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A TERMINAR CON LA IMPUNIDAD !!!
Artigas, al Cabildo de Montevideo el 18 de noviembre de 1815:
"No conseguiremos jamás el progreso de nuestra felicidad si la maldad se perpetúa al abrigo de la inocencia. Llegado es el tiempo en que triunfe la virtud y que los perversos no se confundan con los buenos".
Los Blogs, páginas web y sitios, abajo firmantes ante las dilatorias en curso para ni modificar, ni anular la Ley de Caducidad, queremos expresar:1) Mientras que exista siquiera un resto de la Ley de Caducidad se debe considerar que estamos viviendo una forma de democracia controlada, vigilada, recortada, mutilada, chantajeada y AMENAZADA. Mal se puede hablar de libertades y democracia cuando las propias instancias electas por el pueblo, hacen saber que están sometidas a amenazas y chantajes, y que en realidad, en un tema tan fundamental, no son ellas las que libremente y a conciencia pueden decidir.
2) La ANULACIÓN DE LA LEY DE CADUCIDAD deviene entonces en una batalla por la democracia plena. Una batalla retrasada por las libertades, un remanente de la dictadura militar con el cual hay que terminar. En otras palabras, lo que han sido los atropellos y violaciones fundamentales llevados adelante por la dictadura cívico-militar, aún siguen IMPUNES y ni siquiera se les trata como graves delitos de LESA HUMANIDAD, como está hartamente demostrado tanto en el país como a nivel internacional.
3) El país entero no puede seguir viviendo sometido al chantaje por parte de una minoría de asalariados del Estado, es decir las FFAA, que viven del erario público y cuya supuesta función, a cambio de ese salario, es defender las libertades públicas y la democracia. Las reiteradas insubordinaciones, amenazas, y manifestaciones públicas tendientes a mantener la impunidad de las FFAA han sido, hasta ahora y más aún cuando se están por votar modificaciones, consideradas de manera muy condescendiente por parte del Gobierno, a diferencia de lo que se ha recomendado para el tratamiento de ciertos conflictos salariales.
Esas especiales consideraciones no han hecho mas que estimular a quienes pretenden que los crímenes queden IMPUNES.
4) Se implementan políticas que por un lado aceptan el chantaje militar y por el otro llevan adelante una política de mano dura, represión masiva y razzias supuestamente contra los jóvenes delincuentes, pero cuyos afectados son los barrios populares. Esa doble faz esta HORADANDO LA DEMOCRACIA Y LAS LIBERTADES y de hecho estimulando a quienes consideran que ha sido correcto la tortura masiva, los atropellos, las violaciones, las desapariciones, los robos de bebés, los asesinatos de prisioneros, hechos estos consumados siendo funcionarios pagados por el Estado, es decir por todos.
5) No vamos a entrar al debate supuestamente jurídico y constitucional, ya que ha quedado claramente establecido, por la praxis internacional, que NO PUEDE EXISTIR UNA LEY DE ESTE TIPO, violatoria de todas las convenciones internacionales sobre Derechos Humanos. No hay más que un solo camino: LA ANULACIÓN DE ESTA LEY VIOLATORIA DE LOS DERECHOS HUMANOS.
6) Queremos remarcar: los delitos de LESA HUMANIDAD NO PRESCRIBEN, y como sea que el gobierno, los parlamentarios y los partidos políticos pretendan salir del atolladero en el que han caído POR NO HABER QUERIDO LISA Y LLANAMENTE HACER LO ÚNICO QUE CORRESPONDÍA: ANULAR LA LEY DE CADUCIDAD, no se podrá considerar que vivimos en una democracia si esta Ley no desaparece.
Y si no es en esta oportunidad, el pueblo seguirá batallando para lograr la PLENA DEMOCRACIA que todavía le es negada.
Firman:
Nuestro Rincón
Otro Uruguay es posible http://pelusaradical.blogspot.
Semanario Alternativas
Noticias uruguayas Noticiasuruguayas.blogspot.com
Colectivo KAOS EN LA RED www.kaosenlared.net/
Atea y Sublavada
Zurdatupa
Utopía e Luta
Posta Portenia
Esquina Montevideo
El Ortiba www.elortiba.org
Federación de Bases Patria Grande http://federaciondebasespatria
Blog Ricardo Ferré
Alternativa Latinoamericana www.
Semanario El Popular Marys Yic <yic.marys@gmail.com>
Gabriel Carbajales
El Muerto http://elmuertoquehabla.
Jorge Rossi rossi.maumau@gmail.com
JULIO NESTOR SOSA BENIA <garufasosa@gmail.com>
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EL PODER DE LAS ARMAS
El último 14 de abril las entidades sociales de la “familia militar”, verdaderos voceros del fascismo criollo, reprobaron públicamente cualquier medida que roce su impunidad. Al mismo tiempo se solidarizaron con el recluso Dalmao y con los demás procesados por las desapariciones forzosas, los asesinatos y las torturas en que actuó orgánicamente el Ejército. El general (r) Galarza se dió el lujo de amenazar abiertamente a las organizaciones que luchan por Verdad y Justicia.
Un par de semanas antes, “alguien” había mostrado un video lleno de amenazas al presidente Mujica, quien salió de estampida, alborotó el avispero y mandó a la paliza a sus compañeros Bonomi y Rosadilla. En los últimos días, el episodio del famoso video que nadie vió y que apenas era unas “imágenes”, recobró actualidad mediática y ya es tan público que se vende en la feria de Piedras Blancas.
Paralelamente hicieron llegar al diario “El Observador” una copia del documento que, en 1998, casi firman representantes de la logia Tenientes de Artigas y algunos dirigentes del MLN(T), para dar vuelta la página de los aberranes crímenes del terrorismo de Estado. Los mismos que negaron conocer el video, niegan que exista el pacto casi firmado, pero ahora, después de años de negativa, debieron reconocer sus reuniones “reservadas” con oficiales del S-2 del Ejército.
En la misma semana, el general Luis Pérez reprochó al comandante del ejército su pasividad para frenar la aprobación de la ley intepretativa, el reproche molestó al super-general Rosales, por lo cual sancionó al subordinado y lo relevó de su cargo de jefe de la División I, la más importante de todas. Magnánimo con los mandos militares, el presidente Mujica levantó la sanción a Pérez, considerando suficiente castigo relevarlo del cargo. .
A las presiones del lobby armado, siguió una movida insólita de José Mujica que, echando por delante a Tabaré Vázquez y acompañado por Danilo Astori, fue al Palacio Legislativo para presionar a su vez a los diputados: “el poder ejecutivo no está de acuerdo conque voten la ley interpretativa dela ley de caducidad”. Algo un poco contradictorio, porque una hora antes el ministro Almagro (que integra el poder ejecutivo y la dirección del MPP) había manifestado su apoyo a esa ley que el presidente de la república rechazó.
Los hechos enunciados están vinculados al ejercicio del poder de las armas, parece una campaña orquestada para ubicar al partido militar en el centro del escenario político. Reclaman mejores salarios y condiciones de trabajo (incluyendo las últimas novedades en armas), además de exigir la libertad para los procesados por crímenes de lesa humanidad e impunidad para los indagables por la misma causa.
Organizados en un multiforme partido, pero monopolizando el uso de las armas, los militares están mucho más activos que los últimos veinte años. No hay condiciones para un golpe de Estado, pero les queda un espacio político abierto a su accionar. .
Las armas mandan en todo el mundo
Con la excusa de preservar la vida de los rebeldes libios, Francia e Italia, junto con los EEUU y Gran Bretaña, lanzaron una “cruzada” contra el “Satanás” Gadaffi. Diciendo que quieren salvar vidas, cercenaron las de niños y mujeres, bombardearon edificios civiles y la residencia de Gadaffi, hasta ayer había su socio y amigo. Una mentira tan descarada como aquella conque George Bush II quiso justificar la invasión a Irak, genocidio que, por supuesto, sigtue impune ante la indiferencia de los “poderes judiciales” internacionales.
