martes, 20 de febrero de 2018

ARGENTINA: Gran Marcha Azucarera: recorre los pueblos azucareros de Salta y Jujuy // 21F: apuestan a una masiva adhesión para consolidar un nuevo bloque sindical // La Agencia Federal de Inteligencia (AFI), ex SIDE, cerró sus cinco bases en el Gran Buenos Aires y planea abrir una en los EE.UU. // Defensa hizo una compra de "material bélico" y la declaró confidencial // Liliana Furio, hija de genocida: "No hay posiblidad alguna de reconciliación" // Histórico juicio por crímenes de lesa humanidad en Ford // URUGUAY: Los argumentos de Salle y Viana contra el nuevo CPP // ¡Un Uruguay Natural es un Uruguay sin transgénicos!


ARGENTINA

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Gran Marcha Azucarera: recorre los pueblos azucareros de Salta y Jujuy
Para Vargas: “Va a ser una muestra contundente de unidad de los sindicatos azucareros del norte”
Lunes 19 de febrero de 2018, por Melissa Zenobi *
A partir de las 6 de la mañana comienza la Gran Marcha Azucarera, que recorrerá los diferentes pueblos azucareros de Salta y Jujuy donde los trabajadores se encuentran dando pelea en defensa de sus fuentes de trabajo. La movilización partirá de El Tabacal para confluir en un acto en las puertas del Ingenio San Isidro. “Los ingenios son una de las actividades más importantes de la región y están sufriendo ahora un gran embate”, dijo Rafael Vargas, Secretario del Sindicato de Empleados del Ingenio Ledesma, a ACTA.
La medida de fuerza fue votada en una asamblea multitudinaria de la Federación Azucarera Regional (FAR-CTA): “En estos últimos años hemos tenido muchos golpes en la actividad sindical azucarera: ya sea a través de multas, del armado de causas judiciales a los trabajadores y dirigentes. Estos golpes se fueron incrementando con estrategias específicas de avance contra nuestros derechos”, explicó a ACTA Rafael Vargas, Secretario General del Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar del Ingenio Ledesma (SOEAIL-CTA Autónoma).
En diciembre que el Ingenio La Esperanza despidió 325 compañeros: “Fue un plan del gobierno, que armó una verdadera parodia, diciendo que vendrían empresarios a poner en funcionamiento el ingenio”, dijo Vargas y recordó: “Terminamos las fiestas con trabajadores y dirigentes detenidos, y fue gracias al trabajo de la CTA, que consiguió una resolución de la OIT para lograr la liberación de los compañeros”.
Mientras tanto, en Ledesma 30 compañeros eran despedidos: “Si bien hemos tenido diferencias muy grandes con la patronal, nunca habíamos llegado a este nivel. Sabemos que lo que pretenden es negociar las paritarias en marzo tocando puntos muy importantes de nuestro convenio”, remarcó Vargas sobre esta situación extorsiva que busca en el mediano plazo “presionar las paritarias”.
Por su parte, El Tabacal viene de una dura batalla con 180 compañeros despedidos: “Vienen peleando y resistiendo en la ruta, en la fábrica, contra el empresariado y contra un gobierno que apoya y acompaña las políticas de ajuste del capital, reprimiendo nuestras luchas para que las patronales sigan acumulando riquezas”, analizó.
En el Ingenio San Isidro, enfrentan un proceso preventivo de crisis, que implica el cierre de la fábrica con la totalidad de los trabajadores en la calle: “En el ingenio que lidera Mariano Cuenca están peleando en defensa de los compañeros. Lo que vemos ahí es una puesta en escena para atacar las conquistas conseguidas en la lucha: Han logrado el salario más alto de la actividad, con mucho avance en materia de condiciones laborales. Este es un sindicato chico que ha tenido grandes logros y se ha convertido en un faro de la actividad”, valoró Rafael Vargas.
“Toda esta realidad a nosotros nos da una gran necesidad de que la Federación Regional Azucarera pueda actuar, pueda visibilizar el conflicto a nivel local, regional, nacional y en todo el mundo. Necesitamos que en todo el país los compañeros se sumen a nuestra lucha, por la reincorporación de los despedidos y la garantía de que no haya más despidos, con las condiciones que hemos conseguido con tanto esfuerzo y sacrificio”, explicó Vargas.
De la movilización participará una delegación de la Conducción Nacional de la CTA Autónoma, encabezada por Ricardo Peidro e integrada también por Hugo "Cachorro" Godoy, Daniel Jorajuría, Horacio Meguira y Víctor De Gennaro: “Nos entusiasma confluir en una acción concreta de la Federación, demostrando la importancia que tiene para cada trabajador están visibilizando este conflicto. Creemos que la marcha va a superar las expectativas porque los problemas son muy graves y la gente está muy dispuesta a participar”.

Caravana Azucarera

Los cinco gremios integrantes de la Federación Azucarera Regional (FAR) conjuntamente con la CTA Autónoma, convocan a la gran marcha azucarera a realizarse hoy desde las 6 de la mañana.
Motivan esta marcha los despidos que las patronales están llevando a cabo en los distintos ingenios y el cierre dispuesto por los empresarios en el Ingenio San Isidro. Tanto los trabajadores como los dirigentes están convencidos que se trata de maniobras de los grupos empresarios para maximizar sus ganancias en desmedro de los derechos de los trabajadores y con total indiferencia hacia las consecuencias económicas y sociales sobre grandes grupos poblacionales.
Partiendo en las primeras horas de la mañana desde el Ingenio El Tabacal en Hipólito Yrigoyen la caravana pasara por los pueblos azucareros de Jujuy, Ledesma y San Pedro, para llegar a Campo Santo, Ingenio San Isidro, alrededor de las 11 horas. Desde allí se proseguirá a pie hasta la localidad de General Güemes donde se realizará el acto central.
Esta Marcha será una expresión de la resistencia de los trabajadores y comunidades organizados que ejercen su derecho a manifestarse; y tendrá un carácter absolutamente pacifico. La CTA y la FAR hacen responsables a los gobiernos de ambas provincias y al gobierno nacional en caso de producirse hechos de violencia o de represión.

Solidaridad internacional

En una nota enviada a la Dirección de la Federación Azucarera Regional (FAR) por FEQUIMFAR de Brasil, se expresa la solidaridad con los trabajadores y sus dirigentes sindicales del Sector Azucarero.
La misiva señala textualmente:
"Compañeros y Compañeras,
"La FEQUIMFAR -Federación de los Trabajadores en las Indústrias Quimicas y Farmacêuticas del Estado de São Paulo- en nombre de sus 33 sindicatos afiliados del Estado de São Paulo y por entender justa esta movilización, dado que esa es nuestra misión como sindicalistas activos y comprometidos con las causas en pro de todos los trabajadores, hasta incluso de los lugares más alejados del mundo.
"Frente a esto, a FEQUIMFAR expresa su solidaridad con los trabajadores azucareros y sus dirigentes sindicales en la marcha, que tendrá lugar el día 19 de febrero, para pedir la reincorporación de los trabajadores a los puestos laborales, mantener el convenio colectivo, cumplir con las leyes laborales y contra la feroz represión a los trabajadores.
"Atentamente, Sergio Luiz Leite, Presidente de la FEQUIMFAR y 1º Secretário de la Central Fuerza Sindical; Edson Dias Bicalho, Secretário General de la FEQUIMFA, Miembro del Comité Ejecutivo de la IndustriALL Global Union y Responsable por la Comisión de Desarrollo Productivo da CCSCS".
* Equipo de comunicación de la CTA Autónoma


21F: apuestan a una masiva adhesión para consolidar un nuevo bloque sindical

Para los convocantes será multitudinaria porque, además de sus gremios, se autoconvocarán seccionales y trabajadores de base de sindicatos que no adhieren.

