CHILE
Más temprano, el tribunal resolvió el cierre de la investigación
Día negro para La Moneda en tribunales: decretan sobreseimiento definitivo para los mapuche detenidos en la Operación Huracán
por El Mostrador 9 febrero, 2018
Este
viernes el Juzgado de Garantía de Temuco resolvió el sobreseimiento
definitivo de ocho comuneros mapuche que en septiembre del año pasado
fueron detenidos en el marco de la Operación Huracán. El caso estuvo
marcado por la disputa entre el Ministerio Público y Carabineros, luego
de que la fiscalía asegurara que las evidencias para inculpar a estas
personas fueron manipuladas. Específicamente un grupo de mensajes de
Whatsapp, que supuestamente fueron agregados por la policía después de
que los comuneros fueran detenidos, acusados de ataques incendiarios en
la Araucanía.
Carabineros no sólo defiende la veracidad de las pruebas, sino que apunta a la fiscalía como responsable de filtrar datos de la investigación a personas ligadas con la Coordinadora Arauco Malleco. Ambas situaciones son objeto de indagatorias separadas.
Precisamente, la defensa de los inculpados alegó que las pruebas fueron manipuladas y logró convencer al tribunal.
Más temprano, la fiscalía había pedido con éxito, el cierre de la investigación. Esto, contra las intenciones del gobierno, que defendió su continuidad a través de abogados de la Intendencia de la Araucanía. Cabe recordar que la Operación Huracán, motivó un gran despliegue de la Subsecretaría de Interior, incluido un viaje a Argentina para informarse sobre eventuales conexiones, del subsecretario Mahmud Aleuy.
Carabineros no sólo defiende la veracidad de las pruebas, sino que apunta a la fiscalía como responsable de filtrar datos de la investigación a personas ligadas con la Coordinadora Arauco Malleco. Ambas situaciones son objeto de indagatorias separadas.
Precisamente, la defensa de los inculpados alegó que las pruebas fueron manipuladas y logró convencer al tribunal.
Más temprano, la fiscalía había pedido con éxito, el cierre de la investigación. Esto, contra las intenciones del gobierno, que defendió su continuidad a través de abogados de la Intendencia de la Araucanía. Cabe recordar que la Operación Huracán, motivó un gran despliegue de la Subsecretaría de Interior, incluido un viaje a Argentina para informarse sobre eventuales conexiones, del subsecretario Mahmud Aleuy.
Abogado Román: “Huracán es la Operación Michelle Bachelet”
El representante legal de Héctor Llaitul afirmó no tener
dudas de que el gobierno de Chile tiene participación en el montaje, y
por lo mismo, debe responder. El abogado asegura que los fiscales han
desarrollado una estrategia de criminalizar a los mapuche y que en ello
han jugado su parte las policías.
Camilo Villa J.
Miércoles 7 de febrero 2018 18:03 hrs.
El escándalo de la Operación Huracán ha puesto en el tapete
una denuncia constante del pueblo mapuche en cuanto a su conflicto con
el Estado chileno: los montajes de los que han sido víctimas por parte
de las autoridades.
Hoy la principal institución acusada es Carabineros de Chile, producto de las supuestas pruebas que consistían en conversaciones a través de whatsapp entre los implicados. Sin embargo ¿es la policía uniformada la única responsable en estos montajes?
Para conversar sobre el tema, Radio y Diario Universidad de Chile se contactó con Rodrigo Román, abogado de la Defensoría Popular y representante legal de Héctor Llaitul, vocero de la Coordinadora Arauco-Malleco y uno de los supuestos acusados por la Operación Huracán.
Según el abogado, la responsabilidad parte desde el ejecutivo. En ese sentido recordó una reunión efectuada en el sur de Chile el 20 de septiembre del 2017 –sospechosamente a menos de una semana de que estallara el caso de la Operación Huracán, recordó Román- encabezada por el subsecretario del interior, Mahmud Aleuy, en la cual participaron autoridades de Temuco, Concepción y la Región de Los Ríos
“Esa reunión no tiene justificación legal ni constitucional. Si Aleuy encabezó esta importante reunión con los presidentes de las Cortes de Apelaciones de la zona, con los jefes de las policías, con los jefes de la fiscalía, con los abogados del gobierno, entre otros, uno pudiese pensar que hay una trama que viene desde el más alto nivel, en este caso desde el ministerio del interior”.
“No tengo duda alguna que el Gobierno de Chile tiene participación en estos hechos. Este huracán es el huracán Michelle Bachelet” sentenció.
En ese sentido Román recalcó que la imagen de la Presidenta no se ha visto afectada por esta situación ya que ella se encuentra protegida por “los ricos, los poderosos y los medios”, sin embargo no dudó en responsabilizar a su gobierno por llevar adelante “estas acusaciones infundadas”.
El abogado considera lo anterior de una gravedad tremenda, a la cual se le suma otra: que una de las ofertas de campaña de Bachelet para llegar al ejecutivo fue la no aplicación de la Ley Antiterrorista, “y lejos de no aplicarla, han invertido cuantiosos recursos para condenar a los peñis sobre conductas terroristas”.
En cuanto a la responsabilidad del Ministerio Público, el abogado indicó que es evidente el sentimiento anti mapuche que tienen los fiscales, quienes, coludidos con las policías, buscan condenar sin desarrollar la labor investigativa para llegar a un juicio ante un tribunal imparcial con las pruebas necesarias, es decir, no hay debido proceso para ellos.
Para Román la fiscalía de la Araucanía ha jugado un especial papel en la persecución, criminalización y encarcelamiento de centenares de mapuche en distintos casos, sin embargo se evidencia su falta de seriedad porque la gran mayoría de los comuneros acusados de delitos han sido, finalmente, absueltos.
“Te puedo asegurar que la fiscalía y ciertos fiscales como Alberto Chiffelle y Luis Arroyo, han jugado esta estrategia de criminalización y encarcelamiento a priori solamente por la circunstancia de ser mapuche, y al respecto se han coludido con las policías y la inteligencia policial para llevar a cabo distintos montajes desde hace ya montones de años” enfatizó.
Recordó también que en más de 20 ocasiones se ha invocado la ley antiterrorista por parte del Ministerio Público, y en ningún caso han conseguido un veredicto condenatorio por la Ley Antiterrorista, salvo el joven Raúl Castro Antipán, mapuche que fue infiltrado por la Dirección de Inteligencia de Carabineros (DIPOLCAR) para provocar distintos hechos de violencia.
Según Roman, la Policía de Investigaciones (PDI) también debe asumir sus responsabilidades, pues aseguró que también forman parte de los montajes y sin embargo han pasado desapercibidos.
“Hoy la PDI está pasando en silencio, está pasando inadvertida, cuando es la PDI la que encabeza el caso luchsinger-Mackay. Ellos también han jugado un triste y nefasto papel con la muy probable implantación de pruebas también. Porque en este caso lo único que hay es el relato de dos sabuesos de la PDI que dan cuenta de los supuestos dichos que habría señalado José Peralino, una de las personas involucradas”.
El abogado cree que esta situación es un deja vu con lo que fue en su momento el caso de Raúl Castro Antipán. Por eso muestra seguridad con que el segundo juicio a realizarse por este hecho terminará en una absolución de los acusados.
Román también señaló que dada la gravedad del escándalo de la Operación Huracán, todas las altas autoridades implicadas deberían responder y presentar su renuncia.
Viernes 9 de febrero 2018 11:44 hrs.
Viernes 9 de febrero 2018 17:13 hrs.
Hoy la principal institución acusada es Carabineros de Chile, producto de las supuestas pruebas que consistían en conversaciones a través de whatsapp entre los implicados. Sin embargo ¿es la policía uniformada la única responsable en estos montajes?
Para conversar sobre el tema, Radio y Diario Universidad de Chile se contactó con Rodrigo Román, abogado de la Defensoría Popular y representante legal de Héctor Llaitul, vocero de la Coordinadora Arauco-Malleco y uno de los supuestos acusados por la Operación Huracán.
Según el abogado, la responsabilidad parte desde el ejecutivo. En ese sentido recordó una reunión efectuada en el sur de Chile el 20 de septiembre del 2017 –sospechosamente a menos de una semana de que estallara el caso de la Operación Huracán, recordó Román- encabezada por el subsecretario del interior, Mahmud Aleuy, en la cual participaron autoridades de Temuco, Concepción y la Región de Los Ríos
“Esa reunión no tiene justificación legal ni constitucional. Si Aleuy encabezó esta importante reunión con los presidentes de las Cortes de Apelaciones de la zona, con los jefes de las policías, con los jefes de la fiscalía, con los abogados del gobierno, entre otros, uno pudiese pensar que hay una trama que viene desde el más alto nivel, en este caso desde el ministerio del interior”.
“No tengo duda alguna que el Gobierno de Chile tiene participación en estos hechos. Este huracán es el huracán Michelle Bachelet” sentenció.
En ese sentido Román recalcó que la imagen de la Presidenta no se ha visto afectada por esta situación ya que ella se encuentra protegida por “los ricos, los poderosos y los medios”, sin embargo no dudó en responsabilizar a su gobierno por llevar adelante “estas acusaciones infundadas”.
El abogado considera lo anterior de una gravedad tremenda, a la cual se le suma otra: que una de las ofertas de campaña de Bachelet para llegar al ejecutivo fue la no aplicación de la Ley Antiterrorista, “y lejos de no aplicarla, han invertido cuantiosos recursos para condenar a los peñis sobre conductas terroristas”.
En cuanto a la responsabilidad del Ministerio Público, el abogado indicó que es evidente el sentimiento anti mapuche que tienen los fiscales, quienes, coludidos con las policías, buscan condenar sin desarrollar la labor investigativa para llegar a un juicio ante un tribunal imparcial con las pruebas necesarias, es decir, no hay debido proceso para ellos.
Para Román la fiscalía de la Araucanía ha jugado un especial papel en la persecución, criminalización y encarcelamiento de centenares de mapuche en distintos casos, sin embargo se evidencia su falta de seriedad porque la gran mayoría de los comuneros acusados de delitos han sido, finalmente, absueltos.
“Te puedo asegurar que la fiscalía y ciertos fiscales como Alberto Chiffelle y Luis Arroyo, han jugado esta estrategia de criminalización y encarcelamiento a priori solamente por la circunstancia de ser mapuche, y al respecto se han coludido con las policías y la inteligencia policial para llevar a cabo distintos montajes desde hace ya montones de años” enfatizó.
Recordó también que en más de 20 ocasiones se ha invocado la ley antiterrorista por parte del Ministerio Público, y en ningún caso han conseguido un veredicto condenatorio por la Ley Antiterrorista, salvo el joven Raúl Castro Antipán, mapuche que fue infiltrado por la Dirección de Inteligencia de Carabineros (DIPOLCAR) para provocar distintos hechos de violencia.
Según Roman, la Policía de Investigaciones (PDI) también debe asumir sus responsabilidades, pues aseguró que también forman parte de los montajes y sin embargo han pasado desapercibidos.
“Hoy la PDI está pasando en silencio, está pasando inadvertida, cuando es la PDI la que encabeza el caso luchsinger-Mackay. Ellos también han jugado un triste y nefasto papel con la muy probable implantación de pruebas también. Porque en este caso lo único que hay es el relato de dos sabuesos de la PDI que dan cuenta de los supuestos dichos que habría señalado José Peralino, una de las personas involucradas”.
El abogado cree que esta situación es un deja vu con lo que fue en su momento el caso de Raúl Castro Antipán. Por eso muestra seguridad con que el segundo juicio a realizarse por este hecho terminará en una absolución de los acusados.
Román también señaló que dada la gravedad del escándalo de la Operación Huracán, todas las altas autoridades implicadas deberían responder y presentar su renuncia.
Tribunal confirma cierre de investigación por Operación Huracán
En el Juzgado de Garantía de Temuco se desarrolla este
viernes la audiencia que define el futuro del controvertido caso. Luego
de la primera determinación, la defensa de los comuneros mapuches
involucrados pedirá su sobreseimiento definitivo.
Nicolás Massai / Diario Uchile
Viernes 9 de febrero 2018 11:44 hrs.
El Juzgado de Garantía de
Temuco rechazó este viernes la solicitud del Gobierno para que se reabra
la investigación en la llamada Operación Huracán.
En una audiencia que se desarrolla desde las nueve de la mañana, el Ejecutivo -a través de la Intendencia de La Araucanía- solicitó al juez Federico Gutiérrez que la causa contra ocho comuneros mapuches se mantuviera abierta, pero su pedido fue denegado.
En la ocasión, el Ministerio Público ratificó su decisión de no perserverar en la investigación, luego de denunciar que las pruebas presentadas por Carabineros habían sido manipuladas.
“El Ministerio Público, en su carácter objetivo de la persecución penal, con los antecedentes que daban cuenta de múltiples anomalías, decide que no teníamos antecedentes para acusar a los imputados ni decir que eran inocentes. El punto medio, de equilibrio, era la decisión de no perseverar”, argumentó el fiscal Felipe González.
El persecutor consideró que “no corresponde” continuar la investigación, ya que “la información obtenida de los celulares de los imputados está contaminada y esa contaminación nos impide seguir adelante con la investigación, no es por mero capricho de este fiscal”.
La determinación deja sin efecto la formalización de los comuneros mapuches, cuya defensa solicitará ahora que sean definitivamente sobreseídos por el caso que investiga la quema de 58 camiones y predios en la región de La Araucanía.
En una audiencia que se desarrolla desde las nueve de la mañana, el Ejecutivo -a través de la Intendencia de La Araucanía- solicitó al juez Federico Gutiérrez que la causa contra ocho comuneros mapuches se mantuviera abierta, pero su pedido fue denegado.
En la ocasión, el Ministerio Público ratificó su decisión de no perserverar en la investigación, luego de denunciar que las pruebas presentadas por Carabineros habían sido manipuladas.
“El Ministerio Público, en su carácter objetivo de la persecución penal, con los antecedentes que daban cuenta de múltiples anomalías, decide que no teníamos antecedentes para acusar a los imputados ni decir que eran inocentes. El punto medio, de equilibrio, era la decisión de no perseverar”, argumentó el fiscal Felipe González.
El persecutor consideró que “no corresponde” continuar la investigación, ya que “la información obtenida de los celulares de los imputados está contaminada y esa contaminación nos impide seguir adelante con la investigación, no es por mero capricho de este fiscal”.
La determinación deja sin efecto la formalización de los comuneros mapuches, cuya defensa solicitará ahora que sean definitivamente sobreseídos por el caso que investiga la quema de 58 camiones y predios en la región de La Araucanía.
Román: “Esto es una comedia”
Un antecedente determinante fue publicado
por diversos medios de comunicación durante la mañana de este viernes.
Se trata de las declaraciones de dos peritos del Laboratorio de
Criminalística de Carabineros (Labocar), parte de la carpeta
investigativa del fiscal regional de La Araucanía, Cristián Paredes:
ambos funcionarios pusieron en duda la versión de la Dipolcar respecto
de los teléfonos celulares incautados, particularmente el formato en el
que estaban guardados (.txt), cuestión que reafirmó la tesis de las
evidencias “contaminadas” que ha sostenido el órgano persecutor y que
fue desestimada por Carabineros.
Rodrigo Román, representante de Héctor
Llaitul, se mostró tajante y criticó a la totalidad de las instituciones
presentes en la parte querellante: “Llevo dos horas escuchando un
triste espectáculo entre el Gobierno de Chile y el Ministerio Público,
peleándose entre ellos. El espectáculo local todos los conocemos: la PDI
allanando a Carabineros, estos se amotinan. Después Carabineros
persiguiendo a los fiscales. Ahora el Gobierno peleando con los fiscales
aquí. Por favor, esto es una comedia”, aseguró.
A continuación, criticó que algunos
abogados de la parte querellante aún crean en el trabajo que realizó “El
Profesor”, Alex Smith: “Un ingeniero forestal agrícola creó un software
de la calidad que lo hacen los israelíes. ¡Vaya! Podría decirles a sus
jefes que lo contraten no solo para que trabaje en La Araucanía.
