VENEZUELA
Fuerza Armada Bolivariana neutraliza amotinamiento militar en Venezuela
21 enero 2019
| CUBADEBATE
- Comunicado de la Fuerza Armada Bolivariana
- Grupo de asaltantes confiesa detalles de maniobra en Caracas
La Fuerza Armada Bolivariana de Venezuela (FANB) neutralizó este
lunes un intento de ataque a instalaciones militares en Caracas.
En un comunicado, el ministerio de Defensa informó que la situación irregular ocurrió en la madrugada del 21 de enero de, aproximadamente a la 02H50 (hora local). “Un reducido grupo de asaltantes adscritos al comando de zona Nro. 43 de la Guardia Nacional Bolivariana, traicionando su juramento de fidelidad a la Patria y sus instituciones, sometió al capitán Gerson Soto Martínez, comandante del puesto de coordinación policial Macarao”.
Desde ese puesto, los asaltantes “se desplazaron en dos vehículos militares; luego irrumpieron contra la sede del destacamento de seguridad urbana ubicado en Petare, municipio Sucre, sustrayendo de allí un lote de armas de guerra y secuestrando bajo amenaza de muerte, a dos oficiales y dos guardias nacionales del referido destacamento”.
Asimismo, detalló que los delincuentes fueron rendidos y capturados en la sede de la unidad especial de seguridad Waraira Repano, en Cotiza, municipio Libertador, también adscrita a la Guardia Nacional Bolivariana; a donde se habían dirigido”.
El ministerio de Defensa detalló que durante la detención se logró recuperar el armamento robado. Además, los detenidos “se encuentran brindando información de interés a los organismos de inteligencia y al sistema de justicia militar”.
En el comunicado se afirma que a los asaltantes se les aplicará todo el peso de la ley.
En este sentido, la FANB ratificó a la población venezolana “que todas sus unidades operativas, dependencias administrativas e institutos educativos, se encuentran funcionando bajo completa y absoluta normalidad”.
Por su parte, el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Diosdado Cabello, rechazó el robo a las instalaciones militares y señaló que la intención era generar violencia y zozobra en la población.
La fuerza armada nacional bolivariana, informa al pueblo de venezuela, que en la madrugada del 21 de enero de 2019, aproximadamente a la 02:50 am, un reducido grupo de asaltantes adscritos al comando de zona nro 43 de la guardia nacional bolivariana, traicionando su juramento de fidelidad a la patria y sus instituciones, sometió al cap. Gerson soto martínez, comandante del puesto de coordinación policial macarao, desde donde se desplazaron en dos (02) vehículos militares; luego irrumpieron contra la sede del destacamento de seguridad urbana ubicado en petare, municipio sucre, sustrayendo de allí un lote de armas de guerra y secuestrando bajo amenaza de muerte, a dos (02) oficiales y dos (02) guardias nacionales del referido destacamento.
Los delincuentes fueron rendidos y capturados en la sede de la unidad especial de seguridad waraira repano, en cotiza, municipio libertador, también adscrita a la guardia nacional bolivariana; a donde se habían dirigido, encontrando firme resistencia por parte de los oficiales y tropas profesionales allí acantonados. Cabe destacar, que durante la detención se logró recuperar el armamento robado y en los actuales momentos se encuentran brindando información de interés a los organismos de inteligencia y al sistema de justicia militar. A estos sujetos se les aplicará todo el peso de la ley.
La fuerza armada nacional bolivariana rechaza categóricamente este tipo de actos, que con toda seguridad están motivados por oscuros intereses de la extrema derecha y son contrarios a las normas elementales de la disciplina militar, al honor y a las tradiciones de nuestra institución. En tal sentido, ratifica ante la colectividad, que todas sus unidades operativas, dependencias administrativas e institutos educativos, se encuentran funcionando bajo completa y absoluta normalidad. Así mismo ratificamos nuestro irrestricto apego a la constitución y las leyes de la república.
En un comunicado, el ministerio de Defensa informó que la situación irregular ocurrió en la madrugada del 21 de enero de, aproximadamente a la 02H50 (hora local). “Un reducido grupo de asaltantes adscritos al comando de zona Nro. 43 de la Guardia Nacional Bolivariana, traicionando su juramento de fidelidad a la Patria y sus instituciones, sometió al capitán Gerson Soto Martínez, comandante del puesto de coordinación policial Macarao”.
Desde ese puesto, los asaltantes “se desplazaron en dos vehículos militares; luego irrumpieron contra la sede del destacamento de seguridad urbana ubicado en Petare, municipio Sucre, sustrayendo de allí un lote de armas de guerra y secuestrando bajo amenaza de muerte, a dos oficiales y dos guardias nacionales del referido destacamento”.
Asimismo, detalló que los delincuentes fueron rendidos y capturados en la sede de la unidad especial de seguridad Waraira Repano, en Cotiza, municipio Libertador, también adscrita a la Guardia Nacional Bolivariana; a donde se habían dirigido”.
El ministerio de Defensa detalló que durante la detención se logró recuperar el armamento robado. Además, los detenidos “se encuentran brindando información de interés a los organismos de inteligencia y al sistema de justicia militar”.
En el comunicado se afirma que a los asaltantes se les aplicará todo el peso de la ley.
Rechazo al ataque
La Fuerza Armada Boliviana rechazó categóricamente este tipo de actos, “que con toda seguridad están motivados por oscuros intereses de la extrema derecha y son contrarios a las normas elementales de la disciplina militar, al honor y a las tradiciones de nuestra institución”.En este sentido, la FANB ratificó a la población venezolana “que todas sus unidades operativas, dependencias administrativas e institutos educativos, se encuentran funcionando bajo completa y absoluta normalidad”.
Por su parte, el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Diosdado Cabello, rechazó el robo a las instalaciones militares y señaló que la intención era generar violencia y zozobra en la población.
Comunicado de la Fuerza Armada Bolivariana
La fuerza armada nacional bolivariana, informa al pueblo de venezuela, que en la madrugada del 21 de enero de 2019, aproximadamente a la 02:50 am, un reducido grupo de asaltantes adscritos al comando de zona nro 43 de la guardia nacional bolivariana, traicionando su juramento de fidelidad a la patria y sus instituciones, sometió al cap. Gerson soto martínez, comandante del puesto de coordinación policial macarao, desde donde se desplazaron en dos (02) vehículos militares; luego irrumpieron contra la sede del destacamento de seguridad urbana ubicado en petare, municipio sucre, sustrayendo de allí un lote de armas de guerra y secuestrando bajo amenaza de muerte, a dos (02) oficiales y dos (02) guardias nacionales del referido destacamento.
Los delincuentes fueron rendidos y capturados en la sede de la unidad especial de seguridad waraira repano, en cotiza, municipio libertador, también adscrita a la guardia nacional bolivariana; a donde se habían dirigido, encontrando firme resistencia por parte de los oficiales y tropas profesionales allí acantonados. Cabe destacar, que durante la detención se logró recuperar el armamento robado y en los actuales momentos se encuentran brindando información de interés a los organismos de inteligencia y al sistema de justicia militar. A estos sujetos se les aplicará todo el peso de la ley.
La fuerza armada nacional bolivariana rechaza categóricamente este tipo de actos, que con toda seguridad están motivados por oscuros intereses de la extrema derecha y son contrarios a las normas elementales de la disciplina militar, al honor y a las tradiciones de nuestra institución. En tal sentido, ratifica ante la colectividad, que todas sus unidades operativas, dependencias administrativas e institutos educativos, se encuentran funcionando bajo completa y absoluta normalidad. Así mismo ratificamos nuestro irrestricto apego a la constitución y las leyes de la república.
Grupo de asaltantes confiesa detalles de maniobra en Caracas
El grupo de “asaltantes” adscritos al Comando de Zona número 43 de la
Guardia Nacional Bolivariana (GNB) que sustrajo armamento del
destacamento de Seguridad Urbana, ubicado en la parroquia Petare, en el
estado Miranda, está “confesando detalles” de interés a organismos de
inteligencia del Estado, informó el presidente de la Asamblea Nacional
Constituyente (ANC), Diosdado Cabello.
En un mensaje difundido en la red social Twitter, detalló que las primeras declaraciones del grupo de delincuentes refieren promesas de “villas y castillos” por parte de los autores intelectuales de la maniobra. No obstante, la realidad fue que “los dejaron solos, los engañaron”.
Cabello destacó el rápido accionar de efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), al señalar que el grupo de asaltantes fue “neutralizado, rendido y capturado en tiempo récord”.
“Siempre alertas, desde la madrugada, una vez detectada la acción de un grupo de asaltantes, comenzamos con el contraataque para neutralizar los actos de los traidores a la Patria”, precisó el también primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv).
Cabello apuntó que el grupo de delincuentes intentó sin éxito atentar contra la paz a través de maniobras violentas orientadas a generar zozobra en el pueblo venezolano.
En horas de la madrugada de este lunes, un grupo reducido de asaltantes irrumpió contra la sede del destacamento de Seguridad Urbana, en el municipio Sucre, sustrayendo un lote de armas de guerra y secuestrando bajo amenaza de muerte a dos oficiales y dos guardias nacionales.
De acuerdo con un comunicado de la FANB, los delincuentes fueron rendidos y capturados en la sede de la Unidad Especial de Seguridad Waraira Repano, ubicado en Cotiza, en el municipio Libertador, donde se encontraban confinados.
(Con información de teleSUR / AVN)En un mensaje difundido en la red social Twitter, detalló que las primeras declaraciones del grupo de delincuentes refieren promesas de “villas y castillos” por parte de los autores intelectuales de la maniobra. No obstante, la realidad fue que “los dejaron solos, los engañaron”.
Cabello destacó el rápido accionar de efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), al señalar que el grupo de asaltantes fue “neutralizado, rendido y capturado en tiempo récord”.
“Siempre alertas, desde la madrugada, una vez detectada la acción de un grupo de asaltantes, comenzamos con el contraataque para neutralizar los actos de los traidores a la Patria”, precisó el también primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv).
Cabello apuntó que el grupo de delincuentes intentó sin éxito atentar contra la paz a través de maniobras violentas orientadas a generar zozobra en el pueblo venezolano.
En horas de la madrugada de este lunes, un grupo reducido de asaltantes irrumpió contra la sede del destacamento de Seguridad Urbana, en el municipio Sucre, sustrayendo un lote de armas de guerra y secuestrando bajo amenaza de muerte a dos oficiales y dos guardias nacionales.
De acuerdo con un comunicado de la FANB, los delincuentes fueron rendidos y capturados en la sede de la Unidad Especial de Seguridad Waraira Repano, ubicado en Cotiza, en el municipio Libertador, donde se encontraban confinados.
Detenidos 27 implicados en frustrada acción militar en Venezuela
21 enero 2019
| CUBADEBATE
El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela
(PSUV), Diosdado Cabello, informó hoy que ya fueron detenidos 27
oficiales de la Guardia Nacional Bolivariana quienes intentaron esta
madrugada perturbar la soberanía nacional.
Durante la habitual conferencia de prensa de la organización política, el dirigente agradeció el accionar del alto mando de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y sus efectivos tras dar fin a la acción, donde los insubordinados intervinieron en una unidad militar.
‘Nuestra solidaridad, saludo y agradecimiento a la FANB y con nuestro pueblo que lo ha asumido con entereza. Ustedes saben cuál es el objetivo final, que es crear zozobra, intranquilidad en nuestro país’, enfatizó Cabello.
Igualmente, indicó que los oficiales sublevados confesaron tener como objetivo realizar una operación militar contraria al presidente de la República, Nicolás Maduro.
Cabello destacó las acciones emprendidas por los cuerpos castrenses quienes en ‘tiempo récord’ efectuaron las investigaciones y acciones pertinentes sin pérdidas humanas que lamentar.
‘Ahora se encargará la justicia de los que están detenidos’, dijo el también presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, además enfatizó que no se ha reportado ningún otro hecho similar en el territorio venezolano.
‘No hay en ningún sitio ninguna réplica, ni nada que se le parezca. Esto contribuye a la unidad de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana’, refirió Cabello.
Por otra parte, volvió a convocar al pueblo venezolano a salir a las calles el 23 de enero para respaldar el proceso bolivariano y al jefe de Estado en su nuevo periodo constitucional 2019-2025, y con ello hacer frente a los intentos desestabilizadores de la oposición.
(Información de Prensa Latina)
Un apretado conjunto de símbolos define la forma en que entendemos el mundo. Zodíaco, tarot, baraja española no determinan cómo funciona el universo, sino la manera en que lo percibimos.
As de oros. No ha podido despojarnos el adversario del oro negro ni del dorado. Disponemos de la segunda mayor reserva de oro del planeta, de la quinta parte de las reservas de hidrocarburos que hacen funcionar el mundo. Incluso con la producción disminuida a millón y medio de barriles diarios, ello nos asegura 47 mil millones de dólares anuales, suficientes para repotenciar Pdvsa, estabilizar la economía y vencer la Guerra Económica.
As de bastos. El basto es el poder generativo de la naturaleza, de la agricultura, de la cría. La calumnia nos difama como país incapaz de producir lo que consumimos. Cuatro años atrás, según las últimas cifras disponibles de las Hojas de Alimentación, producíamos 88% de nuestros alimentos. Por eso, en medio de la escasez programada, nunca faltaron las verduras que no podían ser acaparadas. Un oligopolio de una docena de empresas distribuidoras intenta aniquilar la rama fecunda de nuestro agro. Mejor las podamos a ellas.
As de copas. La copa es la femineidad protectora, la promesa de satisfacción de necesidades primordiales. La copa redistribuye para todos lo que antes era de pocos o de nadie. Por eso somos el país con menor desigualdad social de América Latina.
As de espadas. La autoridad del Estado evita que la riqueza devenga botín de los predadores. Con todos sus defectos, debilidades y omisiones, Venezuela ha templado una espada de doble filo que durante dos décadas ha resistido las más duras pruebas sin quebrarse: la organización política mayoritaria y las Fuerzas Armadas. Los enemigos externos vacilan ante un cuerpo del ejército de 315.000 efectivos y una reserva de unos 438.000, ante una coalición política que ganó 23 de 25 consultas electorales. Esos poderes, que han contenido la amenaza externa, deben conjurar la interna. Cortar una infiltración paramilitar que crea una parasociedad, una paraeconomía, una parapolítica. Restañar fronteras que son más bien heridas.
Controlar la corrupción y la docena de empresas que programan la muerte por hambre de treinta millones de venezolanos. Nunca tuvo país alguno tan espléndida mano para la victoria. Vencer no solo es necesario: también es posible.
(Tomado de La iguanaTV)
Según
Cano, de certificarse las estimaciones, Venezuela podría llegar a tener
la mayor reserva de oro del mundo. Algo nada despreciable si se toma en
cuenta que ya el país cuenta con la primera reserva de petróleo del
planeta.
¿Se entiende ahora por qué Estados Unidos y sus aliados se encuentran
tan "preocupados" por la "democracia y los derechos humanos" en este
territorio?
— Comencemos con la más reciente gira que hiciera el Presidente Maduro a Rusia ¿Cómo avanzan los acuerdos bilaterales?
— Con Rusia se llevan cinco temas: energético, militar, comercial, minero y agroalimentario. La visita más reciente fue una reunión preparatoria para la Comisión Intergubernamental de Alto Nivel (CIAN) que se llevará a cabo en el mes de marzo de 2019 en Moscú. Se acaba de firmar un memorándum de entendimiento entre el Ministerio de Energía y Recursos Naturales de Rusia, que es nuestro homólogo. Se trata de un documento bastante amplio que incluye todo lo que respecta a la investigación, la formación de personal, la certificación de nuestras reservas mineras y la posibilidad de trabajar en conjunto la explotación de minerales.
—¿Cuántos países se encuentran participando activamente en el desarrollo del Arco Minero del Orinoco?
— Tenemos conversaciones con Sudáfrica y con Angola. También conversaciones incipientes con Catar para que realice inversiones. Ya están participando una empresa canadiense, empresas turcas y hay una inversión del sector privado venezolano importante. Los rusos ya tienen participación activa en el sector petrolero y este documento que firmamos abre el camino para que también la tengan en el sector minero.
También: Rusia y Venezuela anuncian avances sobre cooperación en arco minero
—¿Cuánto tiempo puede llevar el que se haga efectiva dicha participación?
— Nosotros esperamos que ya en la próxima CIAN del 2019, firmemos acuerdos concretos. Estamos buscando la posibilidad de que ALROSA, que es la empresa que produce la mayor cantidad de diamantes en el mundo y que cuenta con mucha experiencia en países como Angola y Suráfrica, participe en el Arco Minero. Eso nos permitiría tener una empresa con un gran respaldo en el tema diamantífero. Es una empresa donde hay una pequeña participación del Gobierno ruso, pero la mayor parte de su capital es privado. Existe también la posibilidad, de que otras empresas rusas se integren en la explotación del oro. Hemos tenido conversaciones con GAZPROM, quienes tienen una división dedicada a la minería.
—¿Usualmente solemos enfocar la
atención en la explotación del oro y el diamante, sin embargo, quisiera
saber cómo avanzan los proyectos de desarrollo en otros minerales
estratégicos como el carbón y coltán, por ejemplo?
— Con Rosneft hay conversaciones para que ellos adquieran coltán venezolano, y aunque en principio es solo un acuerdo comercial de adquisición, es posible que también puedan participar en la producción. Hay otra empresa rusa, VostokCoal, que se dedica a la explotación de carbón. Están evaluando la posibilidad de participar en la extracción de carbón en algunas áreas de Venezuela, puede que en el Zulia, Anzoátegui o en Táchira. Está también la cooperación institucional, por ejemplo con la Agencia Federal Rosnedra, que es el homólogo ruso de nuestro Instituto Nacional de Geología y Minería (INGEOMIN), para lo referente a la adecuación de los laboratorios geológicos aquí en Venezuela. Hay otros proyectos que implican la capacitación del personal a nivel de pre grado y post grado en materia de minería. Los rusos tienen una gran potencialidad para la certificación de las reservas con métodos geofísicos y geológicos, con lo cual se aspira responder las tres preguntas claves ¿Qué hay? ¿Dónde se encuentra? y ¿Cuánto hay?
—¿En qué otros minerales Venezuela tiene una ventaja competitiva que lo distinga al resto de países?
— Está el Coltán, el Níquel y el Feldespato, podríamos agregar el fosfato y el mismo carbón. Fíjate en algo, el carbón no es igual en todas partes. Se catalogan por su contenido calórico, es decir, la capacidad para generar energía. Nuestro carbón es de los que se llaman Premium, que tiene una capacidad calórica de las más altas del mundo. Es uno de los más codiciados.
— ¿Cómo avanzan las gestiones por repatriar el oro que tenemos en Bancos extranjeros?
— Ese es un trabajo que está adelantando el Banco Central de Venezuela, junto con el Ministerio de Finanzas. Afortunadamente, el Presidente Chávez tuvo la visión de repatriar la mayor cantidad del oro que Venezuela tenía en Suiza y otros países.
— ¿Qué opinión le merecen las sanciones al oro venezolano, impuestas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump?
— Son sanciones descabelladas. Prácticamente lo que dicen es que cualquiera que comercialice, trabaje o tenga relación con la explotación, exploración o comercialización del oro en Venezuela, es objeto de sanciones. Eso implica que la persona y su familia, así de manera literal, que comercialice con el oro venezolano es objeto de la sanción. Fíjate lo que ocurre contra Huawei, que siendo una empresa china es juzgada por Estados Unidos, incluso extraterritorialmente.
— La estrategia de entablar relaciones con Rusia, Turquía y China para el desarrollo minero ¿buscan hacer frente a dichas sanciones?
— Son parte de eso.
Más: Todo lo que tienes que saber sobre las relaciones estatales entre Rusia y Venezuela
— ¿Qué planes está implementando el gobierno venezolano para garantizar la gobernabilidad del Arco Minero del Orinoco?
— Los planes creados pertenecen a una estrategia del gobierno nacional para organizar el tema minero. El presidente Chávez, tuvo la visión de organizar dentro de nuestro territorio la actividad minera. Recuérdese que en Venezuela existe minería desde más de 100 años. La política del Arco Minero del Orinoco, viene a crear un espacio del territorio para tener una minería organizada, planificada y responsable con el ambiente. Lo que sucedió en el Parque Canaima, a lo cual ya ha respondido el Ministro de la Defensa, es parte de nuestra política de erradicar la minería ilegal y la explotación en áreas no permisadas. Esos lugares donde se estaba haciendo la minería, pertenecen a un Parque Nacional, patrimonio de la humanidad. Hay una matriz que se intenta imponer de que el Gobierno nacional "decretó la minería en el parque nacional Canaima", nada más lejos de la verdad.
El Arco Minero son 111 mil kilómetros cuadrados y no incluye ningún
parque nacional de Venezuela. Va del límite con el estado Amazonas,
hasta los límites del estado Delta Amacuro. Al sur del Orinoco y la
parte norte del estado Bolívar. La demarcación no toca el Parque
nacional Canaima y Caura, la reserva forestal de La Paragua, no toca la
zona protectora sur del estado Bolívar. ¿Por qué? Porque sabemos que los
ecosistemas más sensibles son las cuencas medias y altas de los ríos
que se encuentran el área.
Nosotros como Estado legalizamos, formalizamos al minero, les damos
las herramientas jurídicas, les brindamos formación
científico-académica, información sobre cómo se realiza la extracción
minera aplicando tecnologías que tengan el menor impacto en el ambiente.
Si tú [como] venezolano, seas Pemón o criollo como ellos dicen, quieres
realizar minería, te asignamos espacios para que lo hagas dentro del
Arco Minero. El Arco Minero del Orinoco es una estrategia para generar
soberanía de Venezuela en lo que respecta a los minerales presentes en
su territorio.
— ¿Cómo avanza el diálogo y los acuerdos con los pueblos indígenas que se encuentran en el Arco Minero del Orinoco?
— Nosotros hemos entregado al día de hoy 551 alianzas con pequeños
mineros, que incluye criollos e indígenas, que trabajan la minería y se
han entregado dentro de las áreas demarcadas del Arco Minero. Áreas que
están diseñadas especialmente para esa práctica y que reúnen las
siguientes características: tienen presencia del mineral, no es un lugar
sagrado para los pueblos indígenas, no es un área de protección.
— ¿Se trabajan estos acuerdos en conjunto con el Ministerio de Pueblos Indígenas?
— De manera constante, permanente y continua. No existe ningún permiso para explotación minera dentro de un territorio indígena, que no se consulte previamente. De hecho, en la zona de Los Pijiguaos, firmamos a mediados del año 2018, siete alianzas estratégicas y cuatro empresas mixtas para la exploración y explotación del Coltán. Hasta hace tres semanas, todavía estábamos discutiendo con los pueblos indígenas Mapoyo, Pumé, Wottuja y las empresas involucradas en el proyecto. Y ya tenemos la autorización de estos pueblos para hacer la exploración y explotación del Coltán. Si estos pueblos hubiesen dicho que no querían, que no era conveniente o que se estaba tocando un territorio sagrado, no hubiésemos podido continuar en el proyecto.
— ¿De qué forman se logran adecuar los planes de desarrollo minero con, por ejemplo, la demarcación de los territorios indígenas?
— Siempre cruzamos los territorios para evitar vulnerar los derechos de los pueblos indígenas. Sin embargo, hay que aclarar que dichos territorios no es que estén separados del territorio venezolano, sino que tienen unas leyes y unas reglas adicionales a las que tenemos a nivel nacional. Por tanto, hay que llegar a acuerdos para poder realizar una actividad minera que respete dichas leyes indígenas. Si por ejemplo, existe un sitio sagrado o importante para su cultura, no podemos realizar minería dentro de esa área. Porque la minería deja una huella, como cualquier actividad humana. Si pudiésemos retroceder el tiempo y fuésemos al año 1500, podríamos ver en el Valle de Caracas cuántos árboles cortamos, cuántos drenajes se movieron, cuántas quebradas se contaminaron para realizar la ciudad que tenemos hoy. Lo que buscamos con la actividad minera, es que ese impacto sea el menor posible en el ambiente y que tenga el mayor impacto positivo en términos del bienestar social.
— Cuando se piensa en minería,
usualmente se mira directamente al sur de Venezuela, sin embargo, al ver
un mapa geológico nos damos cuenta que todo el país tiene potencialidad
para el desarrollo minero. Digo esto, porque hace unos meses se firmó la creación de una empresa regional
de explotación del oro en el estado Carabobo. ¿Cómo se evita que en el
estado Carabobo se convierta en una gran mina? ¿Cómo se evita que la
minería ilegal sobrepase las capacidades del estado?
— No podemos permitir que a ese estado venezolano le suceda lo del sur de Venezuela. Una deuda histórica, dónde no atender la situación por muchísimas décadas, derivó en un problema social. En Carabobo y en Cojedes, hubo la aparición del mineral oro, nosotros lo que estamos haciendo es el ordenamiento de ese territorio, no permitiendo la minería donde no se debe. Allí hay un monumento nacional que es el Campo Carabobo, por ejemplo, no vamos permitir que allí hagan minería. Se está trabajando en conjunto con la gobernaciones de Carabobo y Cojedes, para lo organización de los mineros que están allí para el registro y las delimitación de los espacios permitidos para la actividad.
También: ¿Conseguirá EEUU ahogar el comercio de oro venezolano?
— ¿Hay certificación de las reservas que se encuentran allí?
— Todavía no. De hecho, ningún mapa geológico mostraba que allí había oro. Además, las condiciones geológicas son tales que la cantidad de oro no debe ser muy alta. Sin embargo, hay evidencia de presencia del mineral, pero nada comparado con el sur del país. Sólo en el área cuatro del Arco Minero del Orinoco, estamos estimando que existan 8 mil toneladas de oro inferido. Tenemos certificadas 2.300 toneladas de esas 8 mil. Eso nos colocaría como la segunda reserva de oro del mundo, pero podríamos ser la primera.
— ¿Quién está certificando esas reservas?
— La certificación se hace a través de varios métodos y algunas empresas como la SRK. Son certificadoras cuya mayoría están en Londres. Ahora, ¿Cómo podemos certificar como país? Bueno, tenemos que hacer los estudios rigurosos en geología para tomar la muestra y hacer una estimación de las reservas del oro.
— ¿Hay alguna fecha estimada para dar información certera?
— Certificar la faja petrolífera del Orinoco llevó cinco años. Nosotros estamos aún en el primer año, en la fase de "recursos inferidos". Tenemos que aumentar el conocimiento y la confianza geológica, eso lo logramos con trabajo de campo, perforaciones, mejorando los laboratorios. Así pasaríamos a los "recursos indicados" y luego a "recursos medidos". Si nosotros tenemos ya los recursos indicados, podemos colocarlos como reservas probables y eso es ya un parámetro legal. Ahora bien, si los tengo medidos se convierten en "reservas probadas", las cuales cuentan como activo de la nación, así como ocurre con el caso del petróleo.
Añade que el encuentro también sirvió para analizar la “ilegitimidad” del nuevo mandato del presidente venezolano Nicolás Maduro y la disposición del presidente de la Asamblea Nacional (parlamento unicameral, de mayoría opositora), Juan Guaidó, a asumir como jefe de Estado interino.
La cancillería advierte que cientos de miles de venezolanos estarían a punto de morir de hambre, y dice que el gobierno de Bolsonaro trabajará para revertir la situación.
“Brasil hará de todo para ayudar al pueblo venezolano y para que vuelva a vivir en libertad, y para que supere la catástrofe humanitaria que atraviesa”, prometió el ministerio.
