COLOMBIA
Continúan en varias ciudades de Colombia las masivas manifestaciones contra el Gobierno de Iván Duque y la represión policial
En varias ciudades de Colombia continuaron este sábado las manifestaciones contra el Gobierno de Iván Duque y la represión policial.
A las protestas se unieron Bogotá, Medellín, Cali, Madrid, Granada y varias otras ciudades del país.
A pesar de que las protestas en su mayoría transcurrieron de manera pacífica, también se registraron enfrentamientos entre la Policía y los manifestantes en algunas ciudades.
Miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) fueron captados dispersando a la multitud de diversas formas, incluidos cañones de agua, gases lacrimógenos y granadas aturdidoras.
Entre tanto, en Caucasia (Antioquia) defensoras de derechos humanos denunciaron que sujetos vestidos de civil filmaban y agredían a los manifestantes.
De momento no está claro cuántos manifestantes resultaron heridos en esta jornada de protestas, aunque Radio Nacional de Colombia estima en seis el número. Por su parte, Colombia Informa indica que al menos 15 personas resultaron heridas.
Entre tanto, el director de la Policía Nacional de Colombia, Jorge Luis Vargas Valencia, informó que un patrullero de la Dirección de Carabineros falleció este sábado tras recibir una bala en el tórax durante las protestas en el sector de Calipso, en Cali, mientras que otros dos miembros del Esmad resultaron "gravemente heridos".
Se reporta además que en horas de la noche en Cali fue atacado e incendiado un Comando de Atención Inmediata (CAI) de la Policía, ubicado en la carrera 56 con autopista Simón Bolívar.
Brutalidad policial en Colombia
Las manifestaciones en el país comenzaron el pasado 28 de abril en respuesta a la polémica reforma tributaria presentada por el Gobierno de Iván Duque. A más de tres semanas de que iniciaran las movilizaciones, el Comité Nacional del Paro se ha adjudicado dos importantes victorias. La primera fue el retiro de la reforma tributaria y la segunda ocurrió este miércoles, cuando el Congreso archivó el proyecto de ley de reforma a la salud, una de las peticiones de las organizaciones sociales que impulsan las manifestaciones.
No obstante, la presión social y la brutal represión que la Policía y el Ejército ejercen contra los inconformes llevaron a que parte de la población continúe saliendo a las calles.
Este miércoles, la Fiscalía General de Colombia anunció que abrió 178 investigaciones por casos de abusos y lesiones contra civiles por parte de miembros de la fuerza pública en el marco del paro nacional.
De acuerdo con la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía del país, al menos 42 homicidios se produjeron "en el marco de las protestas" en diferentes ciudades de Colombia, 15 de los cuales tienen relación directa con los hechos y ocurrieron en los departamentos de Valle del Cauca (7), Cundinamarca (3), Risaralda (2), Tolima (1), Cauca (1) y la capital, Bogotá (1).
En contraparte, desde el Comité Nacional del Paro elevaron a 50 el número de muertos durante las protestas y los atribuyen a "la brutal violencia policial desatada" contra los manifestantes.
Por su parte, la ONG Temblores denunció 43 homicidios en el marco de las protestas, 855 víctimas de violencia física y 1.264 detenciones arbitrarias.
Al respecto, la politóloga y concejala de Cali por el Polo Democrático Alternativo, Ana Erazo, subrayó que Iván Duque no permite entrar al país a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para ocultar la violencia durante las protestas.
Una violenta jornada en la ciudad colombiana de Tuluá deja un joven fallecido y el Palacio de Justicia incendiado
Un joven estudiante falleció la noche del martes en las protestas que se desarrollaron en la ciudad de Tuluá, en el Valle del Cauca, en medio de un clima de tensión causada por el incendio del Palacio de Justicia de esa localidad y la acción de los cuerpos de seguridad en contra de los manifestantes.
La Organización de Naciones Unidas (ONU) en su cuenta de Twitter manifestó su preocupación por estos hechos, todavía "por esclarecer". "Hay una muerte violenta, un número indeterminado de heridos y el Palacio de Justicia incendiado. Estamos en contacto con autoridades y sociedad civil. Recordamos que los derechos humanos y el diálogo son la vía para superar esta situación", agregó la organización.
Los medios locales dieron a conocer que la víctima fue Camilo Arango García, un estudiante de segundo semestre de Derecho de la Unidad Central del Valle del Cauca (Uceva), quien fue herido por un arma de fuego durante una manifestación y trasladado a la Clínica San Francisco, donde falleció. La información fue confirmada por la Policía de Colombia que ofreció una recompensa de 100 millones de pesos (unos 26 mil dólares) por datos que permitan dar con los responsables.
Los testigos y defensores de los derechos humanos han afirmado que habría recibido disparos por parte de agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), pero las autoridades todavía no han confirmado los hechos.
Con la muerte de Arango, ya son cinco las personas fallecidas en el contexto de las protestas en ese municipio del Valle del Cauca, cuya capital es Cali, epicentro de las protestas en Colombia. Según la ONG Temblores, en casi un mes de manifestaciones en varias ciudades del país 43 personas han muerto presuntamente por la acción de la Fuerza Pública.
Quema del Palacio de Justicia
En una noche que ha sido calificada como de terror, fue incendiado el Palacio de Justicia por un grupo de desconocidos. En las imágenes que han circulado en las redes sociales se aprecia cómo las llamas consumen parte de la edificación ubicada en el centro de Tuluá.
El ministro de Defensa, Diego Molano, responsabilizó a los "vándalos" de haber causado el siniestro para "obstruir la Justicia", en el contexto de las protestas antigubernamentales. "Los responsables van a conocer el peso de la Ley" , advirtió.
Por su parte, el titular de Justicia, Wilson Ruiz Orejuela, publicó un video donde calificó el ataque como un " acto de terrorismo " cuyo fin es "sembrar caos y miedo". "Estos hechos dejan de ser vandálicos y se encuentran en terroristas", agregó.
Al respecto, el fiscal general, Francisco Barboza, dijo en un video que la institución "priorizará" la investigación y "esclarecerá los hechos". "Debe respetarse a la rama judicial del poder público en Colombia", agregó.
Todo comenzó a las 7:30 de la noche, cuando hubo un conato de incendio que se extendió rápidamente hasta tomar la mayor parte de la estructura media hora después, según informó El País de Cali.
Los bomberos llegaron al edificio y lograron hacer un proceso de refrigeración de las paredes para evitar que el fuego se propagara a otras edificaciones, sin embargo, la situación de orden público en los alrededores habría impedido que podrían extinguir las llamas más rápidamente, refiere el medio . Los daños principales de la edificación ocurrieron en el techo y en el segundo piso.
Desde la tarde del martes, los grupos de manifestantes se mantenían en la plaza cívica Boyacá, hasta que fueron dispersados de manera violenta por los miembros del Esmad. A partir de allí se generaron disturbios.
Tras esos hechos, la Alcaldía de Tuluá informó que 20 personas , entre ellas dos menores de edad, han sido detenidas "de forma preventiva", luego de que las autoridades realizaran desbloqueos en las zonas norte y sur de ese municipio.
Miembros de la oposición, entre los que se encuentran la senadora del partido Comunes Sandra Ramírez, han afirmado en las redes sociales que la quema del Palacio de Justicia se hizo para "deslegitimar" la protesta y que los manifestantes no se benefician con ese hecho. Del mismo modo, la parlamentaria aseguró que las manifestaciones en esa zona han sido pacíficas por 20 días mientras no hubo actuación de los cuerpos de seguridad del Estado.
Por su parte, la Fundación Internacional de Derechos Humanos asevera que "la mayoría de las pruebas e informaciones" que recibieron apuntan a la "acción de armados civiles , paramilitares (ajenos a la organización del Paro Nacional, como autores del incendio en el Palacio de Justicia de Tuluá".
Enfrentamientos entre la Policía y los manifestantes en Cali dejan un agente muerto y dos más heridos
El sector de Calipso, en la ciudad colombiana de Cali, se convirtió la madrugada de este sábado en objeto de fuertes enfrentamientos entre manifestantes y la Policía, que dejaron un agente muerto y dos más heridos, según informó el director de la Policía Nacional de Colombia, Jorge Luis Vargas Valencia.
En cuanto al número de los heridos entre los civiles, se estima en seis, pero las cifras oficiales aún no han sido reveladas, reportó Radio Nacional de Colombia.
"Rechazamos de manera contundente el hecho registrado en Cali, donde criminales disparan contra nuestros policías que se encontraban restableciendo el orden en el sector de Calipso", escribió Vargas Valencia en su cuenta de Twitter.
El agente fallecido es el patrullero de la Dirección de Carabineros Juan Sebastián Briñez, de 22 años de edad, que recibió una bala en el tórax y falleció por la gravedad de la herida en un hospital, recoge Blu Radio.
Además, dos miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) resultaron "gravemente heridos" durante los enfrentamientos, según Vargas Valencia. El patrullero Marlon Araujo, de 33 años, presentó una herida de bala en el brazo izquierdo, mientras que el patrullero Andrés Felipe Santoyo, de 22 años, fue impactado en el pie derecho.
Las autoridades confirmaron que están recopilando material probatorio y videos de cámaras de seguridad para identificar a los responsables.
Entre tanto, Iván Duque lamentó el "vil asesinato" de Briñez, quien, según el presidente colombiano, recibió un disparo proveniente de fusil. Duque agregó que había dado instrucciones al Ministerio de Defensa y al director de la Policía Nacional para que se capture a los autores del crimen.
Reportan más de 80 heridos en Bogotá tras intervención del Esmad para desbloquear vías en la localidad de Usme
Más de 80 personas recibieron atención médica en medio de los disturbios, enfrentamientos y presuntos abusos por parte del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) registrados este miércoles en la localidad de Usme, al sureste de Bogotá (Colombia).
En otra masiva jornada de paro nacional, se registraron asimismo algunos bloqueos en el sector Yomasa de esa zona.
La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, informó en su cuenta de Twitter que los manifestantes utilizaron autobuses para bloquear la vía y la estación del sistema de transporte del Portal.
"Ese bloqueo se sumó luego a varias protestas ciudadanas y agresiones e intervino el Esmad", señaló López.
Represión policial
Durante la jornada, los habitantes de Usme denunciaron agresiones y el "uso desproporcionado e indiscriminado de la fuerza" por parte de los uniformados contra civiles.
De acuerdo con la agencia Colombia Informa, personal de la fuerza pública lanzó piedras y disparó gas lacrimógeno contra los civiles en esa localidad bogotana.
Defensores de los derechos humanos intervinieron y formaron una cadena humana para detener la represión policial contra la comunidad de Usme. No obstante, hacia las 07:00 de la tarde, la fuerza pública continuaba disparando gases lacrimógenos, mientras que algunos manifestantes se defendían lanzando piedras.
Balance de heridos
A las 08:00 de la noche, la oficina de la Cruz Roja en Cundinamarca y Bogotá informó que había atendido a 82 personas lesionadas, de las cuales 77 eran civiles y 5 fueron policías.
De esa cifra, 60 sufrieron afectaciones en los ojos y vías respiratorias, mientras que 15 registraron lesiones en la cabeza, la cara o en los miembros superiores e inferiores.
Asimismo, tres personas presentaron traumas de tórax, craneoencefálico o cervical; una más arribó con hemorragia nasal; otra recibió atención por intoxicación; una tenía una herida con arma cortopunzante y, finalmente, se reportó un lesionado por accidente de tránsito.
Por
su parte, el secretario de Gobierno de Bogotá, Luis Ernesto Gómez,
consideró que la intervención policial fue necesaria "para garantizar el
paso vehicular en Yomasa", incluyendo ambulancias que trasladaban
heridos a hospitales.
En fotos, protestas y violencia policial en las calles de Colombia
Un manifestante arroja una piedra a un vehículo de la policía antidisturbios durante una protesta contra el gobierno del presidente Iván Duque en la plaza Bolívar de Bogotá. Foto: AFP.
Miles de personas regresaron a las calles de Colombia en rechazo al gobierno de Iván Duque. Foto: AFP.
Las manifestaciones se tornaron violentas en algunas ciudades y dejaron una veintena de muertos. Foto: AFP.
Un policía carga su lanzador de gas lacrimógeno durante los enfrentamientos con los manifestantes. Foto: DPA.
Manifestantes se enfrentan con la policía antidisturbios en Bogotá. Foto: AFP.
Colombia, arrastra una crisis política casi sin pausas desde la asunción de Iván Duque. Foto: AFP.
Un vehículo blindado de la policía durante una protesta contra la pobreza y la violencia policial en Bogotá, Colombia. Foto: Reuters.
Los manifestantes se paran alrededor de un fuego durante una protesta contra las reformas tributarias del gobierno en Bogotá, Colombia. Foto: Bloomberg.
La fallida reforma tributaria de Duque fue ungolpe duro, en un país de 50 millones de habitantes agobiado por la pandemia de coronavirus. Foto: Bloomberg.
La gente se reúne alrededor de velas y palabras: "por nuestros muertos" durante una vigilia en Cali, Colombia. Foto: AFP.
Un manifestante sostiene un cartel con la leyenda "Nos están matando" durante una protesta contra una reforma tributaria propuesta por el gobierno del presidente colombiano Iván Duque en Bogotá. Foto: AFP.
Homicidios, detenciones arbitrarias, agresiones oculares: las cifras actualizadas de la violencia policial en Colombia a 27 días de paro
Desde que el pasado 28 de abril, cuando comenzó el paro nacional en Colombia, se han registrado 3.155 casos de violencia policial en las protestas multitudinarias que han generado una grave crisis política para el Gobierno del presidente Iván Duque.
Así lo reporta Temblores, una organización de derechos humanos que ha concentrado las denuncias que no cesan, en vista de que las fuerzas de seguridad del país sudamericano siguen reprimiendo a los manifestantes que salen a diario a las calles para exigir un cambio rotundo de sistema político.
De acuerdo con los reportes, a casi un mes del inicio del Paro, 955 personas han sido víctimas de violencia física, 22 de violencia sexual y cinco de violencia basada en su género.
Un dato a destacar es que, al igual que ocurrió en las protestas de Chile en 2019, en Colombia hay denuncias de que los policías están disparando directo a los ojos de los manifestantes. Hasta ahora se han confirmado 46 agresiones oculares, según las ONG.
También se denuncian 43 homicidios, presuntamente cometidos por miembros de las fuerzas de Seguridad, 1.388 detenciones arbitrarias, 595 intervenciones violentas en el marco de protestas pacíficas y 165 casos de disparos de arma de fuego.
La cifra de fallecidos que informa la organización de derechos humanos coincide con la que la Fiscalía General de la Nación publicó en su último reporte, emitido el pasado lunes. Sin embargo, la institución oficial asegura que de los 43 fallecidos, solo 17 "tienen nexo directo en el marco de las protestas", 19 "no guardan vínculo con las manifestaciones" y las siete restantes están en proceso de verificación.
La Fiscalía también informa sobre el hallazgo de 290 personas que habían sido reportadas como desaparecidas y continúa la búsqueda de otras 129.
Asimismo, según cifras de esta institución, han sido imputadas 203 personas durante las protestas, por delitos como "homicidio, violencia contra servidor público, daño a bien ajeno, obstrucción a vía pública", entre otros.
En su informe, Temblores advirtió que, a pesar de las múltiples alarmas encendidas por parte de medios de comunicación, movimientos y organizaciones sociales y de derechos humanos, tanto a nivel nacional como internacional, la represión y violencia policial son persistentes.
"Teniendo en cuenta el aumento de denuncias asociadas a violencia policial recibidas en los últimos días, así como de prácticas irregulares por parte de la Fuerza Pública que hemos venido documentando y comunicando desde las últimas semanas, manifestamos nuestra preocupación y desacuerdo ante la decisión del gobierno de dilatar la visita de verificación de la CIDH en Colombia", señaló Temblores.
Crisis sin fin
El argumento de la canciller Marta Lucía Ramírez para postergar esta visita de la CIDH es que las dependencias de control nacionales deben concluir las investigaciones de lo ocurrido en las protestas, antes de recibir a cualquier organismo internacional.
Sin embargo, Temblores y otros colectivos consideran que, por la urgencia de la crisis de derechos humanos que atraviesa el país, el arribo de la CIDH debería realizarse de manera paralela a la gestión de las entidades colombianas.
"La visita de la CIDH no representa una amenaza para la gestión de los mecanismos de control. Más bien, por el contrario, esta resultaría un apoyo y una manera de garantizar que dichas investigaciones se realicen bajo el cumplimiento de parámetros internacionales de respeto a los derechos humanos", explican las organizaciones.
Mientras se debate la llegada de misiones internacionales, las protestas se replican a diario en todo el país, ya sea con preámbulos musicales o performances para recordar a las víctimas de esta histórica etapa de movilizaciones en Colombia.
También ya comenzaron a llevarse a cabo las primeras muestras de repudio a los bloqueos de carreteras, que se han convertido en una de las principales actividades de los promotores del paro.
La víspera, por ejemplo, en Cali se realizó una Marcha del Silencio en la que una multitud vestida con ropa blanca apostó por el diálogo y por la apertura de los caminos que han entorpecido todas las actividades económicas.
El rechazo a esta forma de protesta ya quedó en evidencia en una encuesta de la consultora Invamer Poll, publicada en el sitio La silla vacía, y en el que el 60 % de las personas encuestadas se mostró en contra de los bloqueos, en tanto que el 98 % avaló las manifestaciones pacíficas.