Sorprende que los abogados Moya y Osorio vengan a defender su gestión,
ad portas de cesar como empleados del gobierno de turno”.
Por último, el abogado emplazó al
Ministerio Público: “Este tema se podría se haber zanjado y podrían
haber dicho a propósito de las falsedades, porque a ustedes la Unidad
Especializada en Lavado de dinero, Delitos Económicos y Crimen
Organizado les entregó el 28 de diciembre el informe que le dice que las
policías estaban mintiendo. Debieron haberle pedido a su jefe el
sobreseimiento definitivo. Las víctimas son nuestros representados”.
La defensa argumentó que no se hicieron las diligencias pertinentes cuando la causa estaba abierta
Operación Huracán: Tribunal da portazo a solicitud del Gobierno y ratifica cierre de la investigación
por El Mostrador 9 febrero, 2018
El
tribunal de Temuco rechazó reabrir la investigación de la Operación
Huracán, esto luego de concluir que las pericias realizadas a las
pruebas entregadas por Carabineros fueron manipuladas.
La audiencia comenzó a las 09:00 de la mañana del viernes en el Juzgado de Garantía de Temuco. En su intervención, el abogado de la Intendencia de La Araucanía solicitó que se reabriera la investigación por un período de 90 días.
El motivo para la reapertura de la investigación, era solicitar a las empresas Google, Yahoo y Microsoft toda la información correspondiente a los correos electrónicos de los comuneros, algo que ya había solicitado la Fiscalía el 5 de octubre.
Por otra parte, solicitaban la realización de un nuevo peritaje a una entidad "suficientemente calificada", esto a pesar de las pruebas hechas a la evidencia por parte del Ministerio Público y expertos externos, que coincidieron en que los mensajes encontrados en los teléfonos de los comuneros, no correspondían con el formato de aplicaciones de mensajería como WhatsApp o Telegram.
Posteriormente, la defensa solicitó que se ratificara el cierre de la investigación, argumentando que, cuando esta estaba abierta, no hicieron las diligencias pertinentes para esclarecer los hechos.
La decisión de no perseverar fue ratificada por el juez Federico Gutiérrez, esto luego de escuchar a la defensa, la cual solicitó el sobreseimiento definitivo de los imputados.
La audiencia comenzó a las 09:00 de la mañana del viernes en el Juzgado de Garantía de Temuco. En su intervención, el abogado de la Intendencia de La Araucanía solicitó que se reabriera la investigación por un período de 90 días.
El motivo para la reapertura de la investigación, era solicitar a las empresas Google, Yahoo y Microsoft toda la información correspondiente a los correos electrónicos de los comuneros, algo que ya había solicitado la Fiscalía el 5 de octubre.
Por otra parte, solicitaban la realización de un nuevo peritaje a una entidad "suficientemente calificada", esto a pesar de las pruebas hechas a la evidencia por parte del Ministerio Público y expertos externos, que coincidieron en que los mensajes encontrados en los teléfonos de los comuneros, no correspondían con el formato de aplicaciones de mensajería como WhatsApp o Telegram.
Posteriormente, la defensa solicitó que se ratificara el cierre de la investigación, argumentando que, cuando esta estaba abierta, no hicieron las diligencias pertinentes para esclarecer los hechos.
La decisión de no perseverar fue ratificada por el juez Federico Gutiérrez, esto luego de escuchar a la defensa, la cual solicitó el sobreseimiento definitivo de los imputados.
Operación Huracán: Tribunal confirma sobreseimiento de comuneros mapuches
Luego de una extensa jornada, la justicia sepultó la
causa contra los comuneros mapuches. A mediodía, el Juzgado de Garantía
de Temuco rechazó la solicitud del Gobierno para reabrir la
investigación. Más tarde, decidió el sobreseimiento definitivo que
habían pedido las defensas.
Diario Uchile
Viernes 9 de febrero 2018 17:13 hrs.
El Juzgado de Garantía de Temuco decidió este viernes el
sobreseimiento de los comuneros mapuches involucrados en la llamada
Operación Huracán.
Pasadas las 18 horas, el juez Federico Gutiérrez entregó un fallo que suspende la causa contra los ocho involucrados, detenidos en septiembre pasado en las regiones del Biobío, La Araucanía y Los Ríos y acusados de asociación ilícita terrorista y otros delitos.
La determinación fue divulgada luego de una extensa jornada, que se inició a las nueve de la mañana y que terminó siendo un duro revés para el Gobierno.
Pasado el mediodía, el juez Federico Gutiérrez rechazó la solicitud presentada por la Intendencia de La Araucanía para proseguir con la causa.
Previamente, el Ministerio Público había ratificado su postura de no perseverar con la investigación, luego de denunciar la manipulación de las pruebas aportadas por Carabineros.
“El Ministerio Público, en su carácter objetivo de la persecución penal, con los antecedentes que daban cuenta de múltiples anomalías, decide que no teníamos antecedentes para acusar a los imputados ni decir que eran inocentes. El punto medio, de equilibrio, era la decisión de no perseverar”, dijo el fiscal Felipe González.
“La información obtenida de los celulares de los imputados está contaminada y esa contaminación nos impide seguir adelante con la investigación, no es por mero capricho de este fiscal”, añadió.
Durante la audiencia, el abogado de Héctor Llaitul, Rodrigo Román, calificó el caso como “un triste espectáculo entre el Gobierno de Chile y el Ministerio Público” y dijo que “el espectáculo local todos los conocemos: la PDI allanando a Carabineros, éstos se amotinan, después Carabineros persiguiendo a los fiscales. Ahora el Gobierno peleando con los fiscales aquí”.
“Por favor, esto es una comedia”, cuestionó el abogado defensor, quien apuntó además al testimonio de Álex Smith y la creación del programa Antorcha: “Un ingeniero forestal agrícola creó un software de la calidad que lo hacen los israelíes. ¡Vaya! Podría decirles a sus jefes que lo contraten no solo para que trabaje en La Araucanía”.
Pasadas las 18 horas, el juez Federico Gutiérrez entregó un fallo que suspende la causa contra los ocho involucrados, detenidos en septiembre pasado en las regiones del Biobío, La Araucanía y Los Ríos y acusados de asociación ilícita terrorista y otros delitos.
La determinación fue divulgada luego de una extensa jornada, que se inició a las nueve de la mañana y que terminó siendo un duro revés para el Gobierno.
Pasado el mediodía, el juez Federico Gutiérrez rechazó la solicitud presentada por la Intendencia de La Araucanía para proseguir con la causa.
Previamente, el Ministerio Público había ratificado su postura de no perseverar con la investigación, luego de denunciar la manipulación de las pruebas aportadas por Carabineros.
“El Ministerio Público, en su carácter objetivo de la persecución penal, con los antecedentes que daban cuenta de múltiples anomalías, decide que no teníamos antecedentes para acusar a los imputados ni decir que eran inocentes. El punto medio, de equilibrio, era la decisión de no perseverar”, dijo el fiscal Felipe González.
“La información obtenida de los celulares de los imputados está contaminada y esa contaminación nos impide seguir adelante con la investigación, no es por mero capricho de este fiscal”, añadió.
Durante la audiencia, el abogado de Héctor Llaitul, Rodrigo Román, calificó el caso como “un triste espectáculo entre el Gobierno de Chile y el Ministerio Público” y dijo que “el espectáculo local todos los conocemos: la PDI allanando a Carabineros, éstos se amotinan, después Carabineros persiguiendo a los fiscales. Ahora el Gobierno peleando con los fiscales aquí”.
“Por favor, esto es una comedia”, cuestionó el abogado defensor, quien apuntó además al testimonio de Álex Smith y la creación del programa Antorcha: “Un ingeniero forestal agrícola creó un software de la calidad que lo hacen los israelíes. ¡Vaya! Podría decirles a sus jefes que lo contraten no solo para que trabaje en La Araucanía”.
Aseguran que las pruebas presentadas hoy "no han sido parte de la causa"
Operación Huracán: Gobierno se defiende y afirma que los peritajes para sobreseer a comuneros "no fueron conocidos por los abogados de la Intendencia"
por El Mostrador 9 febrero, 2018
- A través de un comunicado, el Ministerio del Interior, reaccionó a la decisión del Juzgado de Garantía de Temuco que hoy decidió sobreseer a los ocho comuneros mapuche inculpados por ataques incendiarios, en el marco de la denominada Operación Huracán. A través de la Intendencia de la Araucanía y un grupo de sus abogados, el gobierno actuaba como querellante en esta causa.
En el texto, el gobierno partió aclarando que "a
participación de la Intendencia de La Araucanía en calidad de
querellante en esta causa ha tenido como propósito buscar el
esclarecimiento de hechos delictuales que han provocado conmoción
pública, obtener sanción para los responsables y justicia para las
víctimas" y recordó que su estrategia judicial de pedir la reapertura de
la investigación "se
originó a partir de la existencia de informes supuestamente
contradictorios en la denominada investigación Huracán, llevada adelante
por el Ministerio Público",
Específicamente recordaron las diferencias entre las conclusiones de Carabineros y el Ministerio Público. "Este requerimiento procuraba que, a través de un peritaje independiente y calificado, nacional o extranjero, se pudiera resolver las eventuales diferencias entre lo informado por el Laboratorio de Criminalística Carabineros (Labocar) y lo señalado por un perito de la Unidad de Lavado de Activos, Delitos Económicos, Delitos Medioambientales y Crimen Organizado (Uldecco) de la Fiscalía Nacional", precisaron.
Particularmente sobre la audiencia de hoy en que el resultado fue adverso, afirmaron que "los intervinientes de la defensa de los imputados exhibieron un conjunto de peritajes que no han sido parte de la causa en la cual actúa como querellante la Intendencia de La Araucanía y que no fueron conocidos por sus abogados hasta concurrir a la audiencia".
En ese sentido admitieron que "la presentación de los antecedentes contenidos en dichos informes, desconocidos por los abogados de la Intendencia de La Araucanía, fue considerada para resolver el sobreseimiento definitivo de la causa".
Por último adelantaron que estudian el camino judicial que tomarán proximamente. "Atendida la envergadura de las resoluciones del Juzgado de Garantía de Temuco el día de hoy, así como los nuevos antecedentes conocidos en ella, el gobierno adoptará con prontitud las decisiones procesales y administrativas que esta nueva situación amerita", concluyeron
Específicamente recordaron las diferencias entre las conclusiones de Carabineros y el Ministerio Público. "Este requerimiento procuraba que, a través de un peritaje independiente y calificado, nacional o extranjero, se pudiera resolver las eventuales diferencias entre lo informado por el Laboratorio de Criminalística Carabineros (Labocar) y lo señalado por un perito de la Unidad de Lavado de Activos, Delitos Económicos, Delitos Medioambientales y Crimen Organizado (Uldecco) de la Fiscalía Nacional", precisaron.
Particularmente sobre la audiencia de hoy en que el resultado fue adverso, afirmaron que "los intervinientes de la defensa de los imputados exhibieron un conjunto de peritajes que no han sido parte de la causa en la cual actúa como querellante la Intendencia de La Araucanía y que no fueron conocidos por sus abogados hasta concurrir a la audiencia".
En ese sentido admitieron que "la presentación de los antecedentes contenidos en dichos informes, desconocidos por los abogados de la Intendencia de La Araucanía, fue considerada para resolver el sobreseimiento definitivo de la causa".
Por último adelantaron que estudian el camino judicial que tomarán proximamente. "Atendida la envergadura de las resoluciones del Juzgado de Garantía de Temuco el día de hoy, así como los nuevos antecedentes conocidos en ella, el gobierno adoptará con prontitud las decisiones procesales y administrativas que esta nueva situación amerita", concluyeron
Hector Llaitul arremete contra la ANI tras caída de Operación Huracán: Estamos hablando de la DINA de la Nueva Mayoría
“Entendemos
que la ANI opera y funciona como una organización oscura, clandestina,
que no tiene control, que pareciera que funciona autónomamente, solo
regida por el poder político central y nos remonta a tiempos
dictatoriales”, sostiene el vocero de la CAM.
Por Felipe Menares Velásquez – Fuente: elciudadano.cl
Ha pasado más de una semana desde que el Ministerio Público denunció la ocurrencia de “serias irregularidades” en la entrega de pruebas que hizo Carabineros sobre la “Operación Huracán”, proceso por el cual ocho comuneros mapuche fueron detenidos en septiembre, aunque liberados tras recurrir a la Corte Suprema.
Luego de
concluir que las pruebas entregadas por la policía uniformada estaban
alteradas, la Fiscalía abrió un caso por falsificación de instrumento
público y obstrucción a la investigación. Las miradas se han puesto
sobre el trabajo de las unidades de inteligencia de Carabineros, pero no
en el rol desempeñado por la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI).
Es,
justamente, el papel de este organismo el denunciado por Héctor Llaitul,
vocero político de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) y uno de los
detenidos en el marco de la “Operación Huracán”. De paso por
Santiago, conversó con El Ciudadano y expresó sus descargos frente a los
últimos antecedentes del caso, apuntando al Gobierno, el empresariado y
los medios de comunicación.
DETENCIÓN DE HÉCTOR LLAITUL
¿Qué conclusiones puede sacar el movimiento mapuche autónomo a partir de las últimas revelaciones sobre la “Operación Huracán”?
La primera
reflexión que hacemos es principalmente con esta arista que tiene la
causa, en que mediáticamente se ha desenfocado lo sustancial de lo que
aquí está pasando, que es un conflicto histórico entre el Estado y
nuestro pueblo nación Mapuche. En ese marco, de un tiempo a la fecha ha
habido una agudización del conflicto, en que el Estado ha tomado una
posición de salvaguarda de los intereses de los poderosos, que
confrontan directamente con las reivindicaciones de nuestra gente.
Ha habido,
ciertamente, la construcción de un escenario de mayor criminalización,
judicialización y persecución política a las expresiones que estamos al
frente de las reivindicaciones mapuche, principalmente, de aquellas
organizaciones que hemos constituido una expresión válida al interior
del movimiento, sin ser necesariamente muy representativos, pero sí
somos una expresión válida respecto a la causa mapuche.
Debemos
mencionar que hay operaciones anteriores de asociación ilícita
terrorista que no prosperaron en su momento; de Ley de Seguridad
Interior del Estado enmarcada dentro de recuperaciones de tierra y,
posteriormente, está la “Operación Paciencia”. Después está lo
que se conoció como la causa de la emboscada al fiscal Elgueta, de la
cual fui condenado con otros miembros de la CAM, y finalmente, esta
operación muy mediática, la “Operación Huracán”. Esto sin dejar
de pasar una serie de otros encauzamientos, a todo tipo de expresión de
lucha de la resistencia de nuestro pueblo.
¿Identifica alguna diferencia entre la “Operación Huracán” y anteriores operativos policiales contra comuneros mapuche?
Hay
algunas que tienen una impronta más política, por eso nosotros, en los
primeros comunicados que sacamos, dimos cuenta de que aquí estábamos en
presencia de una operación de inteligencia política, en donde la
responsabilidad directa se la endosamos al gobierno de turno, en la
figura del subsecretario Mahmud Aleuy y, obviamente, a una construcción
de parte de la “democracia”, que tiene que ver con la aparición
de la ANI como sujeto, dentro de lo que es esta arremetida político
judicial en contra del pueblo Mapuche y de sus movimientos más en
resistencia.
Entendemos
que detrás del gobierno está el empresariado comprometido en zona de
conflicto, los grupos económicos que han operado de forma
indiscriminada, asolando y devastando nuestros territorios ancestrales
en el Wallmapu histórico, desde La Araucanía hacia el sur, y que no han
tenido limitante de ningún gobierno para desarrollar esta voraz
arremetida, principalmente, en lo que refiere al desarrollo de un tipo
de economía extractivista y depredadora, que está causando estos
estragos que se han denunciado desde distintos órganos, no solo desde la
realidad mapuche, sino que también desde la realidad medioambiental y
ecológica.
¿Anteriormente la ANI había sido un actor preponderante en el conflicto?
