El Parlamento Europeo aprueba el CETA, el acuerdo de libre comercio con Canadá
La Comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo
(PE) aprobó este martes el acuerdo de libre comercio conocido como CETA
entre la Unión Europea (UE) y Canadá.
El texto votado logró 25 votos a favor, 15 en contra y una abstención. Para entrar en vigor, el acuerdo requiere el voto afirmativo en el pleno de la Eurocámara, previsto para el mes de febrero, recordó el PE en un comunicado.
Además de la luz verde del PE deberá conseguir el visto bueno de los parlamentos nacionales, un proceso que se anuncia largo e incierto, al menos en Holanda, donde sus ciudadanos rechazaron el acuerdo en un referéndum el pasado mes de abril.
”Teniendo en cuenta el creciente proteccionismo y el populismo, el Parlamento puede y está deseando actuar en nombre de los ciudadanos europeos. Yo defiendo una Europa fuerte y global y unos mercados abiertos”, dijo el eurodiputado letón del Partido Popular Europeo (PPE) Artis Pabriks, ponente del informe para la Comisión de Comercio.
Si el pleno de la Eurocámara le da el visto bueno en febrero, el CETA podría empezar a aplicarse con carácter provisional en abril de este año.
El pasado mes de octubre, la UE y Canadá llegaron a un acuerdo preliminar tras desbloquearse el rechazo de la región belga de Valonia.
El pacto prevé incrementar los intercambios bilaterales en 12.000 millones de euros al año.
El CETA es un acuerdo de libre comercio que no solo elimina derechos de aduanas, sino que también estandariza ciertas normas para facilitar los intercambios.
Así, reduce o elimina gravámenes en ambas fronteras y bajo condiciones precisas a productos agrícolas, ganadería y lácteos, pescado, manufacturas o metales. - EFE
El texto votado logró 25 votos a favor, 15 en contra y una abstención. Para entrar en vigor, el acuerdo requiere el voto afirmativo en el pleno de la Eurocámara, previsto para el mes de febrero, recordó el PE en un comunicado.
Además de la luz verde del PE deberá conseguir el visto bueno de los parlamentos nacionales, un proceso que se anuncia largo e incierto, al menos en Holanda, donde sus ciudadanos rechazaron el acuerdo en un referéndum el pasado mes de abril.
”Teniendo en cuenta el creciente proteccionismo y el populismo, el Parlamento puede y está deseando actuar en nombre de los ciudadanos europeos. Yo defiendo una Europa fuerte y global y unos mercados abiertos”, dijo el eurodiputado letón del Partido Popular Europeo (PPE) Artis Pabriks, ponente del informe para la Comisión de Comercio.
Si el pleno de la Eurocámara le da el visto bueno en febrero, el CETA podría empezar a aplicarse con carácter provisional en abril de este año.
El pasado mes de octubre, la UE y Canadá llegaron a un acuerdo preliminar tras desbloquearse el rechazo de la región belga de Valonia.
El pacto prevé incrementar los intercambios bilaterales en 12.000 millones de euros al año.
El CETA es un acuerdo de libre comercio que no solo elimina derechos de aduanas, sino que también estandariza ciertas normas para facilitar los intercambios.
Así, reduce o elimina gravámenes en ambas fronteras y bajo condiciones precisas a productos agrícolas, ganadería y lácteos, pescado, manufacturas o metales. - EFE
Movilizaciones en toda Europa para frenar el CETA, el "caballo de Troya" del TTIP
Publicado: 21 ene 2017 04:46 GMT - RT
El Parlamento Europeo previsiblemente
ratificará el acuerdo de libre comercio entre la UE y Canadá el próximo
mes de febrero.
"Tenemos una visión de Canadá mucho más amable que la de EE.UU., pero a nivel económico el funcionamiento es similar. El 80% de las multinacionales estadounidenses tienen sede en Canadá y, mediante el CETA, podrán actuar en Europa, por lo que de alguna forma este tratado es la puerta trasera por la que se nos va a colar el TTIP", explica a RT Cuca Hernández, portavoz de la campaña estatal 'No al TTIP' e integrante de Attac, la Asociación por la Tasación de las Transacciones Financieras y por la Acción Ciudadana.
Las movilizaciones están convocadas en toda Europa para pedir a los eurodiputados que voten 'no' al tratado, en una jornada prevista inicialmente para el 14 de febrero. "Pedimos el voto negativo porque, por un lado, la Comisión Europea ha propuesto su aplicación provisional una vez que sea aprobado por el Parlamento Europeo y, por otro lado, porque se ha solicitado desde diversos organismos la consulta al Tribunal Europeo de Estrasburgo para que defina si el Tratado está de acuerdo con la legislación europea", explica la portavoz.
Entre los grupos que se han posicionado en contra del CETA, pero también de otros acuerdos comerciales como el TTIP y el TISA, está Izquierda Unitaria Europea. "Entendemos que no son tratados comerciales porque lo que pretenden es hacer una especie de Constitución transatlántica que cambie nuestras normas y nuestras regulaciones", afirma Marina Albiol, eurodiputada de Izquierda Unida y portavoz en el Parlamento Europeo de Izquierda Plural, en una conversación con RT.
Además, explica la eurodiputada, estos tratados comerciales "van a afectar a nuestros derechos laborales y va a ser un duro golpe para el medioambiente, para el sector agrario y para las pequeñas y medianas empresas": "Representan un retroceso en nuestros derechos, pero también un ataque a la democracia por el cómo se han estado negociando, en secreto y de espaldas a la ciudadanía", añade.
"Hacemos
una gran llamada a los socialdemócratas, que si de verdad han roto la
gran coalición, que si de verdad quieren volver a situarse en la
izquierda, o al menos en el lado progresista, voten en contra del
CETAl".
Marina Albiol, eurodiputada y portavoz de Izquierda Unida
Marina Albiol, eurodiputada y portavoz de Izquierda Unida
"No hay una posición unánime dentro de los socialdemócratas. Aunque hay algunos diputados que parece que van a votar en contra, no son la mayoría y tampoco son los españoles, que van a votar a favor", explica Albiol. "Nosotras hacemos una gran llamada a los socialdemócratas, que si de verdad han roto la gran coalición, que si de verdad quieren volver a situarse en la izquierda, o al menos en el lado progresista, voten en contra del CETA, que será la mejor demostración de todo ello", añade.
En el caso de que el Parlamento Europeo ratifique el tratado, amplias secciones de este acuerdo comercial y de inversiones se aplicarán de forma provisional; es decir, antes de que sea votado para su confirmación final en los parlamentos nacionales de los 28 miembros de la Unión Europea.
En este sentido, la eurodiputada de IU celebra la decisión de que finalmente el CETA sea un tratado mixto y, por tanto, tenga que votarse en los distintos Estados miembros: "Es un éxito de la presión y de las movilizaciones, y ha sido una exigencia desde el principio de las plataformas y de los movimientos sociales".
Sin embargo, denuncia Albiol, "es absolutamente antidemocrático que, si es un tratado mixto y tiene que pasar por los Estados miembros, se aplique antes de su ratificación. Es un golpe en democracia. Nosotras confiamos en que en ese paso por los Estados miembros no sea aprobado y, por tanto, no se aplique nunca".
Los puntos más preocupantes del CETA:
- El mecanismo de solución de controversias entre inversores y Estado: consagra un sistema judicial paralelo y unidireccional al que los inversores extranjeros pueden acudir para defender sus intereses eludiendo el sistema jurídico existente."Supone un desequilibrio en cuanto a los derechos jurídicos que tienen las grandes empresas y los derechos del resto de la ciudadanía. Es un tribunal exclusivo para las empresas extranjeras y les permite demandar a los Estados ante cualquier modificación de la legislación que ellos consideren que va en contra de sus intereses", explica Cuca Hernández.
- Limita seriamente la capacidad de los gobiernos para crear, expandir y regular los servicios públicos, así como para revertir liberalizaciones y privatizaciones fracasadas.
- Provoca que Canadá y la UE sean más vulnerables a las crisis financieras puesto que se producirá una mayor liberalización de los mercados financieros.
- Las cláusulas del CETA en cuanto a cooperación reguladora y a la capacidad normativa de los estados pondrían obstáculos adicionales a las regulaciones, reforzando el papel de los lobbies en los procesos democráticos y socavando potencialmente la adopción de políticas de interés público.
- Expone a los agricultores a más presión debido a la competitividad comercial y amenaza los estándares de producción y procesamiento de alimentos, haciendo imposible el desarrollo de una agricultura sostenible.
- En el texto de este acuerdo, el desarrollo de los derechos laborales y el desarrollo sostenible son voluntarios y no legalmente vinculantes, por lo que no pueden ser efectivamente reforzadas mediante sanciones.
- Un estudio independiente de los impactos económicos del CETA predice que se perderán puestos de trabajo tanto en la UE como en Canadá.
- Podría aumentar el coste de las prescripciones de medicamentos e impactaría negativamente en derechos fundamentales como el derecho a la privacidad y a la protección de datos. También limitaría la capacidad tanto de la UE como de Canadá de actuar contra patentes excesivas.
- Pone en grave riesgo el principio de precaución, consagrado en el Tratado de la UE, que permite adoptar medidas protectoras frente a productos o tecnologías sospechosos de poner en riesgo la salud pública o el medio ambiente.
El Parlamento Europeo da el primer paso para ratificar el CETA
La Eurocámara ha dado el primer paso
para cumplir la ratificación formal del acuerdo comercial entre la
Unión Europea y Canadá (CETA), con el voto a favor de la Comisión de
Comercio Internacional del Parlamento Europeo.
|BRUSELAS|2017/01/24 12:03
Concentración contra el CETA y el TTIP, el pasado sábado en Iruñea. (Jagoba MANTEROLA/ARGAZKI PRESS)
Con 25 votos a favor, 15 en contra y cero abstenciones, la
Comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo ha
explicitado su apoyo al CETA. La posición favorable será sometida al
voto de la plenaria en su reunión del 15 de febrero en Estrasburgo,
según ha anunciado el presidente de la comisión europarlamentaria, el
alemán Bernd Lange.
La Eurocámara puede aprobar o rechazar el pacto comercial, pero no modificar sus disposiciones. En el voto, han sido rechazadas tanto las enmiendas que llamaban a tumbar el CETA, como aquellas que abogan por aplazar un año o seis meses el consentimiento.
El acuerdo de libre comercio entre la UE y Canadá es un acuerdo de competencia «mixta» que del lado europeo comparten la propia UE y los Estados miembros, lo que implica que para su aplicación plena será necesario también contar con el visto bueno formal de cada uno de los países miembros de la UE.
Con todo, la Unión Europea espera que, si el acuerdo recibe luz verde de parte de la Eurocámara, su puesta en marcha «provisional» y parcial sea posible ya desde el mes de abril, según han explicado fuentes parlamentarias.
Las negociaciones entre la UE y Canadá llegaron a su conclusión en setiembre de 2014, pero las partes solo lograron firmar el pacto a finales de octubre de 2016 y tras superar un último veto de Bélgica, por las reservas de la región de Valonia.
Las dudas que plantean algunas de sus disposiciones más polémicas, como la legalidad del sistema de arbitraje entre Estados y multinacionales, y el que fuera visto como antesala para el acuerdo transatlántico entre la UE y Estados Unidos (TTIP) –cuyas conversaciones están ahora congeladas– ha complicado su ratificación.
El título de esta obra es claramente sarcástico y la escritora apela los autores del asesinato de Lasa y Zabala: "¿Cuál fue el honor de los que lo hicieron?" Y no solo con sus manos, sino también con sus decisiones políticas. "A uno de los autores lo llamaban Dios, y ese Dios es la X que siempre quedará en los anales de la historia".
"El relato oficial desmantela toda la lucha que impidió la continuidad del franquismo". Ahí se encuentran, dice Juan Carlos Monedero, "los hombres y mujeres que pueden anticipar nuestra rabia porque se atrevieron a decir no".
La Eurocámara puede aprobar o rechazar el pacto comercial, pero no modificar sus disposiciones. En el voto, han sido rechazadas tanto las enmiendas que llamaban a tumbar el CETA, como aquellas que abogan por aplazar un año o seis meses el consentimiento.
El acuerdo de libre comercio entre la UE y Canadá es un acuerdo de competencia «mixta» que del lado europeo comparten la propia UE y los Estados miembros, lo que implica que para su aplicación plena será necesario también contar con el visto bueno formal de cada uno de los países miembros de la UE.
Con todo, la Unión Europea espera que, si el acuerdo recibe luz verde de parte de la Eurocámara, su puesta en marcha «provisional» y parcial sea posible ya desde el mes de abril, según han explicado fuentes parlamentarias.
Las negociaciones entre la UE y Canadá llegaron a su conclusión en setiembre de 2014, pero las partes solo lograron firmar el pacto a finales de octubre de 2016 y tras superar un último veto de Bélgica, por las reservas de la región de Valonia.
Las dudas que plantean algunas de sus disposiciones más polémicas, como la legalidad del sistema de arbitraje entre Estados y multinacionales, y el que fuera visto como antesala para el acuerdo transatlántico entre la UE y Estados Unidos (TTIP) –cuyas conversaciones están ahora congeladas– ha complicado su ratificación.
"Europa hundió a los trabajadores de los países del sur para que los ricos del norte sacaran beneficios"
'El honor de Dios', la nueva novela de la escritora, periodista y feminista Lidia Falcón, transita entre las cloacas de la transición española y rescata, desde la ficción, el asesinato de Lasa y Zabala a través de los ojos de sus personajes femeninos.
S. CALVO . PÚBLICO - Publicado: 18.01.2017 23:07
MADRID. — Cambiar el relato
"rosa" de la Transición española —edulcorado por discursos y
producciones de la televisión pública como la serie Cuéntame cómo pasó— por uno real y realista, "veraz y descarnado", una mirada sobre aquellos años "desde el compromiso feminista, desde el compromiso socialista y desde el compromiso con la verdad". Son las palabras que utiliza Juan Carlos Monedero, uno de los acompañantes en la presentación del nuevo libro de Lidia Falcón. La abogada, escritora e histórica dirigente del Partido Feminista presenta su último libro, El honor de Dios (El Viejo Topo, 2016) este jueves a las 19 horas en la biblioteca Eugenio Trías del madrileño parque del Retiro.
Allí estará, junto a Monedero, la política y abogada Cristina Almeida, el periodista Fernando L. Agudín y la magistrada y ex secretaria de Estado de Interior, Margarita Robles, quien definió a la autora como "un icono de mujer luchadora, feminista y sin miedo". Pero, ¿a qué sigue temiendo Lidia Falcón?
"A estas alturas de la vida, con los hijos criados y las cuentas
hechas, a nada", afirma, convencida de que aquello que tiene que asustar
a las personas es la pérdida del honor, porque es "lo único que quedará
más allá de la muerte".
El honor de Dios reconstruye, desde la ficción y con una potente base histórica, los asesinatos de Lasa y Zabala dando
voz a los personajes femeninos, auténticos protagonistas envueltos en
la búsqueda de dos chavales desaparecidos en la oscura España de la
transición. "De aquellos tiempos derivan los problemas que tenemos hoy",
lamenta Falcón y denuncia que la actual situación de crisis en todos
los ámbitos —económica, social, de representación, política— "no nos ha caído del cielo; nos lo metieron con coacción. La transición dejó muchos muertos". Y hambre y la misera que nos llega hasta hoy.
Esa
parte de la historia explica, según la líder del Partido Feminista,
"por qué somos unos desgraciados". El problema de España no fue local,
el departamento de Estado de EEUU y la socialdemocracia alemana también
tuvieron mucho que decir, para Falcón: "Europa hundió a los trabajadores
de los países del sur para que los ricos del norte sacaran beneficios"El título de esta obra es claramente sarcástico y la escritora apela los autores del asesinato de Lasa y Zabala: "¿Cuál fue el honor de los que lo hicieron?" Y no solo con sus manos, sino también con sus decisiones políticas. "A uno de los autores lo llamaban Dios, y ese Dios es la X que siempre quedará en los anales de la historia".
"El relato oficial desmantela toda la lucha que impidió la continuidad del franquismo". Ahí se encuentran, dice Juan Carlos Monedero, "los hombres y mujeres que pueden anticipar nuestra rabia porque se atrevieron a decir no".
La muerte del Acuerdo Transpacífico
Pedro Miguel - LA JORNADA
Para estrenarse en el cargo, el presidente Donald Trump mató ayer al Acuerdo Transpacífico (TPP, por sus siglas en inglés, ATP por su abreviatura en español), que estaba llamado a ser una de las tres piedras de toque del edificio de la globalización neoliberal, un mecanismo de anulación de los estados nacionales ante las embestidas de los capitales sin patria y un muro de contención en contra de India, Rusia y China. Así como el fin de semana multitudes en diversos países repudiaron con toda la razón el hecho monstruoso de que un individuo racista, misógino, inescrupuloso, demagógico e ignorante preside la principal potencia económica, militar y tecnológica del planeta, debería haber mucha gente en las calles celebrando el aborto del ATP en todos los países que iban a quedar bajo el imperio corporativo de ese tratado.
En concreto, es preciso intensificar la presión social sobre el gobierno de Enrique Peña Nieto, que para hacer frente al nuevo escenario no tiene más reflejos que el entreguismo y la claudicación. A fin de cuentas, desde los años 80 del siglo pasado la camarilla gobernante sigue al pie de la letra un programa histórico claro y simple: vender el país (territorio, recursos, bienes y población) a los intereses corporativos extranjeros y nacionales y lograr, en la compraventa, riquezas personales inusitadas para quienes forman parte del clan, independientemente de que sean priístas, panistas, perredistas, verdes o de otras franquicias electorales menores.
Al mismo tiempo, es urgente ahondar y extender la construcción de un tejido social que sea capaz de asimilar a los connacionales que serán expulsados del país vecino y a los que se quedarán sin trabajo aquí por la inminente renegociación (que podría llegar a ser una abrogación de hecho) del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Hoy más que nunca, la fortaleza del vapuleado mercado interno depende de la vocación gregaria y colectiva que aún persiste en la sociedad, a pesar de tres décadas de prédica individualista de los neoliberales en el poder, y de la cooperación más que de la competencia. Ese empeño habrá de realizarse desde abajo, por la sociedad misma, por la simple razón de que la administración peñista carece de la voluntad, de la capacidad y de la cultura para pensar la economía nacional en términos distintos a los de la inserción en la globalidad neoliberal.
Es posible que los bruscos manotazos trumpistas sobre el
modelo de supeditación económica de México a Estados Unidos acelere y
agrave la bancarrota del grupo en el poder pero no parece haber a la
vista una posibilidad concreta de reconfiguración radical del poder
público. Eso significa que probablemente habremos de vivir dos años de
crisis y deterioro crecientes y de una profundización de la pesadilla
que es el peñato, y que el momento pleno de la sociedad deba a los
tiempos de la legalidad institucional, es decir, a las elecciones
presidenciales de 2018, y que esa coyuntura haga posible la conformación
de un gran frente popular y social que haga realidad el cambio de rumbo
que se necesita.