Tras un cauteloso discurso inicial de respeto a las tradiciones partidarias blancas y coloradas, a partir de 1972 la JUP afianzó un tono crítico a la conducción de sus dirigentes. Con ánimo de constituirse en un movimiento político autónomo, enunció un proyecto caratulado como “revolución nacional”, de neta resonancia falangista, que la condujo a apostar al ajuste por el golpe militar. Desde ese discurso y esa práctica, el movimiento se vio envuelto en múltiples episodios de violencia política que marcaron a la época. La violencia derechista no estatal, que desde 1971 sacudió al país, encontró en la JUP un depositario natural, por ser el movimiento social de derecha de mayor visibilidad. Así, quedó marcada por su complicidad en el anticipo de las prácticas del terrorismo de Estado.
En mi investigación de largo aliento he tratado de mostrar que la JUP fue más que un mero instrumento de violencia política, y que se trató de un movimiento social que aglutinó detrás de las banderas del “patriotismo” y el “anticomunismo” a una vasta “reacción conservadora” frente a los portavoces del “caos”. Aquí, particularmente, trataré de mostrar el grado de protagonismo que la organización adquirió en el escenario de violencia de los años 1971-1973, a partir de prensa de izquierda y jupista, archivos desclasificados de Inteligencia policial e informes del embajador francés en Montevideo a su cancillería, además de entrevistas a protagonistas.
“Desde un tiempo a esta parte los voceros del comunismo pretenden confundir a la ciudadanía desprevenida del país con una andanada de ataques contra el movimiento de la Juventud Uruguaya de Pie. El más manido es la de imputarle todos los disturbios acaecidos en Secundaria. La JUP sería algo así como aparcera de la feroz policía en la provocación de conflictos, contra inocentes estudiantes de izquierda”, decía el 7 de octubre de 1971 La Mañana, periódico que publicaba una página oficial de la JUP en su “Edición del interior”.
¿Fue la violencia física un componente del repertorio de acción colectiva de la JUP? Hubo tres escenarios clave en los que se manifestó la violencia política derechista no estatal (o paraestatal): el estudiantil, el preelectoral (setiembre a noviembre de 1971) y un escenario más difícil de clasificar, en torno a la acción de los denominados “escuadrones de la muerte”. Estos tres niveles fueron parte de un continuo que iba acentuando su carácter cruento, ilegal y por ende, terrorista.
Para el sujeto social de derecha, la dilución del “principio de autoridad”, sobre todo en los liceos y especialmente desde 1968, resultaba exasperante. La hegemonía de las agrupaciones estudiantiles de izquierda, aliadas además a los sindicatos docentes de igual signo político, se hizo notoria. Desde tiendas de la derecha se reclamaba al Poder Ejecutivo, encabezado por Jorge Pacheco Areco, que se intervinieran los entes educativos, en contra de una fuerte tradición autonomista en todas las ramas de la enseñanza. Finalmente, la intervención en Secundaria y Universidad del Trabajo fue resuelta el 12 de febrero de 1970 mediante el decreto número 88, amparado en la aplicación de medidas prontas de seguridad. Se designaron consejos interventores para ambas ramas y el de Secundaria quedó presidido por el profesor Armando Acosta y Lara (ejecutado en 1972 por el Movimiento de Liberación Nacional – Tupamaros, que lo acusó de integrar el “escuadrón de la muerte”).
En De la reforma al proceso: una historia de la Enseñanza Secundaria (1955-1977), Antonio Romano afirma que la intervención era parte de un nuevo proyecto político pedagógico, que se profundizaría desde 1973, primero con la ley de educación “Sanguinetti” y luego con el golpe de Estado, y sustentado en los conceptos de “nuevo orden, nuevo hombre, nueva formación moral y cívica”.
La intervención chocó desde un comienzo con la cerrada oposición de la Asamblea de Profesores (órgano asesor del Consejo) y de los gremios docentes y estudiantiles, y aunó en su oposición a un arco muy diverso de la opinión política, desde los márgenes izquierdos hasta posturas del centro liberal. Para los sectores más organizados de la izquierda, el ámbito educativo se transformó en un espacio de acción política privilegiado. El Partido Comunista, según Gerardo Leibner (Camaradas y compañeros. Una historia política y social de los comunistas del Uruguay), lo definió como el principal conflicto social y político de 1970. Desde estos ámbitos se desataron importantes movilizaciones. “Del 22 al 26 de julio [de 1970], Montevideo parece un campo de batalla, con piedras, gases lacrimógenos por todos lados y barricadas que se erigen, se levantan, vuelven a instalarse.”, dice Julio María Sanguinetti en La agonía de una democracia: proceso de la caída de las instituciones en el Uruguay (1963-1973).
Para diluir la conflictividad, los consejos interventores suspendieron las clases el 28 de agosto de 1970 para luego clausurar el año lectivo el 4 de setiembre. “La medida de suspensión desnuda la imposibilidad del gobierno de restaurar el orden”, escribe Sanguinetti en el libro mencionado, publicado en 2008. Dicho por quien en 1970 era un diputado aliado al gobierno y luego se desempeñaría como ministro de Educación y Cultura del gobierno de Juan María Bordaberry, expresa el estado de ánimo del sujeto social de derecha: caos provocado por la izquierda, impotencia de la derecha para imponer el orden e inevitabilidad de la intervención.
La respuesta de los gremios de la educación fue la de organizar “contracursos” y “Liceos Populares”. Para Leibner, la movilización contra el cese de cursos “transformaba ante la opinión pública a los estudiantes agremiados de supuestos promotores del desorden en aplicados estudiantes deseosos de seguir estudiando”, aunque se puede dudar que esa haya sido la percepción predominante en el conjunto de la sociedad uruguaya. Amparado en un denso herramental mediático, el enfoque que señalaba a los gremios como los portadores del caos debió tener una fuerte audiencia, lo que, para Real de Azúa, respondía a un antagonismo establecido: “la concepción enteramente tradicional que de los fines de esa enseñanza profesa un sustancial sector de la población nacional y la otra, y tan distinta, que se involucra en la militancia de los sectores docentes y estudiantiles de posición más extrema” [en Partidos, política y poder en el Uruguay (1971 – Coyuntura y pronóstico)].
Romano ha llamado “guerra pedagógica” al proceso educativo desplegado
desde las altas esferas. Durante el año y medio de labor de los
consejos interventores, “la función de los sistemas educativos 'cambia' y
pasa a transformarse en un espacio de prueba de formas de socialización
(despolitización) de los jóvenes, principales opositores al gobierno”.
Para ello, debieron contar con el apoyo de un cuerpo docente dispuesto a
colaborar, lo que implicó decenas de destituciones, y de un sector
estudiantil dispuesto a “asegurar el cumplimiento de un año lectivo
normal por todos los medios”. La JUP estuvo llamada, según Romano, a
cumplir con esta última función.
Cabe señalar que la JUP nació en octubre de 1970, cuando los cursos ya habían sido suspendidos por el Consejo Interventor. Por ende, la presencia activa de esa organización en el conflictivo clima de la enseñanza solo pudo darse desde el momento en que los cursos fueron reiniciados, en marzo de 1971.
Un artículo publicado en La Mañana el 6 de mayo de 1971, en pleno conflicto entre las gremiales estudiantiles de izquierda y las agrupaciones “demócratas”, ilustra el discurso de la JUP para legitimar sus luchas: “Somos los que vamos al Liceo a hacer algo hasta que cumplamos 18 años y podamos trabajar. Somos hijos de familias que no nos usan de instrumentos de sus rencores políticos ni de sus situaciones económicas”.
A partir de marzo de 1971, en Montevideo y la zona metropolitana hubo focos de disturbios en los liceos Bauzá, 18, 9, el de Las Piedras, el IAVA y otros. Según el embajador francés, a fines de mayo, de veintidós establecimientos liceales de Montevideo, solo diez funcionaban más o menos normalmente, mientras que los otros estaban cerrados, ocupados o desorganizados.
Los consejos interventores cayeron el 12 de junio de 1971 por decisión parlamentaria, en una medida que Romano interpreta como una respuesta política ante el “alto grado de impopularidad” de la intervención. Fue una de las pocas ocasiones en que el gobierno de Pacheco claudicó ante el legislativo. El informe del embajador francés señalaba que “la extrema izquierda canta victoria”, pero entendía que ese enfoque era erróneo, y que solo se trataba de una maniobra táctica del presidente. Para él, el hecho de que nombrara de inmediato al ex presidente del Consejo Interventor, Armando Acosta y Lara, como subsecretario de Interior, era “un signo elocuente” de continuidades.
Desde entonces, la JUP sostuvo un discurso crítico al levantamiento de la intervención y a la acción de los consejos interinos, entendidos como una claudicación ante la presión sindical y estudiantil. “Todo el Gobierno ha entregado la E. Secundaria al control comunista. Todos nos damos cuenta”, decía La Mañana el 24 de junio de 1971. Para voceros de la JUP, había una actitud “entreguista”.
Uno de los mecanismos privilegiados por las gremiales estudiantiles, tanto liceales como universitarias, para penalizar a quienes definían como “fachos” fue la desgremialización. Si bien se trataba de una medida de carácter simbólico, su discusión y resolución en asambleas debió ambientar no pocos enfrentamientos. Cuando entrevisté a Hugo Manini Ríos –hermano del actual comandante en jefe del Ejército, Guido Manini Ríos, y nieto de Pedro Manini Ríos, fundador del diario La Mañana y cabeza de la derecha antibatllista colorada a principios del siglo XX–, opinó que “la violencia que soportaban los militantes de la JUP era mucho más moral que física. Como el caso de [Mario] Soca, que fue juzgado y desgremializado en la Universidad. Mi hermano Bruno, que fue desgremializado en Agronomía y no pudo seguir estudiando. Infinidad de casos”.
Desde la última semana de abril de 1971 se vivieron disturbios entre
estudiantes en varios liceos y el Bauzá se constituyó en el principal
nicho de “resistencia” de la derecha a la hegemonía izquierdista entre
los liceos de la capital.
El periódico socialista El Oriental, bajo el título “Los fascistas en acción”, responsabilizó a militantes de la JUP de haber ingresado el 27 de abril “con los revólveres en la cintura o con garrotes” al liceo mientras se realizaba una asamblea estudiantil “donde se trataba, precisamente, los manoseos y provocaciones que por parte de esos mismos elementos eran objeto muchachas y muchachos”. Según esta crónica, los atacantes dispersaron a los asambleístas a balazos, no habiendo “heridos graves de casualidad”. Al día siguiente, “la gente de la JUP” ocupó el local de estudios mientras padres y alumnos realizaban en la puerta un acto de desagravio por los hechos de la víspera. Los ocupantes dispararon nuevamente y la policía intervino para apresar a varios de los estudiantes que protestaban por la ocupación al grito de “fascistas, fascistas”. Tras esto, los agredidos marcharon hasta el Viaducto del Paso Molino, donde unos individuos volvieron a dispararles desde un auto. Los tiradores fueron vistos luego conversando con los ocupantes del Bauzá. Las víctimas de esos atentados identificaron a trece de sus atacantes, entre los cuales figuraba el Manco Ulises Fernández, “conocido agente policial, protagonista de graves sucesos desde hace tiempo en el Bauzá”, se informaba luego en sendos comunicados de los gremios estudiantil y docente, denunciando la responsabilidad del Consejo Interventor en este tipo de incidentes. En el análisis del órgano socialista, la policía y la JUP actuaban en connivencia, siendo la comisaría próxima al liceo “la base de operaciones” del grupo: “Bajo el alón protector del pachecato, al fascismo se le hace el campo orégano”.
De acuerdo al embajador francés, el Liceo Bauzá “fue teatro de actos de violencia de cierta gravedad, ya que estudiantes de tendencias opuestas se enfrentaron con armas de fuego (felizmente, sin alcanzar a nadie). Una nueva organización, la Jeunesse uruguayenne debout (JUP) [manuscrito: “de extrema derecha”, sobre tachado: “de tendencia fascista”], cuya formación fue suscitada por partidarios de la reelección del presidente Pacheco y que tendría apoyo de la policía”. Desconocemos qué fuentes manejaba el embajador, pero las referencias al vínculo JUP-gobierno-policía sugieren la existencia de un cierto sentido común al respecto en los circuitos de poder.
La violencia en los liceos se agudizó en el año y medio anterior al golpe de Estado de junio de 1973. Los testimonios dan cuenta de la generalización de una modalidad particular: el ataque a los institutos controlados por estudiantes de izquierda por parte de grupos externos, amparados frecuentemente en la acción de efectivos policiales. Uno de esos ataques, perpetrado el 11 de agosto de 1972, mientras se llevaba adelante una asamblea gremial en el Liceo 8, terminó con la vida del estudiante Nelson Rodríguez Muela, militante del Partido Comunista Revolucionario (maoísta). El grupo agresor, compuesto por unos quince jóvenes ajenos al instituto y encabezado por Enrique Mangini, entró disparando balas al recinto liceal. Detenidos por la policía, siete atacantes terminaron procesados por atentado a la propiedad privada, pero la causa por el homicidio fue archivada, hasta su reapertura en 2009. Más tarde, ya en dictadura, el grupo fue beneficiado por una amnistía a presos comunes.
La prensa de la izquierda presentó este caso y los demás de este tipo como ataques de la JUP. Esta respondió con su habitual retórica de invertir los términos de las responsabilidades: “Por fin encontraron el muerto”, tituló el semanario jupista Nuevo Amanecer, en tanto deslindaba toda participación.
La percepción de que los centros de estudios eran objeto de ataques de grupos de derecha quedó estampada en la “Plataforma de 5 puntos” que la CNT elevó al Poder Ejecutivo apenas iniciada la huelga general contra el golpe de Estado del 27 de junio de 1973. El reclamo por la “erradicación de las bandas fascistas que actúan impunemente en la enseñanza” reflejaba la relevancia que al asunto le daban las fuerzas de izquierda.
Para los medios de prensa de izquierda como El Oriental, el comunista El Popular y Cuestión, del Movimiento 26 de Marzo, no cabían dudas sobre la identidad jupista de los agresores en ese tipo de hechos. Cargada de adjetivaciones ideológicas (“fascista”) y connotaciones de clase (“nenes bien”), la JUP era presentada como un mero agente de acción represiva complementario de la policía y al servicio del gobierno.
Por su parte, el comunicado de los profesores tras los hechos ocurridos en el Bauzá en abril de 1971 agregaba algo de complejidad al asunto y proponía pensar en una distribución de tareas escalonadas entre diversos actores, al referirse a la “intervención de grupos armados que acatan las directivas de la JUP cuya vinculación con la Intervención se manifiesta en el hecho de que su presidente es secretario del Interventor Escanellas” (apuntaba a Gabriel Melogno, presidente de la JUP en Montevideo y efectivamente secretario de Antonio Escanellas). Esta tesitura ubicaba a la JUP como una superestructura próxima al poder político, a la cual respaldarían “grupos armados” que no necesariamente participaban en su orgánica.
La JUP dio su opinión sobre los hechos de abril de 1971 en su página del “suplemento verde” de La Mañana, bajo el título “Los hechos del Bauzá. Una juventud sana ante el fanatismo foráneo”. Todas las acusaciones de violentismo en su contra eran redirigidas contra sus enemigos. No se habría tratado de una ocupación, sino que el Bauzá fue “defendido, preservado... por estudiantes que se adelantaron al vandalismo de los izquierdistas, evitando que éstos se adueñaran de la casa de estudios”. La responsabilidad de la balacera era también redireccionada, acusando de la misma a los izquierdistas. En definitiva, no se había tratado de un enfrentamiento entre grupos políticos, sino “de estudiantes auténticos defendiéndose de fanáticos antipatriotas”. Se preguntaba luego: “¿Qué papel tuvo la Juventud Uruguaya de Pie en el episodio? Como Movimiento, ninguno. Como conglomerado de jóvenes que comprende sus ideales, desde luego entre los estudiantes que defendieron el Bauzá, había simpatizantes de la JUP”.
Esta manera de decir “no fuimos” pero “estamos con ellos” respondía a un dilema no resuelto por la organización. Por un lado, la JUP encontraba en aquellos núcleos de estudiantes “demócratas”, además de un marco de contención de la izquierda juvenil, el espacio para ganar adherentes y expandir su influencia, y por lo tanto no los podía defraudar. Por otro lado, a nivel público, era necesario para la JUP mantener la imagen de referente de la juventud “sana y patriótica” con la que se había lanzado desde el interior del país –su origen estuvo en Salto– y a la cual la proximidad con el escenario de violencia podía perjudicar.
Según dos ex dirigentes de la JUP que entrevisté, Hugo Manini y otro de iniciales GT, en el liceo funcionaba una agrupación “demócrata” llamada Siempre Bauzá, que combatía los supuestos excesos izquierdistas. Esa agrupación, de acuerdo a ellos, no respondía orgánicamente a la JUP, aunque hubiera entre ellos simpatizantes de la organización. GT y Manini reconocieron también que esa agrupación recibía apoyo externo de gente armada. Esto había sido resultado, según ellos, de que los comunistas hacían lo mismo, trayendo a obreros en camiones a castigar a los oponentes de sus camaradas liceales. Entre la gente armada que apoyaba a “Siempre Bauzá” ubican al grupo que comandaba el Manco Ulises, pero aseguran que la JUP siempre evitó el vínculo con ellos. “El Manco Ulises nunca fue de la JUP”, sino que “era una persona paga por los yanquis. Era policía. Tenía sus autitos”, dijeron.
El informe de la inteligencia policial sobre la JUP al respecto de los incidentes del Bauzá señala los mismos matices : “Asociación ʻSIEMPRE BAUZÁʼ. Tiene su sede en el mismo Liceo Bauzá, dirigida por un consejo regente de 3 miembros, con 300 inscriptos. Orgánicamente no depende de la JUP, pero sus integrantes son admiradores de la misma, asiduos concurrentes a su sede central y, en forma individual, estrechamente vinculados a la JUP”
Al contrario de lo que ocurría con la violencia izquierdista, la mayor parte de los atentados derechistas quedaron sumidos en el anonimato. Las víctimas de la violencia necesitan poner nombre al agresor que no se identifica. “Detrás de esa mano, se mueven los verdaderos culpables; se mueve la JUP, una organización que no ha ocultado su definición ultraderechista. Se mueven otras bandas fascistas parapoliciales, ostensiblemente asesoradas por expertos estadounidenses y brasileños.”, decía El Popular en noviembre de 1971.
Entre el sinnúmero de acciones de violencia que involucran a la derecha en aquél contexto electoral, hay por lo menos uno que presenta una relación directa y comprobable con la JUP. El 10 de noviembre de 1971, la organización realizó un acto en Montevideo en la plaza Viera (en Rivera y Francisco Muñoz), tras el que se produjeron hechos graves de violencia. Hay dos versiones de los incidentes y totalmente contradictorias. Según El Popular, luego de finalizado el acto, un conjunto de participantes marchó desde la plaza en dirección este. A diez cuadras en esa dirección, en la intersección de Rivera y Pastoriza se encontraba un local de la Lista 1001, referente del Partido Comunista. Al llegar allí, “las hordas fascistas de la JUP” atacaron el local a balazos. Al producirse un tiroteo, acudieron la Policía y un vehículo del Ejército, emprendiéndola ambos contra los ocupantes del local y produciéndose detenciones. Tras los hechos se constataron dos heridos: el comisario Blas Fabregat y “el fascista” Jorge Washington Piñón, quien “era del Prado, “capanga de la JUP, lugarteniente del ʻMancoʼ Ulises... [los] vecinos lo señalan por andar armado”.
Según GT, efectivamente hubo una marcha por la avenida Rivera luego del acto, y al pasar frente al local comunista les dispararon desde adentro, lo que generó una reacción. GT señala que el comisario herido iba de civil acompañando a los manifestantes, y que Piñón era efectivamente del grupo de Ulises Fernández, pero que éstos últimos no eran orgánicos de la JUP, sino activos militantes anti-izquierdistas en el entorno de los liceos de Montevideo. Sobre presencia de éstos en el acto, respondió algo evidente: ninguna fuerza política puede controlar la asistencia a un acto público.
En nuestra percepción, a priori no parece razonable que desde un comité comunista se disparara espontáneamente contra una marcha rival. Esas no eran al menos las directivas que tenían sus militantes, más allá del margen de improvisación en que pudiera incurrir alguno de ellos. Parece más posible que, si es que se abrió fuego desde el local, fuera en respuesta a una provocación previa desde el exterior. No resulta evidente quiénes pudieron pergeñar una trampa como esa. Asignarle la responsabilidad a la JUP es elegir el camino más corto. Múltiples actores, incluida la JUP, podían beneficiarse del rechazo anticomunista que agitarían los medios de comunicación dominantes a dos semanas del acto electoral. Al día siguiente, El País tituló “Comunistas balearon a manifestación de la JUP en Pocitos” y La Mañana: “Frentistas atacan a asambleístas de la JUP”.
En el marco de aquella violencia preelectoral, la derecha también pudo presentar su “mártir”. El 6 de agosto de 1971 el joven Zapicán Arhancet, de 16 años, resultó muerto de un balazo mientras atentaba contra un comité de base del Frente Amplio. Se trataba de un estudiante del liceo Bauzá, hijo de un militar. Aún hoy, las versiones siguen impregnadas por la polarización de la época, e incluyen desde un inocente ataque con pintura a un intento de arrojar un cóctel molotov y la denuncia de que Arhancet y su acompañante portaban armas de fuego. Nadie fue procesado por el hecho, porque el juez entendió que se había tratado de un homicidio ultraintencional, producto de un disparo de su propia arma cuando el joven era desarmado por militantes frenteamplistas.
De acuerdo a Hugo Manini, el joven fallecido no era de la JUP, aunque sí probablemente fuera de la agrupación liceal Siempre Bauzá: “Era un muchacho que animado por una voluntad antiizquierda hizo algo y murió”. Al calor de los hechos, la JUP invocó esta muerte en un acto realizado en Durazno el 19 de agosto junto a padres y estudiantes “demócratas”; allí, según La Mañana, Manini tomó la palabra y dijo que era un ejemplo de que “el comunismo mata”. Una semana más tarde, Melogno, en un acto de la JUP en Minas, habló de una “ominosa ejecución”, aunque en ningún caso la JUP lo reclamó como militante de la organización.
Actuaron también, desde la clandestinidad, los grupos denominados de manera genérica “escuadrones de la muerte”, que firmaron ocasionalmente sus comunicados o acciones con una variedad de nombres (Comando Caza Tupamaros, Comando Dan A. Mitrione, Defensa Armada Nacionalista, Comando Armando Leses, Brigadas Nacionales, MANO, Escuadrón de Justicia Oriental) y que cobraron en torno a cinco vidas de jóvenes izquierdistas, como refleja un documento de la embajada de Estados Unidos al Departamento de Estado. En las declaraciones realizadas por el agente policial Nelson Bardesio a los tupamaros que lo mantuvieron secuestrado con el fin de investigar las acciones de esos escuadrones, aquél menciona a Miguel Sofía y a Ángel Pedro Crosas como dos de sus integrantes, señalándolos además como pertenecientes a la JUP.
No se pueden descartar las conexiones entre las organizaciones que actuaban en la esfera pública, con las que lo hacían desde el plano de la clandestinidad, aunque los ex jupistas han rechazado terminantemente que Sofía y Crosas fueran integrantes de su movimiento y toman distancia respecto a todas las demás organizaciones mencionadas. “Con esos grupúsculos nunca quisimos saber nada”, asegura Hugo Manini, quien puntualiza que las relaciones entre la JUP y el Movimiento Nueva Generación (MNG) terminaron en una ruptura radical: “Nosotros no tuvimos grandes problemas con el MNG... hasta que un día quisieron copar la sede nuestra”. Efectivamente, el día 31 de enero de 1972 un grupo de hombres armados ingresó al local de la JUP en la Av. 18 de Julio. Bajo el título “Escándalo en la JUP: batalla campal con varios heridos”, Cuestión denunció que se había producido una disputa entre grupos rivales por la supremacía interna: “Manini, armado con metralleta, acusó de traición a otros dirigentes en plena reunión del Consejo Federal”. Según el semanario, Manini había llegado con “cuatro guardaespaldas armados con metralletas, gritando de forma histérica ‘la JUP es mía’”. El resultado habría sido que Gabriel Melogno se retirara herido y que Ricardo Trindade, dirigente de la JUP fuera detenido y luego procesado por “lesiones graves”.
En el plano de la sociedad civil, hubo tres niveles de acción. En primer lugar el de la JUP, protagónica en el interior del país y con intenciones de contrarrestar la hegemonía izquierdista entre el estudiantado montevideano. El movimiento fue adoptando un ambicioso proyecto político de alcance nacional, en el cual el asunto educativo era central por razones ideológicas y estratégicas. En el medio de la agitación incubada bajo la intervención de la enseñanza media, se posicionó claramente contra los “promotores del desorden”. A través de un arsenal mediático de peso (escrito y radial), la JUP se transformó en una voz relevante de la reacción conservadora en el campo estudiantil. Con un discurso plagado de referencias a la lucha contra los “traidores” y “apátridas”, de hondo sentido belicista, sus militantes no debieron ser ajenos a los enfrentamientos, más allá del rechazo público a la violencia del que la JUP era portavoz.
En segundo lugar, las agrupaciones liceales autoproclamadas “demócratas”, movilizadas por su rechazo al gremialismo de izquierda, y apoyados frecuentemente en núcleos de docentes y padres también autodefinidos como “demócratas”. Muchos de ellos pudieron afiliarse a la JUP o participar en sus actividades. Más allá de estar o no afiliados, todo parece indicar que el rótulo “JUP” constituyó para ese conjunto de activistas de derecha un marco identitario. Esto explica que para los militantes de izquierda no cupieran dudas de que era efectivamente la JUP la que los atacaba.
En tercer lugar, los grupos de choque, seguramente animados desde la fuerza policial mediante agentes encubiertos –lo que los izquierdistas llamaban “tiras”–, proclives a incidir con armas en las disputas interestudiantiles. En qué medida ese accionar policial estaba a su vez ambientado por la inteligencia estadounidense (como lo sugiere el testimonio de un ex jupista), es un extremo que no estamos en condiciones de probar, pero que encontramos muy plausible.
Por último, tenemos los “escuadrones de la muerte”. Las fronteras entre estos comandos, las fuerzas represivas del Estado, las estructuras partidarias y los movimientos sociales de derecha son difusas. La mirada de la izquierda ha quedado abonada por las “actas de Bardesio”, ciertamente creíbles, pero seguramente confusas e incompletas. Gonzalo Varela Petito, en De la República liberal al Estado militar, le adjudicó a esferas gubernamentales el recurso a la violencia parapolicial.: “Un ejercicio abierto del poder represivo no era fácil en la coyuntura [electoral de 1971]; se le complementó pues por la vía clandestina”. En esa dirección irían las apreciaciones que el por entonces líder del batllismo Lista 15, y socio del gobierno, Jorge Batlle, vertiera a la diplomacia estadounidense: “era necesario crear [...] sin tantos miramientos, un grupo secreto que “solucionara” el problema de la guerrilla [...] fuera de las autoridades legítimamente constituidas, como revela Clara Aldrighi en El caso Mitrione. A posteriori, Sanguinetti, por entonces compañero de militancia del recién nombrado, ha preferido explicar ese tipo de hechos como actos de “venganza [...] por algún grupo clandestino presumiblemente de origen policial”, descartando así una orquestación partidaria o gubernamental. Su línea argumental no parece ajena a la intención de deslindar cualquier sospecha de complicidad de parte de una élite política que él mismo integraba.
Es posible que todas estas esferas de acción (fuerzas de represión estatales, JUP, grupos “demócratas”, fracciones partidarias, grupos de choque y “escuadrones de la muerte”) convergieran, generando un traspaso de activistas entre ellas que debió darse tanto de forma espontánea como también bajo mecanismos de infiltración. Algunos hechos y episodios evidencian que las relaciones entre los actores involucrados no se basaban solamente en normas de solidaridad.