El afroamericano de la dulce sonrisa ordenó invadir Paquistán para asesinar a un desarmado Osama Bin Laden, cuyo escondrijo ubicaron mediante la tortura. Una lesión a la soberanía de Paquistán que iguala el atropello de los israelías al barco turco que transportaba ayuda humanitaria al puerto de Gaza. Obama no sólo quedará impune como su predecesor Bush, sino que será reelegido presidente de lo EEUU gracias al crimen cometido. Dicho sea de paso... para evitar el culto a la memoria de Bin Laden, no quieren mostrar las fotos del cadáver y están demoliendo la casa donde vivía... ¿porqué le tienen tanto miedo?... ¿será que en Medio Oriente el asesinado significaba algo más que un “terrorista”?.
El gobierno de los Estados Unidos llamó acto de justicia a este claro homicidio premeditado. Se olvidaron de leerle los derechos como hacen en sus películas de policías. Como el Talión es una ley de ida y vuelta, el asesinato de Osama justifica que las víctimas del genocida Bush devuelvan el golpe y hagan justicia de la misma forma.
En definitiva esta hipocresía no puede extrañar a nadie, es la misma que siempre han usado para disimular el salvajismo de los centros de la civilización occidental y cristiana. Nadie se espanta de que los generales del Pentágono posean armas de exterminio masivo, pues se presume, muy subjetivamente. que sólo las emplearán para ayudar a la humanidad. Lo terrible es que el salvajismo de los Bush, del premio nóbel de la paz Obama, del Estado de Israel o de Sarkozy, esté bendecido por los organismos internacionales que, se supone, son la garantía de la paz mundial y del respeto a los derechos humanos.
El fenómeno de conciencia que caracteriza este siglo XXI es la admiración generalizada por los “superhéroes” de las seriales “made in hollywood”. Se perdió el ojo crítico para discriminar lo justo de lo injusto. Los adictos a la pantalla no distinguen el mundo real del virtual y el poder de las armas goza de un consentimiento que no tenía desde el medioevo.
Como en las favelas de Río o en las villas miserias de Buenos Aires, la pobreza induce a cometer delitos contra la propiedad y a tráficar con drogas. Ese hecho social, que es consecuencia del crecimiento de la producción capitalista, se lo quiere resolver estigmatizando y condenando los barrios empobrecidos. Después de crear la atmósfera histérica que pide mano dura, se pasa a reprimir la población estigmatizada y condenada de antemano. El clima subjetivo predispone a aceptar las medidas represivas, es la impunidad total para el uso indiscriminado de la violencia por parte de Estado.
Es el mismo clima que lleva a aplaudir la “invasión” de la policía militarizada a los barrios pobres clasificados como “zonas rojas”, claro que, en aras de la “seguridad” se perdonarán y olvidarán algunos excesos policiales con los ciudadanos de segunda. La izquierda frentemplista no quiere rebajar la edad de imputabilidad, bien por ella, pero consiente con silencio cómplice que el ministerio del interior arrase los derechos y libertades del ciudadano.
La inesperada coincidencia.
La generación de Ernesto “Ché” Guevara se educó en la idea de que la emancipación social sólo podía lograrse “contra” los ejércitos, brazo armado de la clase dominante. Era preciso derrotar al aparato represivo para que las fuerzas populares accedieran al poder, como habían hecho los revolucionarios cubanos. Los tupamaros nacimos afiliados a esa tesis política, fuimos hijos de ella. Como el sandinismo, los farabundos, los miristas de Chile, el ERP y los montos en la Argentina.
Velazco Alvarado, un general entrenado en la “Escuela de las Américas” (Panamá), encabezó en los ’70 un golpe de Estado que los militares dieron en Perú pero, para sorpresa de todos, una vez en el poder tomó medidas de carácter popular como devolver a los pueblos originarios las tierras robadas por el latifundio. A partir de entonces, muchos revolucionarios latinoamericanos pasaron a creer en los “militares nacionalistas” al estilo Velazco, “perunismo” se le llamó. Estos compañeros cambiaron sus ideas y pasaron a pensar que era posible hacer la revolución “con” las fuerzas armadas. Era, decían, un atajo hacia la conquista del poder.
La idea era tentadora. Las fuerzas armadas ofrecen una estructura armada sólida y férremeante disciplinada. La estrategia propuesta fue que, en lugar de derrotarlas militarmente, había que “conquistar” ideológicamente a los oficiales con mando de tropas, introducir la teoría revolucionaria en esas cabezotas acostumbradas a obedecer y mandar, prensando que podían ser el brazo armado del pueblo.
Esas concepciones encontraron terreno fértil en el campo de la izquierda revolucionaria del Uruguay, tanto entre los comunistas como entre los tupamaros. Circunstancia que los “milicos” aprovecharon para neutralizar y derrotar a la izquierda mediante operaciones de inteligencia. La convergencia entre militantes afiliados a la tesis del “perunismo” y militares que posaban de perunistas como los coroneles Trabal y Gregorio Álvarez, explican los diferentes y sucesivos episodios de “conversaciones” de los años 1972 y 1973, las de nuestros compañeros presos en el Batallón “Florida” y las de los comunistas con el coronel Bolentini.
El 9 de febrero de 1973 los golpistas dieron a conocer los mentirosos “comunicados 4 y 7” proclamando su decisión de derrotar al “comunismo internacional” , pero al mismo tiempo, como “anzuelo político”,proponiendo un “programa” de apariencia popular . Con esa táctica a dos puntas dividieron el campo de las fuerzas populares y las empantanaron en el terreno farragoso de “negociaciones” que nunca se concretaron en acuerdos, porque eran simples artimañas de lobo que quiere comerse a caperucita roja.
“No lo puedo creer”.
Mucha gente escribe “no puedo creerlo”. No pueden creer que se arroguen el derecho a decidir en reuniones más o menos secretas el destino de la lucha por Verdad y Justicia,que la impunidad de semejantes criminales sea materia negociable. No pueden creer que haya sobrevivientes de la epopeya guerrillera mandando a dar palos a las hinchadas del fútbol, dirigiendo las razzias contra los barrios pobres (lean las denuncias de IELSUR, antes de opinar), desalojando por la fuerza a un colono en Bella Unión.
No pueden creer que sean ellos los que quieren encerrar a jóvenes delincuentes en contenedores metálicos, en condiciones más inhumanas que las del Penal de Libertad cuando lo administraba la dictadura. No pueden creer que ellos estén apostando a los métodos represivos para resolver problemas sociales, que usen el mismo lenguaje de los represores de siempre, sus mismos códigos y el argumento penoso de “tenemos que hacer cumplir la ley”... ¿no saben qué clase social es la dueña del Estado de Derecho y lo emplea para defender sus privilegios?
No pueden creer que el presidente Mujica arroje por la borda los principios de la Verdad y la Justicia, para defender la impunidad de los crímenes de lesa humanidad,
Sin embargo sus actitudes eran previsibles, pues son consecuencia de las viejas “relaciones peligrosas” entre oficiales del Ejército y un grupo de dirigentes del MLN(T), relaciones que reaparecieron apenas falleció Raúl Sendic, el fundador del movimiento tupamaro. Las actitudes de Mujica son consecuencia de su posición con relación al imperialismo, se asocia al partido militar de la misma manera que acepta asociarse con las fuerzas armadas de los EEUU para reprimir al pueblo haitiano, o que acepta que nuestras tropas hagan operaciones de entrenamiento con los “marines” yanquis. La rendición de Mujica a las presiones militares en defensa de la propia impunidad es consecuencia de aquellos antecedentes históricos de los años ’70. Ese es el trasfondo ideológico que lo lleva a hacer cosas que mucha gente “no puede creer”, que desconciertan y decepcionan a muchos militantes frenteamplistas de izquierda.
