Chile: Desde la clandestinidad
Berkhoff se declara en rebeldía: “Es mi deber frente a la opresión de los poderosos”
A través de una declaración pública, Emilio Berkhoff denuncia la ausencia de justicia en el proceso que lo condenó y ratifica su apoyo a la causa mapuche, cuyo avance cataloga como "imparable".
Mediante una declaración pública, Emilio Berkhoff, en paradero desconocido después de que la Corte Suprema ratificara la condena de 5 años impuesta por porte de armas y munición, ha denunciado la criminalización de la lucha del pueblo mapuche y las irregularidades acometidas en su proceso judicial, ante las cuales ha decidido declararse en rebeldía.
Cabe recordar que ante la debilidad del conjunto probatorio la justicia lo absolvió finalmente de todas las causas excepto de la referida en el párrafo anterior, la que por regla general no conlleva pena de presidio;
“No obstante el tribunal decide darme la mayor pena para este delito, argumentando que las armas estaban destinadas a atentar contra las fuerzas policiales. Esto lo infieren de los documentales y lecturas que en mi poder encontraron, es decir se me condena por las ideas que defiendo. Esto es una condena política presionada por el poder de las forestales, coordinada por el ministerio del interior tanto de la administración de Piñera como la de Bachelet, fueron ambos querellantes en la causa, se dicen distintos pero a la hora de proteger al rico, son uno”, denuncia Berkhoff.
“Mi condena ya ha sido ratificada por todas las instancias correspondientes, que se han hecho cómplices de la injusticia en donde no hubo ni debido proceso ni juicio justo. Frente a esto es mi deber como revolucionario declararme en rebeldía frente a la opresión de los poderosos, de las transnacionales forestales y del estado servil a los intereses capitalistas”, alega.
El joven estudiante de antropología afirma que “los procesos de recuperación territorial y reconstrucción nacional son ya imparables”. “Aunque el gobierno se empeñe en desprestigiar al movimiento Mapuche hablando solo de robo de madera y delincuencia, lo cierto es que las comunidades cada día controlan más territorio”, sostiene Berkhoff.
A continuación el comunicado completo:
Ante la aberrante condena política de la cual he sido objeto, quiero declarar a la opinión pública nacional e internacional lo siguiente:El Ciudadano
Durante aproximadamente 9 años vengo solidarizando y acompañando las justas demandas del pueblo Mapuche y sus comunidades, entendiendo que es el sistema capitalista el gran enemigo, no solo de este pueblo, sino de toda la humanidad. Así es como junto a mi familia decidimos irnos a vivir a Puerto Choke en el lago Lleu-Lleu. Aquí hemos acompañado el proceso de recuperación territorial de las comunidades en contra de las empresas forestales apostadas en el territorio Mapuche, estas son Mininco, Arauco y Volterra. Como es bien sabido los dueños de estas empresas son las familias Matte, Angelini y capitales transnacionales, los que a su vez financian transversalmente a los políticos tanto de la derecha como de la nueva mayoría. No es de extrañar entonces el apoyo irrestricto que los distintos gobiernos de turno le brindan a estas empresa, como por ejemplo es la ampliación del decreto 701 de fomento a la actividad forestal, o la militarización de las comunidades colindantes a los monocultivos de pino y eucaliptus, con gastos desmedidos en donde las policías pasan a ser los guardias privados de las empresas. Así también han sido centenares de comuneros, militantes y simpatizantes de la lucha Mapuche los que han sido encarcelados con largas prisiones preventivas y muchos condenados, con el único fin de amedrentar al movimiento mapuche en general y salvaguardar los intereses de las forestales.
Durante el año que llevo libre mis energías han estado puestas en mi familia y en continuar acompañando los procesos de recuperación territorial contra Mininco, y el proyecto de liberación nacional mapuche. Son estas las convicciones que despiertan la ira de las forestales, los tribunales y el gobierno, todos coludidos en frenar el avanzar de las comunidades y la simpatía que despierta en el pueblo chileno.
Mi proceso judicial siempre estuvo plagado de irregularidades y vicios, desde testigos protegidos hasta testigos de oída, el debido proceso jamás existió y menos aún un juicio justo. Sus acusaciones sin ninguna prueba concreta no se pudieron sostener. El montaje se les desmoronaba de a poco; finalmente me tuvieron que absolver de 8 de 10 causas que tenían en mi contra, solo me condenaron por porte de arma, causas que en la mayoría de los casos no implican cárcel. No obstante el tribunal decide darme la mayor pena para este delito, argumentando que las armas estaban destinadas a atentar contra las fuerzas policiales. Esto lo infieren de los documentales y lecturas que en mi poder encontraron, es decir se me condena por las ideas que defiendo. Esto es una condena política presionada por el poder de las forestales, coordinada por el ministerio del interior tanto de la administración de Piñera como la de Bachelet, fueron ambos querellantes en la causa, se dicen distintos pero a la hora de proteger al rico, son uno.
Mi consuelo a tanta injusticia reside en la hermosa familia que tengo y me acompaña en esta lucha. También me consuela el ser testigo de que los procesos de recuperación territorial y reconstrucción nacional son ya imparables. Son cientos las hectáreas que las comunidades hoy controlan, las forestales no podrán seguir haciendo usufructo del territorio Mapuche, es irremediable, tienen que irse. Aunque el gobierno se empeñe en desprestigiar al movimiento Mapuche hablando solo de robo de madera y delincuencia, lo cierto es que las comunidades cada día controlan más territorio.
Mi condena ya ha sido ratificada por todas las instancias correspondientes, que se han hecho cómplices de la injusticia en donde no hubo ni debido proceso ni juicio justo. Frente a esto es mi deber como revolucionario declararme en rebeldía frente a la opresión de los poderosos, de las transnacionales forestales y del estado servil a los intereses capitalistas.
Así, desde donde esté, continuaré aportando al proceso de Liberación Nacional Mapuche.
Wewuaiñ….
Emilio Berkhoff Jerez
Desde Wallmapu…
Julio, 2015
Elisa Jeréz: “Yo no soy madre de un Dávalos ni Larraín, sino de Emilio Berkhoff uno hecho de dignidad y consecuencia”
EL CIUDADANO
Emilio Berkhoff se declara en
rebeldía y actualmente su paradero es desconocido, esto tras la
ratificación de la condena hecha por la Corte Suprema el pasado 7 de
julio. Ya existe orden de captura en su contra. Aquí habla su madre,
Elisa Jérez.
Desde el año 2012 Emilio Berkhoff ha
sido sindicado por los distintos gobiernos como un operador y líder de
una “organización terrorista” -en referencia a la Coordinadora Arauco
Malleco- y desde el ministerio del interior se buscó encarcelarlo
haciéndolo responsable de una serie de atentados contra forestales
atribuidos a la CAM. A pesar de un largo juicio, lleno de
irregularidades y presiones por parte de los gobiernos -de Piñera y
Bachelet- Berkhoff fue absuelto de 8 cargos que se le imputaban, 6 de
incendio y 2 de robo cayéndose la tesis de su participación como “líder
de una organización terrorista”. Sin embargo fue condenado por “porte
ilegal de armas”.
Esta condena fue apelada por la defensa
de Berkhoff encabezada por el abogado Jaime Pacheco en base a una serie
de incongruencia en los testimonios (cerca de 90) y peritajes, además la
sentencia fue sesgada e ideológica, en ella se toma en consideración la
ideología de Berkhoff y hasta los libros que leía- Es por ello que se
acudió a todas las instancias en Chile, siendo esta última la de la
Corte Suprema donde este 7 de julio se ratificó la condena. Pacheco no
descarta acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ya ha
fallado en contra del Estado de Chile por juicios similares
correspondiente a la lucha mapuche.
Elisa Jeréz -madre de Emilio Berkhoff-
en conversación con Radio Villa Francia, señala que “a pesar de que
varias de las pruebas fueron cuestionadas, los calibres no se
correspondían con las armas encontradas además, en el mismo juicio esto
no quedó debidamente comprobado -el porte de arma- . De hecho, durante
el juicio solo está el testimonio de carabineros, mismo que no
registraron los peritajes, o sea, en el arma -que supuestamente lanzó
rápidamente Emilio para no ser detenido con ella- no se encontraron
huellas de Emilio Berkhoff durante los peritajes realizados.
Al no lograr condenar a Emilio a 30 años
de prisión efectiva, como se pedía en principio por los 9 cargos que se
le imputaban, la fiscalía negoció los 5 años que deberá cumplir
ratifica la condena de 5 años y 1 dia de presidio para Emilio por porte
ilegal de arma y municiones“.
Además agrega que esto no es una condena
común sino un aviso a muchos y muchas que apoyan públicamente la causa
mapuche: “Este es un mensaje claro del Gobierno, Emilio no es mapuche,
es chileno y solidariza con la demanda, y además él vive desde el ser
mapuche, ahí está el mensaje del gobierno, esto le pasa a cualquiera que
se le ocurra solidarizar con el pueblo mapuche” . dice Jeréz.
Esta condena a su hijo implica razones
políticas, dice “él fue absuelto de 8 de 9 cargos y finalmente se le
condena por una causa que a penas presentaba méritos para ser“. Esto
tanto por ser su hijo un activista de la causa mapuche, cosa que nunca
ha ocultado, y por no ser hijo de alguien importante. Así Jerez dice sin
titubear:
“Yo no soy la madre de Sebastián Dávalos, por suerte… Yo no
soy la madre de Martín Larraín, por suerte… Yo no soy el terrateniente
que guarda un arsenal de guerra en la Araucanía, por suerte (en alusión
al latifundista Jorge Temer quien nunca cumplió condena efectiva tras
habérsele encontrado un arsenal en su casa tras ser revisada luego de
una riña con otro latifundista). Yo soy la madre de Emilio Berkhoff
Jerez, un cabro hecho de dignidad y consecuencia. Yo soy la madre de un
perseguido político, de un perseguido por el Estado chileno y las
transnacionales forestales” dice una emocionada Elisa Jeréz.
Fuente: Radio Villa Francia
Chile / Mapuche: Nuevo incendio contra la Comunidad Autónoma de Temucuicui
Por Comunidad Autónoma de Temucuicui
El
09 07 2015, siendo las 04:30 horas aproximadamente, la casa del werken
de la comunidad autónoma de Temucuicui, Jorge Huenchullan Cayul , fue
incendiada por desconocidos .
Podemos señalar que las perdidas fueron totales,pero
Sabemos que la lucha por nuestras reivindicaciones
Hoy nuevamente somos atacados los
humildes,sin embargo, siempre la solidaridad entre hermanos nos ha
permitido levantar la cabeza con la dignidad ganada en la lucha .
A nuestros hermanos Mapuche, a nuestros hermanos humildes del pueblo chileno .
Decimos que aquí estamos con la
frente en alto,dignos como siempre y no tengan ninguna duda que
seguiremos haciendo lo que nos toca,luchar,luchar y luchar .
“viva la lucha del pueblo nación mapuche”.
Comunidad Autónoma de Temucuicui Ercilla 09 07 2015
La comunidad denuncia un nuevo ataque
Lof Rankilko denuncia violento hostigamiento por parte de carabineros
Su werken, Rodrigo Curipan, ha señalado que emplazarán al gobierno ante la sistemática violencia ejercida por las fuerzas policiales.EL CIUDADANO
Ana Llao
URGENTE DIFUNDIR.!!!
En estos momentos la policía militarizada esta reprimiendo violentamente a el Lof Rankilko, la
14:42 - 10 jul 2015
Temuco, La Araucanía
La comunidad Rankilko, ubicada en la localidad de
Pidima (Collipulli) ha denunciado un nuevo ataque por parte de
carabineros. De acuerdo a lo señalado a RBB por Rodrigo Curipan, werken
del lof, ayer viernes fueron brutalmente agredidos por efectivos
policiales mientras los comuneros se encontraban recogiendo leña en un
predio que utilizan hace cerca de un año en el sector del Bajo Malleco.
El dirigente detalló que más de 50 efectivos
policiales e incluso un helicóptero llegaron hasta el lugar, sosteniendo
que no es un hecho aislado y que se trata de “una cuestión orquestada”,
situación ante la que señaló que emplazarán al gobierno e interpondrán
un recurso de protección.
Curipan explicó a RBB que son 28 las familias que
actualmente viven en el predio donde se produjeron los hechos, con cuya
propietaria habrían conversado para tal fin en tanto que se resuelve el
proceso de compra y traspaso por parte de las autoridades.
Sin embargo, el dirigente recordó que hay un gran número de predios demandados en los que todavía no ha habido entendimiento. Vea (Las tierras mapuche de Rankilko: 150 años de resistencia).
Las comunidades de la zona de Malleco Bajo han sido
durante años víctimas de violentas represiones y no son estas las
primeras denuncias públicas ante la situación. El mismo Rodrigo Curipan,
en declaraciones tras los xenófobos dichos
del carabinero de una de las unidades de la Prefectura de Protección de
la Provincia de Malleco en noviembre de 2014, denunció la “institucionalización del racismo en carabineros”.
Provincia de Malleco, Región de la Araucanía
Familias mapuche ingresan a predios usurpados que suman 3 mil hectáreas
La comunidad mapuche José Millacheo Levio, del sector de Curaco, ingresó hoy de forma pacífica a cuatro propiedades que aseguran les pertenecen por derecho ancestral en la comuna de Collipulli.EL CIUDADANO
Los predios en proceso de recuperación,
según consigna Meli Wixan Mapu, son los fundos Santa Catalina, El Salto,
Agua Buena y Pichaño. El primero “usurpado” por Forestal Mininco (grupo
Matte), y el resto por “colonos” y “capitales extranjeros”.
La información destaca que los originarios están “haciendo uso legítimo
de su derecho al territorio ancestral mapuche” y que “los predios en
actual proceso de recuperación y control territorial suman un total de
3000 hectáreas, las que han sido siempre parte del Lof ancestral de la
comunidad, y que mediante el despojo territorial implementado por el
naciente estado chileno han llegado a pasar hoy en manos de sus actuales
usurpadores”.
Finalmente, expresan que todas las comunidades debieran estar atentas a
las acciones opresivas que pueden ocurrir tras la ocupación debido a la
militarización de tales territorios. “Sabemos que los aparatos
represivos de la zona de Malleko no dudan en usar la violencia contra
los mapuche que hoy decididamente se organizan para recuperar nuestro
territorio y autonomía”.
El CiudadanoPreso político mapuche escapó de centro penitenciario de Angol
EL CIUDADANO
El preso político mapuche
Cristián Levinao escapó durante esta madrugada junto a otro reo llamado
Héctor Moreno Muñoz del Centro de Educación y Trabajo (CET) de Angol
Cristián Levinao ha denunciado en
reiteradas ocasiones
que su condena de más de 10 años de cárcel por robo con intimidación
forma parte del hostigamiento que el Estado realiza contra los mapuche
que luchan por la recuperación de su territorio y la liberación de su
pueblo, reiterando que el fiscal Chamorro y sus testigos secretos
prepararon un montaje en su contra, ya que el día de los hechos que se
le imputan, el 28 de octubre de 2012, Levinao declaró encontrarse
cumpliendo una condena de reclusión nocturna en la ciudad de Collipulli
“a
la cual ingresaba a las 10 de la noche y salía a las 6:30 de la mañana,
siendo que los hechos ocurrieron a las 8 de la mañana y mi desplazado a
pie por el cerro desde Collipulli a mi casa donde ocurrieron los hechos
son aproximadamente una hora o más, quedando firmado el libro de
entrada y salida de la cárcel”
Durante los últimos años en que ha
estado prisionero en la Cárcel de Angol, Cristán Levinao, junto a otros
comuneros, han realizado extensas huelgas de hambre, resintiendo severamente su salud,
pero con el objetivo de visibilizar la persecución política al
movimiento mapuche, exigiendo la nulidad del juicio que los condenó a
injustas y exageradas penas de cárcel, y denunciando además, una serie
de restricciones a beneficios, tales como reducción en las visitas,
mayor aislamiento y tratos vejatorios y racistas por parte de gendarmería de la Cárcel de Angol
Fuente: Resumen de Chile
La Comisión Europea oculta bajo llave un manual sobre la posible salida de Grecia del euro, con 200 puntos clave
Se trata de "un amplio informe" que
recopila preguntas y respuestas sobre los mecanismos y consecuencias de
este escenario y del futuro del país y de la Unión Europea.
EUROPA PRESS / Público - Publicado: 19.07.2015 13:27
La Comisión Europea ha redactado en
las últimas semanas un extenso informe que contendría los pasos a seguir
y las consecuencias de una posible salida de Grecia del euro, según ha
informado el diario griego Kathimerini en su edición digital.Este informe, que comprende unas 200 preguntas y respuestas sobre el futuro de Grecia fuera de la eurozona, se encontraría en una caja fuerte a pocos metros de la oficina del presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, en el piso 13 del edificio Berlaymont de Bruselas.
El documento fue recopilado a finales del mes de junio por un equipo de 15 personas, muchas de ellas directamente implicadas en las negociaciones sobre el tercer rescate a Grecia y su contenido recoge algunas consecuencias sociales "potencialmente devastadoras", según el medio heleno, que podrían emerger si Grecia abandona o es expulsada de la moneda única y, casi por descontado, del acuerdo Schengen que regula los desplazamientos transfronterizos.
Según el medio, Juncker explicó en persona la existencia de este informe así como su contenido al primer ministro griego, Alexis Tsipras, antes de la cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la eurozona de la semana pasada en Bruselas y que culminó con la aprobación de duras medidas para reformar la economía griega a cambio de un tercer rescate.
La última opción
El diario describe un estado de consternación entre los responsables de redactar el informe. "Nadie se podía creer que las cosas hubieran llegado a ese punto", explican al medio fuentes europeas, que hablan con absoluta certeza de que un 'Grexit' desembocaría en un caos social sin parangón en un país de la Unión Europea. "Si este plan se materializara alguna vez, se escucharía el ruido de los tanques en las calles de Atenas", llegó a declarar una de estas fuentes al diario.Esta semana, el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, reconoció que las conversaciones del pasado fin de semana estuvieron a punto de colapsar por las diferencias entre la canciller Angela Merkel y el primer ministro griego Alexis Tsipras sobre la cuantía de un fondo de privatización para Grecia, una de las condiciones para iniciar un tercer rescate.
"Cuando Tsipras y Merkel solicitaron un descanso, tenía la sensación de que estábamos a punto de fracasar", declaró Tusk. La diferencia de pareceres residía en una distancia de 2.500 millones de euros. "En ese momento les dije que si las negociaciones terminaban sin resultado, estaba dispuesto a anunciar que Europa iba a quedarse al borde de la catástrofe por 2.500 millones de euros", relató Tusk al diario heleno.
Fuentes europeas bajo el anonimato han comentado las declaraciones de Tusk. "Parecía que (Merkel y Tsipras) estaban buscando una excusa para romper las negociaciones. No solo fue un momento muy peligroso; fue también genuino, una reacción a la fatiga y la frustración que ambos sentían", indicaron al 'Kathimerini'.
“EL ADAGIO 'BARCO PARADO NO GANA FLETE' CASI SE APLICA MEJOR A LAS FINANZAS QUE A LA NAVEGACIÓN” DECÍA RAÚL SENDIC. LA DEUDA EXTERNA NO TIENE QUE VER CON LAS ESPERANZAS DE LOS DEUDORES, SINO QUE SE CONTRAJO OBEDECIENDO NECESIDADES DE LOS PRESTAMISTAS. A LOS ACREEDORES HAY QUE TRATARLOS COMO LO QUE SON: ¡¡PIRATAS!! - Jorge Zabalza
En nombre de los que nunca pagaron sus deudas ni tampoco por los tremendos daños
de guerra ni siquiera por "préstamos" forzosos de países ocupados
militarmente. Todos lo saben pero igual lo reiteramos: el país víctima
se llama Grecia. Es el descaro de los "fuertes" contra los oprimidos.
Esta historia aún no ha terminado.
Merkel: La condonación de una deuda en una unión monetaria es imposible
Publicado: 19 jul 2015 21:16 GMT
| Última actualización: 19 jul 2015 21:50 GMT - RT
La canciller alemana, Angela Merkel, se opone a la
posibilidad de condonar la deuda griega, según declaró en una entrevista
al canal de televisión ARD.
"Esto [la quita de la deuda] no es posible en una unión monetaria", señaló Angela Merkel citada por la agencia TASS.
Sin embargo, la canciller alemana no descartó la posibilidad de
extender el plazo de los préstamos y la reducción de los intereses."Nosotros, por nuestra parte, hacemos todo lo posible para asegurarnos de que se completen con éxito", añadió la canciller, en relación a las negociaciones mantenidas con Grecia sobre un nuevo paquete de ayuda.
Según Merkel, las negociaciones, que -reconoció- serán "duras", tienen el objetivo de garantizar que las medidas, que forman parte de los acuerdos con el Atenas, se llevaron a cabo en realidad.
Ricos californianos: "No somos iguales cuando se trata del agua"
Publicado: 15 jun 2015 17:38 GMT - RT
El estado estadounidense de California atraviesa una
grave sequía desde hace años. El pasado mes de abril y después de que el
gobernador del estado pidiera que se redujera el consumo de agua un
25%, este se incrementó en el enclave de Rancho Santa Fe un 9%. Las
medidas de racionamiento de agua despiertan un gran recelo entre
residentes adinerados en complejos con lujosos jardines y espectaculares
fuentes.
Steve Yuhas, presentador de una cadena de
radio conservadora y residente del rico enclave de Rancho Santa Fe (que
consume 5 veces más agua per cápita que el promedio estatal de
California), asegura que ya sea con o son sequía, si una persona tiene
la capacidad de pagar por el agua que desea, debe poder obtenerla,
informa 'The Washington Post'.
"La gente no debe ser obligada a vivir en una propiedad con césped marrón o a pedir perdón por querer que sus jardines sean bellos. Nosotros pagamos significativos impuestos de propiedad en función de donde vivimos (…) y no, no somos todos iguales cuando se trata de agua", afirma Yuhas.
Hasta el momento, los 3.100 residentes de la comunidad de Rancho Santa Fe no han sufrido de manera significativa la penalización por no acatar la normativa establecida. Las autoridades han emitido solo tres citaciones por violaciones de la primera ronda de las leves restricciones de agua anunciadas el pasado otoño.
Pero todo esto está a punto de cambiar. A partir del 1 de julio de este año, por primera vez en sus 92 años de historia, Rancho Santa Fe estará sujeto a restricciones de agua. Con arreglo a las nuevas reglas, a cada hogar se le asignará una asignación esencial para cubrir las necesidades básicas y cualquier uso adicional –aspersores, fuentes, piscinas– deberá reducirse casi a la mitad para que el distrito cumpla los objetivos exigidos por el Estado.
Los residentes que excedan su asignación podrán ver sus facturas triplicarse y para aquellos clientes ricos para los cuales las sanciones económicas no supongan una 'intimidación' el distrito se reserva el derecho a instalar limitadores de flujo.
"Creo que estamos siendo excesivamente penalizados y examinados por el mundo", afirma la residente Gay Butler, quien indica que su factura promedio de agua asciende a 800 dólares al mes.
Por su parte, Holly Manion, agente de bienes raíces que ha residido en Rancho Santa Fe, apoya las restricciones y está convencido de que la sequía que sufre el estado requiere una nueva forma de vida que se ponga como objetivo el ahorro del agua. "Hay gente que no está siendo responsable. Solo piensan en sus propias vidas", sentencia.
"La gente no debe ser obligada a vivir en una propiedad con césped marrón o a pedir perdón por querer que sus jardines sean bellos. Nosotros pagamos significativos impuestos de propiedad en función de donde vivimos (…) y no, no somos todos iguales cuando se trata de agua", afirma Yuhas.