Ejecuciones extrajudiciales, 'casas de pique' y fosas comunes: denuncian la desaparición de 120 manifestantes en Cali
Un grupo de organizaciones de defensa de los derechos humanos en Colombia denunció la desaparición forzada de 120 personas en el marco de las protestas antigubernamentales en la ciudad de Cali, capital del Valle del Cauca.
Un comunicado emitido por la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, junto a la Corporación Justicia y Dignidad y el Equipo Jurídico Humanitario 21N, recogió distintas denuncias anónimas sobre presuntas detenciones ilegales, ajusticiamientos y desapariciones de los participantes en Cali, epicentro de las protestas en Colombia, por parte de los miembros de la Fuerza Pública.
En el documento, se le pide a los organismos del Estado que investiguen sobre la información arrojada en estos testimonios que han hecho públicos, y que inicien exploraciones técnicas en el terreno para determinar la presencia de fosas comunes o sitios donde se hayan podido realizar detenciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales.
En la capital del Valle del Cauca se han registrado, a través de videos, abusos policiales y acciones de grupos de civiles armados en contra de los manifestantes, al tiempo que distintas grabaciones que han circulado en las redes sociales han alertado sobre la aparición de cuerpos sin vida en el río Cauca, que pasa por ese departamento.
Si bien la situación más crítica se ha registrado en Cali, los hechos de violencia no solo se han presentado en esa capital. Hasta el momento, organizaciones como Temblores han documentado la muerte de 43 personas "presuntamente por parte de la Policía" en todo el país, a casi un mes de iniciado las protestas.
Por su parte, el Ministerio de Defensa maneja una cifra nacional de 17 civiles fallecidos en el contexto de las protestas, nueve en proceso de verificación, 19 que no guardarían vínculos con estos hechos y 1.040 civiles heridos en ciudades como Bogotá, Cali, Yumbo, Medellín, Pasto y Popayán. Además, según esta información, dos policías han muerto y 1.065 uniformados están lesionados.
El ministro de esa cartera, Diego Molano, afirmó el pasado lunes durante su comparecencia ante el Senado por una moción de censura en su contra que actualmente se investiga la desaparición de 129 personas en el país, en el marco de las protestas, y agregó que la Fiscalía solo ha recibido una denuncia por desaparición forzada.
¿Qué dice el informe?
En el documento se afirma que "se conocieron las primeras versiones" de la supuesta existencia de fosas comunes en el área rural de los municipios de Buga y Yumbo , en el Valle del Cauca, "a donde estarían llevando los cuerpos de muchos jóvenes caleños" .
Aunque ha habido violencia en ambos municipios, en Yumbo, donde se han mantenido las protestas y bloqueos, distintas organizaciones de defensa de los derechos humanos han alertado sobre los excesos de los agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) para contener los manifestantes. Hasta ahora se registraron tres personas muertas y unos 50 heridos, de los cuales nueve son policías.
Desapariciones
Según este escrito, otra fuente anónima indicó que el pasado 2 de mayo un Centro Administrativo Municipal (CAM) de Cali "fue usado como un centro de operaciones encubiertas " y "algunos jóvenes fueron llevados a unos sótanos" y posteriormente "sacados en camionetas polarizadas ".
Otras "dos fuentes", refirió el documento, habrían informado sobre el movimiento de camiones que, al parecer, "usa la policía para su movilidad", donde se habrían llevado a jóvenes del sector Mulaló, en Yumbo.
Al respecto, en este comunicado se sostiene que "en un paraje previamente preparado estarían descargando cuerpos de jóvenes de los barrios populares que participan en las movilizaciones y que se dan por desaparecidos".
Un testimonio recogido en el informe asegura que los jóvenes detenidos por los cuerpos policiales, que habrían sido reportados como desaparecidos por su entorno, "habrían sido ajusticiados". Presuntamente, algunos de los "sobrevivientes" fueron encontrados con heridas por arma de fuego en centros asistenciales y "hoy se encuentran aterrorizados y escondidos".
Sobre las denuncias de desapariciones, la ONG Human Rights International publicado en su cuenta de Twitter que un cruce de datos con las organizaciones colombianas Temblores y el Instituto de Estudios para el Desarrollo de la Paz (Indepaz), así como la Agencia de Comunicación de los Pueblos y la Fiscalía junto a la Defensoría, arrojó que de 1.148 personas reportadas como desaparecidas 148 continúan sin ser ubicadas.
¿'Casas de piqué'?
Las 'casas de pique' son los lugares utilizados para torturar, asesinar y desmembrar a personas, que habrían surgido en Buenaventura, en el Valle del Cauca, en 2014. En estos sitios, grupos irregulares, criminales y paramilitares realizaban este tipo de prácticas criminales.
En la reciente denuncia de las organizaciones de derechos humanos, se alerta de las supuestas "operaciones de los grupos de civiles armados protegidos por policiales", que habrían instalado un sitio con estas características "en el exclusivo lugar de Ciudad Jardín".
Hace dos semanas, en ese barrio acomodado ubicado en Cali, según quedó registrado en varias grabaciones, un grupo de civiles armados, resguardado por agentes, disparó a plena luz del día contra una caravana de la minga indígena que se trasladaba por el lugar. Tras el ataque, nueve de sus integrantes resultaron heridos.
¿Qué se le exige al Estado?
La Comisión Intereclesial de Justicia y Paz y las otras organizaciones afirman que las "dinámicas de represión se han ido sofisticando" en casi un mes de protestas, lo que pretendería " evitar que sea identificable la responsabilidad policial en operaciones de tipo paramilitar y evidentemente criminal" .
Por ello, piden a los entes de investigación y de protección del Estado, entre ellos la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD), "desarrollar su actividad con base en la información inicial pública".
Entre las peticiones también exponen la necesidad de una "exploración técnica" con expertos forenses del instituto de Medicina Legal y de la UBPD, con la participación de observadores de organizaciones humanitarias nacionales e internacionales.
De igual modo, solicitan la "adopción de medidas técnicas propias de la investigación judicial" ante "el temor fundado" que tienen los "eventuales testigos de ser victimizados" por parte de los uniformados.
Según esta comisión, los relatos recogidos en el informe "brindan elementos razonables" de "planes criminales sofisticados" donde presuntamente participaría la Policía Nacional. "Dejamos constancia histórica pública de la información recibida", agregan.
El papa Francisco pide evitar "conductas perjudiciales" contra manifestantes pacíficos mientras Colombia vive una nueva jornada de protestas
El papa Francisco pidió este domingo que se eviten "conductas perjudiciales en el ejercicio del derecho a la protesta pacífica", en el contexto de las manifestaciones que vienen realizándose desde hace más de tres semanas en Colombia, e hizo un llamado al "diálogo serio" para encontrar una solución a la crisis.
Al término del rezo del Ara Coeli, el sumo pontífice señaló que la situación en Colombia "sigue siendo preocupante", por lo que pidió que "se rece por el amado pueblo colombiano" y para que "a través de un diálogo serio se puedan encontrar soluciones a los muchos problemas que sufren especialmente los más pobres", cuyas dificultadas se han visto agravadas por la pandemia, recoge EFE.
"Recemos
juntos para la situación de Colombia, que sigue siendo preocupante.
Exhorto a todas las personas a evitar, por razones humanitarias,
conductas perjudiciales para la población en el ejercicio del derecho a
la protesta pacífica", escribió posteriorm
Las declaraciones del sumo pontífice se producen mientras en Colombia se desarrolla una nueva jornada de protestas en varias ciudades, como Bogotá, Soacha, Medellín, Cali y Montería. Las manifestaciones transcurren de manera pacífica y de momento no se han registrado enfrentamientos con la Policía.
Brutalidad policial en Colombia
Las manifestaciones en el país comenzaron el pasado 28 de abril en respuesta a la polémica reforma tributaria presentada por el Gobierno de Iván Duque. A más de tres semanas de que iniciaran las movilizaciones, el Comité Nacional del Paro se ha adjudicado dos importantes victorias. La primera fue el retiro de la reforma tributaria y la segunda ocurrió este miércoles, cuando el Congreso archivó el proyecto de ley de reforma a la salud, una de las peticiones de las organizaciones sociales que impulsan las manifestaciones.
No obstante, la presión social y la brutal represión que la Policía y el Ejército ejercen contra los inconformes llevaron a que parte de la población continúe saliendo a las calles.
De acuerdo con la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía del país, al menos 42 homicidios se produjeron "en el marco de las protestas" en diferentes ciudades de Colombia, 15 de los cuales tienen relación directa con los hechos y ocurrieron en los departamentos de Valle del Cauca (7), Cundinamarca (3), Risaralda (2), Tolima (1), Cauca (1) y la capital, Bogotá (1).
En contraparte, desde el Comité Nacional del Paro elevaron a 50 el número de muertos durante las protestas y los atribuyen a "la brutal violencia policial desatada" contra los manifestantes.
Por su parte, la ONG Temblores denunció 43 homicidios en el marco de las protestas, 855 víctimas de violencia física y 1.264 detenciones arbitrarias.
22 días de movilización sostenida
Cae la reforma sanitaria de Duque, el Paro Nacional gana fuerza
En la mira el Ministro de Defensa, que enfrenta moción de censura el 25 de mayo, por violaciones de los derechos humanos de la fuerza pública bajo su mando.
El Senado de Colombia votó este 19 de mayo el proyecto de reforma a la Salud, promovido por el partido de derecha Cambio Radical, y apoyado por el Gobierno de Iván Duque. La retirada de esta reforma privatizadora del sistema de salud era una de las reivindicaciones del Paro Nacional, por lo que algunos partidos que inicialmente la habían apoyado, han acabado votando en contra en el Senado, para evitar el castigo de los votantes en las elecciones del próximo año. La iniciativa, que había sido presentada por el partido de derechas Cambio Radical, fue archivada por amplia mayoría en las comisiones del Senado y la Cámara de Representantes encargadas de su estudio.
EN LA MIRA, EL MINISTRO DE DEFENSA
La Cámara de Representantes aprobó la realización de un debate de moción de censura contra el Ministro de Defensa, Diego Molano, para que responda por las denuncias sobre abuso policial que se han presentado durante las manifestaciones, en el marco del Paro Nacional. El debate fue citado para el próximo 25 de mayo.
La moción de censura está contemplada en la Constitución y puede aplicarse sobre ministros, superintendentes y directores de departamentos administrativos tanto por el Senado como por la Cámara de Representantes.
Los representantes tienen un plazo de diez días para votar si Molano permanece o no en el cargo, después de haber escuchado sus argumentos.
EN LA CALLE, EL PARO SE MANTIENE
La noticia ha sido recibida como un triunfo por los cientos de miles de colombianos y colombianas que, una joranada más, han salido masivamente a marchar por todo el país, desafiando la brutalidad policial y el tratamiento de guerra que el Gobierno le está dando a la protesta social.
Bogotá, Medellín, Cali, Popayán, Ibagué, Pereira, Cúcuta, Barranquilla, Villavicencio, Barrancabermeja, El Zulia… La protesta es generalizada en toda Colombia, y abarca la más amplia pluralidad de sectores sociales: comunidades negras, indígenas, campesinos, maestros, estudiantes, feministas, mineros, vendedores informales, amas de casa, hinchas de fútbol y, en primera línea, la juventud excluída, que reclama su propia interlocución en la negociación con el Gobierno. Las reivindicaciones del Paro Nacional han sido asumidas por amplias capas de la ciudadanía colombiana, que ha tomado las calles a pesar de la orden del presidente Iván Duque de militarizar el país y acabar con los bloqueos de carreteras.
Hasta el momento en que escribimos estas líneas , media tarde en Colombia, la jornada transcurre en un ambiente festivo, con multitud de expresiones culturales. En Cali y Boyacá, el ESMAD (escuadrón antidisturbios) no ha hecho presencia en las calles por intermediación de las autoridades locales.
LAS CIFRAS DE LA REPRESIÓN CRIMINAL, ACTUALIZADAS
Las organizaciones de derechos humanos Temblores e Indepaz actualizaron este martes 18 de mayo las cifras de las víctimas de la represión en el marco de las protestas del Paro Nacional. Las cifras son provisionales, a la espera de confirmar 8 denuncias de homicidio a manos de la fuerza pública cuyos detalles se están verificando, y ante el riesgo de nuevos ataques contra manifestantes por parte de la policía, ESMAD y ejército, que son especialmente violentos durante la noche, cuando además se da la circunstancia de que rige el toque de queda por la pandemia de covid-19. Los uniformados no dudan en lanzar gases lacrimógenos en zonas residenciales y en sacar a jóvenes de sus casas, sin que se sepa a dónde se los llevan. Algunos han aparecido muertos después de su detención, y otros son incluso detenidos en el hospital.
El comunicado de Temblores ONG e Indepaz afirma lo siguiente:
«Entre las 6:00am del 28 de abril y las 12:00am del 17 de mayo de
2021, a nivel nacional ocurrieron, al menos, 2.387 casos de violencia
por parte de la Fuerza Pública (sin contar casos de desapariciones),
dentro de los cuales se han identificado:
–43 homicidios
–33 víctimas de agresiones oculares
–18 víctimas de violencia sexual presuntamente cometidos por miembros de la Fuerza Pública
-146 casos de disparos de armas de fuego
-384 víctimas de violencia física
-1139 detenciones arbitrarias en contra de manifestantes
-5 víctimas de violencia basada en género
Además, se ha evidenciado el uso de gases lacrimógenos en zonas residenciales donde habitan adultos mayores y niños, o el uso irregular desde el suelo y por fuera de los vehículos del ESMAD del lanzador de proyectiles Venom.»
Las cifras de desaparecidos no están claras. De las más de 500 denuncias recogidas por defensores de derechos humanos, la fiscalía afirma haber localizado a 277 personas, y continua en la búsqueda de 168. Las demás denuncias han sido desestimadas por la Fiscalía. Mientras tanto, continúan las detenciones arbitrarias y en muchos casos la labor de los defensores de derechos humanos es entorpecida por los agentes, que no informan del paradero de las personas detenidas.
OTRA NOCHE DE REPRESIÓN: ESMAD ARREMETE CONTRA LAS «MAMÁS DE LA PRIMERA LÍNEA» EN BOGOTÁ
Caída la noche del miércoles, volvieron las imágenes de represión y terror a las calles de Colombia, que circulan por redes sociales y dan cuenta de la brutalidad criminal del Estado que los medios oficiosos colombianos y extranjeros rara vez transmiten.
Una de las que dan medida de la violencia gratuita con la que actúa la fuerza pública en Colombia contra civiles que ejercen su derecho a la protesta es el ataque al grupo de mujeres que se han dado en llamar «Mamás de la Primera Línea». Estas mujeres cabezas de familia vienen realizando acciones simbólicas y acompañan a los jóvenes en la protesta y la resistencia en la calle, interponiéndose entre la policía y los jóvenes para protegerlos.
Este es el ataque que sufrieron anoche en el Portal Las Américas de Bogotá:
Los ataques de la policía contra mannifestantes han sido especialmente violentos en la ciudad de Medellín, donde se reportaron más de 90 heridos, y en Usme, en Bogotá, donde el ESMAD dejaba a jóvenes encerrados en determinadas calles para retenerlos ilegalmente y llevárselos a lugares desconocidos. También en Usme se registrarom disparos.
Fuente original: https://www.mundoobrero.es/pl.
Miles de colombianes movilizados ayer en otro masivo Paro Nacional
Estudiantes, trabajadores, cabildos indígenas y organizaciones sociales se sumaron este miércoles 19 de mayo al gran Paro Nacional en las principales ciudades de Colombia. En la capital, Bogotá, se registraron 13 movilizaciones en las que participaron unas 80.000 personas.
Hacia las 14:00, los manifestantes se concentraron en la Plaza Bolívar de la capital. Aunque no se registraron incidentes represivos violentos, desde la alcaldía de Bogotá pidieron a la ciudadanía regresar a sus hogares a las 16:00 horas, para "así evitar traumatismos en la movilidad".
Panorama en la Plaza de Bolívar, en el centro de Bogotá.
Desarrollo en Cali
En el marco del Paro Nacional había expectativa sobre el desarrollo de la jornada en Cali, capital del departamento de Valle del Cauca, que se convirtió en el epicentro de las protestas y de la represión de las fuerzas del (des)orden.
No obstante, las movilizaciones en 23 puntos de la ciudad se desarrollaron de manera pacífica, en parte por la decisión del alcalde, Jorge Javier Ospina, de desplegar al Ministerio Público y la Secretaría de Paz, sin la presencia del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), señalado de múltiples violaciones a los DDHH.
Medellín
En Medellín, capital del departamento de Antioquia, miles de inconformes salieron a marchar con banderas de Colombia y tambores. Con cacerolazos y banderas en sus balcones, vecinos en Medellín demostraron su apoyo al Paro Nacional, contra la represión de la Policía y contra la indiferencia del régimen frente a lo que sucede en los territorios.
Varias movilizaciones de Medellín arribaron por la tarde al Parque de los Deseos, nombrado también 'Parque de la Resistencia', convertido en uno de los principales puntos de concentración desde el inicio de las protestas sociales el pasado 28 de abril.
Miles de manifestantes se reunieron en la capital antioqueña para rechazar el mal gobierno de Duque y el terrorismo de estado demostrado en el Paro Nacional.
Popayán
Las calles de Popayán, capital del departamento del Cauca, también fueron testimonio de protestas multitudinarias para exigir el fin a la represión de las fuerzas de seguridad.