La decepción crece y está volviendo receptivos oídos que no querían escuchar las opiniones críticas. Por eso hoy es posible que estas herejías no caigan en el vacío. Agradezco a “Cosmópolis” la hospitalidad que permite comuncarse con los vecinos del Cerro y de la Teja.
Jorge Zabalza
Caducidad: oficialismo no obtendría mayoría simple
10.05.2011 | 7.27 El Espectador
Los diputados del Frente Amplio Víctor Semproni y Gonzalo Mujica confirmaron que no votarán el proyecto que anula la ley de Caducidad, según anunciaron este lunes en una reunión de la bancada del Espacio 609.
“No voto contra mi presidente, mi vicepresidente y me ex presidente” dijo Semproni a El País.
Sin estos dos votos, el oficialismo no obtendría la mayoría simple que necesita en Diputados para aprobar el proyecto.
Mientras tanto la Mesa Política del Frente Amplio postergó para el jueves una resolución sobre la eventual citación del Plenario Nacional para revisar la decisión anterior que mandataba a los legisladores.
Por otra parte, aparecieron cuestionamientos a la fórmula presentada por el constitucionalista Martín Risso, que consiste en que el Poder Ejecutivo dicte una resolución revocando los actos administrativos que incluyeron en la caducidad ciertos casos de violaciones a los derechos humanos, lo que impidió que el Poder Judicial los investigara.
Los expertos en derecho administrativo, Juan Pablo Cajarville y Augusto Durán Martínez consideraron inaplicable la fórmula Risso.
Cajaraville dijo a El País que la “cosa juzgada” no puede modificarse por más que se revoque un acto administrativo, en tanto Durán sostuvo que es inconstitucional modificar un acto administrativo.
A su vez, el nuevo proyecto que prepara el oficialismo como alternativa al que elimina la ley de Caducidad, también es considerado inconstitucional por destacados juristas.
El constitucionalista Ruben Correa Freitas señaló a El Observador que es violatoria de la Constitución la idea de eliminar con retroactividad la prescripción de los delitos cometidos por militares durante la dictadura, viola la Constitución.
La objeción fue admitida por Martín Risso, ex decano de Facultad de Derecho de la Universidad Católica, que había propuesto esa alternativa.
GOBIERNO BLOQUEADO
Dos diputados del FA no dan sus votos para anular la Caducidad
VALERIA GIL / EDUARDO DELGADO
Los diputados Víctor Semproni y Gonzalo Mujica anunciaron ayer en una reunión de bancada del Espacio 609 que no votarán el proyecto que anula la ley de Caducidad, para no ir en contra del presidente José Mujica.
De esta forma, el Frente Amplio no cuenta con los votos suficientes para anular la ley de Caducidad en Diputados, en la sesión prevista para el jueves 19.
Esta sesión está pendiente de que el Plenario Nacional de la coalición de izquierda decida aplazar la votación. (Ver nota en esta página).
Además, en el FA gana espacio la posibilidad de convocar a una nueva consulta popular sobre la ley de Caducidad.
Semproni y Gonzalo Mujica justificaron su decisión de no votar la anulación de la Caducidad en que "no pueden ir en contra del presidente", contaron a El País fuentes que participaron de la reunión de bancada del Espacio 609.
"Yo personalmente, en una posición que va a tener que ser refrendada por mi grupo, no voto en contra de la opinión de mi presidente, de mi vicepresidente y de mi expresidente", dijo Semproni (Congreso Frenteamplista) a El País, en referencia a las posiciones de Mujica, Danilo Astori y Tabaré Vázquez contraria a la anulación de la ley de Caducidad.
Por su parte, Gonzalo Mujica prefirió no realizar declaraciones y señaló a través de su secretaria que acatará lo que defina el Espacio 609, bloque que integra el MPP y otros grupos menores del Frente Amplio.
La posición del MPP (del sector depende la mitad de los diputados del Frente Amplio) es acatar el mandato del Plenario Nacional de anular la ley de Caducidad. Sin embargo, están trabajando en una propuesta alternativa -junto a Asamblea Uruguay de Astori- a fin de contemplar la posición del presidente Mujica.
Ayer el secretario de la Presidencia, Alberto Breccia, dijo, tras la reunión del Consejo de Ministros, que en su comparecencia ante los diputados del FA el miércoles 4, Mujica se refirió a que "pasar por encima de dos plebiscitos populares tendrá costos políticos", y que sus expresiones fueron "tergiversadas". Según Breccia, el presidente no se refería a costos electorales.
Diputados del FA que participaron de esa reunión con el presidente, contaron a El País que Mujica dijo: "No vengo a buscar rédito político, estoy preocupado por el futuro del Frente Amplio. No hay argumento que se pueda usar en campaña electoral que rebata el hecho que se pasa por alto a dos plebiscitos. Esta ley compromete el futuro del Frente en el gobierno".
Polémica jurídica. En tanto, dos expertos en Derecho Administrativo, Juan Pablo Cajarville y Augusto Durán Martínez, encontraron aspectos que consideraron inaplicable de la alternativa planteada por el constitucionalista Martín Risso a la ley interpretativa que anula los efectos de la ley de Caducidad.
Risso planteó que el Poder Ejecutivo podría dictar una resolución revocando los actos administrativos que ampararon casos de violaciones a los derechos humanos -lo que implicó que el Poder Judicial no pudo investigar- y que esa medida habilitaría retomar las indagatorias judiciales.
Breccia dijo que comparte el planteo de Risso, pero que el presidente Mujica no se pronunció al respecto.
Cajarville señaló a El País que la "cosa juzgada" no puede modificarse por más que se revoque un acto administrativo, en tanto Durán Martínez sostuvo que es inconstitucional modificar un acto administrativo.
"Otra cosa es que en virtud de un acto administrativo se haya producido cosa juzgada en la Justicia, como parecería que puede haber ocurrido en algunos de estos casos. Si hay cosa juzgada, aunque se haya producido en virtud de un acto administrativo ilegítimo y ese acto sea revocado, la cosa juzgada no podría ser revisada. Ese es un concepto básico", afirmó Cajarville, ex catedrático grado 5 de la Facultad de Derecho.
Cajarville señaló otro matiz que debería incorporarse a la propuesta de Risso, de que se revoquen por ilegalidad los actos administrativos que incluyeron casos concretos en la ley de Caducidad, sin que se anule dicha ley. Recordó que hay opiniones, como la de Juan Andrés Ramírez, que sostienen que si el Poder Ejecutivo sabe que una ley es inconstitucional puede no aplicarla. Sin embargo, "la mayoría hemos sostenido que el Poder Ejecutivo no puede no aplicar una ley aunque opine que es inconstitucional si la Suprema Corte previamente no la declara inconstitucional. Entonces, en todos esos casos en que se han dictado actos administrativos declarándolos incluidos en la ley de Caducidad, el Poder Ejecutivo no podría anularlos por ilegalidad, porque con ello dejaría de aplicar la ley de Caducidad sin que haya sido previamente declarada inconstitucional por la Suprema Corte".
"La única solución razonable y ajustada a nuestro régimen constitucional que tiene este tema es que en cada caso se pida la declaración de inconstitucionalidad a la Corte. Esa inconstitucionalidad es incuestionable", expresó Cajarvi-lle.
En tanto, Durán Martínez -grado 5 de Derecho Administrativo-, dijo que "si un acto administrativo es creador de derecho no es revocable bajo ningún concepto de oficio. Esto es parte del principio de seguridad jurídica"
"Si el asunto pasa por revocar actos administrativos firmes y estables, es un disparate, es inconstitucional y violatorio de todo el sistema de derechos humanos", remarcó.
Por su parte, el constitucionalista y ex senador colorado Ruben Correa Freitas, también expresó reparos a la propuesta de Risso. "Los jueces, ante el acto administrativo del Poder Ejecutivo, dictaron sentencias interlocutorias con fuerza de definitivas y adquirieron calidad de cosa juzgada, o sea que no se pueden desconocer ahora", dijo Corre Freitas.
