato, gana en primera vuelta.
Pero si hasta el 17 de septiembre no hay sentencia final, la foto y el nombre de Lula estarán en la urna electrónica el 7 de octubre, día de la elección presidencial, aunque sea impugnado inmediatamente después de esa fecha, porque no hay como sacar su nombre de la urna electrónica a partir de esa fecha. En caso de que su victoria fuera cuestionada, asumiría Fernando Haddad, que será registrado como su vicepresidente.
Es por ese camino sinuoso y complejo que Lula puede protagonizar una candidatura inédita: ser candidato a la presidencia de Brasil condenado y preso, haciendo campaña desde la cárcel y triunfando en primera vuelta, en poco más de un mes y medio. Una situación inédita no solo para Lula, sino para la historia política mundial, que solo sería posible por la absurda situación en que el Poder Judicial brasileño lo ha colocado: víctima de un proceso forjado, sin pruebas. Y, preso, Lula actúa más que nunca en la articulación política de su candidatura y de las otras candidaturas del PT y de la izquierda, al tiempo que su apoyo en las encuestas sube todavía más y los adversarios se pelean entre sí, sin amenazarlo, y a la vez, la posible candidatura de Haddad recibirá la trasferencia directa de los votos de Lula, en caso de que tenga que ser el candidato a la presidencia de Brasil.
Después del espectacular acto de masas en Curitiba, cuando fuimos a registrar la candidatura de Lula, Haddad ha empezado una nueva Caravana por el nordeste, para presentarse como el vice de Lula. En ese día, en Curitiba, hemos lanzado el primer libro de la Caravana de Lula, la del Nordeste de Brasil, que yo tuve el honor de editar, el primero de una colección de 5 libros, con los cuales volvemos al nordeste, un bellísimo testimonio gráfico de los viajes históricos de Lula.
Cuanto más fuerte es el apoyo popular a Lula, más se fortalece la decisión de la derecha de intentar inviabilizar su candidatura. La victoria de Lula, apoyada en un movimiento popular muy organizado – como las marchas que llegaron el día 15 a Brasilia los han confirmado – sería una derrota gigantesca para toda la derecha, no solo para los candidatos que se identifican con el gobierno Temer, sino también para el Poder Judicial y para los medios de comunicación.
Es una disputa que aparece como un enfrentamiento jurídico, pero que es una dura pelea política, entre jueces, por una parte, apoyados por los medios, y el movimiento popular y la fuerza política de Lula. Es en medio de esos enfrentamientos que surgió la decisión de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, a favor de los derechos de Lula a ser candidato y participar de todo el proceso de campaña electoral.
La resolución cayó como una bomba sobre el gobierno, el Poder Judicial y los medios, que no logran recuperarse del golpe. Ministros del gobierno – incluido Aloisio Nunes, canciller, ex militante del Partido Comunista y de la Alianza Nacional Liberadora, de Carlos Marighella – se manifiestan exactamente en los mismos términos que lo hacían los ministros de la dictadura, cuando los gobiernos militares eran condenados por organismos internacionales. Dicen que se trata de una injerencia indebida en un asunto interno de Brasil. De hecho, Brasil tenía esa alternativa de no haber firmado el pacto internacional en que las Naciones Unidas se basan para condenar al gobierno brasileño, pero una vez habiendo firmado, tienen que obedecer sus decisiones.
Lula ya ha enfrentado situación inédita en su vida política de más de 50 años de luchas. Ha liderado las más grandes huelgas obreras de la historia de Brasil, ha sido tomado preso, ha sido reelegido presidente del sindicato no reconocido por la dictadura, ha vivido las más distintas circunstancias hasta volverse el presidente más importante de la historia de Brasil y el líder de izquierda de más prestigio en la actualidad en el mundo. Pero nunca podría imaginar que llegaría a la situación actual, en que puede llegar a ser reelegido presidente de Brasil estando en la cárcel.
Circulando esta semana por Brasilia, pude ver las imágenes de lo que es el vacío de poder en el país. El Palacio del Planalto, completamente cercado por fuerzas militares, frente a las tres columnas – una de ellas llevaba el nombre de Columna Prestes – del MST que han llegado desde distintas partes de Brasil, con miedo que se acercaran al lugar desde donde se supone que Temer trabaja. El Palacio del Jaburu, del vicepresidente, donde vive Temer, dado que ha abandonado la residencia oficial del presidente, para alojarse en la del vicepresidente, es un edificio no solamente completamente protegido militarmente, sino tambien con alambre de púa, como si se tratara de un presidio.
Por otra parte, uno se acerca al Palacio de la Alvorada, la linda residencia presidencial, donde Lula vivió por ocho años, completamente abandonado, como imagen del vacío de gobierno que vive Brasil. El Congreso, a su vez, en vacaciones electorales, igualmente vacío. El Tribunal Superior Electoral, cercado por unas manifestaciones de decenas de miles de personas que fueron registrar la candidatura de Lula, con la imagen de Lula Libre proyectadas en su edificio.
Hay más poder en la pequeña celda de Curitiba desde donde Lula articula el retorno a la presidencia de Brasil que en todos esos edificios vaciados de legitimidad y de poder.
- Emir Sader, sociólogo y científico político brasileño, es coordinador del Laboratorio de Políticas Públicas de la Universidad Estadual de Rio de Janeiro (UERJ).
ELECCIONES 2018
Senado reconoce decisión de ONU que determinó que Lula tiene derecho a hacer campaña
El presidente del Senado brasileño, Eunício Oliveira, afirmó que los tratados internacionales siguen en vigor
El
Senado Federal de Brasil reconoció, este jueves (23), que el país es
signatario del “Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos” y
de sus Protocolos Facultativos. Este anuncio implicaría en la
obligatoriedad de respetar la decisión del Comité de Derechos Humanos de
la Organización de Naciones Unidas (ONU), de asegurar los derechos del
ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva como candidato.
La declaración fue realizada a través de un comunicado
oficial del senador por el Movimiento Democrático Brasileño (MDB),
Eunício Oliveira, presidente del Senado, en respuesta a la presidenta
del Partido de los Trabajadores (PT), la senadora Gleisi Hoffman.
“El tratado internacional tramitó en la Cámara y en el
Senado entre enero de 2006 y junio de 2009, fue aprobado en ambos y
promulgado a través del Decreto Legislativo nº 311, de 2009, conforme se
publicó en el Diario Oficial de la Unión de 17 de junio de 2009, y
sigue en vigor”, dice el comunicado.
El último miércoles (22), la senadora Hoffmann había
solicitado una declaración del Congreso Nacional en respecto a la
decisión del Comité de Derechos Humanos de la ONU.
El 17 de agosto, el Comité había determinado que el Estado
brasileño tomara las medidas necesarias para que Lula “disfrute y ejerza
sus derechos políticos desde la cárcel como candidato en las elecciones
presidenciales de 2018, incluyendo acceso apropiado a la prensa y a
miembros de su partido político”. El ex presidente, que está en la
condición de preso político desde el 7 de abril, detenido en la sede de
la Policía Federal en la ciudad de Curitiba, en Paraná, está
imposibilitado de hacer campaña electoral.
La decisión de ONU, con carácter preliminar, atendió el
pedido de los abogados brasileños del petista: Valeska Teixeira Zanin
Martins y Cristiano Zanin Martins, además del británico Geoffrey
Robertson. Expertos en Derecho Internacional y Relaciones
Internacionales ratifican la obligación de Brasil acatar la decisión del
organismo internacional.
En abril de este año, en correspondencia enviada a la
Oficina de las Naciones Unidas, Brasil reafirmó su compromiso con el
sistema de las Naciones Unidas y, de este modo, reconoció la competencia
del Comité de Derechos Humanos de la organización.