Miles de personas se sumaron a la convocatoria del Paro Nacional a tan solo una semana del indignante caso de Alison Méndez, una adolescente de 17 años que se suicidó tras denuncias comprobadas de que había sido abusada sexualmente por varios policías.
En Popayán gritaron resistencia. Masiva participación en la jornada de movilización del día número 22 del Paro Nacional en Colombia, contra el mal régimen y sus políticas de hambre y genocidio.
Represión en Buenaventura
Por su parte, la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) denunció este miércoles que miembros del Esmad y del Ejército atacaron por más de dos horas a los miembros de la minga indígena a la altura del sector la Delfina, en la vía al distrito portuario de Buenaventura (Valle del Cauca).
#ATENCIÓN| Desde @ONIC_Colombia DENUNCIAMOS que por dos horas (aprox) se presentaron ataques hacia los mingueros y mingueras indígenas de la @AcivarpV y @Orivac_Colombia por parte de la fuerza pública, motorizados y tanquetas del Ejército en La Delfina vía a Buenaventura, Valle. pic.twitter.com/pG9dPrCot2
— Organización Nacional Indígena de Colombia - ONIC (@ONIC_Colombia) May 19, 2021
Por su parte, la Defensoría del Pueblo confirmó en su cuenta de Twitter que durante la jornada se registró represión policial violenta, a lo que la población respondió con barricadas, lanzamiento de piedras y saqueos a grandes comercios.
Bloqueos
El ministro del Interior, Daniel Palacios, informó este miércoles que tenían un registro de 42 bloqueos en vías principales, la mayoría ubicados en los departamentos de Valle del Cauca, Cauca y Huila.
La semana pasada, el Gobierno colombiano estimaba unos 170 bloqueos en el territorio. No obstante, el pasado lunes 17 de mayo, el presidente Iván Duque instruyó a todos los niveles de la fuerza pública a utilizar "su máxima capacidad operacional" (léase más violencia represiva) para desbloquear las vías en el país y recuperar "la movilidad".
Protestas contra el narcogobierno de Iván Duque en Bogotá ayer.
Victoria de las movilizaciones
Durante la jornada de este miércoles, el Congreso de Colombia archivó el proyecto de ley de reforma a la salud, una de las peticiones del Comité Nacional del Paro, al considerar que implicaba privatizaciones en el sector.
La decisión sobre este polémico proyecto de ley fue considerada una victoria más de las manifestaciones, tras el retiro de la reforma tributaria que motivó el inicio del paro nacional el 28 de abril.
En estas tres semanas de protestas, según los organismos oficiales colombianos, como la Fiscalía General de la Nación (FGN) y la Defensoría del Pueblo, la violencia estatal ha provocado la muerte de 42 personas.
En contraparte, desde el Comité Nacional de Paro elevaron a más de 50 el número de muertos durante las protestas y se los atribuyen a "la brutal violencia policial desatada" contra los manifestantes.
El narcor+egimen propuso la apertura de un diálogo para detener las movilizaciones, pero hasta ahora no ha negociado. Desde el Comité Nacional de Paro sostienen que su Administración se ha negado a dar garantías para evitar la represión de las la protestas, un tema clave para dar inicio a la negociación.
Colombia registra nueva noche de represión por parte del Esmad
Agentes del Esmad reprimen a manifestantes en la capital, Bogotá.
Al cumplirse 23 días de movilizaciones sociales en rechazo a las políticas neoliberales de Iván Duque, se registraron este miércoles nuevas acciones represivas en varias ciudades de Colombia.
En horas de la noche del miércoles, denunciaron la represión por parte de funcionarios del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) en la ciudad de Popayán, en el departamento del Cauca.
De acuerdo con representantes de Organizaciones de DDHH, varias personas resultaron heridas como parte de la represión contra los manifestantes. Uno de los focos represivos se reportó frente a un hospital de Popayán, donde el Esmad lanzó bombas lacrimógenas contra los manifestantes, afectando a enfermos y personal médico del centro asistencial.
Durante la nueva jornada de represión, en la ciudad de Bucaramanga, Santander, estudiantes de la Universidad Industrial solicitaron la creación de un corredor humanitario para el traslado de los heridos.
Los manifestantes aseguraron que en la noche de este miércoles dos tanquetas de la Policía Nacional irrumpieron disparando gases lacrimógenos en la ciudadela universitaria.
En la capital colombiana también reportaron ataques por parte del Esmad contra civiles que protestaban en el Portal de las Américas. También se reportaron acciones violentas por parte de las fuerzas policiales en la ciudad de Pasto, Nariño.
La ciudad de Medellín fue otra de las localidades en las que se presentaron actos de represión, dejando decenas de heridos.
Una organización aseguró el miércoles que el presidente Iván Duque tiene miedo de escuchar al pueblo que se enfrenta a su narcogobierno por medio de multitudinarias movilizaciones pacíficas.
"Prefiere obligarse a creer que los que están en las calles son personas supuestamente financiadas por gobiernos 'extranjeros' y que la movilización es una estratagema de la oposición para desestabilizarlo", subrayó esta fuerza política en un comunicado difundido este miércoles.
Añadió que el gobernante debe entender que existe un estallido social como consecuencia de una enorme desigualdad y una pobreza provocada por su régimen y por políticas que son muy solidarias con los poderosos, pero mezquinas con el pueblo trabajador.
Desde el 28 de abril a la fecha 51 personas murieron en Colombia a manos de la fuerza pública, durante las jornadas del Paro Nacional, de acuerdo con el más reciente informe de la Organización No Gubernamental (ONG) Temblores.
ʜᴇᴄʜᴏꜱ ᴅᴇ ᴠɪᴏʟᴇɴᴄɪᴀ ᴇɴ ᴇʟ ᴍᴀʀᴄᴏ ᴅᴇʟ ᴘᴀʀᴏ ɴᴀᴄɪᴏɴᴀʟ
Entre el 28 de abril y el 18 de mayo de 2021
Datos:@Indepaz y @TembloresOng pic.twitter.com/gmrfv6oODD
— (@Indepaz) May 19, 2021
Temblores publicó su informe actualizado sobre las cifras de la represión perpetrada por agentes del Esmad y del Ejército contra manifestantes, quienes ya completan 22 días movilizados en Colombia.
Un paro que anuncia al nuevo poder
Las estructuras del régimen colombiano se quiebran, y las fuerzas políticas se agitan. Como si se tratara de un poderoso huracán categoría cinco, se preparan para una potencia política que ya está transformándolo todo, y que devela el hedor de las podridas instituciones colombianas a medida que brota y muestra sus contornos; es el poder del pueblo, el poder popular. La extrema derecha, el centrismo, el liberalismo progresista, le temen a su carácter porque es radical, es decir porque va a la raíz, y como ya ha quedado claro, y a costa de la decepción de muchos, dicha raíz no fue la reforma tributaria.
Ese poder popular, al revelarse, supera las cúpulas sustitutivas de todo orden, desatando la fuerza creativa de individuos y comunidades, anunciándose como poder social y político, lo cual espanta al uribismo y también al liberalismo. La multitud de reivindicaciones y cambios estructurales que exige y traza el paro, no son expresión de confusión o ausencia de objetivos, como concluyen algunos dirigentes de izquierda, dicho enfoque caudillista, aunque reconoce el poder popular, en la práctica lo pretende suplantar.
La multiplicidad de exigencias, reivindicaciones, reformas, y transformaciones que los colombianos movilizados van esbozando, tampoco expresan caos como lo pretende el partido de gobierno, lo único que demuestra es orden, amplitud y resonancia, y en consecuencia una multiplicidad de objetivos que en medio de la lucha se sincronizan. El fascismo criollo intenta destrozar y aniquilar el paro, porque no pudo controlarlo, y el liberalismo acostumbrado a controlarlo, sobre todo usándolo como mecanismo de presión con propósitos electorales, hoy ha sido incapaz de suplantarlo.
Hace pocos días, algunos sectores, haciendo uso de la adulación hacia la sociedad movilizada, intentaron convencerle que la reforma tributaria se había hundido, y que ahora sólo faltaba que Carrasquilla renunciara. Al mismo tiempo Gustavo Petro escribía “no estamos con la consigna de derribar a Duque” “Duque tiene que terminar su mandato”, sin embargo, al siguiente día, el movimiento social en las calles de todo el país, entonaba con más fuerza “Duque Chau, chau, chau”, y exigía la judicialización y juzgamiento a Uribe Vélez, Zapateiro, Iván Duque y Diego Molano por crímenes de lesa humanidad, en razón a las decenas de muertos, centenares de desaparecidos, heridos y torturados.
Cuando las fuerzas políticas tradicionales, respaldadas por los falsos titulares de los medios, aseguraban que la reforma tributaria se había tumbado, hasta el más desprevenido de los manifestantes aclararon, que sólo se trataba de un maquillaje, de un engaño para retirar al pueblo de las calles. En otros términos, la ciudadanía con hechos y palabras, está realizando una muy importante cátedra a la dirigencia política de derecha e izquierda tradicionales.
Y es que mientras para la izquierda el retiro de la reforma tributaria es una colosal victoria. Para el movimiento popular es un importante trámite aplazado, ya que como lo demuestra todos días, sus objetivos son más profundos y extensos. Mientras para la dirigencia de importantes fuerzas políticas, el paro ya debió terminar, para el pueblo movilizado en las calles, y para millones que lo apoyan, el paro acaba de comenzar; el ingreso diario de nuevos sectores sociales así lo demuestran. Es decir, mientras el grueso de la izquierda parlamentaria tartamudea, el pueblo habla claro y se organiza.
Quienes sin lograrlo pretendieron que el paro se desactivará a cuento del supuesto hundimiento de la tributaria, aducen que después de este hecho ya no existen razones para protestar, eludiendo innumerables causas, más que suficientes como para iniciar un levantamiento popular, como por ejemplo, 6.402 asesinatos extrajudiciales de jóvenes por parte de militares que los hicieron pasar como guerrilleros muertos en combate, más de 900 líderes sociales asesinados, 50 billones de pesos perdidos anualmente en corrupción estatal, incumplimiento del acuerdo de paz, un 42.5% de colombianos en condiciones de pobreza; y 7,47 millones en pobreza extrema.
A pesar de esto, la ultraderecha hace uso del discurso difuso de los verdes, del pavor progresista a la suspensión de elecciones, y del terror de los partidos tradicionales a que el régimen se derrumbe. La actual dictadura en desarrollo, se incubó en gran medida por estos miedos más que por un pueblo temeroso. Ni las arengas de Zapateiro a la tropa en las calles de Cali, llamándolas a establecer el orden y la “limpieza”, ni las insinuaciones de la Canciller de suspender la permanencia de la misión de la ONU en Colombia, ni la policia uniformada o de civil, asesinando a quemarropa ante las camaras, ni las decenas de desaparecidos, que las cifras más optimistas contabilizan en 168 casos, ni la represión contra el personal médico que atiende los heridos, y que con las manos arriba ruegan a la policía que no los mate, ni los cortes de luz ejecutados por las autoridades para facilitar la violencia estatal que dejan a oscuras a ciudades y barrios, ni el que estaciones de transporte, fincas y puestos de policía hayan sido convertidos en centros improvisados de tortura, ni acciones como la insólita oficina del ejército en la sede de la defensoría del pueblo en Cali, o los medios llamando a la censura, o invitando a abrir fuego contra manifestantes, ni ambulancias que transportan municiones para la Policía, o helicópteros militares que sobrevuelan las viviendas del pueblo y aterrizan en sus barrios; han podido menguar este movimiento de paro sotenido y en ascenso.
Ahora pocos quieren arriesgarse a guardar silencio frente a la situación en Colombia, ni siquiera el Vaticano o Bachelet, porque si Santos cometió el grave error de creer y expresar que “el tal paro no existe” en el 2013, hoy, ocho años después, el uribismo cometió un error más grave aún; pretender desconocer un paro que sabe si existía.
Con batucadas en las ciudades, desfiles de tradicionales bandas de pueblo en los municipios, con ollas comunitarias, asambleas, mesas populares, trabajo articulado, se defienden centímetro a centímetro las calles de la violencia de las hordas fascistas del uribismo, en el contexto de un paro que según la última encuesta de CNC del 10 de mayo, cuenta con el apoyo del 81% de los colombianos.
Por su parte, junto a la violencia policial, militar y paramilitar desplegada, Duque y Uribe, fabrican un “Dialogo Nacional”, que no es más que una peregrinación hacia la Casa de Nariño, encabezada por la “sociedad civil”, representada por Fenalco, la Andi, las altas cortes, rectores universitarios, la élite eclesiástica, algunas Ongs, uno que otro líder estudiantil descubierto y proyectado por los medios masivos, y dos candidatos en declive a la presidencia. Claro que, de diálogos como estos, obviamente solo pueden surgir coaliciones; una para salvar al régimen y otra para frenar el paro.
Y mientras las barras del Cali hoy se abrazan con las del América y en Bogotá los hinchas están en las calles, ya no viendo un partido que otros juegan por ellos sino en una disputa política, de poder, mucho más seria; Duque insiste en realizar la Copa América, aferrándose a desgastados mecanismos de distracción y alienación, inoperantes en situaciones como la actual.
Gran número de organizaciones sociales manifiestan que no se sienten representadas en el comité de Paro a nivel nacional, y por esa razón se autoconvocan, se organizan en las calles, en los barrios, fortalecen sus lazos, las asambleas, las mingas, los cabildos, son espacios legítimos de deliberación y decisión populares, todos los poderes los tienen y el poder popular no será la excepción. Al fin y al cabo se trata del constituyente primario, la única fuerza en capacidad de cambiar de fondo las relaciones de poder en Colombia, en beneficio de las mayorías.
Rabia y hastío: el pueblo colombiano enfrenta la represión y el genocidio en las calles
El paro que se inició en Colombia el 28 de abril sigue teñido de rabia y hastío, en medio de la recesión económica atizada por la crisis sanitaria de la pandemia del covid-19, deficientemente manejada por el gobierno ultraderechista de Iván Duque, una pobreza que escaló al 46 por ciento y un desempleo del 18 por ciento de la población, en un país con altísimas cifras de informalidad.
Para el Comité Nacional de Paro, la reforma tributaria presentada por el gobierno es “un asalto tributario”, y en su lugar propuso que “si se eliminaran las exenciones a las empresas y a los grandes empresarios (más de 23 billones de pesos), si se hicieran controles efectivos a la evasión que alcanza 43 billones, así como a los paraísos fiscales, y si no se compraran aviones de guerra por 14 billones, no habría necesidad de esta agresiva reforma contra el país”. Estas cantidades son equivalentes a seis mil 440 millones, 12 mil 40 millones y casi cuatro mil millones de dólares.
El clamor social contra Duque volvió a las calles en respuesta al intento de imponer una reforma fiscal incendiaria y antipopular, con la cual se buscaba trasladar a los golpeados sectores medios el costo de mantener los privilegios de la oligarquía que ha gobernado Colombia de forma ininterrumpida.
Pese al retiro de la ley, las marchas se transformaron en un grito para exigir cambios en las políticas del gobierno ultraconservador, y la represión consiguiente ha dejado un elevado saldo de víctimas mortales, debido a la incapacidad del mandatario y su entorno para procesar la disidencia por medios institucionales. La consigna parece ser no escuchar, acallar, aniquilar.
Los acontecimientos de los últimos once días han vuelto a desnudar la hipocresía de las derechas de siempre. Mientras Duque manda tanquetas y helicópteros contra manifestantes inermes, la derecha de siempre -partidos, medios, organizaciones autodenominadas de la sociedad civil y otros que se autoproclaman paladines de la libertad, la democracia y los derechos humanos cuando se trata de desestabilizar a naciones que defienden su soberanía- ahora permanecen en ominoso silencio.
Se habla mucho de la soberbia de Duque, comenta la escritora Soledad Bonnett. “Estamos, sobre todo, ante un hombre que para poder creerse él mismo su papel decidió adoptar ese aire solemne y ese hieratismo de tótem que le sirven para esconder su inseguridad y su falta de criterio. (…) Porque, y esto es lo más triste, el presidente no pareciera tener sensibilidad social alguna. ¿O se le ha visto conmovido alguna vez, doliéndose de las víctimas de las masacres, de la violencia policial, de los miles de muertos en la pandemia?”, añade.
Resultó reveladora la inacción de organizaciones defensoras de las garantías individuales y colectivas afines a Washington, del propio Departamento de Estado y de la principal correa de transmisión de sus intereses en la región, la Organización de Estados Americanos, presidida por Luis Almagro. Tampoco la Alta Comisionada de Naciones Unidas, Michel Bachelet, dio señales de vida.
No habría que sorprenderse: ya vivimos estallidos en Chile y Ecuador contra el neoliberalismo, por ejemplo, y el comportamiento fue el mismo. No hay que olvidar que Colombia es el principal socio de Estados Unidos en la región y cuenta con siete bases militares de ese país en su territorio, además de tropas y cientos de asesores.
También este gobierno defiende el sistema genocida y criminal de capitalismo, que viene haciendo agua en América Latina, pero que su implementación no depende sólo de un gobierno sino del sistema de exclusión y marginación de las mayorías que ampara el formato de acumulación por despojo y robo. La solución propuesta es encerrarlos en sus guetos o barrios o matarlos, mediante ejecuciones sumarias.