Hasta el momento, los 3.100 residentes de la comunidad de Rancho Santa Fe no han sufrido de manera significativa la penalización por no acatar la normativa establecida. Las autoridades han emitido solo tres citaciones por violaciones de la primera ronda de las leves restricciones de agua anunciadas el pasado otoño.
Pero todo esto está a punto de cambiar. A partir del 1 de julio de este año, por primera vez en sus 92 años de historia, Rancho Santa Fe estará sujeto a restricciones de agua. Con arreglo a las nuevas reglas, a cada hogar se le asignará una asignación esencial para cubrir las necesidades básicas y cualquier uso adicional –aspersores, fuentes, piscinas– deberá reducirse casi a la mitad para que el distrito cumpla los objetivos exigidos por el Estado.
Los residentes que excedan su asignación podrán ver sus facturas triplicarse y para aquellos clientes ricos para los cuales las sanciones económicas no supongan una 'intimidación' el distrito se reserva el derecho a instalar limitadores de flujo.
"Creo que estamos siendo excesivamente penalizados y examinados por el mundo", afirma la residente Gay Butler, quien indica que su factura promedio de agua asciende a 800 dólares al mes.
Por su parte, Holly Manion, agente de bienes raíces que ha residido en Rancho Santa Fe, apoya las restricciones y está convencido de que la sequía que sufre el estado requiere una nueva forma de vida que se ponga como objetivo el ahorro del agua. "Hay gente que no está siendo responsable. Solo piensan en sus propias vidas", sentencia.
Estudio: Más de un millón de californianos no tienen acceso al agua potable
Publicado: 7 abr 2015 08:52 GMT - RT
En varias comunidades de California, EE.UU. han
emitido una petición de reducir el uso del agua en un 25% en el marco de
una histórica sequía, mientras que más de un millón de personas en esa
zona no tienen acceso a agua potable limpia, según un reciente estudio.
En algunas zonas rurales el agua está
contaminada con arsénico, bacterias y otros elementos peligrosos. Las
zonas más afectadas se encuentran en las comunidades rurales del oriente
del Valle de Coachella y el sur de Kern, donde la gente gasta el 10% de
sus ingresos en la compra de agua embotellada porque el agua está contaminada."En algunas de estas áreas, la gente está recibiendo agua de pozos privados", según la doctora Lucía Kaiser, autora principal de un reciente informe elaborado por el Centro UC Davis para la Investigación de la Pobreza.
Los expertos que elaboraron el informe señalan que el agua contaminada puede causar cáncer, enfermedades de tiroides y otros problemas graves de salud.
Fotos chocantes: la sequía absorbe todo en California
Publicado: 8 may 2015 03:22 GMT - RT
Unas fotos tomadas recientemente en California prueban
que los científicos no exageran al afirmar que ese estado experimenta
la peor sequía en los últimos 1.200 años.
El estado de California acaba de entrar en su cuarto año
de sequía. Expertos aseguran que es la peor que ha sufrido en los
últimos 1200 años, informa el portal Business Insider.
Embalses y lagos disminuidos, campos de cultivos totalmente secos, así son los tristes paisajes ya típicos del estado. Por desgracia, los científicos no dan pronósticos prometedores: la sequía no muestra señales de terminar.
No se puede imaginar que las orillas del embalse ubicado cerca del Valle Central de California alguna vez provocaron inundaciones.
REUTERS/Lucy Nicholson
Un campo de almendros muertos en Coalinga, Valle Central.
REUTERS/Lucy Nicholson
Una capa de nieve en California, que normalmente
proporcionaba un tercio de agua para las granjas y los ciudadanos, se
mantiene en el nivel más bajo de la historia.
REUTERS/Lucy Nicholson
Un tractor recoge pelotas en un campo de golf.
REUTERS/Lucy Nicholson
La cantidad de lanchas excedía los muelles y a veces alcanzaba el ingreso al lago.
REUTERS/Lucy Nicholson
Embalses y lagos disminuidos, campos de cultivos totalmente secos, así son los tristes paisajes ya típicos del estado. Por desgracia, los científicos no dan pronósticos prometedores: la sequía no muestra señales de terminar.
No se puede imaginar que las orillas del embalse ubicado cerca del Valle Central de California alguna vez provocaron inundaciones.
REUTERS/Lucy Nicholson
REUTERS/Lucy Nicholson
REUTERS/Lucy Nicholson
REUTERS/Lucy Nicholson
REUTERS/Lucy Nicholson
Horrible: El uso de un acuífero para hacer Coca-Cola amenaza el agua de 30.000 personas en El Salvador
EL CIUDADANO
Unas 100.000 cajas de Coca-Cola salen
cada día de Nejapa, un municipio salvadoreño de 30.000 habitantes,
ubicado a tan solo 21 kilómetros de la capital del país. Desde hace casi
veinte años, la empresa embotelladora de Coca-Cola en El Salvador, La
Constancia/Sab Miller, elabora, comercializa y distribuye esta bebida y
otras marcas de la conocida multinacional de refrescos en toda
Centroamérica. Para producir un litro de Coca-Cola se necesitan dos
litros de agua y en Nejapa, en medio del país con menor disponibilidad
hídrica de la región, hay un acuífero estratégico.
Un reciente informe de Alianza por la
Solidaridad, que recoge el trabajo realizado por el Foro del Agua,
denuncia que los nuevos planes de ampliación, que tienen como objetivo
la producción de agua embotellada de otra marca [Cristal], tendrá
consecuencias aún más críticas para el acuífero y la población. El
estudio, elaborado por un reconocido hidrólogo en el país, Julio
Quiñonez, concluye que el proyecto puede acabar con el agua del acuífero
en los próximos 27 ó 30 años. Con la ampliación, la empresa pasaría de
consumir 39,31 litros por segundo a 69,83, según sus cifras.
Pero efectos de la actividad de la
embotelladora ya son notorios, aseguran los vecinos de Nejapa. Esta
importante reserva natural suministra agua a casi la mitad de la
población de la capital y es clave para los 30.000 habitantes del
municipio. La gran paradoja es que, mientras los nejapenses observan a
diario el ir y venir de camiones cargados de bebidas, el 40% de los
hogares no tiene acceso al agua potable y en aquellos donde existe, el
suministro no llega de manera continua y el coste es elevado.
eldiario.es se ha puesto en contacto con La Constancia, así como con
Coca-Cola Company y Coca-Cola España pero en el momento de publicar esta
información continúa sin recibir respuesta.Varias ONG han lanzado una
campaña de firmas contra la actuación de la multinacional en El
Salvador.
“Hay más Coca-Cola que agua”, dice al
otro lado del teléfono el líder comunitario Ines Flores. “La Coca-Cola
la vemos en todas partes, está en todos los lados, hay quien deja de
beber refrescos naturales pero la Coca-Cola no debe faltar. No somos
conscientes del daño que nos causa la Coca-Cola”, subraya Flores, uno de
los nejapenses que se ha dado a la lucha contra el gigante de las
bebidas carbonatadas y su embotelladora, a la que acusan de no revertir
en la sociedad los beneficios que obtiene de sus recursos y que, en
2013, presentó una solicitud para ampliar sus instalaciones con el
propósito de producir allí agua embotellada de la marca Cristal.
Los estudios geológicos realizados por
estas organizaciones advierten del colapso del acuífero. La ampliación
solicitada por la empresa supondría una explotación al 200% de su
capacidad de recarga. Por este motivo, alertan, el agua se agotará en
los próximos 27 ó 30 años. “La gente ve una inminente amenaza, el río se
está quedando sin agua, se sienten engañados. Cuando se acaben nuestros
recursos la empresas se irán, quienes nos quedaremos con el problema
seremos nosotros, eso la gente lo tiene claro”, afirma Karen Ramírez,
gerente del programa de Agua y Saneamiento de la organización Provida.
“Una inmensa mayoría de las comunidades
rurales no cuentan con agua, nosotros la tenemos racionada, tenemos agua
cada dos o tres días mientras que las multinacionales extraen una
cantidad enorme por segundo”, resalta Ines Flores al tiempo que destaca
cómo esta escasez acaba generando problemas de higiene o epidemias. “Hay
una comunidad que se llama Tutultepeque, a un kilómetro de ella baja un
río sucio al que van a parar aguas negras de la capital y ahí va la
gente. Han hecho un orificio a la orilla del río y de ahí llenan agua”,
añade este hombre que ha liderado protestas al grito de “el agua no se
vende, el agua se defiende”.
“El valor de la investigación del Foro
del Agua es que el estudio respalda lo que la gente dice. Fueron las
comunidades quienes vinieron a contarnos el problema del agua, se
preguntaban cómo era posible que la subcontrata de Coca-Cola les dijera
que el agua alcanza para todos cuando no es así, cuando llega
racionalizada, cuando en este o ese río ya no hay, o está contaminada…
Ellos hicieron el análisis desde su cotidianidad”, explica Ramírez.
Los problemas con el agua dan lugar a
situaciones como las del colegio Las Mercedes. Karen Ramírez cuenta que
este centro escolar no tiene acceso a agua potable. “Los niños y las
niñas a veces tienen que suspender las clases, una escuela pública sin
agua. Nosotros consideramos que es bien doloroso e indignante ver cómo
en tu comunidad existen empresas que están generando riqueza a partir
del agua y que aquí su falta provoque que no haya clases. ¿Qué tipo de
desarrollo es este?”, se pregunta la responsable de Provida. Karen acusa
al Estado y a las transnacionales “de estar violando los derechos
humanos de la gente de Nejapa”.
Los planes de la embotelladora
La Constancia/Sap Miller inició su
producción en Nejapa en el año 1999. La embotelladora de Coca-Cola se
había trasladado a este municipio tras el agotamiento del acuífero de
Soyapango. Entonces no existía en el país un Ley de Medio Ambiente y la
empresa obtuvo el permiso de actividad sin ningún análisis previo de los
impactos ambientales y sociales que generaría.
En 2013, la solicitud de ampliación sí
fue acompañada de su correspondiente informe. Según el estudio elaborado
por la empresa, cada año se extraen del acuífero 15,65 millones de
metros cúbicos de agua, con una recarga de la misma de 21,76 millones.
La Constancia afirma que su consumo se ampliaría en 79,1 metros cúbicos
al mes. Sin embargo, las organizaciones sociales denuncian que la
empresa no ha permitido la entrada a técnicos de la Unidad Ambiental del
municipio para verificar estos datos. Las cifras no coinciden con las
que se extraen de la investigación realizada por un reconocido hidrólogo
en el país, Julio Quiñonez, cofinanciada por varias organizaciones,
incluida la AECID.
Este informe determina que en la
actualidad lo que se extrae al año son 34,67 millones de metros cúbicos.
Además, mientras que en 1999 se sacaba el agua de uno de los pozos a
una profundidad de 31,04 metros, en el año 2012, se bajó hasta los 75,69
metros. Con la ampliación, la empresa pasaría de consumir 39,31 litros
por segundo a 69,83. Es por ello, enfatizan, que en 30 años, 27 teniendo
en cuenta el cambio climático, el acuífero de Nejapa se agotará.
¿Y qué opina el Estado? Lina Pohl, la
ministra de Medio Ambiente y Recursos Naturales del gobierno presidido
por Salvador Sánchez Cerén, admite el estado crítico de los recursos
hídricos en su país, problema que achaca a la escasez y a la
contaminación pero también, reconoce a eldiario.es desde Madrid con
motivo de su visita oficial a España, a la explotación y mala gestión de
los mismos. Pohl, que llegó al ministerio en junio de 2014 tras la
victoria electoral de Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional
(FMNL), espera que durante el mandato actual se apruebe, tras 30 años
de intentos, una Ley General de Aguas y que se reconozca el derecho
humano al agua en la Constitución, algo que se reclama desde la sociedad
civil pero que ha sido siempre tumbado en la Asamblea Legislativa.
“Todavía hay intereses muy fuertes,
intereses privados que siguen queriendo imponerse al interés público,
que quieren mantener este recurso como una mercancía y no como un
derecho”, sostiene la ministra, quien no aclara si se concederá la
ampliación a La Constancia: “Estamos evaluándolo y en el caso de que
obtuviera el permiso tendría que compensar lo que saca del acuífero pero
eso todavía no sabemos si es posible”.
El “compromiso” de Coca-Cola con el medioambiente
Desde la sociedad civil se exige
responsabilidad y que realmente se compense por su actividad. Un simple
vistazo al apartado de responsabilidad con el medio ambiente de la web
de Coca-Cola es suficiente para comprobar el supuesto compromiso de la
transnacional con “devolver a la naturaleza la misma cantidad de agua
que consume”. Eso es lo que se pide también desde Nejapa. “Coca-Cola
tiene el compromiso de devolver a los acuíferos gota a gota el agua que
extraen y esto está planteado como un compromiso global. Nosotros
estamos comprobando que eso aquí no se cumple”, revela Ramírez.
“Lo que estamos viendo es una campaña
muy fuerte de movilización de recursos, imagen y publicidad. Su
estrategia con las comunidades es el “pan y circo”. Participan en las
fiestas patronales, regalan comida, refrescos, organizan campeonatos
deportivos, plantan algún árbol, etc. Pero esto no son medidas de
responsabilidad sistemáticas, son acciones aisladas. Hay una publicidad
muy engañosa”, señala Ramírez. Ines Flores coincide con ella. “¿A cuánta
gente se engaña con esos anuncios mentirosos? Cuando andaban queriendo
ampliar hicieron una consulta popular, invitaban a la gente a asambleas,
les daban un buen almuerzo y un estudio amañado donde les hacían creer
que nunca se terminaría el agua y a cambio les ofrecían apoyos y
empleos, algo totalmente falso porque en la planta de Coca-Cola apenas
trabajan unos 15 nejapenses”, desmiente Flores.
Según el informe de Alianza por la
Solidaridad, las acciones de carácter social promovidas por La
Constancia suelen ser ejecutadas por dos ONG (ASISTEDCOS y FUNDE), “sus
ONG” -matiza Flores- y se resumen en: algunas becas, zapatillas de
fútbol para algunos jóvenes, unas peceras para la alcaldía, pequeños
proyectos de reforestación, refrescos para las comunidades, tanques de
agua en una escuela y otras actividades puntuales.
Karen Ramírez llama la atención sobre lo
difícil que es hacer pública esta denuncia ante los medios de
comunicación. “Con solo mencionar el nombre de la empresa es suficiente,
son anunciantes y jamás lo sacarán”, lamenta. Su petición, la del Foro
del Agua y Alianza por la Solidaridad no es que cierre Coca-Cola. “Lo
que queremos es que desista de esta ampliación y cumpla con los
compromisos que tiene adquiridos. Somos un país frágil, donde falta una
normativa, pero Coca-Cola ha manifestado compromisos a nivel global.
Pensamos que El Salvador es digno de que se cumplan también en nuestro
territorio”.
via OMAL
Reino
Unido
Políticos e historiadores británicos urgen a que se hagan públicos los archivos reales secretos
La publicación de una imagen de la reina Isabel II haciendo el saludo nazi ha desatado la polémica en Reino Unido. Investigadores y parlamentarios piden que los documentos privados de la relación de la familia real con los nazis sean ya de dominio público.
La duquesa y el duque de Windsor saludando a Adolf Hitler en Münich en 1937. /PA“Filmación secreta de 1933 muestra a Eduardo VIII enseñándole el saludo nazi a la Reina”, era el titular del periódico, que dedicaba varias páginas a la filmación, de apenas 17 segundos. Al parecer, la cinta fue tomada en el castillo de Balmoral, en Escocia, donde la entonces princesa Isabel pasaba sus vacaciones, aunque se desconoce cómo pudo caer en manos de la prensa.
La publicación no fue bien recibida por el
palacio de Buckingham, residencia de la familia real británica, que
consideró “decepcionante que un filme, grabado hace ocho décadas y
aparentemente del archivo personal de la familia de Su Majestad, fuese
obtenido y explotado de esta manera”. En las imágenes se ven a las
pequeñas princesas muy sonrientes mientras juegan, bailan e imitan el
saludo nazi.”Mucha gente verá estas imágenes en el momento y contexto
apropiados. Esta es una familia jugando y en un momento haciendo
referencia a un gesto que muchos habrían visto en las noticias”, añadió
el portavoz del palacio. “Nadie en ese momento tenía idea de cómo
evolucionaría (el nazismo). Implicar cualquier otra cosa es engañoso y
deshonesto”, resaltó el portavoz, que agregó que el servicio de la Reina
y su dedicación a favor del bienestar del país durante la II Guerra
Mundial y los 63 años en los que ha construido “relaciones entre países y
pueblos hablan por sí solos”.
Historiadores y parlamentarios, a favor del acceso a los archivos reales
Hoy, en declaraciones al diario The Guardian, el parlamentaria laborista Paul Flynn, miembro del Comité de reforma política y constitucional y destacado partidario de la reciente liberación de documentos confidenciales del príncipe Carlos, ha pedido que la familia real debe permitir que se hagan públicos su archivo documental, incluyendo los documentos sobre su relación con los nazis en la década de 1930.“La familia real no puede reprimir su propia historia para siempre”, ha apuntado Karina Urbach del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad de Londres. “Esto es censura y la censura no es un valor democrático. Tienen que enfrentarse a su pasado”. Por su parte, la historiadora Helen McCarthy de la Universidad Queen Mary señaló que “si los archivos reales estuvieran a disposición de los historiadores, imágenes como la publicada podrían ponerse en contexto fácilmente”. De la misma forma, el historiador Alex von Tunzelmann ha señalado que “es profundamente antidemocrático y necesitamos un acceso mucho mayor, la historia de este país pertenece al público”.
Reino Unido siente gran admiración por el padre de Isabel II, el rey Jorge VI, porque durante la II Guerra Mundial decidió no marcharse de Londres durante los bombardeos nazis y optó por quedarse en la capital con su familia. Pero la figura de Eduardo VIII -hermano mayor de Jorge VI- es muy polémica por su aparente simpatía por Adolf Hitler, con el que incluso tuvo un encuentro en Múnich en 1937, dos años antes de que estallara el conflicto bélico. Durante su visita a Alemania, Eduardo VIII, se reunió también con el “número dos” del régimen nazi, Rudolf Hess. Tras dejar el Reino Unido al ascender su hermano al trono, Eduardo VIII se exilió en Francia, donde murió en 1972.
Isabel II tenía 13 años cuando estalló la guerra y participó en el Servicio Territorial Auxiliar de Mujeres. Al convertirse en princesa heredera -por el inesperado ascenso al trono de su padre-, se comprometió en un discurso a servir al país toda su vida. - Público
Polémicas imágenes de Isabel II haciendo el saludo nazi cuando era niña
Publicado: 18 jul 2015 01:14 GMT - RT
El diario británico 'The Sun' ha publicado un video en
el que se ve a la futura reina Isabel II cuando tenía unos seis años
haciendo el saludo nazi, junto a su hermana Margaret, su madre, la
entonces princesa Isabel, duquesa de York, y su tío Eduardo, príncipe de
Gales. A la princesa Isabel también se la ve haciendo saludo como era
costumbre en el Tercer Reich.
El video en blanco y negro, sin sonido de 17
segundos de duración, fue grabado en la década de 1930 en el territorio
del Castillo de Balmoral, la residencia estival de la Familia Real
británica en Escocia, informa 'The Sun'.El diario cita la opinión de uno de los expertos británicos en el tema del nazismo, Karina Urbach, del Instituto de Investigaciones Históricas de Londres, según la cual, es poco probable que por aquel entonces Isabel II simpatizara a los nazis, si bien calificó de "impactante" el video.
"Era niña cuando se grabó el video, mucho antes de que se dieran a conocer las atrocidades de los nazis. Pero Eduardo, siendo entonces príncipe de Gales, en 1933, saludó al régimen nazi y fue pronazi incluso después de que la guerra comenzara en 1939", señala Urbach, sugiriendo que, "tal vez Eduardo enseñó a Isabel y a Margaret hacer este saludo".
El Palacio de Buckingham ha emitido inmediatamente una declaración donde expresa su "decepción" por la publicación del video. "Es lamentable que esta película rodada hace ocho décadas y, al parecer, perteneciente al archivo personal familiar de Su Majestad, haya sido obtenido y utilizado de esta manera", declaró un representante de la monarca.
Nine News Australia
Buckingham Palace defends footage of young Queen Elizabeth II performing Nazi salute: http://www.9news.com.au/world/#9News
Gobierno británico limita el Derecho a Huelga de los trabajadores
EL CIUDADANO
El Gobierno británico endurece los requisitos para que los trabajadores y trabajadoras del sector público puedan ir a la huelga.
Los sindicatos denuncian al Ejecutivo de David Cameron por la falta de consenso y de diálogo y tildan estas medidas de maniobras de política conservadora.
Ir a la huelga en el Reino Unido se ha vuelto más difícil que nunca, y más aún si se trabaja en el sector público. El elemento principal en esta reforma afecta a la convocatoria de huelga.
Desde ahora, el 50% de los trabajadores y trabajadoras sindicados con derecho a voto debe votar y de esta votación, deberá salir un porcentaje superior al 40% para que la huelga sea legal. Este doble rasero afecta a los trabajadores de la educación, sanidad, energía, transporte y aduanas.
El documento del Ministerio también recoge la posibilidad de contratar personal externo para cubrir a los huelguistas y minimizar los efectos de la huelga, criminalizar los piquetes ilegales o que impidan trabajar a aquellos que no apoyan la huelga y reducir la financiación de los sindicatos.
Negarse a trabajar para conseguir mejores condiciones laborales ha sido la principal arma de los trabajadores durante siglos, sin embargo las nuevas propuestas del Gobierno de Cameron no solamente van a hacer la huelga una herramienta poco efectiva para mejorar estas condiciones, sino que además ayuda a dar una peor imagen de los huelguistas.
La oposición ha mostrado ya su malestar con la norma asegurando que se trata de un ataque contra los trabajadores y una maniobra política para restar poder a los sindicatos. - LibreRed/HispanTV
Sube el paro en el Reino Unido
El gobierno continuará su reducción del Estado de bienestar.
jul 16, 2015 Caras y Caretas
La
Oficina Nacional de Estadística británica ha revelado recientemente que
entre marzo y mayo de este año el número de personas en paro ha
aumentado en 15.000 individuos, constituyendo un total de 1,85 millones
de desempleados, un 5,6% de la población activa.
Economistas
y expertos sospechan que esto puede constituir un fin de la tendencia a
la baja que el paro lleva experimentando en el país desde abril de
2013.
Para el Primer ministro conservador, David
Cameron, la eliminación del déficit público de cara a 2020 sigue siendo
el objetivo principal de su legislatura, para ello ha anunciado la
introducción de recortes por valor de 37.000 millones de libras para los
próximos años.
El sacrificio gradual del Estado
del bienestar británico parece ser uno de los pilares básicos de su
mandato de cara a transformar el país “de una economía de salarios
bajos, impuestos altos y muchas ayudas sociales a un país con sueldos
altos, impuestos bajos y menos ayudas”.
Así, en
los próximos tres años el presupuesto destinado a gastos sociales se
reducirá en 12.000 millones de libras, complementado con la eliminación
de la ayuda de vivienda que se venía destinando a los menores de 21
años, la transformación en préstamo bancario de las becas universitarias
de los estudiantes sin recursos, y la concesión de incentivos fiscales a
empresas y particulares.
En Londres se rebajará
de 26.000 a 23.000 libras anuales la ayuda máxima que una familia puede
recibir en materia de ayuda estatal, y aquellas personas que habiten
viviendas sociales tendrán que empezar a pagar alquileres cuando se
declare que dispongan de ciertos ingresos mínimos.
El
Ministro de economía George Osborne declaró que con sus nuevos
presupuestos “pone en primer lugar la seguridad económica y reconoce a
los británicos que trabajan duro”.
