Venezuela: Identificados autores materiales y colaboradores del intento de magnicidio contra Maduro
Publicado: 6 ago 2018 15:02 GMT | Última actualización: 6 ago 2018 19:01 GMT - RT
El atentado se realizó con drones cargados
de explosivos, durante la celebración de un acto castrense en la capital
venezolana.
Fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab.
El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, ofrece una conferencia de prensa sobre el fallido atentado contra el presidente Nicolás Maduro, ocurrido en Caracas el pasado sábado 4 de agosto.
El
atentado se realizó con drones cargados de explosivos, durante la
celebración de un acto castrense en una de las principales avenidas de
la capital venezolana.
El mandatario salió ileso gracias a una rápida respuesta de la seguridad presidencial.
Más que un "magnicidio", el fiscal catalogó el evento como "un intento de una masacre", porque estaban funcionarios de todos los poderes del Estado.
Añadió que "fueron detenidos en flagrancia dos personas, que operaban uno de los drones desde un vehículo. Hay testigos que vieron operar el dispositivo y los identificaron, ese fue el dron que se estrelló contra el edificio" residencial Don Eduardo, ubicado en la avenida Fuerzas Armadas de Caracas, aledaña a la avenida Bolívar, donde se realizaba el acto.
El fiscal señaló que por este atentado fallido se imputarán a los implicados con los cargos de "traición a la patria, homicidio intencional calificado en grado de frustración en perjuicio del Presidente de la República, homicidio frustrado y lesiones graves en las personas de los funcionarios heridos, lanzamiento de artefacto explosivo en reuniones públicas, terrorismo, asociación para delinquir y financiamiento al terrorismo".
Saab informó que fueron designados para la investigación cuatro fiscales del Ministerio Público, quienes trabajan de la mano de oficiales de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC).
El mandatario salió ileso gracias a una rápida respuesta de la seguridad presidencial.
Más que un "magnicidio", el fiscal catalogó el evento como "un intento de una masacre", porque estaban funcionarios de todos los poderes del Estado.
Detenidos en flagrancia
"Se conocen los lugares donde operaron los dos drones, se han obtenido pruebas en ambos lugares" y "se han identificado a todos los autores materiales del hecho y sus colaboradores inmediatos", dijo Saab, en referencia a "los explosivitas que armaron los artefactos" y "sus conexiones internacionales".Añadió que "fueron detenidos en flagrancia dos personas, que operaban uno de los drones desde un vehículo. Hay testigos que vieron operar el dispositivo y los identificaron, ese fue el dron que se estrelló contra el edificio" residencial Don Eduardo, ubicado en la avenida Fuerzas Armadas de Caracas, aledaña a la avenida Bolívar, donde se realizaba el acto.
El fiscal señaló que por este atentado fallido se imputarán a los implicados con los cargos de "traición a la patria, homicidio intencional calificado en grado de frustración en perjuicio del Presidente de la República, homicidio frustrado y lesiones graves en las personas de los funcionarios heridos, lanzamiento de artefacto explosivo en reuniones públicas, terrorismo, asociación para delinquir y financiamiento al terrorismo".
Saab informó que fueron designados para la investigación cuatro fiscales del Ministerio Público, quienes trabajan de la mano de oficiales de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC).
Fallido intento de magnicidio contra el presidente Nicolás Maduro (informe especial)
Por:
| CUBADEBATE
Como si se tratara de un
corrientazo, el intento de magnicidio en la tarde del 4 de agosto, con
la evidente carga traumática que encarna un hecho de esa naturaleza,
parece habernos devuelto la conciencia de lugar en esta hora crítica de
la historia patria. Donde nos estamos jugando la vida, también en la
propia vida de Maduro.
Ante la magnitud de la explosión, la transmisión en cadena nacional fue suspendida, los efectivos presentes reaccionaron con maniobras de repliegue y los protocolos de seguridad para resguardar la vida del jefe de Estado fueron debidamente activados.
Minutos después, ante la confusión generada, el ministro de comunicación e información, Jorge Rodríguez, confirmó que se trataba de un atentado y que el presidente Maduro y los altos funcionarios civilies y militares del Estado venezolano que estaban en la tarima, salieron ilesos. Siete efectivos militares resultaron heridos por las explosiones, los cuales ya reciben cuidados médicos.
Según versiones policiales, donde los drones cayeron luego de la explosión se constató la existencia de material explosivo. Fuentes “extraoficiales” relatadas por un periodista opositor, de nombre Román Camacho, recalcaron que los artefactos contenían explosivos C4.
Minutos después, un grupo denominando “Soldados de Franelas”, vinculado al extinto grupo paramilitar del ex Cicpc, Óscar Pérez, que a finales del año pasado realizó varios atentados armados a instituciones civiles y militares con el país, se adjudicó el atentado por redes sociales.
Este reconocimiento anuló la narrativa del “autoatentado” o de “una explosión aislada” en un edificio aledaño a la avenida Bolívar, que algunos operadores en redes sociales y medios internacionales, como Associated Press, habían tratado de instalar para distraer la atención y encubrir responsabilidades.
La célula encabezada por Pérez fue desmantelada mediante un fuerte enfrentamiento con las fuerzas de seguridad a principios de este mismo año muy cerca a la capital venezolana, específicamente en El Junquito. Sin embargo, la vuelta a la escena de uno de sus remanentes, indica que la carta paramilitar contra Venezuela también sigue sobre el tablero.
Al final de la noche, el presidente Nicolás Maduro compareció ante el país, relató lo ocurrido y destacó que los autores materiales del atentado están detenidos. Las primeras pesquisas, según el jefe de Estado, arrojan la vinculación del eje Bogotá-Miami, del presidente saliente de Colombia, Juan Manuel Santos, y de operadores radicados en La Florida.
Se celebraba el aniversario de la GNB, cuerpo militar encargado del orden interno que en la revolución de color del año pasado fue clave en neutralizar el avance paramilitar de la guarimba y su infraestructura logística.
Atacar justo en ese acto y no en otro al Presidente, llevaba consigo el correlato simbólico de exhibir al cuerpo castrense como vulnerable y sin capacidad de respuesta, lo que debía servir para reflotar en el discurso público, mediante un acto de conmoción (fallido) a gran escala, el clima de confrontación violenta desarticulado por la Asamblea Nacional Constituyente hace un año.
Pero el atentado falló, y en consecuencia lo que tenía que desencadenarse si lograba su objetivo de afectar la vida del Presidente: la acumulación de una “masa crítica” vía propaganda para propiciar el caos, aprovechar la situación para generalizar una retórica del alzamiento propagada desde poderes externos y “resolver” el “vacío de autoridad” con una medida de fuerza externa (militar, probablemente), o al menos plantearla, como único mecanismo para “estabilizar” la nación e imponerle la banda presidencial a los múltiples próximos presidentes de Venezuela que aguardan gobernar.
Sólo pensando en lo peor, y en lo que ayer fue lo más probable, podemos agarrar dimensión de la zona de peligro extremo en la que acabamos de entrar.
Un dato simbólico no menor: en el acto se encontraba el jefe de Estado, el alto mando militar y los representantes de los poderes públicos venezolanos. En un mismo palco, la síntesis material, humana, de los elementos constitutivos del Estado venezolano. En esa selección del momento, el intento de magnicidio plasmó su planteamiento de fondo: matar al Estado y a los cuerpos físicos que representan todavía la delgada frontera entre la paz y la guerra.
La avenida Bolívar contempla un conjunto de atributos (espacio abierto, edificios de altura en sus adyacencias, etc.) que dieron un sentido de oportunidad para realizar el atentado, en tanto la manipulación de los drones explosivos podía llegar al objetivo sobreexplotando algunas debilidades en la seguridad.
Sin embargo, que haya sido en medio de una cadena de radio y televisión describe la intención de imprimirle cierta lógica del espectáculo al hecho funcional a eternizar en el imaginario colectivo un precedente mortal para la historia contemporánea del país. No sólo buscaban matarlo, sino que fuera un hecho espectacular, mediatizado y en cadena nacional.
En la política, a veces el lenguaje corporal dice más que los discursos. Y en ese renglón el presidente Maduro entra a la historia precisamente por su conducta en una situación en definitiva extrema: en el momento de la explosión, se le vio inalterable, tranquilo, incluso con disposición a continuar el discurso con la muerte en frente.
Si este momento sirve como precedente para internalizar hasta dónde están dispuestos a llegar los operadores de la guerra contra Venezuela, también es útil para ver la determinación de Maduro y su fortaleza justo cuando la muerte truena.
Es desde ese plan de bombardear el Palacio de Miraflores y asesinar al presidente Maduro que, hasta la actualidad, puede observarse una mutación operativa, una ampliación en las capacidades y una profesionalización en los métodos, que viene aumentando su presencia en la vida política del país.
Muestra de ello no fue sólo el grado de preparación en guerra urbana en los operadores de las guarimbas de 2014 y 2017, sino la emergencia de una versión criolla del Estado Islámico, caso Óscar Pérez y su célula, con un sentido sofisticado y selectivo de la violencia irregular. Sus ataques a instituciones civiles y militares así lo demostraron.
Desde los sucesos en la finca Daktarí en el año 2004 en adelante, pasando por todos los planes de magnicidio desmantelados por el aparato de seguridad venezolano, hasta llegar a Óscar Pérez, la huella del paramilitarismo colombiano está presente. Y lo que se ve con mayor nitidez, en términos de retrospectiva, es un cambio en sus formas de ejecución, pero también en la selección de sus focos.
Al no tener en el escenario actual las condiciones que propicien una guerra abierta bajo la coordenada colombiana, el tratamiento o la forma de llegar al objetivo se adapta.
Y la prueba material de esa tecnificación es precisamente el uso de un dron artillado. Este mecanismo representa una de las mortales innovaciones dentro de los recursos bélicos del Estado Islámico, debido a las ventajas tácticas y financieras que implica para matar con mayor nivel de efectividad.
Este mecanismo, a su vez, ha sido importado y adaptado por el mundo del narcotráfico, siendo el mexicano el que lo ha instrumentalizado con mayor nivel de visibilidad.
El uso de este instrumento, más que describir un nivel de experticia y preparación relacionado a un tipo de violencia profesionalizada, pone las trazas de la operación en operadores paramilitares que sirven como canal de importación de las novedades del terrorismo.
Justo allí donde lo anecdótico se vuelve estratégico, y un susto como el de ayer en síntoma de algo más grave: el fenómeno paramilitar como una estrategia para alterar la naturaleza pacífica y democrática de la población venezolana. La expansión del Estado fallido colombiano también se narra por ahí.
Bogotá-Miami: el centro de operaciones
Un reportaje del medio especializado en finanzas Bloomberg, publicado el mes de junio, ratificó lo que sabemos desde el Golpe Azul: Colombia ha servido como base de operación, financiamiento y coordinación de planes golpistas (y magnicidas) contra Venezuela.
Esta vez se llamaba “Operación Constitución” y había sido planificada en Bogotá, con respaldo de financieros y militares colombianos. El objetivo era secuestrar a Maduro y llevarlo a juicio, aunque no dice ante cuál instancia. Con sólo tener dos dedos de frente, se puede decir que sería el “Tribunal Supremo en el exilio”, el cual utiliza el Congreso colombiano para sala de reuniones y específicamente para “enjuiciar a Maduro”.
El paisaje que se ha venido dibujando en 2018 es uno donde los altos funcionarios estadounidenses y colombianos presionan abiertamente para intentar forzar un golpe de Estado en Venezuela, promocionándolo unas veces como forma de amnistía, y otras como un medio para “restituir la democracia” que la oposición venezolana no pudo.
La publicación de Bloomberg describe con nitidez el papel del gobierno colombiano en la planificación y coordinación de esta estrategia, pero también certifica, con igual nivel de claridad, su respaldo en lo que a la guerra en términos generales contra Venezuela concierne (contrabando, ataque a la moneda, paramilitarismo, etc.).
La siguiente secuencia habla por sí sola: luego de permanecer callado por meses, el autoexiliado Julio Borges, de quien sabemos que no le hace el feo cuando golpes de Estado se trata, resucitó en redes sociales para predecir que la caída de Maduro estaba cerca. Al unísono, el presidente Juan Manuel Santos también alertó que el fin de Maduro era inminente.
Dos pruebas irrefutables de algún tipo de involucramiento, o al menos conocimiento de causa, de un tipo de respaldo público con premeditación, con respecto a lo que sucedió ayer, pues sólo un intento de magnicidio es lo más parecido a sus profecías.
Ambos discursos, así como el reportaje de Bloomberg y los intensos llamados de funcionarios estadounidenses dirigidos al estamento militar venezolano en todo 2018, deben visualizarse, también, como maniobras de ablandamiento a la opinión pública, del imaginario colectivo, con el objetivo de obligar a la población a naturalizar una salida violenta o un hecho de conmoción en el corto plazo.
Preparar el cerebro del país para aceptar que algo trágico está por venir, viene acompañado, en este caso, por una estrategia de consentimiento forzado, artificial, donde la gente acepta una desgracia como algo lógico y ya predicho.
El presidente Maduro también señaló al estado de La Florida, cuna de los sancionadores crónicos de Venezuela (Marco Rubio, Ileana Ros, etc.), pero también de operadores de guerra sucia que se autoexiliaron allá. Como es el caso de José Antonio Colina, protegido por Marco Rubio y animador de la diáspora en Miami, que se hizo famoso por colocar bombas en la embajada de España y el CNE en 2003, y más recientemente por enviar implementos para dotar a los grupos violentos que protagonizaron las guarimbas.
El plan de recuperación económica: el acelerante
El plan de recuperación económica diseñado por el presidente Maduro y su equipo de gobierno ha sido una estrategia presentada como integral para atacar los focos sensibles de la guerra económica y devolverle al país la estabilidad.
El plan implica un reordenamiento de la política monetaria y cambiaria, una reorganización del subsidio a la gasolina y una despenalización (mediante la derogación de la Ley de Ilícitos Cambiarios) en el mercado de divisas para restarle influencia a los indicadores del dólar paralelo en la formación del sistema de precios.
Estas medidas dibujan un mapa de intereses económicos que se verán afectados, sobre todo en lo que corresponde a la gasolina. Y eso sí que es un asunto estrictamente binacional.
Regiones importantes del oriente colombiano, sus élites políticas ligadas al narcotráfico y al paramilitarismo, incluso su tejido económico y empresarial, dependen del saqueo a los combustibles venezolanos para mantener un estado artificioso de soberanía económica que no es tal.
Lo que está en juego con las medidas planteadas por Maduro no sólo es un cambio en las reglas en el juego, que podría inhabilitar focos sensibles de la guerra económica, o lo que es lo mismo, la pérdida total de capital político de la oposición y Estados Unidos, sino la propia subsistencia primaria de un sistema paraeconómico que al otro lado de la frontera vive del canibalismo de nuestros combustibles.
Ciertamente, ese factor apuntala aún más el involucramiento del lado colombiano, pues el cambio que pueden vivir esas regiones producto de la regularización sobre el comercio de gasolina le impone un nuevo foco de estabilidad, por estrenarse, al gobierno colombiano, que posiciona como una política de Estado derrocar a Maduro para mantener el orden actual de las cosas.
La zona de peligro estratégico y la etapa de conflicto post-sanciones económicas
Si lo vemos en perspectiva, en términos formales, puramente legales y políticos, Estados Unidos, el gran operador de la guerra contra Venezuela, ya tocó sus propios límites.
Avanzar por la vía de las sanciones implica fortalecer a Maduro, según sus propios think-tanks, o propiciar un conflicto con inversionistas y empresas con intereses en mantener relaciones tolerables con Venezuela. Avanzar por la vía militar tampoco es una opción en las condiciones actuales, razón por la cual se acentúa la tercerización de las operaciones contra la economía y la seguridad de Venezuela desde Colombia, bajo mecanismos paramilitares, diplomáticos, comerciales y financieros.
A nivel internacional, la OEA está fatigada del tema Venezuela (al igual que el Grupo de Lima) y resolver la situación llevando a Maduro al Tribunal Supremo en el exilio o la Corte Penal Internacional, no tiene todavía el nivel de maduración necesario para interrumpir el plan económico de recuperación. Hablando de la oposición interna, sucede la misma deriva: un país con múltiples conflictos no los ve como una referencia.
Entonces parecemos entrar irrefrenablemente a una zona de peligro que tiene a las sanciones como puntos de negociación y arietes de desmantelamiento económico, pero no como desenlace en sí mismo, más allá de que sea permanente la búsqueda por hacer coincidir el caos que genera el bloqueo financiero con una nueva modalidad de violencia que le dé algún saldo político a la oposición. Y en ese sentido, Colombia, esperando el nuevo gobierno de Iván Duque, quiere asumir el liderazgo que a lo interno colapsó.
El poder formal ya avanzó hasta donde le marcan los límites de la legalidad, lo que hace de la zona de peligro estratégica un escenario donde los ataques por venir estarán orientados a la criminalidad, a los asesinatos políticos, al recrudecimiento del colapso económico, y a las demás variantes que ofrece la guerra sucia y las jugadas extrapolíticas.
La imagen del atentado fue consistente y sintetiza el nuevo escenario de recrudecimiento iniciado después del 20 de mayo, aquel donde se le imprime a la situación venezolana un sentido de inseguridad total, donde toda la vida (política, institucional, económica, humana) de la sociedad está en riesgo, suspendida en cuanto a derechos constitucionalmente consagrados, en cuanto a lo que políticamente se ha conquistado; donde, también, las nuevas modalidades de muerte social implantadas contra Venezuela, mediante el bloqueo financiero (entre otros crímenes), plantean hacerse masivas y naturales a nuestro metabolismo social.
Y si el plan de recuperación económica busca frenar ese proceso, entonces hay que socavarlo. Y si las sanciones y la presión internacional no pueden, si no podemos colocar a la población en contra, entonces hay que matar al líder. Ese es el razonamiento que los llevó a asesinar a Patrice Lumumba, Omar Torrijos, y tantos otros. Si no puedo controlarte, te mato.
Y matar, en esos términos, implica, por sobre todas las cosas, fracturar una sociedad, romperla para siempre. Eso buscaban ayer, y nuevamente no pudieron.
(Tomado de Misión Verdad, publicado el 5 de agosto de 2018)
El mandatario encabezaba un acto en la avenida Bolívar en Caracas, por los 81 años de fundación de la GNB. Foto: Telesur.
Los hechos ya conocidos de la operación
En medio de una multitudinaria actividad en la avenida Bolívar de la ciudad de Caracas, a propósito del 81 aniversario del nacimiento de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), dos drones cargados con material explosivo estallaron cerca de la tarima presidencial, cuando el primer mandatario nacional se disponía a cerrar su discurso frente a los presentes.Ante la magnitud de la explosión, la transmisión en cadena nacional fue suspendida, los efectivos presentes reaccionaron con maniobras de repliegue y los protocolos de seguridad para resguardar la vida del jefe de Estado fueron debidamente activados.
Minutos después, ante la confusión generada, el ministro de comunicación e información, Jorge Rodríguez, confirmó que se trataba de un atentado y que el presidente Maduro y los altos funcionarios civilies y militares del Estado venezolano que estaban en la tarima, salieron ilesos. Siete efectivos militares resultaron heridos por las explosiones, los cuales ya reciben cuidados médicos.
Según versiones policiales, donde los drones cayeron luego de la explosión se constató la existencia de material explosivo. Fuentes “extraoficiales” relatadas por un periodista opositor, de nombre Román Camacho, recalcaron que los artefactos contenían explosivos C4.
Minutos después, un grupo denominando “Soldados de Franelas”, vinculado al extinto grupo paramilitar del ex Cicpc, Óscar Pérez, que a finales del año pasado realizó varios atentados armados a instituciones civiles y militares con el país, se adjudicó el atentado por redes sociales.
Este reconocimiento anuló la narrativa del “autoatentado” o de “una explosión aislada” en un edificio aledaño a la avenida Bolívar, que algunos operadores en redes sociales y medios internacionales, como Associated Press, habían tratado de instalar para distraer la atención y encubrir responsabilidades.
La célula encabezada por Pérez fue desmantelada mediante un fuerte enfrentamiento con las fuerzas de seguridad a principios de este mismo año muy cerca a la capital venezolana, específicamente en El Junquito. Sin embargo, la vuelta a la escena de uno de sus remanentes, indica que la carta paramilitar contra Venezuela también sigue sobre el tablero.
Al final de la noche, el presidente Nicolás Maduro compareció ante el país, relató lo ocurrido y destacó que los autores materiales del atentado están detenidos. Las primeras pesquisas, según el jefe de Estado, arrojan la vinculación del eje Bogotá-Miami, del presidente saliente de Colombia, Juan Manuel Santos, y de operadores radicados en La Florida.
Los aspectos simbólicos y materiales: selección del momento, lenguaje corporal y lógica del espectáculo
El intento de magnicidio mostró, también, una carga de violencia simbólica específica, dirigida a entidades políticas sensibles a la estabilidad del país y al Estado en general. La naturaleza del evento que se daba en la avenida Bolívar, como quienes integraban la tarima presidencial, a su vez describe la selección de un momento específico para llevar a cabo la operación.Se celebraba el aniversario de la GNB, cuerpo militar encargado del orden interno que en la revolución de color del año pasado fue clave en neutralizar el avance paramilitar de la guarimba y su infraestructura logística.
Atacar justo en ese acto y no en otro al Presidente, llevaba consigo el correlato simbólico de exhibir al cuerpo castrense como vulnerable y sin capacidad de respuesta, lo que debía servir para reflotar en el discurso público, mediante un acto de conmoción (fallido) a gran escala, el clima de confrontación violenta desarticulado por la Asamblea Nacional Constituyente hace un año.
Pero el atentado falló, y en consecuencia lo que tenía que desencadenarse si lograba su objetivo de afectar la vida del Presidente: la acumulación de una “masa crítica” vía propaganda para propiciar el caos, aprovechar la situación para generalizar una retórica del alzamiento propagada desde poderes externos y “resolver” el “vacío de autoridad” con una medida de fuerza externa (militar, probablemente), o al menos plantearla, como único mecanismo para “estabilizar” la nación e imponerle la banda presidencial a los múltiples próximos presidentes de Venezuela que aguardan gobernar.
Sólo pensando en lo peor, y en lo que ayer fue lo más probable, podemos agarrar dimensión de la zona de peligro extremo en la que acabamos de entrar.
Un dato simbólico no menor: en el acto se encontraba el jefe de Estado, el alto mando militar y los representantes de los poderes públicos venezolanos. En un mismo palco, la síntesis material, humana, de los elementos constitutivos del Estado venezolano. En esa selección del momento, el intento de magnicidio plasmó su planteamiento de fondo: matar al Estado y a los cuerpos físicos que representan todavía la delgada frontera entre la paz y la guerra.
La avenida Bolívar contempla un conjunto de atributos (espacio abierto, edificios de altura en sus adyacencias, etc.) que dieron un sentido de oportunidad para realizar el atentado, en tanto la manipulación de los drones explosivos podía llegar al objetivo sobreexplotando algunas debilidades en la seguridad.
Sin embargo, que haya sido en medio de una cadena de radio y televisión describe la intención de imprimirle cierta lógica del espectáculo al hecho funcional a eternizar en el imaginario colectivo un precedente mortal para la historia contemporánea del país. No sólo buscaban matarlo, sino que fuera un hecho espectacular, mediatizado y en cadena nacional.
En la política, a veces el lenguaje corporal dice más que los discursos. Y en ese renglón el presidente Maduro entra a la historia precisamente por su conducta en una situación en definitiva extrema: en el momento de la explosión, se le vio inalterable, tranquilo, incluso con disposición a continuar el discurso con la muerte en frente.
Si este momento sirve como precedente para internalizar hasta dónde están dispuestos a llegar los operadores de la guerra contra Venezuela, también es útil para ver la determinación de Maduro y su fortaleza justo cuando la muerte truena.
Paramilitarización de la política, tecnificación de la violencia y los saltos cualitativos desde el Golpe Azul
Es con el Golpe Azul (fallido) que se introduce con mayor nitidez en la política venezolana un tipo de violencia política donde el factor armado juega un papel central. Es allí donde comenzó a encontrar puntos de convergencia la conspiración interna en el mundo castrense (patrocinada desde el extranjero), el espectro más demente de la oposición venezolana y el suministro financiero estadounidense y colombiano hacia agendas antipolíticas. Allí se destacaron Julio Borges y Antonio Ledezma como operadores de guerra sucia.Es desde ese plan de bombardear el Palacio de Miraflores y asesinar al presidente Maduro que, hasta la actualidad, puede observarse una mutación operativa, una ampliación en las capacidades y una profesionalización en los métodos, que viene aumentando su presencia en la vida política del país.
Muestra de ello no fue sólo el grado de preparación en guerra urbana en los operadores de las guarimbas de 2014 y 2017, sino la emergencia de una versión criolla del Estado Islámico, caso Óscar Pérez y su célula, con un sentido sofisticado y selectivo de la violencia irregular. Sus ataques a instituciones civiles y militares así lo demostraron.
Desde los sucesos en la finca Daktarí en el año 2004 en adelante, pasando por todos los planes de magnicidio desmantelados por el aparato de seguridad venezolano, hasta llegar a Óscar Pérez, la huella del paramilitarismo colombiano está presente. Y lo que se ve con mayor nitidez, en términos de retrospectiva, es un cambio en sus formas de ejecución, pero también en la selección de sus focos.
