Necesitamos un feminismo para el 99%. Por eso las mujeres haremos huelga este año // 8M ¿Por qué la huelga feminista del 8 de marzo es diferente a todas las demás? // Día Internacional de la Mujer: El movimiento feminista llama a todas las mujeres a secundar la huelga el 8 de marzo // “La huelga feminista no es algo de un día, es una propuesta de cambio real” // HONDURAS: Policía entrenada por EE.UU está cazando y arrestando a los manifestantes en medio de la crisis post electoral en Honduras // Partido Libre se declara en insurrección total y crea los comandos de insurrección // La insurrección popular es la vía, lo demás son engaños // URUGUAY: Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos: Comunicado a la opinión pública // Red de Agroecología contra la ley de riego
Necesitamos un feminismo para el 99%. Por eso las mujeres haremos huelga este año
Angela
Davis, Nancy Fraser, Linda Alcoff, Cinzia Arruzza, Tithi Bhattacharya,
Rosa Clemente, Zillah Eisenstein, Liza Featherstone, Barbara Smith y
Keeanga-Yamahtta Taylor publicaron hoy en The Guardian este llamamiento
al paro internacional del 8 de marzo. Contra la violencia machista,
contra el silencio forzado al que se nos quiere someter, contra el
capitalismo que promueve desigualdad, racismo y misoginia, dicen:
#WeStrike.
El
8 de marzo del año pasado, las mujeres de todo tipo marchamos, dejamos
de trabajar y tomamos las calles en cincuenta países del mundo. En los
Estados Unidos, nos unimos, marchamos, dejamos los platos a los hombres,
en todas las grandes ciudades del país y en innumerables más pequeñas.
Cerramos tres distritos escolares para demostrarle al mundo, una vez
más, que mientras nosotras sostenemos la sociedad, tenemos también el
poder de dejar de hacerlo.
El 8 de marzo vuelve y las cosas empeoraron para nosotras en este país.
En
un año de la administración Trump, no solo fuimos atacadas con
violencia verbal y amenazas misóginas bajo la apariencia de
declaraciones oficiales: el régimen de Trump puso en marcha políticas
que van a hacer que esos ataques continúen contra nosotras a través de
las vías institucionales.
La Ley de Recorte de Impuestos y
Empleos les quita los beneficios a lxs trabajadorxs de bajos salarios,
de los cuales la gran mayoría son mujeres. Planea atacar con salvajismo a
Medicaid y Medicare, los únicos dos programas de salud que quedan en
este cruel paisaje neoliberal, para ancianxs y pobres, enfermxs y
discapacitadxs, planificación familiar y niñxs y, por lo tanto para las
mujeres, que hacen la mayor parte del trabajo de cuidado. Y mientras la
ley le niega atención médica a lxs niñxs migrantes, introduce un fondo
de ahorro universitario para los “niñxs por nacer”, una manera
escalofriante de establecer por una vía legal los “derechos” del/a “niñx
por nacer” atacando así nuestro derecho fundamental a tomar decisiones
sobre nuestros propios cuerpos.
Pero esa no es toda la historia.
Con estos múltiples frentes de batalla abiertos contra nosotras, no nos hemos acobardado. Nosotras también hemos luchado.
Cuando
durante el otoño pasado las mujeres con visibilidad pública y acceso a
los medios internacionales decidieron romper el silencio sobre el acoso y
la violencia sexual, las compuertas finalmente se abrieron y una
corriente de denuncias públicas inundó la red. Las campañas #MeToo,
#UsToo y #TimesUp visibilizaron lo que la mayoría de las mujeres ya
sabían: ya sea en el trabajo o en la casa, en las calles o en el campo,
en las cárceles o en los centros de detención para migrantes, la
violencia machista, con su particular impacto racista, acecha la vida
cotidiana de las mujeres.
Lo que también quedó claro es que el
silencio público sobre lo que siempre hemos conocido, soportado y contra
lo que hemos luchado, no existe simplemente porque tenemos miedo o
vergüenza de hablar: el silencio se impone. Lo imponen las leyes del
Congreso, que hacen que las mujeres deban pasar casi un año de
consejería obligatoria y mediación, si se atreven a presentar una
denuncia. El silencio está influido por un sistema de justicia penal que
rechaza como rutina los relatos de las mujeres usando niveles
suplementarios de intimidación y violencia. En los campus
universitarios, administradores bien dispuestos saben encontrar vías
“legales” para proteger a la institución y al agresor, mientras arrojan a
las mujeres a los lobos. Los fundamentos racistas de estos
procedimientos legales exigen compromisos de fondo.
#Metoo,
#UsToo y #TimesUp no solo han expuesto a los violadores y misóginos,
sino que hicieron un tajo en el velo que oculta a las instituciones y
las estructuras que les habilitan esa conducta.
La violencia
machista de corte racial es internacional, como debe ser la campaña en
su contra. El imperialismo estadounidense, el militarismo y el
colonialismo fomentan la misoginia en todo el mundo. No es coincidencia
que Harvey Weinstein, en sus largos años de tratar de silenciar y
aterrorizar a las mujeres, usara la empresa de seguridad Black Cube,
formada por ex agentes del Mossad y otras agencias de inteligencia
israelíes. Sabemos que el mismo Estado que envía dinero a Israel para
tratar con brutalidad a la palestina Ahed Tamimi y su familia, también
financia las cárceles en las que mujeres afroamericanas como Sandra
Bland y otras han muerto.
Entonces, el 8 de marzo haremos huelga
contra la violencia machista, contra los varones que cometen actos de
violencia y contra el sistema que los protege.
Creemos que no fue
accidental que nuestras hermanas con posición social fueran las que
primero hicieron visible lo que todos sabíamos. Sus posibilidades de
hacerlo visible eran más grandes que las de nuestras hermanas de bajos
ingresos, a menudo de color, que limpian habitaciones en ese lindo hotel
de Chicago o las de las hermanas que recogen frutas en los campos
californianos.
La gran mayoría de nosotras no hablamos porque no
tenemos un poder colectivo en nuestros lugares de trabajo y se nos niega
cobertura social, como la atención médica gratuita, fuera de ellos. El
trabajo, con su salario bajo, con su gerente intimidante y su jefe
abusivo, con sus largas horas, se convierte en lo único que tenemos
miedo de perder, ya que es el único medio para llevar los alimentos a
nuestras familias y poder cuidar a nuestros enfermxs.
No mantenemos nuestra boca cerrada. Nos vemos obligadas a mantener la boca cerrada por el capitalismo.
Entonces,
el 8 de marzo hablaremos, individualmente, contra los abusadores que
trataron de arruinar nuestras vidas, y hablaremos colectivamente contra
la inseguridad económica que nos quiere impedir hablar.
Vamos a
parar porque queremos exponer a nuestros abusadores. Y haremos huelga
porque necesitamos seguridad social y trabajos que tengan salarios
dignos para poder alimentar a nuestras familias, del mismo modo que
derecho a sindicarnos, en caso de que nos despidan por defendernos del
abuso.
Entonces, el 8 de marzo haremos huelga por el
encarcelamiento masivo, la violencia policial y los controles
fronterizos, contra la supremacía blanca y las guerras imperialistas
estadounidenses, contra la pobreza y la violencia estructural en
nuestras escuelas y hospitales, que envenena nuestras aguas y alimentos y
nos niega una justicia reproductiva.
Y vamos a parar por los
derechos laborales, la igualdad de derechos para todxs lxs migrantes,
por un salario digno y equitativo, porque la violencia sexual en el
lugar de trabajo puede agravarse cuando no tenemos una protección
colectiva.
El 8 de marzo de 2018 será un día de feminismo para el
99%: un día de movilización de las mujeres negras y morenas, de las cis
y bi, de las lesbianas y las mujeres trans, de las pobres y las de
bajos salarios, de las que hacen trabajos de cuidado no remunerados, de
las trabajadoras sexuales y de las migrantes.
El 8 de marzo #NosotrasParamos.
Linda
Alcoff, Cinzia Arruzza, Tithi Bhattacharya, Rosa Clemente, Angela
Davis, Zillah Eisenstein, Liza Featherstone, Nancy Fraser, Barbara
Smith, Keeanga-Yamahtta Taylor
8M ¿Por qué la huelga feminista del 8 de marzo es diferente a todas las demás?
Las movilizaciones y la huelga para el Día
Internacional de la Mujer están convocadas en más de 150 países por una
sociedad más justa e igualitaria. Éste es sólo uno de los datos que
convierten en única esta convocatoria.
Manifestación del 8 de marzo de 2017 en Madrid. Fernando Alvarado / EFE
El 8 de marzo, Día
Internacional de la Mujer, se ha convocado una huelga nueva, inédita,
una huelga de las mujeres, que grita quererlas "libres, vivas,
feministas, combativas y rebeldes". Así, se hace un llamamiento a
secundar los paros, para todas las mujeres que puedan y por todas las
mujeres que no. Pero, ¿sabes en qué consiste y qué significa esta huelga
feminista, y por qué no es como las demás?
Las movilizaciones y la huelga están
convocadas en más de 150 países, por lo que se trata de un paro
internacional de mujeres. En 2017, ya en varios lugares, como Polonia o
Argentina, se inició un movimiento en pro de esta iniciativa. Entonces,
en España y otros 57 países se convocaron paros entre las 12.00 h y las
12.30 h. Este 8 de marzo, sin embargo, se pretende conseguir ampliarlo
al total de la jornada.
¿Quiénes están llamadas a hacer huelga?
Todas las mujeres están llamadas a la
huelga. La huelga feminista no es una huelga al uso, no solo afecta a
las fábricas, oficinas o despachos: se conforma como una llamada contra
cualquier tipo de violencia que viven las mujeres por ser mujeres con el
fin de demostrar que, si ellas paran, se para el mundo. Por lo tanto, las incluye a todas.
A las que tienen empleos remunerados y a las que trabajan en su casa o
en las de otros, a las que cuidan niños, mayores, o personas
dependientes, a las de las ciudades, a las de los pueblos, a las de
todos los orígenes, a las de todas las identidades. A todas ellas, esta
huelga las invita a parar, a dejar por unas horas de sacarlo todo
adelante para que la sociedad se dé cuenta del valor que aportan.
¿Qué significa una huelga feminista?
La huelga del 8M es feminista porque no es una huelga al uso, no se limita a una huelga laboral. En primer lugar, la del 8M es una huelga de cuidados, una huelga del trabajo doméstico, del soporte emocional.
El 8M se propone que las mujeres dejen de realizar todas esas
actividades, tan invisibles, muchas veces no pagadas y de las que suelen
encargarse ellas. Se trata de hacer ver que, sin todo ese trabajo
silencioso, el resto del mundo se cae, y es necesario ponerlo en valor. La convocatoria implica, también, una huelga de consumo,
es decir: llama a no ir a comprar ese día para denunciar que los
cuerpos de las mujeres no son reclamos de consumo, y la tiranía estética
a la que las somete el mercado.
