BOLIVIA
García Linera: "En momento de crisis, detrás de cada liberal moderado se encuentra un fascista"
por Elodie Descamps y Tarik Bouafia / Álvaro García Linera
EL CIUDADANO (Chile) - 16 de noviembre 2019
LA HAINE - 23/11/2019
Lo
que estamos viendo ahí es una especie de ajuste de cuentas de una élite
empresarial y política contra un indio que se atrevió a gobernar
Desde
México en entrevista con El Ciudadano, el segundo al mando del Gobierno
de Evo Morales condenó la brutal represión que afronta el pueblo de
Bolivia. Esta entrevista fue realizada el 16 de noviembre cuando la
cifras de muertos era la expresada por García Linera. Hasta el jueves
21, la represión ejercida por parte del Gobierno de facto de Bolivia
había provocado la muerte de 32 personas, según datos de la Defensoría
del Pueblo.
Vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia desde 2006 y gran arquitecto de la política impulsada por el presidente Evo Morales, Álvaro García Linera nos brindó una entrevista en Ciudad de México, donde encontró asilo después de verse obligado a huir de su país. En esa conversación, nos contó cómo se desarrollaron los acontecimientos, y nos compartió su análisis acerca de las causas profundas de ese golpe de Estado, sus actores y las injerencias exteriores.
Periodistas: Empezando por la actualidad. Desde hace unos días, sus militantes, simpatizantes y más generalmente todos los que se oponen el golpe están sufriendo una brutal represión por parte de las fuerzas policiales y militares. ¿Cómo reacciona usted ante esta oleada de violencia que no deja de crecer?
AGL: Triste e indignado por el asesinato de 7 humildes campesinos. Uno está en estado de coma, Todos fueron asesinados con bala, con fusiles automáticos en manos del ejército y de la policía nacional en movilizaciones de campesinos que buscaban manifestar su repudio y su rechazo al golpe de Estado. Hubo una masacre y está claro que los responsables, bien sean policías, militares o civiles, un día, en una semana, en un mes, en un año o en cinco años, van a tener que responder ante los tribunales de justicia. Están ensangrentando al pueblo boliviano de manera atroz. Hay 110 heridos por bala. Mas de 600 personas detenidas. Es un golpe sangriento que no está midiendo ningún tipo de recurso para imponerse a sangre y a fuego. *
Ustedes renunciaron justamente para evitar más derramamiento de sangre, más violencia por parte de la oposición
Sí. Nos fuimos porque no queríamos ver bolivianos muertos. La policía nos amenazó, las fuerzas armadas desconocieron el orden constitucional y amenazaron con usar la fuerza contra nuestros compañeros y dijimos «renunciamos», obligados por esta presión policial y militar, para que no se toque a nuestros compañeros. Pese a que renunciamos a nuestra victoria, a ser gobernantes, pese a que no íbamos a ser candidatos en las próximas elecciones, pese a todo esto, sale esta gente, este Gobierno impostor para seguir matando a bolivianos, en lo que es una oleada de violencia racista en contra de los indios.
Lo que estamos viendo ahí es una especie de ajuste de cuentas de una élite política, contra indios que se atrevieron a gobernar, que se atrevieron a tener poder, a tener derechos en los últimos años.
Las tres etapas del Golpe
El domingo 10 de noviembre, en un lapso de unas horas, usted anunció nuevas elecciones y finalmente tomó la decisión de renunciar para poner fin a la violencia desatada por la oposición. El jefe del Ejército, Williams Kaliman le habría «sugerido» renunciar. ¿Que pasó exactamente para que tomara la decisión de dejar el poder? Y ¿cómo explicar que las fuerzas armadas apoyaran tan rápidamente el golpe?
AGL: Tuvimos tres etapas en el golpe. Primero, una etapa civil que inicia al día siguiente de las elecciones. Ganamos con mas de 10 %, lo que significaba que ya no había necesidad de segunda vuelta. El derrotado, Carlos Mesa, no reconoce nuestra victoria y pide una segunda vuelta. Inmediatamente se inicia una oleada, una especie de insurgencia de clases medias tradicionales que enarbolaron discursos de supremacía racial. Se levantaron ciudades como Santa Cruz, Cochabamba y La Paz en contra del Gobierno. Empezaron a quemar instituciones estatales. Cinco de las nueve cortes electorales, que es el lugar donde se hace el recuento de los votos, fueron asaltadas, quemadas.
También se quemaron urnas, papeletas. Luego instalaron un paro de actividades en las zonas pobladas por esas clases medias tradicionales. Surgieron por primera vez bandas paramilitares, fascistoides que comenzaron a atacar a líderes sindicales. Quemaron varias sedes de sindicatos campesinos y obreros.
Atacaron y persiguieron a sus líderes. Mujeres campesinas que marchaban fueron atacadas por bandas de 500, 600 motos con personas llevando bates, palos con clavos, gases lacrimógenos.
Secuestraron a una alcaldesa de un municipio campesino, le pegaron, la maltrataron, la tiraron al suelo, la orinaron, le cortaron el cabello, la amenazaron con lincharla. Y ante la presencia de medios televisivos, le echaron pintura en toda la cara.
A los campesinos que encontraban caminando, los batieron como si fueran ganado, como si fueran animales. Esto es en el primer momento del golpe de Estado, el momento civil. Se buscó imponer, al margen del Estado y de las instituciones legalmente constituidas, una especie de terror urbano.
La respuesta de las fuerzas populares fue convocar a resistir al Golpe. Llegaron obreros mineros de la Central Obrera Boliviana (COB) en La Paz. Llegaron campesinos, indígenas, pobladores urbanos para defender al presidente. Y era probable que, de mantenerse esta confrontación entre fuerzas civiles golpistas y fuerzas civiles que defienden la democracia, los hubiéramos derrotado. Pero ahí vino la segunda fase, la policía y eso fue lo que desequilibró todo. La policía desconoció el mando civil, desprotegió las instituciones y a los sectores agredidos y, a las 24 horas, el comandante de las fuerzas armadas desconoció el mando civil y llamó a que Evo renunciara.
Es una escalada civil, policial y militar. Si no hubiera habido esta actitud de policías y militares, se habría acabado el golpe en su etapa civil. Lo que cambió el panorama es que la policía y las fuerzas armadas dieron la vuelta. Esos mismos que no habían intervenido para poner orden y proteger a dirigentes sindicales perseguidos, que no habían protegido a las mujeres agredidas por estas bandas paramilitares, al día siguiente de desconocer las autoridades legítimas, mostraron una capacidad extraordinaria para desplegar fuerzas represivas para detener campesinos, dirigentes, gasificar manifestantes… Ayer (viernes 15 de noviembre), asesinaron a 7 personas, uno está en estado de coma y en 5 días ya van 18 muertos*.
El fascista Camacho y sus hordas.
Se notó la voluntad por parte de las fuerzas golpistas de arremeter en contra de los sectores populares tales como los mineros, los campesinos, los obreros que históricamente fueron las bases sociales que llevaron a Evo al poder.
AGL: Creo que ahí, a pesar de hacer este esfuerzo, igual los podíamos derrotar. Lo que inclinó la balanza fue el papel de la policía y los militares. Policías y militares desconociendo la constitución y que se pasaron con armas del lado de los facciosos y golpistas y ese momento se convirtió en la fase dura del golpe. Seguramente han visto la imagen de la «presidenta» autoproclamada con un general que le coloca la banda presidencial. Esto no había sucedido desde la época de la dictadura.
¿Cuándo un militar le pone una banda presidencial a un presidente? ¡Es la Asamblea la que pone la banda presidencial al presidente! Ahí es un general del ejército que pone la banda presidencial a una impostora. Yo no había visto una foto así desde los años 1980, cuando un general del ejército, García Mesa, dio un golpe de Estado, mató al líder socialista Marcelo Quiroga en Santa Cruz y a decenas de mineros para terminar posicionándose como presidente. Desde hace 39 años no habíamos tenido una imagen de ese calibre donde policía y militares ocupan literalmente el palacio de gobierno y de facto son el Gobierno. La señora Jeanine Áñez es un monigote, porque los que tienen el poder real son los policías y el mando militar.
EEUU detrás de la jugada
En 2008, ya ocurrió un intento de golpe de estado desatado por sectores conservadores de la Media Luna y apoyado por el exembajador estadounidense en cargo, Philip Goldberg. ¿Que pasó para que lo que fracasó hace 11 años, hoy triunfara?
AGL: Dos cosas han cambiado. Al igual que ahora, fue un golpe civil movido por Comités Cívicos que son estructuras que agrupan corporativamente a sectores muy conservadores de la sociedad cruzeña y del oriente. Comenzó como un levantamiento, igual que el que sufrimos hoy. Sin embargo, en 2008, ni la policía ni las fuerzas militares se voltearon. Hoy sí. Pues ellos aprendieron. Y seguramente lo hicieron sobornando mandos policiales y militares. Ha habido muchísimo dinero para que inicialmente los policías y luego el mando militar se volteen. Deben haber millones de dólares que han sido utilizados para sobornar la lealtad constitucional de las fuerzas de seguridad. Eso es lo nuevo. En 2008, mantuvieron una neutralidad institucional. En esa época, la batalla se definió a favor de las fuerzas progresistas. Hoy no.
El segundo elemento a tomar en cuenta para entender el cambio entre el golpe del 2008 y el de hoy es que hace 11 años encontrábamos un continente cohesionado. Gobernaban Lula en Brasil, Chávez en Venezuela, Correa en Ecuador, Kirchner en Argentina… Incluso la presidenta de Chile, Michelle Bachelet. Inmediatamente América Latina se activó como un bloque en defensa de la democracia. De hecho, los miembros de la UNASUR se reunieron en urgencia en Santiago de Chile. La reunión fue encabezada por la presidenta Michelle Bachelet y los miembros rechazaron el golpe. Hoy ya ha pasado más de una semana, hay 18 muertos y no hay la UNASUR. No hay un acompañamiento de una estructura de Gobiernos soberanos que no depende de EEUU para poder decir que la democracia debe respetarse, que la paz debe garantizarse. Lo que más bien vemos hoy son actitudes complacientes como la de la OEA, que está jugando un papel nefasto al avalar, santificar y pontificar decisiones que llevan a la masacre del pueblo boliviano.
El portal de noticias Behind Back Doors publicó una serie de 16 audios al principio de octubre que revelan vínculos entre dirigentes de la oposición boliviena (el exprefecto de Cochabamba Manfred Reyes Villa, el exdiputado de Cochabamba Maurico Munos), exmilitares y senadores estadounidenses (Marco Rubio, Ted Cruz, Bob Menendez) con el objetivo de desestabilizar el país en caso de que fuese reelecto. Se trata, en parte, de fomentar un levantamiento militar-policial, atacar casas de diputados del MAS para que apoyen la renuncia… Según usted, ¿se puede tomar en serio esas revelaciones?
Sí. Hay que tomarlas muy en serio, porque relatan cosas que han sucedido en el subsuelo político a lo largo de los últimos meses. Y creo que la señal que estaban esperando era con cuánto íbamos a ganar las elecciones.
En 2014, ganamos con 62 %, hoy ganamos con 47 %. Ganamos las elecciones, pero era claro que no habíamos ganado con esta amplia ventaja de años atrás. Ahí vino un momento de debilidad democrática y constitucional y dijeron «este es el momento». Por eso, al día siguiente de las elecciones, cuando se dijo que ganó Evo con 47 %, estamos hablando de una victoria por debajo del 50 %. La oposición se dijo «este es su momento de debilidad, hay que golpear» y se lanzaron en una ofensiva contra nosotros.
Democracia verdadera como la de Allende
Como lo ha señalado, pasaron de 62 % a 47 % entre 2014 y 2019. En esos cinco años, hay una parte de la clase media que, después de haberlo apoyado, dio vuelta al proceso de transformación que impulsaron. ¿Cómo explicar que amplios sectores de la población que salieron de la pobreza, tuvieron acceso a la universidad, a cargos públicos dejaron de apoyarlos?
AGL: Requiere una reflexión más meditada. Pero le puede sacar varias lecciones. Ganar con 62 % y luego 47 % es algo normal. De hecho, en varios países del mundo, los Gobiernos mandan con 40 %, 35 % y hasta menos. Pero para un Gobierno progresista es complicado. Para un gobierno normal, meramente administrativo, forma parte de la rutina. Pero, para un Gobierno que empuja transformaciones sociales, ganar con menos de 50 %, le impone otros retos. Uno de ellos es como neutralizar, como transformar la coerción legitima del Estado. En este sentido, Venezuela fue mas avanzado que el resto de todos nosotros.
En efecto, Venezuela más allá de los problemas que puede tener, tuvo la virtud de haber creado en paralelo del estado una estructura de defensa de su proceso revolucionario, cosa que no construimos nosotros. No porque no lo viéramos como necesario, de hecho, hubo intentos, pero quizás no se hizo con la suficiente velocidad o profundidad. Es un elemento clave. Este debate viene de Allende. ¿Es posible llevar el socialismo de manera democrática? Sí. Pero sabiendo también tener estructuras que defiendan lo democrático.
Para mí, lo democrático no es sólo lo electoral, estoy hablando de un concepto más profundo de lo democrático. Democracia es igualdad. Es ampliación de derechos. Es desracialización de los poderes, desracialización de las oportunidades de las personas. Por eso no hay proceso de transformación si no es democrático. Esta transformación tiene que tener las instituciones pero también formas organizativas capaces de defender los logros ante un quiebre inducido externamente. Está claro que el dinero que ha circulado en los mandos policiales y militares vino de afuera. Y es mucho dinero.
Ante la posibilidad de un quiebre constitucional, se deben tener estructuras de defensa populares. Venezuela lo hizo y nosotros no. Esa es la primera lección. La segunda es que si los procesos progresistas son efectivamente progresistas, tienen que generar mecanismos de ascenso social. Si eres muy pobre, pasas a ser pobre. Si eres pobre, pasas a tener ingresos medios. Si no haces eso, no estás promoviendo una democratización de los bienes colectivos. Eso es normal. Y a la vez, es normal que quienes venían de los sectores populares y ahora tienen ingresos medios, tengan otro tipo de expectativas. No los podemos acusar por eso. De hecho, los procesos regresivos en algunos países del continente surgieron cuando este ascenso gradual de clase media popular se detiene y se ve el riesgo de una caída otra vez al abismo. Ahí surge un momento de conservadurismo.
En nuestro caso, como vimos eso en otros países, hicimos todo para que el ascenso social no cayera, declinara un poco el gradiente, pero siguiera avanzando. Pero ¿qué sucedió? que una clase media se vio invadida por sectores populares e indígenas que adquirieron formación académica, ahorros, y que tenían más capitales para acceder a cargos públicos. Esta clase media se enquistó porque estaba ascendiendo una clase media de origen popular. Y se enquistó hasta posiciones cada vez más conservadores. ¿Qué nos faltó tanto para esta clase media tradicional, como para fragmentos de la clase media nueva?, nos faltó ampliar nuestro discurso. Nuestro discurso quizás quedó desfasado temporalmente de la realidad. Materialmente, las clases se habían modificado, pero el núcleo de nuestro discurso seguía anclado en la antigua realidad.
En los medios mainstream, Carlos Mesa es presentado como un político de «centro-derecha» mientras que Luis Fernando Camacho sería el «líder de una protesta popular». ¿Qué nos puede decir sobre la trayectoria política e ideológica de esos dos personajes, bastante desconocidos?
AGL: Carlos Mesa fue vicepresidente de Sánchez Losada y luego candidato presidencial. Se presenta como un hombre de centro-derecha , pero en los últimos acontecimientos, al igual que esta clase media tradicional, se ha radicalizado. Es él quien desconoció la victoria nuestra. Convocó a movilizarse el mismo día lunes 21 de octubre y en esa misma noche se quemaron sedes electorales. Cuando se iban desarrollando los hechos vertiginosos del fin de semana pasado (Golpe), no aceptó ninguna vía de negociación. Fue la primera persona en reconocer a la señora Áñez. Mantuvo un silencio absoluto sobre las actitudes dictatoriales, sobre la violación de la Constitución, sobre la masacre contra el pueblo. Pasó de liberal moderado a golpista. Por eso digo que en momento de crisis, detrás de cada liberal moderado se encuentra un fascista.
Por su lado, Luis Fernández Camacho viene de una familia muy conservadora. Su padre fue miembro de Acción Democrática Nacionalista, que era el partido del exdictador Banzer Suárez. Hombre de negocios, supo capitalizar una disponibilidad regional antigobierno con cierta base social. También supo capitalizar, dando un discurso religioso racializado para articular y movilizar a su gente. Es el hombre que públicamente hacía rezar a la gente y que andaba diciendo que su héroe es Pablo Escobar, porque como él, tiene una lista negra de personas que hay que perseguir.
Bolivia: pilar del progresismo
Mientras América Latina está sacudida por protestas masivas contra gobiernos neoliberales (Haiti, Chile, Ecuador), candidatos progresistas ganaron elecciones en países clave como México y Argentina: ¿cómo analiza este golpe de Estado en el contexto de conflicto y reconfiguración geopolítica que vive América Latina?
Se ha hablado mucho del fin del ciclo progresista. Para mí, la figura del ciclo no sirve. Prefiero el concepto de oleada, porque si hablas de un ciclo, pues no debería haber ni México ni Argentina con gobiernos progresistas. Son oleadas, mas intensas, mas bajas. La metáfora de la revolución como oleada planteada por Marx para explicar las revoluciones de 1848 me sirve a mí para graficar el momento actual. Es un momento muy caótico. Pero no es un ciclo, es una oleada. Se avanza en México y Argentina, se retrocede en Bolivia, hay protestas contra el modelo neoliberal en Ecuador y Chile…
Bolivia ha sido un pilar del progresismo latinoamericano. ¿Usted ve el golpe contra Evo como una manera de frenar una posible nueva ola progresista?
Sí, porque era un proyecto exitoso, una economía que funciona, una distribución de la riqueza que funciona, un proceso de industrialización que funciona, un manejo macro económico que funciona. Entonces, ¿cómo detener esto? Con la política, con la violencia.
elciudadano.com
Bolivianas protestan contra el golpe de Estado militar que derrocó a Evo Morales / Divulgación
Dichos de Manini son «la bolsonarización de la política uruguaya», dijo Juan Raúl Ferreira
El documento refiere a los acuerdos logrados en 13 temas, y recoge en algunos casos tramos textuales de los programas. Las propuestas originales en varios asuntos son contradictorias.
