Miedo y asco en MVD
La columna de Daniel Figares.
Publicado por Ivonne Leites. - Atea y sublevada. La columna de Daniel Figares.
CADUCA!! (2)
Los devaneos, bandazos e idas y vueltas que el gobierno frenteamplista y la plana completa de sus funcionarios (del presidente para abajo) en todos los poderes -con la excepción de Michelini hijo, espero, Goldaracena y algún caso que desconozco, sepan disculpar-; la telenovela de cuarta que el Frente Amplio esta sosteniendo x estas horas para cumplir con el mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Gelman vs. Uruguay, sería para la risa, de no haber víctimas de x medio.
Pero la verdad que es patético. ¡Tristísimo! (Es muy fuerte ver en la tele que unos dicen una cosa otros dicen otra y después se desdicen unos y otros.)
Recordemos que en el fallo en general condenatorio conocido el pasado 24 de Marzo (aunque la sentencia fue redactada en español y en inglés, haciendo fe el texto en español, en San José, Costa Rica, el día 24 de febrero de 2010), La Corte estableció claramente que “El Estado debe garantizar que la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, al carecer de efectos x su incompatibilidad con la Convención Americana y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, en cuanto puede impedir u obstaculizar la investigación y eventual sanción de los responsables de graves violaciones de derechos humanos, no vuelva a representar un obstáculo para la investigación de los hechos materia de autos y para la identificación y, si procede, sanción de los responsables de los mismos” (…), y que, incluso, “el Estado debe disponer que ninguna otra norma análoga, como prescripción, irretroactividad de la ley penal, cosa juzgada, ne bis in idem o cualquier excluyente similar de responsabilidad, sea aplicada y que las autoridades se abstengan de realizar actos que impliquen la obstrucción del proceso investigativo”; agregando finalmente: “Conforme a lo establecido en la Convención, la Corte supervisará el cumplimiento íntegro de esta Sentencia y dará x concluido el presente caso una vez que el Estado haya dado cabal ejecución a lo dispuesto en la misma, debiendo el Estado rendirle, dentro del plazo de un año a partir de la notificación de esta Sentencia, un informe sobre las medidas adoptadas para tal efecto.” (Una desobediencia al dictamen podría terminar en La Corte Penal Internacional con graves consecuencias para el país.)
Quiero pensar –y tiene su lógica- que todo esto no es más que una obra armada para que los ‘pobres’ milicos que tuvieron… ¡más de 30 años de gracia! … x sus causas crean que la clase dirigente (los políticos, los jueces, las clases altas del Uruguay, la rancia oligarquía, la derecha pertinaz… y hasta ya debemos decir la ‘izquierda’ oriental) no los esta dejando en la estacada. ¡Pero miren que igual la vida se les va a judicializar bastante señores oficiales!
(MUCHACHOS… SABRÁN COMPRENDER… SE TIENE QUE HACER X QUE LA ORDEN VIENE DE ARRIBA -DEL MISMO LADO DE DONDE VINO CUANDO EL GOLPE DE 1973 ¿ME EXPLICO?)
Y si lo que hay en el Frente Amplio es un cálculo de rédito electoral –que, pienso que igual hay de todas formas-, la cosa ya da asco.
Desde luego que no somos pocos los que ya sabemos que la vida se ha vuelto despiadada. X eso no creemos en nada. A la falta de horizontes, a los aires apocalípticos, a la mala existencia, al morir de las ilusiones, a la decepción total hay que sumarle estos bajones: la caída de la ética pública, de la civilización y de la propia condición humana. (Uno sabe que si no muere el otro le toca a uno.)
Es sin dudas difícil –x no decir imposible- construir un sistema de valores en un mundo en donde el presidente de los Estados Unidos –el imperio- dice que hizo “justicia” al asesinar a Osama Bin Laden. Se trata de un lamentable regreso a la más brutal Ley del Talión (ojo x ojo, diente x diente). ¡Y estamos hablando de un regreso a la EDAD ANTIGUA, en pleno siglo 21!
Sí, vivimos en un planeta en el que hay que hacer de cuenta que Obama hizo justicia, que estuvo bien entregado el Nobel a la Paz que se le dio –nótese la tremenda paradoja-; así como hay que hacer de cuenta que Bin Laden no trabajaba para los Estados Unidos antes de la caída de las Torres Gemelas; o que no hay gente de las que murieron en los edificios que aún espera, juicios mediante, ser resarcida x ese mismo Estado norteamericano que parece rasgarse tanto las vestiduras.
En lo más cercano, me causo gracia y repulsión al mismo tiempo el otro día escuchar al ex presidente y actual asesor del Fondo Monetario Internacional, Tabaré Vázquez, cuando en una de sus ya habituales retorcidas volteretas éticas y morales en torno al tema derechos humanos repitió –sin dudas casualmente- una frase con la que cerramos Miedo y Asco el pasado 30 de marzo de 2011 y que hoy reafirmamos rotundamente:
LOS DERECHOS HUMANOS NO SON PLEBISCITABLES.
(Y acá todavía los derechos humanos… ¡SE DEBATEN!)
Hay una vieja frase que lo resume todo: los hombres se parecen más a su tiempo que a su padre.
Y ya dijimos que los tiempos se han vuelto despiadados…
DanielFigares
El hilo anterior de esta nota, del 30/3
CADUCA!!
Ya decía yo que una Ley que PERDONARA DELITOS era algo que no podía funcionar… ¡¡SEÑORES OFICIALES!!
Ahora todos con el culo a dos manos x lo que pueda pasar a propósito de lo que hicieron hace 40 años atrás.
Desde ya que no podemos darle las gracias a la llamada ‘izquierda’ nacional (que NO es tal). Imposible llevarse el crédito cuando el propio Tabaré Vázquez al asumir la pasada presidencia, hiciera un compromiso público de no innovar en la materia, con aquella tristemente célebre declaración de que “todos los uruguayos somos responsables, todos tenemos nuestra cuota de responsabilidad”, palabras que colocaban a todos los nacidos en esta tierra en tabla rasa con el terrorismo de estado ejercido durante la pasada dictadura militar x algunas de las lacras (quedan muchísimas otras más) que hoy están entre rejas. (En Uruguay hay entre 200 y 300 desaparecidos, aproximadamente… una cifra hasta ahora lamentablemente imposible de confirmar en un sólo número y con certeza. Argentina tiene el record de muertes en su última dictadura: se calculan en 30.000. En Uruguay tenemos el record de presos: 5.000.)
También Vázquez es el inventor del “Día del Nunca Más”, como alguna vez Batlle fue el que inventó “El Estado del Alma”,… todo con tal de mandarla al obol lo más lejos posible.
Sobre su peso, una gran verdad: tuvo las mayorías parlamentarias para derogar la Ley de Caducidad y NO las usó.
Y del presidente Mujica, ya todos saben: “esto se va a terminar cuando estemos todos muertos”, esa fue su postura durante todo este tiempo… y lo sigue siendo.
Es a la familia GELMAN a la que hay que agradecer. La presentación de su caso ante la Organización de Estados Americanos (OEA) hizo posible el milagro del regreso a una ética pública fundamental.
