EUSKAL HERRIA:
Euskadi se mantiene como el lugar con más presencia policial de la UE pese al fin de ETA
Las Fuerzas de Seguridad del Estado han disminuido
levemente su presencia, al tiempo que ha aumentado el número de
ertzainas: desde 2011 ha habido cuatro promociones que han sumado 900
nuevos agentes. Ahora están abiertas las inscripciones para otras 300
plazas. EH Bildu y Elkarrekin Podemos plantearon readecuar el número a
los nuevos tiempos, pero PNV, PSE y PP lo rechazaron.
Agentes de la Ertzaintza y la Guardia Civil, en una carretera vasca. EFE/ D.Aguilar
Cambiará el
uniforme, habrá otra bandera… pero seguirán las armas, las porras y los
escudos. Más de seis años después del final de ETA, Euskadi continúa
siendo el lugar de la Unión Europea con mayor presencia policial. No en
vano, la sensible disminución en el número de miembros de la Guardia
Civil y Policía Nacional que se ha registrado a partir de 2011 en este
territorio se ha visto compensada por el aumento frenético de ertzainas,
tal como defiende y promueve el Gobierno Vasco.
Las cifras son elocuentes. A día de hoy,
Euskadi tiene un total de 15.000 agentes armados (sumando a Guardia
Civil, Policía Nacional, Ertzaintza y Policía Local), lo que supone un
ratio de 6,9 efectivos cada mil habitantes. Ese número, que sigue ajeno a
los cambios producidos en Euskadi tras el fin de la violencia de ETA,
convierte a esta comunidad autónoma de algo más de dos millones de
habitantes en un lugar altamente militarizado.
Según datos del Eurostat, el Estado con más
policías es Montenegro, con 6,4. Ese número baja hasta el 3,7 en Bélgica
y a un 3,5 en la vecina Francia. Otro apunte significativo: en el
conjunto de España hay 5,3 policías cada mil personas, lo que sitúa al
País Vasco bastante por encima de la media estatal.
En ese contexto, la Ertzaintza es el cuerpo
policial con mayor presencia en Euskadi. A día de hoy, la fuerza de
carácter autonómico tiene 7.800 agentes, un número que seguirá creciendo
a golpe de promociones auspiciadas por el Gobierno de Vitoria. Desde
que ETA abandonó la lucha armada, la Policía vasca ha visto aumentar su
plantilla a través de cuatro promociones, lo que aportó un número de
aproximado de 900 nuevos agentes. Actualmente está abierto el plazo de
inscripción para la promoción XXVII, que permitirá fichar a otros 300
ertzainas. Así las cosas, el objetivo del Ejecutivo que preside Iñigo
Urkullu no es otro que convertir a su Policía en un cuerpo integral,
capacitado para asumir nuevas competencias. O lo que es lo mismo, que
sea capaz de hacer lo que la Guardia Civil y Policía Nacional dejen de
hacer.
Hay más números. Según consta en una
respuesta enviada por el gobierno de Mariano Rajoy a la diputada de EH
Bildu Marian Beitialarrangoitia, actualmente hay en Euskadi 2.369
efectivos de la Guardia Civil y 1.317 agentes de la Policía Nacional. En
2011, el año en el que ETA dejó de matar, había 3.083 miembros de la
Benemérita y 1.528 policías españoles. En cualquier caso, esa reducción
–sobre la cual el gobierno no da ningún tipo de explicación oficial- no
hace mover el ratio de 6,9 agentes cada mil habitantes que continúa
ostentando Euskadi.
“Las circunstancias han variado”
En abril pasado, EH Bildu y Elkarrekin
Podemos intentaron promover un debate en el Parlamento Vasco sobre la
necesidad de readecuar el número de ertzainas en función de la nueva
realidad que se vive en Euskadi.
En tal sentido, ambas formaciones planteaban
que se paralizara la promoción XXVII “al menos durante seis meses”, a
efectos de facilitar “un nuevo debate sobre su oportunidad a la luz de
un Plan de Adecuación de la Ertzaintza”. Entre otros aspectos, llamaban a
contemplar los “ratios policiales actuales y las necesidades objetivas
en base a las tasas objetivas de delincuencia”.
A criterio del parlamentario de EH Bildu
Julen Arzuaga, resultaba “evidente” que las “circunstancias objetivas y
subjetivas de hoy en día han variado”. “Desde el punto de vista de la
llamada ‘lucha antiterrorista’ y desde el punto de vista del orden
público no se percibe la necesidad de recursos existentes en otros
tiempos, ya que las necesidades han desaparecido, se han reducido o han
variado”, decía el texto presentado por el parlamentario abertzale, que
posteriormente fue objeto de una enmienda de transacción junto a
Elkarrekin Podemos.
La moción de Arzuaga incidía en otro aspecto
relevante: en la actualidad, “la petición de contar con menos efectivos
proviene de Europa”, ya que se aconsejan “dos policías por cada 1.000
habitantes”. También se citaba los casos de Alemania, Bélgica e Irlanda,
que “cuentan con 3,5 policías por cada 1.000 habitantes. “Siendo esa la
media europea, pensamos que hay que dar pasos para acercarse a la
misma, sin perjuicio de las necesidades objetivas de seguridad”, decía
el texto. Sin embargo, PNV, PSE y PP unieron sus votos en la Comisión de
Instituciones y Seguridad del Parlamento Vasco para impedir que saliera
adelante.
Siguen los controles antiterroristas
En su respuesta a la diputada de EH Bildu,
el gobierno de Rajoy no sólo ha dibujado la presencia de las Fuerzas de
Seguridad del Estado en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, sino que también ha
confirmado que durante 2017 se mantuvieron activos los controles
antiterroristas por parte de sus agentes, aunque no proporciona cifras.
Los últimos datos disponibles se remontan a 2016, cuando se realizaron
1.754 controles en las carreteras vascas.
Sobre este asunto, el Ejecutivo señala que
el año pasado se llevaron a cabo “cuantos controles e identificaciones
han sido necesarios para proteger el libre ejercicio de los derechos y
libertades, garantizar la seguridad ciudadana, la prevención e
investigación de infracciones penales y el cumplimiento de las leyes”.
Asegura además que esas medidas “se ponen en práctica de forma
esporádica, en lugares y por espacios temporales puntuales, en ámbitos
de actuación generalmente supracomunitarios, y en ejercicio de las
funciones que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tienen
reconocidas” legalmente.
En ese contexto, EH Bildu denunció que las
FSE “siguen realizando controles e identificaciones sin justificación
alguna”, al tiempo que reclamó que “el pasado no sea utilizado como
excusa para mantener la presencia desmedida” de ambos cuerpos en
territorio vasco.
Tribunal Europeo de Derechos Humanos:
El Tribunal de Estrasburgo condena a España por torturar a los etarras de la T-4
Además, el Estado tendrá que indeminizar a los
etarras Igor Portu Juanenea y Martín Sarasola Yarzabal con 30.000 y
20.000 euros, respectivamente, por daños morales.
Vista del módulo D del aparcamiento de la Terminal T-4 del Aeropuerto madrileño de Barajas tras el atentado de ETA.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) condenó este martes a España por las torturas y los malos tratos infligidos durante su arresto y detención incomunicada a los dos miembros de ETA que atentaron en la T-4 del aeropuerto de Madrid-Barajas, el 30 de diciembre de 2006.
El fallo concluye que España vulneró la prohibición de tratos inhumanos o degradantes en su aspecto material (el maltrato en sí) y procesal (no investigarlo), que recoge el Convenio Europeo de Derechos Humanos.
Cuatro de los siete jueces de la Sala Tercera votaron a favor de que el Estado indemnice a los dos demandantes, Igor Portu Juanenea y Martín Sarasola Yarzabal, con 30.000 y 20.000 euros, respectivamente, por daños morales.
Los dos terroristas, que cumplen condena en
las prisiones de Córdoba y Jaén, fueron detenidos en el País Vasco el 6
de enero de 2008 por agentes de la lucha antiterrorista de la Guardia
Civil.
Varios informes médicos constataron diversas lesiones. Portu necesitó atención médica durante 27 días y Sarasola, 14
Alegaron que en el traslado hasta el cuartel de Intxaurrondo recibieron "patadas y golpes" y posteriormente "fueron golpeados por agentes de inteligencia".
Tras ser examinados al día siguiente por dos médicos forenses, Portu fue hospitalizado y Sarasola conducido a Madrid y puesto en detención incomunicada.
Varios informes médicos constataron diversas lesiones. Portu necesitó atención médica durante 27 días y Sarasola, 14.
La Audiencia Provincial de Guipúzcoa condenó en 2010 a cuatro agentes de la Guardia Civil a diferentes penas "por delitos de torturas graves", que el Tribunal Supremo anuló un año después.
Según el fallo del Tribunal de Estrasburgo, las lesiones "están suficientemente demostradas",
se produjeron cuando "estaban en manos de la Guardia Civil" y su
existencia "no ha sido negada ni por el Tribunal Supremo ni por el
Gobierno".
Por ello, añade, "la responsabilidad debe ser imputada al Estado".
¿Torturas o malos tratos?
Y establece que fueron malos tratos y no
tortura, porque las lesiones no tuvieron consecuencias a largo plazo y
por la ausencia de pruebas concluyentes sobre el objetivo del trato
infligido.
Tres jueces de la Sala publicaron una opinión parcialmente disidente, al considerar que los dos terroristas sufrieron torturas y no malos tratos.
España ha sido condenada por el TEDH once veces desde 2004 por casos de malos tratos o por no investigarlos, nueve de ellos relacionados con miembros de ETA.
La abogada de los etarras Portu y Sarasola: "Hay una política de impunidad de la tortura en el Estado"
La jurista Amaia Izko es la abogada de los dos
terroristas de la T-4 que recibieron, según Estrasburgo, un trato
"inhumano" por parte de la Guardia Civil. Denuncia que la actitud del
Gobierno ante la sentencia del TEDH está siendo "miserable".
La jurista Amaia Izko ha sido la encargada de representar a los miembros de ETA Portu y Sarasola
Amaia Izko es la abogada de Igor Portu y Mattin Sarasola,
los dos miembros de ETA condenados por atentar en la T-4 de Barajas el
30 de diciembre de 2006. El Tribunal Europeo de los Derechos Humanos
dictaminó el lunes que los dos presos sufrieron un "trato inhumano o degradante"
por parte de la Guardia Civil. No era la primera vez. Ya lo había dicho
la Audiencia Provincial de Gipuzkoa, que llegó a condenar a cuatro
agentes de la Guardia Civil por torturas. Sin embargo, esa condena había
sido anulada por el Tribunal Supremo. Ahora, tal y como señala Izko,
los malos tratos infligidos a Portu y Sarasola "quedan fuera de toda duda".
La jurista, que también ha sido portavoz de
Sortu, considera que la nueva condena del TEDH al Estado español deja
negro sobre blanco que en "España existe una política de la impunidad de la tortura"
y señala culpables. Desde los médicos forenses que trabajan en la
Audiencia Nacional hasta el mismo juez instructor del tribunal,
encargado de preservar los derechos constitucionales de cualquier
detenido, incluso de los que son acusados de terrorismo.
La duda, una vez conocida la sentencia,
consiste en si la letrada y su equipo jurídico solicitarán a la
Audiencia Nacional una revisión de la sentencia de más de mil años de prisión
que pesa sobre los condenados. Argumenta que el veredicto se basó en la
confesión de Sarasola durante su tiempo de incomunicación y ahora, con
la decisión del TEDH, hay que examinar detenidamente si la defensa puede
sostener que esa confesión, que nunca fue ratificada ante el juez, pudo ser fruto de esos mismos malos tratos.
La sentencia del TEDH dictamina que la Guardia Civil infligió malos tratos a Igor Portu y Mattin Sarasola durante su detención... a pesar de lo que el Tribunal Supremo y las autoridades españolas habían sostenido hasta la fecha
Así es. Eso queda fuera ya de toda duda. La
sentencia de Estrasburgo, como la de la Audiencia Provincial de
Gipuzkoa, reflejan que hubo malos tratos a mis dos clientes y que estos
malos tratos se infligieron con el objeto de maltratar y no de reducir
durante su detención utilizando la mínima fuerza necesaria, como
sostenía la Guardia Civil. Esta es una cuestión fundamental.
"El Gobierno quiere remarcar que no era tortura y sí malos tratos. Es una postura bastante miserable"
Pero
nosotros mantenemos, porque así lo defienden Igor Portu y Mattin
Sarasola, que los malos tratos se produjeron tanto en su detención como
durante los cinco días que Sarasola estuvo en régimen de incomunicación y
hasta el momento en el que Portu fue hospitalizado en estado muy grave.
La discusión principal, por tanto, era si el maltrato se había
producido para aplacar a mis dos clientes en un supuesto intento de
huida, y eso queda claro. La sentencia lo deshecha. Sufrieron maltrato
con el fin de infligir un daño.
¿Por qué se habla de malos tratos y no de tortura? ¿Qué diferencias hay?
El Gobierno español ha querido remarcar que no era tortura
y sí malos tratos, como si hubiera una diferencia radical entre uno y
otro. Pero no la hay. Es un matiz técnico-jurídico. El Tribunal
especifica que se considera tortura cuando los malos tratos tienen por
objeto obtener información de los detenidos, vengarse de ellos o
humillarles.
"Estamos estudiando pedir la revisión de la condena de mil años de la Audiencia Nacional"
Cuando
se prueba que existen esos malos tratos, pero no queda acreditado que
sea con alguno de los fines que he señalado antes, pues se aplica el
tipo de malos tratos. Pero los hechos, en uno u otro caso, son los
mismos. De hecho, tres jueces de los siete del tribunal consideran que
sí hubo tortura. Es decir, sí dan por acreditado que esas torturas
tenían una finalidad. No obstante, se impuso la visión de otros cuatro
magistrados que no dan por acreditada esa finalidad. La distinción, como
puedes ver, es meramente técnica.
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, hace especial hincapié en que la condena es por malos tratos y no por torturas.
Es una postura bastante miserable. Insisto
en que la distinción es técnica. El TEDH reconoce que se ha infligido
graves daños a la integridad física de estas dos personas. Que sufrieron
un trato cruel e inhumano cuando fueron detenidas y por el mero hecho
de estar detenidas. En un lenguaje técnico-jurídica puede que no sean
torturas, pero en el lenguaje que utilizamos el resto de ciudadanos son
torturas. Sin duda.
La sentencia de la Audiencia Nacional que condena a Portu y Sarasola a más de mil años de prisión tiene su base en la declaración de Sarasola durante los días que estuvo en régimen de incomunicación. ¿Van a pedir la revisión de la condena?
Es pronto todavía. Estamos en una fase de
análisis todavía tanto de la sentencia del TEDH como de los
pronunciamientos particulares de los tres magistrados
discrepantes. También tenemos que analizar la sentencia de la Audiencia
Nacional que condena a Portu y Sarasola. No hay que olvidar que, como
has dicho, el elemento central de esa condena es la declaración de
Sarasola durante los días de incomunicación. Y que ahora hay un elemento
nuevo que dice que sufrió malos tratos.
"Nuestro cliente sostiene que fue sometido a torturas y que por eso dijo lo que lo dijo en esa confesión"
Nuestro
cliente sostiene que fue sometido a torturas y que por eso dijo lo que
lo dijo en esa confesión. Ahora el TEDH reconoce que tras su detención
se produjeron malos tratos. Por lo tanto, lógicamente, se impone ese
análisis. Estamos estudiando si cabe o no cabe esa solicitud de revisión
de condena. Pero es muy pronto para darte una conclusión. Lo que toca
es analizar en profundidad las sentencias. Si vemos la posibilidad de
solicitar una revisión lo haremos.
La confesión de Sarasola, según la sentencia de la Audiencia Nacional, fue autoinculpatoria y hetero-inculpatoria. Es decir, se inculpó a él mismo y también a Portu y a Sansebastián. Supongo que lo que ustedes manejan es alegar que esa declaración fue fruto de los malos tratos.
Eso es. Tenemos un elemento nuevo ahora,
que es una sentencia del TEDH, que dice que existieron los malos tratos.
La propia sentencia de la Audiencia Nacional que condenaba a Portu y
Sarasola entraba a valorar las denuncias de torturas y decían que no
tuvieron nada que ver con la declaración de Sarasola. Ahora se ha
demostrado que hubo malos tratos. La discusión se plantea en si eso
obliga a expulsar absolutamente del procedimiento judicial esa
declaración y no tenerla en cuenta con ningún efecto a la hora del
veredicto o no. Y, por otro lado, también hay que analizar si la
expulsión de esta prueba cambia el veredicto y la condena de la
Audiencia Nacional o no.
Sortu, por su parte, ya ha pedido públicamente una revisión de la condena de los tres miembros de ETA.
Entiendo lo que dice Sortu, pero nosotros
vamos con argumentos jurídicos y actuamos según lo marcado por la Ley de
Enjuiciamiento Criminal. Muchas veces se nos olvidan cómo son obtenidas
las condenas por terrorismo y en base a qué métodos y procedimiento se
han impuesto la inmensa mayoría de las condenas en la Audiencia Nacional
por este motivo. Y esto debe ser objeto de reflexión general en todo el
Estado. Eso es lo que está haciendo Sortu. Son muchas las sentencias
del TEDH que inciden en que España no investiga las denuncias de
torturas y eso permite que ya hablemos de la política de impunidad de la
tortura en el Estado español.
¿A qué se refiere con lo de la "política de la impunidad de la tortura en el Estado"?
Pues que el Estado español decidió no
investigar las denuncias por torturas por sistema. Llevo más de 20 años
trabajando en la Audiencia Nacional. He tramitado más de 100 denuncias
por torturas y todas se han archivado automáticamente. En el caso de
Portu y Sarasola la denuncia por torturas se archivó al día siguiente de
conocer las imágenes en las que se veían las lesiones gravísimas que
habían sufrido. Sin ningún tipo de investigación el ministro del
Interior de la época ya decía que eran consecuencia de la resistencia de
mis clientes al ser detenidos. Pero para afirmar eso es necesario hacer
una investigación y el Estado no la hacía. Ni de manera interna ni a
través de instancias judiciales.