Hacia el
pueblo nación Mapuche no le conocíamos este tipo de expresión. La verdad
es que nosotros quedamos un poco perplejos respecto de cuáles son los
alcances y funcionamiento de la estructura de la ANI. Entendemos que,
hasta este momento, opera y funciona como una organización oscura,
clandestina, que no tiene control, que pareciera que funciona
autónomamente, solo regida por el poder político central y nos remonta a
tiempos dictatoriales con la CNI y la DINA.
Estamos
hablando de la DINA de la Nueva Mayoría. Lo decimos porque, más allá de
cómo actuaron organismos de inteligencia política en tiempos de
democracia –como la Oficina o la Dirección de Seguridad Pública e
Informaciones (DISPI)–, tiene que ver con prácticas, que nosotros
veíamos ya desaparecidas del contexto socio-político, pero que pareciera
que están nuevamente resurgiendo
¿Por ejemplo?
La
construcción de pruebas falsas y montajes. Incluso, la aparición de
agentes encubiertos, que son los que se moverían en las sombras, más
allá de que la ley diga como debiera funcionar la ANI. No entendemos
quiénes son los que la regulan, quiénes la fiscalizan, no sabemos cuál
es su ámbito de acción. Contravienen toda normativa del Estado de
Derecho.
Nosotros
siempre estuvimos acostumbrados de luchar en contra de los vestigios
autoritarios que utilizaba la democracia en contra del pueblo Mapuche.
Estamos hablando de la Ley de Seguridad Interior del Estado, la justicia
militar, la Ley Antiterrorista, que sin embargo tenía hasta cierta
normativa que podía desentrañarse y que podíamos criticar punto por
punto. Pero la Ley de Inteligencia está en cuestión porque nadie maneja
en realidad sus alcances. Lo que sí estamos claro es que la utilización
de la Ley de Inteligencia en la “Operación Huracán” sobrepasó a
una institución que se supone perseguía al pueblo nación Mapuche, que
era el Ministerio Público. Por eso la reacción de los fiscales, porque
fueron pasados a llevar en sus atribuciones reglamentarias y normativas.
Estamos
frente a una de las expresiones de mayor antidemocracia de los últimos
tiempos, en contra del ascenso que ha tomado la lucha de nuestro pueblo
nación.
¿Los
hechos que investiga la fiscalía en contra de Carabineros por su
actuación en la “Operación Huracán” constituyen una razón más para que
el movimiento mapuche transite por fuera de la institucionalidad del
Estado?
Nos
reafirma lo que nosotros siempre hemos sostenido: que al pueblo nación
Mapuche se le ha dejado fuera de toda institucionalidad que dé
posibilidad de la restitución territorial y política. Por eso es que
sale a operar este tipo de inteligencia política, de montaje, de
persecución direccionada en contra de nuestra gente y eso, de alguna
manera, nos reafirma que la institucionalidad es opresora y que vivimos
un tipo de régimen colonial y antidemocrático en contra de nuestro
pueblo.
“El grueso del conflicto mapuche”
¿Qué responsabilidad le asigna al Gobierno por lo acontecido con la “Operación Huracán”?
El
Ministro del Interior (Mario Fernández) y el subsecretario (Mahmud
Aleuy) tienen una responsabilidad directa en el desarrollo de la “Operación Huracán”.
Esto tiene que ver con el contexto de presión, por parte de los gremios
y el empresariado, de dar una respuesta frente al ascenso que tomaba la
lucha de nuestro pueblo nación Mapuche.
Este
ascenso no puede reducirse solamente a las acciones que tan
mediáticamente han sido cubiertas, como los ataques incendiarios, sino
que tiene que ser entendida como el desarrollo político ideológico del
movimiento mapuche en su conjunto, sobre todo del movimiento autonomista
mapuche, y a las experiencias de disputa territorial llevada adelante
por un innumerable conjunto de comunidades y movimientos,
principalmente, las que tienen que ver con ejercicios de control
territorial, que de alguna manera, disputan territorialmente con el
empresariado. Eso es el grueso del “conflicto mapuche”. Y en esa disputa, ¿qué tanto ha perdido el empresariado?
Al
empresariado la verdad es que pareciera que no le toca mucho esta acción
directa, que son tratadas de forma muy espectacular. Lo que a ellos les
preocupa, es que no pueden desarrollar todo el circuito económico
suficiente para la expoliación de los territorios, que no han sido
reconocidos como territorialidad mapuche.
Por lo
tanto, el Estado se ha negado constantemente a la devolución de las
tierras y ha dado luz verde a un tipo de custodia de predios de parte de
la fuerza policial y eso es lo que se conoce como la militarización del
Wallmapu.
Entonces,
la criminalización, la persecución, la militarización y los montajes
tienen que ver con esta actitud y con esta posición del Estado de
salvaguardar los intereses de los poderosos a la hora de confrontar en
esta lucha con nuestro pueblo por reivindicaciones.
Esa es la
matriz del conflicto que hay entre nuestro pueblo y el Estado chileno.
Eso es lo que ha generado un ascenso en el movimiento mapuche, porque no
se han abierto vías políticas para la restitución de tierras, menos el
otorgamiento de derechos políticos para la autonomía, que es un reclamo
muy anhelado en el conjunto del movimiento.
Frente a
esa realidad, hay una apuesta por una salida de tipo político-policial
–y tal vez, en su momento, podría ser una salida político-militar, como
algunos conservadores y fascistas lo pretenden, que es la de Estado de
Excepción o sacar a los militares a arremeter en contra de comunidades
movilizadas.
Todas cosas que se han dicho tal cual…
Exacto,
eso está en el escenario de la lucha. En ese contexto, hay que entender
esta operación, que surge bajo presión. Por lo tanto hay un estrecho
margen en el que se mueve la autoridad y los órganos policiales que no
han tenido los resultados. Hay una presión que, de alguna manera,
debilita el actuar de la institucionalidad que reprime, en este caso
Fiscalía, Carabineros y PDI.
Se crean
estos montajes muy a la rápida, muy en el desespero, para hacer frente a
aquellas organizaciones que estamos más en el ámbito de asumir con más
compromiso la lucha de nuestro pueblo.
Hay
informes que surgen de las mismas instituciones que se encargan de ese
tipo de tareas, que dan cuenta de que aquí hubo construcción de pruebas
falsas y tampoco se está diciendo que esta es una atribución de la
autoridad política, que ellos fueron los que mandataron, y una
atribución de la ANi como organismo, de que esto se puede hacer a
cualquiera en este país. Nadie está a salvo de esa situación, de que le
construyan una realidad incriminatoria y lo lleven a condena y al
aniquilamiento, inclusive.
En el contexto de la “Operación Huracán”,
aparecieron otras aristas, como la presunta internación de armas de
Argentina y la coordinación de un supuesto financiamiento externo hacia
organizaciones mapuche. ¿También quedan sepultadas esas hipótesis luego
de conocerse los últimos antecedentes?
Ahora nos estamos enterando que habían investigaciones paralelas respecto de lo que era la “Operación Huracán”
en sí y que tienen que ver con aristas de esta investigación. Una
arista que dice relación con una supuesta internación de armas desde
Argentina hacia el movimiento mapuche y otra que tiene que ver con
financiamiento a la organización, que es la que está sujeta a
investigación.
Se las ha denominado “causas satélites”,
respecto de la causa principal. Se ha filtrado por la prensa que estas
causas quedarían archivadas, por no arrojar resultados. Es decir, no hay
antecedentes suficientes como para encauzar a nadie de los que
estábamos imputados por la causa principal. Sin embargo, hay una
cláusula que dice que una vez se encuentren los antecedentes, serán
reabiertas, es decir, no han sido dejadas como investigación. Están
archivadas. Por lo menos, dan cuenta de que no existen nuevos
antecedentes.
Hay que
recordar que la participación del subsecretario del Interior, con un
viaje a Argentina, reunión con la ministra de Seguridad del gobierno de
Macri, en que no obtuvo ningún resultado. Lo cual confirma la cantidad
de mentiras y construcciones artificiosas que se hacen en el marco de la
“Operación Huracán”.
Estas dos
causas no tienen ningún resultado para poder procesar a nuestra gente,
lo cual demuestra también la tesis del montaje, porque estas causas
están adosadas a la causa principal, que es la de la operación e
inteligencia.
¿Buscarán el sobreseimiento?
Lo que
sacamos como conclusión, es que la investigación debiera terminar en un
sobreseimiento definitivo, porque hay un error de parte del Gobierno,
buscando presionar a la institucionalidad represiva –Fiscalía y
Carabineros– para dar continuidad a la investigación y a la causa,
argumentando la necesidad de limpiar prueba viciada –si es que
existiera– y continuar con los otros antecedentes.
Nosotros
podemos responder que no existen esos otros antecedentes, es decir, en
esta causa hay que dejar en claro que en los allanamientos y en la
incautación no se encontró ningún tipo de armamento, ni boletas, giros o
alguna documentación que acredite movimiento de dinero. Entonces, el
único estándar de prueba que existía era mensajería WhatsApp, que está
absolutamente desacreditada por su implantación, de parte de
Carabineros. En el fondo, no hay absolutamente nada, por tanto, no se
configura el delito que está siendo investigado, que era el de
asociación ilícita terrorista y la de formación de una organización para
perpetrar ataques.
¿Recurrirá a la justicia por el actuar de Carabineros?
Nunca he
presentado acciones civiles contra de la institucionalidad, no será esta
la ocasión. Sin embargo, nosotros tenemos una causa alojada, a punto de
ser declarada admisible, que tiene que ver con una causa en relación a
montaje, la del fiscal Elgueta, la que ya está siendo tramitada en la
Corte Interamericana de Derechos Humanos y en la que vamos adosar los
antecedentes, respecto de esta nueva operación de inteligencia.
¿Cree
que el próximo Gobierno pueda interferir con la investigación que la
fiscalía realiza por los eventuales vicios del procedimiento?
Hay una
postura que dice relación en que podrían haber diferencias al momento de
acciones represivas en contra del movimiento mapuche, de un gobierno u
otro. Sin embargo, nosotros siempre hemos planteado que no hay tal
diferencia o tal vez hay algunos matices, que tienen que ver con la
actuación de parte de un Estado colonial, con los gobiernos de turno.
Un
gobierno de derecha, representante del empresariado, va a actuar en
función. Pero también, la Nueva Mayoría/Concertación actuó en función de
salvaguardar los intereses del poder económico. Se instalaron y
funcionaron siempre como la gobernanza neoliberal, por lo tanto,
confrontaron muy fuertemente contra el movimiento mapuche, a la hora de
reivindicaciones territoriales que tocaban los intereses del
empresariado.
Lo que nos
preocupa son los atisbos de autoritarismo que puedan resurgir con la
actuación de sectores más fascistas, que se puedan instalar en la
derecha hoy. Si bien hay actuaciones de personeros en postura liberal,
también tenemos que reconocer que con un gobierno de derecha empiezan a
dar expresión sectores conservadores más recalcitrantes, inclusive
fascistas al interior de sus filas, que pueden dar rienda a este tipo de
expresión, donde actúa un aparato represivo como la ANI, que no tiene
ningún escrúpulo a la hora de elaborar montajes en contra de la causa
mapuche.
“Mapuche delincuente y mapuche terrorista”
Distintos
medios de comunicación dieron profunda cobertura a las versiones
policiales y de fiscalía sobre los antecedentes que dieron lugar a la
“Operación Huracán”. ¿Qué le diría a la opinión pública a partir de los
hechos recientemente conocidos y sobre el horizonte político de la CAM?
Siempre
hemos planteado que la mayoría de los medios de comunicación en este
país están al servicio del poder económico y político, principalmente,
de los sectores más conservadores. Actúan como poder hegemónico y a la
hora de la confrontación entre nuestro pueblo y el Estado, han tomado
claramente posición y partido en la defensa de los poderosos.
Han dado
rienda suelta a la estigmatización de la causa mapuche y también a la
construcción en el imaginario colectivo de la figura del terrorista
mapuche, con el objeto de cubrir el verdadero terrorismo que existe, de
parte del Estado, en contra de comunidades mapuche.
Esto no es
nuevo. Siempre ha existido un tipo de construcción ideológica cultural
hacia las masas, con el objeto de denostar para después golpearlo y así
mantener la opresión. En ese sentido, funciona la continuidad del
discurso racista, que está operando no solo a nivel de los medios de
comunicación, sino en términos de cómo se establece la educación, la
cultura y el sentido común con el que se educa y se entregan mensajes a
la ciudadanía.
Antaño,
por la arremetida en contra de nuestro territorio, se construyó este
artificio en el imaginario de que los mapuche éramos sanguinarios,
salvajes, sin alma. Posteriormente, éramos los mapuchitos que solo
necesitábamos educación o éramos los mapuches borrachos o flojos.
También ahora se construye este artificio del mapuche delincuente y el
mapuche terrorista. En ese plano se inscribe la “Operación Huracán”.
¿Qué función cumplieron los medios que asumieron como verdad la versión policial que ahora se investiga?
Más allá de que sean caja de resonancia, en la “Operación Huracán”
fueron partícipes directos. Denunciamos la actuación de El Mercurio y
Canal 13, que tuvieron información exclusiva y directa, de parte de los
agentes represores, en este caso Carabineros, cuando se realizaron los
allanamientos o el material de WhatsApp. Le pusieron voz y construyeron
toda una exposición mediática para, de alguna manera, instalar en la
gente una verdad construida sobre la base de un artificio, de un
montaje.
Hay una
condena anterior de parte de los medios y hay una vulneración de todo
tipo de derechos: del debido proceso, defensa, presunción de inocencia.
No nos extraña que los tentáculos de la ANI hayan estado ahí también.
Podemos sostener que los tentáculos de agentes de la ANI, que
funcionaron operativamente articulando este entramado, tiene que haber
llegado incluso al Poder Judicial. Nos parece extraño que un juez de la
Corte de Apelaciones de Temuco haya podido otorgar una autorización de
interceptación con efecto retroactivo, eso está fuera de la ley.
Esto
implica un mensaje a la opinión pública, tanto nacional como
internacional, de que aquí se está en presencia de una acción
desesperada de parte de las autoridades de contener a toda costa las
legítimas demandas de nuestro pueblo, con el actuar antidemocrático,
fuera de la ley, que no respeta incluso el Estado de Derecho que ellos
pregonan para hacer frente a la lucha digna de nuestra gente.
Luego
de 20 años desde el nacimiento de la CAM, ¿cuánto ha variado el
diagnóstico y los planteamientos de la organización sobre la lucha
territorial y contra las iniciativas de carácter extractivista en el
territorio reivindicado?
La
persecución direccionada hacia nuestra organización y hacia las
expresiones de resistencia y reconstrucción del pueblo nación Mapuche,
nos dan la razón de que estamos por la senda correcta, en el sentido de
plantear la reconstrucción nacional de nuestro pueblo. No sólo
planteamos la resistencia, planteamos la reconstitución del tejido
social, político, ideológico y cultural del mundo mapuche.
En ese
plano, hay plataformas que se han instalado muy fuertemente en las
comunidades, en el desarrollo de sus luchas, por la recuperación de sus
tierras, del mundo mapuche y la defensa de las tierras, no solo en el
sentido como objeto material, sino la defensa en los planos mayores,
como el concepto de Küme Mongen, que tiene que ver con el buen vivir en
el mundo mapuche, con la reconstrucción de una sociedad más sana, que es
la que nos legaron nuestros antepasados, de respeto a la naturaleza, la
búsqueda de equilibrio entre distintos seres y de una relación muy
fuerte entre el hombre y la tierra.
Hay una
propuesta de autonomía revolucionaria que se ha ido instalando con mucha
fuerza en las nuevas generaciones, principalmente, que no ha podido ser
contenida de parte del poder del Estado capitalista, por lo tanto, la
lucha mapuche se ha transformado en una lucha por la dignidad,
reconstrucción, liberación de un pueblo y que ha tocado los intereses
del poder de los estados oligárquicos capitalistas, no solo en Chile,
también en Argentina.