Alfonso de Villalobos > @alfondevil, Martín Ferreyra @mferreyra_o

Sábado 17 de Febrero de 2018
El martes 6 de febrero se reunió el plenario de secretarios generales de la UOM en la sede de Villa Lugano, cuna del secretario general, Antonio Caló. El propósito del encuentro fue definir la posición del sindicato ante la movilización convocada para el 21 de febrero por la conducción de la CGT a instancias de Hugo Moyano. 
La directiva de la UOM mocionó no participar, pero tuvo que lidiar con la voz de algunas seccionales díscolas que, al igual que lo hicieron en las marchas de diciembre contra la reforma previsional, evaluaban participar. 
La resolución adoptada finalmente fue la de no adherir a la convocatoria pero, a la vez, dar libertad de acción a las seccionales que quisieran hacerlo pero sin portar distintivos del sindicato.
Las seccionales que podrían participar bajo ese formato son las de San Miguel, Quilmes, Zárate, La Matanza, Villa Constitución y Tres de Febrero, aunque todo indica que la decisión se tomará a último momento.
Una apuesta a la autoconvocatoria
El secretario de Organización del sindicato de Camioneros, Luis Córdoba, sobre quien recae gran parte del armado del acto y es receptor de las adhesiones que se producen a diario, señaló a Tiempo que "van a participar muchos sindicatos en forma autoconvocada, como pasó en diciembre contra la reforma previsional. Las bases están rebeladas por las paritarias que se firman de antemano, la gente está cansada. La masividad va a sorprender a propios y extraños".
Los organizadores esperan reunir unas 400 mil personas de la mano del sindicato camionero y sus aliados en la CGT, el triunvirato piquetero, los 25 sindicatos enrolados en la Corriente Federal de Trabajadores (CFT) y las dos CTA conducidas por Hugo Yasky y Pablo Micheli. Varias CGT regionales de la provincia de Buenos Aires (San Martín, Brown, San Miguel, Norte, Sur, Morón), Tierra del Fuego, Río Negro y San Lorenzo, al igual que el 29 de noviembre, también participarán. 
Además aportará lo propio el sindicalismo clasista y la izquierda que promueve la conformación de una columna independiente delimitada de los convocantes con el propósito de llevar la consigna de "paro activo nacional y plan de lucha".
Si bien el sector de Moyano logró una amplia mayoría en el Consejo Directivo de la CGT para formalizar la convocatoria, los dirigentes de los principales sindicatos agrupados en el sector de los Gordos y los Independientes le restaron apoyo poniendo a la central al borde de la fractura. Gremios clave del transporte como la UTA y, con excepción de los señaleros, las diferentes expresiones de los ferroviarios, como en el paro del 18 de diciembre, optaron por desacatar la medida resuelta y orientarse a una política de conciliación con el gobierno. De hecho, acaban de conceder la unificación de sus convenios con pérdida de conquistas (ver página 7). 
Sin embargo, al igual que en la UOM, las conducciones de esos sindicatos no controlan sus gremios sin fisuras y la movilización, en un contexto de discusiones paritarias y una fuerte ofensiva sobre las condiciones de vida de los trabajadores, puede transformarse en un canal de la bronca que ya se manifestó en diciembre y que, ahora, podría ingresar en un nuevo capítulo.
De hecho, Tiempo pudo saber que existe una tendencia a movilizarse por parte de comisiones internas y delegados oficialistas en el gremio de la Sanidad que conduce el propio Héctor Daer. En la Alimentación, que conduce su hermano Rodolfo, las comisiones internas dirigidas por la oposición participarán de la movilización, en su mayoría en una columna diferenciada del acto. Estarán Unilever (Helmans y Knorr), Mondelez, Felfort, Lodiser y Kraft, la planta más grande del gremio. También participarían, "bajo cuerda", según la expresión de un dirigente sindical consultado, delegados de la lista verde oficialista. Además, fuentes de la organización del acto aseguran que podrían participar seccionales del Conurbano y del interior de la provincia de Buenos Aires.
En el gremio de la construcción, cuyo principal sindicato (UOCRA) conduce Gerardo Martínez y que no participará del acto, también marcharían, como en diciembre, seccionales del interior de la provincia de Buenos Aires como Zárate-Campana, entre otras.
En el caso de la Unión Ferroviaria de Sergio Sasia, enrolado en el MASA, la seccional Haedo conducida por Rubén "Pollo" Sobrero, participará también en la columna independiente.
Por el lado de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), el cuerpo de delegados de la línea 60 definirá el lunes su casi segura participación. En ese sector, dos sábados atrás, los choferes autoconvocados también definieron que estarán en el acto. Se trata de un agrupamiento que llegó a reunir este año a 1500 choferes de una veintena de líneas en asambleas por fuera y en oposición a la conducción del sindicato.
Otra fuente sindical confió a este diario que también hay seccionales que definieron su participación incluso en el gremio de los encargados de edificio (SUTERH) que conduce Víctor Santamaría y que, luego de aprobarla en Consejo Directivo, hizo pública su no participación.
El caso de los trabajadores estatales es más complejo. Por un lado, los municipales de Sutecba conducidos por Amadeo Genta, a pesar de que vienen de firmar un acuerdo paritario de apenas el 12% en dos cuotas, serán de la partida. Por el otro, la UPCN conducida por Andrés Rodríguez -también firmante de ese acuerdo- no participará de la movilización.
En el caso de ATE, atravesado por los conflictos del INTI, el SENASA, los mineros del Río Turbio y el Hospital Posadas, la conducción nacional a cargo de Hugo "Cachorro" Godoy, no participará de la marcha en función de la disputa que mantiene con Pablo Micheli por la conducción de la CTA Autónoma, pero sí lo harán las seccionales de ATE de Capital Federal y otras seis provincias que se referencian con Hugo Yasky y la Corriente Federal de los Trabajadores. El sindicato de ANSES, APOPS, ya ratificó su presencia.
Una luz de alerta
La experiencia de una seccional de un sindicato que adhiera a una medida de otro sindicato o central contra la política de su dirección tiene el antecedente del SUTNA San Fernando. Durante el kirchnerismo, esa seccional adhirió a cada paro convocado por la CGT de Hugo Moyano contra el Impuesto a las Ganancias, entre otras reivindicaciones muy sentidas por los trabajadores del neumático. Esa política, a la postre, se tradujo en el triunfo de esa oposición que hoy conduce el sindicato nacional y todas las seccionales que, hasta entonces, estaban en manos del sector de Pedro Wazsiejko.
Debates por el futuro
Así las cosas, más allá de los convocantes, la movilización del 21 de febrero aparece como un canal de continuidad del ciclo de protestas contra las reformas del gobierno que llegó a un pico en diciembre pasado y que, por sus organizadores, tuvo su antecedente en la movilización del 29 de noviembre al Congreso Nacional.
Según una encuesta que realizó este medio entre sus socios (ver página 39), la abrumadora mayoría aspira a que la movilización sea el puntapié inicial de "una profundización de la movilización sindical en defensa de los derechos de los trabajadores".
La confesión de Schmid, en el sentido de que el triunvirato de la CGT está acabado, plantea inmediatamente el interrogante sobre las fuerzas en escena que pugnan por organizar y dirigir, con programas y planteos propios, la próxima etapa de la CGT y del movimiento obrero.
El viernes pasado, Pablo Moyano dio a conocer su posición: un Congreso de la CGT en marzo o abril para elegir una nueva conducción, aunque la realidad es que los sectores más dialoguistas podrían reunir una mayoría de delegados sobre la base del poderío de los sindicatos de Comercio, UOCRA, UPCN, Sanidad, Alimentación y UTA, entre otros.
Consultado por este diario, Hugo Yasky señaló: "Hay un proceso de reagrupamiento del movimiento sindical y social ante la necesidad de construir un sujeto colectivo que enfrente el ajuste de Macri. Es posible la construcción de un espacio donde volvamos a estar juntos sectores que militan en la CGT y en la CTA. Están todas las opciones abiertas. No descartamos volver a discutir la reinserción en una CGT combativa. La única línea divisoria real es la que separa a los que quieren hacer seguidismo con el gobierno y los que queremos defender las conquistas sociales del movimiento obrero".
Esa hoja de ruta de la CTA comienza el día después del próximo 21, cuando un congreso único entre la CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma convocará a elecciones para su reunificación que, de cualquier forma, será incompleta porque quedará por fuera el sector de Hugo "Cachorro" Godoy.
Omar Plaini, líder de Canillitas y miembro de la Comisión Directiva de la CGT, matizó el planteo aunque lo respaldó en declaraciones a FM La Patriada: "Hay que ir a una CGT unificada que incluya a la CTA".
En esa línea, Eduardo Berrozpe, secretario de Prensa de La Bancaria, animadora de la Corriente Federal, señaló a Tiempo que "estos pasos que se están dando juntos desde el principio de Macri caminan en un sentido de unidad del movimiento obrero. Eso debería plasmarse en una sola central del trabajo. Con relación al bloque que convoca el miércoles, somos partidarios de una unidad sin exclusiones del movimiento sindical alrededor de una sola CGT y con un programa definido".
El sindicato camionero, vale recordarlo, luego de la movilización del 29 de noviembre mantuvo un perfil bajo en las movilizaciones de diciembre contra la reforma previsional. Su  secretario gremial, Marcelo Aparicio, señaló a este diario que "hoy por hoy, (este) es un bloque circunstancial. Son reclamos entre varios sectores para tratar de corregir el rumbo de este gobierno. Estamos en defensa de los derechos de los trabajadores, no vamos a excluir a nadie".
La eventual institucionalización de este bloque podría incluir al triunvirato piquetero. Una alta fuente de la CTEP no descartó ante este diario la posibilidad de integrarse a la CGT aunque, para ello, deberían darse ciertas condiciones: "Nuestros delegados deberían participar del Consejo Directivo y del Congreso para lo cual habría que reformar los estatutos".
Daniel Menéndez, de Barrios de Pie señaló a Tiempo que "hay un sector de la CGT que entiende que la unidad para no hacer nada es un límite. Para nosotros, más allá de su institucionalización, sirve para impulsar articulaciones que les den más potencia a las respuestas que nos defiendan de las políticas económicas".
Los gremios clasistas, por su parte, esperan que la convocatoria sea una de las más importantes de los últimos años. Sin embargo, uno de los referentes de esos sectores, el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático (SUTNA), Alejandro Crespo, adelantó que la decisión es ir "con una columna independiente, con nuestro propio programa, diferenciándonos de los convocantes porque no podemos avalar el discurso que tendrán en el acto ni tenemos garantías de que esta convocatoria vaya a tener una continuidad". «
Un triunvirato, tres posturas 
El triunvirato que conduce la CGT ya forma parte del pasado. Así lo reconoció uno de sus miembros, Juan Carlos Schmid, al señalar que "el triunvirato, que fue votado colectivamente, entró en una crisis profunda desde diciembre, cuando la mayoría de los sindicatos grandes desobedecieron la convocatoria. Tengo la impresión de que este ciclo está agotado".
Efectivamente fue en diciembre pasado cuando el triunvirato recibió un golpe del cual ya no pudo reponerse y sobre la base del cual recobraron protagonismo Hugo Moyano y Luis Barrionuevo, quienes se habían retraído luego de promover a Schmid, el primero, y Carlos Acuña, el segundo.
El anuncio de la movilización del 21 de febrero terminó de dividir aguas ya que, con el correr de los días, cada uno de sus tres integrantes se ubicó en posiciones diferentes.
Héctor Daer, de entrada, rechazó  la convocatoria promovida en el encuentro sindical realizado en Mar del Plata en enero, del que participaron Acuña y Schmid. Luego se ausentó de la reunión de Comisión Directiva de la CGT que la formalizó. 
Por su boicot a la movilización se ganó el mote de "carnero" que le espetó Carlos Acuña quien, horas después, quedó colocado en un lugar muy incómodo cuando Barrionuevo optó por bajarse de la movilización y lo condujo hacia ese mismo camino.
De esa forma, el líder de los estacioneros se vio obligado forjar una posición intermedia señalando que "no participaremos, pero apoyamos".
Así las cosas, a cada triunviro le corresponde una postura diferente. Schmid va, Acuña no va pero apoya y Daer ni apoya ni va.
El debate, ahora, es el destino de la propia central y si las negociaciones para una inevitable renovación derivan finalmente en una fractura.
Camioneros ya toma medidas de fuerza
En las vísperas de la movilización del próximo miércoles el sindicato de Camioneros lonzó un plan de acción en reclamo del bono que todos los años perciben por parte de las empresas.
Este año, según declaraciones radiales de Hugo Moyano, "el 70% de las empresas ya lo firmaron y lo acordaron. Y la cámara empresaria dice que el gobierno no les permite firmarlo".
Se trata de una suma de $ 9500 por única vez.
La medida de fuerza consiste en un quite de colaboración de la rama de recolección de residuos que, por tratarse de "trabajo a reglamento" contemplado en el convenio, no es alcanzada por la conciliación obligatoria.
En el día de mañana el sindicato definirá en asambleas si la medida se profundiza hasta un paro de actividades en la rama de recolección y si se extiende a otras ramas como la de conductores de camiones de combustibles y caudales lo que podría generar desabastecimiento de nafta y gasoil y escasez de dinero en los cajeros y bancos que, además, estarán en medio de una medida de fuerza propia de 48 horas.
La medida por el momento abarca la Ciudad de Buenos Aires y algunos municipios del Gran Buenos Aires y se extiende al interior de la provincia.
Según estimaciones sindicales implica que, a diario, un 30% de la basura queda sin recolectar generando un espiral de acumulación.

La AFI cierra bases en el conurbano y planea abrir una en los Estados Unidos
Del Gran Buenos Aires a Miami

La ex SIDE cerró sus cinco bases operativas en el Gran Buenos Aires con una explicación de dos palabras recogida por este diario: “Razones operativas”. La verdadera historia de la relación áspera entre los espías y los miembros de la Bonaerense.
Los federales y los espías afirman que los informes que producían las bases del GBA eran elementales, tomados de la tevé o de Internet.
Los federales y los espías afirman que los informes que producían las bases del GBA eran elementales, tomados de la tevé o de Internet. 
La Agencia Federal de Inteligencia (AFI), ex SIDE, cerró sus cinco bases en el Gran Buenos Aires. Así retrocedió luego del intento de llenar de más policías  –esta vez en el papel de espías– el conurbano bonaerense. Hoy en día la AFI está copada por ex policías, federales y bonaerenses, y hubo un plan de establecer vigilancia principalmente sobre los intendentes peronistas. Pero la presencia de los policías dependientes de la AFI, que observaban también los negocios de sus pares de la Bonaerense, empezó a provocar roces. Las tensiones llevaron al cierre de las bases en el Gran Buenos Aires que, oficialmente, fue confirmado por la AFI con una frase escueta: “Razones operativas”. 
En paralelo, deslizaron que el presupuesto será destinado a abrir una base en Miami, algo que, de hacerse, obviamente tendrá el beneplácito de Washington. La CIA no permite la circulación libre de agentes, de manera que todo forma parte de un proceso de multiplicación de la presencia policial a todos los niveles y de confluencia con las políticas norteamericanas hacia Sudamérica, todo con miras a enfrentar la principal hipótesis de la Casa Rosada: el conflicto social.