Edición: Juca Guimarães | Traducción: Luiza Mançano
Elecciones en Brasil: "Llama la atención la resistencia del lulismo"
por Gilberto Lopes
LA HAINE - 24/08/2018
La campaña ahora se polarizará. Se trata de lograr poner a todos contra Lula y el PT, una tarea nada fácil
El
análisis aparece discreto, al final de una página ilustrada con dos
gráficos sobre las intenciones de votos reveladas en la más reciente
encuesta sobre las elecciones de octubre próximo en Brasil: “La
resistencia del lulismo llama la atención”, dice Paulo Ceso Pereira en
el conservador diario O Globo del martes pasado.
Acababan de salir las dos primeras encuestas de cara a las elecciones, las primeras realizadas después de haberse definido todas las candidaturas. O sea, entrando en la recta final de la campaña. Pero, como toda campaña, esta también tiene sus particularidades. Lo que la hace distinta es que no se trata de una particularidad "menor".
El candidato con mayores preferencias, Lula, con 37%, supera la suma de los cuatro contrincantes que lo siguen, que suman 34%: Jair Bolsonaro, un ex capitán, diputado, que sueña con las años de la dictadura, aparece con 18%; Marina Silva, ex ministra de Lula y luego ex aliada del rival del PT de Lula, el ex candidato presidencial del PSDB en 2015, Aécio Neves, con 6%; Ciro Gomes, el no petista más cercano del PT entre todos los candidatos, con 5%; y Geraldo Alckmin, del conservador PSDB, candidato del ex presidente Fernando Henrique Cardoso, también con 5%.
Lula, probablemente, no podrá ser candidato. Condenado por corrupción en un juicio cuyos objetivos políticos ameritan ya poca discusión, su candidatura será finalmente rechazada por el tribunal electoral. Pero Lula hace política desde la cárcel y encabeza una campaña hasta ahora particularmente exitosa, como lo revelan las encuestas. Preso, es su candidato a vicepresidente, el ex alcalde de São Paulo, Fernando Hadad, el que recorre el país.
El resultado de la encuesta remeció los mercados. El real cayó a poco más de cuatro por dólar, lo mismo que el índice Bovespa. Los datos no son los que esperaba ese mercado.
La campaña ahora se polarizará. Se trata de lograr poner a todos contra Lula y el PT, una tarea nada fácil. En un escenario variopinto, la tarea será asumida por una prensa conservadora que encabeza el diario O Globo. El desafío es evitar que el candidato del PT pase al segundo turno y que se enfrente, por ejemplo, con un candidato como Bolsonaro. ¿Cómo apoyar a Bolsonaro, en una disputa contra Haddad? Muy difícil, incómodo.
La esperanza es que Alckmin, mal candidato, sin carisma, empiece a remontar cuando la campaña se traslade a la televisión. Junto con el PT, el PSDB es el que tiene derecho a mayor espacio de TV en la campaña, tiempo proporcional a los votos alcanzados en la última elección. Las esperanzas de Alckmin están puestas todas ahí.
Para evitar que el PT se instale en el ballotage, los trucos son varios. Conocido el resultado de la encuesta, O Globo tituló: “Sin Lula, Bolsonaro lidera carrera electoral”. Es que, eliminando Lula de la consulta, los resultados cambian. Bolsonaro sube, del 18% a 20%; Marina Silva duplica su votación (de 6% a 12%), Ciro y Alckmin suben 3% y 2% respectivamente. Y Haddad, el que encabezaría la papeleta del PT cuando los tribunales incapacitan a Lula, aparece con 4%.
Podría pensarse entonces que le será difícil remontar hasta colarse en el segundo turno. Pero en el mismo análisis de Pereira se puede leer: más importante aun que el 37% de Lula “es la constatación de que, aunque de forma tenue, el ex presidente podría haber empezado a trasferir votos para quien será el verdadero candidato del partido, el ex alcalde Fernando Hadad”. Algo que se empieza a percibir aun sin propaganda alguna en televisión, agrega el comentario.
La clave de esta elección está precisamente en eso: en la capacidad de Lula de transferir sus votos a Hadad. Marina Silva y Ciro Gomes miran con codicia esos votos. Sólo así podrían crecer. En la otra punta, Bolsonaro y Alckmin se disputan los de una derecha donde la estridencia del primero contrasta con la parsimonia del segundo.
El operativo contra Hadad incluye la idea de presentarlo como simple marioneta de Lula. “Alfombra de un presidiario”, lo llama otro en las páginas del mismo periódico. Pero la pisa con cuidado. “Conviene estudiar a Haddad, las circunstancias le son favorables”, afirma. Al contrario de la ex presidenta Dilma Rousseff, Haddad tiene existencia propia. Atribuyen a su programa “todos los compromisos de la venganza”.
¿Y cuáles serían esos “compromisos”? La “democracia directa”, una asamblea constituyente, el control social de una prensa comprometida con el golpe que destituyó a Rousseff. En fin, “tutelar” la democracia. Cuidado con Haddad, tiene ideas muy elaboradas, es la conclusión.
Es la única esperanza del sector que optó por desestabilizar el país, urgido –eso sí– de impulsar su política de desnacionalización y recortes sociales. Sueñan con consolidar ese proceso, que caracterizó el gobierno Temer. Tienen menos de dos meses para evitar tener el PT en el segundo turno, con un pie en la presidencia.
CALPU
Acababan de salir las dos primeras encuestas de cara a las elecciones, las primeras realizadas después de haberse definido todas las candidaturas. O sea, entrando en la recta final de la campaña. Pero, como toda campaña, esta también tiene sus particularidades. Lo que la hace distinta es que no se trata de una particularidad "menor".
El candidato con mayores preferencias, Lula, con 37%, supera la suma de los cuatro contrincantes que lo siguen, que suman 34%: Jair Bolsonaro, un ex capitán, diputado, que sueña con las años de la dictadura, aparece con 18%; Marina Silva, ex ministra de Lula y luego ex aliada del rival del PT de Lula, el ex candidato presidencial del PSDB en 2015, Aécio Neves, con 6%; Ciro Gomes, el no petista más cercano del PT entre todos los candidatos, con 5%; y Geraldo Alckmin, del conservador PSDB, candidato del ex presidente Fernando Henrique Cardoso, también con 5%.
Lula, probablemente, no podrá ser candidato. Condenado por corrupción en un juicio cuyos objetivos políticos ameritan ya poca discusión, su candidatura será finalmente rechazada por el tribunal electoral. Pero Lula hace política desde la cárcel y encabeza una campaña hasta ahora particularmente exitosa, como lo revelan las encuestas. Preso, es su candidato a vicepresidente, el ex alcalde de São Paulo, Fernando Hadad, el que recorre el país.
El resultado de la encuesta remeció los mercados. El real cayó a poco más de cuatro por dólar, lo mismo que el índice Bovespa. Los datos no son los que esperaba ese mercado.
La campaña ahora se polarizará. Se trata de lograr poner a todos contra Lula y el PT, una tarea nada fácil. En un escenario variopinto, la tarea será asumida por una prensa conservadora que encabeza el diario O Globo. El desafío es evitar que el candidato del PT pase al segundo turno y que se enfrente, por ejemplo, con un candidato como Bolsonaro. ¿Cómo apoyar a Bolsonaro, en una disputa contra Haddad? Muy difícil, incómodo.
La esperanza es que Alckmin, mal candidato, sin carisma, empiece a remontar cuando la campaña se traslade a la televisión. Junto con el PT, el PSDB es el que tiene derecho a mayor espacio de TV en la campaña, tiempo proporcional a los votos alcanzados en la última elección. Las esperanzas de Alckmin están puestas todas ahí.