Artivismo Feminista. / Instagram
También es una huelga laboral que
quiere poner sobre la mesa desigualdades como son la brecha salarial, el
'techo de cristal' —las dificultades extra que tienen las mujeres para
alcanzar puestos de dirección—, la precariedad laboral de las mujeres,
las jornadas reducidas impuestas o la feminización de la pobreza.
Del mismo modo, están llamadas a la huelga todas las mujeres del sector educativo para reclamar "una educación pública, laica y feminista".
¿Quién la convoca?
Está coordinada porla Comisión 8 de Marzo,
que integra a multitud de colectivos feministas, y que lleva trabajando
desde 2017 -el 8 de marzo de ese año ya se propuso un paro de mujeres
durante 30 minutos al mediodía- para lograr llevar esta iniciativa a
cabo. Todos los grandes sindicatos se han sumado a esta convocatoria, aunque con propuestas diferentes.UGT
y CCOO registraron una convocatoria de paros parciales de dos horas por
turno, mientras que CNT y CGT lo han hecho apoyando los paros totales
las 24 horas. Puedes elegir sumarte a cualquiera de las dos modalidades, aunque las organizadoras llaman a una huelga de 24 horas.
Una característica importante de esta
huelga es que se ha promovido y organizado de abajo hacia arriba, y no
al revés. Es decir, la iniciativa de la huelga ha nacido primero en las
calles, en los barrios y distritos y se ha macerado en asambleas
abiertas. No ha sido una propuesta de los sindicatos, sino del
movimiento feminista.
¿Necesito estar afiliada para que me cubra la ley?
Es necesario que, para que una huelga sea
legal, la convoquen los sindicatos. Sin embargo, una vez hecho esto,
cualquier persona puede secundarla, esté o no afiliada. Puesto que los
sindicatos no pueden convocar una huelga sólo para mujeres, ésta
convocatoria también ampara a los hombres que decidan no asistir a su
puesto de trabajo. Como toda huelga, si decides sumarte al paro, esto tendrá repercusiones sobre tu salario de ese día,
que variará dependiendo de si la realizas de forma parcial (dos horas) o
el día completo. No es necesario que avises en tu trabajo con
antelación de si secundarás o no la huelga.
¿Puedo sumarme a la huelga siendo hombre?
Legalmente, los hombres tienen derecho a sumarse a la huelga feminista. Sin embargo, la Comisión 8M explica que, si los hombres también hacen huelga, se pierde el sentido que diferencia la huelga feminista de la huelga general:
visibilizar "los huecos" que quedarían si las mujeres dejasen de llevar
a cabo todas sus actividades. Por lo tanto, las organizadoras solo
están convocando a las mujeres.
¿Y si soy hombre y quiero participar?
Desde el movimiento feminista se ha
recomendado que los hombres que quieran dar apoyo a la huelga feminista
lo hagan a través de otras acciones, como cubrir a sus compañeras en
el entorno laboral o estudiantil para que ellas puedan no asistir,
encargarse del cuidado de menores, mayores o personas dependientes
para desahogar a las mujeres que normalmente lo hacen, y otros métodos
para facilitar que las mujeres sean las verdaderas protagonistas ese día
y encuentren el menor número de trabas posibles para ello.
¿Habrá movilizaciones también ese día?
Sí, hay organizadas marchas y
movilizaciones en las distintas ciudades españolas. Además, cada ciudad,
pueblo o distrito está convocando distintas actividades durante el día
que se pueden consultar en las redes sociales y la página web de la Comisión 8M. La marcha que se celebrará en Madrid, y que se espera que tenga un seguimiento masivo, al igual que ocurrió el año pasado, saldrá desde Atocha a las 19.00 h y llevará a cabo un largo recorrido hasta desembocar en la Plaza de España.
¿Por qué se celebra el 8 de marzo?
El 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer. Esta fecha conmemora el 8 de marzo de 1909, cuando 129 empleadas de la fábrica textil Cotton de Nueva York fueron
asesinadas al prender su propio dueño fuego a la fábrica mientras todas
ellas se encontraban dentro haciendo una protesta que exigía derechos
laborales. Además, el color del feminismo es el violeta porque,
según se dice, el humo que brotaba de aquel incendio era color violeta,
como las telas que allí se encontraban ese día. Así, en un Congreso
Internacional de Mujeres Socialistas en 1910, la política y pensadora
comunista Clara Zetkin decidió proponer dicha fecha como el Día Internacional de la Mujer en homenaje a las trabajadoras de Cotton.
Estado español
Día Internacional de la Mujer: El movimiento feminista llama a todas las mujeres a secundar la huelga el 8 de marzo
La primera huelga legal, respaldada por sindicatos y
algunos partidos políticos, propone un paro laboral, de los cuidados,
estudiantil y de consumo. Las organizadoras anuncian que tanto la huelga
como las movilizaciones desbordarán todas las previsiones.
Integrantes de la Coalición del 8M de Madrid en rueda de prensa llamando a la huelga de mujeres / Público- Marisa Kohan
El movimiento feminista ha hecho este jueves un llamamiento a todas las mujeres a secundar la huelga de mujeres convocada para el próximo 8 de marzo, coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer. "No es una huelga al uso, puesto que no es sólo un paro laboral en sentido tradicional",
afirmó este jueves Justa Montero, miembro de la Comisión del 8M, una
plataforma de organizaciones feministas que están coordinando la huelga y
la marcha del próximo día ocho.
"Se trata de demostrar que sin nosotras se para el mundo",
enfatizaron las convocantes en una rueda de prensa este jueves, que se
realizó en el área central del mercado de San Fernando, en el Madrileño
barrio de Lavapiés. La elección de este espacio no era baladí, puesto
que la convocatoria de la huelga incluye el ámbito laboral, el de los cuidados, el estudiantil y el del consumo.
"Hemos querido hacer este evento en un
mercado, porque tiene mucho que ver con la manera en que las mujeres
consumimos y de lo que se trata es de abrir debates de cómo el consumo
afecta a las mujeres y cómo nosotras podemos modificarlo", afirmó una de
las organizadoras.
La huelga y las movilizaciones tendrán también un gran impacto en el área de la educación,
donde desde hace meses se están organizando grupos de información y de
apoyo a la huelga. Reclaman que la educación sea pública y laica e
incluir como una parte fundamental del currículo la educación
afectivo-sexual. También reclaman el incremento de las becas y la
bajada de las tasas y medidas para acabar con la división sexual de los
estudios, que "reproducen estereotipos patriarcales sobre qué
estudian las niñas y los niños", afirmó Sara Naila, una joven activista.
Las estudiantes están convocadas a secundar la huelga tanto en las
universidades como en los centros de secundaria.
Derechos de huelga garantizados
Por primera vez, los sindicatos se suman activamente a la convocatoria de huelga.
En la convocatoria del año pasado, las fuerzas sindicales se habían
limitado a plantear paros simbólicos. Sin embargo, en esta ocasión todos los sindicatos han convocado a la huelga.
Comisiones Obreras y UGT lo hicieron el pasado 27 de enero, llamando a
paros de dos horas por turno. Otros como CNT, USO y la CGT, se
decantaron por convocar un paro general de 24 horas.
La coalición 8M ha puntualizado que este
respaldo sindical supone que todas las mujeres tienen garantizado el
derecho a huelga laboral durante las 24 horas y volvieron a resaltar
que la huelga es de mujeres, a pesar de que los sindicatos no pueden
restringirla sólo a un sexo, por lo que convocan a hombres y mujeres.
Entre los partidos políticos que activamente
se han sumado a esta huelga figuran Podemos e Izquierda Unida y
Compromís, mientras que el PSOE manifestó que se sumaba a las
convocatorias de CCOO y UGT. Ni el Partido Popular ni Ciudadanos apoyan la iniciativa.
Las organizadoras daban por descontada la postura del partido del
Gobierno, pero criticaron la posición de Ciudadanos al que pidieron que
"no haga trampas". La portavoz de Igualdad de esta formación en el
Congreso, Patricia Reyes, afirmó hace unos pocos días que "algunas somos feministas pero no comunistas",
para justificar su rechazo a la iniciativa y añadió: "A mí lo que me
molesta es que algunos intenten utilizar el feminismo y a la mujer como
un instrumento para otros fines que nada tienen que ver con la
igualdad".
Para Justa Montero, la formación naranja "apoya las políticas públicas liberales que están llevando a la precariedad y a brutales recortes".
Recordó también que las organizaciones feministas están haciendo
"propuestas muy concretas, como en educación afectivo sexual o en la
necesidad de ratificar el convenio de la OIT sobre empleadas del hogar.
La posición de Ciudadanos nos hace preguntarnos cuál es el problema que
tienen con estas propuestas, ya que lo rechazan porque dicen que es una
huelga ideológica. Que hablen de su ideología".
La lucha continúa
No es la primera batalla. Montero explicó que esta huelga y las movilizaciones que la acompañan vienen ya de una tradición que comenzó en Islandia en 1975. Ese año las mujeres de aquel país, hartas de las discriminaciones y los abusos decidieron parar. El seguimiento de un 90% de los paros provocó una serie de reformas que
culminaron cuatro años más tarde con la elección de la primera
presidenta de Islandia, y la primera mujer en dirigir un gobierno en
Europa.
Importantes fueron, también para las organizadoras, las movilizaciones que tuvieron lugar en Polonia en 2016, cuando las mujeres salieron masivamente a las calles para frenar una ley que pretendía prohibir el aborto y las registradas en Argentinas que, bajo el lema "Ni una menos", llamaron a la huelga internacional el año pasado y sigue siendo un referente de la lucha por los derechos de las mujeres.
Según las organizadoras, más de 300
organizaciones de distinto tipo se han sumado ya a la huelga y las
movilizaciones, sin contar a las organizaciones feministas que ya forman
parte de la Comisión 8M.
Las convocantes afirmaron que en breve se
conocerá la hora y el recorrido de la manifestación que tendrá lugar en
Madrid, que se espera que sea una de las más multitudinarias. El
recorrido será largo y amplio para poder acoger una gran cantidad de
manifestantes. Según las organizadoras, se espera que este año se supere
con creces el medio millón de manifestantes que se estima participaron
el año pasado.
“La huelga feminista no es algo de un día, es una propuesta de cambio real”
Más de 400 mujeres de un centenar de organizaciones y
colectivos diseñan en Zaragoza el paro de trabajo, cuidados, consumo y
estudios convocado para el 8 de marzo
Mujeres
que han participado en Zaragoza en un encuentro estatal para preparar
la huelga del 8 de marzo, orquestada como una forma de hacer visibles
todas las injusticias y discriminación a la que se ven sometidas.E.B.