Por lo pronto, la muerte del ATP, así haya provenido de la misma mano que amenaza a México y al mundo con emprender una reconstrucción de la prepotencia imperial de Estados Unidos, es un hecho digno de celebrarse porque con ella se desvanece un peligro gravísimo de disolución del Estado nacional y se frustran los planes más entreguistas del presente régimen.
navegaciones.blogspot.com
Twitter: @Navegaciones - navegaciones@yahoo.com
Por lo pronto, la muerte del ATP, así haya provenido de la misma mano que amenaza a México y al mundo con emprender una reconstrucción de la prepotencia imperial de Estados Unidos, es un hecho digno de celebrarse porque con ella se desvanece un peligro gravísimo de disolución del Estado nacional y se frustran los planes más entreguistas del presente régimen.
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El “fontanero” de Berlusconi en Bruselas, nuevo presidente de la EurocámaraLa ciudadanía europea tiene muchas razones para estar preocupada. El mismo día en el que la primera ministra del Reino Unido, Theresa May, anunció un Brexit “duro” y xenófobo, con el cierre de fronteras y salida del Mercado Único y la Unión Aduanera Común. Una mayoría neoliberal en el Parlamento Europeo formada por el Partido Popular (PPE), Liberales (ALDE) y Conservadores (ECR) han propiciado la elección de Antonio Tajani como presidente de la cámara, asegurando de esta forma que las tres instituciones de la UE estén controladas por los populares.
Antonio Tajani, conocido como el “fontanero” de Berlusconi en Bruselas, ha sido eurodiputado
del Partido Popular Europeo (PPE) desde 1994, salvo en el periodo entre
2008 y 2014 en el que fue miembro de la Comisión Europea. Contribuyó a la fundación del partido Forza Italia de
tinte ultra-conservador liderado por Berlusconi que mantuvo durante
años acuerdos de gobierno con la extrema derecha de la Liga Norte y los
postfascistas de Alianza Nacional. No sabemos si desde su recién
estrenado cargo de presidente de la Eurocamara, Tajiani se entenderá
también con sus antiguos socios políticos agrupados en el grupo de la
Europa de las Naciones y la Libertad (ENF) liderados por Marine Le Pen.
Así mismo, Tajani nunca se desmarcó de Berluconi y su legado, hasta el
punto de no condenar las acusaciones contra su ex-jefe por corrupción,
abuso de poder, incitación a la prostitución de menores y subversión del orden democrático, ni siquiera cuando Berlusconi fue condenado por delito de fraude fiscal en el llamado “Caso Mediaset”.
Podemos decir que
Tajani es parte del ala más dura del partido popular europeo, enemiga de
los derechos y libertades en especial de las mujeres y de colectivos
LGTBI. En este sentido, el nuevo presidente de la Eurocámara nunca se ha
retractado por sus declaraciones homófobas o su constante ataque a los derechos de las mujeres, afirmando que “hijos
de parejas del mismo sexo sufren, con certeza, problemas psicológicos y
experimentan dificultades para ser aceptados socialmente” como ha denunciado, entre otras, ILGA-Europa – la federación Europea de Asociación Internacional de Lesbianas, gays, Trans e Intersex – un paraguas de 490 ONGs de 45 países europeos.
En este sentido, Tajani votó en contra de la Estrategia de la UE para la igualdad de género 2015-2020 y ha mostrado su constante oposición al aborto y a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
Es además uno de los firmantes del manifiesto “One of Us” que defiende
la definición del individuo “desde su concepción hasta su muerte
natural” y promueve los valores de “vida, familia, maternidad y
matrimonio”.
Como comisario europeo encargado de la reglamentación de la industria automovilística, Tajiani ignoró todos los avisos sobre el #Dieselgate, el fraude en las emisiones contaminantes de las grandes multinacionales como Volkswagen y Fiat entre otras pero además pidió una moratoria reglamentaria en 2012
que tuvo repercusiones en la Dirección General de Empresas de la
Comisión Europea, contribuyendo a una ralentización de la actividad
legislativa.
En 2015, se
descubrió que los vehículos diésel de Volkswagen fabricados en la UE
contenían dispositivos manipulados que, en condiciones de laboratorio,
limitarían la emisión de óxidos de nitrógeno nocivos, contaminantes que
en 2015 causaron unas 75.000 muertes prematuras en Europa.
A medida que la
investigación sobre el asunto Dieselgate se profundiza tanto en el país
de origen de Volkswagen (Alemania) como en el de la UE, el papel de la
Comisión Europea en el escándalo se está poniendo de manifiesto.
Diferentes documentos revelan el intento ilegal de la Comisión Europea,
concretamente de la Dirección General Empresa de demorar la aplicación
de las normas de emisiones de la UE para los coches diésel en un intento
de ayudar a la industria a ahorrar dinero. Tajani debería dar cuenta
ante el comité de investigación del Parlamento Europeo (EMIS), en tanto
recién elegido presidente de la Eurocámara, despejando cualquier duda
sobre el posible papel en el escándalo y la falta de voluntad política
de la Comisión para impulsar a tiempo una normativa para cumplir con los
límites de emisión.
En algunos medios se
han referido al nuevo presidente del Europarlamento como un amigo de
España, yo creo que es bueno no confundir España con Rajoy, el Partido
Popular y las multinacionales españolas. De hecho, Tajani intercedió a
favor de los intereses de las grandes empresas cuando fue comisario,
como por ejemplo, en el conflicto entre Sacyr y Panamá por los
sobrecostes del Canal. Pero es bueno diferenciar entre los intereses
privados de las grandes corporaciones y los intereses de los
trabajadores. Un matiz muy importante, más aun teniendo en cuenta el
reciente estudio de Oxfam según el cual la concentración de capitales y
la desigualdad se han agudizado en 2016. Hasta tal punto que ocho
personas concentran en sus manos el equivalente a la riqueza de la mitad
más pobre de la población mundial. España sigue siendo el segundo país
de la UE en donde más ha crecido la desigualdad desde que estalló la
crisis, tan solo detrás de Chipre y 20 veces más que el promedio
europeo. El 10% de los españoles más ricos concentran ya más riqueza (un
56,2%) que el resto de la población. Y mientras la fortuna de los tres
más ricos aumentó en un tres por ciento, “el 30% más pobre del país
perdió un tercio de la suya”.
Tajani, en
definitiva, sabemos que representará los planes del Partido Popular
Europeo y de las élites, pero la incógnita es cuál será el papel del
grupo socialista europeo, si están dispuestos a romper con los
conservadores y neoliberales o bien reeditan la Gran Coalición. Los
deseos de Tajani son claros: “Yo creo que después de la votación
podremos volver a trabajar juntos.” Tendiendo la mano al grupo
Socialista “en aras de la estabilidad en la Cámara” con la intención de
mantener la alianza que ha gobernado el Parlamento durante los últimos
años, y que por el momento solo se ha roto formalmente por una disputa
de sillones entre populares y socialistas. La primera oportunidad de
desvelar esta incógnita y saber realmente el alcance de la erosión de la
Gran Coalición, será la posición de los socialistas el 15-16 de febrero
cuando se votará el Acuerdo Económico y Comercial con Canadá (CETA) que
supone un peligro para la democracia, los servicios públicos y los
derechos laborales.
El
tono histriónico, teatral, machista, xenófobo e irrespetuoso de
Berlusconi conectó a la perfección con el alto desprestigio de la
política entre la sociedad italiana tras la ruptura del sistema de
partidos tras el “Tangentópolis” italiano. Su secreto no era otro que
presentarse como un “no-político”, como un empresario triunfador, un
gestor, reflejo de las aspiraciones sociales del italiano medio. No
sabemos si Tajiani representará el papel histriónico de Berlusconi desde
la tribuna de la presidencia del Parlamento, lo que parece fuera de
toda duda es que su elección supone un nuevo giro hacia la derecha del
conjunto de las instituciones europeas que cada vez se acercan más en
formas y en contenido a esa extrema derecha en auge en Europa. En lugar de plantear contrapropuestas para combatir estos discursos excluyentes, los partidos del establishment están
aceptando el terreno de confrontación que propone la extrema derecha,
asumiendo así buena parte de sus postulados. De esta forma y en última
instancia, normalizan ese discurso y legitiman el espacio político que
conjuntamente van generando. Es lo que en Francia se conoce desde hace
años como “lepenización de los espíritus” y puede que a partir de ahora
también se pueda hablar de una Berlusconización de la política europea.
Oxfam, Davos y los pronósticos del FMI
Publicado: 16 ene 2017 23:04 GMT - RT
Las
estadísticas desplegadas por la ONG Oxfam en torno a la desigualdad
creciente en el mundo no dejan lugar a dudas: estamos ante uno de los
momentos de mayor concentración de la riqueza de las últimas décadas,
donde justamente el neoliberalismo se expandió a escala global. ¿En qué
cifras concretas se expresa esto? ¿Hay alguna contratendencia regional?
¿La desigualdad es mayor para las mujeres? Vayamos por partes.
Ocho hombres -Bill Gates, Warren Buffett, Carlos Slim, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Amancio Ortega, Larry Ellison and Michael Bloomberg- disponen de una fortuna sumada de 426 mil millones de dólares, equivalente a los recursos de 3.600 millones de las personas más pobres del mundo, de acuerdo al más reciente análisis de este organismo. En el informe también se da cuenta de los 7,6 billones de dólares ocultos en paraísos fiscales, y de la profunda desigualdad de género, que se verifica en un dato puntual: de los 1810 millonarios del mundo, el 89% son hombres.
Como contratendencia, Oxfam cita a América Latina y particularmente a Brasil, durante los períodos de gobierno de Lula, mencionando los aumentos del salario mínimo y las políticas de ampliación de derechos sociales (allí está el ejemplo de las empleadas domésticas, tomado en el informe como paradigmático en cuanto a la inclusión). Paradójicamente, todo ello está hoy puesto nuevamente en jaque, visto y considerando la ley PEC 55 -prevé el congelamiento de inversión social por los próximos 20 años- que implementará el gobierno de facto de Michel Temer, que arribó a Planalto a través de una maniobra destituyente que fue catalogada como "golpe parlamentario" por diversos analistas y medios de comunicación.
Primera conclusión: mientras América Latina conseguía, durante la última década y media, un pujante cuestionamiento al neoliberalismo, este avanzaba raudamente a escala global, tal como demuestra el informe de Oxfam, aún cuando la unipolaridad norteamericana comenzaba a ser cuestionada. El intento de "restauración conservadora" que actualmente emerge en la región viene a profundizar -y en algunos casos a instaurar- localmente un modelo que es desigual globalmente, pero que en nuestra región había quedado severamente cuestionado tras las profundas crisis económicas y políticas de inicio del siglo XX.
Segunda conclusión: el mundo va camino a un "cuello de botella" cada vez más extendido, que amenaza cualquier tipo de estabilidad política-económica a mediano plazo. "En los próximos 20 años, 500 personas legarán 2,1 billones de dólares a sus herederos, suma que supera el PBI de India (1.300 millones de habitantes)" dice Oxfam, ilustrando en un ejemplo bien concreto los peligros que asoman en el horizonte.
Al momento de conocerse esta información, que llega año tras año en la previa al Foro Económico Mundial de Davos, también se conocen las proyecciones "a la baja" del FMI para toda América Latina de cara a 2017. Estos datos son especialmente significativos para Brasil y Argentina, cuyas nuevas gestiones de gobierno habían sido saludadas por las autoridades del FMI por su orientación abiertamente libre-cambista.
"La revisión a la baja en América Latina refleja en gran medida una menor expectativa de recuperación a corto plazo en la Argentina y en Brasil, tras las cifras de crecimiento que defraudaron las expectativas en torno al segundo semestre de 2016" cita textualmente el informe, que entierra las previsiones anteriores (en octubre de 2016, Argentina aparecía con una previsión de crecimiento de 2.7% para 2017)
Tercera conclusión: el mundo del Foro de Davos y el FMI es a todas luces distante de las necesidades diarias de miles de millones de personas, que son precisamente las que tienen que "sacrificarse" en vías a un futuro que, desde los discursos de la ortodoxia liberal, siempre es prometedor, pero al que jamás se llega por la vía del "derrame".
Ocho hombres -Bill Gates, Warren Buffett, Carlos Slim, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Amancio Ortega, Larry Ellison and Michael Bloomberg- disponen de una fortuna sumada de 426 mil millones de dólares, equivalente a los recursos de 3.600 millones de las personas más pobres del mundo, de acuerdo al más reciente análisis de este organismo. En el informe también se da cuenta de los 7,6 billones de dólares ocultos en paraísos fiscales, y de la profunda desigualdad de género, que se verifica en un dato puntual: de los 1810 millonarios del mundo, el 89% son hombres.
Como contratendencia, Oxfam cita a América Latina y particularmente a Brasil, durante los períodos de gobierno de Lula, mencionando los aumentos del salario mínimo y las políticas de ampliación de derechos sociales (allí está el ejemplo de las empleadas domésticas, tomado en el informe como paradigmático en cuanto a la inclusión). Paradójicamente, todo ello está hoy puesto nuevamente en jaque, visto y considerando la ley PEC 55 -prevé el congelamiento de inversión social por los próximos 20 años- que implementará el gobierno de facto de Michel Temer, que arribó a Planalto a través de una maniobra destituyente que fue catalogada como "golpe parlamentario" por diversos analistas y medios de comunicación.
Primera conclusión: mientras América Latina conseguía, durante la última década y media, un pujante cuestionamiento al neoliberalismo, este avanzaba raudamente a escala global, tal como demuestra el informe de Oxfam, aún cuando la unipolaridad norteamericana comenzaba a ser cuestionada. El intento de "restauración conservadora" que actualmente emerge en la región viene a profundizar -y en algunos casos a instaurar- localmente un modelo que es desigual globalmente, pero que en nuestra región había quedado severamente cuestionado tras las profundas crisis económicas y políticas de inicio del siglo XX.
Segunda conclusión: el mundo va camino a un "cuello de botella" cada vez más extendido, que amenaza cualquier tipo de estabilidad política-económica a mediano plazo. "En los próximos 20 años, 500 personas legarán 2,1 billones de dólares a sus herederos, suma que supera el PBI de India (1.300 millones de habitantes)" dice Oxfam, ilustrando en un ejemplo bien concreto los peligros que asoman en el horizonte.
Al momento de conocerse esta información, que llega año tras año en la previa al Foro Económico Mundial de Davos, también se conocen las proyecciones "a la baja" del FMI para toda América Latina de cara a 2017. Estos datos son especialmente significativos para Brasil y Argentina, cuyas nuevas gestiones de gobierno habían sido saludadas por las autoridades del FMI por su orientación abiertamente libre-cambista.
"La revisión a la baja en América Latina refleja en gran medida una menor expectativa de recuperación a corto plazo en la Argentina y en Brasil, tras las cifras de crecimiento que defraudaron las expectativas en torno al segundo semestre de 2016" cita textualmente el informe, que entierra las previsiones anteriores (en octubre de 2016, Argentina aparecía con una previsión de crecimiento de 2.7% para 2017)
Tercera conclusión: el mundo del Foro de Davos y el FMI es a todas luces distante de las necesidades diarias de miles de millones de personas, que son precisamente las que tienen que "sacrificarse" en vías a un futuro que, desde los discursos de la ortodoxia liberal, siempre es prometedor, pero al que jamás se llega por la vía del "derrame".
Las declaraciones y opiniones
expresadas en este artículo son de exclusiva responsabilidad de su autor
y no representan necesariamente el punto de vista de RT.
Morgenfeld: El fin del TPP muestra la crisis del neoliberalismo
Leandro Morgenfeld, especialista argentino, aseveró que el TPP
“no tiene razón de ser sin Estados Unidos”, cuya retirada fue ordenada
por el presidente Trump.
El investigador e historiador Leandro Morgenfeld aseguró que la retirada de Estados Unidos del Acuerdo Transpacífico de Asociación Económica (TPP, por su sigla en inglés) ilustra “la crisis de la globalización neoliberal”.
Morgenfeld, en una entrevista para Sputnik Nóvosti, explicó que el TPP “pretendía ser un instrumento con el que el expresidente Barack Obama podía cercar económicamente a Chin”, por ello “no tiene razón de ser sin Estados Unidos”.
“Era el mayor acuerdo de libre comercio firmado en toda la historia y para entrar en vigencia, debía ser ratificado por 6 de los 12 países (de la cuenca del océano Pacífico) que lo firmaron en febrero de 2016, incluyendo a Estados Unidos y Japón”, precisó.
Mongenfeld detalló que los acuerdos del TPP son “mucho más que acuerdos de libre comercio”, debido a que incluyen “temas de patentes, propiedad intelectual, compras gubernamentales, garantías a la inversión extranjeras, normas laborales y medioambientales”.
El historiador indicó que el presidente de EEUU, Donald Trump, al firmar la orden ejecutiva para retirar su país del Acuerdo de Asociación Transpacífico está cumpliendo su promesa de la campaña electoral, la cual “le permitió ganar en los estados del Rust Belt (cinturón industrial de EEUU), golpeados por la caída del empleo industrial en las últimas dos décadas”.
Recordó que al contrario de Trump, la excandidata demócrata Hillary Clinton “y el sector más trasnacionalizado de la burguesía estadounidense habían apostado por esa estrategia de promover acuerdos de libre comercio”, lo que impulsó su derrota electoral.
Estados Unidos ha insistido en la firma de tratados de libre comercio bilaterales desde que fracasó en su intento de imponer el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) en 2005, proyecto que fue rechazado por los gobiernos progresistas de Latinoamérica. - Telesur | Sputnik
El investigador e historiador Leandro Morgenfeld aseguró que la retirada de Estados Unidos del Acuerdo Transpacífico de Asociación Económica (TPP, por su sigla en inglés) ilustra “la crisis de la globalización neoliberal”.
Morgenfeld, en una entrevista para Sputnik Nóvosti, explicó que el TPP “pretendía ser un instrumento con el que el expresidente Barack Obama podía cercar económicamente a Chin”, por ello “no tiene razón de ser sin Estados Unidos”.
“Era el mayor acuerdo de libre comercio firmado en toda la historia y para entrar en vigencia, debía ser ratificado por 6 de los 12 países (de la cuenca del océano Pacífico) que lo firmaron en febrero de 2016, incluyendo a Estados Unidos y Japón”, precisó.
Mongenfeld detalló que los acuerdos del TPP son “mucho más que acuerdos de libre comercio”, debido a que incluyen “temas de patentes, propiedad intelectual, compras gubernamentales, garantías a la inversión extranjeras, normas laborales y medioambientales”.
El historiador indicó que el presidente de EEUU, Donald Trump, al firmar la orden ejecutiva para retirar su país del Acuerdo de Asociación Transpacífico está cumpliendo su promesa de la campaña electoral, la cual “le permitió ganar en los estados del Rust Belt (cinturón industrial de EEUU), golpeados por la caída del empleo industrial en las últimas dos décadas”.