Policías

Tradicionalmente la SIDE tenía tres bases en la Provincia de Buenos Aires. Una en La Plata, otra en Bahía Blanca y otra en Mar del Plata. La llegada de Cambiemos al edificio de la calle 25 de mayo profundizó la idea de vigilar el conurbano y, sobre todo, los distritos con intendentes peronistas. Eso llevó a la activación de cinco bases, entre ellas en Morón, Matanza, Pilar y Quilmes. Lo más conocido fue que el ex jefe de la Bonaerense Daniel Salcedo fue designado a cargo de una base. La noticia trascendió porque Salcedo era prácticamente el jefe de peritos de la jueza Sandra Arroyo Salgado en su batalla por instalar que la muerte de su ex pareja, Alberto Nisman, fue un homicidio y no un suicidio. Salcedo tuvo que renunciar como perito y la propia Arroyo Salgado se quejó en forma pública de su pase a la AFI. 
La central de espías viene contratando policías desde diciembre de 2015. La mayoría son ex comisarios o subcomisarios de la Federal, transformados en espías de la número dos y jefa operativa de la AFI, Silvia Majdalani. Las interpretaciones sobre su origen son variadas. Algunos indicios recogidos por este diario señalan que tienen preeminencia algunas incorporaciones apadrinadas por el  caudillo radical Enrique “Coti” Nosiglia. Otros afirman que sobrevoló en las designaciones la mano de Jorge “El Fino” Palacios, actualmente juzgado por encubrimiento en el caso AMIA. Por supuesto que los espías de carrera afirman que la AFI dejó de existir, porque ahora hay policías y no profesionales formados en inteligencia.
Junto a los policías federales sumados en 2016 y 2017 se fueron incorporando policías bonaerenses, “patas negras”, como les dicen despectivamente los federales y los espías de carrera. Los federales y espías afirman que los informes que produjeron las bases del Gran Buenos Aires eran elementales, a veces tomados de los canales de noticias, de páginas de internet y con groseros errores de ortografía. Según este sector ni siquiera cumplían con el objetivo de espiar a los intendentes del peronismo y menos todavía produjeron un real informe sobre las propiedades en countries, a nombre de sociedades en paraísos fiscales y habitadas o administradas por personas que no pueden explicar el origen de los fondos. 
En lo formal, la existencia de las bases del conurbano apuntaba a que la AFI participara, de la mano de la DEA norteamericana, de las investigaciones y operativos contra el narcotráfico. Pero empezaron los roces con la Bonaerense, que tiene tomado el territorio y, según dicen en la AFI, no quisieron tener competencia. Ni en las investigaciones ni en los negocios turbios. 
Es más, desde la Bonaerense sostienen que hubo intentonas de “cortar boleto”, es decir que los bonaerenses retirados que estaban en la AFI pedían coimas por hacer la vista gorda ante supuestas maniobras oscuras de sus ex compañeros, aún en actividad. Todo se encaminaba hacia una confrontación y, según parece, se decidió desactivar el peligro cerrando las bases de la AFI. 

Miami

Lo que se hizo trascender en las últimas semanas es que el presupuesto ahorrado en cerrar los humildes departamentos, sucuchos, de la AFI en el conurbano, se utilizará para armar una base en Miami. Desde los tiempos en que el dominio de la SIDE estaba en manos de Antonio Horacio “Jaime” Stiuso la alianza con Estados Unidos era la prioridad, en especial con la CIA, en materia de terrorismo, pero también con la DEA, en cuestiones de narcotráfico. Esas alianzas no sólo se mantienen más que nunca sino que la subordinación al norte es cada vez mayor, al punto que se habla –como nunca ocurrió– de que la DEA y la CIA establezcan una base oficial en Misiones. Siempre estuvieron, tanto allí como en Salta, pero nunca de forma explícita, como una especie de portaaviones aceptado por un gobierno argentino. Durante décadas, Washington insistió en la necesidad de tener presencia en la Triple Frontera con el argumento de que existe actividad de terrorismo islámico en esa zona, principalmente de Hezbollah. Nunca aportaron una prueba y lo único que existe es que algunos comerciantes de origen islámico aportan dinero para la causa árabe. 
Tal vez para sobreactuar una contraprestación, ahora se habla de que la AFI establecería una base en Miami. La SIDE siempre tuvo delegado en Washington, a partir de un convenio celebrado en la época de Arturo Illia. No es un agente encubierto sino una persona en blanco, aprobada por la CIA. La mecánica es bastante estricta: el delegado no puede andar libremente, hablando con cualquiera. La CIA le designa un interlocutor y no hay margen para ninguna actividad real de inteligencia. A lo sumo un intercambio de información con ese interlocutor y, sobre todo, la compra de tecnología que venden los norteamericanos y compran los gobiernos afines. Se trata por lo general de equipos de intercepción de llamadas, Whatsapp, correos electrónicos y material para el espionaje electrónico. En ese rubro compiten con Israel. La ministra Patricia Bullrich ya fue huésped de Washington y Jerusalén en sus giras para comprar juguetes de esa naturaleza. 
Mirado así, lo cierto es que no habrá una base en Miami sino un delegado de la AFI autorizado por la CIA y la DEA, y que se limitará a reafirmar la alianza con esas agencias. Además pueden solidificarse los negocios de provisión de equipos para los fabricantes y comerciantes del Norte.  

Estrategias

Todos los movimientos van en un mismo sentido:
  • Todo el poder posible a los policías. En primer lugar con su presencia mayoritaria en el principal organismo de inteligencia del país. 
  • Manos libres a los uniformados. Se desmonta la “competencia” de las bases de la AFI en el conurbano para dejarle la cancha libre a la Bonaerense. Nada debe interponerse en el poder uniformado. La tendencia va en el mismo sentido que el respaldo a la Gendarmería en el operativo ilegal que fue el contexto de la muerte de Santiago Maldonado, el apoyo a la Prefectura en el homicidio de Rafael Nahuel, la bendición a la Federal en las represiones de diciembre por la reforma previsional y los elogios a Luis Chocobar en la muerte de un ladrón.
  • Más que nunca, alianza con los Estados Unidos. Si se concreta la presencia en Miami será solamente para establecer mayores contactos y más compra de materiales norteamericanos de seguridad e inteligencia.
  • Desde ya que es posible imaginar un futuro con publicitados operativos antinarco. El intercambio de información sobre terrorismo suele ser más discreto. 
Pero más allá de las escenificaciones la hipótesis principal de conflicto ya está ubicada: son las protestas y los movimientos generados por el deterioro social. Para eso necesitan respaldar a los policías y estrechar los lazos con el norte.
Defensa hizo una compra de "material bélico" y la declaró confidencial
Las armas secretas

El Gobierno encargó la compra de armamento para “potenciar la capacidad disuasiva” e iniciar el “proceso de restablecimiento de la capacidad de Defensa Antiaérea”. La transacción se declaró secreta según el decreto publicado en el Boletín Oficial con las firmas de Macri, Aguad y Peña.
PÀGINA 12 - 15 de febrero de 2018

Tras delinear su "nueva doctrina" en materia de defensa y seguridad interior, y tras el acuerdo firmado por el Gobierno con el Comando Sur estadounidense, el Ministerio de Defensa anunció hoy la compra de material bélico para “potenciar la capacidad disuasiva” e iniciar el “proceso de restablecimiento de la capacidad de Defensa Antiaérea”. La adquisición fue oficializada esta mañana en el Boletín Oficial con la firmas del ministro Oscar Aguad y el presidente Mauricio Macri, en un decreto que la declaró “secreta”, por lo que no se podrá saber cuál es el armamento adquirido, a quién fue comprado ni su valor.
“Declárase secreta la operación contractual por razones de seguridad y defensa nacional para la adquisición del Material Bélico que tramita bajo el Expediente N° 6/2017 del Ministerio de Defensa, de conformidad al requerimiento consolidado y efectuado por el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas”, dice el decreto publicado en el Boletín Oficial con la firma de Aguad, Macri y el jefe de Gabinete Marcos Peña.
Según detalla la norma, el Gobierno considera necesario incorporar nuevo material bélico que “potencie la capacidad disuasiva, favorezca la normalización con los ya existentes a nivel conjunto y aporte nuevos desarrollos tecnológicos que posibiliten iniciar el proceso de restablecimiento de la capacidad de Defensa Antiaérea de baja y muy baja cobertura”.
Además de renovar el material considerado obsoleto, a partir de esta compra el Gobierno piensa constituir “el primer Sistema de Armas” de forma conjunta entre las tres fuerzas lo que llevaría a minimizar “la formación de personal y adiestramiento operacional”.

Con el paro en la cabeza
#NOSOTRASPARAMOS


Se acerca el #8M y los cuestionamientos a su organización se acumulan como residuo de una sociedad que todavía es profundamente patriarcal. Con una presencia sindical cada vez más fuerte y plantada, la estructura que históricamente defiende los derechos de lxs trabajadores tambalea en sus bases para volver a pensarse a sí misma: la ley de cupos no se cumple en los sindicatos y el trabajo informal, cada vez más feminizado y corporizado en las tareas domésticas y de cuidado, obliga a repensar la idea de paro, planteada como un verdadero shock en el corazón del sistema productivo. Líderes sindicalistas y pensadoras que apoyan el Paro desde el corazón de las centrales trabajadoras ponen palabras al temblor que se avecina.
“Así estamos, le llaman paro a cualquier cosa”, “¿Paro Internacional? ¿Qué tienen en la cabeza?”,”¿Chicas, a qué hora se marcha en China?”,”¿Van a hacer el ‘paro’ las que dejan a los hijos con la que limpia?”, “A las mujeres argentinas: ¿Qué tiene que ver Milagro Sala con el aborto? ¡Mezclan todo!”. Son solo algunos pocos comentarios de lectores pescados entre la hojarasca de odio, teorías delirantes de las “diferencias entre los sexos”, llamados a linchar feminazis, comentarios de trolls y de desconcierto. Sacándolos de contexto y revolviendo en ellos se pueden rescatar preguntas que también resuenan hacia el interior del feminismo, del tipo: ¿Cómo se organiza una medida de fuerza que convoca a la mitad de la población del planeta, que el año pasado tuvo eco en 50 países, que interpela por su transversalidad y su internacionalismo? ¿Qué desorden provoca la idea de un Paro Internacional de Mujeres dentro del sindicalismo tal como se lo conoce hasta el momento? 
Uno de los debates que se dio en vísperas del 8M de 2017 fue por la potestad de la palabra “paro”.Y fue como tirar de un hilo para que aparecieran otras preguntas, como: ¿Qué significa parar cuando un sindicato no da el visto bueno? ¿Qué es lo que deberían entender las trabajadoras cuando desde las centrales obreras se les dice “antes de parar cada una tome las precauciones que deba con su gremio”?
En octubre de 2016, mientras la CGT chichoneaba con el Gobierno, cientos de mujeres, lesbianas, trans y travestis tomaron las calles, encararon el primer paro promovido desde el colectivo Ni Una Menos en articulación con muchas organizaciones y activistas autoconvocadas. Las denuncias de ajuste y de la feminización de la pobreza encabezaron la lista de reclamos. “Tenemos más ovarios que la CGT”, se leía por ahí. O “La CGT toma el té, las mujeres la calle”. En esos meses, el rol del sindicalismo argentino ante este fenómeno de ebullición permanente varió desde el saludo protocolar al entusiasmo, según el gremio que se mire. Las centrales obreras expresaron su adhesión, sin embargo la actitud de las cúpulas se limitó a algunas muy medidas declaraciones. La modalidad de participación fue dejada al libre albedrío, “a definir al interior de cada gremio”. Algunos sectores tuvieron un rol activo, como La Bancaria, pero también hubo quienes aun expresando simpatía por la medida no estaban de acuerdo con que se usara el término “paro” y preferían hablar de una “jornada de lucha”. ¿Por qué esa salvedad? ¿Qué es todo lo que se pone en disputa detrás de la palabra con P?