En el clima de confrontación que atravesó el país, los actores que habían radicalizado sus posturas no pudieron mantenerse alejado de la práctica de violencia. El porte de armas fue relevado por la inteligencia policial y es asumido en las entrevistas a ex militantes de la JUP, aunque se le asigna un rol defensivo. Pero ese apelativo defensivo de su retórica no debe conducirnos al error. ¿Cuál es la distancia que media entre la autodefensa y la agresión armada? Ha sido en general un dilema difícil de resolver en la investigación acerca de escenarios de espiral de violencia. Si bien la JUP pretendió cultivar una imagen de organización “seria”, que se tuteaba con ciertas personalidades de los partidos tradicionales y con figuras de la Iglesia Católica y que, sobre todo en el interior, se rodeaba del apoyo de tradicionales “fuerzas vivas”, su discurso se cargó de un tono de belicosidad, cimentado en una lógica de guerra (amigo-enemigo), y apelando a la “energía” y la “virilidad” de unos militantes dispuestos a ofrecer “hasta la última gota de su sangre”.
Vale decir que en el campo de la derecha hubo una suerte de “división del trabajo” no explícita, probablemente no planificada, en la cual los grupos de acción directa desempeñaron un rol funcional a la estrategia general de la derecha uruguaya, la JUP incluida, permaneciendo sin embargo ésta inmune a evidencias contundentes de participación en hechos cruentos. Resulta razonable que una organización como la JUP no pretendiera involucrarse en batallas decisivas contra el comunismo. Su invocación al golpe militar desde principios de 1973 denota su confianza en las Fuerzas Armadas para cumplir con esa tarea. No faltaba en su prédica mediática una pretensión “intelectual” que podría reservarles un papel específico en un eventual ajuste autoritario. Tras autodisolverse, luego del golpe militar, varios de los activistas de la JUP escalaron posiciones en el sistema educativo.
Durante la habitual conferencia de prensa de la organización política, el dirigente agradeció el accionar del alto mando de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y sus efectivos tras dar fin a la acción, donde los insubordinados intervinieron en una unidad militar.
‘Nuestra solidaridad, saludo y agradecimiento a la FANB y con nuestro pueblo que lo ha asumido con entereza. Ustedes saben cuál es el objetivo final, que es crear zozobra, intranquilidad en nuestro país’, enfatizó Cabello.
Igualmente, indicó que los oficiales sublevados confesaron tener como objetivo realizar una operación militar contraria al presidente de la República, Nicolás Maduro.
Cabello destacó las acciones emprendidas por los cuerpos castrenses quienes en ‘tiempo récord’ efectuaron las investigaciones y acciones pertinentes sin pérdidas humanas que lamentar.
‘Ahora se encargará la justicia de los que están detenidos’, dijo el también presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, además enfatizó que no se ha reportado ningún otro hecho similar en el territorio venezolano.
‘No hay en ningún sitio ninguna réplica, ni nada que se le parezca. Esto contribuye a la unidad de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana’, refirió Cabello.
Por otra parte, volvió a convocar al pueblo venezolano a salir a las calles el 23 de enero para respaldar el proceso bolivariano y al jefe de Estado en su nuevo periodo constitucional 2019-2025, y con ello hacer frente a los intentos desestabilizadores de la oposición.
(Información de Prensa Latina)
Operación Cotiza: crónica de otro alzamiento artificial
Protestantes violentos de la oposición en las inmediaciones de la GNB Cotiza (Foto: Yuri Cortez / AFP)
21 Ene 2019, 4:00 pm. - MISIÓN VERDAD
A las 9:18 am de este
lunes 21 de enero, el presidente de la Asamblea Nacional en desacato
(AN), Juan Guaidó, dijo desde su cuenta en tuiter que los sucesos en el
comando de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) de Cotiza, Caracas,
son "una muestra del sentimiento generalizado que impera dentro de las
FAN (sic), nuestros militares saben que la cadena de mando está rota por
la usurpación del cargo presidencial, por lo que la AN se compromete a
brindar todas las garantías necesarias a los militares que contribuyan a
la restitución de la Constitución".
Hacía referencia a la supuesta Ley de Amnistía emitida por la AN para que los funcionarios del Estado venezolano desconocieran al presidente Nicolás Maduro, y se plegaran a su llamado a reconocer como máxima autoridad del país al parlamento venezolano, considerado en desacato por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
El suceso referido por Guaidó arrancó unas horas antes (2:50 am) cuando un reducido grupo de militares adscritos al Comando de Zona número 43 de la GNB, irrumpió en el puesto de Coordinación Policial de Macarao en Caracas, trasladandose luego al Destacamento de Seguridad Urbana de la GNB ubicado en Petare, logrando sustraer parte del arsenal de armas del mismo, para terminar en el noroeste de Caracas, donde terminanron rendidos y capturados en la sede de la Unidad Especial de Seguridad Waraira Repano, en Cotiza, municipio Libertador, también adscrita a la GNB.
El despliegue histrionico del uniformado que habla ante las cámaras,
deja ver la intención de proyectar una imagen similar a la del abatido
el 15 de enero del año 2018, Óscar Pérez, que en su corto pero
escandaloso derrotero intentó crear el guión en el que un grupo de
militares con supuestas capacidades superiores ponía en jaque al
gobierno de Maduro. Amparados en esta maniobra, envasada para consumo
interno y externo, Guaidó, junto con medios como La Patilla y NTN24,
intentaron mostrarla como un ejemplo de lo que sucede puertas adentro de
la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).
Caído el grupo en desgracia, los operadores tradicionales de la narrativa del caos, procedieron al alargue de la agenda noticiosa exponiendo videos en las redes sociales de "manifestaciones a favor de los militares", emulando lo que hicieron después del fallido asalto al Fuerte Paramacay, en Carabobo, en el año 2017. Una repetición de la misma lógica espectacularizante que se esfuerza por establecer un vínculo directo entre sublevación, acciones armadas y el supuesto respaldo popular del que carece este tipo de eventos.
Otros datos a tener en cuenta los expuso el presidente de Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Diosdado Cabello, quien señaló que los sublevados quedaron inmediatamente a la merced del Estado, luego de que sus promotores no cumplieran con lo acordado. Y que por los hechos "no se tuvo que lamentar la pérdida de ninguna vida, afortunadamente". Dijo también que los teléfonos incautados a los alzados revelan que recibieron llamadas desde el exterior horas antes del momento de la operación.
Tanto el mensaje de los videos, como su ultra mediatizada difusión en
las redes sociales por parte de cuentas "influenciadoras" del
antichavismo, reflejan que más allá del efecto internacional,
premeditado, la búsqueda se centra en crear un clima de opinión que
invite a más cuerpos militares a sublevarse, y a la reanimación de
sectores civiles opositores para que salgan a la calle el próximo 23 de
enero, quienes desde 2017 se encuentran sumergidos en un ambiente de
desidia, frustración y enojo contra sus dirigentes por el fracaso de sus
últimos planes de cambio de régimen.
Visto desde un ángulo desapasionado, el resultado de una operación que bien podría calificarse como amateur, sucedió en medio de la presión iniciada desde la AN en desacato y sus llamados a la rebelion militar, apoyada por las declaraciones del Grupo de Lima y respaldada por los comunicados emitidos por Pompeo, Bolton y compañía. El resultado ha sido una maniobra efectista que tuvo como protagonistas a unos 27 militares de bajo rango que actuaron como lobos solitarios moviéndose de un lado a otro sin estrategia, ni plan, más que publicar algunos videos en las redes sociales.
Valga la comparación para señalar que cuando iniciaron las
operaciones de cambio de régimen en Libia y Siria, los militares que se
alzaron contra Muhamar al-Gadafi y Bashar al-Assad eran altos oficiales
con mando de importantes tropas que rápidamente se integraron a los
grupos irregulares armados para ir en contra de los dos poderes
estatales. Mientras que en Venezuela, unos días antes de una
convocatoria similar, el resultado de esta sublevación es el asalto a
dos sedes de seguridad de poco peso, en las periferias de la ciudad, y
la posterior entrega de los sublevados después de unas pocas horas.
El 23 de enero buscará ser, de nuevo, la chispa que encienda una pradera para intentar fracturar al alto directorio cívico-militar de la Revolución Bolivariana, paralelo a un posible escalamiento del conflicto en la arena internacional.
Sin embargo, el rápido desmontaje de la célula armada de Pérez, como la fugaz sublevación aquí reseñada, demuestran los límites que tiene esta lógica transnacional de ejercicio de poder que muchas veces, cuando intenta trasladar sus intenciones a territorio venezolano, se choca con una realidad objetiva que le es esquiva, y a la vez, ajena a sus planes.
Este señalamiento, por otro lado, no oculta el peligro actual, ni minimiza la amenaza que se cierne contra Venezuela, sobre todo teniendo en cuenta que en este tipo de procesos, como el que pretende iniciar el antichavismo, gran parte de lo pesado se mueve aguas abajo y surge de sorpresa para agigantar, en apariencia, el tamaño de la fuerza de quienes se oponen al gobierno venezolano.
El devenir de los últimos años es claro: intentaron incendiar el país en 2017 con las guarimbas y fueron derrotados con la instalación de la ANC, intentaron establecer un grupo irregular con Pérez a la cabeza y fueron derrotados por los organismos de seguridad, intentaron dar al menos dos golpes de Estado en 2018 e incluso asesinar al presidente Maduro con un atentado, y tampoco pudieron cumplir con sus objetivos.
En cada arremetida, sin embargo, hacen daño, y mucho, pero una cosa es decir que van a iniciar una guerra y otra muy distinta es comenzarla.
Hacía referencia a la supuesta Ley de Amnistía emitida por la AN para que los funcionarios del Estado venezolano desconocieran al presidente Nicolás Maduro, y se plegaran a su llamado a reconocer como máxima autoridad del país al parlamento venezolano, considerado en desacato por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
El suceso referido por Guaidó arrancó unas horas antes (2:50 am) cuando un reducido grupo de militares adscritos al Comando de Zona número 43 de la GNB, irrumpió en el puesto de Coordinación Policial de Macarao en Caracas, trasladandose luego al Destacamento de Seguridad Urbana de la GNB ubicado en Petare, logrando sustraer parte del arsenal de armas del mismo, para terminar en el noroeste de Caracas, donde terminanron rendidos y capturados en la sede de la Unidad Especial de Seguridad Waraira Repano, en Cotiza, municipio Libertador, también adscrita a la GNB.
Dos ataques, un llamado y una entrega
Cronometrada para ser la primera noticia del lunes, este grupo de militares de la GNB emitió cuatro videos en las redes sociales, donde declararon "estar unidos para restablecer el hilo constitucional como se los pide el pueblo de Venezuela", en alusión a los llamados a sublevarse militarmente realizados por la junta directiva de la AN, partidos del antichavismo, el Grupo de Lima y altos cargos del gobierno de los Estados Unidos como el secretario de Estado, Mike Pompeo, y el director del Consejo de Seguridad Nacional, John Bolton.Caído el grupo en desgracia, los operadores tradicionales de la narrativa del caos, procedieron al alargue de la agenda noticiosa exponiendo videos en las redes sociales de "manifestaciones a favor de los militares", emulando lo que hicieron después del fallido asalto al Fuerte Paramacay, en Carabobo, en el año 2017. Una repetición de la misma lógica espectacularizante que se esfuerza por establecer un vínculo directo entre sublevación, acciones armadas y el supuesto respaldo popular del que carece este tipo de eventos.
Otros datos a tener en cuenta los expuso el presidente de Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Diosdado Cabello, quien señaló que los sublevados quedaron inmediatamente a la merced del Estado, luego de que sus promotores no cumplieran con lo acordado. Y que por los hechos "no se tuvo que lamentar la pérdida de ninguna vida, afortunadamente". Dijo también que los teléfonos incautados a los alzados revelan que recibieron llamadas desde el exterior horas antes del momento de la operación.
La dimensión de los acontecimientos
Quien funge de "lider" es el sargento Alexander Brandes Figueroa, que cerca del amanecer afirmó estar encerrado en el escuadrón de Cotiza desde donde pidió el alzamiento de otros destacamentos y del "pueblo de Venezuela". El lenguaje con el que se refiere a sus compañeros de armas es para nada inocente, los califica de "guerreros", terminología identica a la usada por el grupo terrorista que lideró Óscar Pérez en los acontecimientos violentos del año 2017.Visto desde un ángulo desapasionado, el resultado de una operación que bien podría calificarse como amateur, sucedió en medio de la presión iniciada desde la AN en desacato y sus llamados a la rebelion militar, apoyada por las declaraciones del Grupo de Lima y respaldada por los comunicados emitidos por Pompeo, Bolton y compañía. El resultado ha sido una maniobra efectista que tuvo como protagonistas a unos 27 militares de bajo rango que actuaron como lobos solitarios moviéndose de un lado a otro sin estrategia, ni plan, más que publicar algunos videos en las redes sociales.
Afueras del destacamento Waraira Repano donde se rindieron los sublevados (Foto: Yuri Cortes/AFP)
apuntes sobre los días por venir y los límites de la realidad
Para nadie es un secreto que los altos cargos del gobierno de Estados Unidos tomaron hace tiempo la decisión de iniciar un conflicto irregular en Venezuela, después de apoyar la irrupción de la célula dirigida por Óscar Pérez. Y para nadie es un secreto que ahora intentan usar de ariete a la AN en desacato para posibilitar un mismo rumbo, un mismo camino, que desemboque en la salida violenta, ya sea por medio de un conflicto o un golpe militar. La decisión se está tomada, y ni siquiera existe el intento de ocultar las intenciones como lo hicieron en las guarimbas del pasado.El 23 de enero buscará ser, de nuevo, la chispa que encienda una pradera para intentar fracturar al alto directorio cívico-militar de la Revolución Bolivariana, paralelo a un posible escalamiento del conflicto en la arena internacional.
Sin embargo, el rápido desmontaje de la célula armada de Pérez, como la fugaz sublevación aquí reseñada, demuestran los límites que tiene esta lógica transnacional de ejercicio de poder que muchas veces, cuando intenta trasladar sus intenciones a territorio venezolano, se choca con una realidad objetiva que le es esquiva, y a la vez, ajena a sus planes.
Este señalamiento, por otro lado, no oculta el peligro actual, ni minimiza la amenaza que se cierne contra Venezuela, sobre todo teniendo en cuenta que en este tipo de procesos, como el que pretende iniciar el antichavismo, gran parte de lo pesado se mueve aguas abajo y surge de sorpresa para agigantar, en apariencia, el tamaño de la fuerza de quienes se oponen al gobierno venezolano.
El devenir de los últimos años es claro: intentaron incendiar el país en 2017 con las guarimbas y fueron derrotados con la instalación de la ANC, intentaron establecer un grupo irregular con Pérez a la cabeza y fueron derrotados por los organismos de seguridad, intentaron dar al menos dos golpes de Estado en 2018 e incluso asesinar al presidente Maduro con un atentado, y tampoco pudieron cumplir con sus objetivos.
En cada arremetida, sin embargo, hacen daño, y mucho, pero una cosa es decir que van a iniciar una guerra y otra muy distinta es comenzarla.
Somos un grupo de periodistas e investigadores independientes
dedicados a estudiar la guerra contra Venezuela y el conflicto global.
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La deriva mercenaria de Washington hacia Venezuela
Mercenarios de la compañía estadounidense Blackwater entrenan (Foto: CNN)
15 Ene 2019, 12:50 pm. - MISIÓN VERDAD
La proclamación y
autojuramentación de Juan Guaidó como "Presidente interino y de la
transición" en Venezuela, empleando la figura de la Asamblea Nacional en
desacato e inhabilitada en sus funciones administrativas, sugiere para
Venezuela otra etapa en la trama de desestabilización.
También Guaidó fue "habilitado" para asumir la presidencia de Venezuela por la instancia autodenominada "Tribunal Supremo de Justicia en el exilio”, que meses antes había proclamado a Antonio Ledezma como "Presidente de la transición en Venezuela". Mediante carta firmada en Washington, el llamado tribunal, que fue creado como instancia paralela a las instancias en ejercicio y con legitimidad en Venezuela, autorizó a Guaidó para hacerse del poder.
En un marco de asedio de espectro total como el que sufre Venezuela, la fijación de instancias paralelas, paralegales, como tribunales supremos y presidentes paralelos, prefija condiciones para el desmembramiento de la legitimidad con la que está investida el presidente Nicolás Maduro, al menos ante la comunidad internacional, que en realidad es el espacio donde se demarcan y desarrollan estos eventos.
Se propaga un intento de fragmentación de la institucionalidad venezolana que, en teoría, legitimaría el uso de la fuerza contra el Estado bajo el supuesto de un "rescate de la democracia".
Ante la autoproclamación de Guaidó, las reacciones no se hicieron esperar desde Washington mediante varios de sus más importantes voceros. Mike Pompeo, secretario de Estado; el senador de Florida, Marco Rubio; y John Bolton, asesor de seguridad de Trump, desde el 10 de enero declararon al presidente venezolano Nicolás Maduro como "usurpador" del cargo, y seguidamente el 11 de enero proclamaron a Juan Guaidó como figura "legítima" que ostenta el cargo de "presidente" de Venezuela.
En contexto, la trama de deslegitimación de las autoridades está claramente delineada con la postura de la Casa Blanca, que intenta doblar la institucionalidad y con ello presionar a Nicolás Maduro para una entrega del poder, en un claro acto de intento de desmantelamiento del Estado-nación venezolano, dada la negación de Washington de las leyes y la ausencia, hasta la fecha, de un nuevo acuerdo que coloque al chavismo y a la oposición en vías de resolver la pugna interna.
Para la oposición, claramente dirigida y apoyada por Estados Unidos, no hay diálogo posible con el chavismo. Por lo tanto, la agenda venezolana luce cada vez más en vías de choque y convulsión.
El rol de Pompeo, Rubio y Bolton ha sido indispensable para posicionar el tema venezolano como una situación de primer nivel en la ajetreada y compleja mesa de las relaciones internacionales estadounidenses. Con varios frentes de choque en simultáneo, la Casa Blanca dirime y ordena su política para la región amalgamando su apresto político en el Grupo de Lima, condensando un lobby de presión política regional contra Venezuela y promoviendo el cerco diplomático y económico contra la nación petrolera.
secretarystatepompeojohnbolton
Pero, al mismo tiempo, la agenda, que involucra acciones militares
regulares e irregulares contra Venezuela, parece escalar a nuevos
niveles cuando estos funcionarios han llamado, en la misma línea
narrativa de Guaidó, a las "fuerzas armadas" (FANB), a la comunidad
internacional y a los factores civiles de la vida venezolana, a "hacer
efectivo" un gobierno de transición presidido por Guaidó. Un abierto
señalamiento al empleo de la fuerza.
El desmantelamiento de la "Operación Constitución", señalado por el medio estadounidense Bloomberg a mediados de 2018 y que confirma la planificación de acciones armadas irregulares en Venezuela mediante la cooptación de militares y otros componentes de seguridad en el país, así como la colaboración logística desde Florida (EEUU) y Colombia, con la probable inserción de elementos mercenarios en el terreno, es un elemento relevante e indispensable a reconocer, por tratarse de un aflujo importante de intenciones armadas que no tendrían lugar sin el apoyo de funcionarios norteamericanos.
El ex coronel Oswaldo García Palomo habló para Bloomberg en diciembre de 2018, explicando la intención de una sublevación militar en Venezuela, al unísono de los continuos pronunciamientos que ha hecho el senador Marco Rubio para el derrocamiento de Maduro por parte de la FANB.
A mediados de diciembre, luego de su visita a Rusia, el presidente Nicolás Maduro presentó serias denuncias que involucran al asesor de seguridad estadounidense John Bolton en fraguar una inserción de fuerzas regulares e irregulares estadounidenses y colombianas en Venezuela, que actuarían bajo la apariencia de ser fuerzas regulares , en la acometida de un golpe de Estado.
Esta trama de señalamientos y situaciones que suponen el desarrollo de una fluida colaboración entre funcionarios y países, para otra "Bahía de Cochinos" en Venezuela, contaría sin dudas con el beneplácito u apoyo de Mike Pompeo, quien dirige la política exterior estadounidense con métodos de la CIA, de la que fue su director.
El empleo de las vías irregulares y mercenarizadas contra Venezuela camufladas como "fuerzas armadas nacionales" es sugerida como una seria posibilidad para bypassear la falta de consensos políticos alrededor de los países de la región, buena parte de ellos integrados en el Grupo de Lima, sobre la opción militar contra Venezuela.
La cancillería rusa emitió un comunicado recientemente que explica esa situación, pues de ella se decantaría un conflicto de proporciones regionales que serían técnicamente imposibles de encapsular eficazmente, agudizando fenómenos como la migración desde Venezuela al extranjero y la creación de un foco de inestabilidad a gran escala en la región sudamericana y el Caribe.
También Guaidó fue "habilitado" para asumir la presidencia de Venezuela por la instancia autodenominada "Tribunal Supremo de Justicia en el exilio”, que meses antes había proclamado a Antonio Ledezma como "Presidente de la transición en Venezuela". Mediante carta firmada en Washington, el llamado tribunal, que fue creado como instancia paralela a las instancias en ejercicio y con legitimidad en Venezuela, autorizó a Guaidó para hacerse del poder.
En un marco de asedio de espectro total como el que sufre Venezuela, la fijación de instancias paralelas, paralegales, como tribunales supremos y presidentes paralelos, prefija condiciones para el desmembramiento de la legitimidad con la que está investida el presidente Nicolás Maduro, al menos ante la comunidad internacional, que en realidad es el espacio donde se demarcan y desarrollan estos eventos.
Se propaga un intento de fragmentación de la institucionalidad venezolana que, en teoría, legitimaría el uso de la fuerza contra el Estado bajo el supuesto de un "rescate de la democracia".
Ante la autoproclamación de Guaidó, las reacciones no se hicieron esperar desde Washington mediante varios de sus más importantes voceros. Mike Pompeo, secretario de Estado; el senador de Florida, Marco Rubio; y John Bolton, asesor de seguridad de Trump, desde el 10 de enero declararon al presidente venezolano Nicolás Maduro como "usurpador" del cargo, y seguidamente el 11 de enero proclamaron a Juan Guaidó como figura "legítima" que ostenta el cargo de "presidente" de Venezuela.
En contexto, la trama de deslegitimación de las autoridades está claramente delineada con la postura de la Casa Blanca, que intenta doblar la institucionalidad y con ello presionar a Nicolás Maduro para una entrega del poder, en un claro acto de intento de desmantelamiento del Estado-nación venezolano, dada la negación de Washington de las leyes y la ausencia, hasta la fecha, de un nuevo acuerdo que coloque al chavismo y a la oposición en vías de resolver la pugna interna.
Para la oposición, claramente dirigida y apoyada por Estados Unidos, no hay diálogo posible con el chavismo. Por lo tanto, la agenda venezolana luce cada vez más en vías de choque y convulsión.
El rol de Pompeo, Rubio y Bolton ha sido indispensable para posicionar el tema venezolano como una situación de primer nivel en la ajetreada y compleja mesa de las relaciones internacionales estadounidenses. Con varios frentes de choque en simultáneo, la Casa Blanca dirime y ordena su política para la región amalgamando su apresto político en el Grupo de Lima, condensando un lobby de presión política regional contra Venezuela y promoviendo el cerco diplomático y económico contra la nación petrolera.
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John Bolton, Mike Pompeo y Nikki Haley forman parte de una misma trama contra Venezuela (Foto: Getty Images)
El desmantelamiento de la "Operación Constitución", señalado por el medio estadounidense Bloomberg a mediados de 2018 y que confirma la planificación de acciones armadas irregulares en Venezuela mediante la cooptación de militares y otros componentes de seguridad en el país, así como la colaboración logística desde Florida (EEUU) y Colombia, con la probable inserción de elementos mercenarios en el terreno, es un elemento relevante e indispensable a reconocer, por tratarse de un aflujo importante de intenciones armadas que no tendrían lugar sin el apoyo de funcionarios norteamericanos.
El ex coronel Oswaldo García Palomo habló para Bloomberg en diciembre de 2018, explicando la intención de una sublevación militar en Venezuela, al unísono de los continuos pronunciamientos que ha hecho el senador Marco Rubio para el derrocamiento de Maduro por parte de la FANB.
A mediados de diciembre, luego de su visita a Rusia, el presidente Nicolás Maduro presentó serias denuncias que involucran al asesor de seguridad estadounidense John Bolton en fraguar una inserción de fuerzas regulares e irregulares estadounidenses y colombianas en Venezuela, que actuarían bajo la apariencia de ser fuerzas regulares , en la acometida de un golpe de Estado.
Esta trama de señalamientos y situaciones que suponen el desarrollo de una fluida colaboración entre funcionarios y países, para otra "Bahía de Cochinos" en Venezuela, contaría sin dudas con el beneplácito u apoyo de Mike Pompeo, quien dirige la política exterior estadounidense con métodos de la CIA, de la que fue su director.
El empleo de las vías irregulares y mercenarizadas contra Venezuela camufladas como "fuerzas armadas nacionales" es sugerida como una seria posibilidad para bypassear la falta de consensos políticos alrededor de los países de la región, buena parte de ellos integrados en el Grupo de Lima, sobre la opción militar contra Venezuela.
La cancillería rusa emitió un comunicado recientemente que explica esa situación, pues de ella se decantaría un conflicto de proporciones regionales que serían técnicamente imposibles de encapsular eficazmente, agudizando fenómenos como la migración desde Venezuela al extranjero y la creación de un foco de inestabilidad a gran escala en la región sudamericana y el Caribe.
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“Los ases de la baraja”: Britto García describe por qué Venezuela tiene todo para vencer crisis actual
21 enero 2019
| CUBADEBATE
Un apretado conjunto de símbolos define la forma en que entendemos el mundo. Zodíaco, tarot, baraja española no determinan cómo funciona el universo, sino la manera en que lo percibimos.
As de oros. No ha podido despojarnos el adversario del oro negro ni del dorado. Disponemos de la segunda mayor reserva de oro del planeta, de la quinta parte de las reservas de hidrocarburos que hacen funcionar el mundo. Incluso con la producción disminuida a millón y medio de barriles diarios, ello nos asegura 47 mil millones de dólares anuales, suficientes para repotenciar Pdvsa, estabilizar la economía y vencer la Guerra Económica.
As de bastos. El basto es el poder generativo de la naturaleza, de la agricultura, de la cría. La calumnia nos difama como país incapaz de producir lo que consumimos. Cuatro años atrás, según las últimas cifras disponibles de las Hojas de Alimentación, producíamos 88% de nuestros alimentos. Por eso, en medio de la escasez programada, nunca faltaron las verduras que no podían ser acaparadas. Un oligopolio de una docena de empresas distribuidoras intenta aniquilar la rama fecunda de nuestro agro. Mejor las podamos a ellas.
As de copas. La copa es la femineidad protectora, la promesa de satisfacción de necesidades primordiales. La copa redistribuye para todos lo que antes era de pocos o de nadie. Por eso somos el país con menor desigualdad social de América Latina.
As de espadas. La autoridad del Estado evita que la riqueza devenga botín de los predadores. Con todos sus defectos, debilidades y omisiones, Venezuela ha templado una espada de doble filo que durante dos décadas ha resistido las más duras pruebas sin quebrarse: la organización política mayoritaria y las Fuerzas Armadas. Los enemigos externos vacilan ante un cuerpo del ejército de 315.000 efectivos y una reserva de unos 438.000, ante una coalición política que ganó 23 de 25 consultas electorales. Esos poderes, que han contenido la amenaza externa, deben conjurar la interna. Cortar una infiltración paramilitar que crea una parasociedad, una paraeconomía, una parapolítica. Restañar fronteras que son más bien heridas.