Analizar lo que está pasando en Colombia –y en otros países latinoamericanos- obliga a alejarnos de las añejas teorías, porque estamos viviendo un importante recambio generacional, con jóvenes que entendieron que la lucha se da en las calles, no en los escritorios de los políticos y/o analistas de siempre, que recitan Marx y Gramsci, ni en los medios de comunicación. Jóvenes que luchan, se rebelan, resisten, pelean por tener un futuro. Convencen a sus conciudadanos, en las calles.
Las elecciones se acercan, el temor crece
El 2022 es año de elecciones en Colombia y no hay necesidad de medir la impopularidad del actual Gobierno: el termómetro son las calles. No se puede desasociar el actuar militarista de Duque (no solo con el paro) y las frecuentes violaciones a los derechos humanos como una antesala de terror a ese escenario.
Si bien faltan 13 meses para la primera vuelta presidencial de 2022, con tanta rabia acumulada, el izquierdista Gustavo Petro, ganaba –según la encuesta de Semana- sin necesidad de balotaje. Petro mostraba, aún antes del paro, una intención de voto del 38,3 %, muy por encima de sus competidores, incluido Sergio Fajardo, que cayó a 15,9 %. No solo ganaba en las clases populares (39,4 %) y media (37,6 %), sino en los estratos medio-alto y alto, donde alcanza 32,4 %, algo increíble.
Algunos analistas de la prensa hegemónica señalaron que ese susto no le conviene a Petro porque, a la larga, puede hacer que el péndulo que ahora se balancea de su lado regrese al contrario en vísperas de la votación, sobre todo a la vista de lo ocurrido en Ecuador con Andrés Arauz,.
Esta encuesta despertó urgencia en el establishment. Y por eso no extrañaron las arremetidas contra el candidato de la izquierda: “Un día los mandas a atacar y al otro día los mandas a abrazar. A los policías y soldados se les respeta y admira todos los días”, fue el mensaje del ministro de Defensa Diego Molano.
Petro le respondió: “Desde que firmé la paz, en 1989, jamás, oiga bien, jamás he insinuado que se ataque a un solo miembro de la Fuerza Pública. Usted, en cambio, permite que se asesinen a civiles desarmados. Es usted el que se pone fuera de la ley”.
Además de estos mensajes, hay otras comunicaciones que han sido señaladas de favorecer o hasta incitar actos de violencia directamente. Es el caso del tuitter del expresidente Álvaro Uribe que fue retirado por la propia red social por “glorificación de la violencia”. En la comunicación, Uribe, acusado de genocidio, dijo: “apoyemos el derecho de soldados y policías de utilizar sus armas para defender su integridad y para defender a las personas y bienes de la acción criminal del terrorismo vandálico”.
Pero este no es el único trino de Uribe que ha sido cuestionado en medio de las manifestaciones. Hace uno días, compartió un video de una camioneta con la bandera del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) y aseguró que se trataba de un símbolo del insurgente Ejército de Liberación Nacional (ELN). Los líderes indígenas consideraron el gesto como un acto de estigmatización del que fueron víctimas por parte de la cabeza del partido de gobierno.
Pero quizá baste recordar, como lo hace el pueblo colombiano en las calles, que al menos 6.402 civiles, en su mayoría hombres jóvenes, de bajos recursos, que el gobierno falsamente hizo pasar como guerrilleros, fueron asesinados por la fuerza pública en Colombia, principalmente durante el gobierno de Uribe.
A la serie de ejecuciones extrajudiciales, y cuyo propósito fue mostrar resultados militares a cambio de dinero, medallas, ascensos o días de descanso, se le dio el nombre erróneo de falsos positivos. En jerga bélica “positivo” alude a un contrincante muerto en combate y no al asesinato premeditado de civiles inocentes.
Aunque el inicio de la práctica podría situarse en los años ochenta, en el contexto de la guerra contrainsurgente, el 78% de los crímenes ocurrió entre 2002 y 2008, durante el gobierno de Álvaro Uribe, cuya bandera, la política de Seguridad Democrática, se propuso combatir la amenaza de grupos armados ilegales. El tema ha sido documentado por la prensa, la academia y varios organismos de derechos humanos.
Terror oficial, otra vez
Tras once días consecutivos de protesta, la Defensoría del Pueblo informó que el número de manifestantes desaparecidos se elevó a 548 desde el 28 de abril, mientras la ONG Temblores y el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) señalaron que 47 personas fueron asesinadas (17 en Cali), 963 fueron detenidas de forma arbitraria y hubo 12 casos de violencia sexual. Afirman que 28 de los lesionados fueron heridos en los ojos.
Pero qué sería de nuestros gobernantes si no pudieran alimentar el miedo con la figura del enemigo interno para poder justificar sus abusos de fuerza, sin eliminar toda oposición y atornillarse en el poder vendiéndonos seguridad después de regalarnos miedo, señala Ita María en Vice.
Human Rights Watch-Américas señaló que los policías usaron «tanquetas con lanzadores de proyectiles múltiples dirigidos a manifestantes», con un «arma peligrosa e indiscriminada». Nunca se ha visto «en América Latina y ni siquiera en Estados Unidos» que los policías usaran «lanzadores de proyectiles múltiples de alta velocidad horizontales», añadió.
El Escuadrón Móvil Antidisturbios fue imputado por uso indiscriminado de armas de fuego, disparos de bala de goma contra los ojos de los manifestantes, vehículos blindados, abuso sexual y persecuciones, entre otras tácticas de represión, que han sido condenadas por la comunidad internacional, las organizaciones de derechos humanos y la prensa.
Estefanía Ciro señala que “nos robaron la posibilidad de un futuro sin armas. Nos dijeron que se iban las FARC y el país mejoraba y no, se han encargado de romper uno a uno los compromisos, y nos empujan a una espiral de violencia y de degradación humana a la que las élites vándalas han estado acostumbradas a lo largo de la historia de la nación”.
El establishment quiere volver a asperjar con glifosato, a criminalizar a los campesinos y los pueblos étnicos, impedir la justicia transicional. Dos semanas atrás asesinaron a una gobernadora indígena y la lista de dirigentes regionales y nacionales, y excombatientes asesinados crece diariamente.
Ya antes de la pandemia, el gobierno de Iván Duque hizo una reforma fiscal que benefició al gran capital y descapitalizó el Estado y con la crisis sanitaria del coronavirus no encontró nada mejor para corregir el hueco fiscal que redactar una nueva reforma fiscal que desconoce que se vive en un país donde 90 por ciento de la población gana menos de mil 650 dólares, donde hay 46 por ciento de pobres, casi la mitad.
Asimismo, los edificios llenos de trapos rojos –en todo el país- identifican el reclamo de la gente pidiendo solidaridad-un plato de comida- en los barrios populares. La incapacidad e imposibilidad de controlar la pandemia, en su tercer pico, con un gobierno negado a proponer alternativas económicas, explotaron en rabia.
Analistas destacan –ahora sí- que Colombia se levantó porque ya no es inmune a la realidad de que la guerra para muchos era un velo. El establishment –que vandalizó la economía, la paz, el futuro, la salud, la vida- se ha beneficiado en medio de la guerra, y quieren, ahora en medio de la pandemia, seguir haciéndolo. En Colombia, el boom del sistema financiero se dio –y no por casualidad- en los periodos más duros del conflicto armado (2002-2010).
A esto hay que sumarle que Cali, epicentro de la cacería desatada por el gobierno y las tropas depredadoras y asesinas del general Eduardo Zapateiro, es también el lugar donde se está jugando la reconfiguración de las economías de la cocaína, en la cual hay sectores institucionales y élites involucradas. El hecho que se haya desatado esta violencia en medio de este reacomodo del narcotráfico no debiera ser pasado por alto.
Las imágenes recorrieron el mundo y no gracias a los medios hegemónicos que trataron de invisibilizar el estallido. En ellas vimos una camioneta blanca desde donde disparan a médicos y enfermeras de la misión médica organizada por ciudadanos para atender las emergencias en Cali. También vimos que desde una moto disparan a quemarropa una ráfaga a tres manifestantes en el Viaducto de Cali y la agresión sexual de soldados a mujeres manifestantes.
Nos sorprendió ver escenarios de guerra contra gente indefensa: un helicóptero aterrizando en un colegio en Bogotá, a la policía disparándole sin control a las personas que persigue en sus motos, las nuevas tanquetas del Esmad lanzando ráfagas de aturdidoras, mientras el poder judicial en clara violación a la independencia constitucional, escribía comunicados conjuntos con el gobierno de Duque, con la esperanza de que el papel detuviera el estallido.
Quizá sea cierto que el temporal silencio de los fusiles –desde la firma del incumplido (por el gobierno) acuerdo de paz con las FARC- permitió escuchar el país muerto, sus víctimas. El Paro ya se desbordó y es del pueblo, no tiene dueños. Este despertar –en las calles, en las plazas, en asambleas barriales- no lo pudo frenar ni una pandemia ni un ejército, y ya tiene efectos, mostrando una vez más que la izquierda, en nuestros países, está en las calles.
*Periodista y comunicólogo uruguayo. Magíster en Integración. Creador y fundador de Telesur. Preside la Fundación para la Integración Latinoamericana (FILA) y dirige el Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)
Levantamiento popular: los jóvenes en primera línea
Por: Germán Muñoz González
Este es el estallido social de una mayoría de la población, en particular de los jóvenes, que no acepta más la violación de su legítimo derecho a la vida digna.
Desde que nací, el mismo año del Bogotazo, he vivido prácticamente siempre bajo estado de sitio o de excepción o de conmoción interior, lo cual se podría traducir como Violencia, con mayúscula, pero con ropaje de legalidad.
La Violencia ha sido una especie de fatalidad histórica de la que pareciera no haber escapatoria para los colombianos. Ha sido un nudo ciego, una maraña de hilos donde caben fenómenos como la corrupción, la guerrilla, el narcotráfico, el paramilitarismo, la oposición política o la protesta social. Todos ellos están atados a una misma trama, sin raíces explicativas. Hoy necesitamos comprender el origen histórico de esa Violencia, es decir, la desigualdad social, y contraponerla a la figura del ‘enemigo interno’, que se ha convertido en la retórica predilecta para combatirla y que periódicamente cambia de nombre (castrochavismo ha sido la fórmula más usada en lo que va corrido del siglo XXI).
Puedo dar fe de que en 70 años de vida no había visto lo que he presenciado en las dos semanas que han trasncurrido del 28 de abril a la fecha. Protestas y manifestaciones recuerdo muchas: la más notable, tal vez, el paro nacional de septiembre de 1977, en el cual se contaron centenares de heridos, cerca de 30 personas muertas, la mayoría jóvenes menores de 25; sin hablar del movimiento estudiantil que surge en 1971 y, por supuesto, de la Violencia en los territorios nacionales en esa guerra civil no declarada que se desencadó en 1948 con el asesinato de Jorge Eliecer Gaitán, momento fundante del fenómeno de las guerrillas. Han sido setenta largos años de guerra que no terminan con la firma del acuerdo de paz en 2016. Recordemos que el respaldo multitudinario de los jóvenes fue definitivo para exigir la refrendación de lo pactado.
Tampoco olvido el movimiento estudiantil liderado por la Mesa Amplia Nacional Estudiantil (MANE), que logró en 2011 desafiar a un gobierno entero y parar una reforma planteada por el presidente Juan Manuel Santos a la Ley 30 de educación superior en Colombia. Mucho menos el paro agrario de 2013 o el paro histórico del 21 de noviembre de 2020, en el que la gente protestaba en contra de las reformas de pensiones, laboral y educativa, y a favor del acuerdo de paz firmado entre el Estado y las FARC.
Más cercanas aún son las marchas del 9 al 21 de septiembre de 2020 para protestar en contra del extremo abuso policial, del mal manejo del Gobierno ante la crisis económica y social provocada por la pandemia, y para sentar una voz que dijera ‘basta ya’ a las masacres en el país, las cuales no tuvieron tregua a pesar de las medidas de confinamiento. En especial, hay que subrayar la Minga del Suroccidente Colombiano, liderada por las organizaciones indígenas en octubre de 2020, que emocionó por sus consignas y valentía, logrando movilizar a una gran parte de la sociedad en torno a sus exigencias tras su recorrido pacífico por el país, logrando la opinión favorable de millones de personas que los recibieron calurosamente en cada ciudad durante su viaje hasta la capital.
Sin embargo, la semana pasada y el fin de semana con gravedad inmensa he sido testigo, como lo fuimos todos los colombianos y, a través de las redes informáticas, el mundo entero –pero especialmente, en vivo y en directo, los habitantes de Cali y de Bogotá– de un escenario desconocido, de un escalamiento de la Violencia sin precedentes, de una ‘guerra’ desatada contra la población civil levantada en una justa protesta y que, valiéndose de armamento sofisticado de última generación, ha puesto en juego el terror como política de Estado. Nunca imaginé que a nuestras calles llegarían dispositivos desarrollados para el cuerpo de marines de los Estados Unidos con municiones aturdidoras, gases irritantes y perdigones de alto impacto, armas letales creadas para guerras entre ejércitos. Mucho menos pensé posible que llegáramos a este saldo inmenso y creciente de muertos, heridos, torturados, desaparecidos y abusados.
Baltazar Garzón está hablando del enfrentamiento asimétrico de “piedras contra fusiles”. Ha sido peor: fuego indiscriminado contra los manifestantes, a plena luz del día y bajo la complaciente y desvergonzada mirada de la Fuerza Pública.
El paro nacional ha llegado a lugares recónditos del país, donde nunca antes llegaba, y se ha mantenido sin dar tregua desde el 28 de abril. Ha desnudado las grietas del famoso modelo económico neoliberal, estable y ortodoxo, y ha mostrado palpablemente que en esta democracia formal, supuestamente estable, la clase política es incapaz de llegar a soluciones y su único recurso es la fuerza brutal de las armas. Nunca antes se había hecho tan evidente la desconfianza y falta de credibilidad de la población sobre la clase política, las fuerzas armadas y los medios masivos de seudoinformación. «Lo que estamos viendo es un descontento generalizado y quizá irremediable, es casi una situación prerevolucionaria», dice Carlos Caballero Argáez.
Los noticieron de las empresas mediáticas repiten hasta la saciedad que se trata de ‘vándalos’ y ‘terroristas’. Ninguna de las dos palabras nombra lo que está sucediendo, pero ambas hablan de miedos y amenazas latentes para una parte de la población. El estallido social recoge la rabia, la indignación, el repudio de una mayoría de la población que no acepta más la violación de su legítimo derecho a la vida digna, en particular de los jóvenes comunes y corrientes, no pertenecientes a organizaciones ni partidos, que han ocupado la primera línea de las marchas callejeras, que se han movilizado y han visto a sus amigos caer masacrados.
El juvenicidio, sacrificio consensuado de aquellos que ‘no merecen vivir’
Hago parte de un colectivo de investigadores de varios países de América Latina y Europa que se ocupa del juvenicidio. La palabra es un neologismo que tiene seis años de existencia, derivado de la palabra feminicidio, con la cual guarda estrecha relación. Nos convoca una pregunta sencilla: ¿de qué mueren los jóvenes en América Latina? En Colombia, la primera respuesta es que los matan y se matan (se suicidan).
En estos días, se ha hecho evidente que Colombia es un país donde el juvenicidio hace parte de la rutina cotidiana. Hay nombres que entraron en nuestra historia y en nuestra galería de los afectos: Dilan Cruz, asesinado el 25 de noviembre de 2019 en Bogotá; Nicolás Guerrero, el 2 de mayo de 2021 en Cali; Kevin Agudelo, en Cali el 3 de mayo de 2021; Lucas Villa, el 5 de mayo de 2021 en Pereira. Tantos otros de una lista donde también están los 6.402 del panteón llamado ‘falsos positivos’.
En todos los países de América Latina existe una larga lista de asesinatos sistemáticos de jóvenes no casual, no accidental ni de página roja: se trata de asesinatos planificados. En algunos países, como México, Brasil y Colombia, las cifras son escandalosas (recordemos la masacre de la semana pasada en una favela de Río de Janeiro y la de Ayotzinapa el 26 de septiembre de 2014). Más de una vez han coincidido con dictaduras que han hecho de los asesinatos el pan de cada día. Otra cosa es que no se habla de ellos, han permanecido invisibles o han sido aceptados socialmente, producen indiferencia, son parte del paisaje.
Hablar de juvenicidio supone asesinatos, casi siempre atroces y brutales, que son llamados ‘ejecuciones extrajudiciales’ y se encuentra acompañados de desapariciones forzadas y múltiples formas de tortura. También es juvenicidio cualquier otra forma de atentado contra la vida de los y las jóvenes: la precariedad laboral, la exclusión de la vida pública, el silenciamiento y la satanización en los medios masivos de comunicación, las limitaciones a sus derechos, la prohibición de su movilidad dentro de territorios acotados, el cercenamiento de las libertades, la abierta represión. Juvenicidio es amputarles la posibilidad de vivir una vida digna y con sentido, negarles una imagen con contenido de verdad, representarles como predelincuentes o como causantes de peligro para la sociedad entera. Esto, porque no solo se mata a los jóvenes con balas, también se los mata borrándolos de la vida social, económica y política, eliminando su rostro, su buen nombre, convirtiéndolos en peligro social y creando el estigma en la opinión pública.
Dos conceptos son capaces de dar cuenta de esta dolorosa realidad en el actual contexto. El primero el de necropolítica, según los planteado por Achille Mbembe, que se genera a partir de dos preguntas fundamentales: ¿quiénes merecen vivir? ¿quiénes deben morir? Sin duda, en Colombia los jóvenes se encuentran en la lista de quienes deben morir. Son prescindibles. Algunos más que otros: los pobres, los negros, los pueblos originarios, los que ya no tienen miedo de enfrentar el poder porque lo han perdido todo. En consecuencia, necropolitica es gobernar a los seres humanos en relación con la muerte. Ya no es el gobierno de la vida solamente, es el gobierno de la muerte de los seres humanos.