“La huelga
feminista no es algo de un día, es una propuesta de cambio real”,
sostiene Justa Montero, histórica activista del movimiento en España y
que este fin de semana ha participado, en el Centro Social Luis Buñuel
de Zaragoza, en el encuentro estatal preparatorio del paro, señalado
para el 8 de marzo, día de la mujer. “Paramos para decir basta, no
podemos ni queremos vivir así. El futuro no puede ser así”, añadió.
Más de 400 mujeres de un centenar de
organizaciones sociales, políticas y sindicales, de colectivos y
entidades feministas y de movimientos sociales han participado en las
jornadas preparatorias del paro, que la coordinadora quiere extender a
cuatro ámbitos: el trabajo, los cuidados, el consumo y los estudios.
“Hay una territorialización de la
estructura, y cada territorio se organizará con libertad, como considere
oportuno”, explica la zaragozana Julia Cámara.
En ciudades como Madrid y como la capital
aragonesa, por ejemplo, se complementan las actividades preparatorias
por áreas de trabajo con las sesiones informativas en los barrios. “Nos
hemos dotado de medios de coordinación”, anota.
Más de un centenar de organizaciones y colectivos
El encuentro ha dado lugar a un manifiesto
que se hará público a mediados de la próxima semana. “Han participado
mujeres de todo el arco político y sindical, de organizaciones como
Amnistía Internacional, de grupos ecologistas y de coordinadoras
estudiantiles, además de colectivos feministas de todo el país”, explica
Cámara, que indica que será a partir de la difusión de la proclama
cuando comiencen a recabar la adhesión de organizaciones.
“Esperamos una respuesta positiva de todos
los sindicatos y que estén a la altura de las circunstancias”, señaló
Montero, que llamó la atención sobre aspectos de la huelga de cuidados
como la necesidad de “organizar unos servicios mínimos para garantizar
los que son imprescindibles con la participación de las mujeres y los
hombres”.
Las
portavoces de la coordinadora de asociaciones de mujeres que han
participado en Zaragoza en un encuentro estatal para preparar la huelga
del 8 de marzo, que tiene carácter internacional.EFE/Javier Cebollada
“Hacemos un llamamiento a todos los
sindicatos para que se sumen para visibilizar el paro”, anotó Elizabeth
Cordero, que simultáneamente, y tras visibilizar la adhesión de las
mujeres de origen migrante a la convocatoria (“antes no nos sentíamos
‘parte de’, y ahora sí”), apeló “a todas las mujeres para que si tu
sindicato no apoya esta huelga, desafíliate”.
“Queremos pararlo todo”
Para Montero, la convocatoria de paro en
esos cuatro ejes “va más allá de una huelga laboral”, ya que responde al
“trabajo de muchos años” y su objetivo es “cambiar la idea de cuáles
son los trabajos necesarios para la sociedad y cómo se prestan”. “Sin
nosotras ni se produce ni se reproduce: se para el mundo, y eso es lo
que queremos denunciar”, añadió, en una reivindicación de la
“centralidad” de la mujer y la “injusticia” que con frecuencia soporta.
“Con esta huelga queremos pararlo todo, que
paren nuestras ciudades y nuestros pueblos”, anotó, para desgranar las
luchas que confluyen en la convocatoria: el rechazo a las violencias
machistas, el empoderamiento femenino, el respeto a todas las
identidades sexuales, la denuncia de la precariedad, central en
conflictos laborales como los de las empleadas de geriátricos vizcaínos, las empleadas de Berskha o las camareras de piso, conocidas como kellys,
la repulsa de la xenofobia o la denuncia de la existencia de los CIEs
(Centros de Internamiento de Extranjeros), a los que Cordero se refirió
como “cárceles racistas” en las que “han muerto compañeras”.
Montero moduló las expectativas de la
convocatoria en ámbitos como el del consumo. “En un día no lograremos un
gran cambio, pero sí es un paso hacia un consumo más responsable”,
señaló. No obstante, insistió en que el objetivo de la movilización no
termina con el paro del 8 de marzo. “Tenemos un horizonte que va más
allá –dijo-. Nos sabemos muchas y nos sabemos fuertes”.
“Medios para multiplicar la potencialidad”
Coincide con Cámara, para quien “el proceso
de lucha feminista no acaba el 8 de marzo sino que continúa, y hemos de
dotarnos de medios para multiplicar la potencialidad del movimiento
feminista”.
En este sentido, destacó que las 400
participantes en el encuentro prácticamente triplican al centenar y
medio que asistió a las primeras jornadas, celebradas en Elche en
septiembre, algo que, junto al centenar de organizaciones y colectivos
de los que forman parte, “asegura el éxito de la convocatoria”.
La coordinadora tiene previsto convocar un
encuentro tras el 8 de marzo para valorar el paro y establecer nuevas
líneas de trabajo.
HONDURAS
Policía entrenada por EE.UU está cazando y arrestando a los manifestantes en medio de la crisis post electoral en Honduras
Redacción
Por: Sandra Cuffe/The Intercept
fotos de Orlando Sierra
Era
la media noche cuando rompieron la puerta. Los niños, de 3 y 6 años, y
sus padres estaban profundamente dormidos en su casa en Pimienta, un
pueblo a 18 millas al sur de San Pedro Sula, en el noroeste de Honduras.
“Llegaron a las tres de la madrugada”, dijo la madre de dos niños cuya
casa fue saqueada.
Agentes
de las fuerzas especiales entrenados y apoyados por los EE. UU.,
Conocidos como TIGRES, así como agentes de investigación criminal
registraron el hogar familiar, voltearon las camas y rompieron las
almohadas mientras ella y sus hijos observaban. Su pareja ya había sido
esposado y llevado afuera.
“Mis
hijos estaban asustados y llorando”, le dijo a The Intercept frente a
un juzgado de San Pedro Sula. “Nos trataron como criminales, apuntando
con sus armas hacia nosotros”.
Según
la ley hondureña, las órdenes de registro solo deben ejecutarse entre
las 6 am. y las 6 p. M., Pero se han reportado numerosos casos de
redadas nocturnas por parte de las fuerzas de seguridad en los últimos
dos meses, cuando el gobierno hondureño reprime las protestas contra las
elecciones impugnadas que entregaron la presidencia a Juan Hernández en
noviembre.
La
Secretaría de Seguridad de Honduras afirma que las redadas y
detenciones en Pimienta se llevaron a cabo legalmente, sobre la base de
informes de la comunidad, cubiertos por órdenes de arresto, supervisados
por un fiscal y llevados a cabo durante las horas permitidas por la
ley.
Los
chalecos antibalas y los objetos robados fueron confiscados durante los
registros, escribió un portavoz de la Secretaría en respuesta a
preguntas de The Intercept. Sin embargo, todos los relatos de las
redadas y arrestos de los residentes y testigos de Pimienta cuentan una
historia diferente: redadas nocturnas y al amanecer, niños aterrorizados
y la participación de TIGRES. A algunos residentes se les dijo que
había una orden de registro y otros no, pero nadie recordaba haber visto
uno.
En
total, las fuerzas de seguridad llevaron a cabo 10 redadas en las
primeras horas del 26 de diciembre y arrestaron a 11 residentes de
Pimienta por cargos relacionados con la destrucción de propiedades y el
asalto a agentes de policía en el contexto de protestas contra el fraude
electoral.
Las
fuerzas especiales de TIGRES han sido controvertidas desde su fundación
en 2013, y su corta historia ha sido perseguida por denuncias de robo y
corrupción relacionadas con narcotraficantes.
Formados
en Honduras y en los Estados Unidos por Green Berets del 7. ° Grupo de
Fuerzas Especiales (Airborne), los TIGRES reciben un apoyo sustancial
del Departamento de Estado de EE. UU. Y han sido participantes activos
en la represión gubernamental durante la actual crisis política en
Honduras.
Hernández
prestó juramento para su segundo período el 27 de enero, dos meses
después de que las elecciones generales del 26 de noviembre se vieron
empañadas por informes generalizados de fraude. Una temprana ventaja de 5
puntos que favorecía al candidato opositor Salvador Nasralla se evaporó
luego de que el sistema de transmisión de datos electorales se
desconectara durante horas. Los observadores de la Organización de los
Estados Americanos documentaron una serie de irregularidades y se
negaron a respaldar la victoria de Hernández, alegando que era imposible
tener certeza alguna sobre el resultado.
A
los pocos días de las elecciones, los partidarios de la oposición
salieron a las calles de todo el país, desafiando un estado de excepción
y un toque de queda para protestar por el fraude electoral. Los
mítines, marchas y bloqueos de carreteras que sacudieron el país durante
dos meses completos continúan aquí y allá.
La
respuesta del gobierno ha sido una violenta represión estatal en curso,
con las fuerzas de seguridad abriendo fuego contra los manifestantes en
múltiples ocasiones. Más de 35 manifestantes y transeúntes han sido
asesinados por las fuerzas de seguridad y otros autores desconocidos,
cientos de heridos y más de 1.000 detenidos. Al menos 22 personas
continúan encarceladas en diferentes partes del país por cargos
relacionados con protestas.
La
administración de Trump ha apoyado a Hernández, un aliado
estadounidense desde hace mucho tiempo en la región, como el vencedor de
las elecciones, y la asistencia de seguridad continúa fluyendo. El
Departamento de Estado emitió una certificación en noviembre, dos días
después de las elecciones impugnadas, lo que permitió a Honduras recibir
millones de dólares de ayuda condicionada al progreso en materia de
derechos humanos y corrupción.
El gobierno ilegal ha sido particularmente violento en el noroeste de
Honduras, en los departamentos de Cortés, Atlántida y Yoro. El apoyo de
la alianza de oposición es más fuerte en la región, que también impulsa
la economía nacional, y los manifestantes han estado bloqueando las
carreteras principales durante meses. Joaquín Mejía, un abogado que
trabaja como investigador de derechos humanos para el Equipo de
Reflexión, Investigación y Comunicación, conocido como ERIC, un grupo de
defensa dirigido por jesuitas, cita la larga historia de resistencia
beligerante de la región como un factor clave detrás de la efusión de
protestas y bloqueos y la consiguiente represión y militarización. “Las
fuerzas militares actuaron como si estuvieran en una zona de guerra, en
el sentido de que continuaron con la lógica de disparar rondas en vivo
contra las personas que protestaban: una población desarmada”, dijo
Mejía a The Intercept en la oficina de ERIC en El Progreso, Yoro. . Las
fuerzas de seguridad también dispararon gases lacrimógenos
indiscriminadamente, incluso en los hogares de las personas, y
sometieron a los detenidos a un trato cruel e inhumano, dijo Mejía.