Añadió que "es muy discutible" la revocación de actos administrativos que hace 20 años fueron dictados
Para Correa Freitas, ahora se pretende hacer por decreto algo que no pueden hacerlo por ley. "Es peor la enmienda que el soneto", afirmó. Y adelantó que los que se sientan perjudicados por este cambio, "van a accionar ante el TCA y van a invocar la cosa juzgada", por lo que "nos vamos a meter en juicios paralelos que van a demorar por lo menos cuatro años".
El País DigitalLos diputados Víctor Semproni y Gonzalo Mujica anunciaron ayer en una reunión de bancada del Espacio 609 que no votarán el proyecto que anula la ley de Caducidad, para no ir en contra del presidente José Mujica.
De esta forma, el Frente Amplio no cuenta con los votos suficientes para anular la ley de Caducidad en Diputados, en la sesión prevista para el jueves 19.
Esta sesión está pendiente de que el Plenario Nacional de la coalición de izquierda decida aplazar la votación. (Ver nota en esta página).
Además, en el FA gana espacio la posibilidad de convocar a una nueva consulta popular sobre la ley de Caducidad.
"Yo personalmente, en una posición que va a tener que ser refrendada por mi grupo, no voto en contra de la opinión de mi presidente, de mi vicepresidente y de mi expresidente", dijo Semproni (Congreso Frenteamplista) a El País, en referencia a las posiciones de Mujica, Danilo Astori y Tabaré Vázquez contraria a la anulación de la ley de Caducidad.
Por su parte, Gonzalo Mujica prefirió no realizar declaraciones y señaló a través de su secretaria que acatará lo que defina el Espacio 609, bloque que integra el MPP y otros grupos menores del Frente Amplio.
La posición del MPP (del sector depende la mitad de los diputados del Frente Amplio) es acatar el mandato del Plenario Nacional de anular la ley de Caducidad. Sin embargo, están trabajando en una propuesta alternativa -junto a Asamblea Uruguay de Astori- a fin de contemplar la posición del presidente Mujica.
Ayer el secretario de la Presidencia, Alberto Breccia, dijo, tras la reunión del Consejo de Ministros, que en su comparecencia ante los diputados del FA el miércoles 4, Mujica se refirió a que "pasar por encima de dos plebiscitos populares tendrá costos políticos", y que sus expresiones fueron "tergiversadas". Según Breccia, el presidente no se refería a costos electorales.
Diputados del FA que participaron de esa reunión con el presidente, contaron a El País que Mujica dijo: "No vengo a buscar rédito político, estoy preocupado por el futuro del Frente Amplio. No hay argumento que se pueda usar en campaña electoral que rebata el hecho que se pasa por alto a dos plebiscitos. Esta ley compromete el futuro del Frente en el gobierno".
Polémica jurídica. En tanto, dos expertos en Derecho Administrativo, Juan Pablo Cajarville y Augusto Durán Martínez, encontraron aspectos que consideraron inaplicable de la alternativa planteada por el constitucionalista Martín Risso a la ley interpretativa que anula los efectos de la ley de Caducidad.
Risso planteó que el Poder Ejecutivo podría dictar una resolución revocando los actos administrativos que ampararon casos de violaciones a los derechos humanos -lo que implicó que el Poder Judicial no pudo investigar- y que esa medida habilitaría retomar las indagatorias judiciales.
Breccia dijo que comparte el planteo de Risso, pero que el presidente Mujica no se pronunció al respecto.
Cajarville señaló a El País que la "cosa juzgada" no puede modificarse por más que se revoque un acto administrativo, en tanto Durán Martínez sostuvo que es inconstitucional modificar un acto administrativo.
"Otra cosa es que en virtud de un acto administrativo se haya producido cosa juzgada en la Justicia, como parecería que puede haber ocurrido en algunos de estos casos. Si hay cosa juzgada, aunque se haya producido en virtud de un acto administrativo ilegítimo y ese acto sea revocado, la cosa juzgada no podría ser revisada. Ese es un concepto básico", afirmó Cajarville, ex catedrático grado 5 de la Facultad de Derecho.
Cajarville señaló otro matiz que debería incorporarse a la propuesta de Risso, de que se revoquen por ilegalidad los actos administrativos que incluyeron casos concretos en la ley de Caducidad, sin que se anule dicha ley. Recordó que hay opiniones, como la de Juan Andrés Ramírez, que sostienen que si el Poder Ejecutivo sabe que una ley es inconstitucional puede no aplicarla. Sin embargo, "la mayoría hemos sostenido que el Poder Ejecutivo no puede no aplicar una ley aunque opine que es inconstitucional si la Suprema Corte previamente no la declara inconstitucional. Entonces, en todos esos casos en que se han dictado actos administrativos declarándolos incluidos en la ley de Caducidad, el Poder Ejecutivo no podría anularlos por ilegalidad, porque con ello dejaría de aplicar la ley de Caducidad sin que haya sido previamente declarada inconstitucional por la Suprema Corte".
"La única solución razonable y ajustada a nuestro régimen constitucional que tiene este tema es que en cada caso se pida la declaración de inconstitucionalidad a la Corte. Esa inconstitucionalidad es incuestionable", expresó Cajarvi-lle.
En tanto, Durán Martínez -grado 5 de Derecho Administrativo-, dijo que "si un acto administrativo es creador de derecho no es revocable bajo ningún concepto de oficio. Esto es parte del principio de seguridad jurídica"
"Si el asunto pasa por revocar actos administrativos firmes y estables, es un disparate, es inconstitucional y violatorio de todo el sistema de derechos humanos", remarcó.
Por su parte, el constitucionalista y ex senador colorado Ruben Correa Freitas, también expresó reparos a la propuesta de Risso. "Los jueces, ante el acto administrativo del Poder Ejecutivo, dictaron sentencias interlocutorias con fuerza de definitivas y adquirieron calidad de cosa juzgada, o sea que no se pueden desconocer ahora", dijo Corre Freitas.
Añadió que "es muy discutible" la revocación de actos administrativos que hace 20 años fueron dictados
Para Correa Freitas, ahora se pretende hacer por decreto algo que no pueden hacerlo por ley. "Es peor la enmienda que el soneto", afirmó. Y adelantó que los que se sientan perjudicados por este cambio, "van a accionar ante el TCA y van a invocar la cosa juzgada", por lo que "nos vamos a meter en juicios paralelos que van a demorar por lo menos cuatro años".
Cuarto intermedio. Mayoría de los sectores del FA habilitará la reunión del Plenario el sábado
Caducidad: Hay un nuevo proyecto
La Mesa Política del FA levantará el jueves el cuarto intermedio en que ingresó ayer, para analizar el nuevo proyecto sobre Caducidad. El Plenario sesionará el sábado. El debate estará condicionado a la falta de votos para aprobar el proyecto interpretativo en Diputados.
Loreley Nicrosi | La RepublicaDiputada Payssé. Fue la vocera al término de una extensa Mesa Política del FA.
Pese al rechazo del PVP, PCU, el Movimiento 20 de Mayo y los delegados de base de Montevideo y Canelones, expuesto ayer en la Mesa Política para debatir el nuevo proyecto que deroga la Ley de Caducidad, la mayoría de los grupos del Frente Amplio (FA) habilitarán la sesión del Plenario.