Sofía Pinto / Sudestada, 19/11/2019
El 5 de noviembre cinco partidos políticos firmaron un documento que formaliza su coalición de cara al balotaje. “Compromiso por el país” es un programa al que adhirieron el Partido Nacional (PN), Partido Colorado (PC), Partido de la Gente (PG), Partido Independiente (PI) y Cabildo Abierto (CA).
Compitieron por la Presidencia en la primera vuelta y, tras los primeros resultados del 27 de octubre, Ernesto Talvi (PC), Edgardo Novick (PG), Guido Manini Ríos (CA) y Pablo Mieres (PI) ya habían formalizado su apoyo al candidato del PN, Luis Lacalle Pou, exhortando a sus votantes a inclinarse por un cambio de mando en el Gobierno. Así comenzó el “acuerdo multicolor”.
“Compromiso por el país” es un documento hecho a partir de las 812 páginas que suman los programas de los cinco partidos que se juntaron para presentarlo. La primera versión fue enviada por el Partido Nacional a los otros partidos, que le realizaron algunas puntualizaciones. Finalmente, el 5 de noviembre se presentó el documento oficial.
El programa tiene 13 temáticas. Cuentas del Gobierno, gestión y transparencia del Estado, empresas públicas, desarrollo productivo, inserción internacional, fuerza policial, política de defensa, educación, protección “de los más débiles”, agenda de derechos, trabajo, salud y medioambiente. Recoge puntos en los que los cinco partidos con representación parlamentaria se comprometieron a trabajar en conjunto, respetando lo firmado.
Reparto de fuerzas
La mayoría de los puntos del Compromiso fueron copiados de forma literal de alguno de los programas. Con independencia de si los otros partidos están de acuerdo o no con esas medidas, o si las plantean, es interesante ver de qué documento salió cada punto, o cuáles no aparecían originalmente en ninguno (al menos, planteados como están en el acuerdo).
¿Qué planteaban los programas originales?
Durante la primera parte de la campaña los cinco candidatos propusieron medidas diferentes y, en varias ocasiones, se desmarcaron de forma explícita de los demás. El Compromiso, afirmó Lacalle Pou, reúne “lo mejor de cada programa”. Al final del documento se afirma que estos puntos no son exclusivos y que la coalición puede acordar en más temáticas.
Desarrollo productivo
Uno de los puntos de este apartado tiene como medida: “Reactivar sectores del agro con altos niveles de productividad y calidad, que hoy se encuentran en problemas (como la lechería, el arroz, la granja, la vitivinicultura y la apicultura) así como la producción familiar y la ruralidad”.
El PC, el PI y CA no mencionan la vitivinicultura en sus programas. El PG expresa que hay que “apoyar fuertemente a la industria vitivinícola”, pero no especifica cómo.
El único partido que propone una medida específica para esto es el Partido Nacional, que entiende que una forma de frenar la “crisis que sufre el sector vitivinícola” es permitir nuevamente el 0.3 como límite de alcohol para conducir.
En cuanto al “Plan de mejora de seguridad rural, particularmente en relación al abigeato” (la segunda parte fue agregada en el documento final), el PG y el PC proponen atacar el abigeato y otros eventos relacionados a la seguridad del agro a través de la creación de un cuerpo especial. Por su parte, el PN habla de flexibilizar la presunción de legítima defensa para los productores dentro de sus predios y CA propone instalarla de forma directa.
Seguridad
De este apartado fueron eliminadas dos medidas extraídas de la propuesta de reforma constitucional “Vivir sin miedo”, que el 27 de octubre no consiguió los votos para ser aprobada. La prisión perpetua revisable para delitos gravísimos y el régimen de salidas transitorias aparecían en el borrador del Compromiso, pero Pablo Mieres y Ernesto Talvi se manifestaron en contra, porque afirmaron que la ciudadanía ya había decidido.
También se eliminó la propuesta del Partido Nacional y de Cabildo Abierto de establecer la inexcarcelabilidad de los delitos que figuran en la ley de estupefacientes.
Cabildo Abierto propuso en su programa que se flexibilizara la tenencia de armas en manos de civiles y, además, que la presunción simple de legítima defensa alcanzara a la gente dentro de su propiedad. El Partido Independiente, por su parte, planteaba lo contrario: mejorar la política de armas en el entendido de que estas facilitan y agravan los delitos.
En el Compromiso se limitó la legítima defensa para funcionarios policiales, Prefectura Nacional Naval, Policía Aérea y militares en operaciones de vigilancia en cárceles y fronteras. El PN agregaba “guardias privados de seguridad armados”, pero ese concepto se eliminó.
El punto “construcción de una cárcel de máxima seguridad para integrantes de organizaciones de narcotráfico y personas privadas de libertad con perfil de alta peligrosidad” es una mezcla entre una propuesta de Cabildo Abierto y una del Partido Nacional. La diferencia es que Cabildo Abierto planteaba que esta cárcel estaría a cargo del Ministerio de Defensa, “controlada por personal militar de las Fuerzas Armadas”. El Partido de la Gente había propuesto que todo el sistema carcelario pasara a manos del MDN.
Otro “qué” sin “cómo” unificado del programa de la coalición es la propuesta (agregada entre el borrador y la versión final): “Revisar la Ley 18.315 (Ley de Procedimiento Policial) en materia de uso de armas de fuego, registros, identificación y detenciones”. En el programa del PN, único que menciona esta ley de forma textual, se dice que lo que busca esta reforma es “proporcionar a los efectivos policiales la seguridad jurídica y el respaldo necesario para el cumplimiento de sus tareas”.
Violencia de género
El compromiso de la coalición plantea “incrementar y sistematizar los esfuerzos del Estado para erradicar la violencia de género” y luego “combate frontal a la violencia en general y contra las mujeres en particular” (hubo una reformulación en este punto; en el borrador decía violencia de género). En sus programas todos tenían abordajes distintos.
El Partido de la Gente proponía crear un “registro de personas que han cometido violencia de género comprobada”, del que podrán salir luego de hacer un tratamiento revisado por la policía y el Poder Judicial. Otro punto es la creación de centros de asistencia de urgencia para víctimas con apoyo profesional, servicios de asesoramiento tanto para el agresor como para la víctima si ella decidiera “reconciliarse” y supervisión de la situación a partir de eso para “prevenir nuevas situaciones de violencia”.
En materia institucional, planteaba promover políticas basadas en estadísticas y no en “axiomas ideológicos” y trabajar en conocer las causas del comportamiento violento y el perfil de “los violentos” para prevenir. La educación, por su parte, debería “incluir la cuestión de equidad de género”; en esta área también mencionaba “luchar contra el abandono escolar” de niñas y adolescentes, pero no se especifica cómo. Sería obligatoria la capacitación en materia de violencia de género para acceder a cargos estatales.
El Partido Independiente no utilizó el término violencia de género, sino violencia doméstica/intrafamiliar. Y en su programa decía: “deben adoptarse abordajes complementarios, por fuera de lo punitivo, centrados en quien ejerce la violencia, que puede padecer problemáticas psicológicas (agresividad, ira y celos desmedidos, entre otras) que conllevan el uso de la violencia en el hogar y/o hacia la mujer”.
Cabildo Abierto planteaba: “Luchar contra la violencia en general y la doméstica en particular, ya sea física, psicológica, económica, sexual, que afecta a las mujeres de manera desproporcionada. Sin embargo, también se trabajará sobre los otros tipos de violencia, hacia los niños, hacia los ancianos y hacia los hombres, sobre todo cuando se les quita la oportunidad de tener contacto con sus hijos luego de la separación”.
Mientras Cabildo Abierto propuso y sostiene que quiere erradicar la “ideología de género” de las escuelas, el Partido Colorado proponía un programa transversal de educación de roles de género y violencia basada en género. Además, planteaba modificaciones legislativas, ampliar el uso de tobilleras electrónicas y asegurar el cumplimiento del procedimiento policial, implementar una encuesta de victimización anual, reducir la posesión de armas a condenados por violencia doméstica, llevar a todo el país las Casas de Breve Estadía.
Por su parte, el Partido Nacional también proponía expandir el uso de tobilleras electrónicas, poner custodia policial al violento en lugar de a la víctima, asegurar cobertura constante de los servicios de respuesta, dar recursos para la efectiva aplicación de la ley de violencia basada en género, campañas de concientización, desarrollo de políticas “en pro de la equidad salarial” como talleres de capacitación e instancias de trabajo.
Educación
En materia educativa los partidos están alineados. Todos, menos Cabildo Abierto, propusieron de forma explícita cambios en el Estatuto Docente de ANEP. El Partido Independiente y el Partido de la Gente lo mencionaban como forma de “dignificar” la profesión. El Partido Nacional lo incluyó en su Ley de Urgente Consideración, pero no especifica qué cambiar. Es el Partido Colorado el que especificó en el Compromiso que la modificación es que la antigüedad deje de ser un factor determinante.
En este capítulo hubo algunas modificaciones. Se eliminó el punto original sobre impulsar liceos militares en el interior del país (propuesta de CA y del PN) y se eliminó la propuesta de que los docentes tuviesen voz pero no voto en ANEP.
Se cambió el plan de construcción de escuelas y liceos por “centros modelo de educación media”, propuesta insignia del PC.
Al final de este capítulo se agregó “asegurar la efectiva vigencia del principio de laicidad en la educación pública”. Este concepto aparece en tres programas. El PG habla de “aplicar a rajatabla la laicidad”, el PC habla de la laicidad como valor vareliano de la educación y el PN habla de “laicidad en educación sexual”, pero no explica qué implicaría eso.
“Proteger a los más débiles”
Los cinco partidos ya decían en sus programas que el Ministerio de Desarrollo Social necesita una reorganización. El PN propuso el trabajo en coordinación con otros organismos públicos, con gobiernos departamentales y con organizaciones voluntarias; achicar el número de programas y que cada uno tenga un referente. El PC, por su parte, planteó incluir en el MIDES el Ministerio de Vivienda y crear el Mivides. El PI, disminuir la cantidad de programas y de darle al MIDES capacidad de gobierno sobre las asignaciones familiares. El PG, transformar el MIDES en un organismo articulador de las políticas y concentrarlo en sus “cometidos esenciales” (contención básica e institutos especializados).
En cuanto al punto “promover los programas de cuidado intergeneracional, priorizando el cuidado de adultos mayores y niños dentro de la propia familia”, los programas tenían visiones contradictorias.
Cabildo Abierto hablaba de capacitar a los hijos mayores para el cuidado de las personas mayores en sus propios hogares, de “concientizar acerca de la nueva paternidad y la importancia de la corresponsabilidad familiar y del hogar”. En el siguiente punto mencionaba darles un salario a las madres que luego de su tercer hijo prefieran quedarse en casa “para su mejor crianza”, y luego afirmaba que hay que revisar la licencia por paternidad.
El Partido Nacional hablaba de modificar la normativa para que abuelas y abuelos puedan cuidar a sus nietos en el marco del Sistema de Cuidados.
El Partido Colorado y el Partido de la Gente propusieron, por el contrario, medidas a nivel estatal para el cuidado de los hijos. En el caso del PC en el Sistema de Cuidados, el PG hablaba de crear centros de cuidado de niños hasta 3 años cerca de los lugares de trabajo de madres o padres.
El último punto que se agregó a este apartado fue la posibilidad de eliminar el IASS. Propuesto por Cabildo Abierto en su programa y planteado como algo a analizar en el del Partido Colorado, esta medida fue rechazada de forma pública por un asesor del Partido de la Gente y por el asesor en economía del Partido Independiente.
Agenda de derechos
El primer punto es “combate frontal a la violencia en general y contra las mujeres en particular, así como a toda forma de discriminación por orientación sexual. Fortalecimiento de acciones que promuevan la igualdad de derechos y de oportunidades”.
Con respecto a la orientación sexual, algunos de los partidos reconocieron en sus programas que existe discriminación, pero no plantearon medidas concretas para erradicarla.
En el programa del Partido Independiente se afirmó que “la equidad de género y el reconocimiento de la diversidad sexual [...] son reclamos justos y deben ser examinados por todos, con la razón y la lógica”.
El Partido de la Gente mencionaba: “políticas de inclusión de personas LGTBI a través de la lucha frontal contra la discriminación a todo nivel, comenzando con sensibilización contra los prejuicios y políticas de promoción de acceso igualitario a todos los servicios públicos”.
Para el Partido Colorado era importante “garantizar el pleno ejercicio de sus derechos, mejorar su calidad de vida y sensibilizar a la población para ayudar a combatir estos comportamientos y acciones que nos impiden ser una sociedad integrada y armónica”.
El Partido Nacional proponía crear una mesa interinstitucional “para evaluar y corregir las situaciones de discriminación y las desigualdades generadas por la condición sexual de la[s] personas. Se trabajará especialmente en la igualdad e inserción laboral, salud y seguridad. Se desarrollarán campañas de sensibilización para que la sociedad respete la diversidad de orientaciones y definiciones sexuales. Se trabajará en un plan integral de convivencia a ser asumido por todo el Estado, para contribuir a configurar una sociedad respetuosa, tolerante e integrada”.
Cabildo Abierto no mencionó esta temática.
Otro punto del Compromiso del acuerdo multicolor habla de un “rediseño y fortalecimiento de programas de apoyo a afrodescendientes”. Solo el PN y el PG mencionaban a la población afrodescendiente, pero con propuestas contrarias. El PN hablaba de la “aplicación efectiva” de las cuotas de ingreso y el PG de educar para el acceso equitativo “más que obligar a empleadores a través de cuotas laborales ineficientes”.
Ningún partido incluyó en su programa la búsqueda de las personas desaparecidas en la última dictadura cívico-militar, aunque en el documento conjunto incluyeron este punto.
Trabajo
Este capítulo no sufrió ninguna modificación entre el borrador y la versión final. Habla de formación profesional continua, reorganizaciones institucionales, reconocimiento de los consejos de salarios, convenios sectoriales.
El documento del acuerdo habla de modificar la negociación colectiva de acuerdo a lo propuesto por la OIT. En esta temática, los partidos también presentan medidas distintas.
El PN hablaba de garantizar los mecanismos de descuelgue de los acuerdos alcanzados en los consejos de salarios y de derogar el decreto 165/2006 que regula el derecho a huelga y ocupación.
El PC proponía que los trabajadores no sindicalizados puedan ser parte de la negociación colectiva a través de representantes elegidos.
El PG postulaba un cambio en la negociación, que en vez de ser por sector, sería por empresa. CA también habla de negociación por empresa y agrega que la negociación salarial debería ser según los niveles de productividad.
El PI, por su parte, proponía que la negociación sea con un número reducido de grupos, sin “correctivos” y “estableciendo ajustes salariales nominales únicamente para los laudos mínimos, que deje cualquier otra mejora salarial en el ámbito de negociación bipartita para la negociación con la empresa”.
Sofía Pinto / Sudestada, periodismo y transparencia
Vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia desde 2006 y gran arquitecto de la política impulsada por el presidente Evo Morales, Álvaro García Linera nos brindó una entrevista en Ciudad de México, donde encontró asilo después de verse obligado a huir de su país. En esa conversación, nos contó cómo se desarrollaron los acontecimientos, y nos compartió su análisis acerca de las causas profundas de ese golpe de Estado, sus actores y las injerencias exteriores.
Periodistas: Empezando por la actualidad. Desde hace unos días, sus militantes, simpatizantes y más generalmente todos los que se oponen el golpe están sufriendo una brutal represión por parte de las fuerzas policiales y militares. ¿Cómo reacciona usted ante esta oleada de violencia que no deja de crecer?
AGL: Triste e indignado por el asesinato de 7 humildes campesinos. Uno está en estado de coma, Todos fueron asesinados con bala, con fusiles automáticos en manos del ejército y de la policía nacional en movilizaciones de campesinos que buscaban manifestar su repudio y su rechazo al golpe de Estado. Hubo una masacre y está claro que los responsables, bien sean policías, militares o civiles, un día, en una semana, en un mes, en un año o en cinco años, van a tener que responder ante los tribunales de justicia. Están ensangrentando al pueblo boliviano de manera atroz. Hay 110 heridos por bala. Mas de 600 personas detenidas. Es un golpe sangriento que no está midiendo ningún tipo de recurso para imponerse a sangre y a fuego. *
Ustedes renunciaron justamente para evitar más derramamiento de sangre, más violencia por parte de la oposición
Sí. Nos fuimos porque no queríamos ver bolivianos muertos. La policía nos amenazó, las fuerzas armadas desconocieron el orden constitucional y amenazaron con usar la fuerza contra nuestros compañeros y dijimos «renunciamos», obligados por esta presión policial y militar, para que no se toque a nuestros compañeros. Pese a que renunciamos a nuestra victoria, a ser gobernantes, pese a que no íbamos a ser candidatos en las próximas elecciones, pese a todo esto, sale esta gente, este Gobierno impostor para seguir matando a bolivianos, en lo que es una oleada de violencia racista en contra de los indios.
Lo que estamos viendo ahí es una especie de ajuste de cuentas de una élite política, contra indios que se atrevieron a gobernar, que se atrevieron a tener poder, a tener derechos en los últimos años.
Las tres etapas del Golpe
El domingo 10 de noviembre, en un lapso de unas horas, usted anunció nuevas elecciones y finalmente tomó la decisión de renunciar para poner fin a la violencia desatada por la oposición. El jefe del Ejército, Williams Kaliman le habría «sugerido» renunciar. ¿Que pasó exactamente para que tomara la decisión de dejar el poder? Y ¿cómo explicar que las fuerzas armadas apoyaran tan rápidamente el golpe?
AGL: Tuvimos tres etapas en el golpe. Primero, una etapa civil que inicia al día siguiente de las elecciones. Ganamos con mas de 10 %, lo que significaba que ya no había necesidad de segunda vuelta. El derrotado, Carlos Mesa, no reconoce nuestra victoria y pide una segunda vuelta. Inmediatamente se inicia una oleada, una especie de insurgencia de clases medias tradicionales que enarbolaron discursos de supremacía racial. Se levantaron ciudades como Santa Cruz, Cochabamba y La Paz en contra del Gobierno. Empezaron a quemar instituciones estatales. Cinco de las nueve cortes electorales, que es el lugar donde se hace el recuento de los votos, fueron asaltadas, quemadas.