Ya la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA en su informe anual de 1992-1993 concluía que la Ley de Caducidad era “incompatible con el artículo XVIII (Derecho de justicia) de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, y los artículos 1, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos” al tiempo que recomendaba que el Gobierno de Uruguay otorgara “a las víctimas peticionarias, o a sus derecho-habientes, una justa compensación x las violaciones a las que se hace referencia en el párrafo precedente” y adoptara las “medidas necesarias para esclarecer los hechos e individualizar a los responsables de las violaciones de derechos humanos ocurridas durante el período de facto”.
Ya decíamos acá en Miedo y Asco en MVD que la presión de la OEA era la que estaba funcionando con más fuerza, “debería decirse que mucho más que la conciencia de los políticos de este país –si es que la tienen. Les son más caras las posibles sanciones de este tipo de organismos internacionales (la consecución de estas demandas van a terminar en la mismísima Corte de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, ONU), que los remordimientos naturales que deberían atormentarlos como simples seres humanos. (Salga o no salga aprobado el proyecto.)” Esto lo escribíamos cuando nacía el proyecto del canciller Almagro de “Ley Interpretativa” (“Ley de Caducidad. Pienso para mí” del Miércoles 27 de octubre de 2010).
Además del fallo en general condenatorio conocido el pasado 24 de Marzo (aunque la sentencia fue redactada en español y en inglés, haciendo fe el texto en español, en San José, Costa Rica, el día 24 de febrero de 2010), La Corte estableció claramente que “Dada su manifiesta incompatibilidad con la Convención Americana, las disposiciones de la Ley de Caducidad que impiden la investigación y sanción de graves violaciones de derechos humanos carecen de efectos jurídicos y, en consecuencia, no pueden seguir representando un obstáculo para la investigación de los hechos del presente caso [“Gelman vs. Uruguay”] y la identificación y el castigo de los responsables, ni pueden tener igual o similar impacto respecto de otros casos de graves violaciones de derechos humanos consagrados en la Convención Americana que puedan haber ocurrido en el Uruguay”; y que “El Estado debe garantizar que la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, al carecer de efectos x su incompatibilidad con la Convención Americana y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, en cuanto puede impedir u obstaculizar la investigación y eventual sanción de los responsables de graves violaciones de derechos humanos, no vuelva a representar un obstáculo para la investigación de los hechos materia de autos y para la identificación y, si procede, sanción de los responsables de los mismos” (…), y que, incluso, “el Estado debe disponer que ninguna otra norma análoga, como prescripción, irretroactividad de la ley penal, cosa juzgada, ne bis in idem o cualquier excluyente similar de responsabilidad, sea aplicada y que las autoridades se abstengan de realizar actos que impliquen la obstrucción del proceso investigativo”; agregando finalmente: “Conforme a lo establecido en la Convención, la Corte supervisará el cumplimiento íntegro de esta Sentencia y dará x concluido el presente caso una vez que el Estado haya dado cabal ejecución a lo dispuesto en la misma, debiendo el Estado rendirle, dentro del plazo de un año a partir de la notificación de esta Sentencia, un informe sobre las medidas adoptadas para tal efecto.”
Me satisface ver el movimiento de toda esta gente que estaba tan quietita sobre estos temas…
… Sólo once meses para disolver de un plumazo la impunidad construida x los Colorados de Sanguinetti, Los Blancos que apoyaron (casi todos), y los Frenteamplistas que –sin vergüenza, ¡sinvergüenzas!- dejaron hacer…
¡¡¡LOS DERECHOS HUMANOS NO SON PLEBISCITABLES!!!
DanielFigares
(“No hay derecha ni izquierda, sólo arriba y abajo”, cantaba Bob Dylan, y todavía sigue siendo verdad. // “Predicar moral es fácil; fundar moral es lo difícil.” Schopenhauer.)
Los devaneos, bandazos e idas y vueltas que el gobierno frenteamplista y la plana completa de sus funcionarios (del presidente para abajo) en todos los poderes -con la excepción de Michelini hijo, espero, Goldaracena y algún caso que desconozco, sepan disculpar-; la telenovela de cuarta que el Frente Amplio esta sosteniendo x estas horas para cumplir con el mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Gelman vs. Uruguay, sería para la risa, de no haber víctimas de x medio.
Pero la verdad que es patético. ¡Tristísimo! (Es muy fuerte ver en la tele que unos dicen una cosa otros dicen otra y después se desdicen unos y otros.)
Recordemos que en el fallo en general condenatorio conocido el pasado 24 de Marzo (aunque la sentencia fue redactada en español y en inglés, haciendo fe el texto en español, en San José, Costa Rica, el día 24 de febrero de 2010), La Corte estableció claramente que “El Estado debe garantizar que la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, al carecer de efectos x su incompatibilidad con la Convención Americana y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, en cuanto puede impedir u obstaculizar la investigación y eventual sanción de los responsables de graves violaciones de derechos humanos, no vuelva a representar un obstáculo para la investigación de los hechos materia de autos y para la identificación y, si procede, sanción de los responsables de los mismos” (…), y que, incluso, “el Estado debe disponer que ninguna otra norma análoga, como prescripción, irretroactividad de la ley penal, cosa juzgada, ne bis in idem o cualquier excluyente similar de responsabilidad, sea aplicada y que las autoridades se abstengan de realizar actos que impliquen la obstrucción del proceso investigativo”; agregando finalmente: “Conforme a lo establecido en la Convención, la Corte supervisará el cumplimiento íntegro de esta Sentencia y dará x concluido el presente caso una vez que el Estado haya dado cabal ejecución a lo dispuesto en la misma, debiendo el Estado rendirle, dentro del plazo de un año a partir de la notificación de esta Sentencia, un informe sobre las medidas adoptadas para tal efecto.” (Una desobediencia al dictamen podría terminar en La Corte Penal Internacional con graves consecuencias para el país.)
Quiero pensar –y tiene su lógica- que todo esto no es más que una obra armada para que los ‘pobres’ milicos que tuvieron… ¡más de 30 años de gracia! … x sus causas crean que la clase dirigente (los políticos, los jueces, las clases altas del Uruguay, la rancia oligarquía, la derecha pertinaz… y hasta ya debemos decir la ‘izquierda’ oriental) no los esta dejando en la estacada. ¡Pero miren que igual la vida se les va a judicializar bastante señores oficiales!
(MUCHACHOS… SABRÁN COMPRENDER… SE TIENE QUE HACER X QUE LA ORDEN VIENE DE ARRIBA -DEL MISMO LADO DE DONDE VINO CUANDO EL GOLPE DE 1973 ¿ME EXPLICO?)
Y si lo que hay en el Frente Amplio es un cálculo de rédito electoral –que, pienso que igual hay de todas formas-, la cosa ya da asco.
Desde luego que no somos pocos los que ya sabemos que la vida se ha vuelto despiadada. X eso no creemos en nada. A la falta de horizontes, a los aires apocalípticos, a la mala existencia, al morir de las ilusiones, a la decepción total hay que sumarle estos bajones: la caída de la ética pública, de la civilización y de la propia condición humana. (Uno sabe que si no muere el otro le toca a uno.)