Recordó que al contrario de Trump, la excandidata demócrata Hillary Clinton “y el sector más trasnacionalizado de la burguesía estadounidense habían apostado por esa estrategia de promover acuerdos de libre comercio”, lo que impulsó su derrota electoral.
Estados Unidos ha insistido en la firma de tratados de libre comercio bilaterales desde que fracasó en su intento de imponer el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) en 2005, proyecto que fue rechazado por los gobiernos progresistas de Latinoamérica. - Telesur | Sputnik
Trump comienza el retiro de Estados Unidos del TLCAN
Publicado el 23 Enero 2017
Escrito por Agencias - EL CLARÌN DE CHILE
El
presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmará el lunes una orden
ejecutiva para renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del
Norte (TLCAN) y retirar a su país del Acuerdo Estratégico Transpacífico
de Asociación Económica (ATP), dijo la cadena NBC citando a un
funcionario de la Casa Blanca no identificado.
Funcionarios del Gobierno de Trump no estaban inmediatamente disponibles para confirmar el reporte a Reuters.
El
programa oficial del recién asumido presidente de Estados Unidos
incluye la firma de órdenes ejecutivas en la Oficina Oval a las 15 horas
30 GMT. El republicano hizo campaña con la promesa de renegociar el
tratado comercial con México y Canadá.
"Comenzaremos
las negociaciones vinculadas con el TLCAN", dijo Trump durante una
ceremonia de toma de juramento de sus asesores. "Vamos a comenzar las
renegociaciones del TLCAN, de la inmigración y de la seguridad en la
frontera", añadió.
Trump
prometió durante su campaña hacia la presidencia que si era elegido
renegociaría el pacto entre los países de América del Norte para lograr
términos más favorables para Estados Unidos.
El
TLCAN, que entró en vigor en 1994, y otros acuerdos comerciales se
convirtieron en los emblemas de la molestia de los votantes en los
estados del corazón industrial de Estados Unidos, que impulsaron la
victoria de Trump en noviembre.
CNN
reportó el lunes que la primera medida ejecutiva que Trump quiere
firmar es la salida de Estados Unidos del ATP, el acuerdo entre varios
países de la Cuenca del Pacífico que promovió el ex presidente Barack
Obama y que no llegó a ser ratificado por un Congreso de mayoría
republicana
Trump presidente: las palabras y los hechos
Por:
Atilio Borón
Economista y periodista argentino, quien dirigió Clacso.
Economista y periodista argentino, quien dirigió Clacso.
Este viernes Donald Trump
se convertirá en el 45ª presidente de Estados Unidos. El consenso entre
los analistas, salvo pocas excepciones, es que durante su gestión
“veremos cosas terribles”, como asegura Immanuel Wallerstein refiriéndose
al primer año de su gestión. También dice, y lo subraya con razón el
especialista panameño en asuntos estadounidenses, Marco Gandásegui, que
el magnate neoyorquino es un personaje “totalmente impredecible”.[1] De
ningún presidente estadounidense podemos esperar nada bueno. No porque
sean malvados sino porque su condición de jefes del imperio les impone
ciertas decisiones que en la soledad de su escritorio probablemente no
tomarían. Jimmy Carter es un ejemplo de ello; un buen hombre, como tantas veces lo recordara Fidel. Y Raúl
más de una vez se encargó de decir que el bloqueo contra Cuba y la
invasión de Bahía Cochinos comenzaron cuando Obama ni había nacido, y
apenas contaba un año cuando se produjo la crisis de los misiles en
Octubre de 1962.
¿Adónde voy con esta reflexión? A señalar que no sería para nada extraño que bien pronto la inflamada retórica de DT deje de tener un correlato concreto en el plano más proteico de los hechos políticos, económicos y militares. Trump es lo que en la jerga popular norteamericana se llama “un bocón”. Por eso habrá que ver qué es lo que logra concretar de sus flamígeras amenazas una vez que deje de vociferar desde el llano y se inserte en los gigantescos y complicadísimos engranajes administrativos del imperio. No cabe la menor duda de que el personaje es un hábil demagogo, que agita con maestría un discurso reaccionario, racista, homófobo, belicista, transgresor y “políticamente incorrecto” por designio propio. Pero su irresistible ascenso no sólo es un efecto de su habilidad como publicista y la eficacia de su interpelación demagógica. Es síntoma de dos procesos de fondo que están socavando la primacía de Estados Unidos en el sistema internacional: uno, la ruptura en la unidad política-programática de la “burguesía imperial” norteamericana, dividida por primera vez en más de medio siglo en torno a cuál debería ser la estrategia más apropiada para salvaguardar la primacía norteamericana. Dos, los devastadores efectos de las políticas neoliberales con sus secuelas de exclusión social, explotación económica y analfabetismo político inducido por las elites dominantes y que arrojó a grandes sectores de la población en brazos de un outsider político como Trump que en épocas más felices para el imperio hubiera sido barrido de la escena pública en las primarias de New Hampshire.
Trump dijo, e hizo, antes de entrar a la Casa Blanca, cosas terribles: desde acusar a los mexicanos (y por extensión a todos los “latinos”) de ser violadores seriales, narcotraficantes y asesinos hasta declarar públicamente, para horror de los alemanes, que era “germanofóbico”. O de provocar al dragón chino llamando por teléfono a la presidenta de Taiwán, lo que motivó una inusualmente dura protesta de Beijing; decirles a los europeos que la OTAN es una organización obsoleta y que lo del Brexit fue una buena decisión. Pero como aseguran los más incisivos analistas de la vida política norteamericana, por debajo de la figura presidencial (o, según se lo mire, por encima de ella) está aquello que Peter Dale Scott denominó como “estado profundo”: el entramado de agencias federales, comisiones del Congreso, lobbies multimillonarios que por años y años han financiado a políticos, jueces y periodistas, el complejo militar-industrial-financiero, las dieciséis agencias que conforman la “comunidad de inteligencia” , tanques de pensamiento del establishment y las distintas ramas de las fuerzas armadas, todas las cuales son las que tendrán que llevar a la práctica –o “vender” política o diplomáticamente- las bravuconadas de Trump. Pero esos actores, a quienes nadie elige y que ante nadie deben rendir cuentas, tienen una agenda de largo plazo que sólo en parte coincide con la de los presidentes. Ocurrió con Kennedy, después con Carter y Obama, y seguramente volverá a pasar ahora. Dos ejemplos: el jefe del Pentágono James “Perro Rabioso” Mattis puede hacer honor a su apodo pero difícilmente sea un idiota y por buenas razones -desde el punto de vista de la seguridad del imperio- no quiere saber nada con debilitar a la OTAN. Y va a ser difícil que Stephen Mnuchin, el Secretario del Tesoro designado, un hombre surgido de las entrañas de Goldman Sachs, vaya a presidir una cruzada proteccionista y auspiciar el “populismo económico” contra el cual combatió sin resuello durante décadas desde Wall Street.
¿Significa esto que deben tenernos sin cuidado los exabruptos verbales de Trump? De ninguna manera. Será preciso, más que nunca, estar alertas ante cualquier tropelía que pretenda hacer en Nuestra América. Sin duda continuará con la agenda de Obama: desestabilizar a Venezuela, promover el “cambio de régimen” (vulgo: contrarrevolución) en Cuba, acabar con los gobiernos de Bolivia y Ecuador y encuadrar, una vez más, a los países del área como obedientes satélites de Washington. Para lograr este objetivo, ¿irá a escalar esta agresión, que Obama no quiso, o no pudo, detener? Es muy poco probable. Ronald Reagan, con quienes a veces torpemente se lo compara, intervino abiertamente en Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Granada y en la Guerra de las Malvinas. Pero era otro contexto internacional: había un fenomenal tridente reaccionario formado por el propio Reagan con Margaret Thatcher y Juan Pablo II empeñado en demoler los restos del Estado de Bienestar y los proyectos socialistas; el Muro de Berlín estaba agrietado y la URSS venía cayendo en picada, sepultando a Rusia; y China no era ni remotamente lo que es hoy. Estados Unidos estaba llegando al apogeo de su poderío internacional. Hoy, en cambio, ya comenzó su irreversible declinación y el equilibrio geopolítico mundial es mucho menos favorable para Washington. Difícil, por no decir imposible, que el descarado intervencionismo reaganiano pueda ser replicado por DT en esta parte del mundo. Y si lo hiciera tropezaría con una generalizada repulsa popular que, como lo advirtiera Rafael Correa, movilizaría en contra de Washington a grandes masas en toda la región. Conclusión: el personaje es voluble, caprichoso e impredecible, pero el “estado profundo” que administra los negocios del imperio a largo plazo lo es mucho menos. Y en estos pasados quince años los pueblos de Nuestra América aprendieron varias lecciones.
Nota:
[1] Cf. “Donald Trump llega a la presidencia de EEUU”, en http://laestrella.com.pa/opini on/columnistas/donald-trump-ll ega-presidencia-eeuu/23981819
La banca confía en el tripartito informal PP-PSOE-C’s. Y lo demuestra con hechos, según certifica el Tribunal de Cuentas (TCu) en el reciente informe en el que fiscaliza la campaña electoral del 20 de diciembre (http://www.tcu.es/repositorio /c830bd82-ed2c-4d4c-b3b7-be693 aa4bf48/I1183.pdf)
de 2015: concedieron a los tres primeros casi 27 millones de euros en
créditos con los que cubrieron casi dos tercios de su presupuesto.
PP, PSOE y C’s recibieron con esos 27 millones de euros en créditos
casi el 80% de la financiación que sumó en esas elecciones todo el
espectro político, aunque el grado de confianza fue dispar. Los
conservadores recibieron la mayor cifra --10,7 millones--, aunque esta
solo supuso el 49,5% de su presupuesto, mientras los socialistas,
entonces liderados por Pedro Sánchez, obtuvieron 8,6, con los que
cubrieron el 60,3% de sus previsiones. Sin embargo, llama la atención el
peso de la financiación bancaria en las cuentas electorales de
Ciudadanos: 7,6 millones que cubrieron el 99% de sus 7,7 de gasto. No
está mal para un debutante.
El dictamen también revela que la banca no desconfía de los presuntos separatistas catalanes: otorgaron a ERC y Democràcia i Llibertat sendos paquetes de préstamos por algo más de un millón de euros con los que la primera formación cubrió dos tercios de su intendencia y la segunda, casi la mitad, lo que denota el escaso temor que, lo mismo que sus eventuales riesgos de insolvencia en caso de que España fuera a romperse, ambos provocan a los señores del dinero.
En cualquier caso, el informe del Tribunal de Cuentas certifica por enésima vez que las campañas electorales constituyen una actividad fuertemente subvencionada: los partidos aportaron directamente tan solo 7,39 millones de los más de 55 que se gastaron –un euro de cada siete- mientras Papá Estado adelantaba 16,38 –más del doble-- a cuenta de las futuras ayudas en función del resultado y la banca financiaba, con 33,92, casi dos tercios del presupuesto.
¿A cuánto sale el escaño?
No obstante, la valoración de los ingresos tiene trampa. Las aportaciones privadas que los partidos dedicaron a la campaña ascendieron solo a 47.360 euros: 30.360 de C’s, 11.550 de UP, 3.964 de Nós, 1.090 de Podemos-Alto Aragón en Común y 400 de DL. Sin embargo, el TCu no tiene constancia de qué cantidades recibieron –esas formaciones y el resto-- en esas fechas, lo que le lleva a proponer una reforma de la Ley de Financiación de Partidos: que las entregas de dinero que les llegan entre la convocatoria de unas elecciones y su celebración “se entendieran efectuadas, en todo caso, para financiar el proceso”. También propone regular el chequeo de los microcréditos, que supusieron el grueso de los ingresos de Podemos.
La comparación de los rendimientos que obtuvieron los partidos ofrece resultados llamativos. Al bipartidismo le sale el escaño a unos 160.000 euros --163.000 en el caso del PP y 158.000 en el del PSOE--, coste que casi triplica el de Podemos y las confluencias --58.000-- y que se queda muy por debajo del que le resulta a Ciudadanos, al que cada acta le costó 193.000. Aunque a ninguno de ellos le sale tan caro como a Democrácia i Llibertat, formación cuyos costes se disparan hasta los 281.000 euros.
ERC optimiza la inversión un poco peor que los dos principales partidos, ya que le cada miembro del grupo parlamentario le sale por algo más de 167.000-, mientras que el castigo de la Ley Electoral a IU –Unidad Popular, el pasado invierno-, que solo tradujo en dos escaños los 923.105 votos con los que estuvo cerca de duplicar los apoyos de ERC y DL, dispara los costes de cada acta de manera desmesurada por encima del millón de euros.
Gastos sin justificar
El informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas sobre el 20-D plantea implícitamente algunas preguntas inesperadas. Una de ellas es la que lleva a plantearse qué servicios puede prestar una inmobiliaria, que a su vez es filial de una empresa dedicada a la gestión y el saneamiento de agua, a un partido político durante una campaña electoral. El órgano de fiscalización se ha quedado con las ganas de saberlo.
Según el informe de que ha realizado el Tribunal de Cuentas (TCu), Asesoramiento Eficaz Técnico SAU ha eludido justificar a qué productos y servicios corresponden los 382.236 euros que le facturó esa campaña al PP, según la información facilitada por esta formación.
Los proveedores de los conservadores han sido, con creces, los que más complicado se lo han puesto al Tribunal de Cuentas (TCu) en su tarea de fiscalizar las cuentas de los partidos y coaliciones que concurrieron a las elecciones generales del 20 de diciembre de 2017: más de la mitad de las empresas -25 de 45- que incumplieron la obligación de justificarle los productos y servicios por valor de 3.699.460 euros que estos dicen haber recibido de ellas habían trabajado para el PP, cuyo gasto pendiente de chequeo suma facturas por 2.843.271 euros, señala el tribunal en su dictamen.
El 73% de las empresas y el 81% del dinero
Los proveedores del PP suman el 55,5% de las sociedades que no han informado al TCu y el 76,8% de los gastos no justificados ante el organismo fiscalizador, tasas que ascienden al 73,3% y al 81,8% si se le añaden las facturas por 184. 267 de ocho proveedores de las coaliciones con el Foro Asturiano y el Partido Aragonés de las que el tribunal asegura no tener justificación.
Algunas de ellas aseguran haberlo hecho después, caso de la empresa de paquetería MRW (Urbequipo), que sumaba facturas por valor de 521.579 euros por los servicios de mensajería efectuados durante la campaña. “Está justificado, se lo puedo asegurar”, señalan en la empresa. Sí presentaron la información antes de que el TCu cerrara su informe varias más, entre las que no se encuentran la firma madrileña de mensajería Cibeles Mailing -665.118 euros- ni la barcelonesa de artes gráficas Sundisa -531.162-.
El listado de empresas que trabajaron para el PP y que no han cumplido con el TCu incluye al menos una de carácter público como Promálaga, la Empresa Municipal de Iniciativas y Actividades Empresariales del Ayuntamiento de Málaga, que tiene pendientes de justificar una facturación de 14.724 euros. No es la única del ramo que incumple sus obligaciones con el órgano de fiscalización: le ocurre lo mismo a Fira Internacional de Barcelona con los 23.172 que declara haberle pagado Esquerra Republicana.
El listado de partidos cuyos proveedores incumplen la obligación de informar al TCu incluye, aunque con cifras muy inferiores a las de los conservadores, a Democràcia i Llibertat –la última versión de Convergència-- con 415.066 euros de cinco empresas, Geroa Bai con 122.913 de una productora audiovisual y el PSC con 78.200 de tres sociedades, mientras PSOE y Podemos aportan sendos incumplimientos con un suministro por 17.685 y 14.822 euros; el primero de ellos en su coalición con Nueva Canarias.
¿Es la tradición del autocar un gasto electoral?
En cuanto a los gastos, el envío de propaganda electoral se llevó, con 19,15 millones de euros, algo más de la tercera parte del gasto de los partidos, que dedicaron otros 36,21 a “operaciones electorales ordinarias”. Aunque no todos los partidos comparten los criterios del TCu en ese apartado. Concretamente, en el caso de PP y PSOE, en cuanto a la tradicional movilización de militantes y simpatizantes en autocares para animar los mítines de los principales candidatos.
El Tribunal de Cuentas considera que la contratación de los transportes no es un gasto de carácter electoral imputable a la campaña y, por lo tanto, susceptible de ser financiado mediante subvenciones. El PSOE, que en diciembre se gastó 226.148 euros en 24 movilizaciones para actos de campaña, muestra su perplejidad por el cambio de criterio del TCu, que en junio había dado por buenas tres facturas de autocares de Alicante y Asturias que sumaban 66.693 euros. Al PP le ocurre algo similar con tres facturas que suman 39.752 euros por “alquiler de autobuses para el desplazamiento de asistentes a actos electorales.
“Produce una sensación de incertidumbre e inseguridad”, señala el administrador de los socialistas, “apreciar que en una cuestión tan sensible como el gasto electoral, las circunstancias son cambiantes, atendiendo simplemente a razones, cree esta parte, de oportunidad”. “No entiende esta parte cómo encontrándose los gastos acometidos en concepto de alquiler y servicios de autocares íntimamente vinculados a la campaña electoral (…) no se consideran gastos electorales a efectos subvencionables”, añade, en lo que supone una declaración tan cultural como administrativa.
Ese posicionamiento coincide con el del PP, cuya administradora se refiere al gasto en acarreo de militantes como algo “habitual y necesario para el desarrollo de tales actos electorales, ya que en mítines de gran asistencia, por razones de seguridad y organización es necesario ayudar al desplazamiento de los asistentes”. Desde esa premisa, resulta tan lógico como paradójico abogar por que esos viajes se paguen a escote entre todos: votantes, no votantes y votantes de otros partidos.
CHILE
[VIDEO]Agua que escurre de eucalipto recién cortado evidencia gran consumo hídrico de estos árboles
¿Adónde voy con esta reflexión? A señalar que no sería para nada extraño que bien pronto la inflamada retórica de DT deje de tener un correlato concreto en el plano más proteico de los hechos políticos, económicos y militares. Trump es lo que en la jerga popular norteamericana se llama “un bocón”. Por eso habrá que ver qué es lo que logra concretar de sus flamígeras amenazas una vez que deje de vociferar desde el llano y se inserte en los gigantescos y complicadísimos engranajes administrativos del imperio. No cabe la menor duda de que el personaje es un hábil demagogo, que agita con maestría un discurso reaccionario, racista, homófobo, belicista, transgresor y “políticamente incorrecto” por designio propio. Pero su irresistible ascenso no sólo es un efecto de su habilidad como publicista y la eficacia de su interpelación demagógica. Es síntoma de dos procesos de fondo que están socavando la primacía de Estados Unidos en el sistema internacional: uno, la ruptura en la unidad política-programática de la “burguesía imperial” norteamericana, dividida por primera vez en más de medio siglo en torno a cuál debería ser la estrategia más apropiada para salvaguardar la primacía norteamericana. Dos, los devastadores efectos de las políticas neoliberales con sus secuelas de exclusión social, explotación económica y analfabetismo político inducido por las elites dominantes y que arrojó a grandes sectores de la población en brazos de un outsider político como Trump que en épocas más felices para el imperio hubiera sido barrido de la escena pública en las primarias de New Hampshire.