OCUPO MI LUGAR

Sancionada en noviembre de 2002, la ley del llamado cupo sindical femenino, establece que la representación de mujeres en los cargos electivos debe alcanzar un mínimo del 30 por ciento. Según los últimos datos del Ministerio de Trabajo de la Nación, presentados en septiembre de 2017, sólo cuatro de las 22 organizaciones censadas cumplen con el cupo. Y no es solo un problema cuantitativo: los puestos que ocupan las mujeres en general se circunscriben a los de la secretaría “de género”, “de mujer” o “de familia y niñez”. Ninguno de esos 22 gremios tiene a una mujer como Secretaria General. 
La baja presencia femenina en las mesas de negociación explica que en muchas ocasiones se desperdicie la paritaria como oportunidad para ampliar derechos. Así lo asegura Natalia Fontana, Secretaria de Prensa del Sindicato de Aeronavegantes: “A lo largo de nuestra historia se ha dado un aislamiento de la experiencia sindical de las mujeres: desde la incorporación de reductos destinados a nosotras en secretarías de ‘la mujer’ hasta el prejuicio de que contamos con cierta intransigencia que nos impide ser interlocutoras válidas para la negociación con la patronal”. El sindicalismo, como explica Sonia Alesso   –Secretaria General de CTERA–, “ha sido un espacio históricamente masculino. El movimiento de mujeres tiene que estar orgulloso del rol que tiene porque está sacudiendo la agenda de la movilización tanto de la sociedad como hacia el interior de los gremios, cuestionándoles por ejemplo ciertos modos de organización piramidal”.
“Posiblemente en un primer momento la participación de las mujeres fue pensada por la necesidad de cubrir un determinado cupo y no para que eso se tradujera en una participación genuina y en escuchar las voces de las trabajadoras a la hora de tomar decisiones”. La que habla es Karina Nicoletta, Secretaria de Género de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro y conductora de la línea A. Y sigue: “En los últimos años en el subte hemos vivido un proceso de construcción de otro tipo de organización gremial diferenciándonos de lo que no nos representaba del viejo sindicalismo y eso ha significado también pensar la participación genuina de las trabajadoras. Así y todo, en los cargos más altos, los cuerpos directivos, todavía son exclusivos de los hombres. Son relaciones de poder difíciles de erosionar”. 

PRONÓSTICO PARA MARZO

“Más allá de las cuestiones internas que tenemos en la CGT, hay un consenso general con respecto a que el paro del 8 debe ser acompañado”, le dijo a este suplemento Omar Plaini, secretario administrativo de esa central obrera y titular del sindicato de Canillitas, a poco menos de un mes del 8M y muy cerca del 21F, fecha de la marcha convocada por Camioneros que ha sembrado la discordia en el mapa sindical argentino. Sigue Plaini: “No puedo decir en nombre de toda la CGT si adherirá o no pero mi organización sí lo hará. Vemos un cimiento político muy importante en la cuestión de género. La democratización que este movimiento propone debe ser apoyada y aprendida”. Todos los dirigentes gremiales consultados acerca del 8M manifiestan posiciones similares, por lo menos en el plano de la palabra. Roberto Baradel (SUTEBA), Sergio Palazzo (Asociación Bancaria) y Hugo Yasky (de la CTA de los Trabajadores) confirmaron que llamarán a la huelga. Pablo Micheli, quien ratificó la adhesión de la CTA Autónoma, le dijo a Las12 que “lo que va quedando a la vista en este proceso es que a nosotros, los hombres, hay que educarnos. Y que no alcanza con decir que uno está de acuerdo con la igualdad. Los temas de género no se agotan en publicitar una línea telefónica de ayuda a la mujer que es violentada, que dicho sea de paso es todo lo que hace concretamente el Gobierno en la materia. Los números de asesinatos de mujeres, mientras tanto, se incrementan. El problema es estructural.” Y fue por más: “Nosotros como CTA Autónoma tendremos nuestro congreso en marzo y una de las propuestas será aumentar el cupo, más del 30 por ciento que hoy es obligatorio. Pero más allá de las leyes hay que cambiar comportamientos cotidianos. Si una compañera no puede ir a una reunión de militancia porque el que va es su pareja y ella se tiene que quedar con los chicos, eso también hay que cuestionarlo. El machismo reina incluso en lugares que consideramos progresistas, y el sindicalismo debe hacer esa mirada hacia dentro porque es uno de los espacios más machistas de la Argentina”. La semana pasada los trabajadores y trabajadoras de la economía popular (CTEP) votaron por unanimidad plegarse al 8M, algo que, según aseguran desde la comisión de género, “constituye un gran paso para nosotras porque dejó de ser un tema del que hablamos exclusivamente las mujeres para ser tomado por nuestro gremio e incorporado al plan de lucha”.

JUNTAS Y REVUELTAS

¿En qué cambia una organización gremial cuando más mujeres acceden a las mesas de negociación? “Los sindicatos que contamos con participación de mujeres en los lugares de decisión no vuelven a nunca más son los mismos: se convierten en espacios mucho más interesantes. Sobre todo porque además de las demandas salariales, la incorporación de condiciones laborales suele ser protagonista”, contesta Natalia Fontana, y cuenta que en el sindicato de tripulantes de cabina de avión al que pertenece y en el cual hay representación femenina entre delegados y en comisión directiva, han llevado adelante conquistas como la igualdad de tareas, funciones y remuneración entre hombres, y la configuración de derechos durante la maternidad. “Las mujeres pensamos desde la diversidad y hemos incorporado a nuestro convenio colectivo cláusulas de derechos para las uniones civiles o matrimonios igualitarios, con los mismos beneficios de cuidados ante la llegada de un niño”. 
Esa diversidad de la que habla Fontana se respiró en las asambleas previas al 8M, por ejemplo, en los dos encuentros al aire libre en Chacarita, Ciudad de Buenos Aires, que albergaron a más de mil personas cada uno. Una militante kurda, una trabajadora despedida, una travesti organizada, una representante wichi, una trabajadora de la economía informal, una migrante, una mujer que pasó por la cárcel, una trabajadora sexual y una abolicionista fueron sólo algunas de las 150 oradoras anotadas cada tarde. Cada una con su agenda. Se escuchó varias veces en las asambleas: “Acá hay una capacidad de escucha y un deseo de construcción política más allá de las diferencias que no se da en ningún otro plano de la política nacional”. Y que por supuesto no se da tampoco en el sindicalismo tradicional, como ha quedado demostrado en los últimos días por las divisiones y los cruces hacia dentro y fuera de la CGT que salieron a flote a partir de la convocatoria de Camioneros a marchar contra el Gobierno el próximo 21 de febrero. El proceso asambleario de base hacia el 8M es, para Alejandra Rodríguez –delegada de ATE e integrante de Ni Una Menos–, “expresión de un feminismo abierto, amplio, heterogéneo y popular en el que confluimos todas. Toda esta multiplicidad de fuerzas políticas y sociales puesta en clave feminista hace aparecer una nueva resistencia, que es afectiva, sensible y transversal”.
El desafío que un paro de mujeres le plantea al sindicalismo tradicional, dice Cristina Pérez (delegada de ATE en el INADI), es “que cada organización logre salir de su propia lógica y establecer un marco teórico y de acción común sobre temas que falta explorar a fondo por los sindicatos (género, diversidad, derechos humanos). Es poder ver el área de acción de la actividad gremial como algo mucho más integral que la defensa de los salarios”.

CUADROS POLITICOS

En la pintura de Ernesto de la Cárcova “Sin pan y sin trabajo”, un obrero observa a través de la ventana de su rancho cómo la policía montada reprime una manifestación. El centro de la acción, aunque sea vea bastante pasiva, es el acto de mirar, que lo lleva a golpear su puño, de rabia, de dolor, contra una mesa sin comida. A su lado, la mujer, en cuyo cuerpo están las marcas de la pobreza, amamanta a un niño y está de espaldas a la ventana con la mirada perdida hacia el interior de la casa. Desde De la Cárcova a los rudos cuerpos geométricos de Carpani o el realismo social de los murales de Berni, el repertorio argentino de imágenes de desocupados pone el foco en los personajes masculinos. Así lo sintetiza Alejandra Rodríguez: “Si pensamos las imágenes que han circulado en el sentido común respecto a los despedidos, por lo general son obreros de overol azul en la puerta de la fábrica”. ¿Dónde están las representaciones de las desempleadas? Dice Alejandra: “Ya es tiempo de que nosotras podamos producir nuestro corpus de imágenes que den cuenta de nuestras realidades y de nuestras maneras sensibles de trabajar, de ser, de estar entre nosotras, de luchar y narrarnos”. 
La idea de un paro de mujeres interroga las imágenes estancadas del “sujeto” de la huelga en dos sentidos: ilumina los trabajos precarios, part-time y monotributismos, que mayormente recaen en las mujeres. Y por otro lado, cuestiona la noción misma de lo que se considera empleo. Débora Gorban -doctora en Ciencias Sociales del CONICET/UNGS y especialista en género y trabajo-explica que el 8M pone de manifiesto “que disputar condiciones de igualdad, de ingresos, el derecho a una jubilación, contar con licencias por maternidad, enfermedad, contar con derechos lisa y llanamente, también supone poner en discusión aquellos ámbitos de la vida que desde la perspectiva del trabajo asalariado se han presentado de manera escindida”. Vida y trabajo, como si fueran dos dimensiones que no se tocan: “las mujeres sabemos y mucho lo que supone esa articulación, ese ejercicio constante que nos encuentra como principales protagonistas. El 8M hace visible esas conexiones”.
¿Qué significa parar para las amas de casa? ¿Y para las trabajadoras domésticas, qué dificultades extra supone? ¿Quién se entera de que pararon las vendedoras ambulantes, las estudiantes, las desocupadas, las beneficiarias de planes sociales? Un paro de mujeres, más que una acción puntual, una efeméride en el calendario, es un proceso, una posibilidad de pensar cómo se elabora el tiempo del paro, individual y colectivamente. “Entender esta herramienta de protesta como proceso y no como una orden es cuestionar el corazón mismo del poder que estructura, ordena, define y monopoliza la idea misma del paro”, analiza Alejandra Rodríguez. 
Las organizaciones sindicales tienen una deuda pendiente con las mujeres trabajadoras: la de cuestionar realmente sus estructuras conservadoras y jerárquicas. No es fácil desordenar ese mandato. Pero también, como dice Natalia Fontana, “las trabajadoras tenemos una deuda con nosotras mismas: la de estar disponibles para fortalecer los acuerdos que nos damos las mujeres cuando decidimos organizarnos. La de hacer efectivas las alianzas intersindicales de mujeres, sin limitarnos al recorte de la central de pertenencia. Tenemos la tarea de constituir las bases para cambiar las estructuras sindicales de cara al futuro”.
Jose Nico



Movimientos sociales, camioneros, CGT y CTA marcharon unidos en La Plata

Fue la antesala del 21 de febrero. CTEP, CCC y Barrios de Pie reclamaron trabajo en la capital bonaerense junto a Pablo Moyano (Camioneros), Schmid (CGT), Palazzo (Bancaria), Baradel (Suteba - CTA) y Micheli (CTA-A).