La “Operación Huracán”
no tiene que ser mirada en forma aislada. Es parte de la continuidad
histórica de atropello, de opresión que ha tenido el Estado para seguir
manteniendo en la dominación y opresión a nuestro pueblo, bajo un Estado
de tipo colonial, con un régimen de ocupación colonial que, de alguna
manera, niega todos los derechos fundamentales de un pueblo nación, que
se resiste a desaparecer y a vivir en la opresión y en la miseria.
Derechos Humanos; avances y retrocesos
Se
nos prometió el cierre y traslado de los genocidas presos en Punta
Peuco, lo que aún es una promesa incumplida. El gobierno envía un
proyecto de ley para autorizar a jueces a que algunos peligrosos
criminales, que aún no responden por el destino final de los detenidos
desaparecidos puedan cumplir condenas en sus casas. Claramente es un
retroceso.
Que
se continúe condenando a torturadores y masacradores en la provincia
Cordillera, del cerro Chena (15 asesinos), de Paine, Panguipulli,
asesinato de Miguel Enríquez y distintas causas en el país, es un lento
avance; pese a que otras causas como Operación Cóndor, están siendo
tratadas en el Tribunal Constitucional, de mayoría proclive las
impunidades. Es un retroceso.
Son
solo alrededor de 1.400 criminales los imputados, procesados y
condenados, por terrorismo de Estado, de los cuales más de 350 han sido
condenados y solo alrededor de 180 cumplen pena en presidio elegante.
Los avances son lentos y la maquinaria constructora de impunidad muy
poderosa y no solo cuenta con respaldo de las derechas, también de
conversos que se declaran progresistas.
El
cambiar el secreto de los 50 años, para ocultar el nombre y detalles de
los crímenes impuesta a la Ley Valech, se ha convertido en una promesa
que no se ha cumplido. El reabrir las comisiones que acojan las
denuncias sobre torturados, detenidos, ajusticiados, detenidos
desaparecidos es otra promesa incumplida.
Que
18 abogados, de la Unidad de Derechos Humanos del ministerio de
Justicia y DDHH, denuncien a la opinión pública, es más que preocupante,
ya que se despidió a los jefes de los abogados que han encarcelado y
procesado a delincuentes de lesa humanidad, al igual de otros despidos
vulnerando los derechos laborales. Los abogados de DDHH son los
nuestros, y no se merecen ese trato de la burocracia interna. Esto no es
un avance, es un estancamiento y los criminales y sus abogados deben
estar felices.
A
los sobrevivientes de prisión política y tortura, no se le aumentara
sus pensiones, que son un 60% del salario mínimo. Muy distinto de las
pensiones millonarias de los torturadores y criminales. En lo reparativo
el gobierno se comprometió a entregar un bono indemnízativo en cuotas
en dos o tres años, como indemnización exigido por Naciones Unidas.
Esperamos que dicha pequeña reparación se cumpla.
Que
se editen y publiquen libros de denuncias, testimonios, investigación
sobre la los crímenes de lesa humanidad durante la dictadura cívico
militar. La construcción de monolitos y memoriales de homenaje a las
víctimas, el continuar con actos y actividades en homenaje a los
nuestros, en un avance en acercarse a la verdad.
Que
se vulneren los derechos humanos a los niños pobres a cargo del Sename
en sus instituciones privadas y públicas, es un delito que los
responsables deben asumir. En Chile, solo se encarcela a la pobreza, ya
que no se procesa a los financiados por SQM, empresa controlada por el
yerno de Pinochet, para construir leyes mediante el financiamiento de
algunos políticos corruptos. Esto claramente es congelar el abuso y
desprestigio como país.
Que
se encarcele a mapuches, con montajes e implantación de pruebas falsas,
de infectar, manipular e interferir comunicaciones realizado por
agentes del Estado. El oponerse a allanamientos mediante la fuerza. El
que el único preso por terrorismo sea un mapuche pagado como informante y
operativo de carabineros. Que el FBI, de Estados Unidos investigue, es
un retroceso en derechos humanos.
Para
que Chile sea democrático, debe regirse por una constitución
democrática y representativa de la voluntad popular. Sin embargo, aún
nos oprime una institucionalidad castocrática creada y heredada de la
tiranía. Ningún criminal ha sido degradado. La impunidad no es sólo
jurídica o penal, sino que también se expresa en términos
comunicacionales y culturales.
Dirigente FA: “Somos una oposición antineoliberal”
Iván Carrasco, secretario general del movimiento, restó
dramatismo a la dificultad del conglomerado en materia de coordinación,
destacó la necesidad de que el bloque se convierta en una fuerza de
organización social y sostuvo que "los cambios no van a llegar del
Congreso, sino que de la movilización social y popular".
Maximiliano Alarcón
Miércoles 7 de febrero 2018 11:53 hrs.
El verano suele relajar un poco los movimientos en política,
pero en el caso del Frente Amplio no son días de mucho descanso, puesto
que aprovechan el momento para retomar una tarea pendiente que tenían
como conglomerado, que es la organización orgánica del bloque.
A los meses de nacer, cuando recién discutían sus primeros lineamientos, la coalición entró en la carrera electoral con todo, destinando todos los esfuerzos en levantar la candidatura a La Moneda de Beatriz Sánchez y la conformación de listas parlamentarias.
El sábado recién pasado la mesa nacional del bloque realizó una jornada de discusión en la cual, según una carta difundida por El Mercurio, se vislumbraron ciertas dificultades en materia de coordinación.
En conversación con nuestro medio, Iván Carrasco, secretario general del Partido Igualdad, restó dramatismo a la situación, señalando que es algo natural debido a que recién se están enfocando en organizarse estructuralmente. “Hoy los desafíos son más complejos”, explicó, tomando en cuenta el buen resultado del 19 de noviembre pasado en las urnas, pero sostuvo que pese a las diferencias internas que se perciben, estas no son de carácter político, asegurando que el Frente Amplio está decidido a ser una oposición antineoliberal que se construye desde la ciudadanía.
¿Cuáles son las principales diferencias?
En orden político estamos muy claros, en el encuentro del 20 de enero nos dimos cuenta que hay un acuerdo muy grande sobre ser una fuerza transformadora antineoliberal, distinta a la Nueva Mayoría. La diferencia es en la forma de organización, la importancia que se le da a los territorios en la elaboración de políticas del Frente Amplio, qué queremos mantener, qué queremos cambiar y agregar. Es la forma en cómo nos organizamos para definir nuestros lineamientos políticos. A fines de marzo deberíamos tener un marco de acuerdo básico que nos permita convocar al congreso y funcionar en la mesa nacional de manera más óptima.
¿Estas diferencias radican en los extremos del Frente Amplio? Ustedes por un lado y el Partido Liberal por otro.
No, en lo político estamos claros con el programa que se construyó de manera participativa y democrática, el que nos va a orientar en nuestro accionar político y parlamentario. En nuestro debate los extremos que se ven es que hay posiciones más cargadas a que el Frente Amplio es tan sólo un conglomerado de partidos versus una que plantea que además es un movimiento que organice a los ciudadanos en sus territorios, un escenario de organización, movilización y de lucha.
Existe el imaginario de que Revolución Democrática (RD) tiene mucho peso en el Frente Amplio, ¿preocupa que no concentre demasiado poder en la interna?
Quiero ser muy claro en que eso no se ha visto en la mesa nacional, no ha ocurrido ninguna imposición de ninguna fuerza política por su peso electoral. Una cosa distinta es lo que sucederá en la bancada parlamentaria donde RD tiene mayor número de congresistas, aquí es posible que el partido tenga más peso. Pero más allá de eso hay bastante coherencia en la bancada y si hubieran diferencias sustanciales definimos es que esto se resuelva en la mesa nacional. No debiera el peso de RD ser un obstáculo, ellos han manifestado esa voluntad.
Cuando habla de que el Frente Amplio sea un espacio de construcción social, debe ser uno de los pilares para el crecimiento del Partido Igualdad.
Nosotros pensamos que los cambios en Chile no van a llegar del Congreso, sino que de la movilización social y popular, como ya ha ocurrido. Recordemos que la movilización de los “pingüinos” en 2006 fue la que originó los cambios en la LOCE, también los universitarios en 2011. Creemos que la movilización social es fundamental para empujar los cambios, el Parlamento es un espacio burocrático y con mayoría de la derecha y la Nueva Mayoría, que para nosotros son los defensores del modelo, entonces el Congreso debe tener más un carácter de difusión, información y donde los parlamentarios aporten al desarrollo de la fuerza social en los territorios.
El contacto con la ciudadanía los conecta como alternativa política para los votantes, pero también deben ser oposición en el Congreso al gobierno de Sebastián Piñera. ¿Cómo cree que se expresará esto?
Hemos definido que somos una oposición antineoliberal, hay una oposición neoliberal que es la Nueva Mayoría. Con esto, nuestra postura es aportar en todos los cambios y transformaciones que le hagan bien a Chile. Lamentablemente, creo yo, el gobierno de Piñera no va a ingresar muchos proyectos en esta línea, más bien serán proyectos que quiten o frenen derechos, por tanto es probable que el Parlamento no será una taza de leche, sino que un espacio donde se van a debatir los dos grandes proyectos que hay en Chile, el neoliberal y el transformador, de justicia, igualdad y derechos sociales que representa el Frente Amplio.
A los meses de nacer, cuando recién discutían sus primeros lineamientos, la coalición entró en la carrera electoral con todo, destinando todos los esfuerzos en levantar la candidatura a La Moneda de Beatriz Sánchez y la conformación de listas parlamentarias.
El sábado recién pasado la mesa nacional del bloque realizó una jornada de discusión en la cual, según una carta difundida por El Mercurio, se vislumbraron ciertas dificultades en materia de coordinación.
En conversación con nuestro medio, Iván Carrasco, secretario general del Partido Igualdad, restó dramatismo a la situación, señalando que es algo natural debido a que recién se están enfocando en organizarse estructuralmente. “Hoy los desafíos son más complejos”, explicó, tomando en cuenta el buen resultado del 19 de noviembre pasado en las urnas, pero sostuvo que pese a las diferencias internas que se perciben, estas no son de carácter político, asegurando que el Frente Amplio está decidido a ser una oposición antineoliberal que se construye desde la ciudadanía.
¿Cuáles son las principales diferencias?
En orden político estamos muy claros, en el encuentro del 20 de enero nos dimos cuenta que hay un acuerdo muy grande sobre ser una fuerza transformadora antineoliberal, distinta a la Nueva Mayoría. La diferencia es en la forma de organización, la importancia que se le da a los territorios en la elaboración de políticas del Frente Amplio, qué queremos mantener, qué queremos cambiar y agregar. Es la forma en cómo nos organizamos para definir nuestros lineamientos políticos. A fines de marzo deberíamos tener un marco de acuerdo básico que nos permita convocar al congreso y funcionar en la mesa nacional de manera más óptima.
¿Estas diferencias radican en los extremos del Frente Amplio? Ustedes por un lado y el Partido Liberal por otro.
No, en lo político estamos claros con el programa que se construyó de manera participativa y democrática, el que nos va a orientar en nuestro accionar político y parlamentario. En nuestro debate los extremos que se ven es que hay posiciones más cargadas a que el Frente Amplio es tan sólo un conglomerado de partidos versus una que plantea que además es un movimiento que organice a los ciudadanos en sus territorios, un escenario de organización, movilización y de lucha.
Existe el imaginario de que Revolución Democrática (RD) tiene mucho peso en el Frente Amplio, ¿preocupa que no concentre demasiado poder en la interna?
Quiero ser muy claro en que eso no se ha visto en la mesa nacional, no ha ocurrido ninguna imposición de ninguna fuerza política por su peso electoral. Una cosa distinta es lo que sucederá en la bancada parlamentaria donde RD tiene mayor número de congresistas, aquí es posible que el partido tenga más peso. Pero más allá de eso hay bastante coherencia en la bancada y si hubieran diferencias sustanciales definimos es que esto se resuelva en la mesa nacional. No debiera el peso de RD ser un obstáculo, ellos han manifestado esa voluntad.
Cuando habla de que el Frente Amplio sea un espacio de construcción social, debe ser uno de los pilares para el crecimiento del Partido Igualdad.
Nosotros pensamos que los cambios en Chile no van a llegar del Congreso, sino que de la movilización social y popular, como ya ha ocurrido. Recordemos que la movilización de los “pingüinos” en 2006 fue la que originó los cambios en la LOCE, también los universitarios en 2011. Creemos que la movilización social es fundamental para empujar los cambios, el Parlamento es un espacio burocrático y con mayoría de la derecha y la Nueva Mayoría, que para nosotros son los defensores del modelo, entonces el Congreso debe tener más un carácter de difusión, información y donde los parlamentarios aporten al desarrollo de la fuerza social en los territorios.
El contacto con la ciudadanía los conecta como alternativa política para los votantes, pero también deben ser oposición en el Congreso al gobierno de Sebastián Piñera. ¿Cómo cree que se expresará esto?
Hemos definido que somos una oposición antineoliberal, hay una oposición neoliberal que es la Nueva Mayoría. Con esto, nuestra postura es aportar en todos los cambios y transformaciones que le hagan bien a Chile. Lamentablemente, creo yo, el gobierno de Piñera no va a ingresar muchos proyectos en esta línea, más bien serán proyectos que quiten o frenen derechos, por tanto es probable que el Parlamento no será una taza de leche, sino que un espacio donde se van a debatir los dos grandes proyectos que hay en Chile, el neoliberal y el transformador, de justicia, igualdad y derechos sociales que representa el Frente Amplio.
Frente Amplio busca evitar parlamentarización del bloque
El conglomerado resaltará este sábado la advertencia de
"no caer en la inercia de la vida parlamentaria". Sebastián Aylwin,
encargado político de Izquierda Autónoma, explicó que "tenemos que tener
la convicción que la forma de hacer política involucra a la sociedad
civil".
Diario Uchile
Viernes 2 de febrero 2018 9:28 hrs.
Este sábado 3 de febrero se realizará una jornada de
discusión del Frente Amplio. La reunión tendrá como objetivo preparar la
instalación de los 20 diputados y un senador en el Congreso Nacional, y
se realizará en la sede de Izquierda Autónoma.
Sebastián Aylwin, encargado político de esa organización y vocero del Frente Amplio, explicó que el eje central de la conversación será resaltar la importancia de seguir en contacto con las agrupaciones ciudadanas que impulsan demandas desde la calle.
“Vamos a discutir cómo mantenemos el trabajo natural del conglomerado durante todo este tiempo, con los movimientos sociales y organizaciones de la sociedad civil, para así no caer en la inercia de la vida parlamentaria, que es muy exigente y la vamos a estar recién aprendiendo”, comentó.
La idea es evitar el estilo de política que, acorde a las palabras de Aylwin, se ha desarrollado en Chile durante las últimas décadas, “tendiendo a las cúpulas de los partidos y a los grupos de poder”.
“Hay una inercia que te indica que esa es la única manera de hacer política, al mismo tiempo que a las organizaciones de la sociedad se les excluye de ellas. Nosotros no creemos en ese modo y tenemos que tener la convicción de que esa forma de hacer política involucra a la sociedad, y por tanto, tenemos que pensar cómo la hacemos parte de eso”, agregó.
A la instancia concurrirán las 14 organizaciones que componen el Frente Amplio.
En el trabajo realizado hay "algo más" que en la simple fuerza de trabajo (que es lo que se retribuye): hay una plusvalía (que crea el trabajador con su fuerza de trabajo, pero que se apropia el capitalista). "La fuerza de trabajo añade constantemente al producto, sobre su propio valor, una plusvalía que es la encarnación del trabajo no retribuido" (El capital, t. 11, cap. VI.).”
www.webdianoia.com/glosario /display.
URUGUAY
10 de febrero de 2018, 22:02hs - LR 21
El presidente del sindicato, Marcelo Da Col, denunció el “pésimo
estado” de la maquinaria con la que los trabajadores realizan sus
tareas..
En dicho marco recordó el fallecimiento de un funcionario del sector recolección de la Intendencia de Artigas en un accidente que se produjo cuando se dirigía al Corralón Municipal para dejar su camión, al término de la jornada laboral.