Trump dijo, e hizo, antes de entrar a la Casa Blanca, cosas terribles: desde acusar a los mexicanos (y por extensión a todos los “latinos”) de ser violadores seriales, narcotraficantes y asesinos hasta declarar públicamente, para horror de los alemanes, que era “germanofóbico”. O de provocar al dragón chino llamando por teléfono a la presidenta de Taiwán, lo que motivó una inusualmente dura protesta de Beijing; decirles a los europeos que la OTAN es una organización obsoleta y que lo del Brexit fue una buena decisión. Pero como aseguran los más incisivos analistas de la vida política norteamericana, por debajo de la figura presidencial (o, según se lo mire, por encima de ella) está aquello que Peter Dale Scott denominó como “estado profundo”: el entramado de agencias federales, comisiones del Congreso, lobbies multimillonarios que por años y años han financiado a políticos, jueces y periodistas, el complejo militar-industrial-financiero, las dieciséis agencias que conforman la “comunidad de inteligencia” , tanques de pensamiento del establishment y las distintas ramas de las fuerzas armadas, todas las cuales son las que tendrán que llevar a la práctica –o “vender” política o diplomáticamente- las bravuconadas de Trump. Pero esos actores, a quienes nadie elige y que ante nadie deben rendir cuentas, tienen una agenda de largo plazo que sólo en parte coincide con la de los presidentes. Ocurrió con Kennedy, después con Carter y Obama, y seguramente volverá a pasar ahora. Dos ejemplos: el jefe del Pentágono James “Perro Rabioso” Mattis puede hacer honor a su apodo pero difícilmente sea un idiota y por buenas razones -desde el punto de vista de la seguridad del imperio- no quiere saber nada con debilitar a la OTAN. Y va a ser difícil que Stephen Mnuchin, el Secretario del Tesoro designado, un hombre surgido de las entrañas de Goldman Sachs, vaya a presidir una cruzada proteccionista y auspiciar el “populismo económico” contra el cual combatió sin resuello durante décadas desde Wall Street.
¿Significa esto que deben tenernos sin cuidado los exabruptos verbales de Trump? De ninguna manera. Será preciso, más que nunca, estar alertas ante cualquier tropelía que pretenda hacer en Nuestra América. Sin duda continuará con la agenda de Obama: desestabilizar a Venezuela, promover el “cambio de régimen” (vulgo: contrarrevolución) en Cuba, acabar con los gobiernos de Bolivia y Ecuador y encuadrar, una vez más, a los países del área como obedientes satélites de Washington. Para lograr este objetivo, ¿irá a escalar esta agresión, que Obama no quiso, o no pudo, detener? Es muy poco probable. Ronald Reagan, con quienes a veces torpemente se lo compara, intervino abiertamente en Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Granada y en la Guerra de las Malvinas. Pero era otro contexto internacional: había un fenomenal tridente reaccionario formado por el propio Reagan con Margaret Thatcher y Juan Pablo II empeñado en demoler los restos del Estado de Bienestar y los proyectos socialistas; el Muro de Berlín estaba agrietado y la URSS venía cayendo en picada, sepultando a Rusia; y China no era ni remotamente lo que es hoy. Estados Unidos estaba llegando al apogeo de su poderío internacional. Hoy, en cambio, ya comenzó su irreversible declinación y el equilibrio geopolítico mundial es mucho menos favorable para Washington. Difícil, por no decir imposible, que el descarado intervencionismo reaganiano pueda ser replicado por DT en esta parte del mundo. Y si lo hiciera tropezaría con una generalizada repulsa popular que, como lo advirtiera Rafael Correa, movilizaría en contra de Washington a grandes masas en toda la región. Conclusión: el personaje es voluble, caprichoso e impredecible, pero el “estado profundo” que administra los negocios del imperio a largo plazo lo es mucho menos. Y en estos pasados quince años los pueblos de Nuestra América aprendieron varias lecciones.
Nota:
[1] Cf. “Donald Trump llega a la presidencia de EEUU”, en http://laestrella.com.pa/opini
Oído al tambor
Secretario de Estado de EEUU: Seguiremos apoyando a Almagro para invocar la Carta Democrática contra Venezuela
Washington, enero 23 - El nuevo secretario de Estado de los Estados
Unidos (EE UU) Rex Tillerson, dijo, en una entrevista compartida por el
medio Latin America Goes Global, que buscará, junto con otros actores
internacionales, una transición 'hacia la democracia' en Venezuela.
Frente a la pregunta de qué políticas debería llevar a cabo para ayudar a resolver la crisis política, económica y social que impera en Venezuela, Tillerson dijo: “Creo que estamos totalmente de acuerdo en cuanto a la calamidad que ha sucedido en Venezuela, en gran medida debido a la incompetencia y la disfunción de su Gobierno —primero, con Hugo Chávez, y ahora con su sucesor designado, Maduro. De confirmarse, insto a una estrecha cooperación con nuestros amigos en el hemisferio, en particular con los países vecinos de Venezuela, Brasil y Colombia”.
“Así como también cooperaremos con organismos multilaterales como la Organización de Estados Americanos (OEA), para buscar una transición negociada a la democracia en Venezuela”, espetó el nuevo secretario de Estado de la administración de Donald Trump.
“Al final, se reconstruirán las instituciones políticas, encabezadas por valientes defensores de la democracia y de los derechos humanos, que allanarán el camino para el tipo de reformas necesarias para poner a Venezuela en el camino de la recuperación económica”, apuntó Tillerson.
Por otra parte, aseguró que Estados Unidos deberá continuar “respaldando un legítimo diálogo que resuelva la crisis política entre el Gobierno de Maduro y la oposición, la cual ahora controla la Asamblea Nacional“.
“Debemos continuar denunciando las prácticas antidemocráticas de Maduro. Debemos pedir que se liberen los presos políticos y reforzar las sanciones a los violadores de derechos humanos en Venezuela y a los narcotraficantes”, enfatizó el empresario.
Por último, Tillerson aseguró que Estados Unidos debe prestar ayuda humanitaria, junto con la región, a Venezuela.
“Se van a cumplir las sanciones impuestas por el Congreso (…) vamos a continuar apoyando los esfuerzos del secretario general de la OEA, Almagro, en la búsqueda de la invocación de la Carta Democrática Interamericana para promover la normalización de la situación en Venezuela y el restablecimiento de las situaciones democráticas”, espetó el nuevo secretario de Estado.
Frente a la pregunta de qué políticas debería llevar a cabo para ayudar a resolver la crisis política, económica y social que impera en Venezuela, Tillerson dijo: “Creo que estamos totalmente de acuerdo en cuanto a la calamidad que ha sucedido en Venezuela, en gran medida debido a la incompetencia y la disfunción de su Gobierno —primero, con Hugo Chávez, y ahora con su sucesor designado, Maduro. De confirmarse, insto a una estrecha cooperación con nuestros amigos en el hemisferio, en particular con los países vecinos de Venezuela, Brasil y Colombia”.
“Así como también cooperaremos con organismos multilaterales como la Organización de Estados Americanos (OEA), para buscar una transición negociada a la democracia en Venezuela”, espetó el nuevo secretario de Estado de la administración de Donald Trump.
“Al final, se reconstruirán las instituciones políticas, encabezadas por valientes defensores de la democracia y de los derechos humanos, que allanarán el camino para el tipo de reformas necesarias para poner a Venezuela en el camino de la recuperación económica”, apuntó Tillerson.
Por otra parte, aseguró que Estados Unidos deberá continuar “respaldando un legítimo diálogo que resuelva la crisis política entre el Gobierno de Maduro y la oposición, la cual ahora controla la Asamblea Nacional“.
“Debemos continuar denunciando las prácticas antidemocráticas de Maduro. Debemos pedir que se liberen los presos políticos y reforzar las sanciones a los violadores de derechos humanos en Venezuela y a los narcotraficantes”, enfatizó el empresario.
Por último, Tillerson aseguró que Estados Unidos debe prestar ayuda humanitaria, junto con la región, a Venezuela.
“Se van a cumplir las sanciones impuestas por el Congreso (…) vamos a continuar apoyando los esfuerzos del secretario general de la OEA, Almagro, en la búsqueda de la invocación de la Carta Democrática Interamericana para promover la normalización de la situación en Venezuela y el restablecimiento de las situaciones democráticas”, espetó el nuevo secretario de Estado.
Estado español
Muerto el dictador Francisco Franco en noviembre de 1975,
las cosas empezaron a moverse en Euskal Herria y en el Estado. No había
otra alternativa. El 15 de diciembre de 1976 se celebró el referéndum de
la Ley de la Reforma Política –que no ruptura democrática– con victoria
del ‘sí’ en el Estado y baja participación en Hego Euskal Herria, con
hitos como Ataun, localidad en que se abstuvo el 94% del censo. En
cualquier caso, la tensión era muy alta, provocada por los rumores
golpistas, la actividad de ETA y GRAPO, la represión policial y los
atentados de la extrema derecha, como el que el 24 de enero de 1977 se
cobró la vida de cinco abogados laboralistas en Madrid.
El 8 de setiembre, la Guardia Civil había matado a tiros al joven de Hondarribia Josu Zabala en el transcurso de una manifestación. «‘¡Jódete, hijoputa’ o ‘jódete, cabrón!’ es lo que dijo su asesino, al que pude ver. Su cara no se me olvidará en la vida» señalaba Juan José Larrarte, hondarribiarra que aquella trágica noche se encontraba junto a Josu Zabala.
Como quiera que la estructura política franquista, aunque moribunda, seguía en pie, fue desde esta, concretamente desde los ayuntamientos, desde donde un grupo de alcaldes y concejales con conciencia nacional vasca decidió intervenir en pro de las reivindicaciones populares. Bajo el nombre de Grupo de Alcaldes de Bergara, este colectivo, cuyo germen habían sido alcaldes de Debagoiena, como el de Arrasate y el de Bergara, se fue fortaleciendo con nuevas incorporaciones y el 21 de julio de 1976 logró visualizar un gran apoyo popular, al reunir en la plaza de Bergara a cerca de cinco mil personas. Las reivindicaciones eran: amnistía, legalización de los partidos políticos, legalización de la ikurriña, cooficialidad del euskara y reintegración foral.
El proceso se aceleró a mediados de enero de 1977, cuando el ayuntamiento de Etxarri Aranatz convocó a todos los ayuntamientos vascos a una asamblea en la casa consistorial de este municipio navarro el día 16, para tratar de las cuestiones citadas. El ministro español del Interior, Rodolfo Martín Villa, la prohibió inmediatamente, y Guardia Civil y Policía Armada establecieron controles en las carreteras de acceso, impidiendo por la fuerza el paso a las miles de personas que pretendían arropar a los alcaldes en Etxarri. De cualquier forma, se celebró un pleno municipal, los txistularis interpretaron el Himno de las Cortes de Navarra y se cantó el ‘Gernikako Arbola’.
Reunión de alcaldes con Martín Villa
El Grupo de Alcaldes de Bergara tenía interlocución directa con el ministro del Interior. Martín Villa les llamó para convocarles a una reunión el día 18 en Madrid, con un tema único en el orden del día: ikurriña. Acudieron los alcaldes de Azkoitia –Juan Inazio Uria–, Arrasate –Jose Antonio Altuna–, Bergara –Jose Luis Elkoro–, Hernani –Inazio Iruin– y Oiartzun –Iñaki Aristizabal– y para su sorpresa se hallaron con que el ministro del Interior aceptaba la legalización de la bandera vasca, pero solo en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, y siempre que ondeara en los ayuntamientos junto a la española.
Los alcaldes aceptaron la segunda condición, pero no la primera. Tras pensarlo un par de minutos, Martín Villa aceptó que también en Nafarroa fuera legal, con un campechano «¡Hala, despenalizada!». Otra sorpresa: el ministro de Defensa, el teniente general Manuel Gutiérrez Mellado, se mostró conciliador y abierto a negociar cuestiones de «orden público» en las calles vascas, hasta tal punto que Elkoro le invitó a comer en la Parte Vieja de Donostia «cuando se resuelvan los problemas del País Vasco». El militar contestó que aceptaría gustoso.
El diputado general de Bizkaia dimitió
La inmensa mayoría de los vascos acogió con entusiasmo la noticia de la legalización. Se acababan las colocaciones clandestinas y arriesgadas de la bandera en montes, campanarios y tendidos eléctricos.
Algunos responsables políticos franquistas no aceptaron de buen grado la nueva situación. El diputado general de Bizkaia, Augusto Unzeta, dimitió al conocerse la noticia de la legalización, igual que el gobernador civil, José Antonio Zarzalejos. La Diputación de Bizkaia tiró de adjetivos al calificar la legalización de la bandera vasca de «desgraciada, sibilina y lamentable».
Hay que suponer que tampoco estaría contento Manuel Fraga Iribarne, vicepresidente del Gobierno español cuando le entrevistó la televisión venezolana en mayo de 1976. A preguntas de la periodista Sofía Imber, Fraga, el responsable de la matanza de obreros en Gasteiz apenas dos meses antes, el trágico 3 de marzo, contestó textualmente: «Hemos autorizado todas las banderas regionales menos la vasca, porque no es una bandera regional, es una bandera separatista, es una bandera, si es que me permite que lo diga, falsa (…) La llamada ikurriña y mal llamada vasca, fue dibujada por Sabino Arana con fines separatistas (…) Antes de permitir exhibir esa bandera, pasarán sobre mi cadáver…».
No es fácil saber en qué Ayuntamiento vasco se colocó primero la ikurriña. Varias fuentes coinciden en que habría sido el de la localidad vizcaina de Garai. En el caso de Gipuzkoa el honor correspondería a Legazpi. Juan Pedro Agirre, concejal de esta localidad guipuzcoana en aquel entonces, recuerda que el Grupo de Alcaldes de Bergara tenía claro que no quería ceder ese honor a Donostia, sabedores de que se planeaba izar la ikurriña en la Plaza de la Constitución con motivo del inicio del Día de San Sebastián, pues «el Ayuntamiento de Donostia no había hecho nada en favor de la reivindicación de nuestra bandera».
Así, los ayuntamientos del Grupo consensuaron una misma moción para todos los municipios, que se discutió en plenos iniciados a las siete de la tarde. Aprobada en Legazpi, a las 19.30 fueron Juan Pedro Agirre y Pedro Solana los encargados de izarla, en medio del entusiasmo popular. La misma escena se repitió en Bergara a las 19.50, según rezan las actas municipales.
No en todas partes transcurrieron las cosas de la misma manera. En una crónica firmada por Adolfo Roldán en el desaparecido diario ‘Pueblo’ el 21 de enero, se hacía constar que «solo tres diputados asistieron al pleno de la Diputación de Guipúzcoa en el que se aprobó la colocación de la ikurriña». Añade que «en Ondarroa varios vecinos colocaron en sus balcones ikurriñas de diferentes tamaños, no así en el Ayuntamiento». «En Alava, el primero y único ayuntamiento que ha izado la ikurriña ha sido el de Aramayona, zona donde se habla euskera», señalaba.
Manifestaciones
El mismo cronista señala que en varias localidades se registraron multitudinarias manifestaciones con motivo de la izada, caso de Mungia, «donde unas cuatro mil personas aplaudieron la decisión municipal y pidieron amnistía», Eibar, donde se reunieron «unas siete mil personas», o Zumarraga, donde «una manifestación de unas dos mil personas se dirigió a Villarreal de Urrechua, donde fue disuelta por la Guardia Civil».
En Iruñea, el 26 de enero
En el caso de Iruñea, la ikurriña fue izada el 26 de enero, tras un pleno en el que según la agencia Cifra «el concejal señor Arraiza dimitió y otros dos, señores Rouzaut y Avalos, salieron de la sala de sesiones momentos antes de someterse a votación el tema (…) como consecuencia del acuerdo favorable de los doce concejales presentes, la ikurriña ondeó junto a la bandera nacional, la de Navarra y la de Pamplona (…) en la plaza se habían congregado unas 3.500 personas, que cantaron el himno a las Cortes de Navarra, el ‘Eusko Gudariak’ y el ‘Agur Jaunak’ (…), poco después se formó una manifestación que recorrió la Calle Mayor puño en alto y dando diversos gritos. Al hacer acto de presencia los vehículos de la Fuerza Pública, fueron apedreados por los manifestantes».
¿Quién hacía las ikurriñas?
A todo esto, ¿de dónde salían las ikurriñas, quién las hacía? Para empezar, hay que recordar que en Ipar Euskal Herria la bandera vasca era legal. En Hegoalde se cosía en la clandestinidad, pero a partir de 1976 ya se empezó a comercializar en forma de llaveros, insignias, calendarios… Durante ese año la casa Goyoaga, de Bilbo, habría producido cerca de cinco mil banderas, pero cuando la Policía acudió a requisarlas solo quedaban seis, según el ‘Anuario de Euskal Herria 1977’, que añade que «unos grandes almacenes habían encargado las banderas vascas para venderlas a partir de su legalización».
El 8 de setiembre, la Guardia Civil había matado a tiros al joven de Hondarribia Josu Zabala en el transcurso de una manifestación. «‘¡Jódete, hijoputa’ o ‘jódete, cabrón!’ es lo que dijo su asesino, al que pude ver. Su cara no se me olvidará en la vida» señalaba Juan José Larrarte, hondarribiarra que aquella trágica noche se encontraba junto a Josu Zabala.
Como quiera que la estructura política franquista, aunque moribunda, seguía en pie, fue desde esta, concretamente desde los ayuntamientos, desde donde un grupo de alcaldes y concejales con conciencia nacional vasca decidió intervenir en pro de las reivindicaciones populares. Bajo el nombre de Grupo de Alcaldes de Bergara, este colectivo, cuyo germen habían sido alcaldes de Debagoiena, como el de Arrasate y el de Bergara, se fue fortaleciendo con nuevas incorporaciones y el 21 de julio de 1976 logró visualizar un gran apoyo popular, al reunir en la plaza de Bergara a cerca de cinco mil personas. Las reivindicaciones eran: amnistía, legalización de los partidos políticos, legalización de la ikurriña, cooficialidad del euskara y reintegración foral.
El proceso se aceleró a mediados de enero de 1977, cuando el ayuntamiento de Etxarri Aranatz convocó a todos los ayuntamientos vascos a una asamblea en la casa consistorial de este municipio navarro el día 16, para tratar de las cuestiones citadas. El ministro español del Interior, Rodolfo Martín Villa, la prohibió inmediatamente, y Guardia Civil y Policía Armada establecieron controles en las carreteras de acceso, impidiendo por la fuerza el paso a las miles de personas que pretendían arropar a los alcaldes en Etxarri. De cualquier forma, se celebró un pleno municipal, los txistularis interpretaron el Himno de las Cortes de Navarra y se cantó el ‘Gernikako Arbola’.