"El Estado español decidió no investigar las denuncias por torturas por sistema"
Han
llegado montones de personas ante los jueces con marcas de tortura,
físicas o psicológicas, y nunca se ha deducido testimonio a alguno de
los agentes para su investigación. Por tanto, se puede decir que hay una
decisión general de no investigar las torturas y eso es ofrecer
impunidad a la tortura. Así que no es de extrañar que cada vez que hemos
llevado un caso a Europa, ésta ha terminado condenando al Estado
español por no investigar las torturas. Eso significa que a la tortura
se le está ofreciendo un marco de impunidad innegable. El TEDH se lo ha
dicho a España nueve veces.
¿Y qué ha tenido de especial este caso? Usted afirma que el Estado practica una política de impunidad de la tortura que impide que se lleguen a condenas... Pero en este caso hemos visto tanto la condena de la Audiencia Provincial, después anulada por el Supremo, como la del TEDH.
Ha habido elementos del sistema de
impunidad que han fallado y que han permitido que en este caso se
conocieran las torturas y se condenara a los responsables, aunque
después se les absolviera. Cuando se produjo el juicio en la Audiencia
Provincial de Gipuzkoa destaqué que ese juicio pudo ser posible debido a
la gravedad de las lesiones que infligieron a Igor Portu. El exceso de
violencia provoca que las lesiones sean tan graves que tienen que
prestar asistencia médica al detenido y eso hace que tenga que
intervenir un juzgado de Donostia. Eso no suele pasar ya que se los
suelen llevar directamente a Madrid, a la Audiencia Nacional. La
intervención del juzgado de Donostia quebró el sistema de impunidad del
Estado. Rompió el engranaje que servía para que ese maltrato continuara
impune.
"Ha habido elementos del sistema
de impunidad del Estado que han fallado y que han permitido que en este
caso se conocieran las torturas"
De
hecho, uno de los médico forense que examinó a Portu en el hospital
relató en el juicio la insistencia de los agentes de la Guardia Civil
por llevarse al detenido a Madrid. Hasta el punto de que se tuvo que
poner delante del detenido y decir que si se lo quieren llevar tienen
que firmar por escrito un papel asumiendo toda la responsabilidad ya que
sufría un riesgo vital. En caso de haber sido trasladado podría haber
fallecido por la perforación que sufría en el pulmón.
El empeño absoluto de los agentes era
llevarse a Portu a Madrid bajo la teórica garantía del juzgado central
de instrucción de la Audiencia Nacional que, en este caso, era Grande
Marlaska. Allí esas heridas hubiesen sido evaluadas por los médicos
forenses de la Audiencia Nacional. De hecho, los informes de la
Audiencia Nacional dicen que las lesiones que sufren son compatibles con
la versión de la Guardia Civil de que se emplea la mínima fuerza
imprescindible a la hora de la detención. Los informes de los médicos
forenses de Donosti dicen que no. Que esas heridas solo son compatibles
con un mecanismo de golpeo continuo y forzado sobre zonas determinadas
del cuerpo.
Acaba de hacer una crítica muy concreta, y muy dura, a la labor del equipo médico forense de la Audiencia Nacional y del juez Grande Marlaska.
Los informes médicos forenses de la
Audiencia Nacional no suelen tener más de un párrafo. Son de muy poca
calidad y siempre, en todos los casos, van en contra de la alegación de
maltrato de los detenidos. En otros casos hay informes del médico
forense que recogen que el detenido está denunciando torturas,
interrogatorios duros, amenazas y van a la mesa del juez instructor, que
debe ser el garante de los derechos de la persona detenida, y no se
produce ninguna intervención. Eso ha sido así durante años y años. Ha
habido casos en los que el informe forense recogía que el detenido
denunciaba que le estaban haciendo 'la bolsa', que le habían pegado y
que incluso tenía marcas... y aún así el juez instructor no hacía nada.
Entienda usted que para muchos ciudadanos que lean esta entrevista será muy difícil creer que estas cosas que usted está denunciando suceden en la Audiencia Nacional. Más todavía siendo usted abogada de dos miembros de ETA.
Es que no somos sólo nosotros los que denunciamos esta situación. La ONU ha aprobado resoluciones muy críticas
con la incomunicación de los presos en el Estado español y con el
peligro que supone esa incomunicación para el detenido ya que supone
dejar en suspensión sus derechos fundamentales.
"Amnistía ha denunciado muchas
veces que hay denuncias de torturas que presentan verosimilitud y que el
Estado no ha hecho nada para investigarlo"
Desde
Europa, el TEDH también ha condenado a España por no investigar las
torturas. Muchas veces. Desde las organizaciones civiles del Estado, y
no solo desde Euskal Herria, se ha denunciado también. Sin ir más lejos,
Amnistía Internacional
ha denunciado también que muchas veces las denuncias de torturas o
malos tratos presentan verosimilitud y que el Estado español no ha hecho
nada para investigarlo.
El Instituto Vasco de Criminología también
ha hecho estudios en profundidad que concluyen que las denuncias de
torturas no tienen tanta relación con la militancia o no en ETA como con
el régimen de incomunicación. Ahí es donde se dan los porcentajes más
altos. Recientemente, también el Instituto Vasco de Crimonología
ha hecho un nuevo estudio en el que aplicando el protocolo de Istanbul
dice que casi 5.000 testimonios de denuncias de torturas son
verosímiles. Por tanto, no es una cosa nuestra.
Además, también ha habido condenas por
torturas. Es cierto que son muy pocas y que suelen ser sentenciados a
una pena muy baja y que, normalmente, luego son indultados. Pero las ha
habido.
Desde el Estado se argumenta que los presos de ETA denuncian torturas porque así lo establece su manual. Para erosionar al Estado de derecho. De hecho, es el argumento principal que se utilizó para absolver a los guardias civiles que fueron condenados por la Audiencia Provincial por torturar a Portu y Sarasola.
El argumento del presunto manual de ETA y
las torturas creo que es bastante peregrino y está quedando bastante
claro. El argumento del Supremo para anular esas condenas fue diabólico.
Dicen que las denuncias de torturas de mis clientes son falsas porque
al ser miembros de ETA están obligados por la organización a decir que
sufrieron torturas. Y como los informes forenses de los médicos de
Donostia tienen en cuenta esas declaraciones... pues les quitan validez.
Y como la sentencia por torturas de la Audiencia Provincial también se
basa en esos informes... pues anulan la sentencia.
Pero es que los informes de los médico
forenses de San Sebastián recogen hasta un análisis del terreno donde
fueron detenidos Portu y Sarasola para ver qué versión era creíble y,
precisamente, no fue la versión de la Guardia Civil. La argumentación es
diabólica. El Supremo le dio más peso al argumento del presunto manual
de ETA que a la evidencia del informe médico forense de unos
profesionales del propio Estado español, que es evidente que no tienen
nada que ver con ETA.
Día contra la tortura: Los policías que torturaron hasta la muerte a Joxe Arregi nunca fueron apartados de sus cargos
Este martes se cumplen 37 años de la muerte del joven
guipuzcoano tras permanecer ocho días en dependencias de la Dirección
General de Seguridad, donde fue sometido a salvajes tormentos. De los 70
policías que lo habrían torturado, sólo dos fueron condenados. El
gobierno de Felipe González los indultó. Luego fueron ascendidos.
Joxe Arregi.
Fueron sus últimas
palabras. Las pronunció con el último hilo de voz que le quedaba. Y ese
hilo, por muy débil que fuese, ya era bastante: Joxe Arregi llevaba
nueve días en el infierno. Pero no un infierno cualquiera, sino uno de
carácter oficial, con bandera en la puerta y uniformados en la
recepción. “Oso latza izan da”. “Ha sido muy duro”. Tan duro
había sido que después, muy poco después, su corazón dejó de latir y su
cuerpo, su destrozado cuerpo, ya no volvió a temblar. Ya no más.
Este martes se cumplen 37 años de la muerte
de Arregi, un joven al que la Policía investigaba por su presunta
relación con ETA. Por eso lo detuvieron. Por eso lo torturaron. Hasta
cansarse. Hasta matarlo. “Oso latza izan da” fue el mensaje que logró
transmitir a sus compañeros de prisión luego de sus largos nueve días en
la sede madrileña de la Dirección General de Seguridad, dependienete
del ministerio de Interior. Un ministerio que por entonces, en febrero
de 1981, estaba a cargo del conservador Juan José Rosón.
“Me colgaron en la barra varias veces dándome golpes en los pies, llegando a quemármelos
no sé con qué; saltaron encima de mi pecho; los porrazos, puñetazos y
patadas fueron en todas partes”, fue parte del relato que Arregi logró
transmitir a otros reclusos en el hospital penitenciario de Carabanchel.
En realidad, tampoco hacía falta que hablase para que los presos que
allí le vieron comprobasen que acababa de salir del infierno.
“Estaba aplastado físicamente”, aseguraron los presos que le vieron
“Estaba
aplastado físicamente”, aseguraron los presos que le vieron. Así consta
en el informe “Oso latza izan da: La Tortura en Euskal Herria”
elaborado por el abogado y actual parlamentario de EH Bildu Julen
Arzuaga y publicado por la Fundación Euskal Memoria. En su trabajo, el
investigador aporta la versión de quienes estuvieron con Arregi en los
últimos momentos de su vida. “Al preguntar si era miembro de ETA,
balbuciendo las palabras con un fuerte temblor en todo el cuerpo y con
escasas fuerzas para respirar nos dio los datos precisos para su
identificación. Intentamos estrecharle la mano en señal de saludo y
apenas se apercibió del gesto, por lo cual pudimos observar que le
faltaban los reflejos. ‘¡Tengo mucha sed!, ‘¡tengo mucha sed!’, esto es
lo que decía con dificultad pero insistentemente”, relataron.
Cuando le desvistieron para acostarle,
comprobaron el estado en el que se encontraba. El resto se vuelve
entonces aún más aterrador. “Fue apareciéndonos el cuadro tétrico de su cuerpo cubierto de grandes hematomas,
siendo el más llamativo uno totalmente ennegrecido de dimensiones
aproximadas a los 20 centímetros de altura que le circundaba
completamente a la altura de los riñones –describieron-. Los pies
hinchados presentaban en toda la superficie de sus plantas un hematoma
ennegrecido con visibles quemaduras y ulceraciones tratadas con
mercromina. Sus ropas eran en realidad harapos malolientes por la
suciedad acumulada”.
La versión del ministro Rosón fue muy
simple. “Las lesiones se le produjeron cuando fue capturado y en un
supuesto forcejeo en las dependencias policiales”, dijo el responsable
de Interior en sede parlamentaria, donde además se permitió lanzar una
advertencia: “Esta actuación individualizada no puede ser
instrumentalizada por nadie con fines políticos desestabilizadores del
estado, la democracia y la paz civil”. Sin embargo, Arzuaga destaca en su informe que “algo más debía haber”,
ya que tras la muerte de Arregi “se suceden los ceses y dimisiones de
cargos de la Policía Nacional, tales como el director general José
Manuel Blanco Benito o Manuel Ballesteros, comisario general de
Información”.
De la condena al indulto
El recorrido judicial de este caso no estuvo
exento de polémica. Si bien se comprobó que Arregi “permaneció durante
ocho días ininterrumpidamente en un mismo despacho de la Brigada
Regional de Información por el que pasaron y actuaron hasta 73
funcionarios del Cuerpo Superior de Policía”, lo cierto es que la
Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Madrid acabó dejando en
libertad a los cinco inspectores que habían intervenido en los salvajes
interrogatorios a Arregi.
Joxe Arregi.
“Lo que se anunció como una investigación en profundidad, comenzó pronto a desacelerarse”,
recuerda Arzuaga en su trabajo. Destaca además que “por mera cuestión
cosmética, también la Dirección General de la Policía planteó una
sanción disciplinaria contra (Julián) Marín y (Juan Antonio) Gil
Rubiales”, dos inspectores de Policía que fueron señalados como
“instructor y secretario de la declaración que se tomó al detenido
Arregi”. El autor del informe de Euskal Memoria sobre la tortura en
Euskal Herria señala que la dimensión de esa supuesta sanción era
“grotesca”, ya que solamente “constaba de una pérdida de veinte días de
sueldo”.
En el juicio sobre este caso, el fiscal
pidió tres meses de prisión para Marín Rios y Gil Rubiales “por un
delito de malos tratos”. En diciembre de 1983 fueron absueltos, pero
poco después volverían a ser juzgados a instancias del Tribunal Supremo.
En septiembre de 1985, la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Madrid los absolvió nuevamente,
e incluso fue más allá: el tribunal rechazó que Arregi hubiese sido
víctima de malos tratos y alegó que “no se tiene en absoluto certeza de
que las llagas en la planta de los pies fueran quemaduras”.
“Recurrida nuevamente la sentencia, en
octubre de 1989, casi nueve años después de cometidos los delitos, el
Tribunal Supremo condenó a Julián Marín Ríos y Juan Antonio Gil Rubiales
a cuatro y tres meses de arresto y tres y dos años respectivamente de
suspensión de empleo y sueldo”, relata Arzuaga. Sin embargo, “tanto la
sanción disciplinaria como la condena judicial no tuvieron ninguna
repercusión en la vida ni en la actividad profesional de los dos
acusados”.
En efecto, el gobierno de Felipe González indultó a ambos policías en 1990.
En mayo de ese año, la entonces diputada de IU Cristina Almeida
preguntó al Ejecutivo del PSOE cuáles habían sido sus razones para
otorgar ese favor a Ríos y Gil Rubiales, quienes continuaban trabajando
en dependencias policiales. No recibió respuesta. Lo mismo volvió a
preguntar un año después su compañero de bancada Antonio Romero.
Entonces, el ministro Virgilio Zapatero Gómez le indicó que “los
Inspectores de Policía a los que se refiere la pregunta de Su Señoría se
encuentran actualmente en situación de suspensión de funciones por el
tiempo estipulado
en la Sentencia”.
en la Sentencia”.
El tiempo pasó rápido. Muy rápido. Poco
después, los dos policías condenados e indultados volvieron a sus
puestos de trabajo. El caso más claro es el de Gil Rubiales, quien en 2005 llegó a ser designado Comisario Jefe Provincial del Cuerpo Nacional de Policía en Tenerife por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Murió en julio de 2008.
Día Contra la Tortura
37 años después de la muerte de Arregi,
este martes 13 volverá a ser recordado por distintos colectivos de
Euskadi como el “Día Contra la Tortura”. En ese contexto, la Fundación
Euskal Memoria celebrará el próximo viernes 16 una conferencia en
Donostia que abordará, precisamente, la lacra de la tortura. Allí estará
José Schulman, secretario general de la Liga Argentina por los Derechos
del Hombre; Laura Pego, representante del Instituto Vasco de
Criminología –organismo encargado del reciente informe sobre la tortura
en Euskadi-; y el ex deportado vasco Eugenio Etxebeste, quien a día de
hoy forma parte del patronato de Euskal Memoria. El acto se celebrará a
partir de las 18.00 en el Auditorio Antonio Beristain del Centro Carlos
María (UPV-EHU).
Los gobiernos de PP y PSOE se negaron a investigar las torturas en Euskadi
El Instituto Vasco de Criminología y Amnistía
Internacional advierten que los distintos Ejecutivos de Madrid
rechazaron adoptar medidas en torno a los casos de malos tratos contra
detenidos en el marco de la lucha antiterrorista. Rajoy incluso ha
impedido cualquier reconocimiento oficial por parte de las
administraciones autonómicas.
Pintadas en Andoain en las que acusan a PSOE y PP de ser 'torturadores'. / EFE
Unai Romano hubiese
preferido no aparecer jamás en un cartel. Pero hay veces que uno no
elige: las cosas llegan. Lo que llegó a su vida fue la Guardia Civil. Un
6 de septiembre de 2001, para ser más exactos. Lo acusaban de colaborar con ETA,
así que entraron a su casa de madrugada, lo metieron en un coche y lo
trasladaron a Madrid. En pleno periodo de incomunicación, su rostro
anónimo se desfiguró. Las fotos no mienten. No parece él, pero es él.
Detrás de esos moretones, de esos ojos desfigurados por los golpes, de
esos labios hinchados… estaba Unai Romano.
Su caso se convirtió en el ejemplo más
sangrante de un drama que hoy, a las puertas de 2018, ha sido condensado
por primera vez en un informe oficial elaborado por el Instituto Vasco
de Criminología para el Gobierno Vasco, en el que se reconoce la
existencia de 4.113 casos de tortura en los últimos cincuenta años.
Durante largos años, todos y cada uno de los párrafos que hoy aparecen
en el informe oficial del Ejecutivo de Iñigo Urkullu fueron
categóricamente rechazados o desacreditados por los sucesivos Ejecutivos
en Madrid, tanto bajo el PP como con el PSOE. Nunca, absolutamente
nunca, se planteó ni la más mínima duda sobre si las denuncias que
formulaban las personas detenidas podían ser ciertas.
No se plantearon dudas con Romano. Tampoco
cuando Mikel Zabalza –o mejor dicho, su cadáver- apareció flotando en el
Bidasoa. Ocurrió un 15 de diciembre de 1985. Zabalza estaba entonces en
manos de la Guardia Civil en el cuartel de Intxaurrondo. Y de repente,
apareció en un río. La versión oficial dice que se escapó, corrió y se ahogó.
La acusación particular sostuvo que lo habían torturado. Su primo, que
había sido detenido el mismo día y escuchó sus gritos desgarradores,
también. Pero no pasó nada. Absolutamente nada.
El año pasado, el Gobierno Vasco sacó adelante
una ley de víctimas de abusos policiales que hubiese permitido que
Zabalza y otros tantos recibieran un reconocimiento oficial. Para ello,
impulsó y consiguió aprobar una Ley de Víctimas de Abusos Policiales
producidas entre 1978 y 1999. Tras conocerse su contenido, el gobierno
de Mariano Rajoy actuó rápido. ¿Para aprobar reparaciones? No
precisamente. Tribunal Constitucional mediante, el Ejecutivo del PP
logró que la histórica normativa vasca fuese anulada en varios de sus
preceptos. Y así sigue a día de hoy. “Están suspendidos cautelarmente
algunos artículos”, confirmaron fuentes del gobierno de Urkullu a Público.
