¿Estados Unidos se retira de Afganistán? No realmente
La invasión estadounidense de Afganistán en octubre de 2001 fue criminal, por la inmensa fuerza utilizada para demoler la infraestructura física del país y fracturar sus vínculos sociales.
El 11 de octubre de 2001, el periodista Anatol Lieven entrevistó al líder afgano Abdul Haq en Peshawar, Pakistán. Haq, que lideró parte de la resistencia contra los talibanes, se preparaba para regresar a Afganistán al cubierto de los bombardeos aéreos de Estados Unidos. Sin embargo, no estaba satisfecho con la forma en que EE. UU. había decidido proseguir la guerra. “La acción militar por sí misma, en las circunstancias actuales, no hace más que dificultar las cosas, sobre todo si esta guerra se prolonga y mueren muchos civiles”, dijo Abdul Haq a Lieven. La guerra duraría 20 años más, y al menos 71.344 civiles perderían la vida durante este período.
Abdul Haq también le dijo a Lieven que “lo mejor sería que Estados Unidos trabajara por una solución política unida que incluyera a todos los grupos afganos. De lo contrario, se fomentarán las profundas divisiones entre los distintos grupos, respaldadas por diferentes países y que afectarán negativamente a toda la región”. Sus palabras eran premonitorias, pero Haq sabía que nadie le estaba escuchando. “Probablemente”, continuó, “Estados Unidos ya ha decidido qué hacer, y para cualquier recomendación será demasiado tarde”.
Veinte años después de la increíble destrucción causada por esta guerra, y tras exacerbar la enemistad entre “todos los grupos afganos”, los Estados Unidos han regresado a la fórmula exacta propuesta por Abdul Haq: el diálogo político.
Abdul Haq regresó a Afganistán y fue asesinado por los talibanes el 26 de octubre de 2001. Ahora su consejo es inaplicable. En septiembre de 2001, los diferentes actores ‒incluidos los talibanes‒ estaban dispuestos al diálogo, en parte, porque temían que los aviones de guerra estadounidenses que se acercaban abrieran las puertas del infierno para Afganistán. Ahora, 20 años después, se ha abierto el abismo entre los talibanes y el resto. El apetito por las negociaciones simplemente ya no existe.
Guerra civil
El 14 de abril de 2021, el presidente del parlamento afgano ‒Mir Rahman Rahmani‒ advirtió que su país estaba al borde de una “guerra civil”. En los círculos políticos de Kabul se desbordan las conversaciones sobre una posible guerra civil cuando Estados Unidos se retire (antes del 11 de septiembre). Por eso el 15 de abril, durante una conferencia de prensa celebrada en la embajada de Estados Unidos en Kabul, Sharif Amiry, de TOLOnews, preguntó a Antony Blinken ‒secretario de Estado estadounidense‒ sobre la posibilidad de una guerra civil. Blinken respondió: “No creo que a nadie le interese, por decirlo de alguna manera, que Afganistán entre en una guerra civil, en una guerra larga. Inclusive los talibanes, según hemos oído, han dicho que no tienen ningún interés en ello”.
En realidad, Afganistán lleva por lo menos medio siglo de guerra civil, desde la creación de los muyahidines ‒incluido Abdul Haq‒ para luchar contra el Gobierno del Partido Democrático Popular de Afganistán (1978-1992). Esta guerra se intensificó con el apoyo de Estados Unidos a los elementos más conservadores y de extrema derecha de Afganistán, grupos que pasarían a formar parte de Al Qaeda, los talibanes y otras facciones islamistas. Durante este período, Estados Unidos no ha ofrecido ni una sola vez un camino hacia la paz; en cambio, ha mostrado siempre su afán por utilizar la inmensidad de la fuerza estadounidense para dirigir el desenlace en Kabul.
¿Retirada?
Incluso esta retirada, que se anunció a finales de abril de 2021 y comenzó el primero de mayo, no es tan clara como parece. El 14 de abril de 2021 el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció: “Es hora de que las tropas estadounidenses vuelvan a casa”. Ese mismo día, el Departamento de Defensa de Estados Unidos aclaró que 2.500 soldados abandonarían Afganistán antes del 11 de septiembre. El 14 de marzo, el New York Times puntualizó que Estados Unidos tiene 3.500 soldados en Afganistán aunque “públicamente se dice que hay 2.500 soldados estadounidenses en el país”. La laxitud del Pentágono con las cifras es oscurantismo. Además, un informe de la oficina del subsecretario de defensa para sostenimiento, señaló que Estados Unidos tiene unos 16.000 contratistas sobre terreno en Afganistán. Estos proporcionan una variedad de servicios, que muy probablemente incluyan apoyo militar. No está prevista la retirada de ninguno de estos contratistas ‒ni de los 1.000 soldados adicionales no declarados en las cuentas públicas‒, ni que se terminen los bombardeos aéreos ‒incluidos los ataques con aviones no tripulados‒, y tampoco se acabarán las misiones de las fuerzas especiales.
El 21 de abril, Blinken dijo que Estados Unidos proporcionaría casi 300 millones de dólares al Gobierno afgano de Ashraf Ghani. Ghani, que al igual que su predecesor Hamid Karzai, a menudo parece más un alcalde de Kabul que el presidente de Afganistán, está siendo superado por sus rivales. En Kabul se habla de Gobiernos posteriores a la retirada, incluida una propuesta del líder del Hezb-e-Islami, Gulbuddin Hekmatyar, para formar un Gobierno que él dirigiría y que no incluiría a los talibanes. Paralelamente, Estados Unidos ha expresado su conformidad con la idea de que los talibanes tengan un papel en el Gobierno; llegando a declarar públicamente que la administración Biden cree que los talibanes “gobernarían con menos dureza” que entre 1996 y 2001.
Al parecer, Estados Unidos está dispuesto a permitir que los talibanes vuelvan al poder con dos salvedades: en primer lugar, que se mantenga la presencia estadounidense y, en segundo lugar, que los principales rivales de Estados Unidos ‒China y Rusia‒ no jueguen ningún rol en Kabul. En 2011, la secretaria de Estado estadounidense, Hillary Clinton, habló en Chennai (India), donde propuso la creación de una Iniciativa de la Nueva Ruta de la Seda que uniera Asia Central a través de Afganistán y de los puertos de la India; el propósito de esta iniciativa era interrumpir los vínculos de Rusia con Asia Central e impedir el establecimiento de la Iniciativa china de la Franja y la Ruta, que ahora llega hasta Turquía.
La estabilidad no es una de las cartas a jugar en Afganistán. En enero, Vladimir Norov, ex ministro de Asuntos Exteriores de Uzbekistán y actual secretario general de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS), intervino en un seminario web organizado por el Instituto de Investigación Política de Islamabad. Norov dijo que Daesh / ISIS ha estado trasladando a sus combatientes desde Siria al norte de Afganistán. Este movimiento de combatientes extremistas preocupa no sólo a Afganistán, sino también a Asia Central y China. En 2020, el Washington Post reveló que el ejército de Estados Unidos había estado proporcionando apoyo aéreo a los talibanes en la medida que estos iban ganando terreno sobre los combatientes del ISIS. Incluso si llega a haber un acuerdo de paz con los talibanes, el ISIS lo desestabilizará.
Posibilidades olvidadas
Han quedado olvidadas las palabras de preocupación por las mujeres afganas, aquellas que otorgaron legitimidad a la invasión estadounidense en octubre de 2001. Rasil Basu ‒funcionario de las Naciones Unidas‒ fue, entre 1986 y 1988, el asesor principal del Gobierno afgano para el desarrollo de la mujer. La Constitución afgana de 1987 otorgaba a las mujeres la igualdad de derechos, lo que permitió a los grupos de mujeres luchar contra la normativa patriarcal, exigiendo igualdad en el trabajo y en el hogar. Como un gran número de hombres había muerto en la guerra, nos dijo Basu, las mujeres se dedicaron a varias ocupaciones. Se produjeron avances sustanciales en sus derechos, como el aumento de las tasas de alfabetización. Todo esto se ha diluido, en gran parte, durante las dos últimas décadas de la guerra de Estados Unidos.
Incluso antes de que la URSS se retirara de Afganistán en 1988-89, los hombres que ahora se disputan el poder ‒como Gulbuddin Hekmatyar‒ declararon que anularían estos avances. Basu recordó los shabanamas, avisos que circulaban entre las mujeres y les advertían de que debían obedecer las normativas patriarcales (envió un artículo de opinión advirtiendo de esta catástrofe al New York Times, al Washington Post y a Ms. Magazine, que fue rechazado por todos).
El último jefe de Gobierno comunista de Afganistán ‒Mohammed Najibullah (1987-1992)‒ presentó una Política de Reconciliación Nacional, en la que situaba los derechos de las mujeres en lo más alto de la agenda. Fue rechazada por los islamistas respaldados por Estados Unidos, muchos de los cuales siguen ocupando puestos de autoridad.
De toda esta historia, no se ha aprendido ninguna lección. Estados Unidos se “retirará”, pero al mismo tiempo dejará sus activos para dar el jaque mate a China y Rusia. Estos cálculos geopolíticos eclipsan cualquier preocupación por el pueblo afgano.
Noam Chomsky es un legendario lingüista, filósofo y activista político. Es profesor laureado de lingüística en la Universidad de Arizona. Su libro más reciente es Climate Crisis and the Global Green New Deal: The Political Economy of Saving the Planet.
Vijay Prashad es un historiador, editor y periodista indio. Es miembro de la redacción y corresponsal en jefe de Globetrotter. Es editor en jefe de LeftWord Books y director del Instituto Tricontinental de Investigación Social. También es miembro senior no-residente del Instituto Chongyang de Estudios Financieros de la Universidad Renmin de China. Ha escrito más de 20 libros, entre ellos The Darker Nations y The Poorer Nations. Su último libro es Washington Bullets, con una introducción de Evo Morales Ayma.
Fuente: https://peoplesdispatch.org/
Plantean enjuiciar al Ejército de EE.UU. y la CIA por crímenes de guerra en Afganistán
La fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Fatou Bensouda, ha solicitado la autorización de los jueces de ese tribunal para iniciar una investigación sobre presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad perpetrados en Afganistán.
"La Oficina de la Fiscal ha examinado la situación en ese país desde el 2006", y después de "un exhaustivo y minucioso análisis de la información disponible, aplicando los criterios jurídicos aplicables del Estatuto de Roma, la fiscal ha determinado que existe una base razonable para proceder con una investigación de la situación en Afganistán", señala el comunicado de la CPI.
Bensouda pretende investigar los presuntos crímenes cometidos en Afganistán desde mayo del 2003, así como los delitos vinculados con el conflicto armado afgano pero que fueron perpetrados en otros países desde julio del 2002 (prisiones clandestinas desplegadas por la CIA en diferentes naciones donde torturaba a los presuntos sospechosos de terrorismo). Las partes bajo investigación serán los talibanes y el grupo islamista Haqqani, así como las Fuerzas de Seguridad Afganas.
Bajo la investigación por crímenes de guerra también entrarían miembros de las Fuerzas Armadas de EE.UU. y la Agencia Central de Inteligencia (CIA), por su papel en el funcionamiento de centros de detención secretos. En caso de que la solicitud de la fiscal sea autorizada, esta procederá a "investigar y enjuiciar" a los culpables "de forma independiente, imparcial y objetiva". Sin embargo, la CPI no tiene jurisdicción sobre EE.UU., ya que Washington no ratificó el Estatuto de Roma en el 2002.
La derrota más humillante (e infame) de la OTAN y EE.UU.
Kabul se ha vuelto la tumba de los imperios. El imperio Sikh, el británico y la Unión Soviética aprendieron con sangre que no se puede dominar Afganistán. Ni siquiera Gengis Khan y su estirpe pudieron someter el territorio. Estados Unidos no iba a ser la excepción, y dos décadas después de invadir Afganistán, sus tropas se retiran cabizbajas por el fracaso de una guerra que solo ha supuesto destrucción, muerte y miseria. Afganistán es la derrota más humillante de la OTAN y un agujero negro en las arcas del tesoro norteamericano. Por mucho que intenten maquillarlo, la retirada ordenada por Joe Biden no difiere tanto de la retirada de Richard Nixon en Vietnam.
Joe Biden quiere "un final responsable" para la guerra más larga de los Estados Unidos, pero ¿cómo puede una retirada, sin medir las consecuencias, ser responsable cuando el país está sumido en el caos? Por mucho que la derrota se intente negar apelando al compromiso de los Talibán de prevenir la expansión de al-Qaeda (ya hay que tener fe para creerlo), lo cierto es que se le sigue dando legitimidad al grupo insurgente más letal del mundo en estos momentos. Se le da legitimidad a los insurgentes de una guerra que deja decenas de muertos cada día; casi 100 en 24 horas, pocos días después de que Biden oficializase que continúan con los planes de retirada. Mientras escribo este artículo, los Talibán han capturado una base del Ejército afgano en la provincia de Herat.
Afganistán es hoy por hoy una de las intervenciones directas más infames de la OTAN, y a pesar de la tecnología militar desplegada, del presupuesto mil millonario, de la impunidad para cumplir los objetivos incluso cometiendo crímenes de guerra si fuese necesario (impunidad consecuencia de las amenazas de EE.UU. al Tribunal Penal Internacional de La Haya) o del personal sobre el terreno, se retiran siguiendo las directrices de tribus locales, sin tener nada que decir, sin objetivos cumplidos y sin siquiera dejar a su marcha un Estado funcional que pueda frenar la expansión del Emirato Islámico.
Aunque se intente presentar la derrota de la OTAN en Afganistán como una salida pactada, lo cierto que es una huída en toda regla de lo que todo el mundo ve: es una guerra que no pueden ganar. Lo cierto es que todos los intentos de negociar la paz han fallado. Lo cierto es que los Talibán amenazan con más violencia si no se cumplen los plazos de retirada (norteamericana) y han dejado claro que no van a participar en un gobierno transicional, sino que van a establecer por tercera vez un Emirato Islámico. Lo cierto es que el mensaje que da Joe Biden, poniendo ni más ni menos que el 11 de septiembre como fecha límite para la retirada, es el que daría alguien desesperado por contentar a su rival en una indirecta petición de clemencia. Y siendo honestos para con la realidad, sin apoyo exterior, el Gobierno afgano no tiene ninguna opción; será barrido por los fundamentalistas. Todo lo que pueda prometerse en Doha no es más que una pantomima, y que EE.UU. mantenga su presencia únicamente en materia de inteligencia solo va a servir para que los informes del auge Talibán y colapso del Estado afgano sean más detallados.
Kabul lleva décadas acostumbrado a ser dependiente de los demás. Dependiente en materia de seguridad, de inteligencia… y es que a pesar de ser el Gobierno afgano, nunca dejó de ser un títere puesto a conveniencia para que no se alejase de los intereses de Washington. Por eso es flagrante la retirada norteamericana en estas condiciones y el abandono de sus aliados. Flagrante, porque la retirada no marca el fin de la guerra imperialista, sino que profundiza las heridas de la guerra imperialista. La retirada ordenada por la Casa Blanca es irresponsable, pero es que además es miserable, porque pretenden hacer como si no hubiese pasado nada en dos décadas de invasión (más los años previos de financiación de insurgencias). Pretenden hacer como si no hubiese quedado una tierra rota bañada en sangre, donde la guerra contra el terror solo ha quedado en palabrería mientras Al-Qaeda sigue teniendo en las montañas afganas su gran bastión.