Es sin dudas difícil –x no decir imposible- construir un sistema de valores en un mundo en donde el presidente de los Estados Unidos –el imperio- dice que hizo “justicia” al asesinar a Osama Bin Laden. Se trata de un lamentable regreso a la más brutal Ley del Talión (ojo x ojo, diente x diente). ¡Y estamos hablando de un regreso a la EDAD ANTIGUA, en pleno siglo 21!
Sí, vivimos en un planeta en el que hay que hacer de cuenta que Obama hizo justicia, que estuvo bien entregado el Nobel a la Paz que se le dio –nótese la tremenda paradoja-; así como hay que hacer de cuenta que Bin Laden no trabajaba para los Estados Unidos antes de la caída de las Torres Gemelas; o que no hay gente de las que murieron en los edificios que aún espera, juicios mediante, ser resarcida x ese mismo Estado norteamericano que parece rasgarse tanto las vestiduras.
En lo más cercano, me causo gracia y repulsión al mismo tiempo el otro día escuchar al ex presidente y actual asesor del Fondo Monetario Internacional, Tabaré Vázquez, cuando en una de sus ya habituales retorcidas volteretas éticas y morales en torno al tema derechos humanos repitió –sin dudas casualmente- una frase con la que cerramos Miedo y Asco el pasado 30 de marzo de 2011 y que hoy reafirmamos rotundamente:
LOS DERECHOS HUMANOS NO SON PLEBISCITABLES.
(Y acá todavía los derechos humanos… ¡SE DEBATEN!)
Hay una vieja frase que lo resume todo: los hombres se parecen más a su tiempo que a su padre.
Y ya dijimos que los tiempos se han vuelto despiadados…
DanielFigares
El hilo anterior de esta nota, del 30/3
CADUCA!!
Ya decía yo que una Ley que PERDONARA DELITOS era algo que no podía funcionar… ¡¡SEÑORES OFICIALES!!
Ahora todos con el culo a dos manos x lo que pueda pasar a propósito de lo que hicieron hace 40 años atrás.
Desde ya que no podemos darle las gracias a la llamada ‘izquierda’ nacional (que NO es tal). Imposible llevarse el crédito cuando el propio Tabaré Vázquez al asumir la pasada presidencia, hiciera un compromiso público de no innovar en la materia, con aquella tristemente célebre declaración de que “todos los uruguayos somos responsables, todos tenemos nuestra cuota de responsabilidad”, palabras que colocaban a todos los nacidos en esta tierra en tabla rasa con el terrorismo de estado ejercido durante la pasada dictadura militar x algunas de las lacras (quedan muchísimas otras más) que hoy están entre rejas. (En Uruguay hay entre 200 y 300 desaparecidos, aproximadamente… una cifra hasta ahora lamentablemente imposible de confirmar en un sólo número y con certeza. Argentina tiene el record de muertes en su última dictadura: se calculan en 30.000. En Uruguay tenemos el record de presos: 5.000.)
También Vázquez es el inventor del “Día del Nunca Más”, como alguna vez Batlle fue el que inventó “El Estado del Alma”,… todo con tal de mandarla al obol lo más lejos posible.
Sobre su peso, una gran verdad: tuvo las mayorías parlamentarias para derogar la Ley de Caducidad y NO las usó.
Y del presidente Mujica, ya todos saben: “esto se va a terminar cuando estemos todos muertos”, esa fue su postura durante todo este tiempo… y lo sigue siendo.
Es a la familia GELMAN a la que hay que agradecer. La presentación de su caso ante la Organización de Estados Americanos (OEA) hizo posible el milagro del regreso a una ética pública fundamental.
Ya la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA en su informe anual de 1992-1993 concluía que la Ley de Caducidad era “incompatible con el artículo XVIII (Derecho de justicia) de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, y los artículos 1, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos” al tiempo que recomendaba que el Gobierno de Uruguay otorgara “a las víctimas peticionarias, o a sus derecho-habientes, una justa compensación x las violaciones a las que se hace referencia en el párrafo precedente” y adoptara las “medidas necesarias para esclarecer los hechos e individualizar a los responsables de las violaciones de derechos humanos ocurridas durante el período de facto”.
Ya decíamos acá en Miedo y Asco en MVD que la presión de la OEA era la que estaba funcionando con más fuerza, “debería decirse que mucho más que la conciencia de los políticos de este país –si es que la tienen. Les son más caras las posibles sanciones de este tipo de organismos internacionales (la consecución de estas demandas van a terminar en la mismísima Corte de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, ONU), que los remordimientos naturales que deberían atormentarlos como simples seres humanos. (Salga o no salga aprobado el proyecto.)” Esto lo escribíamos cuando nacía el proyecto del canciller Almagro de “Ley Interpretativa” (“Ley de Caducidad. Pienso para mí” del Miércoles 27 de octubre de 2010).
Además del fallo en general condenatorio conocido el pasado 24 de Marzo (aunque la sentencia fue redactada en español y en inglés, haciendo fe el texto en español, en San José, Costa Rica, el día 24 de febrero de 2010), La Corte estableció claramente que “Dada su manifiesta incompatibilidad con la Convención Americana, las disposiciones de la Ley de Caducidad que impiden la investigación y sanción de graves violaciones de derechos humanos carecen de efectos jurídicos y, en consecuencia, no pueden seguir representando un obstáculo para la investigación de los hechos del presente caso [“Gelman vs. Uruguay”] y la identificación y el castigo de los responsables, ni pueden tener igual o similar impacto respecto de otros casos de graves violaciones de derechos humanos consagrados en la Convención Americana que puedan haber ocurrido en el Uruguay”; y que “El Estado debe garantizar que la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, al carecer de efectos x su incompatibilidad con la Convención Americana y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, en cuanto puede impedir u obstaculizar la investigación y eventual sanción de los responsables de graves violaciones de derechos humanos, no vuelva a representar un obstáculo para la investigación de los hechos materia de autos y para la identificación y, si procede, sanción de los responsables de los mismos” (…), y que, incluso, “el Estado debe disponer que ninguna otra norma análoga, como prescripción, irretroactividad de la ley penal, cosa juzgada, ne bis in idem o cualquier excluyente similar de responsabilidad, sea aplicada y que las autoridades se abstengan de realizar actos que impliquen la obstrucción del proceso investigativo”; agregando finalmente: “Conforme a lo establecido en la Convención, la Corte supervisará el cumplimiento íntegro de esta Sentencia y dará x concluido el presente caso una vez que el Estado haya dado cabal ejecución a lo dispuesto en la misma, debiendo el Estado rendirle, dentro del plazo de un año a partir de la notificación de esta Sentencia, un informe sobre las medidas adoptadas para tal efecto.”