Controlar la corrupción y la docena de empresas que programan la muerte por hambre de treinta millones de venezolanos. Nunca tuvo país alguno tan espléndida mano para la victoria. Vencer no solo es necesario: también es posible.
(Tomado de La iguanaTV)
Hay que romper el aislamiento
por Marco Teruggi
LA HAINE - 21 enero 2019
La derecha solo tiene predicamento en los
medios. Y el chavismo es más que un gobierno, es gente humilde, de los
barrios, los campos
Nos
apuntan con el arma cargada. No es una metáfora. Lo hacen quienes
mandan y quienes siguen órdenes. Los primeros son los EEUU. Luego
Colombia, seguida por el Grupo de Lima, es decir, los gobiernos de
derecha de América Latina. Y, al final de la cadena, la oposición
venezolana. En ese orden.
Ya es formal, Maduro pasó a ser un tirano. No importa que haya ganado democráticamente las elecciones del 20 de mayo del 2018, que el chavismo haya vencido en 23 de 25 elecciones en 19 años. Iban a decir que era un dictador pasara lo que pasara. La Asamblea Nacional ya nombró una presidencia temporaria o algo así, en la figura de Juan Guaidó, desconocido dentro del país: ni ellos saben bien qué anunciaron frente a la poca gente que reunieron anteayer, al día siguiente de la toma de posesión de Maduro.
Se podría pecar de inocencia si no se conociera la historia reciente de Venezuela. Olvidar que la derecha llevó a cabo un Golpe de Estado en el 2002, o que en el 2017 se lanzó a las calles con su base social de clase alta y células paramilitares para tomar el poder por la fuerza. Ese año comenzaron a formar un gobierno paralelo, que en la actualidad flota entre países y van a activar de cara a la “comunidad internacional”: los EEUU y sus aliados/subordinados.
Descartaron la vía democrática, vendrá más violencia. Habrá más ataques sobre la economía, la diplomacia, llamados a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y seguramente acciones de fuerza. ¿De qué manera, con qué excusa, tipo de arma, actores? Está por verse.
El chavismo va a dar la pelea. Y el chavismo es más que un gobierno, es gente humilde, de los barrios, los campos, trabajadora, comunera, es un movimiento, una identidad política, de vida. Tiene potencias, enamoramientos, contradicciones, disputas, alegrías, necesidad de ganar, de resolver el retroceso económico con una desesperada urgencia. En caso de perder no vendría otro gobierno, sino una revancha.
Se puede realizar un desglose de todos los errores reales del chavismo y alejarse. O se puede empujar para defender y corregir, para no perder ante quienes una y otra vez nos han asesinado en masa para agrandar sus cuentas bancarias. Millones eligieron lo segundo, no van a rendirse. Necesitan que se rompa el aislamiento, se señale de golpistas a los golpistas, se diga que la revolución no está sola, que somos un continente que reconoce a sus enemigos y se une para enfrentarlos.
La historia es hoy, comienza antes de que salga el sol, nos llama.
La Garganta Poderosa
Ya es formal, Maduro pasó a ser un tirano. No importa que haya ganado democráticamente las elecciones del 20 de mayo del 2018, que el chavismo haya vencido en 23 de 25 elecciones en 19 años. Iban a decir que era un dictador pasara lo que pasara. La Asamblea Nacional ya nombró una presidencia temporaria o algo así, en la figura de Juan Guaidó, desconocido dentro del país: ni ellos saben bien qué anunciaron frente a la poca gente que reunieron anteayer, al día siguiente de la toma de posesión de Maduro.
Se podría pecar de inocencia si no se conociera la historia reciente de Venezuela. Olvidar que la derecha llevó a cabo un Golpe de Estado en el 2002, o que en el 2017 se lanzó a las calles con su base social de clase alta y células paramilitares para tomar el poder por la fuerza. Ese año comenzaron a formar un gobierno paralelo, que en la actualidad flota entre países y van a activar de cara a la “comunidad internacional”: los EEUU y sus aliados/subordinados.
Descartaron la vía democrática, vendrá más violencia. Habrá más ataques sobre la economía, la diplomacia, llamados a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y seguramente acciones de fuerza. ¿De qué manera, con qué excusa, tipo de arma, actores? Está por verse.
El chavismo va a dar la pelea. Y el chavismo es más que un gobierno, es gente humilde, de los barrios, los campos, trabajadora, comunera, es un movimiento, una identidad política, de vida. Tiene potencias, enamoramientos, contradicciones, disputas, alegrías, necesidad de ganar, de resolver el retroceso económico con una desesperada urgencia. En caso de perder no vendría otro gobierno, sino una revancha.
Se puede realizar un desglose de todos los errores reales del chavismo y alejarse. O se puede empujar para defender y corregir, para no perder ante quienes una y otra vez nos han asesinado en masa para agrandar sus cuentas bancarias. Millones eligieron lo segundo, no van a rendirse. Necesitan que se rompa el aislamiento, se señale de golpistas a los golpistas, se diga que la revolución no está sola, que somos un continente que reconoce a sus enemigos y se une para enfrentarlos.
La historia es hoy, comienza antes de que salga el sol, nos llama.
La Garganta Poderosa
Chavismo, autoorganización y reactivación
por Cira Pascual Marquina
Una conversa con el sociólogo marxista Antonio González Plessmann
LA HAINE - 22/01/2019
En
esta entrevista con Antonio González Plessmann, militante de izquierda,
activista de derechos humanos y miembro del Colectivo Surgentes, el
sociólogo reconoce que el potencial revolucionario del chavismo puede
estar aletargado, pero puede reactivarse en cualquier momento.
La llegada de Chávez al poder abre un periodo de intensa participación popular, desde la movilización y activación masiva del pueblo en el proceso constituyente de 1999, en la que las sesiones fueron televisadas, hasta los procesos de alfabetización masiva pasando por los Comités de Tierra Urbana, los consejos comunales y las comunas. Vivimos pues un proceso en el que el pueblo se asumió sujeto activo. Hoy, sin embargo, nos encontramos con una lógica política mucho más “desde arriba”, con expresiones claras como la Gran Misión Vivienda Venezuela o una constituyente a puertas cerradas. ¿Puedes ayudarnos a entender, brevemente, este transcurrir histórico?
Efectivamente, desde 1999, el protagonismo popular fue, junto a la mayor equidad en la distribución de la riqueza y la autonomía frente a los poderes hegemónicos mundiales, un pilar de todo el proceso. El pueblo pobre entrando en escena como actor político, es la esencia de la Revolución, su vitalidad.
Entre 2009 y 2012, Chávez subió el tamaño de esa apuesta, que sintetizó en 2012 en el “Comuna o nada”. En diálogo con las experiencias previas de organización popular, asume que la sobrevivencia y profundización de la Revolución se encuentra en la ampliación de los espacios de autogobiernos territoriales, en donde, desde abajo, se fueran construyendo nuevas formas de sociabilidad sustentadas en procesos de democratización económica y política.
Todo ello en un proceso de agregación progresiva de organizaciones territoriales que, “como una telaraña”, decía, fuera creando lo nuevo: la democracia socialista, a la venezolana. Se trataba de un gran experimento de impulso del Poder Popular desde el Estado, que logró animar y movilizar a una parte muy importante del pueblo pobre del país. Todo eso quedó programáticamente plasmado en el Plan de la Patria, en el Golpe de Timón y en el Aló Presidente Teórico N°1.
En 2013, sin embargo, entraron en resonancia varias crisis que explican el cambio en la orientación del gobierno en torno a muchos temas, incluyendo el del poder popular. No solo se perdió con la muerte de Chávez el liderazgo carismático y estratégico que facilitaba la articulación de sectores diversos en torno a un programa popular, sino que se inició una caída estrepitosa de los precios del petróleo en más de 60 puntos (entre 2014 y 2016), lo que implicó una radical disminución de la capacidad de compra en el exterior de los bienes intermedios y finales que el país requiere para su funcionamiento.
Hay que hacer un paréntesis para recordar que, pese a los logros en materia de inclusión social, la matriz productiva venezolana no fue modificada en los 15 años anteriores. No hubo una superación del rentismo por la izquierda. Por el contrario, nos hicimos más dependientes de las exportaciones petroleras, que eran el 77% del total de las exportaciones en 1997 y el 94% en 2014.
Otro elemento estructural, que se visibiliza muy claramente en este contexto, por la reducción de recursos del Estado, es la corrupción de una parte muy importante de la clase política, en gran medida vinculada al acceso a divisas para importaciones reales o fraudulentas.
Cerrado este paréntesis de factores estructurales, hay que agregar, por una parte, la terrible gestión económica del Gobierno, caracterizada por la inacción o medidas cortoplacistas, desde 2013 hasta 2017. Y, por otra parte, la radicalización de la arremetida de la derecha local e internacional, que identificó en esta debilidad económica y política su oportunidad no solo para lograr un cambio de gobierno, sino, sobre todo, para aleccionar al pueblo venezolano “mostrando” el fracaso de su revolución y la inviabilidad de cualquier experimento de superación democrática del capitalismo.
Manifestaciones insurreccionales (en 2014 y 2017), desconocimiento de resultados electorales (2013), conspiración contra la economía, bloqueo encubierto primero y abierto después, injerencia por parte de los Estados Unidos y otros gobiernos de derecha, en un contexto de reflujo de las fuerzas progresistas de la región. Todo esto implicó un gobierno muy débil, desde su nacimiento en 2013, un gobierno que logra mantenerse en el poder, pero no logra superar las crisis y mucho menos mostrar coherencia con el programa democrático de transición socialista.
Una parte de la dirigencia chavista va tomando el control del aparato de Estado y del PSUV, se va cerrando sobre sí misma, va realizando purgas, y decide una estrategia que implica el recorte progresivo de espacios democráticos. Legitimando su acción en la guerra económica y en la conspiración de la derecha (que son muy reales), responde limitando distintas formas de expresión de la voluntad popular.
Tanto en procesos nacionales, como la anulación del referéndum revocatorio impulsado por la oposición, la demora de un año en la realización de las elecciones de gobernadores o la omisión del referéndum popular para convocar el proceso constituyente, como en los espacios organizativos populares. En 2016 suspendieron las elecciones de los Consejos Comunales en todo el país y, en 2017, la línea fue elecciones de Consejos Comunales sólo con candidatos del PSUV.
En paralelo, el grueso de la acción social del gobierno se centró en los CLAP y en los bonos. Los consejos comunales perdieron vitalidad en los espacios populares, porque los CLAP generaron una estructura organizativa capilar sobre lo más importante para la gente: el acceso a los alimentos. A diferencia de los consejos comunales, en donde las vocerías son electas abiertamente por la comunidad, en los CLAP las representaciones son designadas por el Estado y el partido.
Esto significa, en la práctica, un saboteo estatal al fortalecimiento de los consejos comunales como espacio de poder popular. Les resta interlocución tanto con la comunidad como con las instituciones y profundiza el rol de los militantes sólo como gestores ante el Estado. El propio Nicolás declaró en 2017 que los CLAP eran “la mayor expresión del Poder Popular”.
En resumen, la ruta que decidió el gobierno para sobrevivir implica, en cuanto a la organización popular, formas organizativas controladas desde arriba, con nula autonomía, atravesadas largo a largo por lógicas clientelares despolitizadoras y el abandono de la propuesta de construcción socialista desde las bases. Eso por supuesto, choca contra múltiples experiencias levantiscas, chavistas, que existen por todo el país, que tienen hoy muy claro que “solo el pueblo salva al pueblo”.
Aunque el ejercicio participativo del chavismo se encuentre en una suerte de ocaso, hay experiencias muy hermosas de organización popular, de ejercicio del Poder Popular, gérmenes de lo que Chávez llamaría “socialismo territorial”, desde comunas como El Panal o El Maizal hasta proyectos autogestionarios como el Movimiento de Pobladores o el Ejército Productivo Obrero pasando por ejercicios de distribución directa como Pueblo a Pueblo. Entonces, ¿cómo reactivar la potencia participativa, este acervo revolucionario, del proyecto Chavista?
En medio de las múltiples crisis que vivimos como país, como izquierda y como chavismo , es importante reivindicar el orgullo chavista. Recordarnos que como pueblo pobre y como izquierda, protagonizando la Revolución Bolivariana, hemos tenido logros importantísimos: ser sujetos políticos, con conciencia de clase y de derecho; distribuir la riqueza nacional de manera más justa, mejorar sustancialmente nuestra vida, tener una política exterior autónoma y, derrumbar la ficción de que no hay alternativas a la democracia liberal y al capitalismo.
Pero no se trata solo de una reivindicación nostálgica del pasado. Desde lo que hemos vivido como chavismo , podemos leer la realidad actual y pensarnos salidas. Por ejemplo, podemos contrastar la política soberana petrolera chavista contra la privatización de facto que está ocurriendo en PDVSA, o al Chávez cuestionador del carácter racista y clasista de los operativos de seguridad de la Cuarta contra las ejecuciones extrajudiciales del FAES de la PNB y otros cuerpos de seguridad en los barrios populares, hoy.
De esa manera, desde nuestro orgullo chavista, interpelamos las orientaciones políticas que se apartan del proyecto que nos convocó, que nos pertenece como pueblo y que nos permitió mejorar nuestra vida. Y podemos, también, desde ese mismo orgullo, salir al encuentro de los sectores populares que están en la calle reclamando sus derechos: trabajadores que exigen sus derechos laborales, comunidades populares que exigen servicios públicos, enfermos que reclaman su derecho a la salud, campesinos que exigen su derecho a la tierra para producir alimentos y seguridad para sus vidas e integridad, etc.
El programa chavista del poder popular no cuenta ya con el Estado como el aliado que alguna vez fue. Eso es un dato de partida. Toca levantarlo casi exclusivamente desde las bases chavistas, desde las bases populares. Y para construir poder popular no hay que pedirle permiso a nadie, ni es un requisito contar con el apoyo de las instituciones o su legitimación. De hecho, en el mundo, Venezuela era una excepción, porque el poder popular se hace más allá de o en contra del Estado.
Un tema que considero central para la reactivación de la participación, es darles materialidad a las propuestas programáticas. Las experiencias organizativas deben asociarse a la resolución material de la vida y demostrar que es posible acceder a la satisfacción de derechos, como resultado de la autoorganización, la solidaridad, la participación directa y plural, la movilización y la exigibilidad al Estado o a poderes fácticos.
En esta coyuntura no cabe un discurso político con propuestas globales sobre la sociedad o la coyuntura, sin vinculación con la resolución de nuestros problemas inmediatos. La eficacia política pasa por la resolución de problemas concretos, por la vía de la autoorganización y de una pedagogía política democrática. En esto juega un rol fundamental el lograr construir un músculo económico que aumente la autonomía de las organizaciones populares.
Las experiencias que nombras y otras más justamente logran luminosidad porque parten de trabajos reales, no de tarimas o efectismos basados en financiamientos coyunturales. Tienen amplios respaldos sociales, porque la gente está protagonizando cambios profundos en su vida cotidiana.
Finalmente, creo que hay que promover espacios de articulación horizontal entre esos tipos de experiencias de construcción del poder popular, porque como islas estarían condenados a la derrota. Eso implica humildad, madurez política y una lógica pluralista que permita administrar democráticamente las diferencias. Hay que ir creando confianza entre esos actores del chavismo popular de izquierda, que son los que impulsan las experiencias reales de poder popular, sobre la base de hacer cosas juntos. Cosas pequeñas, primero y grandes, después.
Ese sector que no tiene fuerza política nacional actualmente, tiene sin embargo una fuerza moral increíble que hace posible una refundación chavista que relance el programa socialista del poder popular.
Entre las experiencias hermosas de organización popular contamos con una en la que tu participas de forma directa, en el barrio de San Agustín en Caracas. ¿Nos puedes echar el cuento?
Hago parte del Colectivo Surgentes, que acompaña desde hace cuatro años a organizaciones populares de San Agustín del Sur. El trabajo directamente en el territorio lo llevan otras compañeras del Colectivo y lo hacen con mucha pasión y mística revolucionaria. Junto a un grupo casi exclusivamente de mujeres de once barrios de la parroquia levantaron la Cooperativa Unidos San Agustín Convive, que distribuye verduras y hortalizas, quincenalmente, con un descuento de hasta el 70% en relación a los precios del mercado. Eso es posible por una alianza con los productores libres y asociados que forman parte de la red Pueblo a Pueblo. Nos estamos saltando las mafias de intermediarios, uniendo al pueblo del campo con el pueblo de la ciudad.
La Cooperativa cuida mucho sus procesos internos: la democracia, el pluralismo, la transparencia, la rendición de cuentas, la politización. Hemos visto que mucha gente chavista se ha alejado de los procesos organizativos populares (y mucha gente que nunca fue chavista no se acerca) porque identifica que existen privilegios en la distribución de recursos, que se reproducen las lógicas de “representantes” de la comunidad que tienen acceso preferente al Estado y entonces imponen sus decisiones expropiando el protagonismo popular.
Por eso, el cuido que las compañeras tienen de los procesos ha permitido el crecimiento y la apropiación local de la cooperativa. La gente identifica que ahí la política se hace de “otro modo”. Están demostrando, a veces en conflicto con la burocracia, que en medio de la crisis es posible crecer y acumular. Al tiempo que la Cooperativa contribuye con la mejora de la alimentación de la gente, aumenta los niveles de politización con prácticas democráticas que se inscriben en un horizonte chavista y socialista, sin excluir a nadie.
Lograron conseguir un camión donado por la ONA [Oficina Nacional Antidrogas] y fondos para repararlo, montaron un taller de producción textil que está generando fondo para las trabajadoras y para la cooperativa, mantienen con recursos propios tres espacios semanales de trabajo con niñas y niños, están montando una granjita agroecológica y mantienen permanentes relaciones con otros movimientos y colectivos que impulsan el poder popular, tanto en la ciudad como en el campo.
Ahora, tomando una perspectiva más continental pero que también nos toca a nosotros, tú has mencionado en un balance sobre los procesos progresistas en América Latina que un sector de la izquierda está abdicando del Estado, lo cual consideras que es un error. ¿Podrías hablarnos brevemente sobre este análisis?
Hay un sector de la izquierda intelectual latinoamericana que a la hora de hacer un balance de los llamados “progresismos” en la región terminan concluyendo que “no valió la pena”, porque hoy somos más dependientes, más extractivistas y menos democráticos. Este balance incluye una especie de abandono del Estado y una apuesta por la comunidad y las construcciones desde los movimientos sociales.
No quiero reducir sus argumentos que creo son importantes y necesarios para las discusiones a lo interno de la izquierda y mucho más complejos que los que señalo aquí. Solo resumo para explicar mi desacuerdo en relación con la renuncia al Estado.
Si bien hoy no tiene sentido pensar que la toma del poder equivale al control del Estado y que desde ese hecho fundacional se sustenta una revolución, tampoco lo tiene, a mi juicio, pensar que la mera acumulación desde abajo es la garantía de cambios más estructurales y sostenibles.
La derecha nunca se ha planteado una renuncia al Estado, porque el Estado sigue siendo un lugar denso de la red de relaciones de poder que surcan a una sociedad. Renunciar al Estado es perder por fortfait. Los procesos de cambio deben impulsarse tanto “desde arriba” como “desde abajo”, sin renunciar a espacios de disputa.
Tampoco, pese a las enormes complejidades que implica para la experiencia venezolana (con un Estado rentista), creo que hay que sentir vergüenza porque las experiencias de organización venezolanas fueron impulsadas desde el Estado (es decir, “desde arriba”). Efectivamente eso implica una tendencia inevitable al control, al uso clientelar, a la docilización, pero también hay que evidenciar que fue por ese apoyo del Estado, por esa decisión política de la Revolución Bolivariana, que fue posible la mayor experiencia de participación y organización popular del país.
Lo que la gente ha aprendido, lo que se ha politizado, incluso en esas mezclas de autonomía, rebeldía, clientelismo y docilidad que implican las actuales relaciones con el Estado, es muy grande y muy importante. Como lo fue el uso político del petróleo (administrado por el Estado) para distribuir riqueza y promover espacios de autonomía en la región. Como decimos en Venezuela, nadie nos quita lo bailao, aunque tenemos mucho que evaluar críticamente y aprender, de nuestra propia experiencia.
Venezuelanalysis. Se puede descargar la versión en inglés aquí.
La llegada de Chávez al poder abre un periodo de intensa participación popular, desde la movilización y activación masiva del pueblo en el proceso constituyente de 1999, en la que las sesiones fueron televisadas, hasta los procesos de alfabetización masiva pasando por los Comités de Tierra Urbana, los consejos comunales y las comunas. Vivimos pues un proceso en el que el pueblo se asumió sujeto activo. Hoy, sin embargo, nos encontramos con una lógica política mucho más “desde arriba”, con expresiones claras como la Gran Misión Vivienda Venezuela o una constituyente a puertas cerradas. ¿Puedes ayudarnos a entender, brevemente, este transcurrir histórico?
Efectivamente, desde 1999, el protagonismo popular fue, junto a la mayor equidad en la distribución de la riqueza y la autonomía frente a los poderes hegemónicos mundiales, un pilar de todo el proceso. El pueblo pobre entrando en escena como actor político, es la esencia de la Revolución, su vitalidad.
Entre 2009 y 2012, Chávez subió el tamaño de esa apuesta, que sintetizó en 2012 en el “Comuna o nada”. En diálogo con las experiencias previas de organización popular, asume que la sobrevivencia y profundización de la Revolución se encuentra en la ampliación de los espacios de autogobiernos territoriales, en donde, desde abajo, se fueran construyendo nuevas formas de sociabilidad sustentadas en procesos de democratización económica y política.
Todo ello en un proceso de agregación progresiva de organizaciones territoriales que, “como una telaraña”, decía, fuera creando lo nuevo: la democracia socialista, a la venezolana. Se trataba de un gran experimento de impulso del Poder Popular desde el Estado, que logró animar y movilizar a una parte muy importante del pueblo pobre del país. Todo eso quedó programáticamente plasmado en el Plan de la Patria, en el Golpe de Timón y en el Aló Presidente Teórico N°1.
En 2013, sin embargo, entraron en resonancia varias crisis que explican el cambio en la orientación del gobierno en torno a muchos temas, incluyendo el del poder popular. No solo se perdió con la muerte de Chávez el liderazgo carismático y estratégico que facilitaba la articulación de sectores diversos en torno a un programa popular, sino que se inició una caída estrepitosa de los precios del petróleo en más de 60 puntos (entre 2014 y 2016), lo que implicó una radical disminución de la capacidad de compra en el exterior de los bienes intermedios y finales que el país requiere para su funcionamiento.
Hay que hacer un paréntesis para recordar que, pese a los logros en materia de inclusión social, la matriz productiva venezolana no fue modificada en los 15 años anteriores. No hubo una superación del rentismo por la izquierda. Por el contrario, nos hicimos más dependientes de las exportaciones petroleras, que eran el 77% del total de las exportaciones en 1997 y el 94% en 2014.
Otro elemento estructural, que se visibiliza muy claramente en este contexto, por la reducción de recursos del Estado, es la corrupción de una parte muy importante de la clase política, en gran medida vinculada al acceso a divisas para importaciones reales o fraudulentas.
Cerrado este paréntesis de factores estructurales, hay que agregar, por una parte, la terrible gestión económica del Gobierno, caracterizada por la inacción o medidas cortoplacistas, desde 2013 hasta 2017. Y, por otra parte, la radicalización de la arremetida de la derecha local e internacional, que identificó en esta debilidad económica y política su oportunidad no solo para lograr un cambio de gobierno, sino, sobre todo, para aleccionar al pueblo venezolano “mostrando” el fracaso de su revolución y la inviabilidad de cualquier experimento de superación democrática del capitalismo.
Manifestaciones insurreccionales (en 2014 y 2017), desconocimiento de resultados electorales (2013), conspiración contra la economía, bloqueo encubierto primero y abierto después, injerencia por parte de los Estados Unidos y otros gobiernos de derecha, en un contexto de reflujo de las fuerzas progresistas de la región. Todo esto implicó un gobierno muy débil, desde su nacimiento en 2013, un gobierno que logra mantenerse en el poder, pero no logra superar las crisis y mucho menos mostrar coherencia con el programa democrático de transición socialista.
Una parte de la dirigencia chavista va tomando el control del aparato de Estado y del PSUV, se va cerrando sobre sí misma, va realizando purgas, y decide una estrategia que implica el recorte progresivo de espacios democráticos. Legitimando su acción en la guerra económica y en la conspiración de la derecha (que son muy reales), responde limitando distintas formas de expresión de la voluntad popular.
Tanto en procesos nacionales, como la anulación del referéndum revocatorio impulsado por la oposición, la demora de un año en la realización de las elecciones de gobernadores o la omisión del referéndum popular para convocar el proceso constituyente, como en los espacios organizativos populares. En 2016 suspendieron las elecciones de los Consejos Comunales en todo el país y, en 2017, la línea fue elecciones de Consejos Comunales sólo con candidatos del PSUV.
En paralelo, el grueso de la acción social del gobierno se centró en los CLAP y en los bonos. Los consejos comunales perdieron vitalidad en los espacios populares, porque los CLAP generaron una estructura organizativa capilar sobre lo más importante para la gente: el acceso a los alimentos. A diferencia de los consejos comunales, en donde las vocerías son electas abiertamente por la comunidad, en los CLAP las representaciones son designadas por el Estado y el partido.
Esto significa, en la práctica, un saboteo estatal al fortalecimiento de los consejos comunales como espacio de poder popular. Les resta interlocución tanto con la comunidad como con las instituciones y profundiza el rol de los militantes sólo como gestores ante el Estado. El propio Nicolás declaró en 2017 que los CLAP eran “la mayor expresión del Poder Popular”.
En resumen, la ruta que decidió el gobierno para sobrevivir implica, en cuanto a la organización popular, formas organizativas controladas desde arriba, con nula autonomía, atravesadas largo a largo por lógicas clientelares despolitizadoras y el abandono de la propuesta de construcción socialista desde las bases. Eso por supuesto, choca contra múltiples experiencias levantiscas, chavistas, que existen por todo el país, que tienen hoy muy claro que “solo el pueblo salva al pueblo”.
Aunque el ejercicio participativo del chavismo se encuentre en una suerte de ocaso, hay experiencias muy hermosas de organización popular, de ejercicio del Poder Popular, gérmenes de lo que Chávez llamaría “socialismo territorial”, desde comunas como El Panal o El Maizal hasta proyectos autogestionarios como el Movimiento de Pobladores o el Ejército Productivo Obrero pasando por ejercicios de distribución directa como Pueblo a Pueblo. Entonces, ¿cómo reactivar la potencia participativa, este acervo revolucionario, del proyecto Chavista?
En medio de las múltiples crisis que vivimos como país, como izquierda y como chavismo , es importante reivindicar el orgullo chavista. Recordarnos que como pueblo pobre y como izquierda, protagonizando la Revolución Bolivariana, hemos tenido logros importantísimos: ser sujetos políticos, con conciencia de clase y de derecho; distribuir la riqueza nacional de manera más justa, mejorar sustancialmente nuestra vida, tener una política exterior autónoma y, derrumbar la ficción de que no hay alternativas a la democracia liberal y al capitalismo.