Invadir un país es fácil cuando tienes dinero y a la población tan lobotomizada que jalea la invasión y se presta a participar en ella. Destruir un país es fácil cuando por la noche tienes una casa en la que dormir, que no ha sido derruida por la artillería, dejándote sin dónde ir como le sucede a dos millones de refugiados. Matar es fácil cuando la víctima no es alguien a quien amas. Retirarse de una tierra que has martirizado como si nada hubiese pasado, apelando al "simplemente no cumplimos con las expectativas", es fácil cuando no es tu comunidad la que quedará sumida en el caos. El 11 de septiembre de 2021, si finalmente se retira EE.UU. de Afganistán, será el fin de dos décadas de guerra, pero la infamia continuará. Porque la muerte de 2.300 soldados norteamericanos no sirvió para nada. Porque la destrucción de Afganistán tampoco sirvió para nada.
Desaparece misteriosamente el video de una matanza cometida por las fuerzas especiales del Reino Unido en Afganistán
El video que presuntamente muestra a una unidad del Servicio Aéreo Especial del Reino Unido (SAS, por sus siglas en inglés), que mató a cuatro miembros de una familia durante una misión en Afganistán, ha desaparecido en medio de una investigación sobre las presuntas "masacres" del escuadrón durante el conflicto militar, informa The Times.
Saifullah Yar tenía solo 19 años cuando su familia fue asesinada a tiros en una aldea afgana mientras se llevaba a cabo una redada del SAS en 2011. Cuando los investigadores militares británicos se trasladaron a Kabul en 2017 para investigar lo ocurrido, el joven declaró que durante el ataque fue esposado y alejado de su padre, hermano y dos primos. Luego, escuchó dos rondas de disparos, y cuando las fuerzas especiales se habían ido, sus familiares ya estaban muertos.
Aparentemente, las grabaciones de la incursión fueron captadas por el equipo de apoyo aéreo de EE.UU., pero según el periódico, las autoridades estadounidenses perdieron misteriosamente las imágenes y no pudieron proporcionarlas a un tribunal británico, que está llevando a cabo una revisión judicial de la redada ante la demanda de Saifullah.
"Amnesia colectiva"
Según el reporte, no es la primera vez que la evidencia clave de ese ataque desaparece o se oculta intencionalmente. El viaje de los investigadores de la Real Policía Militar (RMP) a Kabul en 2017 fue una de sus últimas tareas en una indagación de tres años y medio sobre las acusaciones de crímenes de guerra contra la unidad SAS. Durante la visita, descubrieron que los operadores británicos manipularon informes de la misión para implicar a las fuerzas especiales afganas en asesinatos similares entre 2011 y 2013.
Los investigadores entrevistaron a 42 soldados quienes aseguraron que no podían recordar la misión. Los documentos legales sobre los que informó The Times indicaron que un juez calificó este caso de "amnesia colectiva". Las armas utilizadas en la redada en la aldea de Saifullah fueron destruidas el mismo año en que el RMP abrió su investigación.
"La última masacre"
Sin embargo, se han acumulado suficientes pruebas contra las tropas del SAS. La pesquisa encontró que para matar a las víctimas se emplearon balas británicas de 5,56 milímetros, en lugar de las municiones de 7,62 milímetros utilizadas por los comandos afganos.
Los primeros informes que siguieron a la redada de 2011 indicaron que la familia de Saifullah murió cuando intentaron alcanzar armas mientras el SAS registraba su propiedad. Pero estos reportes fueron recibidos con escepticismo por los altos mandos del Ejército del Reino Unido, quienes en una cadena de correos electrónicos describieron la redada como "la última masacre".
El Gobierno británico cerró la indagación a fines de 2017 sin procesar un solo caso. Con el SAS normalmente exento de la supervisión parlamentaria, los tribunales son ahora la esperanza de Saifullah para hacer justicia. "Nuestro cliente está buscando una nueva investigación sobre la muerte de sus seres queridos y quiere averiguar si sus decesos fueron parte de un patrón de asesinatos ilegales de civiles afganos", declaró su abogada, Tessa Gregory, a The Times.
Altos mandos militares británicos habrían encubierto torturas de civiles y asesinato de niños por parte de sus tropas en Irak y Afganistán
Documentos filtrados que el Gobierno de Reino Unido había mantenido en secreto muestran que altos comandantes supuestamente trataron de ocultar crímenes de guerra cometidos por las tropas británicas en Afganistán e Irak, ha revelado una investigación realizada por The Sunday Times y el programa 'Panorama', de la BBC. En particular, se apunta a que altos mandos militares encubrieron la implicación de soldados en el asesinato de niños y en la tortura de civiles en ambos países.
Las conclusiones de la investigación se basan en la información recopilada por el Equipo de Alegaciones Históricas de Irak (IHAT, por sus siglas en inglés), que investigó los presuntos crímenes de guerra cometidos por las tropas británicas en el país árabe, así como en la pesquisa de la Policía Militar británica en la llamada Operación Northmoor, que investigó presuntos crímenes de guerra en Afganistán. Ambas investigaciones fueron cerradas por el Gobierno en 2017.
Los antiguos investigadores denunciaron que las autoridades británicas no les permitieron acusar a militares de ningún rango y que ninguno de los casos investigados dio origen a ningún procedimiento judicial.
En Irak, la mayoría de los hechos implicaban acusaciones de maltrato, torturas y abuso sexual de detenidos, mientras que en Afganistán, uno de los casos más graves señalaba a las fuerzas especiales británicas SAS por presuntamente asesinar a cuatro menores en 2012, quienes posteriormente fueron declarados miembros de los talibanes.
Ahora la Corte Penal Internacional (CPI), con sede en La Haya (Países Bajos), podría investigar el supuesto "encubrimiento de crímenes de guerra" por parte de Londres, informó la BBC. La Oficina del Fiscal de la CPI dijo que "evaluaría independientemente" los hallazgos de Panorama, que podrían ser "muy relevantes" para su decisión de abrir una investigación histórica en el Reino Unido.
Por su parte, el Ministerio de Defensa británico alegó que las acusaciones no tienen fundamento y que todos los casos fueron debidamente investigados. Un portavoz ministerial indicó, citado por el diario The Telegraph, que el país "ha cumplido en todo momento con las solicitudes de información de la CPI sobre sus procesos legales con respecto a presuntos crímenes de guerra y no ve ninguna justificación para ninguna otra intervención de la CPI".
La guerra paramilitar
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Ningún conflicto respeta fronteras. Desde el pasado siglo denuncio una infiltración paramilitar que según la revista colombiana Semana, invierte en bingos, casinos, salas de juego y prostíbulos, así como en generosos donativos que logran la pronta reapertura de dichos locales cada vez que son clausurados. Antes que seguir confrontando el conflicto en su propio país, grupos armados de toda índole pasan a operar en Venezuela, donde encuentran menos competencia y autoridades a veces desprevenidas. Dotados de entrenamiento, disciplina y armamento militar, suplantan al hampa criolla y controlan sus territorios. A veces operan como supuestas agencias de seguridad, que “vacunan” para proteger de ellas mismas.
2
Durante décadas recibo rumores de que capitales de dudoso origen compran fundos cerca y lejos de las fronteras e importan braceros colombianos, y paramilitares para someterlos. También adquieren estratégicas empresas de transporte cuya parálisis podría acarrear la de la economía. Conocidos me aseguran que casi dominan el cultivo de la papa y el plátano en la región andina. Durante la bonanza regentaban el lucrativo contrabando de extracción de gasolina y bienes subsidiados por el cual, según el Presidente Maduro, se iba por la frontera cerca del 40% de lo que nuestro país producía o importaba. Legalizado en la Venezuela socialista el corrosivo tráfico del dólar imperial, compran con él a precio de miseria todo tipo de activos constituyendo poderes económicos que podrían pasar a políticos desde el momento en que, como en su país de origen, financien candidatos y partidos. Cada vez que voy al Delta del Orinoco contrato lancheros para alguna exploración privada de los caños: el año antepasado amigos me disuadieron alegando que en ellos operan grupos armados irregulares. Ese año estuve en la frontera occidental: quienes debían ir enmascarados eran los cuerpos de seguridad. Sólo se escuchaban los medios colombianos. En una fuente de soda, un mural de celebridades otorgaba sitio prominente a Pablo Escobar Gaviria.
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Que esta infiltración ladina, taimada, de bajo perfil en algún momento debía dejar de lado la máscara y plantarse desafiante, era sólo cuestión de tiempo. Para 2004 fueron detenidos más de un centenar de paramilitares con falsos uniformes del ejército venezolano, acuartelados cerca de la capital, comprometidos en un plan magnicida y entretenidos en practicar ejecuciones macabras. Desde entonces asistimos a un goteo constante de agresiones protagonizadas o apoyadas por bandas armadas foráneos. Estuvieron presentes durante el terrorismo de calle de las “guarimbas” 2014-2017. Participaron en el intento de invasión disfrazada de ayuda humanitaria que murió en las fronteras de San Cristóbal y Santa Elena de Uairén. Colaboraron en el entrenamiento del intento de magnicidio con drones de 2019. Apoyaron y adiestraron la desdichada invasión de mercenarios de Silvercorp en 2020. En todas y cada una de esas operaciones montaron tiroteos y operativos de perturbación del orden para distraer a las autoridades.
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El combate de La Victoria abre una nueva fase en esta táctica de ocupación progresiva. Se intenta descaradamente ejercer poder político en una región estratégica. Se utilizan armas especializadas de control territorial, como las minas, cuyo empleo de paso constituye crimen de lesa humanidad. Se atacan alcabalas, vehículos oficiales, servicios públicos. Se agrede frontalmente a la Fuerza Armada Bolivariana. Se articula una vez más el parapeto de la “intervención”, eso sí, humanitaria, para destruir con la coartada de que se ayuda. A mediados de febrero de 2021 se reúne en Bogotá James Story, el embajador estadounidense reconocido por el autonombrado presidente fantoche Juan Guaidó, con los opositores Julio Borges y Leopoldo López, soñando todos ser personeros de un gobierno por el cual no ha votado nadie. Por los mismos rumbos incursiona la inefable Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA de Almagro. A fines de febrero la ministra de Relaciones Exteriores de España se aparece en Cúcuta, conmocionada por el problema de los migrantes venezolanos, e indiferente al hecho de que en su España funcionan verdaderos campos de trabajos forzados para explotar a los migrantes que no conocen el idioma. Pero claro, interesa ver la brizna de polvo en el ojo venezolano y no la viga en el de España. Se trata de pavimentar de excusas el camino interventor de la OTAN y de las siete bases de Estados Unidos que ocupan Colombia, a las cuales, por cierto, estos curiosos paramilitares jamás han atacado ni con el pétalo de una rosa.
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¿Qué hacer contra esta invasión nada silenciosa? Nuestras acciones debieron comenzar desde la toma del poder por el bolivarianismo. Como ciudadanos de a pie, sugerimos: Investigación sociológica sobre la presencia paramilitar en el hampa común que opera en Venezuela. Indagación financiera sobre el origen de los capitales de industrias a las cuales las propias publicaciones colombianas vinculan con fondos provenientes del paramilitarismo: casinos, bingos, maquinitas, prostíbulos de lujo. Auditoría sobre la composición y funcionamiento de empresas de seguridad instaladas en los estados fronterizos y en general de cualquier compañía cuyo crecimiento y desarrollo no guarde relación con las actividades que aparentemente desempeña. Refuerzo de los medios de comunicación en todas las fronteras, tanto para el contacto expedito con las autoridades nacionales, como para la intensificación de la presencia de prensa, radio y televisión nacionales. Vigilancia constante con patrullas fronterizas y, si fuere técnicamente posible, con los satélites de los que todavía disponemos y drones de fácil operación. Examen riguroso de fondos que intenten legitimarse.
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Facciones neoliberales nos incitan a besarle los pies y entregarle el
país a todo capital que llegue. ¡No! Mucho de él, como las monedas que
pagaron a Judas, es precio de sangre. Con los dineros paramilitares
llegan la explotación, la corrupción y la entrega de la soberanía a
criminales comunes. No vendamos por un plato de lentejas lo que tanto
nos costó crear.
¿Se avecina una pandemia bursátil?
Analista económico y geopolítico, colabora habitualmente en varias publicaciones digitales e impresas españolas y latinoamericanas.
09 de mayo de 2021, 13:25hs - LR21
El recalentamiento de la economía estadounidense podría acelerar la subida de tipos del Dólar y la retirada de ayudas de la Fed y acabar lastrando la incipiente y frágil recuperación económica mundial ya que el fenómeno de la globalización económica ha conseguido que todos los elementos racionales de la economía estén interrelacionados entre sí debido a la consolidación de los oligopolios, la convergencia tecnológica y los acuerdos tácitos corporativos.
La posibilidad real de un nuevo crash bursátil estaría pasando desapercibida para la mayoría de Agencias de Calificación debido a la desconexión con la realidad que les llevaría a justificar la exuberancia irracional de los mercados, con lo que se cumpliría la famosa frase del iconoclasta John Kenneth Galbraiht. ”Hay dos clases de economistas: los que no tenemos ni idea y los que no saben ni eso”. Así, el ” efecto mariposa del coronavirus” trasladado a sistemas complejos como la Bolsa de Valores, tendría como efecto colateral la imposibilidad de detectar con antelación un futuro mediato pues los modelos cuánticos que utilizan serían tan sólo simulaciones basadas en modelos precedentes (Teoría de la Inestabilidad financiera de Minsky), con lo que la inclusión de tan sólo una variable incorrecta o la repentina aparición de una variable imprevista (síndrome coronavirus) provoca que el margen de error de dichos modelos se amplifique en cada unidad de tiempo simulada hasta exceder incluso el límite estratosférico del cien por cien, dando lugar a un nuevo estallido o crash bursátil.
Así, debido a los estímulos económicos para paliar los el impacto de la pandemia (estimados en más de 3 Billones de Dólares), los inversores de EEUU estaban instalados en la euforia (rememorando el boom bursátil de los años 20 que fue preludio del crack bursátil de 1.929), por lo que eran incapaces de percibir el vértigo de la altura. Sin embargo, la pandemia sanitaria y sus efectos colaterales en la economía mundial ( reducción de 1 punto en el PIB mundial) provocará que los grandes inversores sientan por primera vez el mal de la altura que les llevará a reducir su exposición al riesgo con el consecuente efecto bajista en las cotizaciones de las acciones. Además, la subida de la inflación en EEUU (tasa interanual del 2,6 % en marzo), acelerará la subida de tipos de interés del dólar haciendo que los inversionistas se distancien de los activos de renta variable y que los bajistas se alcen con el timón de la nave bursátil mundial, derivando en una psicosis vendedora que terminará por desencadenar el estallido de la actual burbuja bursátil.