Al no tener en el escenario actual las condiciones que propicien una guerra abierta bajo la coordenada colombiana, el tratamiento o la forma de llegar al objetivo se adapta.
Y la prueba material de esa tecnificación es precisamente el uso de un dron artillado. Este mecanismo representa una de las mortales innovaciones dentro de los recursos bélicos del Estado Islámico, debido a las ventajas tácticas y financieras que implica para matar con mayor nivel de efectividad.
Este mecanismo, a su vez, ha sido importado y adaptado por el mundo del narcotráfico, siendo el mexicano el que lo ha instrumentalizado con mayor nivel de visibilidad.
El uso de este instrumento, más que describir un nivel de experticia y preparación relacionado a un tipo de violencia profesionalizada, pone las trazas de la operación en operadores paramilitares que sirven como canal de importación de las novedades del terrorismo.
Justo allí donde lo anecdótico se vuelve estratégico, y un susto como el de ayer en síntoma de algo más grave: el fenómeno paramilitar como una estrategia para alterar la naturaleza pacífica y democrática de la población venezolana. La expansión del Estado fallido colombiano también se narra por ahí.
Bogotá-Miami: el centro de operaciones
Un reportaje del medio especializado en finanzas Bloomberg, publicado el mes de junio, ratificó lo que sabemos desde el Golpe Azul: Colombia ha servido como base de operación, financiamiento y coordinación de planes golpistas (y magnicidas) contra Venezuela.
Esta vez se llamaba “Operación Constitución” y había sido planificada en Bogotá, con respaldo de financieros y militares colombianos. El objetivo era secuestrar a Maduro y llevarlo a juicio, aunque no dice ante cuál instancia. Con sólo tener dos dedos de frente, se puede decir que sería el “Tribunal Supremo en el exilio”, el cual utiliza el Congreso colombiano para sala de reuniones y específicamente para “enjuiciar a Maduro”.
El paisaje que se ha venido dibujando en 2018 es uno donde los altos funcionarios estadounidenses y colombianos presionan abiertamente para intentar forzar un golpe de Estado en Venezuela, promocionándolo unas veces como forma de amnistía, y otras como un medio para “restituir la democracia” que la oposición venezolana no pudo.
La publicación de Bloomberg describe con nitidez el papel del gobierno colombiano en la planificación y coordinación de esta estrategia, pero también certifica, con igual nivel de claridad, su respaldo en lo que a la guerra en términos generales contra Venezuela concierne (contrabando, ataque a la moneda, paramilitarismo, etc.).
La siguiente secuencia habla por sí sola: luego de permanecer callado por meses, el autoexiliado Julio Borges, de quien sabemos que no le hace el feo cuando golpes de Estado se trata, resucitó en redes sociales para predecir que la caída de Maduro estaba cerca. Al unísono, el presidente Juan Manuel Santos también alertó que el fin de Maduro era inminente.
Dos pruebas irrefutables de algún tipo de involucramiento, o al menos conocimiento de causa, de un tipo de respaldo público con premeditación, con respecto a lo que sucedió ayer, pues sólo un intento de magnicidio es lo más parecido a sus profecías.
Ambos discursos, así como el reportaje de Bloomberg y los intensos llamados de funcionarios estadounidenses dirigidos al estamento militar venezolano en todo 2018, deben visualizarse, también, como maniobras de ablandamiento a la opinión pública, del imaginario colectivo, con el objetivo de obligar a la población a naturalizar una salida violenta o un hecho de conmoción en el corto plazo.
Preparar el cerebro del país para aceptar que algo trágico está por venir, viene acompañado, en este caso, por una estrategia de consentimiento forzado, artificial, donde la gente acepta una desgracia como algo lógico y ya predicho.
El presidente Maduro también señaló al estado de La Florida, cuna de los sancionadores crónicos de Venezuela (Marco Rubio, Ileana Ros, etc.), pero también de operadores de guerra sucia que se autoexiliaron allá. Como es el caso de José Antonio Colina, protegido por Marco Rubio y animador de la diáspora en Miami, que se hizo famoso por colocar bombas en la embajada de España y el CNE en 2003, y más recientemente por enviar implementos para dotar a los grupos violentos que protagonizaron las guarimbas.
El plan de recuperación económica: el acelerante
El plan de recuperación económica diseñado por el presidente Maduro y su equipo de gobierno ha sido una estrategia presentada como integral para atacar los focos sensibles de la guerra económica y devolverle al país la estabilidad.
El plan implica un reordenamiento de la política monetaria y cambiaria, una reorganización del subsidio a la gasolina y una despenalización (mediante la derogación de la Ley de Ilícitos Cambiarios) en el mercado de divisas para restarle influencia a los indicadores del dólar paralelo en la formación del sistema de precios.
Estas medidas dibujan un mapa de intereses económicos que se verán afectados, sobre todo en lo que corresponde a la gasolina. Y eso sí que es un asunto estrictamente binacional.
Regiones importantes del oriente colombiano, sus élites políticas ligadas al narcotráfico y al paramilitarismo, incluso su tejido económico y empresarial, dependen del saqueo a los combustibles venezolanos para mantener un estado artificioso de soberanía económica que no es tal.
Lo que está en juego con las medidas planteadas por Maduro no sólo es un cambio en las reglas en el juego, que podría inhabilitar focos sensibles de la guerra económica, o lo que es lo mismo, la pérdida total de capital político de la oposición y Estados Unidos, sino la propia subsistencia primaria de un sistema paraeconómico que al otro lado de la frontera vive del canibalismo de nuestros combustibles.
Ciertamente, ese factor apuntala aún más el involucramiento del lado colombiano, pues el cambio que pueden vivir esas regiones producto de la regularización sobre el comercio de gasolina le impone un nuevo foco de estabilidad, por estrenarse, al gobierno colombiano, que posiciona como una política de Estado derrocar a Maduro para mantener el orden actual de las cosas.
La zona de peligro estratégico y la etapa de conflicto post-sanciones económicas
Si lo vemos en perspectiva, en términos formales, puramente legales y políticos, Estados Unidos, el gran operador de la guerra contra Venezuela, ya tocó sus propios límites.
Avanzar por la vía de las sanciones implica fortalecer a Maduro, según sus propios think-tanks, o propiciar un conflicto con inversionistas y empresas con intereses en mantener relaciones tolerables con Venezuela. Avanzar por la vía militar tampoco es una opción en las condiciones actuales, razón por la cual se acentúa la tercerización de las operaciones contra la economía y la seguridad de Venezuela desde Colombia, bajo mecanismos paramilitares, diplomáticos, comerciales y financieros.
A nivel internacional, la OEA está fatigada del tema Venezuela (al igual que el Grupo de Lima) y resolver la situación llevando a Maduro al Tribunal Supremo en el exilio o la Corte Penal Internacional, no tiene todavía el nivel de maduración necesario para interrumpir el plan económico de recuperación. Hablando de la oposición interna, sucede la misma deriva: un país con múltiples conflictos no los ve como una referencia.
Entonces parecemos entrar irrefrenablemente a una zona de peligro que tiene a las sanciones como puntos de negociación y arietes de desmantelamiento económico, pero no como desenlace en sí mismo, más allá de que sea permanente la búsqueda por hacer coincidir el caos que genera el bloqueo financiero con una nueva modalidad de violencia que le dé algún saldo político a la oposición. Y en ese sentido, Colombia, esperando el nuevo gobierno de Iván Duque, quiere asumir el liderazgo que a lo interno colapsó.
El poder formal ya avanzó hasta donde le marcan los límites de la legalidad, lo que hace de la zona de peligro estratégica un escenario donde los ataques por venir estarán orientados a la criminalidad, a los asesinatos políticos, al recrudecimiento del colapso económico, y a las demás variantes que ofrece la guerra sucia y las jugadas extrapolíticas.
La imagen del atentado fue consistente y sintetiza el nuevo escenario de recrudecimiento iniciado después del 20 de mayo, aquel donde se le imprime a la situación venezolana un sentido de inseguridad total, donde toda la vida (política, institucional, económica, humana) de la sociedad está en riesgo, suspendida en cuanto a derechos constitucionalmente consagrados, en cuanto a lo que políticamente se ha conquistado; donde, también, las nuevas modalidades de muerte social implantadas contra Venezuela, mediante el bloqueo financiero (entre otros crímenes), plantean hacerse masivas y naturales a nuestro metabolismo social.
Y si el plan de recuperación económica busca frenar ese proceso, entonces hay que socavarlo. Y si las sanciones y la presión internacional no pueden, si no podemos colocar a la población en contra, entonces hay que matar al líder. Ese es el razonamiento que los llevó a asesinar a Patrice Lumumba, Omar Torrijos, y tantos otros. Si no puedo controlarte, te mato.
Y matar, en esos términos, implica, por sobre todas las cosas, fracturar una sociedad, romperla para siempre. Eso buscaban ayer, y nuevamente no pudieron.
(Tomado de Misión Verdad, publicado el 5 de agosto de 2018)
Detalles indispensables sobre los drones que intentaron asesinar a Nicolás Maduro
Durante este domingo, el ministro de Interior y Justicia de
Venezuela, Néstor Reverol, presentó un breve balance sobre los alcances
en la investigación del intento de magnicidio del presidente Nicolás
Maduro que tuviera lugar el pasado sábado en horas de la tarde.
Agosto 5 de 2018, 11:00 pm - MISIÒN VERDAD
Durante su presentación, Reverol señaló
que en este ataque se utilizaron 2 drones modelo DJI M600, que iban
directamente contra la figura del Presidente venezolano y demás
autoridades civiles y militares que le acompañaban durante el acto de
aniversario de la Guardia Nacional Bolivariana, acto realizado en la
avenida Bolívar de la capital venezolana.
De acuerdo al ministro, cada dron de helices contenía 1 kilógramo del explosivo denominado C4 con un poder de afectación a un radio de aproximadamente 50 metros.
Hizo saber que una de las dispositivos sobrevoló la tribuna presidencial "con el fin de activar a distancia la sustancia explosiva en la tribuna", pero afirmó que gracias a las técnicas especiales de la Guardia de Honor presidencial" y la instalación de equipos inhibidores de señales, se logró desorientar "a ambas unidades, lo que trajo como consecuencia que los explosivos se activaran "fuera del perímetro planificado" por los actores del hecho.
El atentado forma parte del mismo hilo de otras operaciones frustradas como el "Golpe Azul", la "Operación Jericó" y la "Operación Constitución", que anteriormente han tenido el denominador de uso de elementos militares y paramilitares para intentar cometer magnicidio y destruir las principales líneas de mando del poder político en Venezuela, bien sea por el propósito específico de asalto al poder nacional o propiciar un cuadro de desestabilización.
La organización terrorista "Soldados de franelas" se adjudicó el ataque al presidente Maduro. Esta célula estaría compuesta por reductos de la desarticulada banda paramilitarizada dirigida por el ex comando del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), Óscar Pérez, abatido por las autoridades venezolanas.
A la vista de los primeros elementos que arroja la investigación sobre esta operación frustrada, es evidente el aumento del apresto operativo y nivel de sofisticación de estos factores terroristas.
Reverol agregó datos sobre los modelos utilizados. El "Drone DJI M600" es un artefacto "diseñado para trabajos industriales que pueden soportar grandes cargas y peso, como una cámara de cine o un kit complejo de grabación".
En abril de 2017 la cadena Fox News realizó un informe sobre el uso de drones comerciales, como el DJI M600, por parte del Estado Islámico en sus operaciones en Irak y Siria. Estos dispositivos son ahora un componente esencial en el modelo de guerra asimétrica en varios teatros de operaciones, debido a su bajo costo, fácil manejo, alto nivel de maniobrabilidad, capacidades furtivas y el fácil traslado y ocultamiento de dichas unidades.
El modelo de guerra teledirigida, que supone la superación del modelo de ataque "cuerpo a cuerpo" contra objetivos específicos, se ve incrementado con la proliferación de este tipo de tecnologías. Ahora elementos venezolanos, presuntamente patrocinados desde Colombia y Miami -como señalan las autoridades venezolanas-, han emprendido esta embestida terrorista afiliándose a estas modalidades que ya son compartidas por otras organizaciones terroristas y criminales del mundo.
El mismo Estado Islámico y otras organizaciones terroristas salafistas en la guerra en Siria, han trabajado en el diseño de estos dispositivos, dado que estas tecnologías provistas por fabricantes comerciales contienen metadatos que registran el origen de los artefactos. Para eludir el rastreamiento de sus proveedores y líneas de abastecimiento, la fabricación artesanal es una alternativa para estas organizaciones armadas.
Según el New York Times, los ataques con drones por fuerzas irregulares son cada vez más mortíferos y su despliegue impone un nuevo cuadro de vulnerabilidad a los factores militares, quienes ahora requieren el empleo de nuevas tecnologías para suprimir estas amenazas.
A mediados de julio pasado, fue dada a conocer la noticia del ataque efectivo por drones fabricados por las fuerzas huties de Yemen contra objetivos de la industria petrolera saudita Aramco. En esa oportunidad, estos artefactos de largo alcance lograron superar los sistemas antiaéreos sauditas mediante el vuelo rasante.
Los aviones no tripulados yemeníes habían atacado ya antes en distintas ocasiones a compañías petroleras saudíes, por ejemplo en la región de Jizan, en el suroeste de Arabia Saudí, reseña la cadena iraní de noticias HispanTV.
En México, los carteles de drogas han empleado drones tipo mini-helicóptero de procedencia comercial, para convertirlos en lanza bombas de tipo "papa" a distancia.
El uso de drones por estas organizaciones criminales anteriormente se registró para el traslado de drogas y armas, así como con propósitos de vigilancia y ubicación de sus objetivos. Entre 2012 y 2014 las autoridades estadounidenses registraron unas 150 incursiones de estos artefactos en su frontera con México.
En la revista Small Wars, una nota de Robert Bunker y John Sullivan, especialistas en seguridad y armas, señalaron la importancia del hecho "inevitable", del aumento del uso de drones para fines criminales y terroristas. Según los autores, los drones "cada vez más juegan un papel en lo que se puede considerar tácticas, técnicas y procedimientos terroristas", dado el factor "imprevisible" y en muchos casos "indetectable" de estos aparatos.
Según Bunker y Sullivan, "un vehículo aéreo no tripulado armado con artefactos explosivos y detonado de forma remota permite un ataque de precisión contra un objetivo intencional, y esto cambia completamente la perspectiva sobre los patrones convencionales de ataques".
El uso de estos artefactos como dispositivos operativos y funcionales para intentar asesinar al Presidente Nicolás Maduro, consiste en el primer evento conocido en la historia que da cuenta del uso de estas tecnologías comerciales pero furtivas, contra la vida de un Jefe de Estado.
El potencial daño y la cercanía de las detonaciones contra la figura del Presidente venezolano, impone además el precedente de que esta situación puede catalogarse y registrarse como un evento de riesgo real.
En su presentación de este domingo, el ministro de Interior, Justicia y Paz de Venezuela, Néstor Reverol, señaló que uno de estos artefactos estalló en el aire frente a la tarima presidencial y el otro se precipitó hasta un edificio adyacente al acto oficial para luego detonar.
De acuerdo al ministro, cada dron de helices contenía 1 kilógramo del explosivo denominado C4 con un poder de afectación a un radio de aproximadamente 50 metros.
Hizo saber que una de las dispositivos sobrevoló la tribuna presidencial "con el fin de activar a distancia la sustancia explosiva en la tribuna", pero afirmó que gracias a las técnicas especiales de la Guardia de Honor presidencial" y la instalación de equipos inhibidores de señales, se logró desorientar "a ambas unidades, lo que trajo como consecuencia que los explosivos se activaran "fuera del perímetro planificado" por los actores del hecho.
El atentado forma parte del mismo hilo de otras operaciones frustradas como el "Golpe Azul", la "Operación Jericó" y la "Operación Constitución", que anteriormente han tenido el denominador de uso de elementos militares y paramilitares para intentar cometer magnicidio y destruir las principales líneas de mando del poder político en Venezuela, bien sea por el propósito específico de asalto al poder nacional o propiciar un cuadro de desestabilización.
La organización terrorista "Soldados de franelas" se adjudicó el ataque al presidente Maduro. Esta célula estaría compuesta por reductos de la desarticulada banda paramilitarizada dirigida por el ex comando del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), Óscar Pérez, abatido por las autoridades venezolanas.
A la vista de los primeros elementos que arroja la investigación sobre esta operación frustrada, es evidente el aumento del apresto operativo y nivel de sofisticación de estos factores terroristas.
Reverol agregó datos sobre los modelos utilizados. El "Drone DJI M600" es un artefacto "diseñado para trabajos industriales que pueden soportar grandes cargas y peso, como una cámara de cine o un kit complejo de grabación".
En abril de 2017 la cadena Fox News realizó un informe sobre el uso de drones comerciales, como el DJI M600, por parte del Estado Islámico en sus operaciones en Irak y Siria. Estos dispositivos son ahora un componente esencial en el modelo de guerra asimétrica en varios teatros de operaciones, debido a su bajo costo, fácil manejo, alto nivel de maniobrabilidad, capacidades furtivas y el fácil traslado y ocultamiento de dichas unidades.
El modelo de guerra teledirigida, que supone la superación del modelo de ataque "cuerpo a cuerpo" contra objetivos específicos, se ve incrementado con la proliferación de este tipo de tecnologías. Ahora elementos venezolanos, presuntamente patrocinados desde Colombia y Miami -como señalan las autoridades venezolanas-, han emprendido esta embestida terrorista afiliándose a estas modalidades que ya son compartidas por otras organizaciones terroristas y criminales del mundo.
El mismo Estado Islámico y otras organizaciones terroristas salafistas en la guerra en Siria, han trabajado en el diseño de estos dispositivos, dado que estas tecnologías provistas por fabricantes comerciales contienen metadatos que registran el origen de los artefactos. Para eludir el rastreamiento de sus proveedores y líneas de abastecimiento, la fabricación artesanal es una alternativa para estas organizaciones armadas.
Según el New York Times, los ataques con drones por fuerzas irregulares son cada vez más mortíferos y su despliegue impone un nuevo cuadro de vulnerabilidad a los factores militares, quienes ahora requieren el empleo de nuevas tecnologías para suprimir estas amenazas.
A mediados de julio pasado, fue dada a conocer la noticia del ataque efectivo por drones fabricados por las fuerzas huties de Yemen contra objetivos de la industria petrolera saudita Aramco. En esa oportunidad, estos artefactos de largo alcance lograron superar los sistemas antiaéreos sauditas mediante el vuelo rasante.
Los aviones no tripulados yemeníes habían atacado ya antes en distintas ocasiones a compañías petroleras saudíes, por ejemplo en la región de Jizan, en el suroeste de Arabia Saudí, reseña la cadena iraní de noticias HispanTV.
En México, los carteles de drogas han empleado drones tipo mini-helicóptero de procedencia comercial, para convertirlos en lanza bombas de tipo "papa" a distancia.
El uso de drones por estas organizaciones criminales anteriormente se registró para el traslado de drogas y armas, así como con propósitos de vigilancia y ubicación de sus objetivos. Entre 2012 y 2014 las autoridades estadounidenses registraron unas 150 incursiones de estos artefactos en su frontera con México.
En la revista Small Wars, una nota de Robert Bunker y John Sullivan, especialistas en seguridad y armas, señalaron la importancia del hecho "inevitable", del aumento del uso de drones para fines criminales y terroristas. Según los autores, los drones "cada vez más juegan un papel en lo que se puede considerar tácticas, técnicas y procedimientos terroristas", dado el factor "imprevisible" y en muchos casos "indetectable" de estos aparatos.
Según Bunker y Sullivan, "un vehículo aéreo no tripulado armado con artefactos explosivos y detonado de forma remota permite un ataque de precisión contra un objetivo intencional, y esto cambia completamente la perspectiva sobre los patrones convencionales de ataques".
El uso de estos artefactos como dispositivos operativos y funcionales para intentar asesinar al Presidente Nicolás Maduro, consiste en el primer evento conocido en la historia que da cuenta del uso de estas tecnologías comerciales pero furtivas, contra la vida de un Jefe de Estado.
El potencial daño y la cercanía de las detonaciones contra la figura del Presidente venezolano, impone además el precedente de que esta situación puede catalogarse y registrarse como un evento de riesgo real.
En su presentación de este domingo, el ministro de Interior, Justicia y Paz de Venezuela, Néstor Reverol, señaló que uno de estos artefactos estalló en el aire frente a la tarima presidencial y el otro se precipitó hasta un edificio adyacente al acto oficial para luego detonar.
Tarek William Saab: No solo fue un intento de magnicidio sino un intento de masacre
El
Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela, Tarek William
Saab, ofreció detalles este lunes al respecto del intento de asesinato
al Presidente Nicolás Maduro el pasado sábado 4 de agosto, en donde
calificó el hecho como un intento de masacre.
El Fiscal General precisó que el hecho no es un caso aislado y es parte de las acciones violentas que viene infringiendo sectores radicales.
“Pareciera que un sector no quiere entender que Venezuela desea paz y tranquilidad, resolver sus problemas de cualquier índole, económico, social y político, por la vía pacífica”, acotó.
William Saab agregó que no solo fue un intento de magnicidio, “yo pudiera calificarlo como un intento de una masacre, todos hubiéramos sido victimas de este hecho, producido por mentes criminales”.
Saab aseveró que se han obtenido prueba de interés para la investigación y fueron detenidos en flagrancia dos personas que operaban los drones desde un vehículo cercano al Acto donde se encontraba el Mandatario Nacional.
“Hay testigos que vieron despegar el dispositivo y los identificaron, este fue el dron que se estrelló en las residencia Don Eduardo en la avenida Fuerzas Armadas”, agregó.
Además fueron identificados todos los autores materiales del hecho y sus colaboradores inmediatos, también se estableció el sitio en que lo autores materiales se alojaron los días previos al intento de magnicidio.
Saab agregó en su alocución que se identificaron las personas encargadas de crear los explosivos que cargaron los dispositivos voladores.
“Se presume según la evidencia recabada, que este atentado estuvo vinculado con una investigación que adelanta el Ministerio público en este momento, por un hecho terrorista ocurrido hace exactamente un año de esta fecha”, afirmó Saab.
“Quienes buscaron amedrentar a las autoridades del estado venezolano, lo que han logrado es fortalecer la unidad institucional de los poderes públicos, en relación de lo que implica la defensa de la democracia venezolana, de la paz y la estabilidad del país”, concretó.
T/ CO
El Fiscal General precisó que el hecho no es un caso aislado y es parte de las acciones violentas que viene infringiendo sectores radicales.
“Pareciera que un sector no quiere entender que Venezuela desea paz y tranquilidad, resolver sus problemas de cualquier índole, económico, social y político, por la vía pacífica”, acotó.
William Saab agregó que no solo fue un intento de magnicidio, “yo pudiera calificarlo como un intento de una masacre, todos hubiéramos sido victimas de este hecho, producido por mentes criminales”.
AVANCES DE LA INVESTIGACIÓN
“Nosotros hemos comisionado cuatro fiscales, hemos agregado un nuevo fiscal, el 93, el 83, el 67 y el 38, quienes luego de un arduo trabajo de investigación conjuntamente con el órgano de Justicia que está trabajando con nosotros, se conoce el lugar donde operaron los dos drones”, afirmó el Fiscal General.Saab aseveró que se han obtenido prueba de interés para la investigación y fueron detenidos en flagrancia dos personas que operaban los drones desde un vehículo cercano al Acto donde se encontraba el Mandatario Nacional.
“Hay testigos que vieron despegar el dispositivo y los identificaron, este fue el dron que se estrelló en las residencia Don Eduardo en la avenida Fuerzas Armadas”, agregó.
Además fueron identificados todos los autores materiales del hecho y sus colaboradores inmediatos, también se estableció el sitio en que lo autores materiales se alojaron los días previos al intento de magnicidio.
Saab agregó en su alocución que se identificaron las personas encargadas de crear los explosivos que cargaron los dispositivos voladores.
“Se presume según la evidencia recabada, que este atentado estuvo vinculado con una investigación que adelanta el Ministerio público en este momento, por un hecho terrorista ocurrido hace exactamente un año de esta fecha”, afirmó Saab.
ACUSACIONES
Los detenidos son acusados oficialmente por el Ministerio Público de Traición a la Patria, Homicidio intencional calificado en grado de frustración, Homicidio frustrado y Lesiones graves en los funcionarios heridos, Lanzamiento de artefacto explosivo en reuniones publicas, Terrorismo, Asociación para delinquir y Financiamientos al terrorismo.“Quienes buscaron amedrentar a las autoridades del estado venezolano, lo que han logrado es fortalecer la unidad institucional de los poderes públicos, en relación de lo que implica la defensa de la democracia venezolana, de la paz y la estabilidad del país”, concretó.
T/ CO
F/ Archivo
Indicios y elementos: la oligarquía colombiana detrás del plan de magnicidio
No es descabellado pensar que el gobierno de Colombia está
involucrado en la operación que tenía por objetivo asesinar al
presidente Nicolás Maduro (y el alto mando militar) vía drones y
explosivos. Los políticos más decisivos del vecino país han declarado en
varias oportunidades que les gustaría ver derrocado al chavismo del
poder.