También se quemaron urnas, papeletas. Luego instalaron un paro de actividades en las zonas pobladas por esas clases medias tradicionales. Surgieron por primera vez bandas paramilitares, fascistoides que comenzaron a atacar a líderes sindicales. Quemaron varias sedes de sindicatos campesinos y obreros.
Atacaron y persiguieron a sus líderes. Mujeres campesinas que marchaban fueron atacadas por bandas de 500, 600 motos con personas llevando bates, palos con clavos, gases lacrimógenos.
Secuestraron a una alcaldesa de un municipio campesino, le pegaron, la maltrataron, la tiraron al suelo, la orinaron, le cortaron el cabello, la amenazaron con lincharla. Y ante la presencia de medios televisivos, le echaron pintura en toda la cara.
A los campesinos que encontraban caminando, los batieron como si fueran ganado, como si fueran animales. Esto es en el primer momento del golpe de Estado, el momento civil. Se buscó imponer, al margen del Estado y de las instituciones legalmente constituidas, una especie de terror urbano.
La respuesta de las fuerzas populares fue convocar a resistir al Golpe. Llegaron obreros mineros de la Central Obrera Boliviana (COB) en La Paz. Llegaron campesinos, indígenas, pobladores urbanos para defender al presidente. Y era probable que, de mantenerse esta confrontación entre fuerzas civiles golpistas y fuerzas civiles que defienden la democracia, los hubiéramos derrotado. Pero ahí vino la segunda fase, la policía y eso fue lo que desequilibró todo. La policía desconoció el mando civil, desprotegió las instituciones y a los sectores agredidos y, a las 24 horas, el comandante de las fuerzas armadas desconoció el mando civil y llamó a que Evo renunciara.
Es una escalada civil, policial y militar. Si no hubiera habido esta actitud de policías y militares, se habría acabado el golpe en su etapa civil. Lo que cambió el panorama es que la policía y las fuerzas armadas dieron la vuelta. Esos mismos que no habían intervenido para poner orden y proteger a dirigentes sindicales perseguidos, que no habían protegido a las mujeres agredidas por estas bandas paramilitares, al día siguiente de desconocer las autoridades legítimas, mostraron una capacidad extraordinaria para desplegar fuerzas represivas para detener campesinos, dirigentes, gasificar manifestantes… Ayer (viernes 15 de noviembre), asesinaron a 7 personas, uno está en estado de coma y en 5 días ya van 18 muertos*.
El fascista Camacho y sus hordas.
Se notó la voluntad por parte de las fuerzas golpistas de arremeter en contra de los sectores populares tales como los mineros, los campesinos, los obreros que históricamente fueron las bases sociales que llevaron a Evo al poder.
AGL: Creo que ahí, a pesar de hacer este esfuerzo, igual los podíamos derrotar. Lo que inclinó la balanza fue el papel de la policía y los militares. Policías y militares desconociendo la constitución y que se pasaron con armas del lado de los facciosos y golpistas y ese momento se convirtió en la fase dura del golpe. Seguramente han visto la imagen de la «presidenta» autoproclamada con un general que le coloca la banda presidencial. Esto no había sucedido desde la época de la dictadura.
¿Cuándo un militar le pone una banda presidencial a un presidente? ¡Es la Asamblea la que pone la banda presidencial al presidente! Ahí es un general del ejército que pone la banda presidencial a una impostora. Yo no había visto una foto así desde los años 1980, cuando un general del ejército, García Mesa, dio un golpe de Estado, mató al líder socialista Marcelo Quiroga en Santa Cruz y a decenas de mineros para terminar posicionándose como presidente. Desde hace 39 años no habíamos tenido una imagen de ese calibre donde policía y militares ocupan literalmente el palacio de gobierno y de facto son el Gobierno. La señora Jeanine Áñez es un monigote, porque los que tienen el poder real son los policías y el mando militar.
EEUU detrás de la jugada
En 2008, ya ocurrió un intento de golpe de estado desatado por sectores conservadores de la Media Luna y apoyado por el exembajador estadounidense en cargo, Philip Goldberg. ¿Que pasó para que lo que fracasó hace 11 años, hoy triunfara?
AGL: Dos cosas han cambiado. Al igual que ahora, fue un golpe civil movido por Comités Cívicos que son estructuras que agrupan corporativamente a sectores muy conservadores de la sociedad cruzeña y del oriente. Comenzó como un levantamiento, igual que el que sufrimos hoy. Sin embargo, en 2008, ni la policía ni las fuerzas militares se voltearon. Hoy sí. Pues ellos aprendieron. Y seguramente lo hicieron sobornando mandos policiales y militares. Ha habido muchísimo dinero para que inicialmente los policías y luego el mando militar se volteen. Deben haber millones de dólares que han sido utilizados para sobornar la lealtad constitucional de las fuerzas de seguridad. Eso es lo nuevo. En 2008, mantuvieron una neutralidad institucional. En esa época, la batalla se definió a favor de las fuerzas progresistas. Hoy no.
El segundo elemento a tomar en cuenta para entender el cambio entre el golpe del 2008 y el de hoy es que hace 11 años encontrábamos un continente cohesionado. Gobernaban Lula en Brasil, Chávez en Venezuela, Correa en Ecuador, Kirchner en Argentina… Incluso la presidenta de Chile, Michelle Bachelet. Inmediatamente América Latina se activó como un bloque en defensa de la democracia. De hecho, los miembros de la UNASUR se reunieron en urgencia en Santiago de Chile. La reunión fue encabezada por la presidenta Michelle Bachelet y los miembros rechazaron el golpe. Hoy ya ha pasado más de una semana, hay 18 muertos y no hay la UNASUR. No hay un acompañamiento de una estructura de Gobiernos soberanos que no depende de EEUU para poder decir que la democracia debe respetarse, que la paz debe garantizarse. Lo que más bien vemos hoy son actitudes complacientes como la de la OEA, que está jugando un papel nefasto al avalar, santificar y pontificar decisiones que llevan a la masacre del pueblo boliviano.
El portal de noticias Behind Back Doors publicó una serie de 16 audios al principio de octubre que revelan vínculos entre dirigentes de la oposición boliviena (el exprefecto de Cochabamba Manfred Reyes Villa, el exdiputado de Cochabamba Maurico Munos), exmilitares y senadores estadounidenses (Marco Rubio, Ted Cruz, Bob Menendez) con el objetivo de desestabilizar el país en caso de que fuese reelecto. Se trata, en parte, de fomentar un levantamiento militar-policial, atacar casas de diputados del MAS para que apoyen la renuncia… Según usted, ¿se puede tomar en serio esas revelaciones?
Sí. Hay que tomarlas muy en serio, porque relatan cosas que han sucedido en el subsuelo político a lo largo de los últimos meses. Y creo que la señal que estaban esperando era con cuánto íbamos a ganar las elecciones.
En 2014, ganamos con 62 %, hoy ganamos con 47 %. Ganamos las elecciones, pero era claro que no habíamos ganado con esta amplia ventaja de años atrás. Ahí vino un momento de debilidad democrática y constitucional y dijeron «este es el momento». Por eso, al día siguiente de las elecciones, cuando se dijo que ganó Evo con 47 %, estamos hablando de una victoria por debajo del 50 %. La oposición se dijo «este es su momento de debilidad, hay que golpear» y se lanzaron en una ofensiva contra nosotros.
Democracia verdadera como la de Allende
Como lo ha señalado, pasaron de 62 % a 47 % entre 2014 y 2019. En esos cinco años, hay una parte de la clase media que, después de haberlo apoyado, dio vuelta al proceso de transformación que impulsaron. ¿Cómo explicar que amplios sectores de la población que salieron de la pobreza, tuvieron acceso a la universidad, a cargos públicos dejaron de apoyarlos?
AGL: Requiere una reflexión más meditada. Pero le puede sacar varias lecciones. Ganar con 62 % y luego 47 % es algo normal. De hecho, en varios países del mundo, los Gobiernos mandan con 40 %, 35 % y hasta menos. Pero para un Gobierno progresista es complicado. Para un gobierno normal, meramente administrativo, forma parte de la rutina. Pero, para un Gobierno que empuja transformaciones sociales, ganar con menos de 50 %, le impone otros retos. Uno de ellos es como neutralizar, como transformar la coerción legitima del Estado. En este sentido, Venezuela fue mas avanzado que el resto de todos nosotros.
En efecto, Venezuela más allá de los problemas que puede tener, tuvo la virtud de haber creado en paralelo del estado una estructura de defensa de su proceso revolucionario, cosa que no construimos nosotros. No porque no lo viéramos como necesario, de hecho, hubo intentos, pero quizás no se hizo con la suficiente velocidad o profundidad. Es un elemento clave. Este debate viene de Allende. ¿Es posible llevar el socialismo de manera democrática? Sí. Pero sabiendo también tener estructuras que defiendan lo democrático.
Para mí, lo democrático no es sólo lo electoral, estoy hablando de un concepto más profundo de lo democrático. Democracia es igualdad. Es ampliación de derechos. Es desracialización de los poderes, desracialización de las oportunidades de las personas. Por eso no hay proceso de transformación si no es democrático. Esta transformación tiene que tener las instituciones pero también formas organizativas capaces de defender los logros ante un quiebre inducido externamente. Está claro que el dinero que ha circulado en los mandos policiales y militares vino de afuera. Y es mucho dinero.
Ante la posibilidad de un quiebre constitucional, se deben tener estructuras de defensa populares. Venezuela lo hizo y nosotros no. Esa es la primera lección. La segunda es que si los procesos progresistas son efectivamente progresistas, tienen que generar mecanismos de ascenso social. Si eres muy pobre, pasas a ser pobre. Si eres pobre, pasas a tener ingresos medios. Si no haces eso, no estás promoviendo una democratización de los bienes colectivos. Eso es normal. Y a la vez, es normal que quienes venían de los sectores populares y ahora tienen ingresos medios, tengan otro tipo de expectativas. No los podemos acusar por eso. De hecho, los procesos regresivos en algunos países del continente surgieron cuando este ascenso gradual de clase media popular se detiene y se ve el riesgo de una caída otra vez al abismo. Ahí surge un momento de conservadurismo.
En nuestro caso, como vimos eso en otros países, hicimos todo para que el ascenso social no cayera, declinara un poco el gradiente, pero siguiera avanzando. Pero ¿qué sucedió? que una clase media se vio invadida por sectores populares e indígenas que adquirieron formación académica, ahorros, y que tenían más capitales para acceder a cargos públicos. Esta clase media se enquistó porque estaba ascendiendo una clase media de origen popular. Y se enquistó hasta posiciones cada vez más conservadores. ¿Qué nos faltó tanto para esta clase media tradicional, como para fragmentos de la clase media nueva?, nos faltó ampliar nuestro discurso. Nuestro discurso quizás quedó desfasado temporalmente de la realidad. Materialmente, las clases se habían modificado, pero el núcleo de nuestro discurso seguía anclado en la antigua realidad.
En los medios mainstream, Carlos Mesa es presentado como un político de «centro-derecha» mientras que Luis Fernando Camacho sería el «líder de una protesta popular». ¿Qué nos puede decir sobre la trayectoria política e ideológica de esos dos personajes, bastante desconocidos?
AGL: Carlos Mesa fue vicepresidente de Sánchez Losada y luego candidato presidencial. Se presenta como un hombre de centro-derecha , pero en los últimos acontecimientos, al igual que esta clase media tradicional, se ha radicalizado. Es él quien desconoció la victoria nuestra. Convocó a movilizarse el mismo día lunes 21 de octubre y en esa misma noche se quemaron sedes electorales. Cuando se iban desarrollando los hechos vertiginosos del fin de semana pasado (Golpe), no aceptó ninguna vía de negociación. Fue la primera persona en reconocer a la señora Áñez. Mantuvo un silencio absoluto sobre las actitudes dictatoriales, sobre la violación de la Constitución, sobre la masacre contra el pueblo. Pasó de liberal moderado a golpista. Por eso digo que en momento de crisis, detrás de cada liberal moderado se encuentra un fascista.
Por su lado, Luis Fernández Camacho viene de una familia muy conservadora. Su padre fue miembro de Acción Democrática Nacionalista, que era el partido del exdictador Banzer Suárez. Hombre de negocios, supo capitalizar una disponibilidad regional antigobierno con cierta base social. También supo capitalizar, dando un discurso religioso racializado para articular y movilizar a su gente. Es el hombre que públicamente hacía rezar a la gente y que andaba diciendo que su héroe es Pablo Escobar, porque como él, tiene una lista negra de personas que hay que perseguir.
Bolivia: pilar del progresismo
Mientras América Latina está sacudida por protestas masivas contra gobiernos neoliberales (Haiti, Chile, Ecuador), candidatos progresistas ganaron elecciones en países clave como México y Argentina: ¿cómo analiza este golpe de Estado en el contexto de conflicto y reconfiguración geopolítica que vive América Latina?
Se ha hablado mucho del fin del ciclo progresista. Para mí, la figura del ciclo no sirve. Prefiero el concepto de oleada, porque si hablas de un ciclo, pues no debería haber ni México ni Argentina con gobiernos progresistas. Son oleadas, mas intensas, mas bajas. La metáfora de la revolución como oleada planteada por Marx para explicar las revoluciones de 1848 me sirve a mí para graficar el momento actual. Es un momento muy caótico. Pero no es un ciclo, es una oleada. Se avanza en México y Argentina, se retrocede en Bolivia, hay protestas contra el modelo neoliberal en Ecuador y Chile…
Bolivia ha sido un pilar del progresismo latinoamericano. ¿Usted ve el golpe contra Evo como una manera de frenar una posible nueva ola progresista?
Sí, porque era un proyecto exitoso, una economía que funciona, una distribución de la riqueza que funciona, un proceso de industrialización que funciona, un manejo macro económico que funciona. Entonces, ¿cómo detener esto? Con la política, con la violencia.
elciudadano.com
Relato de un golpe racista cocinado durante meses
por Soledad Domínguez
LA HAINE - 23/11/2019
Nueve días después de la renuncia forzada de su presidente, Bolivia cuenta una treintena de muertos y 750 heridos por bala
El
conteo incluye las nueve personas muertas este 19 de noviembre de 2019
en la zona de Senkata (ciudad de El Alto), y también los tres miembros
de las facciones cívicas opositoras que murieron en choques entre
‘cívicos’ y ‘oficialistas’ a partir del 21 de octubre tras las
elecciones presidenciales. Entre los muertos también se cuentan dos
policías: uno fallecido en un accidente de moto en medio de una
operación represiva, y otro recientemente fallecido, en el hospital,
como secuela de la golpiza que recibiera de manos de una multitud.
La mayoría de las víctimas —todas o casi todas— es gente pobre. Los demás murieron en acciones punitivas combinadas del ejército y la policía, por el hecho de salir a las calles a exigir la renuncia de la actual presidenta de facto.
La defensa popular se activó el día mismo del primer motín policial en contra de Morales, durante el cual varios uniformados quemaron la wiphala —la bandera indígena— o la arrancaron de sus uniformes.
Imágenes del agravio a la bandera indígena circularon ampliamente por redes sociales y por algunos canales de televisión. Según la actual Constitución, la wiphala del Kollasuyo, considerada como la bandera ancestral de las naciones indígenas de las tierras altas de Bolivia, es uno de los emblemas de la patria.
Aquella quema, tan real como simbólica, resultó profundamente ofensiva para los indígenas: el día del golpe, el máximo dirigente cívico de Santa Cruz introdujo en palacio de gobierno una biblia y una bandera boliviana, poniendo de manifiesto su desprecio por la actual Constitución (que señala tanto el carácter laico del Estado como la coexistencia en la nación de una pluralidad de pueblos indígenas). Encima de ello, propició que policías con el rostro cubierto arriaran la wiphala de la plaza de armas y la arrancaran con violencia del frontis del palacio.
La caída de Evo Morales, de adelante hacia atrás
La policía comenzó a amotinarse el viernes 8 de noviembre en favor del movimiento cívico, opositor a Evo Morales. La tarde del 10, las fuerzas armadas conminaron al presidente a renunciar. Acorralado por las fuerzas de coerción estatal, Morales renunció al cargo hacia las cinco a través de un mensaje televisado.
Como antecedente de aquel suceso está la huelga cívica que, desde el 22 de octubre —dos días después de las elecciones generales— asfixiaba con un paro y bloqueo de caminos e instituciones públicas las ciudades de Bolivia.
Dicha medida contó con la participación activa, entusiasta y muchas veces furiosa y racista de las clases medias y los estudiantes universitarios. Avanzó a partir de una demanda de segunda vuelta electoral exigida por Carlos Mesa (candidato de la centro-derecha) el día mismo de las elecciones hasta desembocar, 21 días más tarde, en el pedido de renuncia del presidente constitucional Evo Morales.
En el interim, los observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA), presidida por Luis Almagro, ya habían vertido juicios de valor considerando el proceso electoral “colmado de vicios”. Dichas declaraciones fueron el detonante de la furia cebada y abonada, con meses de antelación, por todos los oponentes a Morales. Y ello porque el presidente participó en la contienda electoral pese a haber perdido, el 21 de febrero de 2016, un referéndum para habilitarse a una nueva elección, contraviniendo así, con apoyo del Tribunal Constitucional, un artículo expreso de la Constitución Política que sólo permite presentarse a dos elecciones consecutivas a cualquier presidente.
El 24 de octubre, Evo Morales convocó a veedores de la OEA para realizar una auditoría completa –cuyo resultado tendría carácter vinculante, prometió– de las actas electorales; actas que le habían dado el triunfo con un 47% de los votos sobre su contendor inmediato, Carlos Mesa, quien obtuvo en el cómputo oficial algo más del 36% de los votos.
Durante el tiempo en que la auditoría se realizaba, los opositores encabezados por el fundamentalista de extrema derecha Luis Fernando Camacho, al mando del Comité Cívico de Santa Cruz, ni un solo día cesaron de provocar con marchas, bloqueos de calles y caminos, agresiónes y amedrentamientos a los sectores afines al gobierno, paseando en las principales ciudades sus grupos parapoliciales organizados bajo el ambiguo denominativo de “Resistencia Juvenil”. Se trata de grupos altamente móviles —se desplazan en motocicletas— armados con bates, palos y bazukas de fabricación artesanal para contrarrestar las ora tímidas y ora rabiosas manifestaciones de los simpatizantes del oficialismo. Los grupos de “Resistencia Juvenil” operaban con la anuencia de la policía.