Pero no se trata solo de una reivindicación nostálgica del pasado. Desde lo que hemos vivido como chavismo , podemos leer la realidad actual y pensarnos salidas. Por ejemplo, podemos contrastar la política soberana petrolera chavista contra la privatización de facto que está ocurriendo en PDVSA, o al Chávez cuestionador del carácter racista y clasista de los operativos de seguridad de la Cuarta contra las ejecuciones extrajudiciales del FAES de la PNB y otros cuerpos de seguridad en los barrios populares, hoy.
De esa manera, desde nuestro orgullo chavista, interpelamos las orientaciones políticas que se apartan del proyecto que nos convocó, que nos pertenece como pueblo y que nos permitió mejorar nuestra vida. Y podemos, también, desde ese mismo orgullo, salir al encuentro de los sectores populares que están en la calle reclamando sus derechos: trabajadores que exigen sus derechos laborales, comunidades populares que exigen servicios públicos, enfermos que reclaman su derecho a la salud, campesinos que exigen su derecho a la tierra para producir alimentos y seguridad para sus vidas e integridad, etc.
El programa chavista del poder popular no cuenta ya con el Estado como el aliado que alguna vez fue. Eso es un dato de partida. Toca levantarlo casi exclusivamente desde las bases chavistas, desde las bases populares. Y para construir poder popular no hay que pedirle permiso a nadie, ni es un requisito contar con el apoyo de las instituciones o su legitimación. De hecho, en el mundo, Venezuela era una excepción, porque el poder popular se hace más allá de o en contra del Estado.
Un tema que considero central para la reactivación de la participación, es darles materialidad a las propuestas programáticas. Las experiencias organizativas deben asociarse a la resolución material de la vida y demostrar que es posible acceder a la satisfacción de derechos, como resultado de la autoorganización, la solidaridad, la participación directa y plural, la movilización y la exigibilidad al Estado o a poderes fácticos.
En esta coyuntura no cabe un discurso político con propuestas globales sobre la sociedad o la coyuntura, sin vinculación con la resolución de nuestros problemas inmediatos. La eficacia política pasa por la resolución de problemas concretos, por la vía de la autoorganización y de una pedagogía política democrática. En esto juega un rol fundamental el lograr construir un músculo económico que aumente la autonomía de las organizaciones populares.
Las experiencias que nombras y otras más justamente logran luminosidad porque parten de trabajos reales, no de tarimas o efectismos basados en financiamientos coyunturales. Tienen amplios respaldos sociales, porque la gente está protagonizando cambios profundos en su vida cotidiana.
Finalmente, creo que hay que promover espacios de articulación horizontal entre esos tipos de experiencias de construcción del poder popular, porque como islas estarían condenados a la derrota. Eso implica humildad, madurez política y una lógica pluralista que permita administrar democráticamente las diferencias. Hay que ir creando confianza entre esos actores del chavismo popular de izquierda, que son los que impulsan las experiencias reales de poder popular, sobre la base de hacer cosas juntos. Cosas pequeñas, primero y grandes, después.
Ese sector que no tiene fuerza política nacional actualmente, tiene sin embargo una fuerza moral increíble que hace posible una refundación chavista que relance el programa socialista del poder popular.
Entre las experiencias hermosas de organización popular contamos con una en la que tu participas de forma directa, en el barrio de San Agustín en Caracas. ¿Nos puedes echar el cuento?
Hago parte del Colectivo Surgentes, que acompaña desde hace cuatro años a organizaciones populares de San Agustín del Sur. El trabajo directamente en el territorio lo llevan otras compañeras del Colectivo y lo hacen con mucha pasión y mística revolucionaria. Junto a un grupo casi exclusivamente de mujeres de once barrios de la parroquia levantaron la Cooperativa Unidos San Agustín Convive, que distribuye verduras y hortalizas, quincenalmente, con un descuento de hasta el 70% en relación a los precios del mercado. Eso es posible por una alianza con los productores libres y asociados que forman parte de la red Pueblo a Pueblo. Nos estamos saltando las mafias de intermediarios, uniendo al pueblo del campo con el pueblo de la ciudad.
La Cooperativa cuida mucho sus procesos internos: la democracia, el pluralismo, la transparencia, la rendición de cuentas, la politización. Hemos visto que mucha gente chavista se ha alejado de los procesos organizativos populares (y mucha gente que nunca fue chavista no se acerca) porque identifica que existen privilegios en la distribución de recursos, que se reproducen las lógicas de “representantes” de la comunidad que tienen acceso preferente al Estado y entonces imponen sus decisiones expropiando el protagonismo popular.
Por eso, el cuido que las compañeras tienen de los procesos ha permitido el crecimiento y la apropiación local de la cooperativa. La gente identifica que ahí la política se hace de “otro modo”. Están demostrando, a veces en conflicto con la burocracia, que en medio de la crisis es posible crecer y acumular. Al tiempo que la Cooperativa contribuye con la mejora de la alimentación de la gente, aumenta los niveles de politización con prácticas democráticas que se inscriben en un horizonte chavista y socialista, sin excluir a nadie.
Lograron conseguir un camión donado por la ONA [Oficina Nacional Antidrogas] y fondos para repararlo, montaron un taller de producción textil que está generando fondo para las trabajadoras y para la cooperativa, mantienen con recursos propios tres espacios semanales de trabajo con niñas y niños, están montando una granjita agroecológica y mantienen permanentes relaciones con otros movimientos y colectivos que impulsan el poder popular, tanto en la ciudad como en el campo.
Ahora, tomando una perspectiva más continental pero que también nos toca a nosotros, tú has mencionado en un balance sobre los procesos progresistas en América Latina que un sector de la izquierda está abdicando del Estado, lo cual consideras que es un error. ¿Podrías hablarnos brevemente sobre este análisis?
Hay un sector de la izquierda intelectual latinoamericana que a la hora de hacer un balance de los llamados “progresismos” en la región terminan concluyendo que “no valió la pena”, porque hoy somos más dependientes, más extractivistas y menos democráticos. Este balance incluye una especie de abandono del Estado y una apuesta por la comunidad y las construcciones desde los movimientos sociales.
No quiero reducir sus argumentos que creo son importantes y necesarios para las discusiones a lo interno de la izquierda y mucho más complejos que los que señalo aquí. Solo resumo para explicar mi desacuerdo en relación con la renuncia al Estado.
Si bien hoy no tiene sentido pensar que la toma del poder equivale al control del Estado y que desde ese hecho fundacional se sustenta una revolución, tampoco lo tiene, a mi juicio, pensar que la mera acumulación desde abajo es la garantía de cambios más estructurales y sostenibles.
La derecha nunca se ha planteado una renuncia al Estado, porque el Estado sigue siendo un lugar denso de la red de relaciones de poder que surcan a una sociedad. Renunciar al Estado es perder por fortfait. Los procesos de cambio deben impulsarse tanto “desde arriba” como “desde abajo”, sin renunciar a espacios de disputa.
Tampoco, pese a las enormes complejidades que implica para la experiencia venezolana (con un Estado rentista), creo que hay que sentir vergüenza porque las experiencias de organización venezolanas fueron impulsadas desde el Estado (es decir, “desde arriba”). Efectivamente eso implica una tendencia inevitable al control, al uso clientelar, a la docilización, pero también hay que evidenciar que fue por ese apoyo del Estado, por esa decisión política de la Revolución Bolivariana, que fue posible la mayor experiencia de participación y organización popular del país.
Lo que la gente ha aprendido, lo que se ha politizado, incluso en esas mezclas de autonomía, rebeldía, clientelismo y docilidad que implican las actuales relaciones con el Estado, es muy grande y muy importante. Como lo fue el uso político del petróleo (administrado por el Estado) para distribuir riqueza y promover espacios de autonomía en la región. Como decimos en Venezuela, nadie nos quita lo bailao, aunque tenemos mucho que evaluar críticamente y aprender, de nuestra propia experiencia.
Venezuelanalysis. Se puede descargar la versión en inglés aquí.
Desde Colombia se planifica la desintegración regional
Iván Duque se propone desplazar a la Unasur y aislar a Venezuela (Foto: Luisa Gonzalez / Reuters)
18 Ene 2019, 7:31 am. - MISIÓN VERDAD
El presidente colombiano
Iván Duque ha propuesto recientemente la creación de una instancia
sudamericana alternativa a la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR).
Ha promovido la creación de la "Prosur" como una instancia de "defensa
de la integración y de la democracia de mercado".
La eventual formulación de esta instancia ejecutiva subregional intenta desplazar a Venezuela dejando en extenuación a la UNASUR, que fue promovida principalmente por Hugo Chávez y Luis Inácio Lula da Silva en tiempos del ciclo progresista regional. Evidentemente, esta instancia promovería el ostracismo político de Venezuela en continuidad a la agenda del Grupo de Lima, como grupo no vinculante, pero que orquesta la política estadounidense de cerco a la nación petrolera.
La evolución del desmembramiento de los procesos genuinamente integracionistas en Sudamérica tiene un nudo crítico desde las acciones de bloqueo a las gestiones por el ingreso de Venezuela al Mercado Común del Sur (MERCOSUR). Este periplo tuvo el episodio del parlamento paraguayo dejando en inanición el ingreso de Venezuela como miembro pleno durante años.
Pero luego vino el golpe de Estado contra Fernando Lugo en el año 2012. Este evento inhabilitó circunstancialmente a la nación guaraní del bloque y Venezuela ingresó a plenitud a dicha instancia. Sin embargo, al iniciar el año 2013 con Venezuela en el MERCOSUR y en plenas funciones de la UNASUR, era evidente que las rupturas ordenadas a los procesos integracionistas tenían el foco sobre Venezuela.
En el año 2016 el hackeo al correo personal de Hillary Clinton facilitó la filtración de comunicaciones entre la jefa del Departamento de Estado de la gestión de Barack Obama y otros agentes de la política regional, donde se promovía "contener a Chávez" desde 2010 y se aupaban las rupturas y cercos diplomáticos contra Venezuela.
En 2016 ya estaba consumado el golpe de Estado a Dilma Rousseff en Brasil y además tenía lugar el ascenso de Mauricio Macri en Argentina. Al mismo tiempo el derechista Horacio Cartes estaba al mando en Paraguay. De esta manera, se veta el derecho de Venezuela a asumir la presidencia anual del MERCOSUR ese año y se promovió la inhabilitación del país petrolero en el bloque mediante el cabildeo y presiones al gobierno del Frente Amplio de izquierda moderada con Tabaré Vásquez en ejercicio del poder en Uruguay.
Para 2017 Ernesto Samper culminaba sus gestiones en la Secretaría General de la UNASUR y los señalamientos políticamente teledirigidos contra Venezuela en la trama de cerco, inhabilitaron las posibilidades de consensos para elegir un nuevo Secretario General. Hechos que podrían considerarse como acciones claramente formuladas para dejar sin efecto a la unión de países.
La Alianza Pacífico, conocida como otro espacio para la promoción de la política de mercado en el continente, estuvo siempre acompañando el enfoque común de alterar el cuadro integracionista gestado en el ciclo progresista. Desde ese bloque se promovieron agendas conexas que debilitaron las posiciones unánimes del bloque sudamericano desde el año 2012 hasta 2016. Es otro factor a considerar, pues sirvió de plataforma para la promoción de Colombia como factor modulador de la política regional una vez pierde su apresto político con la disolución del Pacto Andino desde 2005.
Desde la Alianza Pacífico, Colombia asumió un rol cada vez más activo en señalar el "acotamiento" de la UNASUR.
Desde 2017 Colombia, bajo la magistratura de Juan Manuel Santos, hizo gestos de abandonar el bloque. Al mismo tiempo, la derecha asumió el control de Ecuador sin necesidad de ganar las elecciones y se propicia otro golpe a la integración, empleando a Lenin Moreno, evidentemente cooptado por factores adversos a la Revolución Ciudadana, quien en 2018 solicitó desmembrar la sede física de la UNASUR en Quito.
El recrudecimiento de las tensiones regionales y el direccionamiento de una retórica hiperpropagandizada, cada vez más visceral, contra el presidente Maduro y la institucionalidad venezolana, se permitió en varias oportunidades señalar la necesidad de desmembrar la UNASUR por ser una creación de Chávez y de Lula (señalado como corrupto y quien es actualmente un preso político en su país).
El cuadro sudamericano actualmente es de abierta y deliberada disolución de los consensos políticos que otrora habían pensado a la región sudamericana como una subregión amalgamada mediante la gobernanza política y económica desde un enfoque disruptivo, estratégico y propio.
Entretanto, Jair Bolsonaro en Brasil y Mauricio Macri en Argentina han dado nuevos reveses a la política exterior de sus países confinándolas a la hegemonía política y económica estadounidense, mientras que a Colombia la política estratégica norteamericana le está delegando un rol de aparente liderazgo, pero que en términos prácticos es bastante vasallo, para crear una franquicia pseudo-integradora en Sudamérica bajo factura del Departamento de Estado gringo.
Dicho así, la evolución de las relaciones internacionales en Sudamérica, que están marcadas en este 2019 entre avalar o no el injerencismo contra Venezuela, tiene la nueva variante de diluir a la UNASUR y promover Prosur, donde sólo tendrá acceso Venezuela si el poder deja de ser bolivariano y chavista.
Dicho de otra manera, se promueve un cerco político que intenta tener el rostro ejecutivo e institucional que no tiene el Grupo de Lima y que no tendría el desgaste de la Organización de Estados Americanos (OEA).
La eventual formulación de esta instancia ejecutiva subregional intenta desplazar a Venezuela dejando en extenuación a la UNASUR, que fue promovida principalmente por Hugo Chávez y Luis Inácio Lula da Silva en tiempos del ciclo progresista regional. Evidentemente, esta instancia promovería el ostracismo político de Venezuela en continuidad a la agenda del Grupo de Lima, como grupo no vinculante, pero que orquesta la política estadounidense de cerco a la nación petrolera.
La evolución del desmembramiento de los procesos genuinamente integracionistas en Sudamérica tiene un nudo crítico desde las acciones de bloqueo a las gestiones por el ingreso de Venezuela al Mercado Común del Sur (MERCOSUR). Este periplo tuvo el episodio del parlamento paraguayo dejando en inanición el ingreso de Venezuela como miembro pleno durante años.
Pero luego vino el golpe de Estado contra Fernando Lugo en el año 2012. Este evento inhabilitó circunstancialmente a la nación guaraní del bloque y Venezuela ingresó a plenitud a dicha instancia. Sin embargo, al iniciar el año 2013 con Venezuela en el MERCOSUR y en plenas funciones de la UNASUR, era evidente que las rupturas ordenadas a los procesos integracionistas tenían el foco sobre Venezuela.
En el año 2016 el hackeo al correo personal de Hillary Clinton facilitó la filtración de comunicaciones entre la jefa del Departamento de Estado de la gestión de Barack Obama y otros agentes de la política regional, donde se promovía "contener a Chávez" desde 2010 y se aupaban las rupturas y cercos diplomáticos contra Venezuela.
En 2016 ya estaba consumado el golpe de Estado a Dilma Rousseff en Brasil y además tenía lugar el ascenso de Mauricio Macri en Argentina. Al mismo tiempo el derechista Horacio Cartes estaba al mando en Paraguay. De esta manera, se veta el derecho de Venezuela a asumir la presidencia anual del MERCOSUR ese año y se promovió la inhabilitación del país petrolero en el bloque mediante el cabildeo y presiones al gobierno del Frente Amplio de izquierda moderada con Tabaré Vásquez en ejercicio del poder en Uruguay.
Para 2017 Ernesto Samper culminaba sus gestiones en la Secretaría General de la UNASUR y los señalamientos políticamente teledirigidos contra Venezuela en la trama de cerco, inhabilitaron las posibilidades de consensos para elegir un nuevo Secretario General. Hechos que podrían considerarse como acciones claramente formuladas para dejar sin efecto a la unión de países.
La Alianza Pacífico, conocida como otro espacio para la promoción de la política de mercado en el continente, estuvo siempre acompañando el enfoque común de alterar el cuadro integracionista gestado en el ciclo progresista. Desde ese bloque se promovieron agendas conexas que debilitaron las posiciones unánimes del bloque sudamericano desde el año 2012 hasta 2016. Es otro factor a considerar, pues sirvió de plataforma para la promoción de Colombia como factor modulador de la política regional una vez pierde su apresto político con la disolución del Pacto Andino desde 2005.
Desde la Alianza Pacífico, Colombia asumió un rol cada vez más activo en señalar el "acotamiento" de la UNASUR.
Desde 2017 Colombia, bajo la magistratura de Juan Manuel Santos, hizo gestos de abandonar el bloque. Al mismo tiempo, la derecha asumió el control de Ecuador sin necesidad de ganar las elecciones y se propicia otro golpe a la integración, empleando a Lenin Moreno, evidentemente cooptado por factores adversos a la Revolución Ciudadana, quien en 2018 solicitó desmembrar la sede física de la UNASUR en Quito.
El recrudecimiento de las tensiones regionales y el direccionamiento de una retórica hiperpropagandizada, cada vez más visceral, contra el presidente Maduro y la institucionalidad venezolana, se permitió en varias oportunidades señalar la necesidad de desmembrar la UNASUR por ser una creación de Chávez y de Lula (señalado como corrupto y quien es actualmente un preso político en su país).
El cuadro sudamericano actualmente es de abierta y deliberada disolución de los consensos políticos que otrora habían pensado a la región sudamericana como una subregión amalgamada mediante la gobernanza política y económica desde un enfoque disruptivo, estratégico y propio.
Entretanto, Jair Bolsonaro en Brasil y Mauricio Macri en Argentina han dado nuevos reveses a la política exterior de sus países confinándolas a la hegemonía política y económica estadounidense, mientras que a Colombia la política estratégica norteamericana le está delegando un rol de aparente liderazgo, pero que en términos prácticos es bastante vasallo, para crear una franquicia pseudo-integradora en Sudamérica bajo factura del Departamento de Estado gringo.
Dicho así, la evolución de las relaciones internacionales en Sudamérica, que están marcadas en este 2019 entre avalar o no el injerencismo contra Venezuela, tiene la nueva variante de diluir a la UNASUR y promover Prosur, donde sólo tendrá acceso Venezuela si el poder deja de ser bolivariano y chavista.
Dicho de otra manera, se promueve un cerco político que intenta tener el rostro ejecutivo e institucional que no tiene el Grupo de Lima y que no tendría el desgaste de la Organización de Estados Americanos (OEA).
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Cuba y Venezuela acuerdan plan de cooperación para 2019
14 diciembre 2018
| CUBADEBATE
La 19 Reunión de la Comisión Intergubernamental Cuba-Venezuela
concluyó este viernes con la aprobación del plan de cooperación para el
próximo año, integrado por 22 proyectos que impactarán en nueve
sectores socioeconómicos calve para ambos países.
En el encuentro efectuado en el Palacio de Convenciones de La Habana con la presencia de Delcy Rodríguez, vicepresidenta Ejecutiva de la nación sudamericana, Ricardo Cabrisas, vicepresidente cubano del Consejo de Ministros, especificó que se trata de “objetivos altamente prioritarios y con capacidad real de la partes para ejecutarlos con eficiencia y racionalidad”.
De acuerdo con Cabrisas, del total de los recursos que se destinará el 90 por ciento estará vinculado con el fortalecimiento y desarrollo de los servicios de salud y la producción de medicamentos. No obstante, dijo que se mantienen planes en otras actividades como la agricultura urbana, educación, cultura, deporte, servicios eléctricos y la formación de recursos humanos.
Destacó que en 2018 se logró un cumplimiento satisfactorio en la ejecución de los proyectos bilaterales, pese a las severas dificultades ocasionadas por las limitaciones impuestas por la guerra económica que impulsa Estados Unidos contra Venezuela, así como por el recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero que sostiene ese país norteño contra Cuba.
Rodríguez valoró que este resulta un momento determinante para los dos pueblos. La firma del plan para 2019 simboliza también “el trabajo comprometido de dos países que se unieron en el legado de Martí y Bolívar para ser libres y enarbolar su dignidad”.
La Vicepresidenta Ejecutiva habló sobre los beneficios de los planes impulsados como parte del Convenio Integral de Cooperación entre Cuba y Venezuela, suscrito el 30 de octubre de 2000, por Fidel y Chávez.
Durante estos 18 años han laborado en Venezuela unos 220 mil colaboradores cubanos, “quienes se han desprendido de su familia y amigos para llevar amor al pueblo venezolano”. Para su país, dijo, esta cooperación ha significado felicidad, y por eso estarán eternamente agradecidos.
En el encuentro las partes firmaron los contratos de tres de los proyectos incluidos en el plan de cooperación de 2019:
En el encuentro efectuado en el Palacio de Convenciones de La Habana con la presencia de Delcy Rodríguez, vicepresidenta Ejecutiva de la nación sudamericana, Ricardo Cabrisas, vicepresidente cubano del Consejo de Ministros, especificó que se trata de “objetivos altamente prioritarios y con capacidad real de la partes para ejecutarlos con eficiencia y racionalidad”.
De acuerdo con Cabrisas, del total de los recursos que se destinará el 90 por ciento estará vinculado con el fortalecimiento y desarrollo de los servicios de salud y la producción de medicamentos. No obstante, dijo que se mantienen planes en otras actividades como la agricultura urbana, educación, cultura, deporte, servicios eléctricos y la formación de recursos humanos.
Destacó que en 2018 se logró un cumplimiento satisfactorio en la ejecución de los proyectos bilaterales, pese a las severas dificultades ocasionadas por las limitaciones impuestas por la guerra económica que impulsa Estados Unidos contra Venezuela, así como por el recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero que sostiene ese país norteño contra Cuba.
El Vicepresidente del Consejo de Ministros subrayó que en 2019 ambas naciones fortalecerán y ampliarán sus relaciones, a partir de nuevas iniciativas identificadas conjuntamente. “Seguiremos con lealtad la línea que sellaron los líderes históricos Hugo Chávez y Fidel Castro”.Sobre la 16 Cumbre ALBA-TCP, que sesiona esta jornada en La Habana, Cabrisas adelantó que Cuba reafirmará su solidaridad incondicional con Venezuela y rechazará las medidas coercitivas unilaterales que entorpecen la gestión del Gobierno del presidente Nicolás Maduro, quien emprenderá un nuevo mandato en enero.
Rodríguez valoró que este resulta un momento determinante para los dos pueblos. La firma del plan para 2019 simboliza también “el trabajo comprometido de dos países que se unieron en el legado de Martí y Bolívar para ser libres y enarbolar su dignidad”.
La Vicepresidenta Ejecutiva habló sobre los beneficios de los planes impulsados como parte del Convenio Integral de Cooperación entre Cuba y Venezuela, suscrito el 30 de octubre de 2000, por Fidel y Chávez.
Durante estos 18 años han laborado en Venezuela unos 220 mil colaboradores cubanos, “quienes se han desprendido de su familia y amigos para llevar amor al pueblo venezolano”. Para su país, dijo, esta cooperación ha significado felicidad, y por eso estarán eternamente agradecidos.
“Mientras el neofascismo que hoy se instala en Brasil ha decidido interrumpir el derecho a la salud de millones de brasileños, en Venezuela decimos gracias hermanos de Cuba por enaltecer la dignidad latinoamericana y caribeña”, enfatizó.A la clausura de la Comisión Intergubernamental asistieron Rodrigo Malmierca, ministro de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera de Cuba; Aristóbulo Istúriz, vicepresidente venezolano para el Área Social y titular del Poder Popular para la Educación Básica, además de otros ministros y funcionarios de los dos países.
En el encuentro las partes firmaron los contratos de tres de los proyectos incluidos en el plan de cooperación de 2019:
- Para la profundización de la política educativa en el marco del segundo Plan socialista 2013-2019 y la revolución del conocimiento, la ciencia y la tecnología en el subsistema de Educación básica venezolano.
- Para la formación de técnicos, prestación y asesoramiento para los servicios técnicos de electromedicina en la red del Ministerio del Poder Popular para la Salud.
- Para desarrollar capacidades para la producción de insumos y agrosoportes en espacios urbanos, periurbanos y familiares, a través del acompañamiento y la asistencia técnica.
Venezuela podría tener la reserva de oro más grande del planeta
Una
idea recurrente dentro de las matrices mediáticas que buscan persuadir a
los venezolanos de emigrar, es que el país "ya no tiene futuro".
Agotados por la intensa guerra psicológica que perpetua la noción de un
país destinado al desastre, muchos han sucumbido a cambiar los "espejos"
literalmente por el oro.
En
una semana donde la actividad minera ha cobrado especial relevancia,
debido al conflicto generado en un territorio protegido del sur de
Venezuela, hablamos en exclusiva para Sputnik con Víctor Cano, Ministro
de Desarrollo Minero Ecológico, para tratar este y otros aspectos
relacionados con tan sensible actividad económica.
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Sputnik / José Negrón Valera
Víctor Cano, Ministro de Desarrollo Minero Ecológico
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Sputnik / Sergey Guneev
— Comencemos con la más reciente gira que hiciera el Presidente Maduro a Rusia ¿Cómo avanzan los acuerdos bilaterales?
— Con Rusia se llevan cinco temas: energético, militar, comercial, minero y agroalimentario. La visita más reciente fue una reunión preparatoria para la Comisión Intergubernamental de Alto Nivel (CIAN) que se llevará a cabo en el mes de marzo de 2019 en Moscú. Se acaba de firmar un memorándum de entendimiento entre el Ministerio de Energía y Recursos Naturales de Rusia, que es nuestro homólogo. Se trata de un documento bastante amplio que incluye todo lo que respecta a la investigación, la formación de personal, la certificación de nuestras reservas mineras y la posibilidad de trabajar en conjunto la explotación de minerales.
—¿Cuántos países se encuentran participando activamente en el desarrollo del Arco Minero del Orinoco?
— Tenemos conversaciones con Sudáfrica y con Angola. También conversaciones incipientes con Catar para que realice inversiones. Ya están participando una empresa canadiense, empresas turcas y hay una inversión del sector privado venezolano importante. Los rusos ya tienen participación activa en el sector petrolero y este documento que firmamos abre el camino para que también la tengan en el sector minero.
También: Rusia y Venezuela anuncian avances sobre cooperación en arco minero
—¿Cuánto tiempo puede llevar el que se haga efectiva dicha participación?
— Nosotros esperamos que ya en la próxima CIAN del 2019, firmemos acuerdos concretos. Estamos buscando la posibilidad de que ALROSA, que es la empresa que produce la mayor cantidad de diamantes en el mundo y que cuenta con mucha experiencia en países como Angola y Suráfrica, participe en el Arco Minero. Eso nos permitiría tener una empresa con un gran respaldo en el tema diamantífero. Es una empresa donde hay una pequeña participación del Gobierno ruso, pero la mayor parte de su capital es privado. Existe también la posibilidad, de que otras empresas rusas se integren en la explotación del oro. Hemos tenido conversaciones con GAZPROM, quienes tienen una división dedicada a la minería.
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Sputnik / José Negrón Valera
El mapa de producción de oro y diamantes
— Con Rosneft hay conversaciones para que ellos adquieran coltán venezolano, y aunque en principio es solo un acuerdo comercial de adquisición, es posible que también puedan participar en la producción. Hay otra empresa rusa, VostokCoal, que se dedica a la explotación de carbón. Están evaluando la posibilidad de participar en la extracción de carbón en algunas áreas de Venezuela, puede que en el Zulia, Anzoátegui o en Táchira. Está también la cooperación institucional, por ejemplo con la Agencia Federal Rosnedra, que es el homólogo ruso de nuestro Instituto Nacional de Geología y Minería (INGEOMIN), para lo referente a la adecuación de los laboratorios geológicos aquí en Venezuela. Hay otros proyectos que implican la capacitación del personal a nivel de pre grado y post grado en materia de minería. Los rusos tienen una gran potencialidad para la certificación de las reservas con métodos geofísicos y geológicos, con lo cual se aspira responder las tres preguntas claves ¿Qué hay? ¿Dónde se encuentra? y ¿Cuánto hay?