Agosto 6 de 2018, 3:40 pm - MISIÒN VERDAD
En
Colombia, los agentes mercenarios de la oligarquía se han especializado
en asesinar a dirigentes políticos y sociales de distintos calibres en
los últimos 70 años. Desde Jorge Eliécer Gaitán hasta personas que
estuvieron involucradas en la última campaña presidencial de Gustavo
Petro, los atentados son una constante según reporta la Defensoría del Pueblo
del vecino país: más de 300 líderes sociales y defensores de los
derechos humanos han muerte de la mano del paramilitarismo, el sicariato
político y la violencia armada oficial.
Aquella misma estrategia parece tener un carácter de exportación, si tomamos en cuenta a los más representativos del establishment colombiano declarando sobre Venezuela, donde recientemente hubo un intento de magnicidio contra el presidente Nicolás Maduro.
El primer mandatario nacional acusó directamente a Juan Manuel Santos, de salida en su papel presidencial pero aún parte de la oligarquía mediática a través de su pudiente familia, del frustrado asesinato, y existe material de consulta abierta que distingue esa posibilidad como cierta.
El gobierno colombiano se ha implicado de lleno en la desestabilización económica, financiera y hasta social de su vecino, llegando incluso a comprometerse con Estados Unidos para bloquear alimentos y medicinas importadas de antemano por el Gobierno Bolivariano. Asesinar a Nicolás Maduro hubiera sido la guinda del pastel.
Hay que tomar en cuenta que Colombia, mientras Santos estuvo en la Casa de Nariño, no designó embajador alguno a Caracas luego de las turbulencias diplomáticas en 2016 entre ambos países, por lo que ha subido el tono confrontacional en los últimos tiempos.
Otro comprometido con la destrucción de Venezuela es Álvaro Uribe Vélez, quien el mismo día del atentado explicaba a empresarios estadounidenses por qué invadir el país para derrocar al gobierno de Maduro, con el Pentágono de protagonista vital en la operación.
No es reciente su amenaza, pues Uribe ya había llamado a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) a deponer al Presidente en enero de este año, así como lo hizo recientemente el domingo, el día después de la fracasada misión de acabar con la vida del jefe de Estado venezolano.
Así, los actores más resaltantes de la política colombiana llaman constantemente a un golpe de Estado bajo distintas vías, y contemplando variados recursos.
El mismo presidente electo Iván Duque, protegido de Uribe Vélez, prometió asimismo hacer los esfuerzos por sacar a Maduro de Miraflores.
Es precisamente el ala más vinculada al establishment estadounidense el que ubica su discurso en el lado beligerante contra Venezuela, y ello no debería ser un factor de sorpresa.
Quien hasta hace unos meses era el director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés), Mike Pompeo, ahora secretario de Estado de Donald Trump, había reconocido que trabajaba coordinadamente con las administraciones de México y Colombia para derrocar al Gobierno Bolivariano.
Las diferentes tácticas se mezclan con lo económico-financiero, golpes mediáticos, decisiones militares en la frontera, entre otros movimientos usuales de los manuales de la CIA, ya conocidos de la guerra sucia contra otros países de la región durante el siglo XX.
La ventaja que tiene Estados Unidos en Colombia son la infraestructura militar enquistada territorialmente en nueve bases millitares y la influencia que tiene sobre el sistema económico colombiano. Todos los recursos de guerra contra Venezuela, esta vez específicamente sobre el presidente Maduro, son delegaciones si tienen acento colombiano.
De hecho, el medio radicado en Nueva York, Bloomberg, confirmó que Estados Unidos y Colombia coordinaban una operación militar a lo interno de la FANB para derrocar al presidente Maduro, llamada "Operación Constitución". Ésta no se dio porque "algo falló", según el reportaje.
Se expone a Bogotá como el centro de la fracasada conspiración, donde actualmente reside el autodenominado "Tribunal Supremo de Justicia en el exilio" a la espera de enjuiciar a Maduro.
El mismo presidente venezolano denunció a finales de junio que desde Colombia se venía preparando una operación de bandera falsa para incriminar al Gobierno Bolivariano a supuestos crímenes de lesa humanidad: "Se están montando falsos positivos, desde Bogotá, para perturbar la paz de Venezuela y cuentan con un puñado de traidores; políticos traidores, militares retirados traidores, que no representan el gentilicio venezolano".
Con declaraciones y pruebas recientes de que la Casa de Nariño planifica una conspiración contra la estabilidad de Venezuela, no sólo a corto sino a mediano y largo plazo, no resulta entonces ilógico que el magnicidio en grado de frustración contra el jefe del Estado venezolano tenga huella colombiana.
Aquella misma estrategia parece tener un carácter de exportación, si tomamos en cuenta a los más representativos del establishment colombiano declarando sobre Venezuela, donde recientemente hubo un intento de magnicidio contra el presidente Nicolás Maduro.
El primer mandatario nacional acusó directamente a Juan Manuel Santos, de salida en su papel presidencial pero aún parte de la oligarquía mediática a través de su pudiente familia, del frustrado asesinato, y existe material de consulta abierta que distingue esa posibilidad como cierta.
Motivos para una sospecha
La última declaración de Santos sobre Venezuela esclarece el objetivo principal de la política exterior colombiana: "Veo cerca la caída del 'régimen' de Maduro", e insistió en que "ojalá mañana" mismo terminara el gobierno de Maduro, frente a lo cual "Colombia estaría más que dispuesta y lista a ayudar en todas las formas posibles". Esto lo dijo el 30 de julio pasado, una semana antes del vuelo de los drones.El gobierno colombiano se ha implicado de lleno en la desestabilización económica, financiera y hasta social de su vecino, llegando incluso a comprometerse con Estados Unidos para bloquear alimentos y medicinas importadas de antemano por el Gobierno Bolivariano. Asesinar a Nicolás Maduro hubiera sido la guinda del pastel.
Hay que tomar en cuenta que Colombia, mientras Santos estuvo en la Casa de Nariño, no designó embajador alguno a Caracas luego de las turbulencias diplomáticas en 2016 entre ambos países, por lo que ha subido el tono confrontacional en los últimos tiempos.
Otro comprometido con la destrucción de Venezuela es Álvaro Uribe Vélez, quien el mismo día del atentado explicaba a empresarios estadounidenses por qué invadir el país para derrocar al gobierno de Maduro, con el Pentágono de protagonista vital en la operación.
No es reciente su amenaza, pues Uribe ya había llamado a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) a deponer al Presidente en enero de este año, así como lo hizo recientemente el domingo, el día después de la fracasada misión de acabar con la vida del jefe de Estado venezolano.
Así, los actores más resaltantes de la política colombiana llaman constantemente a un golpe de Estado bajo distintas vías, y contemplando variados recursos.
El mismo presidente electo Iván Duque, protegido de Uribe Vélez, prometió asimismo hacer los esfuerzos por sacar a Maduro de Miraflores.
Es precisamente el ala más vinculada al establishment estadounidense el que ubica su discurso en el lado beligerante contra Venezuela, y ello no debería ser un factor de sorpresa.
El papel de Estados Unidos
Resalta entonces el mandato por parte de poderes nodales en los Estados Unidos a los actores relevantes de la oligarquía colombiana para promover un conflicto a gran escala con Venezuela. Está documentado y analizado previamente en esta tribuna. Pero lo más importante a resaltar en estos momentos son las declaraciones y descubrimientos que han tenido a Bogotá como protagonista estelar en los planes de intervención contra el país.Quien hasta hace unos meses era el director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés), Mike Pompeo, ahora secretario de Estado de Donald Trump, había reconocido que trabajaba coordinadamente con las administraciones de México y Colombia para derrocar al Gobierno Bolivariano.
Las diferentes tácticas se mezclan con lo económico-financiero, golpes mediáticos, decisiones militares en la frontera, entre otros movimientos usuales de los manuales de la CIA, ya conocidos de la guerra sucia contra otros países de la región durante el siglo XX.
La ventaja que tiene Estados Unidos en Colombia son la infraestructura militar enquistada territorialmente en nueve bases millitares y la influencia que tiene sobre el sistema económico colombiano. Todos los recursos de guerra contra Venezuela, esta vez específicamente sobre el presidente Maduro, son delegaciones si tienen acento colombiano.
De hecho, el medio radicado en Nueva York, Bloomberg, confirmó que Estados Unidos y Colombia coordinaban una operación militar a lo interno de la FANB para derrocar al presidente Maduro, llamada "Operación Constitución". Ésta no se dio porque "algo falló", según el reportaje.
Se expone a Bogotá como el centro de la fracasada conspiración, donde actualmente reside el autodenominado "Tribunal Supremo de Justicia en el exilio" a la espera de enjuiciar a Maduro.
El mismo presidente venezolano denunció a finales de junio que desde Colombia se venía preparando una operación de bandera falsa para incriminar al Gobierno Bolivariano a supuestos crímenes de lesa humanidad: "Se están montando falsos positivos, desde Bogotá, para perturbar la paz de Venezuela y cuentan con un puñado de traidores; políticos traidores, militares retirados traidores, que no representan el gentilicio venezolano".
Con declaraciones y pruebas recientes de que la Casa de Nariño planifica una conspiración contra la estabilidad de Venezuela, no sólo a corto sino a mediano y largo plazo, no resulta entonces ilógico que el magnicidio en grado de frustración contra el jefe del Estado venezolano tenga huella colombiana.
¿Venezuela es un obstáculo para el narcotráfico colombiano?
No sólo estorba los planes de alineamiento geopolítico que
llevan adelante las corporaciones globales a través de la Administración
Trump, también sabotea el mercado del narcotráfico que tiene aliados en
la región, entre ellos la clase política colombiana y los sectores
económicos en EEUU que lo dinamizan.
Mayo 24 de 2018, 11:10 am - MISIÒN VERDAD
El
relato mediático que posiciona a Venezuela como uno de los países
líderes en tráfico de drogas obvia que Colombia, en donde la
Administración Federal de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) dice
encabezar la guerra contra el narcotráfico, ha aumentado la superficie
cultivada de coca en los últimos años en más del 50%. Según
la Organización de las Naciones Unidas (ONU), aumentó de 96 mil
hectáreas en 2015 a 146 mil en 2016.
Según la misma DEA, la producción de cocaína en Colombia aumentó en
un 35% entre 2015 y 2016, pasando de 250 toneladas a 710 toneladas, "los
niveles de producción actuales son los más altos reportados" y las
cosechas de hoja de coca aumentaron en 18% en 2016. En este sentido, la
agencia antidrogas estadounidense parece más centro informativo que un
cuerpo que realmente combate el narcotráfico.
Desde entonces se han logrado capturar a más de 110 capos vinculados al tráfico de drogas y al lavado de dinero, entre ellos Diego Pérez Henao; Maximiliano Bonilla, alias "El Valenciano"; los hermanos Héctor y Nelson Buitrago Parada, alias "Martín Llanos" y "Caballo" respectivamente; el colombiano Daniel Barrera Barrera, alias "El Loco", quien fue capturado en San Cristóbal (Táchira), y cuya captura mereció el agradecimiento expreso del presidente colombiano Juan Manuel Santos. Además, el italiano Genco Fara Vito fue arrestado, acusado de ser uno de los miembros de la mafia siciliana Cossa Nostra.
El empresario español Rafael Rubén Núñez Cencerrado, que era uno de los más buscados en España, también fue arrestado porque se le acusaba de estar directamente relacionado con los capos de los principales carteles de la droga colombianos.
En 2017, la ONA informó de 5 mil 905 procedimientos relacionados con el narcotráfico, la incautación de 40 toneladas de drogas y 773 propiedades de las organizaciones delictivas, que hoy en día son precisamente utilizadas por cuerpos de seguridad para atacar dicha actividad. La corrupción también ha sido atacada: ese año se detuvo a un gran número de funcionarios públicos de puertos y aeropuertos y miembros de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).
En 2010 el Grupo de Países de América Latina y el Caribe (Grulac) destacó los esfuerzos del gobierno nacional en instalar un sistema de radar (10 en total) para fortalecer el control del espacio aéreo y combatir el tráfico ilícito de drogas así como la destrucción sistemática de pistas no autorizadas que reduce el tráfico de drogas por aire.
Venezuela es parte de la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas y la Convención Única de las Naciones Unidas sobre Estupefacientes.
Además se creó una nueva Ley Orgánica sobre Drogas que aumentó el período de prisión de 8 a 30 años a las posibles sanciones por el tráfico de drogas y otros delitos relacionados.
Las políticas han funcionado de tal manera que alrededor de 100 aviones han sido neutralizados utilizando el espacio aéreo venezolano para el tráfico de sustancias ilícitas, 30 de ellos desde que se creara la Ley de Control para la Defensa Integral del Espacio Aéreo, norma aprobada en mayo de 2012. Con ese instrumento jurídico, más el uso de radares y acciones contundentes, se aumentó la capacidad de intercepción, desactivación, inmovilización y disuasión de las aeronaves que prestan servicio al tráfico internacional de drogas.
Además se han ejecutado maniobras conjuntas de los cuatro componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) para mantener el territorio nacional libre de cultivos ilícitos. Se desmantelaron docenas de laboratorios clandestinos utilizados para el procesamiento de drogas ubicados en la frontera con Colombia. Durante la Operación Paso del Tornado II, ubicaron dos instalaciones operativas del narcotráfico y 26 laboratorios de drogas a unos 700 metros de la frontera con Colombia, en el municipio Jesús María Semprún.
La clase política colombiana ha arreciado su ataque contra Venezuela, además de basar su campaña electoral en atacar a la Revolución Bolivariana. Han utilizado la compleja situación económica como excusa para invisibilizar las hambrunas, asesinatos y desplazamientos que ocurren dentro de su territorio. Muchos de estos problemas están vinculados directamente a una economía que privilegia a las élites y que es aceitada por la producción y exportación de drogas hacia el primer país consumidor: Estados Unidos.
En noviembre pasado, el presidente Maduro declaró que el presidente de Colombia Juan Manuel Santos "debería responderle a la ONU y al mundo por qué ha permitido en su gobierno que aumente la producción de cocaína", mientras se preguntaba qué dirían en EEUU y en la Unión Europea si fuese Venezuela donde se produjera y aumentara la producción de estupefacientes: "No callarían como lo hacen con el gobierno de Colombia".
En medio de los ataques a Venezuela, que van desde bloqueos de fondos, alimentos, medicinas y hasta el acceso a deportistas a competir, se ha incubado el término "narcoestado" que intenta degradar y desconocer los logros acá descritos. Los números permiten inferir que las élites de EEUU y Colombia, tanto políticas como financieras, participan y se benefician de un negocio tan rentable como el tráfico de sustancias ilícitas. Es alta la demanda desde EEUU y alta la productividad de este rubro en Colombia, por lo que Venezuela, sus logros y políticas contra esta actividad, constituyen un estorbo.
Las últimas proyecciones dicen que el 80% de la droga producida en Colombia pasa por el Pacífico para evitar los controles que el Gobierno venezolano ha implementado. Aun cuando mucho se ha discutido respecto al fracaso global en la guerra contra las drogas, Venezuela busca proteger el territorio de la fábrica mundial de drogas que representa Colombia. Es fundamentalmente importante evitar que esa narrativa ponga en el tablero una intervención militar contra el país, al estilo de la invasión de Panamá en 1989. He ahí la real amenaza.
Una lucha con resultados y sin la DEA
A la par, el Gobierno venezolano ha incrementado en un 209,66% las incautaciones de droga tras la eliminación de los convenios con la DEA en 2005, así lo informó el General de División Juan Pedro Grillo González, jefe de la Oficina Nacional Antidrogas (ONA).Desde entonces se han logrado capturar a más de 110 capos vinculados al tráfico de drogas y al lavado de dinero, entre ellos Diego Pérez Henao; Maximiliano Bonilla, alias "El Valenciano"; los hermanos Héctor y Nelson Buitrago Parada, alias "Martín Llanos" y "Caballo" respectivamente; el colombiano Daniel Barrera Barrera, alias "El Loco", quien fue capturado en San Cristóbal (Táchira), y cuya captura mereció el agradecimiento expreso del presidente colombiano Juan Manuel Santos. Además, el italiano Genco Fara Vito fue arrestado, acusado de ser uno de los miembros de la mafia siciliana Cossa Nostra.
El empresario español Rafael Rubén Núñez Cencerrado, que era uno de los más buscados en España, también fue arrestado porque se le acusaba de estar directamente relacionado con los capos de los principales carteles de la droga colombianos.
Jorge Milton Cifuentes, alias "JJ" o "Jota",
solicitado por EEUU, fue capturado en Anzoátegui; también Vasily Kotosky
Villarroel Ramírez, quien tuvo difusión roja por Interpol Venezuela y
color verde para EEUU, es acusado de ser financista y legitimador de las
capitales ilícitos del cartel mexicano de Sinaloa, organización que
lideró el famoso capo Joaquín "El Chapo" Guzmán.
Según el World Drug Report
publicado por la ONU en 2016, durante ocho años Venezuela ha estado
entre los 10 primeros países con las mayores incautaciones de drogas en
el mundo y ocupa el sexto lugar en América Latina.En 2017, la ONA informó de 5 mil 905 procedimientos relacionados con el narcotráfico, la incautación de 40 toneladas de drogas y 773 propiedades de las organizaciones delictivas, que hoy en día son precisamente utilizadas por cuerpos de seguridad para atacar dicha actividad. La corrupción también ha sido atacada: ese año se detuvo a un gran número de funcionarios públicos de puertos y aeropuertos y miembros de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).
Decisiones estratégicas que acompañan a los logros
Aun cuando Venezuela no responde a los difusos lineamientos de la DEA, mantiene alrededor de 50 acuerdos internacionales con 37 países en temas antidrogas, colabora plenamente con la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas, un organismo que depende de la Organización de los Estados Americanos (OEA), con la Comisión de Estupefacientes de la ONU e Interpol.En 2010 el Grupo de Países de América Latina y el Caribe (Grulac) destacó los esfuerzos del gobierno nacional en instalar un sistema de radar (10 en total) para fortalecer el control del espacio aéreo y combatir el tráfico ilícito de drogas así como la destrucción sistemática de pistas no autorizadas que reduce el tráfico de drogas por aire.
Venezuela es parte de la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas y la Convención Única de las Naciones Unidas sobre Estupefacientes.
Además se creó una nueva Ley Orgánica sobre Drogas que aumentó el período de prisión de 8 a 30 años a las posibles sanciones por el tráfico de drogas y otros delitos relacionados.
Las políticas han funcionado de tal manera que alrededor de 100 aviones han sido neutralizados utilizando el espacio aéreo venezolano para el tráfico de sustancias ilícitas, 30 de ellos desde que se creara la Ley de Control para la Defensa Integral del Espacio Aéreo, norma aprobada en mayo de 2012. Con ese instrumento jurídico, más el uso de radares y acciones contundentes, se aumentó la capacidad de intercepción, desactivación, inmovilización y disuasión de las aeronaves que prestan servicio al tráfico internacional de drogas.
Además se han ejecutado maniobras conjuntas de los cuatro componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) para mantener el territorio nacional libre de cultivos ilícitos. Se desmantelaron docenas de laboratorios clandestinos utilizados para el procesamiento de drogas ubicados en la frontera con Colombia. Durante la Operación Paso del Tornado II, ubicaron dos instalaciones operativas del narcotráfico y 26 laboratorios de drogas a unos 700 metros de la frontera con Colombia, en el municipio Jesús María Semprún.
Los ataques y el no reconocimiento como parte del desprestigio a Venezuela
Los sucesivos gobiernos de EEUU han insistido en acusar a Venezuela de no cooperar en su guerra mediante informes unilaterales.La clase política colombiana ha arreciado su ataque contra Venezuela, además de basar su campaña electoral en atacar a la Revolución Bolivariana. Han utilizado la compleja situación económica como excusa para invisibilizar las hambrunas, asesinatos y desplazamientos que ocurren dentro de su territorio. Muchos de estos problemas están vinculados directamente a una economía que privilegia a las élites y que es aceitada por la producción y exportación de drogas hacia el primer país consumidor: Estados Unidos.
En noviembre pasado, el presidente Maduro declaró que el presidente de Colombia Juan Manuel Santos "debería responderle a la ONU y al mundo por qué ha permitido en su gobierno que aumente la producción de cocaína", mientras se preguntaba qué dirían en EEUU y en la Unión Europea si fuese Venezuela donde se produjera y aumentara la producción de estupefacientes: "No callarían como lo hacen con el gobierno de Colombia".
En medio de los ataques a Venezuela, que van desde bloqueos de fondos, alimentos, medicinas y hasta el acceso a deportistas a competir, se ha incubado el término "narcoestado" que intenta degradar y desconocer los logros acá descritos. Los números permiten inferir que las élites de EEUU y Colombia, tanto políticas como financieras, participan y se benefician de un negocio tan rentable como el tráfico de sustancias ilícitas. Es alta la demanda desde EEUU y alta la productividad de este rubro en Colombia, por lo que Venezuela, sus logros y políticas contra esta actividad, constituyen un estorbo.
Las últimas proyecciones dicen que el 80% de la droga producida en Colombia pasa por el Pacífico para evitar los controles que el Gobierno venezolano ha implementado. Aun cuando mucho se ha discutido respecto al fracaso global en la guerra contra las drogas, Venezuela busca proteger el territorio de la fábrica mundial de drogas que representa Colombia. Es fundamentalmente importante evitar que esa narrativa ponga en el tablero una intervención militar contra el país, al estilo de la invasión de Panamá en 1989. He ahí la real amenaza.
Motivos para el magnicidio: los acuerdos geopolíticos para esquivar las sanciones
Han mejorado los números en exportación de recursos no
petroleros, lo que indica cierta mejoría en la entrada de divisas. Esto
se conecta de forma sensible con el magnicidio frustrado contra el
presidente Nicolás Maduro, quien no dudó en afirmar que el atentado fue
una respuesta a los planes de estabilización de la economía y las
finanzas de Venezuela bajo el esfuerzo del Gobierno Bolivariano.
Asimismo, los cambios en el mapa de la geopolítica global otorgan al
país opciones diferentes para realizar transacciones comerciales sin la
pesquisa estadounidense vía sanciones.
Agosto 6 de 2018, 1:00 pm - MISIÒN VERDAD
Según un informe difundido por el banco de inversiones Torino Capital, al cierre del primer cuatrimestre de 2018, Venezuela percibió
un aumento del 200% en sus exportaciones no petroleras con relación al
año pasado. La mayoría de estas provienen del oro, mineral que ha sido
comercializado con Holanda, Portugal, España, Suecia, Suiza, Estados
Unidos, Reino Unido, y sobre todo con Turquía.
El documento reporta que, en el reciente mes de marzo, 381 millones de dólares fueron obtenidos de la venta de minerales preciosos a este último país. Por su parte, el Instituto de Estadística turco registró que Venezuela ha exportado 20.15 toneladas de oro entre enero y mayo, lo que suma 779 millones de dólares.
Víctor Cano, ministro de Desarrollo Minero, declaró a mediados de julio que estas operaciones se deben a "un acuerdo establecido con Turquía y el banco central venezolano", con el que se estaría refinando oro en Turquía, como parte de una estrategia para protegerse de posibles confiscaciones bajo sanciones y embargos estadounidenses.
El recurso, que es comprado por el Banco Central de Venezuela a pequeños mineros que trabajan en el Arco Minero, es catalogado como "oro no refinado no estándar" que no cumple con los criterios del 99.99% de pureza. El envío a Ankara garantizaría la refinación y certificación como "oro monetario" que pueda ser utilizado para futuras operaciones financieras.
Por otro lado, las 17.6 toneladas de oro adquiridas de la minería nacional a través del BCV este año, descartaría que estén siendo agotadas las reservas nacionales de oro, ubicadas en 150 toneladas.
Recientemente, el gobierno suizo, sitio donde Venezuela realizaba la certificación de una parte del oro nacional como garantía a bancos que le otorgaban préstamos, adoptó sanciones financieras contra el país, justificadas en la ya manida narrativa de supuestas violaciones de derechos humanos por parte del presidente Nicolás Maduro y disfrazada en sanciones individuales a funcionarios públicos del Estado venezolano.
Este escenario de acoso económico occidental acompaña a la orden ejecutiva firmada en agosto del año pasado por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que prohíbe a cualquier persona la negociación, en ese país, de bonos de deuda emitidos por instancias del Gobierno venezolano, afectando fuertemente el ingreso de divisas extranjeras.
Aunque Turquía forma parte de la Organización del Tratado Atlántico Norte (OTAN) y mantiene su candidatura para adhesionarse a la Unión Europea (UE), desde el intento de golpe de Estado ocurrido en 2016 en el que estuvo involucrada la CIA y a medida que se expande la brecha en los objetivos políticos dentro de la guerra siria, su acercamiento con las potencias euroasiáticas, especialmente con Rusia, se van consolidando.
Ankara, que rechaza categóricamente el apoyo de Estados Unidos a fuerzas kurdas en el conflicto sirio, tomando como argumento el daño a la estabilidad fronteriza de la región, ha pactado acuerdos en el área militar con Moscú que incluyen la compra de sistemas de misiles tierra-aire S-400.
Disparadas las alarmas en las oficinas de Washington, se notan los intentos tenues por solucionar los desacuerdos con Turquía, entendiendo que es un espacio estratégico por ser la "puerta de entrada" de Europa hacia los países árabes, y que, sin embargo, concluyen en la misma lógica de presión a través de sanciones que se ha aplicado contra Rusia, Irán y Venezuela, por nombrar algunos.