Mediadas por la parcialización de la prensa, las agresiones de los grupos cívicos de choque se registraron con mayor fuerza en los alrededores de Santa Cruz, en el populoso Plan Tres mil, bastión del oficialismo, y en la ciudad intermedia de Montero, donde en un enfrentamiento, confuso incluso ahora la falta de información ecuánime, resultaron muertos dos miembros de la facción cívica.
La ciudad de Santa Cruz de la Sierra era —y es— el territorio por excelencia del Comité Cívico de Camacho, quien legitima su mando con “cabildos” multitudinarios. El Comité, con centenares de voluntarios y voluntarias, controlaba todas las acciones públicas en la ciudad, dictaminaba el cierre de instituciones, regulaba el control de los desplazamientos de la ciudadanía mediante la emisión de salvoconductos y permisos para desempeñar algunas actividades “esenciales” durante los días del paro.
El 4 de noviembre, en pleno pico de la embestida cívica, el gobierno otorgó un bono extra de tres mil bolivianos a todos los miembros de la policía, agotados por tantas semanas resistiendo el embate de las multitudes opositoras. El paliativo llegó tarde: esa misma noche, en el autodenominado “Cabildo de la Unidad”, multitudinario y melodramático, el cívico de Santa Cruz se mofó del monto erogado por el gobierno y anunció públicamente compromisos previos, consolidados, con la policía y el ejército.
El Comité Cívico comunicó además su nueva táctica, que podría parecer histérica, para forzar la renuncia de Evo Morales: Camacho se trasladaría a La Paz para llevar personalmente la petición de renuncia al primer mandatario, llevando consigo al palacio de gobierno una biblia y la bandera tricolor boliviana.
El apoyo que anunció públicamente Camacho se tradujo, días después, en el amotinamiento policial general que comenzó el viernes 8 en las ciudades de Cochabamba, Santa Cruz y Sucre y se completó al día siguiente con el resto de ciudades, culminando en La Paz, donde la policía dejó sin protección alguna a las instituciones gubernamentales.
En aquella semana, la del 4 al 8 de noviembre, las fuerzas de choque de los comités cívicos registraron una serie de hazañas agresivas en contra de organizaciones de origen campesino, indígena y de los barrios pobres de algunas ciudades. El miércoles 6, las fuerzas opositoras en Cochabamba vejaron públicamente a la alcaldesa oficialista del municipio aledaño de Vinto, agredieron a campesinas cocaleras llegadas del Chapare, desnudaron y apalearon a un ex viceministro del gobierno. Del bando opuesto, murió un joven de 21 años, a quien posiblemente le reventó una bazuka casera en el mentón (las que maneja la “Resistencia Juvenil Cjochala”) durante un enfrentamiento, sobre un puente, con simpatizantes del oficialismo. (La información sobre la bazuka fue declarado por un médico y luego ocultado por los informes forenses).
Por su lado, el jueves 7 de noviembre, los cívicos del sur del país enviaron a la sede de gobierno delegaciones de jóvenes universitarios y grupos de mineros cooperativistas y de algunos miembros de una comunidad indígena aliada para ayudar a ejercer presión sobre La Paz, donde a punta de dinamitazos y palos, los mineros sindicalizados, indígenas de Oruro y del norte de Potosí, y miembros de otras organizaciones sociales estaban defendiendo al gobierno.
Las delegaciones cívicas fueron interceptadas y apedreadas por los simpatizantes del oficialismo a lo largo del camino que cruza el altiplano orureño. Un minero cooperativista resultó herido con arma de fuego. La prensa y las redes sociales se ocuparon de propagar noticias, que resultaron falsas, sobre la violación y el rapto de dos muchachas universitarias.
El viernes 8 empezó el motín policial. Para el sábado 9, ya el gobierno y sus instituciones estaban sin protección alguna. Desde la oposición –tal vez para acelerar el golpe– se insinuaba que el presidente podía sacar a las fuerzas armadas. Pero el gobierno se negaba a convocarlas. A esas alturas, el ejército dio un paso al frente para anunciar “que no iba a salir a reprimir a su pueblo”.
Las horas oscuras
En horas tempranas de la mañana del domingo 10 de noviembre, la OEA hizo conocer su veredicto sobre la auditoría, anunciando que las elecciones habían sido fraudulentas –posteriormente, expertos internacionales han dado a conocer que la auditoría misma fue la que estuvo amañada.
Horas después, el presidente de Bolivia, rodeado de dirigentes sociales, anunció desde el Chapare que la Asamblea Legislativa, donde su partido tiene el control de los dos tercios de votos, anularía las elecciones, destituiría a las autoridades electorales, elegiría nuevas y convocaría a una nueva elección.
Pero esa mañana las huestes furiosas de la oposición ya no le dieron tregua. Salieron en Potosí, la otrora ciudad proletaria, a quemar casas y agredir a los familiares de un ministro y de asambleístas plurinacionales. Lo mismo pasaba en Cochabamba y otros lugares. Cerca de mediodía la Central Obrera Boliviana, con escaso poder de convocatoria y con muchas de sus confederaciones cooptadas por los Comités Cívicos, sugirió la renuncia del presidente. Por la tarde lo hizo el ejército.
Así se precipitaron los acontecimientos de lo que el candidato Carlos Diego Mesa se había apurado a proclamar un “primavera boliviana”. Primavera que no floreció: otra gran mayoría todavía no se estaba expresando.
Por la noche, los vecinos de los barrios ricos y zonas relativamente acomodadas de La Paz, presas de pánico colectivo, se encerraron en sus casas y algunos levantaron barricadas que colmaron, por si acaso, de wiphalas: los policías difundían el rumor de que “hordas” que estaban bajando de El Alto a saquear y quemar los hogares paceños.
Y es que esa noche, la del 10 de noviembre, grupos que aún no han sido investigados intentaron asaltar la embajada de Venezuela. Por la madrugada, otros grupos, tampoco investigados ni identificados hasta hoy, quemaron enteramente la flota de modernos autobuses de la alcaldía de La Paz, los Pumakatari. En El Alto se dice que los pobladores asaltaron algunas tiendas, que tumbaron la antena de un canal de televisión afín a los cívicos y saquearon la alcaldía, afín a la derecha. Ese tipo de actos vandálicos/terroristas ya no se repitieron por el día.
Los motivos de un pueblo
Es necesario decir algo más acerca de la quema de la wiphala. El 11 de noviembre, los policías de la plaza Murillo, en pleno centro del gobierno ausente, organizaron un pequeño acto de desagravio a la bandera indígena.
Pero era tarde para las disculpas. La furia no sólo se desató en forma de marchas y manifestaciones sino en la quema de casi todas las estaciones policiales de la ciudad aymara de El Alto y algunas estaciones policiales en la zona sur de La Paz. No sólo por la afrenta a la wiphala sino lo que la percepción popular interpretaba como una traición evidente de la policía: la entrega del proceso democrático boliviano a las fuerzas más reaccionarias y antidemocráticas, oscurantistas y racistas del espectro político.
Aquella acción motivó las marchas a La Paz desde ese mismo lunes y las consecutivas marchas multitudinarias, bloqueos y manifestaciones populares que pese a los muertos, centenares de heridos, presos, gente entrada a la clandestinidad y amenazada de muerte, no cesan en toda Bolivia y se han decantado, este 19 de noviembre, en el asedio a la estación de hidrocarburos de Senkata, desde donde se distribuye todo el combustible de ciudad de La Paz.
Se trata de la trágica repetición de un asedio similar, ocurrido en octubre de 2003. Pero ahora sin el apoyo y la solidaridad de las clases medias.
Los motivos del odio
Resulta imperativo, asimismo, contar algo de la emergencia del actual gobierno de facto.
El pasado 12 de noviembre la senadora Jeanine Añez, en calidad de vicepresidente de la Cámara de senadores, por parte de la bancada minoritaria de derecha Unidad Demócrata (que logró apenas un 8% de votos en las pasadas elecciones), se autoproclamó presidenta de Bolivia. Puso como pretexto la ausencia de asambleístas plurinacionales, la renuncia de la presidenta del Senado, Adriana Salvatierra, y del presidente de la Cámara de diputados, Víctor Borda. Es decir, se basó en la ausencia de gobierno. A la par, hizo correr la voz de que la bancada mayoritaria del Movimiento al Socialismo se negaba a presentarse para sesionar en la Asamblea Legislativa —aunque luego se supo que la mayoría de los representantes nacionales del Oficialismo estaba amenazada, y que muchos no pudieron llegar por el bloqueo cívico que se prolongó hasta poner a Añez en el gobierno.
Inmediatamente tras su asunción, con el fundamentalista Camacho a su costado sosteniendo una biblia de aspecto medieval, y ante una pequeña tropa de policías, militares, periodistas y sacerdotes que la observaban desde la plaza Murillo, Áñez anunció que el suyo sería un gobierno provisional y se dedicaría a convocar prontamente a elecciones.
Al día siguiente, la autoproclamada nombró parte de su gabinete de ministros, y empezó a ejecutar acciones agresivas en política internacional, a ordenar la caza de subversivos mediante su ministro de gobierno, a amedrentar a la prensa extranjera y nacional mediante su ministra de comunicación. Junto a todo eso, dictó un decreto eximiendo al ejército y a la policía de responsabilidades penales en caso de generar muerte entre civiles; es decir sacó toda la represión a la calle dotándola de impunidad.
La resistencia popular y multitudinaria contra Áñez se ha ido intensificando. Pero se trata de multitudes de gran vulnerabilidad, comunidades campesinas enteras que bloquean las rutas del país, juntas vecinales alteñas que a grito furioso exigen la renuncia de la autoproclamada. Entre tanto, la intelectualidad en las ciudades se manifiesta por redes sociales, o se mantiene en la clandestinidad, temerosa de represalias.
Todo ocurre en medio de un cerco mediático que han extendido prácticamente todos los periódicos impresos del país, los canales televisivos, y una gran cantidad de radioemisoras para no informar con la ecuanimidad y proporción necesarias sobre los sucesos, evitando dar voz o cobertura a los sectores en rebeldía, y más bien abocándose a amplificar las falsas pruebas que con que el gobierno pretende desprestigiar el levantamiento para arrasar con él.
Resultado son los muertos de Montero, los muertos de Yapacaní (en el departamento de Santa Cruz), los muertos de la población de Sacaba (sobre la ruta al Chapare) y la zona sur de Cochabamba, los muertos de la zona sur de La Paz, del norte de Potosí y ahora de El Alto.
También del lado del actual gobierno, en actitudes incluso vergonzantes, se alinean importantes segmentos de la clase media: los que antes luchaban contra la “dictadura” de Evo, temerosos de que los simpatizantes de su odiado tirano logren retornarlo al país, claman ahora, ante todo, por “la pacificación”.
Soledad Domínguez es periodista independiente y documentalista boliviana basada en la ciudad de Sucre.
CTXT
La mayoría de las víctimas —todas o casi todas— es gente pobre. Los demás murieron en acciones punitivas combinadas del ejército y la policía, por el hecho de salir a las calles a exigir la renuncia de la actual presidenta de facto.
La defensa popular se activó el día mismo del primer motín policial en contra de Morales, durante el cual varios uniformados quemaron la wiphala —la bandera indígena— o la arrancaron de sus uniformes.
Imágenes del agravio a la bandera indígena circularon ampliamente por redes sociales y por algunos canales de televisión. Según la actual Constitución, la wiphala del Kollasuyo, considerada como la bandera ancestral de las naciones indígenas de las tierras altas de Bolivia, es uno de los emblemas de la patria.
Aquella quema, tan real como simbólica, resultó profundamente ofensiva para los indígenas: el día del golpe, el máximo dirigente cívico de Santa Cruz introdujo en palacio de gobierno una biblia y una bandera boliviana, poniendo de manifiesto su desprecio por la actual Constitución (que señala tanto el carácter laico del Estado como la coexistencia en la nación de una pluralidad de pueblos indígenas). Encima de ello, propició que policías con el rostro cubierto arriaran la wiphala de la plaza de armas y la arrancaran con violencia del frontis del palacio.
La caída de Evo Morales, de adelante hacia atrás
La policía comenzó a amotinarse el viernes 8 de noviembre en favor del movimiento cívico, opositor a Evo Morales. La tarde del 10, las fuerzas armadas conminaron al presidente a renunciar. Acorralado por las fuerzas de coerción estatal, Morales renunció al cargo hacia las cinco a través de un mensaje televisado.
Como antecedente de aquel suceso está la huelga cívica que, desde el 22 de octubre —dos días después de las elecciones generales— asfixiaba con un paro y bloqueo de caminos e instituciones públicas las ciudades de Bolivia.
Dicha medida contó con la participación activa, entusiasta y muchas veces furiosa y racista de las clases medias y los estudiantes universitarios. Avanzó a partir de una demanda de segunda vuelta electoral exigida por Carlos Mesa (candidato de la centro-derecha) el día mismo de las elecciones hasta desembocar, 21 días más tarde, en el pedido de renuncia del presidente constitucional Evo Morales.
En el interim, los observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA), presidida por Luis Almagro, ya habían vertido juicios de valor considerando el proceso electoral “colmado de vicios”. Dichas declaraciones fueron el detonante de la furia cebada y abonada, con meses de antelación, por todos los oponentes a Morales. Y ello porque el presidente participó en la contienda electoral pese a haber perdido, el 21 de febrero de 2016, un referéndum para habilitarse a una nueva elección, contraviniendo así, con apoyo del Tribunal Constitucional, un artículo expreso de la Constitución Política que sólo permite presentarse a dos elecciones consecutivas a cualquier presidente.
El 24 de octubre, Evo Morales convocó a veedores de la OEA para realizar una auditoría completa –cuyo resultado tendría carácter vinculante, prometió– de las actas electorales; actas que le habían dado el triunfo con un 47% de los votos sobre su contendor inmediato, Carlos Mesa, quien obtuvo en el cómputo oficial algo más del 36% de los votos.
Durante el tiempo en que la auditoría se realizaba, los opositores encabezados por el fundamentalista de extrema derecha Luis Fernando Camacho, al mando del Comité Cívico de Santa Cruz, ni un solo día cesaron de provocar con marchas, bloqueos de calles y caminos, agresiónes y amedrentamientos a los sectores afines al gobierno, paseando en las principales ciudades sus grupos parapoliciales organizados bajo el ambiguo denominativo de “Resistencia Juvenil”. Se trata de grupos altamente móviles —se desplazan en motocicletas— armados con bates, palos y bazukas de fabricación artesanal para contrarrestar las ora tímidas y ora rabiosas manifestaciones de los simpatizantes del oficialismo. Los grupos de “Resistencia Juvenil” operaban con la anuencia de la policía.
Mediadas por la parcialización de la prensa, las agresiones de los grupos cívicos de choque se registraron con mayor fuerza en los alrededores de Santa Cruz, en el populoso Plan Tres mil, bastión del oficialismo, y en la ciudad intermedia de Montero, donde en un enfrentamiento, confuso incluso ahora la falta de información ecuánime, resultaron muertos dos miembros de la facción cívica.
La ciudad de Santa Cruz de la Sierra era —y es— el territorio por excelencia del Comité Cívico de Camacho, quien legitima su mando con “cabildos” multitudinarios. El Comité, con centenares de voluntarios y voluntarias, controlaba todas las acciones públicas en la ciudad, dictaminaba el cierre de instituciones, regulaba el control de los desplazamientos de la ciudadanía mediante la emisión de salvoconductos y permisos para desempeñar algunas actividades “esenciales” durante los días del paro.
El 4 de noviembre, en pleno pico de la embestida cívica, el gobierno otorgó un bono extra de tres mil bolivianos a todos los miembros de la policía, agotados por tantas semanas resistiendo el embate de las multitudes opositoras. El paliativo llegó tarde: esa misma noche, en el autodenominado “Cabildo de la Unidad”, multitudinario y melodramático, el cívico de Santa Cruz se mofó del monto erogado por el gobierno y anunció públicamente compromisos previos, consolidados, con la policía y el ejército.
El Comité Cívico comunicó además su nueva táctica, que podría parecer histérica, para forzar la renuncia de Evo Morales: Camacho se trasladaría a La Paz para llevar personalmente la petición de renuncia al primer mandatario, llevando consigo al palacio de gobierno una biblia y la bandera tricolor boliviana.
El apoyo que anunció públicamente Camacho se tradujo, días después, en el amotinamiento policial general que comenzó el viernes 8 en las ciudades de Cochabamba, Santa Cruz y Sucre y se completó al día siguiente con el resto de ciudades, culminando en La Paz, donde la policía dejó sin protección alguna a las instituciones gubernamentales.
En aquella semana, la del 4 al 8 de noviembre, las fuerzas de choque de los comités cívicos registraron una serie de hazañas agresivas en contra de organizaciones de origen campesino, indígena y de los barrios pobres de algunas ciudades. El miércoles 6, las fuerzas opositoras en Cochabamba vejaron públicamente a la alcaldesa oficialista del municipio aledaño de Vinto, agredieron a campesinas cocaleras llegadas del Chapare, desnudaron y apalearon a un ex viceministro del gobierno. Del bando opuesto, murió un joven de 21 años, a quien posiblemente le reventó una bazuka casera en el mentón (las que maneja la “Resistencia Juvenil Cjochala”) durante un enfrentamiento, sobre un puente, con simpatizantes del oficialismo. (La información sobre la bazuka fue declarado por un médico y luego ocultado por los informes forenses).
Por su lado, el jueves 7 de noviembre, los cívicos del sur del país enviaron a la sede de gobierno delegaciones de jóvenes universitarios y grupos de mineros cooperativistas y de algunos miembros de una comunidad indígena aliada para ayudar a ejercer presión sobre La Paz, donde a punta de dinamitazos y palos, los mineros sindicalizados, indígenas de Oruro y del norte de Potosí, y miembros de otras organizaciones sociales estaban defendiendo al gobierno.
