Noam Chomsky: "Nos encontramos en un período de extinciones masivas"
Se publicó su libro más reciente, "Cooperación o extinción"
Para
el lingüista, filósofo y politólogo estadounidense, la clave reside en
la movilización popular y constante. “El activismo puede llegar a ser
muy influyente", sostiene.
La inminencia de la extinción es uno de los ejes centrales que aglutina al activismo del siglo XXI. Los niveles de carbono en la atmósfera, más elevados que en cualquier punto anterior de la historia humana, aumentaron con celeridad hasta más de cuatrocientas partes por millón, muy por encima de las trescientas cincuenta partes por millón hasta las que se considera que el nivel es seguro. La destrucción de la vida en la Tierra no es un relato apocalíptico, producto de la desmesurada imaginación medioambientalista o de un grupúsculo perturbado de la comunidad científica. “Cada año, cerca de treinta millones y medio de personas se ven obligadas a desplazarse por causas de desastres naturales como inundaciones y tormentas; se trata de una de las consecuencias vaticinadas del calentamiento global y significa casi una persona por segundo, es decir muchísimas más de las que huyen por causa de la guerra y el terrorismo. A medida que los glaciares se derritan y el nivel del mar aumente, algo que hará peligrar los suministros de agua de un vasto número de personas, estas cifras seguirán aumentando”, advierte Noam Chomsky, lingüista, filósofo y politólogo estadounidense, uno de los activistas más influyentes del mundo, en Cooperación o extinción (Ediciones B).
El libro --que se puede leer junto a En llamas de Naomi Klein—despliega una recopilación de textos que surgieron a partir del “Encuentro con Chomsky”, celebrado en Boston a mediados de octubre de 2016, en el exterior de la histórica iglesia de Old South, donde se congregó una multitud de jóvenes que se extendió a lo largo de dos manzanas. La charla de aquella tarde tenía el título de “Internacionalismo o extinción”. El cuerpo principal del libro lo constituye el discurso original del autor de Hegemonía o supervivencia, Estados fallidos y ¿Quién domina al mundo? Entre los materiales se incluye la transcripción de una conversación en el mismo encuentro con Wallace Shawn, un activista comprometido, más conocido como dramaturgo y actor; y las preguntas que formularon los que asistieron al encuentro con las respuestas de Chomsky. Además de la emergencia climática, los otros dos temas fundamentales fueron la amenaza nuclear y el peligro que entraña el debilitamiento del sistema democrático en todo el mundo.
Chomsky, que nació en Filadelfia el 7 de diciembre de 1928, adquirió su primera conciencia política estimulado por las lecturas en las librerías de los anarquistas españoles exiliados en Nueva York. Tenía once años cuando publicó su primer artículo sobre la caída de Barcelona y la expansión del fascismo en Europa. Su activismo político arrancó con la movilización contra la guerra de Vietnam. Si entonces llamó la atención, fue porque como profesor de lingüística en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), él pertenecía a una universidad que investigó bombas inteligentes y técnicas de contrainsurgencia para la guerra de Vietnam.
Para Chomsky extinción e internacionalismo están asociados en “un funesto abrazo” desde una fecha precisa: 6 de agosto de 1945, cuando el presidente de Estados Unidos ordenó los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki. A partir de aquel fatídico día la humanidad entró en una nueva era: la era atómica. “Lo que no se percibió entonces es que surgía una nueva época geológica que hoy conocemos con el nombre de Antropoceno, la cual viene definida por un nivel extremo de impacto humano sobre el entorno”, explica el lingüista estadounidense y agrega que la era atómica y el Antropoceno constituyen una amenaza dual para la perpetuación de la vida humana organizada. “Está ampliamente reconocido que nos encontramos en un sexto período de extinciones masivas; el quinto, hace sesenta y seis millones de años, se atribuye por lo general al impacto de un gigantesco asteroide contra la superficie de la Tierra, lo que supuso el final del 75 por ciento de las especies del planeta. Este acontecimiento puso fin a la era de los dinosaurios y allanó el camino al apogeo de los pequeños mamíferos y, en última instancia, de los humanos, hace unos doscientos mil años”.
Hace tiempo que la capacidad de los seres humanos para destruirse unos a otros a escala masiva está fuera de duda. El Anthropocene Working Group confirma que las emisiones a la atmósfera de CO2 (dióxido de carbono, el principal gas de efecto invernadero de origen humano) están aumentando a la tasa más elevada existente en sesenta y seis millones de años. Aunque Chomsky no se detiene a analizar cada uno de los datos disponibles, pone el foco en algunos aspectos alarmantes. “El deshielo de los glaciares del Himalaya podría acabar con las reservas de agua de toda Asia Meridional, es decir, de varios millones de personas. Solo en Bangladesh se espera que en las próximas décadas emigren decenas de millones por la única razón del aumento del nivel del mar, debido a que se trata de una planicie litoral costera. Será una crisis de refugiados que hará insignificantes las cotas actuales, y se trata nada más que del comienzo”, aclara el lingüista estadounidense y recuerda que los Acuerdos de París, alcanzados en la COP 21, en 2015, supusieron un desarrollo a los esfuerzos internacionales por evitar la catástrofe. Debería haber entrado en vigencia en octubre de 2016, pero la mayoría republicana en el congreso, conocida por su sistemático negacionismo, no estuvo dispuesta a aceptar ningún compromiso vinculante.
Entonces acabó saliendo un acuerdo voluntario que Chomsky califica como “mucho más flojo” por el cual se llegó a una resolución para reducir de forma gradual el uso de hidrofluorocarburos (HFC), gases de efecto invernadero supercontaminantes. El Partido Republicano es la organización “más peligrosa en toda la historia de la humanidad” para el lingüista estadounidense. La envergadura de la ceguera es tan preocupante que Chomsky elige un fragmento para estimular el debate y a la vez sorprender: “No puedo imaginar límites a la osada depravación de los tiempos que corren, en tanto los agentes del mercado se erigen en guardia pretoriana del Gobierno, en su herramienta y en su tirano a la misma vez, sobornándolo con liberalidad e intimándolo con sus estrategias de opciones y exigencias”. Esta cita la pronunció James Madison en 1791, varios años antes de convertirse en el cuarto presidente de Estados Unidos (1809-1817).
No se puede esperar que las soluciones lleguen de los sistemas de poder organizados, estatales o privados. Para Chomsky la clave reside en la movilización popular y un activismo constante. “El activismo popular puede llegar a ser muy influyente, lo hemos visto una y otra vez; el compromiso de los activistas desde hace cuarenta años ha puesto los problemas medioambientales en la agenda política, quizá no lo suficiente pero, con todo, de forma crucial y significativa”, reconoce Chomsky en una parte de Cooperación o extinción. Claro que del dicho al hecho hay un largo trecho. El propio autor revela cómo a pesar del cambio drástico en el mundo posterior a la Segunda Guerra Mundial una gran parte de la población se mantuvo como antes: tradicional en lo cultural y premoderna en muchos sentidos. “Para el 40 por ciento de los ciudadanos estadounidenses, el trascendental problema de la supervivencia de la especie no es demasiado relevante, ya que Cristo va a regresar entre nosotros en un par de décadas, de manera que todo quedará resuelto. Insisto; hablamos de un 40 por ciento”, resalta Chomsky para no perder de vista la importancia que tiene la religión en una porción significativa de la ciudadanía estadounidense.
Chomsky comenta un libro de Arlie Hobschild (Strangers in Their Own Land), una socióloga que se fue a vivir a un área pauperizada de Luisiana durante seis años para estudiar a los habitantes desde dentro. Se trata de la zona profunda pro-Trump del país. “Los productos químicos y otros elementos contaminantes derivados de la industria petroquímica están causándoles graves daños, pero se oponen por completo a la Agencia de Protección Medioambiental (…) Ven a la Agencia como un grupo de gente de ciudad con un doctorado, que va hasta allí y les dice cosas como que no pueden pescar, pero que a la industria petroquímica ni le chistan. Así que, ¿qué utilidad tiene? No les gusta que les quiten el trabajo y les digan con su acento culto lo que pueden y no pueden hacer, mientras que ellos se ven asediados por toda la situación”, plantea Chomsky como ejemplo para que los activistas conozcan las profundas razones y reticencias que tendrán que vencer. En el reto sin precedentes por la supervivencia de la civilización no hay tiempo que perder.
Neoliberalismo, fake news y procesos electorales
Filósofo y escritor mexicano.
Es un error enorme suponer que el neoliberalismo es solo una canallada burguesa exclusiva del campo económico-financiero. Es un error grave que, de existir así en algunas cabezas, debe corregirse de inmediato. El neoliberalismo es, patéticamente, una emboscada ideológica (en el sentido de la “falsa conciencia” que explicó Marx) desarrollada para disputar e imponer el “sentido común” de ciertos intereses capitalistas en su fase imperial.
Verbigracia: es una máquina trituradora de derechos sociales adquiridos; una demoledora de los principios humanistas solidarios; una “picadora de carne humana” en los centros laborales, educativos y sanitarios; es una aplanadora de instituciones y una fenomenal maquinaria de humillaciones, depresiones y desmoralización… todo eso al servicio de un sector peligrosamente desquiciado por la usura, el individualismo más tóxico y la meritocracia supremacista de los amos en alianza con sus cómplices. Un infierno de corrupción y crimen que debe ser tipificado como etapa histórica “de lesa humanidad”. La mezcla explosiva de neoliberalismo, Fake News y procesos electorales es una industria de la destrucción social altamente sofisticada.
Uno de los instrumentos predilectos, para camuflar la perversidad del neoliberalismo, han sido los “procesos electorales” intoxicados por la democracia burguesa. Se han fabricado leyes, instituciones y funcionarios formateados mercenariamente para convertir en “legal” lo ilegítimo y para venderlo como salto de modernidad decorado con “Chicago boys and girls”, recurrentemente zopencos, capacitados para artilugios administrativos y bancarios pero sin mínima dotación de Cultura general elemental. Inteligencia paupérrima para eficiencia mercachifle. Les llaman “tecnócratas” y se enorgullecen. No pocos son paridos en universidades creadas ex profeso.
Ese patrón funcional al neoliberalismo, está adosado con capas generosas de mal gusto de supermercado y todo un inventario de mercancías fetichizadas convertidas en valores éticos, morales y estéticos en la religión del consumismo chatarra para mentalidades chatarra. A todo eso, batido con avaricia y canalladas, le llaman éxito. Y pretenden que, además de financiárselos mansamente, se los envidiemos, se lo aplaudamos y lo heredemos a nuestra prole como si fuese “un gran tesoro”. Quieren que el proletariado se vuelva albacea, cómplice de la policía y verdugo de sí mismo y a distancia. Big data.
Con ese formato fabrican a sus gerentes represores, de usos múltiples, que sirven lo mismo para “administrar” un negocio más grande o más pequeño, que para amaestrarlos como “candidatos políticos”. Y hemos debido padecer versiones aberrantes, (con antecedentes, en versiones militares y sus cómplices “civiles”) proto-neoliberales del Plan Cóndor, encarnando la lista monstruosa de hocicones tales como Salinas de Gortari, Menem, Fujimori,… y una no menos monstruosa lista de intelectuales arrodillados ante las migajas que les han otorgado sus amos, verbigracia: Octavio Paz, Vargas Llosa, Krause y sus jaurías múltiples de “periodistas” que son una “fauna de acompañamiento” rentada. Eso hemos debido tragarnos como “normalidad política”, desde que fue impuesta la dictadura del “Consenso de Washington”, en un período de 40 años (1989) que nos ha dejado infiltradas todo género de alimañas reformistas, oportunistas, arribistas y traidoras que deben ser caracterizadas y denunciadas permanentemente por razones de defensa; de vida o muerte.
Una de las joyas más perfeccionadas y cotizadas, en en paraíso neoliberal globalizado, son las operaciones masivas de engaño: Armas de Distorsión Masiva que ha proliferado con gran velocidad y ubicuidad. Se desplazan globalmente con la protección, la unilateralidad discursiva, las nulas trincheras de réplica y las masas de corifeos que repiten, en simultáneo, cualquier ficción que les disfracen de noticias. Fake News a toda hora, con modalidades diversas, en horarios discriminados y efectos rentables. Con la bendición de los gobiernos neoliberales y un no pequeño público anestesiado bajo los placeres del engaño que ahorran el trabajo de pensar y se envuelven en emociones mórbidas y morbosas.
Y mientras tanto, cuando los pueblos han encontrado fuerzas y caminos para derrotar al neoliberalismo, a sus engendrados empresariales y gubernamentales, a sus máquinas de guerra ideológica disfrazadas como “medios de comunicación”, nos abruma una pandemia planetaria aprovechada jugosamente por el neoliberalismo y que no cesa en el maltrato burgués contra la humanidad. Nunca la avaricia de las cloacas financieras arremetieron con tanta furia racista como lo han hecho con las vacunas y los instrumentos médicos para atender a los miles de millones de personas contagiadas o fallecidas. El capitalismo exhibiendo la náusea neoliberal. Sin atenuantes.
¿Cómo ordenar la salida de la especie humana de este infierno apabullante y multiforme? ¿Cómo recuperar fuerza y confianza organizada para articular las fuerzas que la coyuntura demanda en la actual fase de la lucha de clases? A estas horas el camino indica que es por abajo. Desde las raíces y las bases. Con un proyecto organizativo superador de los formatos escleróticos de aquellos partidos y movimientos sociales intoxicados de burocracia reformista y aislamientos ahítos de intermediariarismo de cúpulas. Ya basta.
Están bajo examen las capacidades organizativas de la dirección revolucionaria que está naciendo constantemente en el fragor de las luchas sociales. Pero hace falta, urgente, una Revolución de las Conciencias en simultáneo con la modificación del orden ideológico y económico sobre la propiedad privada burguesa. Organizarse para no volver a quedarse en los márgenes, ganando sólo poderes periféricos pero sin tocarle un pelo a la industria, a la banca ni a las iglesias reconvertidas al escarceo neoliberal por obra y gracia del “estiércol del diablo”. Así estamos. ¿Qué hacer?.
Es preciso transparentar (auditoría de los pueblos) el financiamiento del neoliberalismo, de todos los procesos electorales en los que ha infiltrado sus intereses. Indagar las fortunas de todos sus esbirros y transparentar minuciosamente el financiamiento de las fake news, de los dueños de los (mal llamados) “medios de comunicación” y de los intelectuales proveedores de chatarra ideológica organizados en “fundaciones”, ONG´S, foros y congresos constituidos en catedrales neoliberales de la estulticia. Y esto urge.
La Rebelión
Colombia: inconformismo, protesta e injusticia gubernamental
Gentes coloridas, variopintas, alegres y, sobre todo, valientes están empujando el cambio, pese a la sanguinaria respuesta gubernamental. Hay un cambio generacional y hay un cambio social enfrentado a unas élites que necesitan que nada cambie
Andrés Arango 13/05/2021
Un grupo de jóvenes marcha contra el gobierno de Iván Duque.
Oxi.Ap / CC BY 2.0Hace ya catorce días, el 28 de abril, el pueblo colombiano entró en huelga general (lo que en Colombia se conoce con el nombre de “paro”) ¡Qué días de fuerza, de coraje y de alegría popular! Del poder de la manifestación da cuenta la desproporcionada y feroz respuesta de un Gobierno que ha preferido un baño de sangre a cualquier tipo de interlocución con la sociedad en marcha. Es cierto, sí, que el viernes 7 de mayo, día décimo del paro, el presidente se reunió con un sector político. Pero se reunió precisamente con la llamada Coalición de la Esperanza (centro), con lo que la reunión resultó ser otra más de las pantomimas vacías –que son un sello de la actual administración–, no tanto por el alto grado de impopularidad de la Coalición como por su ilegitimidad para representar el paro –algunos de sus miembros alcanzaron a renegar de él horas antes de que se iniciara, e incluso, cuando estaba ocurriendo–. Infructuosa resultó también la reunión del lunes 10 con el Comité de Paro. Y es probable que haya muchas más reuniones que no lleven a ninguna parte, porque se trata de un Gobierno sordo y arrogante, que impone una agenda que dilata reuniones que eran urgentes antes de que arrancara el paro, recibe primero a sectores no representativos (no es el caso del Comité, claro, aunque este está más bien desconectado de una gran parte de la espontánea toma popular de las calles) y no levanta un dedo para detener la masacre.
Las razones para parar eran múltiples y justificadas, pero ese miércoles 28 de abril lo que estaba en primer plano era un criminal proyecto de reforma tributaria cuyo anuncio, en medio de una situación de crecimiento de la pobreza, aumento del desempleo y proliferación del hambre, agravada por la combinación entre un Gobierno ineficiente y la inesperada pandemia, sonó como una bofetada rotunda pegada en la humanidad de una sociedad fastidiada con una situación que ya era insostenible. La desprestigiada reforma –aparentemente retirada por el Gobierno mientras trabaja en una peor: la de la salud– fue elaborada basándose en un modelo que consiste en cargarle el mayor peso impositivo a las clases medias y bajas y otorgarles beneficios a los grandes capitales y a las grandes empresas. Proyectaba gravar, entre otras cosas, la mayor parte de la canasta familiar, los salarios (rentas salariales) y las pensiones (por sí mismas un problema y asaltadas varias veces por varios gobiernos). Lo que la sociedad colombiana entendió (correctamente), fue que le iban a esquilmar sus ya exangües ingresos, en un acto de terrible injusticia. El Gobierno, caracterizado por su desfachatez (la prensa le llama desconexión), usó a la misma sociedad a la que pretendía gravar como excusa para el proyecto. Era tan descabellada la medida que incluso algunos sectores empresariales pidieron retirarla y que les quitaran beneficios que habían recibido de la reforma precedente (porque, por inverosímil que parezca, esta no era la primera del actual Gobierno).