Me satisface ver el movimiento de toda esta gente que estaba tan quietita sobre estos temas…
… Sólo once meses para disolver de un plumazo la impunidad construida x los Colorados de Sanguinetti, Los Blancos que apoyaron (casi todos), y los Frenteamplistas que –sin vergüenza, ¡sinvergüenzas!- dejaron hacer…
¡¡¡LOS DERECHOS HUMANOS NO SON PLEBISCITABLES!!!
DanielFigares
(“No hay derecha ni izquierda, sólo arriba y abajo”, cantaba Bob Dylan, y todavía sigue siendo verdad. // “Predicar moral es fácil; fundar moral es lo difícil.” Schopenhauer.)
"A nosotros nos hubiera gustado un texto que dijera ´a partir de hoy se anula la ley de impunidad y punto´".
El dirigente comunista Carlos Tutzó afirmó que la actitud del presidente Mujica y el vicepresidente Astori de pedir que se desobedeciera lo que había determinado el Plenario es "un agregado más" a la "herida" del FA y agregó que transformarse en un "partido de líderes" sería "la muerte del Frente Amplio".
El Partido Comunista analiza en las últimas horas su actitud a seguir en el tratamiento del proyecto interpretativo de la Ley de Caducidad, aunque ya está resuelto a buscar que se apruebe el proyecto que el Plenario apoyó por unanimidad, en parte porque no consideran que existan elementos nuevos en la discusión que puedan ser tomados en cuenta y que vayan en el sentido de la decisión tomada por el último Plenario.
La discusión se terminó de complicar con las declaraciones de José Mujica y el vicepresidente Danilo Astori que se manifestaron en contra del proyecto interpretativo de la ley de Caducidad, por los daños que podría llegar a hacerla a la fuerza política la falta de respeto a los dos pronunciamientos de 1989 y 2009 por parte de la ciudadanía.
Más allá de la opinión de los diferentes sectores, existe un malestar con el presidente Mujica por el camino elegido para expresar su opinión. El dirigente comunista Carlos Tutzó sostuvo que la carta del presidente José Mujica y el hecho de que tanto él como el vicepresidente Danilo Astori se hayan manifestado en contra del proyecto interpretativo golpea tremendamente al partido de gobierno: "Es la opinión del compañero presidente, que tiene todo el derecho a hacerla, nos hubiera gustado que fuera en un organismo del FA, pero cada uno actúa y se hace responsable de lo que hace".
El dirigente comunista señaló que si bien el partido está dispuesto a conversar y analizar propuestas, está decidido a buscar que se cumpla el mandato del último Plenario, que exige a los legisladores oficialistas a votar el proyecto, a la vez que buscarán que se apruebe el 19, tal como estaba planteado.
"A nosotros nos hubiera gustado un texto que dijera ´a partir de hoy se anula la ley de impunidad y punto´". Ese es el texto que nos hubiera gustado a nosotros los comunistas, pero como frenteamplistas que somos buscamos un camino para salir en clave de FA con el resto de los compañeros del Frente pero si nosotros lo buscamos lo tiene que buscar todo el mundo, más allá de su convicción personal, si les parece importante que el Frente Amplio siga siendo el Frente Amplio.
"Respetamos mucho la opinión de los compañeros, pero lo que se ha planteado como un proyecto sustitutito no cumple con lo que nosotros hemos propuesto. Si no tiene nada de eso no vamos a cambiar de opinión", afirmó y agregó: "Nosotros no vemos ningún cambio en nada, para nosotros el tema no es jurídico, es político. Acá lo concreto es que hay una ley de impunidad que viola la Constitución de la República y los derechos de los ciudadanos, porque viola la separación de poderes y establece dos categorías de ciudadanos unos que somos iguales ante la ley y otros que no", sostuvo.
"El FA tiene una forma frenteamplista de resolver las cosas, pero esto va muy largo. Se armó una comisión del Frente Amplio donde estuvieron todos los sectores políticos, se elaboró un nuevo texto que lo aprobó un Plenario por unanimidad y ahora aparece otra cosa", señaló Tutzó asegurando que le hubiera gustado que Astori y Mujica se hubieses dirigido a la fuerza política.
Realmente fue mal planteado, porque en vez de hacerlo en la interna del FA, plantearse un Plenario para rediscutir el tema, aparece una incursión media contradictoria del presidente y el vicepresidente porque justamente ellos habían dicho que esto lo tratara la fuerza política y dejara afuera al gobierno y después cuando lo trató la fuerza política y decidió, el gobierno interviene directamente".
"Yo quiero preguntarle a los compañeros ¿es cierto o no que está ley es inconstitucional? ¿Es cierto o no que está ley viola la separación de poderes del estado? ¿Es cierto o no que esta ley es injusta?, entonces esto tiene que ser eliminado de la vida de los uruguayos", afirmó.
Al ser consultado sobre si había sido un error convocar a plebiscito sobre este tema, Tutzó aseguró: "No fue un error. No todos trabajamos igual para esto. El plebiscito tuvo prácticamente los mismos votos que el Frente Amplio y todos vimos cuando se abrían los sobres que hubo sectores que no ensobraron o que ensobraron muy poco. Si mañana se vota en un plebiscito que las mujeres no tengan el mismo derecho que los hombres, el Parlamento se tiene que quedar tranquilo o tiene que pelear por otra cosa".
"Si a mí me una banda de asesinos y delincuentes y ladrones, trabajando para gente de otro país me secuestra a mi hijo, yo años después qué voy a hacer digo ´no, no pasa nada´. Las víctimas las dejamos en clase B porque no tienen derecho y a los victimarios le doy más derechos que al resto, se va creando una sensación", afirmó.
Para Tutzó los sentimientos y las experiencias personales hacen a la discusión, pero aclaró que no se trata de venganza, sino de justicia: "Yo estuve preso en la cárcel de Domingo Arena cuando era el 6º de Caballería, éramos 40 y pico de personas y nos mataban de hambre. Cada uno tenía el compromiso de matar 40 moscas por día, para tratar de evitar las infecciones. Íbamos a un solo baño, no teníamos derecho a la Justicia civil, se nos nombraba un abogado militar. A mi madre ese abogado le dijo ´algo habrá hecho´, veníamos de la tortura, de la brutalidad y estábamos vendados y atados durante un largo período y durante las visitas un militar te decía de qué podías hablar, si podías dar un beso o no. Estamos hablando de justicia no de venganza, yo no digo someterlos a esas brutalidades".
En cuanto a la posibilidad de un quiebre en el Frente Amplio, Tutzó señaló que el partido de gobierno "es un proyecto que está encarnado socialmente. Que está herido no tengo ninguna duda, y yo creo que un agregado más a esa herida fue el hecho que el presidente y el vicepresidente de la República, los dos frenteamplistas, fueran a una bancada de diputados a decirle que desobedeciera lo que había decidido la dirección del Frente Amplio, eso golpea tremendamente. Distinto es que hubieran ido al Frente Amplio a decir queremos que se rediscuta esto".