WikiLeaks: "El programa naval británico es un inminente desastre nuclear"
Publicado: 18 may 2015 01:34 GMT
| Última actualización: 18 may 2015 11:48 GMT - RT
Reuters / Danny Lawson
La Marina Real británica (Royal Navy en inglés) ha
iniciado una investigación sobre un informe devastador del denunciante
William McNeilly, quien indicó que ha sido testigo de una serie de
violaciones de seguridad durante su formación con el programa Trident.
Según informa WikiLeaks,
McNeilly, un marinero de 25 años de la Marina de Guerra quien estuvo de
patrulla en el submarino HMS Victorious entre enero y abril de este año
y desertó del servicio la semana pasada, alegó que el sistema Trident
es vulnerable a la infiltración y el ataque terrorista. El informe de
McNeilly, titulado 'La Amenaza Nuclear Secreta', reveló 30 fallas de
seguridad y protección de diversa gravedad."Estamos tan cerca de una catástrofe nuclear y es impactante, sin embargo, todo el mundo está aceptando el riesgo para el público. Si no actuamos ahora podríamos estar perdiendo vidas durante generaciones", señaló McNeilly. "Es sólo una cuestión de tiempo hasta que seamos infiltrados por un psicópata o un terrorista", agregó.
La Marina, por su parte, respondió a las críticas del denunciante señalando que su informe contiene "una serie de puntos de vista personales subjetivos y sin fundamento... con los que el Servicio Naval discrepa totalmente", y añadió que "los submarinos no salen a la mar hasta que no están completamente seguros".
Huelga en metro de Londres afecta a millones de usuarios
Por
Ap jue, 09 jul 2015 10:41 La Jornada
Viajeros esperan a los autobuses en la estación de Victoria en Londres. Foto Reuters
Londres. Las
opciones de transporte este jueves en Londres fueron vete a pie,
pedalea en bicicleta o intenta encontrar un autobús que te guste.
Millones de personas llenaron los autobuses, rentaron bicicletas o simplemente caminaron kilómetros luego de que una huelga de 24 horas cerró el muy conocido sistema de metro de la capital británica y causó caos en el transporte público.
Los conductores del tren subterráneo apoyaron firmemente la huelga, molestos por el pago y horarios que entrarán en vigor próximamente cuando el servicio de 24 horas sea introducido en algunas líneas. La unanimidad hizo a la huelga más grave que unas previas, cuando la gerencia logró mantener en operación algunas líneas del metro.
Asociaciones industriales dijeron que la huelga le costará a Londres decenas de millones de libras (dólares) en productividad perdida.
"Tengo que presentar una demanda hoy, no sé cómo lo haré. Realmente estoy harta", dijo la consternada abogada Susan Miller, de 48 años. "Simplemente no creo que (los huelguistas) hayan visto la imagen completa aquí".
El sistema subterráneo de Londres, con 4 millones de viajes diarios, suele cerrarse entre medianoche y 01:00 hrs., con el turno nocturno reservado para mantenimiento de las vías. Aunque ha operado toda la noche la víspera de año nuevo, la medida de que algunas líneas corran 24 horas los fines de semana marca un gran cambio para un sistema de 152 años.
El director ejecutivo del metro de Londres, Mike Brown, pidió disculpas por la suspensión pero insistió en que la oferta que se hizo de aumento de sueldos fue "muy justa". "La huelga es innecesaria", dijo.
Funcionarios del transporte dicen que la oferta incluía un 2 por ciento de aumento salarial, un bono por el lanzamiento del metro nocturno de 500 libras (700 dólares) y un bono adicional de 2.000 libras (3.080 dólares) para los conductores nocturnos.
Los sindicatos dicen que la gerencia intenta forzar nuevos patrones de trabajo que causarán estrés y arruinarán el balance vida/trabajo de la gente en trabajos de seguridad crítica.
"Perdimos tres meses en negociaciones que no lograron atender las preocupaciones del equipo", dijo el secretario general del sindicato RMT, Mick Cash.
Una cosa en la que todos coincidieron es que los usuarios están pagando la consecuencia.
Millones de personas llenaron los autobuses, rentaron bicicletas o simplemente caminaron kilómetros luego de que una huelga de 24 horas cerró el muy conocido sistema de metro de la capital británica y causó caos en el transporte público.
Los conductores del tren subterráneo apoyaron firmemente la huelga, molestos por el pago y horarios que entrarán en vigor próximamente cuando el servicio de 24 horas sea introducido en algunas líneas. La unanimidad hizo a la huelga más grave que unas previas, cuando la gerencia logró mantener en operación algunas líneas del metro.
Asociaciones industriales dijeron que la huelga le costará a Londres decenas de millones de libras (dólares) en productividad perdida.
"Tengo que presentar una demanda hoy, no sé cómo lo haré. Realmente estoy harta", dijo la consternada abogada Susan Miller, de 48 años. "Simplemente no creo que (los huelguistas) hayan visto la imagen completa aquí".
El sistema subterráneo de Londres, con 4 millones de viajes diarios, suele cerrarse entre medianoche y 01:00 hrs., con el turno nocturno reservado para mantenimiento de las vías. Aunque ha operado toda la noche la víspera de año nuevo, la medida de que algunas líneas corran 24 horas los fines de semana marca un gran cambio para un sistema de 152 años.
El director ejecutivo del metro de Londres, Mike Brown, pidió disculpas por la suspensión pero insistió en que la oferta que se hizo de aumento de sueldos fue "muy justa". "La huelga es innecesaria", dijo.
Funcionarios del transporte dicen que la oferta incluía un 2 por ciento de aumento salarial, un bono por el lanzamiento del metro nocturno de 500 libras (700 dólares) y un bono adicional de 2.000 libras (3.080 dólares) para los conductores nocturnos.
Los sindicatos dicen que la gerencia intenta forzar nuevos patrones de trabajo que causarán estrés y arruinarán el balance vida/trabajo de la gente en trabajos de seguridad crítica.
"Perdimos tres meses en negociaciones que no lograron atender las preocupaciones del equipo", dijo el secretario general del sindicato RMT, Mick Cash.
Una cosa en la que todos coincidieron es que los usuarios están pagando la consecuencia.
'Catalunya Sí que es Pot' se presenta planteando el 27-S como un duelo entre “dos modelos de país”
La lista de confluencia entre Podem, ICV y EUiA está pendiente de que Procés Constituent decida sumarse al proyecto y que su fundador, el economista Arcadi Oliveres, acepte encabezar la candidatura.
MARC FONT / Público - Publicado: 19.07.2015 12:57
BARCELONA.- Tras varias semanas de negociaciones, dirigentes de
Podem, ICV y EUiA han presentado este domingo por la mañana el
preacuerdo político para articular la candidatura de confluencia Catalunya Sí que es Pot
para las elecciones catalanas del 27 de septiembre. La lista de
confluencia de la izquierda, todavía pendiente de que el próximo sábado
Procés Constituent decida si se suma finalmente al proyecto y de
convencer a su líder, el economista y activista Arcadi Oliveres, para
encabezarlo, ha lanzado el mensaje que planteará el 27-S como un duelo
entre “dos modelos de país”, los que representan, respectivamente, Catalunya Sí que es Pot y la lista conjunta entre CDC, ERC y las principales entidades soberanistas.“En estas elecciones nos jugaremos la posibilidad de cambio y de transformación. Lo que está en juego son dos modelos del país, la Catalunya de los arriba y de los recortes, en la que han predominado las políticas austericidas, frente al que proponemos, que es la Catalunya mestiza, abierta, de las clases populares y de la esperanza que se puede gobernar para las mayorías ciudadanas”, ha declarado Gemma Ubasart, secretaria general de Podem. En la misma línea se ha pronunciado Dolors Camats, cocoordinadora nacional de ICV, para la que el hecho de que su antiguo correligionario Raül Romeva vaya al frente de la lista soberanista no evita que se trate de una opción de “continuidad”, que apostará por las “mismas políticas”. En este sentido, ha recordado que si esta opción gana los comicios permitirá a Artur Mas seguir al frente de la Generalitat.
Para Camats, los comicios del 27-S “no son plebiscitarios [como plantean las opciones independentistas], ni son de un sí o un no, sino que son constituyentes para que lo podamos decidir todo y podamos llevar a cabo un rescate nacional, social y democrático”. Entre otras cuestiones, el manifiesto que vertebra la candidatura apuesta por elaborar una constitución que permite avanzar hacia una república catalana, que podría ser independiente o federada con el Estado español -cuestión que se decidiría en un referéndum de autodeterminación-, e impulsar un plan de rescate ciudadano, para afrontar cuestiones como los desahucios y combatir la pobreza.
“Emergencia nacional y social”
En el acto de presentación pública de Catalunya Sí que es pot, celebrado en el recinto fabril de la Fabra y Coats de Barcelona, también ha intervenido el coordinador general de EUiA, Joan Josep Nuet. Ha afirmado que en Catalunya se “han recortado derechos y libertades” y ahora “late la voluntad constituyente de recomenzar el país, de que lo decidamos todo como sociedad”. Para Nuet, hoy “ha nacido la esperanza de gente que ha luchado y ha sufrido” y en este momento “cree que se puede ganar”. La líder de ICV, Dolors Camats, ha defendido la apuesta de su formación por la confluencia de izquierdas por la “situación grave que vivimos como país, con una emergencia social y nacional” lo que, en su opinión, requiere “soluciones excepcionales”. “Hay otra manera de dar respuesta a esta situación y estamos dispuesto a demostrarlo”, ha asegurado.En las negociaciones ha participado también Procés Constituent, pero el movimiento se da una semana de margen para decidir si se suma a la confluencia
En las negociaciones del preacuerdo presentado hoy ha participado también Procés Constituent, pero el movimiento apostó ayer en la reunión de su grupo promotor darse una semana más de margen para decidir si se suma o no la confluencia. En relación a este punto, Gemma Ubasart ha manifestado que “esperemos que Procés Constituent se incorpore a este viaje, pero respetamos los tiempos y los procesos de cada uno”. La incorporación del movimiento no es una cuestión menor, teniendo en cuenta que uno de sus fundadores, el activista y economista Arcadi Oliveres, es ahora mismo la opción de consenso entre todas las partes para liderar Catalunya sí que es Pot. De momento, el veterano activista -tiene 71 años- ha rechazado esta posibilidad, pero Ubasart se ha mostrado confiada en que cambie de opinión y ha vinculado su respuesta definitiva a la opción que tome finalmente Procés Constituent en su asamblea general del próximo sábado.
Validación de los candidatos
El preacuerdo que hará posible la candidatura de confluencia ha sido validado por las direcciones de Podem, ICV e EUiA, pero todavía falta la ratificación de algunas de las bases de las formaciones. Así, mientras la militancia del último partido ya se ha pronunciado a favor, Podemos la consultará entre martes y miércoles. Además, según ha comentado Joan Josep Nuet (EUiA), habrá otro proceso de validación de la propuesta de candidatos. Camats, Ubasart y Nuet han defendido que la presentación de hoy marca un inicio de un proyecto “abierto e inclusivo” en el que aspiran a sumar más opciones políticas, sociales y ciudadanas.La presentación ha contado con la presencia de numerosos dirigentes de las tres formaciones, muchos de los cuáles ocuparán un lugar destacado en la candidatura. Así, mientras que ni Ubasart ni Camats -ni los también dirigentes de ICV Joan Herrera y Ernest Urtasun, también presentes- optarán a ser diputadas, sí que se da por hecho que Nuet tendrá un lugar de salida, como los miembros de Podem Jessica Albiach -a la que varias fuentes consultadas por Público señalan como número dos- y Albano Dante Fachín, el diputado en el Congreso de ICV Joan Coscubiela o Núria Lozano, dirigente de EUiA. También han mostrado su apoyo a Catalunya Sí que es Pot la escritora Nachat El Hachmi y los veteranos periodistas Antonio Franco -exdirector de El Periódico de Catalunya- y Josep Maria Balcells, que también fue diputado autonómico del PSC.
Dominio público - Opinión a fondo
Este sí es el tiempo del cambio
17 jul 2015
Portavoz del Grupo Podemos en la Asamblea de Madrid
La dimensión de la crisis económica, acompañada de una crisis política, ha sido proporcional a los cambios que hemos vivido en los últimos años. Las transformaciones sociales han ocurrido a menudo de forma vertiginosa, algo que a veces dificulta que seamos conscientes de lo diferentes que “estamos” y de cómo las instituciones y el sistema político se parecen ahora mucho más a cómo “somos”.
Desde que el 15M y sus distintas consecuencias interpelaron al bipartidismo acerca de su responsabilidad en la contundencia de la crisis, y su capacidad para resolverla sin provocar más daño social, la ciudadanía decidió iniciar un proceso de profundos cambios. Al surgimiento de colectivos en defensa de derechos fundamentales, de uso de las redes sociales para combatir la desinformación, de mayor control de las instituciones, se terminó sumando un proyecto político destinado a representar el nuevo protagonismo ciudadano. Podemos nació de la necesidad de una nueva política, del agotamiento de un sistema de partidos que había desatendido los derechos fundamentales, que se había alejado de la sociedad y había dejado de escucharla.
El deseo de participación ha sido una de las demandas fundamentales de este tiempo político del cambio. En las grietas de una nueva realidad, resquebrajada por la crisis, han surgido con fuerza sectores sociales recién politizados, colectivos y militantes cansados de partidos políticos blindados. La mayor parte de las organizaciones del sistema de partidos con el que alcanzamos la crisis o se dedicaban al clientelismo, tomando medidas contrarias a los intereses de las mayorías, o dedicaban ingentes esfuerzos a peleas internas y luchas de poder que poco tenían que ver con la transformación social. El surgimiento de Podemos tiene por tanto su origen en las carencias e inercias de los partidos que han ocupado las instituciones en los años del régimen del 78, y en un deseo de amplios sectores sociales por que las cosas cambien.
La sorpresa que dieron los cinco eurodiputados de Podemos en las elecciones europeas de 2014 fue el anticipo de un proceso de catarsis electoral que se ha extendido en los comicios municipales y autonómicos del pasado 24 de mayo. En menos de un año hemos vivido el advenimiento de un profundo y vertiginoso cambio: ¿quién podía pensar hace apenas unos meses que las alcaldesas de Madrid y Barcelona serían Manuela Carmena y Ada Colau, dos mujeres que encabezaban por primera vez una lista electoral y de formaciones inexistentes hace un año?
Al mismo tiempo, los parlamentos autonómicos han visto llegar a más de un centenar de nuevos diputados y diputadas empujados hasta allí por el viento de una nueva representación, por el empoderamiento de una parte creciente de la sociedad que quiere unas instituciones abiertas, atentas, capaces de escuchar y responder a sus demandas. Estamos en un momento diferente del proceso; ya no sólo se trata de indignación, ahora se trata de articularla desde las instituciones, de una forma efectiva para mejorar la vida de la gente.
El nuevo tiempo político comienza a dar sus frutos. En la Asamblea de la Comunidad de Madrid el Partido Popular ha perdido una votación por primera vez en veinte años –¡veinte años!-. Ha sido en la aprobación de una Comisión para la Auditoría del Endeudamiento y la Gestión Pública, propuesta por Podemos y que será presidida por una de sus diputadas.
En los últimos ocho años la deuda de la Comunidad de Madrid ha pasado de 10.000 millones de euros a 25.000 millones. Dinero que se ha ido a financiar proyectos innecesarios como las autopistas radiales o las infraestructuras para las olimpiadas. Dinero con el que se podría haber evitado la creciente desigualdad que hay en la sociedad madrileña.
Se trata además de la respuesta a otra de las demandas ciudadanas; la transparencia. Sólo desde el conocimiento minucioso de las decisiones políticas, de los errores, de cómo se han “cocinado” las tramas corruptas, podremos regenerar la gestión pública.
Ahora, aparecen en el horizonte la elecciones generales y la lupa se ha puesto de nuevo sobre la vida orgánica de Podemos, sus relaciones internas y externas. Sin embargo, el cambio se está produciendo en el parlamento aragonés, donde se ha exigido a las compañías eléctricas un céntimo por kilovatio, para paliar la pobreza energética. También en el de la Comunidad Valenciana, donde los inmigrantes vuelven a tener tarjeta sanitaria. En Madrid, la Comisión aprobada va a permitir renegociar los sobrecostes de algunos procesos de construcción y privatización y evitar obras innecesarias, como el desdoblamiento de algunas autovías que el PP pone encima de la mesa.
El proceso ha sido rápido pero, si se quita la lupa, se ve cómo ahora hay políticas reales que hace apenas cinco años eran impensables; políticas que dan respuestas a los problemas que nos han traído hasta aquí, como la desigualdad o la corrupción.
En Madrid los 20 años de la mayoría absoluta del Partido Popular han sido una penitencia que se ha hecho muy larga para muchos madrileños y madrileñas. La votación que han perdido por la iniciativa de Podemos tiene valor efectivo y real; y mucho valor simbólico. Me preguntaban el otro día sobre qué pensaba que sería mejor para para iniciar un tiempo de innovación política, si la confluencia en sus variantes o sólo Podemos. Quitemos la lupa, el cambio ya está aquí. Bienvenidos al cambio.
Galiza: Carta de disolución de la Xuventude Comunista (UJCE) en Ourense
Por XC Ourense
Publicado en: 17 julio, 2015
El conjunto de la hasta ahora militancia de la Xuventude Comunista
(UJCE) en Ourense queremos hacer públicos los motivos que nos llevan
hasta esta situación.
Reunida
en plenario extraordinario la militancia de la Xuventude Comunista
(UJCE) en Ourense, el 14 de julio de 2015 en la sede del PCG acordamos
por voto unánime:
1. Que
tras más de 11 años desde su reconstrucción, comunicamos disuelta con
efectos inmediatos la organización en dicha comarca al considerar la
mayoría del Comité Comarcal y militancia que se llegó a un impasse
tras la resolución en falso del proceso de las camaradas de la comisión
política gallega en unos términos que nos parecen intolerables (véanse
el material anexo que incluimos y la parte que refiere este suceso de
nuestra carta de disolución).
2. Que
los motivos que nos empujan a esta salida superan dicho marco concreto, y
que considerando necesaria una explicación detallada ante la militancia
de esta organización y el conjunto del movimiento comunista del estado,
recojemos los mismos en la carta de disolución adjunta. En el mismo
sentido, publicamos también las cartas a la comisión de garantías y
control de la UJCE que recopilan exposición, debate y pruebas del suceso
concreto que nos precipita a esta disolución.
3. Que al
non constituirnos un grupo fraccional en torno a una liña definida en
el momento de esta salida, las militantes que solicitan su baja de la
UJCE lo hacen de manera voluntaria y como tal, son libres de organizarse
como crean oportuno fuera de estas siglas.
4. Que en
lo tocante a la actividad de la Xuventude Comunista en la ciudad de
Ourense durante las próximas semanas, no será sino realizada por
militancia estudiantil solo presente en la comarca en periodo estival; y
que por lo tanto, exponemos falsa toda negación de esta disolución
desde la dirección política de la UJCE ante a su militancia o fuera de
la misma.
Comité Comarcal da Xuventude Comunista en Ourense.
Enlace a la carta de disolución (gallego): https://www.dropbox.com/s/
La gestión del agua de Madrid, Vitoria y Bilbao, las de mayor riesgo de ser privatizadas
Un informe alerta del riesgo de que los ayuntamientos especulen con el suministro del agua para tratar de hacer caja.
Una mujer se lava las manos debajo de un grifo. EFE (Archivo)
J. MARCOS / Mª ANGELES FERNÁNDEZ - Público - Publicado: 14.05.2015 20:49
MADRID.-
El Canal de Isabel II en Madrid, AMVISA en Vitoria-Gasteiz y el
Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia son las tres compañías públicas de
suministro de agua con más peligro de ser privatizadas. Es la
principal conclusión del estudio que la Asociación Española de
Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (AEOPAS) lanza este
viernes y al que ha tenido acceso por adelantado este diario.“Hemos examinado el riesgo de privatización según el interés económico que pueden tener, su transparencia y la voluntad publicada de los partidos y de los políticos que gestionan estas compañías”, explica el secretario general de AEOPAS, Jaime Morell.
La investigación, realizada sobre una muestra de 15 operadores públicos de abastecimiento y saneamiento, divide el estado actual de las firmas en tres escalones de riesgo: bajo, medio y alto; como tres categorías estanco de una escala que va de 0 a 5. La puntuación más alta, y por ende la más próxima a esa futura privatización, la comparten el Canal de Isabel II y Aguas Municipales de Vitoria-Gasteiz S.A. (AMVISA), ambas con 3,18 puntos. En un segundo escalón se sitúa el Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia (3,05).
El comportamiento de estas tres empresas es muy similar en las tres dimensiones que analiza el Estudio sobre riesgo de privatización de empresas públicas de abastecimiento y saneamiento de agua, llevado a cabo entre abril y mayo de 2015: marco institucional, dimensión económica, además de transparencia y participación. El informe también sirve para denunciar que “no existe regulación en el sector, no existen indicadores para ver cómo se gestiona este servicio público, que se comporta como un monopolio y sobre el que existe mucho oscurantismo”, remarca Morell.
Este profesor de la Universidad de Sevilla resume en dos los grandes problemas del sector urbano del agua en el Estado español: la falta de regulación (que sí existe, recuerda, en Inglaterra, Francia, Estados Unidos o Portugal) y, por tanto, la rendición de cuentas; junto con el canon concesional, una figura prohibida en otros países. Esta controvertida herramienta es el dinero que las privadas pagan a las administraciones públicas, principalmente ayuntamientos, para lograr la concesión por un largo periodo de tiempo (entre 20 y 50 años) del suministro de agua y saneamiento.
“Las privatizaciones se hacen para hacer caja"
“Las privatizaciones se hacen para hacer caja, para financiar a los ayuntamientos que usan ese dinero para pagar otras cosas que nada tienen que ver con el ciclo del agua. Si se prohíbe el canon o si se obliga a dedicar el dinero a las infraestructuras hidráulicas, el interés privatizador desaparecería”, explica el secretario general, que finaliza alertando cómo “la tarifa del agua sirve para financiar otras cosas y eso es antidemocrático, es una estafa social”. A pesar de la falta de datos oficiales, AOEPAS estima que el 53 por ciento de la población está abastecida por compañías privadas; un ratio que ha crecido en los últimos años ya que en 1996 el porcentaje era del 37 por ciento.
El agua, negocio en Madrid
El Canal de Isabel II, la empresa pública que gestiona el agua de toda la Comunidad de Madrid, estuvo a punto de ser privatizada en 2012. “Había interés por generar ingresos para la Comunidad porque hay quien considera el agua como un negocio”, recuerda Morell. La dificultad del proceso, al estar implicados múltiples ayuntamientos, por la presión ciudadana y por la coyuntura de unos mercados en crisis, provocó que el proyecto no siguiera adelante. Finalmente el Canal de Isabel II, que lidera la escala del informe de AEOPAS, se convirtió en una sociedad anónima cuyos accionistas son la Comunidad de Madrid y 111 Ayuntamientos de la región; los mismos que ahora cobran dividendos cada año. “Hay que recordar que el dinero del Canal está sirviendo para hacer negocios en otras partes del mundo, pues han creado un gran holding; y también para financiar actividades ajenas al agua, como un teatro y exposiciones”, añade Jaime Morell.
La situación y la gestión del Canal han entrado en la campaña política, lo que no había sucedido hasta ahora. Todos los partidos que se presentan a las elecciones en Madrid, excepto Ciudadanos y Partido Popular, han firmado el Pacto Social por el Agua (#iniciativagua2015), que busca un compromiso firme para mantener la gestión pública y transparente. Podemos además ha anunciado su interés en crear un ‘banco del agua’, una especie de instituto de crédito público. Mientras, el PSOE ha insistido en que el Canal de Isabel II sea “una empresa pública gestionada con eficacia objetividad, austeridad, sostenibilidad medioambiental e imparcialidad”.