Reunión de alcaldes con Martín Villa
El Grupo de Alcaldes de Bergara tenía interlocución directa con el ministro del Interior. Martín Villa les llamó para convocarles a una reunión el día 18 en Madrid, con un tema único en el orden del día: ikurriña. Acudieron los alcaldes de Azkoitia –Juan Inazio Uria–, Arrasate –Jose Antonio Altuna–, Bergara –Jose Luis Elkoro–, Hernani –Inazio Iruin– y Oiartzun –Iñaki Aristizabal– y para su sorpresa se hallaron con que el ministro del Interior aceptaba la legalización de la bandera vasca, pero solo en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, y siempre que ondeara en los ayuntamientos junto a la española.
Los alcaldes aceptaron la segunda condición, pero no la primera. Tras pensarlo un par de minutos, Martín Villa aceptó que también en Nafarroa fuera legal, con un campechano «¡Hala, despenalizada!». Otra sorpresa: el ministro de Defensa, el teniente general Manuel Gutiérrez Mellado, se mostró conciliador y abierto a negociar cuestiones de «orden público» en las calles vascas, hasta tal punto que Elkoro le invitó a comer en la Parte Vieja de Donostia «cuando se resuelvan los problemas del País Vasco». El militar contestó que aceptaría gustoso.
El diputado general de Bizkaia dimitió
La inmensa mayoría de los vascos acogió con entusiasmo la noticia de la legalización. Se acababan las colocaciones clandestinas y arriesgadas de la bandera en montes, campanarios y tendidos eléctricos.
Algunos responsables políticos franquistas no aceptaron de buen grado la nueva situación. El diputado general de Bizkaia, Augusto Unzeta, dimitió al conocerse la noticia de la legalización, igual que el gobernador civil, José Antonio Zarzalejos. La Diputación de Bizkaia tiró de adjetivos al calificar la legalización de la bandera vasca de «desgraciada, sibilina y lamentable».
Hay que suponer que tampoco estaría contento Manuel Fraga Iribarne, vicepresidente del Gobierno español cuando le entrevistó la televisión venezolana en mayo de 1976. A preguntas de la periodista Sofía Imber, Fraga, el responsable de la matanza de obreros en Gasteiz apenas dos meses antes, el trágico 3 de marzo, contestó textualmente: «Hemos autorizado todas las banderas regionales menos la vasca, porque no es una bandera regional, es una bandera separatista, es una bandera, si es que me permite que lo diga, falsa (…) La llamada ikurriña y mal llamada vasca, fue dibujada por Sabino Arana con fines separatistas (…) Antes de permitir exhibir esa bandera, pasarán sobre mi cadáver…».
No es fácil saber en qué Ayuntamiento vasco se colocó primero la ikurriña. Varias fuentes coinciden en que habría sido el de la localidad vizcaina de Garai. En el caso de Gipuzkoa el honor correspondería a Legazpi. Juan Pedro Agirre, concejal de esta localidad guipuzcoana en aquel entonces, recuerda que el Grupo de Alcaldes de Bergara tenía claro que no quería ceder ese honor a Donostia, sabedores de que se planeaba izar la ikurriña en la Plaza de la Constitución con motivo del inicio del Día de San Sebastián, pues «el Ayuntamiento de Donostia no había hecho nada en favor de la reivindicación de nuestra bandera».
Así, los ayuntamientos del Grupo consensuaron una misma moción para todos los municipios, que se discutió en plenos iniciados a las siete de la tarde. Aprobada en Legazpi, a las 19.30 fueron Juan Pedro Agirre y Pedro Solana los encargados de izarla, en medio del entusiasmo popular. La misma escena se repitió en Bergara a las 19.50, según rezan las actas municipales.
No en todas partes transcurrieron las cosas de la misma manera. En una crónica firmada por Adolfo Roldán en el desaparecido diario ‘Pueblo’ el 21 de enero, se hacía constar que «solo tres diputados asistieron al pleno de la Diputación de Guipúzcoa en el que se aprobó la colocación de la ikurriña». Añade que «en Ondarroa varios vecinos colocaron en sus balcones ikurriñas de diferentes tamaños, no así en el Ayuntamiento». «En Alava, el primero y único ayuntamiento que ha izado la ikurriña ha sido el de Aramayona, zona donde se habla euskera», señalaba.
Manifestaciones
El mismo cronista señala que en varias localidades se registraron multitudinarias manifestaciones con motivo de la izada, caso de Mungia, «donde unas cuatro mil personas aplaudieron la decisión municipal y pidieron amnistía», Eibar, donde se reunieron «unas siete mil personas», o Zumarraga, donde «una manifestación de unas dos mil personas se dirigió a Villarreal de Urrechua, donde fue disuelta por la Guardia Civil».
En Iruñea, el 26 de enero
En el caso de Iruñea, la ikurriña fue izada el 26 de enero, tras un pleno en el que según la agencia Cifra «el concejal señor Arraiza dimitió y otros dos, señores Rouzaut y Avalos, salieron de la sala de sesiones momentos antes de someterse a votación el tema (…) como consecuencia del acuerdo favorable de los doce concejales presentes, la ikurriña ondeó junto a la bandera nacional, la de Navarra y la de Pamplona (…) en la plaza se habían congregado unas 3.500 personas, que cantaron el himno a las Cortes de Navarra, el ‘Eusko Gudariak’ y el ‘Agur Jaunak’ (…), poco después se formó una manifestación que recorrió la Calle Mayor puño en alto y dando diversos gritos. Al hacer acto de presencia los vehículos de la Fuerza Pública, fueron apedreados por los manifestantes».
¿Quién hacía las ikurriñas?
A todo esto, ¿de dónde salían las ikurriñas, quién las hacía? Para empezar, hay que recordar que en Ipar Euskal Herria la bandera vasca era legal. En Hegoalde se cosía en la clandestinidad, pero a partir de 1976 ya se empezó a comercializar en forma de llaveros, insignias, calendarios… Durante ese año la casa Goyoaga, de Bilbo, habría producido cerca de cinco mil banderas, pero cuando la Policía acudió a requisarlas solo quedaban seis, según el ‘Anuario de Euskal Herria 1977’, que añade que «unos grandes almacenes habían encargado las banderas vascas para venderlas a partir de su legalización».
Congreso Refundacional de Sortu: Otegi apuesta por acabar con las consecuencias del conflicto armado
Por kaos. - Euskal HerriaPublicado en: 22 enero, 2017
En la clausura del congreso “refundacional” de Sortu, que tuvo
lugar a lo largo de la mañana de ayer sábado en el Palacio Euskalduna de
Bilbao, Otegi señaló que el inicio de este proceso dependerá de que su
partido sea capaz de “convencer” de la idoneidad de su proyecto a una
“mayoría social y popular”.
El líder de Sortu afirmó que esta formación no aceptará “remodelar” el marco jurídico político actual y, “sin levantar la voz ni perder la sonrisa”, ha advertido: “Que nadie cuente con la izquierda abertzale para un nuevo enjuague de 40 años que no nos reconozca como nación”.
Junto a los 29 integrantes del nuevo Consejo Nacional de Sortu, que han sido llamados al estrado al final de la reunión, Otegi dijo que el “primer reto” para este partido va a ser “cerrar la fase anterior” y “todas las consecuencias del conflicto”, en alusión a ETA.
Propuso “recuperar con más intensidad la lucha a favor de los presos políticos, deportados y refugiados”, así como “recuperar un discurso integral de desmilitarización”, en referencia a la reivindicación histórica de la izquierda abertzale de que abandonen Euskadi las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
“Somos una vieja nación de Europa que tiene derecho a vivir sin presos políticos ni fuerzas de ocupación”, añadió el secretario general de Sortu, la marca legal que constituyó la izquierda abertzale en relevo de la ilegalizada Batasuna.
En cuanto al proyecto de “emancipación nacional” que defiende Sortu, Otegi subrayó que “los cambios no se hacen desde el Boletín Oficial del Estado”, sino “desde la mentalidad de las gentes”, a las que hay que “convencer”.
El proyecto soberanista “dependerá” de la capacidad de convencer a “una mayoría social y popular”, porque, como señaló, “las instituciones no son la vanguardia del proceso, son la retaguardia”.
Además “la izquierda” debe ser “determinante” en el proceso soberanista para, además a aspirar a la “soberanía plena”, conseguir una sociedad “más justa y más igualitaria”.
“No hay estrategias lineales, sin contradicciones, milagrosas. Hay que construirlas”, ha agregado el líder de Sortu.
Otegi se mostró partidario de abrir un “proceso constituyente” en Euskadi al considerar que “no es posible la democratización de España”.
Ha puntualizado que, pese a ello, Sortu está dispuesto a “hacer un viaje hacia un marco democrático” si hay una “mayoría” que piensa que hay que recorrer ese camino. En este punto, Otegi mostró su “firme compromiso” para iniciar un proceso soberanista que conduzca a un “Estado propio” y abrir así “otro frente al Estado” español, como en Catalunya. Ha dicho que en este proceso hay que “aprovechar” que ahora hay gobiernos en Euskadi y Nafarroa, así como una nueva unidad administrativa en Iparralde, que “al menos no se van a dar la espalda”.
Otegi remarcó que otra prioridad para Sortu será el “combate contra el neoliberalismo” y está dispuesto a colaborar con la “mayoría sindical vasca” -en alusión a ELA y LAB- y con “todo el pueblo” agrupado en la izquierda “para hacer frente a los recortes que se anuncian otra vez”.
El dirigente de Sortu, que saludó a los representantes de más de 50 fuerzas políticas internacionales y del Estado invitados al congreso, hizo una “especial mención” a la “Andalucía jornalera, la Castilla comunera y la Asturias roja y dinamitera” para expresar que la izquierda abertzale “nunca” ha estado “contra el pueblo español”, sino “contra la oligarquía que domina el Estado español”.
Otegi dijo para finalizar que, “aceptando todas las críticas”, Sortu debe “seguir haciendo camino”.
El pasado mes de noviembre, en el proceso de refundación de Sortu, el equipo que lidera hoy Arnaldo Otegi como secretario general logró un apoyo del 95 % de la militancia, y la nueva ponencia oficial, Zohardia, fue respaldada por el 91,15 %. - DEIA
El líder de Sortu afirmó que esta formación no aceptará “remodelar” el marco jurídico político actual y, “sin levantar la voz ni perder la sonrisa”, ha advertido: “Que nadie cuente con la izquierda abertzale para un nuevo enjuague de 40 años que no nos reconozca como nación”.
Junto a los 29 integrantes del nuevo Consejo Nacional de Sortu, que han sido llamados al estrado al final de la reunión, Otegi dijo que el “primer reto” para este partido va a ser “cerrar la fase anterior” y “todas las consecuencias del conflicto”, en alusión a ETA.
Propuso “recuperar con más intensidad la lucha a favor de los presos políticos, deportados y refugiados”, así como “recuperar un discurso integral de desmilitarización”, en referencia a la reivindicación histórica de la izquierda abertzale de que abandonen Euskadi las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
“Somos una vieja nación de Europa que tiene derecho a vivir sin presos políticos ni fuerzas de ocupación”, añadió el secretario general de Sortu, la marca legal que constituyó la izquierda abertzale en relevo de la ilegalizada Batasuna.
En cuanto al proyecto de “emancipación nacional” que defiende Sortu, Otegi subrayó que “los cambios no se hacen desde el Boletín Oficial del Estado”, sino “desde la mentalidad de las gentes”, a las que hay que “convencer”.
El proyecto soberanista “dependerá” de la capacidad de convencer a “una mayoría social y popular”, porque, como señaló, “las instituciones no son la vanguardia del proceso, son la retaguardia”.
Además “la izquierda” debe ser “determinante” en el proceso soberanista para, además a aspirar a la “soberanía plena”, conseguir una sociedad “más justa y más igualitaria”.
“No hay estrategias lineales, sin contradicciones, milagrosas. Hay que construirlas”, ha agregado el líder de Sortu.
Otegi se mostró partidario de abrir un “proceso constituyente” en Euskadi al considerar que “no es posible la democratización de España”.
Ha puntualizado que, pese a ello, Sortu está dispuesto a “hacer un viaje hacia un marco democrático” si hay una “mayoría” que piensa que hay que recorrer ese camino. En este punto, Otegi mostró su “firme compromiso” para iniciar un proceso soberanista que conduzca a un “Estado propio” y abrir así “otro frente al Estado” español, como en Catalunya. Ha dicho que en este proceso hay que “aprovechar” que ahora hay gobiernos en Euskadi y Nafarroa, así como una nueva unidad administrativa en Iparralde, que “al menos no se van a dar la espalda”.
Otegi remarcó que otra prioridad para Sortu será el “combate contra el neoliberalismo” y está dispuesto a colaborar con la “mayoría sindical vasca” -en alusión a ELA y LAB- y con “todo el pueblo” agrupado en la izquierda “para hacer frente a los recortes que se anuncian otra vez”.
El dirigente de Sortu, que saludó a los representantes de más de 50 fuerzas políticas internacionales y del Estado invitados al congreso, hizo una “especial mención” a la “Andalucía jornalera, la Castilla comunera y la Asturias roja y dinamitera” para expresar que la izquierda abertzale “nunca” ha estado “contra el pueblo español”, sino “contra la oligarquía que domina el Estado español”.
Otegi dijo para finalizar que, “aceptando todas las críticas”, Sortu debe “seguir haciendo camino”.
El pasado mes de noviembre, en el proceso de refundación de Sortu, el equipo que lidera hoy Arnaldo Otegi como secretario general logró un apoyo del 95 % de la militancia, y la nueva ponencia oficial, Zohardia, fue respaldada por el 91,15 %. - DEIA
España ha movilizado más de 350.000 millones para mantener la banca a flote
Las inyecciones a los bancos y cajas, la creación del Frob y el Sareb y la emisión de avales para todos ellos desde 2008 equivale a un tercio del PIB anual del país
EDUARDO BAYONA - PÚBLICO - Publicado: 20.01.2017 21:05
@e_bayona
ZARAGOZA .- El
Gobierno español ha movilizado más de 350.000 millones de euros en ocho
años para mantener a flote un sistema bancario que obtiene unos beneficios anuales de más de 11.000 mientras
acumula demandas y reclamaciones de sus clientes por valor de más de
50.000 en asuntos como –entre otros- las preferentes, la subordinadas,
las cláusulas suelo y los gastos hipotecarios.
Hace unas semanas, el Tribunal de Cuentas
cifró el coste que el proceso de rescate o reestructuración del sistema
bancario ha tenido para las arcas públicas españolas entre 2009 y 2015
en 60.718 millones de euros .
Esa cifra es el dinero que el Estado no va a recuperar, muy interior a
los otros 122.122 millones de “recursos comprometidos en el proceso de
reestructuración” por las entidades fiscalizadas y más distante todavía
del monto global de los fondos públicos movilizados desde el inicio de
la crisis.
“Se han comprometido más de 200.000 millones de euros, de los que esos casi 61.000 se consideran pérdidas seguras,
dinero que no se va a recuperar”, explica el economista Eduardo Garzón,
de IU, para quien “cuantificar el coste real del rescate resulta
difícil”. Entre otras cuestiones, porque los activos tóxicos –edificios y
suelo- traspasados por las entidades quebradas al banco malo están
anotados en su balance con unas valoraciones teóricas que “seguramente
tenderían a la baja si salieran al mercado, lo que obligaría a asumir
pérdidas en esas mismas cuentas”.
Esos más de 60.000 millones de euros sitúan a la banca española como la cuarta que más fondos ha recibido de manera directa
desde el inicio de la crisis en Europa. La superan el Reino Unido, con
algo más de 100.000, y Alemania a Irlanda, con un volumen similar de
ayudas. La cuantía del socorro español supera en un 50% al recibido por
el sector bancario en Grecia –unos 40.000- y quintuplica el de Portugal
–algo más de 12.000-.
Frob, Banco de España y Fondo de Garantía sin el banco malo
Frob, Banco de España y Fondo de Garantía sin el banco malo
El informe del TCu incluyó al Fondo de
Garantía de Depósitos, el Banco de España y el Frob (Fondo para la
Reestructuración y Ordenación del sistema bancario), pero no a la
Sareb (Sociedad de Gestión de Activos procedentes del proceso de
Reestructuración Bancaria) o banco malo, que asumió los activos tóxicos
de la mayoría de los bancos y cajas tambaleantes.
El dictamen estima en 193.022 millones los
fondos movilizados por el Frob -76.820-, el Fondo de Garantía -35.499- y
el Banco de España -9.801-, una factura que, además de los 83.683
millones inyectados en las entidades mediante aportaciones de capital
-46.021- y esquemas de protección de activos -2.194 fueron para dotar de
liquidez a la Sareb-, incluye apuntes como 10 millones en honorarios de representantes, cinco en asesorías para ventas y casi cuatro en “otros gastos” entre los que hay más asesoramientos.
A esos 193.022 millones de la primera
legislatura de Mariano Rajoy hay que sumarles otras cifras entre las que
destacan los 85.965 millones en avales concedidos a la banca para
que acudiera a los mercados de liquidez –quedan por recuperar 1.059-,
los 43.476 de deuda viva del banco malo que también cuentan con el aval
del Estado, los 42.170 en “aportaciones públicas a su fondo patrimonial”
que ha recibido el Frob desde su creación -27.170 han sido
capitalizados- y, con el ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero, los
19.300 del FAAF (Fondo para la Adquisición de Activos Financieros) del
que se beneficiaron 54 entidades ya en 2008.
Las causas, sus consecuencias sociales y la idoneidad del método
“No es solo importante el dinero que el
Gobierno ha gastado en el rescate, sino el que ha comprometido, que no
ha ido a otras actuaciones” ni ha permitido paliar los recortes en
servicios públicos, señala Garzón, quien, por otra parte, comprende
que el ejecutivo no dejara caer al sistema bancario por los efectos que
eso habría tenido en la economía española, aunque no comparte el
método. “Entiendo las ayudas a la banca, pero no que los beneficios que
obtienen tras esas ayudas sean privados”, indica.
Esquerra Republicana (ERC), por su
parte, pone el acento, además de en el coste –“la reestructuración sigue
requiriendo una fuerte dotación de recurso públicos”, señala la
diputara Ester Capella- en las posibles responsabilidades de los
gestores de los bancos y cajas y en las consecuencias sociales de “la
posible vulneración de los derechos de los consumidores” antes y durante
el rescate, aspectos sobre los que proponen que indague una comisión de
investigación del Congreso.
“Se ha puesto en evidencia que las entidades financieras han utilizado malas prácticas”
con las preferentes, las subordinadas, las cláusulas suelo, otras
cláusulas abusivas o las elevadas comisiones, recuerda. Sin embargo,
anota, “los efectos sobre la población siguen sin cuantificar ¿Quién
cuantifica los desastres causados por la banca?”.