Jueves 15 de Febrero de 2018
La movilización de organizaciones sociales que copó las calles de La Plata se convirtió en la antesala de la movilización del 21 de febrero. Fue convocada por el triunvirato piquetero que concentró unas 40 mil personas en plaza la San Martín, enclavada entre la Casa de Gobierno que ocupa María Eugenia Vidal y la Legislatura bonaerense, y participaron los mismos actores que en una semana marcharán a la 9 de Julio contra las políticas económicas del gobierno: Pablo Moyano (Camioneros); Carlos Schmidt (Dragado) y Sergio Palazzo (Bancaria) de la CGT; Roberto Baradel (Suteba) de la CTA de los Trabajadores y Pablo Micheli de la CTA-Autónoma.
La movilización fue encabezada por la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), la Corriente Clasista y Combativa y Barrios de Pie. La columna partió desde Plaza Italia hasta la Gobernación y en la Legislatura la diputada Patricia Cubria (Peronismo para la Victoria – Movimiento Evita) presentó un proyecto de ley para que sean los trabajadores cooperativistas quienes se hagan cargo de la obra pública en la provincia de Buenos Aires.
La marcha en La Plata fue el primer encuentro de quienes confirmaron su participación en la marcha del miércoles 21 convocada por Hugo Moyano. Había sido confirmada hace una semana en la sede de la CTEP, donde el triunvirato piquetero se reunió con las principales centrales sindicales para ratificar la lucha en las calles este jueves y el miércoles próximo.
“Venimos a dar cuenta de que la calle en nuestro país no son los sindicatos, ni los partidos políticos, ni las expresiones de nuestra naturaleza, son los pobres de nuestros pueblos los que están llenando las plazas de nuestra Argentina porque la utopía de la pobreza cero ahora cada vez está más clara que fue un eslogan de campaña”, dijo el triunviro de la CGT, Carlos Schmid.
Por su parte, Palazzo remarcó el acompañamiento a los movimientos sociales y subrayó que en el país “cada vez hay menos empleo”. Además, el secretario general de la Asociación Bancaria y referente de la Corriente Federal de Trabajadores llamó a marchar el 21 de febrero.
Los oradores hablaron en un escenario ubicado frente a la Legislatura, donde todos se refirieron, de una u otra forma, a la necesidad de la unidad y de luchar contra el plan económico del gobierno.
La movilización encabezada por CTEP, CCC y Barrios de Pie a la gobernación de la provincia de Buenos Aires en La Plata, se repitió en las gobernaciones del país exigiendo trabajo para las cooperativas en las obras públicas que los gobiernos provinciales se comprometieron a realizar.
“Le estamos diciendo al gobierno que por el ajuste despiadado que está desarrollando en su estrategia de transferencia de recursos a los sectores más concentrados de la economía, nuestros propios compañeros se están quedando sin la changa, sin el laburo que habían construido ellos mismos”, dijo en el acto, el secretario general de la CTEP, Esteban “Gringo” Castro.
Y completó: “La guita que le sacaron a los jubilados, supuestamente será para la obra pública, entonces nosotros queremos el 25% de esa obra pública para los sectores más desprotegidos, para nuestras cooperativas, para nuestros barrios”.
En La Plata, los movimientos populares anunciaron su participación en la jornada del 21 de febrero en la 9 de julio y del paro y movilización nacional de mujeres del 8 de marzo. Además de en la capital bonaerense este jueves hubo marchas en Córdoba, Santa Fe, Misiones, Jujuy, Tucumán, Mendoza, Río Negro y Neuquén.

El ex juez de la Corte Suprema de Justicia volvió a cuestionar las políticas del macrismo y advirtió que “nos encontramos frente a una grave emergencia o la inminencia de una grave emergencia”, según expresó a Página/12.
“No quiero un 2001, evitemos un desastre de esa naturaleza”, manifestó Zaffaroni y sostuvo: “Si se van antes vamos a tener menos deuda, podemos resolver el problema”.
“Esto no termina bien, nunca termina bien”, sostuvo el ex juez de la Corte Suprema Raúl Zaffaroni al redoblar sus críticas al rumbo económico y social bajo el gobierno de Mauricio Macri. Luego de haber expresado hace unas semanas su deseo de que Cambiemos “se fuera lo antes posible” -frase que eligió el Gobierno para acusarlo de “golpista” e incluso plantear su remoción de la Corte IDH-, Zaffaroni agregó anoche que “si se van antes vamos a tener menos deuda, vamos a poder resolver el problema”.
“Puede ser que se vayan en 2019…total hay un año de diferencia, pero esto nos está llevando a una catástrofe social. O sacan el pie del acelerador o vamos a tener un final violento”, advirtió en un reportaje con el programa Desafío 2018 de C5N. Y remarcó: “Estamos en un serio problema, dije que esto es seriamente preocupante, eso fue lo que dije”.
“¿Que se vayan antes? Sí, que se vayan en 2019, si llegan a 2019. Que se vayan con un procedimiento constitucional de juicio político, no sé, o que saquen el pie del acelerador o de lo contrario vamos a tener un serio problema”, repitió Zaffaroni y ejemplificó: “Esto no termina bien, nunca termina bien. No terminó bien en 1982, no terminó bien en 2001.” “No quiero un 2001, evitemos un desastre de esa naturaleza porque eso es violencia, eso son muertos”, agregó.
Además, advirtió que el gobierno de Mauricio Macri se dedica a hacer “cortinas de humo”. “Nos ponen a discutir otros problemas”, sostuvo y prosiguió: “Estoy preocupado, veo una seguidilla. Primero, los gremialistas son corruptos; segundo, el decreto de nepotismo; tercero, la idiotez de que quiero dar un golpe de Estado; cuarto, lo del policía con el muchacho; quinto, Durán Barba con la pena de muerte… Cuidado, estos son fuegos artificiales, están subestimando al pueblo argentino”.
Por último, pidió “dejar de lado mezquindades y ambiciones personales” para hacer frente a lo que calificó como “una grave emergencia o la inminencia de una grave emergencia” y completó: “Estimo que frente a una situación tan grave lo que tendríamos que hacer todos es decir ‘vamos a ver dónde salimos de este pozo'”.

Zaffaroni desmintió que sus dichos sobre el Gobierno sean golpistas y ratificó que seguirá en la CIDH
“Sólo puede desestabilizarlos su plan económico”

El ex juez de la Corte Suprema se defendió tras el ataque del oficialismo y consideró “insólito” el intento del Gobierno por desplazarlo de la Corte Interamericana. Ayer recibió el apoyo de juristas de todo el continente.
“Me limito a advertir un riesgo, que veo en el plano económico”, dijo Zaffaroni.

“Me limito a advertir un riesgo, que veo en el plano económico”, dijo Zaffaroni. 

Imagen: Pablo Piovano
El juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Raúl Zaffaroni desmintió ayer que sus observaciones sobre el futuro del gobierno nacional tengan un tono golpista y afirmó que es “insólito” el intento del oficialismo de desplazarlo de la Corte IDH. “Solamente me limito a advertir un riesgo, que veo en el plano económico y que puede trascender al plano social. Lo que quiero precisamente es evitar el desastre”, sostuvo el jurista. Además de recibir el respaldo de juristas de todo el mundo, Zaffaroni confirmó que no renunciará a la Corte IDH. 
PÀGINA 12 - 15 de febrero de 2018
“Siempre hablo en un sentido constitucional”, explicó Zaffaroni, durante una entrevista con “A los botes”, por FM Futurock, y agregó que “es imposible en Argentina dar un golpe de Estado, es absurdo. No hay ninguna fuerza política que pueda desestabilizar al Gobierno”. El juez afirmó que “lo único que puede desestabilizar al Gobierno es su propio programa económico, ése es el problema”. Sobre el panorama económico, ante el incremento de la deuda, el ex ministro de la Corte Suprema afirmó: “Estamos en un compromiso de un porcentaje del producto bruto que se aproxima al de 2001”.
El ministro de Justicia, Germán Garavano, afirmó ayer que Zaffaroni “debería dejar su cargo” en la Corte IDH y anunció que en los próximos días hará una nueva presentación ante la Organización de Estados Americanos (OEA) para que se lo aparte del tribunal. “No les basta con interferir en la Justicia nacional ahora tienen que interferir en la Justicia internacional”, retrucó Zaffaroni.
Para el diputado Leopoldo Mo- reau, “los ataques de los grupos mediáticos y del Gobierno a Zaffaroni forman parte de los intentos de fabricar un ‘enemigo’ interno que sirva para justificar la persecución y tapar la discusión sobre el fracaso estrepitoso de la política económica”. El ex jefe de Gabinete Aníbal Fernández afirmó que la causa contra Zaffaroni es un “mamarracho”, y citó la normativa nacional e internacional según la cual “la conducta de un juez de la CIDH sólo puede ser investigada por la Corte Suprema”. 
Además, Zaffaroni recibió ayer el respaldo de la Asociación Americana de Juristas que destacó que la supuesta polémica se basa en dichos “sacados de contexto” y agregó que “la independencia e imparcialidad de los jueces y las juezas no implica que carezcan de opinión política”. La entidad convocó “a todas las organizaciones de derechos humanos y a las entidades que agrupan a jueces, funcionarios del ministerio público, abogados y profesores de Derecho” a que se expresen en esa línea. Otros juristas de todo el mundo también expresaron su apoyo al juez. En el marco del Congreso Internacional de Derecho Penal y Política Criminal desarrollado en México la semana pasada se destacó a Zaffaroni con un Doctorado Honoris Causa, distinción que el juez ya recibió en más de 30 ocasiones por parte de diversas universidades y entidades. Los juristas destacaron a Zaffaroni “por su imparable lucha por proteger a las personas discriminadas por su raza, etnia, extracción social, discapacidad, sexo u orientación sexual, reafirmando la dignidad que todo ser humano merece como tal”. Asimismo, más de cien juristas y litigantes brasileños expresaron su respaldo en un comunicado y afirmaron que el intento del Gobierno por  desplazarlo de la Corte IDH “viola la Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica)”. En igual sentido se expresaron los grupos nacionales de la Asociación de Derecho Penal y Criminología de México, República Dominicana, Uruguay, Panamá, Venezuela, Honduras, Guatemala, Brasil, Nicaragua, Chile y Colombia. 

Opinar es delito 

Efectivos de la Policía Federal ingresaron ayer a Radio Caput, en un intento de allanamiento para exigir una copia de la entrevista realizada el 17 de enero pasado a Raúl Zaffaroni. Tres efectivos de civil amenazaron con romper la puerta y llevar detenido al operador si no se les permitía el ingreso. El acta firmada por el juez Ariel Lijo solicitaba la copia de la entrevista por la que Zaffaroni fue acusado de “apología al crimen”. “No puedo dejar de pensar que es un apriete”, afirmó el director de la radio, Juan Martín Ramos Padilla.


la retaguardia

Liliana Furio, hija de genocida: "No hay posiblidad alguna de reconciliación"


Es integrante del colectivo Historias Desobedientes. Participó del programa Oral y Público de Radio La Retaguardia. Los hijos e hijas de genocidas que presentaron un proyecto de ley para poder declarar contra sus progenitores en causas de crímenes de lesa humanidad, contaron sus historias y cómo se conformó el grupo. En el programa también participaron el escritor José Tcherkaski y la cantautora Mariela Milstein, que cantó su canción Hijxs del Horror. La aparición de los agrupamientos de hijos e hijas de genocidas ha generado diferentes sensaciones: entusiasmo, rechazo, desconfianza, alegría. Uno de los objetivos de esta charla es seguir escuchando sus voces y conocer cuáles son sus posiciones grupales y sus historias personales. (Por La Retaguardia)

Foto: Durante el escrache a Etchecolatz, Nora Cortiñas accedió a charlar con ellas, aunque no quiso sacarse fotos con la bandera del grupo. Furio (con musculosa negra) la mirá con atención. (Julie August)

Liliana Furio es integrante del grupo Historias Desobedientes y contó acerca del proceso de reflexión para llegar a definirse como hija de un genocida: “Fue un tema que fue conflictivo. Nos hacía ruido todo. Nos hacía ruido en cuanto y en tanto hijos de genocidas. Primero fue una discusión puertas adentro. Dijimos: "somos hijas e hijos de represores". Una compañera dijo: "represores son los que están ahora en las calles, la Prefectura, la Gendarmería, la cana. Nuestros padres son genocidas". Nos tenemos que hacer cargo de eso. A todos nos pareció muy sensata esa reflexión y nos hicimos cargo. Hacerse cargo no implica asumir una culpa que no tenemos, pero sí claramente establecer que nosotros repudiamos absolutamente ese accionar de las fuerzas represivas del Estado, un Estado genocida. Estamos por Memoria, Verdad y Justicia. Son nuestras convicciones más profundas. De alguna manera, estos actos nos parecen reparadores”, señaló Furio y dejó entrever cuál es el motor de acción del colectivo al que pertenece: “Muchos de los padres de estos hijos e hijas que formamos parte de estos colectivos fallecieron impunes. En otros casos, están vivos y han tenido una impunidad absoluta”, expresó.