Para evitar que el PT se instale en el ballotage, los trucos son varios. Conocido el resultado de la encuesta, O Globo tituló: “Sin Lula, Bolsonaro lidera carrera electoral”. Es que, eliminando Lula de la consulta, los resultados cambian. Bolsonaro sube, del 18% a 20%; Marina Silva duplica su votación (de 6% a 12%), Ciro y Alckmin suben 3% y 2% respectivamente. Y Haddad, el que encabezaría la papeleta del PT cuando los tribunales incapacitan a Lula, aparece con 4%.
Podría pensarse entonces que le será difícil remontar hasta colarse en el segundo turno. Pero en el mismo análisis de Pereira se puede leer: más importante aun que el 37% de Lula “es la constatación de que, aunque de forma tenue, el ex presidente podría haber empezado a trasferir votos para quien será el verdadero candidato del partido, el ex alcalde Fernando Hadad”. Algo que se empieza a percibir aun sin propaganda alguna en televisión, agrega el comentario.
La clave de esta elección está precisamente en eso: en la capacidad de Lula de transferir sus votos a Hadad. Marina Silva y Ciro Gomes miran con codicia esos votos. Sólo así podrían crecer. En la otra punta, Bolsonaro y Alckmin se disputan los de una derecha donde la estridencia del primero contrasta con la parsimonia del segundo.
El operativo contra Hadad incluye la idea de presentarlo como simple marioneta de Lula. “Alfombra de un presidiario”, lo llama otro en las páginas del mismo periódico. Pero la pisa con cuidado. “Conviene estudiar a Haddad, las circunstancias le son favorables”, afirma. Al contrario de la ex presidenta Dilma Rousseff, Haddad tiene existencia propia. Atribuyen a su programa “todos los compromisos de la venganza”.
¿Y cuáles serían esos “compromisos”? La “democracia directa”, una asamblea constituyente, el control social de una prensa comprometida con el golpe que destituyó a Rousseff. En fin, “tutelar” la democracia. Cuidado con Haddad, tiene ideas muy elaboradas, es la conclusión.
Es la única esperanza del sector que optó por desestabilizar el país, urgido –eso sí– de impulsar su política de desnacionalización y recortes sociales. Sueñan con consolidar ese proceso, que caracterizó el gobierno Temer. Tienen menos de dos meses para evitar tener el PT en el segundo turno, con un pie en la presidencia.
CALPU
FREI BETTO, LA COYUNTURA ELECTORAL DE BRASIL Y DESAFÍOS FUTUROS
«Volver al trabajo de base, promover la alfabetización política del pueblo”
“Lula no quedó afuera de la disputa electoral”
Por Sergio Ferrari
COMCOSUR INFORMA AÑO 18 - No. 1891 - 24.08.2018
Teólogo de la liberación, histórico militante social, ex preso político en los años setenta, teórico-escritor-periodista, el religioso dominicano brasilero Carlos Alberto Libânio Christo, conocido como Frei Betto es, también, uno de los más lúcidos analistas de la realidad de su país. A pocas semanas de las elecciones presidenciales en Brasil del próximo 7 de octubre, Betto comparte sus reflexiones en un contexto complejo.
Con el expresidente Lula preso, pero inscripto oficialmente como candidato por su Partido de los Trabajadores (PT), y reforzado por el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que ratificó el 17 de agosto el derecho a registrar su candidatura.
Con una derecha dividida en varias listas, pero con la presencia fuerte de Jair Messias Bolsonaro (Partido Social Liberal), que asume posiciones extremas. Y, también, algunos candidatos de izquierda, entre ellos el mismo Lula -con la mayor intención de votos según las encuestas de mediados de agosto- o el joven ascendente militante social Guilherme Boulos, catapultado por el Partido Socialismo y Libertad (PSOL). Entrevista.
P: Los movimientos sociales, la izquierda, numerosos analistas en su país señalan que Brasil padece las consecuencias del Golpe Institucional de agosto del 2016, cuando la entonces presidenta Dilma Rousseff fue destituida por el parlamento con acusaciones no probadas. ¿En ese contexto, cómo caracteriza las elecciones generales del próximo 7 de octubre?
Frei Betto (FB): Serán las elecciones más imprevisibles de las que se vivieron en Brasil. A escasas siete semanas es imposible prever el desenlace, porque el candidato con mayor intención de voto según las encuestas electorales es Lula – entre 30 y 32 % dependiendo de la fuente. Seguido por los indecisos (21 %) y luego, por detrás, por el candidato Bolsonaro, militar de extrema derecha, con un 19 %. El 15 de agosto, el analista político Marcos Coimbra, que monitorea un instituto de encuestas, estimaba que llegarían a competir en una segunda vuelta el candidato del Partido de los Trabajadores (Lula o Fernando Haddad, en caso que Lula sea proscripto) y Bolsonaro.
P: ¿Es previsible que esas elecciones desbloquen la actual situación institucional y reabran una dinámica democrática en su país?
FB: La limitación democrática se expresa ahora con las acusaciones contra Lula, principal candidato a nivel nacional. Son acusaciones (ndr: por corrupción) pero sin pruebas. Es curioso que le acusan por un hecho ocurrido en San Pablo, en la ciudad litoraleña de Guarujá, y lo tienen preso en Paraná, que es otro Estado brasilero. Es evidente que el proceso democrático sufre violaciones en la medida en que se toman decisiones judiciales con el objetivo esencial de impedir que Lula se convierta en presidente de Brasil por tercera vez.
P: El 15 de agosto, el Partido de los Trabajadores, en el marco de una movilización donde participaron más de 50 mil personas, registró oficialmente la candidatura de Lula a pesar que éste se encuentre preso. ¿Lo considera un hecho simbólico o podría realmente su candidatura ser aceptada por las autoridades electorales?
FB: Como hay precedentes de candidatos condenados por la justicia y presos, que fueron autorizados a registrarse, hicieron campaña y una vez electos, asumieron sus bancas, no se puede considerar que Lula está ya fuera de la disputa electoral. El equipo de abogados de Lula va a dar una dura batalla en los tribunales hasta que la decisión sea finalmente tomada por la Suprema Corte de Brasil. En caso que Lula sea proscripto, el candidato por el PT será Fernando Haddad, ex ministro de educación del gobierno petista y su vice será Manuela d’Avila, del Partido Comunista de Brasil (PCdoB) que participa en una alianza electoral con el PT.
P: ¿Si se proscribiera a Lula, piensa que alguno de los otros candidatos progresistas, como por ejemplo Guilherme Boulos del PSOL, podría recoger los votos populares?
FB: Según encuestas y tendencias Lula, en caso de ser impedido de presentarse como candidato, tendría el potencial de transferir a quien lo substituya un 30% de votos, lo que es un porcentaje muy significativo. Pero todo indica que no todos los electores potenciales de Lula van a votar a su candidato sustituto, si Lula no puede presentarse. Pienso que muchos votos emigrarán para Guilherme Boulos, e incluso para Ciro Gomes (ndr: Partido Democrático Laborista, Alianza Brasil Soberano) y para Marina Silva (ndr: candidata de REDE).
P: Las elecciones en Brasil se dan en un momento delicado en América Latina que vive una nueva ofensiva neoliberal/conservadora apenas balanceada por lo que podría ser la próxima presidencia de Andrés Manuel López Obrador en México, a partir del 1ero de diciembre…
FB: Brasil y México son los dos países más poderosos de América Latina. Si gana el PT o el PSOL en Brasil, la articulación con López Obrador será muy importante para dar un nuevo aliento a los gobiernos progresistas del continente y defender la soberanía de Venezuela y la Revolución Cubana. Si vence Ciro Gomes, Brasil tendrá una política ambigua, a veces progresista, a veces entreguista. Los demás candidatos, incluyendo a Marina Silva, no tienen contradicciones con la política neocolonial que impulsa la Casa Blanca en América Latina, que busca entre otras cosas que cortemos las relaciones con China y Rusia.