El máximo órgano de dirección se reunirá el sábado en la tarde para debatir la alternativa y definir si reafirma o no la resolución aprobada en la sesión del 19 de marzo, por el cual mandataba a sus legisladores a votar el proyecto interpretativo. Empero, el debate del sábado se realizará bajo el convencimiento de que si no se llega a una fórmula de consenso, los 50 votos del oficialismo en la Cámara de Representantes estarán en dudas. En el FA se asegura que si se traba la discusión en el Plenario y se fuerza la votación en Diputados, a las disidencias previstas del MPP pueden sumarse legisladores de otros sectores. En tanto, el constitucionalista José Korzeniak junto al diputado Jorge Orrico de Asamblea Uruguay, darán forma de proyecto al borrador remitido ayer a la Mesa Política, por el presidente del FA, Jorge Brovetto. Al mismo tiempo, desde el Poder Ejecutivo se avanzará en él o los decretos que declararán ilegitimas las prescripciones de los delitos de violación a los derechos humanos dictados por los gobiernos de los lemas tradicionales. Para poder terminar de redactar el proyecto y presentarlo formalmente a la dirección del FA, la Mesa Político entró ayer en cuarto intermedio, para levantarlo el jueves. La sesión de la víspera estuvo pautada por el duro debate que se produjo entre los grupos que promovieron el proyecto interpretativo que deja sin efecto la ley de Caducidad y quienes se inclinan por buscar una nueva salida. La reunión se produjo, luego que los integrantes de la Mesa Política, conocieron por la prensa la alternativa al proyecto interpretativo que maneja Brovetto e integrantes de Presidencia. También los integrantes de la dirección conocieron por la prensa, la carta que el presidente José Mujica le entregó a Brovetto el viernes. Al haber trascendido ambos hechos, la Mesa comenzó con la intervención de la diputada Daniela Paysseé, quien reemplaza a Brovetto en la presidencia. La legisladora indicó que el órgano pasaba a cuarto intermedio, porque una delegación de la Mesa debía trasladarse hasta el domicilio de Brovetto, quien iba a informar sobre la reunión con Mujica y el proyecto alternativo. La representante de Asamblea Uruguay junto al senador Enrique Rubio de la Vertiente Artiguista, el dirigente socialista Manuel Núñez y delegados de base de Montevideo y el interior se trasladaron hasta Pocitos. En la reunión, Brovetto entregó el borrador y explicó los alcances de la reunión que mantuvo el viernes con Mujica. Una cronología de cómo se procesaron los hechos desde que Mujica se reunión con la bancada de diputados del FA, fue relatada por Brovetto a la delegación y luego transmitida al resto de la Mesa. Algunos de los asistentes indicaron que el presidente del FA se sintió "desautorizado" por el mandatario, pero otras fuentes lo negaron. A las 17 horas, la delegación retornó al local de la calle Colonia para retomar la sesión.
El máximo órgano de dirección se reunirá el sábado en la tarde para debatir la alternativa y definir si reafirma o no la resolución aprobada en la sesión del 19 de marzo, por el cual mandataba a sus legisladores a votar el proyecto interpretativo. Empero, el debate del sábado se realizará bajo el convencimiento de que si no se llega a una fórmula de consenso, los 50 votos del oficialismo en la Cámara de Representantes estarán en dudas. En el FA se asegura que si se traba la discusión en el Plenario y se fuerza la votación en Diputados, a las disidencias previstas del MPP pueden sumarse legisladores de otros sectores. En tanto, el constitucionalista José Korzeniak junto al diputado Jorge Orrico de Asamblea Uruguay, darán forma de proyecto al borrador remitido ayer a la Mesa Política, por el presidente del FA, Jorge Brovetto. Al mismo tiempo, desde el Poder Ejecutivo se avanzará en él o los decretos que declararán ilegitimas las prescripciones de los delitos de violación a los derechos humanos dictados por los gobiernos de los lemas tradicionales. Para poder terminar de redactar el proyecto y presentarlo formalmente a la dirección del FA, la Mesa Político entró ayer en cuarto intermedio, para levantarlo el jueves. La sesión de la víspera estuvo pautada por el duro debate que se produjo entre los grupos que promovieron el proyecto interpretativo que deja sin efecto la ley de Caducidad y quienes se inclinan por buscar una nueva salida. La reunión se produjo, luego que los integrantes de la Mesa Política, conocieron por la prensa la alternativa al proyecto interpretativo que maneja Brovetto e integrantes de Presidencia. También los integrantes de la dirección conocieron por la prensa, la carta que el presidente José Mujica le entregó a Brovetto el viernes. Al haber trascendido ambos hechos, la Mesa comenzó con la intervención de la diputada Daniela Paysseé, quien reemplaza a Brovetto en la presidencia. La legisladora indicó que el órgano pasaba a cuarto intermedio, porque una delegación de la Mesa debía trasladarse hasta el domicilio de Brovetto, quien iba a informar sobre la reunión con Mujica y el proyecto alternativo. La representante de Asamblea Uruguay junto al senador Enrique Rubio de la Vertiente Artiguista, el dirigente socialista Manuel Núñez y delegados de base de Montevideo y el interior se trasladaron hasta Pocitos. En la reunión, Brovetto entregó el borrador y explicó los alcances de la reunión que mantuvo el viernes con Mujica. Una cronología de cómo se procesaron los hechos desde que Mujica se reunión con la bancada de diputados del FA, fue relatada por Brovetto a la delegación y luego transmitida al resto de la Mesa. Algunos de los asistentes indicaron que el presidente del FA se sintió "desautorizado" por el mandatario, pero otras fuentes lo negaron. A las 17 horas, la delegación retornó al local de la calle Colonia para retomar la sesión.
Carteles
A pocos minutos del comenzar la Mesa, un grupo de militantes se concentró en las inmediaciones de la sede del FA con carteles a favor del proyecto interpretativo. Una movilización mayor está prevista para el sábado por parte de delegados de base, que mayoritariamente responden al PCU, quienes manejan la posibilidad de hacer "una sentada", como forma de presionar al Plenario. Ayer, durante la sesión los delegados de base de Montevideo y Canelones fueron los que más se opusieron a la realización de un nuevo Plenario, Los delegados de Canelones anunciaron que durante un activo realizado en Santa Rosa, se rechazó cualquier iniciativa que no sea el proyecto interpretativo. En una línea similar se pronunció el Fidel, el PVP y el Moviendo 20 de Mayo. El PCU también objetó. Cuestionamientos a Mujica y a Korzeniak fueron lanzados por algunos delegados. Un representante de base se preguntó "¿si tenemos constitucionalistas de izquierda que piensan igual que los de derecha, para qué los tenemos?", en alusión a Korzeniak. También se afirmó que una contramarcha con el proyecto interpretativo, tendría más "costos políticos" que su aprobación. Entre tanto, la Corriente de Izquierda afirmó en la sesión que el tema debe resolverse "por mayoría parlamentaria", porque "los derechos humanos" estaban por encima de "cualquier plebiscito o consulta popular", según precisaron varias fuentes consultadas. Aunque en la reunión el MPP afirmó que acataría lo que resolviera el Plenario, algunos de sus delegados también justificaron y defendieron la actitud de Mujica. Los socialistas y Asamblea Uruguay, fueron de los sectores más cautos, al tiempo que Rubio insistió en que la nueva salida que se promueva debería ser plebiscitada.Movilización. Se realizará cualquiera sea el resultado de la votación
Convocan a la 16ª Marcha del Silencio el 20 de mayo
"Verdad y Justicia, derechos de todos, responsabilidad del Estado".
Silencio. Como todos los años, volverán a 18 de Julio.
"Verdad y Justicia, derechos de todos, responsabilidad del Estado", bajo esta consigna el próximo 20 de mayo se llevará a cabo una nueva marcha por los desaparecidos, sea cual sea el resultado de la sesión del 19 en Diputados sobre la ley interpretativa de la Caducidad.