El más actual fue la reunión entre el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, y el ministro turco de Asuntos Exteriores, Mevlut Cavusoglu, y que seguía el caso del pastor estadounidense, Andrew Brunson, juzgado en Turquía por apoyar el terrorismo a lo interno de ese país.
Ejemplo de esa cohesión bilateral fue presenciado en la toma presidencial de Recep Tayyip Erdogan, a la que Nicolás Maduro asistió, mientras que el gobierno de Trump no emitió siquiera felicitación alguna por la victoria electoral.
El viraje geopolítico de Turquía, que apunta a participar en el surgimiento de fuerzas multipolares, con el anuncio hecho por China de incluirlo en una ampliación del BRICS al BRICS Plus, está siendo capitalizado por el Estado venezolano, que ve en la construcción de estas iniciativas de cooperación inter-regional financiera una herramienta para superar las agresiones dirigidas desde Estados Unidos, que ataca a los actores que están habilitados para hacerle contrapeso político y económico a nivel global.
Pero los mecanismos financieros no son las únicas armas que tiene el enemigo para intentar neutralizarlos. Se demostró el sábado 4 de agosto con el magnicidio frustrado contra el presidente Nicolás Maduro.
El documento reporta que, en el reciente mes de marzo, 381 millones de dólares fueron obtenidos de la venta de minerales preciosos a este último país. Por su parte, el Instituto de Estadística turco registró que Venezuela ha exportado 20.15 toneladas de oro entre enero y mayo, lo que suma 779 millones de dólares.
Víctor Cano, ministro de Desarrollo Minero, declaró a mediados de julio que estas operaciones se deben a "un acuerdo establecido con Turquía y el banco central venezolano", con el que se estaría refinando oro en Turquía, como parte de una estrategia para protegerse de posibles confiscaciones bajo sanciones y embargos estadounidenses.
El recurso, que es comprado por el Banco Central de Venezuela a pequeños mineros que trabajan en el Arco Minero, es catalogado como "oro no refinado no estándar" que no cumple con los criterios del 99.99% de pureza. El envío a Ankara garantizaría la refinación y certificación como "oro monetario" que pueda ser utilizado para futuras operaciones financieras.
Por otro lado, las 17.6 toneladas de oro adquiridas de la minería nacional a través del BCV este año, descartaría que estén siendo agotadas las reservas nacionales de oro, ubicadas en 150 toneladas.
Recientemente, el gobierno suizo, sitio donde Venezuela realizaba la certificación de una parte del oro nacional como garantía a bancos que le otorgaban préstamos, adoptó sanciones financieras contra el país, justificadas en la ya manida narrativa de supuestas violaciones de derechos humanos por parte del presidente Nicolás Maduro y disfrazada en sanciones individuales a funcionarios públicos del Estado venezolano.
Este escenario de acoso económico occidental acompaña a la orden ejecutiva firmada en agosto del año pasado por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que prohíbe a cualquier persona la negociación, en ese país, de bonos de deuda emitidos por instancias del Gobierno venezolano, afectando fuertemente el ingreso de divisas extranjeras.
Descomposición en las relaciones turco-estadounidenses y el vínculo con Venezuela
En este contexto se desarrollan las presentes alianzas geopolíticas que surgen con el gobierno de Erdogan para socavar las intenciones estadounidenses. Además, Venezuela aprovecha el deterioro en las relaciones que han sufrido Turquía con su socio americano.Aunque Turquía forma parte de la Organización del Tratado Atlántico Norte (OTAN) y mantiene su candidatura para adhesionarse a la Unión Europea (UE), desde el intento de golpe de Estado ocurrido en 2016 en el que estuvo involucrada la CIA y a medida que se expande la brecha en los objetivos políticos dentro de la guerra siria, su acercamiento con las potencias euroasiáticas, especialmente con Rusia, se van consolidando.
Ankara, que rechaza categóricamente el apoyo de Estados Unidos a fuerzas kurdas en el conflicto sirio, tomando como argumento el daño a la estabilidad fronteriza de la región, ha pactado acuerdos en el área militar con Moscú que incluyen la compra de sistemas de misiles tierra-aire S-400.
Disparadas las alarmas en las oficinas de Washington, se notan los intentos tenues por solucionar los desacuerdos con Turquía, entendiendo que es un espacio estratégico por ser la "puerta de entrada" de Europa hacia los países árabes, y que, sin embargo, concluyen en la misma lógica de presión a través de sanciones que se ha aplicado contra Rusia, Irán y Venezuela, por nombrar algunos.
El más actual fue la reunión entre el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, y el ministro turco de Asuntos Exteriores, Mevlut Cavusoglu, y que seguía el caso del pastor estadounidense, Andrew Brunson, juzgado en Turquía por apoyar el terrorismo a lo interno de ese país.
Instrumentos multipolares para desafiar las sanciones y la urgencia del mangnicidio
Que la frágil situación diplomática con su aliado otanista ocurra paralelamente al fortalecimiento de las relaciones y acuerdos entre los gobiernos de Caracas y Ankara, preocupa a la élite burocrática estadounidense. De allí, el desprestigio mediático de los actores de siempre a las operaciones transatlánticas que estos países periféricos realizan alejados de las vías financieras tradicionales.Ejemplo de esa cohesión bilateral fue presenciado en la toma presidencial de Recep Tayyip Erdogan, a la que Nicolás Maduro asistió, mientras que el gobierno de Trump no emitió siquiera felicitación alguna por la victoria electoral.
El viraje geopolítico de Turquía, que apunta a participar en el surgimiento de fuerzas multipolares, con el anuncio hecho por China de incluirlo en una ampliación del BRICS al BRICS Plus, está siendo capitalizado por el Estado venezolano, que ve en la construcción de estas iniciativas de cooperación inter-regional financiera una herramienta para superar las agresiones dirigidas desde Estados Unidos, que ataca a los actores que están habilitados para hacerle contrapeso político y económico a nivel global.
Pero los mecanismos financieros no son las únicas armas que tiene el enemigo para intentar neutralizarlos. Se demostró el sábado 4 de agosto con el magnicidio frustrado contra el presidente Nicolás Maduro.
Las reuniones en las que Trump planteó una invasión militar a Venezuela
Julio 4 de 2018, 1:40 pm - MISIÒN VERDAD
Trump presionó a sus asesores para que respalden una intervención
La agencia de noticias Associated Press (AP) emitió este miércoles una información donde revela que el presidente estadounidense Donald Trump presionó a sus asesores para que avalaran la "posibilidad de invadir Venezuela", según un alto cargo de su gobierno familiarizado con esta conversación realizada en agosto del año pasado.El diálogo se dio luego de las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente, cuando Trump consultó a sus asesores sobre las sanciones contra la República Bolivariana. En este marco, el presidente estadounidense afirmó que "si Venezuela es una amenaza para la región, ¿por qué simplemente no lo invadimos?".
Varios de los presentes en esta reunión, como el ex secretario del Departamento de Estado, Rex Tillerson, y el general Hebert Raymond McMaster, ex director del Consejo de Seguridad Nacional, se opusieron a la idea bajo el argumento de que una "invasión podría ser contraproducente y provocar la pérdida del apoyo regional al aislamiento del gobierno de Nicolás Maduro", de acuerdo al cable firmado por el corresponsal de AP en Colombia, Joshua Goodman.
Sin embargo, el contra-argumento de Trump para respaldar la idea de la invasión se basó en los antecedentes de las intervenciones militares de Estados Unidos en Granada y Panamá en la década del 80. Aún sin emitir una orden a favor de una invasión, la idea sobrevoló por un tiempo más por la cabeza de Trump, quien al día siguiente de la reunión planteó en una conferencia de prensa que para Venezuela no se descartaba "una opción militar".
Las consultas a cuatro presidentes latinoamericanos acerca de la invasión
Tiempo después, el presidente Trump volvió a la carga con la idea al planteársela directamente a su par Juan Manuel Santos, según le confirmaron a AP dos altos funcionarios colombianos que tampoco quisieron revelar su identidad. La negativa de Santos fue pública en unas declaraciones posteriores a la reunión.Pese a eso, en septiembre, al margen de la Asamblea General de la ONU, el presidente estadounidense consultó en una cena privada a cuatro presidentes latinoamericanos, incluido Santos, sobre la posibilidad de realizar una intervención militar en Venezuela. Los cuatro rechazaron la propuesta y afirmaron estar seguros de esta decisión después de que Trump insistiese sobre la idea.
Esta versión de los hechos fue respaldada por los tres funcionarios citados y por el medio estadounidense Politico en febrero. De acuerdo a este último, los presentes en dicha reunión fueron Michel Temer de Brasil, Juan Manuel Santos de Colombia, Juan Carlos Varela de Panamá y la vicepresidenta de Argentina, Gabriela Michetti, además de otros altos funcionarios y diplomáticos de otros países de la región.
Finalmente, el ex director del Consejo de Seguridad Nacional, H.R. McMaster, supuestamente logró que Trump desistiese de la idea de invadir Venezuela.
Las repercusiones inmediatas de la propuesta de invadir
Inmediatamente la "opción militar" fue nombrada por Trump en agosto, países como Argentina, Brasil, Colombia, México, Uruguay y Perú la rechazaron y abogaron por una "solución diplomática", de acuerdo a Reuters. Esta disonancia fue pública y notoria, por lo que revelación de AP es creíble en tanto y en cuanto la posibilidad de intervención militar fue centro del debate público después de que la Administración Trump impusiese duras sanciones contra Venezuela.Mientras que los tanques de pensamiento más influyentes de la política exterior estadounidense se dedicaron a desmontar esta idea.
Uno de ellos fue el Consejo de Relaciones Exteriores, quien en puño y letra de Shannon K. O'Neill, su investigadora principal para América Latina, afirmó que una invasión sería contraproducente para Estados Unidos porque obligaría a ocupar el país con 150 mil soldados y aumentaría su desprestigio en la región respecto a sus aliados, mucho más si Venezuela se convierte en un pantano como Irak y Afganistán.
Por otro lado, Frank Mora, subsecretario de Defensa Adjunto de Estados Unidos para América Latina entre 2009 y 2013, advirtió en la revista Foreign Affairs que una intervención militar en Venezuela distraería a Washington de zonas más calientes y estratégicas del mundo como Asia y Medio Oriente. Además de que implicaría enviar 200 mil soldados, 20 mil más que en Irak, sin la certeza de poder controlar completamente el país, ni asegurarse el objetivo de cambiar el rumbo político de la República Bolivariana en el largo plazo.
Más allá de estas consideraciones, que solo no fueron tenidas en cuentas por los sectores opositores más recalcitrantes a favor de una intervención, la revelación de AP pone de manifiesto el poco margen de maniobra que tiene la Administración Trump para imponer planes a sus aliados más cercanos en la región. Ni siquiera países como Colombia y México, altamente dependientes de Estados Unidos, acompañaron este tipo de propuesta.
Lo que, además, se observa en el contexto actual en el que, un mes después de las elecciones presidenciales, no existen mayores medidas de peso en lo económico contra Venezuela, más allá de las impuestas por la Administración Trump. Esto desnuda que la estrategia de extrema dureza de Estados Unidos tiene serios problemas para conseguir actores regionales que la movilicen por los canales regulares.
Incluso, revelaciones recientes como las de AP y Bloomberg acerca de fallidos golpes e invasiones, parecen apuntar a revivir la atención respecto a Venezuela, mientras se proyecta una supuesta fragilidad del Gobierno Bolivariano ante la posibilidad de una amenaza externa o conspiraciones en el seno militar. Sin embargo, en última instancia son una precisa radiografía de la previsible brutalidad e improvisación con la que actúa la Administración Trump en América Latina, por estar secuestrada por el ala más reaccionaria y antipolítica de Estados Unidos en lo que respecta a la región.
En contraste, el dato político subyacente a cables como el de AP demuestra que Venezuela tiene mucho más margen de maniobra en lo diplomático para movilizar un consenso hacia su favor. Quizás de esto derive la insistencia del presidente Nicolás Maduro de promover una instancia de diálogo nacional, respaldada por importantes actores internacionales, que aíslen las posiciones más beligerantes de la Administración Trump.
Por último, pareciera que la forzada dureza de la Administración Trump respecto a Venezuela e Irán fuesen concesiones a los lobbies más reaccionarios de la política exterior estadounidense. Sobre todo porque difieren en gran medida de la flexibilidad que muestra Trump respecto a temas mucho más ríspidos, donde avanza por la arena de la negociación como en los casos de Rusia, Corea del Norte y China.
En todos estos, el patrón de conducta se observa similar en tanto y en cuanto a medidas altamente agresivas contra los países referidos (en lo comercial, financiero y económico) le suceden conversaciones y acuerdos. Paradójicamente, este modelo de negociación difícilmente se traslade a Venezuela o Irán en el corto plazo, donde claramente Trump avanza a un todo o nada. En esta tónica se abre el interrogante de si Venezuela tiene la capacidad política de crear un espacio de negociación que rompa con esta falsa dicotomía en el mediano plazo.
Venezolanos marchan en repudio al fallido intento de magnicidio contra Maduro
Publicado: 6 ago 2018 19:09 GMT | Última actualización: 6 ago 2018 19:39 GMT - RT
La marcha partió desde la avenida México y
se concentró en las afuerzas del Palacio de Miraflores, sede del
Gobierno central de Venezuela.
Manifestación en apoyo del presidente venezolano, Nicolás Maduro, en Caracas, Venezuela, el 6 de agosto de 2018.
Adriana Loureiro / Reuters
Cientos de venezolanos marchan este lunes en el oeste de Caracas, en rechazo al fallido intento de magnicidio contra el presidente, Nicolás Maduro, ocurrido el pasado sábado 4 de agosto.
La marcha partió desde la avenida México y se concentró en las afuerzas del Palacio de Miraflores, sede del Gobierno central de Venezuela.
El fallido atentado ocurrió durante un acto castrense, por el 81 aniversario de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB). Mientras Maduro ofrecía un discurso fueron detonados dos drones con explosivos.
Gracias a la rápida respuesta de su seguridad, el mandatario salió ileso; pero hubo varios oficiales de la GNB que resultaron heridos.
Reiteró la acusación que ha hecho Venezuela sobre la presunta participación del Gobierno de Colombia en el fallido atentado.
Señaló que no es una acción nueva, porque "los dirigentes políticos de Colombia son hipócritas, durante más de 200 años han agredido a Venezuela".
"Ahí hubieran muerto más de 60 personas", señaló, e indicó que la derecha venezolana e internacional traspasó "una barrera, hicieron lo "inimaginable".
"No tienen la menor idea de lo que haría el pueblo de Venezuela si aquí le pasa algo al hermano presidente Nicolás Maduro", enfatizó.
La marcha partió desde la avenida México y se concentró en las afuerzas del Palacio de Miraflores, sede del Gobierno central de Venezuela.
El fallido atentado ocurrió durante un acto castrense, por el 81 aniversario de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB). Mientras Maduro ofrecía un discurso fueron detonados dos drones con explosivos.
Gracias a la rápida respuesta de su seguridad, el mandatario salió ileso; pero hubo varios oficiales de la GNB que resultaron heridos.
"Quieren una guerra entre los venezolanos"
El canciller venezolano, Jorge Arreaza, se dirigió a los presentes en la concentración. Dijo que "lo que quiere la oposición es una guerra entre los venezolanos, es lo que han buscado durante los últimos años".Reiteró la acusación que ha hecho Venezuela sobre la presunta participación del Gobierno de Colombia en el fallido atentado.
Señaló que no es una acción nueva, porque "los dirigentes políticos de Colombia son hipócritas, durante más de 200 años han agredido a Venezuela".
"Magnicidio en grado de frustración"
El presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Diosdado Cabello, por su parte, dijo que el atentado "no fue un intento de magnicidio", fue "un magnicidio en grado de frustración", porque hicieron todo lo que tenían que hacer, pero fallaron."Ahí hubieran muerto más de 60 personas", señaló, e indicó que la derecha venezolana e internacional traspasó "una barrera, hicieron lo "inimaginable".
"No tienen la menor idea de lo que haría el pueblo de Venezuela si aquí le pasa algo al hermano presidente Nicolás Maduro", enfatizó.
El pueblo salió a la calle para repudiar el intento de magnicidio (+Fotos)
Este
lunes el pueblo venezolano salió a expresar en las calles de Caracas,
su repudio al intento de magnicidio contra el presidente de la República
Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, ocurrido el pasado sábado.
Con su acostumbrada energía, hombres y mujeres de la Patria reiteraron su respaldo al presidente Maduro, diciéndole al mundo entero que los venezolanos son pacíficos y que tienen un mandatario que impulsa el diálogo y no la guerra como otros presidentes.
Diversos movimientos sociales se concentraron en diversos puntos de la ciudad, desde la Plaza Morelos hasta el palacio de Miraflores donde la movilización será recibida por el Jefe de Estado venezolano.
Organizaciones como Familia Militar también manifestaron su repudio por el hecho ocurrido el pasado sábado, donde estuvo amenazada no solo la vida del mandatario nacional sino también de miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que celebraban los 81 años de la Guardia Nacional Bolivariana con un desfile en la avenida Bolívar de Caracas.
Durante la movilización de este lunes, el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, indicó que con el magnicidio en grado de frustración pretendieron dar un mensaje de violencia que encontró en la revolución un mensaje de paz. “No podemos darnos el lujo de tirar toda una historia de lucha de paz… Somos una revolución pacífica, pero no desarmada”, dijo a la vez que le pidió a los sectores de la derecha que piensen antes de mantenerse callados frente a un hecho como este que pudo afectar a todo el país.
El pasado sábado, dos aeronaves no tripuladas (drones) cargados con explosivos sobrevolaban el espacio donde se desarrollaba la actividad central por el aniversario de la GNB. De acuerdo a las investigaciones “una de las aeronaves sobrevoló la tribuna presidencial con el fin de activar a distancia la sustancia explosiva en la tribuna”, según reveló el ministro de Interior, Justicia y Paz, Nestor Reverol.
Varias personas han sido detenidas por este hecho. El pueblo en la calle pidió que se aplique todo el peso de la ley contra los responsables de este atentado.
T/Marianela Millán
Con su acostumbrada energía, hombres y mujeres de la Patria reiteraron su respaldo al presidente Maduro, diciéndole al mundo entero que los venezolanos son pacíficos y que tienen un mandatario que impulsa el diálogo y no la guerra como otros presidentes.
Diversos movimientos sociales se concentraron en diversos puntos de la ciudad, desde la Plaza Morelos hasta el palacio de Miraflores donde la movilización será recibida por el Jefe de Estado venezolano.
Organizaciones como Familia Militar también manifestaron su repudio por el hecho ocurrido el pasado sábado, donde estuvo amenazada no solo la vida del mandatario nacional sino también de miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que celebraban los 81 años de la Guardia Nacional Bolivariana con un desfile en la avenida Bolívar de Caracas.
Durante la movilización de este lunes, el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, indicó que con el magnicidio en grado de frustración pretendieron dar un mensaje de violencia que encontró en la revolución un mensaje de paz. “No podemos darnos el lujo de tirar toda una historia de lucha de paz… Somos una revolución pacífica, pero no desarmada”, dijo a la vez que le pidió a los sectores de la derecha que piensen antes de mantenerse callados frente a un hecho como este que pudo afectar a todo el país.
El pasado sábado, dos aeronaves no tripuladas (drones) cargados con explosivos sobrevolaban el espacio donde se desarrollaba la actividad central por el aniversario de la GNB. De acuerdo a las investigaciones “una de las aeronaves sobrevoló la tribuna presidencial con el fin de activar a distancia la sustancia explosiva en la tribuna”, según reveló el ministro de Interior, Justicia y Paz, Nestor Reverol.
Varias personas han sido detenidas por este hecho. El pueblo en la calle pidió que se aplique todo el peso de la ley contra los responsables de este atentado.
T/Marianela Millán
F/AVN
Pueblo se desplegó en Tribunas Antiimperialistas en los 335 municipios del país en contra del intento de magnicidio
Este
domingo los 335 municipios del país se constituyeron en Tribunales
Antiimperialistas con el pueblo venezolano, para rechazar
contundentemente el intento de magnicidio contra el Presidente Nicolás
Maduro y las autoridades civiles y militares del Estado Bolivariano.
“Nosotros con estas Tribunas Antiimperialistas dejamos claro que el pueblo se mantiene en la calle, firme en su emocionalidad de construir gobierno y ejercer poder, firme en su intención de defender la Revolución Bolivariana”, manifestó el alcalde bolivariano de Guarenas, Luis Figueroa.
Desde la Plaza Bolívar de esa localidad del estado Miranda, el también organizador político del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) de la entidad, explicó que luego del criminal atentado con drones explosivos que provocaron varios heridos, el pueblo venezolano está muy claro en quiénes son los enemigos de la Patria.
“Reconocer quién es el enemigo que ayer nos atacó directamente: el imperio y sectores políticos nacionales e internacionales que quieren actuar contra la Patria”, dijo, alertando que la intención era provocar un enfrentamiento interno.
Figueroa agradeció a la providencia y a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) que esta prueba fue superada sin víctimas. “Hoy tenemos al presidente Maduro junto a la Fuerza Armada en pleno control del país. Nosotros estamos sumados y apoyando al presidente Maduro, Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, nuestro Presidente Obrero y primer Presidente Chavista”, concluyó.
En la actividad se encontraba el embajador de Bolivia en Caracas, Sebastián Michel, quien transmitió un mensaje personal del Presidente Evo Morales de solidaridad y apoyo irrestricto de los bolivianos por la causa revolucionaria venezolana.
“El presidente Morales me ha pedido personalmente transmitir que no quede ninguna duda de lo que sentimos en Bolivia ante este atentado”, afirmó en forma determinante.
Advirtió que este grave hecho, de intento de asesinar al presidente Maduro, no es un caso aislado de violencia planificada contra Venezuela. “Es un peldaño más en una escalada de violencia desde hace 2 años. Quien ha querido llenar de luto al país ayer es el mismo sector que intenta evitar que Venezuela pueda comprar alimentos y pueda mover su dinero en el mundo, secuestrándolo en los bancos internacionales”.
“Nosotros con estas Tribunas Antiimperialistas dejamos claro que el pueblo se mantiene en la calle, firme en su emocionalidad de construir gobierno y ejercer poder, firme en su intención de defender la Revolución Bolivariana”, manifestó el alcalde bolivariano de Guarenas, Luis Figueroa.
Desde la Plaza Bolívar de esa localidad del estado Miranda, el también organizador político del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) de la entidad, explicó que luego del criminal atentado con drones explosivos que provocaron varios heridos, el pueblo venezolano está muy claro en quiénes son los enemigos de la Patria.
“Reconocer quién es el enemigo que ayer nos atacó directamente: el imperio y sectores políticos nacionales e internacionales que quieren actuar contra la Patria”, dijo, alertando que la intención era provocar un enfrentamiento interno.
Figueroa agradeció a la providencia y a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) que esta prueba fue superada sin víctimas. “Hoy tenemos al presidente Maduro junto a la Fuerza Armada en pleno control del país. Nosotros estamos sumados y apoyando al presidente Maduro, Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, nuestro Presidente Obrero y primer Presidente Chavista”, concluyó.
En la actividad se encontraba el embajador de Bolivia en Caracas, Sebastián Michel, quien transmitió un mensaje personal del Presidente Evo Morales de solidaridad y apoyo irrestricto de los bolivianos por la causa revolucionaria venezolana.
“El presidente Morales me ha pedido personalmente transmitir que no quede ninguna duda de lo que sentimos en Bolivia ante este atentado”, afirmó en forma determinante.
Advirtió que este grave hecho, de intento de asesinar al presidente Maduro, no es un caso aislado de violencia planificada contra Venezuela. “Es un peldaño más en una escalada de violencia desde hace 2 años. Quien ha querido llenar de luto al país ayer es el mismo sector que intenta evitar que Venezuela pueda comprar alimentos y pueda mover su dinero en el mundo, secuestrándolo en los bancos internacionales”.
¿Un barril de crudo a 100 dólares?: la antesala de otra recesión mundial
El petróleo se ha instalado en torno a los 80
dólares. Y podría alcanzar la cifra de los tres dígitos a medio plazo.
Una combinación de crecimiento de demanda global de energía,
restricciones productivas en la OPEP y tensiones geopolíticas, en
especial, hacia Irán, siembran el temor a que el crudo, si toca los 100
dólares de cotización, desencadene una nueva recesión en EEUU, y en el
mundo.
Tanques de crudo en Oklahoma./REUTERS
No resulta descabellado. La
escalada de precios del petróleo ha antecedido a cinco de las seis
últimas recesiones de la economía estadounidense. Y 2018 está asumiendo
el protagonismo de un cambio de tendencia. Al alza. De un nuevo boom de
oro negro que devuelve a los mercados y a los Estados -productores o
crudo-dependientes, que fían sus presupuestos anuales a un coste o
recaudación determinado-, a un escenario más similar al de los años
previos a 2014 -ejercicio en el que el petróleo comenzó un descenso
histórico que llevó al Brent, de referencia en Europa, a cotizar a 27,67
dólares el barril, en enero de 2016, el valor más bajo desde 2003-, en
los que los contratos de futuros transitaban con comodidad por cifras de
tres dígitos.