La gente
Hay que destacar el coraje y la resistencia del pueblo colombiano, que ha sostenido un paro durante ya catorce días con sus atroces noches, bajo la presión inclemente de las balas del Gobierno y la mirada complaciente de la prensa alineada con el “establishment”. Pero esta sociedad no es cualquier sociedad. Casi podría decirse que es una sociedad nueva. ¿En qué consiste? Gran parte de la muchedumbre que se ha lanzado a la calle a protestar es gente joven que no había nacido –o eran apenas unos niños– a principios del siglo XXI, cuando se instaló el actual régimen. Probablemente por eso, pudieron librarse del discurso gubernamental que se fue instituyendo paulatinamente y cuando tuvieron uso de razón comenzaron a percibir todos los daños que se habían convertido en normalidad. Adicionalmente, se trata de una generación nativa digital que se mueve con soltura en el mundo de las redes sociales y las apps, factor crucial para librarse de la marea de información falsa, equívoca y malintencionada que continúan produciendo los llamados medios masivos tradicionales. Estos son solo dos de los factores que explican la juventud de gran parte de los manifestantes y la dificultad del “sistema” para engañarlos, así como la sevicia con la que los ataca. Ya llevaba décadas arrebatándoles el futuro. Ahora, para garantizar el suyo, es necesario arrebatarles la vida. Mientras escribo este artículo, a más de catorce días de paro, las cifras hablan de 548 desaparecidos, 47 homicidios, 12 agresiones sexuales y 28 heridas oculares, entre otros muchos horrores (recopilados por temblores.org).
A esa juventud que reclama un país diferente, un Estado diferente y un futuro, hay que sumarle otras ciudadanías. Ya desde 1991, Colombia cambió su Constitución por primera vez en más de cien años y le dio voz a una parte de la diversidad (cuestión esta última que la derecha jamás ha podido perdonar). Por primera vez existieron los afro y los indígenas como sujetos de derecho en esta república “caribeña”. Pero más que la Constitución, vapuleada por esas mismas fuerzas que hoy gracias a las redes sociales se exponen al mundo en su violento despliegue, fue el cambio a nivel global transmitido por los avances tecnológicos lo que permitió la irrupción en el escenario de una todavía mayor diversidad. Todas estas gentes, coloridas, variopintas, alegres y, sobre todo, valientes, son las que están empujando el cambio, aun a contrapelo de la sanguinaria respuesta gubernamental. En pocas palabras: hay un cambio generacional y hay un cambio social enfrentado a unas élites que necesitan que nada cambie.
El discurso
Por supuesto, no solo hay ciudadanos hartos participando del paro. También hay ladrones y delincuentes que aprovechan la confusión para destruir y para robar. Y también, cuestión ya consuetudinaria, hay agentes gubernamentales que se hacen pasar por “vándalos” (y hay decenas de videos como evidencia). Su función consiste en robar, agredir o hacer daño para justificar la acción de la fuerza pública que, en cualquier caso, ha demostrado que no los necesita para proceder con sus abusos. Gracias a la colaboración de estos individuos (los agentes encubiertos o disfrazados y los vulgares delincuentes), el Gobierno ha promovido, con ayuda de la gran prensa, un discurso basado la combinación arbitraria de ciertas palabras como “vándalos”, “terrorismo”, “violencia” o “derechos”. Por ejemplo: “terrorismo vandálico”. Este uso irresponsable de las comunicaciones –que no es una novedad– ha engendrado lógicas absurdas como aquella según la cual un “vándalo” que rompe un vidrio, tumba una estatua o participa en la quema de un bus está cometiendo violencia contra la población y vulnerando sus derechos humanos, por lo que, declarado culpable de daños a la propiedad (pública o privada) y a la ciudadanía “de bien”, aparece sentenciado en un juicio que antecede a los hechos y puede por ello ser mutilado, violado, torturado o asesinado. En este contexto, el derecho a la vida en Colombia vale menos que una vitrina o que un ladrillo.
La gran prensa, por su parte, ha copiado la estrategia gubernamental de hablar con rodeos y eufemismos, evitando al máximo llamar las cosas por su nombre. Así, los ciudadanos “pierden la vida”, “resultan muertos” o “son alcanzados por las balas”; nunca son asesinados, aun cuando haya videos grabados hasta por aquellos que disparan. También es moneda de uso corriente hablar de “violencias de lado y lado” con la intención de justificar el proceder macabro del Gobierno. Con este alineamiento cómplice, la prensa consigue igualar a ciudadanos que en la mayoría de los casos solo cuentan con pancartas, tambores, vuvuzelas, megáfonos y, a veces, piedras (y escudos de lata), con ejércitos y policías con fusiles, revólveres, pistolas, bombas, tanques, blindajes, escudos y corazas que apuntan a desgarrar humanidades desnudas. En su reciente intervención pública, Baltazar Garzón ilustró con mucha claridad y precisión esta injusticia que, también hay que decirlo, es material de consumo para sectores de la sociedad colombiana explícitamente partidarios de la eliminación de otra parte de la sociedad, sectores que en los últimos tres o cuatro días comenzaron a disparar y a ufanarse de ello, amparados por una impunidad cuyo uniforme se alcanza a ver en algunos videos de ese océano audiovisual que apila evidencia en las redes.
No se puede dejar de mencionar el estado de negación en que se encuentra el Gobierno. Consecuente con un discurso que ya lleva más de veinte años repitiéndose, ni el presidente ni sus ministros ni los altos mandos militares o policiales reconocen las salvajadas que cometen contra la población. Por el contrario, alientan a sus subalternos y les dan tratamiento de héroes mientras que sostienen todo el tiempo que el paro o las marchas son financiadas e infiltradas (ya está el en marcha el proyecto de ascenso para el actual director de la policía). En sus intervenciones públicas, nunca se trata del justo reclamo de una sociedad llevada al extremo. Según ellos, siempre hay algo detrás: las guerrillas, el narcotráfico, el comunismo internacional, el neochavismo, el castrochavismo, la Unión Soviética (sí, la Unión Soviética), Rusia, China, Maduro, Fidel Castro, el socialismo o, en plan electoral, un senador y candidato presidencial alternativo llamado Gustavo Petro. Con estos fantasmas refuerzan la licencia para matar en un país en el que no existe la pena de muerte.
El Gobierno
En términos generales, Colombia lleva décadas de políticas económicas erradas, egoístas y malintencionadas cuyo objetivo ha sido enriquecer más a los ricos del país, a los grandes capitales extranjeros y al crimen organizado, todo eso a costa de la gente, de los recursos naturales y del medio ambiente, pero estructurado en una alegre y festiva democracia constitucional. Como había dicho al principio, la reforma tributaria fue la razón para el paro, solo en apariencia. Muchos factores hicieron de esta un proyecto particularmente impopular. Uno de ellos fue, por redundante que suene, el alto nivel de impopularidad del presidente, trabajado por él con paciencia para la filigrana minuto a minuto, al punto de convertirlo en acreedor del honor de ser el presidente que más rápido alcanzó el más bajo nivel de aceptación (alrededor del 30% en menos de seis meses). Uno de los métodos con los que consigue este efecto –y que emplea con constancia– es el de ofender al país. ¿Cómo lo logra? Las formas son muchas, pero una de las más usuales consiste en maltratar la lengua acuñando eufemismos que abrillantan su falta de empatía. En un caso típico, luego de una de tantas masacres que sumió al país en el dolor y la indignación, para excusar la ausencia de seguridad y la impunidad, dijo en tono soberbio: “Llamemos las cosas por su nombre […] hablemos del nombre preciso ‘homicidios colectivos’”. Con este mismo método presentó la inconveniente reforma, bautizada con el equívoco y cínico nombre de “Ley de Solidaridad Sostenible”.
No obstante, es improbable que un presidente logre hacerse odioso solo a punta de despropósitos sintagmáticos. En el caso de Iván Duque, a esta característica se suma una galopante corrupción, una incapacidad casi absoluta para gobernar y un desprecio enfermizo por el pueblo colombiano, cuestión esta última irreprochablemente demostrada con la barbarie que está presenciando el planeta entero y cuyo experimento fue la masacre del 9 de septiembre de 2020 en Bogotá .
La corrupción, que ya era uno de los peores problemas de Colombia cuando el presidente juró su cargo, ha aumentado en su gobierno gracias a la rapiña burocrática, consistente en presionar para repartir los cargos del gobierno entre sus partidarios y favorecedores; gente que –casi sin excepción– no está capacitada para ellos. También prospera gracias a la cooptación de todos los poderes por la vía de poner a sus amigos y a los amigos de quienes lo ayudaron a llegar a la presidencia a la cabeza de los organismos de control. Una vez más, gente que no está preparada para dichos cargos o que en muchos casos llegan a ellos para hacer exactamente lo contrario de lo que dichos cargos demandan. (Caso del Defensor del Pueblo, que el lunes 10 de mayo abandonó una mesa de diálogo con voceros de la Minga indígena. Esta clase de desaire, habitual entre los funcionarios del actual Gobierno, resultó mucho más reprobable en esta ocasión dado que la Minga había sido atacada a bala por ciudadanos “de bien”, a plena luz del día y a la vista de todo el mundo). Con sus amigos, electores y partidarios en la burocracia, el presidente ha acumulado poder hasta destruir el famoso “sistema de pesos y contrapesos” en el que se basaba el frágil equilibrio institucional colombiano, siempre amenazado desde adentro, pero nunca como en los últimos tres años. Esta acumulación de poder es lo que permite el abuso y el despilfarro con la consecuente garantía de impunidad.
En estas condiciones arrancó el paro en Colombia.
El paro
Pocas horas duró el paro siendo simplemente un paro. Gracias al proceder del Gobierno pronto se convirtió en una tenebrosa orgía de sangre organizada desde la Casa de Nariño [el palacio presidencial] con la colaboración de uno que otro consejero que por Twitter daba las más siniestras órdenes encubiertas con la pátina de una simple opinión. Varios días se tomó el presidente, mientras la ciudadanía era asesinada, para retirar la reforma; varios días se tomó, luego, mientras la ciudadanía era asesinada, para dialogar con sectores ajenos al paro –y a eso nuevo que él mismo provocó con su violenta respuesta: la toma de la calle, las barricadas, los bloqueos–. Todavía se tomaba su tiempo el pasado fin de semana, mientras la ciudadanía seguía siendo asesinada. Con el insólito argumento de que su presencia “distraería el trabajo de la fuerza pública” fue capaz de negarse a ir a Cali, epicentro de las protestas, incluso en contra las demandas de gente de su propio partido.
Y así ha continuado la situación, de día y de noche, frente a las cámaras de los celulares o en la oscuridad de apagones provocados e interrupciones de la señal de internet. Pero la gente resiste y se obstina más porque después del miedo ya muchos piensan que tienen poco o nada que perder y otros tienen esperanza y coraje. Hay agotamiento y hay desgaste, pero no es una guerra civil como se atreven a decir algunos y como se vislumbra que pueda ser una nueva fase de las oscuras maniobras de la administración: es el Gobierno contra la sociedad. Se dice que Duque pudo haber hecho algo para calmar los ánimos y para desactivar el paro, pero los que eso dicen se engañan o mienten, porque nunca ha tenido ni la grandeza ni la inteligencia para hacer algo así.
Colombia. Cali. De día es la gente, con sus pancartas, con sus tambores, con sus canciones, con sus reclamos y con los lutos de sus muertos recientes. Y el peligro ahí, frontal e insolente. Eso es de día. De noche, la pesadilla de los asesinos con licencia y los escudos de lata y las barricadas y la gritería y las explosiones y las ráfagas. Colombia es una olla a presión obstruida que contiene tenazmente ese fuego interior. En algún momento vendrá el estallido.
Autor > Andrés Arango
Colombia: La desaparición forzada es una práctica del Terrorismo de Estado
El artista colombiano Cizañero hizo este dibujo a raíz de la aparición, en una bolsa, de la cabeza cortada de un joven que había sido desaparecido por la policía colombiana en días pasados. Varios cuerpos de manifestantes que han sido detenidos-desaparecidos por la policía colombiana, han empezado a aparecer flotando en los ríos de Colombia y en fosas clandestinas. Colombia padece una brutal represión estatal. El pueblo colombiano lleva 26 días de Paro productivo a nivel nacional, en protesta contra la explotación y el saqueo capitalista. Un paro productivo que la clase burguesa y el capitalismo transnacional pretenden extinguir mediante la represión ejercida por el Estado colombiano. La policía está perpetrando miles de capturas para intentar sofocar la protesta social. Las fuerzas represivas capturan a los manifestantes e incluso van a las casas a secuestrar a los jóvenes: o para judicializarlos bajo los reiterados montajes judiciales que emplea el Estado colombiano para reprimir la protesta, o para desaparecerlos.
Los organismos defensores de DDHH expresan que es muy importante que las personas detenidas intenten gritar sus nombres y apellidos y que la vecindad procure filmar el hecho, para intentar evitar que los secuestrados por la policía sean víctimas del crimen de Estado de la desaparición forzada. Las personas desaparecidas por la policía en tres semanas de Paro Productivo Nacional se reportan por centenares (Defensoría reportaba 548 personas desaparecidas a nivel nacional a 7 de mayo, La Unidad de Búsqueda reportaba 379 personas desaparecidas para el período comprendido entre el 28 de abril y el 7 de mayo. Tan solo en Cali, organismos defensores de DDHH reportan 206 personas desaparecidas entre el 28 de abril y el 20 de mayo). De algunas de esas personas secuestradas y desaparecidas por la policía, han aparecido los cuerpos sin vida.
Los cuerpos de dos jóvenes secuestrados por la policía el 28 de abril aparecieron a inicios de mayo flotando en el río Cauca, en mayo también apareció el cuerpo sin vida de un líder campesino y el cuerpo con signos de tortura de la maestra y sindicalista Beatriz Moreno Mosquera. También han aparecido otros cuerpos de manifestantes torturados, flotando en los ríos, algunos en fosas y otros desmembrados en bolsas, como se puede apreciar en los vídeos y fotografías que, horrorizada, graba la población.
La desaparición forzada es una práctica del Terrorismo de Estado que las fuerzas represivas del Estado colombiano han empleado intensivamente contra la población desde hace décadas, y que están empleando con particular saña durante este Paro productivo: esta práctica inyecta terror y devasta a familias y comunidades.
El pueblo colombiano exige que el Estado colombiano devuelva a los centenares de desaparecidos: a los que todavía tenga vivos en comisarías, batallones militares, almacenes o casas clandestinas de la policía, que los devuelva, y que cese la barbarie policial de la desaparición forzada. Las personas que la policía haya enterrado en fosas comunes y lanzado a ríos, seguirán siendo buscadas y reclamadas incansablemente por sus familias, sus comunidades, y por todo un país que no va a permitir “la desaparición de los desaparecidos”. Nos los arrancaron por ser personas dignas que lucharon por todas y todos, no permitiremos que sus nombres se olviden, ni mucho menos que su lucha se apague. El Terrorismo de Estado no logrará callar la lucha social de un pueblo harto de explotación, de precariedad y saqueo capitalista. Colombia llora, Colombia sufre, pero no se rinde.
Las fuerzas represivas del Estado colombiano, desatadas para sofocar la protesta social a sangre y exterminio, van sin placas, disparándole a la población con 9 milímetros y fusiles de guerra, disparando lacrimógenas caducadas (lo que las convierte en un veneno letal) incluso directamente contra las casitas de los barrios obreros, hiriendo y asesinando. La policía sigue cada día y cada noche llevándose muchachos para desaparecerlos. Ha llegado al extremo de convertir un centro comercial, en Calipso, en un centro policial de torturas (el almacén Éxito, propiedad del grupo capitalista francés Casino y de la burguesía colombiana). El Terrorismo de Estado en Colombia está asesinando a la población por protestar contra la violencia estructural que cercena millones de vidas, arrojándolas al empobrecimiento más cruel, para que un puñado de multinacionales y explotadores locales incrementen sus fortunas. El oro que se come la burguesía transnacional y colombiana en sus platos “exquisitos”, lleva incrustado el dolor y la sangre de todo un pueblo.
Pese a la brutal represión desatada por el Estado colombiano a través de sus herramientas policiales, militares, parapoliciales y paramilitares, a día 26 de Paro Productivo a nivel nacional en Colombia, siguen masivas las movilizaciones. La clase trabajadora, harta de explotación, rechaza el paquete privatizador del gobierno de Duque, que pretende incrementar la privatización de las pensiones, de la educación, de la salud, rechaza igualmente una "reforma laboral" que va a significar un mayor recorte de los derechos laborales, rechaza una "reforma tributaria" que pretende incrementarle los impuestos a la clase trabajadora a la par que le brinda exenciones de impuestos a multinacionales y burguesía. El pueblo exige que cese la precarización de sus condiciones de vida, que cese la persecución política por parte del Estado, que cesen las aspersiones con Glifosato, el Fracking, las concesiones a multinacionales mineras que devastan montañas y ríos, etc. Las razones para la movilización son muy profundas y contundentes: eso es lo que explica la duración del Paro productivo y la resistencia popular pese a la represión descomunal.
El régimen colombiano quiere callar al pueblo asesinándolo y desapareciéndolo, calumniándolo y disparando mentiras en ráfaga a través de los grandes medios de desinformación masiva; cuenta con el silencio cómplice y el trabajo manipulador de los medios propiedad de la burguesía local y transnacional. Hasta las redes dificultan la publicación y censuran los vídeos que más evidencian la represión genocida y las razones profundas del Paro, y además el Estado colombiano tumba la señal de internet reiteradamente.
El gigantesco doble rasero de los organismos internacionales solamente se ha pronunciado de boca pequeña con relación a la represión homicida del Estado colombiano: porque es un Estado amigo del imperialismo estadounidense y europeo, y viabiliza el mayor saqueo de los recursos de Colombia, precisamente mediante el Exterminio. Pretenden sofocar el clamor de un pueblo. Pero no lo logran: el régimen genocida, funcional al mayor saqueo capitalista de Colombia, no puede con el pueblo unido. No logra sofocar el Paro ni con Terrorismo de Estado ni con el martilleo de mentiras.