El doloroso presente de muchos jóvenes ocurre en el horizonte del necropoder, donde aquellos que han sido llamados ‘el futuro de la patria’, protagonistas del momento más feliz de la vida, son permanentemente vulnerados y precarizados. El poder absoluto permite dictaminar quién vive y quién muere, utilizar el horror y el miedo como modelo de gobierno.
En segundo lugar, me parece fundamental para entender el juvenicidio la noción de Estado penal construida por Loïc Wacquant. Para entender la necropolítica hay que comprender la teoría del Estado después del 11 de septiembre de 2001, en la sociedad de la lucha contra el terrorismo. Se trata de un Estado que reprime hasta la muerte a todos aquellos que considera como potencialmente terroristas, que reprime desórdenes generados por el desempleo masivo porque este genera desórdenes. Igualmente, reprime a quienes no tienen futuro ni lo van a tener, a los que no tienen oportunidades, a los que viven en la incertidumbre porque generan riesgos para los demás. Castiga con puño de hierro y cárceles de miseria a los pobres, a los parias. Decreta pena de muerte a los negros, a los indígenas, a las mujeres, a los jóvenes.
Recordemos, en el caso colombiano, la atrocidad llamada ‘falsos positivos’ que alude a bajas en combates que no existieron, un eufemismo canalla. Fueron asesinatos intencionales, planificados y sistemáticos de civiles colombianos, población inerme (algunos con discapacidad), presentados por el Ejército como muertes en combate con el objeto de mostrar resultados exitosos y obtener recompensas económicas. Los cogieron en las calles de los barrios populares, engañándoles con ofertas de trabajo porque eran desempleados. Terminó siendo una política de exterminio de jóvenes pobres, sin trabajo. Juvenicidio es, en este caso, crueldad extrema cometida por un Estado penal. Son crímenes de Estado contra un supuesto enemigo.
Zaffaroni anota que el enemigo es la población civil, el enemigo son los jóvenes, el enemigo son los pobres, el enemigo son los negros de las favelas porque tienen el perfil de aquellos que son sacrificables y no pasa nada. En Colombia son jóvenes pobres que viven en zonas marginales: Siloé y Aguablanca en Cali, Ciudad Bolívar y las periferias de Bogotá, las comunas pobres en Medellín.
Aunque este acontecimiento tiene una larga historia, no es visible ni perceptible y no hay acción política en contra de esta realidad macabra que se ha enquistado en la vida social y política de América Latina, que se ha naturalizado en medio de la guerra y que ha existido en medio de la impunidad. Queda claro que el juvenicidio es sistemático, aceptado socialmente y que los jóvenes no les duelen a nuestras sociedades porque son vistos como un peligro social.
Las identidades de estos jóvenes están desacreditadas, se construyen a través de prejuicios, estereotipos, estigmas y racismo que producen criminalización, vulnerabilidad, indefensión, subalternidades radicales (como las llama Gramsci) o identidades canallas, vidas vulnerables y vidas que pueden ser suprimidas.
Las vidas precarias de los jóvenes colombianos no merecen ser protegidas. Se disparan indiscriminadamente granadas desde tanquetas contra quienes portan rostro juvenil, mientras helicópteros Blackhawk artillados los vigilan desde el aire.
La frase de Lucas Villa, premonitoria el día antes de ser acribillado en Pereira, es lapidaria: “ahorita en Colombia solo el hecho de ser joven y estar en la calle es arriesgar la vida”. ‘Los Nadie’ son los jóvenes del país más desigual de América Latina, siendo este el continente más desigual del mundo. La guerra es contra ellos, su resistencia es desde la ‘nada’.
Bienvenidos al presente
Manifestantes participan en una protesta que exige al gobierno hacer frente a la pobreza, la violencia policial y las desigualdades en los sistemas de salud y educación en Colombia. 12 de mayo de 2021. Foto: Luisa González / Reuters
Parece que Colombia ha despertado de su letargo y de ese eterno pasado al que estábamos atados. “Lo nuevo no termina de nacer y lo viejo no acaba de morir, y en este interregno surgen los monstruos” la frase genial del italiano Antonio Gramsci, retumba con pertinencia en la actual crisis nacional de nuestro país. El gran paro nacional iniciado el 28 de abril es solo el síntoma más prominente de un orden social que se torna insostenible. Lamentablemente estas crisis no implican per sé transiciones progresistas, y siempre encarnan el peligro de salidas aún más autoritarias. Todo dependerá del desarrollo de la lucha social y de las alternativas que construyan los de arriba y los de abajo.
Lo cierto es que esta crisis nacional que encarna como ninguno el gobierno de Iván Duque, es expresiva de que luego de 100 años de soledad, en Macondo si está pasando algo. Los santanderistas se han vanagloriado por dos siglos de tener al pueblo tan controlado que a diferencia del resto de países de Nuestra América no ha habido una revolución de ningún tipo. A esa cuestionable honor lo disfrazan etiquetando al país como la “democracia más antigua de América” o la larga “tradición civilista” colombiana. Pese a las abundantes guerras civiles del siglo XIX no hubo triunfo de los insurrectos salvo la excepcional victoria de Mosquera en 1861. El ascenso de los movimientos sociales que representaban clases emergentes que implicaron nuevos partidos y nuevos gobiernos en todo el continente, se tramitó en Colombia dentro del bipartidismo y de forma bastante controlada. Y cuando Gaitán junto a las inmensas mayorías campesinas y urbanas implicó una posibilidad cierta de untar de pueblo la Casa de Nariño, la salida del régimen fue acudir al magnicidio, fiel tradición santanderista desde los días del atentado septembrino.
El Frente Nacional no fue un régimen democrático sino una dictadura bipartidista amparada en el estado de sitio. La democratización de la Constitución de 1991 quedó frustrada ante la continuidad de dos monstruos del antiguo régimen: la clase política y el poder militar, que ya había perdido su soberanía gracias a la subordinación al Pentágono. El ingreso de sectores narcoparamilitares a la política nacional no implicó sino una profundización del carácter antidemocrático del régimen político y la exacerbación de la represión hacia las protestas y la oposición político. La “democracia más antigua de América” carga con los múltiples genocidios políticos del gaitanismo, la UP, A Luchar, el movimiento sindical, la Marcha Patriótica y los firmantes de los distintos acuerdos de paz, crímenes que harían caer cualquier dictadura.
La historia nacional pareciera una perenne fórmula del gatopardo donde algo cambia para que todo siga igual, y donde ese todo que sigue igual incluye la represión al pueblo y su exclusión del poder. Por fortuna, este paro nacional, reflejo de una crisis del régimen cada vez más insostenible, empieza a mostrar grandes cambios que nos obligan a buscar salidas distintas a las históricamente fracasadas. Un país de 21 millones de pobres –con la cuestionable medición de pobreza monetaria del DANE- , deuda de más de la mitad del PIB y un hueco fiscal de más de 90 billones, solo muestra que el modelo económico que el estado se ha negado a discutir tanto con los movimientos sociales como en los procesos de paz, es un auténtico fiasco y que cualquier salida dentro del neoliberalismo solo implicará prolongar la agonía de sus víctimas.
No hay que buscar espías rusos ni financiación venezolana ni cubana para entender el paro. Es esta crisis social producida en 30 años de neoliberalismo la que está estallando y lo que hace aparecer otra segunda y gran característica de este paro. En las calles y carreteras se manifiestan las mayorías que ninguna expresión política ha logrado representar, ni del establecimiento, ni alternativas. Es un movimiento de nuevos y nacientes liderazgos, y de cambio generacional de una juventud condenada al no futuro, ante la cual tenemos el deber de abrirle paso y voz propia. Nada más ridículo que pretender negociar a puerta cerrada un paro que es de todos y todas, o abrogarse vocerías que nadie ha otorgado. Además, la verdad se ha dicha, pensar que se puede consensuar algo con este gobierno que está asesinando población indefensa no es tener esperanza, sino más bien ingenuidad o mala fe.
El tercer elemento novedoso dentro de este actual movimiento, que en estricto sentido es continuidad del levantamiento de 2019, es que aunque hay reivindicaciones concretas también es un paro político, en contra de un gobierno que carece de legitimidad. Por primera vez en tres décadas una medida de ajuste estructural es reversada, lo que implica una victoria popular, como espero también se concrete el triunfo en los próximos días que representaría el hundimiento de la inadecuada reforma a la salud. Pero difícilmente este nuevo logro de la movilización, así como la renuncia del nefasto gabinete, calmará una ira popular que ha conocido lo que es ganar y quiere continuar. Muchas exigencias por concretas que sean implican grandes cambios legales como por ejemplo la reforma a la justicia penal militar, cambios que son inviables en el actual parlamento.
En mi pasada columna insistí en la renuncia del presidente Iván Duque, porque creo que es parte de la solución, pero solamente su primer paso. Aunque esta reivindicación forma parte de importantes sectores de la movilización, líderes políticos de derecha y de izquierda la desestiman por meros cálculos electorales, sin comprender que la posibilidad que en Colombia lleguemos al nivel de “paros destituyentes” como pasó al inicio del siglo en Bolivia o Ecuador, sería un salto cualitativo para las posibilidades de cambio social.
Un cuarto aspecto que se manifiesta en esta crisis, es la caída de la máscara de proyecto autoritario y fascista existente en el gobierno. Civiles armados disparando, chulavitas del siglo XXI, racismo y clasismo en furor, discurso macartista de la guerra fría recién maquillado, censura a los medios de información y las redes sociales, y el violento despliegue del aparato contrainsurgente del Estado dándole trato de enemigo interno a la población civil. A un anodino congreso virtualizado y unos organismos de control de bolsillo del ejecutivo, se le suma ahora -con las dignas excepciones de 2 magistrados- el cierre de filas de las altas cortes con la masacre y el autogolpe de estado de hecho que se viene consumando desde la elección de Duque. Para qué conmoción interés con un presidente omnímodo de facto? Mientras Duque no renuncie, el genocidio continuará bien sea por la orden directa de disparar, o por la permisividad de la acción del paramilitarismo de vieja y nueva creación.
Metástasis del neoliberalismo, rebeldía generalizada con la juventud a la cabeza, crisis de la representación política desde todos los sectores, reivindicación del cambio político más allá de cualquier pliego y el descaro de un sector del establecimiento por la salida fascista, configuran un novedoso escenario del momento político, que hacen innegociable este paro con el gobierno de Duque. Aunque de forma aún muy tímida se asoman descontentos en la base de la fuerza pública, de extracción claramente popular, y en sectores del nuevo gobierno de EEUU, que de consolidarse podrían agravar la crisis colombiana. Si estos dos factores reales de poder de Colombia no se deciden, quizás Duque termine su periodo y volvamos al eterno retorno del gatopardo. Pero obviamente, la definición de estos sectores, no es un tema de caprichos sino de la potencia del pueblo en las calles.
Más allá de la coyuntura específica del paro, la crisis nacional de la que es expresión, solo tiene una salida en el mediano o largo plazo: nuevo gobierno y nuevo proceso constituyente. Este sentir popular no cabe en la vieja Colombia, y cualquier ruta que no incluya el cambio de gobierno y el cambio constitucional nos retrotrae al pasado generador de la actual crisis.
Colombia: Jornada de paro contra políticas neoliberales mantiene en jaque al Gobierno
La más reciente convocatoria del paro nacional tapó las calles de manifestaciones antigubernamentales en varias regiones de Colombia, mientras el Gobierno de Iván Duque mudó a un tono más conciliador hacia los manifestantes con el fin de encontrar acuerdos que parecen estancados.
Miembros de sindicatos, estudiantes, jubilados y trabajadores marcharon este miércoles en un nuevo paro nacional convocado contra el Gobierno en Colombia, mientras el presidente Iván Duque instaba a los ciudadanos a rechazar la violencia y los estereotipos sobre los manifestantes y la policía por igual.
El decimoquinto día de las marchas fue una mezcla de reclamos al Gobierno, al que le exigen acciones efectivas contra la brutalidad policial y que cesen algunas de sus políticas y proyectos de ley, como la reforma de salud y otras políticas neoliberales.
Las marchas más concurridas fueron las de Bogotá, en donde hubo diferentes puntos de encuentro y algunos choques con las fuerzas antidisturbios, aunque no todos confluyeron en la céntrica Plaza de Bolívar.
En tono similar, las manifestaciones se desarrollaron en Barranquilla, Cartagena y Montería, las principales ciudades del Caribe. En Bucaramanga y Cúcuta, esta última capital del departamento de Norte de Santander, fronterizo con Venezuela, la gente también salió a expresar su descontento.
«Estoy en el paro porque creo que ninguna de las reformas que se han hecho ni las que se piensan hacer en cuanto a lo laboral, lo pensional, la reforma a la salud, favorecen al pueblo», argumentó Marcela, profesora de una escuela del barrio San Cristóbal, en el sur de Bogotá. La maestra, que izaba una pancarta escrita con letras rojas en la que se leía «no a la reforma laboral», uno de los lemas del primer paro del 28 de abril, enfatizó que el país está viviendo «una serie de masacres, de asesinatos, simplemente por no tener un derecho a la protesta cuando en realidad lo que estamos pidiendo es garantía para todo».
En Cali, la tercera ciudad más importante de Colombia y la principal del Pacífico, la Minga (movilización) indígena acompañó en las marchas a «los jóvenes y la ciudadanía movilizada porque nos estaban masacrando», exclamó Aida Quilcué, una fuerte opositora del Gobierno Duque. La líder indígena destacó que, pese a que el Gobierno del Valle del Cauca, del que es capital Cali, cerró sus fronteras desde el pasado domingo para garantizar el orden público, la Minga logró llegar para participar en las protestas y hoy mismo comenzaron a salir de la ciudad hacia sus territorios, mayoritariamente ubicados en el vecino Cauca por los ataques que han recibido los últimos días.
Comité exige negociación
Si bien es cierto que el Gobierno ya retiró la reforma fiscal, las protestas encajan una serie de exigencias que el Comité de Paro resume así: retiro del proyecto de la reforma a la salud, que contempla privatizaciones, y fortalecimiento de una masiva vacunación, renta básica de por lo menos un salario mínimo legal mensual y defensa de la producción nacional.
Por su lado, el Gobierno plantea para la mesa de negociación asuntos como vacunación masiva, reactivación segura, no violencia, protección a los más vulnerables, estabilización de las finanzas públicas y matrícula cero. Las temáticas parecen coincidir y ahora se espera que las partes logren sentarse y llegar a acuerdos para sacar al país de esta crisis, la peor en el Gobierno de Duque y una de las más difíciles de Colombia en tiempos recientes.
Además, el Gobierno anunció que está dispuesto a «negociar» con el Comité de Paro, que exige una «negociación» y no un «diálogo». Sin embargo, hay manifestantes en las calles que aseguran que tampoco se sienten recogidos en las demandas del Comité de Paro, que solo agrupa las organizaciones más tradicionales de la protesta, y que podrían mantener con las movilizaciones independientemente a las negociaciones con Duque.
Con miles de manifestantes en las calles, el Gobierno no solo enfrenta una presión popular inédita, sino además el riesgo de un colapso del sistema sanitario por cuenta de una multiplicación de los contagios en medio de una vacunación que solo ha cubierto al 6,6 % de la población.
El neoliberalismo estalla en Colombia
Historia y Presente – blog – www.historiaypresente.com
Ecuador, lunes 10 de mayo de 2021
América Latina no logra encontrar su paz. Desde que concluyeron los procesos de nuestras independencias en las primeras décadas del siglo XIX, ya llevamos doscientos años de movilizaciones, protestas, luchas y rebeliones en repúblicas construidas sobre las bases económicas y políticas de la exclusión social, la pobreza generalizada, la explotación laboral, la concentración de la riqueza y el poder en manos de minorías. La democracia sigue siendo un sueño por conquistar. Y en las décadas finales del siglo XX, a las herencias no solucionadas del pasado, se unió el auge del neoliberalismo como modelo de economía del Estado en todos los países de la región. Hay suficientes datos, estudios e investigaciones que demuestran lo nefasto que ha sido el neoliberalismo latinoamericano, de manera que se conoce, perfectamente, que las economías de mercados libres y de empresa privada absoluta, si bien trajeron modernización capitalista, lo hicieron sobre la concentración de la riqueza más polarizada en toda la historia de la región, mientras en otro polo se deterioraron las condiciones de vida de la mayoría social y también sus condiciones de trabajo. El neoliberalismo agudizó la conflictividad social, alimentó la “cultura del privilegio” (Cepal), ha impedido la paz, la democracia, la libertad social y el bienestar. El ingreso de la pandemia del Coronavirus
encontró no solo a la gran mayoría de países dominados por gobiernos
conservadores, que reprodujeron economías neoliberales, sino a Estados
desarmados por la falta de recursos con los cuales poder atender un
problema universal de salud, porque, bajo las consignas del
“achicamiento” y “retiro” del Estado, se habían cortado inversiones en
medicina, infraestructuras y servicios públicos.