En la actualidad, cotiza en torno a los 78 dólares, cerca de la frontera que Arabia Saudí,
primer productor mundial y auténtico rector de los designios de la
OPEP, ha establecido como adecuados, en 2018, según sus intereses. Una
cota excelente para sanear sus desequilibradas arcas públicas por efecto
del alto coste de la guerra en Yemen y de unos ingresos petrolíferos
holgadamente por debajo de los 60 dólares en el último trienio. Pero,
¿qué consecuencias tendría un barril a 100 dólares? Y, sobre todo, ¿qué
circunstancias se han combinado para que el barril tenga a tiro esta
emblemática cotización, que ha elevado en más de un 50% su valor desde
comienzos de año?
“Existe una acumulación de factores, todos alineados en
la misma dirección”, dice el equipo de economistas de UBS, el banco de
inversión suizo. “Desde un aumento de la demanda de energía mundial,
hasta la renovada política de restricciones de cuotas productivas en la
OPEP pasando por una escalada de las tensiones geopolíticas, en especial
hacia Irán, que llevan aparejadas una seria amenaza de sanciones
económicas” al régimen de Teherán. Efectivamente, “el petróleo se podría
poner en 100 dólares a lo largo de este ejercicio”, advierten. Con
réplicas inmediatas en las economías. “Las señales de una posible
contracción del PIB en EEUU son elocuentes”, afirma el responsable de
análisis de UBS, Arend Kapetyn, en una nota dirigida a sus inversores.
Aunque también se apreciará un impacto sobre la
inflación. No tanto en la mayor economía del planeta, debido al
encarecimiento del precio del dinero, sino en la esfera de los mercados
emergentes, reacios a seguir la estela de la Reserva Federal americana
y asolados por las restricciones en los circuitos de acceso al crédito
internacional por las subidas de tipos en EEUU, sus elevadas tasas de
endeudamiento soberanos y de sus empresas y bancos y por la reanimación
del dólar.
Esta pinza -recesión más inflación- afecta, en
cualquier caso, a la coyuntura estadounidense. “Hay que tomárselo en
serio” porque todo repunte más o menos brusco del crudo “acarrea una
serie de riesgos” y conviene recordar que “cinco de las seis últimas
recesiones en EEUU han venido precedidas de un escenario energético como
el actual”, aclara Kapetyn. Y la escalada actual es, ni más ni menos,
que la decimoprimera de mayor intensidad en los últimos 70 años, después
de que el pasado 17 de mayo superara los 80 dólares.
Un sónar peligroso
Este salto “es todavía de menor trascendencia que
otros que antecedieron a recesiones en EEUU pero si el precio se mueve
hacia los 100 dólares el panorama cambiará sin remedio”. Entonces
-explican en UBS- se restaría alrededor de 100.000 millones a la economía global,
dejando el PIB del planeta en un crecimiento del 3,8% -cualquier
crecimiento inferior al 3% se considera como contracción global-,
mientras que los precios mundiales se situarían por encima del 4%, lo
que obligaría a bancos centrales de las potencias emergentes (e
industrializadas, en especial, al área del euro y Reino Unido) a mover
ficha al alza. Otro retardo de actividad.
“Es un sónar peligroso para la gestión de los riesgos futuros, porque las perspectivas no son halagüeñas”
Desde Goldman Sachs
también observan estos riesgos. “Es un sónar peligroso para la gestión
de los riesgos futuros, porque las perspectivas no son halagüeñas”.
Aunque, de momento, los flujos de inversión “permanezcan más
complacientes que preocupados”, pese a que el Brent ha subido un 52%
desde que, a finales del pasado año, la OPEP se inclinara por las tesis
de Riad y redujera, de forma más agresiva de lo esperado, sus cuotas
productivas. Hasta alcanzar los 82,5 dólares. También juega un rol
notable la crisis nuclear iraní derivada de la ruptura del tratado por
parte de la Casa Blanca. A lo que hay que añadir el incremento de la
demanda de crudo que “podría enfrentarse a problemas de entrega por la
carencia de petróleo en el mercado” y la fatiga que está empezando a
demostrar el actual ciclo de negocio, que nació débil y con rastro
sinuoso por emerger de la mayor crisis financiera desde 1929, afirman en
el banco de inversión americano.
Citigroup acaba de elevar en 10 dólares, hasta los
75, el precio medio del barril para el conjunto de 2018, lo que lleva
implícito que, en algún momento del año, traspasará los 100 dólares.
“Por favor, pare esto; de otra forma, el crudo se
encarecerá mucho más”. Esta ha sido la réplica del gobernador de Irán en
la OPEP, Houssein Kazempour Ardebili, al presidente de EEUU por
su tweet en el que acusa al cártel petrolífero de “hacer muy poco” para
estabilizar el precio del oro negro y “todo lo posible” por encarecer
los combustibles en EEUU.
A pesar de que Arabia Saudí ha afirmado a Washington
que impulsará la producción, en Goldman Sachs alertan de que esta
posibilidad baja enteros ante los riesgos de suministro de Venezuela e
Irán, bajo sanciones de la Administración Trump. “Está usted
martilleando a la OPEP y desacreditando la soberanía de sus socios”,
critica Kazempour, quien dijo que en el cártel “esperan una actitud más
conciliadora y cordial” por parte del actual inquilino de la Casa
Blanca, que también les emplazó a “reducir los precios de inmediato”.
Más contundente han sido los jerarcas de la Guardia
Revolucionaria iraní, al advertir que cualquier maniobra de Washington
para exigir cambios en la política de la OPEP traería el cierre del Estrecho de Ormuz,
por donde pasa la mayor concentración de petroleros del mundo para
cargar el 30% de los flujos petrolíferos que movilizan los mercados y
cuyo peaje está en poder de Teherán. Tampoco ayuda a las pretensiones de
Washington los problemas de abastecimiento, en este caso tecnológicos
para extraer crudo, de Libia -país miembro del cártel, pero exento del
último acuerdo junto a Nigeria- y Canadá. Ni el aumento de tarifas
comerciales de EEUU a China, el primer comprador de petróleo del mundo,
que podría mermar su dinamismo y, con él, el del conjunto del PIB global.
Réplica amenazante de la OPEP
“La OPEP nunca ha definido el precio del crudo en
los últimos 30 años”, espeta Kazempour. Falacia que, sin embargo, le dio
pie para concluir con un duro mensaje a Trump: “Usted impone sanciones a
grandes productores, fundadores de la OPEP, y todavía nos interpela
para que bajemos precios”, se preguntó. “¿Desde cuándo ha empezado a
trasladarnos órdenes?”.
En este complejo panorama, sólo Rusia parece dispuesto a elevar sus cuotas de mercado. Además del consejo de la Agencia Internacional de la Energía de que Arabia Saudí y
los emiratos del Golfo Pérsico cubran la retirada de 1,5 millones de
barriles diarios que Irán y Venezuela pretenden poner en marcha en 2019.
El mercado del crudo es especialmente vulnerable a la evolución de
precios de los contratos de futuros a seis meses.
El ‘fracking’ ha dado margen
político a la Casa Blanca para interceder en el precio del crudo, pero
los ataques reiterados de Trump a la OPEP pueden llevar a Irán a cerrar
el Estrecho de Ormuz
También a los
inventarios acumulados de EEUU. Es decir, a la capacidad y el volumen de
almacenamiento de crudo por parte del mayor mercado del mundo, y que,
pese a subir en 833.000 barriles en las últimas semanas, siguen por
debajo de las estimaciones, de 1,25 millones, que los analistas juzgan
idóneo para revertir el rally alcista del crudo. Sin tocar sus reservas
estratégicas -Trump baraja permitir labores de exploración en el Refugio Nacional de Vida Salvaje del Ártico que,
junto a las reservas de 11.800 millones de barriles de Alaska, añadiría
más capacidad productiva a EEUU- y sin elevar el poder extractivo de su
industria del fracking, a la que están plenamente dedicada firmas
petroleras del país que han vuelto a ejercer su capacidad de lobby en la
Casa Blanca con la actual Administración.
La que también se denomina shale revolution
ha permitido a EEUU ser el primer productor de crudo y convertirse en
exportador neto de petróleo, con más de 2 millones de barriles diarios,
según la capacidad extractiva semanal de un método especialmente dañino
al medio ambiente. Trump y los jerarcas del sector petrolífero aseguran
que, con el fracking, la caída de actividad del PIB de EEUU, con un
barril a 100 euros, sería de cuatro décimas. La estimación que antes se
calculaba para el petróleo a 75 dólares.
Por si fuera poco, hay un indicador, la curva de
rentabilidad del bono americano que, aunque se ha estabilizado en las
últimas fechas, deja una incógnita mayúscula por despejar. Este
barómetro determina el diferencial de beneficios entre el bono
estadounidense a dos y diez años. Cualquier caída a posiciones negativas
(o próximas a ello) anticipa una contracción del PIB. En la actualidad,
se encuentra en cuatro puntos básicos, después de subir en los últimos
meses y dejar atrás las alarmas surgidas en 2014, cuando se situó por
debajo de los dos puntos. En buena medida, por la política restrictiva
de la Fed. Pero los nervios de los inversores no se han calmado. Y con
razón. Porque la Reserva Federal tendrá que manejar un aspecto
clave a la hora de determinar futuras subidas de tipos en un indicador
que ya no navega con el salvavidas de los estímulos monetarios de los
últimos años. De ahí que bancos de inversión como Bernstein convengan en
que el ciclo de negocios actual en EEUU toque a su fin. Ni siquiera la
rebaja fiscal a empresas y consumidores de Trump parece que servirá para
espolear la demanda interna (gasto de consumo de familias y de
inversión de empresas) porque las expectativas son de guardar la ropa.
Dada la volatilidad de los mercados bursátiles y la debilidad financiera
de los grandes mercados emergentes. Y ya se sabe en los círculos
inversores que cuando EEUU estornuda, Europa y Japón se resfrían.
Indicadores apócrifos en EEUU
La capacidad financiera de consumidores y empresas estadounidenses no auguran un colchón suficiente como para afrontar otro escenario de crisis, a pesar de la doble rebaja fiscal de Trump
Dentro de un ambiente
que recuerda a 2007, preludio de la crisis. Con datos que preludian una
compleja salida para la sociedad americana. The Washington Post alertaba
recientemente de ello. Son los barómetros apócrifos, explicaba. Un 45%
de los estadounidenses en edad adulta carece de un colchón financiero
suficiente para permitirse un gasto inesperado de 400 dólares, que les
puede llegar de forma súbita, pero también habitual: por ejemplo, una
factura médica de urgencia o la avería de su coche. Una segunda alerta
es que el 43% de sus hogares no pueden permitirse un modo de vida
básico; es decir, que casi la mitad de las familias de la gran potencia
mundial no pueden afrontar los gastos aparejados a la vivienda, comida,
escolarización infantil, transporte, sanidad o conexión a Internet. El
tercer factor es que, durante el pasado año, más de uno de cada cuatro
estadounidenses no acudió a recibir asistencia sanitaria porque no se lo
podía permitir. El cuarto y último índice de que la microeconomía no ha
seguido la estela de las grandes cifras coyunturales es que un 22% de
ellos no tienen capacidad financiera para pagar todas las facturas a
final de mes y, asociado a este indicador, que sólo el 38% de los
trabajadores en activo piensa que sus ahorros para la jubilación, en un
país sin pensiones públicas, están en el camino correcto para sus
necesidades una vez pasen a la edad de retiro.
La oposición a la ley de apartheid israelí moviliza a judíos y árabes
por Pierre Barbancey
LA HAINE - 06/08/2018
Es un verdadero mar de fondo en el régimen de Israel
Miles
de manifestantes asistieron a una "clase de árabe" al aire libre en Tel
Aviv. Los intelectuales más prestigiosos han lanzado una petición para
la derogación del texto adoptado por la Knesset.
¡La píldora es difícil de tragar! La aceptación de la llamada ley del Estado-nación, que fue votada el 19 de julio por el Parlamento israelí (Knesset), está lejos de ser unánime en el país. Esta ley estipula en particular que el hebreo es el único idioma oficial de Israel, cuando el idioma árabe estaba anteriormente en iguales condiciones (los ciudadanos árabes israelíes constituyen el 17,5% de la población israelí) y ahora tendrá un "estatuto especial", sin más especificaciones. El texto también establece que "el Estado considera que el desarrollo de las colonias judías es de interés nacional y que el Estado tomará medidas para promover, impulsar y servir a ese interés" y proclama que Jerusalén es la capital de Israel, incluida la parte oriental de la ciudad anexada. El texto establece "el Estado de Israel como Estado nacional del pueblo judío, donde aplica su derecho natural, cultural, religioso e histórico y su derecho a la autodeterminación".
Una ley denunciada enérgicamente por la coalición de la Lista Árabe Unida (que incluye a miembros árabes), incluyendo a Ayman Odeh, quien durante el debate desplegó en la tribuna una bandera negra para marcar "la muerte de nuestra democracia". 45 parlamentarios judíos de la oposición también votaron contra la ley. Un diputado árabe de la lista de la Unión Sionista ha renunciado. Un oficial druso, el capitán Amir Jamal, decidió abandonar el ejército israelí y llamó a los miembros de su comunidad a hacer lo mismo. Si bien la Ministra de Cultura intentó, sin éxito, prohibir cualquier protesta contra esta ley, también debe tener en cuenta las dudas de varios miembros del Gobierno. No se oponen particularmente al espíritu de la ley, pero sienten que ir rápido y demasiado lejos quizás no es la mejor táctica en la situación actual.
Es un verdadero mar de fondo en Israel. El lunes miles de manifestantes de todo el país se reunieron en Tel Aviv para asistir a una "clase de árabe" al aire libre organizada por varias asociaciones de la sociedad civil. Todos juntos repitieron palabras en árabe lanzadas por un maestro ubicado en un escenario central. Además de los conciertos de músicos judíos y árabes, muchos participantes llevaban camisetas que decían "Me encanta el árabe". Sameh Saleimah, una feminista árabe particularmente conocida en Israel, que venía del pueblo mixto judío-árabe de Neve Shalom (Wahat as-Salam) tomó la palabra para decir: "El sueño de mi madre era ser maestra. Hoy con ustedes aquí por cientos de miles, su sueño se hizo realidad. Instó a los participantes, árabes y judíos, a luchar juntos contra el Gobierno de extrema derecha de Benyamin Netanyahu.
Por su parte, Amnón Beeri-Sulitzeanu, codirector ejecutivo del Fondo Abraham para Iniciativas (que quiere promover una sociedad basada en la convivencia y la igualdad entre los ciudadanos), dio la bienvenida al hecho de que muchos israelíes "entienden que estamos en un punto crítico, o elegimos el apartheid o elegimos la integración, comprenden la importancia del idioma árabe y no están dispuestos a abandonar este tema". Además de la comunidad LGBTQ, que se siente directamente afectada por este texto discriminatorio, cientos de intelectuales y artistas israelíes también se han movilizado en los últimos días y han lanzado una petición pidiendo al Primer Ministro que elimine esta ley. Los firmantes, entre los que podemos señalar los nombres de David Grossman, Amos Oz, AB Yehoshua, Eshkol Nevo, Etgar Keret y Orly Castel-Bloom, dicen entre otras cosas que " Hay transgresiones que deben ser juzgadas por un tribunal. Pero hay pecados que tocan el alma del pueblo judío y su patria, que merecen la atención de los intelectuales y el juicio de la historia".
También denuncian una ley "que permite expresamente la discriminación racial y religiosa, que contradice la definición del Estado como un Estado democrático y contradice la declaración de independencia en la que se fundó el Estado. Estas son dos cosas que la Knesset no tiene derecho a hacer".
L'Humanité. Traducido del francés para Rebelión por J. M. Extractado por La Haine
¡La píldora es difícil de tragar! La aceptación de la llamada ley del Estado-nación, que fue votada el 19 de julio por el Parlamento israelí (Knesset), está lejos de ser unánime en el país. Esta ley estipula en particular que el hebreo es el único idioma oficial de Israel, cuando el idioma árabe estaba anteriormente en iguales condiciones (los ciudadanos árabes israelíes constituyen el 17,5% de la población israelí) y ahora tendrá un "estatuto especial", sin más especificaciones. El texto también establece que "el Estado considera que el desarrollo de las colonias judías es de interés nacional y que el Estado tomará medidas para promover, impulsar y servir a ese interés" y proclama que Jerusalén es la capital de Israel, incluida la parte oriental de la ciudad anexada. El texto establece "el Estado de Israel como Estado nacional del pueblo judío, donde aplica su derecho natural, cultural, religioso e histórico y su derecho a la autodeterminación".
Una ley denunciada enérgicamente por la coalición de la Lista Árabe Unida (que incluye a miembros árabes), incluyendo a Ayman Odeh, quien durante el debate desplegó en la tribuna una bandera negra para marcar "la muerte de nuestra democracia". 45 parlamentarios judíos de la oposición también votaron contra la ley. Un diputado árabe de la lista de la Unión Sionista ha renunciado. Un oficial druso, el capitán Amir Jamal, decidió abandonar el ejército israelí y llamó a los miembros de su comunidad a hacer lo mismo. Si bien la Ministra de Cultura intentó, sin éxito, prohibir cualquier protesta contra esta ley, también debe tener en cuenta las dudas de varios miembros del Gobierno. No se oponen particularmente al espíritu de la ley, pero sienten que ir rápido y demasiado lejos quizás no es la mejor táctica en la situación actual.
Es un verdadero mar de fondo en Israel. El lunes miles de manifestantes de todo el país se reunieron en Tel Aviv para asistir a una "clase de árabe" al aire libre organizada por varias asociaciones de la sociedad civil. Todos juntos repitieron palabras en árabe lanzadas por un maestro ubicado en un escenario central. Además de los conciertos de músicos judíos y árabes, muchos participantes llevaban camisetas que decían "Me encanta el árabe". Sameh Saleimah, una feminista árabe particularmente conocida en Israel, que venía del pueblo mixto judío-árabe de Neve Shalom (Wahat as-Salam) tomó la palabra para decir: "El sueño de mi madre era ser maestra. Hoy con ustedes aquí por cientos de miles, su sueño se hizo realidad. Instó a los participantes, árabes y judíos, a luchar juntos contra el Gobierno de extrema derecha de Benyamin Netanyahu.
Por su parte, Amnón Beeri-Sulitzeanu, codirector ejecutivo del Fondo Abraham para Iniciativas (que quiere promover una sociedad basada en la convivencia y la igualdad entre los ciudadanos), dio la bienvenida al hecho de que muchos israelíes "entienden que estamos en un punto crítico, o elegimos el apartheid o elegimos la integración, comprenden la importancia del idioma árabe y no están dispuestos a abandonar este tema". Además de la comunidad LGBTQ, que se siente directamente afectada por este texto discriminatorio, cientos de intelectuales y artistas israelíes también se han movilizado en los últimos días y han lanzado una petición pidiendo al Primer Ministro que elimine esta ley. Los firmantes, entre los que podemos señalar los nombres de David Grossman, Amos Oz, AB Yehoshua, Eshkol Nevo, Etgar Keret y Orly Castel-Bloom, dicen entre otras cosas que " Hay transgresiones que deben ser juzgadas por un tribunal. Pero hay pecados que tocan el alma del pueblo judío y su patria, que merecen la atención de los intelectuales y el juicio de la historia".
También denuncian una ley "que permite expresamente la discriminación racial y religiosa, que contradice la definición del Estado como un Estado democrático y contradice la declaración de independencia en la que se fundó el Estado. Estas son dos cosas que la Knesset no tiene derecho a hacer".
L'Humanité. Traducido del francés para Rebelión por J. M. Extractado por La Haine
"O te marchas o te hacemos picadillo": de qué huyen los centroamericanos a los que Trump rechaza
Miles de centroamericanos huyen a causa de la
violencia. Si tratan de llegar a EEUU se encontrarán con la política de
“tolerancia cero” de Donald Trump hacia migrantes y solicitantes de
asilo. Su fiscal general dice que ser perseguido por una pandilla o ser
víctima de violencia machista no son motivos para recibir el estatus de
refugiado.
Una
mujer hondureña y su hija que huyen de la violencia y la pobreza
esperan en la frontera con EEUU tras haberles sido rechazada la entrada.
SPENCER PLATT (AFP)
Karla (nombre ficticio) no
eligió marcharse de Honduras. De hecho, nunca quiso marcharse.
Decidieron por ella. Le dieron un ultimátum de 24 horas. “O te marchas o
te hacemos picadillo”, le dijeron. Así se las gasta el Barrio 18, junto a la Mara Salvatrucha (MS-13), una de las dos grandes pandillas que opera en Centroamérica
desde los años 90 del siglo pasado. Karla, ya a salvo en Ciudad de
México, relata que la sentencia de muerte le llegó el 17 de marzo. Vivía
en Chamelecon, un sector de San Pedro Sula, la ciudad más
violenta de uno de los países más violentos. El padre de su casera, un
tipo de más de 70 años, había intentado abusar de su hija. Ella denunció
y el hombre pasó unos días en la cárcel, hasta que fue liberado a causa
de su edad. La desgracia para esta joven de 27 años, madre de tres
hijos, delgada, con gesto decidido, es que la dueña del apartamento que
alquilaba era también “peseta” de la pandilla. Así se denomina a quienes
colaboran con la estructura criminal pasando información o advirtiendo
de la llegada de gente nueva al barrio.
Ella denunció al abusador ante la policía y la
hija del querellado le denunció a ella ante la pandilla. Hay colonias
en San Pedro Sula o Tegucigalpa donde la autoridad no la llevan los
uniformados. Así que tuvo que escapar. En realidad, ya conocía
hasta dónde son capaces de llegar los integrantes del Barrio 18. Según
relata, siete años atrás, el 28 de abril de 2011, la pandilla asesinó al
padre de sus tres hijos. Se llamaba Luis y tenía 38 años. Trabajaba en
una tienda de reparaciones. Estaba obligado a arreglar los móviles
robados que le llevaban los mareros. Por si esto no fuese poco, le
cobraban el “impuesto de guerra”, la extorsión, una cuota que se paga para que no te maten.
En su caso, 500 lempiras semanales (unos 18 euros al cambio actual). En
aquel año, el salario mínimo hondureño estaba en 4.368 lempiras (156
euros), así que al mes tenía que pagar algo menos de la mitad de un
sueldo base solo para que no le matasen. Finalmente, el dinero no
alcanzó. Le metieron cuatro balas en la cabeza.
No hay cifras oficiales de cuánta gente huye de Centroamérica hacia los países del norte
Karla
dice saber quién apretó el gatillo porque en las comunidades pequeñas
todo se sabe. Sin embargo, ya entonces tuvo que dejar su casa, para
moverse siempre dentro de la misma colonia, controlada por el Barrio 18.
Si se mudase a una zona en la que impone la ley la MS-13 también sería
sospechosa. Las pandillas consideran enemigo a todo aquel que reside en los barrios que controlan sus rivales.
Incluso aunque estos sean víctimas directas de la mara. Así es la
lógica perversa que opera en muchas colonias de San Pedro Sula,
Tegucigalpa o San Salvador.
Karla huyó tras recibir un audio en el que le advertían
que si no se marchaba del país le harían picadillo como lo hicieron con
el padre de sus hijos. Atravesó México con una maleta en la que llevaba tres mudas para cada hijo
y los pocos ahorros que pudo reunir. Tuvo suerte porque el tránsito es
terriblemente peligroso para los migrantes. Muchos se quedan por el
camino, atrapados por el crimen organizado o por estructuras policiales.
Otros son deportados. Muchos desaparecen sin dejar rastro.
Actualmente Karla se encuentra en la Casa de Acogida, Formación y Empoderamiento de la Mujer Indígena e Inmigrante
(Cafemin), en Ciudad de México. Se trata de un albergue regentado por
la congregación de las Hermanas Josefinas, pensado para familias y
madres solteras. Ha presentado solicitud de asilo, ha recibido una visa
temporal humanitaria y confía en que el Estado mexicano la reconozca
como refugiada. Ha renunciado a seguir hacia el norte.
“La verdad, sincera, nunca he anhelado llegar a Estados Unidos. No anhelé salir de mi país.
Tal vez en un tiempo pensé que ya que estaba aquí podía seguir
avanzando. Pero si me quitan a mis hijos me matan”, explica, sentada en
la misma sala en la que Soledad Morales, la religiosa a cargo del
albergue, le hizo su primera entrevista.
En Honduras, la tasa de asesinatos es de 43,6 homicidios por cada 100.000 habitantes
Esta
joven es una de los cientos de centroamericanos que diariamente escapan
de un contexto terriblemente violento y huyen hacia el norte. No hay cifras oficiales porque no existe un censo de cuánta gente participa de este éxodo.
El Salvador y Guatemala niegan tener un problema dentro de sus
fronteras. Recientemente, Honduras ha comenzado a admitir la existencia
de un desplazamiento forzoso causado por la violencia.
El año pasado, 3.791 hondureños fueron asesinados, lo que deja una tasa de 43,6 homicidios por cada 100.000 habitantes.
El mismo año, en El Salvador fueron 3.964 las víctimas de una muerte
violenta, con una tasa de 60 por cada 100.000. En Guatemala, 4.410
personas murieron en a causa de la violencia, con una tasa de 26 por
cada 100.000. Aunque el número de asesinatos ha descendido en los
últimos años en el Triángulo Norte de Centroamérica, este sigue siendo
uno de los lugares del mundo donde más se mata.