El pueblo colombiano está a punto de cumplir un mes de Paro Productivo Nacional, con mucha solidaridad entre la clase trabajadora, con mucha organización y valentía. Con bloqueos de carreteras como la Panamericana, bloqueos de grandes puertos como el puerto de Buenaventura, bloqueos de vías extractivas por las cuales las multinacionales encaminan las inmensas riquezas de Colombia hacia sus buques de saqueo (como en la mayor mina de carbón a cielo abierto del mundo, El Cerrejón), paro de camioneros, manifestaciones multitudinarias, creaciones y talleres artísticos, talleres productivos populares, mercados campesinos solidarios, encuentros, asambleas, Minga indígena, afro y campesina, Ollas comunitarias, Mamás Capucha, lucha callejera para defender el derecho a manifestarse de las arremetidas de la policía, brigadas médicas, brigadas pedagógicas, primera, segunda y tercera línea, etc. El Paro sigue porque la clase trabajadora exige condiciones de vida dignas.
Cifras que arroja la brutal represión desatada por el Estado colombiano contra el pueblo en Paro Productivo:
Más de 60 manifestantes asesinados por la policía, ESMAD, militares y paramilitarismo en coordinación con la policía. 52 manifestantes asesinados por el accionar de la policía entre el 28 de abril y el 20 de mayo, según la organización Defender la Libertad. Y varias personas asesinadas por el accionar encubierto de policías operando sin uniforme, o de policías uniformados operando en conjunto con paramilitarismo.
Centenares de personas víctimas de desaparición forzada, un crimen de Estado de Lesa Humanidad. Las personas desaparecidas por la policía en tres semanas de Paro Productivo Nacional se reportan por centenares. Defensoría reportaba 548 personas desaparecidas a nivel nacional a 7 de mayo. La Unidad de Búsqueda, tras atender las denuncias y recopilaciones de 26 organizaciones sociales, entregó sus estadísticas para el período comprendido entre el 28 de abril y el 7 de mayo: 379 serían los manifestantes desaparecidos hasta esa fecha. Tan solo en Cali, organismos defensores de DDHH como Buscarles Hasta Encontrarles, reportan 206 personas desaparecidas entre el 28 de abril y el 20 de mayo.
Miles de personas heridas por el accionar de la policía y demás fuerzas represivas. Decenas de personas mutiladas de sus ojos por la policía (Temblores reportó 39 personas víctimas de lesión ocular a 20 de mayo). Decenas de defensores de DDHH agredidos.
Al menos 21 mujeres víctimas de violencia sexual a manos de la policía. Se conocen los casos de las que han podido denunciarlo (reporte de la organización de DDHH Temblores, a 20 de mayo).
Miles de personas detenidas, gran parte de ellas por medio de procedimientos arbitrarios, siendo sometidas a tortura y tratos crueles e inhumanos.
2905 casos de violencia policial entre el 28 de abril y el 20 de mayo (Temblores).
Asimismo, el continuado Exterminio que perpetran las fuerzas represivas (oficiales y para-oficiales) contra las organizaciones sociales, ha seguido produciéndose durante el Paro: entre el 28 de abril y el 18 de mayo fueron asesinados 9 líderes sociales y dos ex-guerrilleros de las Farc que se habían acogido al "Acuerdo de Paz".
VIDEOS: algunas de las terribles imágenes de las personas desaparecidas, torturadas y asesinadas por la policía colombiana: para ver y descargar videos para su difusión, al final del artículo. Se agradece que las páginas de medios alternativos descarguen los vídeos y los suban a sus páginas, para intentar romper la censura que encubre un exterminio.
Organismos de derechos humanos denuncian a Iván Duque ante La Haya por delitos de lesa humanidad
Organismos de derechos humanos de Colombia denunciaron ante la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya al presidente de Colombia, Iván Duque, a quien acusan de crímenes de lesa humanidad cometidos durante las violentas represiones contra las protestas masivas realizadas desde el pasado 28 de abril.
El senador Iván Cepeda Castro explicó que la acusación consta de más de 100 páginas e incluye al ministro de Defensa, Diego Molano; al jefe del Ejército, Eduardo Zapateiro; al director general de la Policía Nacional, Jorge Vargas; y al expresidente Álvaro Uribe.
"Esta denuncia documenta 1.595 hechos en los que hay graves violaciones de derechos humanos como asesinatos, tentativa de asesinatos, torturas, violaciones sexuales y detenciones arbitrarias", explicó Cepeda Castro al dar a conocer el expediente.
El legislador agregó que el caso también fue enviado al secretario general de Naciones Unidas, António Guterres. Además, los organismos invitaron a la fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, a que realice una visita oficial a Colombia para que constate los presuntos crímenes.
La denuncia está firmada por representantes de las organizaciones que permanecen en estado de alerta en medio de la tensión social que sigue padeciendo el país, entre ellas la Campaña Defender la Libertad un Asunto de Todas, Temblores ONG, Mesa de Trabajo sobre Desaparición Forzada de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos y el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos.
En el expediente se documentan 24 homicidios, además de 50 víctimas de tentativa de asesinato, 16 de violencia sexual, 11 de desaparición forzada, 129 de tortura y 1365 de detención irregular.
Precisiones
Cepeda Castro detalló que, durante las protestas, la Policía usa armas de fuego de corto y largo alcance, y dispara contra la población civil y los manifestantes, incluso por fuera de las movilizaciones.
El parlamentario aseguró que se ha suspendido el fluido eléctrico en algunas zonas para facilitar la comisión de crímenes por parte de la fuerza pública, y evitar que puedan ser grabados. De igual forma, denunció la interrupción del servicio de internet en algunas ciudades, y la realización de operativos policiales en barrios y en concentraciones de manifestantes en horas de la noche.
Por otra parte, explicó, grupos armados vestidos de civil hacen disparos de manera deliberada y se movilizan en vehículos policiales, en medio de la inacción de policías con uniforme, ya que presuntamente son ellos mismos quienes los protegen.
En la denuncia también figura el uso indebido de armas potencialmente letales, disparadas a propósito para herir a los manifestante, o que apuntarían deliberadamente contra los ojos de los manifestantes.
Además, los demandantes alertan sobre el lanzamiento de gases lacrimógenos en lugares cerrados, en particular, contra viviendas, de manera indiscriminada; así como la utilización de medios de comunicación y redes sociales para estigmatizar la protesta social de manera reiterada, vinculándola con organizaciones criminales y actos de vandalismo.
Los ataques contra misiones de derechos humanos que acuden a verificar los hechos y contra periodistas también son comunes, a lo que se suma el uso de instalaciones educativas para el aterrizaje de aeronaves de la policía.
El senador denunció que la respuesta de Duque a estos graves hechos ha sido el silencio. "Cero mensajes de repudio público a los crímenes cometidos por la policía, en cambio, felicitaciones a la Fuerza Pública por los resultados obtenidos", lamentó.
La CIDH condena las "graves violaciones de derechos humanos" durante las protestas en Colombia y urge al Gobierno a permitir una visita de observación
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó este martes las "graves violaciones de derechos humanos" registradas durante las protestas sociales en Colombia, y urgió nuevamente al Gobierno de Iván Duque a permitirle realizar una visita de observación en el terreno.
En un comunicado de prensa, el organismo adscrito a la Organización de los Estados Americanos (OEA) expresó su preocupación "por la grave crisis que enfrenta Colombia", a la vez que llamó al Estado a "honrar los compromisos internacionales" en materia de derechos humanos.
"La Comisión Interamericana de Derechos Humanos urge al Estado a respetar los más altos estándares en cuanto a la libertad de expresión, uso de la fuerza y debida diligencia, así como a permitir que la CIDH realice una visita de observación al país", apuntó el organismo.
En medio de fuertes críticas de la comunidad internacional por la represión y los abusos policiales durante las movilizaciones, la canciller colombiana, Marta Lucía Ramírez, se reunió el lunes 24 de mayo con miembros de la CIDH para abordar la situación en Colombia.
Al concluir un encuentro en Washington, Ramírez dijo a los medios que, aunque "todas las visitas son bienvenidas", "en este momento" consideran "que todavía no" es prudente la presencia de la CIDH, debido a que la Administración de Duque quiere "esperar a que los propios organismos de control (Fiscalía, Procuraduría, Contraloría y Defensoría del Pueblo) acaben de hacer su tarea".
Violencia en protestas
La CIDH manifestó en particular su "extrema preocupación por la pérdida de vidas" en el marco de las protestas sociales. Según la información enviada por el Gobierno colombiano, desde el inicio de esos hechos 43 personas han perdido la vida, de las cuales 17 tendrían relación directa con las manifestaciones.
Por su parte, el organismo interamericano citó informes de organizaciones sociales que denuncian 51 muertes en el contexto de las protestas. Además, hizo referencia a los 979 civiles que han resultado heridos durante las movilizaciones, y resaltó las denuncias públicas sobre el uso excesivo de la fuerza contra manifestantes.
La Comisión Interamericana también resaltó su preocupación por las 132 personas que permanecen desaparecidas.
"Resulta alarmante que con el correr de los días estas personas continúan desaparecidas, máxime cuando algunas de las 276 que habrían sido reportadas como desaparecidas aparecieron sin vida, como el líder Cristian Torres, el 14 de mayo en la ciudad de Leiva, Nariño", señaló la CIDH.
Adicionalmente, el organismo expresó su indignación por las 87 denuncias de violencia sexual perpetrada presuntamente por agentes de la fuerza pública en contra de mujeres manifestantes.
El Ministerio de Defensa de Colombia confirma el despliegue de 10.000 policías y 2.100 soldados en Cali para garantizar la seguridad
El ministro de Defensa de Colombia, Diego Molano, comunicó este domingo que 10.000 policías y 2.100 soldados fueron desplegados en Cali (Valle del Cauca) para "garantizar la seguridad", luego de que unas horas antes se produjeran fuertes enfrentamientos entre residentes del sur de la ciudad, indígenas y la Policía local.
"Aquí no puede haber violencia, no se pueden permitir bloqueos que generen violencia, bloqueos que tienen cansados a los ciudadanos y que además son un delito", afirmó. "Por lo tanto, la instrucción del presidente Duque es avanzar en garantizar los desbloqueos, de modo que puedan entrar los alimentos, el oxígeno, los medicamentos, que pueda garantizarse el abastecimiento del combustible que requiere la ciudad", agregó.
Molano subrayó a Noticias Caracol que el Gobierno "rechaza la violencia de la que fueron víctimas algunos de los ciudadanos que viven" en Cali. "Estamos aquí y vamos a quedarnos hasta que se restablezca el orden y la seguridad", agregó el alto funcionario y pidió que las autoridades locales se comprometan con el desmantelamiento de los bloqueos en el departamento.
Por su parte, la gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, anunció que se decretó el cierre de los accesos a todo el territorio de dicho departamento colombiano. La funcionaria escribió en un tuit que la medida se adoptó "por la aceleración del contagio del covid-19, la alerta roja hospitalaria, y la desbordada situación de orden público".
"Acabo de expedir el decreto con el cual se restringe la movilidad para el ingreso de todo el territorio del Valle del Cauca, esto con el fin, y como lo manifesté, estamos en un tercer pico de pandemia", dijo, agregando que solo se permitirá el ingreso a camiones que "traigan precisamente cómo abastecer el departamento, combustibles y, sobre todo, el tema de medicamentos".
Órdenes del presidente Iván Duque
Previamente, el presidente Iván Duque ordenó "el mayor despliegue que se tenga de capacidades de la fuerza pública" en la ciudad. "Basado en facultades constitucionales, di instrucciones al Ministerio de Defensa, al Ministerio de Interior, y al equipo de Gobierno que está en Cali que, con apoyo de autoridades locales, garanticen el mayor despliegue de capacidades de fuerza pública para brindar tranquilidad a los ciudadanos", declaró.
Además, el mandatario ordenó aplicar "las normas de restricción del parrillero" (pasajero de motocicleta) y adoptar, junto con las autoridades locales, "medidas de restricción de movilidad necesarias" con el objetivo de "minimizar riesgos de seguridad y la ley seca, todo en virtud de cuidar a la ciudadanía en general".
Duque declaró que las autoridades deben levantar los bloqueos que "afectan la calidad de vida de los ciudadanos y vulneran sus derechos", y repitió su solicitud a los miembros del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) que retornen a sus resguardos.
Cali, capital de la resistencia y la sucursal del infierno del general Zapateiro
No es casual que uno de los focos de las protestas más duras y de los enfrentamientos más violentos de la última semana en Colombia, haya sido Cali. Los informes de brutalidad policial, de asesinatos a manos de los cuerpos y fuerzas de seguridad estatales se amontonan en los archivos de diversos organismos humanitarios, pero siguen escuchándose las ráfagas de disparos de la policía militarizada y de un Ejército desbocado.
Pese a los llamamientos de organismos internacionales como la Unión Europea (UE) y Naciones Unidas de cesar la represión contra los manifestantes, el general Eduardo Zapateiro promueve a sus hombres seguir reprimiendo en las calles de Cali con su armamento de guerra.
Zapateiro ha estado a cargo de diferentes batallones militares nacionales y extraterritoriales (en Israel, en 1982 comandó un Batallón en Sinaí) y actualmente dirige la tropa en el Ejército. Fue un elemento clave en operaciones contra las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), estuvo al frente de la llamada Operación Fénix de 2008, en la que se asesinó al comandante Raúl Reyes, segundo líder histórico de esta organización guerrillera.
Asimismo, Zapateiro lideró dos operaciones militares para rescatar civiles y militares secuestrados por la guerrilla, las llamadas operaciones Jaque y Camaleón. Operación Jaque se efectúo en coordinación de Alto Mando Militar del gobierno de Uribe bajo el mando de su entonces ministro de Defensa Juan Manuel Santos, con la Agencia Central de Inteligencia (CIA) estadounidense, en julio de 2008.
Parte de la estrategia usada fue usurpar la figura de la Cruz Roja Internacional: pintaron helicópteros de blanco y usaron los logotipos de esa organización para disuadir. En la ejecución de este plan fue liberada Ingrid Betancourt, excandidata presidencial y excompañera de fórmula de Clara Rojas,
Además, el futbolista de la selección colombiana Juan Fernando Quintero y sus familiares acusan públicamente a Zapateiro de ser parte de la desaparición física de su padre Jaime Enrique Quintero, que en 1995 prestaba servicio militar bajo su mando en Medellín.
De acuerdo con el grupo de hackers Anonymous, el Ejército está creando una cortina de humo en el país. El grupo filtró una presunta conversación del 2 de mayo en Cali en la que se escucha a Zapateiro, quien asegura que recibió la orden del presidente de militarizar la ciudad de Cali y tomar cartas frente a los manifstantes.
«Estamos haciendo las cosas bien (…) Acá estamos ofrendando nuestra vida, nuestra humanidad por salvar la democracia que algunos quieren destruir, estamos haciendo todo bien», indicó Zapateiro a un grupo de policías.
Se suceden asesinatos de jóvenes en los barrios de Siloé, Puerto Rellena, Loma de la Cruza. El gobierno de Iván Duque con sangre y fuego quiere fraccionar, acabar la resistencia popular. “La población ha dado con un cíclope de gran ineptitud política, preformado por un cretinismo individual: el presidente Iván Duque, el cual se perpetua bajo la ignominia escabrosa de su pater familiae: el genocida Álvaro Uribe”, señala Sara Leukos.
El cíclope de Iván Duque recurre a la represión a través Zapateiro quien expresó de manera autosuficiente y autoritariamente: “Tengo 480 hombres orgánicos, 16 pelotones en estos momentos desplegados en Cali. Eso es inicialmente la primera fase, señor presidente, me voy con la segunda orden del señor presidente de la República y es la campaña al apoyo para la recuperación de esta cadena productiva que tenemos que romperla”.
Desconocer a las autoridades
El uribismo le quitó de facto el mando al alcalde de Cali, en la práctica mandan el general Zapateiro y los terratenientes de los ingenios, que se están tomando la ciudad a sangre y fuego; han incendiado casas, en los barrios de Siloé, La Luna, el Lido han entrado disparando con fusiles y los tanques de guerra han entrado a los barrios; se está fraguando un autogolpe.
Una Cali histérica y desabastecida, con pocos alimentos y poca gasolina, que quiere ser escuchada y le responden con represión militar y cerrando el aeropuerto, se convirtió, al mismo tiempo, en la capital de la resistencia y la sucursal del infierno.
Cali estaba completamente bloqueada por todos sus puntos principales y una red de comités populares integrados por jóvenes, trabajadores, precarios, estudiantes, mujeres, obreros y profesionales ejerce un control del territorio para respaldar el pliego de peticiones de una respuesta efectiva y una solución a los problemas sociales, de salud, empleo, movilidad, hambre, libertades, respeto por la vida.
A los caleños les explotó en las manos una bomba social que se había demorado en estallar: se sumaron en pandemia la pobreza, el hambre, el terrorismo, la delincuencia, una buena dosis de polarización política, el cansancio que produce un gobierno nacional indolente y la ausencia de liderazgo del gobierno local.
Es la verdadera “sucursal del infierno” desde la década de 1930, cuando la guardia cívica, “pájaros” y cuadrillas bandoleras eran contratadas por los terratenientes para desplazar a los colonos (que habían huido de los departamentos de Nariño, Quindío, Antioquia durante la Guerra de los Mil Días).
Luego fue la larga etapa de “La Violencia” y, a partir de mediados de los ’70, el Cartel de Cali (con sus 8.000 parapolíticos del proceso así denominado), seguido por el Cartel del Norte del Valle y sus sucesores antes y después de la “desmovilización” de Uribe y el Plan Colombia de Estados Unidos (con los paramilitares de Los Rastrojos, por ejemplo).
En paralelo, la modernización de la agroindustria azucarera en la zona plana del Valle y la sustitución de la agricultura cafetalera por la cocalera en la zona de ladera redujeron los productores a la condición de siervos de la gleba de terratenientes y traquetos. Y el tiro de gracia fueron los TLC’s con los EEUU y la Unión Europea (2012 y 2013, respectivamente) que impactaron fuertemente al campesinado.
El periodista caleño Juan Andrés Valencia señala que “no son pocos los caleños que creen que se trata de una lucha entre la izquierda y la derecha, entre «una fuerza oscura que quiere derrocar el régimen» y «un régimen opresor establecido».