Las delegaciones cívicas fueron interceptadas y apedreadas por los simpatizantes del oficialismo a lo largo del camino que cruza el altiplano orureño. Un minero cooperativista resultó herido con arma de fuego. La prensa y las redes sociales se ocuparon de propagar noticias, que resultaron falsas, sobre la violación y el rapto de dos muchachas universitarias.
El viernes 8 empezó el motín policial. Para el sábado 9, ya el gobierno y sus instituciones estaban sin protección alguna. Desde la oposición –tal vez para acelerar el golpe– se insinuaba que el presidente podía sacar a las fuerzas armadas. Pero el gobierno se negaba a convocarlas. A esas alturas, el ejército dio un paso al frente para anunciar “que no iba a salir a reprimir a su pueblo”.
Las horas oscuras
En horas tempranas de la mañana del domingo 10 de noviembre, la OEA hizo conocer su veredicto sobre la auditoría, anunciando que las elecciones habían sido fraudulentas –posteriormente, expertos internacionales han dado a conocer que la auditoría misma fue la que estuvo amañada.
Horas después, el presidente de Bolivia, rodeado de dirigentes sociales, anunció desde el Chapare que la Asamblea Legislativa, donde su partido tiene el control de los dos tercios de votos, anularía las elecciones, destituiría a las autoridades electorales, elegiría nuevas y convocaría a una nueva elección.
Pero esa mañana las huestes furiosas de la oposición ya no le dieron tregua. Salieron en Potosí, la otrora ciudad proletaria, a quemar casas y agredir a los familiares de un ministro y de asambleístas plurinacionales. Lo mismo pasaba en Cochabamba y otros lugares. Cerca de mediodía la Central Obrera Boliviana, con escaso poder de convocatoria y con muchas de sus confederaciones cooptadas por los Comités Cívicos, sugirió la renuncia del presidente. Por la tarde lo hizo el ejército.
Así se precipitaron los acontecimientos de lo que el candidato Carlos Diego Mesa se había apurado a proclamar un “primavera boliviana”. Primavera que no floreció: otra gran mayoría todavía no se estaba expresando.
Por la noche, los vecinos de los barrios ricos y zonas relativamente acomodadas de La Paz, presas de pánico colectivo, se encerraron en sus casas y algunos levantaron barricadas que colmaron, por si acaso, de wiphalas: los policías difundían el rumor de que “hordas” que estaban bajando de El Alto a saquear y quemar los hogares paceños.
Y es que esa noche, la del 10 de noviembre, grupos que aún no han sido investigados intentaron asaltar la embajada de Venezuela. Por la madrugada, otros grupos, tampoco investigados ni identificados hasta hoy, quemaron enteramente la flota de modernos autobuses de la alcaldía de La Paz, los Pumakatari. En El Alto se dice que los pobladores asaltaron algunas tiendas, que tumbaron la antena de un canal de televisión afín a los cívicos y saquearon la alcaldía, afín a la derecha. Ese tipo de actos vandálicos/terroristas ya no se repitieron por el día.
Los motivos de un pueblo
Es necesario decir algo más acerca de la quema de la wiphala. El 11 de noviembre, los policías de la plaza Murillo, en pleno centro del gobierno ausente, organizaron un pequeño acto de desagravio a la bandera indígena.
Pero era tarde para las disculpas. La furia no sólo se desató en forma de marchas y manifestaciones sino en la quema de casi todas las estaciones policiales de la ciudad aymara de El Alto y algunas estaciones policiales en la zona sur de La Paz. No sólo por la afrenta a la wiphala sino lo que la percepción popular interpretaba como una traición evidente de la policía: la entrega del proceso democrático boliviano a las fuerzas más reaccionarias y antidemocráticas, oscurantistas y racistas del espectro político.
Aquella acción motivó las marchas a La Paz desde ese mismo lunes y las consecutivas marchas multitudinarias, bloqueos y manifestaciones populares que pese a los muertos, centenares de heridos, presos, gente entrada a la clandestinidad y amenazada de muerte, no cesan en toda Bolivia y se han decantado, este 19 de noviembre, en el asedio a la estación de hidrocarburos de Senkata, desde donde se distribuye todo el combustible de ciudad de La Paz.
Se trata de la trágica repetición de un asedio similar, ocurrido en octubre de 2003. Pero ahora sin el apoyo y la solidaridad de las clases medias.
Los motivos del odio
Resulta imperativo, asimismo, contar algo de la emergencia del actual gobierno de facto.
El pasado 12 de noviembre la senadora Jeanine Añez, en calidad de vicepresidente de la Cámara de senadores, por parte de la bancada minoritaria de derecha Unidad Demócrata (que logró apenas un 8% de votos en las pasadas elecciones), se autoproclamó presidenta de Bolivia. Puso como pretexto la ausencia de asambleístas plurinacionales, la renuncia de la presidenta del Senado, Adriana Salvatierra, y del presidente de la Cámara de diputados, Víctor Borda. Es decir, se basó en la ausencia de gobierno. A la par, hizo correr la voz de que la bancada mayoritaria del Movimiento al Socialismo se negaba a presentarse para sesionar en la Asamblea Legislativa —aunque luego se supo que la mayoría de los representantes nacionales del Oficialismo estaba amenazada, y que muchos no pudieron llegar por el bloqueo cívico que se prolongó hasta poner a Añez en el gobierno.
Inmediatamente tras su asunción, con el fundamentalista Camacho a su costado sosteniendo una biblia de aspecto medieval, y ante una pequeña tropa de policías, militares, periodistas y sacerdotes que la observaban desde la plaza Murillo, Áñez anunció que el suyo sería un gobierno provisional y se dedicaría a convocar prontamente a elecciones.
Al día siguiente, la autoproclamada nombró parte de su gabinete de ministros, y empezó a ejecutar acciones agresivas en política internacional, a ordenar la caza de subversivos mediante su ministro de gobierno, a amedrentar a la prensa extranjera y nacional mediante su ministra de comunicación. Junto a todo eso, dictó un decreto eximiendo al ejército y a la policía de responsabilidades penales en caso de generar muerte entre civiles; es decir sacó toda la represión a la calle dotándola de impunidad.
La resistencia popular y multitudinaria contra Áñez se ha ido intensificando. Pero se trata de multitudes de gran vulnerabilidad, comunidades campesinas enteras que bloquean las rutas del país, juntas vecinales alteñas que a grito furioso exigen la renuncia de la autoproclamada. Entre tanto, la intelectualidad en las ciudades se manifiesta por redes sociales, o se mantiene en la clandestinidad, temerosa de represalias.
Todo ocurre en medio de un cerco mediático que han extendido prácticamente todos los periódicos impresos del país, los canales televisivos, y una gran cantidad de radioemisoras para no informar con la ecuanimidad y proporción necesarias sobre los sucesos, evitando dar voz o cobertura a los sectores en rebeldía, y más bien abocándose a amplificar las falsas pruebas que con que el gobierno pretende desprestigiar el levantamiento para arrasar con él.
Resultado son los muertos de Montero, los muertos de Yapacaní (en el departamento de Santa Cruz), los muertos de la población de Sacaba (sobre la ruta al Chapare) y la zona sur de Cochabamba, los muertos de la zona sur de La Paz, del norte de Potosí y ahora de El Alto.
También del lado del actual gobierno, en actitudes incluso vergonzantes, se alinean importantes segmentos de la clase media: los que antes luchaban contra la “dictadura” de Evo, temerosos de que los simpatizantes de su odiado tirano logren retornarlo al país, claman ahora, ante todo, por “la pacificación”.
Soledad Domínguez es periodista independiente y documentalista boliviana basada en la ciudad de Sucre.
CTXT
OEA
“Deseamos
expresar nuestra preocupación por las declaraciones hechas por
funcionarios de la Organización de Estados Americanos (OEA), una
organización multilateral que recibe la mayoría de sus fondos del
gobierno de Estados Unidos. En particular nos preocupan las
declaraciones infundadas y engañosas vertidas por la misión electoral de
la OEA en Bolivia el 21 de octubre, de las que posteriormente el
Departamento de Estado se hizo eco”.
Catorce congresistas demócratas de Estados Unidos, entre ellos Alexandria Ocasio-Cortez e Ilhan Omar, criticaron así, en una carta dirigida al secretario de Estado, Mike Pompeo, el papel de la OEA en la crisis de Bolivia que condujo al golpe de Estado.
(Publicado en PÁGINA 12)
Catorce congresistas demócratas de Estados Unidos, entre ellos Alexandria Ocasio-Cortez e Ilhan Omar, criticaron así, en una carta dirigida al secretario de Estado, Mike Pompeo, el papel de la OEA en la crisis de Bolivia que condujo al golpe de Estado.
(Publicado en PÁGINA 12)
Bolivia: el golpe dentro del golpe
por Katu Arkonada
LA HAINE - 24/11/2019
Los líderes derechistas creen que son los
responsables del golpe. Pero las responsabilidades trascienden Bolivia y
apuntan directamente a EEUU
¡Yo no soy cualquiera, soy artesano, carajo!
Este grito desesperado del padre de Pedro Quisbert Mamani, asesinado por la represión gubernamental en la masacre de Senkata, sintetiza un proceso de cambio boliviano que los golpistas no terminan de entender. Si algo hicieron Evo Morales y el MAS, por encima incluso de la nacionalización de los recursos naturales o la convocatoria de una Asamblea Constituyente, fue devolver la dignidad a las y los condenados de la tierra, a los nadies, a las clases populares de una Bolivia convertida en Estado Plurinacional.
Mientras tanto, como ha escrito Álvaro García Linera, en el lenguaje político de la clase media tradicional se impone el odio racial. El odio al indio. Se constata que Evo Morales siempre fue la cristalización de los sueños e imaginarios de las mayorías sociales, y por eso el odio focalizado contra él, que es el odio contra todo un pueblo. Pero, además, esa clase media está unida en su odio, y por eso permiten los asesinatos con bala y justifican un gobierno demencial en el que un señor misógino y maltratador de mujeres es puesto a la cabeza de la cacería contra el MAS.
En cambio, lo popular es por definición fragmentado. Pero en esa debilidad está su potencia, y por eso la insurrección popular al golpe, como la del año 2003 en El Alto, está conformada por una red de microliderazgos regionales que ni siquiera el mismísimo Evo Morales puede controlar, mucho menos el gobierno golpista.
Las movilizaciones regionales piden en primer lugar la renuncia de la autoproclamada presidenta, Jeanine Áñez, identificación de los autores materiales e intelectuales del golpe de Estado y las masacres posteriores en Sacaba o Senkata, y el retorno de la democracia y el estado de derecho a Bolivia.
Entre todas estas demandas, quizás la más importante para entender lo sucedido en Bolivia es la de esclarecer quiénes son los responsables intelectuales del golpe de Estado.
No lo es ciertamente Jeanine Áñez, un títere desechable como en su momento lo fue Michel Temer en Brasil. Tampoco Carlos Mesa, que nunca tuvo ningún liderazgo en los días posteriores a las elecciones presidenciales del 20 de octubre, y quien de hecho ni siquiera se puede atribuir el 36 por ciento de los votos obtenidos, pues sabe perfectamente que él sólo concentró el voto anti-Evo, sin que eso implicara ninguna adhesión a su proyecto.
Y a pesar de su proyección mediática, tampoco el actor principal de este golpe es Luis Fernando Macho Camacho, a quien le tocó justamente interpretar ese papel, el de un toro que embiste y concentra los focos para que otros puedan moverse en las sombras pasando inadvertidos. Ni siquiera Vladimir Yuri o Kaliman, comandantes en jefe de la Policía y Fuerzas Armadas, detonadores de un golpe cívico, político, policial y militar, se pueden otorgar la responsabilidad principal.
El golpe dentro del golpe de Estado se ha ejecutado de manera impecable, de modo que los anteriores líderes derechistas, policiales y militares, creen que son los responsables de haber forzado el asilo político de Evo Morales. Pero las responsabilidades trascienden Bolivia y apuntan directamente a EEUU.
Es sabido que Yuri Calderón fue agregado militar en la embajada de Bolivia en Washington hasta diciembre 2018, y Kaliman fue agregado militar entre 2013 y 2016. También es de sobra conocido en círculos políticos la relación de la Fundación Nueva Democracia, de Óscar Ortiz, con la Fundación Atlas, el IRI del Partido Republicano y la NED.
Sin embargo, el principal articulador del golpe se llama Jorge Quiroga. Tuto Quiroga fue vicepresidente del dictador Banzer, y presidente de Bolivia entre 2001 y 2002. Desde entonces sus vínculos con las diferentes agencias del Departamento de Estado no han dejado de crecer, así como con la OEA, siendo el responsable de la misión de observación electoral que avaló el fraude cometido por Juan Orlando Hernández en Honduras.
Ahora mismo, las principales instrucciones del Departamento de Estado respecto de Bolivia llegan por medio de Tuto Quiroga, quien ha sido no sólo el principal articulador del golpe, sino también el responsable de la autoproclamación de Áñez por medio del ex diputado de Podemos (partido de Tuto) Luis Vásquez Villamor, jurista que encuentra un fallo del Tribunal Constitucional de 2001 (basado a su vez en la Constitución de 1967, sin validez desde la aprobación de la CPE en 2009) que permite a la derecha justificar legalmente el golpe de Estado.
La principal misión de Tuto Quiroga ahora es operar el retorno de la DEA y la Usaid a Bolivia, expulsadas durante el gobierno de Evo, para poder deshacer la situación de poder dual que se vive, donde los golpistas controlan el ejecutivo, pero si siguen manteniendo la represión pronto van a comenzar las fisuras en la policía, y, sobre todo, en el ejército. Del lado del proceso de cambio la situación no es fácil tampoco, pues, aunque hay un control de una parte del territorio y de dos tercios en la Asamblea Legislativa Plurinacional, la polarización se ha transformado en odio y la amenaza de represión gubernamental, también contra diputados y senadores, es un hecho.
Si la contrarrevolución ha triunfado, al menos momentáneamente, por un exceso de democracia, entendida esta como igualación y distribución de la riqueza, como afirma García Linera, la respuesta sólo puede ser una radicalización de las posiciones democráticas. Una radicalización que implique no sólo la rebelión contra la dictadura, sino también el regreso de Evo Morales para pacificar el país.
El factor Evo es decisivo en esta ecuación, si no regresa y se pierde la cohesión en el movimiento popular, lo que ahora es un factor de pacificación, puede ser en el futuro de desestabilización.
Ahora es cuando, toca cuidar a Evo, pero también garantizar su regreso a Bolivia con el debido acompañamiento de la "comunidad internacional". El futuro del proceso de cambio boliviano depende de ello.
La Jornada
Este grito desesperado del padre de Pedro Quisbert Mamani, asesinado por la represión gubernamental en la masacre de Senkata, sintetiza un proceso de cambio boliviano que los golpistas no terminan de entender. Si algo hicieron Evo Morales y el MAS, por encima incluso de la nacionalización de los recursos naturales o la convocatoria de una Asamblea Constituyente, fue devolver la dignidad a las y los condenados de la tierra, a los nadies, a las clases populares de una Bolivia convertida en Estado Plurinacional.
Mientras tanto, como ha escrito Álvaro García Linera, en el lenguaje político de la clase media tradicional se impone el odio racial. El odio al indio. Se constata que Evo Morales siempre fue la cristalización de los sueños e imaginarios de las mayorías sociales, y por eso el odio focalizado contra él, que es el odio contra todo un pueblo. Pero, además, esa clase media está unida en su odio, y por eso permiten los asesinatos con bala y justifican un gobierno demencial en el que un señor misógino y maltratador de mujeres es puesto a la cabeza de la cacería contra el MAS.
En cambio, lo popular es por definición fragmentado. Pero en esa debilidad está su potencia, y por eso la insurrección popular al golpe, como la del año 2003 en El Alto, está conformada por una red de microliderazgos regionales que ni siquiera el mismísimo Evo Morales puede controlar, mucho menos el gobierno golpista.
Las movilizaciones regionales piden en primer lugar la renuncia de la autoproclamada presidenta, Jeanine Áñez, identificación de los autores materiales e intelectuales del golpe de Estado y las masacres posteriores en Sacaba o Senkata, y el retorno de la democracia y el estado de derecho a Bolivia.
Entre todas estas demandas, quizás la más importante para entender lo sucedido en Bolivia es la de esclarecer quiénes son los responsables intelectuales del golpe de Estado.
No lo es ciertamente Jeanine Áñez, un títere desechable como en su momento lo fue Michel Temer en Brasil. Tampoco Carlos Mesa, que nunca tuvo ningún liderazgo en los días posteriores a las elecciones presidenciales del 20 de octubre, y quien de hecho ni siquiera se puede atribuir el 36 por ciento de los votos obtenidos, pues sabe perfectamente que él sólo concentró el voto anti-Evo, sin que eso implicara ninguna adhesión a su proyecto.
Y a pesar de su proyección mediática, tampoco el actor principal de este golpe es Luis Fernando Macho Camacho, a quien le tocó justamente interpretar ese papel, el de un toro que embiste y concentra los focos para que otros puedan moverse en las sombras pasando inadvertidos. Ni siquiera Vladimir Yuri o Kaliman, comandantes en jefe de la Policía y Fuerzas Armadas, detonadores de un golpe cívico, político, policial y militar, se pueden otorgar la responsabilidad principal.
El golpe dentro del golpe de Estado se ha ejecutado de manera impecable, de modo que los anteriores líderes derechistas, policiales y militares, creen que son los responsables de haber forzado el asilo político de Evo Morales. Pero las responsabilidades trascienden Bolivia y apuntan directamente a EEUU.
Es sabido que Yuri Calderón fue agregado militar en la embajada de Bolivia en Washington hasta diciembre 2018, y Kaliman fue agregado militar entre 2013 y 2016. También es de sobra conocido en círculos políticos la relación de la Fundación Nueva Democracia, de Óscar Ortiz, con la Fundación Atlas, el IRI del Partido Republicano y la NED.
Sin embargo, el principal articulador del golpe se llama Jorge Quiroga. Tuto Quiroga fue vicepresidente del dictador Banzer, y presidente de Bolivia entre 2001 y 2002. Desde entonces sus vínculos con las diferentes agencias del Departamento de Estado no han dejado de crecer, así como con la OEA, siendo el responsable de la misión de observación electoral que avaló el fraude cometido por Juan Orlando Hernández en Honduras.