P: Usted es amigo personal de Lula y está estrechamente involucrado con los movimientos sociales. Al mismo tiempo, siempre ha sido una voz muy crítica hacia algunas de las políticas y de las metodologías del PT, durante los 13 años de Gobierno ¿Cuáles serían los retos principales del PT de cara al futuro?
FB: Me hubiera gustado que el PT hubiera hecho su autocrítica y llevado a juicio, en la Comisión de Ética, a sus militantes acusados de corrupción. Si llegará a ganar con Lula o Haddad, supongo que realizará un gobierno más progresista de lo que se impulsó en los mandatos anteriores de Lula y Dilma, entre el 2003 y el 2016. O, al menos, lo intentará. Hay que recordar que la acción presidencial en Brasil depende del apoyo de los diputados y senadores en el Congreso. Y no tengo la esperanza que el próximo Congreso que saldrá de las elecciones de octubre, sea menos conservador que el actual. De modo que solo le queda a la izquierda volver al trabajo de base, organizar las clases populares, promover la alfabetización política del pueblo.
Nota:
Militante popular, intelectual prodigioso
Frei Betto, a sus 73 años, cuenta con una abultada producción intelectual que incluye 60 libros de temáticas muy diversas. Desde “Cartas de la Prisión” (1977), a la ya histórica conversación con Fidel Castro sintetizada en “Fidel y la Religión” (1985), sin olvidar “La mosca azul” (2006), profunda evaluación crítica de los problemas y contradicciones del Partido de los Trabajadores durante su gestión gubernativa.
Amigo personal de Lula – a quien visitó en la cárcel en junio pasado-, integró durante un año, entre 2003 y 2004, su gabinete en tanto asesor “ad-honorem” del programa “Hambre Cero”. Responsabilidad de la que se retiró rápidamente debido a diferencias con la gestión oficial. Hoy como siempre, actor crítico en su país, Betto se pronuncia en tanto militante social y a partir de su convicción de fe. Y como él mismo lo dice, en tanto *IGN*, es decir, “Individuo No Gubernamental”.
Coherente con su histórico compromiso social, Frei Betto visualiza y define las grandes tareas de futuro, más allá de la coyuntura electoral de octubre. “Retomar el trabajo de base, organizar las clases populares y promover la alfabetización política del pueblo”, subraya.
Sergio Ferrari (Suiza
COMCOSUR INFORMA AÑO 18 - No. 1891 - 24.08.2018
URUGUAY
Proponen disminuir la cantidad de comandantes y generales en todas las Fuerzas Armadas
El Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Defensa Nacional, remitió al Parlamento el proyecto de Ley Orgánica militar en el cual se establece la disminución de la cantidad de comandantes y generales y la reglamentación de los tribunales de honor, entre otros aspectos.
El ministro de Defensa Nacional, Jorge Menéndez, junto al subsecretario, Miguel Montiel, presentaron este viernes 24 de agosto el proyecto de reforma de la Ley Orgánica militar.
Se trata de una iniciativa compuesta por 172 artículos, la cual ya fue remitida al Parlamento.
Entre otros aspectos establece el impulso del principio de complementariedad entre Ejército, Fuerza Aérea y la Armada, la profesionalización, un nuevo sistema de ascenso, la disminución de la cantidad de comandantes y generales, y la nueva reglamentación de tribunales de honor.
La iniciativa del Ministerio de Defensa tiene como objetivo actualizar el Decreto Ley 14.157 de 1974.
“Por primera vez en la historia de la República, se elabora una Ley Orgánica militar a través de la perspectiva y diseño de civiles”, dijo Menéndez.
Complementariedad
Uno de los aspectos centrales es el reconocimiento del principio de “complementariedad” entre las tres armas de las Fuerzas Armadas.Se dispone que “un integrante de una rama podrá estar al mando de otra, de manera ocasional, temporal y determinada exclusivamente por la misión”.
Se supera el carácter “autónomo e independiente que tradicionalmente se ha tenido en la gestión de cada una de ellas, sin que implique desconocer las competencias específicas de cada una”.
Estatuto
En cuanto al estatuto del personal militar, se impulsa la “profesionalización” en lo cual se incluye el concurso para la promoción en la carrera militar.Se establecen los criterios “objetivos y de transparencia” para los ascensos, que se darán en forma exclusiva cuando exista “vacante real presupuestal”.
También se incluyen aspectos de “estructura de escalafones y grados, condiciones de ingreso, derechos, obligaciones, prohibiciones e incompatibilidades”.
Otros de los aspectos que se regulan son “los destinos, cargos y funciones, sistemas de ascensos a través de concurso, el régimen disciplinario y tribunales de honor”.
Tribunales de honor
Se incluyen modificaciones sustanciales. En efecto, los Tribunales de honor tendrán el cometido exclusivo de “juzgar la conducta, desde el punto de vista ético-moral, de los oficiales en actividad o retiro”.Dispondrán de un plazo perentorio de hasta 180 días para su resolución.
Queda excluido de la competencia de los tribunales de honor lo relativo al ejercicio de la potestad disciplinaria, que será ejercida con independencia del fallo de honor emitido.
Se mantiene el actual sistema de homologación de los fallos por parte del Poder Ejecutivo, de todos modos se faculta al Ejecutivo que en caso de discrepar por razones de forma o de fondo con la actuación del Tribunal de honor, pueda de oficio, someter a reconsideración el fallo, a través de un Tribunal de honor de alzada.
Disminución de comandantes y generales
Se propone de una estructura del personal de las Fuerzas Armadas “ordenada, racional y simplificada”.Los oficiales generales de las tres ramas serán 27 en lugar de los actuales 30.
En cuanto al número de oficiales superiores de cada una de las armas, se proyecta: 13 para el Ejército, siete para la Armada y seis para la Fuerza Aérea.
La cantidad de coroneles se fijará en 145 para el Ejército, 76 para la Armada y 45 para la Fuerza Aérea, ello implica una reducción del 20%.
A la vez, se propone que el sistema de ascenso del personal subalterno estará pautado por principios de “transparencia, equidad, eficiencia, necesidad, funcionalidad y buena administración”.
“No es disminuir por disminuir, sino que se adapta la existencia de un colectivo a la realidad nacional, regional y a las propias misiones. En Uruguay hay de 26.940 militares”, dijo Menéndez durante la conferencia de prensa.
Poder Legislativo
La nueva ley militar anula el concepto de obediencia debida
El proyecto de ley del gobierno elimina 20% de los coroneles del Ejército.
jueves, 23 agosto 2018 El Paìs uy
Ocho
años después de haber sido aprobada con amplio consenso político la ley
marco de la Defensa Nacional, el gobierno envió al Parlamento el
siguiente paso para la reforma militar: el proyecto con la nueva ley
orgánica de las Fuerzas Armadas que actualiza las disposiciones vigentes
desde 1974.
Una de las
claves conceptuales —y que en el proyecto se establece a texto expreso—
es el fin de la llamada "Doctrina de la Seguridad Nacional". Asimismo
se termina con la existencia de órganos como la Junta de Comandantes en
Jefe y el Estado Mayor Conjunto, de preponderante funcionamiento durante
la última dictadura.
La
iniciativa echa por tierra el concepto de obediencia debida en el caso
de los derechos humanos, al señalar que ningún militar "debe cumplir
órdenes manifiestamente contrarias a la Constitución y las leyes
vigentes, o que impliquen la flagrante violación o ilegítima limitación
de derechos humanos fundamentales".
Y añade
que lo contrario "determinará la directa responsabilidad del militar, el
que no podrá ampararse en el cumplimiento de órdenes superiores". A la
vez, señala que "impartir órdenes contrarias a lo dispuesto, será
considerado falta muy grave".