Tendencia remunicipalizadora
“La desprivatización es un fenómeno global”, asegura a Público el gerente de AEOPAS, Luis Babiano, quien enfatiza cómo “frente al modelo especulativo español, sólo 40 de las 400 ciudades más grandes del mundo tienen privatizado su servicio. En todo el mundo están experimentando el fracaso de la privatización del agua”, cuyas consecuencias enumera: acceso desigual, incremento de las tarifas, pérdida de la capacidad de control financiero y técnico del servicio, obstáculos medioambientales y escandalosos márgenes de ganancias.
Un reciente estudio de Unidad de Investigación de la Internacional de Servicios Públicos (PSIRU), Transnational Institute (TNI) y Multinationals Observatory recoge 235 casos de remunicipalización en los últimos tres lustros, es decir la vuelta a manos públicas de empresas que habían sido previamente privatizadas. Ejemplos que englobarían a más de cien millones de personas de 37 países diferentes, vecinas y vecinos de ciudades como Atlanta e Indianápolis (en Estados Unidos), Berlín y Budapest (en Europa), Buenos Aires y La Paz (en América del Sur), Johannesburgo y Dar-es-Salaam (en África).
Y París, tal vez el caso más emblemático, y allí donde el recibo bajó un ocho por ciento durante el primer año tras el regreso a manos públicas. La capital francesa ha prohibido además los cortes para las familias que no pueden pagar, ha creado nuevos servicios medioambientales y ha logrado una la gestión más democrática y participativa.
#Iniciativagua2015
El Pacto Social por el Agua ha decidido aprovecharse del rebufo de este impulso mundial y ha definido un programa marco que acuerda los fundamentos y reglas básicas del modelo público de agua en el Estado español: transparencia, rendición de cuentas y participación. “Se han generalizado prácticas que no son las adecuadas para gestionar un derecho, pues se convierte al agua en una mercancía y al ciudadano en un cliente, sin ningún control, transparencia o participación”, apunta el profesor de la Universidad de Sevilla, quien lamenta que estas prácticas negativas también se realizan en compañías públicas.
Más de 300 organizaciones sociales, ecologistas, académicas y sindicales, así como operadores y partidos políticos se han sumado a esta iniciativa, que ya ha sido presentada en Catalunya, el País Vasco, Murcia, Castilla-La Mancha, Madrid y diversos municipios andaluces. La campaña recuerda que el acceso al agua y al saneamiento es un derecho humano desde que la Asamblea de las Naciones Unidas así lo dictaminó en el verano de 2010. Tres son los objetivos que se ha marcado la propuesta, empezando por “frenar la ofensiva de las empresas privadas”, siguiendo por conseguir la sostenibilidad económica, social y ambiental del ciclo del agua; y terminando por impulsar un modelo transparente y participado.
La Fundación Nueva Cultura del Agua, que aglutina a científicos y expertos en la materia, acaba de lanzar también su decálogo de propuestas para una política sostenible del agua. Apoya el Pacto Social para fomentar “una gestión transparente con control participativo que garantice el derecho humano al agua, mediante la gestión integrada (abastecimiento, saneamiento, depuración, drenaje urbano y protección de ecosistemas) y tarifas social y ambientalmente justas”.
Menor riesgo de privatización
AMVISA es otra de las compañías que se cuela en el podio elaborado por AEOPAS. La empresa de Vitoria-Gasteiz encabeza el ranking del riesgo económico, con una puntuación de 4,4. Esta dimensión se basa en los datos extraídos de las cuentas y presupuestos anuales, sin obviar las declaraciones públicas a favor de convertirla en una empresa mixta (público-privada), una postura que el profesor de la Universidad de Zaragoza y Premio Goldman de Medioambiente, Pedro Arrojo, ha calificado como “privatización encubierta”.
La tercera compañía en “riesgo alto” es Consorcio Aguas Bilbao Bizkaia. Aunque pública, tiene externalizado un porcentaje muy alto de su gestión, “el ente no está privatizado, pero sí su actividad”, lamenta Morell.
El examen de AEOPAS establece finalmente el siguiente termómetro de privatización: con ‘riesgo alto’, el Canal de Isabel II y AMVISA (ambas 3,18 puntos) y el Consorcio Aguas Bilbao Bizkaia (3,05); en el lado opuesto: Giahsa (1,33), de Huelva, y Aguas del Huesna (de Sevilla; 1,19). Entre ambos extremos, una decena de compañías con ‘riesgo medio’: Emacsa (2,91), de Córdoba; Emaya (2,72), de Palma; Emalcsa (2,54), de A Coruña; el Consorcio Aguas Rioja Alavesa (2,50), Aljarafesa (2,22), de Aljarafe, en Sevilla; Emasa (2,21), de Málaga; Galasa (2,19), de Almería; Emasesa (2,12), de Sevilla; Aguas de Gijón (2,08) y Emproacsa (1,74), de Córdoba.
Protestan en Guatemala con conciertos contra el sistema político
Alrededor de un centenar de artistas y músicos guatemaltecos realizaron este sábado tres conciertos en simultáneo en el centro histórico de la capital, en una protesta para exigir reformas al sistema político ante la revelación de varios casos de corrupción en el gobierno.
“Estamos pidiendo reformas a la ley electoral y de partidos políticos y a la de servicio civil, para que este tipo de cuestiones no se vuelvan a repetir”, dijo Álvaro Aguilar, vocalista de la banda de rock guatemalteca Alux Nahual, uno de los organizadores de la protesta.
La manifestación fue convocada por el movimiento de artistas ProtestArte, y se desarrolló en la Plaza de la Constitución, el centro de manifestaciones masivas desde que en abril pasado se descubrió un fraude multimillonario en las aduanas dirigido por altos funcionarios.
Miles de guatemaltecos indignados han salido a las calles a protestar desde el pasado 16 de abril, cuando la fiscalía y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), un ente de la Organización de las Naciones Unidas que apoya la depuración del sistema judicial, revelaron la participación de altos funcionarios en el cobro de sobornos a empresarios para evadir impuestos. - La Jornada
Honduras
El movimiento de los indignados marcha contra la corrupción del Gobierno
Publicado: 19 jul 2015 04:57 GMT - RT
El pueblo hondureño continúa exigiendo una
investigación independiente sobre los escándalos de fraude que salpican a
las autoridades. Decenas de miles de manifestantes salieron este sábado
a las calles de Tegucigalpa para protestar contra la corrupción en el
Gobierno.
El movimiento de protesta y los partidos
políticos de la oposición exigen la creación de un organismo de la ONU
contra la impunidad. En concreto se trata de una organización denominada
Comisión Internacional contra la Impunidad en Honduras, que llevara a
cabo una investigación independiente sobre la corrupción del Gobierno,
empezando por el presidente Juan Orlando Hernández y su Partido
Nacional, implicado en la malversación masiva de las arcas públicas por
valor de más de 200 millones de dólares.Asimismo, el movimiento exige la dimisión de Hernández, rechazando el proceso de diálogo propuesto por él.
"El pueblo hondureño está indignado, el pueblo hondureño está harto y cada día se molesta más porque el presidente de la república, que es un empleado del pueblo, simplemente no le hace caso al pueblo", se lamenta el activista Miguel Briceño, citado por 'La Prensa'.
Honduras volvió a marchar contra la corrupción e impunidad
Los manifestantes portaron antorchas y banderas de Honduras para exigir una vez más al presidente Juan Orlando Hernández que renuncie.EL CIUDADANO
Las calles de Tegucigalpa, capital de Honduras, se llenaron de centenares de personas que salieron una vez a marchar en contra de la corrupción y la impunidad, ante los escándalos de corrupción que ha sacudido al Gobierno de Juan Orlando Hernández.
En esta jornada hubo dos protestas de forma simultánea. Una se realizó en las inmediaciones de la Casa Presidencial y otra en el centro de la ciudad capital.
Los manifestantes exigieron una vez más la renuncia del mandatario, del fiscal general Oscar Chinchila y del adjunto Rigoberto Cuéllar.
La protesta inició en el bulevar Morazán de la capital y llegó hasta la Embajada de Estados Unidos en Honduras, donde entregaron una carta al embajador estadounidense en Tegucigalpa solicitándole la intervención en la resolución de casos de corrupción de funcionarios de Honduras.
Una vez entregada la misiva, los llamados “indignados” se dirigieron a las cercanías de la Casa Presidencial para apoyar a los 29 jóvenes que llevan tres semanas en huelga de hambre.
EN CONTEXTO
La huelga de hambre inició el pasado 22 de junio con dos de los miembros de Indignados Honduras, quienes se retiraron una semana después alegando violaciones a sus derechos humanos.
Los hondureños intentaron llegar el pasado jueves a la entrada de la Presidencia pero fueron reprimidos por funcionarios policiales y militares que utilizaron la fuerza para impedir el avance de los manifestantes.
EL DATO
En los últimos meses se han manifestado en las calles de Honduras miles de personas denominadas como el grupo de la Oposición Indignada exigiendo que se instale una CICI, tal como funciona en Guatemala.
El 30 mayo más de 5 mil personas marcharon por las calles de la capital hondureña, Tegucigalpa, para exigir la renuncia del presidente Juan Orlando Hernández, acusado de estar involucrado en la denominada gran estafa al Instituto de Seguridad Social (IHSS). - TeleSUR
Jóvenes hondureños lideran inédito movimiento contra corrupción
Por Thelma MejíaNi la lluvia contiene las cada vez más multitudinarias manifestaciones de la semanal Marcha de las Antorchas, promovidas por el movimiento ciudadano de la Oposición Indignada, en la capital de Honduras y en otras 50 ciudades del país. La pacífica protesta demanda la instalación de una Comisión Internacional contra la Impunidad para adecentar la democracia […]
Ni la lluvia
contiene las cada vez más multitudinarias manifestaciones de la semanal
Marcha de las Antorchas, promovidas por el movimiento ciudadano de la
Oposición Indignada, en la capital de Honduras y en otras 50 ciudades
del país. La pacífica protesta demanda la instalación de una Comisión
Internacional contra la Impunidad para adecentar la democracia del país.
TEGUCIGALPA, 16 jul 2015–
Honduras vive su propia primavera. Un movimiento ciudadano liderado
por jóvenes que se movilizan desde las redes sociales, inunda las calles
con una semanal marcha de las antorchas contra la corrupción y la
impunidad.
Desde fines de mayo, el pacífico
movimiento juvenil de indignados rompió el cerco mediático y trascendió
los liderazgos políticos y sociales, con convocatorias seguidas por
cientos de miles de ciudadanos en Tegucigalpa y otras 50 ciudades del
país.
Su marcha de las antorchas demanda la
instalación de una comisión internacional que ponga fin a la impunidad
de la corrupción y adecente las instituciones y la democracia de esta
nación centroamericana.
“Ahí van esos
jóvenes locos, nos decían. Pero después, como por arte de magia, todo
cambió y ahora todos los viernes somos miles de personas las que salimos
unidas con nuestras antorchas, en paz, a pedir justicia y no más
impunidad”: Gabriela Blen.
El llamado movimiento ciudadano de Oposición Indignada
aglutina a jóvenes y personas de todas las edades, especialmente de la
clase media, que protestan en particular contra el fraude de entre 200 y
300 millones de dólares en el estatal Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).
El caso incluye, según las
investigaciones, el pago de medicinas vencidas y la compra de equipos
con sobreprecio, legitimación de capitales y uso de fondos públicos para
financiar la última campaña presidencial del derechista Partido Nacional (PN), en el poder desde 2010.
El del IHSS es el mayor caso de
corrupción en el último medio siglo en Honduras y ha desatado una
indignación colectiva por las implicaciones que tuvo para la salud de
los hondureños, agobiados por la escasez de medicinas la pública red
hospitalaria del país.
El saqueo de la institución que brinda
seguridad social a los empleados públicos y privados que cotizan al
sistema, ha puesto sobre las cuerdas al gobierno del presidente Juan
Orlando Hernández, cuyo cuatrienio comenzó en enero de 2014.
El mandatario ha empujado las
investigaciones, pero nunca imaginó que la gota que derramaría el vaso
sería el uso de fondos de la salud para financiar la campaña electoral
que lo condujo a la Presidencia.
Hasta ahora han trascendido 10 cheques
por algo más de 147.000 dólares para la campaña del PN, pero la cifra
puede incrementarse si la investigación llega a fondo, dicen los
expertos.
Hernández asegura que el partido devolverá el dinero y niega su implicación en el escándalo.
Hay una docena de procesados por la
justicia, entre ellos exviceministros de Salud, un exgerente del IHSS y
un influyente empresario. Pero se asegura que la lista crecerá y que
entre próximos implicados habría figuras poderosas del partido
gobernante.
“Este saqueo de fondos, el conocer casos
de amigos que sus parientes se murieron en el Seguro Social por falta
de medicinas, fue lo que nos unió”, comentó a IPS la joven Gabriela
Blen, activista fundadora de Oposición Indignada.
“En las redes comentábamos que los
jóvenes no podíamos ser tan indiferentes y así fue naciendo la idea de
la marcha de las antorchas”, detalló.
Cóctel de desigualdad, corrupción y violenciaCon
una población de 8,4 millones de habitantes, en Honduras 60 por ciento
de los hogares viven en condiciones de pobreza y 40 por ciento en
extrema pobreza, según cifras oficiales. En términos de corrupción,
Honduras figura en la lista de países latinoamericanos más corruptos,
junto a Venezuela, Paraguay y Nicaragua, según Transparencia
Internacional.
Sumado a la corrupción y la impunidad que ello conlleva, otro lastre
que aqueja el país es la inseguridad por la violencia común y
organizada. La tasa de homicidios para el 2014 fue de 68 por cada
100.000 habitantes, de acuerdo al Observatorio de la Violencia de la
estatal Universidad Nacional Autónoma, lo que vuelve al país uno de los
más violentos del mundo.
Más de 60 por ciento de la población hondureña es joven y de acuerdo al organismo humanitario Casa Alianza, el país vive una estigmatización hacia los jóvenes, producto de la violencia, mientras carece de políticas de inclusión. En los últimos 13 meses esa institución registró el asesinato de 1.076 personas entre 13 a 27 años.
Más de 60 por ciento de la población hondureña es joven y de acuerdo al organismo humanitario Casa Alianza, el país vive una estigmatización hacia los jóvenes, producto de la violencia, mientras carece de políticas de inclusión. En los últimos 13 meses esa institución registró el asesinato de 1.076 personas entre 13 a 27 años.
Blen, de 27 años, recordó que “al
principio éramos pocos, apenas unas 50 o 100 personas que nos
manifestamos frente al edificio del Seguro Social. Ahí van esos jóvenes
locos, nos decían”.
“Pero después, como por arte de magia,
todo cambió y ahora todos los viernes somos miles de personas las que
salimos unidas con nuestras antorchas, en paz, a pedir justicia y no más
impunidad”, agregó.
Blen asegura que Honduras ha despertado.
Cada viernes en Tegucigalpa, los sábados
y domingos en otras 50 ciudades del país, cientos de miles de
indignados salen con sus antorchas a pedir la instalación de una
Comisión Internacional contra la Impunidad (CICI-H), similar a la que
opera en Guatemala desde 2007.
Su explosión rompió el silencio de los
medios sobre el movimiento, que ahora sí cubre el fenómeno, aunque
todavía en forma marginal o para descalificarlo.
En contrapartida, Oposición Indignada cuenta con amplia simpatía ciudadana y el reconocimiento de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y de la Embajada de Estados Unidos.
Miembros del movimiento se han reunido con representantes de ambas instituciones para pedir apoyo a la instalación de la CICI-H.
Eugenio Sosa, experto en movimientos
sociales, analizó para IPS que Oposición Indignada llena las
características propias de un movimiento social del siglo XXI.
“Son movimientos ciudadanos donde la
estructura que convoca no es la organización clásica dura, jerárquica,
sino que son mandos horizontales y fluidos, por eso ha rebasado los
liderazgos políticos, gremiales y sociales del país”, consideró.
Para este sociólogo, “se mueven
alrededor de temas y en este caso es la corrupción, en especial en el
Seguro Social. Es un movimiento de clase media y también de un nuevo
relevo generacional que impugna a la actual clase política”.
“Honduras vive una coyuntura histórica interesante”, sentenció.
El gobierno hasta ahora ha ignorado el
clamor de las calles y ha presentado una propuesta integral de combate a
la impunidad y la corrupción, que excluye instalar la demandada
comisión internacional.
Un plan que los manifestantes rechazan.
Hernández llamó a un diálogo nacional
pero sin incorporar a la oposición política ni al movimiento de los
indignados. Aunque el presidente dice que su diálogo “es incluyente y
sin condiciones”, hasta ahora solo se ha convocado a actores
tradicionales y una treintena de sectores afines.
En un intento por salir del laberinto de
la impugnación social en que está metido, el mandatario hondureño
también pidió apoyo a la ONU y a la Organización de Estados Americanos (OEA) para que faciliten el diálogo.
La ONU respondió con una misión
exploratoria que dará su informe en unas semanas y la OEA aún no designa
sus facilitadores pero aceptó la mediación.
En una visita a Honduras el 8 de este
mes, el consejero especial del departamento de Estado de Estados
Unidos, Thomas Shannon, calificó la marcha de las antorchas como una
genuina expresión democrática y exhortó al gobierno a “escuchar al
pueblo”.
Shannon, quien visitó el país dentro de
una gira que también incluyó El Salvador y Guatemala, planteó que “sería
inteligente” que tanto Tegucigalpa como San Salvador contemplaran una
comisión internacional contra la impunidad.
Edmundo Orellana, ex fiscal general del
Ministerio Público, dijo a IPS que el panorama del país se complica
porque nunca un gobernante había sido tan impugnado durante su gestión.
El movimiento de los indignados dice que no dialogará con el gobierno si antes no se instala la CICI-H.
“No dejan de tener razón pues si el
círculo cercano al presidente está salpicado con la corrupción del
Seguro, no cabe un diálogo, sino un juicio político”, afirmó Orellana,
el primer fiscal general del país y con gran prestigio en el país.
Honduras, acotó, está en una crisis de
legitimidad que se arrastra desde el golpe de Estado de 2009 y el
presidente perdió “credibilidad, poder de convocatoria y más bien está
sometiendo al Estado a su servicio y no al de la institucionalidad”.
Orellana se refirió así al férreo control que Hernández tiene sobre los tres poderes del Estado y del propio Ministerio Público.
Crédito: Thelma Mejía/IPS
Editado por Estrella Gutiérrez
http://www.ipsnoticias.net/
Mesa Amplia de Estudiantes Indignados ·
COMUNICADO
14 de Julio de 2015
A las y los estudiantes, autoridades universitarias, medios de comunicación y al pueblo hondureño en general. Dados los sucesos iniciados el día lunes 13 de julio del presente año, y con las distintas posturas manifestadas sobre nuestro accionar comunicamos lo siguiente.
1. Los actuales problemas que enfrenta la comunidad universitaria son producto de la actual crisis académica de la IV Reforma, que se manifiestan en el modelo educativo de la UNAH que prioriza el cumpliendo de indicadores estandarizados internacionales que no reflejan la realidad social actual de nuestro país; el anteproyecto de Ley de educación superior que pretende darle autonomía a las universidades privadas y que estas puedan acceder al presupuesto público de la UNAH; las normas académicas que no son más que la práctica de una educación excluyente, sin participación, acrítica y sin consenso. Con esta aseveración dejamos establecidos que el actual problema de la reforma no se condensa en la aplicación de la UNIDADES VALORATIVAS.
14 de Julio de 2015
A las y los estudiantes, autoridades universitarias, medios de comunicación y al pueblo hondureño en general. Dados los sucesos iniciados el día lunes 13 de julio del presente año, y con las distintas posturas manifestadas sobre nuestro accionar comunicamos lo siguiente.
1. Los actuales problemas que enfrenta la comunidad universitaria son producto de la actual crisis académica de la IV Reforma, que se manifiestan en el modelo educativo de la UNAH que prioriza el cumpliendo de indicadores estandarizados internacionales que no reflejan la realidad social actual de nuestro país; el anteproyecto de Ley de educación superior que pretende darle autonomía a las universidades privadas y que estas puedan acceder al presupuesto público de la UNAH; las normas académicas que no son más que la práctica de una educación excluyente, sin participación, acrítica y sin consenso. Con esta aseveración dejamos establecidos que el actual problema de la reforma no se condensa en la aplicación de la UNIDADES VALORATIVAS.
2. Reiteramos nuestras exigencias a las autoridades universitarias
• La rehabilitación inmediata al periodo académico a las/los compañeros de odontología en UNAH-VS.
• Derogación al dictamen 029-2015, que establece la aplicación de la tabla de unidades valorativas.
• Dialogo AMPLIO, PÚBLICO Y NACIONAL con las autoridades universitarias.
3. Denunciamos la violación de derechos humanos que han realizado las autoridades al perfilar y desacreditar la lucha estudiantil con los historiales académicos y nombres de los dirigentes estudiantiles. Amparado en el artículo 11 estipulada en la Carta Interamericana de derechos humanos, olvidando la importancia de dialogar, debatir y construir consensos. Esos rasgos se descubren en estudiantes, pero también en profesores, administrativos y autoridades sobre todo cuando asumen su papel de adultos, expertos, maduros, inmaculados y poseedores absolutos de la verdad, olvidando que una vez fueron estudiantes inquietos, entusiastas, apasionados, cuestionadores y confrontativos muy parecidos a los estudiantes de hoy.
4. Hacemos un llamado a la comunidad estudiantil y demás sectores, para involucrarse en la lucha estudiantil por la educación pública promoviendo la defensa de nuestros derechos de participación en los órganos de gobierno que integran los principales actores de la comunidad universitaria.
GOBIERNO Y AUTORIDADES UNIVERSITARIAS, SE METIERON CON LA GENERACION EQUIVOCADA.
#UNAH2015 #UNAHSomosTodxs #DiálogoNacionalEstudiantil #EstudiantesIndignadxs #UNAHSomosTodos #EstudiantesIndignados #Informate
COMPARTIR Y DIFUNDIR
• La rehabilitación inmediata al periodo académico a las/los compañeros de odontología en UNAH-VS.
• Derogación al dictamen 029-2015, que establece la aplicación de la tabla de unidades valorativas.
• Dialogo AMPLIO, PÚBLICO Y NACIONAL con las autoridades universitarias.
3. Denunciamos la violación de derechos humanos que han realizado las autoridades al perfilar y desacreditar la lucha estudiantil con los historiales académicos y nombres de los dirigentes estudiantiles. Amparado en el artículo 11 estipulada en la Carta Interamericana de derechos humanos, olvidando la importancia de dialogar, debatir y construir consensos. Esos rasgos se descubren en estudiantes, pero también en profesores, administrativos y autoridades sobre todo cuando asumen su papel de adultos, expertos, maduros, inmaculados y poseedores absolutos de la verdad, olvidando que una vez fueron estudiantes inquietos, entusiastas, apasionados, cuestionadores y confrontativos muy parecidos a los estudiantes de hoy.
4. Hacemos un llamado a la comunidad estudiantil y demás sectores, para involucrarse en la lucha estudiantil por la educación pública promoviendo la defensa de nuestros derechos de participación en los órganos de gobierno que integran los principales actores de la comunidad universitaria.
GOBIERNO Y AUTORIDADES UNIVERSITARIAS, SE METIERON CON LA GENERACION EQUIVOCADA.
#UNAH2015 #UNAHSomosTodxs #DiálogoNacionalEstudiantil #EstudiantesIndignadxs #UNAHSomosTodos #EstudiantesIndignados #Informate
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Honduras. Bipartidismo bloquea destitución de cúpula del Ministerio Público
Por El Libertador
La denominada “aplanadora
bipartidista” truncó otra vez la pretensión de las bancadas opositoras
para destituir al fiscal general y adjunto, por haber ocultado
información sobre el megafraude al IHSS.