Dicho estallido tendrá como efectos colaterales la consiguiente inanición financiera de las empresas, la subsiguiente devaluación de las monedas de incontables países para incrementar sus exportaciones y como efectos benéficos el obligar a las compañías a redefinir estrategias, ajustar estructuras, restaurar sus finanzas y restablecer su crédito ante el mercado (como ocurrió en la crisis bursátil del 2000-2002) y como daños colaterales la ruina de millones de pequeños inversores todavía deslumbrados por las luces de la estratosfera, la inanición financiera de las empresas y el consecuente efecto dominó en la declaración de quiebras, la subsiguiente contracción del comercio mundial, posterior finiquito a la globalización económica y ulterior regreso a los compartimentos estancos en la economía mundial.
Forbes registra un crecimiento récord de las grandes fortunas en su lista de los multimillonarios más ricos del mundo
2020 fue un año récord para los multimillonarios, según refleja Forbes Billionaires 2021, la lista anual de las mayores fortunas del mundo, presentada este martes por la revista Forbes.
Al igual que en la edición previa, el 'ranking' es encabezado por el fundador de Amazon, Jeff Bezos, con un patrimonio valorado en 177.000 millones de dólares. La segunda posición es ocupada por el fundador de Tesla y SpaceX, Elon Musk, con 151.000 millones de dólares. Los siguen Bernard Arnault, propietario de varias marcas de ropa de lujo y cosméticos; Bill Gates, cofundador de Microsoft; y Mark Zuckerberg, fundador y director ejecutivo de Facebook, con una fortuna estimada en 150.000, 124.000 y 97.000 millones de dólares, respectivamente.
La subida más impresionante fue la protagonizada por Elon Musk, que el año pasado ocupaba el puesto 31 de la lista con 24.600 millones de dólares. Los 126.400 millones en los que ha aumentado su fortuna desde entonces se deben a la revalorización del 705 % experimentada por las acciones de Tesla, explica Forbes.
El año 2020 ha marcado asimismo un récord en el número de multimillonarios. En la lista se cuentan 2.755 personas cuyas fortunas superan los 1.000 millones de dólares, 660 más que en el registro anterior. En su conjunto, estos poseen 13,1 billones de dólares, cerca de un 40 % más que el año pasado. Mientras, las diez mayores fortunas del mundo aumentaron su patrimonio conjunto desde 686.000 millones a 1,15 billones.
COLOMBIA
El Comité Nacional del Paro de Colombia no llega a un acuerdo con Duque y anuncia una nueva movilización para el 12 de mayo
El Comité Nacional del Paro de Colombia no llegó a un acuerdo con el presidente Iván Duque durante la reunión que sostuvieron este lunes en la Casa de Nariño, por lo que continuarán movilizándose por todo el país.
"En esta reunión exploratoria no llegamos a acuerdos con el gobierno nacional", afirmaron integrant
En entrevista con medios locales, los voceros del Comité Nacional del Paro afirmaron que "no hubo empatía por parte del Gobierno" de Duque con las peticiones que llevaron al paro nacional, como tampoco "con las víctimas de la violencia que se ha ejercido de forma desproporcionada contra los manifestantes".
En particular, el Comité exigió "que se pare la masacre (...) y la violencia oficial y privada" contra las personas que ejercen su legítimo derecho a la protesta.
"Una de las básicas garantías que pedimos es que se respetara el derecho a la protesta pacífica y que se dieran garantías a la movilización", dijo Jennifer Pedraza, líder de la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles. No obstante, el discurso de Duque fue "complaciente" con los usos excesivos de la fuerza pública sobre las manifestaciones, según denunció Pedraza.
Duque "no cedió"
"Hemos pedido que trabajemos de manera unificada por los pobres de este país, la gente que está en las calles seguirá saliendo si no hay un proceso donde podamos hacer negociación del pliego de 104 puntos y 13 ejes que hemos venido desarrollando", afirmó otro vocero.
Al acusar que el Gobierno de Duque "no ha cedido ni un solo centímetro" a las peticiones que formuló el Comité desde hace más de un año y medio, se anunció un nuevo paro nacional para el próximo miércoles 12 de mayo.
"El paro nacional continúa", afirmaron los voceros del Comité.
Respuesta del Gobierno
Por su parte, el Gobierno de Duque afirmó que existió coincidencia de ambas partes en lo referente al "rechazo a la violencia" y en respetar el despliegue del plan nacional de vacunación.
"Encontramos una coincidencia en el mensaje de no violencia, también en la necesidad inaplazable de que las manifestaciones no generen más obstaculización de la continuación con el plan nacional de vacunación", aseguró el Alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos.
#AEstaHora | Declaración Alto @ComisionadoPaz, Miguel Ceballos. pic.twitter.com/AqbFZeCccA
— Alto Comisionado Paz (@ComisionadoPaz) May 10, 2021
Asimismo, Ceballos dijo que los miembros del Comité estuvieron de acuerdo en "crear un futuro espacio con la presencia y garantía" de la Iglesia y la Organización de Naciones Unidas (ONU).
Entre las principales peticiones de las organizaciones sociales está el retiro del proyecto de ley de reforma a la salud, adelantar la vacunación para la población y la derogación del decreto 1174, que según sus detractores, precariza las condiciones laborales con el país en beneficio de los empleadores.
El pasado fin de semana, el Comité Nacional del Paro aceptó formar parte de una "reunión exploratoria" y le pidió a la Casa de Nariño "respeto y garantías para el libre ejercicio de la movilización". Esto con el objetivo de encontrar una salida a la crisis que ha dejado más de 27 muertes y 359 desapariciones, en el marco de las protestas sociales.
Colombia: el paro contra los señores de la guerra
En su cuenta de twitter, la ONG Temblores contabilizó, desde el 28 de abril que comenzó el paro nacional en Colombia hasta el 8 de mayo, 1.876 casos de violencia policial, que incluyen 963 detenciones arbitrarias, 28 personas agredidas en sus ojos, 12 víctimas de violencia sexual, 47 de violencia homicida (39 de ellas de violencia policial), y 548 personas desaparecidas.
El detonante del paro fue el envío al Congreso de la reforma tributaria por parte del presidente Iván Duque y su ex ministro de Economía, Alberto Carrasquilla, a quien Duque ha postulado para presidir la Corporación Andina de Fomento (CAF). En síntesis, el proyecto de Ley —ya retirado por la presión popular—, según el portal BBC News, gravaba a la clase media con impuestos a los ingresos desde US$663, en un país cuyo salario básico es US$234; la reforma proponía gravar con IVA, que en Colombia es del 19%, a los servicios públicos (luz, agua y gas) así como a servicios funerarios, artefactos electrónicos y otros.
No obstante, para entender la indignación de quienes se manifiestan en el paro no basta conocer la reforma tributaria: Colombia es un país socialmente injusto, cuya élite gobernante ha boicoteado el proceso de paz y permite la impunidad de los crímenes cometidos contra centenares de líderes sociales.
El problema es estructural en un país inequitativo: según reporte del Banco Mundial, a 2019, el índice de Gini en Colombia es 51,3. El informe de Oxfam Radiografía de la desigualdad (2017) concluye que el 1 % de los predios agrícolas acumulan el 81 % de las tierras colombianas. El 0,1 % de los predios de más de 2.000 hectáreas ocupan el 60 % de la tierra; y el 42,7 % de los propietarios de estas fincas desconoce la forma de propiedad de sus propios predios.
De ahí que, el primer punto abordado en el Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, entre el gobierno del presidente Santos y las FARC, fue el de la tierra: «Hacia un nuevo campo colombiano: reforma rural integral». En este punto se habla de la transformación estructural con equidad, igualdad y democracia. Tres palabras poderosas dada la concentración de la tierra y la historia de despojo que, según el portal Noticias ONU, ha llevado a ocho millones de personas al desplazamiento interno.
El partido gobernante boicoteó el proceso de paz desde su comienzo. El expresidente Álvaro Uribe fue el principal opositor al referéndum de ratificación de los acuerdos, en el que el «No» triunfó con una campaña basada en fake news. La campaña del «No» dijo que el Acuerdo llevaría a Colombia al castrochavismo y destruiría la institución familiar al promover la “ideología de género”, concepto que no se encuentra en el Acuerdo. Además, también mintió al decir que el gobierno de Santos ofrecía un salario mensual de 1.600.000 pesos a los guerrilleros desmovilizados (550 dólares) y que los pensionados iban a pagar impuestos para financiar los costos de la paz.
Finalmente, el uso desmedido de la fuerza por parte de la policía y los pedidos de Uribe para militarizar el país y el apoyo a policía y militares para disparar contra quienes se manifiestan en las marchas, se explica por la histórica violencia de las clases dominantes de Colombia. La criminalización de la protesta social ha sido permanente en la política de seguridad democrática de Uribe. Un informe de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, de febrero de 2021, determinó que «las fuerzas militares de Colombia abatieron al menos a 6.402 civiles entre 2002 y 2008 (período en el que gobernó Álvaro Uribe) y los presentaron como “bajas en combate”»: estos crímenes sistemáticos, en los que presuntamente participaron unos 1.500 militares, es lo que se conoce como «falsos positivos» y fue calificado por la JEP como un «fenómeno macrocriminal».
Al «fenómeno macrocriminal» de 6.402 falsos positivos, habría que sumar dos políticas de exterminio selectivo. En el pasado reciente, el asesinato sistemático de los militantes de la Unión Patriótica, UP. Entre 1984 y 2002, la UP sufrió el asesinato o la desaparición de al menos 4.153 militantes. En apenas 4 años, sus dos candidatos presidenciales fueron asesinados [Jaime Pardo Leal, en 1987, y Bernardo Jaramillo, en 1990], 6 de sus 16 congresistas, 17 diputados departamentales y 163 concejales. A esto habría que añadir, que después del asesinato de Jaramillo, la UP sufrió el asesinato de su dirigente Manuel Cepeda Vargas, en 1994.
En el presente, el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición, integrado por la JEP, la Comisión de la Verdad, y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, informó que, luego de la firma de Acuerdo Final de Paz, desde el 1 de diciembre de 2016 hasta el 28 de febrero de 2021, han sido asesinados 904 líderes sociales; asimismo, se registra 276 homicidios de ex combatientes de las FARC-EP.
La narrativa gubernamental que habla de la violencia como si ésta fuese generada por agentes externos, el castrochavismo, o la revolución molecular disipada, como ha calificado a las protestas el expresidente Uribe, pretende justificar una represión policial criminal. Bajo ese liderazgo, la violencia paramilitar florece: en Cali, la Minga Indígena fue atacada por gente armada, bajo la mirada contemplativa de la policía y, de ese ataque, el Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, reportó diez indígenas heridos de bala.
La noche del 5 de mayo, Lucas Villa Vázquez, de 37 años, estudiante de deporte, instructor de yoga y terapeuta, recibió ocho disparos efectuados por civiles no identificados que se dieron a la fuga, en acción similar a las ejecuciones sufridas por los líderes sociales. El 10 de mayo, los médicos del Hospital Universitario San José de Pereira declararon la muerte cerebral de Lucas Villa, un símbolo de la resistencia popular contra la violencia de los señores de la guerra. Horas antes del atentado criminal, él había gritado: «Nos están matando en Colombia».
* Escritor ecuatoriano. Autor de El perpetuo exiliado (Premio de la Real Academia Española, 2018).
“Aquí si no te mueres por covid te matan de hambre o de bala”, vociferaba una manifestante veinteañera a un micrófono extranjero condensando en una frase al voleo el nudo central del paro que se volvió estallido social. Si la chispa que encendió las calles –por tercera vez en tres años– fue la regresiva reforma tributaria que torpemente intentó imponer el presidente Iván Duque, el triunfo de frenarla alumbró un “ya basta” contra todo el modelo, una explosión de bronca acumulada contra el régimen uribista, una cruzada popular para tumbar los cimientos del neoliberalismo de guerra que tanto cuesta destronar pese a estas cíclicas revueltas. ¿Será esta la definitiva, la que finalmente abone el terreno para el arribo, en mayo del 2022, de un gobierno que desmonte este sistema de injusticias sostenido con hambre y balas?
Las protestas iniciadas con el Paro Nacional del 28 de abril desnudaron, otra vez, dos pilares sobre los que asienta su hegemonía la élite colombiana. Por un lado, la ferocidad de las fuerzas policiales y militares para acallar cualquier reclamo imponiendo el terror (al cierre de este artículo se registraban 47 manifestantes asesinados, 548 desaparecidos y más de un millar de heridos, según la ONG Temblores). Por el otro, un aceitado blindaje mediático como complemento necesario para asegurar la inmunidad: los medios locales demonizan las protestas y los internacionales miran para otro lado. ¿Qué cobertura le daría la prensa global si fuese otro gobierno, por decir Venezuela, el que estuviese ejecutando una masacre a cielo abierto de esta magnitud?
Con el correr de los días, el cerco informativo se fue resquebrajando por la brutalidad policial viralizada en las redes sociales. Recién ahí, algunos comunicados de la ONU, la OEA y la Unión Europea, tibios y escuetos, como diciendo “aflojen un poco, que no se note tanto”. De los presidentes latinoamericanos, sólo Alberto Fernández condenó con contundencia la represión. La diplomacia internacional garantiza protección al niño mimado de Estados Unidos en la región, mostrando un casi nulo sentido de la indignación como suele pasar con los carabineros desbocados de Sebastián Piñera.
También como en Chile, la rebelión colombiana tiene un gran componente de espontaneísmo y es protagonizada por la juventud, por las y los pelaos que resisten en las barricadas, cantan y bailan, desbordando la capacidad de conducción del Comité Nacional del Paro, convocante del 28-A.
El Comité, que agrupa a unas 50 organizaciones sindicales y sociales, surgió en las grandes movilizaciones de noviembre de 2019 contra la agenda de ajuste de Duque. El saldo, tres manifestantes asesinados. La irrupción del coronavirus obligó el repliegue pero la rabia se siguió acumulando y volvió a estallar en septiembre de 2020, esta vez contra la violencia institucional. Diez días de protestas y la misma respuesta: 13 víctimas fatales.
El transcurrir de la pandemia no hizo más que potenciar el malestar, principalmente por el deterioro económico y las escasas medidas paliativas. Según datos oficiales, 3,5 millones de personas cayeron en la pobreza, que trepó al 42,5%, y el desempleo aumentó cinco puntos llegando al 16,8%. El gobierno otorga un pírrico subsidio que equivale a 43 dólares mensuales cuando el salario mínimo es de 259.
Luego de la mayor caída del PBI en medio siglo (6,8%), el gobierno sigue apostando al sobreendeudamiento y a fortalecer el aparato militar, destinando el 70% del presupuesto al Servicio de Deuda Pública y a Defensa y Seguridad. La indignación popular llegó al límite cuando se anunció la compra de aviones de guerra por 14 billones de pesos. Y luego llegó la insólita propuesta de reforma tributaria que pretendía ampliar el impuesto salarial y gravar los productos de la canasta básica, el combustible y hasta los servicios funerarios. Duque metió los dedos en el enchufe y se le vino el vendaval. Como Piñera, ahora se tapa los ojos y repite el libreto: si en Chile protestaban alienígenas (primera dama dixit), en Colombia son vándalos o venezolanos.