“Entraron en hogares sin órdenes de registro”, agregó. “Los miembros de
la institución [policía nacional] solo portan armas no letales para
desalentar actos violentos y durante los desalojos [de protestas] los
procedimientos policiales buscan evitar daños a terceros”, dijo la
Dirección de Comunicación Estratégica de la Secretaría de Seguridad
cuando se le preguntó sobre los informes. del uso excesivo de la fuerza,
incluido el disparo de balas reales.
“La
Policía Nacional emprende todas sus acciones en cumplimiento de la ley,
con estricto respeto por los derechos humanos y los procedimientos
policiales establecidos en el Manual de Uso de la Fuerza de las Naciones
Unidas”, escribió la Dirección a The Intercept, aunque no está claro
exactamente a qué documento se refieren. Sin embargo, la oficina
hondureña en la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para
los Derechos Humanos ha hecho declaraciones públicas condenando el uso
del gobierno de la fuerza excesiva contra los manifestantes, así como
ataques a defensores de los derechos humanos y trabajadores de los
medios. El transporte y el disparo de armas por parte de las fuerzas de
seguridad durante los desalojos de las protestas ha sido ampliamente
documentado en fotografías, videos, informes de los medios de
comunicación y grupos de derechos humanos. “
Los
miembros de TIGRES, que ahora está bajo la Dirección Nacional de
Fuerzas Especiales de la fuerza policial, estuvieron a la vanguardia de
las operaciones conjuntas para arrestar manifestantes en las ciudades de
Pimienta y Villanueva, en Cortés. El mandato de las Unidades de Grupos
de Respuesta de Inteligencia y de Seguridad Especial, cuyo acrónimo
significa “tigres” en español, a menudo se informa que es para combatir
el crimen organizado y el tráfico de drogas. Ese puede ser el caso en la
práctica; sin embargo, ninguno de ellos se menciona explícitamente en
la ley que creó la fuerza, que simplemente establece que su propósito es
abordar “las principales amenazas a la seguridad pública”.
Los
TIGRES fueron creados por ley en 2013. Hernández, era presidente del
Congreso Nacional en ese momento y fue quien propuso el proyecto de ley.
La capacitación de los agentes de TIGRES comenzó en 2014, después de
que Hernández asumió la presidencia hondureña. Green Berets del 7mo
Grupo de Fuerzas Especiales del Ejército de los EE. UU. (Airborne) y
miembros de Comandos Jungla, una fuerza de élite de la policía
colombiana, entrenaron a los agentes de TIGRES, que fueron reclutados de
la policía y las fuerzas militares hondureñas. A la graduación de junio
de 2014 de la primera ola de TIGRES asistió Lisa Kubiske, embajadora de
los Estados Unidos en Honduras en ese momento.
Los
instructores de Green Berets y Comandos Jungla entrenaron a otra clase
de TIGRES en un curso básico de Comando de 12 semanas al año siguiente.
Según una publicación en Facebook de la Oficina de Asuntos
Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de
Estado de EE. UU. O INL, a mediados de 2015, un total de 322 agentes
habían completado el curso, que es la capacitación básica para todos
TIGRES.
En
febrero de 2015, los agentes de TIGRES viajaron a la Base de la Fuerza
Aérea de Eglin en Florida durante dos semanas de entrenamiento avanzado
del 7º Grupo de Fuerzas Especiales (Airborne). Junto con la puntería, el
entrenamiento de combate urbano fue un componente clave en Eglin. En
2016, miembros de TIGRES y del Ejército hondureño completaron
entrenamiento especial con la Fuerza de Tarea Caiman, impartida por
miembros de la Guardia Nacional de la Florida. TIGRES también participó
en al menos una misión médica interinstitucional dirigida por el Comando
Sur de los EE. UU., Cuya Task Force Bravo tiene su base en la base
conjunta de Soto Cano, ubicada a 80 kilómetros al noroeste de
Tegucigalpa, la capital hondureña.
El
Departamento de Estado de EE. UU., A través del INL, apoya a TIGRES y a
otras unidades y fuerzas especiales hondureñas con una combinación de
capacitación, financiamiento, investigación y asesoría. El INL también
ha contribuido fondos para la construcción y equipamiento de un segundo
complejo TIGRES, en El Progreso, cuya ceremonia de inauguración se llevó
a cabo en enero de 2017. Las otras instalaciones de TIGRES están
ubicadas en Lepaterique, a 40 kilómetros al oeste de Tegucigalpa.
Un
vocero dijo que el Departamento de Estado está “al tanto de varias
denuncias graves de violaciones de derechos humanos por miembros de las
fuerzas de seguridad hondureñas en el período posterior a las elecciones
y ha pedido al gobierno de Honduras que investigue de manera rápida y
exhaustiva todos esos incidentes y llevar a los perpetradores ante la
justicia “.}
Tres
días después del arresto del 26 de diciembre de 2017 de 11 residentes
de Pimienta por parte de TIGRES y otros agentes de la ley, más de 20
familiares de los detenidos se congregaron frente a un juzgado de San
Pedro Sula, esperando noticias de la audiencia en el interior. Varios
familiares hablaron con The Intercept, pero todos pidieron el anonimato
debido a problemas de seguridad.
“Hay
miedo, mucho miedo”, dijo a The Intercept Ovidio Silva, un pastor
evangélico local en Pimienta que acompaña a algunos de los familiares de
los detenidos en San Pedro Sula. “Más que nada, me preocupan los
jóvenes de nuestro municipio”, dijo.
Silva
ha sido pastor en Pimienta durante los últimos 14 años. Ha conocido a
la mayoría de los arrestados durante años, muchos de ellos desde que
eran niños; son principalmente jóvenes trabajadores, dijo. Mientras que
algunos pueden haber participado en protestas de la oposición, él afirma
que no tuvieron nada que ver con los incidentes de incendio premeditado
y asalto a oficiales de policía de los cuales son acusados.
En
diciembre, cuatro policías fueron desarmados y desvestidos en ropa
interior en medio de las protestas en Pimienta. El gobierno dice que los
oficiales fueron atacados y agredidos por los manifestantes, y las
fotografías parecen indicar que fueron golpeados. Los residentes de
Pimienta dicen que los agentes se habían infiltrado en las protestas,
por lo que fueron removidos, desarmados y detenidos para evitar que
instigaran la violencia. Finalmente fueron entregados a otras fuerzas de
seguridad.
También
se inició un incendio dentro de la estación de policía en Pimienta. En
medio de protestas en diciembre, varias estaciones de policía en toda la
región fueron blanco de incendios y otros daños. Según los
manifestantes de la oposición, el daño a las estaciones de policía se
infligió en respuesta directa a las fuerzas de seguridad que abrieron
fuego con rondas en vivo durante los desalojos de los bloqueos de
carreteras.
Silva
pasó tres años en la fuerza policial nacional en la década de 1990 y
cree que los responsables de cualquier delito en Pimienta deben
enfrentar la justicia, pero es crítico con las redadas y arrestos. Los
lugareños temen a las autoridades y los residentes son juzgados en los
medios como delincuentes, dijo. Los 10 hombres arrestados en Pimienta
(uno de los detenidos era una mujer) se afeitaron la cabeza antes de ser
llevados a la audiencia del 29 de diciembre.
Más
recientemente, los agentes de TIGRES estuvieron involucrados en el
arresto de siete personas en Villanueva, incluido Javier Rubí, concejal
del concejo municipal electo de la alianza opositora. Fueron acusados
de cargos relacionados con incendios premeditados y daños y perjuicios
en la estación de policía de Villanueva. Los siete fueron liberados
después de una semana debido a la falta de pruebas.
El
veterano activista Edwin Espinal y otro manifestante, Raúl Álvarez, no
tuvieron tanta suerte. Frente a tres cargos relacionados con la
destrucción de la propiedad en el Hotel Marriott en Tegucigalpa durante
una protesta el 12 de enero, se encuentran en prisión preventiva en la
prisión de La Tolva, a 40 millas al este de la capital. Un pequeño
campamento del ejército se encuentra directamente al otro lado de la
carretera de la cárcel.
El
director de esa prisión es Osman Alexis Rivera Rosales, quien figura en
la lista de estudiantes en tres cursos de 1996 en la Escuela de las
Américas de EE. UU. O SOA, ahora conocido como el Instituto del
Hemisferio Occidental para la Cooperación de Seguridad. (La lista de
participantes del curso, obtenida por el grupo de defensa sin fines de
lucro SOA Watch a través de la solicitud de Freedom of Information y
publicada en línea, solo cubre de 1946 a 2004, por lo que el
entrenamiento de Rivera en EE. UU. Puede no haber terminado ahí).
No
se han recibido informes de violentas maltrataciones en La Tolva,
aunque Espinal y Álvarez estuvieron en celdas de aislamiento durante 22
horas al día durante sus primeras dos semanas allí, y ninguno ha podido
recibir ninguna visita de sus familiares. Pero las generaciones
anteriores de graduados de SOA estuvieron entre los peores violadores de
los derechos humanos en Centroamérica durante la década de 1980, y ese
es el precedente que pone a los activistas hondureños nerviosos ante las
tropas entrenadas por los EE. UU. Que se vuelcan contra los
manifestantes.
“Volveremos
a los viejos tiempos”, dijo Bertha Oliva, coordinadora del Comité de
Familiares de Detenidos y Desaparecidos en Honduras. Las cosas pueden
empeorar, porque junto con la práctica anterior, las fuerzas de
seguridad del estado ahora están mejor entrenadas y mejor equipadas, le
dijo a The Intercept.
“Hoy
tienen toda la experiencia, todos los conocimientos, y saben que no les
pasa nada con ningún tipo de violación de los derechos humanos
cometidos, ya sea individual o colectivamente, contra la ciudadanía”,
dijo.