Tegucigalpa. Los titulares del Ministerio Público hondureño no serán sometidos a juicio político, porque no hay apoyo de unos 86 diputados para iniciar la destitución de ambos.
El diputado del Partido Anticorrupción (Pac), Walter Banegas, mocionó para que se iniciara el proceso de destitución de Óscar Chinchilla y Rigoberto Cuéllar, fiscal general y adjunto, de manera respectiva, por no haber cumplido el papel de defensores de los intereses de la sociedad.
Banegas presentó la iniciativa, que requiere mayoría calificada para proceder a la discusión, nombramiento de la comisión que investigaría la conducta de ambos funcionarios y el proceso de destitución.
Por segunda vez durante la sesión realizada en Gracias, Lempira, zona occidental de Honduras, el bipartidismo se opuso a la propuesta;
presentaron un documento en el que dan voto de confianza a Chinchilla y
Cuéllar para que “sigan combatiendo la corrupción e impunidad”.
Tras la negativa de la denominada “aplanadora rojiazul” las protestas de las bancadas de oposición no se hicieron esperar:
diputados Anticorrupción, de Libertad y Refundación (Libre) y del
Partido Innovación y Unidad (Pinu) protestaron y condenaron la actitud
tomada por los 27 parlamentarios de la bancada liberal.
“Hay un arreglo por abajo, en el que se refleja que realmente están buscando llegar a acuerdos sobre la Corte de Justicia, no quieren tomar decisiones para limpiar la justicia en el país”, dijo el diputado de Libre Rasel Tomé.
Por su parte, el excandidato presidencial y titular del Partido Liberal, Mauricio Villeda, lamentó que el bloque haya desistido de aplicar el juicio político a la cúpula del órgano acusador del Estado.
“A esos diputados nadie los manda”, expresó el líder en declaraciones extramicrófono a Radio Globo.
Cabe mencionar que desde hace varias semanas, se venía cabildeando la destitución de ambos funcionarios, que según informe
de la denominada comisión multipartidaria y denuncias hechas por el
periodista David Romero, ocultaron información que compromete a altos
funcionarios del actual gobierno.
También se reveló en el informe presentado al Parlamento, que la cúpula del Partido Nacional participó
en el megafraude contra el Instituto Hondureño de Seguridad Social
(IHSS), que asciende a siete mil millones de lempiras, de acuerdo a
estimaciones de organismos civiles.
Destacado defensor de DDHH en Honduras se suma a la huelga de hambre
El defensor de la vida, Wilfredo Méndez, se sumó a la huelga de hambre para exigir al presidente Hernández que autorice la Comisión Internacional Contra la Impunidad, como condición para iniciar el diálogo entre el gobierno e Indignados.
Redacción Central / EL LIBERTADOR / Publicado: 13 Julio 2015.
Tegucigalpa. El reconocido defensor de derechos humanos, Wilfredo Méndez, se sumó este lunes a la huelga de hambre emprendida por los indignados, para presionar al gobierno de Honduras que instale la Comisión Contra la Impunidad patrocinada por la ONU.
En
una carta enviada a las redes sociales, el también director del Centro
de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (Ciprodeh), justificó la medida, ya que “las causas y las pretensiones están muy bien expresadas en los escritos que el bloque de pensadores ha publicado”.
Considera que sumarse a la huelga es necesaria, ya que “con
mi entrada en la huelga quiero contribuir a la presión pública sobre
este corrupto gobierno, por ello pido a ustedes generar mayor opinión
pública.
Ante el anuncio hecho por el defensor de la vida, mensajes de reconocidos personajes hondureños no se hicieron esperar.
El destacado personaje Efraín Díaz Arrivillaga, felicitó a Méndez y se solidarizó con la causa, “sé
lo importante que es sumarse a esta lucha por la regeneración de
Honduras, le respaldamos desde distintas trincheras para lograr el
objetivo de una Honduras, libre, digna, humana y solidaria”.
Sumarse al movimiento ciudadano será muy valioso, añadió; asimismo sugirió al defensor de la vida que “tiene que prepararse para lo que viene que será descalificar y tergiversar los motivos de su solidaria decisión”.
De igual manera, el expresidente del Banco Central de Honduras (BCH), Hugo Noé Pino, respaldó la decisión.
Por su parte, el ciudadano Dionisio Guerrero rememoró las luchas en la década de 1970 y 1980,
cuando “todos los hondureños eran liberales o nacionalistas y unos
cuantos estuvimos dispuestos a dar la vida por las causas sociales.
Publicado por
Américo Roca Dalton
Escrito por Redacción | Julio 13 del 2015 Secciones: Derechos Humanos
Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- “He decidido incorporarme a la huelga de hambre, que hoy cumple 21 días, un sacrificio personal que varios hombres y mujeres están haciendo para tener un mejor país”, expresó el director del Centro de Promoción e Investigación de los Derechos Humanos en Honduras (CIPRODEH), Wilfredo Méndez, tras sumarse a la huelga de hambre para exigir la instalación de una Comisión Internacional Contra la Impunidad, como condición para iniciar el diálogo entre el gobierno e Indignados.
A continuación reproducimos de forma íntegra el comunicado público leído por el defensor de derechos humanos
Me incorporo a la huelga porque es inaceptable el cinismo del gobierno y de políticos corruptos ante las demandas de la población indignada, me incorporo porque necesitamos cambios profundos y no superficiales para construir la nueva patria en favor del pueblo.
El 21 de mayo anterior, realizamos un evento público respaldando a David Romero en sus denuncias contra el saqueo al Seguro Social que cobró miles de vidas, además del prolongar dolor y llanto que sufren miles de pacientes, todo por la ambición desmedida de poder de políticos corruptos. En esos días se encendieron las primeras velas como expresión de dolor e indignación por las personas que murieron. Luego las velas se elevaron en varas y cajitas de colores, para luego ser la antorcha el símbolo del movimiento indignado en Honduras.
Expreso mi orgullo por las juventudes de todos los sectores sociales que toman su antorcha, que elevan su protesta contra la injusticia y luchan por la patria nueva justa. Se cumple entonces su máxima “Se metieron con la generación equivocada”.
Manifiesto mi inspiración en los pueblos en resistencia que han mantenido la luz encendida, que han sido la esperanza y siguen siendo hoy el grito de la consciencia de la nación.
Exaltamos a cada persona que camina en la marcha de las antorchas, a quienes escriben y con su pensamiento direccionan, a cada persona que publica en sus redes sociales sus comentarios e imágenes y así animan la lucha, a todos y todas que apoya de distintas formas el movimiento indignado de Honduras.
Es ahora el momento de reconstruir la institucionalidad corroída por la corrupción y la impunidad. No necesitamos cambios cosméticos para preservar este sistema oprobioso, acostumbrado a manipular las cosas y jugar con los tiempos, que impulsan reformas y cambios que no reforman ni cambian nada, puesto que solo les importa sobreponer sus mezquinos intereses.
Es más, la respuesta no es diálogos amañados, ni siquiera la CICI es la respuesta fundamental. El problema es que el vestido está podrido y no es un parcho la solución, es que el pueblo necesita un nuevo vestido.
Claro que los diálogos son necesarios pero para ponernos de acuerdo en reconstruir el país. Claro que la CICI es un mecanismo importante para combatir la corrupción al más alto nivel; pero es más importante que el Sistema de Justicia sea fuerte, desde la policía, la Fiscalía y las Cortes, de tal forma que no haya excusa para no aplicar la justicia en tiempo y forma.
Entonces, no hay otro camino que reconstruir todo para el beneficio del Estado. Cambiar el marco jurídico, reestructurar las instituciones del Estado e instaurar un gobierno de acuerdo nacional para echar andar el plan de país en beneficio del pueblo. Es decir la ruta es la Asamblea Nacional Constituyente.
No hay que olvidar que la agenda de las y los indignados es más amplia, es decir hay que tomar las demandas de los pueblos indígenas y afro hondureños o negros, de las juventudes, de las mujeres, de la niñez, de la comunidad LGTBI, del sector discapacidad, de las víctimas en busca de justicia, de la clase media, de los empresarios honestos, de los buenos políticos, es decir, de todos los sectores que aspiran a una patria mejor.
Esa suma de aspiraciones es la agenda que se debe acordar y cumplir.
He ahí la respuesta para este tiempo, el cambio estructural, porque este es el tiempo del pueblo.
Yo me incorporo hoy a la huelga de hambre, por la dignidad de nuestro pueblo, porque su justa lucha es mi lucha. Me incorporo para:
Finalmente hago un llamado a cada hondureño, a cada hondureña para que en estos días ampliemos las acciones de protesta en contra de esta clase política corrupta y nefasta para derrumbarlos de su poder mal habido.
Porque el poder es del pueblo, delegado para servirle y no para servirse de él.
Tegucigalpa, 13 de julio del 2015. Pronunciamiento leído desde la Zona de huelga de hambre. A 21 días de sacrificio, dedicados por nuestros heroicos hermanos y hermanas al noble pueblo de Honduras.
Publicado por
Américo Roca Dalton
Honduras: Reconocido defensor de DD.HH. se une a huelga de hambre
Escrito por Redacción | Julio 13 del 2015 Secciones: Derechos Humanos
Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- “He decidido incorporarme a la huelga de hambre, que hoy cumple 21 días, un sacrificio personal que varios hombres y mujeres están haciendo para tener un mejor país”, expresó el director del Centro de Promoción e Investigación de los Derechos Humanos en Honduras (CIPRODEH), Wilfredo Méndez, tras sumarse a la huelga de hambre para exigir la instalación de una Comisión Internacional Contra la Impunidad, como condición para iniciar el diálogo entre el gobierno e Indignados.
Méndez,
anunció su decisión de incorporarse a la protesta la semana anterior y
lo hizo como gesto de solidaridad con los huelguistas que, en diferentes
tiempos de ingreso, llegan a la tercera semana sin ingerir alimentos.
A continuación reproducimos de forma íntegra el comunicado público leído por el defensor de derechos humanos
En huelga de hambre.Indignación, fuera corruptos, justicia y asamblea nacional constituyente
He
decidido incorporarme a la huelga de hambre, que hoy cumple 21 días, un
sacrificio personal que varios hombres y mujeres están haciendo para
tener un mejor país.
Me incorporo a la huelga porque es inaceptable el cinismo del gobierno y de políticos corruptos ante las demandas de la población indignada, me incorporo porque necesitamos cambios profundos y no superficiales para construir la nueva patria en favor del pueblo.
El 21 de mayo anterior, realizamos un evento público respaldando a David Romero en sus denuncias contra el saqueo al Seguro Social que cobró miles de vidas, además del prolongar dolor y llanto que sufren miles de pacientes, todo por la ambición desmedida de poder de políticos corruptos. En esos días se encendieron las primeras velas como expresión de dolor e indignación por las personas que murieron. Luego las velas se elevaron en varas y cajitas de colores, para luego ser la antorcha el símbolo del movimiento indignado en Honduras.
Expreso mi orgullo por las juventudes de todos los sectores sociales que toman su antorcha, que elevan su protesta contra la injusticia y luchan por la patria nueva justa. Se cumple entonces su máxima “Se metieron con la generación equivocada”.
Manifiesto mi inspiración en los pueblos en resistencia que han mantenido la luz encendida, que han sido la esperanza y siguen siendo hoy el grito de la consciencia de la nación.
Exaltamos a cada persona que camina en la marcha de las antorchas, a quienes escriben y con su pensamiento direccionan, a cada persona que publica en sus redes sociales sus comentarios e imágenes y así animan la lucha, a todos y todas que apoya de distintas formas el movimiento indignado de Honduras.
Es ahora el momento de reconstruir la institucionalidad corroída por la corrupción y la impunidad. No necesitamos cambios cosméticos para preservar este sistema oprobioso, acostumbrado a manipular las cosas y jugar con los tiempos, que impulsan reformas y cambios que no reforman ni cambian nada, puesto que solo les importa sobreponer sus mezquinos intereses.
Es más, la respuesta no es diálogos amañados, ni siquiera la CICI es la respuesta fundamental. El problema es que el vestido está podrido y no es un parcho la solución, es que el pueblo necesita un nuevo vestido.
Claro que los diálogos son necesarios pero para ponernos de acuerdo en reconstruir el país. Claro que la CICI es un mecanismo importante para combatir la corrupción al más alto nivel; pero es más importante que el Sistema de Justicia sea fuerte, desde la policía, la Fiscalía y las Cortes, de tal forma que no haya excusa para no aplicar la justicia en tiempo y forma.
Entonces, no hay otro camino que reconstruir todo para el beneficio del Estado. Cambiar el marco jurídico, reestructurar las instituciones del Estado e instaurar un gobierno de acuerdo nacional para echar andar el plan de país en beneficio del pueblo. Es decir la ruta es la Asamblea Nacional Constituyente.
No hay que olvidar que la agenda de las y los indignados es más amplia, es decir hay que tomar las demandas de los pueblos indígenas y afro hondureños o negros, de las juventudes, de las mujeres, de la niñez, de la comunidad LGTBI, del sector discapacidad, de las víctimas en busca de justicia, de la clase media, de los empresarios honestos, de los buenos políticos, es decir, de todos los sectores que aspiran a una patria mejor.
Esa suma de aspiraciones es la agenda que se debe acordar y cumplir.
He ahí la respuesta para este tiempo, el cambio estructural, porque este es el tiempo del pueblo.
Yo me incorporo hoy a la huelga de hambre, por la dignidad de nuestro pueblo, porque su justa lucha es mi lucha. Me incorporo para:
1. Expulsión y enjuiciamiento de los políticos corruptos al más alto nivel, que
financiaron la campaña del partido de gobierno con los fondos del
Seguro Social, y puede ser que hayan otros dineros mal habidos. Esto
incluye al Presidente de la República que por dignidad hubiese
renunciado hace meses al saber cómo se financió su campaña.
2. Hacerse efectiva la inmediata renuncia del Fiscal General de la República y el enjuiciamiento del Fiscal General Adjunto.
Eligiéndose con urgencia al nuevo Fiscal General y Adjunto. En estos
esquemas de lucha contra la corrupción la Comisión Internacional Contra
la Impunidad en Honduras (CICIH) puede jugar un papel importante.
3. Garantizar desde ya un proceso sano de elección de la Corte Suprema de Justicia. Proceso
que inicia este mes. Por ello las organizaciones integrantes de la
Junta Nominadora deben nombrar personas dignas para llevar un proceso en
beneficio de la justicia. Aquí la oposición política tendrá una de sus
mejores pruebas.
4. Tomar todos los temas de los distintos sectores de indignación del país, que son en definitiva la agenda de derechos humanos para una patria mejor. Esta debe ser la agenda que debe tomarse en cuenta, como razón y dirección de gobernantes.
5. Que se convoque para la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente como poder originario que reordenará el país. Como
lo ha expresado un grupo de pensadores “Ese proceso de diálogo hacia la
nueva institucionalidad es lo que justamente llamamos la construcción
de un nuevo pacto social, sin el cual no habrá manera alguna de salir
del actual caos, confrontación y polarización”.
Hoy,
como ayer, agradezco a las y los defensores de derechos humanos por su
solidaridad de siempre, porque esta es su causa, porque esta es su
lucha, un país mejor, un país de respeto a la dignidad humana para que
todos y todas vivamos bien.
Finalmente hago un llamado a cada hondureño, a cada hondureña para que en estos días ampliemos las acciones de protesta en contra de esta clase política corrupta y nefasta para derrumbarlos de su poder mal habido.
Porque el poder es del pueblo, delegado para servirle y no para servirse de él.
Tegucigalpa, 13 de julio del 2015. Pronunciamiento leído desde la Zona de huelga de hambre. A 21 días de sacrificio, dedicados por nuestros heroicos hermanos y hermanas al noble pueblo de Honduras.
SACAR A JOH: ¿CON CICIH O SIN CICIH?
Por Tomas Andino Mencia
17 de julio 2015
PRIMERA PARTE
En Honduras vivimos uno de los movimientos sociales mas impresionantes desde el Golpe de Estado en 2009, que de por si fue majestuoso. Millones se han venido manifestando desde el mes de mayo exigiendo en un principio el castigo de los ladrones de los fondos del IHSS; luego la salida del gobierno y ahora ha pasado a dominar la exigencia multitudinaria de la instalación de una Comisión Internacional contra la Impunidad en Honduras (CICIH); además de la exigencia de aplicar la figura del Juicio Político al Fiscal General, al Adjunto, así como la salida de los usurpadores de la Sala de lo Constitucional.
En el fondo, el clamor generalizado del Pueblo es ver fuera del gobierno y en la cárcel a Juan Orlando Hernandez (JOH) asi como a todos sus secuaces del Partido Nacional y de la Empresa Privada. Si bien este objetivo goza de consenso, el debate se centra sobre cual es el mejor medio para lograrlo. Desde que el Ingeniero Salvador Nasralla, Presidente del Partido Anti Corrupción (PAC) lo propuso el 18 de mayo de este año, se ha instalado en la conciencia colectiva que el instrumento mas efectivo para lograrlo es la venida de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Honduras (CICIH), similar al mecanismo que Naciones Unidas probo en Guatemala desde 2006 para ayudar al sistema judicial de ese país a acelerar y eficientar la lucha contra grupos violentos y el crimen organizado. Luego añadió a su discurso la exigencia del Juicio Político, una figura existente en la Constitución que permite someter a juicio a un alto funcionario del Estado.
A pesar de no haber surgido como demanda de ninguna instancia de participación popular, sino de un connotado político alineado con el sistema, la exigencia de la CICIH ha cobrado tanta fuerza en el Pueblo que el grupo de jóvenes que organizaron la llamada “Oposición Indignada” lo convirtió en la demanda principal e “innegociable” de las Marchas de las Antorchas frente al régimen de JOH; y aquel que ose cuestionarla, es tildado inmediatamente de “radical” o al revés, de “gobiernista”. Pero como no soy afecto a que pongan cadenas a mis ideas, sobre todo los que se creen dueños de la verdad, no veo la razón para no discutir sobre lo que algunos pretenden convertir en un tabú, si con ello se encuentran mejores derroteros para este movimiento.
MI punto es: ¿la CICIH y el Juicio Político son el mejor camino para sacar a JOH del gobierno en el caso de Honduras? ¿Es viable aquí como lo ha sido en Guatemala? En este ensayo –publicado en dos partes-- me propongo demostrar, contrario a la opinión dominante, que la CICIH no es el mejor ni el mas viable camino para sacar a JOH y hacer justicia en la Honduras de hoy, sino al contrario, el mejor camino primero que nada, es sacar del poder a JOH mediante una insurrección popular que inicie con un Paro Cívico Nacional. En este caso el orden de los factores si altera el producto.
Similitudes y diferencias de la situación de Guatemala y Honduras
Cuando se habla de CICIH es inevitable referirnos al caso de la CICIG de Guatemala, que sirve de modelo para quienes opinan que todo pasa primero por instalar este tipo de Comisión en Honduras. En mi exposición iré haciendo comparaciones entre la realidad de aquel país y el nuestro, que nos permitan llegar a conclusiones mas objetivas.
La CICIG de Guatemala desde su fundación el 12 de diciembre de 2006 tuvo como mandato: “Apoyar, fortalecer y coadyuvar a las instituciones del Estado de Guatemala encargadas de la investigación y la persecución penal de los delitos...” (Articulo 1 del Acuerdo de Constitución de la CICIG). No podía ser de otra manera, porque los organismos de Naciones Unidas no están diseñados para provocar crisis ni derribar gobiernos de la burguesía, sino para colaborar con estos. En ese país, los 130 funcionarios de esa Comisión trabajan junto a los fiscales guatemaltecos sin sustituirlos en sus funciones, sino trabajando como “querellantes adhesivos” para llevar sus casos ante jueces guatemaltecos, en respeto de las instituciones jurisdiccionales de ese país. Son estos últimos los que dictan sentencias. Gracias a esa colaboración, la CICIG de Guatemala ha contribuido a enviar a la cárcel a centenares de funcionarios delincuentes, en su mayoría de nivel intermedio; aunque ha resuelto casos de ex funcionarios de alto nivel, que ya no están en funciones.
La primera pregunta por hacerse es ¿funcionaria una CICIH en Honduras con la misma eficiencia que en Guatemala, si sigue en el poder JOH y toda su pandilla? Aquí encontramos el primer tropiezo. El mandato de una CICIH no solo lo define la ONU sino también el gobierno. Lo definen ambos por mutuo acuerdo. Es decir que, para que pueda instalarse, necesariamente debe tener el visto bueno del gobierno (en Guatemala fue así). Si no se ponen de acuerdo, no habrá CICIH . Y como JOH no es suicida, es muy poco probable que esa Comisión tenga el colmillo necesario para llegar hasta el. Eso le da a JOH un gran poder de veto sobre aquellas funciones de la CICIH que no le convengan.
Por ejemplo, bastaría que JOH condicione la actuación de la CICIH en el marco de una retorcida interpretación de las leyes hondureñas para que en aplicación de la Ley del Ministerio Publico reformada, y la Ley Procesal Penal, se le niegue acceso a información clasificada; si la condiciona a que deba depender del liderazgo del Ministerio Publico para sus investigaciones, este no le asignara casos que sean comprometedores para el gobierno, sino, por el contrario, podría envolver a sus adversarios políticos en casos orientados a inculparlos y desviar la atención de las picardías del partido de gobierno; y si enfila el trabajo de la CICIH al asesoramiento o capacitación de los organismos de justicia, nunca podrá investigar caso alguno. O sea que dejar en manos de JOH y la ONU la definición de las facultades de la CICIH, podría volverse un bumerang contra sus mas entusiastas promotores. Por eso conviene tener mucho cuidado con lo que se pide.
Por otro lado, mientras en Guatemala el problema principal a nivel judicial es la existencia de estructuras paralelas a las estructuras oficiales, en el caso de Honduras lo que obstaculiza la labor del sistema es que el sistema judicial y el Ministerio Publico no tienen la mas mínima independencia funcional respecto al Poder Ejecutivo. Es un hecho que el poder que JOH ha alcanzado en Honduras es totalitario. Esa circunstancia tiene un efecto muy importante en la eficiencia de una CICIH, porque una comisión de este tipo no podría funcionar en un sistema político donde todo es controlado por un solo gobernante, incluido el sistema de justicia, pues entonces sus hallazgos no serian juzgados con imparcialidad y la impunidad continuaría.
En Honduras los jueces están sometidos a un régimen de terror por parte del Presidente de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de la Judicatura, donde Teodoro Bonilla, el verdugo, ha destituido a casi cien jueces y juezas, la mayoría por no someterse a las “instrucciones” de su patrón, JOH. Algo similar ocurre en el Ministerio Publico, que ha sido cómplice de la inoperancia por las decenas de casos dormidos en sus oficinas “por ordenes superiores”. Ambos son instrumentos cooptados por el gobernante para sus fines.
Así que por buenas que sean las investigaciones de los fiscales de una eventual CICIH, mientras aquel personaje siga en la silla presidencial, esa comisión por si misma no podrá arrancarle a un juez una sentencia condenatoria a gente de confianza del dictadorzuelo en las altas esferas del Estado. Seria excepcional que en esas condiciones la CICIH pudiera obtener la colaboración de fiscales y jueces borregos del oficialismo. Por lo dicho, mientras JOH siga en el poder, no existirán las condiciones institucionales en el Sistema Judicial hondureño para ensamblarle exitosamente el mecanismo de la CICIH. Esta necesita un mínimo respeto a la división e independencia de poderes, pues no es ninguna cosa con poderes mágicos.