“Y de ñapa, están convencidos de que la reforma tributaria es lo único que se estaba reclamando. Pero se equivocan. Ese fue solo el detonante. Es ingenuo pensar que el caos que se está viviendo en Cali se reduce a una confrontación entre dos ideologías”, añade.
Hay que tener en cuenta que Cali es una de las dos ciudades más violentas de Colombia y esté dentro de las cincuenta más violentas del mundo: su tasa de 37,68 % de homicidios por cada 100.000 habitantes (puesto 39) así lo confirma.
Desde que se implementó la elección popular de alcaldes y gobernadores en Colombia, Cali ha demostrado una inclinación marcada a elegir candidatos alternativos o progresistas. El mandato del último conservador terminó en el 2001, 20 años atrás
La universidad pública siempre ha tenido un rol protagónico en las grandes manifestaciones de Cali, ciudad a la que llegan miles de personas buscando oportunidades -inmigrantes del suroccidente colombiano y el Pacífico, víctimas del conflicto- pero también delincuentes para crear o fortalecer bandas dedicadas al tráfico de drogas, lo cual genera guerras entre pandillas por el control de las rutas y los territorios.
Entre el 2016 y el 2019 el desempleo se redujo a niveles históricos, al punto que Cali fue la ciudad que más empleo generó entre las cinco principales del país. Pero llegó la pandemia y con ella, el hambre y más pobreza. Hoy tiene 7.000 policías para dos millones y medio de habitantes.
El alcalde Jorge Iván Ospina fue candidato por el Partido Verde, un político que se ha caracterizado por su capacidad mediática, lo cual hace llamativo el hecho que en esta coyuntura haya decidido guardar silencio y pasar inadvertido, tras señalar que la responsabilidad del orden público era del presidente Duque.
“No tengo pruebas, pero tampoco dudas: el paro en Cali ha sido saboteado. No hay que ser muy inteligente para saber que quien mejor capitalice esta crisis quedará muy bien posicionado en la próxima carrera presidencial. El pulso es evidente”, dice Juan Andrés Valencia.
CLAE
La tibia reacción de EE.UU. sobre la represión en Colombia (y las voces de congresistas que piden recortar el financiamiento a Bogotá)
Desde el pasado 28 de abril, miles de colombianos están en la calle en protesta contra el gobierno de Iván Duque. Las manifestaciones, que comenzaron contra una reforma tributaria —que ya fue retirada—, han derivado en otras peticiones, ante la precaria situación social de millones de ciudadanos en el país suramericano y la dura represión policial y militar.
La situación, que ha dejado 24 muertos, según la Fiscalía colombiana, y 34, de acuerdo con organizaciones de derechos humanos, ha causado conmoción internacional.
EE.UU., uno de los países que suele pronunciarse rápidamente ante diversos hechos ocurridos fuera de su frontera, apenas el pasado martes 4 de mayo fue que emitió una postura con respecto a Colombia.
La portavoz adjunta del Departamento de Estado, Jalina Porter, fue la encargada de hacer ese primer pronunciamiento de la administración de Joe Biden. En una conferencia de prensa, antes de que comenzaran las preguntas de los periodistas, la funcionaria dijo que EE.UU. estaba "profundamente entristecido por la pérdida de vidas durante las protestas en toda Colombia" y que enviaba "sus condolencias a los familiares y amigos de todas las víctimas".
Aunque reconoció que "los ciudadanos de los países democráticos tienen el derecho incuestionable de protestar pacíficamente", posteriormente se unió al discurso ofrecido por el Gobierno colombiano durante estos días, en el que hace énfasis en el "vandalismo" dentro de las manifestaciones.
Al respecto, Porter dijo: "La violencia y el vandalismo es un abuso de ese derecho [a la protesta]".
La funcionaria también instó a las fuerzas públicas colombianas, que han sido señaladas de violentar los derechos humanos en las manifestaciones, a "la máxima moderación" para evitar "más pérdidas de vidas".
Por último, Porter le dio un espaldarazo al Gobierno de Duque al prometer que EE.UU. apoyará a la administración colombiana "para abordar la situación actual a través del diálogo político".
Congresistas se pronuncian
Entretanto, se oyen diversas voces en el Congreso. El congresista republicano por el estado de Florida Mario Díaz-Balart manifestó su preocupación "por la violencia que está ocurriendo en Colombia, incluyendo la trágica pérdida de vidas".
No obstante, en su declaración recurrió a la versión del Gobierno colombiano, que apunta a la presunta participación del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidencias de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en las protestas "para sembrar el caos, la división y la violencia".
Asimismo, pese a las denuncias contras las fuerzas policiales, reconoció a Duque por "sus esfuerzos para preservar el estado de derecho en Colombia".
Por su parte, el congresista demócrata por Massachusetts Jim McGovern dijo, a través de Twitter, que estaba "profundamente preocupado por la brutal respuesta de la Policía Nacional de Colombia (PNC) a las protestas pacíficas".
Indicó que se trata de "un patrón perturbador" de "uso excesivo de la fuerza, asesinatos y violaciones de derechos humanos contra manifestantes", que ya ocurrió en noviembre de 2019 y septiembre de 2020.
McGovern defendió que "la protesta pacífica y la libertad de expresión deben respetarse en todas partes" y llamó a poner "fuertes condiciones" a la ayuda que EE.UU. le da a la Policía colombiana.
"No hay ayuda estadounidense a las unidades antidisturbios colombianas del Esmad que cometan graves violaciones de derechos humanos", enfatizó.
También se pronunció Gregory Meeks, quien preside la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, quien dijo estar "particularmente alarmado por los acontecimientos en Cali" y pidió al presidente Duque "disminuir la violencia".
"Es imperativo que la Ley Leahy de EE.UU. se aplique plenamente", mencionó, al referirse a una normativa que prohíbe a su país apoyar a fuerzas de seguridad que participen "en graves violaciones de los derechos humanos".
También hubo un pronunciamiento de la senadora demócrata del Senado del estado de Florida Annette Taddeo, quien es colombo-estadounidense.
"Las autoridades de cualquier país tienen la responsabilidad de defender los derechos humanos y pido al presidente Duque que comunique claramente que el uso excesivo de la fuerza es imperdonable", dijo.
Informó, además, que se comunicó personalmente con la administración de Biden, para "llamar la atención sobre esta crisis humanitaria".
El día en que se pronunció Porter, después de la amplia reacción internacional de condena a la represión policial contra el Gobierno colombiano, el presidente Duque anunció su disposición de abrir un "espacio para escuchar a la ciudadanía", aunque insistió en acusar a los manifestantes de apelar al "vandalismo, al terrorismo y a la violencia irracional para arrebatar la tranquilidad".
Pedido frente a la Casa Blanca
Mientras, algunas personas se congregaron frente a la Casa Blanca para manifestar su indignación por lo que ocurre en Colombia y hacer algunas peticiones al Gobierno estadounidense.
"Hoy se están presentando asesinatos por parte de agentes del Estado, desapariciones, violaciones a mujeres y violaciones sistemáticas de derechos humanos", leyó uno de los asistentes.
Ante ello, pidieron que se retire el apoyo económico que EE.UU. le brinda a Colombia para librar la batalla contra la drogas. Señalan que ese dinero "no está siendo utilizado pata tal fin", sino para "masacrar" al pueblo en las calles.
El año pasado, el Congreso estadounidense aprobó más de 450 millones de dólares de asistencia para Colombia en 2021. Durante la discusión del proyecto, varios congresistas propusieron que un porcentaje de esa ayuda fuese condicionada a la certificación estadounidense en dos áreas: la defensa de derechos humanos y la lucha contra las drogas.
Edgar Romero G.
En las distintas ciudades y el campo de Colombia decenas de miles de personas se manifestaron este miércoles [y continuaron el jueves] contra el proyecto de reforma tributaria promovido por el narcogobierno ultraderechista de Iván Duque, en medio de una grave crisis económica, social y financiera y del más alto pico de muertes por covid-19..
Centrales obreras, movimientos sociales, profesores, organizaciones civiles, indígenas, afrodescendientes, de pymes, y otros sectores populares rechazan el proyecto que está en curso en el Congreso porque castiga a los menos favorecidos [que son mayoría en Colombia] y es inoportuno en plena crisis desatada por la pandemia.
Duque logró unificar a un conglomerado de organizaciones que organizaron un paro nacional en rechazo a que el narcogobierno financie la crisis del covid-19 tocando los ingresos de la clase media y los amplios sectores populares, y en reclamo a la eliminación de los beneficios a las grandes empresas. En suma, una crítica al modelo neoliberal, del cual Colombia es uno de sus grandes exponentes en Latinoamérica.
“El gobierno no quiere escuchar a los ciudadanos, no quiere escuchar a los partidos políticos, no quiere escuchar a la academia sobre esa petición tan sentida de retirar la reforma que va a poner a aguantar hambre a más millones de colombianos”, afirmó Francisco Maltés, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), quien resaltó que la reforma tributaria no toca a las grandes empresas.
“Mantiene privilegios para las multinacionales por casi 40 billones de pesos colombianos anuales. Le hemos dicho al gobierno que elimine esos privilegios y tendrían dinero suficiente para resolver la crisis y mucho más”, sostuvo Maltés, quien añadió que las marchas –“masivas, vigorosas y pacíficas”- del paro nacional continuarán. [Aún así, la represión asesinó a dos manifestantes y provocó decenas de heridos y detenidos].
El líder sindical afirmó que en las ciudades en donde sea posible, donde no haya confinamiento, se llevará a cabo la jornada del primero de mayo, Día del Trabajador. En las ciudades en las que las condiciones no lo permitan, la protesta se hará a través de las redes sociales.
Crisis económicosocial
La obsecuencia con una política neoliberal, sumada a la pandemia, agravó la crisis de economía colombiana. El Producto Interno Bruto del país se hundió un 6,8% en 2020 y el desempleo alcanzó el 18,1% en febrero, en un país donde la informalidad cobija a la mitad de la población. La pobreza se ubicó en torno al 38,9 por ciento, según la CEPAL, pero consultoras locales sostienen que está cerca del 50 por ciento del país.
En Colombia el mayor empleo está en el sector informal de la economía y no se ve favorecido por estas políticas. El narcogobierno lanzó en abril del año pasado el Ingreso Solidario que perciben unas tres millones de familias vulnerables. La suma que recibirán hasta junio de este año equivale a 43 dólares mensuales [equivale a menos de 10 dólares al mes por persona].
Mientras, se conoció que el narcogobierno colombiano renovaría su flota de aeronaves militares con la compra de 24 aviones de guerra por cuatro mil millones de dólares. Colombia es el segundo país de la región, después del gigante Brasil, con el mayor gasto militar.
El ultraderechista presidente Iván Duque, al que le queda poco más de un año en el poder, con una popularidad de poco más del 30 por ciento, pretende recaudar el equivalente a unos 6.300 millones de dólares entre 2022 y 2031 con la reforma tributaria, que grava los servicios básicos en zonas de clase media baja, los funerales y crea un impuesto sobre la renta a las personas que ganen más de 656 dólares mensuales, en un país donde el salario mínimo es de 248 dólares.
El gobierno hizo todo lo posible para evitar la protesta: El Tribunal Administrativo de Cundinamarca emitió un auto que despertó todo tipo de reacciones en la sociedad, en vísperas del Paro Nacional: ordenó aplazar las protestas hasta que en Colombia haya inmunidad rebaño contra el Covid-19. Defensores de DDHH presentaron una tutela ante el Consejo de Estado y pidieron a la Comisión Interamericana de DDHH que intervenga.
En Bogotá decenas de miles de manifestantes protegidos con mascarillas avanzaron desde distintos puntos hacia el centro de la ciudad. Al ritmo de tambores y bajo consignas como “a parar para avanzar, viva el paro nacional”, las marchas transcurrieron con algunos bloqueos en las vías y dura represión policial.
Cali es la ciudad donde se presentaron más represión y más disturbios. Los indígenas Misak derribaron la estatua de Sebastián de Belalcázar, conquistador español que fundó la capital del Valle del Cauca, a quien consideran uno de los grandes responsables del genocidio indígena.
Después de la presentación de la nueva Reforma Tributaria, tercera del actual narcogobierno, se revivió una ola de inconformismo social congelada desde inicios del 2020 por efectos de la pandemia. No se propone cobrar más impuestos a quienes más tienen sino que, consecuentes con un gobierno de ricos y para ricos, descarga el peso impositivo sobre la clase media baja y los sectores populares, golpeados por el desempleo y la informalidad.
La inconformidad popular es generalizada, el rechazo a la ley puede significar la continuidad de las protestas, ante la negativa del narcogobierno a retirar la propuesta.
CLAE / La Haine
Retos para la lucha popular en Colombia
Por: Juan Diego García
Es probable que Duque quiera enredar la salida al paro en interminables diálogos estériles para debilitar al movimiento opositor.
La oposición a la reforma fiscal en Colombia ha dado frutos. El gobierno decide retirarla con la formulación que provocó el levantamiento popular pero solo para darle una nueva forma y así conseguir debilitar a la oposición y terminar imponiendo alguna figura similar. Otra cosa es que lo consiga. Igual razonamiento vale para la propuesta de reformar el sistema de salud, el educativo y el de pensiones, todas con la misma filosofía neoliberal y todas ellas provocando el rechazo de amplios sectores sociales.
El Comité Nacional de Paro, que se reunió hoy con el presidente, podrá calcular hasta dónde es posible avanzar, hasta dónde el sistema está dispuesto no solo a prometer y no cumplir, que es su política habitual, sino a concretar los acuerdos en medidas reales.
Hay que considerar, sin embargo, que para un avance considerable sería necesario que el gobierno de Duque cambiara la filosofía neoliberal de su política generando nuevas realidades en el país. Algunos con buenos deseos podrían aventurar que el presidente apueste por adherirse a la probable nueva orientación de Biden, introduciendo alguna forma de keynesianismo, si es que al presidente estadounidense la gran burguesía le permite tales cambios, cuya sola mención ya despierta la franca oposición de importantes grupos empresariales. Si por ventura Duque apostase por un cambio tal, la presión de los grupos de la burguesía criolla, que tantos beneficios sacan del actual modelo neoliberal, sería enorme, sin descartar las maniobras del capital internacional –los centros financieros, sobre todo– que tiene armas mucho más poderosas que la oligarquía local.
El presidente colombiano tiene otro obstáculo importante: le restan solo algunos meses para las elecciones legislativas del año entrante y sobre todo para las presidenciales, de modo que su margen de acción es bastante corto si es que decidiese introducir cambios para dar alguna satisfacción a las demandas populares. En realidad, es mucho más probable que Duque enrede el proceso en interminables diálogos estériles para debilitar el movimiento opositor y conseguir dejar al próximo gobierno esa bomba de tiempo del descontento popular, que no será posible desactivar y que seguramente volverá a hacer explosión más temprano que tarde.
El actual gobernante tiene, además, la presión de quienes lo han llevado al Gobierno y no parecen dispuestos a aceptar ni las más mínimas concesiones. El poder detrás del trono, el ultraderechista Uribe Vélez, ha conseguido hasta ahora imponer su estrategia de ‘mano dura’, dejando en poder de militares y policías la gestión del problema, reprimiendo salvajemente la protesta pero sin conseguir aplacarla. Por el contrario, este movimiento que tiene unas organizaciones iniciadoras, en especial el Comité Nacional de Paro, y está ahora mismo acompañado y muy ampliado por una reacción espontánea de la población que ha sorprendido a todos por su vigor y por su permanencia, a pesar de haber sufrido una represión brutal que hasta la ONU, la Unión Europea y muchos gobiernos y entidades de derechos humanos lamentan –eso es todo lo que permite el lenguaje diplomático– al tiempo que hacen un llamado a la calma y piden a Duque que busque soluciones a través del diálogo.
En pocas palabras, el actual gobierno y las fuerzas políticas y sociales que le apoyan aparecen sin capacidad de controlar la situación y hasta este lunes 10 de mayo, en lo fundamental, han entregado la gestión del problema a los cuarteles, una vieja costumbre del régimen colombiano que tiene así su propia versión del golpe militar. Queda por ver si tras el diálogo iniciado hoy se puede iniciar un procedimiento nuevo, retirando las tropas de las calles, abandonando el lenguaje de satanizar a la protesta social y controlando a las huestes de la extrema derecha armada, conformadas tanto por gente de los barrios ricos como por elementos criminales, que ya salen a disparar contra las manifestaciones con la complicidad de la Policía, tal como se registra en Cali, Pereira y otros lugares del país. Asimismo, habría que verificar que una medida de tal naturaleza permita reducir los actos aislados de vandalismo que, en no pocas ocasiones, son provocados por infiltrados de las llamadas ‘fuerzas del orden’ en una conocida táctica destinada a criminalizar las marchas pacíficas.
El movimiento opositor tiene, igualmente, retos que superar. El primero de todos, sin duda, es el de conseguir mantener la unidad de tantos sectores dispares que confluyen en el paro, gestionar adecuadamente las exigencias al tenor de la real correlación de fuerzas y encontrar la fórmula para que lo que de debata en la mesa de negociones se cumpla y no se quede en papel mojado. Resulta innegable la experiencia de tantas promesas incumplidas a estudiantes, indígenas, negritudes y asalariados de diversos sectores; así como el incumplimiento de lo pactado con la guerrilla desarmada de las FARC, cuyos miembros son asesinados a diario por fuerzas ocultas pero evidentemente muy bien respaldadas y cuya naturaleza de extrema derecha es innegable. En el caso del asesinato sistemático de dirigentes de movimientos populares que se oponen a los planes expoliadores de grandes empresas multinacionales y nacionales, de terratenientes y acaparadores de tierras, ¿no resulta válido el tradicional principio de preguntarse antes que nada a quién benefician esos asesinatos?