La ya tradicional marcha de reclamo de verdad y justicia sobre los desaparecidos, se iniciará, como todos los años a las 19 horas desde la plazoleta de los Desaparecidos en Rivera y Jackson. La Organización de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos, invita a marcha sin banderas partidarias, aunque sí se pueden portar aquellas que identifican sindicatos, organizaciones sociales, etc. El vocero de la organización, Oscar Urtazum, subrayó que la marcha se hará cualquiera sea el resultado de la votación en Diputados prevista para el día anterior- de la ley interpretativa de la Caducidad. En cuanto a la actual discusión sobre la ley interpretativa y eventuales alternativas que tiene al Frente Amplio en una intensa discusión interna, el vocero de Familiares dijo que es un tema de la fuerza política, "ni ellos entienden el lío y no saben como salir". "Avanzan y dan marcha atrás, quieren contemplar a todos y eso no se puede", agregó. Como familiares, agregó "reivindicamos nuestro repudio a la Ley de Caducidad" y consideró que la verdad no va a surgir aunque ya no exista más la ley. Esta será la 16 marcha por los desaparecidos que se realiza los 20 de mayo, fecha en que en 1976 aparecieron asesinados en Buenos Aires, los legisladores Zelmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, y los militantes Rosario Barredo y Whitelaw.
La Republica
La ya tradicional marcha de reclamo de verdad y justicia sobre los desaparecidos, se iniciará, como todos los años a las 19 horas desde la plazoleta de los Desaparecidos en Rivera y Jackson. La Organización de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos, invita a marcha sin banderas partidarias, aunque sí se pueden portar aquellas que identifican sindicatos, organizaciones sociales, etc. El vocero de la organización, Oscar Urtazum, subrayó que la marcha se hará cualquiera sea el resultado de la votación en Diputados prevista para el día anterior- de la ley interpretativa de la Caducidad. En cuanto a la actual discusión sobre la ley interpretativa y eventuales alternativas que tiene al Frente Amplio en una intensa discusión interna, el vocero de Familiares dijo que es un tema de la fuerza política, "ni ellos entienden el lío y no saben como salir". "Avanzan y dan marcha atrás, quieren contemplar a todos y eso no se puede", agregó. Como familiares, agregó "reivindicamos nuestro repudio a la Ley de Caducidad" y consideró que la verdad no va a surgir aunque ya no exista más la ley. Esta será la 16 marcha por los desaparecidos que se realiza los 20 de mayo, fecha en que en 1976 aparecieron asesinados en Buenos Aires, los legisladores Zelmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, y los militantes Rosario Barredo y Whitelaw.
La Republica
Buscan nueva información sobre destino de desaparecidos
10.05.2011 | 7.31 El Espectador
El jefe del Estado Mayor de la Defensa, José Bonilla, viene realizando, con el conocimiento del presidente José Mujica, una ronda de reuniones con militares de las distintas fuerzas en procura de información nueva sobre el destino de los desaparecidos durante la dictadura, según consigna hoy el matutino El Observador.
El asunto es por ahora manejado con reserva.Por su parte el antropólogo José López Mazz, prepara nuevas excavaciones en predios militares en busca de restos de las víctimas de la represión.
Megainoperancia
Oh, la seguridad, ¿qué es la seguridad? Se podrá intentar algo como “poder salir a la calle sin miedo a que te roben o te maten”. Digo, para abreviar. Aunque últimamente la seguridad se ha convertido en una especie de moneda de cambio a nivel político. Alguien dice que acá no hay seguridad, los canales muestran más crímenes que antes, la gente se asusta y empiezan a surgir por todos lados historias truculentas. No hay datos oficiales confiables, un día el ministro muestra algunas cifras, y quien las produjo renuncia al toque. Entonces alguien dice: “Esta discusión la perdimos, hay que hacer algo”. ¿Y qué se hace? ¿Algo serio, basado en otras experiencias y con resultados probables a mediano y largo plazo? ¿O algo que pueda provocar un cambio rápido en la opinión pública, aunque sus consecuencias útiles sean más que dudosas? Obviamente, esto último. A los políticos, que renacen o desaparecen cada cinco años, todo lo que no es inmediato se les antoja eterno. Y acá estamos, escuchando cada poco tiempo que se ha realizado un megaoperativo en tal o cual barrio marginado.
Tales eventos tienen, empezando por su pomposo nombre, algunas características que los hacen pertenecer más al universo de la propaganda que al de la acción concreta que busca una solución real y duradera. Por ejemplo, quienes los realizan van disfrazados de robocop. Actúan con celeridad, en una operación que se intenta mantener en secreto, el que, sin embargo, existe para todos menos para la televisión. Claro: lo que no sale por televisión no existe, y si la intención es propagandística, tiene que lograrse la difusión apropiada.
Un helicóptero de verdad apoya las acciones de estos servidores públicos de ficción. Dicho vehículo es ruidoso, visible desde todos lados por su carácter aéreo y asociable a la fuerza, a la guerra, a la captura y ejecución de osamas. Es como si un auto con altoparlantes recorriera la zona al grito de “miren qué malos que somos cuando queremos”; pero mucho más efectivo. ¿Efectivo? Bueno, propagandísticamente sí, aunque en realidad no sé bien qué función cumple. De ignorante que soy, nomás. Me los puedo imaginar avisándole con un megáfono a uno de los cyborgs: “Cacho, no mires, pero hay un infractor justo detrás tuyo. Cambio”. O capaz que cada tanto les tiran alguna botella de refresco y unos sándwiches.
Durante el operativo se detiene a cierto número de personas. Se insiste en que, a diferencia de lo que ocurría en las razzias, se arresta por algún motivo. El más común es el llamado “desacato”. ¿Y qué viene a ser eso? Bien, uno, que tiene algún añito, “participó” en varias razzias de aquellos buenos tiempos en que a las cosas se les llamaba por su nombre. Y la palabra “desacato” (junto con el verbo “retobar” en su uso pronominal, “retobarse”) era una especie de leit motiv que servía para meter a alguno en un calabozo aparte y dejarlo un par de horas más que al resto. Recuerdo la medianoche en que un tira salió de las sombras y se le apersonó súbitamente a un tipo que iba caminando unos pasos delante de mí. El loco, sin pensarlo dos veces, lo bajó de un gancho en plena quijada. Conclusión: desacato. Otra vez otro policía de particular le pidió de muy mal modo la cédula a alguien, quien le exigió que antes le mostrara un carné que lo acreditara como policía. Desacato y 18 horas de calabozo. Otra vez nos llevaban a varios, así, tipo majada, por Centenario hacia la seccional del estadio. Había dos que conversaban entre sí, a pesar de las órdenes dadas en tono militar por un peladito sorete. Desacato.
En tiempos muy recientes he presenciado, por pasar justo por ahí, un par de actuaciones menores, no “mega”, y puedo asegurar que el estilo policíaco no se ha modificado en nada desde aquellos días.
Si yo, que soy manya, quiero demostrar que los barrabrava de Nacional son gente violenta, puedo ir al Parque Central y empezar a cantar “los del bolso son todos putos” vestido de Peñarol. Seguramente voy a salir con buenos argumentos a favor de mi hipótesis. Y puedo asegurar que nada puede hacer calentar más a alguien que por su aspecto es perseguido constantemente por la Policía que el hecho de que vengan unos payasos disfrazados de guerra de las galaxias a revolverle la casa y pesetearlo.
Dejémonos de pavadas. Los accidentes de tránsito dejan muchas más víctimas que las armas de fuego, y hay mucha menos gente presa por manejar mal que por disparar. Éste sí es un dato objetivo. Pero claro, ni burgueses cerdos capitalistas, ni guerrilleros revolucionarios, ni reformistas progresistas van a votar leyes que pongan en jaque a la comodidad de usar su automóvil de la forma que más les plazca.
Tales eventos tienen, empezando por su pomposo nombre, algunas características que los hacen pertenecer más al universo de la propaganda que al de la acción concreta que busca una solución real y duradera. Por ejemplo, quienes los realizan van disfrazados de robocop. Actúan con celeridad, en una operación que se intenta mantener en secreto, el que, sin embargo, existe para todos menos para la televisión. Claro: lo que no sale por televisión no existe, y si la intención es propagandística, tiene que lograrse la difusión apropiada.