Pero sigamos con Guatemala. Se ha hecho creer que el accionar de la CICIG en Guatemala fue lo que derribo a la Vice Presidenta, Roxana Baldetti, y que tiene tambaleando al Presidente, Otto Perez Molina. Por supuesto que tuvo una influencia, pero en sentido estricto no es correcta esa afirmación. Los hechos no sucedieron como se les vende a la gente.
Estando cerca del fin de su segundo mandato, y para hacer méritos para un tercero, la CICIG de Guatemala desarrollo una investigación de alto impacto en el caso de corrupción en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) que llevo a los tribunales a la banda de “La Linea”. Este caso revelo conexiones de muchos funcionarios públicos de mediana y baja categoría. Pero a pesar de haber evidencias que incriminaban a la Vice Presidenta, Roxana Baldetti, y al Presidente, Otto Molina, entre las decenas de involucrados, la CICIG solo llego a incriminar oficialmente a un funcionario de segundo nivel, Juan Carlos Monzón, Secretario Privado de la Vice Presidenta, como el cabecilla de la banda. Al llegar ahí, la CICIG no continuo esa linea de investigación hacia arriba de la estructura del Estado. Eso le costo muchas criticas, pues nadie se trago que la Vice Presidenta y el mismo Presidente no estuvieran enterados de ese latrocinio.
¿Por que se detuvo la investigación de las mas altas autoridades del país? No es del todo claro, pero sirve de pista saber que la CICIG de Guatemala tiene una fuerte influencia de la Embajada de Estados Unidos, cuyo gobierno la co-financia; además de la influencia de la oligarquía reunida en el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF, algo así como el COHEP de Guatemala).
No obstante, la información se filtro a las redes sociales y de ahí a la prensa escrita, que en buena medida están en manos de la oposición al gobierno, lo cual es una segunda diferencia importante con Honduras pues aquí toda la prensa escrita se ha alineado con JOH. Eso dio lugar a que la convocatoria a un mitin en la Plaza de la Constitución, por parte de un grupo de jóvenes, produjera la concentración de decenas de miles de personas el pasado 25 de abril exigiendo la salida del gobierno y cárcel para los corruptos. Otras decenas de miles mas se manifestaron en diferentes departamentos del país. Bajo la presión popular, los diputados de oposición abrieron un expediente contra la Vice Presidenta de la República y esta tuvo que renunciar; incluso en el Congreso la oposición aprovecho para abrirle un juicio político a Otto Perez Molina. Al menos tres ministros también fueron “renunciados”.
Por tanto, quienes realmente colocaron la cabeza de la Vice Presidenta, Baldetti, y de otros tres ministros en la guillotina política, no fue la CICIG sino el Pueblo guatemalteco movilizado multitudinariamente por iniciativa de los jóvenes convocantes. Ese mismo pueblo tiene desestabilizado al gobierno del Presidente Otto Molina... Pero sesgadamente, el crédito se lo han atribuido exclusivamente a la CICIG, cuyos técnicos y “dueños” no pretendían llegar tan lejos. Por tanto, sin demeritar que la CICIG ha tenido un rol fundamental en eficientar el sistema de justicia en Guatemala, debe indicarse también que sus investigaciones se han limitado a afectar a los niveles intermedios del crimen y ex Presidentes, con el cuidado de no abrir expediente a las mas altas autoridades del gobierno actualmente en el poder.
Un dato interesante que encontré y que puede explicar esta conducta de la CICIG, es que la Embajada norteamericana, que financia esa Comisión, se opuso al Juicio Político contra Otto Perez Molina, a fin de evitar una crisis mayor1, e hizo un fuerte cabildeo para impedirlo. Esto significa que los alcances de la Comisión cuando toca casos de alto impacto político, están definidos por los intereses políticos de quien financia su trabajo, en este caso de los gringos.
La experiencia de Honduras ha sido diferente. Mientras en Guatemala la CICIG ayudo a revelar la corrupción de la SAT, en Honduras el rol de investigar y difundir la información sobre el latrocinio en el IHSS fue hecha por un periodista valiente, David Romero Elner, desde su programa “Interpretando la Noticia”. Las virtudes principales de su trabajo es que es una denuncia sólidamente documentada y no se conforma con los “peces flacos” o mandaderos de segunda y tercera categoría, sino que apunta directamente contra altos funcionarios del Estado como el Presidente y Vice Presidenta del Congreso Nacional, el Fiscal General del Estado y su Adjunto, el Designado Presidencial, y por su puesto, al mismo Presidente de la República. Tan es así que, sintiéndose totalmente desenmascarado, JOH llego a admitir en un desliz el involucramiento del Partido Nacional en el robo masivo contra el IHSS, llegando al cinismo de ofrecer la devolución del dinero robado. En suma, David Romero llego mas lejos en Honduras de lo que llego la CICIG en Guatemala a nivel de descubrimiento del delito.
Gracias a las revelaciones hechas por este periodista, la indignación nacional se regó como pólvora y los jóvenes que al principio estaban haciendo pequeños plantones y manifestaciones contra la corrupción, se vieron inundados de gente que salio por decenas de miles a las calles, desatando la majestuosa movilización popular que vemos todas las semanas.
Pregunta: ¿Hubo necesidad de una CICIH para investigar la vinculación del partido de gobierno con el mas grande desfalco de la historia nacional? NO, lo que básicamente necesitábamos saber ya fue destapado por la prensa independiente.
¿Y el Juicio Político? ¿Servirá de algo? También aquí hay diferencias con Guatemala. Allá el parlamento cuenta con una mayoría de la oposición (58 votos del Partido Patriota en el gobierno contra 100 del resto de partidos) y no existe un control monolítico del Estado por parte del Presidente, como en Honduras. Ya en 2014 el Partido Patriota, gobernante, había sufrido una importantísima derrota al ser derogada una de sus mayores apuestas, la Ley Monsanto con 111 votos en contra; de hecho su gobierno y su partido se encuentra en uno de sus momentos de mayor debilidad, pues se ha venido desmoronando en los últimos meses con las renuncias de su candidato presidencial, de alcaldes y diputados. Ahora su situación es peor. El Antejuicio Político contra el Presidente Otto Perez Molina fue aprobado en el Congreso y ratificado por resolución de la Corte de Constitucionalidad (órgano de arbitraje en conflictos entre los poderes constituidos) que rechazo el amparo de la Corte Suprema de Justicia, afín al mandatario. Así que Otto Perez esta en la cuerda floja producto de la presión popular.
En Honduras es diferente, como lo ha demostrado el PST en su ultima Declaración. Aquí, el gobierno esta fuertemente atrincherado en el Estado y la “oposición” burguesa agoniza. El primer escollo son los números: La figura del Juicio Político no es viable pues se necesitan 86 votos para enjuiciar y destituir al Fiscal General y Adjunto, y 92 para hacer lo mismo con el Presidente, correlación de fuerzas que no tienen los partidos de la mal llamada “oposición”, todos juntos.
La mala noticia es que en lugar de avanzar, la “oposicion” parlamentaria retrocede. Es un hecho que después de la excepcional votación que dio al traste con la constitucionalizacion de la Policía Militar en enero de este año, las bancadas de oposición no han dejado de desintegrarse y hasta han perdido la mayoría simple de votos (la mayoría simple se obtiene con 65 votos pero en su ultima votación importante los “opositores” apenas lograron 45 votos). Peor aun, las diferentes bancadas contrarias al gobierno muestran una vergonzosa incoherencia, votando unas veces a favor y otras en contra de las causas que interesan al Pueblo; por ejemplo, el PAC voto a favor de la Ley Marco de Protección Social, que fue el motivo político para destruir financieramente al IHSS; y ahora en julio la bancada del Partido Liberal voto junto al Partido Nacional contra el Juicio Político al Fiscal General y Adjunto, dándole el tiro de gracias a la alianza opositora.
Y por los vientos que soplan, con la renovada alianza cachureca-liberal, JOH no solo ha recuperado su mayoría absoluta en el Congreso sino que probablemente logre influenciar la elección de la nueva Corte Suprema de Justicia. Así que es prácticamente imposible que pueda prosperar una iniciativa que pretenda hacer un Juicio Político a JOH desde el Congreso Nacional.
Pero mas importante que los números es que, a diferencia de Guatemala, aquí el Poder Ejecutivo tiene un control férreo de la cámara legislativa, debido al control absoluto que tiene JOH sobre su Junta Directiva y sobre la bancada del Partido Liberal, que le hace comparsa en las votaciones. Debido a eso la dirigencia y diputados-as de LIBRE están tan castradas que ni siquiera hace valer su derecho a presentar mociones y proyectos de Ley. A lo mas que se atreven, después de la gaseada que JOH les receto en 2014, es a gritar y hacer bulla, y cuando no les hacen caso, optan por retirarse. Realmente patético.
Resulta mas fácil hacer valer la voluntad del Pueblo rompiendo con esos esquemas, aprovechando la actual ola de indignación popular, que esperar a que ocurra un milagro en ese poder del estado. Por tanto, ni desde el Ejecutivo, ni desde el Congreso ni desde la Corte Suprema cabe esperar nada positivo en relación con la CICIH y el Juicio Político.
De ahí que no es descartable que JOH, aunque por ahora se niega a hacerlo, si es sometido a la presión suficiente, en ultima instancia pueda decidir negociar la instalación de una CICIH, sabiendo que puede condicionarla de tal manera que sea compatible con sus intereses.
En ese sentido, quienes colocan la CICIH y el Juicio Político como condición para que se enjuicie a JOH y su pandilla, conduce a desgastar el movimiento popular en una meta irrealizable, y le da la oportunidad a aquel para que mantenga el control de la situación y evada la justicia.
La aprobación de estas demandas populares no se lograra siguiendo las reglas del sistema. Pero la buena noticia es que NO necesitamos esas instancias y figuras de la institucionalidad burguesa para echar a JOH.
El campo de batalla ha dejado de ser el Congreso; ahora es la calle. ¿Investigación? Ya la hizo David Romero. ¿Juicio? El Pueblo hondureño ya hizo su juicio político y su sentencia es exigir FUERA JOH. ¿Que mas debemos esperar?
Lo que necesitamos no son mecanismos de intermediación que estén bajo control del sistema, que en lugar de ayudar, obstaculizan el avance del pueblo en su propósito. Lo que necesitamos es que la movilización popular pase a una etapa superior de lucha, a una insurrección popular, a partir de la convocatoria a un Paro Cívico Nacional. De esa forma, podremos lograr el objetivo de echar a JOH del gobierno.
Lograda esa meta, un nuevo gobierno deberá convocar a una Asamblea Nacional Constituyente e instalar el mecanismo legal que crea mas conveniente para enjuiciar y llevar a la cárcel a estos delincuentes. Ese mecanismo puede ser un Tribunal de Justicia Popular, integrado entre los millones de personas honestas que participan del movimiento de los indignados-as; que eventualmente pueda ser asesorado y apoyado técnicamente por una CICIH o algo similar en las investigaciones, siempre y cuando esta ultima este libre de influencias del gobierno gringo, mismo que apoya dictaduras y corruptos en el mundo. La fuerza necesaria para eso esta en las calles, solo hace falta la voluntad para hacerlo.
En la siguiente entrega la segunda parte: “La Intervención del Departamento de Estado gringo y la cuestión de la Soberanía Nacional”
Tomas Andino Mencia
Participación de militares en labores policiales conduce a abusos en Honduras’
- Escrito por Michael Lohmuller
- Martes, 14 Julio 2015
Honduras continúa militarizando sus fuerzas policiales
En Honduras hay evidencias que sugieren que la participación del ejército en acciones policiales a nivel nacional ha incrementado la violación de derechos humanos por parte de los soldados. Sin embargo, la corrupta e inefectiva policía del país también se presenta como una alternativa poco fiable para combatir la inseguridad generalizada.Según datos recolectados por Reuters, entre los años 2012 y 2014, soldados hondureños estuvieron implicados en al menos nueve asesinatos, más de 20 casos de tortura y cerca de 30 detenciones ilegales. Actualmente, al menos 24 soldados están bajo investigación por cargos relacionados con nueve casos de homicidios.Reuters no encontró registros de este tipo de casos con participación de soldados entre 2010 y 2011.
En 2012, el expresidente hondureño Porfirio Lobo acudió a las fuerzas militares para combatir a las pandillas.“El número de violaciones a los derechos humanos cometidas por el ejército está aumentando, y la amenaza es cada vez más grande porque la policía militar opera con sus rostros cubiertos, impulsando la impunidad”, afirmó Juan Almendarez, director del Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura (CPTRT).El ministro del Interior hondureño, Rigoberto Chang, pese a reconocer que ha habido casos de abusos cometidos por militares, afirmó que “la presencia de los soldados en las calles se va a mantener hasta restablecer la seguridad”, informó Reuters.Quienes apoyan la participación de militares en tareas policiales afirman que esto ha contribuido a la reducción de la tasa de homicidios en Honduras, que en el 2012, según estimaciones de las Naciones Unidas, era de 90 asesinatos por cada 100.000 personas.
La Universidad Nacional Autónoma de Honduras calculó que en 2014 la tasa se había reducido a 68 homicidios por cada 100.000 habitantes, de los 79 por cada 100.000 en el año 2013.
Análisis de InSight Crime
Si bien la participación del ejército hondureño en funciones de policía a nivel nacional no es lo ideal, la solución alternativa resulta ser igualmente funesta. Es más, la principal razón por la que las autoridades hondureñas acudieron a los militares tiene que ver con la notable corrupción e ineficiencia de las fuerzas policiales del país.VEA TAMBIÉN: Cobertura sobre la reforma policialPor ejemplo, el 9 de junio oficiales de la Policía Nacional de Honduras le presentaron su más reciente informe de resultados al presidente Juan Orlando Hernández, en el que se afirma que los intentos para reformar la institución y depurar a la policía de elementos corruptos fallaron completamente, y que al menos 27 oficiales (entre los que se encuentran varios comisarios y subcomisarios) tenían vínculos con grupos del crimen organizado, responsables —entre otros crímenes— de tráfico de drogas, secuestro, robo de automóviles y homicidios.No obstante, pocas veces los oficiales de la policía implicados en actividades criminales enfrentan investigaciones, y muchos logran permanecer en la institución. Adicionalmente, la policía hondureña también ha demostrado ser propensa a cometer abusos y violaciones de derechos humanos. Entre 2010 y 2012, la policía fue responsable de cerca de 150 muertes de civiles.Por lo tanto, Honduras se encuentra en un dilema, que los políticos han buscado resolver durante los últimos años con la creación de nuevas fuerzas de policía militar: la Tropa de Inteligencia y Grupos de Respuesta Especial de Seguridad TIGRES y la Policía Militar de Orden Público (PMOP). Sin embargo, pese a la expansión de estas fuerzas, su rol en el mejoramiento de la situación de seguridad en Honduras sigue siendo poco claro.
URUGUAY
Profesores paran y analizan ir a la huelga
17
jul
La Asociación de Docentes de Enseñanza Secundaria (ADES) Montevideo resolvió que durante la última semana de julio realizará paros zonales de 24 horas en los distintos liceos de la capital, en el marco de la lucha para mejorar el presupuesto quinquenal, según confirmó a LA REPÚBLICA el secretario general del gremio de profesores, Julio Moreira.
“El objetivo de los paros es realizar actividades de difusión de nuestros reclamos en los barrios (volanteadas, pintadas, pegatinas, pasacalles, etc.), con talleres informativos dirigidos a padres y vecinos, además de las reuniones de los zonales”, puntualizó el dirigente.
El lunes 27 para el zonal Centro (liceos 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 14, 17, 21, 26, 27, 28, 29, 32, 34, 35, 55, 68); zonal Este (liceos 10, 15, 20, 30, 31, 33, 42); Aula 22, 5, 10; Áreas Pedagógicas Central; Cárcel Central; CNR Masculino; y Sirpa Montevideo.
El miércoles 29 en el zonal Prado (6, 16, 18, 36, 53, 54, 56, 59, 63, 71, 75); zonal Norte (9, 23, 40, 44, 60, 62, 74); Aula 1; CNR Femenino; Cecap; y La Tablada.
El jueves 30 en el zonal Noreste (13, 37, 39, 41, 48, 57, 64, 65, 67, 69,73); zonal Cno. Maldonado (19, 25, 45, 49, 52, 58); Aula 2, 8, 15, 6, 13, 14; Cárcel Punta de Rieles.
El viernes 31 en el zonal Oeste (11, 22, 24, 38, 43, 46, 47, 50, 51, 61, 66, 70, 72); Aula 3, 4, 7, 20, 21; Áreas Pedagógicas: Paso de la Arena; y en el Establecimiento Femenino.
En tanto, el martes 28 la paralización será en todos los liceos de Montevideo para efectuar una asamblea general al mediodía “donde discutiremos la huelga”, adelantó Moreira.
Recordó que estas medidas están sujetas a los anuncios definitivos de las pautas salariales para el sector público que anunciará el próximo viernes 24 el gobierno, aunque el sindicalista enfatizó que “está difícil que no haya movilizaciones, ya que no parece que va a haber condiciones presupuestales para atender lo básico, que es lo que estamos reivindicando desde que se anunció que había que ser austero.
Los espacios fiscales nos hacen pensar que no vamos a estar ni cerca”, y agregó que “queremos soluciones para los liceos que están peores y para construir más centros en las zonas donde el crecimiento demográfico ha sido muy grande y los liceos no aguantan más. Además faltan adscriptos, porteros, psicólogos, etc. Y todo esto es más allá de lo salarial”, aseveró.
Sin respuestas
La situación en el liceo 19 de La Unión sigue incambiada y los estudiantes se movilizan ante la inseguridad reinante en el centro de estudios.
Ayer, los profesores resolvieron que si no hay respuesta desde las autoridades de Secundaria están pensando en volver a parar.
“Mañana (hoy) un consejero del CES los va a visitar, y podemos ver si se puede allanar un poco el problema”, anunció Moreira.
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PIT-CNT no dará marcha atrás
17 jul
PARO GENERAL
Los responsables de varias secretarías de la central de trabajadores se reúnen hoy para establecer criterios de las movilizaciones previas al paro general del 6 de agosto, y definir el gasto en difusión del mismo.
En tanto el lunes se reunirá el Frente de Organización para preparar el paro general del 6 de agosto, en rechazo a las pautas salariales del gobierno, por mantener las inversiones del Estado, rechazo del tratado de libre comercio de servicios (TISA), entre otras consignas.
La flexibilidad del gobierno demostrada en la reunión del Consejo Superior Tripartito el pasado miércoles no logró modificar la decisión de la Mesa Representativa de la central de trabajadores de realizar el primer paro general por 24 horas en esta administración.
Los dirigentes sindicales que participaron del encuentro dijeron que los anuncios del gobierno, elevar el mínimo nacional a 15.000 pesos en enero de 2019, y autorizar aumentos por encima de las pautas si hay acuerdo entre las partes, resultan insuficientes.
En la reunión este lunes a las 16 horas del Frente de Organización, integrado por representantes de varias filiales, se comenzará a definir el plan de acción para lograr la mayor cantidad de adhesiones al paro del 6 de agosto.
El próximo miércoles 29 se reunirá la Mesa Representativa Nacional Ampliada para ajustar detalles organizativos y de propaganda de la movilización.
Paralelamente, el Secretariado Ejecutivo está realizando gestiones para lograr la adhesión al paro de otras organizaciones, como Onajpu, FEUU, Fucvam, Cambadu, Anmype, entre otras.
Movilizaciones zonales
El PIT-CNT definió también la realización de asambleas en los lugares de trabajo, y movilizaciones zonales con los vecinos, entre los días 27 y 31 de julio para promover la plataforma del paro general.
Además de las asambleas en los lugares de trabajo se incentiva la realización de jornadas en los barrios con la población en general para dar a conocer y difundir los motivos del paro.
Además cada gremio está en libertad de realizar movilizaciones y actos en su zona de influencia como forma de ir convenciendo a la población de que se adhiera a la plataforma reivindicativa.
La plataforma
La consigna central del paro general será: “Para que los cambios no se detengan”. La plataforma reivindicativa, en tanto, es: Por más presupuesto; Por más inversión de las Empresas Públicas; Por un Sistema de Compras Públicas para el Desarrollo; Por aumento de Salarios y Jubilaciones; No al TISA y Por el retiro de las tropas uruguayas de Haití.
http://www.republica.com.uy/
Los responsables de varias secretarías de la central de trabajadores se reúnen hoy para establecer criterios de las movilizaciones previas al paro general del 6 de agosto, y definir el gasto en difusión del mismo.
En tanto el lunes se reunirá el Frente de Organización para preparar el paro general del 6 de agosto, en rechazo a las pautas salariales del gobierno, por mantener las inversiones del Estado, rechazo del tratado de libre comercio de servicios (TISA), entre otras consignas.
La flexibilidad del gobierno demostrada en la reunión del Consejo Superior Tripartito el pasado miércoles no logró modificar la decisión de la Mesa Representativa de la central de trabajadores de realizar el primer paro general por 24 horas en esta administración.
Los dirigentes sindicales que participaron del encuentro dijeron que los anuncios del gobierno, elevar el mínimo nacional a 15.000 pesos en enero de 2019, y autorizar aumentos por encima de las pautas si hay acuerdo entre las partes, resultan insuficientes.
En la reunión este lunes a las 16 horas del Frente de Organización, integrado por representantes de varias filiales, se comenzará a definir el plan de acción para lograr la mayor cantidad de adhesiones al paro del 6 de agosto.
El próximo miércoles 29 se reunirá la Mesa Representativa Nacional Ampliada para ajustar detalles organizativos y de propaganda de la movilización.
Paralelamente, el Secretariado Ejecutivo está realizando gestiones para lograr la adhesión al paro de otras organizaciones, como Onajpu, FEUU, Fucvam, Cambadu, Anmype, entre otras.
Movilizaciones zonales
El PIT-CNT definió también la realización de asambleas en los lugares de trabajo, y movilizaciones zonales con los vecinos, entre los días 27 y 31 de julio para promover la plataforma del paro general.
Además de las asambleas en los lugares de trabajo se incentiva la realización de jornadas en los barrios con la población en general para dar a conocer y difundir los motivos del paro.
Además cada gremio está en libertad de realizar movilizaciones y actos en su zona de influencia como forma de ir convenciendo a la población de que se adhiera a la plataforma reivindicativa.
La plataforma
La consigna central del paro general será: “Para que los cambios no se detengan”. La plataforma reivindicativa, en tanto, es: Por más presupuesto; Por más inversión de las Empresas Públicas; Por un Sistema de Compras Públicas para el Desarrollo; Por aumento de Salarios y Jubilaciones; No al TISA y Por el retiro de las tropas uruguayas de Haití.
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Primer paro total en nuevo gobierno de Vázquez
10 jul
EN EL PIT-CNT, HUBO UNA ABSTENCIÓN
El
Pit-Cnt resolvió ayer realizar un paro de 24 horas el 6 de agosto en
rechazo a los lineamientos planteados por el Poder Ejecutivo para la
ronda salarial. “El país va a crecer 15% y los salarios van a quedar
congelados… El movimiento va a luchar para conquistar mejoras para los
más débiles”, dijo el presidente de la central sindical, Fernando
Pereira.
Paro realizado por el Pit el pasado mes de setiembre en apoyo del FA. Foto: F.Flores.
“No se puede poner a la pérdida de empleo como el cuco. No en todos los sectores va a haber pérdida en el empleo”, dijo el sindicalista a El País.
La votación —43 en 44 con una abstención en la Mesa Representativa— es la primera paralización total con movilización que el Pit-Cnt convoca desde el 20 de agosto de 2008, cuando se realizó el primer paro de 24 horas bajo un gobierno del Frente Amplio, en esa oportunidad también con Tabaré Vázquez en la Torre Ejecutiva. La plataforma entonces fue por los aumentos en los consejos de salarios, la desafiliación de las AFAP y contra la ley de Caducidad, entre otros puntos. El 7 de octubre de 2010, la central convocó a otra paralización, esta vez dividida y con menos acatamiento.