Seguramente, el mismo Comité Nacional de Paro se ha visto sorprendido por la enorme reacción popular que prácticamente se ha regado por todo el país: movimiento de protesta en grandes ciudades y pequeños poblados, carreteras y caminos, plazas y calles, y hasta en los hogares que, a su modo y posibilidades, protestan a diario haciendo sonar las cacerolas, ondeando banderas y coreando consignas de apoyo. En todos estos lugares aparecen gentes de todas las clases sociales, etnia y condición, hasta grupos de sacerdotes católicos y de otras creencias salen a engrosar las marchas a sabiendas, todos ellos, del riesgo que asumen. No menos importante es que este movimiento espontáneo se repite por todo el mundo reuniendo a gentes de Colombia junto a ciudadanos locales de todos los matices que apoyan la protesta. Toda esta movilización, con su fuerza, lozanía y vigor, con su naturaleza espontánea requiere que quienes encabezan la movilización sepan mantener un diálogo enriquecedor con los movilizados de forma que todo lo que se consiga en la mesa de conversaciones sea producto de la armonización de esos dos principios claves en todo proceso de cambio: organización y espontaneidad debidamente coordinadas.
Es muy pronto para saber cuál será la evolución de este apasionante proceso colombiano. Podría ser que se consigan ciertas reformas o al menos que se detengan las que están en curso. Mantener la unidad de tantas gentes –que incluyen nada desdeñables sectores de las capas medias– será, entonces, decisivo y no sobra enfatizar que esta lucha puede servir para avanzar en la formación de un frente amplio que consiga un victoria significativa en las próximas elecciones parlamentarias y, por supuesto, que saque a la extrema derecha del Gobierno en las presidenciales del año próximo. Tampoco hay que olvidar que el fascismo criollo está allí y que, para ellos, la opción de un régimen militar pleno tampoco debe descartarse.
Siete lecciones del Paro Nacional de Colombia
El que inició el 28 de abril en Colombia, es el Paro Nacional más grande en toda su historia. La movilización gigantesca en todo el país, a diferencia de otras que han ocurrido desde 1977, integró todas las expresiones de inconformidad popular, en las marchas y bloqueos. El saldo es de casi 40 muertos (dos terceras partes de población civil), 1613 heridos y 2113 denuncias por abusos de la fuerza pública, al tiempo que el ánimo enardecido de millares de personas sigue enarbolando el deseo de proseguir.
El presidente Iván Duque Márquez quien subestimó las actividades y esgrimió el argumento de la “tercera ola del covid-19” procurando que los manifestantes no salieran a las calles, debió admitir que el país se le salió de las manos y bajo la presión popular y aún de la clase politiquera, debió desplazarse hasta Cali en la madrugada del 10 de mayo, declarada como “capital nacional de la resistencia”. Sin embargo, su mensaje fue dictatorial: “Tierra arrasada”, como se deduce de sus declaraciones. En otras palabras, vía libre a la fuerza pública para que siga arremetiendo contra el pueblo.
Ese mismo lenguaje poco conciliador e incendiario es el que comparten hoy la gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán y el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, éste último, hijo de un comandante de la guerrilla del M-19 y quien murió combatiendo al ejército en su casa del barrio Los Cristales, en el suroccidente de la capital. De hecho, la gobernadora mantiene acantonados a uniformados del Escuadrón Móvil Anti Disturbios (Esmad) en las instalaciones en el Palacio de San Francisco, con lo cual se pone en peligro la vida de decenas de empleados.
LECCIONES DEL PARO
El Paro Nacional de Colombia arroja varias lecciones que se deben tener en cuenta para movilizaciones futuras, en procura de reivindicaciones para las clases populares:
1.- Las convocatorias deben ir de la mano con una amplia divulgación de las razones de las movilizaciones. Esto debido a que infinidad de colombianos, que son los más golpeados con la arremetida tributaria, de salud y las reformas pensional y laboral, al desconoce sobre el tema, salieron a abogar por el presidente, Iván Duque Márquez. Las víctimas defendiendo el gobierno de su victimario.
2.- Una convocatoria con fundamento en reivindicaciones comunes, congrega pueblo. Quedó probado que un llamamiento a las clases populares alrededor de temas que concitan su interés, aviva la participación de todos, sin distingos. Las marchas no deberían ser por casos puntuales, porque muchas personas se hacen a un lado o se sienten al margen.
3.- Las convocatorias deben reunir a todas las fuerzas políticas. No podemos seguir pensando que solamente los de un ala de pensamiento en particular, somos quienes jalonamos la lucha. Como insistiera en su momento el fallecido comandante del M-19, Jaime Báteman Cayón, es necesario converger en el “sancocho nacional” en el que todos ponen y se llama a las fuerzas políticas tradicionales, inconformes, a ser partícipes. Esta no puede ser únicamente una bandera de la izquierda y el movimiento obrero, popular, indígena, estudiantil y campesino.
4.- La necesidad de mantener cohesión entre todos los sectores. Camioneros y gremio de taxistas se sumaron en un comienzo, pero progresivamente se desligaron en muchos lugares del país. Además, demostraron que les asistían intereses particulares y no de colectivo. Otro elemento preocupante el definir un Comité Nacional de Paro y acoger sus directrices. Caer en la actitud de “Ustedes no nos representan”, favorece los intereses del gobierno nacional.
5.- La importancia de prever los corredores humanitarios. Una de las principales protestas ciudadanas, pasada una semana de bloqueos, fue la falta de alimentos. Ligado a esto, la negativa de grupos pequeños de permitir los corredores humanitarios para el ingreso de alimentos, combustibles y medicamentos, entre otros. ¿El resultado? Brotes de inconformidad y molestia de aquellos a quienes necesitamos: a los ciudadanos del común.
6.- Los bienes públicos como el transporte masivo, son necesarios. Se trata de algo estratégico. ¿Qué se saca con vandalizar—al menos para quienes lo hicieron—una estación de transporte? Absolutamente nada. Por el contrario, alejar a los sectores obreros que pueden ser aliados. De igual manera el vandalismo de algunos grupúsculos a los supermercados, desdibujaron el propósito original del Paro Nacional.
7.- No caer en las estrategias desinformativas del gobierno. Las fuerzas macabras del gobierno supieron utilizar las redes sociales para tratar de deslegitimar la protesta social y muchos compañeros sucumbieron a esos planes. Todo mensaje que busca bajar la moral de los participantes, con contenidos amenazantes o informaciones faltas, deben ser desenmascarados y no convertirnos en caja de resonancia replicándolos.
¿PARA QUÉ SE INTEGRA UN COMITÉ DE PARO?
Un Comité de Paro, a nivel nacional, regional y municipal, busca unificar esfuerzos y coincidir en temas reivindicatorios. Es evidente que, si se abre un compás de diálogo, es ese conjunto de integrantes, quienes llevan la vocería. Es cierto, en el desarrollo de actividades, sin duda se sumarán varios sectores. Bienvenidos. Pero una vez lo hagan, deben avanzar en la misma dirección.
En caso de una negociación que atienda los puntos de las demandas, se debe acoger. Sin embargo, el Paro Nacional del 21 de noviembre del 2019 demostró que hay quienes definitivamente no aceptan absolutamente nada. Por el contrario, cuestionan a quienes llevan la vecería, dirigiendo hacia ellos términos peyorativos. ¿A quién favorece esa actitud? Al propio gobierno que aplica apropiadamente el principio de “Divide y vencerás”.
No podemos desconocer todo lo que encierran las lecciones aprendidas, menos en el Paro Nacional #28A que marcó un hito en la historia de Colombia y traza un sendero para las nuevas generaciones.
Blog
del autor: https://cronicasparalapaz.
El derrumbe del uribismo
Hace dos años Álvaro Uribe habló de perpetrar una masacre con criterio social para acabar con la Minga indígena en el Cauca.Y hace unos días, a lo comandante en jefe, proclamaba: “confiamos en el inmediato copamiento militar de Cali… confiamos que nuestras autoridades puedan arrestar a los vándalos domésticos y a las hordas de terroristas que han invadido la ciudad”. Declaraciones básicas para entender lo que sigue.
El paro nacional en Colombia entra en su día 16 sin que se vislumbre voluntad política del gobierno de Iván Duque –marioneta de Uribe– por escuchar en serio y llegar a acuerdos que satisfagan las justas demandas de los innumerables sectores, ciudades, territorios y millones de personas participantes en la protesta. Al contrario, los sigue reprimiendo a sangre y fuego.
En relación con el fracaso de la única reunión sostenida con el Comité Nacional del Paro por el también conocido como subpresidente, a 12 días del inicio de la movilización, uno de sus miembros, Francisco Maltés, secretario general de la Central Unitaria de Trabajadores, afirmó: no hubo empatía del gobierno con las razones, con las peticiones que nos han llevado a este paro nacional. Duque fue complaciente con el uso excesivo de la fuerza pública, lamentó la líder estudiantil Jennifer Pedraza. Y es que el ocupante de la Casa de Nariño no acepta ni siquiera la primera exigencia de los inconformes, el legítimo derecho a la protesta pacífica y el cese de la violencia policial y militar contra quienes lo ejercen. También demandan una renta básica universal de por lo menos un salario mínimo, la defensa de la producción nacional (incluidas artesanal y campesina), detener las erradicaciones forzadas de cultivos de uso ilícito y aspersiones aéreas con el cancerígeno glifosato. Igualmente, reclaman subsidio a las pymes, defensa de la soberanía y seguridad alimentaria y matrícula universitaria gratuita. No discriminación de género, diversidad sexual y étnica y el fin de las privatizaciones.
Debe puntualizarse que esto no es todo, sólo demandas iniciales, pues la mera exigencia de que se apliquen los acuerdos de paz, únicamente cumplidos en 4 por ciento por el gobierno desde su firma en 2016, implica a todas las esferas de la vida social y es clamor general del paro, aunque provoca fobia en Uribe y Duque.
Andrés Pabón Lara sostiene que el Estado colombiano, usurpado desde hace más de 200 años por una clase generadora de despojo y acaparamiento de la tierra y de la represión armada, se ha convertido en una máquina de matar que no ha hecho más que perfeccionarse a lo largo del tiempo.
El autor expone las distintas etapas de este proceso de perfeccionamiento desde inicios del siglo XX y afirma que es en el gobierno de Álvaro Uribe que se entroniza la represión como política oficialmente declarada. Explica que el uribismo se insertó en la política con un discurso de mano dura fascistoide que condujo a la muerte de miles de jóvenes por el ejército, inocentes hechos pasar por bajas guerrilleras que eran pagados a los militares como estímulo económico. Añade que el uribismo implicó la legalización y extensión a las zonas urbanas de la acción represiva de los paramilitares y aceleró el despojo de tierra, que en menos de una década significó que fueran expulsados de sus parcelas más de 8 millones de familias campesinas.
Uno de los ejes más nefastos del perfeccionamiento represivo uribista, apunta Pabón, es la generación de un sentido común fascista, anticomunista, antichavista y racista, en grandes sectores populares colombianos. La naturalización del asesinato a quienes se manifestaban y organizaban desde la izquierda permitió al uribismo ganar elecciones (incluida la de Iván Duque) y oponerse obsesiva y acríticamente a las negociaciones de paz firmadas con las FARC.
Esta operación de control ideológico, tan provechosa para el ex presidente, comenzó a quedar puesta en cuestión cuando el candidato de izquierda a la presidencia, Gustavo Petro, obtuvo la más alta votación lograda por un abanderado ajeno a la oligarquía. Sufrió un duro golpe por los paros de noviembre de 2019 y enero del año siguiente y no se diga, por el actual, en el que cuaja un hecho trascendental: la inédita y muy amplia articulación de sectores urbanos y rurales muy disímiles: obreros, campesinos, indígenas, afodescendientes, estudiantes, hombres y mujeres jóvenes, integrantes de la diversidad sexual. Sindicatos y, a la vez, comités populares y juveniles en barrios, surgidos como hongos después de la lluvia.
Lo cierto es que las fuerzas populares nunca habían alcanzado un grado de combatividad y conciencia política tan pronunciados en todo el territorio de Colombia, aliado principal de Estados Unidos en nuestra región y que el uribismo se sostiene por ahora sobre las bayonetas, pero se derrumba políticamente como castillo de naipes.
@aguerraguerra
Colombia y Chile, con un “abajo” que se mueve, están que arden: ¿sólo ellos?
Un grupo de investigadores al servicio del Fondo Monetario Internacional (FMI) dijo, semanas atrás, que la situación social en el mundo podría hacerse compleja y bravía unos meses después de que esta pandemia pasara y las actuales restricciones hubieran terminado.
En el mismo informe sostenían que las actuales limitaciones para la circulación eran un escollo que frenaba reclamos y movilizaciones.
Esta perspectiva general se ahonda en nuestra región, aunque el Covid nunca logró erradicar una variedad de reclamos que, a pesar de la pandemia, siguieron ocupando las calles e inquietando a los gobiernos.
Su causa es dura y simple: La desigualdad reinante al interior de nuestros países y la debilidad de estos cooptados Estados creó las condiciones para que pase lo que pasa en los convulsos Colombia y Chile. De todos modos, lo que allí acontece no es una excepción sino el punto más alto de una situación.
Desconexión entre el poder y las necesidades de las mayorías
Los sucesos de estos últimos tiempos, particularmente Chile y Colombia, tienen que ver con países donde el neoliberalismo o el capitalismo salvaje más avanzó. Esa preocupación por asegurar las ganancias de sectores empresarios, como motor de la economía, condujo a que se profundice la distancia entre las élites gobernantes y los padecimientos de la inmensa mayoría de nuestros pueblos.
El sector financiero es el principal protagonista de estas políticas. Si bien no se puede generalizar, se puede señalar que los países gobernados por fuerzas conocidos como progresistas terminaron favoreciendo la misma tendencia.
Éstos trataron de compensar esa perspectiva, entre otras cuestiones, con dos mecanismos: el reconocimiento de nuevos derechos y la posibilidad de una mejor redistribución de ingresos. Sus dirigentes consideraron que, con ello, se crearían mejores condiciones para que esta democracia pudiera avanzar.
Los datos de la realidad no acompañaron esos buenos propósitos. El avance, en materia de ampliación de derechos (género, libertades) no trajo los mismos efectos para las necesidades de las grandes mayorías que perdieron derechos en materia de salud, vivienda, comida, educación, trabajo, salarios. Todo ello hizo que la economía se concentre y la pobreza crezca.
El asistencialismo fue la respuesta ideada. Pero se manifestó cada día más insuficiente para cubrir las necesidades populares. Fue por ello que las medidas tendientes a una favorable redistribución de ingresos -en los mejores casos el Brasil de Lula y la Argentina de los Kirchner, no duraron los embates del tiempo y la realidad.
Miguel Temer y Jair Bolsonaro en Brasil, junto a Mauricio Macri y Alberto Fernández en la Argentina, son la prueba de esas frustraciones.
Estas crisis no demandaron, como hace cuatro o cinco décadas, de golpes militares o cívico-militares. Ocurrieron en medio de la vigencia de estas obsoletas instituciones y la crisis de la democracia deliberativa. Quienes no se atreven a reconocerlo y mirar la profundidad de lo que pasa, buscan chivos expiatorios en los cuales descargar las responsabilidades.
Hay agotamiento de un sistema institucional y un modelo económico. Los buenos precios internacionales de los productos primarios de nuestros países (cereales, carnes, cobre, hidrocarburos) ya no alcanzan.
Seguir repartiendo migajas, sin generar trabajo y sin construir una sociedad distinta, no parece ser el camino. En Argentina y en estos días, desde el oficialismo, el expiquetero y hoy funcionario Emilio Pérsico y el amigo del Papa Juan Grabois, lo dijeron a viva voz y antes que el diluvio los devore.
Jóvenes, mujeres e indígenas son nuevos protagonistas
En un mundo que se fue concentrando y que dejó a millones a la intemperie de la sociedad, los protagonistas y sus organizaciones se fueron modificando. El patriarcado, que viene de siglos de dominio, está cediendo espacios ante el insoportable silencio de esa mitad de la humanidad a la que prácticamente se le negaba la voz.
La actual violencia contra las mujeres es el ruido de un mundo patriarcal cuyas estructuras crujen al desarmarse. Esto lleva a pensar que los cambios del futuro tendrán cara de mujer. En las barriadas, ese rol protagónico, ya se hace cada día más fuerte.
A lo anterior se agrega que aparece en escena -en las calles de Bogotá, Calí, Santiago de Chile, Valparaíso- una nueva generación que, sin nada, pone lo que tiene -su cuerpo- al servicio de una sociedad distinta. Como ya se considera que están “fuera del mundo” no los afecta la acusación de violentos, izquierdistas o hasta terroristas.
Son una generación que busca su lugar en el mundo. El sindicalismo tradicional, que sirvió como pilar para la transformación social unas décadas atrás, ahora representa -para ese sector juvenil- un aspecto “conservador” de la sociedad.
La diferencia de ingresos entre quienes tienen un trabajo estable respecto de estos millones de desocupados -que tienden a crecer- explica esas ideas y marca las características de una sociedad profundamente fracturada (la grieta real) que espera ideas y dirigentes nuevos para crear juntos ese mundo distinto que hoy se les niega.
En los conflictos más estridentes de la región va tomando una visibilidad cada vez mayor el mundo indígena. En la mayor parte de los países de Nuestra América ese mundo parece despertar.
Siglos de opresión, pero también de resistencia permiten a sus comunidades sobrevivientes comenzar a ser protagonistas del futuro en buena parte de la región. Forman parte de ese interior profundo que no suele verse pero cuyas reivindicaciones comienzan a tomar fuerza.
En la extendida rebelión chilena flamean por todos lados las wiphala (bandera indígena) como símbolo de la identificación de esa lucha que los mapuches sostienen en el extremo austral de ese país.
Tres cuestiones caracterizan esa lucha mapuche: la pelea por la recuperación de las tierras tomadas por los blancos y el Estado; una organización que procura mayor autonomía respecto al actual Estado y la reapropiación de un modelo de relación con el medio ambiente y entre las personas, que responda al marco de su cultura ancestral.