La
iniciativa establece que dentro de las obligaciones del estado militar
se encuentra el deber del secreto profesional, pero se advierte que "no
podrá invocarse cuando la información solicitada se refiera a violación
de derechos humanos o sea relevante para investigar, prevenir o evitar
violaciones de los mismos".
Equidad.
La idea
del Poder Ejecutivo con este proyecto de ley es adecuar el
funcionamiento militar a estos tiempos, y se prevé el trabajo
complementario entre las tres fuerzas, como ya lo disponía la ley marco
de la Defensa. Otras ideas que sobresalen en el proyecto son la "no
discriminación", la "equidad" y "el respeto a la dignidad de las
personas".
En
cuanto a los oficiales, el proyecto de ley dispone una rebaja en las
principales jerarquías. Por ejemplo, los generales del Ejército pasarán
de ser 16, incluyendo al comandante en jefe, a 13. En la Armada
aumentará un oficial general pasando de seis a siete. Ese nuevo cupo
será por primera vez para un oficial superior de la Prefectura Nacional
Naval. Y en la Fuerza Aérea quedarán los seis que actualmente revistan.
También
habrá rebaja de cargos para los oficiales superiores, es decir coroneles
y capitanes de navío. El Ejército sufrirá la mayor baja, pasando de 180
a 145, aproximadamente un abatimiento del 20%. La Armada quedará con 76
capitanes de navío y la Fuerza Aérea con 45 coroneles. En ambas
fuerzas la baja es de un 10%.
Otra de
las disposiciones prevé que al personal castrense en tiempos de paz se
le reconocerá la posibilidad de tener otra ocupación ajena a la función
militar.
Acerca
de las medidas disciplinarias que se establecen en el proyecto se
incluye como novedad respecto del sistema vigente, la posibilidad de la
"baja militar" tanto para oficiales como para subalternos "como sanción
ante la comisión de una falta muy grave, a través de un procedimiento
administrativo de carácter garantista para el funcionario".
Tampoco
se permitirá desempeñar funciones bajo los efectos del consumo de
sustancias sicotrópicas, estupefacientes, natu- rales o cualquier otra
sustan- cia que altere las condiciones sicofísicas.
Ascensos.
El
proyecto de ley "impulsa la profesionalización del personal militar",
explica el mensaje. Para eso incluye el mecanismo de concurso para
continuar en la carrera militar.
Los
oficiales a partir de esta ley serán promovidos por concurso en todas
las fuerzas, y no como ocurre hoy que ese criterio se aplica solamente
en el Ejército. Las otras variables de ascenso de la oficialidad son la
antigüedad en el grado y el sistema de selección.
La
iniciativa indica que el sistema de ascenso en el personal subalterno
también estará pautado por el mecanismo del concurso y "por
transparencia y equidad".
"La población no debe considerarse amenaza"
"La
población no debe considerarse nunca una amenaza a la seguridad del
Estado, y su protección es el fin superior de todas las acciones que se
emprendan en esta política pública", sostiene la exposición de motivos
del proyecto de ley orgánica de las Fuerzas Armadas al explicar parte de
la misión militar para el futuro.
El
proyecto también regula "tareas de carácter secundario que contribuyen
al desarrollo del país a través de diversas competencias que el actual
ordenamiento ya atribuye". Además, sostiene que las FF.AA. "efectuarán
las acciones que les encomiende el Poder Ejecutivo en áreas que fueran
de interés público".
La idea es integrar el uniformado a la sociedad
El proyecto de
ley remitido al Parlamento pretende remarcar el concepto de que el
personal militar ostenta el carácter de funcionario o servidor público
"no para desconocer las particularidades que lo distinguen de los demás
funcionarios públicos sino como una visión integradora". Además indica
que las leyes orgánicas de cada fuerza, que deberán también ser
reformadas, deberán adecuar los cuadros de oficiales para establecer una
estructura piramidal de acuerdo con la cantidad de oficiales generales y
superiores, teniendo en cuenta las misiones y tareas asignadas por este
proyecto de ley. La iniciativa del gobierno pasó a estudio de la Cámara
de Representantes.
Por segunda vez, Fiscal opta por no notificar a los denunciantes del estado del trámite y actuaciones
Batallón 14: ingresan hoy con el georradar
A
las 9 de la mañana de hoy, una nutrida delegación encabezada por el
Fiscal Especializado en Crimenes de Lesa Humanidad doctor Ricardo
Perciballe, ingresará al Batallón de Infantería Paracaidista 14, ubicado
en la ruta 85, kilómetro 4,500, en Toledo, Canelones, en el marco de la
investigación de una denuncia periodística de eventuales enterramientos
clandestinos. Junto al Fiscal, ingresará el equipo de arqueólogos
contratados por Presidencia de la República y el equipo de expertos del
Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).
También asistirán integrantes del Ministerio de Defensa, del Comando General del Ejército y del Grupo por Verdad y Justicia. La investigación, a cargo del Fiscal Perciballe, incluirá el pasaje por las áreas de interés de un georradar traído desde la República Argentina y, posteriormente, si hay indicios, se procederá a excavar.
Mediante el georradar, los técnicos podrán elaborar un perfil geofísico del sedimento subyacente del piso y determinar posibles anomalías. En base al resultado que haya arrojado, se determinará la posibilidad de “una etapa de excavación y/o exhumación forense”.
La denuncia presentada por el periodista Marcelo Falca y patrocinada por el abogado Óscar López Goldaracena, fue recibida por el doctor Perciballe el pasado 8 de marzo en el marco del nuevo Código del Proceso Penal (CPP). Con el apoyo de los arqueólogos José López Mazz y Octavio Nadal, se solicitó a la Fiscalía que disponga pasar el georadar en una Enfermería construida alrededor de 1983 y en una dependencia que sirve de alojamiento para el personal militar cuya construcción data de fines de la década de los setenta.
Datos aportados por militares y testimonios recogidos por integrantes de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, apuntaban a la existencia de posibles enterramientos debajo de ambas construcciones. También se cruzaron datos aportados por el Comandante en Jefe del Ejército general Guido Manini Ríos, como resultado de un pedido de acceso a la información pública en el marco de la Ley 18.381.
Los arqueólogos López Mazz y Nadal, que integraron el primer equipo técnico de Presidencia para la búsqueda de restos de los desaparecidos, cotejaron fotos aéreas y pudieron confirmar que en las tomas de 1981, la enfermería no existía y que, en cambio, a fines de 1983, ya estaba en pie.
El 22 de mayo pasado, el doctor Perciballe, junto a técnicos argentinos y arqueólogos de Presidencia y delegados del Ministerio de Defensa y del Ejército, realizaron la primera inspección ocular en ambos sitios.
Antecedentes del 14
Vale recordar que en octubre de 2011 fueron hallados en esa dependencia del Ejército los restos del maestro Julio Castro, que permanecía desaparecido desde que fue secuestrado, en agosto de 1977 y que en marzo de 2012 fueron exhumados los restos óseos del ex funcionario de UTE Ricardo Blanco Valiente que estaba desaparecido desde enero de 1978.
Denunciantes
Por segunda vez, el Fiscal Perciballe optó por no notificar a los denunciantes sobre el estado del trámite y de franquear el acceso al procedimiento. Hasta anoche a última hora, el abogado patrocinante Óscar López Goldaracena no había recibido ninguna notificación en su casilla electrónica. El criterio ya había sido cuestionado por el letrado quien insistió en la necesidad de garantizar el derecho del denunciante.
El abogado entiende que el denunciante tiene derecho a participar en todas las etapas indagatorias, “especialmente cuando se trata de crímenes de guerra o genocidio, porque se trata de casos en donde las víctimas somos todos”. La Fiscalía también había desestimado el pedido del denunciante de que el georradar que será utilizado para la indagatoria en el Batallón 14 sea manipulado por técnicos de la Udelar y coordinado por el arqueólogo José López Mazz.