El dirigente sindical remarcó que “se necesita con urgencia una actitud más firme de parte de las autoridades nacionales para que intercedan”.
Detalló que “de un total de 275 funcionarios, solamente 59 son presupuestados”.
“A los pocos días que asumió el actual intendente Pablo Caram despidió a cinco compañeros, sin causa justificada, y ello nos llevó a un conflicto de varios días que terminó con el reintegro de los trabajadores despedidos”, recordó el dirigente sindical.
Denunció que días pasados el intendente Caram “despidió a otros dos trabajadores pasando por encima del acuerdo existente”.
“Además del paro que realizamos por el compañero fallecido presentamos una nota reclamando que se inspeccione a toda la flota de Bella Unión”, recordó.
ADEOM realizó una serie de denuncias contra la administración de
Adriana Peña, las cuales se suman a la polémica que generó la jerarca
departamental al proponer otorgar aumentos diferenciales de salarios
para directores, entre quienes se encuentra su pareja.
En las últimas horas, el presidente ADEOM-Lavalleja, Julio Marmolejo, denunció que “de los aproximadamente 1.100 funcionarios de la Intendencia, 300 de ellos son contratos chatarra”.
“Es un porcentaje altísimo de contratos chatarra en relación al total de trabajadores municipales. Estos compañeros están haciendo obras con un salario mínimo muy por debajo de los 26 mil pesos que dice la intendenta que cobran los trabajadores”, cuestionó.
El dirigente sindical agregó que, además de la importante diferencia salarial, “también se ven afectados los derechos laborales de los funcionarios”.
“Hay compañeros que hace años que vienen con contratos chatarra de un mes de extensión y esos vínculos laborales son usados para presionar cuando se acercan las elecciones, como las viejas prácticas de otras épocas”, sentenció.
“Todo el mundo sabe que en el país hay acomodos con los cargos de confianza”, dijo el dirigente sindical.
Añadió que hay una realidad y es que “muchos trabajadores ingresan al mundo laboral de las intendencias por recomendaciones o, incluso favores políticos”.
Denunció que en la Intendencia de Lavalleja “se produce una cantidad importante de ingresos a dedo, cuando el estatuto establece que a la actividad administrativa se debería ingresar mediante concursos”.
El dirigente gremial también cuestionó la decisión de la intendenta de “aumentar un 107% los salarios a sus cargos de confianza, cuando el resto de los trabajadores municipales viven una situación angustiante”.
Gerardo Núñez. Foto: Andrés Cuenca (archivo, agosto de 2017)
Sebastián Aylwin, encargado político de esa organización y vocero del Frente Amplio, explicó que el eje central de la conversación será resaltar la importancia de seguir en contacto con las agrupaciones ciudadanas que impulsan demandas desde la calle.
“Vamos a discutir cómo mantenemos el trabajo natural del conglomerado durante todo este tiempo, con los movimientos sociales y organizaciones de la sociedad civil, para así no caer en la inercia de la vida parlamentaria, que es muy exigente y la vamos a estar recién aprendiendo”, comentó.
La idea es evitar el estilo de política que, acorde a las palabras de Aylwin, se ha desarrollado en Chile durante las últimas décadas, “tendiendo a las cúpulas de los partidos y a los grupos de poder”.
“Hay una inercia que te indica que esa es la única manera de hacer política, al mismo tiempo que a las organizaciones de la sociedad se les excluye de ellas. Nosotros no creemos en ese modo y tenemos que tener la convicción de que esa forma de hacer política involucra a la sociedad, y por tanto, tenemos que pensar cómo la hacemos parte de eso”, agregó.
A la instancia concurrirán las 14 organizaciones que componen el Frente Amplio.
Esta
quincena está marcada por la lucha heroica que dieron hace 110 años los
trabajadores en Santa María de Iquique. Momento suficiente para sacar
lecciones y decidirnos a buscar las respuestas, que permitan a la clase
trabajadora jugar su rol liberador.
Por eso entregaremos a contar de este Pulso un trabajo por etapas relacionado con lo que llamamos “sindicalismo clasista”.
POR UNA ORGANIZACIÓN CLASISTA DE TRABAJADORES
Según diversas definiciones el sindicalismo es “un sistema que se ocupa de representar y velar por intereses de los trabajadores frente a los empleadores”, estableciendo además que ”el sindicato es “la entidad a través de la cual hace efectiva su labor”.
En
palabras nuestras, el sindicalismo es la acción de defensa ante los
abusos y el sindicato el instrumento con el que los trabajadores
representan, ante la patronal, sus demandas y aspiraciones.
A su vez el concepto clase obrera, clase trabajadora o proletariado “designa al conjunto de trabajadores que, desde la revolución industrial, aportan básicamente el factor trabajo en la producción y a cambio reciben un salario o contraprestación económica, sin ser propietarios individuales de los medios de producción.
Se contrapone así a la clase capitalista o aquel sector social que acapara el capital”
De
la misma manera que en la primera definición, podemos decir que la
clase trabajadora es aquella que sin ser propietaria de las empresas y
de los que estas tienen, trabaja para ellas y recibe una compensación
económica que regularmente no guarda relación con todo el esfuerzo que
hace el trabajador.
EL SINDICALISMO, LOS SINDICALISTAS DE CLASE
¿Porque
comenzar con estas definiciones, tomadas desde el internet y que por lo
mismo son de uso común, tanto para los trabajadores como para sus
familias?
Simplemente
como una forma de atacar desde la raíz los miedos y los temores que
expresan muchos trabajadores, cuando se llega a ellos con un discurso
de “sindicalismo clasista”.
No
se trata del invento de “algunos izquierdistas extremos” como suelen
decir quienes temen a toda posición clara y concreta de los abusados en
sus derechos.
Tampoco
de un discurso trasnochado sobre cosas que ya no existen. Se trata
simplemente de la verdad, una verdad incómoda para muchos, pero
absolutamente vigente.
El
Sindicato o la organización que reúne a los trabajadores en torno a sus
aspiraciones más sentidas, debe ser siempre un instrumento de defensa y
de propuestas.
Defender
los derechos de los trabajadores es más que un deber, es una obligación
que tiene que hacer suya cada dirigente. Y no se trata solo de defender
aquellas leyes que existen - que si han llegado a ser leyes, y aunque
algunas apenas ayudan, es porque hubo trabajadores organizados exigiendo
respuestas – sino también de hacer propuestas que dignifiquen la
condición de los asalariados y de sus familias.
Esa y no otra es la obligación de la organización, de sus dirigentes y de sus asociados.
Ser clasista, entonces, es asumir con propiedad en qué lugar de la cancha se está jugando. Entender
que no todo se solucionará con modificaciones legales o algunos
beneficios en los instrumentos colectivos. Es saberse parte de un sector
social que ha sido discriminado históricamente. Es entender que a
nosotros nos corresponde construir una nueva sociedad, en la que
nuestras familias puedan vivir dignamente.
Ser
clasista es sentirse orgulloso de estar en el lado de la clase de los
trabajadores. Es asumir que nuestro adversario es el capital y que a
este no se le derrota solo con palabras, que es fundamental la
organización. Esto y más es ser un sindicalista de clase.
EL ORIGEN DE LO QUE VIVIMOS HOY
Como
explicarlo sin enredar en exceso a quienes se resisten o no alcanzan a
conocer sobre los orígenes de sus sufrimientos? Vamos a intentarlo.
En
la segunda mitad del siglo XVIII comenzaron a construirse las primeras
máquinas para la industria textil. La utilización del agua y el carbón
para nuevos fines provocó grandes cambios, los que se extendieron a
otras áreas de la industria. Se construyeron vías férreas, carreteras.
Comenzó la producción en serie de artículos de todo tipo.
Así avanzó por toda Europa la revolución industrial.
Fue
relegado a puestos secundarios el artesanado. Millones de seres humanos
comenzaron a migrar desde el campo a la ciudad, las que comenzaron a
crecer rápida y desmesuradamente. Muchos de los que llegaba a estas no
tenían donde vivir. Fueron atacados por pestes y enfermedades varias,
ante la carencia de mínimas de normas de higiene. Los obreros recibían
salarios miserables por largas jornadas de trabajo, debiendo emplear a
mujeres e hijos para alcanzar algún sustento para la familia.
Apenas lograban sobrevivir.
Habían
nacido los patrones y los proletarios, como antes existieran el señor y
el siervo, el esclavo y el amo. 3 etapas de la historia de la humanidad
que están marcadas por un patrón común.
En cada una de ellas, abusos, explotación, carencias, dolores para los abusados.
Sin
embargo, con la instalación del capitalismo el ser humano adquiere otra
condición. Ahora es libre de vender su “fuerza de trabajo”. Nadie lo
obliga a prestar servicios a un patrón y sin embargo el maltrato está
igual o peor que en su condición anterior de siervo y esclavo. Cambió la
condición, más no la forma de vivir de millones.
Con
la instalación de las maquinas, la irrupción del capital y la aparición
del patrón, el hombre es libre de vender algo que posee - la capacidad
de pensar y actuar con su cuerpo - sin embargo sigue siendo maltratado.
Pausa
necesaria entonces para explicar que no es un invento de disociadores
la afirmación de que existe explotación, que no es una fantasía decir
que existen clases sociales.
Es
una verdad indesmentible que los menos son dueños de la mayor cantidad
de bienes y recursos económicos, en desmedro de los más.
Cierto
es que esto comienza a mediados del 1700 y que las condiciones en que
vivían los trabajadores y su grupo familiar hoy se ven lejanas, como un
mal sueño.
Sin
embargo no podemos olvidar ni por un momento que, si hubo avances, fue
producto de las luchas que dieron los mismos trabajadores.
Viviendas
dignas, jornadas de trabajo adecuadas, sueldos mensuales,
alcantarillado y agua potable, electricidad, eran las exigencias del
proletariado naciente.
Nada
les ha sido dado a los trabajadores y sus familias. Si lograron lo que
lograron fue por que pudieron constatar que estaban siendo explotados y
encontraron la respuesta para responder a ello. Se reconocieron clase y
se organizaron para confrontar a su contraparte.
¿Queda claro por qué decimos que somos parte de una clase?
¿Se
entiende nuestra afirmación de que los trabajadores deben darse una
organización que, considerando lo que sufren y viven, sea capaz de hacer
propuestas y luchar por ellas, sin renunciarlas ni acomodarlas a los
gobiernos de turno?
LA FUERZA DE TRABAJO
Previo
a seguir vale la pena analizar este concepto, ya que en la medida que
el trabajador lo maneja aprende a mirar de manera diferente el mundo en
el que vive.
“Según
Marx, la fuerza de trabajo es la capacidad de trabajo del trabajador,
empleada en el proceso de trabajo que, junto con la materia objeto de
transformación y los medios de producción, forma parte de las llamadas
"fuerzas productivas". La fuerza de trabajo debe distinguirse de su
rendimiento, materializado en el objeto de la producción, al que se
denomina "trabajo realizado".
En el trabajo realizado hay "algo más" que en la simple fuerza de trabajo (que es lo que se retribuye): hay una plusvalía (que crea el trabajador con su fuerza de trabajo, pero que se apropia el capitalista). "La fuerza de trabajo añade constantemente al producto, sobre su propio valor, una plusvalía que es la encarnación del trabajo no retribuido" (El capital, t. 11, cap. VI.).”
www.webdianoia.com/glosario /display.
En
tiempos de la esclavitud y del feudalismo el hombre no era libre. Él y
su capacidad de trabajar le pertenecían a un dueño, quien disponía para
sí de todo lo que el hombre hiciera. Cuando vino la revolución
industrial el capitalista necesito del obrero para hacer funcionar las
maquinas, pero no lo podía obligar, como en tiempos anteriores.
En
el capitalismo el trabajador es dueño de su inteligencia y de su fuerza
física (es lo que llaman fuerza de trabajo) y viene en suscribir un
acuerdo con el dueño del capital para venderle fuerza de trabajo.
Lo que el patrón paga por esa fuerza es lo que le permite al dueño de la misma (el trabajador) alimentarse y reproducirse.
El
producto que genera la fuerza de trabajo del hombre se llama mercancía y
tiene un precio mayor que lo que se paga por la fuerza de trabajo.
La diferencia entre una y otra es la ganancia, de la que se apropia el patrón.
HAY CAMBIOS PERO TODO SIGUE CASI IGUAL
Ciertamente
mejoraron las condiciones, el abuso en estos tiempos es menos visible
pero no por ello dejó de existir. Simplemente está mejor disfrazada la
explotación.
Ya
ni siquiera se llama trabajadores a los proletarios, se les dice
colaboradores, integrantes de una gran familia. Y sin embargo sigue
siendo evidente que del resultado del proceso de trabajo, solo el patrón
disfruta.
Es
el patrón quien se apropia de toda la ganancia (también llamada
plusvalía), mientras el trabajador debe vivir endeudándose, tomando
créditos para satisfacer sus necesidades y las de su grupo familiar.
¿Cuál es entonces la diferencia entre lo que se vivía en los primeros
decenios de la revolución industrial y ahora?
En
el siglo XXI los trabajadores están menos conscientes del rol que
cumplen en la sociedad. Han perdido la capacidad de luchar por lo que
les pertenece, parecen desconocer hasta sus derechos básicos como
disfrutar de las ganancias generadas con su trabajo, vivienda, salud y
educación para sus hijos, un medio ambiente sano y un sinfín de otras
necesidades.
Es
momento de romper esta inercia malsana. El trabajador debe luchar por
lo que merece y para ello requiere de organización. Organización de
clase.
Organizarse para luchar por lo que se necesita no es un delito. Es un deber irrenunciable.
CONTINUA EN EL PRÓXIMO PULSO SINDICAL
MANUEL AHUMADA LILLO
Presidente C.G.T CHILE
Joseph Stiglitz: “No podemos confiar en el sector financiero, si no lo regulamos, engañarán, se aprovecharán de la gente”
Por María Sánchez Díez
KAOS EN LA RED - Publicado en: 1 enero, 2018
KAOS EN LA RED - Publicado en: 1 enero, 2018
“Puede
que sea necesario dejar el euro para salvar a Europa”. “Cuando la gente
está peor de lo que estaba hace diez años, decirle que están
recuperados es un disparate”.
“Puede
que sea necesario dejar el euro para salvar a Europa”. “Cuando la gente
está peor de lo que estaba hace diez años, decirle que están
recuperados es un disparate”.
“Podemos tiene un entendimiento de por qué las cosas han salido mal y un compromiso para tratar de mejorarlas, a diferencia de lo que se llama el populismo de derechas, que utiliza el descontento para crear regímenes autoritarios o para enriquecerse”
“Cuando la gente está peor de lo que estaba hace diez años, decirle que están recuperados es un disparate”
Los directivos: “Tienen que ser responsables financieramente. Si te portas mal, tus bonificaciones se recortan.Esto podría implicar, además, penas de cárcel”
Trump: “¿Qué hará falta para que sus partidarios se convenzan de que se han enamorado de alguien que no es la persona que creen que es?”
“Puede que sea necesario dejar el euro para salvar a Europa”
“Podemos tiene un entendimiento de por qué las cosas han salido mal y un compromiso para tratar de mejorarlas, a diferencia de lo que se llama el populismo de derechas, que utiliza el descontento para crear regímenes autoritarios o para enriquecerse”
“Cuando la gente está peor de lo que estaba hace diez años, decirle que están recuperados es un disparate”
Los directivos: “Tienen que ser responsables financieramente. Si te portas mal, tus bonificaciones se recortan.Esto podría implicar, además, penas de cárcel”
Trump: “¿Qué hará falta para que sus partidarios se convenzan de que se han enamorado de alguien que no es la persona que creen que es?”