En ese marco
histórico general, la reforma tributaria que se quiso imponer en
Colombia al finalizar abril 2021, pretendía recaudar unos 6.800 millones
de dólares como recursos para el Estado, pero mediante el incremento
del IVA al 19% para productos básicos, gasolinas, luz y gas, además de
extender el impuesto a la renta para clases medias y trabajadores. En
contraste, desde 2019 se han disminuido o exonerado de impuestos a las
grandes empresas capitalistas que, a su vez, solo el año pasado
acumularon ganancias millonarias. No han faltado los gastos en armamento
y equipos para las fuerzas armadas y la policía, en un país estratégico
para los intereses de la seguridad continental de los EEUU, que cuenta
con varias bases militares instaladas en ese territorio. La violencia
histórica en Colombia, que tiene características únicas en
Latinoamérica, y que ocasiona el asesinato diario de por lo menos un
activista o dirigente social, junto a una serie de incumplimientos de
los acuerdos de paz con las FARC (2016) y unida al neoliberalismo
mantenido por décadas, así como a la pandemia sin la atención requerida,
han acumulado las cifras estructurales de la desigualdad: 14.2% de
desempleo, 47% de subempleo, 42.5% de la población en pobreza monetaria y
15.1% en pobreza extrema, mientras 54% de los hogares tienen
inseguridad alimentaria. Colombia es uno de los países con mayor
inequidad en América Latina, que es la región más desigual del mundo
(Cepal).
La pretendida reforma tributaria solo fue el detonante,
porque el estallido social que inmediatamente se produjo en Colombia,
no solo es fruto de una situación de coyuntura, sino del acumulado
histórico de violencia, sufrimiento humano, desatención social,
desestabilización de la vida y precarización del trabajo, que han sido
edificados por el neoliberalismo colombiano, para sostener el poder de
un bloque de sectores de la elite empresarial y política, entre la que
se confunde también el paramilitarismo y el narcopoder.
La
represión ha alcanzado niveles inauditos. La ONU, la Unión Europea,
Amnistía Internacional, organizaciones de derechos humanos, legisladores
de los EEUU, académicos y profesores de América Latina, de los EEUU y
del mundo, han reaccionado ante semejante situación y hasta se ha pedido
al presidente norteamericano Joe Biden que actúe frente a las
escandalosas violaciones de los derechos humanos (https://bit.ly/3ha11oj).
Las acciones represivas, según denuncias realizadas en la misma
Colombia, parecen responder a la reformulación de la “vieja” doctrina
militar de la seguridad nacional, con nuevos conceptos sobre la “revolución molecular disipada”, que supone que se libra una guerra interna
en la que los “enemigos” siempre son exclusivamente las izquierdas
(otra vez etiquetadas de “comunistas”) y los movimientos sociales y
populares, cuyas protestas y manifestaciones supuestamente son
instrumentos de “vándalos” o “subversivos” para atentar y liquidar la
“democracia” y la “institucionalidad existente” (https://bit.ly/2Q5Vq7A // https://bit.ly/2R9JamO).
Bajo esos conceptos, el resultado inexorablemente es doble: la “guerra”
se libra solo contra el pueblo, pero para defender a las elites del
poder económico y a las derechas políticas.
El reciente
estallido social en Colombia tiene el mismo trasfondo histórico que tuvo
la movilización nacional de octubre de 2019 en Ecuador: el rechazo al
modelo neoliberal, que tanto daño ha ocasionado a la vida y el trabajo
de las más amplias capas de las poblaciones de ambos países. En Ecuador
la represión igualmente tuvo una magnitud de violación de derechos
humanos imposible de ocultar, de modo que ha merecido tres informes que
la denuncian: el de la Alta Comisionada de las NNUU (noviembre 2019, https://bit.ly/3xaX9cz), otro, de la CIDH (enero 2020, https://bit.ly/2QwvJNc), y el de la Defensoría del Pueblo (https://bit.ly/32jw1tD), que incluso encuentra configuradas las causales de genocidio, que posiblemente quede en la impunidad.
Pero ese trasfondo histórico anotado se encuentra inevitablemente
presente en otros países latinoamericanos con gobiernos conservadores y
empresariales, de modo que siguen acumulándose fuerzas sociales que
potencialmente pueden estallar en cualquier momento. Los neoliberales no
tienen una sola solución social para ofrecer en la región. Solo buscan
buenos negocios, expansión de la esfera de sus mercados, rentabilidades
altas, “competitividad”.
Compleja y difícil era, la que ha pasado a vivir América Latina de la mano de las fuerzas del neoliberalismo empresarial. Lo más grave es que la prolongación en el tiempo de una economía que ya se ha demostrado nefasta para la región, hace prever un futuro de agudización de la conflictividad social. Y si en medio de ese previsible escenario igualmente se afirman las políticas de coerción popular y represión a los ciudadanos, con la protección “bélica” a las elites minoritarias del poder, el panorama de la ingobernabilidad latinoamericana podría volver a pintar escenarios políticos de inestabilidad constante, como los que vivió la región durante el siglo XIX.
Colombia: SOLO EL PUEBLO SALVARÁ AL PUEBLO
Por Tejido de Comunicación para la Verdad y la Vida
Como en Chile, Ecuador, Bolivia, México como en todas las luchas del Abya Yala y en el mundo, queda demostrado que solo el pueblo salvara al pueblo, el cambio no viene de los poderes ni de sus gobiernos y menos el actual de Colombia, dedicado a satisfacer a los dueños del capital y empobrecer cada día más a la población.
Acá salimos a las calles por que estamos cansados del sistema excluyente y opresor, diariamente encuentran las formas de despojo, como la planteada en la reforma tributaria, a la salud, militarizar las calles y soltar toda la muerte en contra del pueblo.
Se les da la orden a los policías, ESMAD (escuadrón móvil antidisturbios) ejercito que asesinen a su pueblo y muchos obedientes cumplen las ordenes, como se evidencia en videos e imágenes donde se evidencia los abusos de la fuerza pública, como en dictaduras cruentas, esto es igual, se le pone precio a la vida, no les importa, para ellos es una persona menos, ya tienen todo montado por eso salen cubiertos, sin placas que los distinga y al que este grabando lo persiguen, por que esa imagen expone el terror que es evidente en las calles en Colombia, acá los poderes ponen a pueblo contra pueblo por su beneficio
Pero la lucha se sigue tejiendo, se nutre desde los diferentes saberes, procesos y resistencias a pesar de la diferencia debemos estar unidos, es el momento de hacer de actuar y accionar desde diferentes formas como el arte, la marcha, escuchar y caminar la palabra, siempre haciendo memoria por los que han caído y derramado su sangre en esta lucha, la cual debe traer grandes cambios a estos sistemas y demostrar la dignidad de los pueblos.
CRIC pide una rectificación de la información brindada por el ministro de Trabajo
Indígenas del Cauca colombiano aclaran que no participan en negociaciones con el Gobierno
Por Nelytza Lara
El Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) en Colombia aclaró este lunes a través de un comunicado que no participa en las negociaciones con el Gobierno en el marco del paro nacional iniciado el 28 de abril.
«El Consejo regional indígena del Cauca, CRIC-Nacional, las 127 autoridades tradicionales y los 10 pueblos indígenas que representa, no participa de mesas de negociación con el Gobierno nacional hasta que no pare la criminalización de la protesta social», dice el texto.
El comunicado añade que «no se puede hablar de diálogos» con el gobierno «mientras el presidente Iván Duque y su cúpula militar continúan ordenando disparar contra los jóvenes que se encuentran en resistencia»; y «mientras siguen desapareciendo, torturando y judicializando a quienes se encuentran de manera activa en el paro nacional».
El CRIC pide una rectificación de la información brindada por el ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, quien informó a la prensa el sábado que el domingo «indígenas y jóvenes» estarían «en una mesa de negociación con el Gobierno».
El texto señala que dichas declaraciones «se prestan para difundir y desinformar a nivel nacional e internacional», dado que la información fue replicada también fuera del país.
En ese sentido invitan a la prensa a investigar y publicar versiones desde los diferentes actores y no solo las declaraciones oficiales «que el gobierno emite desde la comodidad de su escritorio, ignorando la cruda realidad que se vive en los territorios».
PLANTEAMIENTO
Asimismo, informan que el domingo delegados del CRIC estuvieron en Bogotá para adelantar diálogos exploratorios con el comité nacional del paro en el marco de la minga social y comunitaria.
Allí exclusivamente se discutió sobre el planteamiento, que, en conjunto, le harán al Gobierno nacional, «el cual consiste en salvaguardar la vida, los derechos humanos de la población colombiana y exigir las garantías al derecho fundamental a la protesta», concluye el texto.
El planteamiento incluye la exigencia de desmilitarizar el país y que cesen los ataques en todo el territorio nacional; desjudicializar a todas las personas que participaron de las protestas por derecho constitucional, la aparición «sanas y salvas» de las personas desaparecidas por fuerza pública y que el Gobierno repare «manera integral por todas las masacres, los asesinatos selectivos, las desapariciones, la violencia física, verbal y sicológica hacia las mujeres y todos los delitos que violan los derechos humanos».
Finalmente se propone que se establezca una comisión con organismos internacionales para operativizar la ruta y se pueda dar claridad a los temas mencionados.
Desde el CRIC destacan que primero debe haber garantías de la vida, la protesta social y libre pensamiento, para luego pensar en un diálogo para dar «soluciones concertadas ante la actual crisis que vive el país».
Al menos 50 personas han muerto durante las protestas que se realizan en Colombia desde el 28 de abril en contra de proyectos de Gobierno, la inmensa mayoría a manos de efectivos de la fuerza pública, y casi 600 han sido heridas, de las cuales al menos 37 sufrieron lesiones oculares por disparos efectuados por la policía, según denuncias de organizaciones defensoras de derechos humanos.
Además, se ha detenido de manera arbitraria al menos a 1.430 personas, se ha cometido violencia sexual contra 21 mujeres y hay más de 520 personas reportadas como desaparecidas.
En tanto, los últimos datos de la Defensoría del Pueblo de Colombia, difundidos el 11 de mayo, informaban de 42 personas muertas durante las protestas, 41 civiles y un integrante de la policía.
Fuente: Sputnik
Informe de organismos de derechos humanos
Al menos 379 desaparecidos durante las protestas en Colombia
En las redes sociales circulan centenares de videos que muestran cómo la policía y especialmente el Esmad (Escuadrón Antidisturbios) ataca a los manifestantes.
Aunque el pliego de demandas del Comité Nacional del Paro incluye no menos de 10 puntos, la ola de represión y ataques a las marchas por parte de las fuerzas de seguridad –que además dejaron al menos 26 muertos- corrió
cualquier otro eje y todo quedó concentrado en el reclamo para que se
respete el derecho a la protesta, defendido además por organismos
internacionales.
La Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas (UPBD) dependiente
de la Defensoría del Pueblo de Colombia, que relevó la información de
unas 26 organizaciones de derechos humanos, dio a conocer ese número de
379 personas desaparecidas, aunque la actitud de las fuerzas policiales y
militares justamente dificulta el relevamiento porque los ciudadanos se
rehúsan a “avisar” de su paradero.
Inicialmente, el reporte
registraba 471 personas presuntamente desaparecidas desde el 1 de mayo,
pero ya fueron encontradas 92 personas, varias de ellas heridas y
hospitalizadas.
La Inspección General de la Policía de Colombia informó que abrió casi medio centenar de investigaciones internas tras la ola de denuncias por la feroz represión a las protestas que, por décimo día consecutivo, se dan en las principales ciudades del país, inicialmente por una reforma tributaria y ahora por otros reclamos.
En las redes sociales circulan centenares de videos que muestran cómo la policía y especialmente el Esmad (Escuadrón Antidisturbios) ataca a los manifestantes en Cali, Medellín, Pasto, Barranquilla, Bogotá y otras, con ráfagas de aturdidoras, gases lacrimógenos y munición real.
Activistas denunciaron además que las cuentas de Twitter e Instagram de medios independientes están siendo bloqueadas para evitar la viralización de esas imágenes.
La campaña Defender la Libertad,
de la que forman parte varias organizaciones de la sociedad civil,
recibió 569 denuncias por agresiones y violencia a manos de los agentes.
La Fiscalía indicó, además, que se está investigando la posible relación de otras siete muertes con las manifestaciones.
En Colombia, los
delitos que son cometidos por integrantes de las fuerzas de seguridad
en el desarrollo de sus funciones son juzgados, en principio, ante la
Justicia Penal Militar. Esto no impide, no obstante, que la Fiscalía adelante sus indagaciones y pueda pedir la competencia de los procesos
o que se acuda a los tribunales para decidir quién asume los casos. La
jurisdicción militar no incluye, no obstante, los delitos de tortura,
genocidio, desaparición forzada, lesa humanidad o aquellos que atenten
contra el Derecho Internacional Humanitario.
Ante el número de
violaciones denunciadas por los medios, las cuestiones “técnicas” sobre
el uso de la fuerza quedaron en el centro del debate e inclusive se
discutió en los diarios de mayor circulación el concepto de
“desaparición forzada”. El diario El Espectador publicó en su
sitio digital un extenso y contundente informe con testimonios de
jóvenes que estuvieron detenidos extraoficialmente algunas horas y que
relataron los golpes y torturas que recibieron, mientras sus familiares
los buscaban y denunciaban sus desapariciones en las redes sociales.
La represión, en la mesa de Duque con la oposición
Por supuesto que la represión estuvo también en la mesa de conversaciones que el presidente Iván Duque mantuvo
con opositores nucleados en la Coalición de la Esperanza, que
condenaron "de manera vigorosa" la represión. "Nuestra presencia aquí no
aminora ni suaviza nuestra protesta. Hemos visto escenas de descontrol
que deben ser castigadas", señaló el grupo integrado por exgobernadores,
legisladores, exministros y un exvicepresidente, a la salida de la Casa
de Nariño, sede de la Presidencia.
La reunión marcó el segundo
día de la agenda de conversación con diferentes sectores del país
prometida por Duque en medio de la crisis política que no solo lo obligó
a retirar la reforma tributaria y a cambiar un ministro, sino que lo
fuerza ahora a atender otros reclamos. Duque empezó ayer con los
titulares de los órganos del Poder Judicial la ronda de diálogo, que él
busca poner en el centro de la escena.
“Enfatizamos en la
importancia de respaldar la institucionalidad, levantar bloqueos y
garantizar suministro de alimentos y vacunas”, escribió el mandatario en
su cuenta de la red Twitter, en la que insistió en el “respeto a la
protesta pacífica, como expresión democrática y el rechazo a la violencia y vandalismo”, sin una mención siquiera al accionar de las fuerzas de seguridad.
Para los opositores, en cambio, la cuestión fue central. “El Presidente
debe asumir el liderazgo directo de las Fuerzas Armadas para que cesen
los ataques a la población que se ha manifestado de manera pacífica",
señaló un dirigente de la Coalición por la Esperanza.
En las protestas, además de bloqueos de calles y rutas, indígenas misak voltearon la estatua de Gonzalo Jiménez de Quesada, el conquistador español fundador de la ciudad, que estaba en una plazoleta a pocas cuadras del Palacio de Nariño, la sede presidencial. Otro grupo de la comunidad había hecho lo mismo la semana pasada con la figura del también conquistador Sebastián de Belalcázar en Cali.
Colombia masacrada
David Bollero
Los asesinatos a manos de la represión de los Estados tienden a perder peso informativo comparado con las muertes producidas por otras causas. Lo podemos ver hoy mismo en las portadas de las periódicos, donde las 23 muertes por el desplome del metro de Ciudad de México ha eclipsado los al menos 19 muertos y más de 800 heridos que han tenido lugar durante las protestas en Colombia contra la reforma fiscal.
El alumno aventajado de Álvaro Uribe, el actual presidente de Colombia, Iván Duque encendió la mecha de la agitación social con una reforma que masacraba a los colectivos más vulnerables, con una subida despiadada del IVA en servicios públicos y la ampliación de la obligatoriedad de tributar a quienes ganen apenas 700 dólares.
No es casual que uno de los focos de las protestas más enfervorecidas, en las que se han producido los enfrentamientos más violentos haya sido Cali y más concretamente, Puerto Resistencia, unas de las áreas más deprimidas de la ciudad, conocida como por los caleños como Puerto Rellena.
Las clases menos favorecidas de Colombia, las más castigadas por la pandemia, han visto cómo las políticas ultraliberales del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, les echaban la mano al cuello. Posteriormente, Uribe se ha encargado de ejercer la presión, a través de su títere Duque. No hace ni tres días que el expresidente colombiano reclamaba al Ejército que utilizará las armas en las protestas. Dicho y hecho.
Los informes de brutalidad policial, de asesinatos a manos de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad estatales se amontonan en los archivos de diversas ONG. La represión que pedía Uribe se está llevando a cabo inmisericordemente. La indefensión del pueblo colombiano es absoluta y, para vergüenza global, acallada por buena parte de los medios internacionales.
El Gobierno de Duque ha mantenido el silencio durante días, mientras el país se desangraba, a oscuras tras los apagones ejecutados por el Gobierno, bajo ráfagas de disparos de una policía militarizada, de un Ejército desbocado. Por todo ello, Duque tiene que caer. Se ha mostrado indigno de su pueblo, incapaz de sacar adelante un país por la vía democrática.
Restan días de violencia y muchos más de opacidad; ya hay organizaciones de derechos humanos que incrementan las muertes a más de 35, sin que se vislumbren grandes esperanzas de justicia para las víctimas. Al menos, que el pueblo colombiano sea indemnizado con la deposición de Duque y la defenestración definitiva de Uribe, sin duda, uno de los peores males que ha padecido Colombia en toda su historia.
Colombia: En alerta roja. Piden apoyo internacional.