Un helicóptero de verdad apoya las acciones de estos servidores públicos de ficción. Dicho vehículo es ruidoso, visible desde todos lados por su carácter aéreo y asociable a la fuerza, a la guerra, a la captura y ejecución de osamas. Es como si un auto con altoparlantes recorriera la zona al grito de “miren qué malos que somos cuando queremos”; pero mucho más efectivo. ¿Efectivo? Bueno, propagandísticamente sí, aunque en realidad no sé bien qué función cumple. De ignorante que soy, nomás. Me los puedo imaginar avisándole con un megáfono a uno de los cyborgs: “Cacho, no mires, pero hay un infractor justo detrás tuyo. Cambio”. O capaz que cada tanto les tiran alguna botella de refresco y unos sándwiches.
Durante el operativo se detiene a cierto número de personas. Se insiste en que, a diferencia de lo que ocurría en las razzias, se arresta por algún motivo. El más común es el llamado “desacato”. ¿Y qué viene a ser eso? Bien, uno, que tiene algún añito, “participó” en varias razzias de aquellos buenos tiempos en que a las cosas se les llamaba por su nombre. Y la palabra “desacato” (junto con el verbo “retobar” en su uso pronominal, “retobarse”) era una especie de leit motiv que servía para meter a alguno en un calabozo aparte y dejarlo un par de horas más que al resto. Recuerdo la medianoche en que un tira salió de las sombras y se le apersonó súbitamente a un tipo que iba caminando unos pasos delante de mí. El loco, sin pensarlo dos veces, lo bajó de un gancho en plena quijada. Conclusión: desacato. Otra vez otro policía de particular le pidió de muy mal modo la cédula a alguien, quien le exigió que antes le mostrara un carné que lo acreditara como policía. Desacato y 18 horas de calabozo. Otra vez nos llevaban a varios, así, tipo majada, por Centenario hacia la seccional del estadio. Había dos que conversaban entre sí, a pesar de las órdenes dadas en tono militar por un peladito sorete. Desacato.
En tiempos muy recientes he presenciado, por pasar justo por ahí, un par de actuaciones menores, no “mega”, y puedo asegurar que el estilo policíaco no se ha modificado en nada desde aquellos días.
Si yo, que soy manya, quiero demostrar que los barrabrava de Nacional son gente violenta, puedo ir al Parque Central y empezar a cantar “los del bolso son todos putos” vestido de Peñarol. Seguramente voy a salir con buenos argumentos a favor de mi hipótesis. Y puedo asegurar que nada puede hacer calentar más a alguien que por su aspecto es perseguido constantemente por la Policía que el hecho de que vengan unos payasos disfrazados de guerra de las galaxias a revolverle la casa y pesetearlo.
Dejémonos de pavadas. Los accidentes de tránsito dejan muchas más víctimas que las armas de fuego, y hay mucha menos gente presa por manejar mal que por disparar. Éste sí es un dato objetivo. Pero claro, ni burgueses cerdos capitalistas, ni guerrilleros revolucionarios, ni reformistas progresistas van a votar leyes que pongan en jaque a la comodidad de usar su automóvil de la forma que más les plazca.
Guillermo Lamolle
La DiariaJorge Saravia. (archivo, abril de 2011) Foto: Javier Calvelo
Ir y volver
Saravia dijo que regresar al directorio del PN es como “volver a mi casa”; para Penadés en política “las puertas son de vaivén”El senador Jorge Saravia (Patria Grande, Frente Amplio, FA) presentó ayer ante algunos integrantes del directorio del Partido Nacional (PN) sus propuestas en relación a la seguridad pública, las mismas que presentó la semana pasada al presidente José Mujica y a sus pares del Partido Colorado Pedro Bordaberry y Ope Pasquet. En la tarde también se reunió con representantes del Partido Independiente y, por último, lo hará, por este mismo tema, con la dirección del FA.
Saravia, que todavía no resolvió si apoyará la recolección de firmas para promover la aplicación del régimen penal adulto a partir de los 16 años, propone que el Ejército aumente su presencia en asentamientos y barrios marginados, y que los adolescentes infractores cumplan las penas de privación de libertad en granjas de reclusión vigiladas por militares. Si bien ayer no fue uno de los temas durante su contacto con algunos de los directores blancos, la gran mayoría de los dirigentes bromeó respecto al posible retorno de Saravia al PN.
El legisladorfrenteamplista dijo que ir a la sede del directorio blanco “es como volver a mi casa”; “para mí, que soy blanco, es natural”, reafirmó. Reconoció que ha tenido conversaciones con referetes del PN sobre la posibilidad de retornar a esas filas -aunque dijo que también las ha tenido con otros sectores-, pero aclaró que actualmente “no están dadas las condiciones”. De todas formas consideró que en política “no hay nada imposible”. Recordó que su ida del PN al FA, en 2002, fue “para defender determinadas banderas que en nuestra colectividad, a nuestro entender, no se defendían, como la defensa del aparato productivo nacional y contra la extranjerización de la tierra, las multinacionales, a defender las banderas que el FA defendía de los plebiscitos, que hoy pisoteó”.
Oficialmente en el PN todavía no opinan sobre el tema, aunque nadie le cierra la puerta al hoy senador frenteamplista. “En la actividad política las puertas son de vaivén. Siempre ha tenido, y nosotros con él, una excelente relación, gran contacto y mucha simpatía”, reconoció el senador Gustavo Penadés (Unidad Naciona), y agregó: “Lo que manda en política son los votos”.
La DiariaRepublicanos
En una declaración promovida por el senador Sergio Abreu, el directorio blanco afirma que “rechaza enfáticamente la conducta del gobierno del FA en su intento por desconocer la voluntad del pueblo, reduciendo la dimensión ética de su accionar político a un mero cálculo electoral relacionado con el ejercicio del poder”, en relación a la aprobación del proyecto de ley interpretativo de la Ley de Caducidad. El texto advierte que el PN “mediante una intensa movilización partidaria, no permitirá que estas actitudes totalitarias socaven y debiliten el sistema republicano democrático del país”.El legisladorfrenteamplista dijo que ir a la sede del directorio blanco “es como volver a mi casa”; “para mí, que soy blanco, es natural”, reafirmó. Reconoció que ha tenido conversaciones con referetes del PN sobre la posibilidad de retornar a esas filas -aunque dijo que también las ha tenido con otros sectores-, pero aclaró que actualmente “no están dadas las condiciones”. De todas formas consideró que en política “no hay nada imposible”. Recordó que su ida del PN al FA, en 2002, fue “para defender determinadas banderas que en nuestra colectividad, a nuestro entender, no se defendían, como la defensa del aparato productivo nacional y contra la extranjerización de la tierra, las multinacionales, a defender las banderas que el FA defendía de los plebiscitos, que hoy pisoteó”.
Oficialmente en el PN todavía no opinan sobre el tema, aunque nadie le cierra la puerta al hoy senador frenteamplista. “En la actividad política las puertas son de vaivén. Siempre ha tenido, y nosotros con él, una excelente relación, gran contacto y mucha simpatía”, reconoció el senador Gustavo Penadés (Unidad Naciona), y agregó: “Lo que manda en política son los votos”.
Te estamos mirando
Luego de la entrevista con Saravia, el directorio aprobó algunas de las propuestas presentadas por Luis Alberto Lacalle para la modernización del partido. Por ejemplo, resolvió crear “grupos de seguimiento gubernativo” para instaurar una especie de “gabinete en las sombras” especializado sobre cada área de gobierno. También se aprobó la creación de una oficina de Prensa integrada por un experto en comunicación, de una oficina de asesoramiento a legisladores de todo el país y una oficina de asesoramiento de jóvenes, así como convocar a un concurso, el mes que viene, para el diseño de un logo del PN, que sea usado como “marca” nacionalista. Otros puntos del plan de modernización se aprobarán en la Convención Nacional del PN, que se realizará el 11de junio en el club Atenas.Ofensiva sindical de entes contra la ley de asociación
Conflicto. Empresas públicas paran mañana Los sindicatos de las empresas públicas lanzan mañana su primera ofensiva contra el proyecto actual de Participación Público-Privada (PPP). Los trabajadores aplicarán un paro general parcial que abarcará a todos los entes a nivel nacional.