Tutzó señaló que cuando los comunistas tuvieron discrepancias como en el envío de tropas a Haití, o la política económica no se puso en cuestionamiento la continuidad del Frente Amplio: "Nadie dijo ahí que el Frente estaba fracturado porque nosotros nos enojábamos mucho de que se violaran las concepciones del Frente Amplio, ahora como es de otros compañeros.. Siempre cuesta más construir las herramientas que destruirlas, es como un hijo siempre cuesta más protegerlo desarrollarlo y dejarlo que se vaya. Ahora si todos tenemos una actitud frenteamplistas de defensa de la herramienta, la vida ha demostrado que el FA es capaz de encontrar salidas frenteamplistas.
"Si a partir de ahora la dirección del Frente no determina cuál debe ser la conducta política de sus representantes ¿quién lo va a hacer? ¿vamos a ser un partido de líderes? Nosotros no estamos de acuerdo con eso, porque creemos que eso es la muerte del Frente Amplio", agregó.
Tutzó recordó que el Partido Comunista históricamente tiene una actitud hacia el acuerdo, poniendo como ejemplo el hecho de haber conformado el Frente Amplio con el Partido Demócrata Cristiano, cuando existían diferencias filosóficas importantes entre ambos grupos. "Dijimos; en vez de mirar las diferencias, vamos a ver lo que nos puede unir y así se hizo", subrayó.
Fuente: Montevideo Portal
Leer más: http://esquinamontevideo.
El crimen fue denunciado en 1985 y archivado tres años después.
La familia del militante comunista Alvaro Balbi, asesinado en 1975 en el centro clandestino "Infierno Grande", en los fondos del Batallón de Infantería Nº 13, pidió ayer al Poder Ejecutivo que se revoque con retroactividad el archivo de ese expediente, dada la inconstitucionalidad de la ley que permitió la obstrucción de la Justicia.
La familia de un ciudadano muerto en dictadura presentó ayer un recurso administrativo ante Presidencia de la República, en el cual se solicita revocar la disposición del Poder Ejecutivo por la cual se declaró el caso bajo el amparo del artículo 1º de la Ley Nº 15.848, "Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado".
La "petición administrativa" impulsada por el abogado Pablo Chargoñia, en nombre de la militante del Partido Comunista (PCU), Lille Caruso, solicita al actual Poder Ejecutivo revocar, "con efecto retroactivo", la disposición por la cual se declaró el caso de Alvaro Balbi bajo el amparo de la norma.
El 26 de octubre de 1985 Caruso presentó, ante el Juzgado Penal de 7º Turno, una denuncia por el "crimen con intencionalidad" de su esposo, Alvaro Balbi, fallecido en 1975, en el centro clandestino de detención "300 Carlos" o "El Infierno Grande", instalado sobre los fondos del Batallón de Infantería Nº 13.
Sin embargo, el entonces presidente de la República, Julio Maria Sanguinetti, decidió incluir el caso bajo el amparo de la Ley de Caducidad. "En respuesta al Mensaje Nº 847 de fecha 16 de setiembre de 1988, el Poder Ejecutivo tiene el honor de comunicar a esa Corporación (...) que los hechos referidos los considera comprendidos en el artículo 1º del mencionado cuerpo legal", expresa el decreto firmado también por el entonces ministro de Defensa Hugo Medina, en 1988.
Lille Caruso presentó ayer el escrito en Presidencia
En este sentido, el derecho "al amparo judicial" de la familia de Balbi "ha sido obstruido por el Estado", "pues una vez formulada la denuncia penal en el año 1985, el presumario no llegó a concluirse por aplicación de la resolución administrativa de la época", señala el escrito presentado por Chargoñia, al cual accedió LA REPUBLICA.
Empero, un reciente fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ordenó que el Estado uruguayo "debe garantizar" que la Ley de Caducidad "no vuelva a representar un obstáculo para la investigación de los hechos materia de autos y para la identificación y, si procede, sanción de los responsables de los mismos", recuerda Chargoñia.
"Una de las medidas a adoptar para dar cabal cumplimiento a la sentencia (de la Corte IDH) es la revocación con efectos retroactivos de la resolución que determinó el archivo de la denuncia penal". En este sentido, la disposición puede adoptarse al amparo de la jurisprudencia constante del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA), por la cual se estima el "poder-deber" del Estado de "revocar sus actos ilegítimos a instancia de parte o de oficio", por cuanto la administración "está obligada a ajustar su actuación a derecho".
Asimismo, "como es público y notorio, el profesor Martin Risso Ferrand ha sostenido que para dar cumplimiento al fallo de la Corte Interamericana, el Poder Ejecutivo debe proceder a la revocación de todos los actos administrativos que determinaron los archivos de las denuncias penales de graves violaciones a los derechos humanos", alega el escrito.
Por tanto, Chargoñia solicita al Poder Ejecutivo que se "revoque con efecto retroactivo" la resolución administrativa por la cual se dispuso el archivo de la indagatoria penal por la muerte de Balbi, así como "todas las resoluciones administrativas que determinaron que, por aplicación de la Ley de Caducidad, se produjera el archivo de denuncias penales vinculadas a graves violaciones a los derechos humanos".
El escrito promovido por el abogado Pablo Chargoñia fue presentado ante Presidencia de la República, en el marco del proceso de discusión interno en el Frente Amplio (FA) sobre los posibles caminos para cumplir el fallo de la Corte IDH, por el cual se mandara al Estado uruguayo a "dejar sin efecto" la Ley de Caducidad.
La bancada de diputados del oficialismo se aprestaba a votar, el próximo 19 de mayo, un texto interpretativo por el cual se elimina los efectos de la Ley de Caducidad, al considerarla contraria de normas internacionales aprobadas por el Estado uruguayo.
Sin embargo, una intervención del presidente de la República, José Mujica, ante los diputados implicó el inicio de un nuevo proceso de discusión interna en el oficialismo. Integrantes del Poder Ejecutivo y especialistas en derecho del FA promueven revocar, con efecto retroactivo, todos los actos administrativos por los cuales se declaró un caso comprendido dentro de la Ley de Caducidad.
Fuente: La República
La Ley de Caducidad: trampa-22
El estadounidense Joseph Heller publicó en 1961 una excelente novela titulada Catch-22 (Trampa-22), adaptada al cine nueve años después. El libro cuenta una historia de aviadores participantes en la Segunda Guerra Mundial y su título, que se ha convertido en una expresión idiomática, se refiere a una presunta norma de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos que impide a los pilotos eludir el cumplimiento de misiones de combate.
En dicha norma se admite que ninguna persona cuerda desea realizar tales misiones y también que un soldado puede ser eximido de cumplirlas si una revisión médica establece que está loco. La trampa es que, cuando un piloto pide ser declarado demente para eludir el combate, se asume que eso demuestra de antemano su cordura. La situación creada en torno de la Ley de Caducidad es un caso de “trampa-22”. Los tres poderes del Estado han declarado formalmente que esa norma es inconstitucional, y de esto se desprende que fue ilegítimo su efecto, o sea, la impunidad que confirió.