Por eso se escapa la gente. Por eso hay jóvenes como
Karla que tienen que marcharse, porque la alternativa sería pasar a
engrosar la larga lista de víctimas cuyo crimen no se resolverá jamás,
ya que la tasa de impunidad en los tres países supera el 90%.
También hay quien marcha por motivos económicos,
para dejar atrás la pobreza, pero esa es otra historia, también trágica.
El 59% de los guatemaltecos, el 60% de los hondureños y el 34% de los salvadoreños viven por debajo del umbral de la pobreza. Ese es el caldo de cultivo para la migración y también para la violencia.
La principal línea política de Donald Trump es "tolerancia cero" hacia la inmigración
Nada de esto parece preocupar a Donald Trump, presidente de EEUU.
Una de sus principales líneas políticas es la “tolerancia cero” hacia
la inmigración irregular, donde se encuentran muchos solicitantes de
asilo. Uno de sus argumentos es la lucha contra las pandillas.
Concretamente, contra la MS-13, a quien incluso mencionó durante su
última intervención en el Debate sobre el Estado de la Unión.
De este modo, se produce la delirante paradoja que
cierra el paso a las víctimas de las maras argumentando que se está
luchando contra ellas. Y todo ello, viniendo del país en el que se
crearon estas estructuras criminales. Porque hay que recordar que las pandillas, el Barrio 18 y la MS-13, nacen en EEUU y llegan a Centroamérica tras las deportaciones masivas que
siguieron a la firma de los acuerdos de paz en El Salvador (1992) y
Guatemala (1996). Ahí, en un contexto de postguerra, con países regados
de armas y Estados descompuestos, encontrarían el caldo de cultivo
perfecto para desarrollarse y convertirse en las tremendas estructuras
que son ahora.
A Karla, en realidad, lo que le preocupa es que sus hijos estén a salvo. Reconoce que las
terribles imágenes de menores enjaulados difundidas en junio y los
audios de niños aterrorizados tras ser separados de sus padres han
servido para disuadirle de su idea de acudir a EEUU. Puede que la
administración de Trump tuviese esto en la cabeza cuando se filtraron
aquellos vídeos. Porque deportar, se ha deportado siempre. Sin embargo, el actual gobierno estadounidense se ha convertido en el terror de migrantes
y solicitantes de asilo. El 22 de junio, el presidente norteamericano
firmó una orden por la que ponía fin a la política de separación de
familias. Pero esto no implica que las políticas antiinmigración
desaparezcan.
Recientemente, el Fiscal General de EEUU, Jeff
Sessions, determinó que “una persona puede sufrir amenazas y violencia
en un país extranjero por muchas razones relacionadas con las
circunstancias sociales, económicas y familiares. Pero el estatuto de asilo no proporciona una solución a esa mala fortuna”.
Con estas afirmaciones, lanzaba un mensaje claro a los solicitantes de
asilo. “El hecho de que un país tenga problemas de vigilancia efectiva
contra ciertos crímenes -como la violencia doméstica o la violencia de
pandillas- o que ciertas poblaciones tengan más probabilidades de ser
víctimas de esos crímenes, no puede establecer un pedido de asilo”,
afirmó.
En los tres últimos años México ha deportado más centroamericanos que EEUU
Este
es un mensaje claro para personas que, como Karla, han sufrido el
horror en sus países de origen y buscan otra vida en el norte.
Esta política contra migrantes y solicitantes de asilo deja en manos de México resolver una crisis humanitaria que no cesa.
En los últimos años, el país azteca ha ejercido de primera barrera. De
hecho, en los últimos tres años ha deportado más centroamericanos que
Washington. Unas prácticas que se han combinado con una posición
supuestamente crítica hacia las políticas del vecino del norte.
Como explica Claudia León, del Servicio Jesuita al
Migrante (SJM), “nos asusta, nos espanta lo que ocurre en EEUU, pero en
México pasa lo mismo. También se detiene a niños, adolescentes, familias enteras y en condiciones más inhumanas.
La diferencia es que en EEUU ser migrante sí es un crimen. En México es
falta administrativa, pero se recurre a las mismas prácticas: detención
y privación de libertad”.
Otra de las técnicas empleadas por los dirigentes
políticos mexicanos es el eufemismo, según denuncia León. “La ley de
migración no acepta que se está deteniendo. No es detención, es
aseguramiento. No es privación de libertad, es alojamiento”, explica.
México ejerció el papel de primera barrera para la migración hacia EEUU
como Marruecos hizo lo propio con quienes llegan desde África
subsahariana de camino a Europa. Los líderes mexicanos disfrazaron con
el lenguaje sus prácticas como Pedro Sánchez y Emmanuel Macron hablaron
de “centros cerrados” por no decir “cárceles”.
La llegada al gobierno de López Obrador puede suponer una esperanza para miles de centroamericanos en éxodo
El
problema, sin embargo, no desaparece. Karla confía en que la Comisión
Mexicana de Ayuda al Refugiado (Comar) reconozca su estatus de
refugiada. Quiere poder trabajar y tener una vida alejada de la violencia.
Y eso que México no es una balsa de aceite. En 2017, más de 26.000
mexicanos fueron asesinados. La tasa de 20 homicidios por cada 100.000
habitantes es más baja que en sus vecinos del sur, aunque con tendencia
al alza. No obstante, sus números absolutos son aterradores y se
parecen más a los de un país en guerra abierta.
Así, como una “guerra”, calificó Felipe Calderón el
comienzo de las hostilidades contra el narco, en 2006. Desde entonces,
más de 260.000 mexicanos han muerto. Casi nada. La llegada al gobierno de Andrés Manuel López Obrador,
vencedor de las elecciones celebradas el 1 de julio, puede suponer una
esperanza para los miles de centroamericanos en éxodo. Se ha
comprometido a garantizar los derechos humanos de los migrantes y se
apoya en personalidades con mucho bagaje en trabajar con los migrantes,
como el padre Alejandro Solalinde, candidato a premio Nobel de la Paz en
2017. Propone acuerdos económicos entre México, EEUU, Canadá y Centroamérica y atajar la miseria que
provoca el éxodo. Uno de sus problemas es que tendrá que lidiar con
Donald Trump. Y no parece que se pueda confiar en la flexibilidad de un
presidente que ha convertido en bandera la política de cerrar la puerta a
gente como Karla, una madre de 28 años con tres hijos que tuvo que
escapar para que no la matasen en Honduras.
EE.UU.: Despiden a unos trabajadores latinos y el resto de compañeros abandona la obra en solidaridad
Publicado: 6 ago 2018 08:38 GMT - RT
La decisión de los casi cien empleados se
produjo cuando uno de los jefes envió a casa a un grupo de estos
profesionales, al parecer, por desobedecer sus órdenes.
Cerca
de un centenar de trabajadores latinos que construían una sucursal de
la empresa de transporte UPS en Indianápolis (Indiana, EE.UU.)
abandonaron su lugar de trabajo en símbolo de protesta luego de que un
jefe, calificado de racista, despidiera a un grupo de ellos.
Antoine Dangerfield, un soldador de la obra, captó en video el momento en que los empleados detuvieron sus labores en plena jornada laboral y comenzaron a desalojar las instalaciones que, minutos después, quedaron vacías casi en su totalidad.
Dangerfield aseguró en una entrevista que los hechos se produjeron el pasado 31 de julio durante una reunión de seguridad, cuando un coordinador le pidió a uno de los trabajadores mexicanos traducir sus palabras a los demás compañeros de habla hispana, pero el obrero se negó. El coordinador, enojado, canceló el encuentro y envió a "cinco o seis" personas a casa, "a manera de despido".
El autor de la grabación aplaudió el gesto de solidaridad de los hispanos y resaltó la actitud despectiva del empleador: "Era simplemente un racista. Siempre metiéndose con cualquiera que no fuera blanco".
El video, dado a conocer el pasado 1 de agosto, se volvió rápidamente viral y tan solo en YouTube ha alcanzado más de un millón de reproducciones hasta el momento de la publicación de este artículo. Sin embargo, la grabación le costó el empleo a Dangerfield, luego de negarse a retirar las imágenes de la Red a cambio de 250 dólares.
Antoine Dangerfield, un soldador de la obra, captó en video el momento en que los empleados detuvieron sus labores en plena jornada laboral y comenzaron a desalojar las instalaciones que, minutos después, quedaron vacías casi en su totalidad.
Dangerfield aseguró en una entrevista que los hechos se produjeron el pasado 31 de julio durante una reunión de seguridad, cuando un coordinador le pidió a uno de los trabajadores mexicanos traducir sus palabras a los demás compañeros de habla hispana, pero el obrero se negó. El coordinador, enojado, canceló el encuentro y envió a "cinco o seis" personas a casa, "a manera de despido".
El autor de la grabación aplaudió el gesto de solidaridad de los hispanos y resaltó la actitud despectiva del empleador: "Era simplemente un racista. Siempre metiéndose con cualquiera que no fuera blanco".
El video, dado a conocer el pasado 1 de agosto, se volvió rápidamente viral y tan solo en YouTube ha alcanzado más de un millón de reproducciones hasta el momento de la publicación de este artículo. Sin embargo, la grabación le costó el empleo a Dangerfield, luego de negarse a retirar las imágenes de la Red a cambio de 250 dólares.
ARGENTINA
Basta de ajuste
La CTA Autónoma acompaña la Jornada Nacional de Lucha por Pan y Trabajo
Lunes 6 de agosto de 2018, por *
En una
conferencia de prensa realizada esta mañana en su sede nacional, la CTA
Autónoma marchará mañana junto a los movimientos sociales. También
ratificó su presencia en la vigilia que se realizará el 8 de agosto en
el marco del tratamiento en Senadores de la Ley de Interrupción
Voluntaria del Embarazo, y las elecciones de la Central que serán en
todo el país con el voto secreto y directo de sus afiliados y afiliadas.
Este lunes a la mañana, la CTA Autónoma brindó una Conferencia de
Prensa donde ratificó la adhesión a la Jornada Nacional de Lucha del 7
de agosto, en que las organizaciones marcharán de la Basílica de San
Cayetano, ubicada en el barrio porteño de Liniers, hasta Plaza de Mayo.
Una vez más se reafirmarán las consignas de Pan, Techo y Trabajo, y se
insistirá en los cinco proyectos de ley presentados el 1 de junio, día
en que la Marcha Federal llegó a la Ciudad de Buenos Aires.Ricardo Peidro, Secretario Adjunto de la CTA Autónoma y candidato a secretario General por la Lista 1 Germán Abdala, dijo: “Este plan de ajuste brutal tiene consecuencia en el salario de los compañeros y compañeras, en la precarización laboral, en la quita de derechos; pero también consecuencias fatales como lo que ocurrió en Moreno con dos trabajadores de la educación. La decidia y el desmantelamiento se llevó la vida de la compañera Sandra y el compañero Rubén. El duelo para toda la clase trabajadora hace que redoblemos los esfuerzos en la lucha contra el ajuste”.
“Mañana nos vamos a movilizar en todo el país, acompañando a todas las movilizaciones por pan y trabajo, y respaldando las cinco leyes que se presentaron en el marco de la Marcha Federal y consideramos urgente y necesario su tratamiento por parte del Congreso de la Nación”, indicó Peidro, a la vez que ratificó las elecciones de la CTA Autónoma: “Un millón 200 mil compañeros y compañeras participarán de las elecciones en todo el país, donde se renovarán 15 mil cargos, en 2 mil mesas de votación”.
Se destacó la presencia del gremio de aceiteros, como así también a sindicatos que integran la CTA-A: ATE, AAPM, Gastronómicos, trabajadores del cuero, jerárquicos de correos, FeNat, entre otros.
Hugo “Cachorro” Godoy, Secretario General de ATE y candidato a secretario Adjunto de la CTA-A por la Lista 1 Germán Abdala, insistió: “Las patronales privadas y del Estado avanzan, no solamente queriendo reducir nuestros salario, sino también reducir los puestos de trabajo a través de los despidos. Esta política regresiva, que busca transferir recursos entre los que menos tenemos a los que más tenemos, y que puede verse a través de la fuga de capitales que se está produciendo de manera acelerada, solo puede sostenerse con represión, y con la intromisión de la Justicia y del Ministerio de Trabajo en la vida democrática de los sindicatos”, dijo.
En este sentido, repudió las multas millonarias que intenta imponer la Justicia al gremio de Camioneros y Suteba: “Les expresamos a ellos y a sus trabajadores nuestra máxima solidaridad. El Ministerio de Trabajo y la Justicia castigan el derecho que los trabajadores tenemos para defender la vida democrática de nuestras organizaciones y la capacidad de lucha de los trabajadores”, indicó Godoy.
Será Ley
Por último, Silvia León, candidata a secretaria de Género de la CTA-A por la Lista 1 Germán Abdala, reafirmó la presencia de la Central en la vigilia que se realizará el 8 de agosto en el marco del tratamiento en Senadores de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo: “Este miércoles tenemos doble responsabilidad y compromiso, y vamos a estar desde las 00 hora del día 8, participando junto a todas las organizaciones que integran la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, de la vigilia”.“El día 8 también vamos a movilizar en todo el país, exigiendo la despenalización del aborto, que hace horas se llevó la vida de otra mujer, de 22 años de Santiago del Estero. Nuestro límite es la vida, por eso ahí estaremos el 8, redoblando esfuerzos.”, remarcó León.
Los trabajadores no vamos a pagar la crisis
López Mieres: “El FMI es garante, socio y justificador ideológico del ajuste”
Martes 24 de julio de 2018, por *
El
economista Alejandro López Mieres, del Instituto de Pensamiento y
Políticas Públicas (IPyPP), explicó la inflación de junio en Sobre la
Hora.
“El índice de inflación del mes de Junio es el más alto de los últimos
25 meses y empieza a recoger la devaluación gigantesca” de la corrida
cambiaria en abril y mayo que llevaron a una devaluación cercana al 50%.Agregó que por la estructura dolarizada de productos como combustibles, tarifas y alimentos, más la desregulación y la falta de control en las importaciones y la baja de retenciones, llevó a este nivel de inflación.
“Dentro de este 3.7% que determina una inflación interanual casi del 30%, y en el año del 16%” remarcó, lo que demuestra que el anuncio del gobierno de fines de 2017, pronosticando una inflación del 15%, quedó a la mitad del camino. “Si llegamos a anualizar esto, nos iríamos arriba del 50%” indicó.
Por otro lado, el acuerdo con el FMI determinó una franja de 27 a 32% de inflación que, para que se cumpla, debería bajar a menos de un 2% en lo que queda del año.
“Pero hay otro problema: La inflación mayorista prácticamente duplicó, está en el 6.5%, que es la primera que reacciona a la devaluación y al tipo de cambio” lo que lleva a una dinámica donde “se abrió la caja de Pandora, y el gobierno no solamente alimentó los desequilibrios estructurales y las vulnerabilidades de la Argentina sino que con todo lo que es la política no regulatoria permitió este desastre”.
López Mieres expresó que el FMI funciona como garante, socio y justificador ideológico del ajuste. “De alguna forma este socio al cual echarle la culpa, el socio malo, es el que justifica todo lo que estamos viviendo”, es decir, licuación de los salarios y tarifazos entre otras medidas.
“La cantidad de condiciones es bastante extensa, empezando por el déficit fiscal” remarcó, y comentó que se puede llegar, debido al contexto recesivo, de que se cumpla y se sobre cumplan: “Implica que el FMI va a gatillar, va a dar un flujo de 3.000 millones de dólares trimestrales a lo largo de un año y medio aproximadamente”.
Fuente: www.sobrelahora-radio.com.ar
Un mensaje de Curas en la Opción por los Pobres
Carta abierta a María Eugenia Vidal
PÀGINA 12 - 06 de agosto de 2018
Sra. Gobernadora:
Sabemos que está teniendo semanas complicadas. “Hacer la plancha” ya no le sirve y cada vez más cosas de su inacción de gobierno salen a la luz. Sabemos que la fenomenal campaña mediática oficial, muy bien aceitada, hace lo posible para desviar el ángulo de la mirada. Pero hay cosas que ya no pueden ocultarse.
Es coherente con su mirada política el vaciamiento de todo lo público, desde la salud a la educación, el intento de cierres de centros de salud y universidades a las que sí asisten los pobres.
Es coherente la estigmatización de los sindicatos que pretenden una educación de calidad y salarios dignos, a los que usted misma, en un arranque de populismo, tasó en 40.000 pesos.
Es coherente la desinversión y el desentenderse sistemático de las escuelas, y también el esconder por el ya emblemático “par de meses” a los funcionarios que cometen algún dislate o de los que trasciende la corrupción o la desidia.
Pero, ¿sabe qué? Dos muertes ya es mucho. Es demasiado. Sin duda que no ocurre todos los días, pero no fue la pérdida de gas de una vecina como ironizó irrespetuoso el presidente. Fue la falta de atención a denuncias que ya se reiteraban, por un abandono sistemático del mantenimiento en nombre del ajuste. Y eso, ¡usted!, se llevó la vida de Sandra y Rubén. El país está de duelo, aunque las cortinas de humo oficiales, la puesta en escena circense en el Club Bernal y su silencio, no se den por enterados.
Los docentes, a los que usted y el gobierno todo no se cansan de señalar como una suerte de perversos ponedores de palos en la rueda, están de duelo. Los docentes, cuyo salario es pisoteado y sus reclamos ninguneados, están de duelo. Y, ¿sabe qué? La rueda de la vida de dos compañeros dejó de girar.
Si tuviera dignidad y respeto sabe lo que debería hacer. Lo que debería haber hecho el mismo jueves. Pero no lo esperamos, ni de usted ni de ninguno de los suyos. Pero sepa que dos muertos más están en la cuenta del “debe” que su gobierno tiene con la historia.
Curas en la Opción por los Pobres
Sabemos que está teniendo semanas complicadas. “Hacer la plancha” ya no le sirve y cada vez más cosas de su inacción de gobierno salen a la luz. Sabemos que la fenomenal campaña mediática oficial, muy bien aceitada, hace lo posible para desviar el ángulo de la mirada. Pero hay cosas que ya no pueden ocultarse.
Es coherente con su mirada política el vaciamiento de todo lo público, desde la salud a la educación, el intento de cierres de centros de salud y universidades a las que sí asisten los pobres.
Es coherente la estigmatización de los sindicatos que pretenden una educación de calidad y salarios dignos, a los que usted misma, en un arranque de populismo, tasó en 40.000 pesos.
Es coherente la desinversión y el desentenderse sistemático de las escuelas, y también el esconder por el ya emblemático “par de meses” a los funcionarios que cometen algún dislate o de los que trasciende la corrupción o la desidia.
Pero, ¿sabe qué? Dos muertes ya es mucho. Es demasiado. Sin duda que no ocurre todos los días, pero no fue la pérdida de gas de una vecina como ironizó irrespetuoso el presidente. Fue la falta de atención a denuncias que ya se reiteraban, por un abandono sistemático del mantenimiento en nombre del ajuste. Y eso, ¡usted!, se llevó la vida de Sandra y Rubén. El país está de duelo, aunque las cortinas de humo oficiales, la puesta en escena circense en el Club Bernal y su silencio, no se den por enterados.
Los docentes, a los que usted y el gobierno todo no se cansan de señalar como una suerte de perversos ponedores de palos en la rueda, están de duelo. Los docentes, cuyo salario es pisoteado y sus reclamos ninguneados, están de duelo. Y, ¿sabe qué? La rueda de la vida de dos compañeros dejó de girar.
Si tuviera dignidad y respeto sabe lo que debería hacer. Lo que debería haber hecho el mismo jueves. Pero no lo esperamos, ni de usted ni de ninguno de los suyos. Pero sepa que dos muertos más están en la cuenta del “debe” que su gobierno tiene con la historia.
Curas en la Opción por los Pobres
El escándalo por el financiamiento electoral de Cambiemos
Otros 150 aportantes truchos
La
ex diputada Margarita Stolbizer identificó más personas de varios
distritos bonaerenses que aparecen como donantes de las campañas del
oficialismo de 2015 y 2017. Presentará sus casos en la causa a cargo del
juez federal Sebastián Casanello.
PÀGINA 12 - 24 de julio de 2018
Imagen: Télam
La
ex diputada Margarita Stolbizer presentará mañana cerca de 150 nuevos
casos de ciudadanos que figuran como aportantes a las últimas campañas
electorales de Cambiemos y que dicen no haberlo hecho. En el marco de la
causa penal a cargo del juez Sebastián Casanello, Stolbizer solicitará
que se incluya su presentación bajo la figura de amicus curiae (amigos
del tribunal), lo que “no produce perjuicio contra ninguna de las partes
del litigio ni tiene entidad para retardar o entorpecer el proceso”.
“Personas que figuran aportando para solventar la campaña de
diferentes candidatos, esconden dinero negro. No solo se utiliza la
identidad de ciudadanos que no prestaron su consentimiento ni aportaron
un solo centavo. Esta maniobra esconde una compleja estructura de
corrupción”, señala el escrito de la líder del GEN al que tuvo acceso Página/12.
En su carácter de presidenta de la asociación civil Bajo la Lupa,
Stolbizer solicitará mañana al juez Casanello incluir una 150 nuevos
aportantes truchos al esquema que, según indica el texto, incluye tres
tipos de casos: todos los candidatos de la lista de Cambiemos incluidos
como aportantes, en general con la misma suma de dinero que variaba
según el cargo al que aspiraba o sus chances de conseguirlo; empleados
municipales en distintos distritos de la provincia y beneficiarios de
planes sociales que aparecen incluidos como afiliados y/o aportantes,
como si se hubieran copiado listados, sin que las personas hayan tenido
conocimiento de esa situación. Se trata de personas que residen en las
localidades bonaerenses de Olavarría, Monte Hermoso, General Villegas,
Azul, Saladillo, Chacabuco, Ramallo, San Fernando, General Lamadrid,
Lujan y Morón.El escándalo de los falsos aportantes desatado tras la investigación periodística de El Destape ya derivó en el desplazamiento -a un día de su designación- de la contadora general, María Fernanda Inza, y no para de crecer. La que tiene a cargo Casanello -por lavado de dinero- es una de las tres causas en marcha por este tema: hay una iniciada de oficio por el fiscal federal electoral Jorge Di Lello y otra que se abrió con la denuncia de la senadora bonaerense Teresa García, radicada en la Justicia de La Plata, que apunta directamente contra la gobernadora María Eugenia Vidal por ser la presidenta de la fuerza política a nivel local.
Aportes fraudulentos en Argentina: "Estamos hablando de un plan sistemático de robo de identidades"
Publicado: 20 jul 2018 20:07 GMT | Última actualización: 20 jul 2018 20:33 GMT - RT
El periodista Juan Amorín analiza las
repercusiones de su investigación, que reveló que el partido de gobierno
supuestamente robó datos personales y falsificó información sobre el
dinero aportado para las elecciones legislativas de 2017.
Hace poco más de un mes el periodista argentino Juan Amorín hizo pública una investigación en la que reveló una presunta falsificación de donaciones de dinero
a la campaña electoral del PRO (principal partido de la alianza
Cambiemos que gobierna en Argentina) en las elecciones legislativas de
2017.
Publicado el 20 de julio 2018
https://youtu.be/f1KVugTAn98
Según la información que ha sido actualizada semana a semana en el portal El Destape y replicada en otros medios de comunicación, ya serían más de mil las personas beneficiarias de programas sociales que figuraban como aportantes a la campaña electoral de esa organización en la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, no sabían nada al respecto e incluso, sin su consentimiento, aparecen también como afiliados al partido político en cuestión.
Así, los supuestos aportantes de dinero, según la investigación, forman parte de iniciativas estatales de creación de empleo como los planes Argentina Trabaja y Ellas Hacen o están inscriptas en el Monotributo Social. Quienes perciben este tipo de asistencia son los sectores más vulnerables de la población. En el caso del Monotributo Social abarca a personas con ingresos inferiores a los 107.000 pesos (3.800 dólares) al año. Por este motivo resulta llamativo que, según consta en las actas del PRO, hayan decidido destinar entre 350 y 700 pesos –casi el 10% de su ingreso mensual– a la campaña electoral.
El periodista analizó que "hay millones de pesos en juego" y ese número puede ascender "a millones de dólares porque también surgieron candidatos de la propia alianza que están diciendo que no aportaron". Finalmente, consideró que "estamos hablando de un plan sistemático de robo de identidades a personas que no tenían nada que ver para financiar al partido gobernante, para lavar dinero quién sabe de quién".
Consultado sobre este último punto, dijo que "el dinero pudo haber salido del Estado, puede ser un retorno de la obra pública o puede venir de empresas, algo que en Argentina por la ley electoral actual está prohibido".
Aportes fraudulentos en Argentina: "Estamos hablando de un plan sistemático de robo de identidades"
Según la información que ha sido actualizada semana a semana en el portal El Destape y replicada en otros medios de comunicación, ya serían más de mil las personas beneficiarias de programas sociales que figuraban como aportantes a la campaña electoral de esa organización en la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, no sabían nada al respecto e incluso, sin su consentimiento, aparecen también como afiliados al partido político en cuestión.