“Para que los cambios no se detengan”, se titula la proclama del paro del 6 de agosto, en clara alusión al jingle que utilizó el Frente Amplio en la campaña electoral: “Que no se detenga”.
“Venimos insistiendo mucho desde septiembre del año pasado —cuando se hizo el paro tan cuestionado por todos— sobre que los cambios no se detuvieran”, dijo Pereira a El País. “Creemos que si Uruguay va a tener un crecimiento menor, una desaceleración económica, al menos los salarios tienen que acompasar el crecimiento de esa riqueza. Si el PIB va a crecer en el entorno del 15%, aspiramos a que los trabajadores crezcan en esa dimensión. Que los empresarios ganen un poquito menos para que los empleados ganen un poquito más”, apuntó el dirigente sindical.
La central sindical entiende que las pautas salariales presentadas por el gobierno y discutidas en el consejo tripartito no contemplan las aspiraciones de los trabajadores.
Es por esto que el Pit -Cnt realizará una movilización en reclamo, puntualmente, de cuatro cosas. Primero, un crecimiento mayor del salario mínimo y alcanzar, en los próximos tres años, los $ 15.000. Además, se exige un tratamiento diferencial mayor al que se ha tenido con las franjas más bajas. Se solicita además correctivos y ajustes anuales para evitar las pérdidas intra-anuales.
“Preferimos lineamientos como de la última ronda”, dijo Pereira. Y, dado que las cámaras empresariales también se manifestaron disconformes con las nuevas pautas salariales, planteó, se podrán retomar estas pautas.
Además del paro, el Pit-Cnt realizará una gira por todo el país con asambleas “local por local” explicando la plataforma del paro. Además, dirigentes de la central sindical se reunirán con organizaciones sociales como Cambadu.
Trabajadores y empresarios se reunirán nuevamente la semana próxima en el Ministerio de Trabajo para intentar llegar a un acuerdo previo a las rondas salariales. El gobierno pedirá a los sectores de la economía que se “autoclasifiquen” según su situación. Si no se ponen de acuerdo, laudará el Poder Ejecutivo. Los sectores considerados “dinámicos”, que están creciendo a un ritmo superior al 4% anual, deberían dar un aumento nominal de 10% en el primer año de vigencia del acuerdo, de 9% en el segundo y de 8% en el tercero. En el sector “medio”, los porcentajes serán de 8,5%, 7,5% y 7%, y en el grupo que atraviesa dificultades, conformado por áreas que reciben subsidios, que enfrentan problemas de competitividad o en las cuales peligra el empleo, los porcentajes serán de 8%, 6,5% y 6%.
El directivo de la Cámara de Comercio “salió a apoyar las pautas salariales cuando para ellos el aumento era cero. Ahora, cuando ve que el aumento es 1% dice: Ah, es un costo muy difícil de llevar”, dijo.
Bermúdez, quien participó de la tripartita realizada el miércoles, dijo que en esa reunión “se avanzó muy poco”. “Si estamos hablando de un punto de crecimiento por año en tres años estamos hablando casi de congelamiento salarial”, apuntó.
El sindicalista puso el ejemplo de la salud, en donde a veces las enfermeras perciben un sueldo menor al cajero de un supermercado. “A quién convences que es una buena profesión si es lo (mismo) que saca un reponedor de las principales grandes superficies”, dijo.
Propuso, por ejemplo, que se debería pedir al gobierno que topee el acto médico, que hace que algunos profesionales lleguen a percibir un salario mensual de hasta $ 800.000. “Topear el acto médico es más difícil que la reforma agraria”, manifestó.
Para Bermúdez, las pautas salariales son la consecuencia de un nuevo rumbo que está tomando el gobierno y no tienen un anclaje a la realidad del país. “Hay una tendencia de ir hacia una fuerza de centro-centro”, dijo. “Hay sectores del gobierno que pusieron mucho en la agenda de la derecha: detener los cambios que se venían haciendo”.
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Paro realizado por el Pit el pasado mes de setiembre en apoyo del FA. Foto: F.Flores.
“No se puede poner a la pérdida de empleo como el cuco. No en todos los sectores va a haber pérdida en el empleo”, dijo el sindicalista a El País.
La votación —43 en 44 con una abstención en la Mesa Representativa— es la primera paralización total con movilización que el Pit-Cnt convoca desde el 20 de agosto de 2008, cuando se realizó el primer paro de 24 horas bajo un gobierno del Frente Amplio, en esa oportunidad también con Tabaré Vázquez en la Torre Ejecutiva. La plataforma entonces fue por los aumentos en los consejos de salarios, la desafiliación de las AFAP y contra la ley de Caducidad, entre otros puntos. El 7 de octubre de 2010, la central convocó a otra paralización, esta vez dividida y con menos acatamiento.
“Para que los cambios no se detengan”, se titula la proclama del paro del 6 de agosto, en clara alusión al jingle que utilizó el Frente Amplio en la campaña electoral: “Que no se detenga”.
“Venimos insistiendo mucho desde septiembre del año pasado —cuando se hizo el paro tan cuestionado por todos— sobre que los cambios no se detuvieran”, dijo Pereira a El País. “Creemos que si Uruguay va a tener un crecimiento menor, una desaceleración económica, al menos los salarios tienen que acompasar el crecimiento de esa riqueza. Si el PIB va a crecer en el entorno del 15%, aspiramos a que los trabajadores crezcan en esa dimensión. Que los empresarios ganen un poquito menos para que los empleados ganen un poquito más”, apuntó el dirigente sindical.
La central sindical entiende que las pautas salariales presentadas por el gobierno y discutidas en el consejo tripartito no contemplan las aspiraciones de los trabajadores.
Es por esto que el Pit -Cnt realizará una movilización en reclamo, puntualmente, de cuatro cosas. Primero, un crecimiento mayor del salario mínimo y alcanzar, en los próximos tres años, los $ 15.000. Además, se exige un tratamiento diferencial mayor al que se ha tenido con las franjas más bajas. Se solicita además correctivos y ajustes anuales para evitar las pérdidas intra-anuales.
“Preferimos lineamientos como de la última ronda”, dijo Pereira. Y, dado que las cámaras empresariales también se manifestaron disconformes con las nuevas pautas salariales, planteó, se podrán retomar estas pautas.
Además del paro, el Pit-Cnt realizará una gira por todo el país con asambleas “local por local” explicando la plataforma del paro. Además, dirigentes de la central sindical se reunirán con organizaciones sociales como Cambadu.
Trabajadores y empresarios se reunirán nuevamente la semana próxima en el Ministerio de Trabajo para intentar llegar a un acuerdo previo a las rondas salariales. El gobierno pedirá a los sectores de la economía que se “autoclasifiquen” según su situación. Si no se ponen de acuerdo, laudará el Poder Ejecutivo. Los sectores considerados “dinámicos”, que están creciendo a un ritmo superior al 4% anual, deberían dar un aumento nominal de 10% en el primer año de vigencia del acuerdo, de 9% en el segundo y de 8% en el tercero. En el sector “medio”, los porcentajes serán de 8,5%, 7,5% y 7%, y en el grupo que atraviesa dificultades, conformado por áreas que reciben subsidios, que enfrentan problemas de competitividad o en las cuales peligra el empleo, los porcentajes serán de 8%, 6,5% y 6%.
Bermúdez duro con cámaras y el gobierno.
El dirigente del Pit-Cnt Jorge Bermúdez criticó ayer a las cámaras empresariales por su cambio de postura frente a las pautas salariales del gobierno. Bermúdez, sindicalista de la salud, dijo a El País TV que “lo de los empresarios es cómico. Lo de (Juan) Mailhos es loco”.El directivo de la Cámara de Comercio “salió a apoyar las pautas salariales cuando para ellos el aumento era cero. Ahora, cuando ve que el aumento es 1% dice: Ah, es un costo muy difícil de llevar”, dijo.
Bermúdez, quien participó de la tripartita realizada el miércoles, dijo que en esa reunión “se avanzó muy poco”. “Si estamos hablando de un punto de crecimiento por año en tres años estamos hablando casi de congelamiento salarial”, apuntó.
El sindicalista puso el ejemplo de la salud, en donde a veces las enfermeras perciben un sueldo menor al cajero de un supermercado. “A quién convences que es una buena profesión si es lo (mismo) que saca un reponedor de las principales grandes superficies”, dijo.
Propuso, por ejemplo, que se debería pedir al gobierno que topee el acto médico, que hace que algunos profesionales lleguen a percibir un salario mensual de hasta $ 800.000. “Topear el acto médico es más difícil que la reforma agraria”, manifestó.
Para Bermúdez, las pautas salariales son la consecuencia de un nuevo rumbo que está tomando el gobierno y no tienen un anclaje a la realidad del país. “Hay una tendencia de ir hacia una fuerza de centro-centro”, dijo. “Hay sectores del gobierno que pusieron mucho en la agenda de la derecha: detener los cambios que se venían haciendo”.
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Cada vez se requieren más salarios para comprar una vivienda
10
jul
Aumentó 23% el ingreso mínimo requerido para conseguir un crédito en los últimos 13 meses
El precio de los inmuebles se estancó en los últimos meses. Pero eso solo es cierto si a esos precios se los mide en dólares. La buena noticia para aquellos interesados en comprar una vivienda es que es en esa moneda y no en otra en que suelen ofrecerse las casas y apartamentos en los portales de avisos clasificados y en los ventanales de las inmobiliarias.
La mala noticia es que la moneda estadounidense no refleja la capacidad que tienen los hogares montevideanos para acceder a su vivienda. Si en la ecuación de precios se introduce la evolución del dólar y los ingresos de las familias de la capital, se advierte que los inmuebles se han encarecido significativamente en el último año y el sueño de la vivienda propia se ha vuelto bastante más privativo de lo que era en 2014.
En el promedio de los primeros cinco meses de este año, una familia promedio de Montevideo necesitaba 54,5 ingresos mensuales íntegros para acceder a un inmueble en propiedad horizontal, según las estimaciones realizadas por la Unidad de Análisis Económico de El Observador, que actualizan una serie de datos construida por la Agencia Nacional de Viviendas (ANV). Esa cantidad de tiempo resulta muy superior a los 46,3 meses que requería en el primer semestre de 2014 y está muy lejos del mínimo de 39,9 meses de 2011. De hecho, es la cifra más alta de los últimos 10 años.
Esto quiere decir que la capacidad de los montevideanos para
adquirir un inmueble se ha reducido significativamente a pesar de que
los precios han frenado su ritmo de aumento medidos en dólares. Evaluado
en esa moneda, el metro cuadrado en propiedad horizontal subió 15,3% en
2013 y 7,7% en el primer semestre de 2014, según los últimos datos
procesados por la ANV.
La demora en el procesamiento de los datos de mercado por parte de
las distintas agencias oficiales –el último relevamiento de precios del
Instituto Nacional de Estadística (INE) es de fines de 2013– y la
opacidad en materia de información que caracteriza al mercado
inmobiliario local motivaron a la Unidad de Análisis Económico de El Observador
a elaborar un indicador propio de precios de apartamentos en la
capital, a partir de los datos de oferta que surgen de procesar la
totalidad de los avisos vigentes en los principales portales
clasificados al cierre de cada mes.
A fines de mayo de este año, los precios de oferta mostraban un incremento de 4,7% en dólares respecto a igual mes del año pasado, lo que implica una desaceleración en su ritmo de aumento. La novedad de los dos últimos meses relevados fue el parate en esa tendencia al alza. En abril, los apartamentos de la capital registraron un retroceso de 0,4% mensual y a continuación una nueva corrección a la baja –de 0,6%– en mayo.
Esa buena noticia p ara los compradores se diluye cuando los precios se evalúan en pesos uruguayos –moneda en la cual la amplia mayoría percibe sus ingresos– y se les descuenta la inflación. Evaluados en esos términos, los apartamentos de la capital acumulan un aumento de 11,9% en los 12 meses finalizados en mayo. Eso quiere decir que un salario promedio uruguayo podía adquirir hace dos meses un número de metros cuadrados en propiedad horizontal 8,5% menor que en mayo de 2014.
La tendencia durante la última década fue justamente la inversa. Mientras que los precios en dólares no dejaban de subir, la baja en el valor del billete verde y el incremento de los ingresos de los uruguayos compensaban con creces su impacto en el bolsillo. De ese modo, entre 2004 y 2008, la cantidad de meses de ingresos requeridos para adquirir un inmueble por parte de los hogares montevideanos se redujo de 65,2 a 40,6. Luego, hasta 2012 se mantuvo oscilando entre 39,9 y 43,5 para luego adquirir, a partir de entonces, una clara tendencia al alza.
A fines de mayo de este año, los precios de oferta mostraban un incremento de 4,7% en dólares respecto a igual mes del año pasado, lo que implica una desaceleración en su ritmo de aumento. La novedad de los dos últimos meses relevados fue el parate en esa tendencia al alza. En abril, los apartamentos de la capital registraron un retroceso de 0,4% mensual y a continuación una nueva corrección a la baja –de 0,6%– en mayo.
Esa buena noticia p ara los compradores se diluye cuando los precios se evalúan en pesos uruguayos –moneda en la cual la amplia mayoría percibe sus ingresos– y se les descuenta la inflación. Evaluados en esos términos, los apartamentos de la capital acumulan un aumento de 11,9% en los 12 meses finalizados en mayo. Eso quiere decir que un salario promedio uruguayo podía adquirir hace dos meses un número de metros cuadrados en propiedad horizontal 8,5% menor que en mayo de 2014.
La tendencia durante la última década fue justamente la inversa. Mientras que los precios en dólares no dejaban de subir, la baja en el valor del billete verde y el incremento de los ingresos de los uruguayos compensaban con creces su impacto en el bolsillo. De ese modo, entre 2004 y 2008, la cantidad de meses de ingresos requeridos para adquirir un inmueble por parte de los hogares montevideanos se redujo de 65,2 a 40,6. Luego, hasta 2012 se mantuvo oscilando entre 39,9 y 43,5 para luego adquirir, a partir de entonces, una clara tendencia al alza.
Un mercado más privativo
Si bien el análisis de la oferta y la demanda en el mercado inmobiliario suele realizarse considerando los precios en dólares, la realidad económica del usuario final de la vivienda no está atada a la suerte de la moneda estadounidense.
Eso lleva a que, a pesar de que los precios en dólares desaceleren
su ritmo de aumento –e incluso se estanquen–, las posibilidades de
adquirir una vivienda por parte de un hogar uruguayo promedio se hacen
cada vez más remotas conforme el dólar va ganando fuerza. El problema de
acceso a la vivienda propia se complica particularmente para aquellas
familias que dependen de un crédito
hipotecario. De hecho, ninguna institución financiera de plaza aprueba
un préstamo cuya cuota supere el 30% del ingreso mensual del hogar.
Es así que, para acceder a un crédito a 25 años –a una tasa de 7% anual en UI– que financie 80% de un inmueble promedio de la capital uruguaya –de 65 metros cuadrados–, se necesitaba un ingreso familiar superior a $ 70.935 en abril del año pasado. En mayo de este año, ese requisito aumentó 22,6%, a $ 86.987, según el ejercicio de simulación que realizó la Unidad de Análisis Económico de El Observador. Eso implica que el requisito pasó de estar 42% por encima del ingreso medio de la capital a 65% en solo 13 meses.
De esta manera, los operadores inmobiliarios deberán lidiar con una contracción de la oferta debido al encarecimiento de la vivienda con relación a los ingresos de los hogares. Si bien no es el único factor que incide en la formación de precios, es un elemento fundamental que estará presionando a la baja el valor de la vivienda expresado en dólares. La alternativa es una reducción del número de compraventas efectuadas, que es una realidad que ya se está viendo en el mercado.
Silencio y olvido: una fusión necesaria para pensar la salud mental en Uruguay
por Germán Dorta y Santiago Navarro / Foto: Rodrigo Collins
El 1° de marzo Tabaré Vázquez, en su discurso de asunción presidencial dijo que se profundizarían los programas de salud mental. Para los que estamos tristemente acostumbrados al silencio impuesto a la locura y el sufrimiento psíquico, cada mención en los medios -aunque sea al pasar- es un respiro, una esperanza.
Si
bien las resonancias de estas palabras en los medios fueron opacadas
por el flagelo del tabaco, el alcohol y las tablets, algo de lo
innombrable comenzaba a mostrar sus vestigios. Tres semanas después del
discurso de Vázquez circulaban por el espacio público las siguientes
palabras: perros, jauría, colonias. Después de medio siglo de reclusión
moría un paciente de la Colonia Etchepare, devorado de forma salvaje.
El horror del desamparo, el abandono, saldrían de los muros habituales y llegarían al living, a las computadoras y a la charla cotidiana de los uruguayos. La voracidad de los medios masivos de comunicación se regocijaron con la potencialidad de circulación e impacto de la noticia. Un nuevo fetiche: seducía escuchar aquel relato una y otra vez. Nadie podía permitirse no escuchar ni ver este hecho inhumano. Nuestro ideal de ciudadanía democrática perpleja. ¿Cómo dejamos que esto sucediera? Un tema tan conocido para la sociedad uruguaya se nos volvía a presentar, como tantas otras veces.
Salud Mental: una deuda que no admite más plazos.
Uruguay ha cambiado. Desde la Ratificación de la Convención de discapacidad al Control y regulación de la marihuana, pasando por la Ley de matrimonio igualitario y la Ley de interrupción involuntaria del embarazo; son ejemplos de viejas luchas de algunos colectivos para el reconocimiento de sus derechos, que resurgen cíclicamente en determinados contextos políticos y eventualmente obtienen algún logro en el imaginario social a través de una cristalización legal. Si bien la ley no asegura que efectivamente las cosas cambien, es un marco legal que tienen los movimientos sociales para salvaguardar sus derechos. Movilización social y aprobación de leyes en el terreno de los derechos humanos, parecen estar conectadas irremediablemente.
Sin embargo algo parece impedir, hasta hoy, el cambio de la legislación en Salud Mental. En los últimos 30 años hubieron idas y vueltas. A la salida de la dictadura, la creación del Programa Nacional de Salud Mental. Entre 2007 y 2009, un Proyecto de ley redactado por la comisión Legislación y derechos humanos, en la órbita de la Comisión Asesora Técnica Permanente. Este último nunca ingresó al parlamento. Entre idas y vueltas, sigue rigiendo la ‘Ley del Psicópata’ (sic), aprobada en el año 1936. Lleva la firma de Gabriel Terra en su período dictatorial, y de su consuegro Eduardo Blanco Acevedo, Ministro de Salud Pública.
El actual tercer gobierno progresista, enmarcado en un contexto que comprende una amplia gama de tratados internacionales ratificados por nuestro país en relación a la adopción de una nueva política pública en salud mental, se plantea el desafío de concretar en la práctica aquello que todavía no sale de los tímidos y rimbombantes papeles. Ante la presión regional e internacional de posicionarse desde un nuevo paradigma en salud mental, y tras el trágico hecho ocurrido en marzo del presente año junto con su repercusión mediática, el Ministerio de Salud Pública (MSP) desde la dirección de Jorge Basso asume el rol de ente regulador del asunto.
Convocando a una asesoría en el mes de mayo a diversos actores sociales a participar en la producción de insumos para una nueva ley en Salud mental, entre los que se encontraban representantes de instituciones académicas y profesionales como la Facultad de Psicología de la Udelar, la Sociedad de Psiquiatría del Uruguay (SPU) y la Coordinadora de Psicólogos del Uruguay; colectivos de usuarios de salud mental como Asumir; de familiares de usuarios como Caminantes y Grupo de la Esperanza; colectivos abocados a la lucha por los derechos humanos en salud mental como Radio Vilardevoz y Asamblea Instituyente por Salud Mental, Desmanicomialización y Vida digna; también por parte del estado y el gobierno hubieron representantes del Poder Judicial, de ASSE, de Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia, y otros.
Las instancias de asesoría como contexto de debate
El MSP convocó a los colectivos y organizó la instancia de asesoría en grupos que trataron las siguientes temáticas: promoción y prevención; sistema de atención; mecanismos de supervisión y revisión; derechos de los usuarios, familiares y cuidadores; abordaje intersectorial; recursos humanos, evaluación e investigación. En las instancias realizadas en un período de cinco semanas se llegaron a varios consensos e importantes disensos.
Tal vez el consenso de mayor impacto sea el cambio del modelo de atención, que implicaría el pasaje de la actual atención en manicomios y clínicas privadas, a una comunitaria donde los énfasis estarían puestos en la prevención y promoción de la salud. Los asilos serían sustituidos progresivamente por las casas de medio camino, casas asistidas, hospitales de día, y la atención en salud mental integrada a hospitales generales. Dicha perspectiva concibe la salud mental desde una multicausalidad de determinantes que van desde factores sociales, culturales, biológicos e institucionales. El abordaje pertinente para esta forma de concebir la salud mental, ya implementada en varios países de la región y el mundo, coloca la articulación intersectorial como condición necesaria, es decir, que no es únicamente un tema del MSP: sin trabajo digno y sin vivienda, no hay salud mental posible. Este fue un segundo gran acuerdo.
Con respecto a los disensos, el más notorio es el que refiere a que la ley incluya la creación de un órgano revisor de los derechos humanos, un punto en el que históricamente no ha habido acuerdo desde las diferentes perspectivas existentes. Desde la Sociedad de Psiquiatría del Uruguay (SPU), se ha resistido su creación con un argumento insistente: lo legal no debe estorbar al saber técnico. Este argumento pierde su fuerza cuando lo legal que estorba, son las mínimas garantías para el cumplimiento de los Derechos Humanos. Hoy, a diferencia del proceso que se dio entre 2007 y 2009, la SPU ha cedido y acuerda con la creación del órgano, aunque con algunas acotaciones que impedirían que cumpla cabalmente sus cometidos: que no sea obligatorio cumplir las resoluciones que emita (no-vinculante), que esté bajo la órbita del MSP (no-independiente) y que esté integrado mayoritariamente por técnicos. Esto traería como consecuencia que los encargados de fiscalizar las condiciones de los usuarios del sistema de salud mental sean únicamente los técnicos, en otras palabras, aquellos que poseen un saber profesional sobre la salud mental. Esta propuesta fue apoyada también por los representantes de diferentes espacios institucionales como ASSE, del Poder Judicial y del Patronato del Psicópata.
Para los que priorizamos la perspectiva de Derechos Humanos por encima de cualquier otra el conocimiento técnico, que nunca es neutral y carente de intereses, no puede ocupar más que un rol de asesor en las políticas de la salud. De otra forma estaríamos repitiendo el vasallaje de lo técnico sobre lo político, haciendo de la salud mental un recinto que se ubicaría debajo de la exclusiva lupa disciplinar de los técnicos especialistas, dejando por fuera a la sociedad del debate sobre el “qué” y “cómo” hacer con su locura, con sus diferencias, y lo más importante: cómo tramita y “administra” su sufrimiento.
Es necesario que éste órgano de revisión de los derechos humanos sea independiente del poder político y esté integrado en parte por profesionales técnicos, pero tiene que tener una fuerte representación política de la sociedad civil: la voz y el voto de los usuarios de salud mental, sus familiares y asociaciones civiles implicadas en la temática de DDHH, debe ser fundamental.
“Ustedes son técnicos, tienen formación, pero no tienen ni idea. Ni idea tienen de lo que se siente que te digan enferma mental”. Son palabras de una integrante del colectivo Asumir, dirigidas a los profesionales que nos encontrábamos en el salón de actos del MSP. Esas palabras no pueden faltar, y deben tener la primacía. Son las únicas que garantizan que los intereses del pueblo prevalezcan, resistiendo a los permanentes embates del mercado y los corporativismos.