Los nacionalistas, que se muestran preocupados por el descrédito y el deterioro de la reputación de la banca y que consideran “necesaria una reflexión global del sector para impulsar la ética” en
él, recuerdan que las prácticas de buena parte de las entidades
financieras han generado “un grave problema social que afecta a miles de
personas” y que se manifiesta en fenómenos como el sobreendeudamiento y
los desahucios.
“Es imprescindible profundizar sobre las consecuencias sociales del proceso,
y la prenda que han tenido que pagar los consumidores debido a las
malas prácticas y los abusos bancarios”, sostiene la diputada Esther
Capella.
¿Más pérdidas por las futuras ventas?
Así, y al margen de otras operaciones de avalamiento de deuda, los fondos
públicos movilizados por el Gobierno central desde 2008 para mantener a
flote el sistema bancario español ascienden a 383.933 millones de euros, una factura que supera un tercio del valor del PIB anual y que todavía puede verse incrementada por dos vías.
Una son las previsibles depreciaciones de los activos de la Sareb y del Frob.
El valor de los primeros se ha reducido en 3.000 millones desde 2012.
Las anotaciones de los del segundo suman 16.597 millones, el grueso de
ellos -11.187- en acciones de Bankia y Mare Nostrum, dos de las
participaciones en entidades para cuya venta el Gobierno se ha marcado
diciembre de 2019 como límite, aunque la fecha es ampliable.
La otra se va materializando a través de actuaciones de escasa relevancia mediática, caso de la aportación de 5.291 millones al Frob europeo que
el Gobierno aprobó en diciembre y de los efectos que las modificaciones
tributarias puedan tener en los 24.000 millones de DTA (Activos
Fiscales Diferidos) que las entidades financieras españolas tienen
anotados para irlos descontando en sus liquidaciones del Impuesto de
Sociedades.
Algunas fuentes, como Attac, cifran la factura del rescate de la banca española en el entorno del billón de euros,
ya que consideran ayuda pública toda inyección de dinero público en el
sector, incluidas las del Banco Central Europeo. “Es una interpretación
laxa –señala Garzón-, aunque en mi opinión sí se trata de ayudas
públicas. Es algo a lo que no puede acceder cualquier empresa”.Crédito bancario para el tripartito informal
El PP de Rajoy y el PSOE de
Sánchez cubrieron con préstamos más de la mitad de su presupuesto
electoral del 20-D, campaña en la que Ciudadanos alcanzó un nivel de
financiación del 99%
Eduardo Bayona
Celebración en la calle Génova, frente a la sede del PP en Madrid, la noche electoral del 20-D
Partido Popular Facebook
Partido Popular Facebook
21 de
Enero de
2017 - CTXT
La banca confía en el tripartito informal PP-PSOE-C’s. Y lo demuestra con hechos, según certifica el Tribunal de Cuentas (TCu) en el reciente informe en el que fiscaliza la campaña electoral del 20 de diciembre (http://www.tcu.es/repositorio
El dictamen también revela que la banca no desconfía de los presuntos separatistas catalanes: otorgaron a ERC y Democràcia i Llibertat sendos paquetes de préstamos por algo más de un millón de euros con los que la primera formación cubrió dos tercios de su intendencia y la segunda, casi la mitad, lo que denota el escaso temor que, lo mismo que sus eventuales riesgos de insolvencia en caso de que España fuera a romperse, ambos provocan a los señores del dinero.
En cualquier caso, el informe del Tribunal de Cuentas certifica por enésima vez que las campañas electorales constituyen una actividad fuertemente subvencionada: los partidos aportaron directamente tan solo 7,39 millones de los más de 55 que se gastaron –un euro de cada siete- mientras Papá Estado adelantaba 16,38 –más del doble-- a cuenta de las futuras ayudas en función del resultado y la banca financiaba, con 33,92, casi dos tercios del presupuesto.
Las campañas siguen estando fuertemente subvencionadas: los partidos aportaron directamente 7,39 millones de los 55 que gastaron. El Estado, 16,38 millones. Más del dobleLos partidos políticos declararon gastos electorales por valor de 55,74 millones de euros, casi dos tercios de los cuales fueron movilizados por PP --20,16, sumadas sus coaliciones-- y PSOE --14,25--. Sus inversiones quedan muy alejadas de las que realizaron las cuatro formaciones que les siguen en representatividad: Podemos y su galaxia --4,02--, Ciudadanos --7,72--, ERC --1,51-- y Democràcia y Llibertat --2,25--.
¿A cuánto sale el escaño?
No obstante, la valoración de los ingresos tiene trampa. Las aportaciones privadas que los partidos dedicaron a la campaña ascendieron solo a 47.360 euros: 30.360 de C’s, 11.550 de UP, 3.964 de Nós, 1.090 de Podemos-Alto Aragón en Común y 400 de DL. Sin embargo, el TCu no tiene constancia de qué cantidades recibieron –esas formaciones y el resto-- en esas fechas, lo que le lleva a proponer una reforma de la Ley de Financiación de Partidos: que las entregas de dinero que les llegan entre la convocatoria de unas elecciones y su celebración “se entendieran efectuadas, en todo caso, para financiar el proceso”. También propone regular el chequeo de los microcréditos, que supusieron el grueso de los ingresos de Podemos.
La comparación de los rendimientos que obtuvieron los partidos ofrece resultados llamativos. Al bipartidismo le sale el escaño a unos 160.000 euros --163.000 en el caso del PP y 158.000 en el del PSOE--, coste que casi triplica el de Podemos y las confluencias --58.000-- y que se queda muy por debajo del que le resulta a Ciudadanos, al que cada acta le costó 193.000. Aunque a ninguno de ellos le sale tan caro como a Democrácia i Llibertat, formación cuyos costes se disparan hasta los 281.000 euros.
ERC optimiza la inversión un poco peor que los dos principales partidos, ya que le cada miembro del grupo parlamentario le sale por algo más de 167.000-, mientras que el castigo de la Ley Electoral a IU –Unidad Popular, el pasado invierno-, que solo tradujo en dos escaños los 923.105 votos con los que estuvo cerca de duplicar los apoyos de ERC y DL, dispara los costes de cada acta de manera desmesurada por encima del millón de euros.
Gastos sin justificar
El informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas sobre el 20-D plantea implícitamente algunas preguntas inesperadas. Una de ellas es la que lleva a plantearse qué servicios puede prestar una inmobiliaria, que a su vez es filial de una empresa dedicada a la gestión y el saneamiento de agua, a un partido político durante una campaña electoral. El órgano de fiscalización se ha quedado con las ganas de saberlo.
Más de la mitad de las empresas que no justificaron servicios y productos a los partidos trabajaron para el PPA ese perfil empresarial responde Asesoramiento Eficaz Técnico, una firma madrileña que, según consta en el Registro Mercantil, se dedica a la compra, venta y alquiler de fincas rústicas y urbanas y cuyo accionariado controla otra firma que opera en el campo de la gestión de redes de suministro de agua y tratamiento de residuos. “No puede ser, nosotros no tenemos nada que ver con esa empresa y no hemos hecho ningún trabajo relacionado con ninguna campaña electoral”, señala una empleada del accionista mayoritario -único- tras dejar claro que, pese a las repetidas llamadas de CTXT, su jefe no va a hacer un hueco en su agenda para tratar el tema.
Según el informe de que ha realizado el Tribunal de Cuentas (TCu), Asesoramiento Eficaz Técnico SAU ha eludido justificar a qué productos y servicios corresponden los 382.236 euros que le facturó esa campaña al PP, según la información facilitada por esta formación.
Los proveedores de los conservadores han sido, con creces, los que más complicado se lo han puesto al Tribunal de Cuentas (TCu) en su tarea de fiscalizar las cuentas de los partidos y coaliciones que concurrieron a las elecciones generales del 20 de diciembre de 2017: más de la mitad de las empresas -25 de 45- que incumplieron la obligación de justificarle los productos y servicios por valor de 3.699.460 euros que estos dicen haber recibido de ellas habían trabajado para el PP, cuyo gasto pendiente de chequeo suma facturas por 2.843.271 euros, señala el tribunal en su dictamen.
El 73% de las empresas y el 81% del dinero
Los proveedores del PP suman el 55,5% de las sociedades que no han informado al TCu y el 76,8% de los gastos no justificados ante el organismo fiscalizador, tasas que ascienden al 73,3% y al 81,8% si se le añaden las facturas por 184. 267 de ocho proveedores de las coaliciones con el Foro Asturiano y el Partido Aragonés de las que el tribunal asegura no tener justificación.
Algunas de ellas aseguran haberlo hecho después, caso de la empresa de paquetería MRW (Urbequipo), que sumaba facturas por valor de 521.579 euros por los servicios de mensajería efectuados durante la campaña. “Está justificado, se lo puedo asegurar”, señalan en la empresa. Sí presentaron la información antes de que el TCu cerrara su informe varias más, entre las que no se encuentran la firma madrileña de mensajería Cibeles Mailing -665.118 euros- ni la barcelonesa de artes gráficas Sundisa -531.162-.
Al bipartidismo le sale el escaño a unos 160.000 euros --163.000 en el caso del PP y 158.000 en el del PSOE--, coste que casi triplica el de Podemos y las confluencias --58.000--“Hemos trabajado para varios partidos, pero no me consta que nos hayan pedido nada” desde el Tribunal de Cuentas, señala uno de los responsables de Cibeles Mailing, empresa que ensobró buena parte de los sobres que los ciudadanos recibieron en sus casas con las papeletas de las formaciones de su circunscripción en vísperas del 20-D. “Hay una forma muy sencilla de certificar nuestro trabajo”, añade, perplejo por la aparición de la empresa en el informe, la misma fuente. Se refiere a que Correos certifica uno por uno las cartas que ellos preparan para aplicarles el franqueo. Sundisa, por su parte, no ha respondido todavía a las preguntas de CTXT.
El listado de empresas que trabajaron para el PP y que no han cumplido con el TCu incluye al menos una de carácter público como Promálaga, la Empresa Municipal de Iniciativas y Actividades Empresariales del Ayuntamiento de Málaga, que tiene pendientes de justificar una facturación de 14.724 euros. No es la única del ramo que incumple sus obligaciones con el órgano de fiscalización: le ocurre lo mismo a Fira Internacional de Barcelona con los 23.172 que declara haberle pagado Esquerra Republicana.
El listado de partidos cuyos proveedores incumplen la obligación de informar al TCu incluye, aunque con cifras muy inferiores a las de los conservadores, a Democràcia i Llibertat –la última versión de Convergència-- con 415.066 euros de cinco empresas, Geroa Bai con 122.913 de una productora audiovisual y el PSC con 78.200 de tres sociedades, mientras PSOE y Podemos aportan sendos incumplimientos con un suministro por 17.685 y 14.822 euros; el primero de ellos en su coalición con Nueva Canarias.
¿Es la tradición del autocar un gasto electoral?
En cuanto a los gastos, el envío de propaganda electoral se llevó, con 19,15 millones de euros, algo más de la tercera parte del gasto de los partidos, que dedicaron otros 36,21 a “operaciones electorales ordinarias”. Aunque no todos los partidos comparten los criterios del TCu en ese apartado. Concretamente, en el caso de PP y PSOE, en cuanto a la tradicional movilización de militantes y simpatizantes en autocares para animar los mítines de los principales candidatos.
El Tribunal de Cuentas considera que la contratación de los transportes no es un gasto de carácter electoral imputable a la campaña y, por lo tanto, susceptible de ser financiado mediante subvenciones. El PSOE, que en diciembre se gastó 226.148 euros en 24 movilizaciones para actos de campaña, muestra su perplejidad por el cambio de criterio del TCu, que en junio había dado por buenas tres facturas de autocares de Alicante y Asturias que sumaban 66.693 euros. Al PP le ocurre algo similar con tres facturas que suman 39.752 euros por “alquiler de autobuses para el desplazamiento de asistentes a actos electorales.
“Produce una sensación de incertidumbre e inseguridad”, señala el administrador de los socialistas, “apreciar que en una cuestión tan sensible como el gasto electoral, las circunstancias son cambiantes, atendiendo simplemente a razones, cree esta parte, de oportunidad”. “No entiende esta parte cómo encontrándose los gastos acometidos en concepto de alquiler y servicios de autocares íntimamente vinculados a la campaña electoral (…) no se consideran gastos electorales a efectos subvencionables”, añade, en lo que supone una declaración tan cultural como administrativa.
Ese posicionamiento coincide con el del PP, cuya administradora se refiere al gasto en acarreo de militantes como algo “habitual y necesario para el desarrollo de tales actos electorales, ya que en mítines de gran asistencia, por razones de seguridad y organización es necesario ayudar al desplazamiento de los asistentes”. Desde esa premisa, resulta tan lógico como paradójico abogar por que esos viajes se paguen a escote entre todos: votantes, no votantes y votantes de otros partidos.
Autor: Eduardo Bayona @e_bayona
CHILE
Incendios forestales ya han consumido más de 47 mil hectáreas en medio de ola de calor en Chile central
De RESUMEN DE CHILE (Concepción)
20 enero 2017
[resumen.cl] Según señala la ONEMI,
a nivel nacional, se mantienen 25 incendios activos en las regiones de
Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Maule, Biobío, La Araucanía y Los
Lagos. 23 incendios estarían controlados en las regiones de Valparaíso,
Metropolitana, Maule, Biobío y La Araucanía, los que afectan una
superficie de 846,97 hectáreas de vegetación. 28 incendios estarían
extinguidos en las regiones de Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins,
Maule, Biobío, La Araucanía y Los Lagos, los que afectaron una
superficie de 595,24 hectáreas de vegetación. El último reporte de CONAF señala que más de 47.000 hectáreas han sido afectadas por las llamas.
Las localidades más afectadas, y en estado de Alerta Roja,
son: Hijuelas, Quilpué, Valparaíso, Limache, Nogales, Santo Domingo y
Llaillay, en la Región Valparaíso; Pirque, Alhué y Curacaví en la Región
Metropolitana; Paredones, Marchigüe y provincia de Colchagua (en la
Región de O’Higgins) y Vichuquén, Hualañé, Constitución y Cauquenes, en
la Región del Maule.
Bosques nativos y siembras consumidas, varias decenas
de damnificados y 3 muertos han dejado ya los incendios forestales
durante esta temporada.
VEA TAMBIÉN: Muerte de brigadistas de CONAF replantea las paupérrimas condiciones laborales de este gremio
En estado de Alerta Amarilla se
encuentran actualmente: la Provincia de Melipilla, la Provincia de
Cardenal Caro, en la Región de O’Higgins; la Región del Maule; la Región
del Biobío y la comuna de Purén, en la Región de La Araucanía.
Detalle de incendios forestales en la zona centro-sur.
En la región de Valparaíso, se
encuentran activos incendios forestales: “Fundo La Gloria”, afectando
11,6 hectáreas de pastizales, matorrales y monocultivos de eucalipto en
la comuna de Limache; el incendio forestal “Cuesta El Melón – Palos
Quemados”, afectando una superficie de 37,5 hectáreas de pastizales y
matorrales en la comuna de Nogales; el incendio forestal “Fundo Santa
Blanca”, que afecta una superficie de 200 hectáreas de pastizal y
matorral en la comuna de Santo Domingo; el incendio forestal “Las
Palmas”, que afecta una superficie de 1.290 hectáreas de pastizal,
matorral y arbolado en las comunas de Llaillay e Hijuelas. Se informa
que este incendio amenaza al Parque Nacional La Campana.
Activo se mantiene el incendio forestal “Colliguay –
Parrao”, que afecta una superficie de 95 hectáreas de pastizales,
matorrales y árboles en la comuna de Quilpué.
Controlado se mantendría el incendio forestal
“Parcela Regimiento Maipo”, que afecta una superficie de 270 hectáreas
de pastizales, matorrales y monocultivos de eucalipto en la comuna de
Valparaíso. A consecuencia de este incendio se reportan 240 viviendas
destruidas en los sectores “Población Ecológica”, “Puertas Negras” y “El
Molino”.
Controlado se mantendría el incendio forestal
“Potrero Las Vacas”, que afectó superficie de 4,8 hectáreas de
pastizales, matorrales, monocultivos de eucalipto y pino en la comuna de
Valparaíso.
En la región metropolitana, se
mantiene activo el incendio forestal “El Naranjo”, que afecta una
superficie de 45 hectáreas de vegetación en la comuna de Curacaví. A
consecuencia de este incendio resultaron 14 personas damnificadas y
cinco viviendas destruidas. Se informó que dos bomberos resultaron
lesionados.
Activo se mantendría el incendio forestal “Lo Chacón”, con una superficie de 161 hectáreas en la comuna de San Pedro.
Activo se mantiene el incendio forestal “Rinconada de
Pirque” que afecta una superficie de 400 hectáreas de vegetación en la
comuna de Pirque.
Activo se mantiene el incendio forestal “Talami”, que
afecta una superficie de 1200 hectáreas de vegetación en la comuna de
Alhué. Este incendio amenaza la Reserva Nacional Roblería de Cobre
Loncha.
En la región de O´Higgins, se
mantiene activo el incendio forestal “Rarín”, con una superficie de 300
hectáreas de árboles y pastizales en la comuna de Paredones.
Activo se mantiene el incendio forestal “El
Perdigadero”, que afecta una superficie de 1.200 hectáreas de vegetación
en la comuna de Paredones.
Activo se mantiene el incendio forestal “Nilahue
Barahona”, que afecta una superficie de 21.420 hectáreas de matorral,
pastizal, monocultivos de pino y eucalipto en las comunas de Pumanque y
Marchigüe. Se ha informado de 32 personas damnificadas, 30 albergadas y
ocho viviendas destruidas.
Activo se mantiene el incendio forestal “Rincón de
Yaquil 2”, con una superficie de 5.525 hectáreas de bosque nativo,
pastizal, matorral y plantaciones en las comunas de Santa Cruz, Palmilla
y Peralillo.
En la región del Maule, se encuentra
activo el incendio forestal “Pantanillos”, con una superficie de 15
hectáreas en la comuna de Constitución. Se reporta peligrosidad por la
gran cantidad de combustible disponible en las plantaciones forestales
del sector, además de riesgo por cercanía de sectores habitados.
En la comuna de Cauquenes, se encuentra activo el
incendio forestal “Coronel Maule”, que afecta una superficie de 1.200
hectáreas de monocultivos forestales. Se ha reportado alto riesgo de
propagación a lugares habitados.
En la comuna de Río Claro, se mantiene activo el
incendios forestal “Paso Ancho – San Camilo”, que afecta una superficie
de 151 hectáreas de vegetación.
En la comuna de San Javier, se mantiene activo el incendio forestal “La Chiripa” que afecta una superficie de 70 hectáreas.
En las comunas de Vichuquén y Hualañé se mantiene
activo el incendio forestal “Las Cardillas”, que afecta una superficie
de 3.976 hectáreas.
En la comuna de río Claro, se mantiene activo el incendio forestal “Los Pinos”, que afecta una superficie de 100 hectáreas.
personal de CONAF.
personal de CONAF.
En la región del Bio-Bio, se
mantiene activo el incendio forestal “San Ramón” que afecta una
superficie de 78,4 hectáreas de vegetación en la comuna de San Rosendo.