Necropolítica de Estado
El Bogotazo abrió el período conocido como “La Violencia”, que en una década dejó unas 300 mil muertes y fue el prólogo de la conformación de las guerrillas y el conflicto armado más extenso de Latinoamérica. La oligarquía colombiana se alimentó de la guerra para edificar una democracia muy floja de papeles en la que cualquier pensamiento crítico corría (y corre) peligro de muerte. Sólo en lo que va del año fueron asesinados 57 líderes y lideresas sociales y 22 ex combatientes de las FARC que habían firmado la paz, se registraron 33 masacres, 158 feminicidios y 27.435 personas tuvieron que desplazarse. Colombia acumula en estas décadas unos 85 mil desaparecidos, más que la suma de todas las dictaduras del Cono Sur.
El pico de violencia actual tiene su matriz en el incumplimiento de los Acuerdos de Paz firmados en 2016 y la impronta del gobierno uribista, expresión política que cristaliza la alianza entre la élite terrateniente, el empresariado y el poder narco-paramilitar. Un esquema de violencia estatal y paraestatal directamente asociado al rol geopolítico de Colombia (mayor productor de cocaína del mundo) como principal aliado de EE.UU. en la región (el mayor consumidor).
Este régimen atraviesa hoy su crisis más profunda, y ya no tiene el pretexto de ligar cualquier voz crítica con la guerrilla. Justamente Gustavo Petro, un ex guerrillero, asoma como alternativa real para encauzar políticamente el descontento social. Pero para eso falta un largo año. Por lo pronto, las nuevas generaciones se levantan contra este genocidio silencioso y silenciado, contra el neoliberalismo de guerra que los mata de hambre o de bala, contra un destino de mera subsistencia. Le ponen el cuerpo al futuro porque, como rezaba una pancarta en las calles de Bogotá, “al otro lado del miedo está el país que soñamos”.
Gerardo Szalkowicz es editor de NODAL. Autor del libro “América Latina. Huellas y retos del ciclo progresista”. Conduce el programa radial “Al sur del Río Bravo”.
En el día 14 del paro nacional la cifra de muertos ascendió a 42; 47 según dos ONGs
Colombia: protestas, muertos y visos de diálogo
Mientras se informó sobre la muerte de dos jóvenes que pasaron varios días en estado crítico, el gobierno de Duque y los líderes de la movilización intensificaron los contactos para sentarse a una mesa de negociación.
Al menos 41 civiles y un policía murieron en Colombia en el marco de las protestas contra el gobierno que explotaron el 28 de abril y derivaron en una crisis severa por cuenta de la represión condenada internacionalmente. La cifra divulgada por la Defensoría del Pueblo es menor a la que calculan las ONGs Temblores e Indepaz, que dan cuenta de 47 víctimas mortales, "40 de ellas por violencia policial". En medio de otra jornada de manifestaciones, el presidente Iván Duque viajó ayer a la ciudad de Cali, epicentro de la sangrienta represión que se vivió en las últimas dos semanas, por segunda vez en 48 horas, para reunirse de nuevo con autoridades locales y buscar una salida a la crisis política y social.
De su lado, el ministerio de Defensa sostiene que a la fecha hay 849 policías lesionados, 12 por armas de fuego. Y maneja el dato de 716 civiles que también han sufrido lesiones, aunque sin precisar los heridos de bala. Estos números convierten de lejos las protestas en las más sangrientas bajo el gobierno de Duque desde las marchas multitudinarias de 2019 y la movilización contra la brutalidad policial en 2020. También marcan un precedente en un país empobrecido por la pandemia y en el que no existe voluntad política del gobierno por cumplir el acuerdo de paz firmado con las FARC en 2016, tras décadas de combate a la extinta guerrilla.
Abusos, a investigación
Las denuncias sobre excesos policiales -alimentadas por una cascada de videos que apuntan a la responsabilidad de los uniformados- están en el centro del malestar social. El lunes fracasó un primer diálogo entre el gobierno y el colectivo más visible de los manifestantes, para desactivar la revuelta que comenzó con el rechazo en las calles a un proyecto de reforma tributaria regresiva planteada para hacer frente a los estragos de la pandemia que deja casi 79.000 muertos.
Duque "fue complaciente con los usos excesivos de la fuerza pública", lamentó la líder estudiantil Jennifer Pedraza, antes de llamar a nuevas movilizaciones para este miércoles.
La reacción de las fuerzas policiales alimentó la ira popular y hoy Colombia enfrenta varios focos de protesta que reclaman un cambio en la conducción del país, ante el aumento de la pobreza que castiga al 42,5% de la población, la desigualdad, la corrupción y el regreso de la violencia después del pacto de paz.
Este martes el Alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, aseguró en W Radio que los "abusos policiales" no solo se "han condenado sino que ya están siendo judicializados". El lunes la policía anunció la suspensión de cinco efectivos y 62 investigaciones en curso por presuntos atropellos cometidos durante las movilizaciones.
El comisionado Ceballos insistió en señalar por igual los "abusos de ciudadanos que hieren a otros ciudadanos" y "a la fuerza pública".
Junto a las marchas que se producen a diario -y que suelen terminar en choques con el cuerpo antidisturbios- hay ciudades bloqueadas por los manifestantes como Cali, donde ya se registran escenas de desabastecimiento.
Una mesa de negociación
Los contactos entre el gobierno y los líderes de la protesta continuaron en busca de una salida negociada. Además del pedido del cese de la violencia a quienes hacen ejercicio legítimo de su derecho a la protesta, el Comité Nacional del Paro exige una renta básica de por lo menos un salario mínimo legal mensual, la defensa de la producción nacional (agropecuaria, industrial, artesanal, campesina) y detener las erradicaciones forzadas de cultivos de uso ilícito y aspersiones aéreas con glifosato.
Asimismo, reclama subsidios a las pymes y empleo con derecho y una política que defienda la soberanía y seguridad alimentaria. En términos educativos, exige la matrícula cero y la no alternancia educativa. La no discriminación de género, diversidad sexual y étnica y el fin de las privatizaciones.
Al respecto, el gobierno planteó seis puntos de discusión: vacunación masiva, reactivación segura, no violencia, protección a los más vulnerables, estabilización de las finanzas públicas y matrícula cero.
El rostro de las víctimas
Este martes se informó sobre la muerte de dos jóvenes que pasaron varios días en estado crítico, a causa de heridas sufridas durante las manifestaciones.
El presidente Duque lamentó el deceso y pidió que se castigue "a los responsables" con "todo el peso de la ley", en Twitter.
La ONG Lazos de dignidad también dio a conocer el fallecimiento de Alejandro Zapata, de 20 años, "herido de gravedad por miembros del Esmad" (escuadrón antidisturbios) durante una manifestación el 1 de mayo en el sur de Bogotá.
Según la alcaldesa Claudia López, se trata de la primera víctima mortal en la capital en dos semanas de agitación social. "Una ONG afirma que [el ataque] fue en la protesta y como tal lo investigaremos", agregó la mandataria local en Twitter.
La ONU, la Unión Europea, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y países como Estados Unidos denunciaron el uso desproporcionado de la fuerza para contener las manifestaciones.
Confirman la muerte de Lucas Villa, el manifestante que recibió 8 disparos durante una protesta en Colombia
Este martes se confirmó la muerte del estudiante y activista colombiano Lucas Villa Vásquez, quien se encontraba en terapia intensiva en un hospital luego de recibir ocho disparos, por parte de desconocidos, la noche del pasado 5 de mayo en la ciudad de Pereira, la capital de Risaralda, en medio de una protesta.
El fallecimiento del manifestante, de 37 años, ocurrió la noche del lunes, según confirmó su tía, Marta de las Salas, a Radio Nacional de Colombia, horas después de que un estudio arrojara que presentaba una isquemia cerebral global, por lo que los médicos declararon su muerte encefálica.
Villa Vásquez permaneció cinco días en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario San Jorge de Pereira, donde se mantenía conectado a un respirador. El cuerpo del activista ya fue trasladado a Medicina Legal.
Sobre las acciones del Gobierno para esclarecer los hechos, el ministro de Defensa, Diego Molano, anunció que un cuerpo élite se trasladó a Pereira para la investigación y que la Policía de Colombia ofrece 100 millones de pesos (casi 27.000 dólares) "por información para capturar a los responsables".
Por su parte, el presidente colombiano, Iván Duque, lamentó el hecho y manifestó que se aplicará "todo el peso de la ley" a los responsables.
El pasado 5 de mayo, mientras manifestaban de manera pacífica, Villa Vásquez y Andrés Felipe Castaño fueron baleados en el viaducto César Gaviria de Pereira. El momento del ataque, que habría sido perpetrado por un hombre en motocicleta, quedó registrado en un video que se difundió en las redes sociales.
En otra grabación, antes de recibir los ocho disparos, se aprecia al activista diciendo a cámara: "No están matando en Colombia".
Reacciones
La noticia de la muerte del activista, que ha sido considerado como el ícono de las recientes protestas en Colombia, causó conmoción, tras casi dos semanas de manifestaciones en el país suramericano en medio de una creciente tensión política y social.
Algunos hechos de violencia contra quienes participan en las movilizaciones han sido registrados en videos divulgados en las redes sociales y denunciados por organizaciones de defensa de los derechos humanos.
En los registros audiovisuales se han evidenciado acciones de grupos de civiles armados contra los manifestantes, además de actuaciones desproporcionadas por parte de la Fuerza Pública.
Desde el inicio de las protestas el Colombia, el pasado 28 de abril, la Defensoría del Pueblo ha registrado 26 civiles muertos y un agente de la fuerza pública. Por su parte, organizaciones sociales elevan esa cifra a 47 e indican que al menos 39 de los casos se debieron a "violencia policial", de acuerdo con un comunicado publicado el pasado domingo por la ONG Temblores y el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).
Al menos 550 desaparecidos durante las protestas en Colombia
Aunque el pliego de demandas del Comité Nacional del Paro incluye no menos de 10 puntos, la ola de represión y ataques a las marchas por parte de las fuerzas de seguridad –que además dejaron al menos 47 muertos- corrió cualquier otro eje y todo quedó concentrado en el reclamo para que se respete el derecho a la protesta, defendido además por organismos internacionales.
La Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas (UPBD) dependiente de la Defensoría del Pueblo de Colombia, que relevó la información de unas 26 organizaciones de DDHH, dio a conocer ese número de más de 548 personas desaparecidas, aunque la actitud de las fuerzas policiales y militares justamente dificulta el relevamiento porque los ciudadanos se rehúsan a “avisar” de su paradero.
En las redes sociales circulan centenares de videos que muestran cómo la policía y especialmente el Esmad (Escuadrón Antidisturbios) ataca a los manifestantes en Cali, Medellín, Pasto, Barranquilla, Bogotá y otras, con ráfagas de aturdidoras, gases lacrimógenos y munición real.
Activistas denunciaron además que las cuentas de Twitter e Instagram de medios independientes están siendo bloqueadas para evitar la viralización de esas imágenes.La campaña Defender la Libertad, de la que forman parte varias organizaciones de la sociedad civil, recibió 569 denuncias por agresiones y violencia a manos de los agentes.
En Colombia, los delitos que son cometidos por integrantes de las fuerzas de seguridad en el desarrollo de sus funciones son juzgados, en principio, ante la Justicia Penal Militar, aunque casi nunca lo son (excepto si el agredido es un VIP). Esto no impide, no obstante, que la Fiscalía adelante sus indagaciones y pueda pedir la competencia de los procesos o que se acuda a los tribunales para decidir quién asume los casos. La jurisdicción militar no incluye, no obstante, los delitos de tortura, genocidio, desaparición forzada, lesa humanidad o aquellos que atenten contra el Derecho Internacional Humanitario.
Ante el número de violaciones denunciadas por los medios, las cuestiones “técnicas” sobre el uso salvaje de la fuerza quedaron en el centro del debate e incluso se discutió en los diarios de mayor circulación, todos de derecha, el concepto de “desaparición forzada”. El diario El Espectador publicó en su sitio digital un extenso y contundente informe con testimonios de jóvenes que estuvieron detenidos extraoficialmente algunas horas y que relataron los golpes y torturas que recibieron, mientras sus familiares los buscaban y denunciaban sus desapariciones en las redes sociales.
En las protestas, además de bloqueos de calles y rutas, indígenas misak voltearon la estatua de Gonzalo Jiménez de Quesada, el conquistador español fundador de Bogotá, que estaba en una plazoleta a pocas cuadras del Palacio de Nariño, la sede presidencial. Otro grupo de la comunidad había hecho lo mismo la semana pasada con la figura del también conquistador Sebastián de Belalcázar en Cali.
Hasta ayer se contabilizaban 47 asesinados tras represión contra manifestantes
El Instituto de Estudios para la Paz (Indepaz) y la Organización No Gubernamental (ONG) Temblores informaron este sábado que tras 11 días de masivas movilizaciones, Colombia registra 47 víctimas mortales producto de la represión perpetrada por agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) y del Ejército Nacional.
De acuerdo a las organizaciones sociales de los 47 asesinados, 39 son a causa de la violencia policial, "la ONG Temblores señala que en Colombia se han presentado 963 detenciones arbitrarias y 12 casos de violencia sexual", agrega el informe.
Pese a que el pasado miércoles el país contaba con 14 personas con lesiones oculares, tres días después la cifra ascendió contabilizando un total de 28 ciudadanos reportados con heridas en los ojos.
"Entre el 28 de abril al 8 de mayo se han presentado 278 agresiones por la Policía, así como 1.876 hechos catalogados como violentos con base a registros audiovisuales", explica el documento de ambas organizaciones.
Respecto a las ciudades, Cali (Valle del Cauca) cuenta con 35 asesinados, seguido de Bogotá (capital), Soacha, Pereira y Madrid (cundinamarca) con dos víctimas cada uno.
Pese a las amenazas del general del Ejército de mantener el despliegue de sus hombres y a la represión del ESMAD, los colombianos volvieron a las calles a manifestarse contra las políticas emprendidas por el presidente Iván Duque.
El pasado viernes los protestantes en Cali denunciaron que agentes de Policía vestidos de civil atacaron con armas de fuego a las movilizaciones.
Sin la "excusa" de la guerra, el conflicto más postergado llega a las calles: ¿cuáles son las raíces de la protesta social en Colombia?
Ni la pandemia, que acumula más de 76.000 muertes y casi 3 millones de contagios, ha podido frenar el descontento popular. Las jornadas de protestas contra el Gobierno de Iván Duque empezaron en 2019, siguieron en 2020 (interrumpidas brevemente por los confinamientos y las cuarentenas) y se han recrudecido hoy. En ese período, los indicadores de Colombia —considerada una nación "ejemplo de éxito" por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)— no han hecho más que empeorar.
La semana pasada, cifras oficiales revelaron que la pobreza en Colombia alcanza a 21 millones de personas, es decir, 42 % del país. El dato de desplazados, que en 2016 era de 7,2 millones, se ha elevado a casi 8 millones; el asesinato sistemático de líderes sociales y de excombatientes de la guerrilla persiste y, solo en lo que va de 2021, han matado a 79. En ese contexto, la propuesta de una reforma tributaria que afectaría especialmente a los más pobres fue el chispazo que faltaba.
"La gente se cansó y se echó a la calle. La reforma tributaria propuesta por el Gobierno no fue más que el gatillo que disparó unas necesidades y unas demandas que tienen una raíz histórica mucho más profunda", resume el investigador Richard Tamayo, doctor en derecho de la Universidad del Rosario y maestro en Filosofía de la Universidad Javeriana. Pero, ¿por qué ahora cobran mayor visibilidad?