En el caso de la actual convulsión colombiana, la ciudad de Calí vió cómo se sumaban grupos del Consejo Regional Indígena del Cauca. Éstos se hicieron presentes como parte de su adhesión al Paro Nacional en marcha. Fueron reprimidos por fuerzas estatales y paraestatales (patotas armadas). La presencia indígena respondió a su concepto de la “minga” o “minka”, una confluencia de actores, saberes y herramientas en pos de un objetivo común.
Tampoco es la primera vez que los indígenas colombianos se movilizan contra el gobierno de su país. Ya lo habían hecho el año pasado y es -posiblemente- la fuerza política que más se ha movilizado en los últimos años.
Trajeron sus propias reivindicaciones entre las cuales se destaca que, desde la firma del Tratado de Paz con la guerrilla de las FARC, 300 líderes indígenas han sido asesinados y la pobreza en sus poblaciones es del 63%, tres veces más que el promedio nacional. .
En conclusión y más allá de las señaladas razones estructurales, lo cierto es que frente a gobiernos que mantienen sus políticas en favor de grupos minoritarios se van alzando sectores mayoritarios en defensa de sus intereses que adoptan las movilizaciones como un instrumento para avanzar hacia una mayor democratización de sus sociedades.
Juan Guahán. Analista político y dirigente social argentino, asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)
La debacle de la derecha junto a los traidores de la Concertación
Las elecciones del sábado 15 y domingo 16 de mayo han sido resaltadas por periodistas y analistas políticos como una especie de “epopeya”, un 21 de Mayo, (1879), en que el pueblo almorzó y votó, por primera vez, libre de cohecho.
Hechos comunes aparecían publicados como verdaderas hazañas. Nadie se había robado los votos en la noche de mayo del 15-16 reciente, por ejemplo, y se resalta como unos comicios muy especiales, (dos días de duración). El número de votantes fue significativamente menor que el del plebiscito de octubre de 2020, en que las comunas populares se volcaron para depositar su voto a favor de la Asamblea Constituyente, hecho que no ocurrió en estos dos días. Pese a ello, dejaron de imponerse los sufragios de los oligarcas de las comunas de Providencia, Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea. Era el mismo Chile de mierda, pero se olían aires de cambio, que se gestaron a partir del 18-0, cambio que se inició a raíz de las sucesivas revueltas populares, hecho histórico nada de baladí si se mira el conjunto de la evolución política.
De nuestra historia recuerdo un desastre de la derecha, en 1965, cuando votaron a la fuerza por Eduardo Frei Montalva, año en que desaparecieron los Partidos Liberal y Conservador, para transformarse en el Partido Nacional, (dirigido por el nazi Sergio Onofre Jarpa. Una derecha militarista y autoritaria: se trataba de un cambio entre curas españoles, el Syllabus, partidarios del franquismo, y de Jesuitas progresistas., es decir, un cambio de la iglesia tradicional a la Encíclica “Mater et Magistra”, de Juan XXIII. A pesar de la Reforma Agraria y la promoción popular, “la aristocracia pechoña y mala” no había cambiado en lo esencial.
En 1978, con el triunfo del NO a Pinochet en el Plebiscito, la gente creyó que el lema “La Alegría ya viene”: en el fondo, los pinochetistas pactaron la convivencia futura con el general Pinochet incluido, es decir, una dictadura con corbata y distintos cargos asegurados, y un parlamento en el Almendral, (un adefesio de edificio tan feo como torta en un matrimonio entre siúticos).
Chile aparentaba ser una democracia, pero las ricas tortas se repartían entre las distintas castas políticas, que “le correspondían” a los democratacristianos o a los socialistas, (según el orden del turno), en que los socialistas, por ejemplo, de “rotosos” pasaron a ser “caballeros”, y personajes dignos de compartir actividades sociales en conjunto con los primeros, y no pocas veces, también con sus amigos, los militares, (el Presidente Salvador Allende y su pueblo seguían siendo traicionados).
Este largo camino histórico terminó en que nadie podía distinguir entre la derecha tradicional y la concertacionista, y los electores prefirieron a los ladrones antiguos que a los nuevos. Ya la Concertación de Partidos por la Democracia habían pasado la etapa de agonía, pero ayer, en las elecciones, se terminó con su sepelio.
Lo sabemos, los políticos actuales, además de inútiles e ignorantes, con sueldos insolentes frente a la pobreza popular, y que sólo buscan su interés personal de poder y dinero, son despreciados por la mayoría de los ciudadanos, que ya no soportan su abuso manifiesto, incluso, con prerrogativas que ningún país civilizado les concedería, (auto, bencina, celular, secretarios y asesores, viáticos excesivos, y para colmo, se les permite días, semanas y meses su presencia en TV, y ¿a qué hora “trabajan? (¿Algún otro trabajador, incluso de los ministerios, del poder judicial…tendría derecho a disfrutar de estas y otras prebendas? ¡Que se vayan a la mierda!
La otra gran derrotada en estas elecciones, (del 15 y 16 de mayo), fue la derecha y, sobre todo, el pésimo gobierno de Sebastián Piñera, que sólo sabe hacer payasadas, (el sábado no perdió la costumbre de demostrar su incapacidad, tratando, por ejemplo, de mojar el sello de los votos, cuando hasta sus nietos saben para qué y cómo usar los adhesivos).
Afortunadamente la derecha, que se creía incólume en el disfrute del poder, recibió una patada del pueblo hambriento y bajo la epidemia del Covid-19 y, aún bajo estas condiciones, se dio la fuerza para que la Constituyente se convirtiera en un hito histórico. De tal manera se constató el triunfo de la mayoría de los ciudadanos. Para la derecha, en cambio, que apenas obtuvo 35 Convencionales, muy lejos de los 52 que requería para bloquear los cambios que pudieran darse en la nueva constitución, su peor pesadilla se convirtió en realidad.
Rafael Luis Gumucio Rivas (El Viejo)
17/05/2021
Chile rumbo a una Convención Constituyente con mayoría progresista: la épica de la movilización popular que cambió la historia
La subestimación nunca es buena consejera.
Si lo sabrán hoy el presidente Sebastián Piñera y los políticos de los partidos tradicionales de Chile que, acomodados en sus puestos de poder, en sus peleas palaciegas, ajenos a la ciudadanía, fueron sorprendidos en ese ya mítico octubre de 2019, cuando estudiantes secundarios comenzaron a saltarse los torniquetes del metro en la ciudad de Santiago para protestar por el alza al precio del boleto.
Los jovencitos se juntaron, gritaron, saltaron los molinetes una, dos, diez veces. La rebeldía se multiplicó luego en inéditas e imparables movilizaciones masivas, la reconversión de la Plaza Italia en la Plaza Dignidad y el repudio de un amplio sector social a la inequidad enquistada en Chile, el país que hasta entonces era puesto como ejemplo del éxito neoliberal en América Latina.
El espejismo se derrumbaba. Mientras tanto, Piñera insistía en las represiones, en la difamación permanente hacia los manifestantes. Creía que podría controlar la situación. Pero se equivocó. La realidad lo rebasó a cada paso. En octubre del año pasado, en un plebiscito que se vivió a pura emoción, un contundente 78% de ciudadanos dijo que aprobaba una nueva Constitución.
Por fin, los chilenos podrían sacudirse el lastre de la Constitución que les dejó el dictador Augusto Pinochet y que, después de tres décadas de democracia, está vigente.
Sin planearlo ni quererlo ni esperarlo, las y los jóvenes chilenos iniciaron un movimiento social que adquirió una magnitud histórica y que hoy, año y medio después, adquiere tintes épicos, porque la Constitución surgida de esas protestas estudiantiles será escrita, en su gran mayoría, por líderes feministas, barriales, ambientalistas, de derechos humanos, indígenas, activistas LGTBI y de todo tipo de causas sociales y sin experiencia partidista.
Será una Convención con equidad de género entre sus integrantes y mayoritariamente de izquierda, con liderazgos nuevos y progresistas, emanados del estallido que modificó por completo el mapa político de un país que ya se sacudió el mote de ser uno de los más conservadores de la región. Como bien resume uno de los lemas de las protestas: Chile despertó.
Memoria
Piñera fue el gran derrotado de las elecciones. Y cómo no. A fuerza de votos, la sociedad chilena se cobró no sólo la desigualdad provocada por las políticas neoliberales, sino también la persistente violencia institucional ejercida por las fuerzas de Seguridad a su cargo.
Ahí están los informes de Amnistía Internacional, y de Michelle Bachelet, la expresidenta y Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que detallan el uso de armas letales, ataques indiscriminados contra manifestantes pacíficos y violentos, torturas, malos tratos, violaciones y abusos sexuales, detenciones arbitrarias masivas, heridas con armas de fuego a adultos, jóvenes, niñas y niños.
Ahí están, frente a las cámaras en vivo, los chorros de agua, las persecuciones, los gases lacrimógenos, la sangre. Los muertos, los mutilados, los heridos. La impunidad.
Ahí está la denuncia contra Piñera por crímenes de lesa humanidad interpuesta en la Corte Penal Internacional de La Haya.
Y las encuestas en las que más del 90 % de la ciudadanía reprueba a un presidente que debe esperar con ansias el momento de dejar La Moneda. Ya le falta poco. Las elecciones son el 21 de noviembre y en marzo próximo entregará el poder. Es menos de un año pero, en estas condiciones de debilidad política extrema y de desprecio social, parece una eternidad.
Rumbo a la Convención, el Gobierno y sus aliados aspiraban a tener 52 escaños, el tercio necesario para vetar artículos e imponer sus posiciones conservadoras en la Constitución. Pero solo obtuvieron 38. Más allá del reconocimiento de la derrota, en la derecha todavía persiste un desconcierto que se traduce en fastidio, descalificaciones y en la repetición de amenazantes lugares comunes ("vamos a ser Chilezuela") que no tuvieron efecto alguno en la mayoría de los votantes. Los subestimaron.
Comunistas
Las elecciones demostraron que en Chile, a diferencia de la mayoría de los países de la región, el Partido Comunista (PC) está vivito, coleando y con un precandidato presidencial que avanza a paso firme con miras a las elecciones de noviembre.
Se trata de Daniel Jadue, el alcalde de Recoleta que fue reelecto por segunda vez de manera consecutiva. Pero las figuras emergentes e inesperadas son Irací Hassler y Javiera Reyes, dos jóvenes economistas que ganaron las alcaldías de Santiago y Lo Espejo, y que ya forman parte de la renovación de la clase política chilena demandada por las protestas de 2019.
Sus triunfos pueden desconcertar a más de un despistado, porque la palabra "comunista" se actualizó en los últimos años con una exitosa carga de estigmatización para apelar a fantasmagóricos regímenes autoritarios propios de la fenecida Guerra Fría.
Pero aquí las campañas del miedo no lograron su cometido y el PC local, democrático y anclado en la defensa de las luchas populares y derechos humanos, sumó votos que fortalecen su influencia pública en medio del intenso proceso de transformación política y social que estalló en octubre de 2019 y que el fin de semana, con las elecciones, escribió otro capítulo crucial.
"Borrar tu legado será nuestro legado", decía el mensaje dirigido al último dictador chileno y plasmado en una bandera gigante en la Plaza Dignidad durante los festejos del triunfo del plebiscito en octubre. Hoy están más cerca de cumplir esa promesa. Más al norte, la agitada Colombia toma nota de lo que puede lograr la protesta y la organización popular.
La transformación chilena no será fácil, como no lo es ningún avance histórico. Para empezar, los "mercados" (los especuladores de siempre) reaccionaron como suelen hacerlo ante cualquier avance de la izquierda: con devaluación de la moneda y desplome de la Bolsa. Son tan previsibles.
Lo único seguro es que, ahora sí, los políticos y medios neoliberales ya no podrán poner más a Chile como ejemplo del buen alumno. Se quedaron sin nada para presumir.
Millonario financiamiento de campañas no sirvió: los grupos económicos apostaron a perdedor en la campaña a convencionales constituyentes
por El Mostrador 17 mayo, 2021
Crédito: Aton
La billetera del mundo empresarial definitivamente apostó a perdedor en estas elecciones de convencionales constituyentes del fin de semana. Los comicios no solo dejaron como conclusiones la fuerte irrupción de los independientes y la debacle de los partidos políticos tradicionales, sino también una serie de derrotas de las candidaturas con mayor apoyo económico del mundo privado.
Los resultados obtenidos por los postulantes apoyados por el gran empresariado contrastaron diametralmente con lo ocurrido por ejemplo con la Lista del Pueblo, el grupo de independientes de izquierda que dio la gran sorpresa en estos comicios.
Chile: El poderío electoral de los independientes que hunde a la derecha y deja al resto de los partidos en estado de coma
por Boris Bezama 17 mayo, 2021 - EL MOSTRADOR
Las jornadas electorales de este sábado y domingo pasarán a la historia de la política chilena como los días en que fue decretado oficialmente el certificado de defunción del “partido del orden”, conformado por las colectividades de la ex Concertación y de la derecha que –tras el retorno a la democracia– mantuvieron por décadas el poder, y que les fue arrebatado en estas megaelecciones por los independientes, tras un complejo proceso iniciado el 18 de octubre de 2019.
Ese sector político, el de los independientes que este fin de semana se levantó como la alternativa a los partidos tradicionales, fue el mismo que en el estallido social debió salir a las calles a reclamar por los cambios sociales, políticos y económicos que durante 30 años se les dijo en forma reiterada que eran imposibles de llevar a cabo, debiendo conformarse con los buenos índices macroeconómicos y con pensiones promedio para los jubilados de 200 mil pesos.
Y así como en las masivas manifestaciones en Plaza Italia, o Plaza de la Dignidad, las banderas de los partidos no tuvieron nunca cabida, en estas megaelecciones la situación se repitió, pero a través del dramático conteo de votos que dejó en los últimos lugares a la derecha (37 escaños), con un 23,9% a nivel nacional, y también a la lista Apruebo Dignidad (PC y Frente Amplio, 28 escaños), con un 18,1%, mientras que las colectividades de la ex Concertación consiguieron 25 cupos, con un 16,1% de las preferencias, en contraste con los 41 escaños que obtuvieron los independientes.
En concreto, Chile Vamos perdió la capacidad de veto a la que siempre aspiró y con la que soñó preservar la arquitectura institucional de la Constitución Política del dictador Augusto Pinochet, a través del quórum de dos tercios, aquel porcentaje necesario que debe tener la Convención Constitucional para aprobar las normas y el reglamento de votación. Esta vez, los cálculos de la derecha erraron y solo consiguió 37 cupos, faltándole 14 escaños. Jaime Guzmán, clave en la redacción de la Constitución de 1980, debe estar revolcándose en su tumba.
Los 37 escaños que obtuvo el oficialismo gracias al poderoso respaldo de los grupos económicos que financiaron sus candidaturas, no le alcanzarán para mantener íntegra la Carta Fundamental y hoy no le queda más que defender algunos de sus principios, advierte un analista electoral de la derecha: “La libertad, el régimen presidencial y el derecho de propiedad”. Esos serán los temas que tratarán de resguardar con uñas y dientes en una Convención que les resultará adversa, plagada de 48 independientes como la Tía Pikachu, Giovanna Grandón, de la Lista del Pueblo, cuyo voto valdrá lo mismo que el de la representante del Rechazo Marcela Cubillos (UDI), quien consiguió una votación nacional con un 23% por el distrito 11. Un dato no menor es que de la Lista del Pueblo, de 50 candidatos, 22 obtuvieron un escaño.
El fantasma del tercer retiro
Preservar el statu quo se le hará cuesta arriba a ese sector que, en medio de la dictadura cívico-militar, edificó el tipo de sociedad que hasta ahora mantiene Chile y que este, en menos de un año, le ha dicho en dos votaciones que no está dispuesto a mantener. Por lo que Chile Vamos tendrá que buscar por todos los medios construir nuevas alianzas en la Convención para aislar a los que ellos consideran “ultras” y que –en su lógica– buscarán echar abajo la estantería de un país que dejó de ser ejemplo en Latinoamérica. Una verdadera “operación peineta”, en la que podrían ser incorporados algunos parlamentarios opositores que lograron algunos de los 155 escaños. Pero también buscarán entre los 48 independientes y entre algunos de los 17 representantes de pueblos originarios que podrían inclinarse, en un número menor, hacia la derecha. La tarea es completamente difícil.
Antes de iniciar esa labor, eso sí, Chile Vamos deberá tener su “noche de los cuchillos largos”, puntualiza un analista del sector, quien asegura que al Gobierno los partidos políticos oficialistas le enrostrarán el desastroso resultado electoral, que es su mayor derrota desde la recuperación de la democracia, acusándose entre ellos de que no hubo apoyo suficiente desde La Moneda a los candidatos y que se equivocaron al llevar el tercer retiro de los fondos de la AFP al Tribunal Constitucional (TC).
La cientista política y académica de la Usach, Pamela Figueroa, coincide con ese análisis y asegura a El Mostrador que “Piñera hundió a la derecha” con todas las desinteligencias mostradas durante la pandemia, y la llevó a perder el derecho a veto, por lo que hoy cualquier materia que las oposiciones e independientes deseen incorporar en la hoja en blanco de la nueva Constitución, tendrá cabida, a vista y paciencia de un oficialismo que ya dilapidó toda capacidad de maniobra en esta crisis que llevará, próximamente, a un nuevo cambio de gabinete.
El mea culpa de Piñera
El Mandatario reaccionó casi de inmediato y admitió que “la ciudadanía nos ha enviado un claro y fuerte mensaje al Gobierno y a todas las fuerza políticas tradicionales: no estamos sintonizando adecuadamente con las demandas y los anhelos de los ciudadanos y estamos siendo interpelados por nuevas expresiones y por nuevos liderazgos. Es nuestro deber como Gobierno escuchar con humildad y con atención el mensaje de la gente”. Mensaje que podría haber leído en las distintas pancartas que se levantaron en muchísimas ciudades del país durante varios meses y luego del 18 de octubre de 2019. Por lo demás, está más que claro que La Moneda llegó tarde en las ayudas económicas a la población durante la actual pandemia por el COVID-19 y no quiso atender el mensaje que le envió una ciudadanía mucho más empoderada y consciente de la necesidad de poner fin a un modelo del que se vio marginada.