Pero a la vez resulta que, si se anula tal efecto, cualquier persona a la que se le retire el privilegio de no ser juzgada por sus crímenes recurrirá seguramente a la Suprema Corte de Justicia y a los tribunales internacionales que crea receptivos a sus demandas. Y planteará, en forma previsible, que si se estableció en 1986 que quedaba protegida de cualquier acción judicial a raíz de esos graves delitos, mediante una decisión parlamentaria aplicada por el Poder Ejecutivo y declarada constitucional por la propia Suprema Corte (como sucedió en 1988), tiene derechos adquiridos que no se le pueden quitar un cuarto de siglo después, aunque los actuales titulares de los tres poderes del Estado tengan una opinión distinta a la de sus predecesores.
En ese marco, parece que los efectos de la Ley de Caducidad son ilegítimos, pero también es ilegítimo anularlos: trampa-22.
Hay un problema similar en relación con las consultas populares realizadas en 1989 y 2009 acerca de la endiablada norma. En las dos décadas que median entre ambas, y pese a que en las dos perdió, el Frente Amplio ha consolidado una práctica y una teoría que jerarquizan el pronunciamiento directo de la ciudadanía como recurso supremo para resolver dilemas político-institucionales. Pero esa praxis choca contra la premisa, enunciada y aplicada reiteradamente durante el mismo período, de que las mayorías ciudadanas no pueden anular el imperativo de defender el respeto a los derechos humanos, por razones éticas (que se explican solas) y también jurídicas (las que surgen claramente del derecho internacional aceptado por nuestro país, según nos lo ha recordado la Corte Interamericana que entiende en la materia).
Al impulsar aquellas consultas populares se realizaron enormes esfuerzos para revertir, con métodos democráticos, decisiones de los tres poderes del Estado que violentaban las bases mismas de la democracia. Ahora, cuando esos poderes reconocen que los promotores del referendo de 1989 y del plebiscito de 2009 tenían razón, parece que quienes defendieron la solución correcta nos condenaron a no poder aplicarla: trampa-22.
Como en el libro de Heller, la cuestión es insoluble desde dentro de la trampa. Por un motivo u otro, no parece aceptable ninguna forma de anular la impunidad, aunque tampoco sea aceptable mantenerla. El problema es acostumbrarse, como decía Alfredo Zitarrosa en “Guitarra negra”, al desuso de nuestra alma y “a la razón del enemigo”. Si asumimos que la trampa es trampa, nada parecerá tan difícil.
Marcelo PereiraEn dicha norma se admite que ninguna persona cuerda desea realizar tales misiones y también que un soldado puede ser eximido de cumplirlas si una revisión médica establece que está loco. La trampa es que, cuando un piloto pide ser declarado demente para eludir el combate, se asume que eso demuestra de antemano su cordura. La situación creada en torno de la Ley de Caducidad es un caso de “trampa-22”. Los tres poderes del Estado han declarado formalmente que esa norma es inconstitucional, y de esto se desprende que fue ilegítimo su efecto, o sea, la impunidad que confirió.
Pero a la vez resulta que, si se anula tal efecto, cualquier persona a la que se le retire el privilegio de no ser juzgada por sus crímenes recurrirá seguramente a la Suprema Corte de Justicia y a los tribunales internacionales que crea receptivos a sus demandas. Y planteará, en forma previsible, que si se estableció en 1986 que quedaba protegida de cualquier acción judicial a raíz de esos graves delitos, mediante una decisión parlamentaria aplicada por el Poder Ejecutivo y declarada constitucional por la propia Suprema Corte (como sucedió en 1988), tiene derechos adquiridos que no se le pueden quitar un cuarto de siglo después, aunque los actuales titulares de los tres poderes del Estado tengan una opinión distinta a la de sus predecesores.
En ese marco, parece que los efectos de la Ley de Caducidad son ilegítimos, pero también es ilegítimo anularlos: trampa-22.
Hay un problema similar en relación con las consultas populares realizadas en 1989 y 2009 acerca de la endiablada norma. En las dos décadas que median entre ambas, y pese a que en las dos perdió, el Frente Amplio ha consolidado una práctica y una teoría que jerarquizan el pronunciamiento directo de la ciudadanía como recurso supremo para resolver dilemas político-institucionales. Pero esa praxis choca contra la premisa, enunciada y aplicada reiteradamente durante el mismo período, de que las mayorías ciudadanas no pueden anular el imperativo de defender el respeto a los derechos humanos, por razones éticas (que se explican solas) y también jurídicas (las que surgen claramente del derecho internacional aceptado por nuestro país, según nos lo ha recordado la Corte Interamericana que entiende en la materia).
Al impulsar aquellas consultas populares se realizaron enormes esfuerzos para revertir, con métodos democráticos, decisiones de los tres poderes del Estado que violentaban las bases mismas de la democracia. Ahora, cuando esos poderes reconocen que los promotores del referendo de 1989 y del plebiscito de 2009 tenían razón, parece que quienes defendieron la solución correcta nos condenaron a no poder aplicarla: trampa-22.
Como en el libro de Heller, la cuestión es insoluble desde dentro de la trampa. Por un motivo u otro, no parece aceptable ninguna forma de anular la impunidad, aunque tampoco sea aceptable mantenerla. El problema es acostumbrarse, como decía Alfredo Zitarrosa en “Guitarra negra”, al desuso de nuestra alma y “a la razón del enemigo”. Si asumimos que la trampa es trampa, nada parecerá tan difícil.
La Diaria
Movilizaciones por tierras y contra el proyecto minero
Distintos grupos ejecutarán tres importantes movilizaciones el fin de semana: los cañeros de Artigas vendrán hasta Montevideo exigiendo tierras, Fucvam ocupará predios en dos departamentos y productores protestarán contra la minera Aratirí (ver nota relacionada).
Las manifestaciones comenzarán hoy, y además de anunciarse como marchas que pretenden cierto impacto -se movilizará gente desde el interior del país y habrá caballadas en los alrededores del Palacio Legislativo- todas tienen un denominador común: la tierra. Unos grupos la reclaman para construir viviendas y otros proclaman su defensa y se manifiestan en contra de su explotación para un proyecto minero.
La marcha de los cañeros y la de los grupos de productores, ecologistas y vecinos de Rocha en contra de la minera Aratirí coincidirán el viernes en el Palacio Legislativo. La ocupación de terrenos prevista por Fucvam (Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua) será en los departamentos de San José y Paysandú.
Las manifestaciones comenzarán hoy, y además de anunciarse como marchas que pretenden cierto impacto -se movilizará gente desde el interior del país y habrá caballadas en los alrededores del Palacio Legislativo- todas tienen un denominador común: la tierra. Unos grupos la reclaman para construir viviendas y otros proclaman su defensa y se manifiestan en contra de su explotación para un proyecto minero.
La marcha de los cañeros y la de los grupos de productores, ecologistas y vecinos de Rocha en contra de la minera Aratirí coincidirán el viernes en el Palacio Legislativo. La ocupación de terrenos prevista por Fucvam (Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua) será en los departamentos de San José y Paysandú.
El País Digital
11 mayo 2011
Auditorio Nacional Adela Reta
Andes y Mercedes. Teléfono: 2900 7084
Montevideo
Invita: Bandes
Si deseas asistir al espectáculo "Daniel Viglietti recuerda a Mario Benedetti", solo debes acudir a retirar tu boleto GRATIS en:
Boleterías del SODRE
Auditorio Nacional Adela Reta y Sala Nelly Goitiño.