No era la primera vez que el gobierno y el TC
hacían caer una ley a favor de las víctimas de la violencia policial. El
29 de diciembre de 2015, el consejo de ministros presidido por Rajoy
anunció su recurso contra la referida norma por considerar que vulneraba
“la presunción de inocencia y el principio constitucional de actuar con
sometimiento pleno a la Ley y al Derecho”. Veinte días después, el TC cumplió los deseos del gobierno y la ley, tal como luego ocurriría con el texto aprobado por el Parlamento Vasco, caería en desgracia.
“Una historia negada”
El informe presentado el pasado 18 de
diciembre por el Ejecutivo de Vitoria permite entender las claves de
esas actuaciones por parte del gobierno. “La historia de la práctica de
la tortura y malos tratos ha sido siempre una historia negada
oficialmente”, advierte el documento oficial, en el que destaca que las
“condiciones de incomunicación” que se aplicaban contra los detenidos
por supuesta relación con ETA, así como la “falta de investigación”
sobre las denuncias de tortura han impedido la persecución de esta
lacra, “y por tanto también la prevención y el reconocimiento a las víctimas”.
“Desde la década de los años 80, muchas de las
víctimas y personas que denunciaron haber sufrido tales prácticas
fueron señaladas de mentir, querer difamar a las fuerzas de seguridad
del Estado o incluso recientemente de seguir consignas de ETA para
denunciar de forma sistemática torturas como una forma de
propaganda”, señala este estudio, que próximamente será entregado por el
gobierno de Urkullu a la comisión especial del Parlamento Vasco que
trabaja en los ámbitos de Memoria y Convivencia.
Ese silencio también ha sido criticado por
Amnistía Internacional (AI). Tras analizar el documento presentado por
el Ejecutivo vasco, la organización de defensa de los derechos humanos
denunció que las denuncias de torturas contra personas detenidas en el
contexto de la lucha antiterrorista “no han sido debidamente
investigadas o sancionadas”. “La falta de investigaciones exhaustivas
sigue siendo la norma y, como consecuencia, la impunidad sigue vigente
para las víctimas de tortura y malos tratos”, afirmó su director,
Esteban Beltrán.
En un pormenorizado informe presentado en
septiembre pasado, AI ya había advertido que “los sucesivos gobiernos
hayan tendido a negar la existencia de casos de torturas y malos tratos a
manos de miembros de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado,
atribuyendo muchas de las denuncias realizadas a estrategias dirigidas a
minar la credibilidad de las autoridades”. “Amnistía Internacional
lleva años denunciando que no existan datos oficiales a nivel estatal de
cuántas personas han denunciado haber sido sometidas a tortura y otros
malos tratos por parte de los miembros de las fuerzas y cuerpos de
seguridad del Estado, incluyendo aquellas denuncias dentro del contexto
de la lucha contra ETA”, subrayó.
La reconocida ONG advirtió además que
“tampoco existe información sistematizada y disponible por parte de
fuentes oficiales sobre el número de procesos judiciales contra miembros
de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado por delitos de tortura y otros malos tratos”.
En tal sentido, hizo hincapié en que “el número de procedimientos
judiciales emprendidos por casos de tortura evidencia que en España
existe una escasa investigación sobre tortura”.
Condenas e indultos
En esa línea, el informe del Gobierno Vasco
ofrece datos demoledores. A día de hoy existen “20 condenas firmes (9
casos contra miembros de la Policía y 11 contra miembros de la Guardia
Civil)”, comprendidas a detenciones y torturas producidas entre 1979 y 1992.
“A pesar de que algunos de los responsables fueron los mismos o
actuaron en las mismas instalaciones, tampoco se dio ninguna
investigación más amplia de dichas prácticas y los criterios sobre la
autoría o responsabilidad por acción u omisión fueron distintas”,
advierte.
Por ejemplo, el documento subraya que “muchas de estas sentencias reconocen que otros agentes de seguridad estuvieron presentes o tomaron parte en la tortura,
pero ninguna colaboración de las autoridades del ministerio del
Interior ni ninguna investigación interna se dio para poder
identificarlos”. “Además, la identificación de los responsables supone
que la carga de la prueba se pone la mayor parte de las veces encima de
la víctima de torturas quien se encontraba en condiciones físicas y
psicológicas de enorme impacto”, añade.
Sin embargo, el Estado fue bastante más
diligente a la hora de aprobar indultos para los condenados por
torturas. El informe subraya que hubo perdones gubernamentales “en al menos 12 ocasiones,
conllevando un indulto al 50% de los condenados por torturas”. En tal
sentido, remarca que “los indultos se dieron en dos gobiernos del PSOE y
dos gobiernos del PP”.
La denuncia de Acebes
Además de liberar a varios condenados, el
Estado también llegó a arremeter contra quienes denunciaban torturas.
Ocurrió en el caso del director del diario Egunkaria, Martxelo
Otamendi, quien involuntariamente propició un hecho sin antecedentes: en
2003, el entonces ministro de Interior, Ángel Acebes, anunció
públicamente que el gobierno se querellaría contra Otamendi por sus
acusaciones.
El político del PP dijo que el responsable
de Egunkaria –diario cerrado por la Audiencia Nacional en base a su
supuesta vinculación con ETA, algo que posteriormente fue totalmente
descartado por ese mismo tribunal- había seguido “a puntillas” una
manual de esa organización “que aconseja a sus militantes que denuncien
torturas cuando son detenidos”. El tiempo puso a cada uno en su lugar:
la Audiencia Nacional archivó la denuncia del ministro, mientras
que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó a España por no
haber investigado las denuncias de tortura formuladas por el periodista
vasco.
Del mismo modo, el entonces portavoz del
movimiento pro-amnistía, Julen Larrinaga, y el abogado de Torturaren
Aurkako Taldea (Grupo Contra la Tortura), Aiert Larrarte, fueron llevados a juicio en mayo de 2009
por haber dado a conocer en una rueda de prensa la denuncia de torturas
formuladas por el bilbaíno Ibon Meñika. La Fiscalía pedía una multa de
cinco mil euros para Larrinaga y Larrarte por “injurias a la Guardia
Civil”. El caso finalmente fue archivado. Asimismo, Meñika fue llamado a
declarar por denuncias falsas. También fue absuelto.
Preguntas al gobierno
Después de tantos años de silencio –y de
permanentes intentos de descrédito contra quienes denunciaban malos
tratos-, el informe del Gobierno Vasco ha provocado todo tipo de
reacciones. La Fundación Egiari Zor, que trabaja en casos de
víctimas de la violencia policial, dijo en una nota que la presentación
de este estudio “evidencia cómo todos los que pudieron acabar con esta
lacra, miraron hacia otro lado: jueces, forenses, políticos, medios de
comunicación”. “Esta barbarie ha sido negada reiteradamente, y se ha
permitido que esta aberración contraria a los DDHH y a la dignidad
humana haya continuado viva, activa y haya sido el arma criminal contra
un sector de la sociedad al que ha pretendido aniquilar”, remarcó.
Del mismo modo, el Foro Social Permanente, un grupo que ejerce tareas de mediación para tratar de consolidar el proceso de paz en el País Vasco,
valoró “muy positivamente este trabajo”, que sentará las bases de la
reparación institucional que las víctimas de la tortura merecen”.
Por su parte, EH Bildu ha anunciado que
presentará una batería de preguntas en el Congreso para tratar de
averiguar si el gobierno de Rajoy “tomará en consideración este informe y
si piensa cambiar la actuación que ha tenido hasta ahora dándole carta
de naturaleza y cobertura a la impunidad de la que ha gozado la tortura
hasta el momento”. “Entendemos que el gobierno español debe de sentirse
interpelado por el informe que ha hecho público el Gobierno Vasco sobre
las más de 4.000 torturas desde 1960 y creemos que debería de
abandonar la postura que ha mantenido hasta ahora; cada vez que le
interpelábamos sobre esta materia negaba la existencia de la tortura”,
afirmó la diputada Marian Beitialarrangoitia.
Malestar en sindicatos de la Ertzaintza
Donde no ha habido reacciones tan positivas
ha sido entre algunos sindicatos de la Ertzaintza. El estudio dado a
conocer el pasado 18 de diciembre incluye 336 denuncias contra la
Policía Autonómica, algo que molestó profundamente a las centrales ERNE
y SIPE. “No entendemos como esas cifras pueden ser avaladas por el
Gobierno Vasco cuando no existe ni una sentencia condenatoria”, subrayó
ERNE, mientras que SIPE fue aún más duro: el sindicato acusó al Gobierno
Vasco de “hacer el juego sucio a los únicos que han torturado y
asesinado, los terroristas de la mafia asesina etarra”. Por su parte, la
sección del sindicato ELA en la Ertzaintza utilizó un lenguaje más
calmado: a través de un comunicado, llamó al Ejecutivo presidido por
Urkullu a adoptar “todas y cada una de las medidas que estén en su mano
para garantizar que no exista nunca más ninguna denuncia de torturas o
malos tratos”.
El Gobierno utiliza el palacio donde torturaron a Lasa y Zabala como alojamiento de ministros y otras autoridades
La Cumbre, el palacio donde ambos jóvenes vascos
fueron llevados por el GAL verde en 1983, está a cargo de la
Subdelegación de Gobierno en Gipuzkoa. Allí suelen alojarse los
ministros que realizan visitas a Donostia. En 2003, el Ejecutivo de José
María Aznar impulsó su declaración como “bien de interés cultural”,
aunque omitió cualquier referencia a aquel terrible episodio.
La
Cumbre, el palacio donde torturaron a Lasa y Zabala, es utilizado por
el Gobierno como alojamiento de ministros y otras autoridades.
Fueron días
insoportables, en los que posiblemente habrán deseado morir ya, ahora,
rápido. Sin esperar ni un golpe ni una salvajada más. Durante un número
de horas tan terribles como incalculables, Joxean Lasa y Joxi Zabala fueron sometidos a torturas de todo tipo.
Sus secuestradores, los incansablemente sádicos del GAL verde (en honor
a la Guardia Civil, cuerpo al que pertenecían los verdugos) podrían
haberlos matado allí mismo, en el sótano del palacio de La Cumbre, un
edificio señorial de Donostia que por entonces pertenecía al Ministerio
de Interior. Sin embargo, los guardias civiles que se hicieron dueños de
sus vidas prefirieron asesinarlos de a poco, lentamente, para que
sufrieran más.
Casi 35 años después de aquellas
interminables sesiones de tortura, el sótano de los horrores sigue
escuchando pasos. Provienen de zapatos caros y bien lustrados, que antes
de pisar esta casa habrán andado por moquetas de ministerios. Todo, o
casi todo, tiene una explicación: la siniestra y misteriosa Villa La
Cumbre, el palacio donostiarra al que fueron llevados los dos jóvenes
vascos en octubre de 1983, es hoy utilizado por el gobierno del PP como “residencia oficial de autoridades”.
Fuentes oficiales señalaron a Público que entre los huéspedes habituales de esa residencia se encuentran los integrantes del gabinete de Rajoy.
“Si viene un ministro a San Sebastián, en lugar de irse a un hotel, se
hospeda allí”, explicaron. Al menos en una ocasión, en febrero de 1981,
allí durmieron también los reyes de España. Del mismo modo, el edificio
es utilizado como residencia oficial del subdelegado del Gobierno en
Gipuzkoa, cargo que ahora ocupa el palentino José Luis Herrador
Gutiérrez.
El edificio en cuestión está actualmente bajo la titularidad del Ministerio de Presidencia y Administraciones Territoriales, a cargo de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría,
que se niega a abrir las puertas del palacio a quienes buscan relatar
su pasado más terrible. He aquí un ejemplo: en enero de 2014, el
cineasta Pablo Malo intentó acceder a esta casa para rodar parte del
film Lasa y Zabala. Sin embargo, el gobierno lo rechazó tajantemente.
Desmemoria oficial
El silencio oficial sobre la relación de
esta casa con el secuestro, torturas y asesinato de ambos jóvenes ya
quedó patente en 2003, durante el gobierno de José María Aznar. En julio
de aquel año, el Ejecutivo del PP daba los primeros pasos para declarar
la antigua finca como “bien de interés cultural”. En aquel informe de
la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales –dependiente
del ministerio de Cultura- se hacía un repaso a la historia de este
edificio, tanto antes como durante y después del franquismo. Sin
embargo, los responsables gubernamentales omitieron un detalle
relevante: no hay ni la más mínima mención a lo ocurrido en 1983, cuando allí fueron torturados Lasa y Zabala.
La desmemoria del PP hace saltar mágicamente
desde el 4 de febrero de 1981, cuando se “condicionó la finca para que
pernoctaran los reyes de España” –destaca además que entonces “se
acondicionaron las habitaciones con los mismos muebles que el Rey
utilizaba cuando siendo estudiante de bachillerato vivió en San
Sebastián”-, hasta seis años más tarde. “Durante los años siguientes (a
1981) la finca quedó abandonada hasta que en 1987 el Ministerio del Interior encargó su rehabilitación
para destinarla a residencia temporal de altas personalidades y
domicilio particular del Gobernador Civil de Guipúzcoa. En este proyecto
aparece por primera vez la palabra ‘Palacio’ al lado del nombre de la
finca ‘La Cumbre’”, se explica.
También se indica que “durante la primera
presidencia española de la Unión Europea se celebraron los Consejos de
Ministros de Industria y Justicia en San Sebastián”, remarcando que
“Villa Cumbre se utilizó para reuniones preparatorias y residencia de
ministros y altas personalidades españolas”. “En mayo de 1999 la finca
se desafectó del Ministerio del Interior y pasó al Ministerio de
Administraciones Públicas. En la actualidad, el Subdelegado del Gobierno
en Guipúzcoa se he hecho cargo de la recuperación de bienes muebles del
Palacio de Miramar que el Estado compró a la Familia Real en 1974”,
apuntaba la resolución publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE)
en julio de 2003.
Un año antes, el BOE había publicado otro documento en el que aparecían hasta 65 alusiones a La Cumbre.
En ese caso, se trataba de una resolución del Tribunal Constitucional
sobre los recursos de amparo que habían presentado por los guardias
civiles Ángel Vaquero, Felipe Bayo Leal, Enrique Dorado y Enrique
Rodríguez Galindo, así como por el ex gobernador civil Julián Elgorriaga
Goyeneche, “frente a las Sentencias de la Sala de lo Penal de la
Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo que les condenaron por dos
delitos de asesinato y de detención ilegal en el caso Lasa y Zabala”.
En aquella resolución, el Constitucional
recordaba que la detención de ambos “se llevó a cabo en una villa
llamada La Cumbre, propiedad del Estado, de la que disponía el
Gobernador Civil de Guipúzcoa, que era entonces el recurrente Sr.
Elgorriaga Goyeneche. En dicho lugar fueron interrogados y visitados por
los recurrentes que, finalmente, decidieron su asesinato, que se llevó a
cabo en un paraje de la provincia de Alicante, en el municipio de
Busot, efectuando dos disparos en la cabeza a José Ignacio Zabala y uno a José Antonio Lasa.
Sus cuerpos fueron arrojados a una fosa y descubiertos meses después,
en enero de 1985, aunque no fueron identificados sino diez años más
tarde, en 1995”. Para entonces, el siniestro palacio donostiarra ya era
utilizado como residencia de ministros. Exactamente igual que hoy.El Gobierno Vasco interpela a los “poderes del Estado” por cuatro mil casos de torturas
El Ejecutivo de Iñigo Urkullu llevará el informe
final sobre los vejámenes policiales producidos entre 1960 y 2014 a la
Ponencia de Memoria y Convivencia del Parlamento Vasco. El PSE, socio de
gobierno del PNV, se ha desmarcado. Varios de los episodios denunciados
se produjeron bajo los gobiernos de Felipe González y Rodríguez
Zapatero.
El
profesor y doctor en Medicina Francisco Etxeberria y la doctora en
Derecho, Laura Pego, autores del informe sobre torturas, con el
secretario deneral de DDHH, Convivencia y Cooperación del Gobierno
Vasco, Jonan Fernández.
El relato sobre
los años más terribles de Euskadi ya tiene otro capítulo. El Gobierno
Vasco ha presentado este lunes el informe final elaborado por el
Instituto Vasco de Criminología sobre los casos de tortura y malos
tratos en este territorio entre 1960 y 2014, una línea temporal que
abarca tanto dictadura como democracia y que coincide con el desarrollo
de la “lucha antiterrorista” contra ETA. Un periodo extremadamente duro,
en el que –según este documento- hubo al menos 3.415 personas que
fueron torturadas. Algunas de ellas sufrieron vejámenes en más de una
ocasión, lo que eleva el censo a 4.113 casos de vejámenes, atribuidos
principalmente a miembros de la Policía Nacional y de la Guardia Civil.
En base a esas cifras, el Gobierno Vasco ha
instado a los “poderes del Estado” a “considerarse interpelados” tanto
por esta investigación como por las distintas “resoluciones de
organismos internacionales sobre torturas y malos tratos”. En los
últimos siete años, España recibió seis sentencias condenatorias del
Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) por no investigar las
denuncias de torturas formuladas por distintos detenidos. Entre esos
casos figuraba el del reconocido periodista vasco Martxelo Otamendi,
detenido y posteriormente absuelto a raíz del cierre del periódico
Egunkaria en 2003.
“Las víctimas de la tortura deben saber que
la sociedad vasca y el Gobierno Vasco reconocen la injusticia del
sufrimiento que padecieron”, señala el Ejecutivo de Iñigo Urkullu en el
mensaje que acompaña al voluminoso informe presentado en Donostia. En
tal sentido, el gobierno autonómico establece que “la tortura y sus
víctimas necesitaron una mayor atención y respuesta por parte de todos”,
por lo que se dirige a quienes sufrieron tormentos para hacerles saber
que “la sociedad vasca y el Gobierno Vasco reconocen la injusticia del
sufrimiento que padecieron”. Del mismo modo, remarca que “algunas
medidas preventivas debieron haberse puesto antes en marcha para ofrecer
mayores garantías”.