Compartimos con uds. una breve columna y audio de la compañera Fernanda Nates, mujer colombiana que vive en Popayán, Cauca, Colombia. En su texto nos describe el horror de la represión ejercida por las fuerzas policiales tanto en Cali, como en la misma Popayán, ciudades que han demostrado en estos días su férrea decisión de lucha, no sólo por el alza de impuestos, sino por las profundas injusticias que han cruzado la historia colombiana. Cansados de todo ello, los y las colombianas han dicho ¡BASTA!. Fernanda, además nos envía un audio, donde nos advierte que lo anunciado por Duque tras las masivas protestas, es una cortina de humo, una reforma absolutamente insuficiente ante el abuso brutal que ha sufrido por tantos años el pueblo. Fernanda señala: «Colombia no aguanta más muertos y más hambre, Colombia hoy despierta y pide a gritos apoyo internacional para continuar con esta lucha que se clama, que es justa» . (Nota editora CT, Natalia Pravda)
por Fernanda Nates/ Comunicadora social y docente.
«Colombianos protestan por el alza de impuestos» a ese titular nos reducen los medios internacionales, no tenemos voz de eco ante el DIH (Derecho Internacional Humanitario), tras cinco días de protestas Cali amanece con 21 homicidios, 250 heridos, 18 mutilaciones oculares, 10 violencias sexuales y basadas en género, y 503 detenciones, Popayán más de 120 heridos, entre ellos una mujer embarazada, más de 170 detenidos, entre ellos profesores y estudiantes, 12 desaparecidos, entre ellos dos menores de edad y 4 abusos contra la prensa. En solo dos ciudades del suroccidente colombiano suman más de 1000 atropellos contra el pueblo, por parte de fuerzas policiacas y ESMAD.
Llevamos décadas «aguantando» que nuestras voces no tengan eco alguno. HOY, el pueblo colombiano, es uno solo, las marchas de nuestros jóvenes manifestantes se encuentran en las calles con los manifestantes padres, madres, abuelos y hermanos pequeños, hoy una cacerola, es exigir que se nos respete, hoy decimos NO MÁS, abrimos los ojos y por ello nos los quieren cerrar, abrimos los brazos hacia quienes protestan y por eso nuestras casas quieren manchar, policías salen sin sus números de identificación y sin sus apellidos, para arremeter sin piedad contra el pueblo, barrios enteros salen a sus ventanas, encienden luces, trinan sus cacerolas y al unísono les gritan a las fuerzas del Estado «ASESINOS», hoy el pueblo le dice a quienes tienen las armas legitimadas por el Estado colombiano, que las usen para bajar a los arbitrarios del poder, no contra el pueblo que lucha por un poco de la justicia que merece, hoy decimos NO a la reforma tributaria, NO a la reforma de salud, que se IMPLEMENTE el acuerdo de paz, que se JUDICIALICE a los corruptos, que se CAMBIE el congreso y la cámara de representantes y que RENUNCIE un presidente que robó las elecciones.
Las mujeres alzan sus voces, los jóvenes se manifiestan, los trabajadores ya no aguantan, el campesino, indígena y afro ahora es escuchado ¡Llegó la hora de no aguantar más Colombia!
Aquí no se lucha por una simple alza de impuestos, el alza ya la tenemos hasta el cuello, luchamos por la justicia que merecemos, por la lucha de tantos años de hermanos colombianos oprimidos, por una paz que se nos negó. HOY abrimos los ojos y necesitamos una voz de eco de nuestros pueblos hermanos latinos y del mundo, para visibilizar que nos están masacrado y matando por exigir lo que nos corresponde.
Audio Fernanda Nates:
3 de mayo, 2021.
Fuente: Enviado a email cctt.cl por colaboradora.
La CIDH pide una visita de trabajo a Colombia para observar la situación de los derechos humanos durante las protestas
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó formalmente este viernes la anuencia del Gobierno de Colombia para una visita de trabajo a ese país, con el objetivo de "observar en terreno la situación de los derechos humanos en el entorno de las protestas sociales".
En un comunicado, el organismo dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA) señala que ha recibido "diversas denuncias de presuntas violaciones a los derechos humanos, producto del uso excesivo de la fuerza" durante las manifestaciones que se iniciaron el pasado 28 de abril.
"La información recibida señala, entre otras, la existencia de personas fallecidas y desaparecidas, hechos de violencia sexual, tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes en contra de manifestantes, abusos contra personas defensoras y ataques a personas indígenas", indica el texto. Y agrega que también recibió informes sobre "agresiones y actos vandálicos contra agentes de policía y propiedades del Estado".
Desde que comenzó la seguidilla de protestas, que ya llevan 16 días, se han registrado al menos 42 muertes, 168 desapariciones y 104 presuntas violaciones a los derechos humanos, reportó el martes la Defensoría del Pueblo de Colombia.
La respuesta represiva de las fuerzas de seguridad colombianas contra los manifestantes ha sido criticada por organizaciones humanitarias, varias ONG, la Unión Europea y las Naciones Unidas (ONU).
Mientras tanto, el Gobierno de Duque abrió esta semana una serie de mesas de diálogo con los sectores opositores e impulsores del paro, aunque hasta ahora no ha habido acuerdos que pongan freno a la tensión política que atraviesa el país.
Madres y Familiares: «Hasta encontrarlos»
Este 20 de mayo se realizó la 26a Marcha del Silencio, de manera virtual y masiva, tal como aconteció el pasado año.
Fueron miles en todas partes, en los más recónditos lugares del planeta, a través de las redes, con fotos, mensajes y testimonios de uruguayas y uruguayos en todas partes del mundo, reclamando memoria, verdad y justicia. Canciones y poemas, dibujos y textos, fotos con pancartas, margaritas infinitas, preciosas, comprometidas.
El mensaje de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos fue leído por Alba González, una de las militantes históricas, que con su voz frágil y temple de hierro, habló, en el marco de la Marcha del Silencio.
Mensaje
Buenas noches, queridas compañeras y compañeros.
Todos los que estén por aquí es porque les interesa esta marcha virtual, que nuevamente hemos construido entre todas las personas. Esto nos estrecha en un enorme abrazo, que recorre todo el país y el mundo. Desde todos los rincones, de todos los barrios, todas las generaciones y creencias, nos aunamos para volver a reclamar, cada vez con más fuerza: Verdad y Justicia, que nos digan dónde están.
A pesar de las difíciles circunstancias que estamos viviendo, llenas de dolor e incertidumbre, producto de esta pandemia que nos aqueja a todos, mayo ha vuelto a ser el mes de la memoria.
Este 20 resplandecerá con todos ustedes. Gracias por cada una de sus iniciativas y mensajes, que han sido tantos y tantos, que no sabemos cómo agradecer como esto se ha ido agrandando. Antes era caminando que veíamos que éramos tantos, pero ahora les puedo asegurar que esto ha ido cada vez creciendo más. Esto es una gran bola. Hasta encontrarlos. Hasta saber qué fue lo que pasó con cada uno de ellos. Hasta conocer toda la verdad de esos oscuros años.
Por su memoria viva diremos: Basta de impunidad y de silencio. ¿Dónde están?
Nunca más dictadura. Nunca más terrorismo de Estado.
A cada una y a cada uno de ellos: Presente”.
Memoria, verdad y justicia
¿Dónde están?
Este jueves se llevó a cabo la 26ª Marcha del Silencio de forma virtual. «Nunca más dictadura, nunca más terrorismo de Estado. A cada uno y a cada una de ellas: ¡presente!».
Bajo la consigna ¿Dónde están? No al silencio ni a la impunidad. Memoria, verdad y justicia», la 26° Marcha del Silencio convocada por Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos se realizó por segundo año consecutivo de manera virtual, debido a la pandemia del coronavirus, pero una vez más se convirtió en un «inmenso abrazo de solidaridad de apoyo».
Al igual que en 2020 se buscaron otras maneras para manifestarse. Organizaciones sociales y público en general siguieron y fueron parte de la marcha a través de varios conales virtuales, entre ellos Facebook, Instagram y Zoom.
En su mensaje por la Marcha del Silencio, Alba González, integrante de Familiares, dijo que estos eventos «nos estrechan en un enorme abrazo que recorre todos los barrios, generaciones y creencias». González destacó que «más allá de las dificultades» sanitarias «mayo ha vuelto a ser el mes de la memoria».
«Antes era caminando que veíamos que éramos tantos, pero esto ha ido cada vez creciendo más», señaló sobre esta modalidad virtual. En ese sentido, hizo énfasis en seguir marchando «hasta encontrarlos, hasta saber lo que pasó con cada uno de ellos, hasta conocer toda la verdad de esos oscuros años».
«Por su memoria viva diremos basta de impunidad y silencio. ¿Dónde están? Nunca más dictadura, nunca más terrorismo de Estado. A cada uno y cada una de ellas: ¡presente!», concluyó González en su mensaje.
Luego del mensaje de González, la Plaza Libertad, donde habitualmente se recuerda uno a uno a los detenidos desaparecidos y los reclamantes dicen «presente», contó con las imágenes de todos ellos, impresas en carteles colgados sobre la calle.
A las 19:30, la Asociación de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos emitió por diversos medios un video, en el que se nombraba a cada desaparecido, que fue acompañado por el grito de «presente» que se escuchó en las calles de todo el país.
Mensaje de Madres y familiares desaparecidos
Alba González, en representación de las madres y familiares de desaparecidos en nuestro país transmitió el mensaje de esta solemne jornada del 20 de mayo, en agradecimiento a todos los que comparten el reclamo de verdad y justicia.
En un año igual o más difícil que el anterior, aquejado por la pandemia de Covid-19, el 20 de mayo ha vuelto a unirnos, esta vez de manera virtual, en un dolor perenne, en un reclamo que no pierde fuerza y que crece como los años de la injusticia.
Alba González, madre de Rafael Lezama, militante del Partido por la Victoria del Pueblo (P.V.P.), desaparecido en octubre de 1976, cuando tenía 23 años.
Alba González, en nombre de las madres y los familiares de los desaparecidos, expresó que «desde todos los rincones de todos los barrios, generaciones y creencias nos aunamos para volver a reclamar cada vez con más fuerza verdad y justicia, que nos digan dónde están».
«Los mensajes han sido tantos, tantos, que no sabemos cómo agradecer. Esto se ha ido agrandando, antes era caminando que veíamos que éramos tantos, pero ahora les puedo asegurar que esto ha ido cada vez creciendo más, esto es una gran bola hasta encontrarlos, hasta saber lo que pasó con cada uno de ellos, hasta conocer toda la verdad de esos oscuros años».
Notablemente emocionada, Albita reafirmó el compromiso con la búsqueda indetenible de la verdad y la justicia.
«Por su memoria viva diremos: Basta de impunidad y de silencio ¿Dónde están? Nunca más dictadura, nunca más terrorismo de Estado. A cada uno de ellos, a cada una: Presente!!
Luego de sus palabras la transmisión online mostró las fotos y nombres de cada uno de los desaparecidos y se escuchó el estremecedor «presente» que se escucha cada 20 de mayo en la marcha por la avenida 18 de julio.
PIT-CNT: «No vamos a parar hasta llegar a la verdad y la justicia»
En conferencia de prensa realizada este mediodía en la plaza 1° de mayo, Mártires de Chicago, el PIT-CNT reiteró su histórico compromiso por la memoria, verdad, justicia y nunca más terrorismo de Estado y fustigó la lentitud con la que se tramitan en el Poder Judicial las causas relacionadas a secuestros, torturas, desapariciones y asesinatos de la dictadura cívico militar, beneficiando de esta manera la impunidad de los responsables de los delitos de lesa humanidad.
En su intervención, la responsable de la Secretaría de Derechos Humanos del PIT-CNT y directora del Observatorio Luz Ibarburu, Fernanda Aguirre, cuestionó que la Justicia tolere maniobras dilatorias de los abogados defensores de los acusados de secuestros, torturas, asesinatos y desapariciones, lo que provoca «la impunidad de los responsables de las violaciones a los DDHH».
La conferencia de prensa se realizó en un espacio simbólico de la democracia, cargado de mensajes e imágenes relacionadas a la búsqueda de los detenidos desaparecidos.
Desde una pequeña mesita de madera, con el Palacio Legislativo de marco y una platea sin público, pero ocupada por los carteles de Imágenes del Silencio, en la que personalidades de la cultura, la ciencia, el deporte, el movimiento sindical y de distintos ámbitos de la sociedad, abrazaron las fotos de los 197 uruguayos y uruguayas detenidos desaparecidos, el presidente del PIT-CNT y la responsable de DDHH de la central sindical, remarcaron el compromiso histórico de las y los trabajadores con la búsqueda de la verdad, la memoria y la justicia.
Aguirre se refirió al estado actual de las más de 300 causas penales y dijo que hay 140 causas que se mantienen activas, tan solo 14 tienen condena y el 84% de las causas no tienen juicio, sino que se encuentran en proceso indagatorio o presumario. Recordó que hay pronunciamientos internacionales relacionados a distintas causas «y sin embargo, el Estado uruguayo sigue accediendo a las dilatorias, a las chicanas, de los defensores de los represores y la mayoría de los juicios siguen sin concluir». Asimismo, sostuvo que como consecuencia de la lentitud de la Justicia, hay algunos que mueren sin tener que haber comparecido y dar respuestas por sus actos. «Mueren impunes, sin ser condenados, mientas que los familiares mueren sin saber la verdad». En este sentido, la directora del Observatorio Luz Ibarburu dijo que el PJ «tiene que buscar la manera de evitar las chicanas judiciales que son funcionales a la impunidad», que lo único que logran que es que por el paso del tiempo, los responsables de crímenes, torturas y desapariciones mueran sin haber pagado un día sus actos, mueran impunes, y los familiares, fallezcan con el paso de los años y sin saber dónde están sus seres queridos y sin que se haya hecho justicia.
Aguirre remarcó que no hay espacio para «reinterpretaciones de la historia», sostuvo que no hay «página que dar vuelta» y que el movimiento sindical y las organizaciones sociales comprometidas con las causas de derechos humanos «no vamos a parar hasta llegar a la verdad y a la justicia y hasta encontrar a todos nuestros compañeros y compañeras».
Cuestionó duramente a quienes «hoy se quieren lavar la cara sacando documentos que aportan poco o nada nuevo de información» y subrayó que recién se podrá hablar de otra página «el día que los hayamos encontrado a todos», «cuando nos digan dónde están y cuando sean juzgados por sus crímenes».
Pereira y la causa de la sociedad
En tanto el presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, dijo en conferencia de prensa que la muestra Imágenes del Silencio testimonia y explicita que la causa de los derechos humanos atraviesa a toda la sociedad. «Falta un capítulo a esta historia, y es que los militares y torturadores del terrorismo de Estado, nos digan dónde están» los detenidos desaparecidos. «Esa información la tiene, y la deberían pedir los mandos militares actuales para, efectivamente, poder esclarecer la situación de cada uno de nuestros compañeros y compañeras». Pereira agregó que el 20 de mayo «es un día de demostración del pueblo uruguayo», ya que -más allá de lo que piense cada uno- coloca una margarita en su casa, en su ventana o balcón, en una plaza, en un árbol, en demostración de adhesión a la causa.
Pit-Cnt fustigó lentitud de la Justicia para castigar a los represores
«No vamos a parar hasta llegar a la verdad y la justicia» , aseguraron desde la central sindical.
Este jueves 20 de mayo se llevó a cabo la 26ª marcha del silencio con diferentes actividades durante toda la jornada. En conferencia de prensa realizada en la plaza 1° de mayo, Mártires de Chicago, el Pit-Cnt reiteró su histórico compromiso por la memoria, verdad, justicia y nunca más terrorismo de Estado y fustigó la lentitud con la que se tramitan en el Poder Judicial las causas relacionadas a secuestros, torturas, desapariciones y asesinatos de la dictadura cívico militar, beneficiando de esta manera la impunidad de los responsables de los delitos de lesa humanidad.
En su intervención, la responsable de la Secretaría de Derechos Humanos del Pit-Cnt y directora del Observatorio Luz Ibarburu, Fernanda Aguirre, cuestionó que la Justicia tolere maniobras dilatorias de los abogados defensores de los acusados de secuestros, torturas, asesinatos y desapariciones, lo que provoca «la impunidad de los responsables de las violaciones a los DDHH».
Aguirre se refirió al estado actual de las más de 300 causas penales y dijo que hay 140 causas que se mantienen activas, tan solo 14 tienen condena y el 84% de las causas no tienen juicio, sino que se encuentran en proceso indagatorio o presumario. Recordó que hay pronunciamientos internacionales relacionados a distintas causas «y sin embargo, el Estado uruguayo sigue accediendo a las dilatorias, a las chicanas, de los defensores de los represores y la mayoría de los juicios siguen sin concluir». Asimismo, sostuvo que como consecuencia de la lentitud de la Justicia, hay algunos que mueren sin tener que haber comparecido y dar respuestas por sus actos. «Mueren impunes, sin ser condenados, mientras que los familiares mueren sin saber la verdad».
Aguirre remarcó que no hay espacio para «reinterpretaciones de la historia», sostuvo que no hay «página que dar vuelta» y que el movimiento sindical y las organizaciones sociales comprometidas con las causas de derechos humanos «no vamos a parar hasta llegar a la verdad y a la justicia y hasta encontrar a todos nuestros compañeros y compañeras».