—¿En qué otros minerales Venezuela tiene una ventaja competitiva que lo distinga al resto de países?
— Está el Coltán, el Níquel y el Feldespato, podríamos agregar el fosfato y el mismo carbón. Fíjate en algo, el carbón no es igual en todas partes. Se catalogan por su contenido calórico, es decir, la capacidad para generar energía. Nuestro carbón es de los que se llaman Premium, que tiene una capacidad calórica de las más altas del mundo. Es uno de los más codiciados.
— ¿Cómo avanzan las gestiones por repatriar el oro que tenemos en Bancos extranjeros?
— Ese es un trabajo que está adelantando el Banco Central de Venezuela, junto con el Ministerio de Finanzas. Afortunadamente, el Presidente Chávez tuvo la visión de repatriar la mayor cantidad del oro que Venezuela tenía en Suiza y otros países.
— ¿Qué opinión le merecen las sanciones al oro venezolano, impuestas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump?
— Son sanciones descabelladas. Prácticamente lo que dicen es que cualquiera que comercialice, trabaje o tenga relación con la explotación, exploración o comercialización del oro en Venezuela, es objeto de sanciones. Eso implica que la persona y su familia, así de manera literal, que comercialice con el oro venezolano es objeto de la sanción. Fíjate lo que ocurre contra Huawei, que siendo una empresa china es juzgada por Estados Unidos, incluso extraterritorialmente.
— La estrategia de entablar relaciones con Rusia, Turquía y China para el desarrollo minero ¿buscan hacer frente a dichas sanciones?
— Son parte de eso.
Más: Todo lo que tienes que saber sobre las relaciones estatales entre Rusia y Venezuela
— ¿Qué planes está implementando el gobierno venezolano para garantizar la gobernabilidad del Arco Minero del Orinoco?
— Los planes creados pertenecen a una estrategia del gobierno nacional para organizar el tema minero. El presidente Chávez, tuvo la visión de organizar dentro de nuestro territorio la actividad minera. Recuérdese que en Venezuela existe minería desde más de 100 años. La política del Arco Minero del Orinoco, viene a crear un espacio del territorio para tener una minería organizada, planificada y responsable con el ambiente. Lo que sucedió en el Parque Canaima, a lo cual ya ha respondido el Ministro de la Defensa, es parte de nuestra política de erradicar la minería ilegal y la explotación en áreas no permisadas. Esos lugares donde se estaba haciendo la minería, pertenecen a un Parque Nacional, patrimonio de la humanidad. Hay una matriz que se intenta imponer de que el Gobierno nacional "decretó la minería en el parque nacional Canaima", nada más lejos de la verdad.
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Sputnik / José Negrón Valera
El mapa del arco minero
— De manera constante, permanente y continua. No existe ningún permiso para explotación minera dentro de un territorio indígena, que no se consulte previamente. De hecho, en la zona de Los Pijiguaos, firmamos a mediados del año 2018, siete alianzas estratégicas y cuatro empresas mixtas para la exploración y explotación del Coltán. Hasta hace tres semanas, todavía estábamos discutiendo con los pueblos indígenas Mapoyo, Pumé, Wottuja y las empresas involucradas en el proyecto. Y ya tenemos la autorización de estos pueblos para hacer la exploración y explotación del Coltán. Si estos pueblos hubiesen dicho que no querían, que no era conveniente o que se estaba tocando un territorio sagrado, no hubiésemos podido continuar en el proyecto.
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REUTERS / Miraflores Palace
— Siempre cruzamos los territorios para evitar vulnerar los derechos de los pueblos indígenas. Sin embargo, hay que aclarar que dichos territorios no es que estén separados del territorio venezolano, sino que tienen unas leyes y unas reglas adicionales a las que tenemos a nivel nacional. Por tanto, hay que llegar a acuerdos para poder realizar una actividad minera que respete dichas leyes indígenas. Si por ejemplo, existe un sitio sagrado o importante para su cultura, no podemos realizar minería dentro de esa área. Porque la minería deja una huella, como cualquier actividad humana. Si pudiésemos retroceder el tiempo y fuésemos al año 1500, podríamos ver en el Valle de Caracas cuántos árboles cortamos, cuántos drenajes se movieron, cuántas quebradas se contaminaron para realizar la ciudad que tenemos hoy. Lo que buscamos con la actividad minera, es que ese impacto sea el menor posible en el ambiente y que tenga el mayor impacto positivo en términos del bienestar social.
— No podemos permitir que a ese estado venezolano le suceda lo del sur de Venezuela. Una deuda histórica, dónde no atender la situación por muchísimas décadas, derivó en un problema social. En Carabobo y en Cojedes, hubo la aparición del mineral oro, nosotros lo que estamos haciendo es el ordenamiento de ese territorio, no permitiendo la minería donde no se debe. Allí hay un monumento nacional que es el Campo Carabobo, por ejemplo, no vamos permitir que allí hagan minería. Se está trabajando en conjunto con la gobernaciones de Carabobo y Cojedes, para lo organización de los mineros que están allí para el registro y las delimitación de los espacios permitidos para la actividad.
También: ¿Conseguirá EEUU ahogar el comercio de oro venezolano?
— ¿Hay certificación de las reservas que se encuentran allí?
— Todavía no. De hecho, ningún mapa geológico mostraba que allí había oro. Además, las condiciones geológicas son tales que la cantidad de oro no debe ser muy alta. Sin embargo, hay evidencia de presencia del mineral, pero nada comparado con el sur del país. Sólo en el área cuatro del Arco Minero del Orinoco, estamos estimando que existan 8 mil toneladas de oro inferido. Tenemos certificadas 2.300 toneladas de esas 8 mil. Eso nos colocaría como la segunda reserva de oro del mundo, pero podríamos ser la primera.
— ¿Quién está certificando esas reservas?
— La certificación se hace a través de varios métodos y algunas empresas como la SRK. Son certificadoras cuya mayoría están en Londres. Ahora, ¿Cómo podemos certificar como país? Bueno, tenemos que hacer los estudios rigurosos en geología para tomar la muestra y hacer una estimación de las reservas del oro.
— ¿Hay alguna fecha estimada para dar información certera?
— Certificar la faja petrolífera del Orinoco llevó cinco años. Nosotros estamos aún en el primer año, en la fase de "recursos inferidos". Tenemos que aumentar el conocimiento y la confianza geológica, eso lo logramos con trabajo de campo, perforaciones, mejorando los laboratorios. Así pasaríamos a los "recursos indicados" y luego a "recursos medidos". Si nosotros tenemos ya los recursos indicados, podemos colocarlos como reservas probables y eso es ya un parámetro legal. Ahora bien, si los tengo medidos se convierten en "reservas probadas", las cuales cuentan como activo de la nación, así como ocurre con el caso del petróleo.
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Sputnik / José Negrón Valera
Infografía de proceso de certificación de reservas
Hijo de Bolsonaro lanza sus dardos contra Cuba, Venezuela y Nicaragua en cumbre conservadora
18:30 12.12.2018(actualizada a las 18:51 12.12.2018) SPUTNIK NEWS
En
Brasil, el diputado federal Eduardo Bolsonaro, participó de un evento
que busca articular a las derechas de la región. En sus discursos,
apuntó sus dardos a Venezuela, Cuba y Nicaragua, y hasta sugirió que su
país fuese la sede de un tribunal para juzgar a oficiales de esos
países.
Eduardo
Bolsonaro era uno de los platillos fuertes de la Cumbre Conservadora de
las Américas, que se llevó a cabo el 8 de diciembre en la ciudad de Foz
do Iguaçu, del lado brasileño en la Triple Frontera con Paraguay y
Argentina. Esta articulación internacional se plantea como
contraposición al Foro de Sao Paulo, que aglutina a movimientos progresistas y organizaciones sociales del continente.
De hecho, el presidente electo felicitó por Twitter la iniciativa, refiriéndose a su triunfo como "una respuesta a los estragos" que a su criterio causaron los gobiernos progresistas "en todos los lugares, en especial en Venezuela". "Este es el momento de proponer nuevos caminos y la Cumbre Conservadora de las Américas representa ese deseo", agregó Jair Bolsonaro. En el evento, participó también por teleconferencia Olavo de Carvalho, considerado por muchos analistas como el ideólogo detrás de la figura del presidente electo. Pero las palabras que más resonaron fueron las del diputado Eduardo Bolsonaro, que sugirió la creación de un tribunal para juzgar a funcionarios cubanos.
Para
Carvalho, este tipo de declaraciones son "una provocación contra países
soberanos, contra países amigos", y por lo tanto "no se pueden
aceptar". La gravedad de tales afirmaciones del diputado aumentan si se
tiene en cuenta que "es hijo del futuro presidente de la República y
puede tener influencia sobre la política exterior de Brasil".
Por otra parte, el director del Cebrapaz indicó que a partir de estos
dichos y otros emitidos tanto por el mandatario entrante como su hijo,
"se puede decir que están buscando atribuir a Brasil un rol de gendarme
internacional en América Latina al servicio del imperialismo
estadounidense".
"No solo por las políticas pacifistas en sí mismas que Brasil defendió en ONU y otros foros internacionales, sino también por las políticas de integración económica, social, física y política de la región. Todo eso señalaba apuntaba a un camino de la paz a través de la integración y el desarrollo", agregó. Por otra parte, el analista indicó que "es un equívoco imaginar que los países" aludidos sean "débiles y vulnerables", y dar por descontado que "no tienen tampoco un respaldo internacional, sus amigos y sus aliados".
No obstante, Carvalho subrayó que las declaraciones en el equipo de Gobierno de transición que va preparando la asunción de Bolsonaro en una veintena de días han suscitado la "inconformidad" de algunos sectores en la interna.
Relacionado: Bolsonaro habla con el asesor de Trump sobre Cuba, Venezuela e Israel
Por
ejemplo, algunos militares que manejan asuntos geopolíticos,
"comprenden bien qué significa una política de ataque, qué son políticas
de defensa y qué son políticas de disuasión". Por eso, opinó el
director del Cebrapaz, "saben que Brasil no puede involucrarse en
aventuras".
El mismo vicepresidente electo de Brasil, el militar Hamilton Mourão,
descartó la posibilidad de una intervención, a contramano de las
declaraciones de algunos personas vinculadas al futuro Gobierno de
Bolsonaro.
Con participaciones en eventos de este tipo, opinó el experto, Eduardo Bolsonaro está oficiando de "canciller paralelo" en los hechos, a pesar de contar Brasil con un equipo de diplomáticos calificados. En las últimas semanas, particularmente tras el nombramiento de Ernesto Araújo como ministro de Relaciones Exteriores y el peso que tuvo Eduardo Bolsonaro en esta decisión, muchos coinciden en esta línea. No obstante, en la Cumbre Conservadora, el diputado federal rechazó que estuviera fungiendo en ese rol.
"Brasil pretende en este Gobierno de Bolsonaro
convertirse en una especie de sede mundial, o por lo menos regional, de
la derecha internacional. Esto es una novedad, es algo raro que nunca
ocurrió en otra época histórica en Brasil, ni siquiera en la época de la
dictadura militar. Esto es algo que los demócratas y patriotas de
Brasil no pueden aceptar", opinó en diálogo con Sputnik José Reinaldo
Carvalho, director del Centro Brasileño de Solidaridad con los Pueblos y
Lucha por la Paz.
Vinculado: Bolsonaro: ¿más Pinochet que Trump?De hecho, el presidente electo felicitó por Twitter la iniciativa, refiriéndose a su triunfo como "una respuesta a los estragos" que a su criterio causaron los gobiernos progresistas "en todos los lugares, en especial en Venezuela". "Este es el momento de proponer nuevos caminos y la Cumbre Conservadora de las Américas representa ese deseo", agregó Jair Bolsonaro. En el evento, participó también por teleconferencia Olavo de Carvalho, considerado por muchos analistas como el ideólogo detrás de la figura del presidente electo. Pero las palabras que más resonaron fueron las del diputado Eduardo Bolsonaro, que sugirió la creación de un tribunal para juzgar a funcionarios cubanos.
"Sería un motivo de satisfacción para Brasil, quien sabe,
recibir un tribunal para juzgar los por los crímenes contra la humanidad
cometidos por el régimen cubano", dijo el hijo del presidente electo.
Además, indicó que su país "no se volvería Venezuela".
Te puede interesar: Futuro vicepresidente de Brasil pronostica un golpe de Estado en Venezuela
"Esto es muy peligroso. Ha habido un cambio
radical en la política exterior de Brasil, porque todos sabemos que
durante el período que gobernó Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011) y
Dilma Rousseff, Brasil fue una especie de garante y afianzador de la
paz", precisó el experto.
En contexto: Hijo de Bolsonaro estudia en EEUU cómo aplicar sanciones a Cuba y Venezuela"No solo por las políticas pacifistas en sí mismas que Brasil defendió en ONU y otros foros internacionales, sino también por las políticas de integración económica, social, física y política de la región. Todo eso señalaba apuntaba a un camino de la paz a través de la integración y el desarrollo", agregó. Por otra parte, el analista indicó que "es un equívoco imaginar que los países" aludidos sean "débiles y vulnerables", y dar por descontado que "no tienen tampoco un respaldo internacional, sus amigos y sus aliados".
No obstante, Carvalho subrayó que las declaraciones en el equipo de Gobierno de transición que va preparando la asunción de Bolsonaro en una veintena de días han suscitado la "inconformidad" de algunos sectores en la interna.
Relacionado: Bolsonaro habla con el asesor de Trump sobre Cuba, Venezuela e Israel
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REUTERS / Miraflores Palace
Con participaciones en eventos de este tipo, opinó el experto, Eduardo Bolsonaro está oficiando de "canciller paralelo" en los hechos, a pesar de contar Brasil con un equipo de diplomáticos calificados. En las últimas semanas, particularmente tras el nombramiento de Ernesto Araújo como ministro de Relaciones Exteriores y el peso que tuvo Eduardo Bolsonaro en esta decisión, muchos coinciden en esta línea. No obstante, en la Cumbre Conservadora, el diputado federal rechazó que estuviera fungiendo en ese rol.
Brasil analiza medidas concretas para intervenir en Venezuela
La oposición venezolana y la OEA reclaman acciones concretas contra el gobierno de Nicolas Maduro (vía Sputnik).
Maduro en la mira de Brasil.
17 enero, 2019- CARAS Y CARETAS
El
gobierno de Brasil anunció este jueves que estudia acciones “concretas”
para “restablecer la democracia” en Venezuela, tras un encuentro del
canciller Ernesto Araújo con opositores venezolanos, integrantes del
Grupo de Lima y representantes de EEUU y de la OEA.
Dicho
encuentro tuvo el propósito de “discutir ideas de acciones concretas
para restablecer la democracia en Venezuela”, según un comunicado de la
cancillería brasileña.Añade que el encuentro también sirvió para analizar la “ilegitimidad” del nuevo mandato del presidente venezolano Nicolás Maduro y la disposición del presidente de la Asamblea Nacional (parlamento unicameral, de mayoría opositora), Juan Guaidó, a asumir como jefe de Estado interino.
Contra Maduro
No
detalla con qué personas exactamente se reunió el ministro, el gobierno
de Jair Bolsonaro carga duramente contra el Ejecutivo de Maduro. “El
sistema liderado por Nicolás Maduro constituye un mecanismo de crimen
organizado; está basado en la corrupción generalizada, en el
narcotráfico, en el tráfico de personas, en el blanqueo de dinero y en
el terrorismo”, denuncia.La cancillería advierte que cientos de miles de venezolanos estarían a punto de morir de hambre, y dice que el gobierno de Bolsonaro trabajará para revertir la situación.
“Brasil hará de todo para ayudar al pueblo venezolano y para que vuelva a vivir en libertad, y para que supere la catástrofe humanitaria que atraviesa”, prometió el ministerio.
Steve Bannon, el mito detrás de los monstruos
Por:
Katu Arkonada
20 enero 2019
|CUBA DEBATE
Un fantasma recorre la globalización neoliberal en descomposición, el fantasma del populismo de ultraderecha.
Esa sombra fantasmal, en un inicio más difusa, y hoy más nítida, tuvo su primer éxito con la victoria de Trump en Estados Unidos, y terminó de solidificarse con la llegada de Bolsonaro a Brasil. Un tercer vértice de este triángulo lo encontramos en la Europa de Matteo Salvini (Italia), Víktor Orban (Hungría), Marine Le Pen (Francia) y Vox (España).
Y como articulador de este fenómeno monstruoso, encontramos un nombre: Steve Bannon, quien fue durante 7 meses el jefe de estrategia y asesor presidencial de la Casa Blanca de Donald Trump.
¿Quién es Steve Bannon? Ex banquero, fue conocido por ser el director ejecutivo de Breitbart News, la web referencia de la ultraderecha anti establishment en Estados Unidos, desde donde se impulsó la creación del movimiento Alt-right (derecha alternativa, un eufemismo para nombrar al supremacismo blanco), y que lo catapultó para ser el jefe de campaña de Trump, y posterior hombre fuerte de la Casa Blanca hasta su dimisión en agosto de 2017.
Pero en realidad esa dimisión fue el momento de despegue para un Bannon que ha sabido leer y aprovechar muy bien el momento gramsciano donde lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer. Un momento histórico de crisis terminal del capitalismo en un mundo multipolar donde el proyecto de globalización neoliberal de las élites económicas ha entrado en crisis, y donde surgen, en ese claroscuro, los monstruos.
Hasta entonces, Bannon había comenzado a testear algunas ideas mediante Cambridge Analytics, la consultora que succionó datos de 50 millones de usuarios de Facebook y los utilizó para manipular psicológicamente la elección que dio la victoria a Trump en EEUU.
Pero es un año después, en agosto de 2018, que Bannon se reúne con Eduardo Bolsonaro, actualmente el Diputado Federal más votado de la historia de Brasil con casi 2 millones de votos, y acuerdan colaborar para llevar a su padre, Jair Messias Bolsonaro, a la presidencia de Brasil.
El resultado es por todos conocido, y Bolsonaro representa el triunfo de un monstruo de ultraderecha en el país más grande de América Latina.
De nuevo otra red social, como sucedió en EEUU, en este caso whatsapp (propiedad también de Facebook), resultó determinante en la amplia ventaja que obtuvo Bolsonaro en primera vuelta, y en el resultado final de la segunda vuelta, creando todo un ecosistema de fake news que se transmitían por el sistema de mensajería, y mediante la micro segmentación y el uso del big data, terminaron deconstruyendo la realidad política al mismo tiempo que construían una paralela en el imaginario de la población.
Tanto en Estados Unidos como en Brasil, el mensaje que se iba alentando era similar (con las especifidades propias de cada país): la lucha contra el marxismo cultural y la ideología de género, además de un discurso crítico con los medios de comunicación masivos parte del establishment (sean estos CNN o Globo), apelando a los miedos y aspiraciones de los sectores populares.
A partir de esta ideología de ultraderecha, de la experiencia en Breitbart y como forma de articular y expandir la Alt-right, Bannon creó The Movement (El Movimiento) y puso su mirada en una Europa donde por mucho tiempo el único partido de ultraderecha con músculo político era el Frente Nacional de Marine Le Pen (que llegó a ganar unas elecciones europeas en Francia con el voto anti inmigrante de la clase obrera blanca).
The Movement nace en Bruselas, nada es casualidad, pues desde ahí opera su aliado Partido Popular Belga, y tiene su sede el Parlamento Europeo, el próximo objetivo de Bannon, que intentará crear un grupo de euroescépticos y populistas de ultraderecha, tras las elecciones europeas de mayo de este año.
Los primeros que conformarán este Eurogrupo son los partidos de los primeros ministros de Italia, Matteo Salvini, y Hungría, Víktor Orban, así como el partido ultraderechista español Vox, cuyo contacto con Bannon es Rafael Bardají, ex asesor de la fundación FAES de José María Aznar. Vox acaba de obtener el 10% de los votos en las elecciones en Andalucía (cuyo tamaño es similar al de Portugal), siendo decisivo para desbancar al PSOE y darle la presidencia al PP, y puede ser la gran sorpresa en las próximas elecciones europeas en España.
Pero, además, los tentáculos de The Movement ya tienen ramificaciones en Alemania (AfD), Austria (FPO), Polonia (PiS), Suecia (SD), Finlandia (Perussuomalaiset) o Reino Unido (Ukip).
El Eurogrupo que surja tras las elecciones de mayo podría ser el segundo más numeroso, con un programa radical de ultraderecha contra la migración, el islam y el feminismo, y en defensa de la seguridad y las fronteras.
Con este nuevo mapa político en la Unión Europea, junto con los Estados Unidos de Donald Trump y el Brasil de Bolsonaro, se conforma un trivote lleno de monstruos. Y detrás de estos monstruos, la figura de Steve Bannon crece, articulando una alternativa global de ultraderecha a la globalización neoliberal.
En nuestras manos está construir no solo una resistencia a este movimiento, sino enfrentarlo con propuestas y alternativas a este mundo fragmentado y en crisis en que nos ha tocado vivir.
Esa sombra fantasmal, en un inicio más difusa, y hoy más nítida, tuvo su primer éxito con la victoria de Trump en Estados Unidos, y terminó de solidificarse con la llegada de Bolsonaro a Brasil. Un tercer vértice de este triángulo lo encontramos en la Europa de Matteo Salvini (Italia), Víktor Orban (Hungría), Marine Le Pen (Francia) y Vox (España).
Y como articulador de este fenómeno monstruoso, encontramos un nombre: Steve Bannon, quien fue durante 7 meses el jefe de estrategia y asesor presidencial de la Casa Blanca de Donald Trump.
¿Quién es Steve Bannon? Ex banquero, fue conocido por ser el director ejecutivo de Breitbart News, la web referencia de la ultraderecha anti establishment en Estados Unidos, desde donde se impulsó la creación del movimiento Alt-right (derecha alternativa, un eufemismo para nombrar al supremacismo blanco), y que lo catapultó para ser el jefe de campaña de Trump, y posterior hombre fuerte de la Casa Blanca hasta su dimisión en agosto de 2017.
Pero en realidad esa dimisión fue el momento de despegue para un Bannon que ha sabido leer y aprovechar muy bien el momento gramsciano donde lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer. Un momento histórico de crisis terminal del capitalismo en un mundo multipolar donde el proyecto de globalización neoliberal de las élites económicas ha entrado en crisis, y donde surgen, en ese claroscuro, los monstruos.
Hasta entonces, Bannon había comenzado a testear algunas ideas mediante Cambridge Analytics, la consultora que succionó datos de 50 millones de usuarios de Facebook y los utilizó para manipular psicológicamente la elección que dio la victoria a Trump en EEUU.
Pero es un año después, en agosto de 2018, que Bannon se reúne con Eduardo Bolsonaro, actualmente el Diputado Federal más votado de la historia de Brasil con casi 2 millones de votos, y acuerdan colaborar para llevar a su padre, Jair Messias Bolsonaro, a la presidencia de Brasil.
El resultado es por todos conocido, y Bolsonaro representa el triunfo de un monstruo de ultraderecha en el país más grande de América Latina.
De nuevo otra red social, como sucedió en EEUU, en este caso whatsapp (propiedad también de Facebook), resultó determinante en la amplia ventaja que obtuvo Bolsonaro en primera vuelta, y en el resultado final de la segunda vuelta, creando todo un ecosistema de fake news que se transmitían por el sistema de mensajería, y mediante la micro segmentación y el uso del big data, terminaron deconstruyendo la realidad política al mismo tiempo que construían una paralela en el imaginario de la población.
Tanto en Estados Unidos como en Brasil, el mensaje que se iba alentando era similar (con las especifidades propias de cada país): la lucha contra el marxismo cultural y la ideología de género, además de un discurso crítico con los medios de comunicación masivos parte del establishment (sean estos CNN o Globo), apelando a los miedos y aspiraciones de los sectores populares.
A partir de esta ideología de ultraderecha, de la experiencia en Breitbart y como forma de articular y expandir la Alt-right, Bannon creó The Movement (El Movimiento) y puso su mirada en una Europa donde por mucho tiempo el único partido de ultraderecha con músculo político era el Frente Nacional de Marine Le Pen (que llegó a ganar unas elecciones europeas en Francia con el voto anti inmigrante de la clase obrera blanca).
The Movement nace en Bruselas, nada es casualidad, pues desde ahí opera su aliado Partido Popular Belga, y tiene su sede el Parlamento Europeo, el próximo objetivo de Bannon, que intentará crear un grupo de euroescépticos y populistas de ultraderecha, tras las elecciones europeas de mayo de este año.
Los primeros que conformarán este Eurogrupo son los partidos de los primeros ministros de Italia, Matteo Salvini, y Hungría, Víktor Orban, así como el partido ultraderechista español Vox, cuyo contacto con Bannon es Rafael Bardají, ex asesor de la fundación FAES de José María Aznar. Vox acaba de obtener el 10% de los votos en las elecciones en Andalucía (cuyo tamaño es similar al de Portugal), siendo decisivo para desbancar al PSOE y darle la presidencia al PP, y puede ser la gran sorpresa en las próximas elecciones europeas en España.
Pero, además, los tentáculos de The Movement ya tienen ramificaciones en Alemania (AfD), Austria (FPO), Polonia (PiS), Suecia (SD), Finlandia (Perussuomalaiset) o Reino Unido (Ukip).
El Eurogrupo que surja tras las elecciones de mayo podría ser el segundo más numeroso, con un programa radical de ultraderecha contra la migración, el islam y el feminismo, y en defensa de la seguridad y las fronteras.
Con este nuevo mapa político en la Unión Europea, junto con los Estados Unidos de Donald Trump y el Brasil de Bolsonaro, se conforma un trivote lleno de monstruos. Y detrás de estos monstruos, la figura de Steve Bannon crece, articulando una alternativa global de ultraderecha a la globalización neoliberal.
En nuestras manos está construir no solo una resistencia a este movimiento, sino enfrentarlo con propuestas y alternativas a este mundo fragmentado y en crisis en que nos ha tocado vivir.
¿Por qué se impone la ultraderecha?
por Marcelo Colussi
LA HAINE - 22/01/2019
La verdad, aunque se quiere empañar con 'fake news' y pos verdades, ahí está presente
Con
suma preocupación puede verse como, en estos últimos años, las
tendencias políticas dominantes se han venido inclinando poderosamente
hacia la derecha en todo el mundo. El fenómeno parece instalado con
mucha fuerza, y nada hace pensar que en lo inmediato pueda revertirse.
Por el contrario, parece extenderse.
Ello, por supuesto, no quita que las mismas poblaciones que han elegido en las urnas a esos candidatos de ultraderecha, se vean perjudicadas por las políticas que los ungidos aplican, y que consecuentemente protesten. Lo curioso es cómo, pese a que la situación económico-social dominante en la mayor parte del mundo no es buena (o es desastrosa), los votantes se inclinan por propuestas tan antipopulares.
Sin caer en el simplismo, o peligro ideológico, de afirmar que las poblaciones son “ignorantes” en términos políticos, podrían proponerse cuatro elementos para explicar el fenómeno, sin dudas interactuantes entre sí:
1. Crisis general del sistema capitalista
El sistema capitalista global viene sufriendo una crisis desde hace ya una década, que golpea fundamentalmente en el Norte, pero también con repercusiones en los países capitalistas periféricos. La crisis financiera desatada en el 2008 aún no ha terminado, y la supuesta reactivación económica no llega. Eso no significa que sea una crisis terminal. Para la principal economía del mundo, Estados Unidos, el negocio de la guerra es siempre una válvula de escape: inventar guerras en cualquier parte, lejos de su territorio obviamente, lo que le permite reconstruir los países destruidos (ganando por ello) y mover su complejo militar-industrial, ariete dinamizador de su economía doméstica. Para las potencias europeas y para Japón, los embates de la crisis son más profundos.