En este estudio “se ha establecido un censo
de 4.113 casos de personas (17% mujeres y 83% hombres) -nacidas o que
viven en la Comunidad Autónoma Vasca- que han denunciado torturas y/o
malos tratos”. “De ellas, el 17% lo han sido en más de una ocasión, por
lo que el número total de personas que denunciaron torturas es de
3.415”, especifica. “Estas cifras se encuentran por debajo de la
dimensión real de los afectados, ya que al menos en el periodo de la
dictadura y primeros años de la transición hasta 1978 solamente hemos
podido registrar 1.081 (son el 26,4% del total de los registrados),
mientras la práctica generalizada de la tortura en esa época señala que
su dimensión fue mucho mayor”, remarca.
Del mismo modo, indica que aún “quedan
pendientes de análisis 454 expedientes dado el enorme volumen de
información recogido para este estudio, cerrado en agosto de 2017”. Como
muestra del intenso trabajo realizado, indica que “se han analizado y
archivado más de 26.113 documentos”, lo que constituye “el mayor archivo
sobre casos de malos tratos y torturas hasta el momento”. Según este
estudio, “un porcentaje no inferior al 5% de los casos analizados
presentan secuelas psicológicas importantes que requieren atención
especializada”.
En cuanto a las autorías de los vejámenes,
el informe señala que hubo 1792 casos atribuidos a la Guardia Civil,
1785 a la Policía Nacional y 336 a la Ertzaintza. En una versión
preliminar presentada en junio del año pasado también figuraban, aunque
en menor medida, funcionarios de prisiones e incluso policías
municipales. Respecto a los “métodos de tortura que han alegado las
personas afectadas”, advierte que “existe una diferencia significativa
entre los distintos cuerpos policiales”.
“Por ejemplo, destaca la frecuencia de la
utilización de la bolsa según alegan los detenidos/as por la Guardia
Civil, cuyo uso es significativamente menor en el caso de la Policía.
Hasta el inicio de los años 90, un número significativo de personas que
denunciaron torturas señaló el uso de electricidad o la práctica de la
bañera en ambos cuerpos policiales en los casos analizados”, subraya.
“Sin embargo –puntualiza-, las posturas forzadas u las formas de
producir extenuación física es señalada por los detenidos de los tres
cuerpos policiales analizados, aun con diferente frecuencia”.
Por otra parte, “las formas de maltrato
psicológico, tales como amenazas, insultos, interrogatorios frecuentes
sin abogado o humillaciones han sido señaladas en testimonios y
denuncias contra los diferentes cuerpos policiales, asociadas a las
formas de tortura física señaladas en cada caso”.
El papel de los forenses
En tal sentido, advierte que “si bien en
numerosas ocasiones el relato de dichos hechos se hizo ante los médicos
forenses, los informes en una gran parte de los casos no recogieron el
relato de las víctimas o se limitaron a referir lo señalado por el
detenido, sin profundizar o contrastar las alegaciones con un conjunto
de evidencias o valorar el grado de congruencia de dicho testimonio con
los hallazgos”.
“Tampoco hay evidencia de que se hayan
pedido analíticas específicas frente a denuncias reiteradas, salvo en
uno de los casos analizados donde se utilizaron pruebas enzimáticas para
reconocer el impacto muscular de formas de torturas como ejercicios
físicos extenuantes, y cuya validez fue reconocida por una sentencia del
Tribunal Supremo y los informes forenses en ese caso”, apunta. En tal
sentido, el estudio remarca que en muchos casos “se recoge incluso un
empeoramiento del trato al detenido después de visitas del forense, lo
que conllevó un mayor miedo y desconfianza, y por tanto un menor impacto
de su posible papel”.
Críticas del PSE
El siguiente paso será presentar este
informe en la Ponencia de Memoria y Convivencia creada en el Parlamento
Vasco, donde participan todos los partidos a excepción del PP, que optó
por quedarse fuera. En cualquier caso, ya puede vaticinarse que, además
de los populares, el citado estudio sobre las torturas en Euskadi
tampoco recibirá el apoyo del PSE, socio de gobierno del PNV. Este
lunes, coincidiendo con el acto de presentación en Donostia, la
formación socialista hizo público un comunicado en el que mostró sus
absolutas discrepancias con su contenido.
“Consideramos un error entender que medio
siglo de terror de ETA se resume en 840 asesinados y 3.400 torturados,
una simplificación que alimenta la teoría de un conflicto que nunca ha
existido, y obvia la labor de una inmensa mayoría de funcionarios
policiales y judiciales en defensa del Estado de Derecho al asentarse la
falsa idea de una tortura generalizada”, argumentan los socialistas. En
realidad, era previsible: el informe interpela también a los gobiernos
de Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero, bajo los cuales
también se produjeron denuncias de vejámenes contra detenidos en el
marco de la denominada lucha antiterrorista.
Por su parte, EH Bildu ha anunciado que
mañana martes comparecerá ante los medios para hacer una valoración
sobre este asunto. Hace algunos meses, Sortu, el partido de la izquierda
abertzale que forma parte de esa coalición, realizó escraches ante
sedes de la Ertzaintza para denunciar que allí también se había
torturado, lo que molestó profundamente al Gobierno Vasco. En la
valoración dada a conocer este lunes, el Ejecutivo de Urkullu defendió
que “la Ertzaintza ha contado con un modelo preventivo que ha sido
positivamente valorado por las instituciones que lo han auditado, y que
puede seguir mejorándose”. Por parte del gobierno español, el otro
interpelado, no hubo ninguna reacción.
PP y Ciudadanos tumban una iniciativa de Unidos Podemos contra la tortura por su "enfoque"
La Comisión de Interior en el Congreso votó el martes
en contra de la PNL del grupo confederal por su "negatividad", en
palabras del PP; y por su "enfoque" desde "la criminalización", según
Ciudadanos. La Coordinadora para la Prevención y la Denuncia de la
Tortura explica que el texto era, en esencia, la síntesis de las
recomendaciones del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura, un
organismo dependiente del Consejo de Europa.
Los
diputados del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En
Marea, Chema Guijarro (i), Gloria Elizo (2i), Irene Montero (c), Pablo
Iglesias (2d) y Ione Belarra (d) en el Congreso. /EFE
MADRID.- PP y Ciudadanos
tumbaron este martes en el Congreso de los Diputados una proposición no
de ley (PNL) de Unidos Podemos, que pretendía instar al Gobierno a
aplicar las recomendaciones del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura (CPT),
órgano dependiente del Consejo de Europa. Y, como aseguran la
Coordinadora para la Prevención y la Denuncia de la Tortura y el grupo
confederal a 'Público', en esencia el texto no era más que un resumen de
estas recomendaciones de la CPT: "Se podría haber insistido un poco
más, pero básicamente está recogido todo", afirma Jorge del Cura, portavoz de la Coordinadora.
No obstante, en la reunión de la Comisión de
Interior de este martes, con los votos en contra de PP y Ciudadanos y
la abstención del PSOE, la PNL de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
llegó al final de su recorrido, ya que sólo contó con el apoyo de
Compromís y EH Bildu. Para el PP, la redacción de la PNL era "muy negativa" -ocupa
apenas un folio, y menciona que el CPT concluye que en comisarías y
centros de detención españoles "los malos tratos no son generalizados"-;
para Ciudadanos, el grupo confederal aborda este asunto "desde la
criminalización del sistema".
"Han buscado darle la vuelta al informe para que parezca absolutamente negativo", dice el PP
"Han buscado darle la vuelta al informe para que parezca absolutamente negativo", narra a este medio Carmen Navarro Lacoba,
vocal del PP en la Comisión de Interior. Sostiene que Unidos Podemos
busca dibujar una realidad mucho más cruda de lo que en realidad es, y
que el "copia y pega" del grupo confederal con respecto al informe del
CPT omite "los muchísimos avances" que el Comité reconoce "a las
autoridades españolas en esta materia". "Estamos en un régimen de
salvaguarda absoluta de los derechos fundamentales de las personas",
sostiene.
Por su parte, el portavoz de Ciudadanos en la Comisión, Miguel Gutiérrez,
aprovechó su intervención para poner en duda que en España se violen
los derechos humanos, aunque existan numerosos casos documentados en los
que se ha dado una utilización excesiva de la fuerza por parte de los
cuerpos de seguridad.
"Con lo que no podemos estar en absoluto de
acuerdo es en que siempre, en la forma de presentar estas situaciones,
el grupo proponente lo hace desde una criminalización del sistema,
incluso de las personas que actúan en él", afirmó Gutiérrez, que también
incidió -en genérico- en que su grupo siempre estará "de acuerdo con
las recomendaciones que ayuden a mejorar cualquier sistema",
especialmente "en un ámbito tan sensible". Desde la formación naranja
insisten: el problema era "el enfoque".
"Se trata de una cuestión básica de derechos y nos sorprende que aludan al 'enfoque', contestan desde Unidos Podemos
"Se
trata de una cuestión básica de derechos y nos sorprende que aludan al
'enfoque', cuándo no hay enfoque alguno salvo el que plantea el propio
CPT en las recomendaciones de su informe", asegura a 'Público' Ione Belarra,
portavoz adjunta de Unidos Podemos y vocal en Interior. "Le recordamos
al PP, como Gobierno, que el CPT es un organismo del Consejo de Europa
del que formamos parte. Por tanto, en pos de la salud democrática de
este país y de la Unión, sería más que deseable que adoptara las
recomendaciones y trabajara para garantizar su cumplimiento", apunta.
Por su parte, el portavoz de la Coordinadora
para la Prevención y la Denuncia de la Tortura lamenta que PP y
Ciudadanos quieran "usar el informe para decir que todo está mucho
mejor" de como realmente está. La Coordinadora aglutina a 49 colectivos,
y del Cura explica que varios miembros de distintos grupos que la
integran en Madrid accedieron a la PNL horas antes de que llegara a la
Comisión. Destaca también que, aunque esta organización "hubiese ido más
lejos en algunas cosas", les pareció que la iniciativa de Unidos
Podemos "estaba bien", a diferencia de la modificación que propuso el
PSOE.
De hecho, PP y Ciudadanos también coinciden
en señalar que sí habrían votado a favor de la PNL si Unidos Podemos
hubiera aceptado la enmienda del Partido Socialista. Aunque el escrito
del PSOE contenía el grueso de estas recomendaciones, también omitía,
por ejemplo, la petición para eliminar el régimen de detención
incomunicada, o el requisito de que la fijación mecánica sea ordenada y
supervisada por un médico, que sí recogen el CPT y el texto original de
la PNL.
La enmienda del PSOE que "vaciaba la PNL de contenido"
Belarra explica que no aceptaron la enmienda
del PSOE porque, tanto su grupo como "las organizaciones de Derechos
Humanos consultadas", creen que el texto trata "de una cuestión de
mínimos", y por tanto no podían "rebajar aún más el estándar". "Vaciaba
totalmente de contenido la proposición al eliminar aspectos tan
importantes como la incomunicación o las retenciones mecánicas". "La enmienda del PSOE era volver a dar largas a todo el procedimiento, dejar las cosas como están", apunta del Cura.
Por su parte, la diputada del PP recuerda
que la detención incomunicada es un procedimiento "excepcional", que
debe ser supervisado por un juez. "No tenemos constancia de ninguna
detención incomunicada en los últimos dos años", admite del Cura, pero
apostilla que "ese arma sigue ahí y se puede usar", y que hay constancia de varias denuncias tras este tipo de detenciones.
"Parece que tanto a PP como a PSOE les
cuesta reconocer que existe la tortura y los malos tratos en nuestro
país", apunta Belarra. "Nosotras creemos que, si bien es cierto que no
se trata de algo sistemático en todos los lugares y en todos los
aspectos, la tortura existe y debemos trabajar para erradicarla. Y la
única manera de hacerlo es reconociendo que existe", zanja.
La Fiscalía pide 11 años de cárcel para Antton Troitiño por «reintegración» en ETA
La acusación asegura que el
histórico militante vivió bajo la «disciplina del colectivo de
refugiados» cuando huyó a Londres al dictarse orden de reingreso en
prisión después de haber pasado 24 años encarcelado.
|Madrid|2018/02/19 16:51
Antton Troitiño, este lunes en la Audiencia Nacional española. (POOL EFE)
El fiscal Carlos Bautista pide para Antton Troitiño una
condena de 11 años de prisión por «integración en organización
terrorista» al considerar que durante seis años vivió en Londres bajo la
«disciplina del colectivo de refugiados».
Según el escrito de acusación, Troitiño «se puso de nuevo en contacto con la organización terrorista a fin de que le ayudara a huir de España y así hacer ineficaz la orden de busca y captura» dictada por la Audiencia Nacional.
Durante su declaración, el histórico militante donostiarra ha contado a preguntas de su abogado que cuando salió de prisión en abril de 2011 y luego la Audiencia Nacional volvió a decretar su reingreso alegando «un error» en el cómputo de las condenas él estaba en casa de su hija en Hendaia y «nadie» fue a buscarle allí.
Como consideraba que volver a la cárcel era una «injusticia» porque ya había cumplido 24 años y se le había aplicado la doctrina Parot –posteriomente anulada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos– decidió marcharse a Londres, donde fue arrestado en junio de 2012.
«Ni yo me puse en contacto con ellos, ni ellos se pusieron en contacto conmigo. Jamás he tenido contacto desde que he salido», ha señalado respecto a su relación con ETA. Antton Troitiño fue extraditado al Estado español en mayo de 2017.
Según el escrito de acusación, Troitiño «se puso de nuevo en contacto con la organización terrorista a fin de que le ayudara a huir de España y así hacer ineficaz la orden de busca y captura» dictada por la Audiencia Nacional.
Durante su declaración, el histórico militante donostiarra ha contado a preguntas de su abogado que cuando salió de prisión en abril de 2011 y luego la Audiencia Nacional volvió a decretar su reingreso alegando «un error» en el cómputo de las condenas él estaba en casa de su hija en Hendaia y «nadie» fue a buscarle allí.
Como consideraba que volver a la cárcel era una «injusticia» porque ya había cumplido 24 años y se le había aplicado la doctrina Parot –posteriomente anulada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos– decidió marcharse a Londres, donde fue arrestado en junio de 2012.
«Ni yo me puse en contacto con ellos, ni ellos se pusieron en contacto conmigo. Jamás he tenido contacto desde que he salido», ha señalado respecto a su relación con ETA. Antton Troitiño fue extraditado al Estado español en mayo de 2017.
Francia entrega a España los documentos y armas incautadas a ETA durante 20 años
El traslado pretende potenciar la investigación de los crímenes de la banda terrorista sin resolver judicialmente.
Fotografía
de archivo de agentes de la Policía francesa examinando uno de los
zulos con armamento y munición de ETA. REUTERS/Regis Duvignau
Las autoridades
judiciales francesas, en colaboración con el Gobierno de Francia, han
entregado a España los efectos, documentos y armas incautados a la banda terrorista ETA en los últimos 20 años y que se hallaban en los procedimientos judiciales del país galo.
Según ha informado el Ministerio del Interior en un comunicado, la entrega ─bautizada por los agentes como operación Mémoire vivante─
se compone de documentos, miles de efectos de ETA y más de 300 armas y
piezas de armas de todo tipo que serán objeto de estudios balísticos para cotejarlas con atentados sin esclarecer cometidos en España.
Los documentos y efectos fueron trasladados desde París a Madrid entre los días 5 y 6 de febrero
mediante un convoy de camiones de la Guardia Civil con la máxima
confidencialidad por razones de seguridad. Todo el material ya se
encuentra almacenado y custodiado en España.
El traslado a España pretende potenciar la
investigación de los crímenes de ETA sin resolver judicialmente, así
como contribuir a dignificar la memoria de las víctimas ya que todo el
material será puesto a disposición del Centro Memorial de las Víctimas de Terrorismo con sede en Vitoria.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional se
encargará de coordinar los trabajos de investigación. En total son unos
cincuenta sumarios instruidos por la justicia francesa, concluidos
definitivamente, y cuyos elementos de prueba han sido cedidos al
Ministerio del Interior español. Se trata, ha señalado Interior, de los sumarios de mayor relevancia de los últimos años,
que se corresponden con las operaciones antiterroristas más importantes
llevadas a cabo por la policía francesa en colaboración con los
servicios de información españoles.
Los expertos esperan encontrar datos
relevantes sobre el funcionamiento interno de ETA, decisiones
estratégicas, autocríticas sobre la realización de atentados
terroristas, datos sobre la extorsión conocida como "impuesto
revolucionario", notas internas de aparatos y comandos de ETA,
información sobre potenciales objetivos, etc. Sólo en papel hay más de 40.000 folios de documentación, a lo que habría que añadir los documentos en formato digital, de gran capacidad de almacenamiento.
El Ministerio de Interior ha destacado el
"considerable valor histórico" del material que compone la entrega por
las informaciones que puedan extraerse sobre las estrategias y tácticas
seguidas por ETA durante esos años, "que podrían desmontar parte del
relato del conflicto que se pretende imponer desde aquellos que fueron
protagonistas o cómplices del azote terrorista que durante tantos años
padeció la sociedad española".
País Vasco: La cercana disolución de ETA abre la puerta a nuevos acuerdos sobre víctimas y presos
Se prevé que su disolución, que podría llevar el
nombre de "desmovilización", se producirá en el junio próximo. Con esa
fecha sobre la mesa, representantes políticos y mediadores coinciden en
augurar que a lo largo de 2018 podrían darse pasos en torno a
"cuestiones aún pendientes".
Agentes
de la Policía francesa examinan uno de los zulos con armamento y
munición de ETA cuya ubicación se reveló el 8 abril de 2017, en el
llamado Día del Desarme. REUTERS/Regis Duvignau
El próximo verano
vasco será inolvidable. De momento no hay experta ni experto que
arriesgue una predicción sobre cuántos días de sol habrá, pero lo que ya
casi nadie duda es que la temporada estival ofrecerá un titular de
relevancia histórica: ETA bajará definitivamente la persiana. Se
cerrará así un proceso abierto en octubre de 2011, cuando anunció el
cese de la violencia, y que continuó en abril de 2017 con su particular
entrega de las armas a mediadores civiles. Ahora sus miembros debaten
cómo anunciar el adiós, un adiós que -según coinciden en señalar
distintas fuentes- llegará, como tarde, al término de este curso
político. Léase en junio.