“Puede que sea necesario dejar el euro para salvar a Europa”
Joseph
Stiglitz (Gary, Indiana, 1943) abandonó su carrera en física para
dedicarse a la economía. Su tesis ya trataba sobre la desigualdad y,
tras toda una carrera dedicada a la economía (un Nobel incluido en
2001), la brecha entre pobres y ricos todavía no parece ofrecerle
tregua. Fue consejero de Bill Clinton durante su presidencia y
economista jefe del Banco Mundial hasta el año 2000. Tras años
predicando contra los excesos del Fondo Monetario Internacional y la
desregularización del sector financiero, como una Casandra de la ciencia
económica en un mundo dominado por las tesis neoliberales, la crisis
financiera le dio buena parte de razón. Desde su despacho en la
Universidad de Columbia, recibe a eldiario.es para hablar de los nuevos
movimientos de oposición a la globalización, la regularización de
Silicon Valley, el futuro del euro, la irrupción de Trump, la lucha
contra el cambio climático y un sector financiero al que, según
advierte, debemos seguir vigilando de cerca.
Hace 15 años escribió ‘El malestar de la globalización ’.
Hoy estamos presenciando nuevas olas de descontento: desde el Brexit
hasta la victoria de Donald Trump pasando por el auge de los populismos
nacionalistas en Europa. ¿Se ha convertido el statu quo económico en una
fuente de resultados políticos inespera dos cada vez más frecuentes?
La
razón por la que los problemas del malestar con la globalización se han
extendido del Sur hacia al Norte es que los acuerdos comerciales se
realizaron realmente en función de los intereses corporativos, así que
acabas teniendo perdedores tanto en el Norte como en el Sur. ¿Y quiénes
fueron los ganadores? Las corporaciones. Ganaron porque bajaron los
sueldos en el Norte y consiguieron sueldos más baratos en el Sur.
Lograron todas la ganancias y, al debilitar el poder negociador de los
trabajadores, les robaron dinero, ya sea en el Norte o en el Sur.
¿Cómo espera que sus críticas a la globalización evolucionen en el futuro? ¿Cuáles serán las nuevas fuentes del malestar?
Ya
está incluso afectando a algunas corporaciones, porque algunas ganan y
otras pierden. Pero en este caso tengo menos simpatía. Mi nuevo libro,
que va a salir ahora, se llama ‘El malestar de la globalización
revisitado, con el subtítulo: Antiglobalización en la era de Trump’, se
centra en cómo estamos viendo los viejos descontentos en los países en
desarrollo más los nuevos descontentos en los países desarrollados.
¿Me puede adelantar algo?
Básicamente,
el rompecabezas es: ¿cómo es posible que la globalización sea mala para
los países en vías de desarrollo y mala también para los países
desarrollados? Y la respuesta es: porque la definieron las corporaciones
para ellas mismas. Trump dice que los acuerdos comerciales como Nafta
son los peores de todos los tiempos y que desfavorecen a Estados Unidos.
¿Cómo pueden perjudicar a Estados Unidos y también a los países en vías
de desarrollo? Y: ¿Es posible que perjudiquen a Estados Unidos cuando
fue Estados Unidos quien los dictó? Mi respuesta es no, no es posible.
Conseguimos lo que queríamos, pero era lo que las corporaciones querían,
no lo que los trabajadores estadounidenses querían. Y Trump no lo
arreglará porque representa a la plutocracia, a las corporaciones ricas.
No está interesado en los trabajadores excepto para obtener votos. Si
estuviera interesado en su bienestar, no habría propuesto un programa de
seguro de salud que dejaría a 20 millones de personas sin seguro
médico. No estaría proponiendo una reforma tributaria que daría todo el
dinero a los más ricos. No está interesado en los trabajadores, excepto
en la medida en que puede persuadirlos para que voten por él y darle más
dinero.
Los movimientos de oposición son
de naturaleza ideológica muy diversa, pero algunas voces los consideran
el mismo tipo de respuesta contra las élites. ¿Es correcto equiparar a
Podemos con Trump?
Son totalmente diferentes.
El problema es que Trump está explotando este malestar. Y creo que
Podemos tiene un entendimiento bastante sofisticado de por qué las cosas
han salido mal y un compromiso para tratar de mejorarlas, a diferencia
de lo que a menudo se llama el populismo de derechas, que utiliza el
descontento para crear regímenes autoritarios o para enriquecerse. Está
muy claro que Trump realmente no está preocupado por los estadounidenses
comunes. Lo que ha hecho bien es persuadirlos de que se preocupa por
ellos, de una forma deshonesta. Pero fue a esos lugares tan pobres,
Kentucky y demás, a los que Hillary ni siquiera fue, y dijo: ‘Me
preocupo por vosotros’. Pero era todo una farsa, porque ahora va y dice:
‘Voy a quitaros el seguro sanitario y voy a hacer que estéis peor’. Así
que la pregunta ahora es: ¿se despertarán los estadounidenses o
responderán al mensaje emocional, incluso cuando [Trump] les está
robando? Y muchos demócratas están empezando a preocuparse porque, por
malo que sea para esta gente, lo quieren (risas). Puede mentir, y no les
molesta. ¿Qué hará falta para que sus partidarios se convenzan de que
se han enamorado de alguien que no es la persona que creen que es?
Ha criticado que los acuerdos comerciales internacionales se firmen con estándares democráticos tan bajos y con tan poca transparencia. ¿Cuál sería una mejor manera de articularlos en el futuro?
Una
mejor manera de llegar a acuerdos es obviamente que haya una mayor
participación en la toma de decisiones: que trabajadores, ecologistas y
otras personas con intereses en la sociedad participen en la
negociación, en fijar los términos de referencia. Las disputas
inversionista-Estado [cláusulas que permiten a compañías privadas pedir
compensaciones si un país regula en contra de sus intereses] ilustran
esto. Hay que tener principios claros y decir: ‘mira, no tienes derecho a
demandar por una regulación, eso depende del país. Solo puedes demandar
por discriminación’.
¿Cómo podemos asegurar un futuro en el que los intereses económicos privados no pongan en compromiso la democracia?
Creo
que la plena liberalización del mercado de capitales es particularmente
peligrosa, especialmente para los países en vías de desarrollo, porque
el capital entrando y saliendo a corto plazo es lo que más compromete a
la democracia. En el caso de un país como Brasil, cuando a Wall Street
no le gusta un candidato sacan su dinero, el tipo de cambio baja, la
gente entra en pánico… puede tener un efecto muy grande en el papel de
los mercados financieros en la política. Para mí eso es al menos una
pieza importante. En Estados Unidos el principal tema son las
contribuciones a las campañas. El dinero está influyendo muy
directamente en nuestra política.
¿Cuánto puede crecer la brecha entre los pobres y los ricos sin que haya conflictos sociales?
Tenemos
la sensación de que cuando hay más desigualdad, puede haber más
conflicto, pero también sabemos que las cosas son más complicadas. Hay
personas que dicen que, de hecho, el conflicto no se produce cuando las
cosas están mal de verdad, sino cuando están mejorando, pero no mejoran
lo suficientemente deprisa; cuando se le da a la gente la sensación de
que las cosas podrían ir mejor, sus aspiraciones cambian, pero se
decepcionan. Eso puede dar lugar a problemas. Muchos de estos estudios
se hicieron en el pasado y hoy es muy diferente. La gente puede ver lo
que está pasando en el resto del mundo mucho más fácilmente y su sentido
de lo que es posible es diferente. Ahora todo el mundo ve y se
pregunta: ‘¿por qué están viviendo mejor que yo?’
El
mensaje que estamos recibiendo en Europa o en España es que la economía
se ha recuperado, aunque las mejoras pueden ser imperceptibles en el
día a día de las personas normales. ¿Cómo podrá defenderse la ciudadanía
de un gobierno que le dice que está bien cuando en realidad no lo está?
Creo
que es muy peligroso que los políticos digan cosas que son
inconsistentes con la percepción de la gente, porque eso conduce a la
desconfianza en el gobierno y en las élites. Obama dijo que nos habíamos
recuperado en 2009, en 2010, en 2011, cuando el 91% de todas las
ganancias fueron al 1% [más rico] y el 99% no se recuperó. El efecto que
eso tuvo fue un aumento de la desconfianza en el gobierno. Y
contribuyó, creo yo, al triunfo de Trump. Dio la sensación de que el
gobierno estaba mintiendo, porque la gente sabía que no estaba mejor y
aún así se estaba diciendo que la recesión había terminado. Es
extraordinariamente peligroso que los líderes políticos tergiversen lo
que está sucediendo en las vidas de individuos ordinarios. En el caso de
lo que está sucediendo en España y en Europa la pregunta es: ¿Estás en
el punto en el que estabas? Y la respuesta es no. Cuando el desempleo de
los jóvenes es del 40%, claramente hay grandes grupos de la población
que no lo están pasando bien. Cuando la gente está peor de lo que estaba
hace diez años, decirle que están recuperados es un disparate.
La
tecnología, la robotización, biotecnología… todos estos campos
contienen una promesa de desarrollo económico y progreso democrático. ¿Cómo se distribuirá esta nueva riqueza en el futuro?
Siempre
existe este tema de cómo distribuir los beneficios de la globalización,
de los avances tecnológicos. El principio general dice que, si la
sociedad es más rica, todo el mundo podría estar mejor. Pero depende de
la naturaleza del cambio tecnológico. Si es lo que llamamos innovación
de ahorro de trabajo, entonces se reduce la demanda de mano de obra y
los trabajadores pueden estar peor. Creo que es imperativo en este
contexto que tengamos políticas gubernamentales activas involucradas en
la redistribución y que nos aseguremos de que, a medida que nos hacemos
más ricos, los beneficios se comparten, al menos en parte, entre todos
los grupos de la sociedad.
Mientras
hablamos, hay industrias que se están transformando de forma
irreversible en Silicon Valley. ¿Estamos prestando suficiente atención a
este nuevo centro de poder?
Mucho de lo que
está pasando tiene que ver con cambios en industria de la publicidad o
en una nueva industria de redes sociales. ¿Es tan importante? Es
interesante, pero eso no es tan fundamental como otros aspectos de cómo
vivimos. Hay que tener cuidado de no comprarle el bombo publicitario a
Silicon Valley. Han exagerado su disrupción. Han transformado los taxis,
pero parte de lo que están haciendo es arbitraje regulatorio [práctica
mediante la cual las empresas capitalizan las lagunas legales para
eludir regulación desfavorable]. Airbnb ha transformado el mercado de
los hoteles, pero probablemente es porque evita pagar impuestos. Si lo
regulamos adecuadamente, con impuestos, no creo que vaya a ser tan
rompedor. Las ventajas de Airbnb serían más pequeñas una vez pagaran
impuestos y estuvieran regulados. La gente probablemente preferiría ir a
un hotel regular que a un Airbnb, aunque todavía sería una industria
activa. Esas son dos industrias relativamente pequeñas hasta ahora. A
largo plazo habrá grandes problemas con la inteligencia artificial y
cómo la manejamos. Se trata de un problema mayor que se remonta a la
cuestión de las innovaciones de ahorro de mano de obra, que reducen la
demanda y, por lo tanto, bajan los salarios. Si nuestra economía es más
rica, podemos imponer impuestos que hagan que estemos todos mejor. Estos
son temas más políticos que económicos. La pregunta es: ¿cómo podemos
asegurarnos de que los frutos de estos avances se compartan
equitativamente?
En la lógica de Trump, la lucha contra el cambio climático es incompatible con un buen desempeño económico. ¿Cuál es el argumento económico para reducir las emisiones de carbono?
Trump
no sabe nada de economía, siempre ha hecho dinero con prácticas
comerciales turbias, es el prototipo de la búsqueda de renta, de una
persona que gana dinero aprovechándose de otras. No es un creador de
riqueza, es un destructor de riqueza. No tiene autoridad para hablar de
nada. Abordar el cambio climático crearía una economía más fuerte. Por
ejemplo, Trump habla de la industria del carbón, pero se están creando
más trabajos en los paneles solares que en el carbón. De hecho, hay más
instaladores de paneles solares que mineros de carbón. Trump vive en el
pasado. No sé si no piensa muy profundamente, si mira las estadísticas,
si realmente ha pensado en ello, pero realmente creo que podemos tener
una economía más fuerte tratando más efectivamente con el cambio
climático.
Los flujos de
inmigración podrían ser la solución a las amenazas demográficas que
enfrentan los países occidentales: tasas bajas de fecundidad,
envejecimiento de la población, preferencias en el empleo. ¿Cómo podría
esta narrativa ganar fuerza en el momento antiinmigrante de Trump en
EEUU y el de los refugiados en la UE?
En
Occidente y el Norte tenemos que ver como nuestra responsabilidad parte
de la migración. Hemos sido el principal contribuyente al calentamiento
global y el calentamiento global está contribuyendo a la desertificación
en el Sahel y creando una gran cantidad de refugiados económicos que,
combinado con nuestros subsidios al algodón, están deprimiendo el nivel
de su vida y dañándolos. Hemos tenido un efecto muy negativo en muchas
poblaciones, así que tenemos la responsabilidad moral de ayudarles a
resolver el problema que contribuimos a crear. Desde la perspectiva
estadounidense, somos una sociedad que fue creada por los inmigrantes.
Me parece intolerable decir que los inmigrantes son un problema, estamos
donde estamos por los inmigrantes. La retórica anti-inmigrante es muy
peculiar, porque Trump no estaría aquí si su familia no hubiera
emigrado. Las únicas personas que tienen legitimidad para quejarse son
los indios americanos a quienes los inmigrantes dañaron, y a quienes se
les robó su tierra. Pero eso no es de lo que Trump está hablando.
¿Qué
medidas cree que podrían ser lo suficientemente disuasivas para evitar
que los bancos y el sector financiero vuelvan a causar el daño que ya
hemos vivido?
Primero, debemos saber que no
podemos confiar en ellos, que engañarán, que se aprovecharán de la
gente. La idea de que pueden autorregularse es absurda, es un oxímoron.
Tiene que haber regulaciones. Y tenemos que supervisarlos con mucho
cuidado. Segundo, no es lo mismo responsabilizar a los individuos que a
las corporaciones. Los bancos tuvieron que pagar decenas de miles de
millones de dólares, pero los directores ejecutivos se marcharon con su
dinero en efectivo. Y no son las corporaciones las que hacen las cosas,
son los individuos. Nuestro nivel de rendición de cuentas se ha
reducido. Tercero, [los CEOs] necesitan ser responsables
financieramente. Si te portas mal, tus bonificaciones se recortan y tu
salario debe ser provisional. Si te portas mal, pagas. Esto podría
implicar más que responsabilidad financiera, prisión también. Son
crímenes de cuello blanco: estaban robando dinero a otras personas de
una forma u otra y no hemos hecho lo suficiente. Llegamos muy lejos en
la eliminación de la responsabilidad individual y tenemos que traerla de
vuelta.
El neoliberalismo o el
“fundamentalismo del libre mercado”, como usted le ha llamado, ha
dominado las instituciones económicas internacionales desde hace
décadas, pero ha fallado a los ciudadanos y ha costado a la sociedad
mucho dolor. Como ideología económica, sin embargo, sigue siendo
dominante. ¿Por qué y hasta cuándo?
Es una
ideología que sirve a ciertos intereses que son muy influyentes. Tienes a
personas de la comunidad financiera articulando una visión de la
economía, tal y como la ven. Una parte de ella es ignorante, otra es
interesada y otra está cegada por un problema de percepción: a ellos les
va bien con el neoliberalismo y, por lo tanto, a todo el mundo le va
bien. Creo que están empezando a entender que no es tan genial. Estoy
esperanzado de que muchas personas del 1% están genuinamente
preocupadas, están diciendo: ‘El sistema está roto, y tenemos que
arreglarlo’. Mi verdadera preocupación es cómo la gente llega a entender
qué no está funcionando bien. Está la historia de Trump, incipiente,
una especie de populismo neoliberal: plutócratas tratando de aprovechar
los fracasos para poder hacer aún más dinero. Cuentan una historia sobre
los extranjeros, sobre haber sido robados… y ha engañado a un gran
número de estadounidenses. Y lo mismo en Europa: Le Pen en Francia o
muchas personas en España que creen que la austeridad ha funcionado y
que la economía se está recuperando. Pero tengo que ser optimista: la
democracia funcionará, la mayoría de la gente entenderá que este tipo de
populismo trumpista no funciona, que la austeridad no está funcionando
y tendrán una mente más abierta hacia políticas que puedan funcionar.