En las últimas horas, con carácter urgente, el periodista Marcelo Falca presentó ante el juez de la causa, una solicitud para que se amparen sus derechos como denunciante, se le autorice a asistir a la diligencia de pasaje del georradar y se le informe sobre el estado del trámite al haber pasado 60 días desde la presentación de la denuncia.
¿Qué es un georadar?
El georadar o GPR –por sus siglas en inglés Ground Penetrating Radar– es un radar de penetración terrestre. Su principal función es localizar objetos, estructuras o cavidades por debajo del nivel del suelo.
Se trata de una técnica moderna no destructiva y ecológica, por lo que actualmente se utiliza en multitud de sectores: trabajos de ingeniería, agrónomos, geofísicos, arqueólogos, geólogos, profesionales ambientales… en definitiva, todos los trabajos relacionados con el subsuelo.
¿Cómo funciona?
Su funcionamiento es muy sencillo. Básicamente transmite ondas electromagnéticas de banda ultra ancha en los materiales. Las ondas electromagnéticas van atravesando diferentes capas del subsuelo, provocando una reflexión de parte de esa energía. El receptor detecta entonces estas reflexiones, generando un registro en el dispositivo para realizar un análisis posterior.
Actualmente los georadares cuentan con una tecnología de enorme precisión y alta resolución, convirtiéndolos en una herramienta muy versátil y recurrente en muchos sectores profesionales. Entre sus ventajas cabe destacar su alcance, mucho mayor que con otro tipo de detectores, la calidad de los datos que obtiene y la facilidad para interpretarlos gracias a los gráficos cada vez más sofisticados y completos.
También asistirán integrantes del Ministerio de Defensa, del Comando General del Ejército y del Grupo por Verdad y Justicia. La investigación, a cargo del Fiscal Perciballe, incluirá el pasaje por las áreas de interés de un georradar traído desde la República Argentina y, posteriormente, si hay indicios, se procederá a excavar.
Mediante el georradar, los técnicos podrán elaborar un perfil geofísico del sedimento subyacente del piso y determinar posibles anomalías. En base al resultado que haya arrojado, se determinará la posibilidad de “una etapa de excavación y/o exhumación forense”.
La denuncia presentada por el periodista Marcelo Falca y patrocinada por el abogado Óscar López Goldaracena, fue recibida por el doctor Perciballe el pasado 8 de marzo en el marco del nuevo Código del Proceso Penal (CPP). Con el apoyo de los arqueólogos José López Mazz y Octavio Nadal, se solicitó a la Fiscalía que disponga pasar el georadar en una Enfermería construida alrededor de 1983 y en una dependencia que sirve de alojamiento para el personal militar cuya construcción data de fines de la década de los setenta.
Datos aportados por militares y testimonios recogidos por integrantes de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, apuntaban a la existencia de posibles enterramientos debajo de ambas construcciones. También se cruzaron datos aportados por el Comandante en Jefe del Ejército general Guido Manini Ríos, como resultado de un pedido de acceso a la información pública en el marco de la Ley 18.381.
Los arqueólogos López Mazz y Nadal, que integraron el primer equipo técnico de Presidencia para la búsqueda de restos de los desaparecidos, cotejaron fotos aéreas y pudieron confirmar que en las tomas de 1981, la enfermería no existía y que, en cambio, a fines de 1983, ya estaba en pie.
El 22 de mayo pasado, el doctor Perciballe, junto a técnicos argentinos y arqueólogos de Presidencia y delegados del Ministerio de Defensa y del Ejército, realizaron la primera inspección ocular en ambos sitios.
Antecedentes del 14
Vale recordar que en octubre de 2011 fueron hallados en esa dependencia del Ejército los restos del maestro Julio Castro, que permanecía desaparecido desde que fue secuestrado, en agosto de 1977 y que en marzo de 2012 fueron exhumados los restos óseos del ex funcionario de UTE Ricardo Blanco Valiente que estaba desaparecido desde enero de 1978.
Denunciantes
Por segunda vez, el Fiscal Perciballe optó por no notificar a los denunciantes sobre el estado del trámite y de franquear el acceso al procedimiento. Hasta anoche a última hora, el abogado patrocinante Óscar López Goldaracena no había recibido ninguna notificación en su casilla electrónica. El criterio ya había sido cuestionado por el letrado quien insistió en la necesidad de garantizar el derecho del denunciante.
El abogado entiende que el denunciante tiene derecho a participar en todas las etapas indagatorias, “especialmente cuando se trata de crímenes de guerra o genocidio, porque se trata de casos en donde las víctimas somos todos”. La Fiscalía también había desestimado el pedido del denunciante de que el georradar que será utilizado para la indagatoria en el Batallón 14 sea manipulado por técnicos de la Udelar y coordinado por el arqueólogo José López Mazz.
En las últimas horas, con carácter urgente, el periodista Marcelo Falca presentó ante el juez de la causa, una solicitud para que se amparen sus derechos como denunciante, se le autorice a asistir a la diligencia de pasaje del georradar y se le informe sobre el estado del trámite al haber pasado 60 días desde la presentación de la denuncia.
¿Qué es un georadar?
El georadar o GPR –por sus siglas en inglés Ground Penetrating Radar– es un radar de penetración terrestre. Su principal función es localizar objetos, estructuras o cavidades por debajo del nivel del suelo.
Se trata de una técnica moderna no destructiva y ecológica, por lo que actualmente se utiliza en multitud de sectores: trabajos de ingeniería, agrónomos, geofísicos, arqueólogos, geólogos, profesionales ambientales… en definitiva, todos los trabajos relacionados con el subsuelo.
¿Cómo funciona?
Su funcionamiento es muy sencillo. Básicamente transmite ondas electromagnéticas de banda ultra ancha en los materiales. Las ondas electromagnéticas van atravesando diferentes capas del subsuelo, provocando una reflexión de parte de esa energía. El receptor detecta entonces estas reflexiones, generando un registro en el dispositivo para realizar un análisis posterior.
Actualmente los georadares cuentan con una tecnología de enorme precisión y alta resolución, convirtiéndolos en una herramienta muy versátil y recurrente en muchos sectores profesionales. Entre sus ventajas cabe destacar su alcance, mucho mayor que con otro tipo de detectores, la calidad de los datos que obtiene y la facilidad para interpretarlos gracias a los gráficos cada vez más sofisticados y completos.
Evalúan realizar excavaciones en predio de Neptunia en busca de restos de desaparecidos
El fiscal especializado en Crímenes de Lesa Humanidad, Ricardo Perciballe, evalúa información para eventualmente comenzar la búsqueda de restos de detenidos desaparecidos en un predio de Neptunia, en Canelones.
Según se informó en las últimas horas, en un predio de Neptunia, Canelones, se han realizado actividades exploratorias, tras las cuales el fiscal Perciballe determinará si se comienza o no la búsqueda y posterior tarea de excavación en el lugar.
Se trata de una zona que ha sido identificada desde hace tiempo como posible sitio de enterramientos clandestinos durante la pasada dictadura militar, según informó el semanario Brecha.
Asimismo, el semanario indicó que luego de que se han realizado algunas investigaciones se logró establecer que se trata de un área de “interés” para la búsqueda de restos de detenidos desaparecidos.
Prioridad
El pasado 24 de febrero se instaló la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad, la cual está a cargo de Ricardo Perciballe.En el acto de asunción el fiscal expresó que el hecho de tener una fiscalía que permita sistematizar investigaciones y tener una posición jurídica única “siempre es positivo para este tipo de causas”.
Aseguró: “Voy a trabajar junto al equipo conformado que son personas interesadas y comprometidas para que las causas avancen”.