"Antes del verano habrá una declaración fuerte", aseguró a Público un
experimentado mediador internacional que sigue de cerca el proceso de
paz en Euskadi. Ese inminente fin también es confirmado por el portavoz
del Foro Social Permanente –una plataforma que trabaja en el
ámbito vasco para consolidar el nuevo escenario-, Agus Hernán. "Según
datos que manejamos, tanto por la comunidad internacional como por lo
que ha dicho la propia ETA, antes de que finalice el curso político se
va a producir la desmovilización de esta organización. No tenemos más
datos, y además queremos que lo que estamos trabajando se trate con
discreción", afirmó.
La elección del término "desmovilización"
por parte de la actual dirección de ETA tiene una buena dosis de
simbolismo, ya que le permitirá situar su disolución en el marco de los
estándares “DDR” (Desarme, Desmovilización, Reintegración) que reconoce
la ONU para los conflictos de carácter violento. "Sea cual sea la forma
en que se haga esto, nos parece que ese mensaje tiene que ser
concluyente y transparente", remarcó Hernán, quien subrayó que la
declaración final de la organización armada "debe tener una lectura
crítica, compartida y constructiva". "Si contiene esos elementos
-indicó-, será una gran aportación a la convivencia de este país".
"El desenlace del debate de ETA
sobre su futuro va a ser determinante y abrirá un antes y un después en
el panorama político vasco"
Más allá de las hipótesis, actualmente existe total certeza entre los actores políticos y sociales del País Vasco en torno a la irreversibilidad del proceso que se abrió en el otoño de 2011
con la declaración de cese de la violencia y que ahora, casi siete años
después, acabará con su disolución (o desmovilización). "El desenlace
del debate de ETA sobre su futuro va a ser determinante y abrirá un
antes y un después en el panorama político vasco", señala a este
periódico Rufi Etxeberria, uno de los responsables de Sortu que sigue
muy de cerca la evolución del proceso de paz. "Estamos ante algo
histórico, ya que va a suponer la desaparición del escenario político
vasco y estatal de una organización que durante los últimos sesenta años
ha tenido una incidencia directa. Eso nos coloca en una situación
absolutamente nueva", subraya.
Una vez producido ese desenlace, quedarán
encima de la mesa varios aspectos por cerrar. Mientras que Etxeberria
reivindica la necesidad de buscar "acuerdos de envergadura" para buscar
salidas "de manera progresiva" a los presos, desde el Foro Social
Permanente –que mantiene contacto con la mayoría de los partidos vascos-
sostienen que la desmovilización "ayudará a desatascar" distintas
cuestiones. Una de ellas será el cambio de política penitenciaria –con el acercamiento de los reclusos condenados por terrorismo a cárceles próximas a Euskadi-, así como el estudio de las posibles vías legales que permitan el retorno de los deportados y huidos.
Este último aspecto fue abordado los pasados 26 y 27 de enero en una
conferencia celebrada por el Foro en la localidad de Irun, y se prevé
que sus conclusiones sean presentadas en marzo próximo.
Del mismo modo, Agus Hernán avanzó que
durante los próximos meses se producirán “una serie de actos” en torno a
las víctimas y la convivencia, fruto del “trabajo discreto” realizado
hasta ahora por el Foro Social. “Es preciso que el tratamiento de este
aspecto salga de las posiciones de trincheras, para así permitir
alimentar el carril central de la necesaria reconciliación social”,
señaló el portavoz de esta organización durante una comparecencia
celebrada el pasado miércoles. En tal sentido, anunció que en octubre
próximo se realizará una conferencia bajo el título "Derecho a conocer la verdad: mecanismos de reconocimiento y reparación para las víctimas".
El papel de los partidos
Esos aspectos también son objeto de análisis y debate en el Parlamento Vasco, donde actualmente está en funcionamiento una ponencia sobre memoria y convivencia.
Allí están presentes todos los partidos menos el PP, que declinó
participar por sus diferencias con EH Bildu. "El uso del término
desmovilización resulta hasta gracioso. Lo que tienen que hacer es
disolverse a todos los efectos, sin buenismos", afirmó a Público el
parlamentario popular Carmelo Barrio, quien ya tiene su diagnóstico
sobre cómo será el final: "se disolverán, habrá dos días de información
periodística y seguido se olvidará todo el mundo. Si ETA aún tiene algo
de relevancia es por el terrible dolor causado a este país", apuntó.
Desde el PNV, partido que ostenta la
mayoría en el Parlamento de Vitoria, consideran que "el final de ETA
debe ser fundamentalmente claro". "Lo que esperan la sociedad y la
política vasca es que ese final de ETA sea efectivo y definitivo. Que
le llamen como quieran: 'desmovilización' o 'disolución', pero que
quede claro que, a partir del momento en que hagan ese anuncio, ETA ha
dejado de existir", señalaron a este periódico fuentes del Euskadi Buru Batzar, el máximo órgano de dirección de la formación nacionalista.
En ese contexto, el partido de Iñigo Urkullu cree que tras la desaparición de la organización armada habrá tres grandes tareas pendientes:
"una reflexión crítica y compartida sobre la injusticia del daño
causado por el terrorismo y la violencia; un cambio en la política
penitenciaria y de reinserción; y un consenso de presente y de futuro en
la ponencia parlamentaria sobre memoria, víctimas y convivencia".
Los partidos deben "gestionar este tipo de asuntos huyendo del reproche y la confrontación"
Esos
criterios también son compartidos por el PSE, su socio de gobierno. "La
ponencia de memoria y convivencia del Parlamento ya ha situado la
atención a las víctimas del terrorismo como una cuestión prioritaria",
señala el portavoz socialista, José Antonio Pastor. A su criterio, "el reconocimiento del daño causado es una de las tareas pendientes que aún tienen los presos de ETA".
Del mismo modo, el PSE defiende un "cambio
en la política penitenciaria" que permita "un acercamiento de los presos
a las cárceles vascas para que tomen conciencia sobre cuál es la
realidad en la que en algún momento, cuando cumplan sus condenas, se
reinsertarán". "Deben ver que la sociedad vasca ya no es aquella que
ellos imaginaron, sino que es una sociedad democrática que ha apostado
por la paz y la reparación a las víctimas2, remarcó Pastor.
Por su parte, el responsable de Acción Política de Podemos Euskadi, Sergio Campo,
coincidió en señalar que tras el final de ETA aún habrá "una multitud
de cuestiones por resolver, desde aspectos relacionados con la política
penitenciaria hasta otras cuestiones vinculadas a verdad, justicia y
reparación". "Eso significa que toda vulneración de derechos humanos que
se haya producido sea reconocida y forme parte de un relato compartido y
veraz", explicó. En esa línea, Campo resaltó que los partidos deben
"gestionar este tipo de asuntos huyendo del reproche y la
confrontación". "La sociedad vasca se puso a construir hace ya tiempo.
Curiosamente, son las instituciones y los partidos los que van por
detrás de la sociedad", lamentó.
País Vasco: González y Aznar pagaron a países de África y América Latina a cambio de controlar a deportados de ETA
Las expulsiones empezaron a producirse en 1984 tras
un acuerdo alcanzado entre los gobiernos de España y Francia. A día de
hoy, una veintena de personas se encuentran en un "limbo jurídico",
aseguran desde el Foro Social. Este viernes y sábado se valorará su
situación en un encuentro que se celebrará en Irun.
Manifestación para el acercamiento de los presos de ETA a País Vasco. / MIGUEL TOÑA /EFE
Hay cosas que se
arreglan con dinero. Por ejemplo, la suerte de varias decenas de
ciudadanos vascos acusados de terrorismo allá por los años ochenta, una
época en la que el GAL hacía justicia por mano propia y mataba a los
sospechosos. A cambio de generosas "ayudas al desarrollo", varios países
africanos y latinoamericanos se convirtieron en el destino de los
miembros de ETA que fueron deportados gracias al acuerdo alcanzado por
los gobiernos de Felipe González y François Miterrand en 1984. Hoy, 44
años después, una veintena de ellos busca vías legales para volver a
Euskadi.
Sus historias estarán muy presentes este viernes y sábado en la localidad fronteriza de Irun, donde el Foro Social Permanente,
una entidad dedicada a la búsqueda de acuerdos en torno al nuevo
escenario de paz abierto en el País Vasco, analizará posibles soluciones
para quienes aún componen el colectivo de deportados. A lo largo de
ambas jornadas, abogados penalistas, expertos internacionales e incluso
ex deportados participarán en distintas mesas redondas.
"Estamos hablando de personas que tienen suspendidos sus derechos civiles y políticos", señaló a Público la
periodista y portavoz del Foro Social, Teresa Toda, quien consideró que
la situación de todas ellas "ha sido bastante invisible hasta ahora".
Sin embargo, las cosas están cambiando en Euskadi: hace más de seis
años que ETA abandonó la violencia, en abril pasado entregó las armas y
todo indica que en los próximos meses se producirá su cierre definitivo.
En ese contexto, Toda sostiene que ante una situación "totalmente
diferente" deben buscarse "soluciones imaginativas" para estos casos. En
otras palabras, sugiere que el gobierno español debería desactivar la
"política de excepción" aplicada contra los miembros de ETA, tanto a
nivel de las cárceles como en materia de deportación.
Para entender este asunto hay que retroceder
hasta julio de 1983. Fue entonces cuando el GAL, en su acta
fundacional, puso en su punto de mira "los intereses franceses en
Europa" por la negativa de su gobierno a extraditar a los sospechosos de
pertenecer a ETA que se encontraban en su territorio. "Las
deportaciones de miembros de ETA se iniciaron en 1984, cuando Francia
aceptó colaborar, por primera vez, en la lucha antiterrorista con
España. Como no estaban seguros de la reciente democracia española le
ofrecieron el trato al gobierno español de deportar a los vascos en
lugar de extraditar, a lo que España aceptó encantada", señala la
historiadora Susana Panisello Sabaté en un informe publicado en la revista de la Asociación Historia Actual en 2014.
"El envío más numeroso se produjo por final de las conversaciones de paz entre ETA y el gobierno en 1989 en Argel"
La investigadora destaca que esa medida "fue usada de forma reiterada entre 1984 y 1990", periodo en el que fueron deportadas "unas setenta personas a diez países diferentes".
Los destinos se repartieron entre América Latina (Panamá, Ecuador,
República Dominicana, Cuba y Venezuela) y África (Cabo Verde, Gabón,
Argelia, Sao Tomé y Togo). "El envío más numeroso se produjo como
consecuencia del final de las conversaciones de paz entre ETA y el
gobierno español que tuvieron lugar en 1989 en Argel", indica. A raíz
del fracaso de aquel proceso de diálogo, España logró que Argelia
enviara a un buen número de miembros de la organización armada –"la
mayoría expulsados de Francia en 1987", recuerda Panisello- a República
Dominicana y Cabo Verde.
A cambio de recibir a los deportados, los
gobiernos de turno en los países de acogida recibieron varios millones
en concepto de créditos del Fondo de Ayuda al Desarrollo (FAD).
"Desde 1977, año en que se crearon los FAD, hasta 1985, año en que se
creó la Secretaría de Estado de cooperación Internacional que regulaba
las concesiones de dichos créditos, España no tuvo que dar ninguna
explicación" sobre qué países recibían esas ayudas, apunta la
investigadora en su informe.
Su estudio contiene otro dato revelador:
entre 1977 y 2002, ocho de los diez países que acogían a deportados
formaban parte de la lista de receptores de esos créditos. La autora
cita un documento elaborado por Mariano González y José María Larru para
el Instituto Complutense de Estudios Internacionales, en el que se
cifra los créditos recibidos por países como Argelia (376.706 millones
de euros), Ecuador (296.260 millones) o Venezuela (200.103 millones) a
lo largo de ese periodo. Mientras España inyectaba ese dinero, los
gobiernos que lo recibían se encargaban de mantener controlados a los
miembros de ETA que se encontraban en sus respectivos territorios.
"Limbo jurídico"
Sin embargo, el dinero no ha sido suficiente
para solucionar la situación de un buen número de deportados. "Con el
paso de los años las deportaciones se enquistaron y desde los diferentes
gobiernos españoles no se sabía cómo resolverlas. Tanto que, a día de
hoy, todavía hay vascos que fueron expulsados a terceros países en
los ochenta que permanecen en sus lugares de deportación esperando una
resolución colectiva que España nunca ha afrontado", escribió Panisello.
"Los deportados quedaron en esos países en un limbo jurídico"
Mientras
apura los detalles del acto que comenzará este viernes en Irun, Teresa
Toda refuerza esa tesis. "Los deportados quedaron en esos países en un
limbo jurídico, porque eran acuerdos políticos y administrativos entre
gobiernos, pero sin una base legal", recordó. A día de hoy, señala la
portavoz del Foro Social, "todavía hay una veintena de personas que,
debido a que no tenía un estatus legal, tampoco ha conseguido papeles en
esos países".
La vuelta de los huidos
Asimismo, en el encuentro de Irun se
hablará también sobre los denominados "huidos" de ETA y su posible
regreso a Euskadi. "Algunas han ido volviendo en los últimos años porque
ya no tenían causas en la Audiencia Nacional, pero aún existe un grupo
de personas que continúa en esa situación, y debe valorarse como se hace
frente a este tema", señaló Toda.
El pasado 2 de octubre, el Foro Social Permanente mantuvo un "encuentro preparatorio" con el denominado Colectivo de Huidos Políticos Vascos
(EIPK, por sus siglas en euskera), cuyo portavoz, Jon Irazola,
participará en la conferencia de este viernes y sábado. En la anterior
reunión, el EIPK hizo una "radiografía de la situación": "se trata de un
colectivo compuesto por entre 85 y 100 personas. De ellas, 20 se
encuentran en situación de deportación. La mayoría tienen más de 60 años
y bastantes están aquejados de enfermedades más o menos graves",
recordaron desde el Foro en la convocatoria enviada para el acto de
Irun.
Denunciaron además que los huidos y
deportados "se encuentran en una situación de inseguridad, dado que sus
abogados no pueden acceder a sus dosieres jurídicos en la Audiencia
Nacional". En declaraciones a Público, Toda adelantó cuáles son
algunas de esas trabas. "Hay casos que ya estarían prescriptos y las
personas en cuestión podrían regresar, pero la Audiencia decreta el
secreto de sumario para dificultar el trabajo de sus abogados", explicó.
La solución no será sencilla.
Marea humana en Bilbao contra la dispersión de presos: "Somos los daños colaterales de los que apenas se habla"
Cerca de 95.000 personas se movilizan en Euskadi para
pedir el cese de las medidas de excepción que aún se aplican contra
unos 300 presos de ETA. En Francia, el gobierno de Macron ha aceptado
estas demandas y empezará a trasladar a casi 60 reclusos a cárceles
próximas al País Vasco.
Manifestación por el cese de las medidas de excepción contra unos 300 presos de ETA.- D. A
A sus 24 años,
Ekai Prieto acumula en su espalda cientos de miles de kilómetros. No es
ciclista. Tampoco corre maratones. Es, simplemente, uno de los hijos de
la dispersión carcelaria. “Somos los daños colaterales de los que apenas
se ha hablado”, explica. Hasta hace un par de meses, su padre era uno
de los tantos presos de ETA a los que el Estado, contraviniendo su
propia legislación, encerró lo más lejos posible de su familia. Ahora
Ekai se está acostumbrando a algo bastante “extraño”: para abrazar a su
aita sólo tiene que abrir la puerta de casa. Extraño, porque durante la
mayor parte de su vida tenía que atravesar España para verle cuarenta
minutos a través de un cristal.
Este sábado, Ekai recorrió el kilómetro y
medio que separa al Parque de la Casilla del ayuntamiento de Bilbao para
pedir, una vez más, que no haya más “niños de la mochila”. Así se ha
denominado a los 113 chavales que aún tienen a sus padres en la cárcel
por delitos vinculados a ETA y que se ven obligados a realizar largas
distancias para poder verles. “Nosotros somos una consecuencia más de
este conflicto. No hemos sido acusados ni sentenciados, pero
desgraciadamente llevamos la carga de la condena que recibieron nuestros
familiares”, comentó a Público.
"No fuimos acusados ni sentenciados, pero llevamos la carga de la condena de nuestros familiares"
La
convocatoria lanzada por la plataforma ciudadana Sare (que tiene como
portavoz al ex consejero de Justicia del Gobierno Vasco, Joseba
Azkarrakaga) ha recibido el apoyo de una inmensa columna humana que, al
igual que en años anteriores, ha vuelto a paralizar el centro de Bilbao
para reclamar un cambio urgente en la política penitenciaria del
gobierno del PP. “Estamos preparados. Derechos humanos, solución, paz”,
rezaba la pancarta que abría la movilización y que, a medida que
avanzaba, era recibida con aplausos por las personas que abarrotaban los
costados de la Avenida Autonomía. En una fría y lluviosa tarde, había
tanta gente como paraguas. Eran decenas de miles. Hasta 95.000, según el
recuento del portal Naiz.info.
Algunas horas antes de esta manifestación,
los familiares de los 59 presos que se encuentran en Francia recibieron
una noticia alentadora: según publicaron los diarios del grupo Vocento,
el gobierno de Macron iniciará en las próximas semanas el acercamiento
de los reclusos a las prisiones de Mont de Marsan y Lannemezan, los dos
establecimientos penitenciarios más próximos al País Vasco francés. Esta
decisión fue confirmada a Público por el activista Txetx Etcheverry, uno de los Artesanos de la Paz que
participó en el desarme de ETA y que ahora forma parte de la delegación
vasca que mantiene un hilo abierto con el ministerio de Justicia
francés.