La medida será mañana miércoles de 9 a 13 horas en Montevideo, mientras que en el interior del país la modalidad del paro será definida por cada filial del sindicato del ente correspondiente (UTE, Ancap, Antel, OSE).
El paro en Montevideo ambientará una concentración a las 10 de la mañana, la cual desembocará en una movilización de los trabajadores hacia la plaza de Cagancha, adelantó a El País el coordinador de la Mesa Sindical Coordinadora de Entes (MSCE), Gabriel Portillo.
A esta movida de los trabajadores de las empresas públicas se sumarán los afiliados a dos gremios masivos como la Unión Nacional de Trabajadores del Metal y Ramas Afines (Untmra) y el Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca).
Estos dos sindicatos "pesados" de la rama industrial son dirigidos por la línea sindical del Partido Comunista (PCU), sector que se ha pronunciado en contra de la iniciativa que habilita la asociación del Estado con privados para la realización de obras y grandes emprendimientos.
Los gremios de las empresas públicas, el Untmra y el Sunca "tenemos un planteo en común que tiene que ver con las compras públicas y la inversión pública para el desarrollo de la industria nacional", argumentó el coordinador de la MSCE, Gabriel Portillo. "En ese marco, entendemos que esta ley no favorece o no dice nada en torno al desarrollo y al trabajo nacional", agregó
El paro y la movilización de mañana constituyen una forma "de presión" para resolver lo que "el gobierno dijo que iba a modificar" y aún no ha hecho, insistió el sindicalista.
Gestiones. En ese sentido, los gremios exigen la participación de los trabajadores en la discusión de un nuevo proyecto de ley. El texto original del gobierno había sido rechazado originalmente por la Mesa Representativa del Pit-Cnt.
En ese marco, una delegación de la central de trabajadores fue recibida por el presidente, José Mujica, el viernes 29 de abril. Allí surgió el acuerdo de que trabajadores y gobierno instalarán un ámbito de negociación para discutir el tema.
Finalmente, los coordinadores de los entes, el coordinador del Pit-Cnt Juan Castillo, y asesores del Instituto Cuesta Duarte se entrevistaron el lunes 2 con el equipo económico, encabezado por el ministro Fernando Lorenzo, para avanzar en un proyecto definitivo.
Castillo afirmó tras el encuentro que se habían obtenido garantías que aseguraban que las empresas públicas no serán privatizadas y que el proyecto de ley será tema de negociación colectiva.
El coordinador del Pit-Cnt respaldó la iniciativa en ciernes: "Creo que este proyecto ha cambiado sustancialmente y nos permite analizarlo, por lo menos, bajo un escenario totalmente distinto. Para mí han sido positivos los cambios", dijo el sindicalista a El País.
Las partes quedaron, tras aquella reunión, en cristalizar los puntos de acuerdo en un acta a firmarse esta semana.
Portillo confirmó que eventualmente se podría firmar un acta -lo cual consideró un "avance"- aunque aclaró que de la reunión entre los sindicalistas y el MEF "no surgió una posibilidad de modificar la ley en la dirección que nosotros proponíamos".
E insistió: "A la ley así como está no se le incorporó lo que nosotros estamos reclamando".
El sindicalista remarcó la necesidad de establecer garantías para los trabajadores ya que la ley de Participación Público-Privada (PPP) modificará las estructuras de los entes y con ello, el trabajo de sus funcionarios. Por eso mismo, demandó la inclusión de los sindicatos en la discusión de la futura norma.
Para los sindicatos de los entes del Estado, aún hay posibilidades de incorporar elementos que mejoren el proyecto de ley, ya que éste aún se encuentra a estudio del Parlamento.
Sin embargo, el tiempo apremia. Ante la urgente necesidad de infraestructura, el proyecto que habilita las PPP se votaría este jueves 12 en la Cámara de Diputados, según acordaron los legisladores oficialistas hace un par de semanas.
Castillo, del Pit-Cnt, dijo que el gobierno piensa aprovechar este mes para aprobar la ley y dejarla pronta para ser instrumentada a partir de junio.
La medida será mañana miércoles de 9 a 13 horas en Montevideo, mientras que en el interior del país la modalidad del paro será definida por cada filial del sindicato del ente correspondiente (UTE, Ancap, Antel, OSE).
El paro en Montevideo ambientará una concentración a las 10 de la mañana, la cual desembocará en una movilización de los trabajadores hacia la plaza de Cagancha, adelantó a El País el coordinador de la Mesa Sindical Coordinadora de Entes (MSCE), Gabriel Portillo.
A esta movida de los trabajadores de las empresas públicas se sumarán los afiliados a dos gremios masivos como la Unión Nacional de Trabajadores del Metal y Ramas Afines (Untmra) y el Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca).
Los gremios de las empresas públicas, el Untmra y el Sunca "tenemos un planteo en común que tiene que ver con las compras públicas y la inversión pública para el desarrollo de la industria nacional", argumentó el coordinador de la MSCE, Gabriel Portillo. "En ese marco, entendemos que esta ley no favorece o no dice nada en torno al desarrollo y al trabajo nacional", agregó
El paro y la movilización de mañana constituyen una forma "de presión" para resolver lo que "el gobierno dijo que iba a modificar" y aún no ha hecho, insistió el sindicalista.
Gestiones. En ese sentido, los gremios exigen la participación de los trabajadores en la discusión de un nuevo proyecto de ley. El texto original del gobierno había sido rechazado originalmente por la Mesa Representativa del Pit-Cnt.
En ese marco, una delegación de la central de trabajadores fue recibida por el presidente, José Mujica, el viernes 29 de abril. Allí surgió el acuerdo de que trabajadores y gobierno instalarán un ámbito de negociación para discutir el tema.
Finalmente, los coordinadores de los entes, el coordinador del Pit-Cnt Juan Castillo, y asesores del Instituto Cuesta Duarte se entrevistaron el lunes 2 con el equipo económico, encabezado por el ministro Fernando Lorenzo, para avanzar en un proyecto definitivo.
Castillo afirmó tras el encuentro que se habían obtenido garantías que aseguraban que las empresas públicas no serán privatizadas y que el proyecto de ley será tema de negociación colectiva.
El coordinador del Pit-Cnt respaldó la iniciativa en ciernes: "Creo que este proyecto ha cambiado sustancialmente y nos permite analizarlo, por lo menos, bajo un escenario totalmente distinto. Para mí han sido positivos los cambios", dijo el sindicalista a El País.
Las partes quedaron, tras aquella reunión, en cristalizar los puntos de acuerdo en un acta a firmarse esta semana.
Portillo confirmó que eventualmente se podría firmar un acta -lo cual consideró un "avance"- aunque aclaró que de la reunión entre los sindicalistas y el MEF "no surgió una posibilidad de modificar la ley en la dirección que nosotros proponíamos".
E insistió: "A la ley así como está no se le incorporó lo que nosotros estamos reclamando".
El sindicalista remarcó la necesidad de establecer garantías para los trabajadores ya que la ley de Participación Público-Privada (PPP) modificará las estructuras de los entes y con ello, el trabajo de sus funcionarios. Por eso mismo, demandó la inclusión de los sindicatos en la discusión de la futura norma.
Para los sindicatos de los entes del Estado, aún hay posibilidades de incorporar elementos que mejoren el proyecto de ley, ya que éste aún se encuentra a estudio del Parlamento.
Sin embargo, el tiempo apremia. Ante la urgente necesidad de infraestructura, el proyecto que habilita las PPP se votaría este jueves 12 en la Cámara de Diputados, según acordaron los legisladores oficialistas hace un par de semanas.
Castillo, del Pit-Cnt, dijo que el gobierno piensa aprovechar este mes para aprobar la ley y dejarla pronta para ser instrumentada a partir de junio.
El País Digital