Amnistía Internacional dice que niveles de inseguridad en Honduras son altos
Los niveles de inseguridad en Honduras siguen siendo “altos” y
la “impunidad generalizada” continúa debilitando la confianza pública
en las autoridades y en el sistema de justicia, según el informe de
Amnistía Internacional (AI) 2017-2018. “Honduras seguía siendo uno de los países más peligrosos de las
Américas para los defensores y defensoras de los derechos humanos,
especialmente para quienes trabajaban en la protección de la tierra, el
territorio y el medio ambiente”, añade el estudio de AI. Cita que el Gobierno hondureño anunció la creación de un Ministerio
de Derechos Humanos y Justicia, que debía estar operativo en 2018, como
en efecto ya está en marcha. Sobre las protestas masivas derivadas del presunto “fraude” en las
elecciones generales del 26 de noviembre de 2017, según la Alianza de
Oposición contra la Dictadura, AI señala que “fueron brutalmente
reprimidas por las fuerzas de seguridad”, incluso con “armas letales”. Además, centenares de personas fueron arrestadas o detenidas, y en diciembre se impuso un toque de queda de diez días. Durante las protestas hubo al menos 31 muertos y se denunciaron
múltiples casos de personas heridas por arma de fuego o golpeadas por
las fuerzas de seguridad, destaca el informe. Agrega que los defensores de los derechos humanos, especialmente
quienes defendían el medio ambiente y la tierra, seguían corriendo
peligro de sufrir abusos. Según el estudio, la gran mayoría de los ataques registrados contra
defensores de los derechos humanos “seguían impunes, como consecuencia
de los múltiples obstáculos que afrontaban las investigaciones y los
juicios”. Sobre la investigación del asesinato de la medioambientalista Berta
Cáceres en marzo de 2016, “apenas se avanzó”, ni hay información sobre
los progresos realizados por el Ministerio Público para identificar a
los responsables de planificar su asesinato, según AI. El organismo señala que aunque hubo algunos avances en la protección a
defensores de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales y
operadores de justicia, seguían siendo insuficientes los esfuerzos por
garantizar su protección integral. Destaca además que seguía la vulneración de varios pueblos indígenas y
persistían los conflictos por tierras para campesinos en el Valle del
Aguán, en el noreste del país. También denuncia que las mujeres, las niñas y las personas LGBTI
(Lésbicas, Gays, Bisexuales, Transgéneros e Intersexuales) seguían
afrontando altos niveles de violencia de género, y que entre enero y
octubre, el Centro de Derechos de las Mujeres registró 236 muertes
violentas de féminas. Sobre la violencia en Honduras, resalta que sigue siendo un factor
clave de emigración forzada y que, según la Oficina de las Naciones
Unidas para Refugiados, 14.735 hondureños habían solicitado asilo entre
enero y octubre en países de todo el mundo, la mayoría en México y
Estados Unidos, desde donde miles también son deportados. EFE
Surge Comité Nacional por la liberación de presos políticos en contexto post electoral
Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).-
Más de 20 presos en cárceles del país producto de su oposición a la
ilegal reelección de Juan Orlando Hernández, motivó a diferentes
organizaciones sociales y de derechos humanos a conformar el Comité
Nacional por la Liberación de los Presos Políticos y presentarse ante la
opinión pública este jueves en Tegucigalpa.
Este
comité surge dos meses y medio después de ocurrido el proceso electoral
(26 de noviembre de 2017), donde la ciudadanía reclamó el triunfo a
nivel presidencial de Salvador Nasralla, candidato de una alianza de
partidos de oposición, y que el Tribunal Supremo Electoral (TSE)
revirtió y consumó la ilegal reelección del nacionalista Juan Orlando
Hernández.
Como
objetivo principal, el Comité Nacional exige “de manera coordinada,
precisa y comprometida” la liberación inmediata de todas las personas
que están encarceladas por participar en las acciones de rechazo a la
imposición de resultados electorales fraudulentos, y la juramentación de
autoridades impostoras, ilegales e ilegítimas.
El
Comité planteó la urgencia de actuar para la libertad de -hasta ahora-
22 personas presas, pero “sin abrir avenidas a perdones o negociaciones
anticipadas con la banda criminal que ha secuestrado el Estado”.
Las
cárceles donde se tiene registro de las 22 personas presas son: El
Centro penal de Tela, en el departamento de Atlántida, Centro Penal de
Morocelí, departamento de El Paraíso (La Tolva), Centro Penal de El
progreso, departamento de Yoro y Centro Penal de Ilama, departamento de
Santa Bárbara (El Pozo).
Hasta
la fecha, cifras del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en
Honduras (COFADEH), revelan que existe 22 presos políticos (una mujer),
80 personas criminalizadas judicialmente y 38 asesinatos por razones
políticas.
Las
ocho organizaciones que integran el comité Nacional por la Liberación
de Prisioneros Políticos en Honduras son: Colegio de Profesores de
Educación Media de Honduras (COPEMH), Colegio de Pedagogos de Honduras
(COLPEDAGOGOSH), Colegio Profesional Unión Magisterial de Honduras
(COPRUMH).
Le
siguen, el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Bebida y
Similares (STIBYS), Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación
(ERIC), Coalición contra la Impunidad, Red Internacional de Derechos
Humanos que tiene su sede en Estados Unidos y Canadá, Comité de
familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH),
Convergencia contra el Continuismo, Observatorio Ecuménico Internacional
de los Derechos Humanos (OEIDH) y Vía Campesina, pero se espera la
integración de otras.
Protestar se ha convertido en delito
Para
la Coordinadora General del COFADEH, Berta Oliva, es necesario colocar
donde corresponde a quienes hoy se encuentran como presos políticos por
protestar, condenar y repudiar “el peor acto que se llevó a cabo el 27
de noviembre de 2017”.
“Protestar
se ha convertido en un delito en nuestro país y organizaciones con
trayectoria por la defensa de la libertad y la vida no podemos seguir en
quietud y silencio ante la embestida que tenemos. Peor cuando quieren
imponer su verdad absoluta, desde quienes cometen el delito de detener
ilegalmente a nuestros presos y presas”, sostuvo Oliva.
En
el comunicado, el Comité Nacional por la Liberación de los Presos
Políticos mencionó que las organizaciones que lo conforman han vivido
momentos críticos en las décadas de los años 70’s, 80’s y 90´s y
actualmente, enfrentaron los indebidos procesos, el uso desmedido de la
fuerza, ocultamiento y desaparición de liderazgos sociales y ejercido
litigio internacional luego de enfrenta los efectos de los diferentes
golpes al país en los últimos ocho años.
También
denunciaron las diferentes opiniones surgidas, tanto desde el gobierno
como del Partido Nacional, en las que acusan a la ciudadanía opositora y
liderazgos de los partidos políticos de oposición de “robarse las
elecciones junto a las maras”.
Lo
anterior fue reafirmado por el ex candidato a diputado por el Partido
Nacional y capitán retirado Billy Joya, denunciado por organizaciones de
derechos humanos por su participación en la década de los 80’s en casos
de desaparición forzada en el país.
Joya,
quien goza de la impunidad en el país, afirmó en un foro televisivo que
“esos que llaman presos políticos los vimos saqueando, quemando y
destruyendo la propiedad privada de hondureños trabajadores e
inocentes”.
Al
respecto, el Comité Nacional puntualizó que tiene conocimiento de
quienes asesoran la Mesa de Crisis post electoral son “los asesinos del
batallón de la muerte 3-16 que toman decisiones al interior de la
dictadura actual, quienes han reclamado beneficios y amnistías por sus
crímenes”.
Ante
el escenario descrito, este Comité hará uso de los mecanismos
informales de denuncia y las estrategias de alianza con actores
internacionales y lograr el objetivo de obtener la libertad de quienes
se encuentran presos por razones políticas.
Tegucigalpa Durante el lanzamiento del Comité Nacional por la liberación de los
presos políticos en Honduras que tiene el régimen de Juan Orlando
Hernández después de las elecciones generales del pasado 26 de
noviembre, se dio a conocer que existen 22 privados de libertad
distribuidos en cuatro cárceles del país. Después del 26 de noviembre, fecha que se desarrollaron las
elecciones generales, la población hondureña salió las calles cuando se
denunció del fraude electoral que se estaba fraguando en el Tribunal
Supremo Electoral en favor del candidato oficialista, Juan Orlando
Hernández, quien buscaba de manera ilegal la reelección. Ante el mar de gente en las calles a nivel nacional en protesta
exigiendo se respetara la voluntad del pueblo, el Gobierno de Juan
Orlando Hernández decreto toque de queda por diez días y comenzó a
reprimir violentamente las protestas, las que han dejado como saldo
miles de personas detenidas, centenares de heridos y cerca de 40
víctimas mortales, de las que no hay ninguna investigación y están en
completa impunidad. Para hacer la defensa formal en cada caso de los presos políticos
junto a las familias, sus amistades, vecindarios y organizaciones
fraternas a nivel local y regional, para hacer de este ejercicio legal,
ético y solidario una nueva escuela del debido proceso y de presión
global, se ha constituido el Comité Nacional por la liberación de
prisioneros políticos en Honduras. De acuerdos a datos presentados por el Comité de Familiares de
Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh) durante la conferencia de
prensa donde se dio a conocer a los medios de comunicación la creación
de este comité, de diciembre de 2017 a enero del presente año, el
régimen de Juan Orlando Hernández a privado de su libertad por razones
políticas a 22 ciudadanos, los que están en situaciones precarias en los
centros carcelarios en los que están recluidos. De acuerdo a los datos proporcionado por la organización humanitaria,
con más de 35 años de experiencia en la defensa y promoción de los
derechos humanos, en el Centro de Penal de Tela se encuentra recluida
una mujer junto a su pequeña hija y su compañero de hogar, quien ha sido
acusada por participar en la movilizaciones contra el fraude y la
dictadura de que ha implantado en el país Juan Orlando Hernández. A continuación damos a conocer el listado de los privados de libertad
por razones políticas de acuerdo a los datos recabados por el Cofadeh. LISTADO DE PRESOS POLÍTICOS HONDURAS PERÍODO DICIEMBRE 2017 A ENERO 2018 Una Persona de Pimienta Privada de Libertad en el Centro Penal de Tela