"El gobierno francés se ha dado cuenta que no puede seguir aplicando una política de guerra"
“Los
presos vascos que están en el Estado francés han hecho demandas
individuales, las cuales han sido transmitidas al ministerio de
Justicia. Esperamos que en las próximas semanas se produzcan los
primeros acercamientos de presos”, comentó Etcheverry en una
conversación telefónica con este periódico. Como era previsible, esta
medida del Ejecutivo de Macron fue muy comentada a lo largo de la
manifestación de este sábado en Bilbao, donde los participantes
reclamaron un gesto similar por parte del gobierno de Rajoy.
"Estamos ante una buena noticia, y estamos
convencidos de que a lo largo de 2018 habrá más", valoró antes de
comenzar la manifestación el dirigente de EH Bildu Arnaldo Otegi. "La
izquierda independentista seguirá trabajando", afirmó. No era el único
político vasco presente: también estaba el nuevo secretario general de
Podemos Euskadi, Lander Martínez, y su antecesora, la diputada Nagua
Alba, entre otros integrantes de la formación morada. Asimismo, junto a
la pancarta estaban el diputado de ERC Joan Tardá y el ex parlamentario
de la CUP David Fernàndez.
“No creo que (el acercamiento de presos en
Francia) sea una cuestión de ritmos, sino de voluntades y decisiones
estratégicas de Estado. El gobierno francés se ha dado cuenta que no
puede seguir aplicando una política de guerra”, señala la ex presa
Oihana Garmendia, quien actualmente ejerce de portavoz de “Kalera
Kalera”, una dinámica lanzada por la izquierda abertzale para denunciar
la realidad que aún existe en el interior de las cárceles.
En tal sentido, Garmendia incide en el
discurso del ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, quien “dijo que
los presos de ETA no debían esperar ser más ni menos que los demás”.
“Eso mismo es lo que estamos pidiendo –subrayó-, que no se les aplique
la legislación ordinaria y que se les reconozcan sus derechos”. “El
único camino para pasar a una situación de paz y convivencia en la
sociedad vasca es el diálogo, y todas las partes deben dar pasos”,
afirmó.
Beatriz Talegón lee el manifiesto
La gigantesca manifestación acabó en las
escalinatas del ayuntamiento de Bilbao, donde la red ciudadana Sare dio
conocer un manifiesto. La lectura del texto en castellano estuvo a cargo
de la ex militante socialista Beatriz Talegón, quien mostró su apoyo
hacia las reivindicaciones de los familiares de presos. Su voz sirvió de
altavoz para denunciar una "política penitenciaria cruel, basada en el
odio y la venganza".
"Estamos dando pasos en firme hacia el
cierre de la etapa de muchas violencias, caminandi hacia una paz justa,
hacia la convivencia y hacia una salida democrática a un conflicto que
ha causado mucho sufrimiento en nuestro país", afirmó. En esa línea, la
declaración leída por Talegón (la versión en euskera fue dada a conocer
por el periodista Kike Amonarriz) destacaba además que "la sociedad
vasca quiere pasar página, sin desmemoria alguna, con la factura de ña
justicia revisada, pero con la generosidad exigible para cerrar una
historia de violencias que nos duele colectivamente y que comenzó allá
por 1936, llegando hasta nuestros días".
"El gobierno español hace de la ley su
santo y seña, pero la incumple sistemáticamente. Eso demuestra su
naturaleza represora, corrupta y mentirosa. Su origen se ancla
firmemente en la genética franquista que solamente merece nuestro
desprecio", subrayó.
Asimismo, en el manifiesto final también
hubo palabras de apoyo y solidaridad hacia los políticos catalanes
presos. Las hubo en euskera y castellano, pero también en catalán.
Abajo, entre el público, estaba, Xavi Sànchez, hermano de Jordi Sànchez,
el presidente de la Asamblea Nacional Catalana (y ahora diputado electo
de Junts X Catalunya) que se encuentra en prisión.
Mirando hacia el Estado
Antes de llegar al ayuntamiento, el
activista del Foro Social Permanente –una organización que busca ejercer
de mediadora para agilizar la consolidación de la paz- Agus Hernán no
dejaba de mirar hacia la multitud. “La participación de la sociedad
civil ha sido y será fundamental”, reflexionó. Por eso mismo, incidió en
la importancia de “generar una corriente de opinión en el Estado
español favorable al fin de la política de excepcionalidad penitenciaria
contra los presos vascos”.
Ekai Prieto, el chaval que creció con su
padre preso, lo dice con otras palabras. “Durante muchos años tuvimos un
problema político que no se ha abordado correctamente. Tenemos que
darnos cuenta que hubo víctimas de los dos lados, que tenemos que hablar
y que esto no puede volver a ocurrir jamás”, remarcó.
PNV, PSE y PP votan en contra de empezar a debatir una Ley de Memoria Histórica Vasca
El Parlamento de Gasteiz ha
rechazado empezar a debatir una Ley de Memoria Histórica Vasca para
reconocer y reparar a las víctimas del franquismo, una iniciativa
presentada por EH Bildu que ha contado con el rechazo de PNV, PSE y PP.
|GASTEIZ|2018/02/08 11:26
Julen Arzuaga ha sido el encargado de defender la iniciativa de EH Bildu. (Juanan RUIZ/ARGAZKI PRESS)
EH Bildu ha llevado al pleno del Parlamento de Gasteiz una
proposición de Ley Vasca de Memoria Histórica para el Reconocimiento y
Reparación Integral de las Víctimas del Franquismo, que buscaba
«liquidar la deuda que aún tenemos como sociedad con las víctimas del
franquismo». La formación planteaba el reconocimiento de todas las
víctimas desde el 18 de julio de 1936 hasta el 29 de diciembre de 1978,
fecha en que entró en vigor la actual Constitución española.
La tramitación de la propuesta no ha salido adelante, al votar PNV, PSE y PP en contra de la toma de consideración de la ley. Elkarrekin Podemos sí la ha apoyado.
A lo largo de 45 artículos, la ley pretendía garantizar los derechos de las víctimas al conocimiento de la verdad, al reconocimiento y la reparación, a la justicia y a la memoria, así como a la no repetición de los hechos padecidos, entre los que se encontraba el asesinato en forma de ejecución judicial y extrajudicial, el trabajo esclavo, la tortura y los malos tratos, la sustracción de bebés y el encarcelamiento e internamiento en campos de concentración.
En la propuesta EH Bildu incluía una serie de indemnizaciones que llegaban a los 500.000 euros en caso de gran invalidez y a los 250.000 euros por fallecimiento, en los casos de personas víctimas entre 1959 y 1978, al equipararse con las cuantías recogidas para las víctimas del terrorismo. En el periodo anterior, entre 1936 y 1959, las indemnizaciones eran menores porque, entre otras razones, la coalición recordaba que son víctimas que ya están reconocidas por anteriores decretos.
El Consejo de Gobierno de Lakua emitió el pasado 19 de diciembre su criterio desfavorable a la iniciativa legislativa de EH Bildu al considerar que «ignora» la normativa y actuación institucional en la materia, así como la «intensa labor que las instituciones vascas están desarrollando durante los últimos años».
EH Bildu: «Una bofetada»
En el turno de defensa del texto legislativo, el parlamentario de EH Bildu Julen Arzuaga ha acusado al PNV de mantener una actitud «tramposa» con este tema porque su rechazo es «una bofetada en la cara a las víctimas que esperaban que con esta ley se les podían reconocer sus derechos».
Además, ha acusado al PSE de mantener una postura «contradictoria» y cree que los jeltzales se sienten agraviados porque «siente que EH Bildu hace cosas con la voluntad de molestarles pero esta no es nuestra causa, en este caso es buscar el reconocimiento y reparación de las víctimas».
«Si alguien se tiene que sentir agraviado somos nosotros porque de un manotazo y sin argumentos se echa para atrás una iniciativa necesaria», ha insistido antes de defender que conoce la labor del gobierno en materia de memoria pero cree que es necesario que estas acciones no se hagan de forma «discrecional» sino que tengan un «acomodo legal».
El PNV, «sin ninguna vergüenza»
El parlamentario del PNV Iñigo Iturrate ha dicho que su formación ha votado en contra de la iniciativa «sin ninguna vergüenza», y la rechazado al considerar que se trata de una propuesta «inviable jurídicamente, discriminatoria e inmadura», que además «obvia» todas las políticas públicas de Memoria que las instituciones vascas llevan impulsando «desde hace décadas».
Iturrate ha defendido que el PNV busca una ley «viable, que no suponga un brindis al sol creando falsas expectativas a las víctimas». Además, ha insistido en que el texto de EH Bildu es «pura propaganda» y plantea un debate «para desunir y no conciliar».
Desde Elkarrekin Podemos, su parlamentario Jon Hernández ha justificado el respaldo a la iniciativa de EH Bildu porque considera necesario contar con una legislación «más completa e integral» que permita «cerrar las heridas producidas por la guerra y la dictadura».
«No nos importa quién presente la proposición de ley, lo importante es que esté aquí y que se inicie el trámite», ha defendido antes de criticar la «falta de sensibilidad» de PNV y PSE con estas iniciativas que ha defendido que son una «oportunidad» porque «no está entre los planes legislativos» del Gobierno Vasco impulsar la Memoria Histórica.
Desde el PSE, Rafaela Romero ha defendido que es posible una ley vasca de Memoria Histórica, como la hay en otras comunidades, pero ha rechazado el texto de EH Bildu porque defiende que esta norma se debe hacer sobre «el máximo consenso y apoyo».
El parlamentario del PP Carmelo Barrio se ha mostrado de acuerdo con el criterio desfavorable del Gobierno de Lakua porque cree que el contenido de la iniciativa no tiene «encaje jurídico constitucional posible», «no busca la convivencia sino la propaganda», y se trata de «un ejercicio de búsqueda de la fractura y de debilitar la convivencia».
La tramitación de la propuesta no ha salido adelante, al votar PNV, PSE y PP en contra de la toma de consideración de la ley. Elkarrekin Podemos sí la ha apoyado.
A lo largo de 45 artículos, la ley pretendía garantizar los derechos de las víctimas al conocimiento de la verdad, al reconocimiento y la reparación, a la justicia y a la memoria, así como a la no repetición de los hechos padecidos, entre los que se encontraba el asesinato en forma de ejecución judicial y extrajudicial, el trabajo esclavo, la tortura y los malos tratos, la sustracción de bebés y el encarcelamiento e internamiento en campos de concentración.
En la propuesta EH Bildu incluía una serie de indemnizaciones que llegaban a los 500.000 euros en caso de gran invalidez y a los 250.000 euros por fallecimiento, en los casos de personas víctimas entre 1959 y 1978, al equipararse con las cuantías recogidas para las víctimas del terrorismo. En el periodo anterior, entre 1936 y 1959, las indemnizaciones eran menores porque, entre otras razones, la coalición recordaba que son víctimas que ya están reconocidas por anteriores decretos.
El Consejo de Gobierno de Lakua emitió el pasado 19 de diciembre su criterio desfavorable a la iniciativa legislativa de EH Bildu al considerar que «ignora» la normativa y actuación institucional en la materia, así como la «intensa labor que las instituciones vascas están desarrollando durante los últimos años».
EH Bildu: «Una bofetada»
En el turno de defensa del texto legislativo, el parlamentario de EH Bildu Julen Arzuaga ha acusado al PNV de mantener una actitud «tramposa» con este tema porque su rechazo es «una bofetada en la cara a las víctimas que esperaban que con esta ley se les podían reconocer sus derechos».
Además, ha acusado al PSE de mantener una postura «contradictoria» y cree que los jeltzales se sienten agraviados porque «siente que EH Bildu hace cosas con la voluntad de molestarles pero esta no es nuestra causa, en este caso es buscar el reconocimiento y reparación de las víctimas».
«Si alguien se tiene que sentir agraviado somos nosotros porque de un manotazo y sin argumentos se echa para atrás una iniciativa necesaria», ha insistido antes de defender que conoce la labor del gobierno en materia de memoria pero cree que es necesario que estas acciones no se hagan de forma «discrecional» sino que tengan un «acomodo legal».
El PNV, «sin ninguna vergüenza»
El parlamentario del PNV Iñigo Iturrate ha dicho que su formación ha votado en contra de la iniciativa «sin ninguna vergüenza», y la rechazado al considerar que se trata de una propuesta «inviable jurídicamente, discriminatoria e inmadura», que además «obvia» todas las políticas públicas de Memoria que las instituciones vascas llevan impulsando «desde hace décadas».
Iturrate ha defendido que el PNV busca una ley «viable, que no suponga un brindis al sol creando falsas expectativas a las víctimas». Además, ha insistido en que el texto de EH Bildu es «pura propaganda» y plantea un debate «para desunir y no conciliar».
Desde Elkarrekin Podemos, su parlamentario Jon Hernández ha justificado el respaldo a la iniciativa de EH Bildu porque considera necesario contar con una legislación «más completa e integral» que permita «cerrar las heridas producidas por la guerra y la dictadura».
«No nos importa quién presente la proposición de ley, lo importante es que esté aquí y que se inicie el trámite», ha defendido antes de criticar la «falta de sensibilidad» de PNV y PSE con estas iniciativas que ha defendido que son una «oportunidad» porque «no está entre los planes legislativos» del Gobierno Vasco impulsar la Memoria Histórica.
Desde el PSE, Rafaela Romero ha defendido que es posible una ley vasca de Memoria Histórica, como la hay en otras comunidades, pero ha rechazado el texto de EH Bildu porque defiende que esta norma se debe hacer sobre «el máximo consenso y apoyo».
El parlamentario del PP Carmelo Barrio se ha mostrado de acuerdo con el criterio desfavorable del Gobierno de Lakua porque cree que el contenido de la iniciativa no tiene «encaje jurídico constitucional posible», «no busca la convivencia sino la propaganda», y se trata de «un ejercicio de búsqueda de la fractura y de debilitar la convivencia».
2018/02/10
Iñaki Soto: «Hay que hacer justicia con la familia de Iñigo Cabacas»
Nada más conocerse la sentencia, el director de GARA,
Iñaki Soto fue entrevistado en Info7 Irratia y, al tiempo que hacía una
valoración positiva de la decisión judicial, manifestaba que «nuestro
primer recuerdo es para la familia de Iñigo Cabacas, a quienes no
queremos olvidar porque este juicio ha sido especialmente duro para
ellos, porque han estado con nosotros y porque merecen justicia.
Queremos mostrarles toda nuestra solidaridad». Y añadió que «aunque la
sentencia hubiera sido otra, no cejaremos en nuestra labor profesional y
en la exigencia de justicia».
Acto seguido, Soto dio «muchísimas gracias por la solidaridad que recibimos, enorme y desde sectores muy dispares. Muchas desde nuestra profesión, el periodismo, y también desde otros sectores. Hemos recibido un gran apoyo social, y no sé si lo hemos agradecido suficientemente», consideró.
«Creemos que, a pesar de la sentencia favorable, el hecho de haber sido juzgados ya es un punto de inflexión peligroso. Era muy claro que lo que habíamos hecho nosotros era riguroso, profesional y veraz, pero la ley permitía llevarnos a juicio. Afortunadamente la sentencia corta una vía que podría ser muy delicada para la libertad de expresión y para la libertad de prensa».
Soto añadió que «nuestros derechos y nuestro oficio son muy frágiles, y ahora están en una situación arriesgada», lo que atribuyó no solo a hechos concretos, sino a que «el contexto es muy complicado para la libertad de expresión».
Reflexionó sobre que «el rigor que se nos exige a nosotros no se le exige a ningún responsable ni institucional, ni administrativo ni, como se ha visto, policial. Hay un desequilibrio».
Porque –explicó Iñaki Soto– «el operativo de aquella noche se montó de una forma no profesional e incluso antipolicial», con un «pensamiento sectario» en el que «no se contemplaron ni la seguridad de la gente ni su libertad ni sus derechos».
Soto concluyó que «la sentencia será importante, pero hay que asumir responsabilidades, no en forma de dimisiones, sino de que algo así no puede volver a pasar. Y a la familia de Iñigo Cabacas se le debe una explicación, una petición de perdón y justicia».
Acto seguido, Soto dio «muchísimas gracias por la solidaridad que recibimos, enorme y desde sectores muy dispares. Muchas desde nuestra profesión, el periodismo, y también desde otros sectores. Hemos recibido un gran apoyo social, y no sé si lo hemos agradecido suficientemente», consideró.
Actuar con rigor
El director de GARA consideró «cuanto menos llamativo», que
«el primer juicio por el ‘caso Cabacas’ haya sido el nuestro». Y aunque
la sentencia ha sido en este caso positiva, consideró peligroso para la
libertad de expresión y la libertad de prensa que, tras hacer su trabajo
de forma rigurosa, medios y periodistas acaben sentados en un
banquillo, lo que no deja de ser una forma de intimidación.«Creemos que, a pesar de la sentencia favorable, el hecho de haber sido juzgados ya es un punto de inflexión peligroso. Era muy claro que lo que habíamos hecho nosotros era riguroso, profesional y veraz, pero la ley permitía llevarnos a juicio. Afortunadamente la sentencia corta una vía que podría ser muy delicada para la libertad de expresión y para la libertad de prensa».
Soto añadió que «nuestros derechos y nuestro oficio son muy frágiles, y ahora están en una situación arriesgada», lo que atribuyó no solo a hechos concretos, sino a que «el contexto es muy complicado para la libertad de expresión».
Reflexionó sobre que «el rigor que se nos exige a nosotros no se le exige a ningún responsable ni institucional, ni administrativo ni, como se ha visto, policial. Hay un desequilibrio».
No-repetición
Preguntado sobre si la próxima buena noticia será que se ha
hecho justicia en el caso Cabacas, el director de GARA admitió que «es
difícil predecirlo». Aseguró que hay un daño tremendo causado con la
muerte del joven hincha del Athletic que ya no tiene arreglo, pero
añadió que en el ámbito político y social se pueden tomar decisiones
como que los responsables institucionales «reconozcan el daño causado,
se hagan responsables y adopten medidas para algo así nunca vuelva a
poder ocurrir».Porque –explicó Iñaki Soto– «el operativo de aquella noche se montó de una forma no profesional e incluso antipolicial», con un «pensamiento sectario» en el que «no se contemplaron ni la seguridad de la gente ni su libertad ni sus derechos».