Por otro lado, el traslado de buena parte de su parque industrial a los países pobres del Sur (aprovechando los bajos salarios de allí, las exenciones fiscales, la falta de controles ambientales y de trabajadores sindicalizados) ha dejado empobrecida a su propia población trabajadora. Para las compañías multinacionales no hay problemas, sino por el contrario: mayores ganancias. Pero para los asalariados nacionales (obreros industriales, clase media), ese traslado sí ocasiona pérdidas. Es obvio que el capitalismo está hecho a la medida de las empresas y no de los trabajadores. Como respuesta a esa crisis, el discurso político busca chivos expiatorios en los migrantes indocumentados (latinoamericanos para Estados Unidos, africanos para Europa). Ante la crisis, la respuesta visceral y emotiva que pone la causa de los males en esos “ilegales que quitan puestos de trabajo” es una salida rápida: hay que levantar muros para frenar las migraciones. De ahí a posiciones fascistas, racistas y xenofóbicas, un paso.
El paso está dado, por ello los triunfos electorales en muchos países del Norte, con una marcada carga anti-inmigrantes. Lo que parecía increíble algunos años atrás, es ahora una cruel realidad. El neonazismo no está muerto. Evidentemente la manipulación de las masas es fácil, y hoy día las técnicas ad hoc son super eficientes.
2. Consecuencia del neoliberalismo imperante
En los países del Sur las políticas neoliberales hace ya unas cuatro décadas que se vienen implementando. Es decir: proyectos de absoluto beneficio para los capitales (nacionales y globales), que postran totalmente a la clase trabajadora, sojuzgándola y chantajeándola en forma continua (tener trabajo es ya un “privilegio”, y hay que cuidarlo a toda costa, por lo que debe agacharse la cabeza y aceptar cualquier condición laboral). A su vez, esas políticas profundizan la dependencia del Sur respecto a las economías prósperas del Norte, aumentando a niveles impagables las deudas externas, con una continua transferencia de riqueza que posterga por décadas el desarrollo, o simplemente lo impide.
Pero aunque parezca increíble, esas políticas absolutamente antipopulares –que, por supuesto, han recibido y siguen recibiendo el rechazo de los pueblos, en forma violenta muchas veces–, también han calado en la conciencia colectiva. Con una prédica interminable sobre la ineficiencia del Estado como administrador, endiosando hasta niveles supremos la calidad de la empresa privada (engañosamente, por supuesto), una población desesperada y falta de proyecto político (por la ausencia de organizaciones de izquierda con verdadera fuerza), puede caer fácilmente en la manipulación y apostar por discursos mesiánicos, profundamente conservadores.
La tendencia actual, en buena medida mediada por las iglesias evangélicas fundamentalistas de ultraderecha, es buscar respuestas efectistas, viscerales, que prometen soluciones casi fantásticas con una confusión de base que permite creer en “salidas mágicas” (la “mano dura” para terminar con la delincuencia, un discurso de ribetes moralistas que pone como chivo expiatorio a la corrupción –la corrupción es efecto y no causa–). Todo eso permite el triunfo de propuestas de ultraderecha, contrariamente a lo que parecería indicar la lógica.
3. Manipulación fabulosa de las masas
Todo lo anterior, en el Norte y en el Sur, responde a una “ingeniería” social magistralmente trazada por los grupos de poder, Estados Unidos a la cabeza. El manejo de las masas alcanzó niveles increíbles con las modernas técnicas de psicología social-publicitaria y mercadotecnia, y la manipulación logra verdaderos “milagros”. La masa (lo cual hacer recordar a la masa de panadería, por lo maleable que resulta), según el psicólogo de las multitudes Gustave Le Bon, es “ Una agrupación humana con los rasgos de pérdida de control racional, mayor sugestionabilidad, contagio emocional, imitación, sentimiento de omnipotencia y anonimato para el individuo [ por lo que ] la multitud es extremadamente influenciable y crédula, careciendo de sentido crítico.” Evidentemente, esa caracterización estaba en lo cierto, pues hoy vemos cómo los grupos dominantes, sin el más mínimo pudor, apelan a las más increíbles mentiras para mantener engañado al público. Y por cierto, lo consiguen con muchísima eficiencia.
Los medios masivos de comunicación, las redes sociales que posibilita el internet con los net centers o troll centers operando (mentiras organizadas), la promoción inmoral de lo que hoy día se ha dado en llamar –con total tranquilidad y desvergüenza– fake news (noticias falsas), mantienen el mundo de la llamada “post verdad”. Ya no hay verdades, eso no importa; lo único que cuenta es el efecto que se consigue con un mensaje. Y aunque se hable de “desarrollo” y “evolución” de los pueblos, todos somos bombardeados a diario con innúmeras mentiras, grotescas, burdas, pero que a la postre dan resultados. Para el caso, no hay pueblos “evolucionados” y “cultos” que saben identificar las manipulaciones: todos caen bajo el mismo rasero.
La Guerra Fría, en términos ideológicos, no ha terminado, sino que continúa al rojo vivo. El más visceral anticomunismo, absolutamente primitivo en términos de racionalidad pero efectivo en términos políticos, no está frío: está enormemente caliente. Para muestra estos dos sencillos ejemplos: buena parte de la clase media antichavista de Venezuela cree a rajatablas que en las lámparas ahorradoras de procedencia cubana facilitadas por el gobierno bolivariano a la población… ¡hay instalados micrófonos! (sic). Y el Senado estadounidense fue convencido por el lobby guatemalteco (exponente de las mafias empresariales-políticas-milita res que manejan el Estado) que la
Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala –CICIG–,
financiada por el mismo Estados Unidos, es “comunista”, cuando en
realidad se trataba de una instancia que investigó parte de los ilícitos
de esos grupos de poder (recontra sic).
En el Norte con la prédica anti-inmigrante, en el Sur con la cantinela anti-corrupción (“el problema de los males sociales serían los malos funcionarios que roban del erario público”), esa proliferación infinita de mentiras ha logrado que los electorados terminen aprobando propuestas mesiánicas de ultraderecha.
4. Crisis en las propuestas de izquierda
El anticomunismo al que nos referimos, aunque pueda parecer burdo, es una absoluta realidad, cruda y brutal. Y lo peor de todo: con evidentes efectos. Como lo dice el epígrafe citado, obviamente que hay lucha de clases. Y están al rojo vivo. Todo el siglo XX fue una brutal demostración de ello. La Guerra Fría que dominó buena parte de las pasadas décadas fue una expresión de ello. Sucede que con la caída del Muro de Berlín la derecha dio un golpe enorme. No mortal, pero sí que dejó fuera de combate por un tiempo todas las propuestas de transformación.
En ese sentido, el ideario de izquierda, que obviamente no ha desaparecido ni dejado de tener validez (porque si hay clases enfrentadas, la izquierda es la expresión de una de esas clases: la clase trabajadora), hoy día fue adormecido. La reversión de esos dos grandes procesos históricos que fueron la revolución rusa y la china, permitió a la derecha sentirse victoriosa. De ahí que declaró su triunfo, el fin de las ideologías y la terminación de los conflictos interclasistas. Pero la realidad, siempre tozuda, muestra que ello no es así. De todos modos, las izquierdas han quedado muy golpeadas, y su propuesta en la actualidad no parece encontrar mayor eco.
No caben dudas que la lucha ideológica, en este momento, tiene como ganador al capital. Las ideas socialistas, las ideas de transformación revolucionaria de la sociedad, hoy están desacreditadas, y la derecha se encarga muy bien de remarcarlo.
Por otro lado, los gobiernos progresistas habidos en Latinoamérica en estas últimas décadas no pudieron pasar de propuestas capitalistas redistribucionistas, sin tocar los cimientos básicos de la sociedad. Las fuerzas del capital supieron reacomodarse, y el discurso político de derecha tomó nuevamente la supremacía. Si bien hay reacción popular, descontento, expresiones antisistémicas por todos lados, esos fermentos no encuentran de momento una direccionalidad racional que permita modificar el sistema dominante. Hasta se podría decir que los gobiernos de centro-izquierda que conocimos últimamente, donde también se dieron hechos de corrupción, funcionaron como una “mala propaganda” para el ideario de transformación social, para el campo popular. Ello, arteramente utilizado por la derecha, propició la aparición de estas respuestas ultras. El agotamiento de los reformismos permitió la contraofensiva hiper conservadora y fundamentalista. No hay en este momento una claridad ideológica que muestre el camino para los sectores populares, lo cual no significa que las injusticias hayan terminado (por tanto, el discurso contestatario de izquierda sigue teniendo vigencia). La cuestión es encontrar esos caminos.
¿Qué hacer entonces?
Quedarse llorando este retroceso no sirve. En todo caso, hay que reconocer que en este momento las propuestas de izquierda siguen estando golpeadas, sin rumbo claro. Pero reconocer eso es justamente lo que podrá ayudar a encontrar ese rumbo, por ahora ausente.
El campo popular está desconcertado, hipócritamente manipulado, conquistado por los grupos neoevangélicos que funcionan como monumentales instrumentos de control social y freno a la protesta. El embobamiento a través de los medios de comunicación y las redes sociales es proverbial. ¿Cómo es posible que se pueda hablar con toda impunidad de post verdad? Obviamente la lucha ideológico-cultural está muy bien manejada por las fuerzas del capital. Ante todo ello no se puede oponer sino una frontal lucha ideológica, para rescatar la verdad. El ideario socialista no está muerto; en todo caso, como dijera Frei Betto, “ El escándalo de la Inquisición no hizo que los cristianos abandonaran los valores y las propuestas del Evangelio. Del mismo modo, el fracaso del socialismo en el este europeo no debe inducir a descartar el socialismo del horizonte de la historia humana” .
Por todo ello, la lucha sigue. Y la verdad, aunque se quiere empañar con fake news y pos verdades, ahí está presente, esperando la justicia.
CALPU
URUGUAYEllo, por supuesto, no quita que las mismas poblaciones que han elegido en las urnas a esos candidatos de ultraderecha, se vean perjudicadas por las políticas que los ungidos aplican, y que consecuentemente protesten. Lo curioso es cómo, pese a que la situación económico-social dominante en la mayor parte del mundo no es buena (o es desastrosa), los votantes se inclinan por propuestas tan antipopulares.
Sin caer en el simplismo, o peligro ideológico, de afirmar que las poblaciones son “ignorantes” en términos políticos, podrían proponerse cuatro elementos para explicar el fenómeno, sin dudas interactuantes entre sí:
1. Crisis general del sistema capitalista
El sistema capitalista global viene sufriendo una crisis desde hace ya una década, que golpea fundamentalmente en el Norte, pero también con repercusiones en los países capitalistas periféricos. La crisis financiera desatada en el 2008 aún no ha terminado, y la supuesta reactivación económica no llega. Eso no significa que sea una crisis terminal. Para la principal economía del mundo, Estados Unidos, el negocio de la guerra es siempre una válvula de escape: inventar guerras en cualquier parte, lejos de su territorio obviamente, lo que le permite reconstruir los países destruidos (ganando por ello) y mover su complejo militar-industrial, ariete dinamizador de su economía doméstica. Para las potencias europeas y para Japón, los embates de la crisis son más profundos.
Por otro lado, el traslado de buena parte de su parque industrial a los países pobres del Sur (aprovechando los bajos salarios de allí, las exenciones fiscales, la falta de controles ambientales y de trabajadores sindicalizados) ha dejado empobrecida a su propia población trabajadora. Para las compañías multinacionales no hay problemas, sino por el contrario: mayores ganancias. Pero para los asalariados nacionales (obreros industriales, clase media), ese traslado sí ocasiona pérdidas. Es obvio que el capitalismo está hecho a la medida de las empresas y no de los trabajadores. Como respuesta a esa crisis, el discurso político busca chivos expiatorios en los migrantes indocumentados (latinoamericanos para Estados Unidos, africanos para Europa). Ante la crisis, la respuesta visceral y emotiva que pone la causa de los males en esos “ilegales que quitan puestos de trabajo” es una salida rápida: hay que levantar muros para frenar las migraciones. De ahí a posiciones fascistas, racistas y xenofóbicas, un paso.
El paso está dado, por ello los triunfos electorales en muchos países del Norte, con una marcada carga anti-inmigrantes. Lo que parecía increíble algunos años atrás, es ahora una cruel realidad. El neonazismo no está muerto. Evidentemente la manipulación de las masas es fácil, y hoy día las técnicas ad hoc son super eficientes.
2. Consecuencia del neoliberalismo imperante
En los países del Sur las políticas neoliberales hace ya unas cuatro décadas que se vienen implementando. Es decir: proyectos de absoluto beneficio para los capitales (nacionales y globales), que postran totalmente a la clase trabajadora, sojuzgándola y chantajeándola en forma continua (tener trabajo es ya un “privilegio”, y hay que cuidarlo a toda costa, por lo que debe agacharse la cabeza y aceptar cualquier condición laboral). A su vez, esas políticas profundizan la dependencia del Sur respecto a las economías prósperas del Norte, aumentando a niveles impagables las deudas externas, con una continua transferencia de riqueza que posterga por décadas el desarrollo, o simplemente lo impide.
Pero aunque parezca increíble, esas políticas absolutamente antipopulares –que, por supuesto, han recibido y siguen recibiendo el rechazo de los pueblos, en forma violenta muchas veces–, también han calado en la conciencia colectiva. Con una prédica interminable sobre la ineficiencia del Estado como administrador, endiosando hasta niveles supremos la calidad de la empresa privada (engañosamente, por supuesto), una población desesperada y falta de proyecto político (por la ausencia de organizaciones de izquierda con verdadera fuerza), puede caer fácilmente en la manipulación y apostar por discursos mesiánicos, profundamente conservadores.
La tendencia actual, en buena medida mediada por las iglesias evangélicas fundamentalistas de ultraderecha, es buscar respuestas efectistas, viscerales, que prometen soluciones casi fantásticas con una confusión de base que permite creer en “salidas mágicas” (la “mano dura” para terminar con la delincuencia, un discurso de ribetes moralistas que pone como chivo expiatorio a la corrupción –la corrupción es efecto y no causa–). Todo eso permite el triunfo de propuestas de ultraderecha, contrariamente a lo que parecería indicar la lógica.
3. Manipulación fabulosa de las masas
Todo lo anterior, en el Norte y en el Sur, responde a una “ingeniería” social magistralmente trazada por los grupos de poder, Estados Unidos a la cabeza. El manejo de las masas alcanzó niveles increíbles con las modernas técnicas de psicología social-publicitaria y mercadotecnia, y la manipulación logra verdaderos “milagros”. La masa (lo cual hacer recordar a la masa de panadería, por lo maleable que resulta), según el psicólogo de las multitudes Gustave Le Bon, es “ Una agrupación humana con los rasgos de pérdida de control racional, mayor sugestionabilidad, contagio emocional, imitación, sentimiento de omnipotencia y anonimato para el individuo [ por lo que ] la multitud es extremadamente influenciable y crédula, careciendo de sentido crítico.” Evidentemente, esa caracterización estaba en lo cierto, pues hoy vemos cómo los grupos dominantes, sin el más mínimo pudor, apelan a las más increíbles mentiras para mantener engañado al público. Y por cierto, lo consiguen con muchísima eficiencia.
Los medios masivos de comunicación, las redes sociales que posibilita el internet con los net centers o troll centers operando (mentiras organizadas), la promoción inmoral de lo que hoy día se ha dado en llamar –con total tranquilidad y desvergüenza– fake news (noticias falsas), mantienen el mundo de la llamada “post verdad”. Ya no hay verdades, eso no importa; lo único que cuenta es el efecto que se consigue con un mensaje. Y aunque se hable de “desarrollo” y “evolución” de los pueblos, todos somos bombardeados a diario con innúmeras mentiras, grotescas, burdas, pero que a la postre dan resultados. Para el caso, no hay pueblos “evolucionados” y “cultos” que saben identificar las manipulaciones: todos caen bajo el mismo rasero.
La Guerra Fría, en términos ideológicos, no ha terminado, sino que continúa al rojo vivo. El más visceral anticomunismo, absolutamente primitivo en términos de racionalidad pero efectivo en términos políticos, no está frío: está enormemente caliente. Para muestra estos dos sencillos ejemplos: buena parte de la clase media antichavista de Venezuela cree a rajatablas que en las lámparas ahorradoras de procedencia cubana facilitadas por el gobierno bolivariano a la población… ¡hay instalados micrófonos! (sic). Y el Senado estadounidense fue convencido por el lobby guatemalteco (exponente de las mafias empresariales-políticas-milita
En el Norte con la prédica anti-inmigrante, en el Sur con la cantinela anti-corrupción (“el problema de los males sociales serían los malos funcionarios que roban del erario público”), esa proliferación infinita de mentiras ha logrado que los electorados terminen aprobando propuestas mesiánicas de ultraderecha.
4. Crisis en las propuestas de izquierda
El anticomunismo al que nos referimos, aunque pueda parecer burdo, es una absoluta realidad, cruda y brutal. Y lo peor de todo: con evidentes efectos. Como lo dice el epígrafe citado, obviamente que hay lucha de clases. Y están al rojo vivo. Todo el siglo XX fue una brutal demostración de ello. La Guerra Fría que dominó buena parte de las pasadas décadas fue una expresión de ello. Sucede que con la caída del Muro de Berlín la derecha dio un golpe enorme. No mortal, pero sí que dejó fuera de combate por un tiempo todas las propuestas de transformación.
En ese sentido, el ideario de izquierda, que obviamente no ha desaparecido ni dejado de tener validez (porque si hay clases enfrentadas, la izquierda es la expresión de una de esas clases: la clase trabajadora), hoy día fue adormecido. La reversión de esos dos grandes procesos históricos que fueron la revolución rusa y la china, permitió a la derecha sentirse victoriosa. De ahí que declaró su triunfo, el fin de las ideologías y la terminación de los conflictos interclasistas. Pero la realidad, siempre tozuda, muestra que ello no es así. De todos modos, las izquierdas han quedado muy golpeadas, y su propuesta en la actualidad no parece encontrar mayor eco.
No caben dudas que la lucha ideológica, en este momento, tiene como ganador al capital. Las ideas socialistas, las ideas de transformación revolucionaria de la sociedad, hoy están desacreditadas, y la derecha se encarga muy bien de remarcarlo.
Por otro lado, los gobiernos progresistas habidos en Latinoamérica en estas últimas décadas no pudieron pasar de propuestas capitalistas redistribucionistas, sin tocar los cimientos básicos de la sociedad. Las fuerzas del capital supieron reacomodarse, y el discurso político de derecha tomó nuevamente la supremacía. Si bien hay reacción popular, descontento, expresiones antisistémicas por todos lados, esos fermentos no encuentran de momento una direccionalidad racional que permita modificar el sistema dominante. Hasta se podría decir que los gobiernos de centro-izquierda que conocimos últimamente, donde también se dieron hechos de corrupción, funcionaron como una “mala propaganda” para el ideario de transformación social, para el campo popular. Ello, arteramente utilizado por la derecha, propició la aparición de estas respuestas ultras. El agotamiento de los reformismos permitió la contraofensiva hiper conservadora y fundamentalista. No hay en este momento una claridad ideológica que muestre el camino para los sectores populares, lo cual no significa que las injusticias hayan terminado (por tanto, el discurso contestatario de izquierda sigue teniendo vigencia). La cuestión es encontrar esos caminos.
¿Qué hacer entonces?
Quedarse llorando este retroceso no sirve. En todo caso, hay que reconocer que en este momento las propuestas de izquierda siguen estando golpeadas, sin rumbo claro. Pero reconocer eso es justamente lo que podrá ayudar a encontrar ese rumbo, por ahora ausente.
El campo popular está desconcertado, hipócritamente manipulado, conquistado por los grupos neoevangélicos que funcionan como monumentales instrumentos de control social y freno a la protesta. El embobamiento a través de los medios de comunicación y las redes sociales es proverbial. ¿Cómo es posible que se pueda hablar con toda impunidad de post verdad? Obviamente la lucha ideológico-cultural está muy bien manejada por las fuerzas del capital. Ante todo ello no se puede oponer sino una frontal lucha ideológica, para rescatar la verdad. El ideario socialista no está muerto; en todo caso, como dijera Frei Betto, “ El escándalo de la Inquisición no hizo que los cristianos abandonaran los valores y las propuestas del Evangelio. Del mismo modo, el fracaso del socialismo en el este europeo no debe inducir a descartar el socialismo del horizonte de la historia humana” .
Por todo ello, la lucha sigue. Y la verdad, aunque se quiere empañar con fake news y pos verdades, ahí está presente, esperando la justicia.
CALPU
¿Qué fueron la JUP y los escuadrones de la muerte? La extrema derecha en los 70
19 de enero de 2019 |
Escribe:
Gabriel Bucheli
en
Política
| Foto:
Ramiro Alonso - LA DIARIA
La detención de Miguel Sofía reabrió el tema de la extrema derecha en los 70.
La detención, a principios de este mes, del empresario mediático Miguel Sofía, prófugo durante una década, por su presunta participación en dos homicidios y una desaparición en 1971, volvió a hacer sonar el nombre de la organización de extrema derecha que habría integrado cuando ocurrieron los hechos que se le imputan: la Juventud Uruguaya de Pie. En esta investigación, el historiador Gabriel Buchelli cuenta la trayectoria de un movimiento que “quedó marcado por su complicidad en el anticipo de las prácticas del terrorismo de Estado”.La Juventud Uruguaya de Pie (JUP) fue fundada en octubre de 1970 como resultado de la convergencia de agrupaciones juveniles de todo el país autodenominadas “demócratas”, enfrentadas a la creciente influencia del estudiantado izquierdista, hegemónico en la capital. De fuerte impacto público hasta su autodisolución en 1974, la JUP se manifestó a través de un repertorio de acciones colectivas (propaganda escrita y radial, activismo estudiantil, actos públicos en todo el país) y movilizó a un amplio sector de la población tras un discurso que conjugaba el patriotismo con el anticomunismo militante. Así, esta organización dio voz al sujeto social de derechas en un espacio simbólico fundamental en la disputa con las izquierdas: el ámbito juvenil. Su convocatoria, sin embargo, trascendió a ese espacio generacional.
Tras un cauteloso discurso inicial de respeto a las tradiciones partidarias blancas y coloradas, a partir de 1972 la JUP afianzó un tono crítico a la conducción de sus dirigentes. Con ánimo de constituirse en un movimiento político autónomo, enunció un proyecto caratulado como “revolución nacional”, de neta resonancia falangista, que la condujo a apostar al ajuste por el golpe militar. Desde ese discurso y esa práctica, el movimiento se vio envuelto en múltiples episodios de violencia política que marcaron a la época. La violencia derechista no estatal, que desde 1971 sacudió al país, encontró en la JUP un depositario natural, por ser el movimiento social de derecha de mayor visibilidad. Así, quedó marcada por su complicidad en el anticipo de las prácticas del terrorismo de Estado.
En mi investigación de largo aliento he tratado de mostrar que la JUP fue más que un mero instrumento de violencia política, y que se trató de un movimiento social que aglutinó detrás de las banderas del “patriotismo” y el “anticomunismo” a una vasta “reacción conservadora” frente a los portavoces del “caos”. Aquí, particularmente, trataré de mostrar el grado de protagonismo que la organización adquirió en el escenario de violencia de los años 1971-1973, a partir de prensa de izquierda y jupista, archivos desclasificados de Inteligencia policial e informes del embajador francés en Montevideo a su cancillería, además de entrevistas a protagonistas.
“Desde un tiempo a esta parte los voceros del comunismo pretenden confundir a la ciudadanía desprevenida del país con una andanada de ataques contra el movimiento de la Juventud Uruguaya de Pie. El más manido es la de imputarle todos los disturbios acaecidos en Secundaria. La JUP sería algo así como aparcera de la feroz policía en la provocación de conflictos, contra inocentes estudiantes de izquierda”, decía el 7 de octubre de 1971 La Mañana, periódico que publicaba una página oficial de la JUP en su “Edición del interior”.
¿Fue la violencia física un componente del repertorio de acción colectiva de la JUP? Hubo tres escenarios clave en los que se manifestó la violencia política derechista no estatal (o paraestatal): el estudiantil, el preelectoral (setiembre a noviembre de 1971) y un escenario más difícil de clasificar, en torno a la acción de los denominados “escuadrones de la muerte”. Estos tres niveles fueron parte de un continuo que iba acentuando su carácter cruento, ilegal y por ende, terrorista.
La conflictividad en la enseñanza
El despliegue movilizador de la JUP en los primeros meses de 1971 coincidió con prolongados conflictos en la enseñanza secundaria, fundamentalmente en liceos montevideanos; en algunos centros de estudios se produjeron graves enfrentamientos entre estudiantes de izquierda y de derecha. En este clima de radicalización, la JUP vino a dar un marco de reproducción y legitimación a las prácticas y discursos de los jóvenes de derecha. El eje del conflicto se centraba en la intervención de la enseñanza media que el Poder Ejecutivo aplicó entre febrero de 1970 y junio de 1971. Conviene repasar aquel controvertido escenario.Para el sujeto social de derecha, la dilución del “principio de autoridad”, sobre todo en los liceos y especialmente desde 1968, resultaba exasperante. La hegemonía de las agrupaciones estudiantiles de izquierda, aliadas además a los sindicatos docentes de igual signo político, se hizo notoria. Desde tiendas de la derecha se reclamaba al Poder Ejecutivo, encabezado por Jorge Pacheco Areco, que se intervinieran los entes educativos, en contra de una fuerte tradición autonomista en todas las ramas de la enseñanza. Finalmente, la intervención en Secundaria y Universidad del Trabajo fue resuelta el 12 de febrero de 1970 mediante el decreto número 88, amparado en la aplicación de medidas prontas de seguridad. Se designaron consejos interventores para ambas ramas y el de Secundaria quedó presidido por el profesor Armando Acosta y Lara (ejecutado en 1972 por el Movimiento de Liberación Nacional – Tupamaros, que lo acusó de integrar el “escuadrón de la muerte”).
En De la reforma al proceso: una historia de la Enseñanza Secundaria (1955-1977), Antonio Romano afirma que la intervención era parte de un nuevo proyecto político pedagógico, que se profundizaría desde 1973, primero con la ley de educación “Sanguinetti” y luego con el golpe de Estado, y sustentado en los conceptos de “nuevo orden, nuevo hombre, nueva formación moral y cívica”.
La intervención chocó desde un comienzo con la cerrada oposición de la Asamblea de Profesores (órgano asesor del Consejo) y de los gremios docentes y estudiantiles, y aunó en su oposición a un arco muy diverso de la opinión política, desde los márgenes izquierdos hasta posturas del centro liberal. Para los sectores más organizados de la izquierda, el ámbito educativo se transformó en un espacio de acción política privilegiado. El Partido Comunista, según Gerardo Leibner (Camaradas y compañeros. Una historia política y social de los comunistas del Uruguay), lo definió como el principal conflicto social y político de 1970. Desde estos ámbitos se desataron importantes movilizaciones. “Del 22 al 26 de julio [de 1970], Montevideo parece un campo de batalla, con piedras, gases lacrimógenos por todos lados y barricadas que se erigen, se levantan, vuelven a instalarse.”, dice Julio María Sanguinetti en La agonía de una democracia: proceso de la caída de las instituciones en el Uruguay (1963-1973).