1. Lourdes Johana Gómez Núñez.Dos Personas Privadas de Libertad En el Centro Penal de Moroceli, conocido como La Tolva
1. Edwin Robelo Espinal
2. Raúl Eduardo ÁlvarezNueve Personas Recluidas en el Centro Penal de la ciudad de El Progreso.
1. Arles Saúl Cardona Saavedra.
2. Gustavo Adolfo Cáceres Ayala.
3. Jhony Andrés Salgado Fuentes.
4. Dany Javier Banegas Reyes.
5. Olvin Nahúm Villanueva Avilés.
6. Omar Enrique Velásquez Yánez.
7. Antony Reynaldo Acosta.
8. Néstor Armando Almendarez Rodríguez.
9. Marvin Antonio Godoy Arias.Diez Personas de Pimienta: Recluidos en el Centro Penal de Ilama conocido como El Pozo.
1. Daniel Eduardo Santos Ordóñez
2. José Orlando Santos Ordoñez
3. Edwin Nahún Amaya Sánchez
4. Mynor Ariel Reyes Mejía
5. Roque Jacinto Alvarenga Corea
6. Wilfredo Cáceres Sagastume
7. Francisco Miguel Gómez Martínez
8. Melvin Mauricio Chávez Pérez
9. Jonathan Ricardo Perla López
10. Santos Ramón Paredes Quiroz
Luego de la renuncia del vocero de la MACCIH, cree demanda de organismo internacional bajo responsabilidad de la ONU
Feb 19, 2018
Para nadie es un secreto que, a la Misión de Apoyo contra la
Corrupción e Impunidad, MACCIH no la están dejando trabajar, y más allá
de las opiniones públicas, el país entero sabe que las investigaciones
de la red de diputados involucran directamente al gobierno de Juan
Orlando Hernández y a sus diputados. Todos lo saben, incluso Juan Jiménez Mayor, ahora ex vocero de la
MACCIH, quien el pasado jueves renunció a su cargo, por motivos ligados a
esa presión, pero que no se atreve a decirlo concretamente. Mayor a
través de una carta enviada a la opinión pública dijo que luego de una
jornada de reflexión tomó la decisión de dejar su cargo, por fuertes
diferencias con la Secretaría General de la Organización de Estados
Americanos (OEA) que dirige Luis Almagro. Sobre todo, en los representantes políticos y de estas misiones
impera la diplomacia, sus discursos lo reflejan y sus afirmaciones las
respaldan. En el noticiero vespertino de Televicentro Juan Jiménez fue
entrevistado para que reaccionara sobre su renuncia, le consultaron
sobre la relación de él con el presidente Juan Orlando Hernández, él
contestó que sí lo han dejado trabajar. La población reaccionó de inmediato a esas declaraciones, y lamentó
que la diplomacia le impidiera a Mayor decir claramente que el origen de
la crisis de la MACCIH fue la falta de respaldos a la lucha contra la
corrupción e impunidad de parte de Casa presidencial. En entrevista a Radio Progreso, Mayor dijo hace unos días que la
investigación en el caso de la red de diputados se orienta a varios
diputados, entre ellos el presidente del Congreso Nacional, Mauricio
Oliva. Mayor aseguró que una de las hipótesis en el caso es el soborno,
que recibieron estos diputados. Jiménez Mayor no se atrevió a decir que
ese dinero de los sobornos fue para elegir la actual composición de la
Corte Suprema de Justicia (CSJ). Mayor no se atreve, pero la clase política de oposición y las
organizaciones críticas de la administración gubernamental sí, ellos han
denunciado e incluso interpusieron recursos ante la justicia nacional e
internacional, por los procedimientos viciados de elección de la CSJ,
Ministerio Público y otras instituciones que han sido cooptadas por el
presidente Hernández. “En Honduras hay un grave problema, y es de institucionalidad, todo
acá es dominado por Juan Orlando Hernández, acá hay que pedirle permiso a
él para investigar, para judicializar y para hacer justicia, este es un
problema estructural”, dijo el exmagistrado del Tribunal Supremo
Electoral, Enrique Sequeira. Sequeira, quien ahora es militante activo del Partido Liberal,
aseguró que acá si no se hacen cambios profundos, sobre todo en el tema
de independencia de poderes, la impunidad seguirá reinando en el país. En ese enfoque, la MACCIH empezó a tener problemas. “Nos estábamos
preparando para esto, y el momento ha llegado, toca luchar para salir
adelante”, manifestó Mayor. Y es que la MACCIH ha sido muy criticada por
diversos sectores, criticada por su diplomacia, por no decir las
presiones que tiene y por no mencionar con nombre y apellido las
principales amenazas a su trabajo. El origen de la crisis actual en la MACCIH se da a partir de las
amenazas y obstáculos generados por el partido Nacional, partido al que
Mayor nunca se atrevió a enfrentar públicamente. Mayor lo dijo entre
líneas: “no he recibido amenazas, pero contrataron una firma auditora
para que me investigue, les aseguro que no encontrarán nada”, relató en
su momento el ex vocero de la MACCIH. Todo surgió a partir de su anunció de investigar a diputados,
incluyendo altas figuras del partido Nacional, por tal razón sus
denuncias contra los que lo están amenazando, evidentemente apuntan
hacia el oficialismo. Mayor renunció, y dejó claro que el punto toral de su determinación
es por diferencias con Luis Almagro, a quien le reclamó vía
administrativa por correos electrónicos, la contratación de personas que
no abonarán nada a la institución y que incluso eso se podría convertir
en malversación de fondos. Juan Jiménez no renunció solo, lo acompañó su personal de confianza.
Julio Arbizú integrante de esta estructura también anunció su retiro y
dijo en redes sociales que lamenta que la OEA no los respalde en esta
lucha contra la corrupción, y aseguró que Honduras no se merece esto,
que hay una verdad escondida y que algún día saldrá a la luz. Esa verdad de la que habló Arbizú es de múltiples interpretaciones, y
eso se da por el carácter diplomático de esta Misión, la que les impide
por cualesquiera que sean los motivos, encarar y denunciar a los
responsables. Ante el anuncio los políticos aprovecharon para llevar agua a su
molino. El partido Liberal emitió un comunicado solidarizándose con
Mayor y denunciando al partido de gobierno de ser el responsable de
limitar el trabajo a la MACCIH, en ese mismo enfoque lo hizo la Alianza
de Oposición que además denunció el papel de la OEA, y dijo que en
Honduras es urgente la presencia de una Comisión independiente como la
de Guatemala, la CICIG. Pero no solo los opositores aprovecharon para hacer uso de sus
discursos, también lo hizo el presidente, el principal responsable de la
crisis de la MACCIH. Juan Orlando Hernández dijo: “Yo pedí a Mayor que
no renuncie, le prometí mi apoyo para que pueda trabajar, pero él me
dijo que no cambiaría de posición, así que afirmo mi apoyo a la OEA y
cuando nombren su sustituto, también lo apoyaremos como lo hemos venido
haciendo”. Las declaraciones de Hernández y su partido son contrarias a sus
acciones, ya que son ellos quienes pretenden mantener un pacto de
impunidad, así lo han comprobado con la reforma a la Ley de Presupuesto,
la Ley de Secretividad, entre otras. Mayor se va del país y de la Misión con esa deuda, de no haber
denunciado lo que sucede a lo interno de la MACCIH, de mencionar quienes
le están obstaculizando las investigaciones, y de dar avances
contundentes de las mismas. Por ahora la gente ha salido a las calles, con menos intensidad que
en meses anteriores, pero con algo totalmente claro: que es necesario y
urgente retomar la lucha organizada para combatir la corrupción y
judicializar a los responsables del saqueo de los fondos estatales.
Partido Libre se declara en insurrección total y crea los comandos de insurrección
Tegucigalpa.-
La Coordinación Nacional del Partido Libertad y Refundación (Libre)
decidió la tarde de este miércoles, declararse en insurrección total y
crear los Comandos de Insurrección (CI).
Reunidos
este día en Tegucigalpa, ratificaron que no reconocen a Juan Hernández
como Presidente de Honduras, y condenan la violencia y la represión
contra el pueblo que protesta en defensa de su voto a favor de la
Alianza de Oposición y Salvador Nasralla.
Los
comandos de insurrección estarán integrados por los secretarios
generales y coordinadores de los 18 departamentos acompañada de la
Bancada Legislativa del Partido Libertad y Refundación Libre, explica el
comunicado emitido esta misma tarde.
1.-
Declararse a nivel nacional, en INSURRECCIÓN TOTAL como lo demanda la
Constitución de la República, mediante el método de la NO VIOLENCIA e
instruir a todo el pueblo que rechaza a Juan Orlando Hernández para que
por medio de los colectivos, organizaciones de trabajadores,
estudiantes, gremios, empresarios, alcaldes, vicealcaldes y regidores
municipales, para que implementen esta Estrategia de Insurrección hasta
derrotar la dictadura y hacer que se respete el triunfo de la Alianza y
Salvador Nasralla.
2.-Aprobar
la creación de los comandos de insurrección (CI) como nueva forma de
organización político partidaria, integrada a través de quienes se
implementaran las acciones y estrategias aprobadas.
3.-
Ratificar un voto de confianza al Coordinador General en demanda de un
proceso de mediación y no el diálogo falso convocado por el Presidente
ilegal La mediación debe ser vinculante c incluir la Auditor. Forense
del Sistema de Transmisión y toda la documentación electoral; la
celebración de nuevas elecciones o la Convocatoria a la Asamblea
Nacional Constituyente Originaria; la investigación de los más de 40
asesinatos; la liberación inmediata de todos los presos políticos y la
anulación de los procesos penales que con prueba falsa se han presentado
en los juzgados cn contra de los manifestantes.
4.- Reactivar a partir de este fin de semana en todo el país, las movilizaciones, plantones y acciones de protesta.
5.-
En el marco de la sesión partidaria, se eligen como enlaces de la
Bancada Legislativa a cuatro diputados propietarios, quienes de forma
rotativa ejercerán la vocería de la Bancada, iniciando con el Diputado
por el Departamento de Francisco Morazán, Jorge Luis Cáliz.
“Un ejército No violento, debe estar tan preparado que haga innecesaria la guerra” Mahatma Ghandi.
Coordinación General Libertad y Refundación (Libre)
La insurrección popular es la vía, lo demás son engaños
Redacción
Por: Jaime Flores
La
insurrección popular iniciada es el camino escogido por el pueblo
hondureño para derrocar al tirano juan Orlando (a propósito) y
deshacerse de esta cavernaria oligarquía, que por defender sus
sacrosantos intereses y su estado patrimonial no le importa apuntalar la
dictadura.
Las
luchas sociales no son fáciles, pero no hay otra opción si queremos
derrocar al tirano y a la oligarquía y deshacernos para siempre de este
estado patrimonial, casi feudal, fuente de inagotables privilegios para
los oligarcas.
La
insurrección ha empezado a dar sus frutos; el sistema no funciona con
la normalidad. La banca ha tenido que cerrar y contratar más carros
blindados para proteger sus valores, las importaciones y exportaciones
han sido afectadas y algunas redes eléctricas han sido saboteadas.
Esto
se ha logrado gracias a los focos insurreccionales; las tomas de
carreteras, puentes, quema de llantas, que si bien no ha sido
generalizado en todo el país, han afectado zonas productivas y han
provocado caos e inestabilidad. Se ha golpeado al poder político y
económico en donde más les duele, no entienden otro lenguaje.
Estas
manifestaciones bañadas de juventud, han obligado a la oligarquía a
colocar láminas en sus negocios aunque se miren horribles, a
encerrarse, a generarle gastos, a que demuestre miedo y nerviosismo a
que saquen a sus hijos al extranjero a que se inyecten más neurobión.
Ahora
los jóvenes solo protegidos de su audacia, valentía, dignidad, astucia y
creatividad se enfrentan a fieras de acero y fusil, les gritan, los
desafían no se dejan golpear, ni capturar: Este arrojo no es más que
insurrección popular.
Que se cumpla la consigna: ¡Si no hay justicia para todos, que no haya paz para nadie! ésta no debe ser excluyente.