El caso particular de Liliana

-Liliana Furio: Mi historia es con un padre oficial de Ejército. En la época donde la dictadura militar ejerció su mayor fuerza represiva yo era muy chica, tenía entre 12 y 13 años. A mi padre le tocó estar primero como jefe de operaciones y como jefe del departamento de inteligencia del comando de la brigada de la Ciudad de Mendoza, que dependía de la de Córdoba, de Menéndez, una línea muy dura. Él tiene condenas por una cantidad de causas. Cadena perpetua. Pude leer unos cuantos testimonios, los que me permitió mi cabeza y mi estómago. Hubo un momento en que me quebré. Eso fue un antes y un después

-La Retaguardia: ¿Hubo un momento exacto en el que pudiste definir a tu padre como un genocida?

-LF: Es un proceso. Uno tiene mandatos previos muy poderosos de una cultura muy patriarcal. Fui criada en cuarteles, en lo que se llamaba la familia militar. Hasta muy grande me moví en ese círculo de gente. Mi papá era un tipo muy contradictorio. Muy duro y muy machista, con quien yo tenía serios enfrentamientos desde muy joven. A mi hermano y a mí nos pegaba, era muy duro con nosotros. Con mi mamá era de ejercer una violencia psicológica. Cada caso es un mundo.

-LR: Está la idea de que todos los genocidas eran criminales también en sus casas...

-LF: Exactamente. Eso es una falacia. Hay muchos que eran doctor Jekyll y Mister Hyde. En mi caso no es ni un caso ni la otra. Un tipo absolutamente honesto en cuanto a lo económico, que ha denunciado compañeros porque robaban. Un padre proveedor muy presente que nunca nos dejó tirados a ninguno de los cinco hijos. A la vez, un tipo muy duro, extremadamente duro y machista.

Más hijas que hijos

Durante la charla, Furio dio su opinión de por qué en el colectivo hay mayoría de mujeres e hizo hincapié en los delitos implícitos dentro del Terrorismo de Estado: “Somos una mayoría abrumadora de mujeres. Hay muchas conjeturas y yo tengo una: las mujeres, en esta cultura, sufrimos doble o triple opresión. No es casual que seamos quienes levantamos las voces en contra de este horror. A las violencias instaladas en los cuerpos se les suman violencias infinitamente atroces como son las violaciones, que eran parte del arsenal sistemático; las apropiaciones de los bebés, robados de esos cuerpos. Me parece que no es un tema menor. Nosotras, cada una de las hijas que hemos podido sacarnos las vendas de los ojos de ese mandato de silencio, de esa veneración hacia al padre, pudimos salir de eso, empezar a leer, a buscar información y encontrarnos con alegatos atroces. Es un antes y un después. Probablemente los varones tengan tristísimamente más normalizadas algunas prácticas con la excusa de que se usan en las guerras. A las mujeres nos parece de una atrocidad y un horror que no podemos naturalizar de ninguna manera”, expresó Furio en el diálogo con La Retaguardia.

La mirada del movimiento de Derechos Humanos

Furio se refirió al impacto que generó la conformación de su grupo de hijas e hijos de genocidas dentro de los organismos de derechos humanos: “Tengo que admitir que nosotras somos personas que no teníamos una trayectoria hecha al lado de los organismos. Siempre apoyamos y nos inspiraban las luchas de las Madres, respetábamos muchísimos a los HIJOS, pero la gran mayoría de nosotros y nosotras teníamos una gran sensación de culpa. Muchos no se daban a conocer, incluso militando. No conocemos las internas o los códigos. Nos sorprendieron la calidez con la que nos recibieron y un agradecimiento que nos llenó de orgullo y de emoción. Sin embargo, sé que hay organismos que nos denostan o que nos cuestionan. En algunos casos, nos han puesto en un lugar incómodo. Podemos entenderlo porque son gente que viene militando las causas hace más de 40 años, con toda la historia que para ellos implicó este horror”, manifestó.

-José Tcherkaski: ¿Hace cuánto que se formó este colectivo?

-LF: Hace 9 meses. Lo que pasa es que cada una de esas hijas e hijos no salimos ayer de esa familia. Fuimos rompiendo lazos paulatinamente. Cada uno militaba en distintos lugares. Yo no tenía militancia partidaria, pero sí en barrios y en villas. Lo mío fue muy paulatino. Hace muchos años que a mí se me rompió esa ilusión de la familia ideal. Para mí lo importante es hacer hincapié en lo colectivo, en lo importante que fue para nosotros y nosotras poder encontrarnos y empezar a construir desde lo colectivo.

-LR: ¿Cómo fue tu integración a ese colectivo?

-LF: La historia comenzó para mí cuando yo la encontré a Analía Kalinec y me vi reflejada en gran medida. La contacté por las redes sociales. Eso fue hace un año y pico y desde ahí nos hicimos inseparables. Una nota a Mariana Dopazo (ex hija del genocida Miguel Etchecolatz) en la revista Anfibia tomó tanta repercusión que muchísimos otras hijas e hijas empezaron a poner posteos en las redes. Ahí, inmediatamente, nos pusimos a contactar a esas personas. Nosotras salimos a buscarlas. La primer reunión éramos 3, la siguiente éramos 6, la tercera más de 25 y así.

Esto fue a consecuencia de que un gobierno quiso venir a instalar la mentira de la reconciliación. ¿La reconciliación de quién? Si estos tipos están diciendo que no se arrepienten de nada. No hay posibilidad alguna de reconciliación. Hablan de reconciliación y perdón. Eso podría suceder si esta gente que cometió esos actos atroces dijera que hicieron mal, dónde están enterrados los desaparecidos y la identidad de los nietos. Entonces quizás podríamos hablar de reconciliación.

-LR: ¿Cómo les juega ese pacto de silencio de los genocidas de no entregar ninguna información?

-LF: Hay gente que tiene un poco más de información que otras. Ese silencio es una frustración y un dolor tremendo. En su mayoría no nos resignamos. Nos ilusiona que ese silencio pueda ser roto.

Sobre el tema de la reconciliación también opinó José Tcherkaski y apuntó, en especial, contra el diputado Nicolás Massot quien la pidió abiertamente: “No es casual que ellos hablen de la reconciliación porque es lo que piensan. Es novedosa la aparición de estos grupos de hijos. Es como una contraoferta muy fuerte a este planteo absolutamente reaccionario de la conciliación. Esta idea está instalada en los medios y en todos lados. Yo lo he escuchado al señor Lanata decir que no hay que seguir viviendo con el pasado. No sé cómo vive él ni tampoco me importa, pero es la idea de un hijo de puta", allí Furio lo corrige, feminista: "un hijo de yuta". Tcherkaski sigue: "La aparición de ustedes en distintas variables me parece que es importante porque abre otra discusión. Esta discusión hay que sacarla para afuera. Por algo funciona como una especie de cosa clandestina. No por ellos, sino que el medio lo maneja de esa manera. Tiene que haber un acceso más directo a ellos. Este ocultamiento es interesante romperlo porque abre una nueva discusión. Son los hijos de los genocidas que hablan de sus padres genocidas. Son los hijos de los protagonistas de la gran barbarie. Esta idea de la conciliación, que no es una idea caprichosa de este imbécil, que además es un Massot. Massot significa negocios, torturas, robos del diario de Bahía Blanca. No es un apellido cualquiera. Esta aparición de ustedes hay que vivirla en dos partes: por una parte la lucha ideológica y por otra parte la humana. Lo humano es lo que va a permitir entender más esta situación que han vivido. Son cosas que hay que sacarlas para afuera. Esto va a golpear muy fuerte en la comunidad”, aseguró el escritor.

Crecer con mentiras

En la época de la dictadura militar, Liliana Furio estaba en los primeros años del colegio. La información que recibían de ese ambiente escolar, sumado a las doctrinas familiares, generaron mecanismos que buscaban aceptar y apoyar el accionar de los genocidas: “Cuando pasó todo esto yo estaba en 6º, 7º y luego 1º y 2º año del colegio. A nosotros nos decían que tuviéramos cuidado porque ponían bombas los terroristas, que eran unos seres monstruosos y venían por todo nuestro mundo. Yo tenía eso en la cabeza. No lo decían solo mis padres, sino los amigos de mis padres, los hijos de los amigos de mis padres, todos creíamos en eso. La Iglesia nos decía eso”, admitió Furio y agregó: “Me hago cargo de que soy hija de ese genocida. Es tremendamente doloroso, pero es un camino que tenemos que hacer como hijos e hijas para reparar”, aseguró.
El recorrido de la charla fue interrumpido por un corte de luz siempre inoportuno. A pesar de eso, casi a oscuras y empapados/as por el calor, la charla no se termina. Vuelve el tema de la mayoría de mujeres en el grupo de Historias Desobedientes. En el caso particular de Liliana, el feminismo es una marca importante en su vida: “Yo tuve varias salidas del closet. Yo soy lesbiana. Pude romper ese cerco. Luego salté el cerco ideológico. Pude empezar a leer y estudiar lo que me gusta, a enterarme la verdad en general. Todos estos años milité en un feminismo que fue teniendo un crecimiento exponencial. Lamentablemente, en gran medida por esta embestida brutal de un capitalismo absolutamente falocéntrico, misógino y machista. Esta es la reacción de un feminismo que se pone de pie y empodera a las mujeres, que decimos basta a este horror”, expresó.

Intervenciones del colectivo

Liliana habló acerca del proyecto de ley presentado ante la Justicia para que les permitan a los hijos e hijas de genocidas poder declarar contra ellos en causas de delitos de lesa humanidad: “Hubo una difusión en un canal de aire, en Telefé, cuando estábamos por presentar la ley que preparó Pablo (Verna). Nuestro código penal impide a los familiares directos poder declarar contra sus padres. Nosotros, a través de Pablo, que es abogado, presentamos un proyecto de ley para que esto pueda ser modificado, solo en casos de delitos de lesa humanidad”, explicó Furio. Además, contó acerca de la juntada de firmas para pedir la revocatoria a la prisión domiciliaria que mantiene a Etchecolatz en su casa de Mar del Plata: "Yo llevé todas las firmas del colectivo para sumarlas a otro montón de firmas de un montón de colectivos, asociaciones y organismos de derechos humanos”, cerró Liliana Furio, entusiasmada con poder contar su historia demolida y su presente en construcción.
Comienzan las declaraciones en el histórico juicio por crímenes de lesa humanidad en Ford
Cuatro décadas para relatar el horror