En la comuna de Hualpén se mantiene activo el
incendio forestal “Ramuntcho”, que afecta una superficie de 0,7
hectáreas de vegetación.
En la comuna de Yumbel, se mantiene activo el
incendio forestal “Las Nieves”, que afecta una superficie de 11
hectáreas de matorrales y pastizales
En la región de la Araucanía, se mantiene activo el
incendio forestal, “Pichi Loncoyan”, que afecta una superficie de 5
hectáreas en la comuna de Purén.
Altas temperaturas en la zona centro-sur de Chile: un escenario de cambio climático y escasez hídrica.
Durante la tarde de ayer jueves, la Dirección
Meteorológica reportó que estos eventos de intenso calor afectarán a las
regiones de Antofagasta, de Valparaíso, Metropolitana, de O’Higgins,
del Maule, del Bío Bío, de La Araucanía, de Los Ríos y de Los Lagos.
Para estos próximos días se han pronosticado elevadas
temperaturas, superiores a 35°C en algunas localidades interiores, y
valles en Chile central, lo que podría agravar aún más la situación de
vulnerabilidad de los territorios ante incendios forestales de grandes
magnitudes.
Las zonas más afectadas se encuentran en los valles
de la región de Valparaíso y Metropolitana, además de la zona interior
de la región del Maule y Bío Bío, donde las temperaturas máximas
oscilarían entre 35 y 40 grados, y donde las sensaciones térmicas
podrían incluso superar estas temperaturas.
Para América del Sur, existe un consenso general en
torno a que los principales cambios que se proyectan para para las
próximas décadas en el contexto de cambio climático
son: un incremento en las precipitaciones de verano sobre la zona
subtropical suroriental del continente; una reducción de las
precipitaciones de invierno sobre la mayor parte del continente; y una
reducción de las precipitaciones en todas las estaciones a lo largo de
la sección sur de la Cordillera de los Andes, es decir, la zona centro y
sur de Chile.
Gran parte de los incendios que afectan la zona centro-sur de Chile tienen origen, o bien se propagan a través de plantaciones de monocultivos forestales de pino y eucalipto,
cuyas características y masividad estructural, favorecen los incendios
de grandes magnitudes. Además, la fuerte demanda de agua y nutrientes
que ejercen las más de 2,5 millones de hectáreas de monocultivos
forestales, propician la escasez hídrica
en casi la totalidad de las comunas de la Cordillera de la Costa y del
secano costero del centro-sur del país, facilitando de esta forma la
ocurrencia y propagación de incendios forestales.
PLANTAR POBREZA, EL NEGOCIO FORESTAL EN CHILE - DOCUMENTAL
https://youtu.be/A42dHCxuJ1wLa industria forestal se debe retirar y el Estado implementar una política de reparación y prácticas sustentables
De RESUMEN DE CHILE (Concepción)
23 enero 2017
[resumen.cl] El Estado, a través del Decreto 701,
desde 1974, ha financiado una cantidad creciente de faenas propias de
las plantaciones forestales, facilitando su expansión. El beneficio de
estas bonificaciones, directa o indirectamente, ha terminado en las
arcas del gran empresariado forestal, pues si las superficies son de su
propiedad, han recibido el dinero correspondiente y, si son de pequeños
propietarios, éstos terminan contratando empresas dependientes de las
grandes forestales para los trabajos pertinentes y, finalmente,
vendiéndole la madera a éstas mismas a los precios impuestos por ellas,
en un contexto de oligopsonio.
Desde hace décadas, las alteraciones
ambientales de la expansión de monocultivos forestales se evidencian en
todo nuestro territorio. Una de éstas es la escasez hídrica en que
quedan los terrenos sometidos a estas plantaciones industriales de
árboles, los cuales -por ser de rápido crecimiento- extraen grandes
cantidades de agua para su desarrollo, provocando una progresiva
disminución en los cursos de agua, en las napas subterráneas y en la
humedad del ambiente. Otra alteración la representa la combustibilidad adquirida por las zonas forestadas,
si se tiene en cuenta que, además de su sequedad, los pinos son
especies altamente resinosas que presentan compuestos inflamables como
la trementina, mientras que los eucaliptos presentan aceites inflamables
como los terpenos.
En el actual contexto de cambio
climático global por emisiones antropogénicas de gases invernadero,
donde se espera una progresiva reducción de las precipitaciones en todas
las estaciones a lo largo de la sección sur de la Cordillera de los
Andes, y donde además se proyecta una intensiva degradación ambiental y
pérdida de biodiversidad debido a los impactos y el avance general del
extractivismo a gran escala en la zona centro-sur de Chile, uno de los
peores modelos productivos que se puede sostener en este territorio, son
precisamente monocultivos altamente demandantes de agua y recursos.
Además de esto, es altamente probable que la industria forestal en Chile
no solamente no contribuya a la mitigación del cambio climático como se
autopromociona, sino justamente lo contrario: que potencie directamente
la catástrofe en curso mediante la degradación y contaminación del
suelo (principal reservorio de carbono); mediante las actividades
industriales de producción, transporte y distribución de pulpa de
celulosa y papel en el mercado global; con la contaminación de cursos de
agua y la consecuente privación de esta para comunidades humanas; y con
la venta de bonos de carbono que potencia la desregulación de la
contaminación emitida por grandes complejos industriales en el
hemisferio norte y países del denominado “primer mundo”, entre otras
actividades e impactos de esta industria, aún no suficientemente
estudiados.
En la actualidad, tanto bomberos y
como brigadistas de CONAF han reconocido lo dificultoso de su labor,
entre otros factores, porque no existen fuentes de agua suficientes para
aprovisionar los equipos destinados a extinguir los incendios.
Con el Decreto 701 y la permisión
para forestar indiscriminadamente bajo la falacia de control de la
erosión y recuperación de suelos, el Estado ha propiciado este desastre y
es hora que se implemente una política destinada a revertirlo, para lo
cual el territorio debe ser entendido y tratado como un espacio con un
ecosistema degradado y frágil. Debido a esto mismo, las prácticas
desarrolladas en él deben ser coherentes con criterios de reparación
y sustentabilidad. Esto implica que la industria forestal se debe
retirar, pues sus métodos convierten en inhabitables los espacios donde,
hasta ahora, mal viven nuestras comunidades.
VIDEO EXPLICATIVO DEL DECRETO 701 [extracto de Documental Plantar Pobreza]
LOS INCENDIOS FORESTALES [extracto de Documental Plantar Pobreza] [VIDEO]Agua que escurre de eucalipto recién cortado evidencia gran consumo hídrico de estos árboles
Gobierno desvía responsabilidad de incendios a la intencionalidad ¿Por qué no habla de las forestales?
De RESUMEN DE CHILE (Concepción)
25 enero 2017
[resumen.cl] El último reporte de la
ONEMI en base a información de CONAF habla de 139.009 hectáreas
consumidas por el fuego mientras que las oficinas regionales de la ONEMI
reportan, 142 damnificados, 158 albergados y 81 viviendas destruidas.
Desde el gobierno insisten en responsabilizar a la intencionalidad
humana en los incendios, pero no mencionan a las condiciones
estructurales que permiten que la “intencionalidad” se transforme en una
amenaza a las comunidades humanas. El gobierno elude hablar de las
forestales.
Monocultivos de árboles en edad de crecimiento que absorben agua en cantidades industriales desertificando los territorios,
sin cortafuegos que protejan a las comunidades humanas de los comunes
incendios de estas plantaciones; cientos de hectáreas con árboles de la
misma altura propiciando la expansión de verdaderas bolas de fuego ¿Y
todavía el gobierno no habla de la responsabilidad de la industria
forestal en los megaincendios que año a año consumen el territorio de
entre las regiones de O’Higgins y Los Ríos?
Los peces gordos de la industria forestal son los
grupos Matte – a través de Forestal Mininco- y Angelini -a través de
Forestal Arauco-. Estos grupos, además de manejar el rubro del
monocultivo también tienen sus plantas de celulosa, una industria
altamente contaminante, que puede envenenar silenciosamente a las comunidades aledañas a través de la contaminación del suelo, del aire y del agua.
Pero eso no es todo. Estos representantes del voraz
capìtal transnacional, también están involucrados en el el
financiamiento irregular de campañas políticas. La familia Angelini
controla sus activos a través de su empresa AntarChile, empresa que fue
señalada por Giorgio Martelli como financista de la precampaña de
Michelle Bachelet. Los recursos habrían llegado por el contacto de Jorge
Rosenblut con la mano derecha de la familia Angelini, José Tomás Guzmán
Dumas, quien habría gestionado recursos por alrededor de 200 millones
de pesos entre las empresas Celulosa Arauco (Celco), Seguros Cruz del
Sur y Copec -todas partes del Holding AntarChile.
No es la única parte donde sus tentáculos han tentado
a través de presuntos delitos de cohecho al espectro político. La
familia Angelini también es propietaria de Corpesca, empresa que
financió a Marta Isasi y Jaime Orpis en medio de la tramitación de la
Ley de Pesca. Pero sus redes también involucran al ex Ministro del
Interior Rodrigo Peñailillo, Marco Enríquez Ominami, Andrés Velasco y
Felipe Harboe como puede verse a través de sus rectificaciones
realizadas ante el Servicio de Impuestos Internos rescatadas por Revista Qué Pasa.
La familia Matte es otro peso pesado que goza de la
impunidad de los poderosos. Dueños de uno de los Think Tank más
importantes del país – el CEP-, pinochetistas recalcitrantes, parte de
la burguesía lumpen criolla -que cuenta entre sus antecedentes la guerra
sucia contra la UP de Allende, trabajadores asesinados e inhumados en
terrenos de su empresa, etc-, son últimamente conocidos por la colusión del Confort y la colusión de los pañales.
Según detalla La Tercera “El grupo Matte […] ha aportado al
financiamiento de la política a través de más de una docena de
sociedades, entre ellas, CMPC, Colbún y Puerto Lirquén. La forestal CMPC
declaró en su Reporte de Desarrollo Sostenible 2013 que los aportes a
las campañas electorales ascendieron a US$ 1,3 millones.”
Con estos antecedentes no es menor la insistencia
-vomitiva- del gobierno, alcaldes y parlamentarios, acerca de la
intencionalidad de los incendios forestales, solapando -cual magos de
las comunicaciones- la realidad del campo chileno: su devastación por el
monocultivo forestal.
En el actual contexto de cambio climático global por
emisiones antropogénicas de gases invernadero, donde se espera una
progresiva reducción de las precipitaciones en todas las estaciones a lo
largo de la sección sur de la Cordillera de los Andes, y donde además
se proyecta una intensiva degradación ambiental y pérdida de
biodiversidad debido a los impactos y el avance general del
extractivismo a gran escala en la zona centro-sur de Chile, uno de los
peores modelos productivos que se puede sostener en este territorio, son
precisamente monocultivos altamente demandantes de agua y recursos.
Además de esto, es altamente probable que la industria forestal en Chile
no solamente no contribuya a la mitigación del cambio climático como se
autopromociona, sino justamente lo contrario: que potencie directamente
la catástrofe en curso mediante la degradación y contaminación del
suelo (principal reservorio de carbono); mediante las actividades
industriales de producción, transporte y distribución de pulpa de
celulosa y papel en el mercado global; con la contaminación de cursos de
agua y la consecuente privación de esta para comunidades humanas; y con
la venta de bonos de carbono que potencia la desregulación de la
contaminación emitida por grandes complejos industriales en el
hemisferio norte y países del denominado “primer mundo”, entre otras
actividades e impactos de esta industria, aún no suficientemente
estudiados.
En la actualidad, tanto bomberos y como brigadistas
de CONAF han reconocido lo dificultoso de su labor, entre otros
factores, porque no existen fuentes de agua suficientes para
aprovisionar los equipos destinados a extinguir los incendios.
Con el Decreto 701 y la permisión para forestar
indiscriminadamente bajo la falacia de control de la erosión y
recuperación de suelos, el Estado ha propiciado este desastre y es hora
que se implemente una política destinada a revertirlo, para lo cual el
territorio debe ser entendido y tratado como un espacio con un
ecosistema degradado y frágil. Debido a esto mismo, las prácticas
desarrolladas en él deben ser coherentes con criterios de reparación
y sustentabilidad. Esto implica que la industria forestal se debe
retirar, pues sus métodos convierten en inhabitables los espacios donde,
hasta ahora, mal viven nuestras comunidades.
Realizan corte de ruta en Hualqui: “No a las forestales que nos quitan el agua y secan nuestra tierra”
De RESUMEN DE CHILE (Concepción)
23 diciembre 2016
[resumen.cl] Durante la mañana de ayer jueves
(22.12.2016) manifestantes realizaron un corte de ruta con barricadas
en la ruta 0-60 en la comuna de Hualqui, con el propósito de mostrar su
oposición al negocio forestal y su preocupación ante los efectos
socioambientales de los monocultivos forestales expandidos en la zona
centro sur del país y particularmente en esta comuna.
Los manifestantes además colgaron un lienzo con la
leyenda: “No a las forestales que nos quitan el agua y secan nuestra
tierra, a defender el territorio”.
Hace años que Hualqui sufre las repercusiones de las
sucesivas rotaciones de plantaciones forestales. La escasez hídrica
sufrida por la comuna ha obligado a instituciones como ONEMI y la
Municipalidad a destinar recursos en la compra o arriendo de camiones
aljibe destinados a proveer de agua potable a la población carente de
ella.
Habitantes de la comuna de Hualqui han denunciado en
reiteradas oportunidades, que la escasez hídrica que viven en el
contexto de cambio climático global es potenciada además fuertemente por
el negocio forestal. Ellos denuncian que sus tradicionales pozos se han
secado debido a la masiva presencia de monocultivos de árboles de
rápido crecimiento, principalmente pino y eucalipto, los cuales han sido
descritos como altamente demandantes de agua y recursos.
En Chile, el manejo orientado a la productividad del
sector de monocultivos forestales e industria de celulosa y papel,
potencia la masividad de las plantaciones de pino y eucalipto. Esta
forma de manejo impide que estas plantaciones entreguen servicios
ecosistémicos vitales a la población como la conservación del suelo y la
disponibilidad de agua.
Actualmente, una significativa proporción de la zona
centro-sur de país se encuentra ocupada con monocultivos agrícolas o
forestales asociados a una amplia gama de impactos ambientales y
sociales.
URUGUAY
Familiares
de uruguayos desaparecidos que se presentaron como demandantes en el
juicio por el Plan Cóndor en Roma están analizando los pasos a seguir
para apelar, informó ayer canal 12.Hace 39 años que Graciela Borelli busca la verdad sobre la desaparición de su hermano y conocer su destino final. Raúl Borelli tenía 23 años cuando desapareció en Buenos Aires, en diciembre de 1977.
Era estudiante de Medicina y profesor de Física, y militaba en el Grupo de Acción Unificadora. Con respecto al fallo del Tribunal de Roma, Borelli dijo que fue un golpe duro, pero “un golpe más”.
“Uno participó en estos juicios por verdad y justicia. Si bien hubo más elementos a partir de la investigación que se hizo, no supimos nada con respecto al destino final.
Sobre el peregrinaje de ellos por los diferentes pozos, torturas, por testimonios, hemos reconstruido desde el momento del secuestro hasta el 16 de mayo en que lo sacan del pozo. Pero más verdad que esa no tuvimos.
Lo otro que te angustia en este tipo de fallos es que si quien cometió un pecado, un acto atroz, no recibe su condena, esto se puede volver a repetir”, afirmó a Telemundo.
Borelli dijo también que analizará el fallo con su abogado para intentar apelar. Considera que existían pruebas suficientes para condenar al marino Jorge Tróccoli que ahora reside en Italia.
La impunidad de Leviatán
por Roger Rodríguez
En las últimas horas se conoció la sentencia del juicio sobre el Plan Condor realizado en la Corte de Roma. El resultado no fue el esperado por Familiares y otras organizaciones de derechos humanos, la mayoría de los absueltos son uruguayos. A continuación compartimos el análisis de Roger Rodríguez sobre los significados y las consecuencias del juicio y la sentencia.
1 ¿Puedes pescar a Leviatán con un anzuelo, o atarle la lengua con una cuerda?
2 ¿Puedes ponerle un cordel en la nariz, o perforarle la quijada con un gancho?
3 ¿Acaso amablemente va a pedirte o suplicarte que le tengas compasión?
4 ¿Acaso va a comprometerse a ser tu esclavo de por vida?
5 ¿Podrás jugar con él como juegas con los pájaros, o atarlo para que tus niñas se entretengan?
6 ¿Podrán los mercaderes ofrecerlo como mercancía, cortarlo en pedazos para venderlo?
7 ¿Puedes atravesarle la piel con lanzas, o la cabeza con arpones?
8 Si llegas a ponerle la mano encima, ¡jamás te olvidarás de esa batalla, y no querrás repetir la experiencia
(Biblia, Antiguo Testamento, Libro de Job, 41)
La sentencia de la III
Corte de Asís de Roma en el juicio sobre el Plan Cóndor de las
dictaduras sudamericanas ratificó la impunidad de los tiempos en que
vivimos. Ante el dilema entre aplicar la justicia internacional sobre
los criminales de lesa humanidad, los jueces italianos optaron por
condenar únicamente a los mandos políticos (civiles o militares) de
Bolivia, Perú, Chile y Uruguay, y absolver a los efectivos militares que
cometieron los delitos.
Fueron condenados a
cadena perpetua los chilenos Hernán Jerónimo Ramírez y Rafael Ahumada
Valderrama, los bolivianos Luis García Meza y Luis Arce Gómez, los
peruanos Francisco Morales Bermúdez, Pedro Richter Prada y Germán Ruiz
Figueroa, y el ex canciller uruguayo Juan Carlos Blanco, quien cumple
condena en la cárcel central. Todos los demás imputados fueron
absueltos.
La mayoría de los
absueltos son uruguayos: los ya procesados Ricardo Arab, José Gavazzo,
Ernesto Ramas, Jorge Silveira, Gilberto Vázquez, Juan Larcebeau, Luis
Maurente, Ricardo Medina, José Sande y Ernesto Soca, quienes cumplen
condenas en Uruguay, y los requeridos Jorge Tróccoli (fugado a Italia) y
Pedro Mato (fugado a Brasil). También se absolvió a los chilenos Pedro
Espinoza, Daniel Aguirre, Carlos Luco, Orlando Moreno y Manuel Vázquez, y
al peruano Martín Martínez. Todos ellos son efectivos militares.
Este fallo puede
interpretarse como suerte de doctrina internacional de la “obediencia
debida” que constituye una traducción jurídica de la realidad política
de Italia y los países de la OTAN que desde hace décadas se encuentran
comprometidos en distintos tipos de intervenciones militares a nivel
mundial y no pueden permitir que sus soldados puedan ser juzgados por
actos aberrantes que se les pudiera ordenar realizar. De lo contrario se
produciría un desacato generalizado y ellos necesitan a su can Cerbero.