Un mea culpa similar hizo el candidato presidencial de Renovación Nacional, Mario Desbordes, quien reconoció que su sector “no fue capaz de interpretar a la mayoría ciudadana que estaba pidiendo cambios, que se movilizó, que señaló con una mayoría aplastante de 80% a favor del Apruebo”. Y fue parte de ese mismo porcentaje el que rechazó la postulación del Evópoli Gonzalo Blumel, exministro del Interior, dejándolo fuera de la Convención con un escaso 4,6%. Quién hubiera pensado que el hombre que por más de un año fue el jefe de gabinete de Piñera, con una cobertura de prensa que cualquier político se la quisiera, iba a perder esta elección. La respuesta es clara: la ciudadanía no quiere más de lo mismo, desaprueba a un Gobierno que no estuvo a la altura de la crisis y solo espera que los redactores de la nueva Constitución estructuren un nuevo pacto social donde sus derechos sean reconocidos y respetados. Ese es el nuevo Chile que viene, el mismo que despertó en la primavera del 2019.
En cambio, el país eligió con más de 103 mil votos al abogado Daniel Stingo, que obtuvo 24,7% de las preferencias en el distrito 12. Y a Benito Baranda, independiente que alcanzó un 12,6%. Ellos serán parte de los nuevos representantes que, a partir de este lunes, tendrán que ponerse de acuerdo, primero, en consensuar un reglamento, para luego redactar una nueva Constitución con la que quedará atrás el leitmotiv del senador Jaime Guzmán: “Si nuestros adversarios gobiernan, deberían verse obligados a actuar de una manera que no es muy diferente de lo que deseamos”. Esa temeraria sentencia ya es parte del pasado.
El fin de la transición
La derecha sufrió una contundente derrota al no alcanzar el tercio que impuso en el acuerdo del 15 de noviembre que dio paso a la Convención Constitucional. Los partidos de la ex Concertación también fueron castigados. Por ejemplo, la Democracia Cristiana en la elección de constituyentes consiguió apenas dos escaños.
Chile Vamos necesitaba 52 escaños en la Convención Constituyente, pero sólo alcanzó 37. La votación en este y los demás frentes demostró el desgaste al que llevó el Gobierno a su sector que fue castigado electoralmente en todo el país, incluyendo regiones donde había alcanzado siempre apoyos importantes.
Por ejemplo, en la región de la Araucanía, la única donde en el plebiscito de 1988 ganó el Sí, su candidato a gobernador no logró los votos para pasar a la segunda vuelta que disputarán el ex diputado Eugenio Tuma del PPD y Luciano Rivas, Independiente.
A eso se suma que en comunas donde tenía cifradas importantes esperanzas como en la reelección de Kathy Barriga en Maipú, fueron derrotados ampliamente por el pacto Apruebo Dignidad que suma a partidos del Frente Amplio y el Partido Comunista. Lo mismo ocurrió en Viña del Mar donde Andrea Molina de Vamos por Chile vio como la candidata a la alcaldía de Revolución Democrática, Macarena Ripamonti, la superaba con prácticamente el doble de los votos.
En Recoleta Daniel Jadue aseguró su reelección con más del 60 por ciento de los sufragios y en Lo Espejo el Partido Comunista también alcanzó la mayoría para que Javiera Reyes llegara al sillón edilicio.
De los constituyentes con escaños reservados por pueblos originarios, la machi Francisca Linconao y Natividad Llanquileo fueron dos de los siete integrantes de esa etnia que redactarán la nueva constitución. Linconao fue acusada, presa y luego absuelta en el caso Lucksinger-Mackay y Llanquileo ofició como vocera de un grupo de presos políticos mapuche que hace casi una década realizó una huelga de hambre por las condiciones carcelarias y procesales en cada uno de sus casos.
Presidente Piñera: “No estamos sintonizando con las demandas de la ciudadanía”
Ya con una clara tendencia del conteo de votos, el Presidente Sebastián Piñera acompañado de todo su gabinete salió a reconocer lo que desde el estallido social se había ratificado en las calles al señalar que “en estas elecciones la ciudadanía nos ha enviado un claro y fuerte mensaje al Gobierno y a todas las fuerzas políticas tradicionales: no estamos sintonizando adecuadamente con las demandas y con los anhelos de la ciudadanía y estamos interpelados por nuevas expresiones y por nuevos liderazgos”.
El mandatario agregó que “es nuestro deber como Gobierno escuchar con humildad y con atención el mensaje de la gente. Pero además, esforzarnos y hacer todo lo que sea necesario para interpretar y reconocer mejor las necesidades, los anhelos y las esperanzas de los chilenos. Este fuerte y claro mensaje nos exige sin duda una profunda reflexión al Gobierno y también a todas las fuerzas políticas tradicionales”.
Ya antes el abanderado presidencial de Renovación Nacional, Mario Desbordes, había reconocido sin ambages que la votación del fin de semana había sido una derrota para el oficialismo.
“Tenemos que recibir con humildad este resultado. No hay duda que estamos viviendo una derrota transversalmente. Es una derrota que nos tiene que hacer reflexionar. No hemos sido capaces de interpretar a la mayoría ciudadana que está pidiendo cambios, que se movilizó, que señaló con una mayoría aplastante, 80 por ciento a favor del Apruebo, y no hemos sido capaces de interpretarla por distintas razones. No hay duda que una serie de errores cometidos como coalición probablemente y desde nuestro Gobierno, han tenido un impacto en la elección”, indicó el ex parlamentario y ex ministro de Defensa.
Desbordes sostuvo que las responsabilidades son compartidas, aunque endosó parte importante al Gobierno. “Un daño no menor, lo dijimos en su minuto, discusiones estériles como la del diez por ciento iban a traer costos y son varias las situaciones que probablemente nos han significado un costo importante de gente que siente que nosotros no estábamos leyendo ni éramos capaces de interpretar a la ciudadanía”.
A ello agregó que como coalición deben evaluar cómo quieren continuar trabajando para ser una opción de Gobierno de cara a la elección presidencial de noviembre próximo.
Celebración en las “oposiciones”
Los resultados para los representantes de las listas del Apruebo y Apruebo Dignidad fueron significativas. En el caso del alcalde de Recoleta y carta presidencial del Partido Comunista, Daniel Jadue, se alzó con más del 60 por ciento de los votos para la reelección como jefe comunal.
Al celebrar el triunfo, el edil destacó que hubo un importante “apoyo y valoración del proyecto que hemos desarrollado como colectivo, pero además nos hace sentir de que efectivamente existe un orgullo también de que podamos estar hoy día representando una posibilidad de transformación real para Chile”.
Mismo optimismo se evidenció en el Frente Amplio, en particular por la alta votación alcanzada por la candidata a gobernadora regional que logró Karina Oliva quien protagonizará la segunda vuelta el 13 de junio frente al candidato de la lista del Apruebo, el demócrata cristiano Claudio Orrego.
El ex intendente metropolitano indicó que “vamos a salir a buscar el respaldo, la confianza de la ciudadanía. Lo vamos a hacer con humildad porque sabemos que hoy día hay todavía desconfianza. Pero lo vamos a hacer también con entusiasmo y convicción”.
La mayoría de las regiones deberán definir a sus nuevos gobernadores en segunda vuelta, salvo Valparaíso donde el dirigente de Modatima, Rodrigo Mundaca, alcanzó un 43% de los votos y Magallanes donde Jorge Flies logró el 42% de los sufragios.
En la región de Coquimbo, el ex subsecretario de Desarrollo Regional y militante de la DC Ricardo Cifuentes, fue desplazado al tercer lugar y el cupo de gobernador regional será definido entre la independiente Krist Naranjo y Marco Antonio Sulantay de la UDI.
En la región de Los Lagos en tanto, el ex diputado DC Patricio Vallespín logró un 36% del apoyo y deberá enfrentar a Ricardo Kuschel de RN en la segunda vuelta de junio.
PIT-CNT convoca a un paro general en junio «Contra el hambre y la desigualdad» y «En Defensa de la vida»
Será de 24 horas y se llevará a cabo el próximo 17 de junio, según definió este jueves la Mesa Representativa de la central obrera.
Tras analizar la situación que atraviesa nuestro país, en la tarde de este jueves, la Mesa Representativa del PIT-CNT resolvió la realización de un paro nacional de 24 horas el próximo jueves 17 de junio «contra el hambre y la desigualdad, por trabajo y salario, en defensa de la vida y en solidaridad con los 15 profesores de San José separados del cargo», informó la central obrera a través de un comunicado.
El Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT organizará la medida y eventualmente convocará a una nueva Mesa Representativa Nacional Ampliada para ajustar detalles de la jornada, y también intentarán coordinar con el resto de las organizaciones sociales esta movida, puntualizó.
Además, desde la central sindical se remarcó que se «garantizará la atención de urgencia y emergencias, pacientes oncológicos y toda la atención sanitaria vinculada a la pandemia, al mismo tiempo que garantiza mantener abiertos los vacunatorios en su totalidad».
Fracaso en el manejo de la pandemia
Al respecto, el secretario general del PIT-CNT, Marcelo Abdala, manifestó que «es sumamente negativa la situación del país».
El dirigente remarcó que «el Poder Ejecutivo viene fracasando en el manejo de la pandemia del coronavirus, como en la disminución de la movilidad. Habían hablado de blindar abril, cosa que nosotros tenemos la opinión de que eso no pasó porque no se aceptó la propuesta del PIT-CNT de ir a un diálogo social por la vida, y no se aceptó esa propuesta porque no quieren solventar la vida de los sectores más vulnerables».
Añadió el sindicalista que «hay desempleo, hay rebaja salarial, hay hambre y hay desigualdad, porque el 1 % más rico de la sociedad uruguaya tiene los mismos ingresos que la mitad de la población, y hay gente que se la está llevando bastante y no aporta a las soluciones colectivas».
LUC derogó artículo que daba rango universitario a Formación Docente
Desde la Ley de Urgente Consideración (LUC) se socava «la educación futura del Uruguay» al debilitarse «la formación docente» ya que a esta se le restringe el estatus universitario, se la fragmenta con habilitaciones por Departamento del país, se le quita la obligatoriedad de la práctica docente y se establece la renovación de acreditación universitaria cada 6 años, entre otros perjuicios operados mediante un decreto de 2020, advirtió en M24 Gustavo Guerrero, integrante de la Intergremial de Formación Docente.
El dirigente explicó que «el tema de la formación docente viene sufriendo» desde «la votación de la LUC un proceso grande de deterioro que cambia el rumbo en todo lo que se venía trabajando de hace unos años» para «desarrollar una formación docente realmente universitaria y crear una Universidad de la Educación, que es la aspiración que tenemos la enorme mayoría de los docentes», que sea «pública, estatal y cogobernada».
El interior el que más sufre
La cruda realidad: más de 400.000 personas viven en la pobreza, 176.375 son niños y niñas
En el último año 35.345 niñas, niños y adolescentes más viven por debajo de la línea de pobreza.
El 2020 fue un año nefasto para los uruguayos y las uruguayos. Según los datos proporcionados por el Observatorio de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia del Uruguay, el año pasado hubo 35.345 niños y adolescentes más por debajo de la linea de la pobreza que en el año 2019. Este aumento es mayor en el interior del país donde se registró un crecimiento de 6,1 puntos porcentuales entre 2019 y 2020.
El organismo informó que el año pasado de cada 1.000 residentes en el país 116 no contaban con el ingreso económico mínimo para cubrir las necesidades alimentarias y no alimentarias.
En tanto, respecto al año anterior, es decir al 2019, el aumento de la pobreza pasó de 8,8% a 11,6%. El crecimiento fue del 3%.
Este informe sobre los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) indica que de las 408.080 personas que viven en la pobreza, 176.375 son niños y niñas. Esto es el 20% del total de pobres en 2020.
En relación a 2019 la cantidad de niñas, niños y adolescentes que viven en hogares por debajo de la línea de pobreza, aumentó en 35.345.
En otro orden, se detectó que el aumento de la pobreza fue «sensiblemente mayor entre aquellos residentes en hogares del interior del país que quienes residen en la ciudad de Montevideo”.
En 2019 el 6,5% de los hogares del interior estaba bajo la línea de pobreza, mientras que en 2020 aumentó a 10,3%.
Entre los niños y adolescentes del interior “la relación entre un año y otro se incrementó en 6,1 puntos porcentuales, pasando de 11,8% para 2019 a 17,9% en 2020”, advierte el observatorio.
El estudio que arrojó estos datos se llama «Incidencia de la pobreza en niños, niñas y adolescentes en Uruguay: una mirada comparada entre 2019 y 2020».
Trabajadores de Ancap se declaran en pre conflicto
Por resolución de la asamblea representativa de la Federación Ancap, ante medidas tomadas por el actual directorio se declaran en pre conflicto con un plan de movilización que se inicia el 24 de mayo.
La definición tomada por los trabajadores fue comunicada mediante un comunicado que llegó a la redacción de Caras y Caretas Portal.
RESOLUCIÓN DE ASAMBLEA REPRESENTATIVA “OTERMIN MONTES DE OCA”
Visto:
1) La asfixiante situación económica que el gobierno y el Directorio de ANCAP han generado en el Ente.
Considerando:
1) Las pérdidas millonarias de ANCAP a causa del subsidio a los sectores
agro-exportadores (estimadas en más de 60 millones de dólares).
2) Las enormes restricciones en inversiones e ingreso de personal a
partir de los lineamientos de OPP, que colocan áreas enteras de ANCAP al
borde del cierre.
3) El incumplimiento permanente de la negociación colectiva y los convenios bipartitos y tripartitos.
4) El cierre de los comedores.
5) La no confirmación en el cargo de alrededor de 100 compañeros y
compañeras que ingresaron hace más de 2 años y tienen buena o muy buena
evaluación.
6) La realización de infraestructura con capital privado desde el puerto
de Montevideo al muelle de La Teja, que puede prefigurar condiciones de
libre importación de combustibles.
Se resuelve:
1) Declararnos en conflicto en defensa del ingreso de personal,
confirmación de cargos, re apertura del comedor, cumplimiento de los
convenios colectivos y negociación colectiva.
2) Elevar a la MSCE y la Mesa Representativa del PIT-CNT, la posibilidad
de denunciar el incumplimiento de la negociación Colectiva ante OIT. Y
la propuesta de paro general parcial de la MSCE en defensa del trabajo,
el salario, y el rol social y productivo de las EEPP.
3) Defender la propuesta elaborada por la Comisión en Defensa del
Comedor y respaldar a l@s compañer@s de comedor a no presentarse a las
entrevistas para su redistribución, apoyandol@s con todo lo referente al
área Jurídica
4) Continuar los reclamos de Carrera Horizontal por vía Jurídica y Administrativa.
5) Declaramos en alerta por la construcción de infraestructura que pueda
generar condiciones de desmonopolización de los combustibles.
6) Solicitar una instancia de discusión sobre la grave situación
económica de ANCAP en la Comisión de Industria del parlamento,
planteando la posibilidad que participen el Presidente del Ente y el Sr.
Ministro de Industria, Energía y Minería.
7) Definir un plan de lucha global y permanente, integrando e
intercalando medidas generales, con medidas particulares de cada sector,
con el fin de sostener un conflicto largo que nos permita avanzar en
todos los puntos de la plataforma, encomendando al Consejo Federal el
seguimiento, reconsideración y/o profundización del conflicto.
8) El plan de lucha comienza con las siguientes medidas:
_Mantener las medidas que se están realizando en planta Minas.
_ No firmar permisos de trabajo en todas las áreas de refinería el día posterior a que una guardia quede por debajo del mínimo de operadores/as, a partir del lunes 24/5.
_Paro general activo el próximo miércoles 26 de mayo de 11 a 15 hs., con la colocación de mesas de recolección de firmas y/o barriadas en todos los departamentos que tenemos plantas.
9) Formar una comisión de conflictos coordinada por la secretaría general y la vicepresidencia,con el objetivo de ir proponiendo al Consejo Federal las medidas a implementar en el plan de lucha en sus diferentes etapas.
APROBADO POR UNANIMIDAD
FFOSE en conflicto por dilatorias de OPP y analiza posibles medidas a partir del lunes 24
La Federación de Funcionarios de la OSE (FFOSE) se declaró en conflicto ante las dilatorias y riesgos de incumplimiento del acuerdo alcanzado entre trabajadores y el Directorio el organismo estatal en julio de 2020. El acuerdo logrado en el ámbito bipartito permite el comienzo de una carrera funcional transparente y con igualdad de oportunidades a unos 3 mil funcionarios.
Según explicó al Portal del PIT-CNT, el presidente de FFOSE, Gustavo Ricci, el acuerdo fue desarrollado en un proceso de trabajo con la gerencia general y respaldado tanto por el sindicato como el Directorio de OSE. «No implica un solo peso de gasto», aclaró Ricci. «Se trata de una actualización presupuestal de más de 3 mil funcionarios de OSE como paso inicial a la carrera administrativa transparente y de igualdad de oportunidades».
El presidente de FFOSE recordó que la última actualización presupuestal fue realizada en el año 1995. «Después de 26 años logramos una fórmula», entre las autoridades y el sindicato.
Desde la creación de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), los presupuestos de los entes autónomos y los servicios descentralizados no alcanza que sean aprobados por los directorios respectivos de los organismos sino que deben necesariamente sortear la aprobación de la OPP.
La decisión de ir a un conflicto se debe a que desde la OPP «no solamente siguen las dilatorias, no han aprobado el acuerdo de adecuación presupuestal sino que además, hemos recibido algunas señales que indican que desde allí se le ha transmitido al Directorio de OSE la discrepancia con la solución que logramos ambas partes en el ámbito bipartito entre FFOSE y el Directorio».
Ricci remarcó que se trata de una solución para trabajadores que ya están presupuestados, no se trata de pasar de un contrato de función pública a funcionarios presupuestados sino que el acuerdo al que llegamos con el Directorio es para solucionar los cargos presupuestales de los más de 3 mil trabajadores que ya están presupuestados, es decir, esto tiene costo cero para la administración», subrayó.