Así, los supuestos aportantes de dinero, según la investigación, forman parte de iniciativas estatales de creación de empleo como los planes Argentina Trabaja y Ellas Hacen o están inscriptas en el Monotributo Social. Quienes perciben este tipo de asistencia son los sectores más vulnerables de la población. En el caso del Monotributo Social abarca a personas con ingresos inferiores a los 107.000 pesos (3.800 dólares) al año. Por este motivo resulta llamativo que, según consta en las actas del PRO, hayan decidido destinar entre 350 y 700 pesos –casi el 10% de su ingreso mensual– a la campaña electoral.
"Los gobernantes no han dado ninguna respuesta"
"Pasaron 33 días desde que publicamos la investigación. Es necesario aclarar que los gobernantes todavía no han dado ninguna respuesta", sostuvo Amorín desde los estudios de RT en Buenos Aires. Si bien reconoció que "han forzado la renuncia de una contadora general de la Provincia de Buenos Aires", María Fernanda Inza, aseguró que en términos "estrictamente jurídicos" no se han presentado en ninguna de las tres causas en curso.El periodista analizó que "hay millones de pesos en juego" y ese número puede ascender "a millones de dólares porque también surgieron candidatos de la propia alianza que están diciendo que no aportaron". Finalmente, consideró que "estamos hablando de un plan sistemático de robo de identidades a personas que no tenían nada que ver para financiar al partido gobernante, para lavar dinero quién sabe de quién".
Consultado sobre este último punto, dijo que "el dinero pudo haber salido del Estado, puede ser un retorno de la obra pública o puede venir de empresas, algo que en Argentina por la ley electoral actual está prohibido".
Pese a que el Gobierno sigue negando los aportantes truchos, se acumulan las pruebas en la Justicia
Hay tormenta pero de irregularidades
Tal
como había revelado Página/12 el lunes, el ex candidato a intendente
Osvaldo Marasco presentó un escrito ante el juez Casanello desmintiendo
haber contribuido con 50 mil pesos a la campaña de Cambiemos. También
negó donaciones del resto de la lista.
“Estamos muy tranquilos y convencidos de la transparencia con la que hemos trabajado siempre”, afirmó ayer Marcos Peña.
Imagen: Jorge Larrosa
Imagen: Jorge Larrosa
PÀGINA 12 - 20 de julio de 2018
Mientras
el Gobierno intenta blindar su estrategia discursiva en torno al
escándalo de los falsos aportantes a sus campañas electorales, las
acusaciones se siguen acumulando. “Estamos muy tranquilos y convencidos
de la transparencia con la que hemos trabajado siempre en materia de
campañas políticas”, dijo ayer el jefe de Gabinete, Marcos Peña, cuando
le preguntaron sobre el tema. Horas más tarde, el ex candidato a
intendente de Ituzaingó por el oficialismo Osvaldo Marasco se presentó
espontáneamente en el juzgado de Sebastián Casanello para informar que
no realizó el aporte de 50 mil pesos que le atribuyeron. “Jamás hice ese
aporte de dinero ni ningún otro para la campaña ni para el partido.
Asimismo figuran todos los demás componentes de la lista aportando
dinero, y no me consta que lo hayan hecho jamás según esa planilla
oficial”, manifestó.
Desde la revelación del escándalo de los falsos aportantes a las campañas electorales de Cambiemos, no hay día que pase sin que el tema genere material nuevo. El caso de Marasco fue revelado por PáginaI12 el pasado lunes, adelantando que el empresario podría convertirse en una pieza clave de las causas judiciales en marcha. En aquella ocasión, el ex candidato aseguró que figuraba en los registros oficiales y negó rotundamente haber donado dinero. “Yo mismo figuro con 50 mil pesos de aporte en el 2015, y no los puse ni hay ningún documento donde figure la transacción, que por supuesto tampoco es parte de mi declaración jurada correspondiente”, había asegurado Marasco a este diario. Ayer por la tarde, su nombre volvió a tener protagonismo cuando presentó espontáneamente un escrito “a los efectos de aportar a la resolución de la causa que nos ocupa”, es decir, la que está radicada en el juzgado de Casanello por lavado de dinero al desconocerse el origen de los fondos que financiaron la campaña. Como Marasco, otros ex candidatos a intendentes, concejales y consejeros escolares por Cambiemos en varios distritos de la provincia de Buenos Aires salieron en los últimos días a comunicar que sus nombres aparecían como aportantes y que no lo eran.
Sin embargo, aunque las denuncias públicas se multiplican, desde el Gobierno se desentienden y siguen optando por eludir las acusaciones. En declaraciones radiales, Peña destacó la supuesta transparencia con la Cambiemos procedió en todas las campañas electorales. “Lo que se declara y lo que se puede plantear en la Justicia es bueno compararlo con otras fuerzas políticas porque creo que habla de ese compromiso con la honestidad. La decisión de María Eugenia (Vidal) va en esa dirección, justamente, no prejuzgar sino decir que se investigue”, esgrimió el funcionario, y agregó: “Nosotros no tenemos nada que ocultar. Si algo se hizo mal, primero investiguémoslo y sepamos qué pasó”. Por otro lado, el jefe de Gabinete –en sintonía con la línea argumentativa de la gobernadora– señaló que “hay que modernizar el financiamiento de las campañas, como hay que modernizar el sistema electoral, el sistema de partidos políticos y muchísimas cosas de un sistema político que está atrasado en sus reglas de juego” y adelantó que Mauricio Macri enviará un proyecto de ley que modifique el financiamiento de la política “reflejando ese consenso que se ha trabajado con muchas fuerzas políticas”.
Este escándalo de los falsos aportantes, que ya se cargó a la contadora general de la provincia, María Fernanda Inza, derivó en la apertura de tres causas judiciales: la que está a cargo del juez Casanello, otra que inició de oficio el fiscal federal electoral Jorge Di Lello, y una tercera iniciada con la denuncia de senadora provincial Teresa García, que se encuentra en la justicia de La Plata a cargo del juez Ernesto Kreplak.
Desde la revelación del escándalo de los falsos aportantes a las campañas electorales de Cambiemos, no hay día que pase sin que el tema genere material nuevo. El caso de Marasco fue revelado por PáginaI12 el pasado lunes, adelantando que el empresario podría convertirse en una pieza clave de las causas judiciales en marcha. En aquella ocasión, el ex candidato aseguró que figuraba en los registros oficiales y negó rotundamente haber donado dinero. “Yo mismo figuro con 50 mil pesos de aporte en el 2015, y no los puse ni hay ningún documento donde figure la transacción, que por supuesto tampoco es parte de mi declaración jurada correspondiente”, había asegurado Marasco a este diario. Ayer por la tarde, su nombre volvió a tener protagonismo cuando presentó espontáneamente un escrito “a los efectos de aportar a la resolución de la causa que nos ocupa”, es decir, la que está radicada en el juzgado de Casanello por lavado de dinero al desconocerse el origen de los fondos que financiaron la campaña. Como Marasco, otros ex candidatos a intendentes, concejales y consejeros escolares por Cambiemos en varios distritos de la provincia de Buenos Aires salieron en los últimos días a comunicar que sus nombres aparecían como aportantes y que no lo eran.
Sin embargo, aunque las denuncias públicas se multiplican, desde el Gobierno se desentienden y siguen optando por eludir las acusaciones. En declaraciones radiales, Peña destacó la supuesta transparencia con la Cambiemos procedió en todas las campañas electorales. “Lo que se declara y lo que se puede plantear en la Justicia es bueno compararlo con otras fuerzas políticas porque creo que habla de ese compromiso con la honestidad. La decisión de María Eugenia (Vidal) va en esa dirección, justamente, no prejuzgar sino decir que se investigue”, esgrimió el funcionario, y agregó: “Nosotros no tenemos nada que ocultar. Si algo se hizo mal, primero investiguémoslo y sepamos qué pasó”. Por otro lado, el jefe de Gabinete –en sintonía con la línea argumentativa de la gobernadora– señaló que “hay que modernizar el financiamiento de las campañas, como hay que modernizar el sistema electoral, el sistema de partidos políticos y muchísimas cosas de un sistema político que está atrasado en sus reglas de juego” y adelantó que Mauricio Macri enviará un proyecto de ley que modifique el financiamiento de la política “reflejando ese consenso que se ha trabajado con muchas fuerzas políticas”.
Este escándalo de los falsos aportantes, que ya se cargó a la contadora general de la provincia, María Fernanda Inza, derivó en la apertura de tres causas judiciales: la que está a cargo del juez Casanello, otra que inició de oficio el fiscal federal electoral Jorge Di Lello, y una tercera iniciada con la denuncia de senadora provincial Teresa García, que se encuentra en la justicia de La Plata a cargo del juez Ernesto Kreplak.
Diez consultores y encuestadores analizan el efecto del escándalo de los aportes truchos
El default ético perjudica al Gobierno
La
coincidencia es absoluta en un punto: los grandes vuelcos de opinión
pública por lo general se producen por motivos económicos, y así le
viene sucediendo
a Cambiemos. Pero la difusión del falseamiento de identidades y del
eventual lavado cayó sobre el oficialismo justo cuando la economía venía
mal.
La
totalidad de los consultores en campañas electorales coincide en que el
escándalo de los aportes truchos es grave, pero lo esencial es que no
se produce en una noche serena de cielo despejado sino en el marco de
una tremenda crisis económica. Eso significa que el impacto fundamental
en la imagen de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal tiene origen en las
tarifas, la baja en el salario real, la inflación, la estampida del
dólar y el golpe a los jubilados. Pero en ese trasfondo, el escándalo de
los aportes truchos produce un fenómeno: la fuerza política que
pretendía algo así como un “monopolio de la moralidad” es sorprendida en
una inmensa estafa sobre la que no ha podido dar ninguna explicación.
“Los agarraron in fraganti”, se diría coloquialmente. Los consultores y encuestadores consideran que quien ya iba a votar a Cambiemos casi seguro lo seguirá haciendo. Es como que de alguna manera no quisiera oír porque tiene posición tomada. Pero hay una franja de independientes en la que está golpeando en forma tremenda la crisis económica sobre la que ahora se descarga una especie de default ético.
Página/12 consultó sobre esta novedad a diez de los consultores/encuestadores más conocidos del país.
Facundo Nejamkis, de Opina Argentina, lo sintetiza así: “El estado de la economía suele ser la variable mas importante para explicar los cambios en los niveles de apoyo, en este caso, del presidente Macri y los principales referentes del gobierno, incluida la gobernadora de la Provincia de Buenos Aires. La combinación de recesión económica con acusaciones por falta de transparencia en el manejo de fondos de la campaña 2017 forma un combo altamente peligroso. La sociedad argentina suele ser mas tolerante con la dirigencia política en contextos de crecimiento economico y extremadamente intolerante cuando la economía no responde a sus expectativas. Existe un elemento adicional. Y era la expectativa del electorado afín a Cambiemos de que la coalición gobernante hiciera de las políticas de transparencia un eje transversal de su programa de gobierno. Con el escandalo resulta defraudada esa expectativa”.
Del Franco argumenta que empiezan razonamientos del siguiente estilo: ‘Al final no se salva nadie, son todos iguales’.
“El escándalo de los aportes falsos no funciona como una bisagra –redondea la consultora–. Muy probablemente el que tenía pensado votar a Cambiemos, no dejará de hacerlo. Pero es en el marco de que vienen perdiendo apoyos y votantes. Tal vez con expectativas económicas buenas u optimistas este caso tendría menor trascendencia. Sin embargo, justamente la situación es la contraria”.
Lo que empezó como una investigación periodística fue escalando en poco tiempo y se fue destapando una olla en cuyo interior subyacía un desaguisado mayúsculo. En tal contexto, tanto la imagen positiva de Mauricio Macri como la de María Eugenia Vidal sufrieron el impacto negativo del conjunto de factores mencionados. Obviamente mucho más en el caso del Presidente. Pero no debe perderse de vista que la gobernadora ha descendido más de 10 puntos respecto de los valores de principios de año. Si este tema de los falsos aportes sigue escalando y creciendo en intensidad, el riesgo para Cambiemos es mucho mayor. Desde esta perspectiva, sus dirigentes se convierten para la opinión pública en más de lo mismo”.
Como se ve, los consultores están de acuerdo. El centro de la situación del país está en la economía. Pero el caso de los aportes falsos tiene su propia dinámica, su propia explosividad. La perspectiva no es la mejor para el oficialismo. Desde la Casa Rosada se anuncia un segundo semestre todavía más complicado y ahora resulta que la escapatoria de la honestidad naufragó junto con el listado falso entregado a la Justicia electoral.
rkollmann@pagina12.com.ar
“Los agarraron in fraganti”, se diría coloquialmente. Los consultores y encuestadores consideran que quien ya iba a votar a Cambiemos casi seguro lo seguirá haciendo. Es como que de alguna manera no quisiera oír porque tiene posición tomada. Pero hay una franja de independientes en la que está golpeando en forma tremenda la crisis económica sobre la que ahora se descarga una especie de default ético.
Página/12 consultó sobre esta novedad a diez de los consultores/encuestadores más conocidos del país.
Vuelcos
Los consultores están de acuerdo en que los grandes vuelcos en la opinión pública se producen, por lo general, por razones económicas. En el caso actual, los golpes fuertes para la administración Cambiemos se dieron con los tarifazos de noviembre y, sobre todo, con la gravísima reforma previsional que convirtió un aumento de 14 por ciento para los jubilados en un aumento apenas del cinco por ciento.Facundo Nejamkis, de Opina Argentina, lo sintetiza así: “El estado de la economía suele ser la variable mas importante para explicar los cambios en los niveles de apoyo, en este caso, del presidente Macri y los principales referentes del gobierno, incluida la gobernadora de la Provincia de Buenos Aires. La combinación de recesión económica con acusaciones por falta de transparencia en el manejo de fondos de la campaña 2017 forma un combo altamente peligroso. La sociedad argentina suele ser mas tolerante con la dirigencia política en contextos de crecimiento economico y extremadamente intolerante cuando la economía no responde a sus expectativas. Existe un elemento adicional. Y era la expectativa del electorado afín a Cambiemos de que la coalición gobernante hiciera de las políticas de transparencia un eje transversal de su programa de gobierno. Con el escandalo resulta defraudada esa expectativa”.
Damnificados
Eduardo Fidanza, de Poliarquía, coincide en que lo decisivo es la economía, pero piensa que lo ocurrido afectó más al Presidente que a la gobernadora. “Aún no hay información sobre las consecuencias de los presuntos aportes falsos en términos de opinión pública. La cuestión cae, como es presumible, en un mal momento para el Gobierno. El deterioro de su imagen se vincula claramente hoy con la crisis económica, expresada en la inflación y la recesión, y no con casos de corrupción. Pero sabemos, por experiencia, que la gente se vuelve más sensible a ella en contextos económicos adversos. Se torna más severa con el poder político y económico, al que culpa por la falta de trabajo y oportunidades. Es una consecuencia característica que hemos observado repetirse cíclicamente en democracia. En este contexto, donde se supone que el caso afectará negativamente al Gobierno, cabe hacer, sin embargo, una distinción entre Macri y Vidal, puesto que sus imágenes púbicas se han disociado claramente en los últimos tiempos: la gobernadora posee una valoración positiva mucho más alta que la del Presidente. Ella, además, tuvo una reacción activa ante la denuncia, más allá de si hizo lo suficiente o no para conjurarla. El Presidente, acaso concentrado excesivamente en la economía, consideró el tema casi de soslayo en su reciente conferencia de prensa”.Reincidentes
Enrique Zuleta Puceiro, al frente de Opinión Pública, Servicios y Mercados (OPSM) afirma que “el affaire afecta la credibilidad, sobre todo del PRO”. Y agrega: “Pero ojo, no es el primer hecho. Nadie debe olvidar el episodio con Fernando Niembro. Y tal vez pasó como un hecho menor lo del uso de datos y campaña sucia de alguna manera confesada por Cambridge Analítica. Ahora, esto de los aportes es más impactante. Yo creo que se cae la idea de la superioridad moral que querían imponer, algo así como el integrismo republicano. La caída afecta a las figuras que se inscribían en esa línea, empezando por Elisa Carrió o Graciela Ocaña. ¿Afecta el voto? No creo. Yo los veo con una franja que seguramente no cambie. Quienes votan a Cambiemos no querrán escuchar, como tampoco los que van a votar al peronismo quieren escuchar cosas en contrario. Es algo así como la noticia indeseada. Eso sí, les quita las bases para empezar algún tipo de cruzada moral. Es una crisis de importancia que además obligó a la renuncia de una funcionaria clave, la contadora provincial”.Datos
“Según nuestros datos –detalla Analía Del Franco, de Del Franco Consultores–, recogidos entre el 16 y el 19 de julio, el presidente Macri tiene hoy en la Provincia de Buenos Aires 40,2 por ciento de opiniones buenas o muy buenas, pero 58,4 por ciento de opiniones malas o muy malas. Es el nivel de popularidad mas bajo desde que asumió el gobierno. Perdió 15 puntos en 10 meses. La gobernadora Vidal partió de una situación mejor, pero también cayó notoriamente. Tiene 52,6 de opiniones positivas y 46,2 negativas. Descendió 16 puntos desde septiembre 2017”.Del Franco argumenta que empiezan razonamientos del siguiente estilo: ‘Al final no se salva nadie, son todos iguales’.
“El escándalo de los aportes falsos no funciona como una bisagra –redondea la consultora–. Muy probablemente el que tenía pensado votar a Cambiemos, no dejará de hacerlo. Pero es en el marco de que vienen perdiendo apoyos y votantes. Tal vez con expectativas económicas buenas u optimistas este caso tendría menor trascendencia. Sin embargo, justamente la situación es la contraria”.
Palabras
El titular del Centro de Estudios de Opinión Pública (CEOP), Roberto Bacman, remarca que “el Presidente llevó a cabo una conferencia de prensa en la que utilizó en ocho oportunidades la palabra tormenta para evitar la palabra crisis. Pero eso no le saca de la cabeza a la opinión pública que la Argentina atraviesa una crisis. En los últimos meses la política también metió la cola y la relación de los principales dirigentes de la coalición de gobierno con la opinión pública se complicó aún más.Lo que empezó como una investigación periodística fue escalando en poco tiempo y se fue destapando una olla en cuyo interior subyacía un desaguisado mayúsculo. En tal contexto, tanto la imagen positiva de Mauricio Macri como la de María Eugenia Vidal sufrieron el impacto negativo del conjunto de factores mencionados. Obviamente mucho más en el caso del Presidente. Pero no debe perderse de vista que la gobernadora ha descendido más de 10 puntos respecto de los valores de principios de año. Si este tema de los falsos aportes sigue escalando y creciendo en intensidad, el riesgo para Cambiemos es mucho mayor. Desde esta perspectiva, sus dirigentes se convierten para la opinión pública en más de lo mismo”.
Impacto
Raúl Timerman, de Grupo de Opinión, coincide con la mirada mayoritaria: “En el caso de Cambiemos impacta más que en otro espacio politico, por su discurso de transparencia. Tambien es cierto que el financiamiento espúreo de la política no tiene menos de 100 años. Y es mucho menos trascendente que las consecuencias prácticas para la vida diaria de la ciudadania que tienen las políticas economicas implementadas. De todas maneras, mirando las cosas globalmente, a esta altura podemos decir que no es lo mismo Cambiemos en campaña que Cambiemos gobernando. Hasta ahora han mostrado un déficit muy serio como gobernantes”.Lapidario
“Los gobiernos neoliberales asumen tradicionalmente como eficaz equipo de republicamos y terminan siendo un torpe grupo de vándalos.” Esa frase lapidaria de Artemio López, titular de Equis, redondea su diagnóstico de que la crisis de los aportes “pega en la línea de flotación de María Eugenia Vidal y produce un nuevo impacto en el deterioro ya muy marcado que existía, tanto en ella como en el Presidente. En el centro están los severos efectos sociales del ajuste, que ya no pueden disimularse con las agobiantes estrategias de marketing a las que es tan afecto el gobierno nacional. Ya están a punto de suspender los timbreos por el malestar existente”.Erosión
Para Fernando Zack, al frente de Analogías, “Cambiemos continúa esforzándose por erosionar los dos pilares que lo llevaron al Gobierno en 2015: la promesa de terminar con la inflación y la transparencia en su praxis política. Ampliamente derrotado en la lucha contra la inflación, ahora le demuestra a la ciudadanía que María Eugenia Vidal, la dirigente con mejor imagen del país, se encuentra en el mismo lodo que el resto de los partidos políticos a los que cuestionan y denuncian permanentemente. Si bien éste parece ser un problema mucho menor en relación a la crisis económica, es un hecho que va a profundizar la tendencia negativa en los apoyos al Presidente Macri y a la gobernadora Vidal y que envalentona a una oposición política cada vez más convencida de que sí se puede ganarle a Cambiemos en 2019. Para concretar esta potencialidad, la oposición deberá construir futuro. Cometerá un gran error si pretende ganar la elección apelando a un pasado que, aun siendo mejor que el presente, la ciudadanía decidió no votar. En ese plano difícilmente se imponga a Cambiemos”.No hay vacío
Ricardo Rouvier, de Rouvier y Asociados, insiste en el concepto de que los aportes falsos no caen en territorio llano. “Cada estímulo de comunicación no cae nunca en un recipiente vacío en la mente de los receptores. La cuestión del fraude y el lavado de dinero en el aporte partidario de Cambiemos se produce en un momento en que todas las variables de imagen del oficialismo están en descenso. Por lo tanto, el efecto esperable es que esta noticia va a sumar a la caída de imagen. Lo mejor para el gobierno hubiera sido que la comunicación fuese neutralizada por otros temas de la agenda pública (sobre todo positivos) o por operaciones ad-hoc. La exposición pública de la gobernadora Vidal para dar explicaciones fue mejor que su ausencia, pero no es suficiente en el contexto actual de pérdida de credibilidad. Hay una concepción en la comunicación política de suponer que estas cosas en el tiempo se diluyen en el olvido, pero eso puede ocurrir cuando hay un contexto favorable, compensatorio en términos del intercambio entre lo público y la sociedad. Hoy, la mayoría de la población siente que lo público es una amenaza”.Como se ve, los consultores están de acuerdo. El centro de la situación del país está en la economía. Pero el caso de los aportes falsos tiene su propia dinámica, su propia explosividad. La perspectiva no es la mejor para el oficialismo. Desde la Casa Rosada se anuncia un segundo semestre todavía más complicado y ahora resulta que la escapatoria de la honestidad naufragó junto con el listado falso entregado a la Justicia electoral.
rkollmann@pagina12.com.ar
URUGUAY
Cabrera (PIT-CNT / ASSE): “La salud es un derecho, no un negocio”
El representante de los trabajadores en el Directorio de la
Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Pablo
Cabrera, le adelantó al Portal que el lunes 13 del corriente se
presentará la Unidad de Salud Laboral a nivel nacional, “lo quesignifica
un importante avance para ASSE y para el conjunto de los trabajadores,
ya que establece garantías”. Denunció además que “hoy nos encontramos
con actores importantes que están intentando desmantelar un proceso de
cambio que ha sido sustancial para el país”.
Durante la charla con el Portal el dirigente sindical recordó que el nuevo Directorio de ASSE se instala en marzo con la designación de los tres integrantes del Poder Ejecutivo, luego de la correspondiente aprobación parlamentaria. Sin embargo la integración de los representantes de los sectores sociales, el de usuarios y de los trabajadores, se vio demorada por inconvenientes políticos y pudo volver a integrarse al Directorio a partir de mayo del corriente.
Cabrera sostuvo que “esos meses de incertidumbre (ya que no ocupaban el Directorio) generó mucha preocupación ya que no se podía participar de la discusión de la última Rendición de Cuentas del gobierno actual. Ante esta situación la Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP) junto al Sindicato Médico del Uruguay (SMU) se movilizaron en reclamo del reintegro de los directores sociales. Una vez asumida la responsabilidad y el cargo, logramos un acuerdo importante para los trabajadores. Si bien la Rendición de Cuentas no establece los recursos necesarios y suficientes para las mejoras que pretendemos los trabajadores, se debe reconocer que logramos avances en la construcción de derechos. De todos modos el reclamo de un estatuto del funcionario ha quedado relegado y esperamos que a partir del proyecto de ley que será presentado a principios del próximo año se pueda avanzar, también, en las respuestas que piden los trabajadores”.
A esto le sumó el representante de los trabajadores en ASSE que se ha podido profundizar en un debate que tiene como centro la salud laboral. “Entendemos que cuidar a quienes cuidan es muy importante. No podemos olvidarnos que muchas veces el trabajador de la salud se siente relegado y por eso hace tiempo que queríamos avanzar en la formalización de crear un centro de salud laboral. Lo cierto es que el proyecto que presentamos los trabajadores en el Directorio se aprueba y el lunes 13 del presente mes se estará presentando la Unidad de Salud Laboral a nivel nacional. A partir de esta propuesta se estarán analizando temas de alta sensibilidad, como el trabajo, la salud y las condiciones laborales. Respetando la normativa vigente, que se rige a partir del decreto 91, se formará la Comisión de Salud Laboral en la cual participará ASSE, la FFSP y el SMU. Estamos ante un proceso nuevo y somos conscientes de la complejidad que tiene ASSE. No podemos olvidarnos de que somos el único sector dentro del sistema integrado de salud que llegamos a todos los puntos del país. Incluso hay lugares donde sólo ASSE es el que brinda un servicio de salud. Por ejemplo, el jueves pasado inauguramos la nueva puerta de urgencia y emergencia en Sarandí del Yí, una ciudad con más de siete mil habitantes. El sector privado solo cuenta con un servicio de policlínica en el lugar”.