Después de años de demora, el martes se inician los testimonios de los ex delegados Carlos Propato y Pedro Troiani. “Ford es un caso prototípico por los aportes que hizo su dirigencia al terrorismo de Estado”, asegura la abogada querellante Gómez Alcorta.
El quincho de Ford Motors Argentina fue señalizado como lugar de secuestro y tortura en marzo de 2012.
El quincho de Ford Motors Argentina fue señalizado como lugar de secuestro y tortura en marzo de 2012. 
En la historia que cuenta los secuestros y las torturas sufridas por obreros de la fábrica Ford durante la última dictadura cívico militar, el tiempo no jugó a favor de ellos: en la espera para que el Estado revise esos hechos, que duró 40 años, la mitad de ellos murieron sin obtener Justicia y la mitad de los dirigentes de una de las multinacionales automotrices con más peso, entonces y hoy, en el país, sin condena. Sin embargo, los días venideros ilusionan a los sobrevivientes, que comenzarán a descontarle a la desesperanza cuando dos de ellos declaren por primera vez ante jueces, ante sus familiares, ante sus abogados y ante sus verdugos. 
Carlos Propato y Pedro Troiani serán los primeros trabajadores de la Ford en dar testimonio en el juicio que comenzó a mediados de diciembre pasado, tras años de instrucción, otros tantos de espera por el juicio oral y dificultades en la constitución del tribunal. “El juicio para ellos empieza el martes, cuando puedan contar públicamente todo lo que sufrieron. Las primeras jornadas del juicio –en las que se leyó la elevación al debate oral de la jueza federal Alicia Vence y las negativas de los acusados a decir nada– fueron la previa. Ahora les llega el momento que esperaron por décadas”, explica a este diario la abogada Elizabeth Gómez Alcorta, quien junto a Tomás Ojea Quintana y Marcos Aldazábal dirigen la querella de los obreros de la fábrica de automotores ubicada en General Pacheco en el juicio. 
En 1976, Carlos y Pedro eran obreros y delegados de la Ford Motor Argentina, que en su planta de General Pacheco empleaba entonces a más de 7 mil personas, entre la fábrica y la administración. De esos miles, solo un puñado de decenas se convirtieron en víctimas del terrorismo de Estado que, allí en esa automotriz, llegó hasta el campo de recreación. El martes, desde las 9:30, Carlos y Pedro contarán ante el tribunal Oral Federal Número 1 de San Martín como el 13 de abril fueron secuestrados de sus puestos de trabajo y torturados en “El quincho”, como llamaron al centro clandestino que la fuerzas de represión ilegal en connivencia directa con la dirigencia civil de la empresa montó en el campo deportivo en el que los obreros jugaban a la pelota de tanto en tanto en la planta de General Pacheco. Ambos fueron trasladados luego a la Comisaría de Tigre y “blanqueados” en diferentes prisiones. Fueron liberados un año después. 
En la seguidilla de testimonios le seguirán los otros del grupo de 24 víctimas protagonistas de los hechos que se ventilarán en el debate. Que la denuncia por lo sufrido los mantuviera unidos en una sola querella es otra razón para que este juicio se destaque entre los que fueron sucediendo desde que las leyes de obediencia debida y punto final fueron declaradas inconstitucionales. “Es el primer juicio a civiles empresarios cómplices del terrorismo de Estado que integra a todas sus víctimas en un solo debate”, puntualizó la abogada. En el proceso en el que se juzgó a dirigentes de La Veloz del Norte fue tenido en cuenta un solo caso. 
Otra de las razones es, desde ya, la presencia entre los acusados de empresarios que no solo se beneficiaron con la dictadura sino que actuaron de manera directa en la persecución y la represión ilegal. Son dos dirigentes de la empresa los que están acusados de los crímenes que vivieron en carne propia: el ex gerente de manufacturas Pedro Müller y quien fue jefe de seguridad de la planta, el teniente coronel retirado Héctor Francisco Sibilla comparten cargas de delito con el genocida varias veces condenado por delitos de lesa humanidad Santiago Riveros, que durante los años de terrorismo de Estado fue jefe de Institutos Militares de Campo de Mayo. Deberían también haberse sentado en el banquillo quien fue el presidente de la Ford Nicolás Courad, que murió en 1989 y quien fue gerente de relaciones laborales de la compañía Guillermo Galárraga, que alcanzó a ser procesado, pero murió el año pasado con 93 años.
“El tiempo en estos casos implica impunidad. Los acusados llegan al juicio con 90 años o más y ni siquiera en prisión domiciliaria. Otros dos murieron impunes. El tiempo siempre juega a favor de los genocidas”, definió Gómez Alcorta. 
La investigación judicial sobre los hechos sufridos por los obreros de la Ford tiene su inicio en 2002, con una denuncia presentada por el fiscal Félix Crous. En un primer momento, el expediente fue dirigido por el juez federal Daniel Rafecas y el fiscal federal Federico Delgado, pero en 2006 fue traspasado a la Justicia Federal de San Martín, en donde lo mantuvieron paralizado. Siete años después, fue reactivado por la jueza federal Alicia Vence, quien finalmente elevó la causa a juicio en 2014, previo procesamiento de los tres ex directivos Müller, Galárraga y Sibilla. 
Sin embargo, las demoras en la investigación no fueron las únicas. Los obreros debieron soportar los años subsiguientes el peloteo entre magistrados que no querían hacerse cargo del debate. “La imposibilidad de integrar un tribunal fue una señal de alarma que indicó el peso que este juicio tiene para la corporación judicial. Durante mucho tiempo no tuvo fecha de inicio y luego fue pospuesto”, consideró la abogada querellante. En 2016 obtuvo una primera fecha de inicio, en marzo pasado. Pero fue pospuesto. En noviembre se jubiló la presidenta del TOF de San Martín, Marta Milloc, lo cual devolvió a la cuerda floja la inauguración del debate, que finalmente comenzó el pasado 19 de diciembre. Tres de los cuatro jueces que participan son de otras jurisdicciones. 
Gómez Alcorta hizo hincapié en “el peso” de este juicio, que se vislumbra no solo en la molestia que genera en la corporación judicial, sino también en la civilidad que esconde su complicidad con la última dictadura. “Ford es un caso prototípico por los aportes que hizo su dirigencia al terrorismo de Estado que fueron desde la instalación de un centro clandestino dentro del predio de la planta hasta la presencia militar allí, la entrega de información sobre obreros, el aporte de vehículos y combustible a la represión”, indicó. 
Por último, asumió el “desafío” que, consideró, implica el desarrollo de este debate “en un momento político en donde hay una decisión de desacelerar el proceso de memoria, verdad y justicia y de morigerar sus efectos con, por ejemplo, las prisiones domiciliarias a los responsables de delitos de lesa humanidad”. “Pensar que en este momento tan difícil pueden estar sentados en el banquillo de los acusados dos miembros de las firmas más grandes de la industria automotriz que aún continúa funcionando en la actualidad es un verdadero desafío”, concluyó.

ANRed

17 de febrero de 2018

Intervención frente al tribunal de Jujuy: Las violaciones sexuales de la dictadura son crímenes de Lesa Humanidad


Organizaciones de DDHH de Jujuy realizaron una intervención en las inmediaciones del tribunal donde se realiza el quinto juicio por crímenes de Lesa Humanidad de la provincia para dejar de manifiesto que las violaciones sexuales acreditadas durante el mismo fueron parte del accionar represivo. Por Colectivo Radio Pueblo.

En el marco de las últimas audiencias por el quinto juicio por crímenes de Lesa Humanidad que se realiza en la provincia de Jujuy y que cubre los crímenes cometidos por la patota de Arturo Morales en la ciudad de San Pedro de Jujuy, se realizó una intervención con siluetas en línea a que las violaciones sexuales en el contexto de las detenciones clandestinas, aberrantes hechos corroborados a lo largo del juicio, sean reconocidas por el tribunal, como han pedido los abogados de las víctimas, como crímenes de lesa humanidad, dado su carácter sistemático y su relación con los distintos métodos de castigos y quiebre de resistencia implementados durante el terrorismo de Estado.
En el juicio actual se dilucidan tres hechos diferentes vinculados tanto en que están centrados alrededor de la comisaría novena de San Pedro, comisaría también nombrada como centro de detención y tortura por distintos testimonios de la zona del ramal jujeño incluyendo al departamento de Ledesma, y por la identidad de la patota que los perpetró, en particular los hermanos Arturo Morales y Enrique Morales (muerto sin condena), identificados por víctimas y testigos como mandamases de la misma. Cinco imputados más completan el número de victimarios por los cuales se han pedido distintas condenas.

A lo largo del desarrollo de la causa, caratulada "Morales, Rubén Arturo y otros/privación ilegal de la libertad y otros" declararon distintas víctimas (una de las víctimas, Víctor Jesús Segura, es un desaparecido) y coincidieron en haber también sido objeto de abuso sexual durante su detención ilegal, lo que llevó a las querellas y fiscalía a solicitar la inclusión de estos crímenes en la causa de lesa.
Pese a haber en la provincia distintos testimonios que demuestran la sistematicidad de las violaciones sexuales como parte del modus operandi represivo durante el terrorismo de Estado aún la justicia no identifica legalmente a estos crímenes como tales, lo que además de impedir identificar la profundidad de la represión dictatorial disminuye también la gravedad de las violaciones sexuales al de un crimen sólo en sí mismo.

En este escenario, y tomando en cuenta que los nuevos lineamientos nacionales son visiblemente orientados a disminuir tanto los años de condena como el carácter efectivo de la prisión, organizaciones de DDHH realizaron esta intervención en las inmediaciones del tribunal para poner de manifiesto los más oscuros actuares de la dictadura y la necesidad de que reciban el castigo adecuado a sus dimensiones.

URUGUAY
El recurso de inconstitucionalidad

Los argumentos de Salle y Viana contra el nuevo CPP

Los abogados cuestionaron medio centenar de artículos del nuevo Código del Proceso Penal y reclamaron la inaplicabilidad de los mismos en la indagatoria penal contra el abogado Juan José Ayala
viernes 16 de febrero de 2018 - CARAS Y CARETAS
Los abogados Gustavo Salle y Enrique Viana (ex fiscal) presentaron un extenso escrito en el que se cuestionan 51 artículos del nuevo Código del Proceso Penal (CPP). Según expresa el escrito –al que accedió Caras y Caretas Portal– ese medio cententar de artículos violentan los preceptos de la Constitución de la República e implican un golpe a la separación de poderes y al Estado de Derecho. En este marco, la tesis de la inconstitucionalidad se fundamenta en tres bloques.
El primero, alega que “a los jueces se les usurpó el poder de instruir los crímenes; se les prohíbe investigar los hechos presuntamente delictivos, disponer de oficio prueba a su respecto, dirigir la indagatoria y averiguar la verdad material”. “Con ello, se viola la super garantía judicial prevista en los artículo 15 y 16 de la Constitución desde 1830, aquella que atribuye claramente que esa competencia funcional, ese deber-poder de instrucción, pertenece a los Jueces, ante la ocurrencia de todo hecho con apariencia de delito y en virtud de estar constitucionalmente investidos de independencia técnica e imparcialidad, justamente, por ser cada uno de ellos Poder Judicial”, señala el escrito.
En este punto, se afirma que la “ingeniería jurídica” montada a través de la legislación procura: “una desjudicialización del proceso penal, (con) la exclusión de los Jueces del conflicto penal; su contracara o contrapartida, una administrativización del proceso penal, y, por consecuencia, el regreso nostálgico de la justicia penal al Poder único del Rey, a las pesquisas secretas, al Estado Policial, comisarial y represivo; y finalmente, la privatización y la mercatilización de la justicia penal y la política por encima del Derecho, lo que permite conducirla hacia una selectividad premeditada, justicia penal para amigos, justicia penal para enemigos”.
Las distintas normas del nuevo CPP implica que a los jueces “les son arrancados aquellos deberes-poderes de instruir los crímenes, de dirigir la investigación criminal, de ejecutar todos los actos necesarios para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictuales, de obrar en la investigación criminal, de procurar la prueba de los hechos constitutivos del delito y sus circunstancias y, en definitiva, de averiguar la verdad material o real”.
“Lisa y llanamente, con el NCPP, queda abolido el Juez de Instrucción. De este modo, queda terminantemente prohibida toda prerrogativa judicial inquisitiva en el proceso penal. Es el real y espurio propósito de esta reforma encartada en el NCPP: impedir que los Jueces investiguen los crímenes. Y agregamos: impedir a toda costa que aquellos hombres y mujeres, en quienes radica el Poder Judicial, los Jueces, obrando bajo la garantía republicana de la independencia y de la imparcialidad, investiguen los crímenes y, en especial, impedir que investiguen los crímenes del poder real, público y privado”, argumentan los abogados.
Los otros bloques
El segundo bloque de inconstitucionalidades refiere a la creación de “una agencia gubernamental al mando de un solo director supremo, a quien se le cometió la monopólica instrucción de los crímenes en substitución de los jueces del Poder Judicial”. “De ese modo, este director supremo a través de dicha agencia, en definitiva, decide quién va preso y quién no en el Uruguay. Se trasmutó a las Fiscalías Letradas de la República en solo Fiscalía, llamada General, con fiscales delegados sometidos a instrucciones y directivas de un fiscal General o director supremo, en un régimen de unidad y jerarquía, disciplinado, vertical y proseletista”.