Los
dirigentes, que los hay dentro de la oposición, saben que no hay otra
salida. Se debe continuar con la organización de las masas; con la
conformación de colectivos, células y círculos, se debe estar en todos
lados y en ninguno.
Otro
componente infaltable es la formación a la población, la cual a través
del abordaje de ciertos temas históricos, debe generar odio de clase en
las masas hacia sus opresores. Sin odio al tirano, y a la oligarquía no
hay insurrección posible.
No
hay otra salida; el diálogo y las reformas es caer en la trampa como
sucedió en el 2009 y seguirle el juego al sistema y al tirano, al de la
Honduras de aquí y al de la Honduras de allá. Se debe continuar,
generalizar y profundizar los focos insurreccionales; en temas sociales,
no hay regreso
Claves para el entendimiento y desmoronamiento del proyecto dictatorial de JOH desde el movimiento social: Padre Melo
Redacción
Por: Belinda Ramos - Miembro de la Coordinadora de Solidaridad Guatemala – Honduras
El
pasado 13 de febrero, el líder social y religioso, Padre Ismael Moreno,
S. J., se reunió con representantes de diversas organizaciones
sociales y populares de Guatemala, con el fin de exponer y analizar la
situación crítica por la que atraviesa actualmente Honduras. La
actividad se desarrolló en la Casa de la Memoria – Kaji Tulam, en la
ciudad de Guatemala, con una duración de aproximadamente dos horas y la
asistencia de unas 50 personas.
El
Padre Ismael Moreno –conocido como Padre “Melo”– inició el
conversatorio hablando del monopolio de los medios de comunicación de
Honduras y la práctica inexistencia de medios de comunicación
independientes a nivel nacional. En este contexto, recordó el sabotaje
sufrido a la antena de Radio Progreso en Tegucigalpa la noche del 9 al
10 de diciembre, lo que impidió la transmisión durante dos semanas,
acusando del atentando a grupos económicos agresivos que detentan el
poder del Estado, la economía y la política en Honduras.
Durante
su intervención, el Padre Melo habló de una nueva etapa coyuntural en
Honduras que se inicia con la toma de posesión de Juan Orlando
Hernández, el 27 de enero. Se trata de la implementación de un proyecto
autoritario con rasgos autárquico –dictatorial– bajo el poder de una
persona. Esta etapa, fue precedida de 36 años –desde inicios de los
ochenta– de democracia tutelada, bajo la tutela del ejército
hondureño y la presencia activa de EE.UU. para el despliegue de la
política de seguridad y la lucha contrainsurgente contra Guatemala, El
Salvador y Nicaragua, en aquella época.
Con
la implantación del modelo neoliberal –conforme al conferencista– los
militares pasaron a un segundo plano, y Honduras se convierte en una
base para el traslado de la droga de América Latina hacia EE.UU.. Sigue
la democracia tutelada; sin embargo, esta democracia se empieza a
desmoronar cuando salieron sus subproductos: el desempleo, las maras,
las políticas neoliberales, más pobreza, la violencia, etc. Durante esta
etapa, un momento crucial fue la llegada, a través de las elecciones
del 2005, de Manuel Zelaya a la presidencia de la república, quien tomó
posesión en enero de 2006 y empezó después un proceso de ruptura con
las tradicionales alianzas y a mirar hacia Venezuela, Brasil y Cuba como
países para ampliar las relaciones políticas y económicas del país, lo
que conllevó –desde el punto de vista de las élites y de EE.UU– una
amenaza tremenda que llevó al golpe de Estado de junio de 2009. Se da
así una ruptura del pacto social que surgió a inicios de los años
ochentas y que dio origen a la Constitución de 1981, que permitía –entre
otros asuntos–el control de la violencia, elecciones tuteladas, etc., y
empieza una nueva etapa de democracia autoritaria, esto es:
una etapa en la que se mantiene la formalidad de la democracia, pero que
cada vez más se utiliza la coerción y menos el consenso, y que adquiere
rasgos militares y autoritarios.
El
Padre Melo señaló que las elecciones después del golpe de Estado de
2009 fueron “inútiles” porque ya no correspondieron a un pacto social.
Se da así una incapacidad gubernamental de impulsar políticas públicas
que tengan consenso social, por lo que los sucesivos gobiernos van
perdiendo legitimidad. Con los gobiernos de Pepe Lobo y luego con Juan
Orlando Hernández, se produjo asimismo una militarización del Estado y
la sociedad. La inversión del presupuesto nacional en seguridad y
defensa subió hasta estar por encima del 50% del total de la inversión.
Se creó la Policía Militar del Orden Público. Toda la institucionalidad
– incluyendo al RENAP, el TSE, la CSJ, la Fiscalía General del Estado-
pasa a ser controlada por un pequeño grupo liderado por Juan Orlando
Hernández. Asimismo, se conformó un Consejo Nacional de Defensa Nacional
con miembros de los tres poderes del Estado, desde donde se toma todas
las decisiones. El asunto prioritario es la seguridad, no el desarrollo.
El golpe de gracia al pacto social de inicios de los ochentas se da
cuando la Corte Suprema de Justicia estableció que el presidente de la
república podría reelegirse, violentando así la constitución de 1981 y
sus artículos pétreos, referentes a la soberanía nacional, tipo de
gobierno y la reelección, que no podían reformarse. Desde ese momento,
conforme al Padre Melo, el proceso electoral es fraudulento e ilegal,
por lo que los partidos de la oposición debieron retirarse del proceso y
obligar a no celebrarlo.
Con
el reconocimiento del gobierno de Juan Orlando Hernández por el
Departamento de Estado de los EE.UU el 22 de diciembre de 2017, se sella
la ilegalidad y el proceso fraudulento. Se llega así a una etapa en la
que se instala el proyecto de autoritarismo dictatorial, apoyado en seis
elementos: 1) Un régimen inevitablemente mercenario, que solo puede
sobrevivir comprando gobernabilidad y voluntades, y que emplea enormes
recursos para comprar al Ejército, la Policía Militar, al empresariado y
a los propios funcionarios. 2) La militarización de la sociedad, con 39
asesinatos por el régimen después de las elecciones, 15 por balas de la
Policía Militar del Orden Pública dirigida por Juan Orlando Hernández.
3) Un gobierno de populismo barato, mesiánico, en el que “ todas las
cosas quedan intactas”, pero que invierte millones de lempiras en
programas sociales. Se trata de un gobierno que se apoya en la
oligarquía más rica de Honduras, y que busca el apoyo de la gente más
pobre del país. 3) Un Cerco mediático de los medios de comunicación,
quinta columna del régimen y que se encargan del control social. 5) Un
sustento jurídico justificador: “todo lo que se hace se hace en nombre
de la Ley”, incluyendo el encarcelamiento de más de 50 personas. 6) El
sustento divino, en el que “para cualquier babosada se habla de Dios”.
Desde ese momento, la ley deja así de ser objetiva para convertirse en
una ley del régimen. La institucionalidad deja de ser Estado de Derecho.
Durante
su intervención el Padre Melo se refirió asimismo a las convergencias y
diferencias entre los sectores populares y la Alianza de Oposición.
Entre las coincidencias mencionó la lucha contra la dictadura y por el
Estado de Derecho. La mayor divergencia se encuentra en que la Alianza
de Oposición no aceptó la demanda de anulación de las elecciones por su
invalidez, respaldar el informe de la OEA y convocar a nuevas
elecciones. Por otro lado, mientras que la oposición convocó a un
diálogo nacional, desde el sector social se plantea que no puede haber
diálogo sin que:
1)
Se investigue y judicialice el asesinato de las personas desde el 27 de
noviembre, y se resuelva la situación de los presos políticos –cerca de
60– judicializados por participar en las movilizaciones de protesta
contra el fraude electoral y la dictadura de JOH.
2) Se desmilitaricen los territorios y las instituciones.
3)
Se resuelva la inconstitucionalidad del régimen, para lo que se debe
abrir un proceso de enjuiciamiento por delito contra la patria,
incluyendo el enjuiciamiento de los magistrados del TSE.
4)
Se abran y se le den seguimiento a los casos de corrupción, entre ellos
los que está involucrado el dictador Juan Orlando Hernández.
5)
Se garantice, a instancias de la ONU, la anulación de las elecciones y
la convocatoria a nuevas elecciones para Asamblea Nacional
Constituyente.
Finalmente
el Padre Melo refirió a distintas acciones de solidaridad que desde la
región centroamericana se pueden articular, como trabajar por la
soberanía regional, situar en la agenda internacional la situación por
la que está atravesando Honduras, expresar por distintos medio el
repudio a la dictadura de JOH, y preparar condiciones logísticas por la
salida de la gente de su tierra natal, por motivos de represión y
persecución del régimen.
Padre
Ismael Moreno* Sacerdote Jesuita, líder religioso y social hondureño.
Encargado de Radio Progreso y del Equipo de Reflexión, Investigación y
Comunicación -ERIC-SJ–. Forma parte de la Coalición contra la Corrupción
en Honduras.
URUGUAY
Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos
Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos comunica por este medio su renuncia al Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia.
Integramos este grupo desde que fuera
creado por un decreto del Presidente Tabaré Vázquez con la intención
expresa de avanzar en la investigación sobre lo sucedido en dictadura;
aportar más documentación a los juicios; obtener nuevos archivos de la
represión; buscar a los desaparecidos; mejorar las leyes reparatorias y
los trabajos por Memoria.
Como expresamos en su momento, aceptamos
ingresar manteniendo la postura que marcaron nuestras Madres: contribuir
responsablemente en todas las iniciativas surgidas para trabajar por
Verdad y Justicia. Esta actitud implica reconocer tanto los avances,
cuando estos existen, como reclamar, desde el lugar que nos es propio,
las carencias e insuficiencias de los mismos, manteniendo una actitud
crítica e independiente.
Resaltamos la voluntad manifiesta del GT
por superar las dificultades de este diseño Institucional, su compromiso
con el tema y el claro mensaje que dio al apoyar la interpretación
amplia del acceso a la información, algo largamente exigido. Como
contrapartida, el trabajo se desarrolló con una gran lentitud
determinada por la misma heterogeneidad de su conformación y por las dos
estructuras (Secretaría y GT) que nunca lograron acompasarse del todo. A
esto se suma la inmensa cantidad de temas que les encomendó el decreto y
la maquinaria burocrática del Estado siempre lenta para ejecutar
incluso las resoluciones tomadas.
El más importante de los logros, junto a
la elaboración del proyecto que mejora la ley reparatoria, fue la orden
presidencial de acceso a los archivos en dependencias militares. Pero
esto también fue difícil de efectivizar por la tardanza en contratar
equipos de trabajo. Sólo se concretaron cuatro contratos luego de cinco
meses de trabajo honorario en el archivo del FUSNA. El material al que
se tuvo acceso demostró la relatividad de los archivos estudiados, ya
que técnicamente – salvo el de la DNII – no eran tales. Toda la
documentación a la que accedimos es parcial, está desorganizada y son
evidentes los faltantes.