En efecto, los hechos parecen avalar las afirmaciones del fiscal, porque desde entonces solicitó el procesamiento de 25 militares, policías y civiles en ocho causas diferentes, referidas a delitos cometidos en el marco del terrorismo de Estado.
A la vez, el pasado el pasado 21 de agosto un grupo de antropólogos argentinos ingresaran al Batallón 14 de Infantería Paracaidista Nº 14 de Toledo, Canelones, donde aplicaron la técnica del geo-radar en dos sitios concretos con la finalidad de corroborar si allí existen enterramientos de desaparecidos durante la pasada dictadura militar (1973-1984), ante el surgimiento de denuncias.
En los próximos días se conocerán los resultado de la aplicación de la técnica y se determinará si se comienza a excavar en dicho predio militar.
Antropólogos argentinos aplican geo-radar en Batallón 14 en busca de restos de desaparecidos
Un grupo de antropólogos argentinos ingresaron al Batallón 14 de Infantería Paracaidista Nº 14…Denuncian falta de resolución de la Justicia en 55 causas sobre terrorismo de Estado
El Observatorio Luz Ibarburu denunció la “falta de resolución de la Justica en al menos medio centenar de pedidos de procesamiento con prisión en causas de terrorismo de Estado”.
De los expedientes relevados por el Observatorio “surge que hay 55 indagados que tienen pedido de procesamiento y esperan una resolución de los juzgados penales, algunos de ellos desde hace dos años”.
Según la red de organizaciones, “los indagados tienen responsabilidades por los delitos de homicidio, tortura y violencia sexual ocurridos entre 1972 y 1983”.
También aseguran que de los originalmente indagados, “cinco fallecieron antes de que la Justicia se expidiera”.
Incumplimiento de obligaciones del Estado
En tal sentido, el Observatorio cuestiona que “la demora injustificada en la mayoría de los casos revela el incumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado uruguayo, en particular de las que surgen de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humano en el caso de Gelman.El Observatorio y las organizaciones sociales que lo integran “han reclamado reiteradas veces y sin éxito la adopción de medidas legislativas, administrativas y políticas para que no continúe la impunidad”, recuerda.
El pasado 22 de febrero se instaló la Fiscalía especializada en delitos de lesa humanidad ocurridos en la pasada dictadura militar, la cual está a cargo del fiscal Ricardo Perciballe.
De esta forma la Fiscalía dio cumplimiento a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Gelman.
Desde la Fiscalía General de la Nación se indicó en su momento que existen unas 200 causas de este tipo desperdigadas por todo el país.
A lo largo de los últimos meses dicha fiscalía especializada ha solicitado el procesamiento con prisión de militares que cometieron delitos de lesa humanidad antes y durante la dictadura.
Docentes ocupan liceo 18 y Secundaria posterga pruebas PISA
No se descarta repetir la medida de ocupación en otras instituciones educativas.
Finalmente
las pruebas PISA fijadas para este jueves en el liceo 18 quedaron
postergadas hasta nuevo aviso, según informó a la prensa Javier
Iglesias, integrante de la Federación Nacional de Profesores de
Enseñanza Secundaria (Fenapes).
La decisión fue planteada por la dirección del centro educativo al Consejo de Educación Secundaria (CES) quien aprobó la iniciativa y dejó sin efecto la instancia para una nueva fecha, todavía a definir.
Las pruebas PISA, a cargo de la Organización para la Cooperación y Desarrollos Económicos (OCDE) se realizan cada tres años en el país y comprenden tanto a instituciones públicas y privadas. Este año, y a diferencia de las anteriores, la evaluación pondrá foco en la temática “Lectura”.
Los docentes aseguran que se tratan de pruebas que no están a cargo de un centro educativo y que deja por fuera otras asignaturas que también hacen al aprendizaje de los jóvenes dentro de las aulas.
Por su parte en diálogo con el programa Buen Día Uruguay, el docente Julio Moreira sostuvo que los resultados tienen “un fuerte impacto en la sociedad” y que solo se evalúa el rendimiento de los alumnos en “matemática, ciencia y lenguaje”.
“Se desconoce lo que se aprende en el aula, en otras clases como Filosofía, Humanidades y otras que también son un distintivo histórico de la educación uruguaya”, expresó.
En este sentido, aseguró que los resultados son utilizados para decir “esta es verdaderamente la situación de Uruguay” y mantienen una mirada “parcial sin aportar nada de las condiciones de vida del estudiante”.
Este jueves se realizará una asamblea para evaluar los pasos a tomar y adelantó que no se descarta repetir esta medida también en otras instituciones educativas.
Durante toda la jornada del jueves el liceo 18 continuará ocupado y las clases estarán suspendidas a raíz de la medida.
La decisión fue planteada por la dirección del centro educativo al Consejo de Educación Secundaria (CES) quien aprobó la iniciativa y dejó sin efecto la instancia para una nueva fecha, todavía a definir.
Las pruebas PISA, a cargo de la Organización para la Cooperación y Desarrollos Económicos (OCDE) se realizan cada tres años en el país y comprenden tanto a instituciones públicas y privadas. Este año, y a diferencia de las anteriores, la evaluación pondrá foco en la temática “Lectura”.
Los docentes aseguran que se tratan de pruebas que no están a cargo de un centro educativo y que deja por fuera otras asignaturas que también hacen al aprendizaje de los jóvenes dentro de las aulas.
Por su parte en diálogo con el programa Buen Día Uruguay, el docente Julio Moreira sostuvo que los resultados tienen “un fuerte impacto en la sociedad” y que solo se evalúa el rendimiento de los alumnos en “matemática, ciencia y lenguaje”.
“Se desconoce lo que se aprende en el aula, en otras clases como Filosofía, Humanidades y otras que también son un distintivo histórico de la educación uruguaya”, expresó.
En este sentido, aseguró que los resultados son utilizados para decir “esta es verdaderamente la situación de Uruguay” y mantienen una mirada “parcial sin aportar nada de las condiciones de vida del estudiante”.
Este jueves se realizará una asamblea para evaluar los pasos a tomar y adelantó que no se descarta repetir esta medida también en otras instituciones educativas.
EN NEGOCIACIÓN COLECTIVA
Sindicato del Comercio evaluará medidas ante dificultades
Se
dificultan los acuerdos en las mesas de negociación colectiva del
sector comercio y servicios ante los planteos de aumento cero por parte
de los empresarios y el rechazo de los trabajadores, que analizarán
probables medidas.
El dirigente de la Federación Uruguaya de Empleados de Comercio y Servicios (Fuecys) Fabio Riverón, detalló a radio Uruguay los puntos conflictivos.
En primera instancia criticó la propuesta de “aumento cero” formulada por la Cámara Nacional de Comercio y Servicios, que también plantea la pérdida de otros beneficios logrados en rondas anteriores.
También señaló la existencia de una docena de despidos en una de las principales empresas del sector droguerías y farmacias, “sin haber cumplido mínimamente” con una instancia previa de diálogo.
Otro punto subrayado es que en el sector limpieza en cuatro empresas se quitó a los trabajadores el beneficio por antigüedad.
“Está claro que estamos muy preocupados”, dijo Riverón en función de estos elementos.
Además informó que el fin de semana se reunirá el secretariado de la Fuecys para evaluar el paro general que se realizará el miércoles y “pensando en un plan de acción propio” para “dar vuelta alguna de estas situaciones”.
El dirigente de la Federación Uruguaya de Empleados de Comercio y Servicios (Fuecys) Fabio Riverón, detalló a radio Uruguay los puntos conflictivos.
En primera instancia criticó la propuesta de “aumento cero” formulada por la Cámara Nacional de Comercio y Servicios, que también plantea la pérdida de otros beneficios logrados en rondas anteriores.