¿También en la Eurozona?
En
el caso de Europa hay un aspecto que lo dificulta y es que las manos de
los países europeos que son parte del euro están atadas por él. Y el
resultado es que te encuentras a los partidos de centroizquierda
proeuropeos defendiendo el euro. Pero domina Alemania y su austeridad.
Esto ha debilitado al centroizquierda, que sería la fuente de crítica
natural a este tipo de populismo neoliberal. Es un gran problema para
Europa.
Usted ha defendido que la salida del euro podría tener sentido para algunos países, a modo de “divorcio amigable”.
Podrían
irse, pero creo que sería mejor si consiguieran que Europa se
reformara. Por ahora, Alemania ha demostrado una reticencia notable a
hacer reformas, pero tal vez diga: ‘Si seguimos esta dirección, vamos a
desmoronarnos, vamos a estancarnos, vamos a tener movimientos populistas
trumpistas, es demasiado peligroso para el futuro’. Se trata de un
juicio político sobre si Alemania podrá ser persuadida por el peligro
real de la prolongación de su política.
¿Por qué estamos tan apegados al Euro?
Entiendo
el caso de Grecia y también el de España. Son países que estaban en la
periferia, que tuvieron gobiernos fascistas, así que quieren estar
atados al proyecto europeo y han malinterpretado el euro: en vez de
verlo como un medio para un fin, lo han visto como un fin en sí mismo.
Yo diría: puede que sea necesario dejar el euro para salvar Europa. Han
confundido estos trozos de papel con la identidad europea. Y no termino
de entender por qué.
Enlace con la entrevistaURUGUAY
10 de febrero de 2018, 22:02hs - LR 21
Municipales de Bella Unión denuncian condiciones precarias de trabajo en intendencia de Artigas
Trabajadores de Bella Unión, nucleados en la Asociación de Empleados Municipales de Bella Unión, paralizan este viernes 9 de febrero. Denuncian las malas condiciones de la flota de vehículos, el fallecimiento de un trabajador y las pésimas relaciones laborales.
En dicho marco recordó el fallecimiento de un funcionario del sector recolección de la Intendencia de Artigas en un accidente que se produjo cuando se dirigía al Corralón Municipal para dejar su camión, al término de la jornada laboral.
El dirigente sindical remarcó que “se necesita con urgencia una actitud más firme de parte de las autoridades nacionales para que intercedan”.
Vínculo laboral
Da Col dijo -según publicó el portal del PIT-CNT- que la precariedad de las condiciones laborales y el vínculo laboral con las autoridades municipales son parte de una realidad angustiante”.Detalló que “de un total de 275 funcionarios, solamente 59 son presupuestados”.
“A los pocos días que asumió el actual intendente Pablo Caram despidió a cinco compañeros, sin causa justificada, y ello nos llevó a un conflicto de varios días que terminó con el reintegro de los trabajadores despedidos”, recordó el dirigente sindical.
Denunció que días pasados el intendente Caram “despidió a otros dos trabajadores pasando por encima del acuerdo existente”.
“Además del paro que realizamos por el compañero fallecido presentamos una nota reclamando que se inspeccione a toda la flota de Bella Unión”, recordó.
ADEOM denuncia contratos “chatarra” en la Intendencia de Lavalleja
La Asociación de Empleados y Obreros Municipales (ADEOM) denunció que existen al menos 300 contratos “chatarra” en la Intendencia de Lavalleja, al frente de la nacionalista Adriana Peña.
En las últimas horas, el presidente ADEOM-Lavalleja, Julio Marmolejo, denunció que “de los aproximadamente 1.100 funcionarios de la Intendencia, 300 de ellos son contratos chatarra”.
“Es un porcentaje altísimo de contratos chatarra en relación al total de trabajadores municipales. Estos compañeros están haciendo obras con un salario mínimo muy por debajo de los 26 mil pesos que dice la intendenta que cobran los trabajadores”, cuestionó.
El dirigente sindical agregó que, además de la importante diferencia salarial, “también se ven afectados los derechos laborales de los funcionarios”.
“Hay compañeros que hace años que vienen con contratos chatarra de un mes de extensión y esos vínculos laborales son usados para presionar cuando se acercan las elecciones, como las viejas prácticas de otras épocas”, sentenció.
Amiguismo
Según declaraciones de Marmolejo, que difundió el portal del PIT-CNT, los funcionarios municipales de Lavalleja “no escapan a lo que sucede en muchas otras intendencias del interior en referencia a los contratos precarios y el amiguismo”.“Todo el mundo sabe que en el país hay acomodos con los cargos de confianza”, dijo el dirigente sindical.
Añadió que hay una realidad y es que “muchos trabajadores ingresan al mundo laboral de las intendencias por recomendaciones o, incluso favores políticos”.
Denunció que en la Intendencia de Lavalleja “se produce una cantidad importante de ingresos a dedo, cuando el estatuto establece que a la actividad administrativa se debería ingresar mediante concursos”.
El dirigente gremial también cuestionó la decisión de la intendenta de “aumentar un 107% los salarios a sus cargos de confianza, cuando el resto de los trabajadores municipales viven una situación angustiante”.
Gerardo Núñez. Foto: Andrés Cuenca (archivo, agosto de 2017)
Diputados denuncian “severos problemas” de vulneración a derechos de trabajadores en Frigocerro de Durazno
Las denuncias que hizo la organización sindical de trabajadores
del frigorífico Frigocerro de Durazno fueron constatadas por diputados
de la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de
Representantes. Después de la recorrida por las instalaciones, los
diputados frenteamplistas Gerardo Núñez y Martín Tierno confirmaron, en
una nota enviada al prosecretario de Presidencia de la República, Juan
Andrés Roballo, que existen “severos” problemas de seguridad laboral,
medioambiente y represión sindical.
Los legisladores informaron de violaciones básicas a los derechos laborales, como la existencia de trabajadores no registrados en la seguridad social, y notaron que “en el año 2015 un trabajador jubilado, que se desempeñaba en negro en la planta, tuvo un accidente laboral que le costó casi la pérdida de un brazo”, porque llevaba a cabo sus tareas “sin implementos de seguridad”. Además, los diputados aseguraron que esa situación “permanece incambiada” en “varias áreas de la planta”, lo que compromete “seriamente” la salud y la seguridad laboral de los trabajadores. También denunciaron que los trabajadores cumplen tareas “sin guantes, o con un solo par proporcionado por la empresa, por lo que muchos gastan su propio salario para adquirirlos”.
Además, los diputados denunciaron que “los vertidos de la planta son realizados directamente a una laguna que se encuentra a escasos metros del río Yi, en una zona inundable”, y que, con las frecuentes crecidas del río, “los vertidos tóxicos sin tratamiento derivan directamente en el Yi”.
También constataron que “muchos animales llegan a faena ya muertos, o en pésimas condiciones sanitarias”, y que “muchos” de ellos son “amontonados al aire libre, también muy cerca del cauce del río Yi”. Sostuvieron que esto perjudica no sólo la salud de los trabajadores, sino de “toda la población de Durazno”. Además, aseguraron que “muchos” de los animales faenados para exportación “no cumplen con todas las exigencias”, lo que “puede poner en riesgo el conjunto de la exportación cárnica del Uruguay”.
La nota también sostiene que los trabajadores del frigorífico denunciaron estos problemas en reiteradas ocasiones, en un lapso de “varios años”, y que obtuvieron como respuesta el despido de los dirigentes sindicales que lo hicieron, “en clara señal de represión sindical”. Ante esto, los diputados sostienen que “la empresa alega dificultades económicas, pero en su lugar contrata a más trabajadores en negro” y, en algunos casos, “se limita a reducir los días que los convoca a trabajar”. Además, recuerdan que también se suman diversas denuncias ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), “e incluso ante la Justicia”, por “incumplimientos de convenios colectivos, pagos de antigüedad, sanciones arbitrarias”, entre otras causas.
Ante la “gran preocupación” que provoca esta situación, los legisladores solicitan en la carta a Roballo la conformación, de manera “urgente”, de un “espacio para analizar la situación y tomar las medidas que sean necesarias”, con la presencia de representantes de Presidencia de la República, el MTSS, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, y legisladores.
Los legisladores informaron de violaciones básicas a los derechos laborales, como la existencia de trabajadores no registrados en la seguridad social, y notaron que “en el año 2015 un trabajador jubilado, que se desempeñaba en negro en la planta, tuvo un accidente laboral que le costó casi la pérdida de un brazo”, porque llevaba a cabo sus tareas “sin implementos de seguridad”. Además, los diputados aseguraron que esa situación “permanece incambiada” en “varias áreas de la planta”, lo que compromete “seriamente” la salud y la seguridad laboral de los trabajadores. También denunciaron que los trabajadores cumplen tareas “sin guantes, o con un solo par proporcionado por la empresa, por lo que muchos gastan su propio salario para adquirirlos”.
Además, los diputados denunciaron que “los vertidos de la planta son realizados directamente a una laguna que se encuentra a escasos metros del río Yi, en una zona inundable”, y que, con las frecuentes crecidas del río, “los vertidos tóxicos sin tratamiento derivan directamente en el Yi”.
También constataron que “muchos animales llegan a faena ya muertos, o en pésimas condiciones sanitarias”, y que “muchos” de ellos son “amontonados al aire libre, también muy cerca del cauce del río Yi”. Sostuvieron que esto perjudica no sólo la salud de los trabajadores, sino de “toda la población de Durazno”. Además, aseguraron que “muchos” de los animales faenados para exportación “no cumplen con todas las exigencias”, lo que “puede poner en riesgo el conjunto de la exportación cárnica del Uruguay”.
La nota también sostiene que los trabajadores del frigorífico denunciaron estos problemas en reiteradas ocasiones, en un lapso de “varios años”, y que obtuvieron como respuesta el despido de los dirigentes sindicales que lo hicieron, “en clara señal de represión sindical”. Ante esto, los diputados sostienen que “la empresa alega dificultades económicas, pero en su lugar contrata a más trabajadores en negro” y, en algunos casos, “se limita a reducir los días que los convoca a trabajar”. Además, recuerdan que también se suman diversas denuncias ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), “e incluso ante la Justicia”, por “incumplimientos de convenios colectivos, pagos de antigüedad, sanciones arbitrarias”, entre otras causas.
Ante la “gran preocupación” que provoca esta situación, los legisladores solicitan en la carta a Roballo la conformación, de manera “urgente”, de un “espacio para analizar la situación y tomar las medidas que sean necesarias”, con la presencia de representantes de Presidencia de la República, el MTSS, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, y legisladores.
En la UNTMRA preocupa situación de mujeres despedidas de Rusch porque “tienen una edad bastante complicada para reinsertarse en la actividad”
La empresa Rusch Uruguay Ltda., filial de Teleflex, fabricante
de tecnologías médicas con casa matriz para América Latina en México,
pero actualmente propiedad de capitales estadounidenses, anunció su
cierre y despidió a 160 trabajadores, en su mayoría mujeres. Según
informó a la diaria Andrea de León, dirigente de la rama del
plástico de la Unión Nacional de Trabajadores del Metal y Ramas Afines
(UNTMRA), el 30 de enero, durante la visita de un ejecutivo de Teleflex,
proveniente de México, “sorpresivamente” se les comunicó a los
trabajadores que “cesaba su actividad productiva”.
Rusch se dedicaba en Uruguay a fabricar básicamente sondas de plástico y, si bien vendía la mayor parte de la producción al exterior, también comercializaba parte de sus productos en el mercado local. De Léon dijo que la empresa transmitió que “es más barato traer los materiales que hace desde China” y, por lo tanto, decidió bajar los costos y dejar de producir en Uruguay.
La principal preocupación de la UNTMRA es que la mayoría de los despidos (excepto diez) recayó sobre mujeres, que “muchas son jefas de hogar” y además hay “un grupo grande de compañeras que son grandes y tienen una edad bastante complicada para reinsertarse en la actividad”, añadió De León.
“El planteo que hizo el sindicato es que, si el grupo económico Teleflex vuelve a reabrir Rusch, mediante el registro de trabajadores vuelva a incorporar a las compañeras que ya son experientes en la tarea. Y, también, en el caso de que venda la planta a un tercero, que se tuviera en cuenta el registro de trabajadores para poder reinsertar a las compañeras”, dijo De León. Una tercera posibilidad de resolver la situación del personal despedido es hacer cumplir un acuerdo firmado en 2008 en el convenio colectivo entre la UNTMRA y la Asociación Uruguaya de Industrias del Plástico, que “establece el registro de trabajadores” y en el que se acordó que las empresas de la rama deben comunicar al comité de base del sindicato cuando van a incorporar personal, “para tener en cuenta” a las personas que están registradas en esa lista, indicó la dirigente.
Otra preocupación de la UNTMRA es que no todos los trabajadores despedidos de Rusch han podido acceder al seguro de paro, ya que durante 2017 la empresa envió a varios a este beneficio por un período de entre cuatro y siete meses, y aún no generaron los jornales necesarios para volver a hacer el trámite. De León aclaró que la empresa va a cumplir con el pago de los créditos laborales.
La planta de Rusch Uruguay Ltda. está ubicada en Camino Carrasco, a metros del puente del arroyo Carrasco. La empresa está instalada en el país desde hace cuatro décadas y, según explica en su sitio web, en 1943 fue fundada para fabricar un producto sencillo que consistía en un cable helicoidal y un engranaje que podía convertir los movimientos de empuje y tracción en movimientos giratorios, y cuyo primer uso fue ajustar el radio de los pilotos de los cazas Spitfire de la Real Fuerza Aérea británica.
Si una virtud tiene la reciente movilización de productores agropecuarios agrupados bajo la consigna “Por el campo y con la patria” es que permite evidenciar una serie de rasgos de la economía y la estructura de clases de Uruguay sobre los que es interesante volver a echar luz.
Para empezar, “el campo” no existe como categoría social. Esto a pesar de que los propietarios rurales sistemáticamente intenten llenarlo de sus intereses. Muy por el contrario, en “el campo” existen clases sociales con diversos intereses y, por si fuera poco, luchan.
No hay que ser muy perspicaz. La plataforma reivindicativa de los “productores alzados” delimita muy claramente su perfil: recortar salarios, bajar el costo del Estado (servicios públicos, políticas sociales) y garantizar la apropiación privada de la renta del suelo y sus ganancias.
Por eso si por “campo” queremos referir no a un paisaje o territorio, sino a los sujetos sociales que en él producen y/o habitan, habría que empezar por reconocer el rico entramado de clases que lo conforman, que se resiste a ser encasillado en la imagen “campo somos todos”.
El punto de partida son las tres formas principales del ingreso en las sociedades capitalistas: renta del suelo, ganancias y salarios, y cuyas personificaciones expresan a sujetos con intereses bien diferentes: terratenientes, capitalistas y asalariados, respectivamente. Repasemos un poco de economía política. En cualquier actividad el trabajador (el verdadero productor) primero genera un valor, el salario, con el que repone su capacidad de trabajar, y luego un plus-valor (trabajo excedente) que se reparte bajo la forma de ganancia media para capitalistas y renta del suelo para terratenientes. En este sentido la renta representa una pérdida para la clase capitalista, que debe ceder esta porción del excedente a un sujeto que no cumple ningún rol en la producción pero que reclama su remuneración dado el carácter finito, monopolizable y heterogéneo del suelo.
Es más, no sólo hay un conflicto terratenientes/capitalistas que se expresa en el precio de arrendamiento del suelo, sino que la lógica de sus respectivos “negocios” son bien diferentes. Mientras el capitalista espera una ganancia media que suele oscilar entre el 10 y el 20 por ciento del capital adelantado, el terrateniente se comporta con una lógica “financiera”, según la cual la compra de tierras es como la compra de bonos del tesoro u otros activos similares, y cuya referencia de rentabilidad es una tasa de interés que suele oscilar entre el 3 y el 5 por ciento (véase gráfico para los últimos 60 años).