Soto concluyó que «la sentencia será importante, pero hay que asumir responsabilidades, no en forma de dimisiones, sino de que algo así no puede volver a pasar. Y a la familia de Iñigo Cabacas se le debe una explicación, una petición de perdón y justicia».
La Fiscalía no ve ningún delito en la carga policial que mató a Cabacas
La Fiscalía reduce a once líneas de
texto «los hechos» de la noche del 5 de abril de 2012, cuando repetidas
cargas de la Ertzaintza lanzando pelotas en un callejón acabaron con la
muerte de Iñigo Cabacas. Según el escrito para el juicio, «los hechos
relatados no son constitutivos de delito alguno» y «no existiendo delito
no se puede establecer autor».
Donde la jueza instructora, Ana Torres, vio una actuación de
«riesgo inadmisible» por la que decidió abrir juicio por «homicidio
imprudente» contra tres mandos de la Ertzaintza que estaban sobre el
terreno el 5 de abril de 2012 en la carga contra el callejón de María
Díaz de Haro en la que cayó mortalmente herido Iñigo Cabacas; y donde la
Audiencia de Bizkaia encontró motivos para juzgar también a los tres
únicos agentes que han admitido durante la instrucción haber disparado
pelotas de goma por entender que hay «indicios racionales de
participación criminal» en la muerte del hincha del Athletic; en esos
mismos hechos, la Fiscalía no considera que haya «delito alguno» y, por
tanto, «no existiendo delito no se puede establecer autor» que pueda ser
juzgado.
El escrito de la fiscal Pilar Giménez tras la apertura del juicio oral por la muerte de Iñigo Cabacas tras recibir un pelotazo de la Ertzaintza en la cabeza es el colofón a una instrucción en la que la Fiscalía se ha posicionado del lado de la defensa de los mandos y agentes imputados, habiendo mantenido una posición totalmente pasiva durante los interrogatorios de acusados y testigos.
Lo que llama la atención es que hasta la fecha la Fiscalía había basado su posición favorable a los imputados en que no era posible identificar quién había sido el autor del disparo –tampoco pidió la práctica de ninguna prueba para intentarlo– o en poner en duda que el pelotazo fuera consecuencia de las órdenes dadas por los mandos imputados. Sin embargo, en este último escrito asegura que «los hechos relatados no son constitutivos de delito alguno».
Añade que «tras dicho partido una multitud de aficionados acudieron a una especie de plazoleta situada en la calle María Díaz de Haro con salida al fondo por un túnel que desemboca en la calle Licenciado Poza».
Sin mayores explicaciones sobre las causas, la Fiscalía afirma a renglón seguido que «sobre las 23.30 horas de dicho día, se efectuaron por parte de agentes no identificados de la Ertzaintza diversos disparos con pelotas de goma, alcanzando uno de los disparos, cuyo origen no ha podido determinarse, a Iñigo Cabacas Licerazu, que se encontraba en el lugar, impactando en la región cefálica derecha y causando un traumatismo craneoencefálico que provocó su fallecimiento».
Para la Fiscalía, lo ocurrido se resume en estas once líneas, a las que añade que «tras la práctica de las diligencias de investigación durante la instrucción de la causa, no se ha podido determinar el agente que dio la orden de disparar».
La conclusión de la fiscal Pilar Giménez es que «los hechos relatados no son constitutivos de delito alguno» y «no existiendo delito no se puede establecer autor». Por ello, en esta causa por el delito de homicidio por imprudencia «despacha calificación negativa», afirmando que «no procede imponer pena alguna y se interesa la libre absolución» de los tres mandos y tres agentes imputados.
A los suboficiales 1283 y 5351, que mandaban cada uno a la dotación de una furgoneta, les atribuye ordenar disparar «en condiciones que infringían los más elementales principios profesionales básicos de actuación».
El auto de la jueza determina que «se infringieron las normas elementales de prudencia profesional», cuando se disparó a una distancia «suficiente para causar resultados letales», lo que era «mortal de necesidad» si alcanzaba a alguien en el cráneo.
Además, al disparar hacia un callejón sin otra salida que un túnel al fondo, aquello se convirtió en un «lugar de atrapamiento, impidiendo que todos los ciudadanos allí congregados pudieran dispersarse».
Y «en el momento en el que se produjo la carga de disparos con pelota no concurrían circunstancias de grave riesgo» que hicieran necesario su uso.
Al analizar los recursos de los mandos, la Audiencia de Bizkaia dio la razón a la jueza. Y, además, imputó también a los tres agentes que han admitido que dispararon aquella noche, porque cree que es «del todo aventurado y precipitado» su sobreseimiento porque estaban en el lugar y en el momento precisos, de modo que una de las pelotas disparadas por ellos pudo ser la que causara la muerte de Iñigo Cabacas, por lo que hay «indicios racionales de participación criminal» en los hechos.
Hace un año el entonces fiscal jefe del TSJPV, Juan Calparsoro dijo sentir «frustración» por las dificultades que se están produciendo en la investigación de este caso y por el dolor de la familia del fallecido por «el tiempo» transcurrido desde los hechos, sin que «se haya conseguido llegar a juicio». Explicó que había hablado sobre este asunto con la Fiscalía de Bizkaia, respecto a la que manifestó que mantenía una «visión distinta». Aseguró no pretender «imponer» su punto de vista a la Fiscalía vizcaina, aunque recordó que pidió «muchas veces» que «sean más proactivos e impulsen la investigación».
Pero lo que ocurrió finalmente fue que la fiscal jefe de Bizkaia, Carmen Adán, acabó sustituyendo en el cargo a Juan Calparsoro y triunfó su «visión distinta» sobre el caso.I.I.
2018/02/10
La jueza desestima íntegramente la demanda planteada por «Ugarteko»
El escrito de la fiscal Pilar Giménez tras la apertura del juicio oral por la muerte de Iñigo Cabacas tras recibir un pelotazo de la Ertzaintza en la cabeza es el colofón a una instrucción en la que la Fiscalía se ha posicionado del lado de la defensa de los mandos y agentes imputados, habiendo mantenido una posición totalmente pasiva durante los interrogatorios de acusados y testigos.
Lo que llama la atención es que hasta la fecha la Fiscalía había basado su posición favorable a los imputados en que no era posible identificar quién había sido el autor del disparo –tampoco pidió la práctica de ninguna prueba para intentarlo– o en poner en duda que el pelotazo fuera consecuencia de las órdenes dadas por los mandos imputados. Sin embargo, en este último escrito asegura que «los hechos relatados no son constitutivos de delito alguno».
Once líneas de hechos
La fiscal Giménez resume «los hechos» en apenas once líneas en las
que señala que «el día 5 de abril de 2012 se celebró en el campo de
fútbol de San Mamés de la localidad de Bilbao un partido de fútbol de la
competición europea de la UEFA Champions League [en realidad, UEFA
Europa League]».Añade que «tras dicho partido una multitud de aficionados acudieron a una especie de plazoleta situada en la calle María Díaz de Haro con salida al fondo por un túnel que desemboca en la calle Licenciado Poza».
Sin mayores explicaciones sobre las causas, la Fiscalía afirma a renglón seguido que «sobre las 23.30 horas de dicho día, se efectuaron por parte de agentes no identificados de la Ertzaintza diversos disparos con pelotas de goma, alcanzando uno de los disparos, cuyo origen no ha podido determinarse, a Iñigo Cabacas Licerazu, que se encontraba en el lugar, impactando en la región cefálica derecha y causando un traumatismo craneoencefálico que provocó su fallecimiento».
Para la Fiscalía, lo ocurrido se resume en estas once líneas, a las que añade que «tras la práctica de las diligencias de investigación durante la instrucción de la causa, no se ha podido determinar el agente que dio la orden de disparar».
La conclusión de la fiscal Pilar Giménez es que «los hechos relatados no son constitutivos de delito alguno» y «no existiendo delito no se puede establecer autor». Por ello, en esta causa por el delito de homicidio por imprudencia «despacha calificación negativa», afirmando que «no procede imponer pena alguna y se interesa la libre absolución» de los tres mandos y tres agentes imputados.
«Sin la mínima prudencia»
Con una visión muy contraria a la de la Fiscalía, la jueza
instructora, Ana Torres, decidió acusar de «homicidio imprudente» a tres
mandos que estaban aquella noche sobre el terreno. Según su auto, el
oficial 3389 –responsable del sector– permitió primero «con total
inacción» que «los agentes disparasen pelotas a pesarde no cumplirse las
condiciones para hacer uso de tal material, generando un riesgo
inadmisible». Esta actuación se agravó al dar «la orden de cargar cuando
se dirigían al callejón».A los suboficiales 1283 y 5351, que mandaban cada uno a la dotación de una furgoneta, les atribuye ordenar disparar «en condiciones que infringían los más elementales principios profesionales básicos de actuación».
El auto de la jueza determina que «se infringieron las normas elementales de prudencia profesional», cuando se disparó a una distancia «suficiente para causar resultados letales», lo que era «mortal de necesidad» si alcanzaba a alguien en el cráneo.
Además, al disparar hacia un callejón sin otra salida que un túnel al fondo, aquello se convirtió en un «lugar de atrapamiento, impidiendo que todos los ciudadanos allí congregados pudieran dispersarse».
Y «en el momento en el que se produjo la carga de disparos con pelota no concurrían circunstancias de grave riesgo» que hicieran necesario su uso.
Al analizar los recursos de los mandos, la Audiencia de Bizkaia dio la razón a la jueza. Y, además, imputó también a los tres agentes que han admitido que dispararon aquella noche, porque cree que es «del todo aventurado y precipitado» su sobreseimiento porque estaban en el lugar y en el momento precisos, de modo que una de las pelotas disparadas por ellos pudo ser la que causara la muerte de Iñigo Cabacas, por lo que hay «indicios racionales de participación criminal» en los hechos.
Calparsoro pidió más actividad a la fiscal y acabó sustituido
La fiscal Pilar Giménez se ha posicionado durante toda la instrucción
en contra de las peticiones de la acusación particular de la familia de
Iñigo Cabacas y en favor de las defensas de los ertzainas encausados,
adhiriéndose a los recursos de los abogados de los agentes. La abogada
de la familia no ha dudado en señalar en público que la fiscal no ha
solicitado la realización de ninguna prueba, no acudía a los
interrogatorios de los encausados o de los testigos y si estaba presente
permanecía prácticamente muda.Hace un año el entonces fiscal jefe del TSJPV, Juan Calparsoro dijo sentir «frustración» por las dificultades que se están produciendo en la investigación de este caso y por el dolor de la familia del fallecido por «el tiempo» transcurrido desde los hechos, sin que «se haya conseguido llegar a juicio». Explicó que había hablado sobre este asunto con la Fiscalía de Bizkaia, respecto a la que manifestó que mantenía una «visión distinta». Aseguró no pretender «imponer» su punto de vista a la Fiscalía vizcaina, aunque recordó que pidió «muchas veces» que «sean más proactivos e impulsen la investigación».
Pero lo que ocurrió finalmente fue que la fiscal jefe de Bizkaia, Carmen Adán, acabó sustituyendo en el cargo a Juan Calparsoro y triunfó su «visión distinta» sobre el caso.I.I.
2018/02/10
La jueza desestima íntegramente la demanda planteada por «Ugarteko»
El juzgado ha desestimado
íntegramente la demanda de «Ugarteko» contra NAIZ, GARA, su director
Iñaki Soto y su periodista Iñaki Iriondo, y contra la abogada de la
familia de Iñigo Cabacas, Jone Goirizelaia. La sentencia absuelve a
todos los demandados «de las pretensiones deducidas en su contra».
«Ugarteko» pedía 250.000 euros.
El Juzgado de Primera Instancia número 13 de Bilbo ha estimado que
tanto NAIZ, GARA, su director Iñaki Soto y su periodista Iñaki Iriondo,
así como la abogada de la familia de Iñigo Cabacas, Jone Goirizelaia, no
se extralimitaron de sus funciones profesionales en sus actuaciones en
relación con el agente de la Ertzaintza Iñaki Larrea, que la noche de la
muerte de Iñigo Cabacas ejercía las labores de «Ugarteko», coordinando
el operativo policial desde la comisaría de Deustua.
Por tanto, la jueza desestima íntegramente la demanda presentada por el mando policial y absuelve a todos lo demandados. Cabe recordar que el agente 3316, Iñaki Larrea, pedía nada menos que 250.000 euros de indemnización por los daños y perjuicios que supuestamente le han causado las informaciones ofrecidas por GARA y NAIZ y las declaraciones de la abogada de la familia, Jone Goirizelaia. El juicio se celebró en Bilbo el pasado 24 de enero.
En la medida en que la jueza considera que todos los demandados estaban amparados por la libertad de expresión y la veracidad de sus trabajos, la sentencia ni siquiera entra a contrastar y valorar los perjuicios a su salud, vida social y carrera profesional que «Ugarteko» aseguraba padecer.
También se acusaba a GARA y a NAIZ de establecer una conexión directa entre la orden de «entrar con todo» y el pelotazo que a la postre acabó con la vida de Cabacas, cuando hay un auto judicial posterior que describe que el pelotazo se disparó unos minutos antes.
La sentencia sostiene que, de acuerdo a la jurisprudencia existente, «esto no supone que la información no sea veraz porque las fuentes son fiables y auténticas, en ese momento no se tenían datos para poder saber que el impacto de la pelota había sido instantes antes de darse esa orden concreta, de las grabaciones se podía concluir razonablemente esa hipótesis y no se ha vulnerado la presunción de inocencia».
En cuanto a otra media docena de noticias o artículos de opinión publicados en NAIZ y GARA que también se incluían en la demanda interpuesta por «Ugarteko», la sentencia establece que todas ellas están amparadas por la libertad de expresión y que no hubo en ninguna una vulneración del derecho al honor de «Ugarteko», puesto que se ofrecieron datos u opiniones y no se emplearon expresiones injuriosas ni vejatorias contra el impulsor de la demanda.
En primer lugar, la sentencia deja claro que «Goirizelaia no reveló el número de identidad profesional», lo que paradójicamente quedó acreditado en el juicio oral en los dos vídeos aportados a la causa por la propia acusación.
En cuanto a la publicación de la identidad de «Ugarteko», la jueza determina que «el dato tenía interés informativo». Todo lo que se estaba publicando en distintos medios sobre la materia «evidencia que la figura de quien se encontraba al mando del operativo había adquirido gran relevancia pública».
Según recoge la sentencia, «el hecho de ostentar el actor en aquel momento el puesto de mando le convertía en una persona de proyección pública, como funcionario público que desempeñó una labor de dirección y control del dispositivo policial que causó la muerte de un ciudadano».
Como además se produjo una «conexión de los datos con la noticia», queda constatado que en la información de GARA titulada ‘‘Identificado el mando que ordenó entrar con todo’’ «no se han ofrecido por tanto datos fuera de contexto ni la ‘extralimitación morbosa’ a la que se refieren las resoluciones del Tribunal Supremo» para considerar que una noticia vulnera el derecho a la intimidad de su protagonista.
La jueza viene a decir que aunque las informaciones han sido veraces, también hay un auto posterior que fija que el pelotazo fue anterior a la orden de «entrar con todo», o que la identificación de «Ugarteko», aun siendo cierta, también podía haberse evitado, al igual que algunas declaraciones de Jone Goirizelaia, por lo que decide no aplicar el pago de las costas.
La sentencia todavía no es firme. Se puede presentar un recurso de apelación en el plazo de veinte días hábiles.
Por tanto, la jueza desestima íntegramente la demanda presentada por el mando policial y absuelve a todos lo demandados. Cabe recordar que el agente 3316, Iñaki Larrea, pedía nada menos que 250.000 euros de indemnización por los daños y perjuicios que supuestamente le han causado las informaciones ofrecidas por GARA y NAIZ y las declaraciones de la abogada de la familia, Jone Goirizelaia. El juicio se celebró en Bilbo el pasado 24 de enero.
En la medida en que la jueza considera que todos los demandados estaban amparados por la libertad de expresión y la veracidad de sus trabajos, la sentencia ni siquiera entra a contrastar y valorar los perjuicios a su salud, vida social y carrera profesional que «Ugarteko» aseguraba padecer.
«Información veraz»
Uno de los puntos de la demanda de «Ugarteko» se basaba en la
acusación de que las grabaciones de las órdenes policiales dadas la
noche en la que la Ertzaintza hirió mortalmente a Iñigo Cabacas se
habían publicado de forma manipulada, a fin de crear una realidad
distinta a lo verdaderamente ocurrido. Pero la jueza recuerda que la
publicación se hizo en orden cronológico, sin alterarlas y que se
incluyeron las comunicaciones de mayor relevancia.También se acusaba a GARA y a NAIZ de establecer una conexión directa entre la orden de «entrar con todo» y el pelotazo que a la postre acabó con la vida de Cabacas, cuando hay un auto judicial posterior que describe que el pelotazo se disparó unos minutos antes.
La sentencia sostiene que, de acuerdo a la jurisprudencia existente, «esto no supone que la información no sea veraz porque las fuentes son fiables y auténticas, en ese momento no se tenían datos para poder saber que el impacto de la pelota había sido instantes antes de darse esa orden concreta, de las grabaciones se podía concluir razonablemente esa hipótesis y no se ha vulnerado la presunción de inocencia».
En cuanto a otra media docena de noticias o artículos de opinión publicados en NAIZ y GARA que también se incluían en la demanda interpuesta por «Ugarteko», la sentencia establece que todas ellas están amparadas por la libertad de expresión y que no hubo en ninguna una vulneración del derecho al honor de «Ugarteko», puesto que se ofrecieron datos u opiniones y no se emplearon expresiones injuriosas ni vejatorias contra el impulsor de la demanda.
«Relevancia pública»
«Ugarteko» también denunciaba que la abogada Jone Goirizelaia había
dado a conocer públicamente su número de agente policial, lo que después
sirvió a GARA para identificarlo con nombre y apellidos.En primer lugar, la sentencia deja claro que «Goirizelaia no reveló el número de identidad profesional», lo que paradójicamente quedó acreditado en el juicio oral en los dos vídeos aportados a la causa por la propia acusación.