En la calle: Campaña de adhesión ciudadana.
El 24 de junio la Asamblea Instituyente por Salud Mental, Desmanicomialización y Vida Digna, lanzó una campaña de adhesión ciudadana para la aprobación de una ley de salud mental desde la perspectiva de derechos humanos. Nuevamente las noticias de salud mental fueron opacadas, esta vez por el procesamiento del padre de Cavani y la eliminación de Uruguay en la copa América.
En el lanzamiento la carta ya contaba con la adhesión de 44 colectivos sociales que van desde el Sunca a la Facultad de Psicología, la Asociación de familiares y detenidos desaparecidos, MYSU, Comisión de discapacidad del PIT-CNT, FEUU, Radio Vilardevoz y Ovejas Negras. También adhirieron 73 personalidades de la cultura, la salud y académicas: decanos de 4 facultades y más de 30 docentes de la Udelar, diputados, actores, actrices, músicos, periodistas, luchadores de los derechos humanos.
El Consenso de Panamá de 2010, ratificado por Uruguay, culmina con las siguientes palabras “La década del salto hacia la comunidad: por un continente sin manicomios en el 2020”.
Tenemos 5 años para cerrar los manicomios, que no son únicamente las Colonias Etchepare y Santín C. Rossi. Manicomios son también el Vilardebó y las decenas de clínicas privadas.
Para que hechos similares al del paciente devorado por una jauría de perros no se vuelvan a repetir es necesaria la adopción de un nuevo paradigma de atención en salud mental desde una perspectiva de derechos humanos. En donde el manicomio como fábrica de producción y cronificación de sufrimiento, hacinamiento y enfermedad, pase de una vez a ser un triste recuerdo, y se dé lugar a un modelo de atención intersectorial de base comunitaria. Este desafío sólo es posible con los usuarios, familiares de usuarios y la participación de los trabajadores de la salud, que padecen y soportan las mismas condiciones alienantes que los usuarios. Para que exista vida digna, el trabajo debe ser digno. Salvaguardar la dignidad del usuario, como del trabajador es una nueva forma de construir otra salud mental, aquella que recoge el eco de las voces de los silenciados.
El 8 de agosto la Ley del psicópata cumplirá 79 años. Ojalá no llegue a cumplir 80. El día del lanzamiento de la campaña en la Asociación de Prensa del Uruguay, Fanny Aspiroz, integrante de Grupo de la Esperanza, histórica militante por los derechos humanos de los usuarios de salud mental, dijo: “me gusta ir a la calle, esto se gana en la calle, conversando con la gente”.
Allí estaremos.
Foto de Rodrigo Collins, tomada el 10 de Octubre de 2013, en la Segunda marcha por Salud Mental, Desmanicomialización y Vida Digna.
El horror del desamparo, el abandono, saldrían de los muros habituales y llegarían al living, a las computadoras y a la charla cotidiana de los uruguayos. La voracidad de los medios masivos de comunicación se regocijaron con la potencialidad de circulación e impacto de la noticia. Un nuevo fetiche: seducía escuchar aquel relato una y otra vez. Nadie podía permitirse no escuchar ni ver este hecho inhumano. Nuestro ideal de ciudadanía democrática perpleja. ¿Cómo dejamos que esto sucediera? Un tema tan conocido para la sociedad uruguaya se nos volvía a presentar, como tantas otras veces.
Salud Mental: una deuda que no admite más plazos.
Uruguay ha cambiado. Desde la Ratificación de la Convención de discapacidad al Control y regulación de la marihuana, pasando por la Ley de matrimonio igualitario y la Ley de interrupción involuntaria del embarazo; son ejemplos de viejas luchas de algunos colectivos para el reconocimiento de sus derechos, que resurgen cíclicamente en determinados contextos políticos y eventualmente obtienen algún logro en el imaginario social a través de una cristalización legal. Si bien la ley no asegura que efectivamente las cosas cambien, es un marco legal que tienen los movimientos sociales para salvaguardar sus derechos. Movilización social y aprobación de leyes en el terreno de los derechos humanos, parecen estar conectadas irremediablemente.
Sin embargo algo parece impedir, hasta hoy, el cambio de la legislación en Salud Mental. En los últimos 30 años hubieron idas y vueltas. A la salida de la dictadura, la creación del Programa Nacional de Salud Mental. Entre 2007 y 2009, un Proyecto de ley redactado por la comisión Legislación y derechos humanos, en la órbita de la Comisión Asesora Técnica Permanente. Este último nunca ingresó al parlamento. Entre idas y vueltas, sigue rigiendo la ‘Ley del Psicópata’ (sic), aprobada en el año 1936. Lleva la firma de Gabriel Terra en su período dictatorial, y de su consuegro Eduardo Blanco Acevedo, Ministro de Salud Pública.
El actual tercer gobierno progresista, enmarcado en un contexto que comprende una amplia gama de tratados internacionales ratificados por nuestro país en relación a la adopción de una nueva política pública en salud mental, se plantea el desafío de concretar en la práctica aquello que todavía no sale de los tímidos y rimbombantes papeles. Ante la presión regional e internacional de posicionarse desde un nuevo paradigma en salud mental, y tras el trágico hecho ocurrido en marzo del presente año junto con su repercusión mediática, el Ministerio de Salud Pública (MSP) desde la dirección de Jorge Basso asume el rol de ente regulador del asunto.
Convocando a una asesoría en el mes de mayo a diversos actores sociales a participar en la producción de insumos para una nueva ley en Salud mental, entre los que se encontraban representantes de instituciones académicas y profesionales como la Facultad de Psicología de la Udelar, la Sociedad de Psiquiatría del Uruguay (SPU) y la Coordinadora de Psicólogos del Uruguay; colectivos de usuarios de salud mental como Asumir; de familiares de usuarios como Caminantes y Grupo de la Esperanza; colectivos abocados a la lucha por los derechos humanos en salud mental como Radio Vilardevoz y Asamblea Instituyente por Salud Mental, Desmanicomialización y Vida digna; también por parte del estado y el gobierno hubieron representantes del Poder Judicial, de ASSE, de Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia, y otros.
Las instancias de asesoría como contexto de debate
El MSP convocó a los colectivos y organizó la instancia de asesoría en grupos que trataron las siguientes temáticas: promoción y prevención; sistema de atención; mecanismos de supervisión y revisión; derechos de los usuarios, familiares y cuidadores; abordaje intersectorial; recursos humanos, evaluación e investigación. En las instancias realizadas en un período de cinco semanas se llegaron a varios consensos e importantes disensos.
Tal vez el consenso de mayor impacto sea el cambio del modelo de atención, que implicaría el pasaje de la actual atención en manicomios y clínicas privadas, a una comunitaria donde los énfasis estarían puestos en la prevención y promoción de la salud. Los asilos serían sustituidos progresivamente por las casas de medio camino, casas asistidas, hospitales de día, y la atención en salud mental integrada a hospitales generales. Dicha perspectiva concibe la salud mental desde una multicausalidad de determinantes que van desde factores sociales, culturales, biológicos e institucionales. El abordaje pertinente para esta forma de concebir la salud mental, ya implementada en varios países de la región y el mundo, coloca la articulación intersectorial como condición necesaria, es decir, que no es únicamente un tema del MSP: sin trabajo digno y sin vivienda, no hay salud mental posible. Este fue un segundo gran acuerdo.
Con respecto a los disensos, el más notorio es el que refiere a que la ley incluya la creación de un órgano revisor de los derechos humanos, un punto en el que históricamente no ha habido acuerdo desde las diferentes perspectivas existentes. Desde la Sociedad de Psiquiatría del Uruguay (SPU), se ha resistido su creación con un argumento insistente: lo legal no debe estorbar al saber técnico. Este argumento pierde su fuerza cuando lo legal que estorba, son las mínimas garantías para el cumplimiento de los Derechos Humanos. Hoy, a diferencia del proceso que se dio entre 2007 y 2009, la SPU ha cedido y acuerda con la creación del órgano, aunque con algunas acotaciones que impedirían que cumpla cabalmente sus cometidos: que no sea obligatorio cumplir las resoluciones que emita (no-vinculante), que esté bajo la órbita del MSP (no-independiente) y que esté integrado mayoritariamente por técnicos. Esto traería como consecuencia que los encargados de fiscalizar las condiciones de los usuarios del sistema de salud mental sean únicamente los técnicos, en otras palabras, aquellos que poseen un saber profesional sobre la salud mental. Esta propuesta fue apoyada también por los representantes de diferentes espacios institucionales como ASSE, del Poder Judicial y del Patronato del Psicópata.
Para los que priorizamos la perspectiva de Derechos Humanos por encima de cualquier otra el conocimiento técnico, que nunca es neutral y carente de intereses, no puede ocupar más que un rol de asesor en las políticas de la salud. De otra forma estaríamos repitiendo el vasallaje de lo técnico sobre lo político, haciendo de la salud mental un recinto que se ubicaría debajo de la exclusiva lupa disciplinar de los técnicos especialistas, dejando por fuera a la sociedad del debate sobre el “qué” y “cómo” hacer con su locura, con sus diferencias, y lo más importante: cómo tramita y “administra” su sufrimiento.
Es necesario que éste órgano de revisión de los derechos humanos sea independiente del poder político y esté integrado en parte por profesionales técnicos, pero tiene que tener una fuerte representación política de la sociedad civil: la voz y el voto de los usuarios de salud mental, sus familiares y asociaciones civiles implicadas en la temática de DDHH, debe ser fundamental.
“Ustedes son técnicos, tienen formación, pero no tienen ni idea. Ni idea tienen de lo que se siente que te digan enferma mental”. Son palabras de una integrante del colectivo Asumir, dirigidas a los profesionales que nos encontrábamos en el salón de actos del MSP. Esas palabras no pueden faltar, y deben tener la primacía. Son las únicas que garantizan que los intereses del pueblo prevalezcan, resistiendo a los permanentes embates del mercado y los corporativismos.
En la calle: Campaña de adhesión ciudadana.
El 24 de junio la Asamblea Instituyente por Salud Mental, Desmanicomialización y Vida Digna, lanzó una campaña de adhesión ciudadana para la aprobación de una ley de salud mental desde la perspectiva de derechos humanos. Nuevamente las noticias de salud mental fueron opacadas, esta vez por el procesamiento del padre de Cavani y la eliminación de Uruguay en la copa América.
En el lanzamiento la carta ya contaba con la adhesión de 44 colectivos sociales que van desde el Sunca a la Facultad de Psicología, la Asociación de familiares y detenidos desaparecidos, MYSU, Comisión de discapacidad del PIT-CNT, FEUU, Radio Vilardevoz y Ovejas Negras. También adhirieron 73 personalidades de la cultura, la salud y académicas: decanos de 4 facultades y más de 30 docentes de la Udelar, diputados, actores, actrices, músicos, periodistas, luchadores de los derechos humanos.
El Consenso de Panamá de 2010, ratificado por Uruguay, culmina con las siguientes palabras “La década del salto hacia la comunidad: por un continente sin manicomios en el 2020”.
Tenemos 5 años para cerrar los manicomios, que no son únicamente las Colonias Etchepare y Santín C. Rossi. Manicomios son también el Vilardebó y las decenas de clínicas privadas.
Para que hechos similares al del paciente devorado por una jauría de perros no se vuelvan a repetir es necesaria la adopción de un nuevo paradigma de atención en salud mental desde una perspectiva de derechos humanos. En donde el manicomio como fábrica de producción y cronificación de sufrimiento, hacinamiento y enfermedad, pase de una vez a ser un triste recuerdo, y se dé lugar a un modelo de atención intersectorial de base comunitaria. Este desafío sólo es posible con los usuarios, familiares de usuarios y la participación de los trabajadores de la salud, que padecen y soportan las mismas condiciones alienantes que los usuarios. Para que exista vida digna, el trabajo debe ser digno. Salvaguardar la dignidad del usuario, como del trabajador es una nueva forma de construir otra salud mental, aquella que recoge el eco de las voces de los silenciados.
El 8 de agosto la Ley del psicópata cumplirá 79 años. Ojalá no llegue a cumplir 80. El día del lanzamiento de la campaña en la Asociación de Prensa del Uruguay, Fanny Aspiroz, integrante de Grupo de la Esperanza, histórica militante por los derechos humanos de los usuarios de salud mental, dijo: “me gusta ir a la calle, esto se gana en la calle, conversando con la gente”.
Allí estaremos.
Foto de Rodrigo Collins, tomada el 10 de Octubre de 2013, en la Segunda marcha por Salud Mental, Desmanicomialización y Vida Digna.
Una comisión liderada por la UDELAR elaborará una plataforma local
En un mes crearán plan alternativo al de Google
En la comisión de Educación del Senado
recibieron con calor ayer un planteo de la decana de la Facultad de
Ingeniería, María Simon, para que Uruguay, a través de Antel, desarrolle
un sistema como el Google Apps for Education, que sustituya el que
acordaron aplicar el Plan Ceibal y la multinacional Google.
El gobierno incluyó Google Apps for Education en las ceibalitas de escuelas y liceos.
16 jul 2015
Simon llevó la propuesta a la comisión junto a
integrantes del Instituto de Computación de la Facultad de Ingeniería de
la Universidad de la República. Esto va en línea con la posición del
rector Roberto Markarian, que el martes en el programa A Diario de El
País TV dijo que debería analizarse "alternativas nacionales para lo que
se haría con Google", porque "los conocimientos que damos a los jóvenes
tiene que ser un conocimiento formado por uruguayos". Markarian habló
de crear una comisión de expertos que elabore una propuesta.
Ayer, luego de la reunión con Simon, senadores de la comisión de Educación dijeron que el acuerdo con Google "está en el aire". El frenteamplista Marcos Carámbula explicó que la delegación de la Universidad trasmitió que Uruguay, a través de Antel, la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) y la Agencia del Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información (Agesic), está en condiciones de desarrollar un sistema como el de Google.
La propuesta se hará en un mes, adelantó la también frenteamplista Constanza Moreira, vicepresidenta de la comisión de Educación.
Carámbula agregó que "ha surgido la posibilidad de
revisarlo (al acuerdo con Google) y ver que tenemos las capacidades de
hacerlo".Ayer, luego de la reunión con Simon, senadores de la comisión de Educación dijeron que el acuerdo con Google "está en el aire". El frenteamplista Marcos Carámbula explicó que la delegación de la Universidad trasmitió que Uruguay, a través de Antel, la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) y la Agencia del Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información (Agesic), está en condiciones de desarrollar un sistema como el de Google.
La propuesta se hará en un mes, adelantó la también frenteamplista Constanza Moreira, vicepresidenta de la comisión de Educación.
En tanto, el presidente de la comisión de Educación, el nacionalista José Carlos Cardoso, indicó que tanto Simon como los representantes del Instituto de Computación de la Facultad de Ingeniería "fueron claros al señalar los riesgos e inconvenientes" de acordar con Google.
"Antel va a participar, va a hacer algo similar a lo que iba a hacer Google sin los riesgos de transferir toda la información afuera del país. El acuerdo con Google quedó en el fondo del mar", subrayó Cardoso.
El acuerdo con Google permite que los alumnos y profesores de Primaria, Secundaria y UTU tengan acceso a una cuenta de Gmail y a otra de almacenamiento online Dropbox con espacio ilimitado.
Según la Universidad de la República, toda esa información estará almacenada en servidores de Estados Unidos y puede prestarse para espionaje.
En la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información (CUTI) ven con escepticismo que el país desarrolle un sistema como el de Google, aunque técnicamente esté capacitado para hacerlo.
"Lo que Google ofrece es una capacidad ilimitada de alojamiento", dijo a El País Carlos Caetano, presidente de la CUTI. Además debe dar el servicio a 700.000 computadoras y "para equiparar eso se necesita una inversión de decenas de millones de dólares".
El empresario señaló que existe la capacidad técnica de hacer un proyecto, pero "el principal problema son los tiempos; Google invirtió varios años y mucho personal para lograr los productos que ofrece. No se hace de la noche a la mañana y ¿qué sentido tiene hacer una plataforma de menor calidad?". Y las advertencias de la CUTI no quedan solo ahí. "En Uruguay hay escasez de recursos humanos. ¿Con qué informáticos vamos a elaborar este proyecto? Porque, de contratar a personal que está trabajando en otras empresas, eso implicaría un aumento de los salarios".
La ministra de Educación, María Julia Muñoz, entrevistada ayer en A Diario de El País TV, contó que usa Gmail, tiene su archivo en la nube (Google Drive) y que no se siente "para nada perseguida".
"No tengo esa preocupación de que el mundo me va a observar", afirmó y puso como ejemplo que "cuando uno usa la Internet, si entra a ver un hotel en Australia, en seguida le mandan propaganda de hoteles en ese país, pero eso en la educación no va a pasar" ya que el acuerdo no autoriza publicidad.
Muñoz reconoció que le "encantaría" que la plataforma sea nacional, tal como sugirió la Universidad. "Si hay una plataforma en el país sería fantástico, y si hay que crearla sería fantástico que pueda crearse. Nosotros no desconocemos los avances de Uruguay en todo lo que es la gente joven que se dedica a la creación de software", indicó la ministra.
Presupuesto.
La ministra se refirió también al presupuesto para la educación. "Hablamos de 60.000 personas" y "cualquier detalle es mucho dinero en las arcas públicas", por lo que aseguró "no puede haber una decisión vertical"."Lo que le corresponde al ministerio es empujar para que sin prisa y sin pausa se vayan produciendo cambios y se llegue a la meta planteada", 6% del PBI para la educación pública, aseguró. La ministra comentó que la aspiración de los docentes (salario de $ 30.000) no es descabellada, pero que el gobierno debe trabajar sobre el rezago salarial educativo en etapas y que en el primer año el aumento va a ser más moderado.
Baja matrícula obliga a cerrar entre cinco y diez escuelas rurales al año
Julio 14, 2015 17:45 El Observador
Según el director de Educación Rural, hay 250 escuelas a las que asisten menos de cinco alumnos
En un fenómeno relativamente reciente, hay algunas escuelas rurales que reabren para recibir niños que se mudan desde otras partes del país. "Hay zonas que pierden población, otras la mantienen y otras ganan en virtud de circunstancias laborales, lo que implica reabrir escuelas", explicó Santos.
En Uruguay, a diferencia de los países de la región, las escuelas rurales no cierran aunque tengan un solo niño inscripto. Según Santos, sólo se puede cerrar una escuela si se le encuentra una solución al alumno. Eso significa colocar al niño en una escuela de mayor tamaño sin que ello repercuta negativamente en el niño en términos de transporte y tiempo.
"Hay unas 250 escuelas con cinco niños o menos lo cual resulta un problema porque son escuelas que tienen que sobrevivir con muy poca gente a su alrededor", dijo Santos. Además, una cantidad tan reducida de alumnos puede afectar la socialización de los niños, una de las principales funciones de la escuela junto con la pedagógica.
Para mitigar ese problema Primaria trabaja sobre un modelo de gestión territorial de las escuelas rurales, que funcionan bajo la forma de agrupamiento. Esto implica que las escuelas más pequeñas trabajen con escuelas cercanas para realizar jornadas de integración para que los niños tengan contacto otros compañeros, explicó Santos.
En ese sentido, una de las herramientas con la que cuentan las escuelas rurales es el Plan Ceibal. La conexión con las ceibalitas permiten a los niños trabajar con compañeros de otras escuelas. "Hace que ni el maestro se sienta tan solo ni que los niños dejen de tener esa oportunidad de socializar con otros", sostuvo el director de Educación Rural.
En Uruguay hay alrededor de 1.100 escuelas rurales, de las cuales 900 tienen un solo maestro. Santos explicó que mientras el número de alumnos se reduce anualmente, hay una cantidad de escuelas similar a la de hace diez años.
El despoblamiento del campo sigue haciendo estragos
ENTREVISTA AL DIRECTOR del Departamento de Educación Rural
Límber Santos: "Cada vez hay menos niños en la escuela rural"
Julio 15, 2015 05:00 El Observador
En Uruguay hay 1.100
escuelas rurales, lo que representa la mitad de las instituciones con
las que cuenta el país y 18% de la matrícula de alumnos
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¿Cuál es el principal problema de las escuelas rurales?
El
tema de la matrícula no es inherente a la escuela, sino a las
circunstancias del campo. Es un problema de todo el siglo XX, por
migración del campo a la ciudad. Actualmente hay 900 escuelas con un
maestro. Hay escuelas que sobreviven con pocas familias alrededor. La
escuela no puede vivir sin la comunidad, la escuela apoya a la comunidad
y viceversa.
¿Es cierto que se cierran 10 escuelas todos los años?
Se
cierran entre 5 y 10 escuelas todos los años pero se abren escuelas
todos los años. Hay una baja en la población rural, se perdió 2 puntos
porcentuales y el número de niños es menor año a año. Hay zonas que
pierden población, otras que mantienen y otras que ganan población. Hay
necesidad de reabrir escuelas en esos lugares. Cuando se cierra una
escuela es porque se queda con 0 niños, a veces espera por si se instala
una familia y demora su cierre.
Si ponemos una gráfica de la evolución en la matrícula de las escuelas rurales y la población rural, ¿cómo sería?
El
numero de escuelas rurales no acompaña la matricula. Mantenemos una
cantidad similar de escuelas rurales que hace 5 años, un poco menor
porque se cierran más, pero no acompaña la misma proporción que la
matrícula, que tiene menos niños. Se hace lo mismo que en otros países
que mantienen la escuela aunque sean pocos niños los que concurran.
¿Qué problemas puede tener un niño que va a clase con dos compañeros o solo?
La
escuela no se cierra si va un solo niño, nosotros tratamos de que el
niño se reubique en otra escuela cercana con más niños. Pero a veces,
por ocasiones de distancia, no pueden ir, pese a que se instalan
transportes. Las soluciones no son tan fáciles. Se intenta tener
escuelas más grandes pero no es fácil.
¿Lo puede afectar no tener compañeros?
Nosotros
tratamos de acordar con los padres para que se traslade a otra escuela.
Pasa a ser como clase particular si hay un solo niño. El principal
problema es la socialización. Cuando hay cinco niños o menos, puede
haber problemas de socialización porque a veces hay grupos de hermanos y
no se diferencia la escuela de la familia, el adentro de la escuela al
afuera. Eso se puede solucionar. Trabajar bajo la forma de agrupamiento,
con otras escuelas geográficamente cercanas para trabajar cada 15 días,
y que ese niño vea a otros compañeros dentro del agrupamiento. Las
tecnologías ayudan bastante para que a través del Plan Ceibal, se pueda
trabajar con otros niños.
¿Cómo afrontan el problema del despoblamiento del campo?
Trasciende
a la escuela porque es un problema estructural causal complejo. Desde
el año 1933 denunciaron los maestros esta situación. La escuela podía
contribuir para resolver el problema. Tiene un componente social muy
fuerte pero no puede cambiar las lógicas vinculadas a lo económico. La
escuela tiene que ofrecer propuestas de la misma calidad que una
escuela urbana. Si además la familia se va por otros motivos y ve que la
escuela no le brinda las mismas oportunidades, ese sí es un problema
de la escuela. Tiene que elaborar un programa pedagógico interesante que
le llegue al niño. Una escuela abierta permite que el niño decida
quedarse y que una familia se instale, si la escuela se cerró la
familia no se va a instalar ahí. La escuela quizá lo que más contribuye
es con el componente social. Sigue siendo un lugar de referencia en lo
social. La escuela está abierta para que todo el mundo la utilice.
¿En las escuelas rurales se utiliza el mismo programa educativo que en las urbanas?
Si, el programa es único, desde 2008. Por primera vez no se hizo diferencia entre escuelas urbanas y rurales.