El problema es que en la realidad concreta las cosas siempre aparecen más entreveradas, con sujetos en los que se superponen las personificaciones. Capitalistas que son al mismo tiempo terratenientes. Pequeños capitalistas que no tienen escala para competir con los capitales medios, pero que siguen en la producción recibiendo una remuneración equivalente al interés por su capital invertido. Productores familiares-mercantiles que controlan un pequeño capital y cuya remuneración es equivalente a un salario que repone el gasto de la fuerza de trabajo familiar, y que en muchos casos son a su vez pequeños terratenientes. E incluso asalariados que tienen un pequeño capital en la producción (por ejemplo, cría de ganado) que oficia de complemento salarial.
Por eso en la plataforma reivindicativa de este “neo-ruralismo” encontramos mezclados reclamos típicamente empresariales (baja de impuestos, tarifas y salarios) con demandas de los terratenientes (reducción de impuestos a la propiedad del suelo). Es más, parecería tratarse de una movilización encabezada fundamentalmente por pequeños capitalistas agrarios que en muchos casos son simultáneamente terratenientes, y no por los grandes capitales del campo (forestales, sojeros, estancieros).
Este doble carácter de clase seguramente esté explicando por qué no apuntan sus baterías contra el costo del arrendamiento, cuando la renta bruta estimada con precios de mercado ponderados representó en promedio 38 por ciento del Pbi agropecuario entre 2000 y 2016. Sin embargo, también es posible sugerir una hipótesis más de fondo: no pueden cuestionar la renta del suelo porque de hacerlo estarían cuestionando la sacrosanta propiedad privada.
En segundo lugar, tampoco los productores son la clase más numerosa del “campo”. Con base en distintas fuentes (Encuesta Continua de Hogares, Censo Agropecuario, Registro de Productores Familiares), se puede estimar que mientras los asalariados agrarios oscilan entre 70 mil y 80 mil, los productores familiares-mercantiles agrupan unos 23 mil establecimientos y a cerca de 40 mil trabajadores (incluyendo titular y familiares), y los empresarios-patrones (de todos los tamaños) son alrededor de 15 mil. Algo es evidente: el poder fáctico y la capacidad para amplificar intereses, mediática y políticamente, no se relaciona con el tamaño de la clase, sino con la cantidad de hectáreas y la magnitud absoluta del capital.
CICLOS RECURRENTES. Por último, esta nueva crisis de la “clase media rural”, como gustan llamarse, no es el resultado de la voracidad fiscal y demagógica de un “gobierno populista”. Por el contrario, es más bien un síntoma de una enfermedad provocada por un virus que se llama capitalismo, su rasgo fundamental es la competencia a muerte entre capitalistas (la “destrucción creativa”) que provoca ineluctablemente concentración y centralización. Para colmo de males este virus tiene una cepa sudamericana más agresiva, que incluye ciclos recurrentes de abaratamiento del dólar (“atraso cambiario”, en la jerga más corriente), lo que acelera la destrucción de los segmentos más ineficientes del empresariado rural.
Sucedió durante el control de cambio de Luis Batlle Berres, con el atraso cambiario en tiempos neoliberales, e incluso durante la última dictadura, que difícilmente alguien pueda acusar de comunista. Y vale recordar que el “ruralismo” de Chicotazo y el movimiento Rentabilidad o Muerte de fines de los noventa fueron hijos de esos procesos.
Es que el abaratamiento del dólar es la forma predilecta que ha adoptado en Uruguay la distribución de renta agraria del suelo, beneficiando a aquellos que operan con mercancías importadas y compran divisas para obtener poder de compra internacional. Con la renta en expansión se puede sostener un dólar barato, pero cuando se retrae empieza un ajuste que en su repertorio más corriente incluye incremento del endeudamiento público y privado, exoneración de impuestos y congelación salarial, que amortiguan pero no detienen la crisis.
No debería sorprender entonces que ante un nuevo ciclo de abaratamiento del dólar, pero ahora ya sin los superprecios de hace una década, reflote la movilización de este sector social. Por eso es que, a pesar de las apariencias, el problema no es una presión fiscal en torno al 7 por ciento del Pbi agropecuario, y que no difiere de otras ramas de la economía (véase “El agro en Uruguay. Renta del suelo, ingreso laboral y ganancias”, de Martín Sanguinetti y quien esto escribe1), ni el precio del gasoil ni los “súper salarios” de 20 mil pesos, aunque, dado el carácter de clase del conflicto, es hacia donde instintivamente arremeten en su plataforma.
En el fondo nuestros pequeños capitalistas agrarios sueñan con una quimera: un capitalismo liberal que no liquide a los más ineficientes. Por eso el actual conflicto no es más que un nuevo grito de un sujeto social impotente para sobrevivir a las leyes leoninas de la competencia, pero que resiste porque existe propiedad privada del suelo y limitaciones biológicas al avance tecnológico en el agro.
En definitiva, lo que está en juego es cómo se procesa el ajuste de una economía que ya no puede sostener el mismo “pacto distributivo” que, hace una década –boom de los commodities y crédito barato mediante–, hizo posible la primavera progresista. La reducción-exoneración de impuestos y el abaratamiento de la energía y la fuerza de trabajo sólo trasladarán el ajuste hacia otros sectores de la sociedad. A su vez, la devaluación del peso encarecerá el costo del endeudamiento en un contexto de déficit fiscal permanente, factor que en nuestra historia reciente siempre se ha resuelto avanzando sobre el ingreso de los trabajadores.
Lo atractivo es observar que ella, la lucha de clases, siempre vuelve.
* Ingeniero agrónomo. Trabajador de la Udelar. Integrante del comité editorial del portal de debates Hemisferio Izquierdo.
Rusch se dedicaba en Uruguay a fabricar básicamente sondas de plástico y, si bien vendía la mayor parte de la producción al exterior, también comercializaba parte de sus productos en el mercado local. De Léon dijo que la empresa transmitió que “es más barato traer los materiales que hace desde China” y, por lo tanto, decidió bajar los costos y dejar de producir en Uruguay.
La principal preocupación de la UNTMRA es que la mayoría de los despidos (excepto diez) recayó sobre mujeres, que “muchas son jefas de hogar” y además hay “un grupo grande de compañeras que son grandes y tienen una edad bastante complicada para reinsertarse en la actividad”, añadió De León.
“El planteo que hizo el sindicato es que, si el grupo económico Teleflex vuelve a reabrir Rusch, mediante el registro de trabajadores vuelva a incorporar a las compañeras que ya son experientes en la tarea. Y, también, en el caso de que venda la planta a un tercero, que se tuviera en cuenta el registro de trabajadores para poder reinsertar a las compañeras”, dijo De León. Una tercera posibilidad de resolver la situación del personal despedido es hacer cumplir un acuerdo firmado en 2008 en el convenio colectivo entre la UNTMRA y la Asociación Uruguaya de Industrias del Plástico, que “establece el registro de trabajadores” y en el que se acordó que las empresas de la rama deben comunicar al comité de base del sindicato cuando van a incorporar personal, “para tener en cuenta” a las personas que están registradas en esa lista, indicó la dirigente.
Otra preocupación de la UNTMRA es que no todos los trabajadores despedidos de Rusch han podido acceder al seguro de paro, ya que durante 2017 la empresa envió a varios a este beneficio por un período de entre cuatro y siete meses, y aún no generaron los jornales necesarios para volver a hacer el trámite. De León aclaró que la empresa va a cumplir con el pago de los créditos laborales.
La planta de Rusch Uruguay Ltda. está ubicada en Camino Carrasco, a metros del puente del arroyo Carrasco. La empresa está instalada en el país desde hace cuatro décadas y, según explica en su sitio web, en 1943 fue fundada para fabricar un producto sencillo que consistía en un cable helicoidal y un engranaje que podía convertir los movimientos de empuje y tracción en movimientos giratorios, y cuyo primer uso fue ajustar el radio de los pilotos de los cazas Spitfire de la Real Fuerza Aérea británica.
19 enero, 2018
Tasa ganancia agro después renta (Uy), tasa renta del suelo (Uy) y tasa real bonos tesoro Estados Unidos, 1955-2015
Si una virtud tiene la reciente movilización de productores agropecuarios agrupados bajo la consigna “Por el campo y con la patria” es que permite evidenciar una serie de rasgos de la economía y la estructura de clases de Uruguay sobre los que es interesante volver a echar luz.
Para empezar, “el campo” no existe como categoría social. Esto a pesar de que los propietarios rurales sistemáticamente intenten llenarlo de sus intereses. Muy por el contrario, en “el campo” existen clases sociales con diversos intereses y, por si fuera poco, luchan.
No hay que ser muy perspicaz. La plataforma reivindicativa de los “productores alzados” delimita muy claramente su perfil: recortar salarios, bajar el costo del Estado (servicios públicos, políticas sociales) y garantizar la apropiación privada de la renta del suelo y sus ganancias.
Por eso si por “campo” queremos referir no a un paisaje o territorio, sino a los sujetos sociales que en él producen y/o habitan, habría que empezar por reconocer el rico entramado de clases que lo conforman, que se resiste a ser encasillado en la imagen “campo somos todos”.
El punto de partida son las tres formas principales del ingreso en las sociedades capitalistas: renta del suelo, ganancias y salarios, y cuyas personificaciones expresan a sujetos con intereses bien diferentes: terratenientes, capitalistas y asalariados, respectivamente. Repasemos un poco de economía política. En cualquier actividad el trabajador (el verdadero productor) primero genera un valor, el salario, con el que repone su capacidad de trabajar, y luego un plus-valor (trabajo excedente) que se reparte bajo la forma de ganancia media para capitalistas y renta del suelo para terratenientes. En este sentido la renta representa una pérdida para la clase capitalista, que debe ceder esta porción del excedente a un sujeto que no cumple ningún rol en la producción pero que reclama su remuneración dado el carácter finito, monopolizable y heterogéneo del suelo.
Es más, no sólo hay un conflicto terratenientes/capitalistas que se expresa en el precio de arrendamiento del suelo, sino que la lógica de sus respectivos “negocios” son bien diferentes. Mientras el capitalista espera una ganancia media que suele oscilar entre el 10 y el 20 por ciento del capital adelantado, el terrateniente se comporta con una lógica “financiera”, según la cual la compra de tierras es como la compra de bonos del tesoro u otros activos similares, y cuya referencia de rentabilidad es una tasa de interés que suele oscilar entre el 3 y el 5 por ciento (véase gráfico para los últimos 60 años).
El problema es que en la realidad concreta las cosas siempre aparecen más entreveradas, con sujetos en los que se superponen las personificaciones. Capitalistas que son al mismo tiempo terratenientes. Pequeños capitalistas que no tienen escala para competir con los capitales medios, pero que siguen en la producción recibiendo una remuneración equivalente al interés por su capital invertido. Productores familiares-mercantiles que controlan un pequeño capital y cuya remuneración es equivalente a un salario que repone el gasto de la fuerza de trabajo familiar, y que en muchos casos son a su vez pequeños terratenientes. E incluso asalariados que tienen un pequeño capital en la producción (por ejemplo, cría de ganado) que oficia de complemento salarial.
Por eso en la plataforma reivindicativa de este “neo-ruralismo” encontramos mezclados reclamos típicamente empresariales (baja de impuestos, tarifas y salarios) con demandas de los terratenientes (reducción de impuestos a la propiedad del suelo). Es más, parecería tratarse de una movilización encabezada fundamentalmente por pequeños capitalistas agrarios que en muchos casos son simultáneamente terratenientes, y no por los grandes capitales del campo (forestales, sojeros, estancieros).
Este doble carácter de clase seguramente esté explicando por qué no apuntan sus baterías contra el costo del arrendamiento, cuando la renta bruta estimada con precios de mercado ponderados representó en promedio 38 por ciento del Pbi agropecuario entre 2000 y 2016. Sin embargo, también es posible sugerir una hipótesis más de fondo: no pueden cuestionar la renta del suelo porque de hacerlo estarían cuestionando la sacrosanta propiedad privada.
En segundo lugar, tampoco los productores son la clase más numerosa del “campo”. Con base en distintas fuentes (Encuesta Continua de Hogares, Censo Agropecuario, Registro de Productores Familiares), se puede estimar que mientras los asalariados agrarios oscilan entre 70 mil y 80 mil, los productores familiares-mercantiles agrupan unos 23 mil establecimientos y a cerca de 40 mil trabajadores (incluyendo titular y familiares), y los empresarios-patrones (de todos los tamaños) son alrededor de 15 mil. Algo es evidente: el poder fáctico y la capacidad para amplificar intereses, mediática y políticamente, no se relaciona con el tamaño de la clase, sino con la cantidad de hectáreas y la magnitud absoluta del capital.
CICLOS RECURRENTES. Por último, esta nueva crisis de la “clase media rural”, como gustan llamarse, no es el resultado de la voracidad fiscal y demagógica de un “gobierno populista”. Por el contrario, es más bien un síntoma de una enfermedad provocada por un virus que se llama capitalismo, su rasgo fundamental es la competencia a muerte entre capitalistas (la “destrucción creativa”) que provoca ineluctablemente concentración y centralización. Para colmo de males este virus tiene una cepa sudamericana más agresiva, que incluye ciclos recurrentes de abaratamiento del dólar (“atraso cambiario”, en la jerga más corriente), lo que acelera la destrucción de los segmentos más ineficientes del empresariado rural.
Sucedió durante el control de cambio de Luis Batlle Berres, con el atraso cambiario en tiempos neoliberales, e incluso durante la última dictadura, que difícilmente alguien pueda acusar de comunista. Y vale recordar que el “ruralismo” de Chicotazo y el movimiento Rentabilidad o Muerte de fines de los noventa fueron hijos de esos procesos.
Es que el abaratamiento del dólar es la forma predilecta que ha adoptado en Uruguay la distribución de renta agraria del suelo, beneficiando a aquellos que operan con mercancías importadas y compran divisas para obtener poder de compra internacional. Con la renta en expansión se puede sostener un dólar barato, pero cuando se retrae empieza un ajuste que en su repertorio más corriente incluye incremento del endeudamiento público y privado, exoneración de impuestos y congelación salarial, que amortiguan pero no detienen la crisis.
No debería sorprender entonces que ante un nuevo ciclo de abaratamiento del dólar, pero ahora ya sin los superprecios de hace una década, reflote la movilización de este sector social. Por eso es que, a pesar de las apariencias, el problema no es una presión fiscal en torno al 7 por ciento del Pbi agropecuario, y que no difiere de otras ramas de la economía (véase “El agro en Uruguay. Renta del suelo, ingreso laboral y ganancias”, de Martín Sanguinetti y quien esto escribe1), ni el precio del gasoil ni los “súper salarios” de 20 mil pesos, aunque, dado el carácter de clase del conflicto, es hacia donde instintivamente arremeten en su plataforma.
En el fondo nuestros pequeños capitalistas agrarios sueñan con una quimera: un capitalismo liberal que no liquide a los más ineficientes. Por eso el actual conflicto no es más que un nuevo grito de un sujeto social impotente para sobrevivir a las leyes leoninas de la competencia, pero que resiste porque existe propiedad privada del suelo y limitaciones biológicas al avance tecnológico en el agro.
En definitiva, lo que está en juego es cómo se procesa el ajuste de una economía que ya no puede sostener el mismo “pacto distributivo” que, hace una década –boom de los commodities y crédito barato mediante–, hizo posible la primavera progresista. La reducción-exoneración de impuestos y el abaratamiento de la energía y la fuerza de trabajo sólo trasladarán el ajuste hacia otros sectores de la sociedad. A su vez, la devaluación del peso encarecerá el costo del endeudamiento en un contexto de déficit fiscal permanente, factor que en nuestra historia reciente siempre se ha resuelto avanzando sobre el ingreso de los trabajadores.
Lo atractivo es observar que ella, la lucha de clases, siempre vuelve.
* Ingeniero agrónomo. Trabajador de la Udelar. Integrante del comité editorial del portal de debates Hemisferio Izquierdo.
- En Problemas del desarrollo. Volumen 48, Edición 189, Universidad Nacional Autónoma de México. Publicado por Elsevier España, 2017. Disponible en ScienceDirect.