Por lo tanto, ese inmenso y persistente
trabajo de pedir y esperar, no se ha visto plasmado en información real y
de calidad, en el acceso a fuentes reales de inteligencia militar, lo
que terminó por no aportar datos relevantes en la búsqueda de nuestros
desaparecidos. Esto reafirma una vez más lo lejos que estamos de romper
las barreras levantadas por la institución militar, la cual colabora
abiertamente con la impunidad retardando los avances democráticos.
Pero tampoco el acceso a los archivos
existentes en el GT aportados a los juicios incidió en los mismos, donde
persistió el empantanamiento y el uso desmedido de las habituales
“chicanas”.
Por todo eso, afirmamos una vez más que
el principal obstáculo en la búsqueda de los desaparecidos y de la
verdad y justicia ha sido y sigue siendo la falta de decisión política
con respecto a las FFAA. No se ha querido presionar a los militares para
que aporten la información que sabemos poseen (confirmada con el plano
anónimo que permitió ubicar a Fernando Miranda en 2005 y la información
en poder del Comandante de la Aviación que permitió ubicar a Ubagésner
Chaves Sosa ese mismo año).
No se han enviado mensajes contundentes a
la institución militar sobre cuál sería el único camino para superar
eso que llaman “carga del pasado” (o sea sus propios crímenes impunes).
Hasta ahora no se enfrentan las dilatorias de los indagados para
concurrir a la justicia, ni el carácter “especial” y privilegiado de los
condenados con “prisión domiciliaria” – a pesar de las denuncias sobre
la violación de la norma -, ni la anacronía de la jubilación que se
sigue pagando a condenados y fugados (por mencionar algún ejemplo).
La esperanza en los resultados que podría
aportar el GT se fue debilitando con el paso del tiempo. A esto se suma
el entredicho con el Comandante en Jefe del Ejército que aportó datos
falsos sobre enterramientos, hecho que una vez más no tuvo
consecuencias.
Avanzar en verdad y justicia requiere no
sólo del trabajo de víctimas y familiares, sino establecer una política
que enfrente las dilaciones de quienes tienen la información, ya que al
no darla perpetúan las consecuencias de lo que fue un estado terrorista y
dictatorial, que se muestra aún como no desarticulado.
Esta impunidad compromete el presente y
el futuro. Lo vemos hoy en declaraciones de políticos y militares
diciendo que el ejército puede ayudar en el control de la seguridad
ciudadana, cuando aún no se ha hecho cargo de sus propios crímenes. Lo
vemos en las declaraciones del Comandante en Jefe diciendo que son los
más interesados en encontrar a los desaparecidos, cuando los mantienen
secuestrados en sus propios predios. Lo vemos en las últimas sentencias
de la SCJ, en cuanto a no considerar como crímenes de lesa humanidad a
la tortura y la desaparición de personas.
La responsabilidad de investigar, de hacer justicia y de hallar a nuestros familiares fue, es y será del Estado.
No cambia este hecho que nos integremos o
no a las distintas formas institucionales que se instrumenten.
Encontrar a los desaparecidos no es una lucha exclusiva de los
Familiares, es el derecho de cualquier ciudadano de un país libre a
formar parte de un Estado que no lo secuestre, torture, asesine y
desaparezca.
Reafirmamos hoy al igual que cuando nos
integramos al GT, que nuestro único compromiso es y será con la Verdad,
Justicia y Memoria, para que Nunca más haya Terrorismo de Estado.
Reafirmamos nuestro compromiso de enfrentar cualquier violación a los Derechos Humanos.
Reafirmamos la confianza de que nuestra
fuerza proviene de la conciencia colectiva que cierre el paso a la
impunidad. Seguiremos trabajando. Hasta encontrarlos.
Verdad, Justicia, Memoria y Nunca Más Terrorismo de Estado.
Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos
miércoles, 21 de febrero de 2018
Sindicatos de trabajadores rurales y movimientos sociales hacen propuesta al PIT- CNT
El pasado 6 de febrero el Sindicato de Peones de Estancias, el Sindicato
Único del Arroz y Afines, el Movimiento por la Tierra, Redes Amigos de
la Tierra y la Unidad Cooperaria Nº 1 Cololo enviaron al PIT-CNT la
siguiente carta que propone una plataforma programática para abordar en
común los problemas rurales desde una perspectiva de clase.
Mesa Representativa del PIT – CNT
Secretariado Ejecutivo
Coordinación del Interior
Por la presente, los representantes del Sindicato de Peones de Estancias
(SIPES) y del Sindicato Único de Trabajadores del Arroz y Afines
(SUTAA), junto al Movimiento por la Tierra y contra la Pobreza (MxLT),
la Unidad Cooperaria N° 1 – Cololó y compañeros y compañeras integrantes
de Redes Amigos de la Tierra, elevamos esta nota al PIT – CNT, en la
figura de su Mesa Representativa, a través de la cual solicitamos una
reunión para discutir el contexto actual y para que se considere la
instrumentación colectiva, a partir de la capacidad de convocatoria de
la Central Sindical, de la realización de un gran Acto de Masas que
exprese en la actual coyuntura económica, productiva y social que vive
el país, la posición del Movimiento Obrero y la sociedad civil
organizada en torno a la esencia de la problemática agraria. Esta
iniciativa surge del encuentro que mantuvimos el día 2 de febrero pasado
en la sede del PIT – CNT de la calle Jackson. El fundamento es el
siguiente:
1. Entendemos que es necesario y urgente realizar una lectura de la
estructura y la coyuntura actual desde la perspectiva de la clase
trabajadora, desde el pensamiento ambiental crítico y desde las
distintas experiencias asociativas y unidades productivas de la
producción familiar en defensa de la soberanía alimentaria y
territorial, dada la coyuntura de ofensiva de la derecha conservadora.
Estamos absolutamente convencidos que lo que ocurre a raíz de la
movilización de productores a la que estamos asistiendo, no es solo un
asunto rural que afecta la producción, sino de alta política, puja
distributiva pura y dura que se adelanta a los consejos de salarios y a
la rendición de cuentas.
2. Nos encontramos en un momento histórico donde la clase trabajadora
defiende y avanza en sus conquistas o en su defecto, la consecuencia
será que las fuerzas reaccionarias y de derecha se posicionen y avancen,
avasallando las conquistas obtenidas a través de la lucha de los
trabajadores y los sectores populares Deseamos proponer a Uds. arribar a
grandes acuerdos programáticos para el campo pero con mirada nacional,
que se contrapongan a la solución gestionista y monetarista presentada
por la consigna "un solo Uruguay" y que puedan contener entre los puntos
principales los siguientes:
2.1 Defender, sin ningún tipo de concesiones, la plena realización de
los Derechos de los y las asalariados/as rurales, conquistados a través
de la lucha del movimiento obrero organizado.
2.2 Aumentar los impuestos a las grandes extensiones de tierras como
principal financiador de las políticas de soporte para trabajadores
rurales y productores familiares.
2.3 Avanzar a un ritmo más acelerado para tierras de propiedad pública
tengan como destino al Instituto Nacional de Colonización (INC), pasando
los medios de producción a manos de los trabajadores y trabajadoras
asociados y productor@s familiares. El cerno de la política de
repoblamiento de la campaña está en la asignación de tierras que
multiplique lo ya invertido por el INC y proyectos productivos, varias
veces, brindando a su vez, condiciones de soporte material y financiero
al ingreso.
2.4 Intervenir desde el Estado en el mercado de arrendamientos,
transparentando y socializando la información sobre el papel de la renta
en la economía nacional (en la perspectiva de fortalecer una propuesta
equitativa de pago de renta, a través de un porcentaje del producto)
2.5 Impulsar la descentralización efectiva de los recursos públicos
privilegiando el interior del país, en particular los sectores rurales.
En este sentido, generar subsidios a los trabajadores y trabajadoras
rurales que actualmente viven en el campo y a todos aquellos que deseen
establecerse, priorizando en este proceso, a la población más joven y a
los núcleos familiares.
2.6 Abordar integralmente el problema del Recambio Generacional en
nuestra campaña, considerando el papel fundamental de la enseñanza como
una herramienta de ejecución de un proyecto de transformación social y
reproducción de una nueva realidad.
2.7 Promover desde las organizaciones sociales, el movimiento
estudiantil y los distintos sujetos de la educación formal y no formal
en sus diferentes niveles (Primaria, Secundaria-CETP-UTU, Universidad y
entidades portadoras de proyectos de educación popular), un nuevo
abordaje de la Educación Agraria y Cooperativa, en donde la práctica
concreta, la autogestión docente-estudiantil, el trabajo y la
convivencia en los territorios de la Agricultura Familiar y el trabajo
rural, sean una base indisoluble de experiencia y concientización para
el reploblamiento de la campaña y la participación gradual en proyectos
agrarios que ya están en funcionamiento.
2.8 Defender y avanzar en la propiedad social de elementos estratégicos
para la vida como la tierra, el agua, la semilla y la energía en un
marco de defensa de la soberanía de los pueblos.
2.9 Construir un proyecto interinstitucional desde una perspectiva
popular y de soberanía alimentaria y territorial, estableciendo precios
justos para la alimentación de la población trabajadora.
3. Es el momento de aunar fuerzas y afianzar el bloque social de los
cambios en una coyuntura donde se elevan las tensiones con el capital.
La derecha social, económica y política, se está presentando como
alternativa de poder ante productores familiares y trabajadores del
interior, elevando como propuesta un modelo de sociedad que significa un
retorno al neoliberalismo (negación de las diferencias de clase,
respuestas económicas generales sin distinguir las diferencias socio
territoriales y productivas, privatizaciones y achique del estado).
Desde esta perspectiva, creemos que es necesario y urgente delimitar un
campo de alianzas entre el Movimiento Sindical, el Movimiento
Estudiantil, Organizaciones Sociales y Organizaciones y Redes de la
Producción Familiar Agropecuaria, para incidir en la Agenda Pública y
combatir el avance de las fuerzas reaccionarias y conservadoras. El
objetivo es contraponer y resistir un impulso creciente de la derecha
neoliberal que no solo se manifiesta en nuestro país sino en el conjunto
de América Latina, anteponiendo los intereses de la clase trabajadora
profundizando la lucha de clases.
Atte.
Sindicato de Peones de Estancias
Sindicato Único del Arroz y Afines
Movimiento por la Tierra
Redes Amigos de la Tierra
Unidad Cooperaria Nº 1 Cololo
HONDURAS