*Cantidades limitadas
*Podrán retirar hasta 2 invitaciones por persona en los lugares arriba mencionados.
Fuente: Cultura Venezolana En Uruguay
Leer más: http://esquinamontevideo.
Asociacion ilicita para delinquir que asola al pais
bajo indagatoria penal por compras fraudulentas
Justicia. Careos e inminente convocatoria del ex comandante en jefe Caramés
Nuevas citaciones en la Armada
La indagatoria penal por compras fraudulentas en la Armada implicará la futura citación del comandante en jefe, contralmirante Alberto Caramés. Hoy habrá careos entre dos altos oficiales.
Armada. Dieciocho compras de apariencia irregular en la mira.
El comandante en jefe de la Armada, contralmirante Alberto Caramés, y otros altos oficiales de la Armada deberán comparecer próximamente ante la jueza especializada en Crimen Organizado de 1er Turno, Graciela Gatti, en el marco de la indagatoria penal por 18 presuntas compras fraudulentas.
La magistrada y la fiscal Mónica Ferrero dispondrán la citación de Caramés y otros integrantes de la oficialidad de la Armada, en virtud de sus presuntas responsabilidades en adquisiciones de apariencia irregular en el Comando General de la Armada (CGA), según indicaron fuentes vinculadas con la indagatoria a LA REPUBLICA.
La jueza Gatti dispuso en 2010 el procesamiento de cuatro oficiales de la Armada, entre ellos, el ex comandante en jefe, contralmirante (r) Juan Fernández Maggio, por la compra fraudulenta de una grúa hidráulica y un banco de prueba para motores, nunca encontrados en su lugar de destino, el Dique Nacional.
Sin embargo, la "colaboración" del capitán de navío Danilo Damonte implicó el relanzamiento de la investigación hacia otras presuntas acciones ilícitas, entre ellas, 18 adquisiciones fraudulentas mediante mecanismos de "compras directas por excepción' y "licitaciones abreviadas", efectuadas entre mayo de 2007 y diciembre de 2008. Las compras son indagadas en el marco del expediente IUE 474-80/2010, causa en la cual se dispondría la citación de los altos oficiales.
En este sentido, el actual comandante en jefe de la Armada sería interrogado por su participación en 3 presuntas compras fraudulentas producidas cuando ejercía el mando en la Dirección General de Material Naval. En tanto, la jueza analiza la citación del contralmirante (r) Hugo Viglietti y el contralmirante Federico Lebel. Diez de los procesos indagados refieren a adquisiciones efectuadas por el Comando de Flota, cuando su titular era Viglietti.
La percepción en el Ministerio de Defensa Nacional (MDN) y la propia Armada Nacional refiere a que prácticamente la totalidad de los oficiales indagados se encuentra en situación comprometida. En este sentido, existe "inquietud y preocupación" por las posibles derivaciones de la investigación, señalaron las fuentes
La magistrada y la fiscal Mónica Ferrero dispusieron la citación de los oficiales, en virtud de las versiones contradictorias aportadas por ambos durante sus comparecencias ante la sede. Burgos, actual titular del Comando de Flota y ex jefe del Estado Mayor de la Armada, alegó en todo momento desconocer las acciones ilícitas perpetradas en el seno del arma.
Sin embargo Feble (ex jefe de la División Logística y ex agregado militar en el Consulado en Brasilia Brasil) afirmó siempre haber actuado en cumplimiento de órdenes emanadas por sus mandos superiores, el ex comandante Juan Fernández Maggio y Burgos, en convencimiento de la "licitud de sus acciones".
La RepublicaLa magistrada y la fiscal Mónica Ferrero dispondrán la citación de Caramés y otros integrantes de la oficialidad de la Armada, en virtud de sus presuntas responsabilidades en adquisiciones de apariencia irregular en el Comando General de la Armada (CGA), según indicaron fuentes vinculadas con la indagatoria a LA REPUBLICA.
La jueza Gatti dispuso en 2010 el procesamiento de cuatro oficiales de la Armada, entre ellos, el ex comandante en jefe, contralmirante (r) Juan Fernández Maggio, por la compra fraudulenta de una grúa hidráulica y un banco de prueba para motores, nunca encontrados en su lugar de destino, el Dique Nacional.
Sin embargo, la "colaboración" del capitán de navío Danilo Damonte implicó el relanzamiento de la investigación hacia otras presuntas acciones ilícitas, entre ellas, 18 adquisiciones fraudulentas mediante mecanismos de "compras directas por excepción' y "licitaciones abreviadas", efectuadas entre mayo de 2007 y diciembre de 2008. Las compras son indagadas en el marco del expediente IUE 474-80/2010, causa en la cual se dispondría la citación de los altos oficiales.
En este sentido, el actual comandante en jefe de la Armada sería interrogado por su participación en 3 presuntas compras fraudulentas producidas cuando ejercía el mando en la Dirección General de Material Naval. En tanto, la jueza analiza la citación del contralmirante (r) Hugo Viglietti y el contralmirante Federico Lebel. Diez de los procesos indagados refieren a adquisiciones efectuadas por el Comando de Flota, cuando su titular era Viglietti.
La percepción en el Ministerio de Defensa Nacional (MDN) y la propia Armada Nacional refiere a que prácticamente la totalidad de los oficiales indagados se encuentra en situación comprometida. En este sentido, existe "inquietud y preocupación" por las posibles derivaciones de la investigación, señalaron las fuentes
Hoy careos
En tanto, la jueza Graciela Gatti continuará hoy con la indagatoria penal por las presuntas 18 compras fraudulentas efectuadas en el CGA, con un careo entre el contralmirante Manuel Burgos y el capitán de navío, Gerardo Feble, este último procesado en 2010 como autor de "un delito continuado de fraude".La magistrada y la fiscal Mónica Ferrero dispusieron la citación de los oficiales, en virtud de las versiones contradictorias aportadas por ambos durante sus comparecencias ante la sede. Burgos, actual titular del Comando de Flota y ex jefe del Estado Mayor de la Armada, alegó en todo momento desconocer las acciones ilícitas perpetradas en el seno del arma.
Sin embargo Feble (ex jefe de la División Logística y ex agregado militar en el Consulado en Brasilia Brasil) afirmó siempre haber actuado en cumplimiento de órdenes emanadas por sus mandos superiores, el ex comandante Juan Fernández Maggio y Burgos, en convencimiento de la "licitud de sus acciones".
Nacional
Armada: siguen las versiones opuestas
En breve, la fiscal decide si pide más procesamientos
El contralmirante Manuel Burgos y el capitán de navío Gerardo Feble fueron sometidos ayer a un careo judicial ante la jueza especializada en crimen organizado Graciela Gatti y la fiscal Mónica Ferrero, quienes investigan una red de corrupción en la Armada en torno a la simulación de un total de 18 compras en esa fuerza.