Así las cosas, el Congreso Nacional de Delegados de la FFOSE resolvió este viernes 21 declararse en conflicto y conformar una comisión de conflicto interno para estudiar e instrumentar posibles medidas de lucha a partir de la semana próxima.
Por último, el presidente de la FFOSE aclaró que el diálogo con el Directorio y especialmente, la gerencia general de OSE siguen abiertos y que el reclamo del sindicato apunta claramente a la OPP.
Resolución
1) Reafirmar la declaración de conflicto ante la dilatoria de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, en la aprobación del acuerdo alcanzado en OSE entre el Directorio y FFOSE, en el ámbito bipartito creado a tales efectos.
2) Insistir; que para nuestro Gremio, es esencial que el acuerdo alcanzado en el ámbito bipartito, sea aprobado por la OPP en el Presupuesto de OSE 2021. Esto permitirá, el comienzo de una carrera funcional transparente y con igualdad de oportunidades.
3) Conformar una comisión de conflicto interna, para recibir e instrumentar medidas de lucha a aplicar para conseguir el objetivo planteado. Se convoca la primera reunión de este ámbito, para el próximo lunes 24 de mayo a las 13.30 horas.
4) Elevar una nota a la OPP, solicitando la inmediata concreción de una entrevista conjunta donde plantearemos la urgente aprobación del presupuesto de OSE 2021, con el acuerdo alcanzado en la negociación bipartita.
5) Iniciar una campaña publicitaria denunciando las consecuencias negativas que, las políticas de recorte en ingreso de personal e inversiones operativas, tienen y se seguirán profundizando. en el mantenimiento y la calidad del servicio de agua potable y Saneamiento
6) Instrumentar una red de asambleas en todo el país, para informar de la situación e instrumentar un plan de acción apuntando a la concreción de la aprobación del presupuesto 2021.
7) Proponer a la Mesa Sindical Coordinadora de Entes, la instalación de una carpa en Plaza Independencia con el objetivo de denunciar e informar a la población, sobre la situación crítica que los servicios públicos tienen ante la política de recortes impulsada por el Gobierno.
8) Encomendar a la Mesa Representativa de
FFOSE, a declararse en sesión permanente ante el conflicto existente,
por la no aprobación del presupuesto 2021. Se convoca para el próximo
día Jueves 3 de junio de 2021, a reunión de dicho órgano.
Congreso Nacional de Delegadas y Delegados | FFOSE
21 de mayo de 2021
Info 24 - M24 RADIO
A 47 años de los fusilamientos de Soca ya es tiempo de que la Justicia se expida, reclaman la Comisión por la Memoria de los Fusilados y Crysol
Foto: Santiago Mazzarovich / adhocFOTOS
Jueves 20 de Mayo de 2021 - Info 24 - M24 RADIO
Hoy 20 de Mayo tiene lugar en Uruguay la 26a Marcha del Silencio, que por segundo año se hace en forma virtual por la pandemia, bajo la consigna ́¿Dónde están? No al silencio ni a la impunidad. Memoria, Verdad y Justicia ́, y para recordar la vigencia de la lucha de y por los Desaparecidos INFO24 entrevistó al militante social José Pedro Olivera, integrante de la Asociación de todas y de todos los ex presos políticos de Uruguay, Crysol.
Olivera también integra la Comisión por la Memoria de los Fusilados de Soca, cuyo secuestro en Argentina, posterior tormento y ulterior asesinato en Uruguay evocó al aire. Los Fusilados de Soca fueron cinco miembros del Movimiento de Liberación Nacional- Tupamaros: Mirtha Hernández, Floreal García, Graciela Estefanell, Héctor Brum y María de los Ángeles Corbo, secuestrados el 8 de noviembre de 1974 en un cumpleaños junto al también uruguayo Julio Abreu, quien luego sería liberado bajo amenaza.
Olivera recordó que “este fue un crimen aberrante, que comienza con el secuestro de los cinco asesinados, haciendo la salvedad de que una de las jóvenes, María de los Ángeles Corbo, estaba en un estado avanzado de gravidez, llevaba una vida en su interior; junto a ellos fueron secuestrados también Amaral García, que en aquel momento contaba 3 años, y Julio Abreu, que estaba ocasionalmente, era amigo de alguno de ellos (…) fue amenazado de muerte, él y la familia, y recién 30 años después (2005) pudo contar y es un testimonio clave en el conocimiento de todo lo ocurrido”.
“Lo interesante de esto es que se da en el año 74, y si bien oficialmente el Plan Cóndor (…) se da en una reunión a fines del 75 en Santiago de Chile, 22 meses antes hay una reunión donde ya están todos los documentos, las actas de los participantes, donde fue Víctor Castiglioni por Uruguay y donde se hace un plan de exterminio de todos los opositores a los modelos neoliberales que querían imponer en la región, siempre con representantes de la embajada estadounidense, están todas las actas de esa reunión; incluso al vuelo que trae a los fusilados de Soca de Buenos Aires se le denomina ́vuelo cero ́, pero también sabemos que antes del ́vuelo cero ́ hubo otro vuelo, traslado clandestino en avión, de Antonio Viana Costa, que pudo sobrevivir pero fue torturado en Rocha y luego pasó varios años en el Penal de Libertad; y a medida que uno sigue investigando, cada vez aparecen más aristas de este plan de exterminio de opositores, que acá en Uruguay hay una deuda institucional sobre la desaparición forzada de opositores”, anotó.
“También está comprobada la interacción, en este operativo, de las fuerzas represivas de Argentina y Uruguay, porque ya fueron reconocidos algunos de los lugares donde estuvieron presos en Argentina, en tres centros clandestinos y Julio Abreu pudo reconocer uno de los lugares; y luego fueron trasladados clandestinamente a Uruguay, donde estuvieron en ́la casona de Punta Gorda ́, otro lugar también clandestino, una casa usurpada por las Fuerzas Armadas a integrantes del MLN en el año 74; y por ahí pasaron los fusilados de Soca, luego se dio una operación contra militantes del PVP, también la ́Operación Morgan ́ contra el Partido Comunista, pasaron militares seregnistas y algunos integrantes del GAU”, reseñó.
Olivera continuó el relato del destino de aquellos secuestrados en Buenos Aires. “Luego son trasladados los cinco a Capilla de Cella, que queda a 20 kilómetros de Soca, y en la madrugada del 20 son brutalmente asesinados; Crysol ya ha planteado (…) ante organismos de Derechos Humanos del Cono Sur” que este caso “debería ser un mojón de la memoria del Mercosur; también en Brasilia, en el año 2015, en el Instituto de Políticas Públicas del Mercosur se llevó a cabo una reunión con motivo de los 40 años del Plan Cóndor, pero se cambió la declaración porque Crysol planteó el tema de los fusilados de Soca, que había sido anterior, ya sabíamos por investigaciones que la coordinación era de antes; y Jair Krischke, un abogado brasilero muy prestigioso que ha trabajado en varios temas de Derechos Humanos, en esa reunión dijo que Brasil no podría firmar 40 años del Plan Cóndor porque ya hubo una ́Operación Bandeirantes ́ de exterminio, anterior, y que Brasil había hecho operaciones de persecución de opositores, incluso de enseñar el método de tortura en otros países”.
“Nosotros entendemos que hay una deuda de la justicia, porque (desde) la Comisión (por la Memoria de los Fusilados de Soca) por iniciativa y por supuesto Crysol, que ha estado desde el principio en todo eso y hemos tenido sintonía desde el gobierno de Marcos Carámbula y los dos periodos de Yamandú Orsi, se ha hecho una investigación muy exhaustiva para construir la memoria pero muchos hechos tienen que ver también con la justicia para saber exactamente lo que pasó; y todo esto está en manos de Fiscalía, van a ser 47 años de este hecho y la justicia todavía no se ha expedido; los familiares ya desde el 74 hicieron la denuncia con mucha valentía y llegaron a reunirse con (Juan María) Bordaberry; en aquel momento Bordaberry les dijo que él no estaba a favor pero que en la votación perdió y que consiguió que en vez de matar a 10 mataran a cinco; fueron hostigados incluso para reconocer los cuerpos, que tenían kilos de metralla, una situación muy dura para los familiares; sin embargo, con un trabajo exhaustivo tenemos documentos, estamos esperando porque tenemos la confianza de que por lo menos, tan tarde pero que la justicia finalmente se expida, más vale tarde que nunca; y ahí, desde la Comisión y Crysol vamos a dar a conocer una cantidad de información, fotos, que tenemos y que son fruto del trabajo, del esfuerzo de muchos compañeros”.
“Una de las banderas que más tenemos, que insistimos, es que ya es tiempo de que la justicia se expida; Crysol fue uno de los que propuso, impulsó el tema de la Fiscalía Especializada, así como otras medidas para que se avance, en ese sentido siempre ha sido muy creativo y ha estado haciendo siempre proposiciones concretas para que los temas avancen; y valoramos como muy positiva la actuación de la Fiscalía, que permitió destrabar algo que estaba bastante trabado; (pero) en Argentina y Chile fueron juzgados y procesados más de 1.000 en cada país; si bien Uruguay es más chico, son poco más de 40 los que han sido juzgados y condenados, algunos pocos civiles y la mayoría militares; ese es un reclamo que estamos haciendo”.
“En este caso se sabe quiénes operaban, por ejemplo en ́la casona ́, tenían seudónimos; ́Óscar 1 ́, ́Óscar 2 ́, ́Óscar 7 ́, ya se sabe quiénes son: el ́Óscar 1 ́ era Ramas, el ́Óscar 2 Gavazzo, el ́Óscar 7 o el 8, no recuerdo bien, el ́Pajarito ́ Silveira, estos eran los operativos; y después estaban ́Los Indios ́, que hacían el trabajo de inteligencia; los datos están claros, se sabía quiénes eran y quiénes fueron los que estaban en toda esa movida; a nosotros siempre nos quedó también el testimonio que dio Julio Abreu de Graciela Estefanell luego de todo eso que pasaron, que le dijo: ́mirá, a nosotros nos van a matar pero a ti no, decile a la Organización que nosotros no hablamos ́; es un hecho importante, la fuerza de esos jóvenes que eran estudiantes, obreros, que no estaban requeridos por la justicia y su único delito era luchar por un mundo mejor; es una muestra clara de lo que fue ese plan de exterminio de opositores que imperó en Uruguay y la región”.
La historia de Floreal García, medallista de oro panamericano fusilado por la dictadura en Soca
Memorial de los Fusilados de Soca. Foto: imcanelones.gub.uy
Jueves 20 de Mayo de 2021 - Info 24 - M24 RADIO
En el marco del programa especial de Por Decir Algo con motivo de un nuevo 20 de mayo y una nueva Marcha del Silencio, en busca de saber el destino de uruguayos y uruguayas que fueron secuestrados, torturados y desaparecidos durante la dictadura militar (1973-1985), contamos la historia de Floreal García, boxeador medallista de oro Panamericano, militante, preso, torturado, desaparecido y fusilado en 1974.
Floreal peleaba como vivía el Barrio Los Olivos, valiente, para adelante, sin temor a nada. Ganó una medalla de oro para Uruguay en los Panamericanos de 1963, se negó a ir a los Juegos Olímpicos de Tokio, fue tupamaro y lo fusilaron en Soca, Canelones, junto a su esposa y otros compañeros. Su pequeño hijo Amaral fue apropiado en Argentina hasta que las Abuelas de Plaza de Mayo lo localizaron en 1984.
En un comunicado, el colectivo explicó que los hechos sucedieron en la noche del 19 de mayo, cuando se encontraban realizando una pintada de huellas en la vía pública, en el recorrido usual de la Marcha del Silencio.
Provocación
«En el transcurso de la intervención, frente al Batallón de Infantería N 10, donde se encuentra una placa de memoria en homenaje a Luis «Nucho» Batalla, punto de inicio de la marcha, efectivos militares salieron del establecimiento y grabaron a militantes que se encontraban en el lugar. Al ser consultados por el motivo de la grabación, volvieron a entrar al establecimiento», relata el comunicado.
Según la misiva, en otro punto del recorrido, otro grupo de militares se presentó en el lugar alegando que habían percibido agravios y provocaciones que, según el colectivo, nunca existieron.
«Procedieron a pedir la documentación de cada uno de los presentes y a hacer valoraciones políticas en un tono totalmente inapropiado, alegando provocaciones por parte de nuestro colectivo, cuando simplemente se estaba haciendo uso del derecho a manifestarse», agrega el escrito.
Para el colectivo, «es sumamente preocupante esta provocación por parte de las autoridades militares y policiales» porque «la libertad de expresión y el derecho a manifestarse son valores fundamentales en una sociedad democrática, que hay que preservar, cuidar y promover».
Pedido de informes
Caras y Caretas Portal dialogó con uno de los integrantes del colectivo, Jhans Acosta, quien confirmó los hechos y aseguró que no existió ninguna provocación por parte del colectivo y que la actividad se desarrolló de forma pacífica.
Acosta contó que le informaron lo sucedido a los diputados del Frente Amplio y del Partido Nacional y que,por lo pronto,el Frente Amplio les respondió que realizará un pedido de informes sobre el accionar de la policía.
IPC, RANGO META Y SALARIOS
Según datos del INE durante los primeros cuatro meses de 2021, el índice de precios al consumo registró un incremento de 3.59% superando así el piso de un rango meta que el gobierno uruguayo estableció entre 3% y 7% para los doce meses del año.
La misma fuente señala que para el año corrido desde abril del 2020 al mismo mes de 2021 el aumento del IPC fue de 6.7%. Amparados en esta cifra, la conducción económica y la prensa adicta, lanzan campanas a vuelo subrayando que el valor se ubica por debajo del techo del rango meta.
Desde los aumentos de tarifas de los entes públicos y precios de abril del 2020, que implicaron aumento del IPC equivalente a un 2% mensuali, el ritmo fue descendiendo particularmente en la segunda mitad del pasado año.
Un somero análisis de las principales causas no avala el optimismo, ni augura que la tendencia se mantenga en el futuro.
- La debilidad del dólar a nivel mundial y en Brasil, disminuyeron la demanda. Buenos precios internacionales de las exportaciones desde Uruguay, aumentaron la oferta quitando presión sobre el precio de la divisa verde, factor clave en los costos y precios locales.
- La emisión constante de títulos de deuda pública, evita que capitales especulativos locales se vuelquen a la compra de dólares y atrae divisas desde el exterior, retrasando también su precio.
- La postergación hasta junio del inminente aumento de precio de combustibles.
- El descenso de la capacidad de compra de salarios y pasividades reduce la demanda local de bienes y servicios.
- Efectos puntuales del Covid 19, sobre actividades recreativas, cuya demanda se derrumba y reduce precios.
Como contrapartida el aumento de precios internacionales de carne, trigo, lácteos, arroz presionan sus precios internos al alza.
Aún olvidando las imperfecciones de la construcción del indicador, la enumeración de causas del descenso del ritmo de incremento del IPC, pauta su fragilidad y costos sociales.
Los factores que han controlado la evolución del dólar pueden revertir. Su descenso en Brasil está ligado a ventas puntuales de patrimonio, lógicamente acotada. Los precios internacionales de los productos vendidos desde Uruguay es impredecible.
La deuda del Estado se encuentra en límites extremadamente peligrosos. Los intereses generados presionan las cuentas públicas. La emisión de nuevos títulos incrementa la vulnerabilidad y agrava riesgos.
El aumento de precios de los combustibles, está en cartera y va a impactar directa e indirectamente sobre el IPC.
El esfuerzo del gobierno parece orientarse a sacrificar algunos recursos para mantener controlado el IPC, hasta la próxima ronda salarial, con el objetivo de justificar ajustes ínfimos de salarios.
De concretarse el nuevo embate sobre el ingreso de los trabajadores y jubilados sus consecuencias sobre la calidad de vida será muy negativa. Incluso sobre la evolución del producto de los sectores que venden al mercado interno que son los que demandan más mano de obra.
El IPC irá acompañado de incertidumbre sobre su evolución la segunda parte del año. Lo único seguro es que la política del gobierno se orienta a que el salario real descienda nuevamente en el 2021.
GOTITAS DE ECONOMÍA.
- Datos del INE indican que en marzo del 2021, la tasa de empleo se mantuvo inalterada en 54.7% y disminuyó la tasa de desocupación desde 11.1% a 9.7%. La explicación lógica es que este descenso no se debe a mayor demanda de fuerza de trabajo, sino que disminuyó la búsqueda de trabajo de muchos uruguayos debido al embate del covid y al cansancio de esfuerzos infructuosos.
- El índice de volumen físico de la industria en Uruguay según el INE, aumentó 0.04% en el primer trimestre de 2021 respecto a 2020. El índice de horas trabajadas cayó 3%. Sigue incrementando la productividad del trabajo mientras cae el salario real. Los trabajadores uruguayos generan más plusvalía.
- Las exportaciones desde Uruguay han crecido 23,6% durante los primeros cuatro meses del 2021, respecto al año precedente, según datos de Uruguay 21. Carne bovina y subproductos, celulosa, soja, continúan representando el eje del sector. Los precios internacionales de la soja “vuelan”, las exportaciones de lácteos crecen. Hay capitales para los que no existe la crisis e incrementan ganancias. Mientras el pueblo paga.
- Se propaga el Covid 19, especialmente en núcleos económicos en los que se concentran trabajadores y en zonas fronterizas en las que ingresan zafrales desde Brasil. ¿Incumplimientos de protocolos? ¿Impunidad empresarial?
- El nuevo presidente de la empresa Eletrobras Rodrigo Limp, reafirma la voluntad política de aumentar la participación privada. Avanzan en Brasil procesos privatizadores que abarcan desde empresas estratégicas, hasta ventas de garaje. ¿Será para engordar cuentas de banqueros acreedores de deuda pública?
- El comercio exterior de China creció 18.5% en los primeros cuatro meses de 2021. Sobre esa base el pronóstico del Departamento de asuntos económicos y sociales de la ONU elevó el pronóstico de crecimiento de la economía de 7.2% a 8.2% en 2021.
iValor que al salir del año corrido, explica el descenso del guarismo.