Ahora mismo, las principales instrucciones del Departamento de Estado respecto de Bolivia llegan por medio de Tuto Quiroga, quien ha sido no sólo el principal articulador del golpe, sino también el responsable de la autoproclamación de Áñez por medio del ex diputado de Podemos (partido de Tuto) Luis Vásquez Villamor, jurista que encuentra un fallo del Tribunal Constitucional de 2001 (basado a su vez en la Constitución de 1967, sin validez desde la aprobación de la CPE en 2009) que permite a la derecha justificar legalmente el golpe de Estado.
La principal misión de Tuto Quiroga ahora es operar el retorno de la DEA y la Usaid a Bolivia, expulsadas durante el gobierno de Evo, para poder deshacer la situación de poder dual que se vive, donde los golpistas controlan el ejecutivo, pero si siguen manteniendo la represión pronto van a comenzar las fisuras en la policía, y, sobre todo, en el ejército. Del lado del proceso de cambio la situación no es fácil tampoco, pues, aunque hay un control de una parte del territorio y de dos tercios en la Asamblea Legislativa Plurinacional, la polarización se ha transformado en odio y la amenaza de represión gubernamental, también contra diputados y senadores, es un hecho.
Si la contrarrevolución ha triunfado, al menos momentáneamente, por un exceso de democracia, entendida esta como igualación y distribución de la riqueza, como afirma García Linera, la respuesta sólo puede ser una radicalización de las posiciones democráticas. Una radicalización que implique no sólo la rebelión contra la dictadura, sino también el regreso de Evo Morales para pacificar el país.
El factor Evo es decisivo en esta ecuación, si no regresa y se pierde la cohesión en el movimiento popular, lo que ahora es un factor de pacificación, puede ser en el futuro de desestabilización.
Ahora es cuando, toca cuidar a Evo, pero también garantizar su regreso a Bolivia con el debido acompañamiento de la "comunidad internacional". El futuro del proceso de cambio boliviano depende de ello.
La Jornada
PROCESOS REVOLUCIONARIOS
Opinión | Carta a intelectuales que desprecian revoluciones en nombre de la pureza
Si la crítica viene desde el punto de vista de la perfección falla en comprender la naturaleza de la lucha de clases
Roxanne Dunbar-Ortiz, Ana Maldonado, Pilar Troya Fernández y Vijay Prashad*
Brasil de Fato | São Paulo
21 de noviembre de 2019 19:59
Las
revoluciones no ocurren de repente, ni transforman inmediatamente una
sociedad. Una revolución es un proceso, que se mueve a diferentes
velocidades y cuyo ritmo puede cambiar rápidamente si el motor de la
historia se acelera debido a la intensificación de los conflictos de
clase. Pero, la mayor parte del tiempo, se congela la construcción del
impulso revolucionario y el intento de transformar un estado y una
sociedad puede ser aún más lento.
León Trotsky en su exilio en Turquía en 1930 escribió el estudio más notable sobre la Revolución Rusa. Habían pasado trece años desde que el imperio zarista había sido derrocado. Pero la revolución ya estaba siendo despreciada, incluso por personas de izquierda. El “capitalismo” escribió Trotsky en la conclusión de ese libro “necesitó cien años para elevar la ciencia y la tecnología a las alturas y hundir a la humanidad en un infierno de guerras y crisis. Al socialismo sus enemigos solo le permiten quince años para crear y decorar un paraíso terrenal. No asumimos ninguna obligación de ese estilo. Jamás establecimos esos plazos. Este proceso de vasta transformación debe ser medido en una escala adecuada”.
Cuando Hugo Chávez ganó las elecciones por primera vez en Venezuela (diciembre de 1998) y cuando Evo Morales Ayma ganó las elecciones en Bolivia (diciembre de 2005), sus críticos en la izquierda en Norteamérica y en Europa no dieron a sus gobiernos tiempo para respirar. Algunos profesores de izquierda comenzaron inmediatamente a criticar a estos gobiernos por sus limitaciones e incluso sus fracasos. Esta actitud fue políticamente limitada – no hubo solidaridad con estos intentos; pero también fue intelectualmente limitada, no tenían noción de las profundas dificultades para un experimento socialista en países del Tercer Mundo calcificados por jerarquías sociales y sin recursos financieros.
El ritmo de la revolución
Dos años después de la Revolución Rusa, Lenin escribió que la recién creada URSS no era un “talismán milagroso”, ni tampoco “allana el camino al socialismo. Da a los que antes estaban oprimidos la oportunidad de enderezar sus espaldas y de tomar en sus manos, cada vez en mayor medida, todo el gobierno del país, toda la administración de la economía, toda la gestión de la producción.”
Pero incluso eso – todo esto y todo aquello – no iba a ser fácil. Como Lenin escribió es, “una larga, difícil y pertinaz lucha de clases, que, después del derrocamiento del dominio capitalista, después de la destrucción del Estado burgués…. no desaparece… sino que simplemente cambia sus formas y en muchos aspectos se vuelve más feroz”. Este fue el juicio de Lenin después de la toma del Estado zarista y después de que el gobierno socialista había comenzado a consolidar su poder. Alexandra Kollontai escribió (por ejemplo, en El amor de las abejas obreras) sobre las luchas para construir el socialismo, los conflictos dentro del socialismo para alcanzar sus objetivos. Nada es automático, todo es una lucha.
Lenin y Kollontai argumentaron que la lucha de clases no se suspende cuando un gobierno revolucionario se toma el Estado; de hecho, es “más feroz”, la oposición se intensifica, porque hay mucho en juego y el momento es peligroso porque la oposición – es decir la burguesía y la vieja aristocracia – tienen al imperialismo de su lado. Winston Churchill dijo: “el bolchevismo debe ser estrangulado en su cuna” y entonces los ejércitos occidentales se unieron al Ejército Blanco en un ataque militar casi fatal contra la República Soviética. Este ataque se produjo desde los últimos días de 1917 hasta 1923, seis años completos de ataque militar sostenido.
Ni en Venezuela ni en Bolivia, ni en ninguno de los países que giraron hacia la izquierda en los últimos 20 años, se ha trascendido totalmente el estado burgués ni se ha derrocado el capitalismo. Los procesos revolucionarios en estos países tuvieron que crear gradualmente instituciones de y para la clase trabajadora junto con la continuidad del dominio capitalista. Estas instituciones reflejan el surgimiento de una forma-Estado única basada en la democracia participativa; expresiones de ello son, entre otras, las Misiones Sociales. Cualquier intento de trascender completamente el capitalismo se vio constreñido por el poder de la burguesía, que no se desbarató con las repetidas elecciones y que ahora es fuente de la contrarrevolución; – y se vio restringido por el poder del imperialismo – que ha tenido éxito, por el momento, en un golpe de Estado en Bolivia y que amenaza a diario con un golpe de Estado en Venezuela.
Nadie, en 1998 o en 2005, sugirió que lo que sucedió en Venezuela o en Bolivia fue una “revolución” como la Revolución Rusa; las victorias electorales fueron parte de un proceso revolucionario. Como primer acto de su gobierno, Chávez anunció un proceso constituyente para la refundación de la República. De forma similar, Evo afirmó en 2006 que el Movimiento al Socialismo (MAS) había sido elegido para gobernar, pero que no había tomado el poder; solo más tarde se lanzó un proceso constituyente que en sí mismo fue una larga jornada. Venezuela entró en un “proceso revolucionario” extendido mientras que Bolivia comenzó un “proceso de cambio”, o – como ellos lo llamaban simplemente – “el proceso”, que incluso ahora – después del golpe – está en curso. Sin embargo, tanto Venezuela como Bolivia experimentaron la embestida completa de una “guerra híbrida”, desde el sabotaje a la infraestructura física hasta el sabotaje de su capacidad de recaudar fondos en los mercados de capitales.
Lenin sugirió que después de capturar el Estado y desmantelar la propiedad capitalista, el proceso revolucionario en la nueva república de los soviets fue difícil, la pertinaz lucha de clases seguía viva y bien, imaginen entonces cuanto más difícil es la pertinaz lucha en Venezuela y Bolivia.
Revoluciones en el reino de la necesidad
Imaginen, una vez más, lo difícil que es construir una sociedad socialista en un país en el cual, a pesar de su riqueza en recursos naturales, sigue habiendo una gran pobreza y una gran desigualdad. Más profundo aún está también la realidad cultural que han padecido grandes sectores de la población que han luchado contra siglos de humillación social. Sorprende poco que en estos países, las personas más oprimidas entre los trabajadores agrícolas, mineros, y la clase trabajadora urbana provengan de comunidades indígenas o de comunidades afrodescendientes. El peso aplastante de la indignidad combinado con la falta de recursos de fácil acceso hace que los procesos revolucionarios “en el reino de la necesidad” sean aún más difíciles.
En sus Manuscritos económicos y filosóficos de 1844, Marx hace una distinción entre el “reino de la libertad” donde “cesa el trabajo determinado por la necesidad y las consideraciones mundanas” y el “reino de la necesidad” donde no se satisfacen en lo absoluto las necesidades físicas. Una larga historia de dominación colonial y de saqueo imperialista luego han extraído gran parte de las riquezas del planeta y han hecho que algunas regiones, principalmente en África, América Latina y Asia parezcan estar permanentemente en el “reino de la necesidad”. Cuando Chávez ganó por primera vez las elecciones en Venezuela, la tasa de pobreza estaba en un increíble 23,4%; en Bolivia, cuando Morales ganó por primera vez, la tasa de pobreza era de un asombroso 38,2%. Lo que muestran estas cifras no es solo la pobreza absoluta de grandes sectores de la población, sino que llevan en su interior historias de humillación e indignidad social que no pueden convertirse en simples estadísticas.
Las revoluciones y los procesos revolucionarios parecen haber estado más arraigados en el “reino de la necesidad” en la Rusia zarista, en China, Cuba, Vietnam, que en el “reino de la libertad” – Europa y los Estados Unidos. Estas revoluciones y procesos revolucionarios – como los de Venezuela y Bolivia – se hacen en lugares que simplemente no tienen acumulaciones de riqueza que puedan ser socializadas. La burguesía de estas sociedades o bien huye con su dinero en el momento de la revolución o del cambio revolucionario, o bien permanecen allí, pero mantienen su dinero en paraísos fiscales o en lugares como Nueva York y Londres. El nuevo gobierno no puede acceder fácilmente a este dinero, fruto del trabajo del pueblo, sin incurrir en la ira del imperialismo. Miren cuan rápidamente los Estados Unidos se organizaron para que el Banco de Londres confisque el oro de Venezuela y para que el gobierno estadounidense congele las cuentas bancarias de los gobiernos de Irán y Venezuela y vean cuán rápidamente se agotaron las inversiones cuando Venezuela, Ecuador, Nicaragua y Bolivia se negaron a acatar los mecanismos de arbitraje de diferencias inversor-Estado del Banco Mundial.
Tanto Chávez como Morales trataron de hacerse cargo de los recursos en sus países, un acto tratado como abominación por el imperialismo. Ambos enfrentaron reprimendas y la acusación de que eran “dictadores” porque querían renegociar acuerdos realizados por gobiernos anteriores para la extracción de materias primas. No necesitaban este capital para engrandecimiento propio – nadie los puede acusar de corrupción personal – sino para construir la capacidad económica, social y cultural de sus pueblos.
Cada día sigue siendo una lucha para los procesos revolucionarios en el “reino de la necesidad”. El mejor ejemplo de esto es Cuba, cuyo gobierno revolucionario ha tenido que luchar desde el comienzo contra un embargo aplastante y contra amenazas de asesinatos y golpes.
Revoluciones de mujeres
Se admite – porque sería una tontería negarlo – que las mujeres están en el centro de las protestas en contra el golpe y por la restauración del gobierno de Morales en Bolivia; también en Venezuela, la mayoría de las personas que salen a las calles para defender la Revolución Bolivariana son mujeres. Puede que la mayoría de estas mujeres no sean masistas ni chavistas, pero con certeza entienden que estos procesos revolucionarios son feministas, socialistas y contra la indignidad impuesta a los pueblos indígenas y a los afrodescendientes.
Países como Venezuela, Bolivia, Ecuador y Argentina enfrentaron una inmensa presión del FMI durante las décadas de 1980 y 1990 para hacer grandes recortes al gasto público en salud, educación y atención de la tercera edad. El quiebre de esos sistemas cruciales de apoyo social supone una carga adicional para la “economía del cuidado” que, por razones patriarcales, es mantenida en gran medida por las mujeres. Si la “mano invisible” no cuidaba a las personas, el “corazón invisible” tenía que hacerlo. Fue esa experiencia de los recortes en la economía de cuidado la que profundizó la radicalización de las mujeres en nuestras sociedades. Su feminismo surgió de sus experiencias con el patriarcado y de las políticas de ajuste estructural. La tendencia del capitalismo a aprovechar la violencia y las privaciones aceleró el tránsito del feminismo de las trabajadoras y las indígenas directamente a los proyectos socialistas de Chávez y Morales. A medida que la marea neoliberal continúa asolando el mundo y sumerge a las sociedades en la ansiedad y el dolor, son las mujeres las más activas en la lucha por un mundo diferente.
Morales y Chávez son hombres, pero en el proceso revolucionario han venido/llegado a simbolizar una realidad diferente para toda la sociedad. En diferentes grados, sus gobiernos se han comprometido con una plataforma que aborda tanto la cultura del patriarcado como las políticas de recortes sociales que tanto agobian a las mujeres en su tarea de mantener unida a la sociedad. Los procesos revolucionarios en Latinoamérica por lo tanto, deben ser entendidos como profundamente conscientes de la importancia de poner a las mujeres, a los pueblos indígenas y a los afrodescendientes en el centro de la lucha. Nadie niega que estos gobiernos cometieron cientos de errores, errores de juicio que retrasan la lucha contra el patriarcado y el racismo; pero son errores que se pueden rectificar, no características estructurales del proceso revolucionario. Esto es algo profundamente reconocido por las mujeres afro e indígenas en estos países, la prueba de este reconocimiento no está en este o aquel artículo que han escrito, sino en su presencia activa y enérgica en las calles.
Como parte del proceso revolucionario en Venezuela, las mujeres han sido esenciales para reconstruir las estructuras sociales erosionadas por décadas de austeridad capitalista. Su trabajo ha sido fundamental para el desarrollo del poder popular y para la creación de democracia participativa. El 64% de las vocerías de las 3.186 comunas está en manos de mujeres, así como la mayoría de los liderazgos de los 48.160 consejos comunales y el 65% de la dirigencia de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción. Las mujeres no exigen solamente igualdad en el lugar de trabajo sino también en el ámbito social, donde las comunas son los átomos del socialismo bolivariano. Las mujeres en el ámbito social han luchado para construir la posibilidad de autogobierno, construyendo un poder dual y, por lo tanto, erosionando lentamente la forma-estado liberal. Contra el capitalismo de la austeridad, las mujeres han mostrado su creatividad, su fuerza y su solidaridad no solo contra las políticas neoliberales y las guerras híbridas, sino también a favor del experimento socialista.
Democracia y socialismo
Las corrientes intelectuales de izquierda se han visto muy golpeadas en el período posterior a la caída de la URSS. El marxismo y el materialismo dialéctico han perdido considerable credibilidad no solo en Occidente sino en gran parte del mundo; los estudios poscoloniales y subalternos, - variantes del posestructuralismo y del posmodernismo – han florecido en los círculos intelectuales y académicos. Uno de los temas principales de esta veta de pensamiento ha sido argumentar que el “Estado” era obsoleto en cuanto vehículo para la transformación social y que la “sociedad civil” era la salvación. Una combinación de postmarxismo y teorías anarquistas adoptaron esta línea argumental para despreciar cualquier experimento de socialismo a través del poder estatal. El Estado era visto como un mero instrumento del capitalismo, más que como un instrumento para la lucha de clases. Pero si el pueblo se retira de la contienda por el Estado, entonces este servirá sin desafíos a la oligarquía y profundizará las desigualdades y la discriminación.
Privilegiar la idea de “movimientos sociales” por encima de los movimientos políticos refleja la desilusión con el período heroico de liberación nacional, incluidos los movimientos de liberación de los pueblos indígenas. También descarta la historia real de las organizaciones populares en su relación con los movimientos políticos que han ganado el poder estatal. En 1977, después de una lucha considerable, las organizaciones indígenas obligaron a Naciones Unidas a comenzar un proyecto para acabar con la discriminación contra la población indígena en las Américas. El Consejo Indio de Sudamérica, con sede en La Paz, fue una de esas organizaciones, que trabajó en estrecha colaboración con el Consejo Mundial de la Paz, la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad, así como con varios movimientos de liberación nacional (Congreso Nacional Africano, Organización Popular de África Sudoccidental y Organización para la Liberación de Palestina). Fue a partir de esta unidad y esta lucha que la ONU estableció el Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas en 1981 y que declaró 1993 como el Año Internacional de los Pueblos Indígenas de la ONU. En 2007, Evo Morales encabezó el movimiento para que la ONU aprobara una Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Este fue un ejemplo muy claro de la importancia de la unidad y la lucha entre los movimientos populares y Estados fraternos. Si no fuera por las luchas de los movimientos populares entre 1977 y 2007 – ayudados y estimulados por Estados fraternos – y si no fuera por el gobierno boliviano en 2007, esta Declaración, que tiene inmensa importancia para llevar adelante la lucha, no habría sido aprobada.
Las y los intelectuales indígenas de las Américas han comprendido la complejidad de la política a partir de estas luchas, que la autodeterminación indígena proviene de una lucha tanto en el Estado como en la sociedad para superar el poder burgués y colonizador, así como para encontrar instrumentos que preparen la transición al socialismo. Entre estas formas, reconocidas hace casi un siglo por el peruano José Carlos Mariátegui y la ecuatoriana Nela Martínez, está la comuna.