En cuanto a la publicación de la identidad de «Ugarteko», la jueza determina que «el dato tenía interés informativo». Todo lo que se estaba publicando en distintos medios sobre la materia «evidencia que la figura de quien se encontraba al mando del operativo había adquirido gran relevancia pública».
Según recoge la sentencia, «el hecho de ostentar el actor en aquel momento el puesto de mando le convertía en una persona de proyección pública, como funcionario público que desempeñó una labor de dirección y control del dispositivo policial que causó la muerte de un ciudadano».
Como además se produjo una «conexión de los datos con la noticia», queda constatado que en la información de GARA titulada ‘‘Identificado el mando que ordenó entrar con todo’’ «no se han ofrecido por tanto datos fuera de contexto ni la ‘extralimitación morbosa’ a la que se refieren las resoluciones del Tribunal Supremo» para considerar que una noticia vulnera el derecho a la intimidad de su protagonista.
«Sin imposición de costas»
Como se ha comprobado, a lo largo de dieciséis folios la jueza de
Instrucción número 13 de Bilbo desmonta una a una las acusaciones de
Iñaki Larrea contra NAIZ, GARA, Iñaki Soto, Iñaki Iriondo y Jone
Goirizelaia, desestimando íntegramente su demanda. Sin embargo, pese a
ello no castiga al demandante al pago de las costas del proceso.La jueza viene a decir que aunque las informaciones han sido veraces, también hay un auto posterior que fija que el pelotazo fue anterior a la orden de «entrar con todo», o que la identificación de «Ugarteko», aun siendo cierta, también podía haberse evitado, al igual que algunas declaraciones de Jone Goirizelaia, por lo que decide no aplicar el pago de las costas.
La sentencia todavía no es firme. Se puede presentar un recurso de apelación en el plazo de veinte días hábiles.
URUGUAY
La larga e impune “agonía” del criminal coronel Ernesto Avelino Ramas Pereira
por Roger Rodríguez
sábado, 17 de febrero de 2018
El facebook del grupo Vecinos por la Memoria, donde la esposa de Ramas se burla y desafía a que encuentren a su esposo.
Su esposa se burló de grupos de DDHH y los desafió a buscar al torturador quien viajó a Montevideo para exámenes clínicos.
Reproducimos el artículo del periodista Roger Rodríguez originalmente publicado el pasado 26 de enero sobre el supuesto régimen de prisión domiciliaria del torturador de la dictadura Ernesto Ramas y las provocaciones de su esposa Rosa Margarita en las redes sociales. Se ha confirmado que Ernesto Ramas volvió a su casa luego de realizarse exámenes médicos en Montevideo.
El criminal de lesa humanidad coronel (r) Ernesto Avelino Ramas Pereira había abandonado el chalet “Rosemar” de Piriápolis donde debía cumplir prisión domiciliaria por una condena de 25 años de cárcel y los vecinos temían que hubiera fugado luego de sendos posteos en Facebook de su esposa, Rosa Margarita Gaetan González, quien se ríe de las organizaciones de derechos humanos: “no me jodan”... “no vive más acá”, “si quieren búsquenlo jajajajaja”, pero se encontraba en Montevideo para realizarse exámenes clínicos.
Ernesto Ramas fue arrestado el 8 de mayo de 2006 y desde entonces permaneció en el Hospital Militar por “razones de salud”, en una supuesta agonía que le ha permitido eludir siquiera una noche en una celda, a pesar de recibir el 26 de marzo de 2009 una condena a 25 años de cárcel por 28 delitos de homicidio muy especialmente agravados en reiteración real, cometidos en los años de la dictadura militar uruguaya (1973-1985).
El 27 de octubre de 2011 volvió a ser procesado por el homicidio particularmente agravado de María Claudia García de Gelman, nuera del poeta Juan Gelman, y por la sustracción de menor y supresión de estado civil de su hija, Macarena Gelman, hoy diputada nacional; pero desde el 24 de diciembre de 2015, dado su “grave estado de salud”, se le otorgó la prisión domiciliaria en el chalet donde hasta hace una semana habitaba en la ciudad de Piriápolis.
Entre los delitos por los que aún se le indaga, se incluye la desaparición de Washington Barrios en 1974, se presume que estuvo implicado en el caso de los Fusilados de Soca ese mismo año, que participó en el secuestro y desaparición de militantes del PCU en 1975 y en la desaparición de uruguayos secuestrados en Argentina y trasladados a Uruguay donde fueron ejecutados y, probablemente, enterrados en una fosa común.
Los posteos de Rosa Margarita
La esposa de Ramas, Rosa Margarita Gaetán González, publicó sendos posteos de Facebook en los que afirmaba que el torturador ya no vivía en Piriápolis: “Hoy es el día todos con el campo en Durazno muchachos se acabó lo que se daba búsquen a dónde ir a vivir y Vecinos por la Memoria de Piriápolis no me jodan más el Coronel Ramas no vive más acá jajajaja”, escribió en su muro el pasado 23 de enero a las 10.44 horas.
El anuncio también fue escrito por la señora Gaetán González en la propia página facebook “Piriápolis - Vecinos por la Memoria” creada por activistas locales el 30 de julio de 2017 en el marco de una serie de actividades en favor de los derechos humanos en Uruguay: “Les quedó claro el Coronel Ramas no vive más en Rosemar si quieren búsquenlo jajajajaja”, desafió la esposa del torturador.
La prisión domiciliaria del coronel Ramas fue concedida por el juez ejecutor Martín Gesto, quien aceptó los informes médicos de la Cruz Roja (cuya filial en Uruguay fue intervenida por manejos dolosos), del forense Guido Berro y de una junta médica con tres profesionales del Poder Judicial, a pesar de la oposición que sobre el beneficio expresó el Fiscal de Corte, Jorge Díaz. La mujer de Ramas llegó a hacer una denuncia penal ante un “escrache” realizado ante el chalet “Rosemar” en diciembre, pero la justicia no inició acciones.
Luego de otorgado el confinamiento en su chalet de Piriápolis, donde no se le pudo colocar una tobillera electrónica por “falta de señal” y hay versiones de lugareños sobre que habría sido visto en alguna playa cercana “mojando sus pies en el mar”, el expediente sobre Ramas pasó a la órbita de la justicia de Maldonado y su contralor quedó bajo la jurisdicción del juzgado de San Carlos, que la semana pasada habría autorizado el viaje del represor a Montevideo para hacerse exámenes clínicos en el Hospital Militar.
Un tordillo al comando de la OCOA
Ernesto Avelino Rama Pereira, alias "Oscar 1", alias "El Tordillo", alias "El Gallego", alias "Puñales", nació el 7 de febrero de 1936 y su cédula de idantidad tiene el número 707.695-5; ingresó al Ejército el 1° de marzo de 1955, en el Arma de Infantería, y entre el 15 de enero y el 1° de junio de 1962, realizó el curso de “Motor Officer” en la temible Escuela de las Américas en Panamá (SOA), donde se entrenaron los principales represores del continente.
Hasta 1963 estuvo en el Batallón de Infantería 11 (Minas). Como capitán, en 1964 pasa al Servicio de Material y Armamento y en 1972 se desempeña como S2 (inteligencia) en el Batallón de Infantería N° 1, donde se le sindica como uno de los principales torturadores de la dictadura. Desde 1975 actúa como comandante de la Oficina Coordinadora de Operaciones Antisubversivas (OCOA), donde obtuvo el alias de “Oscar 1” y comanda el centro de represión “300 Carlos” del Batallón de Infantería N° 13, donde se produjeron múltiples desapariciones.
En 1976, era uno de los “valpardos” que operaba en la Base Valparaíso, donde fue vista con vida por última vez la joven argentina María Claudia García de Gelman. Rama sería uno de los que dispuso su desaparición y conoce el lugar donde fue enterrada luego de su asesinato. En los años siguientes, cumplió funciones en el centro de torturas de La Tablada y entre 1980 y 1984 fue asignado al Servicio de Material y Armamento, hasta 1985, cuando con la reinstitucionalización del país se desempeñaba en el Comando General del Ejército.
Su extradición fue pedida desde Argentina por el juez Daniel Rafecas por su responsabilidad en la desaparición de María Claudia Gelman, pero permaneció en Uruguay ya que el 11 de setiembre de 2006, cuatro meses después de su arresto, fue procesado junto a la patota de represores del Servicio de Información y Defensa (SID) y la OCOA. De confirmarse una fuga o traslado de domicilio no autorizado, Ramas podría perder sus beneficios y debería pasar, finalmente, a la cárcel común o una prisión especial junto a otros criminales de la dictadura.
Roger Rodríguez
Corte Suprema uruguaya falla a favor de la impunidad
viernes, 16 de febrero de 2018
Declaró inconstitucional la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura cívico-militar.
Se trata de la causa que investiga la desaparición de Eduardo Pérez Silveira. El máximo tribunal uruguayo volvió a fallar declarando inconstitucional los artículos de la norma interpretativa aprobada en 2011, por la cual no se computaría “plazo alguno, procesal, de prescripción o de caducidad, en el período comprendido entre el 22 de diciembre de 1986 y la vigencia de esta ley, para los delitos” cometidos “en aplicación del terrorismo de Estado hasta el 1º de marzo de 1985”.
Este es el segundo fallo a favor de los represores de la dictadura, luego que en setiembre la Corte Suprema emitiera la misma resolución en la causa que investigaba casos de tortura en Tacuarembó.
Al igual que en esa oportunidad la decisión de la Corte se tomó de manera dividida; con tres ministros a favor y dos en contra.
Eduardo Pérez Silveira fue un militante del MLN-Tupamaros que murió a consecuencias de las torturas recibidas luego de ser detenido en el año 1974. Su deceso se produjo en el Hospital Militar en mayo de ese año, pero su cuerpo nunca fue entregado a su familia.
La decisión de la Corte Suprema desconoce que durante la vigencia de la Ley de Caducidad las causas de derechos humanos por delitos y crímenes cometidos durante la dictadura no pudieron ser juzgadas por una decisión política fruto de la presión militar y los acuerdos de todo el régimen político de garantizar la impunidad para los delitos de lesa humanidad.
Esta resolución se suma a las distintas trabas que actúan para evitar justicia; desde causas que no avanzan y están paralizadas en los Juzgados hasta la falta de voluntad política de avanzar en el camino de la verdad, la justicia y el castigo a los culpables.
Hernán Yanes
Declaró inconstitucional la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura cívico-militar.
Se trata de la causa que investiga la desaparición de Eduardo Pérez Silveira. El máximo tribunal uruguayo volvió a fallar declarando inconstitucional los artículos de la norma interpretativa aprobada en 2011, por la cual no se computaría “plazo alguno, procesal, de prescripción o de caducidad, en el período comprendido entre el 22 de diciembre de 1986 y la vigencia de esta ley, para los delitos” cometidos “en aplicación del terrorismo de Estado hasta el 1º de marzo de 1985”.
Este es el segundo fallo a favor de los represores de la dictadura, luego que en setiembre la Corte Suprema emitiera la misma resolución en la causa que investigaba casos de tortura en Tacuarembó.
Al igual que en esa oportunidad la decisión de la Corte se tomó de manera dividida; con tres ministros a favor y dos en contra.
Eduardo Pérez Silveira fue un militante del MLN-Tupamaros que murió a consecuencias de las torturas recibidas luego de ser detenido en el año 1974. Su deceso se produjo en el Hospital Militar en mayo de ese año, pero su cuerpo nunca fue entregado a su familia.
La decisión de la Corte Suprema desconoce que durante la vigencia de la Ley de Caducidad las causas de derechos humanos por delitos y crímenes cometidos durante la dictadura no pudieron ser juzgadas por una decisión política fruto de la presión militar y los acuerdos de todo el régimen político de garantizar la impunidad para los delitos de lesa humanidad.
Esta resolución se suma a las distintas trabas que actúan para evitar justicia; desde causas que no avanzan y están paralizadas en los Juzgados hasta la falta de voluntad política de avanzar en el camino de la verdad, la justicia y el castigo a los culpables.
Hernán Yanes
Larrañaga quiere militares en la calle para combatir el delito
La iniciativa, que no es original, fue lanzada en medio de la conmoción por el asesinato de una trabajadora en La Blanqueada.
El
senador Jorge Larrañaga insistió con la movilización de los militares
para colaborar con la Policía. Seguramente influenciado con la orden de
Michel Temer de dar intervención a las Fuerzas Armadas para “combatir al
delito” en el estado de Rio de Janeiro aprovechó el momento para volver
a marcar su perfil, ya bastante deteriorado en la interna partidaria.
Afirma el líder de Alianza Nacional en su cuenta de Facebook: “Estamos sitiados por la delincuencia, por el narcotráfico y por la violencia indiscriminada”, razón por la que reitera su postura “de utilizar militares para que ayuden a la policía”.
Larrañaga dice que hace ya 15 años que viene alertando sobre esta situación y que ha señalado reiteradas veces que “lo que se estaba viendo en países vecinos, si no se cambiaba la política de seguridad, inexorablemente nos iba a suceder”.
Recuerda el legislador blanco que ha realizado un sinfín de propuestas en las campañas electorales de 2004, 2009 y 2014, pero que el “rol de la oposición es, lamentablemente, acotado”.
“Soy partidario de medidas de fondo cómo lo he planteado y lo vuelvo a realizar. De utilizar militares para que ayuden a la policía, de mayores penas, de luchar barrio a barrio contra el narcotráfico y el delito para que la gente de bien, los honestos, no sean rehenes de los delincuentes y los narcos que hoy mandan y tienen territorio propio” dice Larrañaga.
“El gobierno debe reaccionar. Estamos sitiados por la delincuencia, por el narcotráfico y por la violencia indiscriminada”, reitera.
Finaliza con la conclusión de que “no hay más tiempo. No se puede mirar para el costado ni plantear medias tintas. Es tiempo de tener coraje y determinación. Nosotros seguiremos proponiendo y alertando para que los cambios necesarios, lleguen”.
Posteriormente en su cuenta de Twitter reiteró conceptos similares: “Soy partidario de utilizar militares ayudando a los policías, de aumentar penas, de hacer que se cumplan efectivamente y no sean perforadas por beneficios liberatorios. Estamos sitiados por los delincuentes. El Gobierno debe reaccionar. Hace años que lo venimos sosteniendo”.
Afirma el líder de Alianza Nacional en su cuenta de Facebook: “Estamos sitiados por la delincuencia, por el narcotráfico y por la violencia indiscriminada”, razón por la que reitera su postura “de utilizar militares para que ayuden a la policía”.
Larrañaga dice que hace ya 15 años que viene alertando sobre esta situación y que ha señalado reiteradas veces que “lo que se estaba viendo en países vecinos, si no se cambiaba la política de seguridad, inexorablemente nos iba a suceder”.
Recuerda el legislador blanco que ha realizado un sinfín de propuestas en las campañas electorales de 2004, 2009 y 2014, pero que el “rol de la oposición es, lamentablemente, acotado”.
“Soy partidario de medidas de fondo cómo lo he planteado y lo vuelvo a realizar. De utilizar militares para que ayuden a la policía, de mayores penas, de luchar barrio a barrio contra el narcotráfico y el delito para que la gente de bien, los honestos, no sean rehenes de los delincuentes y los narcos que hoy mandan y tienen territorio propio” dice Larrañaga.
“El gobierno debe reaccionar. Estamos sitiados por la delincuencia, por el narcotráfico y por la violencia indiscriminada”, reitera.
Finaliza con la conclusión de que “no hay más tiempo. No se puede mirar para el costado ni plantear medias tintas. Es tiempo de tener coraje y determinación. Nosotros seguiremos proponiendo y alertando para que los cambios necesarios, lleguen”.
Posteriormente en su cuenta de Twitter reiteró conceptos similares: “Soy partidario de utilizar militares ayudando a los policías, de aumentar penas, de hacer que se cumplan efectivamente y no sean perforadas por beneficios liberatorios. Estamos sitiados por los delincuentes. El Gobierno debe reaccionar. Hace años que lo venimos sosteniendo”.
Salle pide que Vázquez declare medidas prontas de seguridad
El abogado Gustavo Salle pidió hoy en su audición de radio
Fénix que el presidente Tabaré Vázquez tome medidas prontas de seguridad
para paliar la situación de inseguridad que entiende que vive el país,
luego del asesinato de una trabajadora el sábado de un supermercado.
En su argumentación, Salle sostuvo que el gobierno tiene las herramientas constitucionales para asegurar la seguridad de la población, y dijo que la política económica del Frente Amplio, que es “continuadora” de la que llevó adelante la última dictadura militar, produjo esta brecha social que es la causante de estos crímenes. “Mentirosos. No le echen la culpa al pasado. Ustedes hace 15 años que están en el gobierno y profundizan las medidas de la dictadura militar”, disparó.
Sobre los criminales, dijo que se trata de personas “sin sentimientos”, y se privó de usar la palabra “animales”, para no “faltarle el respeto” a la “empatía” que muchos de estos han utilizado en el gobierno.
Respecto a las medidas prontas de seguridad, dijo que “está previsto en la Constitución de la República y van a querer endilgarnos con que somos miliqueros”, advirtio
En su argumentación, Salle sostuvo que el gobierno tiene las herramientas constitucionales para asegurar la seguridad de la población, y dijo que la política económica del Frente Amplio, que es “continuadora” de la que llevó adelante la última dictadura militar, produjo esta brecha social que es la causante de estos crímenes. “Mentirosos. No le echen la culpa al pasado. Ustedes hace 15 años que están en el gobierno y profundizan las medidas de la dictadura militar”, disparó.
Sobre los criminales, dijo que se trata de personas “sin sentimientos”, y se privó de usar la palabra “animales”, para no “faltarle el respeto” a la “empatía” que muchos de estos han utilizado en el gobierno.
Respecto a las medidas prontas de seguridad, dijo que “está previsto en la Constitución de la República y van a querer endilgarnos con que somos miliqueros”, advirtio