Para la politóloga y analista Andrea Salazar, quien acompañó las primeras conversaciones entre el Gobierno y la extinta guerrilla de las FARC, hay un punto clave: "La realidad es que haber firmado un acuerdo de paz, con todas las dificultades de la implementación, lo que hace es justamente que nos quedemos sin excusa para enfrentar los conflictos que históricamente hemos tenido. Además, estos ya no se tramitan en la selva, en la montaña, sino que se trasladan a escenarios mucho más urbanos". El problema es que, tanto en el discurso como en la acción, la respuesta del Ejecutivo sigue anclada en una lógica belicista que ya tiene un saldo mortal que lo demuestra: 37 muertos, casi todos presuntamente a manos de la fuerza pública.
¿Qué pasa en Colombia?
Colombia arrastra un conflicto estructural que tiene que ver con la tenencia de la tierra. Las pugnas por el territorio, que provocaron el despojo violento de muchos para la riqueza de pocos, fueron el germen de una guerra hace casi seis décadas en la que tomaron parte diversos actores armados, y que se agravó después con las dinámicas del "narcotráfico, la explotación minera y energética, los modelos agroindustriales y las alianzas criminales entre paramilitares, políticos, servidores públicos, élites locales económicas y empresariales, y narcotraficantes", tal como documenta el Centro Nacional de Memoria Histórica.
En 2016, con el acuerdo entre el Gobierno y las FARC, se declaró la paz. Sin embargo, ese pacto implicaba una difícil implementación que, por ahora, sigue pendiente. Los asesinatos de excombatientes, el nacimiento de nuevas estructuras criminales que pretenden tomar control de las áreas dejadas por la guerrilla desmovilizada, la permanencia de grupos paramilitares y la consolidación del narcotráfico —que amplía su presencia en el territorio colombiano—, se suma a la violencia silente de la desigualdad económica social y económica.
En ese polvorín, Duque no solo ha puesto sobre la mesa proyectos como la fallida reforma tributaria, sino también promovido un decreto que abre las puertas para la fumigación de cultivos de coca con glifosato, alentado concesiones mineras y energéticas en territorios en conflicto, promocionado un cuestionado cambio al sistema de pensiones y, en definitiva, dictando una serie de medidas impopulares que empujan a la población a las calles.
Para Tamayo, en vez de atender las demandas históricas y la pobreza emergente por la pandemia, la Administración de Duque "lo único que está haciendo es aliviar el bolsillo de los bancos y armar aún más al país", ya que el Gobierno colombiano anunció la posible compra de aviones y armamento por 4.000 millones de dólares, casi 60 % de lo que pretendía recaudar con la reforma tributaria (6.400 millones de dólares).
Los analistas consultados por RT apuntan a la "desconexión" del Gobierno con la realidad actual del país, una cuestión que para ellos es evidente en las prioridades establecidas por Duque: la seguridad nacional y las finanzas macro. "Creen que los bancos —dice Tamayo— pueden salvar, pero no se han dado cuenta que es la gente la que se está muriendo de hambre, que esas personas reclaman una atención urgente y oportuna".
"Vándalos y terroristas"
Desde la institucionalidad, el mensaje del Gobierno insiste en vincular la protesta social con el discurso de la guerra. Así, el ministro de Defensa de Colombia, Diego Molano, ha llamado "terroristas" a los manifestantes y ha asegurado que tienen nexos con el ELN y las disidencias de las FARC. Y eso no es gratuito.
"Colombia es un país que históricamente ha estigmatizado la movilización social y la protesta", comenta Salazar. En 2019, las marchas multitudinarias que se vieron en las calles para reclamar la efectiva implementación del acuerdo de paz, la atención a las necesidades de los entornos rurales y una reforma a la justicia, fueron respondidas con mano dura. Tras la muerte de varios manifestantes, el Gobierno prometió una mesa de diálogo para marzo de 2020 que, con la llegada de la pandemia, quedó en suspenso. En septiembre del año pasado, el asesinato de Javier Ordóñez a manos de un agente policial avivó la rabia y la calle volvió a encenderse. El saldo de esas protestas fue de 13 muertos.
En esa oportunidad, la respuesta del Estado implicó el uso de una manida estrategia de culpar a Venezuela y las "brisas bolivarianas" de haber alentado a las protestas, como si en Colombia no hubiese razones legítimas y reales que justificaran la movilización. Esa estigmatización se ha repetido ahora. Además de vincular las marchas con la guerrilla, el Gobierno también pretende responsabilizar a Caracas.
Tamayo alerta sobre el peligro de que las instituciones del Estado señalen a los manifestantes de ser "terroristas" y "vándalos", en un país donde los medios de comunicación repiten el discurso oficial "generando todo un entorno de opinión que puede llegar a justificar las muertes de los ciudadanos". Esta semana, en redes sociales, el investigador y profesor universitario hizo alusión a un tuit del expresidente Álvaro Uribe, en el que hacía referencia a una "revolución molecular disipada".
El concepto, que parecía derivado de una teoría conspirativa, se atribuyó al neonazi chileno Alexis López. Según esa tesis, explica Tamayo, "las manifestaciones no son nada más que actos vandálicos que están dirigidos a desestabilizar al Estado, y por tanto, deben ser atendidas militarmente".
"Nuestra preocupación es que no solo el Gobierno de Colombia se está asesorando con este tipo de líderes neonazis, sino que esto ya se está reflejando en el modo en que se están atendiendo las protestas, que no se ven como un problema de derechos, sino de seguridad nacional. En las ciudades, se ha visto que las manifestaciones son enfrentadas con armas de carácter letal, es decir, la fuerza pública no busca 'neutralizar' a los supuestos vándalos, sino eliminarlos".
Esta semana, el video de López mientras dictaba una conferencia en la Universidad Militar Nueva Granada fue ampliamente debatido en redes sociales. "El Ministerio de Defensa se ha encargado de formar a los militares dentro de los lineamientos dentro de esa doctrina y lo que están haciendo estas personas, al propagar el discurso de odio, debería ser penalizado", sostiene Tamayo.
Para él, la formación del Ejército en doctrinas que justifican el exterminio solo puede derivar en una "masacre de Estado". La preocupación crece aún más si —como ha sido solicitado por algunos factores aliados al Gobierno— se decreta el Estado de Conmoción Interior, que faculta al presidente para la suspensión de garantías en todo el país.
"La doctrina de la 'revolución molecular disipada' —explica Tamayo—hace del estado de sitio el más deseable para ejecutar las políticas necesarias que permitan evitar lo que ellos llaman 'la postración del Estado a la izquierda radical'. Si finalmente se aprueba, lo único que se puede esperar es un empeoramiento de las condiciones y una crisis humanitaria sin precedentes en nuestro país".
Aunque pueda parecer improbable, en Colombia ya se han cometido exterminios que por años quedaron sepultados bajo la justificación oficial. Entre esos, el asesinato de más de 4.000 miembros de la izquierdista Unión Patriótica (UP); o la política de 'falsos positivos', que permitió que civiles fueran presentados por el Ejército como "bajas en combate", disfrazándolos de guerrilleros.
El conflicto ya no está lejos
En la última semana, además de las escenas de la fuerza pública disparando, deteniendo y apaleando a manifestantes, también se han observado actos de vandalismo por parte de los participantes en las protestas, quemas de estaciones policiales y bloqueo de vías públicas, algo que el Gobierno no ha dudado en calificar de "terrorismo".
Pero la indignación con la que el Ejecutivo condena la destrucción de bienes públicos y el ataque a los efectivos policiales no ha sido la misma para referirse a las víctimas fatales, que son casi en su totalidad de civiles. Además, Duque convocó esta semana a un nuevo diálogo y en vez de citar primero a los representantes del Paro Nacional, decidió arrancar con las instituciones de Gobierno, algo que no ha sido bien visto por los protagonistas de la protesta.
Por otra parte, Salazar hace énfasis en el hecho de que las manifestaciones ocurren en el último año de Gobierno de Duque, algo que las convierte "en el gran caldo de cultivo para que muchísimos intereses, desde todas las esquinas, aprovechen la movilización social e incluso tergiversen lo que está sucediendo". Para la investigadora, la respuesta represiva del uribismo y la reacción de la izquierda, dejan "poco margen de acción" para que la sociedad escape de la polarización.
En medio de esa indignación, las redes irrumpen como amplificadores. Si bien Salazar reconoce que esas plataformas han servido para visibilizar reclamos históricamente silenciados, también estima que el relato fragmentado provoca que las reacciones sean volátiles y los análisis escasos. "Creo que no somos del todo conscientes de la lectura que hacemos de la información que estamos viendo, de cómo la digerimos, así que es muy fácil caer en extremismos y fanatismos sin hacer lecturas más juiciosas".
El conflicto colombiano, sin embargo, no es solo un asunto de las redes sociales. Para el profesor Tamayo, por primera vez en décadas hay un "despertar democrático solidario", que ha unido en un mismo reclamo a las comunidades más vulnerables del país: jóvenes, indígenas, comunidades negras, campesinos. Y con una voz que se alza cada vez más cerca de las ciudades.
La aproximación del conflicto a contextos urbanos que siempre se sintieron lejos de los problemas de la Colombia profunda, ha cimbrado a los sectores privilegiados. "A las personas de los estratos más altos —argumenta Salazar— les empieza a incomodar porque ya oyen la cacerola, ya les afectan los lugares donde transitan. Esos grupos, que han vivido bajo la lógica de estigmatizar las marchas, quisieran que las protestas fuesen estériles, organizadas, que no afectaran, que no incomodaran, pero la manifestación social, por definición, tiene que incomodar. No estoy diciendo que tiene que usar la violencia, pero sí tiene que incomodar para poder generar el llamado de atención necesario: un sistema que nadie cuestiona no tiene la necesidad de reinventarse, de mejorar o de transformarse. Las élites desconectadas de la realidad ahora pueden ver los que los conflictos históricos empiezan a aparecer en su propia calle".
Nazareth Balbás
Colombia: Estado terrorista colonizado, disfrazado de democracia
El velo se ha corroído y desgastado tanto que ya no encubre.
Las máscaras se caen al piso.
Las mentiras al desnudo no resisten más repeticiones de agencias, medios y cadenas de desinformación al servicio del llamado “mundo libre”.
Lo tanto es inocultable.
CIA, DEA, MOSSAD, PENTÁGONO-COMANDO SUR… ya no pueden ocultar sus complicidades y sus culpas en la explosiva crisis política colombiana y su larga estela de muertes, desapariciones y sufrimientos.
Las bases militares estadounidenses, el ingreso de Colombia a la OTAN y la extrema subordinación del poder constituido a EEUU ha aplastado drásticamente la soberanía colombiana, quizás como ningún otro caso latino-caribeño.
Allí no hay posibilidad de rejuego de autonomía limitada. El coloniaje imperial es feroz y, además, complacientemente aceptado por los protagonistas y beneficiarios de de esa falsa democracia.
Las intermediaciones nativas tipo DAS, Centrales de Inteligencia de las Fuerzas Armadas, Presidentes, Ministros de Defensa, oligarcas, comunicadores… suben a la superficie por más que traten de enterrarlos o encubrirlas.
Los mercenarios, bajo el manto de corporaciones gringas, no pueden negar el patrocinio de EEUU.
Más de seis mil “falsos positivos” en los gobiernos de Uribe y de Santos no es poca cosa. El objetivo prioritario de las acciones criminales planeadas desde la Central de Inteligencia de la Armada Nacional en Bogotá, ha sido asesinar a líderes sindicales y sociales, eliminar ex -guerrilleros firmantes de la paz y generar terror en gran escala.
El paramilitarismo -forjado por la asesoría estadounidense, tutelado por el alto mando militar y alimentado por la narco-corrupción- se ha desbordado grotescamente en la ejecución de innumerables fechorías, tanto en la guerra impuesta como en la “paz” chueca o chimba.
BAJO EL DOMINIO DE UN ESTADO TERRORISTA NO PUEDE HABER PAZ
Antes se decía que los asesinatos y las masacres eran causados por la existencia y el accionar de las guerrillas, y hasta se pregonaba que la “democracia colombiana” estaba por esa razón compelida a una “profilaxis” violenta.
Tal versión procuraba poner las cosas al revés, pese a que la “democracia representativa” colombiana, se tornó tempranamente en un Estado súper-violento y poco después en Estado terrorista y narco-terrorista integral.
La violencia, plagada de masacres, fosas comunes, moto-sierras, mutilaciones, asesinatos y torturas, se inició a finales de la década de los 40 con el asesinato de Gaitán y el genocidio campesino, y desde entonces no ha cesado.
La Marquetalia de Marulanda solo fue una digna respuesta del campesinado masacrado y del atrevido y audaz inicio del pueblo de esa joven Nación al legítimo ejercicio del derecho a la insurrección; derecho reconocido por la ONU, antes de ser políticamente pervertida por EU y la UE.
No puede escapar a estas necesarias valoraciones subversivas del largo imperio de la mentira oficial, el hecho de que cada vez que la insurgencia colombiana ha intentado acordar la paz, la violencia se ensaña más contra ella y contra su pueblo.
Esto fue lo que aconteció cuando, luego de un pacto de paz, la Unión Patriótica pasó a la legalidad: el costo fue de alrededor de 5000 víctimas mortales del Terrorismo de Estado santanderiano.
Pasa ahora, inmediatamente después del intento de paz concertado en la Habana y traicionado tan pronto fue proclamado, y quien sabe si desde antes de “cuajar”.
Porque en verdad, con un Estado Terrorista y sus gobiernos asesinos, es imposible lograr garantías de paz. A quien ejerce la cultura de la muerte con tanta pasión y sin el menor escrúpulo, no le cuesta nada engañar; más bien siente placer y se regocija de no cumplir la palabra empeñada.
El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz de Colombia (IDEPAZ) destacó que “desde la firma del Acuerdo de Paz en Colombia, en 2016, hasta el 15 de julio de 2020, 971 líderes sociales y personas defensoras de derechos humanos han sido asesinadas en el país”, y adicionalmente se produjeron 31 masacres con un total de 132 víctimas
Pero no solo. El terror continuó en ascenso en el último semestre del 2020, en plena pandemia; y el balance en el 2021, de enero a la fecha, es el siguiente:
- Otros 57 líderes sociales y activistas de derechos humanos fueron asesinados/as.
- 22 ex–guerrilleros/as corrieron la misma suerte.
- Y las masacres se elevaron a 91, mientras en las protestas del Iro. de Mayo contra otro intento de masacre fiscal, fueron acribillados/as 19 colombianos/as tras las descarada orden del Presidente Duque de “disparar” a matar.
A los compases de esa ruta macabra, EEUU, la Unión Europea, el Estado terrorista Israelí y el Grupo de Lima, no han cesado en involucrarse con ese poder colombiano colonizado y gansterizado en la pérfida misión de desestabilizar y revertir el proceso bolivariano; activando toda la plataforma militar y paramilitar de ese Estado vasallo en vía de ser reventado por un pueblo que ha dicho basta y ha vuelto a rebelarse como lo hizo en aquel bogotazo y en aquella Marquetalia, de nuevo activadas.