Feble, ex jefe de Logística y quien está en prisión desde agosto de 2010 tras ser encontrado responsable por dos compras ficticias, sostuvo que Burgos, ex comandante de Flota, estaba al tanto de las maniobras de simulación de compras.
Sin embargo, Burgos, actual presidente del Instituto Antártico, negó tal extremo, y aseguró que él autorizó a instancia de Feble un pedido para comprar repuestos para motores pero nunca supo que la adquisición no se concretaría, dijeron fuentes del caso a El País.
Ahora el expediente pasará a estudio de la fiscal Ferrero, quien resolverá si pide más procesamientos. Además de Feble y Burgos, están siendo indagados otros oficiales y también varios proveedores navales.
Feble, ex jefe de Logística y quien está en prisión desde agosto de 2010 tras ser encontrado responsable por dos compras ficticias, sostuvo que Burgos, ex comandante de Flota, estaba al tanto de las maniobras de simulación de compras.
Sin embargo, Burgos, actual presidente del Instituto Antártico, negó tal extremo, y aseguró que él autorizó a instancia de Feble un pedido para comprar repuestos para motores pero nunca supo que la adquisición no se concretaría, dijeron fuentes del caso a El País.
Ahora el expediente pasará a estudio de la fiscal Ferrero, quien resolverá si pide más procesamientos. Además de Feble y Burgos, están siendo indagados otros oficiales y también varios proveedores navales.
El País Digital
Armada: proveedores comprometen a oficial
Contraalmirante va hoy al juzgado para someterse a careo La Justicia avanza en la investigación por 18 compras ficticias realizadas por la Armada. El capitán de navío Pablo Da Costa, en prisión desde agosto de 2010, ha sido señalado por varios proveedores navales y se expone a un nuevo procesamiento, según dijeron fuentes del caso a El País.
La jueza especializada en crimen organizado Graciela Gatti y la fiscal Mónica Ferrero tomaron declaración ayer a dos proveedores de la Armada que apuntaron a la responsabilidad de Da Costa en las maniobras.
A su vez, Da Costa, que está en Cárcel Central desde el año pasado cuando fue procesado junto a otros cuatro marinos por simular la compra de una grúa hidráulica y un banco de pruebas para motores por US$ 600.000, fue sometido a un careo con otro oficial, según dijeron las fuentes.
La jueza Gatti y la fiscal Ferrero están indagando otras 18 compras presuntamente simuladas en varias unidades navales y que abarcan desde repuestos para barcos, equipos de buceo y compresores.
BURGOS. Por otro lado, las magistradas realizarán hoy un careo entre el contraalmirante Manuel Burgos y el capitán de navío Gerardo Feble, también en prisión desde 2010.
Burgos, excomandante de Flota y exjefe del Estado Mayor naval y actual presidente del Instituto Antártico, está siendo indagado ya que en anteriores declaraciones, surgieron contradicciones en relación a dichos de Feble.
En su momento, al ser interrogado por la jueza Gatti, Burgos afirmó que autorizó una serie de compras a pedido de Feble, pero, según dijo, no supo que no se realizarían.
La jueza especializada en crimen organizado Graciela Gatti y la fiscal Mónica Ferrero tomaron declaración ayer a dos proveedores de la Armada que apuntaron a la responsabilidad de Da Costa en las maniobras.
A su vez, Da Costa, que está en Cárcel Central desde el año pasado cuando fue procesado junto a otros cuatro marinos por simular la compra de una grúa hidráulica y un banco de pruebas para motores por US$ 600.000, fue sometido a un careo con otro oficial, según dijeron las fuentes.
La jueza Gatti y la fiscal Ferrero están indagando otras 18 compras presuntamente simuladas en varias unidades navales y que abarcan desde repuestos para barcos, equipos de buceo y compresores.
Burgos, excomandante de Flota y exjefe del Estado Mayor naval y actual presidente del Instituto Antártico, está siendo indagado ya que en anteriores declaraciones, surgieron contradicciones en relación a dichos de Feble.
En su momento, al ser interrogado por la jueza Gatti, Burgos afirmó que autorizó una serie de compras a pedido de Feble, pero, según dijo, no supo que no se realizarían.
El País Digital
Iraq ?,Afganistan ?,Paquistan ?,Haiti ?,Congo ?,no que va ! : en Corfrisa, conocido enclave del "eje del mal",pasando Las Piedras,Canelones
"Megaoperativos" contra los barrios populares se expanden: ahora le toco a Canelones, o el "PLAN COLLAR" DEL MINISTERIO DEL INTERIOR
Último Momento
CANELONES
10 detenidos en nuevo operativo de saturación
Un nuevo operativo de saturación fue implementado hoy por la Policía. La diferencia: esta vez se realiza en Canelones.
Desde temprano en la mañana decenas de efectivos de distintas unidades de choque trabajabaron en la zona de Ruta 5 vieja y Blanes Viale, y alrededores del frigorífico Corfrisa.
Se lograron detener a unas 10 personas.
En esta oportunidad, se trató de allanamientos pautados, realizados en unas 10 casas.
El objetivo, según informó Subrayado, fue la pasta base, aunque, además de la droga, la Policía se incautó de motocicletas y otros artículos.
Además, se contó con la particularidad de utilizar el Morforápid, un aparato que solamente con la huella digital de las personas informa si esta cuenta con antecedentes.
El procedimiento se repitió con las mismas características de los implementados en Montevideo, con una pequeña diferencia. En este caso no se observa —por el momento—el apoyo de un helicóptero, característica de los demás operativos.
Los vecinos de la zona siguieron de cerca cada movimiento de los policías. Algunos de ellos consideran positivo la llegada del operativo ya que en la zona operan delincuentes, mientras que otros lo rechazan por ser un "barrio tranquilo".
El País DigitalSe lograron detener a unas 10 personas.
En esta oportunidad, se trató de allanamientos pautados, realizados en unas 10 casas.
El objetivo, según informó Subrayado, fue la pasta base, aunque, además de la droga, la Policía se incautó de motocicletas y otros artículos.
El procedimiento se repitió con las mismas características de los implementados en Montevideo, con una pequeña diferencia. En este caso no se observa —por el momento—el apoyo de un helicóptero, característica de los demás operativos.
Los vecinos de la zona siguieron de cerca cada movimiento de los policías. Algunos de ellos consideran positivo la llegada del operativo ya que en la zona operan delincuentes, mientras que otros lo rechazan por ser un "barrio tranquilo".
Policía realizó operativo especial fuera de Montevideo
12.05.2011 | 10.52 El Espectador
Se realizó este jueves un nuevo operativo policial de saturación. Esta vez fue en Canelones, sobre la vieja Ruta 5 pasando Las Piedras, en una zona conocida como Corfrisa
Participaron del mismo 160 efectivos de comisarías canarias, del grupo GEO y la Policía Montada.
Se detuvieron 11 personas, todas mayores de edad, dos de ellas que estaban requeridas judicialmente.
Se incautó de droga, armas y algunas motos denunciadas como robadas.
Este operativo es el primero que se realiza fuera de Montevideo. Del mismo no participó el helicóptero por la intensa niebla matinal.