También señaló la existencia de una docena de despidos en una de las principales empresas del sector droguerías y farmacias, “sin haber cumplido mínimamente” con una instancia previa de diálogo.
Otro punto subrayado es que en el sector limpieza en cuatro empresas se quitó a los trabajadores el beneficio por antigüedad.
“Está claro que estamos muy preocupados”, dijo Riverón en función de estos elementos.
Además informó que el fin de semana se reunirá el secretariado de la Fuecys para evaluar el paro general que se realizará el miércoles y “pensando en un plan de acción propio” para “dar vuelta alguna de estas situaciones”.
COFE: 54 años de vida, 54 años de lucha
Martín Pereira, Presidente de la Confederación de Organizaciones
de Funcionarios del Estado (COFE), y Luis Iguini, fundador de la
Convención Nacional de Trabajadores (CNT) y de COFE, le comentaron al
Portal la importancia que a lo largo de estos 54 años de la creación de
COFE ha tenido la unidad y la organización sindical de nuestro país. En
el marco de este festejo, que se hizo hoy y en realidad la conmemoración
es mañana 24, los trabajadores le rindieron homenaje al veterano
luchador Iguini por su 90 aniversario, uno de los imprescindibles del
movimiento obrero.
Pereira destacó que COFE es una organización pionera dentro del movimiento sindical uruguayo y en este más de medio siglo de existencia ha demostrado que siempre ha tenido como norte “la unidad de acción de los trabajadores”. En el encuentro también participaron delegados de la Confederación Latinoamericana de Trabajadores Estatales (Clate), dirigentes de las organizaciones que integran COFE y encabezado por Fernando Pereira, Presidente del PIT-CNT, representantes de la central sindical.
El Presidente de COFE, recogiendo palabras de Fernando Pereira, destacó que “nuestro país le debe mucho a los trabajadores del Estado. El hecho de que se unieran en una sola organización los sindicatos de los distintos ministerios y organismos del artículo 220 sirvió para consolidar la unidad del movimiento obrero. A partir de nuestra organización se pudo coordinar mejor la estrategia sindical a seguir en el área pública y privada, lo que es un ejemplo en el mundo. Somos todos trabajadores, pertenecemos a una sola clase, independientemente que el desempeño laboral se haga en el área pública o privada”.
Pereira fue sumamente crítico del Movimiento un Solo Uruguay que reclama que se baje el costo del Estado. Esto significa, nada más y nada menos, que se “bajen (despidan) funcionarios del Estado. Lo que no entienden es que si la tarea no la cumplimos nosotros se van a tercerizar los servicios y esto significa más costo para el Estado. Hoy vemos que las tercerizaciones han avanzado en los organismos estatales y desde el movimiento sindical lo estamos combatiendo. Esto nos lleva a seguir profundizando en la discusión sobre el trabajo del futuro”.
Recordó el experimentado dirigente sindical que “cuando se levantó la huelga general en 1973 se tuvo en cuenta que había mucha gente joven y que ello aseguraba la lucha contra la dictadura. Hoy se está viviendo un proceso lento de integración generacional y no se tiene en cuenta que la lucha no es sólo reivindicativa, la lucha tiene como objetivo el futuro del país”.
Destacó Iguini que COFE es un ejemplo en el mundo. “La experiencia mundial nos indica que los trabajadores públicos siempre han estado al margen de las centrales obreras y han formado sus propias centrales. Nosotros sostuvimos hace más de medio siglo atrás que los trabajadores del estados éramos aliados de la clase obrera. Así se formó COFE y hoy vemos que, si bien existen algunas discrepancias, la unidad sindical está fuerte. El dirigente sindical debe tener en cuenta lo salarial y también debe tener en cuenta lo político. Por eso es tan importante la discusión política a la hora de definir la estrategia a seguir, se deben estudiar de forma permanente los cambios que existen en el país y en el mundo”.
Pereira destacó que COFE es una organización pionera dentro del movimiento sindical uruguayo y en este más de medio siglo de existencia ha demostrado que siempre ha tenido como norte “la unidad de acción de los trabajadores”. En el encuentro también participaron delegados de la Confederación Latinoamericana de Trabajadores Estatales (Clate), dirigentes de las organizaciones que integran COFE y encabezado por Fernando Pereira, Presidente del PIT-CNT, representantes de la central sindical.
El Presidente de COFE, recogiendo palabras de Fernando Pereira, destacó que “nuestro país le debe mucho a los trabajadores del Estado. El hecho de que se unieran en una sola organización los sindicatos de los distintos ministerios y organismos del artículo 220 sirvió para consolidar la unidad del movimiento obrero. A partir de nuestra organización se pudo coordinar mejor la estrategia sindical a seguir en el área pública y privada, lo que es un ejemplo en el mundo. Somos todos trabajadores, pertenecemos a una sola clase, independientemente que el desempeño laboral se haga en el área pública o privada”.
Pereira fue sumamente crítico del Movimiento un Solo Uruguay que reclama que se baje el costo del Estado. Esto significa, nada más y nada menos, que se “bajen (despidan) funcionarios del Estado. Lo que no entienden es que si la tarea no la cumplimos nosotros se van a tercerizar los servicios y esto significa más costo para el Estado. Hoy vemos que las tercerizaciones han avanzado en los organismos estatales y desde el movimiento sindical lo estamos combatiendo. Esto nos lleva a seguir profundizando en la discusión sobre el trabajo del futuro”.
Homenaje a Iguini
Destacó el Presidente de COFE que a Iguini se lo homenajeo en su 90 aniversario porque es un fundador de “nuestra organización, de la Clate y que siempre tenemos como consultor, especialmente cuando se discute la Rendición de Cuentas. Tenerlo como consejero es un orgullo para COFE y para el conjunto del movimiento sindical”.COFE permitió la fundación de la CNT
Iguini le hizo hincapié al Portal que “la fundación de COFE permitió la fundación de la CNT, ya que llevó a la unidad de los obreros con los empleados públicos”. Hoy, nuevamente, “estamos viviendo una ofensiva de la derecha conservadora, la que naturalmente arranca en Estados Unidos (EEUU) y que ya ha ocupado a Europa. Con la rebaja salarial, el aumento de la edad jubilatoria, la disminución de los salarios y las jubilaciones, se ha perjudicado a miles y miles de personas. Ahora ha venido la ofensiva hacia nuestra región. El caso de (Michel) Temer y (Mauricio) Macri generan un llamado de alerta y por esta razón si o gana el Frente Amplio (FA) la próxima elección se nos va a complicar la vida. No podemos ignorar o desconocer que legisladores del Partido Nacional (PN) ya anunciaron que si ganan promoverán la derogación de muchas leyes que fueron impulsadas por los trabajadores y los sectores populares”.Recordó el experimentado dirigente sindical que “cuando se levantó la huelga general en 1973 se tuvo en cuenta que había mucha gente joven y que ello aseguraba la lucha contra la dictadura. Hoy se está viviendo un proceso lento de integración generacional y no se tiene en cuenta que la lucha no es sólo reivindicativa, la lucha tiene como objetivo el futuro del país”.
Destacó Iguini que COFE es un ejemplo en el mundo. “La experiencia mundial nos indica que los trabajadores públicos siempre han estado al margen de las centrales obreras y han formado sus propias centrales. Nosotros sostuvimos hace más de medio siglo atrás que los trabajadores del estados éramos aliados de la clase obrera. Así se formó COFE y hoy vemos que, si bien existen algunas discrepancias, la unidad sindical está fuerte. El dirigente sindical debe tener en cuenta lo salarial y también debe tener en cuenta lo político. Por eso es tan importante la discusión política a la hora de definir la estrategia a seguir, se deben estudiar de forma permanente los cambios que existen en el país y en el mundo”.