Las revoluciones en Bolivia y Venezuela no solo han afilado políticamente las relaciones entre mujeres y hombres, entre comunidades indígenas y no indígenas, sino que también han desafiado la comprensión de la democracia y del propio socialismo. Estos procesos revolucionarios no solo han tenido que funcionar dentro de las reglas de la democracia liberal, sino que al mismo tiempo han debido construir un nuevo marco institucional a través de las comunas y otras formas. Fue ganando las elecciones y haciéndose cargo de las instituciones del Estado que la revolución bolivariana pudo dirigir sus recursos hacia un aumento del gasto social (en salud, educación, vivienda) y hacia un ataque directo contra el patriarcado y el racismo. El poder del Estado, en manos de la izquierda, fue utilizado para construir estos nuevos marcos institucionales que extienden el Estado y van más allá de él. La existencia de estas dos formas: instituciones democráticas liberales e instituciones socialistas feministas, ha hecho estallar el prejuicio de la “igualdad liberal” ficticia. La democracia, reducida al acto de votar, obliga a los individuos a creer que son ciudadanos con el mismo poder que cualquier otro ciudadano, independientemente de sus posiciones socioeconómicas, políticas y culturales. El proceso revolucionario desafía este mito liberal, pero aún no ha logrado superarlo, como se puede ver tanto en Bolivia como en Venezuela. Se trata de una lucha por crear nuevo consenso cultural en torno a la democracia socialista, una democracia que no está basada en un “voto equivalente” sino en una experiencia tangible de construcción de una nueva sociedad.
Una de las dinámicas clásicas en un gobierno de izquierda es que toma para sí la agenda de muchos movimientos y organizaciones populares. Al mismo tiempo, muchos de los integrantes de esos movimientos, así como de varias ONG, se unen al gobierno, aportando diversas habilidades y poniéndolas en práctica dentro de las complejas instituciones de gobierno modernas. Esto tiene un impacto contradictorio: satisface las demandas populares, pero al mismo tiempo tiende a debilitar las organizaciones independientes de diversa índole. Esto forma parte del proceso de tener un gobierno de izquierda en el poder, ya sea en Asia o en Sudamérica. Aquellos que quieren permanecer independientes del gobierno luchan por permanecer relevantes; a menudo se convierten en críticos amargos del gobierno, y sus críticas son frecuentemente utilizadas por las fuerzas imperialistas para fines que son ajenos incluso para ellos.
El mito liberal busca hablar en nombre del pueblo, ocultar los verdaderos intereses y aspiraciones del pueblo, en particular de las mujeres, las comunidades indígenas y afrodescendientes. La izquierda al interior de las experiencias de Bolivia y Venezuela ha buscado desarrollar el dominio colectivo del pueblo en una lucha de clases contenciosa. Una posición que ataca la idea misma del Estado como opresora no ve como el Estado en Bolivia y en Venezuela trata de utilizar su autoridad para construir instituciones de poder dual para crear una nueva síntesis política, con las mujeres al frente.
Consejos revolucionarios sin experiencia revolucionaria
No es fácil hacer revoluciones. Están llenas de retiradas y errores porque son hechas por personas con defectos y cuyos partidos políticos siempre tienen que aprender a aprender. Su maestra es la experiencia, junto con las personas que - de entre quienes las hacen - tienen la formación y el tiempo para elaborar esas experiencias como lecciones. No hay revolución sin sus propios mecanismos de autocorrección, sus propias voces de disenso. Pero eso no significa que un proceso revolucionario deba ser sordo a otras críticas, debe acogerlas.
Las críticas son siempre bienvenidas, pero ¿de qué forma llegan? Hay dos formas típicas de las críticas de "izquierda" que desprecian las revoluciones en nombre de la pureza
*Roxanne Dunbar-Ortiz es una activista de larga data, profesora universitaria y escritora. Además de numerosos libros y artículos académicos, ha escrito tres memorias históricas, Red Dirt: Growing Up Okie (Verso, 1997), Outlaw Woman: Memoir of the War Years, 1960-1975 (City Lights, 2002), y Blood on the Border: A Memoir of the Contra War (South End Press, 2005) sobre la guerra contra los sandinistas en los años 80; y recientemente (2015) publicó An Indigenous People's History of the United States.
Ana Maldonado es militante del Frente Francisco de Miranda (Venezuela).
Pilar Troya Fernández trabaja en la oficina interregional del Instituto Tricontinental de Investigación Social.
Vijay Prashad es un historiador, editor y periodista indio. Es escritor y corresponsal principal de Globetrotter, un proyecto del Independent Media Institute. Es el editor jefe de LeftWord Books y director de Tricontinental: Institute for Social Research. Ha escrito más de veinte libros, incluyendo The Darker Nations: A People's History of the Third World (The New Press, 2007), The Poorer Nations: A Possible History of the Global South (Verso, 2013), The Death of the Nation and the Future of the Arab Revolution (University of California Press, 2016) y Red Star Over the Third World (LeftWord, 2017). Escribe regularmente para Frontline, the Hindu, Newsclick, AlterNet y BirGün.
Edición: y traducción: Pilar Troya
URUGUAY
León Trotsky en su exilio en Turquía en 1930 escribió el estudio más notable sobre la Revolución Rusa. Habían pasado trece años desde que el imperio zarista había sido derrocado. Pero la revolución ya estaba siendo despreciada, incluso por personas de izquierda. El “capitalismo” escribió Trotsky en la conclusión de ese libro “necesitó cien años para elevar la ciencia y la tecnología a las alturas y hundir a la humanidad en un infierno de guerras y crisis. Al socialismo sus enemigos solo le permiten quince años para crear y decorar un paraíso terrenal. No asumimos ninguna obligación de ese estilo. Jamás establecimos esos plazos. Este proceso de vasta transformación debe ser medido en una escala adecuada”.
Cuando Hugo Chávez ganó las elecciones por primera vez en Venezuela (diciembre de 1998) y cuando Evo Morales Ayma ganó las elecciones en Bolivia (diciembre de 2005), sus críticos en la izquierda en Norteamérica y en Europa no dieron a sus gobiernos tiempo para respirar. Algunos profesores de izquierda comenzaron inmediatamente a criticar a estos gobiernos por sus limitaciones e incluso sus fracasos. Esta actitud fue políticamente limitada – no hubo solidaridad con estos intentos; pero también fue intelectualmente limitada, no tenían noción de las profundas dificultades para un experimento socialista en países del Tercer Mundo calcificados por jerarquías sociales y sin recursos financieros.
El ritmo de la revolución
Dos años después de la Revolución Rusa, Lenin escribió que la recién creada URSS no era un “talismán milagroso”, ni tampoco “allana el camino al socialismo. Da a los que antes estaban oprimidos la oportunidad de enderezar sus espaldas y de tomar en sus manos, cada vez en mayor medida, todo el gobierno del país, toda la administración de la economía, toda la gestión de la producción.”
Pero incluso eso – todo esto y todo aquello – no iba a ser fácil. Como Lenin escribió es, “una larga, difícil y pertinaz lucha de clases, que, después del derrocamiento del dominio capitalista, después de la destrucción del Estado burgués…. no desaparece… sino que simplemente cambia sus formas y en muchos aspectos se vuelve más feroz”. Este fue el juicio de Lenin después de la toma del Estado zarista y después de que el gobierno socialista había comenzado a consolidar su poder. Alexandra Kollontai escribió (por ejemplo, en El amor de las abejas obreras) sobre las luchas para construir el socialismo, los conflictos dentro del socialismo para alcanzar sus objetivos. Nada es automático, todo es una lucha.
Lenin y Kollontai argumentaron que la lucha de clases no se suspende cuando un gobierno revolucionario se toma el Estado; de hecho, es “más feroz”, la oposición se intensifica, porque hay mucho en juego y el momento es peligroso porque la oposición – es decir la burguesía y la vieja aristocracia – tienen al imperialismo de su lado. Winston Churchill dijo: “el bolchevismo debe ser estrangulado en su cuna” y entonces los ejércitos occidentales se unieron al Ejército Blanco en un ataque militar casi fatal contra la República Soviética. Este ataque se produjo desde los últimos días de 1917 hasta 1923, seis años completos de ataque militar sostenido.
Ni en Venezuela ni en Bolivia, ni en ninguno de los países que giraron hacia la izquierda en los últimos 20 años, se ha trascendido totalmente el estado burgués ni se ha derrocado el capitalismo. Los procesos revolucionarios en estos países tuvieron que crear gradualmente instituciones de y para la clase trabajadora junto con la continuidad del dominio capitalista. Estas instituciones reflejan el surgimiento de una forma-Estado única basada en la democracia participativa; expresiones de ello son, entre otras, las Misiones Sociales. Cualquier intento de trascender completamente el capitalismo se vio constreñido por el poder de la burguesía, que no se desbarató con las repetidas elecciones y que ahora es fuente de la contrarrevolución; – y se vio restringido por el poder del imperialismo – que ha tenido éxito, por el momento, en un golpe de Estado en Bolivia y que amenaza a diario con un golpe de Estado en Venezuela.
Nadie, en 1998 o en 2005, sugirió que lo que sucedió en Venezuela o en Bolivia fue una “revolución” como la Revolución Rusa; las victorias electorales fueron parte de un proceso revolucionario. Como primer acto de su gobierno, Chávez anunció un proceso constituyente para la refundación de la República. De forma similar, Evo afirmó en 2006 que el Movimiento al Socialismo (MAS) había sido elegido para gobernar, pero que no había tomado el poder; solo más tarde se lanzó un proceso constituyente que en sí mismo fue una larga jornada. Venezuela entró en un “proceso revolucionario” extendido mientras que Bolivia comenzó un “proceso de cambio”, o – como ellos lo llamaban simplemente – “el proceso”, que incluso ahora – después del golpe – está en curso. Sin embargo, tanto Venezuela como Bolivia experimentaron la embestida completa de una “guerra híbrida”, desde el sabotaje a la infraestructura física hasta el sabotaje de su capacidad de recaudar fondos en los mercados de capitales.
Lenin sugirió que después de capturar el Estado y desmantelar la propiedad capitalista, el proceso revolucionario en la nueva república de los soviets fue difícil, la pertinaz lucha de clases seguía viva y bien, imaginen entonces cuanto más difícil es la pertinaz lucha en Venezuela y Bolivia.
Revoluciones en el reino de la necesidad
Imaginen, una vez más, lo difícil que es construir una sociedad socialista en un país en el cual, a pesar de su riqueza en recursos naturales, sigue habiendo una gran pobreza y una gran desigualdad. Más profundo aún está también la realidad cultural que han padecido grandes sectores de la población que han luchado contra siglos de humillación social. Sorprende poco que en estos países, las personas más oprimidas entre los trabajadores agrícolas, mineros, y la clase trabajadora urbana provengan de comunidades indígenas o de comunidades afrodescendientes. El peso aplastante de la indignidad combinado con la falta de recursos de fácil acceso hace que los procesos revolucionarios “en el reino de la necesidad” sean aún más difíciles.
En sus Manuscritos económicos y filosóficos de 1844, Marx hace una distinción entre el “reino de la libertad” donde “cesa el trabajo determinado por la necesidad y las consideraciones mundanas” y el “reino de la necesidad” donde no se satisfacen en lo absoluto las necesidades físicas. Una larga historia de dominación colonial y de saqueo imperialista luego han extraído gran parte de las riquezas del planeta y han hecho que algunas regiones, principalmente en África, América Latina y Asia parezcan estar permanentemente en el “reino de la necesidad”. Cuando Chávez ganó por primera vez las elecciones en Venezuela, la tasa de pobreza estaba en un increíble 23,4%; en Bolivia, cuando Morales ganó por primera vez, la tasa de pobreza era de un asombroso 38,2%. Lo que muestran estas cifras no es solo la pobreza absoluta de grandes sectores de la población, sino que llevan en su interior historias de humillación e indignidad social que no pueden convertirse en simples estadísticas.
Las revoluciones y los procesos revolucionarios parecen haber estado más arraigados en el “reino de la necesidad” en la Rusia zarista, en China, Cuba, Vietnam, que en el “reino de la libertad” – Europa y los Estados Unidos. Estas revoluciones y procesos revolucionarios – como los de Venezuela y Bolivia – se hacen en lugares que simplemente no tienen acumulaciones de riqueza que puedan ser socializadas. La burguesía de estas sociedades o bien huye con su dinero en el momento de la revolución o del cambio revolucionario, o bien permanecen allí, pero mantienen su dinero en paraísos fiscales o en lugares como Nueva York y Londres. El nuevo gobierno no puede acceder fácilmente a este dinero, fruto del trabajo del pueblo, sin incurrir en la ira del imperialismo. Miren cuan rápidamente los Estados Unidos se organizaron para que el Banco de Londres confisque el oro de Venezuela y para que el gobierno estadounidense congele las cuentas bancarias de los gobiernos de Irán y Venezuela y vean cuán rápidamente se agotaron las inversiones cuando Venezuela, Ecuador, Nicaragua y Bolivia se negaron a acatar los mecanismos de arbitraje de diferencias inversor-Estado del Banco Mundial.
Tanto Chávez como Morales trataron de hacerse cargo de los recursos en sus países, un acto tratado como abominación por el imperialismo. Ambos enfrentaron reprimendas y la acusación de que eran “dictadores” porque querían renegociar acuerdos realizados por gobiernos anteriores para la extracción de materias primas. No necesitaban este capital para engrandecimiento propio – nadie los puede acusar de corrupción personal – sino para construir la capacidad económica, social y cultural de sus pueblos.
Cada día sigue siendo una lucha para los procesos revolucionarios en el “reino de la necesidad”. El mejor ejemplo de esto es Cuba, cuyo gobierno revolucionario ha tenido que luchar desde el comienzo contra un embargo aplastante y contra amenazas de asesinatos y golpes.
Revoluciones de mujeres
Se admite – porque sería una tontería negarlo – que las mujeres están en el centro de las protestas en contra el golpe y por la restauración del gobierno de Morales en Bolivia; también en Venezuela, la mayoría de las personas que salen a las calles para defender la Revolución Bolivariana son mujeres. Puede que la mayoría de estas mujeres no sean masistas ni chavistas, pero con certeza entienden que estos procesos revolucionarios son feministas, socialistas y contra la indignidad impuesta a los pueblos indígenas y a los afrodescendientes.
Países como Venezuela, Bolivia, Ecuador y Argentina enfrentaron una inmensa presión del FMI durante las décadas de 1980 y 1990 para hacer grandes recortes al gasto público en salud, educación y atención de la tercera edad. El quiebre de esos sistemas cruciales de apoyo social supone una carga adicional para la “economía del cuidado” que, por razones patriarcales, es mantenida en gran medida por las mujeres. Si la “mano invisible” no cuidaba a las personas, el “corazón invisible” tenía que hacerlo. Fue esa experiencia de los recortes en la economía de cuidado la que profundizó la radicalización de las mujeres en nuestras sociedades. Su feminismo surgió de sus experiencias con el patriarcado y de las políticas de ajuste estructural. La tendencia del capitalismo a aprovechar la violencia y las privaciones aceleró el tránsito del feminismo de las trabajadoras y las indígenas directamente a los proyectos socialistas de Chávez y Morales. A medida que la marea neoliberal continúa asolando el mundo y sumerge a las sociedades en la ansiedad y el dolor, son las mujeres las más activas en la lucha por un mundo diferente.
Morales y Chávez son hombres, pero en el proceso revolucionario han venido/llegado a simbolizar una realidad diferente para toda la sociedad. En diferentes grados, sus gobiernos se han comprometido con una plataforma que aborda tanto la cultura del patriarcado como las políticas de recortes sociales que tanto agobian a las mujeres en su tarea de mantener unida a la sociedad. Los procesos revolucionarios en Latinoamérica por lo tanto, deben ser entendidos como profundamente conscientes de la importancia de poner a las mujeres, a los pueblos indígenas y a los afrodescendientes en el centro de la lucha. Nadie niega que estos gobiernos cometieron cientos de errores, errores de juicio que retrasan la lucha contra el patriarcado y el racismo; pero son errores que se pueden rectificar, no características estructurales del proceso revolucionario. Esto es algo profundamente reconocido por las mujeres afro e indígenas en estos países, la prueba de este reconocimiento no está en este o aquel artículo que han escrito, sino en su presencia activa y enérgica en las calles.
Como parte del proceso revolucionario en Venezuela, las mujeres han sido esenciales para reconstruir las estructuras sociales erosionadas por décadas de austeridad capitalista. Su trabajo ha sido fundamental para el desarrollo del poder popular y para la creación de democracia participativa. El 64% de las vocerías de las 3.186 comunas está en manos de mujeres, así como la mayoría de los liderazgos de los 48.160 consejos comunales y el 65% de la dirigencia de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción. Las mujeres no exigen solamente igualdad en el lugar de trabajo sino también en el ámbito social, donde las comunas son los átomos del socialismo bolivariano. Las mujeres en el ámbito social han luchado para construir la posibilidad de autogobierno, construyendo un poder dual y, por lo tanto, erosionando lentamente la forma-estado liberal. Contra el capitalismo de la austeridad, las mujeres han mostrado su creatividad, su fuerza y su solidaridad no solo contra las políticas neoliberales y las guerras híbridas, sino también a favor del experimento socialista.
Democracia y socialismo
Las corrientes intelectuales de izquierda se han visto muy golpeadas en el período posterior a la caída de la URSS. El marxismo y el materialismo dialéctico han perdido considerable credibilidad no solo en Occidente sino en gran parte del mundo; los estudios poscoloniales y subalternos, - variantes del posestructuralismo y del posmodernismo – han florecido en los círculos intelectuales y académicos. Uno de los temas principales de esta veta de pensamiento ha sido argumentar que el “Estado” era obsoleto en cuanto vehículo para la transformación social y que la “sociedad civil” era la salvación. Una combinación de postmarxismo y teorías anarquistas adoptaron esta línea argumental para despreciar cualquier experimento de socialismo a través del poder estatal. El Estado era visto como un mero instrumento del capitalismo, más que como un instrumento para la lucha de clases. Pero si el pueblo se retira de la contienda por el Estado, entonces este servirá sin desafíos a la oligarquía y profundizará las desigualdades y la discriminación.