Así, “se otorgan poderes exorbitantes a ese director suprema de esa agencia política de gobierno, quien dicta, diseña y ejecuta política pública en materia criminal y a quien le permiten convertirse ‘en juez en su propia causa’, con ello, se acentúan, y a extremos constitucionalmente intolerables, la discrecionalidad, la desigualdad de las partes y la indefensión de los justiciables”, señala el escrito.
El argumento en este punto, es que “al eliminarse la independencia técnica individual de los Fiscales Letrados, a quienes se convierte en meros secretarios o amanuenses de un Fiscal general de esa agencia gubernamental, obteniendo éste el poder de manipular todas las decisiones del Poder Judicial en materia criminal, y, con esto, se violan los principios de igualdad de las partes en juicio, de inocencia, el derecho defensa y las prohibiciones de los juicios por comisión y del proselitismo de los funcionarios públicos en ocasión del desempeño de la función pública […] También se viola la soberanía legislativa, al habilitarse que el Director General de esa agencia gubernamental dicte y diseñe política pública en materia criminal”, dice.
En este punto, se afirma que “la Constitución no quiere un régimen de Fiscal General y fiscales delegados o agentes fiscales subordinados a ese Fiscal General. No quiere fiscales sometidos a instrucciones o directivas. No quiere fiscales delegados o agentes fiscales. Tampoco quiere fiscales coordinados ni trabajando en equipo o en unidades especializadas. Menos quiere que una entidad corporativa o una agencia gubernamental obre como una Fiscalía Única. Y todavía menos quiere que esa agencia dicte, diseñe y ejecute política pública imponiéndosela a los fiscales. En definitiva, al igual que prohíbe que los Jueces actúen en forma corporativa, en equipo o sometidos a subordinación jerárquica, repudia que el ejercicio del Ministerio Público sea desempeñado por miembros mancomunados, verticalizados o alineados bajo las órdenes de un Director Supremo.
El tercer bloque de inconstitucionalidad –según los abogados- refiere a todo el mecanismo de los procesos abreviados y de suspensión condicional del proceso, que reglamentan mecanismos para abreviar los procesos penales y evitar que estos lleguen a juicio oral. Según el recurso “se armó a ese director supremo de la agencia política del gobierno con la prerrogativa discrecional de eliminar el juicio criminal, privatizar el derecho penal (tornarlo negociable, mercantilizarlo), y a través de pactos o acuerdos extorsivos. Junto a ello, se establece la facultad de que se pueda decretar la prisión preventiva de un indagado sin la previa realización ante el juez de la prueba de la semiplena prueba de la comisión de un delito”.
Además, se estipula un plazo de un año, prorrogable por otro año para que la Fiscalía General deduzca acusación. También se derogaron los institutos objetivos de la libertad condicional y de la suspensión condicional de la pena. “Con todo esto, se pergeña la negociación en sede administrativa, a exclusiva iniciativa de la Fiscalía General y bajo la amenaza extorsiva o el chantaje ‘confesión por menos pena’. Se establece así un proceso penal comisarial, administrativo, discrecional, clasista, perverso e inmoral”, dicen.
“Al habilitarse los pactos en materia penal, se instaura un proceso penal clasista: ‘Tanto tienes para dar, tanta libertad te vamos a conceder’. Se hace desaparecer la obligatoriedad propia del Derecho Penal como un verdadero Derecho Público, no transable ni cedible. Se lo substituye por la negociación y la discrecionalidad de la agencia gubernamental Fiscalía General. Se elimina el debido juicio criminal y se lo substituye por un acuerdo inmoral y perverso entre esa agencia política de gobierno Fiscalía General y el indagado: en donde éste último es presionado a pactar, privado de su libertad, bajo la amenaza de un proceso más largo y todavía preso, y pacto frente al cual el Juez nada puede decir o hacer, más que homologarlo”, señala. De esta forma, “se agudiza el desequilibrio de partes: otorgándose la facultad latente de la extorsión o el chantaje a favor de la agencia gubernamental Fiscalía General (y) se aumenta gravemente la indefensión del indagado”.
“Con la sumatoria de inconstitucionalidades reseñadas, se monta una verdadera ingeniería jurídica por la cual se excluye a los Jueces del proceso y para terminar de hacer desaparecer al Poder Judicial como Poder. Se lo convierte en un elemento decorativo. Pasa a ser una mera administración subordinada a los designios de un Director Supremo de una agencia del Gobierno de turno. De ese modo, se rompen las garantías judiciales, favoreciéndose a la corrupción”, afirma el escrito.

¡Un Uruguay Natural es un Uruguay sin transgénicos!

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Petitioning Presidente Dr.Tabare Vázquez

Prohiban el uso de glifosato en el Uruguay

Somos un grupo de ciudadanos preocupados por el uso indiscriminado de químicos agrotóxicos en nuestra agua, aire y comida.  En Uruguay se sigue utilizando el Glifosato sin límites. Este agrotóxico fue declarado por la...

Prohiban el uso de glifosato en el Uruguay

Somos un grupo de ciudadanos preocupados por el uso indiscriminado de químicos agrotóxicos en nuestra agua, aire y comida.  En Uruguay se sigue utilizando el Glifosato sin límites. Este agrotóxico fue declarado por la Organización Mundial de la Salud como cancerígeno. Fue prohibido en Europa, y muchos países de América, recientemente Colombia se sumó.
El glifosato es actualmente uno de los agrotóxicos más extendidos en la agricultura, y fue desarrollado y patentado por la gigante Monsanto. Lo peor, es que se ha detectado que este herbicida se encuentra en los alimentos, el agua y en el aire después de ser pulverizado.
Existen pruebas convincentes de que el glifosato puede causar cáncer en los humanos, además su peligrosidad para nuestra salud es altísima. En nuestro país, pobladores rurales, agricultores y trabajadores han denunciado por años las consecuencias en su salud producidas por el glifosato. Hoy nos hacemos eco de su voz reclamando más que nunca su prohibición.
¿Por qué continuar usando un producto que tanto daño hace a nuestra salud? Si bien, son conocidos los fuertes intereses económicos detrás de este mortal negocio, es necesario tomar cartas en el asunto, y poner por encima la salud de los uruguayos, y no dejarnos avasallar por el poder de estas multinacionales. Nuestros representantes son los que deben mediar a nuestro favor.
Firma y comparte esta petición para que seamos miles las voces que nos alcemos en contra del uso del glifosato. La prohibición del glifosato es más necesaria que nunca.
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COMITÉ DEL FRENTE AMPLIO DE URUGUAY EN MÉXICO POR LA IZQUIERDA

ANTE LA ESCALADA IMPERIALISTA EN AMÉRICA LATINA

En estos días la República Bolivariana de Venezuela es acosada por un descarado intervencionismo del imperialismo yanqui, en una de las etapas más belicistas y agresivas de la historia, impuesta por el gobierno fascista, racista y xenófobo de Donald Trump y  cuya política exterior es encabezada por uno de los más grandes magnates del petróleo como lo es Rex Tillerson, con evidentes intereses corporativos, que pretende convertir a ese país en un abominable protectorado de Estados Unidos con el fin de apoderarse de las mayores reservas del mundo de ese energético, entre otros valiosos recursos naturales.
Desde el comienzo de la revolución bolivariana, el imperialismo ejerce un acoso permanente  en conjunción con las oligarquías local e internacional con el objetivo de desestabilizar el país, tomando la forma de guerras económica, financiera, mediática y diplomática, y ahora en forma explícita con amenazas de golpes de estado e invasiones militares,  
A esta agresión imperialista,  se acoplan sumisamente los gobiernos de derecha de los países representantes de las oligarquías de nuestro continente agrupados en el Grupo de Lima. (Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú)
Por otra parte, debemos  reconocer un cambio positivo en la política exterior del gobierno uruguayo con respecto a Venezuela. En primer lugar Uruguay no aceptó integrase al grupo de Lima. En segundo lugar, es importante destacar lo expresado en estos días por el subsecretario del Ministerio de Relaciones Exteriores, Ariel Bergamino: “los problemas de los venezolanos los tienen que resolver los venezolanos”. Si bien Uruguay no es “indiferente”, respeta la autonomía de cada país y ayuda a crear los ámbitos para que esa sociedad resuelva sus discrepancias a través del diálogo.
 Aclaró que Uruguay no comparte la decisión del Grupo de Lima, del cual no participa, de excluir de la Cumbre de las Américas al presidente venezolano Nicolás Maduro.
Bergamino reconoció que las elecciones presidenciales convocadas por el gobierno venezolano para el 22 de abril se dan en “un momento difícil y complicado”. El número dos de la cancillería dijo que confía en que la sociedad venezolana superará esta situación a través del “diálogo, el respeto y la paz”.

Para concluir, creemos importante difundir la siguiente declaración del Partido Comunista de Uruguay sobre el tema, con la cual coincidimos plenamente y  apoyamos en todos sus términos.

COMITÉ DEL FRENTE AMPLIO DE URUGUAY EN MÉXICO POR LA IZQUIERDA

DECLARACIÓN DEL PCU: "ANTE LA ESCALADA IMPERIALISTA EN AMÉRICA LATINA"


El Partido Comunista del Uruguay denuncia y repudia la escalada de intervencionismo en nuestro continente del imperialismo yanqui.
La misma, por sus componentes mediáticos, diplomáticos, políticos y militares es un grave peligro para la paz, la democracia y la libertad de nuestros pueblos.
 
Integra, entre otras cosas, la gira del secretario de Estado, Rex Tillerson, por Colombia, Argentina, México Jamaica y Perú.  Tillerson reivindicó a texto expreso la nefasta “Doctrina Monroe” bajo cuya inspiración EEUU realizó más de 100 invasiones, cientos de agresiones y operaciones encubiertas, golpes de Estado y sembró de dictaduras y muerte nuestro continente durante casi 200 años.
 
Tillerson se pronunció por un golpe de Estado en la hermana República Bolivariana de Venezuela, y escupiendo con desprecio sobre la trágica historia de muertos, desaparecidos y torturados de nuestro continente dijo: “los militares son agentes de cambio cuando algo anda mal”.
En el mismo sentido se expresaron el propio presidente Donald Trump e influyentes congresistas republicanos.
 
Pero no han sido solo palabras, el jefe del tristemente célebre Comando Sur de las FFAA yanquis, Kurt Tidd, visitó las bases que EEUU tiene en Colombia. Se realizaron maniobras de tropas en la frontera de Venezuela, en lo que constituye una abierta provocación y un peligro en una zona de por sí muy tensa.
 
El imperialismo yanqui está usando todos los medios para impedir una salida a la difícil situación política, económica y social que enfrenta Venezuela. Tillerson buscó y logró que se bloquearan los acuerdos entre el gobierno y la oposición venezolanos alcanzados en la mesa de diálogo realizados en Santo Domingo, que ya habían sido hecho públicos por el presidente de República Dominicana, Danilo Medina y el ex presidente español José Luis Rodríguez Zapatero, participantes directos de ese diálogo.
 
Días después, el autodenominado “Grupo de Lima”, integrado por Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía, emitió una declaración rechazando la realización de las elecciones presidenciales en Venezuela, que tendrán lugar el próximo 22 de abril y planteando la exclusión del presidente constitucional venezolano, Nicolás Maduro, de la próxima cumbre de las Américas a realizarse en Perú.
 
EEUU y su diplomacia imperial también lanzaron operaciones de provocación contra la hermana república de Cuba, que fueron secundadas por el agente yanqui que funge como Secretario General de la OEA, Luis Almagro, que buscan desestabilizar el proceso constitucional de elección de autoridades que está en marcha allí.
 
A esto hay que agregar el recrudecimiento de las sanciones económicas contra Venezuela y del ilegal y brutal bloqueo de más de medio siglo contra Cuba.
 
Ante esta grave situación reafirmamos las definiciones adoptadas por  la izquierda latinoamericana en el Foro de San Pablo y especialmente lo sostenido en el Consenso Nuestra América.
 
Repudiamos estas provocaciones yanquis y llamamos a estar alerta en defensa de la paz, la soberanía, la autodeterminación de los pueblos y la democracia en nuestro continente.
 
Montevideo 15 de febrero de 2018
Comité Ejecutivo Nacional
Partido Comunista de Uruguay