Es muy penoso que para que se produzcan algunas tímidas críticas de los ya degradados organismos multilaterales de este injusto y maltrecho orden internacional, tenga que evidenciarse tan cruel balance; mientras, apostando al olvido y a la perpetuación del sistema en crisis, sus mentores de seguro seguirán llamando “democracia” al engendro oligárquico-imperial colombiano y a todos los regímenes parecidos.
En tanto ellos apuestan al olvido y a prolongar lo que, como en Chile, Haití, Honduras…sus bravos pueblos impugnan, en el campo de la fuerzas transformadoras de Nuestra América no debe haber espacio para vacilar en respecto a la pertinencia de la insumisión colectiva y a la solidaridad sin límites que debe conducir a aislar a sus criminales opresores, en procura de que el pueblo colombiano arranque de raíz el régimen oprobioso que le han impuesto y ajuste cuenta con sus verdugos.
5-5-2021 Santo Domingo RD
Un paro cívico épico
Desde el pasado 28 de abril Colombia registra una gigantesca movilización social desatada a raíz del trámite de una absurda e inoportuna reforma tributaria que desato la rabia de diversos sectores de la sociedad afectados por la carga de impuestos contenida en la propuesta de nuevos impuestos y recortes al gasto social del Estado.
Tan pronto como se dio a conocer el contenido de la iniciativa fiscal las reacciones no se hicieron esperar y el Comando Nacional del Paro convoco a un cese indefinido con una primera jornada el 28 de abril, seguida de las manifestaciones del 1 de mayo, la de hoy 5 de mayo y la del 19 del mes en curso.
La acción de la multitud ha mostrado una inusual potencia en y Cali, Bogotá, Pasto, Pereira, Ibagué, la incursión popular ha registrado características insurreccionales, con expresiones de poder social democrático en los territorios.
La respuesta del gobierno y de la ultraderecha uribista, al control de los principales entes del poder político, ha sido la del uso de la violencia policial y militar provocando la muerte de varias decenas de ciudadanos, particularmente en Cali.
El ex Presidente Alvaro Uribe, el eje del campo de la oligarquía mafiosa, con el control absoluto que ejerce sobre las cúpulas militares y policiales ha ordenado plomo y fusil para aplastar la contundente arremetida de los trabajadores, los jóvenes, los indígenas y campesinos.
A pesar de la sangre corrida, la movilización social ha crecido y la indignación de la sociedad se ha disparado provocando una nueva acción de masas este 5 de mayo, la cual se espera cobre las dimensiones de un verdadero salto político provocando replanteamientos radicales del cuadro critico en que está sumida Colombia. Algo así como lo ocurrido en 1957, cuando la ciudadanía se volcó al espacio público para dar fin a la sangrienta y corrupta dictadura del General Gustavo Rojas Pinilla.
Con todo y esto es necesario plantearse las siguientes cuestiones ¿Qué alcances tendrá la actual movilización popular en la perspectiva de la superación del actual régimen de dominación oligárquica? ¿es dable pensar en un salto hacia un nuevo gobierno que implique la salida del Presidente Iván Duque y la constitución de un gobierno provisional que prepara unas elecciones anticipadas para escoger un nuevo Jefe de Gobierno?
Todo es posible dado el curso que están tomando los acontecimientos y vista la incidencia del Comando Nacional del Paro y del liderazgo del Senador Gustavo Petro, ciertamente la figura con el mayor protagonismo en los objetivos de la movilización y en el uso de nuevos repertorios de acción huelguística.
Por la experiencia histórica, el alcance de los movimientos sociales es bastante limitado en el ámbito político, pues los mismos tienden al declive por el agotamiento de las energías encausadas. Así sucedió con las huelgas agrarias del 2013 que fueron desactivadas con las prebendas del gobierno del señor Santos y la corrupción de muchos líderes de las asociaciones agrarias.
Pero hoy, las cosas ofrecen otras peculiaridades y superado el inmediatismo, es posible conjeturar que la gigantesca acción popular en curso tendrá unos impactos políticos definitivos en el desalojo del uribismo y su caudillo de los puntos estratégicos del Estado, particularmente en los sectores armados que necesariamente van a presentar grietas, pues hay sectores de la oficialidad militar que rechazan la grotesca manipulación de Uribe Vélez y su partido.
Es probable que como en 1957 caiga aquí el sistema violento y mafioso de gobierno que encabeza Duque y su Jefe, el expresidente de marras.
Petro, el líder con mayor opción de asumir la Presidencia de la Republica, ha dicho que quiere una salida pacífica de la actual crisis y le ha dicho a Duque que se aparte de la subordinación a Uribe Vélez, algo que parece improbable.
Duque convoco ayer a unos diálogos en los que nadie cree dada la experiencia reciente con esos escenarios, que fueron utilizados por el actual Ministro de la Defensa para sabotear el Pliego de peticiones de las Centrales obreras durante el 2019 y el 2020.
Con el fracaso de tal estrategia no es difícil prever un mayor empantanamiento del campo político en el que Duque y su gobierno ciertamente presentan un grado extremo de debilitamiento.
Seguramente Uribe intentara una jugada política para no perder el control del gobierno y en ese sentido su acción para manipular los militares ha ganado intensidad. El Ejercito está en manos de un lumpen energúmeno (Zapateiro) permeado por unas extravagantes ideas de “contrarrevolución molecular”, las mismas que le dan sustento a sus operaciones de rastrillo bélico en los centros urbanos tal como lo hemos visto en Cali y anoche en Bogotá.
En esas estamos al día de hoy. Esperemos los resultados de la gesta épica que se mueve para este 5 de mayo del 2021.
Por qué Cali es considerada el epicentro de las protestas en Colombia
Cali arde desde antes. La tercera ciudad más importante de Colombia, después de Medellín y Bogotá, es el foco de atención de los medios en los últimos días por las impactantes imágenes de violencia, represión policial y desmanes, pero el polvorín se ha formado durante años. La reforma tributaria del Gobierno de Iván Duque, lanzada (y retirada) durante la pandemia, solo lo hizo explotar.
La capital del Valle del Cauca, ubicada entre las regiones Andina y Pacífico, es considerada como "la ciudad de los desplazados". En esa etiqueta se evidencia el saldo más doloroso de la violencia armada, que persiste a pesar de haberse firmado la paz con la guerrilla más antigua de la región, y que se traduce en un conflicto latente de desigualdad económica y estigmatización social, agravada por la herencia del narcotráfico.
En ese contexto se han desarrollado las protestas de la última semana. Hasta el momento, las autoridades han confirmado al menos 19 muertos, cientos de heridos y más de 80 desaparecidos, mientas Cali se mantiene militarizada.
Las imágenes de la violencia, que han sido profusamente difundidas en redes sociales, dan cuenta del uso de armas de fuego por parte de las autoridades, pero también de civiles, así como el bloqueo a vías de acceso a la ciudad, el desabasto en comercios, la destrucción de mobiliario público, vandalismo y una indignación que empieza a rebasar la coyuntura para poner el dedo en una herida más profunda. Entonces, ¿por qué Cali?
"Halcones de la muerte"
La nueva ola de protestas se inició en toda Colombia desde el 28 de abril. Pero el viernes pasado, un tuit del expresidente Álvaro Uribe llamando a respaldar el uso de armas de fuego contra los manifestantes levantó la indignación a tal punto que Twitter tuvo que eliminarlo.
Para Uribe, jefe político del presidente Iván Duque, los policías y soldados debían usar su armamento para "defender a la población" de la "acción criminal del terrorismo vandálico", en un discurso que además se volcó a criminalizar las protestas. Un día después, el propio ministro de Defensa, Diego Molano, aseguró que detrás de las manifestaciones estaban factores del narcotráfico, así como las disidencias de las FARC y el ELN, una versión que fue respaldada este miércoles por la Fiscalía.
Aunque el fiscal general de la nación, Francisco Barbosa Delgado, prometió investigar "todas las agresiones" perpetradas por la fuerza pública contra los manifestantes, insistió en que también se pondría la lupa en las acciones contra la policía y los militares, destacando que el derecho legítimo a la protesta tiene "un límite" y no será "permeado por la delincuencia organizada".
Del lado de los manifestantes, sin embargo, la situación es otra. Con llamados de "paren esta masacre" y "nos están matando", las personas que han tomado las calles para expresar su repudio a la gestión de Duque y padecido la represión, no cesan de mostrar en redes sociales la acción desproporcionada de agentes que disparan armas de fuego contra multitudes, detienen arbitrariamente a la población, corretean a quienes se reúnen para reclamar y arremeten contra las poblaciones más desfavorecidas de Cali, como Siloé y La Luna.
En contraste con los llamados a diálogo que ha hecho el Gobierno nacional, en redes sociales abundan las denuncias de los caleños por los abusos policiales, el sabotaje a internet para impedir la transmisiones que les permiten sortear el silencio de los medios tradicionales en Colombia, y la indefensión frente a las muertes, desapariciones, detenciones y centenares de heridos, que ni siquiera han sido consolidadas oficialmente. Los números de víctimas varían dependiendo de quien dé las cifras.
El lunes, tras conocerse la muerte de Nicolás Guerrero, el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, no ocultó su consternación ante la situación. "Condeno radical y absolutamente que se hayan utilizado armas de fuego, condeno completamente que algunos halcones de la muerte quieran utilizar a Cali como teatro de operaciones, como escenario de confrontación armada. Tenemos que desescalar esta circunstancia, tenemos que convocar a la vida", dijo. Y añadió: "Hay manos criminales en esas actividades".
Desigualdad, desplazamiento y narcotráfico
La imagen opuesta de la represión policial en las zonas populares de Cali está en Ciudad Jardín, uno de los barrios más acomodados de la capital de Valle del Cauca, donde sus habitantes han amenazado con usar sus armas para repeler cualquier ataque de los "vándalos".
El martes, los videos de camionetas de lujo blindadas colmaron las redes sociales para mostrar cómo los vecinos de ese sector bloqueaban los accesos a la urbanización, situada en el sur de Cali. Esa postal, aunque particular, es muestra de los niveles de desigualdad social que están en el sustrato de esa ciudad.
Según el reporte más reciente del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), unas 6,3 millones de personas se sumaron a las filas de la pobreza en Colombia durante 2020. En el conteo de las ciudades, Cali está en el segundo puesto, después de Bogotá, con mayor número de pobres.
Esos datos, que reflejan el impacto de la pandemia en el país, tienen especial significado en Cali, donde buena parte de la población de los estratos populares vive del trabajo informal, se ha visto más afectada por las cuarentenas, reclama atención del Estado y rechazaba un proyecto tributario, como el de Duque, que pretendía imponer mayores tributos al consumo.
Además, la identificación de la capital del Valle Cauca como una ciudad que recibe a desplazados de las zonas de conflicto agrega una carga mayor a la situación, ya que estas personas no solo son víctimas económicas de la pandemia, sino también de la violencia en sus territorios, del narcotráfico y la precariedad.
De hecho, la ubicación geográfica de Cali entre zonas como el Chocó, el Cauca y el Valle del Cauca, donde el narcotráfico, el paramilitarismo y los grupos armados tienen el control ante la ausencia del Estado –desde mucho antes de las protestas–, la hacen especialmente vulnerable a flagelos como el tráfico de armas, un asunto que varios analistas han apuntado como la razón de que la situación haya escalado con mayor violencia y, hasta el momento, parezca difícil de controlar.
Por el momento, los manifestantes siguen empeñados en visibilizar sus reclamos y denunciar los excesos de la policía, mientras que el Gobierno ha convocado a un "diálogo" para tratar de calmar las críticas que se empiezan a oír, aunque con timidez, por parte de la comunidad internacional. No obstante, hay algo que está claro: Cali arde desde antes, pero ahora se ve.
Nazareth Balbás
Denuncian que un grupo de policías colombianos vestidos de civil abrió fuego contra manifestantes en Cali
Residentes de Cali, en el departamento colombiano de Valle del Cauca, denunciaron que unos policías vestidos de civil atacaron la tarde de este jueves a manifestantes en el oeste de la ciudad, en Portada al Mar.
De acuerdo con reportes, los agentes se desplazaron en un camión y, al bajar, empezaron a disparar contra los manifestantes que se encontraban en las cercanías. "Se bajaron de un camión vestidos de civil, este es uno de los camiones. […] Andan dando plomo, le están dando plomo a la gente", afirmó el hombre en un video que se difundió en las redes sociales.
Desde el Consejo Regional de Indígenas del Cauca (CRIC) señalaron que unos jóvenes "se encontraban ejerciendo control legítimo del territorio en el marco del Paro Nacional" en la zona y detuvieron un camión que "trató de transgredir el control". Afirmaron que entonces 15 individuos "fuertemente armados con fusiles" descendieron de la parte de atrás del vehículo y dispararon.
Algunas personas afirmaron que el camión pertenece a la Policía Nacional. Mientras tanto, la Guardia Indígena, CRIC, denunció que unas prendas policiales fueron encontradas en su interior.
La información al respecto fue divulgada también por el CRIC. "Dentro de este vehículo se encontraron objetos alusivos a la Policía (chaleco, gorra y esposas)" y una placa adicional, recoge, citando a los mencionados jóvenes. "Indicaron que este material de evidencia no será entregado a las autoridades sino directamente a los representantes de organizaciones internacionales para hacer la denuncia de este atentado", indicó.
En videos se observaron también a integrantes de las fuerzas militares que, según se reportó, defendieron a la población civil.
Además, medios locales reportan que representantes de la ONU, funcionarios de la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana y agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General colombiana acudieron al lugar de los hechos.
Respuesta de la Policía
Desde la Policía confirmaron que las personas en cuestión pertenecían a la institución. El general Juan Carlos Rodríguez, comandante de la Policía de Cali, declaró que unas personas realizaron "de forma sistemática extorsiones, intimidaciones con armas de fuego y exigencias económicas ilegales" en la zona desde hacía varios días.
"Antes de realizar el procedimiento, uniformados llegan al sitio y descienden del vehículo; en el momento en que se registran disparos provenientes de una multitud, situación que deja como resultado dos policías heridos, uno en el pecho y uno en una mano", declaró. En ese contexto, reiteró que "las personas en este lugar agreden a nuestros uniformados, quienes para salvaguardar su integridad se alejan del lugar, evitando hacer uso de las armas de fuego, por la cantidad de personas que se presentaban en el lugar".
Respecto a los videos que se difundieron en las redes sociales, dijo "que van a ser aportados a la autoridad competente con el fin de iniciar las investigaciones necesarias del caso".
El general rechazó que se estuviera haciendo algún ataque contra la protesta, mientras que dijo que se trataba de miembros de la Policía Judicial que visten prendas de civil.
Represión a protestas en Cali, Colombia, deja al menos catorce muertos
Según la Red de DDHH Francisco Isaias Cifuentes, la violencia policial ha dejado un saldo de 84 detenidos, 28 heridos y tres manifestantes desaparecidos. Desde las comunidades han reportado 14 muertes por la represión en varios barrios de la ciudad colombiana.
Organizaciones de DDHH colombianos, denunciaron que tan solo en las primeras horas del viernes al menos ocho personas fallecieron producto de la represión policial en la ciudad de Cali, durante el tercer día de protestas contra la reforma tributaria impulsada por el presidente Ivan Duque.