Para diluir la conflictividad, los consejos interventores suspendieron las clases el 28 de agosto de 1970 para luego clausurar el año lectivo el 4 de setiembre. “La medida de suspensión desnuda la imposibilidad del gobierno de restaurar el orden”, escribe Sanguinetti en el libro mencionado, publicado en 2008. Dicho por quien en 1970 era un diputado aliado al gobierno y luego se desempeñaría como ministro de Educación y Cultura del gobierno de Juan María Bordaberry, expresa el estado de ánimo del sujeto social de derecha: caos provocado por la izquierda, impotencia de la derecha para imponer el orden e inevitabilidad de la intervención.
La respuesta de los gremios de la educación fue la de organizar “contracursos” y “Liceos Populares”. Para Leibner, la movilización contra el cese de cursos “transformaba ante la opinión pública a los estudiantes agremiados de supuestos promotores del desorden en aplicados estudiantes deseosos de seguir estudiando”, aunque se puede dudar que esa haya sido la percepción predominante en el conjunto de la sociedad uruguaya. Amparado en un denso herramental mediático, el enfoque que señalaba a los gremios como los portadores del caos debió tener una fuerte audiencia, lo que, para Real de Azúa, respondía a un antagonismo establecido: “la concepción enteramente tradicional que de los fines de esa enseñanza profesa un sustancial sector de la población nacional y la otra, y tan distinta, que se involucra en la militancia de los sectores docentes y estudiantiles de posición más extrema” [en Partidos, política y poder en el Uruguay (1971 – Coyuntura y pronóstico)].
Cabe señalar que la JUP nació en octubre de 1970, cuando los cursos ya habían sido suspendidos por el Consejo Interventor. Por ende, la presencia activa de esa organización en el conflictivo clima de la enseñanza solo pudo darse desde el momento en que los cursos fueron reiniciados, en marzo de 1971.
Un artículo publicado en La Mañana el 6 de mayo de 1971, en pleno conflicto entre las gremiales estudiantiles de izquierda y las agrupaciones “demócratas”, ilustra el discurso de la JUP para legitimar sus luchas: “Somos los que vamos al Liceo a hacer algo hasta que cumplamos 18 años y podamos trabajar. Somos hijos de familias que no nos usan de instrumentos de sus rencores políticos ni de sus situaciones económicas”.
A partir de marzo de 1971, en Montevideo y la zona metropolitana hubo focos de disturbios en los liceos Bauzá, 18, 9, el de Las Piedras, el IAVA y otros. Según el embajador francés, a fines de mayo, de veintidós establecimientos liceales de Montevideo, solo diez funcionaban más o menos normalmente, mientras que los otros estaban cerrados, ocupados o desorganizados.
Los consejos interventores cayeron el 12 de junio de 1971 por decisión parlamentaria, en una medida que Romano interpreta como una respuesta política ante el “alto grado de impopularidad” de la intervención. Fue una de las pocas ocasiones en que el gobierno de Pacheco claudicó ante el legislativo. El informe del embajador francés señalaba que “la extrema izquierda canta victoria”, pero entendía que ese enfoque era erróneo, y que solo se trataba de una maniobra táctica del presidente. Para él, el hecho de que nombrara de inmediato al ex presidente del Consejo Interventor, Armando Acosta y Lara, como subsecretario de Interior, era “un signo elocuente” de continuidades.
Desde entonces, la JUP sostuvo un discurso crítico al levantamiento de la intervención y a la acción de los consejos interinos, entendidos como una claudicación ante la presión sindical y estudiantil. “Todo el Gobierno ha entregado la E. Secundaria al control comunista. Todos nos damos cuenta”, decía La Mañana el 24 de junio de 1971. Para voceros de la JUP, había una actitud “entreguista”.
Naturalización de la violencia en secundaria
Resulta imposible hacer un recuento de las acciones violentas adoptadas por núcleos estudiantiles de izquierda y de derecha contra sus rivales. Los enfrentamientos a golpes de puño, con cachiporras e incluso con armas de fuego fueron frecuentes, según numerosos testimonios. Para los militantes de izquierda, la convicción de que los grupos “demócratas” actuaban con la protección –si no con la decidida participación de la policía, uniformada o encubierta– reforzó la radicalidad de sus acciones.Uno de los mecanismos privilegiados por las gremiales estudiantiles, tanto liceales como universitarias, para penalizar a quienes definían como “fachos” fue la desgremialización. Si bien se trataba de una medida de carácter simbólico, su discusión y resolución en asambleas debió ambientar no pocos enfrentamientos. Cuando entrevisté a Hugo Manini Ríos –hermano del actual comandante en jefe del Ejército, Guido Manini Ríos, y nieto de Pedro Manini Ríos, fundador del diario La Mañana y cabeza de la derecha antibatllista colorada a principios del siglo XX–, opinó que “la violencia que soportaban los militantes de la JUP era mucho más moral que física. Como el caso de [Mario] Soca, que fue juzgado y desgremializado en la Universidad. Mi hermano Bruno, que fue desgremializado en Agronomía y no pudo seguir estudiando. Infinidad de casos”.
Sofía el “demócrata”
El 7 de mayo de 1971 El País
informó sobre un ataque con pintura roja arrojada sobre la cabeza de un
conocido militante “demócrata”: se trataba de Miguel Sofía.
Fotografiado en el patio de un liceo, resultaba una imagen de corte
impresionista, con la pintura roja corriendo por su barba y mejilla. Por
entonces, Sofía era un militante de derecha conocido desde hacía ya
algún tiempo en los ambientes de la militancia estudiantil.
El periódico socialista El Oriental, bajo el título “Los fascistas en acción”, responsabilizó a militantes de la JUP de haber ingresado el 27 de abril “con los revólveres en la cintura o con garrotes” al liceo mientras se realizaba una asamblea estudiantil “donde se trataba, precisamente, los manoseos y provocaciones que por parte de esos mismos elementos eran objeto muchachas y muchachos”. Según esta crónica, los atacantes dispersaron a los asambleístas a balazos, no habiendo “heridos graves de casualidad”. Al día siguiente, “la gente de la JUP” ocupó el local de estudios mientras padres y alumnos realizaban en la puerta un acto de desagravio por los hechos de la víspera. Los ocupantes dispararon nuevamente y la policía intervino para apresar a varios de los estudiantes que protestaban por la ocupación al grito de “fascistas, fascistas”. Tras esto, los agredidos marcharon hasta el Viaducto del Paso Molino, donde unos individuos volvieron a dispararles desde un auto. Los tiradores fueron vistos luego conversando con los ocupantes del Bauzá. Las víctimas de esos atentados identificaron a trece de sus atacantes, entre los cuales figuraba el Manco Ulises Fernández, “conocido agente policial, protagonista de graves sucesos desde hace tiempo en el Bauzá”, se informaba luego en sendos comunicados de los gremios estudiantil y docente, denunciando la responsabilidad del Consejo Interventor en este tipo de incidentes. En el análisis del órgano socialista, la policía y la JUP actuaban en connivencia, siendo la comisaría próxima al liceo “la base de operaciones” del grupo: “Bajo el alón protector del pachecato, al fascismo se le hace el campo orégano”.
De acuerdo al embajador francés, el Liceo Bauzá “fue teatro de actos de violencia de cierta gravedad, ya que estudiantes de tendencias opuestas se enfrentaron con armas de fuego (felizmente, sin alcanzar a nadie). Una nueva organización, la Jeunesse uruguayenne debout (JUP) [manuscrito: “de extrema derecha”, sobre tachado: “de tendencia fascista”], cuya formación fue suscitada por partidarios de la reelección del presidente Pacheco y que tendría apoyo de la policía”. Desconocemos qué fuentes manejaba el embajador, pero las referencias al vínculo JUP-gobierno-policía sugieren la existencia de un cierto sentido común al respecto en los circuitos de poder.
La violencia en los liceos se agudizó en el año y medio anterior al golpe de Estado de junio de 1973. Los testimonios dan cuenta de la generalización de una modalidad particular: el ataque a los institutos controlados por estudiantes de izquierda por parte de grupos externos, amparados frecuentemente en la acción de efectivos policiales. Uno de esos ataques, perpetrado el 11 de agosto de 1972, mientras se llevaba adelante una asamblea gremial en el Liceo 8, terminó con la vida del estudiante Nelson Rodríguez Muela, militante del Partido Comunista Revolucionario (maoísta). El grupo agresor, compuesto por unos quince jóvenes ajenos al instituto y encabezado por Enrique Mangini, entró disparando balas al recinto liceal. Detenidos por la policía, siete atacantes terminaron procesados por atentado a la propiedad privada, pero la causa por el homicidio fue archivada, hasta su reapertura en 2009. Más tarde, ya en dictadura, el grupo fue beneficiado por una amnistía a presos comunes.
La prensa de la izquierda presentó este caso y los demás de este tipo como ataques de la JUP. Esta respondió con su habitual retórica de invertir los términos de las responsabilidades: “Por fin encontraron el muerto”, tituló el semanario jupista Nuevo Amanecer, en tanto deslindaba toda participación.
La percepción de que los centros de estudios eran objeto de ataques de grupos de derecha quedó estampada en la “Plataforma de 5 puntos” que la CNT elevó al Poder Ejecutivo apenas iniciada la huelga general contra el golpe de Estado del 27 de junio de 1973. El reclamo por la “erradicación de las bandas fascistas que actúan impunemente en la enseñanza” reflejaba la relevancia que al asunto le daban las fuerzas de izquierda.
Para los medios de prensa de izquierda como El Oriental, el comunista El Popular y Cuestión, del Movimiento 26 de Marzo, no cabían dudas sobre la identidad jupista de los agresores en ese tipo de hechos. Cargada de adjetivaciones ideológicas (“fascista”) y connotaciones de clase (“nenes bien”), la JUP era presentada como un mero agente de acción represiva complementario de la policía y al servicio del gobierno.
Por su parte, el comunicado de los profesores tras los hechos ocurridos en el Bauzá en abril de 1971 agregaba algo de complejidad al asunto y proponía pensar en una distribución de tareas escalonadas entre diversos actores, al referirse a la “intervención de grupos armados que acatan las directivas de la JUP cuya vinculación con la Intervención se manifiesta en el hecho de que su presidente es secretario del Interventor Escanellas” (apuntaba a Gabriel Melogno, presidente de la JUP en Montevideo y efectivamente secretario de Antonio Escanellas). Esta tesitura ubicaba a la JUP como una superestructura próxima al poder político, a la cual respaldarían “grupos armados” que no necesariamente participaban en su orgánica.
La JUP dio su opinión sobre los hechos de abril de 1971 en su página del “suplemento verde” de La Mañana, bajo el título “Los hechos del Bauzá. Una juventud sana ante el fanatismo foráneo”. Todas las acusaciones de violentismo en su contra eran redirigidas contra sus enemigos. No se habría tratado de una ocupación, sino que el Bauzá fue “defendido, preservado... por estudiantes que se adelantaron al vandalismo de los izquierdistas, evitando que éstos se adueñaran de la casa de estudios”. La responsabilidad de la balacera era también redireccionada, acusando de la misma a los izquierdistas. En definitiva, no se había tratado de un enfrentamiento entre grupos políticos, sino “de estudiantes auténticos defendiéndose de fanáticos antipatriotas”. Se preguntaba luego: “¿Qué papel tuvo la Juventud Uruguaya de Pie en el episodio? Como Movimiento, ninguno. Como conglomerado de jóvenes que comprende sus ideales, desde luego entre los estudiantes que defendieron el Bauzá, había simpatizantes de la JUP”.
Esta manera de decir “no fuimos” pero “estamos con ellos” respondía a un dilema no resuelto por la organización. Por un lado, la JUP encontraba en aquellos núcleos de estudiantes “demócratas”, además de un marco de contención de la izquierda juvenil, el espacio para ganar adherentes y expandir su influencia, y por lo tanto no los podía defraudar. Por otro lado, a nivel público, era necesario para la JUP mantener la imagen de referente de la juventud “sana y patriótica” con la que se había lanzado desde el interior del país –su origen estuvo en Salto– y a la cual la proximidad con el escenario de violencia podía perjudicar.
Según dos ex dirigentes de la JUP que entrevisté, Hugo Manini y otro de iniciales GT, en el liceo funcionaba una agrupación “demócrata” llamada Siempre Bauzá, que combatía los supuestos excesos izquierdistas. Esa agrupación, de acuerdo a ellos, no respondía orgánicamente a la JUP, aunque hubiera entre ellos simpatizantes de la organización. GT y Manini reconocieron también que esa agrupación recibía apoyo externo de gente armada. Esto había sido resultado, según ellos, de que los comunistas hacían lo mismo, trayendo a obreros en camiones a castigar a los oponentes de sus camaradas liceales. Entre la gente armada que apoyaba a “Siempre Bauzá” ubican al grupo que comandaba el Manco Ulises, pero aseguran que la JUP siempre evitó el vínculo con ellos. “El Manco Ulises nunca fue de la JUP”, sino que “era una persona paga por los yanquis. Era policía. Tenía sus autitos”, dijeron.
El informe de la inteligencia policial sobre la JUP al respecto de los incidentes del Bauzá señala los mismos matices : “Asociación ʻSIEMPRE BAUZÁʼ. Tiene su sede en el mismo Liceo Bauzá, dirigida por un consejo regente de 3 miembros, con 300 inscriptos. Orgánicamente no depende de la JUP, pero sus integrantes son admiradores de la misma, asiduos concurrentes a su sede central y, en forma individual, estrechamente vinculados a la JUP”
El contexto preelectoral
Los meses previos a las elecciones de 1971 estuvieron jalonados por niveles de violencia política muy por encima de los habituales en la historia electoral del siglo XX. Eduardo Rey Tristán, en La izquierda revolucionaria uruguaya, 1955-1973, afirma que de 146 acciones violentas adjudicadas a lo que él llama “grupos paramilitares” en ese período, 95 se produjeron en 1971 y 46 en 1972. Los “atentados” de derecha contra personas causaron seis muertes. “Mientras las acciones de la izquierda revolucionaria se enmarcaron en estrategias más amplias motivadas por el propio carácter y objetivos de esas organizaciones, la acción paramilitar fue más limitada en sus formas, y se orientó principalmente contra las personas. Esto estuvo motivado sin duda por la diferente función que la violencia cumplía para estos grupos respecto a los revolucionarios. No había una estrategia a partir de la cual se pretendiese el poder, sino más bien era de represalia, de posible apoyo a la labor de las fuerzas de seguridad... o incluso, en ocasiones de puro y simple terror”, dice.Al contrario de lo que ocurría con la violencia izquierdista, la mayor parte de los atentados derechistas quedaron sumidos en el anonimato. Las víctimas de la violencia necesitan poner nombre al agresor que no se identifica. “Detrás de esa mano, se mueven los verdaderos culpables; se mueve la JUP, una organización que no ha ocultado su definición ultraderechista. Se mueven otras bandas fascistas parapoliciales, ostensiblemente asesoradas por expertos estadounidenses y brasileños.”, decía El Popular en noviembre de 1971.
Entre el sinnúmero de acciones de violencia que involucran a la derecha en aquél contexto electoral, hay por lo menos uno que presenta una relación directa y comprobable con la JUP. El 10 de noviembre de 1971, la organización realizó un acto en Montevideo en la plaza Viera (en Rivera y Francisco Muñoz), tras el que se produjeron hechos graves de violencia. Hay dos versiones de los incidentes y totalmente contradictorias. Según El Popular, luego de finalizado el acto, un conjunto de participantes marchó desde la plaza en dirección este. A diez cuadras en esa dirección, en la intersección de Rivera y Pastoriza se encontraba un local de la Lista 1001, referente del Partido Comunista. Al llegar allí, “las hordas fascistas de la JUP” atacaron el local a balazos. Al producirse un tiroteo, acudieron la Policía y un vehículo del Ejército, emprendiéndola ambos contra los ocupantes del local y produciéndose detenciones. Tras los hechos se constataron dos heridos: el comisario Blas Fabregat y “el fascista” Jorge Washington Piñón, quien “era del Prado, “capanga de la JUP, lugarteniente del ʻMancoʼ Ulises... [los] vecinos lo señalan por andar armado”.
Según GT, efectivamente hubo una marcha por la avenida Rivera luego del acto, y al pasar frente al local comunista les dispararon desde adentro, lo que generó una reacción. GT señala que el comisario herido iba de civil acompañando a los manifestantes, y que Piñón era efectivamente del grupo de Ulises Fernández, pero que éstos últimos no eran orgánicos de la JUP, sino activos militantes anti-izquierdistas en el entorno de los liceos de Montevideo. Sobre presencia de éstos en el acto, respondió algo evidente: ninguna fuerza política puede controlar la asistencia a un acto público.
En nuestra percepción, a priori no parece razonable que desde un comité comunista se disparara espontáneamente contra una marcha rival. Esas no eran al menos las directivas que tenían sus militantes, más allá del margen de improvisación en que pudiera incurrir alguno de ellos. Parece más posible que, si es que se abrió fuego desde el local, fuera en respuesta a una provocación previa desde el exterior. No resulta evidente quiénes pudieron pergeñar una trampa como esa. Asignarle la responsabilidad a la JUP es elegir el camino más corto. Múltiples actores, incluida la JUP, podían beneficiarse del rechazo anticomunista que agitarían los medios de comunicación dominantes a dos semanas del acto electoral. Al día siguiente, El País tituló “Comunistas balearon a manifestación de la JUP en Pocitos” y La Mañana: “Frentistas atacan a asambleístas de la JUP”.
En el marco de aquella violencia preelectoral, la derecha también pudo presentar su “mártir”. El 6 de agosto de 1971 el joven Zapicán Arhancet, de 16 años, resultó muerto de un balazo mientras atentaba contra un comité de base del Frente Amplio. Se trataba de un estudiante del liceo Bauzá, hijo de un militar. Aún hoy, las versiones siguen impregnadas por la polarización de la época, e incluyen desde un inocente ataque con pintura a un intento de arrojar un cóctel molotov y la denuncia de que Arhancet y su acompañante portaban armas de fuego. Nadie fue procesado por el hecho, porque el juez entendió que se había tratado de un homicidio ultraintencional, producto de un disparo de su propia arma cuando el joven era desarmado por militantes frenteamplistas.
De acuerdo a Hugo Manini, el joven fallecido no era de la JUP, aunque sí probablemente fuera de la agrupación liceal Siempre Bauzá: “Era un muchacho que animado por una voluntad antiizquierda hizo algo y murió”. Al calor de los hechos, la JUP invocó esta muerte en un acto realizado en Durazno el 19 de agosto junto a padres y estudiantes “demócratas”; allí, según La Mañana, Manini tomó la palabra y dijo que era un ejemplo de que “el comunismo mata”. Una semana más tarde, Melogno, en un acto de la JUP en Minas, habló de una “ominosa ejecución”, aunque en ningún caso la JUP lo reclamó como militante de la organización.
El campo de las derechas
El complejo mapa de la extrema derecha civil entre 1968 y 1971 incluye a numerosas agrupaciones asociadas a la violencia. Además de la JUP, actuaron el Movimiento Nueva Generación, de origen pachequista, la Coalición Renovadora de Estudiantes Independientes, el Movimiento de Restauración Nacionalista, presuntamente vinculado a la extrema derecha blanca, el grupo de apelativo fascista Movimiento Obrero Estudiantil Nacional Socialista del Uruguay, el Comando Oriental Anticomunista, que perpetró ataques contra sindicalistas de la salud en 1969, el grupo ultracatólico Tradición, Familia y Propiedad, entre otros; además, las agrupaciones estudiantiles como Siempre Bauzá, y las eventuales “bandas” reunidas para acciones puntuales, de lo cual el ataque al comité del FA en el que murió Zapicán Arhancet podría ser un ejemplo.Actuaron también, desde la clandestinidad, los grupos denominados de manera genérica “escuadrones de la muerte”, que firmaron ocasionalmente sus comunicados o acciones con una variedad de nombres (Comando Caza Tupamaros, Comando Dan A. Mitrione, Defensa Armada Nacionalista, Comando Armando Leses, Brigadas Nacionales, MANO, Escuadrón de Justicia Oriental) y que cobraron en torno a cinco vidas de jóvenes izquierdistas, como refleja un documento de la embajada de Estados Unidos al Departamento de Estado. En las declaraciones realizadas por el agente policial Nelson Bardesio a los tupamaros que lo mantuvieron secuestrado con el fin de investigar las acciones de esos escuadrones, aquél menciona a Miguel Sofía y a Ángel Pedro Crosas como dos de sus integrantes, señalándolos además como pertenecientes a la JUP.
No se pueden descartar las conexiones entre las organizaciones que actuaban en la esfera pública, con las que lo hacían desde el plano de la clandestinidad, aunque los ex jupistas han rechazado terminantemente que Sofía y Crosas fueran integrantes de su movimiento y toman distancia respecto a todas las demás organizaciones mencionadas. “Con esos grupúsculos nunca quisimos saber nada”, asegura Hugo Manini, quien puntualiza que las relaciones entre la JUP y el Movimiento Nueva Generación (MNG) terminaron en una ruptura radical: “Nosotros no tuvimos grandes problemas con el MNG... hasta que un día quisieron copar la sede nuestra”. Efectivamente, el día 31 de enero de 1972 un grupo de hombres armados ingresó al local de la JUP en la Av. 18 de Julio. Bajo el título “Escándalo en la JUP: batalla campal con varios heridos”, Cuestión denunció que se había producido una disputa entre grupos rivales por la supremacía interna: “Manini, armado con metralleta, acusó de traición a otros dirigentes en plena reunión del Consejo Federal”. Según el semanario, Manini había llegado con “cuatro guardaespaldas armados con metralletas, gritando de forma histérica ‘la JUP es mía’”. El resultado habría sido que Gabriel Melogno se retirara herido y que Ricardo Trindade, dirigente de la JUP fuera detenido y luego procesado por “lesiones graves”.
Algunas conclusiones provisorias
En sus ataques contra el movimiento izquierdista, la derecha respondió con una diversidad de dispositivos, no necesariamente coordinados. Primero que nada, la represión lisa y llana –correspondiente al estado de excepción en el que el gobierno había colocado a toda forma de protesta– supuso el uso discrecional de la “fuerza legítima” del Estado, con un estilo que Álvaro Rico ha catalogado como “autotransformación del Estado de derecho en Estado parapolicial” (en Cómo nos domina la clase gobernante. Orden político y obediencia social en la democracia) entre 1968 y 1973, y la aplicación de resortes represivos propios de la “dictadura comisarial” desde junio de 1973.En el plano de la sociedad civil, hubo tres niveles de acción. En primer lugar el de la JUP, protagónica en el interior del país y con intenciones de contrarrestar la hegemonía izquierdista entre el estudiantado montevideano. El movimiento fue adoptando un ambicioso proyecto político de alcance nacional, en el cual el asunto educativo era central por razones ideológicas y estratégicas. En el medio de la agitación incubada bajo la intervención de la enseñanza media, se posicionó claramente contra los “promotores del desorden”. A través de un arsenal mediático de peso (escrito y radial), la JUP se transformó en una voz relevante de la reacción conservadora en el campo estudiantil. Con un discurso plagado de referencias a la lucha contra los “traidores” y “apátridas”, de hondo sentido belicista, sus militantes no debieron ser ajenos a los enfrentamientos, más allá del rechazo público a la violencia del que la JUP era portavoz.
En segundo lugar, las agrupaciones liceales autoproclamadas “demócratas”, movilizadas por su rechazo al gremialismo de izquierda, y apoyados frecuentemente en núcleos de docentes y padres también autodefinidos como “demócratas”. Muchos de ellos pudieron afiliarse a la JUP o participar en sus actividades. Más allá de estar o no afiliados, todo parece indicar que el rótulo “JUP” constituyó para ese conjunto de activistas de derecha un marco identitario. Esto explica que para los militantes de izquierda no cupieran dudas de que era efectivamente la JUP la que los atacaba.
En tercer lugar, los grupos de choque, seguramente animados desde la fuerza policial mediante agentes encubiertos –lo que los izquierdistas llamaban “tiras”–, proclives a incidir con armas en las disputas interestudiantiles. En qué medida ese accionar policial estaba a su vez ambientado por la inteligencia estadounidense (como lo sugiere el testimonio de un ex jupista), es un extremo que no estamos en condiciones de probar, pero que encontramos muy plausible.
Por último, tenemos los “escuadrones de la muerte”. Las fronteras entre estos comandos, las fuerzas represivas del Estado, las estructuras partidarias y los movimientos sociales de derecha son difusas. La mirada de la izquierda ha quedado abonada por las “actas de Bardesio”, ciertamente creíbles, pero seguramente confusas e incompletas. Gonzalo Varela Petito, en De la República liberal al Estado militar, le adjudicó a esferas gubernamentales el recurso a la violencia parapolicial.: “Un ejercicio abierto del poder represivo no era fácil en la coyuntura [electoral de 1971]; se le complementó pues por la vía clandestina”. En esa dirección irían las apreciaciones que el por entonces líder del batllismo Lista 15, y socio del gobierno, Jorge Batlle, vertiera a la diplomacia estadounidense: “era necesario crear [...] sin tantos miramientos, un grupo secreto que “solucionara” el problema de la guerrilla [...] fuera de las autoridades legítimamente constituidas, como revela Clara Aldrighi en El caso Mitrione. A posteriori, Sanguinetti, por entonces compañero de militancia del recién nombrado, ha preferido explicar ese tipo de hechos como actos de “venganza [...] por algún grupo clandestino presumiblemente de origen policial”, descartando así una orquestación partidaria o gubernamental. Su línea argumental no parece ajena a la intención de deslindar cualquier sospecha de complicidad de parte de una élite política que él mismo integraba.
Es posible que todas estas esferas de acción (fuerzas de represión estatales, JUP, grupos “demócratas”, fracciones partidarias, grupos de choque y “escuadrones de la muerte”) convergieran, generando un traspaso de activistas entre ellas que debió darse tanto de forma espontánea como también bajo mecanismos de infiltración. Algunos hechos y episodios evidencian que las relaciones entre los actores involucrados no se basaban solamente en normas de solidaridad.
En el clima de confrontación que atravesó el país, los actores que habían radicalizado sus posturas no pudieron mantenerse alejado de la práctica de violencia. El porte de armas fue relevado por la inteligencia policial y es asumido en las entrevistas a ex militantes de la JUP, aunque se le asigna un rol defensivo. Pero ese apelativo defensivo de su retórica no debe conducirnos al error. ¿Cuál es la distancia que media entre la autodefensa y la agresión armada? Ha sido en general un dilema difícil de resolver en la investigación acerca de escenarios de espiral de violencia. Si bien la JUP pretendió cultivar una imagen de organización “seria”, que se tuteaba con ciertas personalidades de los partidos tradicionales y con figuras de la Iglesia Católica y que, sobre todo en el interior, se rodeaba del apoyo de tradicionales “fuerzas vivas”, su discurso se cargó de un tono de belicosidad, cimentado en una lógica de guerra (amigo-enemigo), y apelando a la “energía” y la “virilidad” de unos militantes dispuestos a ofrecer “hasta la última gota de su sangre”.
Vale decir que en el campo de la derecha hubo una suerte de “división del trabajo” no explícita, probablemente no planificada, en la cual los grupos de acción directa desempeñaron un rol funcional a la estrategia general de la derecha uruguaya, la JUP incluida, permaneciendo sin embargo ésta inmune a evidencias contundentes de participación en hechos cruentos. Resulta razonable que una organización como la JUP no pretendiera involucrarse en batallas decisivas contra el comunismo. Su invocación al golpe militar desde principios de 1973 denota su confianza en las Fuerzas Armadas para cumplir con esa tarea. No faltaba en su prédica mediática una pretensión “intelectual” que podría reservarles un papel específico en un eventual ajuste autoritario. Tras autodisolverse, luego del golpe militar, varios de los activistas de la JUP escalaron posiciones en el sistema educativo.