El pronunciamiento del
Tribunal de Roma puede implicar un golpe mortal al Estatuto de Roma
cuyo articulado sigue sin ser ratificado por algunas de las principales
potencias mundiales, como Estados Unidos, Israel, Irán, Japón, Kuwait,
Rusia, Siria, quienes no aceptan someterse a una Corte Internacional
como la que prevé el acuerdo y que, en el caso norteamericano, han
sancionado a aquellos países que no aceptaron firmar tratados
bilaterales de inmunidad al respecto.
También obliga a una
necesaria revisión del funcionamiento y las normas procesales de este
tipo de juicios internacionales, en los que no se puede aplicar un
criterio “penal” de los delitos ya que luego de tantos años de ocurridos
las violaciones a los derechos humanos es imposible acumular las
pruebas que se necesitan en una causa criminal común. En particular,
porque en estos casos la prueba del delito, los cuerpos de las víctimas,
fue intencionalmente desaparecida.
Responsabilidad de Estado.
El
gobierno uruguayo ya anunció su disposición a apelar el fallo de Roma,
como lo harán los familiares de las víctimas y las organizaciones
políticas y sociales que promovieron las denuncias desde 1999, cuando en
la justicia uruguaya todas las denuncias judiciales estaban paralizadas
al amparo de una Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado,
que nunca fue anulada aunque sus efectos hayan sido eliminados por un
acto administrativo del presidente José Mujica y por el único artículo
de una ley interpretativa que no declaró inconstitucional la Suprema
Corte de Justicia.
Fue
equivocada la estrategia del Estado uruguayo en las directrices dadas a
su abogado Fabio Galiani en el proceso judicial romano. El patrocinante
centró su acusación en la figura del capitán de navío Jorge Tróccoli
que por un “error administrativo” había logrado evitar un proceso de
extradición. Para los jueces romanos, Tróccoli (ciudadano italiano) era
sólo un eslabón de la cadena en cuyo mando encontraron y condenaron a
cadena perpetua al ex canciller Juan Carlos Blanco, ya que los
presidentes y comandantes de la dictadura habían muerto. Probablemente
hubieran condenado al dictador Gregorio Álvarez, si no fallecía semanas
antes de la sentencia.
La
responsabilidad del Estado será uno de los temas a analizar de este
largo proceso. La ex fiscal Mirtha Guianze, hoy presidenta de la
Institución Nacional de Derechos Humanos, ya deslizó una crítica a
recordar que la Comisión para la Paz entregó al Tribunal de Roma
documentos reservados que fueron negados a la justicia uruguaya. Un dato
que vuelve a colocar sobre la mesa el tema de la desclasificación de
documentos de la dictadura y la aplicación Ley de Acceso a la
Información Pública.
Las
críticas al gobierno se centran en la forma como se ha mantenido bajo
reserva el llamado “Archivo Berrutti”, un voluminoso conjunto de
expedientes que fueron encontrados en una dependencia militar durante el
primer gobierno de Tabaré Vázquez y todavía se mantienen bajo reserva,
pese a los temas que contienen según un índice que del mismo ha
trascendido. No se termina de entender cuáles son los intereses o las
presiones que existen para que esos archivos sigan en la oscuridad.
En
particular, ante el espejo del “Archivo Castiglioni”, un conjunto de 65
cajas de copias y facsímiles que se incautaron en la casa de un coronel
del Ejército, cuyo contenido ha trascendido en algunos medios de
prensa. Incluso, más de uno se pregunta por qué no se ha ordenado el
allanamiento de la casa de otros connotados represores de la dictadura,
quienes en su momento evidenciaron tener documentación reservada de los
años de la represión que, para colmo, llegaron a publicar en una página
de Internet.
Tiempos de impunidad.
Lo
que el fallo de Roma exige, ahora, es la reactivación de las causas
judiciales que continúan dormidas en Uruguay que, como se indicó en el
anuario de Serpaj, 30 años después de la aprobación de la Ley 15.848,
solo ha permitido el proceso de 30 represores, cuando de 304 denuncias
de violaciones a los derechos humanos que fueron judicializadas, el 23 %
fue archivado, el 63% continúa en la etapa de presumario y sólo hubo 6
sentencias, de acuerdo a datos proporcionados por el Observatorio Luz
Ibarburu.
¿Cuáles
son las razones de ese enlentecimiento en los procesos? ¿Quiénes son
los responsables de que las causas no progresen? ¿En cuánto es
responsabilidad de la Suprema Corte de Justicia o de la Fiscalía de
Corte, que disponen el cambio de jueces y fiscales a su antojo obligando
a que los sustitutos vuelvan a empezar de cero? ¿Por qué no se ha
implementado la fiscalía de derechos humanos tantas veces anunciada?
¿Por qué no se hace un tribunal al respecto, ya que es una especialidad
como la del crimen organizado? ¿Por qué no se analiza judicialmente el
tema derechos humanos como un todo en un proceso que permita ver el
contexto y las relaciones de los casos que hoy se indagan
individualmente?
¿Qué
espera el Poder Ejecutivo para darle presupuesto y logística material y
humana a la Comisión por la Verdad si realmente se pretende avanzar en
la resolución de los casos de desaparecidos? ¿Cuándo se creará un equipo
de trabajo full time para planificar y concretar las excavaciones en
unidades militares así deban arar todo el Campo de Vidella? ¿Cuándo se
ejercerá presión sobre los represores instruyéndoles los Tribunales de
Honor que los degraden y limiten sus actuales jubilaciones? ¿Cuándo el
Poder Legislativo elaborará una norma que favorezca a esos militares si
colaboran en la búsqueda y aparición de los desaparecidos?
Los
familiares, las organizaciones sociales, los activistas e
investigadores, debemos continuar el trabajo, conscientes de que vivimos
en un tiempo de impunidad local e internacional, pero con la convicción
de que la verdad puede y debe ser encontrada. Para que haya memoria
hasta que se logre la justicia. Para que no se olvide a la víctima de
cada causa bajo impunidad, el nombre de cada impune y la responsabilidad
de cada impunidor, mientras el Leviatán siga vivo y nade se atreva a
ponerle la mano encima.
Publicada originalmente en el facebook del autor.
Viernes 27 • Enero • 2017
Productores de Canelones fueron afectados por regar con agua del arroyo que, presumen, fue contaminado con herbicidas
La Armonía es una zona rural ubicada en el departamento
de Canelones, a la altura del kilómetro 42 de la ruta 33. La calma se
terminó el jueves 19, cuando un productor vio que sus plantas se estaban
secando y el ingeniero agrónomo que lo asesora le confirmó que se
estaban quemando, porque había un herbicida en el agua con que las
regaba. Son al menos siete los productores que perdieron toda su
producción, y el problema continuará en los próximos meses. Ayer
hicieron una reunión a la que asistieron 50 personas, autoridades de
organismos nacionales, departamentales y municipales, así como
productores. Están esperando los resultados de las muestras que tomaron,
y con ellos verán qué caminos seguir. El caso muestra la difícil
coexistencia de modelos productivos en el departamento.
Eduardo Casanova fue el productor que detectó el problema. En
su predio de cuatro hectáreas y media tiene ocho invernáculos: cuatro de
tomates y cuatro de morrones. Contó a la diaria que hacía un
mes que había trasplantado los tomates y dos semanas que los había
encañado, para que tomaran altura. Todo venía bien, pero la semana
pasada vio que la hoja se empezaba a enrular y estaba cada vez más
amarilla. Llamó a su ingeniero agrónomo de confianza, que fue quien le
dijo que lo que ocurría era que la producción se estaba quemando, por
efecto de un herbicida que estaba en el agua que llegaba al invernáculo
mediante el sistema de riego, por goteo. Casanova vio que les ocurría lo
mismo a las plantas que tenía en los otros invernáculos, en los que
tenía tomates que estaba cosechando, y en los de morrones. Fue a la casa
del vecino y le pasaba lo mismo. “Empezamos a recorrer junto a las
aguas del arroyo y estaba todo quemado, y el agua estaba negra, toda con
herbicida”.
El agrónomo al que consultó Casanova se llama Sebastián Peluffo y explicó a la diaria que el principio activo que sospechan que se aplicó fue imazetapir, un herbicida aplicado en soja y maíz. En la zona hay un predio de un productor argentino, con una extensión de al menos 200 hectáreas, que tiene plantado maíz y el verano pasado sembró soja. Peluffo detalló que los productores vieron cómo sus plantas se retorcían en la parte superior, y que eso ocurre con productos que “son inhibidores de la síntesis de nueva proteína en la planta”. El ingeniero calculó que “lo más probable es que sea ese herbicida, porque el síntoma en las malezas de los campos aplicados coincide con cómo se están muriendo las plantas en los invernáculos; incluso las malezas, los pastitos que crecen entre las plantas en los invernáculos, tienen los mismos síntomas, o sea que la causa-efecto es totalmente asociada”. Peluffo también sostuvo que en el arroyo observaron “que las malezas y las plantas acuáticas -camalotes, población vegetal de la ribera- tenían los mismos síntomas que las plantas de los invernáculos” y que “hacia arriba, a donde arrancan campos de soja y de maíz, donde recientemente se habían dado esos herbicidas, fuimos y vimos que se estaban muriendo los yuyos”.
“Este año perdí toda la producción, cuatro invernáculos de morrón y cuatro de tomate, y tengo que esperar 90 días para volver a plantar y ya tenés el invierno arriba y no podés plantar nada”, dijo Casanova. El productor tiene plantines de tomate para trasplantar el 15 de febrero, pero no lo podrá hacer, y si tuviera lugar donde plantarlos, no tendría agua para regarlos. “Estamos atados de pies y manos”, lamentó. El agrónomo informó que el plazo que mencionó Casanova es así porque el imazetapir tiene una persistencia muy alta. Citó un artículo del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, de Argentina, que sugiere que para plantar un segundo cultivo que no sea maíz o soja -modificados genéticamente para resistir el herbicida- en un área que haya sido fumigada con ese principio activo, tienen que pasar de 200 a 400 días. Peluffo indicó que es un producto que se usa en dosis muy bajas: “Con un sobrecito de 70 gramos podés matar todas las malezas de una hectárea, es decir, de 10.000 metros cuadrados. Son herbicidas bastante potentes y con pequeñas cantidades (por ejemplo, lavando una máquina y tirando el agua al arroyo) podés afectar mucha superficie”.
Cuatro agrónomos asesores de los productores denunciaron la situación el jueves 19 en la Intendencia de Canelones (IC), que el viernes hizo una inspección. Matías Carámbula, director de la Agencia de Desarrollo Rural de la IC, explicó a la diaria el caso. Dijo que el viernes concurrieron con integrantes de Gestión Ambiental de la IC, con funcionarios de la Dirección General de Servicios Agrícolas (DGSA) del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca -que es la responsable de hacer los análisis de agua y suelo-, y de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama). Concurrió la Dinama no sólo por la afectación del medioambiente en esa zona puntual, sino por la afectación de la cuenca del río Santa Lucía, puesto que el arroyo Tabárez, que fue el contaminado, es afluente del arroyo Canelón Chico, que desemboca en el río Santa Lucía, pocos kilómetros antes de la planta potabilizadora de Aguas Corrientes. Carámbula informó que las tres instituciones tomaron muestras y que están considerando si le darán intervención al Ministerio de Salud, puesto que puede estar contaminada el agua de los pozos, que es la que consumen los habitantes del lugar.
Carámbula contó que ayer hubo una reunión a la que asistieron más de 50 personas, y que corroboraron que el problema “es más grande de lo que se pensaba”, puesto que hay siete productores afectados directamente, y otros tantos de manera indirecta. Casanova comentó que esos otros fueron afectados porque el vivero de la zona también usa agua del arroyo, y se quemaron plantines de varios productores familiares.
Con 35 años de edad, Casanova produce junto a su esposa, de 34, y tienen un bebé; hace cuatro años se mudaron al lugar. Antes plantaba en otra zona, y van armando esta quinta de a poco; venden su producción al Mercado Modelo, y ni él ni su esposa saben qué van a hacer. “Casi seguro que tenemos un año perdido por culpa de la gente que planta granos, que no les interesa; aparte son extranjeros”, acusó. Dijo que el año pasado le pasó algo similar, pero que no denunció porque pensó que la afectación era por exceso hídrico.
En la reunión de ayer participaron las autoridades de la IC, el director de Servicios Agrícolas, Federico Montes, referentes de la Dirección General de la Granja, de la Comisión Nacional de Fomento Rural, el alcalde y algunos concejales del municipio de Sauce y ediles departamentales que integran la Comisión de Desarrollo Rural.
Pasos a seguir
Carámbula informó que la IC está asesorando a los productores y enumeró que si los resultados de las muestras tomadas confirman las hipótesis, se están planteando tres itinerarios a seguir. El primero es iniciar una acción civil por los daños que sufrieron los productores, y remarcó que se trata de “productores familiares que quedaron muertos, sin producción y sin plata, sin nada”. En segundo lugar, mencionó que si se confirma la afectación del agua, la IC no descarta iniciar una acción penal. El tercero tiene que ver, concretamente, con las políticas departamentales. Anunció que este año elaborarán una propuesta de plan de ordenamiento del territorio rural de Canelones. Adelantó que “vamos a tener que resolver si decimos que ciertas cosas en Canelones no se pueden hacer”, porque la afectación de productores familiares y del agua “nos permite ir cuestionando cada vez más el modelo del agronegocio en Canelones. Todos los días aparece algún caso que hace cada vez más inviable la coexistencia entre agronegocio y producción familiar”.
El agrónomo al que consultó Casanova se llama Sebastián Peluffo y explicó a la diaria que el principio activo que sospechan que se aplicó fue imazetapir, un herbicida aplicado en soja y maíz. En la zona hay un predio de un productor argentino, con una extensión de al menos 200 hectáreas, que tiene plantado maíz y el verano pasado sembró soja. Peluffo detalló que los productores vieron cómo sus plantas se retorcían en la parte superior, y que eso ocurre con productos que “son inhibidores de la síntesis de nueva proteína en la planta”. El ingeniero calculó que “lo más probable es que sea ese herbicida, porque el síntoma en las malezas de los campos aplicados coincide con cómo se están muriendo las plantas en los invernáculos; incluso las malezas, los pastitos que crecen entre las plantas en los invernáculos, tienen los mismos síntomas, o sea que la causa-efecto es totalmente asociada”. Peluffo también sostuvo que en el arroyo observaron “que las malezas y las plantas acuáticas -camalotes, población vegetal de la ribera- tenían los mismos síntomas que las plantas de los invernáculos” y que “hacia arriba, a donde arrancan campos de soja y de maíz, donde recientemente se habían dado esos herbicidas, fuimos y vimos que se estaban muriendo los yuyos”.
“Este año perdí toda la producción, cuatro invernáculos de morrón y cuatro de tomate, y tengo que esperar 90 días para volver a plantar y ya tenés el invierno arriba y no podés plantar nada”, dijo Casanova. El productor tiene plantines de tomate para trasplantar el 15 de febrero, pero no lo podrá hacer, y si tuviera lugar donde plantarlos, no tendría agua para regarlos. “Estamos atados de pies y manos”, lamentó. El agrónomo informó que el plazo que mencionó Casanova es así porque el imazetapir tiene una persistencia muy alta. Citó un artículo del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, de Argentina, que sugiere que para plantar un segundo cultivo que no sea maíz o soja -modificados genéticamente para resistir el herbicida- en un área que haya sido fumigada con ese principio activo, tienen que pasar de 200 a 400 días. Peluffo indicó que es un producto que se usa en dosis muy bajas: “Con un sobrecito de 70 gramos podés matar todas las malezas de una hectárea, es decir, de 10.000 metros cuadrados. Son herbicidas bastante potentes y con pequeñas cantidades (por ejemplo, lavando una máquina y tirando el agua al arroyo) podés afectar mucha superficie”.
Cuatro agrónomos asesores de los productores denunciaron la situación el jueves 19 en la Intendencia de Canelones (IC), que el viernes hizo una inspección. Matías Carámbula, director de la Agencia de Desarrollo Rural de la IC, explicó a la diaria el caso. Dijo que el viernes concurrieron con integrantes de Gestión Ambiental de la IC, con funcionarios de la Dirección General de Servicios Agrícolas (DGSA) del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca -que es la responsable de hacer los análisis de agua y suelo-, y de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama). Concurrió la Dinama no sólo por la afectación del medioambiente en esa zona puntual, sino por la afectación de la cuenca del río Santa Lucía, puesto que el arroyo Tabárez, que fue el contaminado, es afluente del arroyo Canelón Chico, que desemboca en el río Santa Lucía, pocos kilómetros antes de la planta potabilizadora de Aguas Corrientes. Carámbula informó que las tres instituciones tomaron muestras y que están considerando si le darán intervención al Ministerio de Salud, puesto que puede estar contaminada el agua de los pozos, que es la que consumen los habitantes del lugar.
Carámbula contó que ayer hubo una reunión a la que asistieron más de 50 personas, y que corroboraron que el problema “es más grande de lo que se pensaba”, puesto que hay siete productores afectados directamente, y otros tantos de manera indirecta. Casanova comentó que esos otros fueron afectados porque el vivero de la zona también usa agua del arroyo, y se quemaron plantines de varios productores familiares.
Con 35 años de edad, Casanova produce junto a su esposa, de 34, y tienen un bebé; hace cuatro años se mudaron al lugar. Antes plantaba en otra zona, y van armando esta quinta de a poco; venden su producción al Mercado Modelo, y ni él ni su esposa saben qué van a hacer. “Casi seguro que tenemos un año perdido por culpa de la gente que planta granos, que no les interesa; aparte son extranjeros”, acusó. Dijo que el año pasado le pasó algo similar, pero que no denunció porque pensó que la afectación era por exceso hídrico.
En la reunión de ayer participaron las autoridades de la IC, el director de Servicios Agrícolas, Federico Montes, referentes de la Dirección General de la Granja, de la Comisión Nacional de Fomento Rural, el alcalde y algunos concejales del municipio de Sauce y ediles departamentales que integran la Comisión de Desarrollo Rural.
Pasos a seguir
Carámbula informó que la IC está asesorando a los productores y enumeró que si los resultados de las muestras tomadas confirman las hipótesis, se están planteando tres itinerarios a seguir. El primero es iniciar una acción civil por los daños que sufrieron los productores, y remarcó que se trata de “productores familiares que quedaron muertos, sin producción y sin plata, sin nada”. En segundo lugar, mencionó que si se confirma la afectación del agua, la IC no descarta iniciar una acción penal. El tercero tiene que ver, concretamente, con las políticas departamentales. Anunció que este año elaborarán una propuesta de plan de ordenamiento del territorio rural de Canelones. Adelantó que “vamos a tener que resolver si decimos que ciertas cosas en Canelones no se pueden hacer”, porque la afectación de productores familiares y del agua “nos permite ir cuestionando cada vez más el modelo del agronegocio en Canelones. Todos los días aparece algún caso que hace cada vez más inviable la coexistencia entre agronegocio y producción familiar”.