También indicaron que entre los heridos, hay tres personas con pérdida de ojos y un caso de abuso sexual por parte de agentes de policía.
La Red de DDHH Francisco Isaias Cifuentes, señaló que de las ocho muertes confirmadas por las autoridades, aunque se sabe que son al menos 14 las víctimas de la violencia estatal, las primeras víctimas fueron dos menores de edad reportadas el 28 de abril.
Durante la rueda de prensa, las organizaciones de DDHH, advirtieron que no han podido desarrollar su labor bajo completa normalidad, a pesar del acuerdo previo con las autoridades, razón por la cual desconocen el paradero de algunas de las personas detenidas por las fuerzas policiales.
Las organizaciones indicaron que han recibido durante la noche del viernes reportes de violencia policial en los barrios Calipso, El Diamante y varios sectores populares de la ciudad de Cali.
Los movimientos sociales responsabilizaron al narcopresidente y al alcalde de Cali por la salvaje represión policial a las masivas manifestaciones en contra de la reforma tributaria.
Rechazaron la propuesta del narcogobierno de militarizar Cali en un intento por poner fin a las movilizaciones. El narcoministro de Defensa, Diego Molano, anunció el viernes la llegada de más de 3.000 policías y militares suplementarios a Cali.
El narcopresidente de Colombia, Iván Duque, anunció este viernes que va a revisar el proyecto de reforma tributaria rechazado con masivas movilizaciones desde el 28 de abril pasado en varias ciudades del país.
"He dado una instrucción muy clara al ministerio de Hacienda para que (...) construya (sic) un nuevo texto con el Congreso que recoja el consenso y que permita también nutrirse de propuestas valiosas" de los partidos, el sector privado y la sociedad civil, declaró en su programa cotidiano de televisión.
La propuesta de Duque fue rechazada por los movimientos sociales, sindicatos, estudiantes y otras organizaciones de la sociedad civil que la describieron como neoliberal, favorable a los más ricos y especialmente agresiva con la mayoría pobre de la población.
Colombia
07.05.2021 - Bogotá, Colombia - Gloria Arias Nieto
4 de mayo de 2021. el Espectador
Contrario a lo que pasa con su presidente, Colombia es capaz de oír y sentir la voz y la piel del pueblo, el dolor de los trapos rojos colgados de las ventanas con hambre, el contraste entre la verdad cruda y aguda y las falacias hechas de soberbia y mediocridad. Sabe mirar en serio y hacia dentro la magnitud de la discriminación y la inequidad. Colombia no se miente a sí misma, porque está agotada de que le mientan para llevarla a la guerra, para idiotizar las urnas y sostener a los jinetes de barro que no aguantan una confrontación con la realidad.
Colombia está enardecida, está de luto, mal gobernada y sumida en la incertidumbre. Pero es valiente, y mientras más la vulneran y más le desdibujan su democracia, más consolida la urgencia de afianzar su dignidad.
En las carencias de sus 21 millones de pobres hay más fortaleza que en el ruido fiero de los ajúas, esos que retumban cuando el poder está en las balas y no en la capacidad de ponerse en los zapatos de los desaparecidos, de los desplazados, los tristes, la clase media que está cada vez más pobre y los pobres que cada vez comen menos.
A Colombia le disparan a los ojos, la persiguen los robocops forrados en corazas negras y la entierran entre el barro de las veredas y el ladrillo roto de los cementerios. La quieren someter por el miedo, fracturarle la confianza y el cráneo, pero si algo hemos aprendido, en este país que amamos y nos desvela y nos reclama y tal vez nos perdone, es a persistir y resistir; a resucitar a nuestra manera entre tambores y epidemias, entre montañas, flores blancas y tanquetas, entre padrenuestros, tiranos y proclamas.
En medio del caos y las llamas que nunca debieron ser, en medio de una protesta que no para ni parará hasta que los gobernantes se dignen mirar la realidad, entre las sirenas rojas y las ventanas rotas quedaron tendidos los manifestantes muertos: “bala es lo que hay”. En las plazas llenas y en las calles viejas la vida se quebró -la quebraron- y los muchachos desgonzados quedaron con los ojos quietos mirando nada, a-diós a todo. No se combaten patadas con plomo, ni juventudes con balas. ¡No sean infames! ¿No ven que la muerte es terriblemente irreversible?
Es tanta la indignación frente a este gobierno arrogante y lacrimógeno, que pasó casi desapercibido un hecho importantísimo, consecuencia de la firma del Acuerdo de Paz: El viernes –mientras todo se salía de control– los excomandantes de las antiguas Farc radicaron ante la JEP un documento en el que reconocen su responsabilidad y dan información detallada sobre los secuestros cometidos cuando estaban en la guerrilla; no pretenden justificar lo injustificable, reconocen los tratos infames a los que sometieron a sus víctimas, piden perdón y aportan más de 300 páginas de verdad. Bueno, como la guerra no fue un monólogo ni sucedió a nuestras espaldas, ojalá los otros protagonistas, directores y consuetas, libretistas y productores, patrocinadores, utileros y cómplices, tengan el coraje de revelar –también ellos– su participación en esta historia de sangre, abandono y letalidad.
A la hora de enviar esta columna Colombia sigue en pie de protesta, y el gobierno haciendo derroche de represión e indolencia. El anuncio presidencial de militarizar el país es una estocada a la democracia y el prefacio de una tragedia incalculable. Pero Iván Duque parecería no tener un solo amigo capaz de explicarle que gobernar se trata de oír al pueblo y hacer lo mejor por dignificarlo, no por aplastarlo.
Gloria Arias Nieto
Médica y periodista, columnista de El Espectador. Promotora
de procesos de paz y reconciliación. Miembro del movimiento Defendamos
la Paz (DLP) @gloriariasnieto
Indígenas Misak tumbaron la estatua de Gonzalo Jiménez de Quesada en Bogotá
En la madrugada de este viernes 7 de mayo, un grupo de indígenas Misak que protestaba frente a la Universidad del Rosario, en el centro de Bogotá, tumbaron la estatua de Gonzalo Jiménez de Quesada. El Distrito informó que activará diálogos con esta comunidad.
Las protestas durante el Paro Nacional continúan. En el inicio del décimo día de manifestaciones un grupo de indígenas Misak tumbó la estatua de Gonzalo Jiménez que Quesada, la cual estaba ubicada en frente de la Universidad del Rosario, en el centro de Bogotá. El Distrito anunció que activaran los diálogos con esta comunidad. A su vez, la Policía hizo presencia en el lugar y retiró a los manifestantes..
El momento de la caía quedó grabada en video. Después de que la estatua ya estaba en el suelo, los indígenas celebraron tocando tambores y flautas alrededor de esta, en una forma de protesta contra los símbolos que representan la conquista española. En varias oportunidades, las comunidades indígenas han explicado que se trata de una forma de reivindicación para la justicia social e histórica por la muerte de miles de sus antepasados.
>>>Lea: La estatua caída como un llamado a repensar la historia
El Distrito aseguró esta mañana que gestores de convivencia de la Alcaldía de La Candelaria irían hasta el lugar para activar diálogos con la comunidad. Esta es la primera estatua derribada en Bogotá durante el Paro Nacional de este año. El pasado 28 de abril, en Cali, un grupo de indígenas también tumbó la estatua de Sebastián de Belalcázar.
La estatua de Gonzalo Jiménez de Quesada es un monumento en honor al fundador de la capital, la cual fue realizada por el escultor español Juan de Ávalos y Taborda. En 2017, durante la Alcaldía de Enrique Peñalosa, se realizó la recuperación de la estatua, en la cual la Universidad del Rosario invirtió $164 millones.
Gobierno entregó a Fiscalía y Familiares de desaparecidos copias de los documentos encontrados en el Grupo de Artillería 5
El ministro de Defensa Javier García y el subdirector, Cipriano Goñi, se reunieron con Ignacio Errandonea y Elena Zaffaroni, integrantes de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, para coordinar la entrega de documentos encontrados en el Grupo de Artillería 5.
El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, y el ministro de Defensa, Javier García, entregaron este martes al fiscal de Corte, Jorge Díaz, archivos de inteligencia y operativos militares perpetrados en dictadura, que fueran encontrados en el Grupo de Artillería 5 de Montevideo.
El paquete de documento consta de cinco libros y dos folders con registros de actividades del Servicio de Información y Defensa (SID) y el Órgano Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA), dos de los principales organismos de inteligencia y represión que operaron durante la dictadura cívico-militar en el Uruguay.
El Grupo de Artillería 5 de Montevideo funcionó durante la oscura etapa de la historia nacional reciente como un centro de detención y torturas contra presos políticos, y estuvo operativo entre los años 1972 y 1974.
“Vamos a tomarnos 24 o 48 horas para determinar si este material lo vamos a enviar a la Fiscalía de Delitos de Lesa Humanidad o también si otra tiene competencias”, dijo el fiscal Díaz a la salida de su encuentro con el presidente y el ministro. Calificó la información de “valiosa” y aseguró que será una importante herramienta para darles “un contexto histórico” a los delitos investigados. “Les puedo asegurar que por tres cuatro cosas que vi, la información es muy valiosa”, manifestó, y añadió que la voluntad es que la información sea pública pronto.
En esta misma jornada, el ministro de Defensa y el subdirector de la cartera, Cipriano Goñi, se reunieron con Ignacio Errandonea y Elena Zaffaroni, integrantes de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, para entregarles una copia de todos los papeles en cuestión.
Importante información
García dijo a la prensa que, entre otras cosas, los documentos incluyen solicitudes de detención de diversas personas, información de espionaje e inteligencia de varias personas y organizaciones como partidos políticos, sindicatos, movimientos sociales y demás. También contiene partes operativos de militares así como de actividades de gente infiltrada en los grupos civiles antes mencionados.
Otros documentos dan cuenta de declaraciones de detenidos y registros de la actividad del ejército argentino y organizaciones de otros países en el Uruguay.
García también explicó que hay registros de actividades ilícitas y violentas de los años 1972, 1973 y 1986, años anteriores y posteriores a la dictadura cívico-militar.
Madres y Familiares de Desaparecidos exige se descubra toda la documentación sobre la dictadura
El integrante de la agrupación Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos Ignacio Errandonea aseguró que existen documentos sobre la dictadura cívico – militar (1973-1985) que los integrantes de las Fuerzas Armadas los tienen escondidos, y reclamó que de una vez por todas aparezca la verdad, no sólo sobre los desaparecidos sino todas las aberraciones que se cometieron en el gobierno de facto.
En las últimas horas, se conoció que funcionarios del Ministerio de Defensa Nacional encontraron cinco libros y dos carpetas que registran órdenes del Servicio de Información y Defensa (SID) y del Órgano Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA) de la dictadura militar, según informó El País.
Los documentos fueron hallados en el Grupo de Artillería Número 5 de Montevideo, que funcionó como centro clandestino de detención y tortura entre 1972 y 1974.
Por su parte, el ministro de Defensa Nacional, Javier García, dijo que entregará la documentación a la Fiscalía General de la Nación y a la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH), informó la agencia EFE.
Toda la información
En tal sentido, este lunes 10 de mayo, el integrante de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, Ignacio Errandonea, dijo se enteraron del hallazgo por la prensa.
Remarcó que, como siempre lo han hecho, solicitarán toda la información.
Reclamó al presidente de la República, Luis Lacalle Pou, y al ministro de Defensa, Javier García, como autoridades máximas de las Fuerzas Armadas, “exigir que se descubra toda la documentación en lugar de tener que sacarla a cuentagotas”.
“Sabemos que los documentos existen, que lo tienen escondidos los militares. Reclamamos que de una vez por todas aparezca toda la verdad, no sólo sobre nuestros familiares, sino todas las aberraciones que se cometieron en dictadura”, sentenció Errandonea.
Un paso importante
Familiares reclama al presidente ordenar que aparezca toda la información
El integrante de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Ignacio Errandonea, aseguró que la información «está, existe y que está oculta».
Hace unos días apareció información importante sobre las operaciones militares durante la dictadura. Este martes el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, entregó esa documentación a Fiscalía y el INNDDH.
Un rato más tarde, el ministro de Defensa Javier García y el subdirector de la cartera, Cipriano Goñi, se reunieron con Ignacio Errandonea y Elena Zaffaroni, integrantes de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, para entregarles una copia de los archivos de inteligencia y operativos militares perpetrados en dictadura, que fueran encontrados en el Grupo de Artillería 5 de Montevideo.
El paquete de documento costa de cinco libros y dos folders con registros de actividades del Servicio de Información y Defensa (SID) y el Órgano Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA), dos de los principales organismos de inteligencia y represión que operaron durante la dictadura cívico-militar en el Uruguay.
El Grupo de Artillería 5 de Montevideo funcionó durante la oscura etapa de la historia nacional reciente como un centro de detención y torturas contra presos políticos, y estuvo operativo entre los años 1972 y 1974.
El ministro Javier García dijo a la prensa que, entre otras cosas, los documentos incluyen solicitudes de detención de diversas personas, información de espionaje e inteligencia de varias personas y organizaciones como partidos políticos, sindicatos, movimientos sociales y demás. También contiene partes operativos de militares así como de actividades de gente infiltrada en los grupos civiles antes mencionados.
Por su parte el integrante de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Ignacio Errandonea, dijo que el ministro de Defensa les entregó toda la información y que detalló como se había encontrado esta documentación, en una celda de la unidad militar.
«Tuvimos un diálogo franco en el cual nos planteó el compromiso del gobierno en divulgar la información disponible», agregó. Errandonea manifestó que una vez más «esta información hallada demuestra lo que venimos diciendo desde hace muchísimos años, que la información está, existe y que está oculta, y que el mando superior, el ministro junto al presidente debe dar la orden de que una vez por toda aparezca toda la información, para poder empezar a saldar este tema».
Madres y Familiares solicitará acceso a los archivos de la dictadura hallados en Grupo de Artillería 5
Son cinco libros y dos carpetas que contienen registros de actividades de inteligencia y de operativos militares antes y después del golpe de Estado de 1973.
Funcionarios del Ministerio de Defensa Nacional encontraron en el Grupo de Artillería 5 de Montevideo archivos en los que constan actividades de inteligencia y operativos militares previos y posteriores al golpe de Estado de 1973, informó este domingo el diario El País, con base en fuentes de gobierno. También hay documentos de investigación sobre personas.
Se trata de cinco libros y dos carpetas con registros de órdenes del organismo de inteligencia de la dictadura, el Servicio de Información y Defensa, y del grupo represivo Órgano Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA).
En el Grupo de Artillería 5 de Montevideo funcionó un centro de detención de presos políticos entre 1972 y 1974.
Según informó El País, el ministro de Defensa Nacional, Javier García, ya comunicó el hallazgo al presidente Luis Lacalle Pou y se apresta a digitalizar los documentos el lunes, para remitirlos al fiscal de Corte, Jorge Díaz, y a la Institución Nacional de Derechos Humanos, que tiene a su cargo la investigación de lo sucedido en la última dictadura cívico-militar. García dijo a El País que al tratarse de un tema “tan sensible”, no hará declaraciones hasta entregar el material.
Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos solicitará tener acceso a las copias, adelantó a la diaria Elena Zaffaroni, integrante de la asociación. Según dijo, los documentos encontrados confirman lo que les han planteado a todos los gobiernos desde la vuelta de la democracia: “la información está” y, en muchos casos, continúa “diseminada en todos los cuarteles que operaron durante la dictadura”, apuntó. Valoró como positivo que aparezca nueva información, porque confirma lo que hace años denuncian: que “esta información existe y está escrita”.
A modo de ejemplo, Zaffaroni mencionó los documentos del llamado “archivo Berrutti”, hallado en la Escuela de Inteligencia del Ejército en 2006, y las actas de los tribunales de honor militar. “Los archivos están, por eso decimos que tienen que dar vuelta las Fuerzas Armadas y hacer esa exigencia a fondo en todas las unidades militares. Está bueno que aparezcan porque reafirman que existen, después veremos qué dice cada uno”, apuntó.
El hallazgo se conoce 11 días antes del 20 de mayo, día en el que habitualmente se realizaba la Marcha del Silencio para reclamar por la verdad sobre el paradero de los detenidos desaparecidos y lo sucedido en dictadura, y que este año será virtual debido a la pandemia.
Un año atrás, en junio, Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos se reunió con el presidente Luis Lacalle Pou durante una hora y media. En ese encuentro le plantearon al presidente la necesidad de obtener información de “calidad” de la estructura militar para encontrar los restos de los desaparecidos y el mandatario se comprometió a colaborar.
Según informó Brecha el 30 de abril, luego de esa reunión, la organización le proporcionó al presidente información documentada sobre la ubicación exacta del archivo de la OCOA –se estima que puede estar en el edificio donde operaba el comando de la Región Militar 1, que actualmente se llama División de Ejército 1–, una respuesta del entonces comandante en jefe del Ejército, Guido Manini, a una solicitud de información sobre el OCOA del Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia y notas explicativas. Tras la entrega de esa información, el mandatario no se volvió a comunicar con la asociación para informar si ha habido avances o no en esa línea de investigación, informó el semanario.
Archivos de la dictadura contienen «información muy valiosa», según el Fiscal de Corte Jorge Díaz
El Fiscal de Corte Jorge Díaz recibió de manos de Luis Lacalle Pou y el ministro Javier García lo hallado en el Grupo de Artillería 5.
La Torre Ejecutiva fue el lugar en el que el Fiscal de Corte, Jorge Díaz, recibió de manos del presidente Lacalle Pou los archivos hallados hace algunos días en el Grupo de Artillería 5. Los mismos contienen libros y carpetas con registros de inteligencia y operativos militares durante la dictadura. La información también se le otorgó a la Institución Nacional de Derechos Humanos.
Detalló Díaz en conferencia: «Como introducción, el día domingo mantuve una conversación telefónica con el ministro de Defensa. Me manifestó la noticia de este hallazgo, y me adelantó que esta semana recibiríamos una copia digital de la documentación encontrada. Fuimos convocados a la Torre Ejecutiva, y se nos hizo entrega de una copia digital de un conjunto de documentos encontrados en una dependencia militar. Cuentan, por lo que pudimos ver, con valiosa información a los efectos de un contexto histórico, y en segundo lugar desde el punto de vista de la Fiscalía, para la investigación de los delitos que eventualmente surjan probados».
Seguidamente, contó que «determinaremos si esta información irá solo a Lesa Humanidad o eventualmente a otra Fiscalía, ante eventualidad de delitos que competan a otra fiscalías. Eso lo determinaremos en las próximas 48 horas».
Cuando se le preguntó por qué consideraba que la información era trascendente, respondió: «En lo poco que pude ver hay valiosa información. Por 3 o 4 cosas que ví, la información es muy valiosa». Aclaró, además, que hay información del período de la dictadura, y también en años anteriores.
Los pasos a seguir
Sobre el modo en que fueron hallados los archivos sobre la dictadura, comentó: «Según se me explicó, en el momento de deshabitar un inmueble para destinarlo a otra finalidad, fue que se encontró ese material. Eso me dijo el señor ministro».
También despejó dudas sobre lo que se viene: «Nosotros recibimos hoy la documentación en un formato digital, más allá de que estaba en papel. Nos tomaremos 48 horas para analizar rápidamente la información que contenga, para saber a qué Fiscalía remitirla. Luego, el o los fiscales que lo reciban determinarán los pasos a seguir».
Relató, asimismo, que «el presidente me contó brevemente cómo había sido recabada esta información, y la decisión de ponerlo a disposición de la Fiscalía y Derechos Humanos. Hablamos de la posibilidad de hacerla pública, y yo no veo objeciones para hacerlo a la brevedad. Es una decisión que tomará el presidente. No veo ningún impedimento para que el día de mañana pueda ser pública».
Por último, indicó: «Esta información se incorporaría a una o varias investigaciones. Pero tiene su autonomía. Yo no veo que opere algún secreto o reserva».
Presidencia entregó archivos de la dictadura hallados en el Grupo de Artillería 5 al fiscal de Corte, la INDDHH y Madres y Familiares
Los documentos militares incluyen informes de seguimientos, recortes de prensa y documentos incautados.
El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, y el ministro de Defensa Nacional, Javier García, entregaron este martes copias digitalizadas de los archivos de la dictadura hallados en el Grupo de Artillería 5 al fiscal de Corte, Jorge Díaz, y a los directores de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) Mariana Mota y Wilder Tayler, con quienes mantuvieron reuniones en la Torre Ejecutiva desde antes del mediodía. En horas de la tarde, el titular de Defensa entregó otra copia del material a representantes de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos, a quienes recibió en la sede ministerial.
El material consiste en cinco libros y dos carpetas con registros de órdenes del organismo de inteligencia de la dictadura, el Servicio de Información y Defensa, y del grupo represivo Órgano Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA). En el Grupo de Artillería 5 de Montevideo funcionó un centro de detención de presos políticos a partir de 1972.
Según sostuvo Díaz luego de la reunión, con base en una primera revisión, se trata de información “muy valiosa” en términos históricos y para la investigación que desarrolla la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad. No obstante, el fiscal de Corte destacó que la Fiscalía se tomará entre 24 y 48 horas para evaluar la documentación y los archivos serán derivados a las sedes competentes.
Díaz señaló que los documentos hallados en la dependencia militar cuentan con “valiosa información a los efectos, en primer lugar, del contexto histórico, [lo que] para la mayoría de los historiadores va a ser información de relevancia; en segundo lugar, desde el punto de vista de la Fiscalía, para la investigación de los delitos que se hayan cometido en ese período y que surjan, eventualmente, probados de esa documentación, y, en tercer lugar, [para] analizar qué tipo de delitos y cuáles serían la o las fiscalías que vayan a intervenir en el asunto”.
Por lo que se pudo apreciar hasta el momento, indicó, contienen un “conjunto de reportes operacionales” de actividades realizadas por militares entre 1972 y 1976, e información relevante vinculada con delitos cometidos en ese período histórico, e incluso sobre hechos ocurridos fuera del país. Díaz recordó que los delitos de lesa humanidad no prescriben, pero de todos modos sostuvo que si existiera información sobre hechos delictivos que “pudieran estar prescritos”, eso lo evaluará “el fiscal que tiene a cargo la investigación”, porque “la Fiscalía de Corte per se y de antemano no hace evaluaciones respecto de prescripción o no”.
Por su parte, el titular de Defensa aseguró en rueda de prensa que “la voluntad política e institucional es que esta información sea pública”. Detalló que el material suma 1.650 folios que datan desde principios de 1970 hasta 1986 y contienen información sobre “operativos militares, detención de personas, información de infiltrados en reuniones, declaraciones de testigos y organizaciones internacionales en el país”. Agregó que el descubrimiento se hizo el 23 de abril, pero que fue transitando por la cadena de mando hasta llegar a su conocimiento la semana pasada.
Según comentó García, el descubrimiento se hizo “en una recorrida que hacía el jefe de la unidad con tres oficiales para reorganizar algunas piezas y lugares que eran utilizados cómo depósito, [y] se entró a una de las piezas que había sido usada como calabozo. Allí se encontró una caja con varias cosas, entre ellas este material”, dijo.
En diálogo con la diaria, Mota afirmó que ahora la institución deberá analizar la información, que “probablemente pueda ser valiosa, efectivamente, para algunas causas que lleva adelante el fiscal especializado en Crímenes de Lesa Humanidad [Ricardo Perciballe]”, aunque señaló que la INDDHH se concentrará en identificar si hay elementos que puedan ayudar a los efectos de su “competencia específica de búsqueda” de detenidos desaparecidos.
En la Torre Ejecutiva también habló Tayler, quien calificó el hallazgo de “muy importante” y remarcó: “La información existe y la tienen uruguayos que están entre nosotros”. En la misma línea, Mota comentó que sería “bueno que se puedan revisar otras unidades militares”.
“Que aparezcan todos”
Si bien la idea inicial de Madres y Familiares era hacer un pedido de acceso a la información pública para obtener el material, pasadas las 13.00 del martes un integrante de la organización recibió una llamada de García, que le transmitió la intención de hacerles llegar la documentación de primera mano. Según señaló la fuente, la iniciativa de entregar la información a la organización surgió de Lacalle Pou. Para la fuente, “es lo que corresponde” y el gesto está “en sintonía con el “compromiso de Presidencia de buscar información”.
Para Ignacio Errandonea, integrante de la organización, el hallazgo de estos documentos “es la confirmación, una vez más” de lo que Madres y Familiares “viene diciendo desde hace muchos años, que es que los archivos existen, y que se deben dar las órdenes pertinentes para que de una vez por todas aparezcan todos y no de a cuentagotas”, y opinó que no se debe “seguir jugando a la mosqueta” con la información referida al pasado reciente.
En la reunión, el ministro les dijo a los integrantes de Madres y Familiares que el gobierno había cumplido con brindar información. “Cumplimos: cuando nos llega algo, se lo damos”, dijo García. Desde Madres y Familiares reclamaron el archivo de OCOA que habían solicitado en julio del año pasado, pero desde el gobierno se limitaron a repetir que cuando tengan información se la van a proporcionar. El semanario Brecha informó semanas atrás que la asociación le entregó a Lacalle Pou información documentada sobre la ubicación exacta del archivo de OCOA ‒se estima que está en la División del Ejército 1‒.
Seguimientos, documentos incautados e informes
Los documentos militares hallados van de 1971 a 1986 y es la primera vez que el Ministerio de Defensa Nacional divulga documentos encontrados del período del terrorismo de Estado.
En el documento que reúne los partes especiales recibidos en 1972 se reportan varios organigramas del Movimiento de Liberación Nacional (MLN), documentos incautados a la organización con análisis políticos o militares e informes detallados de la situación y de la estrategia del MLN. También características de militantes, lugares y datos de contacto, como vestimenta de los participantes o seña y contraseña para el encuentro. Uno de ellos es un contacto que iba a realizar Raúl Sendic. El documento, fechado el 12 julio, agrega un croquis del lugar donde sería el encuentro, en la zona de Cadiz y José Batlle y Ordoñez, y da cuenta de un seguimiento hecho dos días antes en que fue visto en esa zona.
Además, se da cuenta de información requerida por la OCOA para el reconocimiento de personas por parte de detenidos en unidades militares. En uno de ellos, se distribuye una foto de Roberto Markarian, a quien se lo señala como “integrante del Consejo de una facultad y profesor de matemáticas”.
También se deja constancia de seguimientos y operativos de detención realizados a partir de las visitas a personas privadas de libertad en la cárcel de Punta Carretas; entre ellos, se da cuenta de a quiénes visitaron Alberto Methol Ferré, la familia González Guyer, la familia Villegas Zabalza y la familia del estudiante Ibero Gutiérrez, luego de su homicidio en manos del Escuadrón de la Muerte en febrero de 1972, entre otra información.
Además de seguimiento e información de integrantes del MLN, se informa sobre otras agrupaciones como el OPR-33, y sobre la acción de sindicatos de trabajadores y estudiantes universitarios y de secundaria.
Otros documentos dan información del recorrido de militantes en Argentina, Chile y Cuba, como es el caso del dirigente tupamaro Lucas Mansilla, de quien se daba cuenta que había viajado a Chile, luego de Chile a Cuba y se esperaba su regreso a Uruguay.
Unas de las recomendaciones realizadas por la Dirección Nacional de Información e Inteligencia fue impedir el ingreso del semanario Marcha a la cárcel de Punta Carretas y vigilar que no ingresen objetos envueltos en páginas de esa publicación, por entender que traían mensajes en clave para los tupamaros.
El archivo que recoge partes especiales de información de 1976 incluye recortes de prensa, reportes de seguimiento de figuras públicas y partidos políticos, también de soldados y oficiales, además de listas con pedidos de detección. En la mayoría de los casos los informes comienzan detallando el origen de la información y al final llevan la firma del general Esteban Cristi, que lideró el OCOA.
Uno de los informes incluye información proveniente de un Juzgado Militar de Instrucción del 8 de julio de 1976, que dispuso “el procesamiento y prisión preventiva” del dirigente político Wilson Ferreira Aldunate, excandidato presidencial en las elecciones de 1971 por el Partido Nacional. El líder blanco se encontraba en el exilio, y el mes anterior se había presentado ante el Congreso de Estados Unidos para pedir que se cortara la ayuda militar a Uruguay a raíz de los actos represivos de la dictadura.
Sobre esa comparecencia también hay un reporte, que además de incluir los diálogos de Ferreira Aldunate con los representantes estadounidenses contiene detalles como con quién llegó el líder político, que habló “en castellano” y tenía una traductora; que la sala estaba “llena con oyentes de pie”, y que “varios concurrentes lo abrazaron y besaron”.
Otro fragmento de los documentos publicados reitera el pedido de detención de Ferreira Aldunate, junto a otros grupos de personas, por estar “vinculados a organizaciones subversivas”.
Además de las varias referencias a Ferreira Aldunate, también son recurrentes en los reportes de 1976 los referidos al Partido Comunista de Uruguay (PCU), tanto describiendo posibles acciones contra militares como analizando los grupos y corrientes que formaban parte de la colectividad política. Se cita “un trabajo realizado por la 2ª División del Estado Mayor Naval” que surge de las “tareas de infiltración y asimilación de las FFAA” en una dirección del PCU, que contiene distintas consideraciones sobre facciones “peruanistas”, “nacionalistas” y “fascistas”, entre otras.
También de los documentos surgen hechos anecdóticos, como el análisis de la cobertura televisiva de los Juegos Olímpicos de Montreal (Canadá) 1976, que siendo “financiada en parte por dos organismos del Estado, Ancap y el Banco de Seguros”, muestra “una clara tendencia de propaganda hacia los países socialistas o simpatizantes de regímenes marxistas leninistas”. Esto queda demostrado en “actuaciones, reportajes y trofeos ganados”, dice el parte de información.
A su vez, aparecen varios reportes en que se analiza y vigila la actuación de los Testigos de Jehová, y se menciona que esta comunidad religiosa también era seguida por los militares en Argentina. En un caso, se brinda información detallada de dos jóvenes de 18 y 17 años que ingresaron al Ejército y eran testigos de Jehová, lo que se constató tras verlos ingresar a un templo religioso. Se menciona cómo se conocieron y que el mayor de ellos es quien convenció de profesar la fe al otro, quien no se muestra tan convencido.