El representante de los trabajadores en ASSE destacó que “los medios de comunicación están informando permanentemente de forma negativa sobre ASSE y problemas externos. Entendemos que existe una campaña para golpear el sistema y derribar un sistema que está le está dando repuestas importantes a la gente. Se debe avanzar para mejorar, pero hay un antes y un después en la atención que se la brinda a la gente en los últimos años. Hoy nos encontramos con actores importantes que están intentando desmantelar un proceso de cambio que ha sido sustancial para el país”.
Durante la charla con el Portal el dirigente sindical recordó que el nuevo Directorio de ASSE se instala en marzo con la designación de los tres integrantes del Poder Ejecutivo, luego de la correspondiente aprobación parlamentaria. Sin embargo la integración de los representantes de los sectores sociales, el de usuarios y de los trabajadores, se vio demorada por inconvenientes políticos y pudo volver a integrarse al Directorio a partir de mayo del corriente.
Cabrera sostuvo que “esos meses de incertidumbre (ya que no ocupaban el Directorio) generó mucha preocupación ya que no se podía participar de la discusión de la última Rendición de Cuentas del gobierno actual. Ante esta situación la Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP) junto al Sindicato Médico del Uruguay (SMU) se movilizaron en reclamo del reintegro de los directores sociales. Una vez asumida la responsabilidad y el cargo, logramos un acuerdo importante para los trabajadores. Si bien la Rendición de Cuentas no establece los recursos necesarios y suficientes para las mejoras que pretendemos los trabajadores, se debe reconocer que logramos avances en la construcción de derechos. De todos modos el reclamo de un estatuto del funcionario ha quedado relegado y esperamos que a partir del proyecto de ley que será presentado a principios del próximo año se pueda avanzar, también, en las respuestas que piden los trabajadores”.
A esto le sumó el representante de los trabajadores en ASSE que se ha podido profundizar en un debate que tiene como centro la salud laboral. “Entendemos que cuidar a quienes cuidan es muy importante. No podemos olvidarnos que muchas veces el trabajador de la salud se siente relegado y por eso hace tiempo que queríamos avanzar en la formalización de crear un centro de salud laboral. Lo cierto es que el proyecto que presentamos los trabajadores en el Directorio se aprueba y el lunes 13 del presente mes se estará presentando la Unidad de Salud Laboral a nivel nacional. A partir de esta propuesta se estarán analizando temas de alta sensibilidad, como el trabajo, la salud y las condiciones laborales. Respetando la normativa vigente, que se rige a partir del decreto 91, se formará la Comisión de Salud Laboral en la cual participará ASSE, la FFSP y el SMU. Estamos ante un proceso nuevo y somos conscientes de la complejidad que tiene ASSE. No podemos olvidarnos de que somos el único sector dentro del sistema integrado de salud que llegamos a todos los puntos del país. Incluso hay lugares donde sólo ASSE es el que brinda un servicio de salud. Por ejemplo, el jueves pasado inauguramos la nueva puerta de urgencia y emergencia en Sarandí del Yí, una ciudad con más de siete mil habitantes. El sector privado solo cuenta con un servicio de policlínica en el lugar”.
Comisión investigadora
Para Cabrera es importante que “se le ponga fin a un ciclo que tuvo como cometido investigar algo que la institución ASSE ya había hecho y por eso se habían tomado recaudos importantes. El parlamento tiene el derecho de actuar, pero es el Poder Judicial el encargado de tomar la posta y llevar adelante la investigación correspondiente. De todos modos, atendiendo a lo político, consideramos que le corresponde al Poder Ejecutivo llevar adelante la investigación correspondiente a fin de poder tomar las medidas necesarias. La investigadora ya cumplió su rol y le corresponde, ahora, a la justicia y al Estado actuar”.El representante de los trabajadores en ASSE destacó que “los medios de comunicación están informando permanentemente de forma negativa sobre ASSE y problemas externos. Entendemos que existe una campaña para golpear el sistema y derribar un sistema que está le está dando repuestas importantes a la gente. Se debe avanzar para mejorar, pero hay un antes y un después en la atención que se la brinda a la gente en los últimos años. Hoy nos encontramos con actores importantes que están intentando desmantelar un proceso de cambio que ha sido sustancial para el país”.
06/08/2018
Procesan de “la banda de Aníbal Gordon” por lavado de activos durante la dictadura cívico militar
El Juzgado Federal de Dolores, a cargo del Dr. Alejo Ramos Padilla, dictó el procesamiento por lavado de activos de los herederos de uno de los integrantes de “la banda de Aníbal Gordon” durante la última dictadura cívico militar. Por Lucho Soria para ANRed
En la causa, en la que también se investigan crímenes de lesa humanidad, se analiza el origen y el destino dado a las millonarias sumas de dinero que Aníbal Gordon y su grupo obtuvieron a partir de los secuestros, torturas y privaciones ilegitimas de la libertad llevada a cabo en el marco del terrorismo de estado.En particular, se expuso el caso del uruguayo Alberto Cecilio Mechoso Méndez, miembro del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP), quien fue privado ilegalmente de su libertad el día 26 de septiembre de ese 1976 en un procedimiento conjunto realizado por fuerzas uruguayas y argentinas, estas últimas bajo el mando de Aníbal Gordon en el marco del Plan Cóndor.
De lo actuado surge que las fuerzas conjuntas irrumpieron de forma violenta en el domicilio en el que éste vivía junto con su familia en la ciudad de Buenos Aires y le sustrajeron una suma de entre 2 a 8 millones de esa moneda extranjera. Su cuerpo fue hallado a los pocos días dentro de un tambor arrojado en la desembocadura del Río Luján e identificado años más tarde en mayo de 2012, por el Equipo Argentino de Antropología Forense.
A partir de las pruebas recabadas en la causa se pudo determinar que parte del dinero sustraído fue destinado a comprar dos terrenos en Chascomús para construir allí un barrio náutico, que finalmente se vio frustrado por una interna que se produjo con otra facción del gobierno militar, encabezada por Saint Jean y Ramón Camps, que ingresó por la fuerza a los terrenos del grupo de Gordon, privó de la libertad y torturó a los trabajadores contratados para llevar adelante las edificaciones y reformas.
El mega proyecto inmobiliario de Aníbal Gordon y su gente, conocido como “Boating”, se frustró y durante años los terrenos fueron abandonados, hasta que en 2008, los hijos de uno de los integrantes de la banda de Gordon, a través de distintas operaciones simuladas y utilizando personas con identidades y poderes falsos colocaron a su nombre la titularidad de esos terrenos, lo que según el juez constituye el delito de lavado, por haber “blanqueado” bienes que tenían un origen ilícito, vinculado con crímenes de lesa humanidad. De este modo el magistrado ordenó el procesamiento de las tres personas que declararon y dispuso el embargo por seis millones y medio de pesos sobre estas parcelas de tierra como objeto de futuro decomiso.
El sector Ir propone no llenar vacantes generadas por retiros en las Fuerzas Armadas y destinar esos recursos a la educación
PVP plantea destinar parte de los montos previstos para obras del Ferrocarril Central a leyes de género y salud mental, y educación.
En dos semanas la Cámara de Diputados tiene que terminar de
aprobar el proyecto de ley de Rendición de Cuentas, y como los tiempos
apremian, en la bancada del Frente Amplio (FA) comenzarán a discutir el
martes qué cambios introducir al texto que envió el Poder Ejecutivo. Los
legisladores miembros de la Comisión de Presupuestos integrada con
Hacienda, más delegados de otros sectores del oficialismo, se vienen
reuniendo periódicamente y han acordado algunos cambios. Por ejemplo,
hay un acuerdo generalizado para eliminar de la Rendición el artículo
188, que limitaría la posibilidad de iniciar acciones contra el Estado
por el acceso a medicamentos, y para introducir algunas modificaciones
de redacción en varios artículos. Pero todavía no se han discutido
propuestas de redistribuciones de recursos, si bien han sido presentadas
por algunos sectores. Ayer el diputado Alejandro Zavala, de Ir, propuso
introducir un artículo en la Rendición, “como cláusula programática” y
por un período de cinco años, que establezca que no se cubrirán las
vacantes generadas por retiros de efectivos de las Fuerzas Armadas y que
los créditos presupuestales liberados se destinarán a gastos en la
educación. “Todos los años se retiran, en promedio, unos 1.000
militares, lo que equivale a entre 12 y 15 millones de dólares anuales,
dependiendo de quién se retire, porque no es lo mismo un soldado que un
coronel”, explicó Zavala a la diaria. Esos recursos se
destinarían año a año, y de forma incremental, al presupuesto educativo,
lo que significaría, en los cinco años que propone que dure la medida,
unos 180 millones de dólares que pasarían de gastarse en defensa a
enseñanza. En los dos años que afectarían a este período de gobierno,
esa transferencia permitiría, por ejemplo, cubrir los 400 millones de
pesos que reclama la Administración Nacional de Educación Pública para
crear los cargos necesarios para las nuevas infraestructuras que se
están construyendo.
Zavala añadió que las normas de ingreso de personal pueden votarse más allá de un período de gobierno, y estimó que de aplicarse en cinco años pasarían de ser 27.000 efectivos a 22.000; graficó que actualmente “hay más militares que maestras”, ya que contando a las maestras de educación inicial, de primaria, directoras, inspectoras y profesores de Educación Física, en el Consejo de Educación Inicial y Primaria hay alrededor de 24.000 docentes. “Por año sería 2% del presupuesto de defensa que estamos pasando a educación”, informó el diputado, y la consideró una propuesta “moderada”.
Por su parte, el Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) ha presentado otras dos alternativas de redistribución de recursos. En primer lugar plantea modificar el artículo 310 del proyecto de ley, que prevé destinar los excedentes del Fondo de Estabilización Energética “a financiar tanto las expropiaciones, como la ejecución de obras adicionales y adelantos a cuenta del Pago por Disponibilidad, derivados de los procesos de adjudicación del Proyecto de Infraestructura Ferrocarril Central”. “Si enlentecés eso podés obtener recursos para educación, violencia de género y salud mental, que si bien no resuelven totalmente las situaciones, permiten iniciar la instrumentación de las obligaciones que surgen de las leyes ya votadas”, explicó el diputado Carlos Coitiño. Se estima que se trasladarán 170 millones de dólares anuales para las obras del Ferrocarril Central, y el PVP propone destinar 30 millones para la aplicación de la Ley Integral de Violencia basada en Género, la Ley de Salud Mental y para educación.
Por otra parte, en paralelo a la discusión por la Rendición de Cuentas el oficialismo está evaluando el proyecto de reforma de la Caja Militar, y en ese marco el PVP también propuso introducir en ese texto la creación del tributo a las jubilaciones militares, que requiere iniciativa del Poder Ejecutivo. Si ese tributo se incluyera en la reforma se reduciría el déficit de la Caja Militar en unos 60 millones de dólares anuales, estimó el diputado, lo que se debería contemplar en la Rendición de Cuentas para redistribuir en otras prioridades gubernamentales.
El lunes se volverá a reunir el grupo de diputados que analiza la Rendición de Cuentas y esperan presentar propuestas a la bancada en una reunión prevista para el martes.
Zavala añadió que las normas de ingreso de personal pueden votarse más allá de un período de gobierno, y estimó que de aplicarse en cinco años pasarían de ser 27.000 efectivos a 22.000; graficó que actualmente “hay más militares que maestras”, ya que contando a las maestras de educación inicial, de primaria, directoras, inspectoras y profesores de Educación Física, en el Consejo de Educación Inicial y Primaria hay alrededor de 24.000 docentes. “Por año sería 2% del presupuesto de defensa que estamos pasando a educación”, informó el diputado, y la consideró una propuesta “moderada”.
Por su parte, el Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) ha presentado otras dos alternativas de redistribución de recursos. En primer lugar plantea modificar el artículo 310 del proyecto de ley, que prevé destinar los excedentes del Fondo de Estabilización Energética “a financiar tanto las expropiaciones, como la ejecución de obras adicionales y adelantos a cuenta del Pago por Disponibilidad, derivados de los procesos de adjudicación del Proyecto de Infraestructura Ferrocarril Central”. “Si enlentecés eso podés obtener recursos para educación, violencia de género y salud mental, que si bien no resuelven totalmente las situaciones, permiten iniciar la instrumentación de las obligaciones que surgen de las leyes ya votadas”, explicó el diputado Carlos Coitiño. Se estima que se trasladarán 170 millones de dólares anuales para las obras del Ferrocarril Central, y el PVP propone destinar 30 millones para la aplicación de la Ley Integral de Violencia basada en Género, la Ley de Salud Mental y para educación.
Por otra parte, en paralelo a la discusión por la Rendición de Cuentas el oficialismo está evaluando el proyecto de reforma de la Caja Militar, y en ese marco el PVP también propuso introducir en ese texto la creación del tributo a las jubilaciones militares, que requiere iniciativa del Poder Ejecutivo. Si ese tributo se incluyera en la reforma se reduciría el déficit de la Caja Militar en unos 60 millones de dólares anuales, estimó el diputado, lo que se debería contemplar en la Rendición de Cuentas para redistribuir en otras prioridades gubernamentales.
El lunes se volverá a reunir el grupo de diputados que analiza la Rendición de Cuentas y esperan presentar propuestas a la bancada en una reunión prevista para el martes.
El COMITÉ DEL FRENTE AMPLIO DE URUGUAY EN MÉXICO POR LA IZQUIERDA
se suma al repudio internacional al atentado contra el presidente de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro
COORDINADORA MEXICANA DE SOLIDARIDAD CON VENEZUELA
AL PUEBLO DE MÉXICO
AL PUEBLO DE VENEZUELA
¡VIVA LA REVOLUCIÓN BOLIVARIANA!
¡VIVA EL PUEBLO DE VENEZUELA!
se suma al repudio internacional al atentado contra el presidente de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro
COORDINADORA MEXICANA DE SOLIDARIDAD CON VENEZUELA
AL PUEBLO DE MÉXICO
AL PUEBLO DE VENEZUELA
Las
organizaciones firmantes de México, se suman al repudio internacional
al atentado perpetrado en contra del Presidente de la República
Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros el día de ayer 4 de
agosto de 2018.
Reiteramos
que estas acciones no detendrán el avance de la Revolución Bolivariana y
saludamos que el hermano pueblo de Venezuela y su legítimo Presidente,
hayan sabido enfrentarlas.
Rechazamos
todo uso de violencia y repudiamos las acciones tendientes a generar
inestabilidad en un país que ha decidio su propio rumbo de paz,
denunciamos el papel de la oligarquía colombiana y los afanes del
imperio norteamericano, por lo que exigimos el respeto pleno a la
autodeterminación del pueblo venezolano, al tiempo que repudiamos la
guerra económica y militar sobre Venezuela y manifestamos toda nuestra
solidaridad con el Presidente Nicolás Maduro y la República Bolivariana
de Venezuela.
¡NO PASARÁN!
MOVIMIENTO
DE SOLIDARIDAD NUESTRA AMÉRICA - MOVIMIENTO MEXICANO DE SOLIDARIDAD CON
CUBA - COMITÉ MEXICANO DE SOLIDARIDAD CON BOLIVIA - GRUPO DEL FRENTE
PARA LA VICTORIA DE ARGENTINA EN MÉXICO - COMITÉ DEL FRENTE AMPLIO DE URUGUAY EN MÉXICO POR LA IZQUIERDA-
ASOCIACIÓN SALVADOR ALLENDE DE CHILE EN MÉXICO. CLUB KULTURAL MAGONISTA
–MPSPS. FRENTE POPULAR FRANCISCO VILLA MÉXICO SIGLO XXI- MOVIMIENTO
COMUNISTA MEXICANO-SINDICATO MEXICANO DE ELECTRICISTAS- NUEVO PAÍS-
MOVIMIENTO DE LIBERACIÓN NACIONAL
¡VIVA EL PUEBLO DE VENEZUELA!
Sin descanso
Persisten más de mil fallos en la nueva plataforma informática del BROU.
Las serias dificultades por la implantación de la plataforma Bantotal fueron detectadas por las gerencias del Brou en octubre de 2014. Se pagaron otros 10 millones de dólares para evitar lo que finalmente sucedió.
Al comenzar la tercera semana de implantación de la nueva plataforma
informática para el Core financiero, el Banco República registraba más
de 1.200 fallos, algunos, graves, que implicaron pérdidas para los
clientes, otros, que costaron a la propia institución; algunos,
incómodos, que se reiteraban, otros, irritantes, por las molestias y
retrasos que ocasionaban, y aquellos que, una vez corregidos, volvían a
concretarse (véase en recuadro una lista tentativa de las principales
fallas). La operativa del Brou sigue siendo caótica, por más que se
verifica un esfuerzo importante para enfrentar los problemas, en algunos
casos apelando a soluciones artesanales, es decir, haciendo las tareas
“a mano”, arreglos hechos en el sistema viejo que convive con Bantotal.
El punto crítico que hubiera significado el derrumbe, el pago de
sueldos y pasividades, logró superarse pese a algunos retrasos y
dificultades, cuando a las 9 de la mañana del miércoles 1 se procedió a
cargar las órdenes de pago; pero una porción sustancial de las 350 mil
jubilaciones y pensiones que pagan por Brou fue procesada con el sistema
viejo. Al promediar la semana, los responsables del Brou y los técnicos
de De Larrobla y Asociados y de Ibm Uruguay ya admitían que la
aplicación del nuevo sistema, la plataforma llamada Bantotal, no tiene
retorno, es decir, no se puede regresar al punto de partida (fechado en
marzo de 2014) para intentar una alternativa. La única opción es ir
progresivamente resolviendo los problemas que se van acumulando con su
implantación, algunos que ni siquiera fueron previstos durante el largo
proceso de estudio y planificación. Ciertos fallos, que en la jerga se
denominan “tiques”, resultan inevitables porque la plataforma, que De
Larrobla y Genexus comenzaron a elaborar en fechas tan tempranas como
2009, no soporta las dimensiones y complejidades de la red operativa del
Brou; otros, al parecer, surgieron porque las adaptaciones fueron
inadecuadas. Es posible que, mediante una serie de “actualizaciones”,
finalmente Bantotal pueda reducir los fallos, pero llevará tiempo y
supondrá nuevos gastos, cuya suma se va alejando de aquellos 92 millones
de dólares iniciales.
En diciembre de 2016, después de dos años de trabajo de los técnicos
de De Larrobla y de Ibm, el costo de Bantotal había trepado a
100.345.414 dólares, y en ese momento se produjo una renegociación de
los contratos que se habían firmado en diciembre de 2013. Entonces las
gerencias técnicas advertían sobre la “obsolescencia tecnológica de
la plataforma actual (Sistema Financiero Bancario), reflejada en la
precariedad de su soporte y la imposibilidad de atender adecuadamente
las demandas de los nuevos requerimientos comerciales”. La
contratación directa de la dupla Ibm-De Larrobla supuestamente iba a
superar aquella precariedad. Pero 30 meses después, la Gerencia de
Tecnología alertaba sobre la necesidad imperiosa de renegociar los
contratos porque “se verificaron dificultades en la ejecución del
proyecto, que pusieron en riesgo los objetivos de este, dificultades que
se originaron en la propia complejidad del proyecto, la adaptación de
las partes (Banco, Ibm y De Larrobla y Asociados), las debilidades en
las capacidades de los proveedores y la existencia de circunstancias
supervivientes e imprevisibles (impacto de la ley 19.210, del 29-IV-14,
de inclusión financiera)”.
Aunque algunas medidas fueron positivas, la gerencia confesaba que “no
pudieron revertir los impactos sobre cronogramas del proyecto y ciertas
debilidades persistentes en los proveedores, en particular la capacidad
de Ibm de ejecutar las especificaciones funcionales y aspectos
vinculados con la metodología de trabajo de De Larrobla y Asociados”. Es decir, en diciembre de 2016 ya se percibían las dificultades que aparecerían en 2018, y también la trampa que implicaba: “La
decisión de renegociar las condiciones se tomó bajo el entendimiento de
que, si bien los proveedores presentaban debilidades en sus servicios,
remplazar a cualquiera de ellos conllevaría escenarios de altos
esfuerzos de administración y mayores costos, así como de alto riesgo de
extensión de los plazos totales del proyecto, y, por ende, un alto
riesgo en la continuidad operativa del banco (por la obsolescencia de la
plataforma Sfb)”. La solución, por tanto, consistió en abonar otros 10 millones de dólares a cargo del rubro “imprevistos”.
Tanto los contratos de 2014 como la renegociación de 2016 revelaban
dos aspectos peculiares: uno fue la aplicación de un criterio de
contratación directa, fundamentada en un criterio de secreto. “Existen
circunstancias que exigen que la operación debe mantenerse en secreto
ya que se torna desaconsejable la promoción de un proceso licitatorio de
carácter abierto atendiendo a la naturaleza de la información que en el
marco del mismo debe brindarse a las empresas interesadas en
participar”; no queda claro por qué ese riesgo no corría para Ibm y
De Larrobla y sus asociados, Genexus, Artech, etcétera. La licitación,
se afirmó, podría “exponer la casi totalidad de los procesos del
banco, incluyendo ventajas competitivas, así como eventuales debilidades
del organismo en materia tecnológica y comercial, susceptibles de ser
utilizadas por la competencia”.
La otra peculiaridad refiere a uno de los argumentos que justificaban
el cambio de la plataforma. En los considerandos del decreto firmado
por el entonces presidente José Mujica para declarar de interés nacional
el proyecto Core del Brou (que implicaba, claro, exoneraciones
fiscales), se afirma “que dicho emprendimiento permitirá al Brou
renovar sus sistemas informáticos para poder adecuarse a las nuevas
tecnologías, y en particular a la instrumentación de la ley de inclusión
financiera”. Dicho de otra manera: el cometido de Bantotal era
modernizar la tecnología para que pudiera aplicarse la inclusión
financiera demandada por organismos internacionales. Pero, en octubre de
2016, la renegociación del proyecto se atribuyó a “las debilidades
en las capacidades de los proveedores y la existencia de circunstancias
supervivientes e imprevisibles (impacto de la ley de inclusión
financiera)”. El argumento conlleva una contradicción porque no
podía ser imprevisible la inclusión financiera que justificó la
contratación directa. Una contradicción de 110 millones de dólares.
A prueba de fallos
La enumeración de los fallos que se produjeron en el Brou a raíz de la implantación de la nueva plataforma llamada Bantotal puede resultar tediosa. Se consignan sólo algunos de los 1.200 “tiques” registrados desde el lunes 16 de julio, algunos de los cuales (casi quinientos) siguen “abiertos” (es decir, no solucionados) y más de cincuenta fueron calificados de “críticos”.
Cerca de 10 mil clientes que figuran como apoderados y ordenadores de
cuentas corrientes, plazos fijos y cajas de ahorro no migraron de los
antiguos registros a Bantotal.
Hubo préstamos liquidados y no acreditados en ningún lado; tuvieron que ser regularizados uno a uno.
Hubo cuentas corrientes que quedaron sin fondos porque no funcionó la
carta orden que habilita a compensar con fondos de otras cuentas.
Se cobró Iva a los sobregiros de cuentas corrientes, aunque éstas están exoneradas.
No funciona la solicitud de chequeras por canales.
Las buzoneras funcionan intermitentemente.
Las transferencias de e-brou no mostraban ni remitente ni asunto, y
aunque se efectuaba la transferencia, la pantalla anunciaba que no se
había completado la operación; en algunos casos, los clientes duplicaron
la transferencia.
Durante varios días no se pudieron hacer las adhesiones a Bps ni a Dgi de modo que el cliente no podía pagar.
El sistema de pagos interbancarios (que funciona sólo por Internet
para bancos privados en territorio nacional) rechazaba las operaciones
por “error”. Quedaron suspendidas varios días y sin la posibilidad de
acceder al dinero.
Se produjeron retrasos en la acreditación de depósitos.
Hubo operaciones en cajeros automáticos (retiros de las cuentas que
fueron duplicadas por el sistema. Aún no han devuelto ese dinero porque
el sistema no prevé cómo hacerlo).
No funciona la activación de cuentas inmovilizadas.
Hubo fallas en la aplicación de los débitos automáticos; los pagos de
servicios (Caja de Profesionales, Dgi, Bps, Antel, Ute, Ose, todos con
sus respectivos vencimientos) daban error. El dinero era debitado de la
cuenta, acreditado correctamente al ente o a la cuenta de la
transferencia, pero el usuario veía la operación como rechazada. Se
recibieron miles de llamadas porque el dinero no estaba ni en la cuenta
ni acreditado al servicio correspondiente.
El sistema no habilita nuevos adelantos sobre sueldos; sólo funcionan los que ya estaban vigentes.
No funciona la apertura de ahorro en sueldos.
En algunos casos, se duplicaron depósitos.
Las devoluciones de Dgi no se pudieron hacer en tiempo y forma. En algunos casos, el cliente optó por Abitab.
Se duplicaron pagos a tarjetas; después se devolvieron las
duplicaciones, pero en algunos casos se devolvió dinero que no se había
duplicado.
Los saldos de plazos fijos en unidades indexadas aparecen en pesos y con una cotización que no es la del día.
Hay cuentas de clientes del Brou que no aparecen en Bantotal, y también clientes que no migraron.