Cuestionó duramente a quienes «hoy se quieren lavar la cara sacando documentos que aportan poco o nada nuevo de información» y subrayó que recién se podrá hablar de otra página «el día que los hayamos encontrado a todos», «cuando nos digan dónde están y cuando sean juzgados por sus crímenes».
Periodismo independiente de izquierda
A todas ellas
21 mayo, 2021 - BRECHA
De aquellas primeras que se animaron a juntarse solo quedan cuatro: Alba, María, Milka y Ramona. Las madres de los desaparecidos tuvieron que aprender a ser colectivo, muralla y refugio, y también a pasar la posta a una nueva generación que hoy promete seguir reclamando verdad y justicia.
Amalia González falleció hace dos meses. Le decían Chacha y tuvo tres hijos. El más chico se llamó Luis Eduardo, quien, dentro y fuera de casa, era conocido como Chiqui. La última vez que lo vieron con vida fue en la Navidad de 1974, cuando tenía 22 años. Poco más de diez días antes, un par de personas vestidas de civil fueron a buscar a Luis Eduardo a la casa de Amalia. Su madre les dijo que se había casado y ya no vivía con ella. Entonces los visitantes le pidieron la nueva dirección del joven; Amalia no se las dio, la pasearon por el barrio, la amenazaron, pero ella volvió a negarles el dato. Cuando la regresaron a su casa, un oficial revolvió sus cosas y encontró la tarjeta de casamiento de Luis Eduardo con la dirección buscada. Esto pasó a las 2 de la mañana. Tres horas después, volvieron a golpear la puerta de Amalia: «Cayeron los pájaros», le dijo un uniformado. Se refería a su hijo y a su nuera, Elena, embarazada de cuatro meses. Los llevaron al Regimiento de Caballería Mecanizada N.º 6 en Las Piedras. Otra detenida fue testigo del estado de Luis Eduardo en aquel 25 de diciembre. Antes de que el año terminara, falleció. Cuarenta y siete años después, su cuerpo continúa desaparecido.
¿Qué significaba la palabra desaparecido en el Uruguay de mediados de los setenta? Con modificaciones narrativas, historias como la de Amalia brotaban por decenas: una casa es visitada por desconocidos, que con tono in crescendo solicitan el paradero de tal, que cuando lo encuentran se quedan con lo suyo, lo encierran, torturan y desaparecen. Pero las familias no usaban la palabra desaparecido; para ellas, sus hijos estaban incomunicados. En un momento, empezaron a comprender el rol que estaban ocupando: ser familiar de un desaparecido. Se trata de convivir las 24 horas con los mínimos indicios de esperanza y las permanentes tentaciones de desesperanza. Las madres, quienes esencialmente han sostenido estas décadas de lucha, terminaron de orientarse y entender lo que les estaba sucediendo cuando vieron que había más como ellas. Las que buscaban a sus hijos desaparecidos en Argentina se sumaron a la causa. Las casas de Luz y Violeta, donde empezaron a juntarse y a sentirse colectivo, deberían ser hoy sitios de memoria, ser reconocibles al común que quiera preguntarse por aquellos años. Junto a ellas, dos, María Esther e Irma, empujaron a que más se sumaran. Entonces aparecen nombres de madres, con diferentes letras, pero con historias similares. Tan similares, en lo concreto de la ausencia, también a las historias que cargaban las madres de desaparecidos en territorio uruguayo. «Nuestra marcha fue un despertar de fuerza, incertidumbre, lágrimas, búsqueda, comprobaciones; un afirmar los pies, un levantar cabezas, un mirar hacia afuera y extender las manos, un abrazarnos para ser más fuertes. A tientas y en soledad empezó nuestra búsqueda; los queríamos con vida, como se los habían llevado. Nos fuimos juntando y elaborando reclamos. ¿Dónde están?», dice una madre, en uno de los varios testimonios anónimos citados en el libro A todos ellos, que arman un collage histórico del camino iniciado tras las desapariciones.
En su trabajo sobre las Madres de Plaza de Mayo,1 el investigador Ulises Gorini afirma que «la mayoría de los familiares –incluidas muchas madres– no sobrepasó la búsqueda individual del desaparecido: fue realmente una minoría la que se decidió a dar a esa búsqueda una dimensión social y política. Aceptación del “castigo” impuesto por la dictadura, impotencia para encarar una auténtica lucha por la aparición del hijo, imposibilidad de trasponer el límite del sistema y del rol asignado a los individuos en este sistema, negación, depresión, enfermedad, muerte y suicidio fueron en realidad las respuestas predominantes». Con matices, la situación en Uruguay no fue distinta y es comprensible: hasta en este tipo de luchas, desarrollo de una plataforma de reclamos y elaboración de identidad, siempre las organizaciones sociales están integradas por menos gente que la que defienden. Muchas madres no han podido colectivizar su dolor y, desde la consolidación definitiva del grupo en 1983, otras no pudieron continuar activas por los permanentes reveses que la impunidad les fue regalando; de las que persistieron en la militancia, solo nos quedan cuatro con vida: Alba, María, Milka y Ramona. Nonagenarias, aún militan, aún se manifiestan, todavía reclaman y saben bien que no les queda mucho, pero que otras generaciones ya muestran frutos de lo que ellas y las suyas sembraron, que tendrán cara e impacto de política pública o de simple pero indestructible estorbo, porque las madres y los familiares han sido lo contrario a la desaparición, han sido una presencia molesta. Estas generaciones que toman el testimonio hacen de eslabones en la cadena que plantea Marcelo Viñar para comprender cómo se construye la humanidad del individuo. Su teoría es que, ante las preguntas universales –¿quién soy?, ¿de dónde vengo?, ¿para qué estoy?, etcétera–, se precisan cinco generaciones de individuos para que las respuestas tengan solidez: quien se interroga, dos escalones de ascendencia –abuelos, padres– y dos de descendencia –hijos, nietos– (véase «Los hilos sueltos del dolor», Brecha, 20-V-16). Si las preguntas que se hicieron quienes sufrieron las atrocidades del terrorismo de Estado intentan ser respondidas por sus nietos a través de nuevas interpelaciones, el mecanismo funciona y el sentido crítico no deja de reanimarse. Hoy son ellos y mañana serán otros. Ese es el marco familiar que puede dársele a la idea, pero también está el político. La izquierda uruguaya puede renovar y modificar lineamientos, según contextos, según perspectivas o lo que fuere, pero no puede nunca correrse del compromiso por memoria, verdad y justicia ante la causa de los desaparecidos. El terrorismo de Estado fue transversal, les causó daño a ciudadanos con grandes diferencias ideológicas entre sí y nadie debería sacar la bandera de mayor víctima, pero basta con leer las fichas personales para comprobar que los desaparecidos fueron todos militantes de izquierda. Allí hay un asunto específico y tiene que ver directamente con la identidad del Frente Amplio, consolidada durante la resistencia. Por lo tanto, en la lista de garantías de apego y respeto a su historia, la cuestión de los desaparecidos y el acompañamiento incondicional a las madres debería ocupar el primer lugar de quienes se jacten de frenteamplistas.
La campaña para derogar la ley de caducidad, a través del mítico voto verde, fue particularmente dura. Comenzó en diciembre de 1986, al día siguiente de aprobada la norma en el Parlamento, y finalizó en abril de 1989, con la derrota en las urnas. Las madres se cansaron mucho por el trajín que representó buscar apoyos casa a casa, en todo el país, por las tramoyas de la Corte Electoral para certificar las firmas y por el golpe del resultado en el referéndum. Pero, a su vez, siempre rescataron que, durante ese recorrido por el país, pudieron contarle su historia a gente que no la conocía y que el ejercicio de encuentro con decenas de miles de personas, cara a cara, significó un hecho casi pedagógico en términos de derechos humanos. El referéndum de 1989 le dio una herida de muerte a la organización, que a pasos cortos pudo reincorporarse, y mucho se debe a esa concepción educativa, como una responsabilidad a tomar, de considerar la verdad como un derecho humano irrenunciable.
1. La rebelión de las madres. Historia de las Madres de Plaza de Mayo. Tomo I (1976-1983), de Ulises Gorini. Norma, Buenos Aires, 2006.
Mota: «Es deber del Estado hacer una búsqueda exhaustiva»
Entrevista a Mariana Mota, directora de la Institución Nacional de Derechos Humanos, tras la aparición de documentos en el Grupo de Artillería n°5.
Entrevista a Mariana Mota, directora de la Institución Nacional de Derechos Humanos, tras la aparición de documentos en el Grupo de Artillería n°5.
¿Qué lectura hacen de la aparición de este archivo?
Es un archivo menor en volumen y no tiene información relevante para la búsqueda. Precisamos información muy precisa. Es probable que pueda servir para la Fiscalía para algunos casos, pero para nosotros es poco probable que tenga utilidad.
Es importante que esos archivos hayan sido entregado a quienes puedan tener interés en ellos y que se ponga a disposición del público. La CIDH en la condena por el caso Gelman hizo muchas recomendaciones, algunas se cumplieron y otras faltan; en relación a los archivos reclamaba justamente que sean de acceso público porque es parte del derecho a saber de la sociedad.
Hay que señalar que, si estos archivos aparecieron en las circunstancias que se dice que aparecieron, nos insta a pensar que existen otros archivos más relevantes que estos y hay que ir a buscarlos, no hay que esperar que aparezcan por alguna casualidad, hay que hacer una búsqueda sistemática.
La INDDHH reclamó que aparezcan los archivos de la OCOA, ¿qué información contienen?
Se trataría de información de archivos operacionales. Estaría toda desarrollada la operación. Si esos archivos existieran, que nosotros sabemos que sí existen, podría darnos más información que lo que actualmente tenemos.
¿Cómo se produce un descubrimiento de archivos dentro de una dependencia militar?
Pasaron muchos comandantes del ejército y muchísimos años. Me genera extrañeza que una oficina no revea cuáles son sus papeles, ordene su documentación a lo largo de tantos años. Pero podría buscarle una explicación que las unidades militares tienen un funcionamiento distinto al de otras dependencias públicas. No son accesibles todas sus áreas a todo el mundo o a todos los funcionarios, hay lugares reservados y muy reservados para altas jerarquías.
No ha habido dedicación desde los diversos ministerios de Defensa, salvo el de Azucena Berrutti, en hacer de este tema una prioridad de ministerio.
Hay archivos en otros lados. Cuando trabajaba en juzgados había militares que aseguraban que esos archivos existen y existen por una razón: aseguran el silencio de los militares; esos archivos no desaparecieron.
Como Estado tendríamos que, por lo menos, descartar que haya archivos en unidades militares. Hay que hacer una búsqueda exhaustiva y minuciosa, es deber del Estado.
¿Qué clase de información puede aparecer en archivos que oriente la búsqueda de desaparecidos?
Los organismos militares registran todo lo que hacen, eso no cambia en un período dictatorial y los organismos extraordinarios de la época como la OCOA también lo hacía. Los ilícitos no los registraban como tales, los disfrazaban. Es el caso de las muertes en prisión en las que se hacía un sumario o expediente donde desarrollaban toda una investigación con entrevistas y terminaban diciendo que murió por causa natural.
Determinadas pistas pueden ayudar en la búsqueda porque de algunos detenidos desaparecidos sabemos cuál fue el último lugar donde estuvo detenido, pero de otros no. Poder acceder a información más cercana a cuáles fueron los últimos movimientos de la persona y poder saber «hasta tal fecha estaba vivo»… lo cierto que tenemos es la fecha en la que fueron detenidos, pero después no hay información oficial.
Desaparecidos, marcha del silencio y la memoria en disputa en Uruguay
Por segundo año consecutivo, la Marcha del Silencio, que se realiza todos los 20 de mayo en memoria de los detenidos-desaparecidos de la última dictadura en Uruguay (1973-1985), fue de manera virtual.
La realidad es 25 años después del inicio de estas marchas, se siguen sin esclarecer la gran mayoría de las desapariciones forzadas y sólo se han hallado los restos de seis víctimas de ese tipo especialmente cruel de delito.
El del presidente derechista Luis Lacalle Pou es el octavo período de gobierno posterior a la dictadura, y aún no se han empleado todos los recursos que la Constitución y las leyes permiten para realizar una búsqueda exhaustiva de esos documentos. todavía son pocas las condenas por terrorismo de Estado en relación con los procesamientos iniciados, que no abarcan ni de cerca todas las responsabilidades directas e indirectas.
Este año se eligió la consigna #MayomesdelaMemoria acompañada de la ya histórica Memoria, Verdad y Justicia. Los Familiares encabezaron una conferencia de prensa a las 19 horas en la Asociación de Prensa del Uruguay: el gobierno ya le había negado la cadena nacional en 2020 y el colectivo optó enviar su mensaje por otras vías.
Los organizadores invitaron a todos y todas a conectarse a las plataformas de Madres y Familiares y Asociación de la Prensa Uruguaya, Radio Uruguay y sus repetidoras, TV Ciudad, entre otros medios, para ver el video con las fotos y nombres de los desaparecidos, “para que juntos/as, desde donde nos encontremos, a lo largo y ancho del país, y desde el exterior, gritemos muy fuerte ‘presente’ luego de cada nombre”.
La segunda Marcha del Silencio y la número 25 desde la primera en 1996, llegó cargada en un contexto donde aparecieron documentos hallados “por casualidad” en el Grupo de Artillería 5 de Montevideo y que ya fueron entregados a Fiscalía y a Familiares. “Se dieron a conocer papeles de muy escaso aporte, y se los envuelve en un despliegue publicitario digno de mejor causa. Como si este drama pudiera, como tantas otras cosas, reducirse a una competencia entre partidos por la opinión pública”, señalo Ladiaria.
La aparición de estos documentos, según el propio ministro de Defensa Javier García, fueron de forma casual y haciendo tareas de mantenimiento. El oficialista El País informó la semana pasada que dichos archivos de la dictadura incluyen documentos sobre el Movimiento de Liberación Nacional (MLN), y la desaparición y muerte de los legisladores Wilson Ferreira Aldunate, Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz.
«Hemos puesto arriba de la mesa información que por mucho tiempo se reclamó y no aparecía», indicó el responsable de la cartera. En esa misma línea el comandante en Jefe del Ejército, Gerardo Fregossi, dijo que la fuerza reitera su «compromiso de aportar información» sobre lo sucedido en dictadura. Una declaración diametralmente opuesta a la propia política del Ejército donde ha ocultado información, ha cubierto a sus camaradas en juicios militares donde se mancilla el honor de dicha institución por que un alto mando requerido por la justicia -Jorge “Pajarito” Silveira, condenado por 28 homicidios,- se dio a la fuga con una peluca. Silveira es solo un ejemplo de tantos casos.
Nilo Patiño, integrante de Madres y familiares de detenidos-desaparecidos y del Proyecto Cruzar, Sistema de información de archivos del pasado reciente, en entrevista con el Colectivo Periferia (1), declaró que “todos los documentos son bienvenidos” , pero añadió que es llamativo el estado en el que se encontraban los materiales (muy bien conservados).
Gerardo Bleier (2) realizó un recorrido de carácter civilizatorio, expresando que formaciones políticas como la ultraderechista Cabildo Abierto –integrante de la coalición multicolor de gobierno- que cobijan en su seno a torturadores y nostálgicos de la dictadura, surgen por el odio y como reacción de un capitalismo herido que no da respuestas a las crisis económicas que el propio sistema produce.
“Movidos por el odio” fue la frase que escogió el senador, ex comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos al referirse a Familiares. La frase fue lanzada cuando en el Parlamento se votaba el desafuero del senador cabildante.
Con esas cuatro palabras cruzó una barrera que nadie en el sistema político había cruzado. Más allá de que los distintos gobiernos desde el reinicio de la democracia han hecho poco y nada por la búsqueda de desaparecidos, el respeto a Familiares ha sido compartido por todo el espectro político.
Cabildo Abierto ha aparecido en la escena política para hacer un revisionismo histórico que cala en las raíces del Uruguay. Desde el prócer José Gervasio Artigas, pintándolo como ultra católico, prohispánico y capitalino, pasando por la memoria reciente sobre los hechos de la dictadura. Con la teoría de los dos demonios reversionada y pretendiendo mostrar al Ejército como salvador de la patria, y buscando en lo foráneo al enemigo y levantando barreras de nacionalismo-chovinista.
Las marchas continuarán mientras haga falta; que no hay resignación ni olvido. No es posible perdonar si no se sabe a quién ni por qué, si el perdón no se pide a título personal o institucional, señala Ladiaria.
Quienes éramos jóvenes cuando se realizó la primera marcha somos ya veteranos, y mucha gente veterana de entonces ya no está, pero cada año se suman jóvenes. Quedan pocas madres de desapareciso, pero cada año hay personas nuevas asumiendo que “todos somos familiares”, y se ponen de verdad la camiseta, señala Marcelo Pereira.
La memoria sigue siendo un terreno en disputa. Un frente de batalla. Su sentido político, con P mayúscula, sigue siendo un campo contestado. La memoria, pilar de la identidad constitutiva de un pueblo, vuelve a sufrir los embates de una derecha cavernaria que marchan con botas al ritmo del redoble militar.
Notas:
1 – Entrevista a Nilo Patiño: Mayo, mes de la MEMORIA – NILO PATIÑO
2 – Entrevista a Gerardo Bleier: Mayo, mes de la MEMORIA – GERARDO BLEIER
Nicolás Centurión. Licenciado en Psicología, Universidad de la República, Uruguay. Miembro de la Red Internacional de Cátedras, Instituciones y Personalidades sobre el estudio de la Deuda Pública (RICDP). Analista asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, estrategia.la)