Privilegiar la idea de “movimientos sociales” por encima de los movimientos políticos refleja la desilusión con el período heroico de liberación nacional, incluidos los movimientos de liberación de los pueblos indígenas. También descarta la historia real de las organizaciones populares en su relación con los movimientos políticos que han ganado el poder estatal. En 1977, después de una lucha considerable, las organizaciones indígenas obligaron a Naciones Unidas a comenzar un proyecto para acabar con la discriminación contra la población indígena en las Américas. El Consejo Indio de Sudamérica, con sede en La Paz, fue una de esas organizaciones, que trabajó en estrecha colaboración con el Consejo Mundial de la Paz, la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad, así como con varios movimientos de liberación nacional (Congreso Nacional Africano, Organización Popular de África Sudoccidental y Organización para la Liberación de Palestina). Fue a partir de esta unidad y esta lucha que la ONU estableció el Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas en 1981 y que declaró 1993 como el Año Internacional de los Pueblos Indígenas de la ONU. En 2007, Evo Morales encabezó el movimiento para que la ONU aprobara una Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Este fue un ejemplo muy claro de la importancia de la unidad y la lucha entre los movimientos populares y Estados fraternos. Si no fuera por las luchas de los movimientos populares entre 1977 y 2007 – ayudados y estimulados por Estados fraternos – y si no fuera por el gobierno boliviano en 2007, esta Declaración, que tiene inmensa importancia para llevar adelante la lucha, no habría sido aprobada.
Las y los intelectuales indígenas de las Américas han comprendido la complejidad de la política a partir de estas luchas, que la autodeterminación indígena proviene de una lucha tanto en el Estado como en la sociedad para superar el poder burgués y colonizador, así como para encontrar instrumentos que preparen la transición al socialismo. Entre estas formas, reconocidas hace casi un siglo por el peruano José Carlos Mariátegui y la ecuatoriana Nela Martínez, está la comuna.
Las revoluciones en Bolivia y Venezuela no solo han afilado políticamente las relaciones entre mujeres y hombres, entre comunidades indígenas y no indígenas, sino que también han desafiado la comprensión de la democracia y del propio socialismo. Estos procesos revolucionarios no solo han tenido que funcionar dentro de las reglas de la democracia liberal, sino que al mismo tiempo han debido construir un nuevo marco institucional a través de las comunas y otras formas. Fue ganando las elecciones y haciéndose cargo de las instituciones del Estado que la revolución bolivariana pudo dirigir sus recursos hacia un aumento del gasto social (en salud, educación, vivienda) y hacia un ataque directo contra el patriarcado y el racismo. El poder del Estado, en manos de la izquierda, fue utilizado para construir estos nuevos marcos institucionales que extienden el Estado y van más allá de él. La existencia de estas dos formas: instituciones democráticas liberales e instituciones socialistas feministas, ha hecho estallar el prejuicio de la “igualdad liberal” ficticia. La democracia, reducida al acto de votar, obliga a los individuos a creer que son ciudadanos con el mismo poder que cualquier otro ciudadano, independientemente de sus posiciones socioeconómicas, políticas y culturales. El proceso revolucionario desafía este mito liberal, pero aún no ha logrado superarlo, como se puede ver tanto en Bolivia como en Venezuela. Se trata de una lucha por crear nuevo consenso cultural en torno a la democracia socialista, una democracia que no está basada en un “voto equivalente” sino en una experiencia tangible de construcción de una nueva sociedad.
Una de las dinámicas clásicas en un gobierno de izquierda es que toma para sí la agenda de muchos movimientos y organizaciones populares. Al mismo tiempo, muchos de los integrantes de esos movimientos, así como de varias ONG, se unen al gobierno, aportando diversas habilidades y poniéndolas en práctica dentro de las complejas instituciones de gobierno modernas. Esto tiene un impacto contradictorio: satisface las demandas populares, pero al mismo tiempo tiende a debilitar las organizaciones independientes de diversa índole. Esto forma parte del proceso de tener un gobierno de izquierda en el poder, ya sea en Asia o en Sudamérica. Aquellos que quieren permanecer independientes del gobierno luchan por permanecer relevantes; a menudo se convierten en críticos amargos del gobierno, y sus críticas son frecuentemente utilizadas por las fuerzas imperialistas para fines que son ajenos incluso para ellos.
El mito liberal busca hablar en nombre del pueblo, ocultar los verdaderos intereses y aspiraciones del pueblo, en particular de las mujeres, las comunidades indígenas y afrodescendientes. La izquierda al interior de las experiencias de Bolivia y Venezuela ha buscado desarrollar el dominio colectivo del pueblo en una lucha de clases contenciosa. Una posición que ataca la idea misma del Estado como opresora no ve como el Estado en Bolivia y en Venezuela trata de utilizar su autoridad para construir instituciones de poder dual para crear una nueva síntesis política, con las mujeres al frente.
Consejos revolucionarios sin experiencia revolucionaria
No es fácil hacer revoluciones. Están llenas de retiradas y errores porque son hechas por personas con defectos y cuyos partidos políticos siempre tienen que aprender a aprender. Su maestra es la experiencia, junto con las personas que - de entre quienes las hacen - tienen la formación y el tiempo para elaborar esas experiencias como lecciones. No hay revolución sin sus propios mecanismos de autocorrección, sus propias voces de disenso. Pero eso no significa que un proceso revolucionario deba ser sordo a otras críticas, debe acogerlas.
Las críticas son siempre bienvenidas, pero ¿de qué forma llegan? Hay dos formas típicas de las críticas de "izquierda" que desprecian las revoluciones en nombre de la pureza
- Si la crítica viene desde el punto de vista de la perfección, entonces su nivel no solo es demasiado alto, sino que también falla en comprender la naturaleza de la lucha de clases, que debe lidiar con el poder consolidado, heredado de generación en generación.
- Si la crítica asume que todos los proyectos que disputan el campo electoral traicionarán la revolución, entonces hay poca comprensión de la dimensión de masas de los proyectos electorales y de los experimentos de poder dual. El pesimismo revolucionario detiene la posibilidad de acción. No se puede tener éxito sin permitirse fallar y volver a intentarlo. La crítica desde este punto de vista solo proporciona desesperación.
*Roxanne Dunbar-Ortiz es una activista de larga data, profesora universitaria y escritora. Además de numerosos libros y artículos académicos, ha escrito tres memorias históricas, Red Dirt: Growing Up Okie (Verso, 1997), Outlaw Woman: Memoir of the War Years, 1960-1975 (City Lights, 2002), y Blood on the Border: A Memoir of the Contra War (South End Press, 2005) sobre la guerra contra los sandinistas en los años 80; y recientemente (2015) publicó An Indigenous People's History of the United States.
Ana Maldonado es militante del Frente Francisco de Miranda (Venezuela).
Pilar Troya Fernández trabaja en la oficina interregional del Instituto Tricontinental de Investigación Social.
Vijay Prashad es un historiador, editor y periodista indio. Es escritor y corresponsal principal de Globetrotter, un proyecto del Independent Media Institute. Es el editor jefe de LeftWord Books y director de Tricontinental: Institute for Social Research. Ha escrito más de veinte libros, incluyendo The Darker Nations: A People's History of the Third World (The New Press, 2007), The Poorer Nations: A Possible History of the Global South (Verso, 2013), The Death of the Nation and the Future of the Arab Revolution (University of California Press, 2016) y Red Star Over the Third World (LeftWord, 2017). Escribe regularmente para Frontline, the Hindu, Newsclick, AlterNet y BirGün.
Edición: y traducción: Pilar Troya
URUGUAY
“Lo que viene lamento decirlo, ya está más o menos escrito. Es crisis”
Pasaron otros 30 años y vuelve un blanco ruralista, conservador y reaccionario a ser candidato. El niño rubiecito de la foto. El hijo de Luis y Julita.
Escrito por
Gabriel Peveroni
BALOTAJE
21 de noviembre de 2019, 23:48hs - LR 21
Hace 30 años, en 1989, mi padre no podía creer que fueran a ganar los
blancos. Su mirada era la del batllista que había sufrido la victoria
del 58, cuando se dio la alianza entre los ruralistas de Nardone y el
herrerismo. Ese gobierno, según la memoria de mi padre (que después yo
mismo corroboraría leyendo diversos libros y análisis históricos) barrio
con lo que quedaba en pie del batllismo (que por cierto estaba en
crisis) y sobre todo con el llamado “comunismo chapa 15”, en un arrebato
conservador y anticomunista propio de los conservadores nacionalistas y
ruralistas y simpatizantes de uno de los bandos de la guerra que había
arrasado Europa apenas 15 años atrás (Herrera admirador de Franco, sin
ir más lejos).
La crisis política e institucional uruguaya de los 60 y los 70 no es responsabilidad, ni mucho menos, de la izquierda que buceaba una estrategia de unidad, ni de los sindicatos, ni de los estudiantes ni de los comités de ayuda a Cuba, ni tampoco de la aventura tupamara. Hay mayares responsables en esos blancos anticomunistas y ruralistas que trajeron un discurso reaccionario que derivó en formaciones como la JUP y en alianzas con el riverismo colorado, que no titubearon después del 68 en violar la Constitución, en meter Medidas Prontas de Segundad y en allanar el camino a una dictadura que –como dijo Guido Manini hace muy poco- “fue necesaria”. Pero bueno, no quiero desviarme demasiado.
En aquel 1989 los más jóvenes (yo tenía 20 añitos) festejamos la victoria del Frente en Montevideo y nos daba más o menos lo mismo que ganaran blancos o colorados. Bueno, debo decir que la peor opción era el peligro del retomo de Pacheco en la interna colorada (lo que daba más “miedo” con su histórico “sabemos cómo hacerlo y volveremos a hacerlo), dentro del juego posible de la ruleta rusa electoral que jugaba Uruguay con la penosa Ley de Lemas. Pero no fue más a menos lo mismo. El gobierno de Lacalle fue durísimo. Pésimo. Arrogante. Tanto o más represivo que el de Sanguinetti. Y se robaron bastantes cosas (muchas de ellas probadas en la justicia), con especial implicancia en la familia tan preciosa y pituca que aparecía en un spot electoral. Allí conocimos a Luisito, por ejemplo. Y conocimos a Julita. Y a Luis Padre (por cierto admirador de Franco) cuando todavía no se caía de la escalera. Y supimos después del vaciamiento de algún que otro banco y corruptelas vanas (denunciadas no orgánicamente por el propio Partido Colorado, por ejemplo, si tenemos en cuenta la filiación cercana a esa tienda política de las revistas Posdata y 3).
Lo de Sendic con su tarjeta corporativa seria un cambio, apenas monedas. Y lo digo en serio, y sin entrar en los enchastres en que se metió el segundo gobierno de Sanguinetti con el Cangrejo Rojo y asuntos como del impresentable Noachas.
Vuelvo al gobierno de Lacalle. Pésimo. Y gracias al empuje de las organizaciones sociales (y en segundo lugar al Frente Amplio) se impidió que se vaciara el Estado y que lo liquidaran en sus afanes neoliberales espejados con el desastre menemista en la orilla de enfrente. No lo lograron, pero si sentaron las bases para que unos años después se produjera el mayor cataclismo de la historia uruguaya: La crisis del 2002, que no es entera responsabilidad de Batlle ni mucho menos, porque buena parte del problema tuvo que ver con la gestión de los ministros de Economía de Lacalle. Y todo esto sin hablar de Berríos, uno de los escándalos más bochornosos que se recuerden.
Pasaron otros 30 años y vuelve un blanco ruralista, conservador y reaccionario a ser candidato. El niño rubiecito de la foto. El hijo de Luis y Julita. Les cuento a mis hijas (que andan por los 20) lo que me acuerdo de los 90. Me escuchan y entienden, tanto como yo entendí a mi padre cuando me hablaba de los males provocados por Chicotazo.
No necesitan que les cuente lo que pasamos en los últimos años, porque los vivieron y lo van a defender a su manera, y con sus herramientas. Me refiero a defender derechos, a defender conquistas sociales, la salud pública, la educación pública, los Consejos de Salarios. No se podrá, por el momento y hasta nuevo aviso, profundizar en avances “progresistas”, o plantear cuestionamientos que están muy en el debe, relacionados con temas como el medioambiente, el animalismo, etcétera. Uno de los temas en el debe es renovar y reinventar esa maravillosa herramienta que se lama Frente Amplio. En fin.
No quiero entrar acá en la racionalidad o irracionalidad del voto. Ese es tema de especialistas. Ya lo dije en otro texto que no tengo especialmente miedo. No me da miedo alguno lo que pase o deje de pasar. Lo que siento es que no me dan ganas de que suceda este procedimiento masoquista de una comunidad que parece no entender de lecciones que pueden leerse en los libros y son historia.
Y lo que viene lamento decirlo, ya está más o menos escrito. Es crisis. Es vaciamiento del Estado. Es discurso retrógrado. Es el triunfo, una vez más, de la derecha. En otra forma (ahora en un frágil envase catch all que incluye desde Manini hasta Talvi), pero es la misma derecha que no le hizo muy bien a este país desde el 58 y sus derivaciones que terminan en el 84, y que después volvieron a agudizarse con el embate herrerista del 89 y que termina en la crisis del 2002. Contada así parece un horror. Y en parte lo es.
La crisis política e institucional uruguaya de los 60 y los 70 no es responsabilidad, ni mucho menos, de la izquierda que buceaba una estrategia de unidad, ni de los sindicatos, ni de los estudiantes ni de los comités de ayuda a Cuba, ni tampoco de la aventura tupamara. Hay mayares responsables en esos blancos anticomunistas y ruralistas que trajeron un discurso reaccionario que derivó en formaciones como la JUP y en alianzas con el riverismo colorado, que no titubearon después del 68 en violar la Constitución, en meter Medidas Prontas de Segundad y en allanar el camino a una dictadura que –como dijo Guido Manini hace muy poco- “fue necesaria”. Pero bueno, no quiero desviarme demasiado.
En aquel 1989 los más jóvenes (yo tenía 20 añitos) festejamos la victoria del Frente en Montevideo y nos daba más o menos lo mismo que ganaran blancos o colorados. Bueno, debo decir que la peor opción era el peligro del retomo de Pacheco en la interna colorada (lo que daba más “miedo” con su histórico “sabemos cómo hacerlo y volveremos a hacerlo), dentro del juego posible de la ruleta rusa electoral que jugaba Uruguay con la penosa Ley de Lemas. Pero no fue más a menos lo mismo. El gobierno de Lacalle fue durísimo. Pésimo. Arrogante. Tanto o más represivo que el de Sanguinetti. Y se robaron bastantes cosas (muchas de ellas probadas en la justicia), con especial implicancia en la familia tan preciosa y pituca que aparecía en un spot electoral. Allí conocimos a Luisito, por ejemplo. Y conocimos a Julita. Y a Luis Padre (por cierto admirador de Franco) cuando todavía no se caía de la escalera. Y supimos después del vaciamiento de algún que otro banco y corruptelas vanas (denunciadas no orgánicamente por el propio Partido Colorado, por ejemplo, si tenemos en cuenta la filiación cercana a esa tienda política de las revistas Posdata y 3).
Lo de Sendic con su tarjeta corporativa seria un cambio, apenas monedas. Y lo digo en serio, y sin entrar en los enchastres en que se metió el segundo gobierno de Sanguinetti con el Cangrejo Rojo y asuntos como del impresentable Noachas.
Vuelvo al gobierno de Lacalle. Pésimo. Y gracias al empuje de las organizaciones sociales (y en segundo lugar al Frente Amplio) se impidió que se vaciara el Estado y que lo liquidaran en sus afanes neoliberales espejados con el desastre menemista en la orilla de enfrente. No lo lograron, pero si sentaron las bases para que unos años después se produjera el mayor cataclismo de la historia uruguaya: La crisis del 2002, que no es entera responsabilidad de Batlle ni mucho menos, porque buena parte del problema tuvo que ver con la gestión de los ministros de Economía de Lacalle. Y todo esto sin hablar de Berríos, uno de los escándalos más bochornosos que se recuerden.
Pasaron otros 30 años y vuelve un blanco ruralista, conservador y reaccionario a ser candidato. El niño rubiecito de la foto. El hijo de Luis y Julita. Les cuento a mis hijas (que andan por los 20) lo que me acuerdo de los 90. Me escuchan y entienden, tanto como yo entendí a mi padre cuando me hablaba de los males provocados por Chicotazo.
No necesitan que les cuente lo que pasamos en los últimos años, porque los vivieron y lo van a defender a su manera, y con sus herramientas. Me refiero a defender derechos, a defender conquistas sociales, la salud pública, la educación pública, los Consejos de Salarios. No se podrá, por el momento y hasta nuevo aviso, profundizar en avances “progresistas”, o plantear cuestionamientos que están muy en el debe, relacionados con temas como el medioambiente, el animalismo, etcétera. Uno de los temas en el debe es renovar y reinventar esa maravillosa herramienta que se lama Frente Amplio. En fin.
El balotaje
La ruleta democrática del 2019 es la del balotaje. Si en el 58 y en el 89, y en las otras elecciones de ese período, el tema era la Ley de Lemas y el funcionamiento de los grandes paridos catch all como bolsa de votos de diversos extractos ideológicos, ahora el tema es el balotaje. La aplicación del balotaje en el sistema uruguayo puso en jaque al bipartidismo tradicional y el Frente Amplio se transformó en un exitoso catch all (imbatible en tres elecciones consecutivas, para pesadilla de su creador Sanguinetti), y ahora se llega a una perversa modalidad de catch all suprapartidario (ni más ni menos que el sueño de la JUP: la bandera uruguaya unida contra los comunistas) No estoy diciendo nada disparatado: el mayor éxito electoral de la coalición es “Loquenosune” es el odioso (y por cierto exitoso) hashtag “se van”, es puro odio y resentimiento. Y por supuesto un cheque en blanco que más o menos es posible presumir qué es lo que tiene adentro.No quiero entrar acá en la racionalidad o irracionalidad del voto. Ese es tema de especialistas. Ya lo dije en otro texto que no tengo especialmente miedo. No me da miedo alguno lo que pase o deje de pasar. Lo que siento es que no me dan ganas de que suceda este procedimiento masoquista de una comunidad que parece no entender de lecciones que pueden leerse en los libros y son historia.
Y lo que viene lamento decirlo, ya está más o menos escrito. Es crisis. Es vaciamiento del Estado. Es discurso retrógrado. Es el triunfo, una vez más, de la derecha. En otra forma (ahora en un frágil envase catch all que incluye desde Manini hasta Talvi), pero es la misma derecha que no le hizo muy bien a este país desde el 58 y sus derivaciones que terminan en el 84, y que después volvieron a agudizarse con el embate herrerista del 89 y que termina en la crisis del 2002. Contada así parece un horror. Y en parte lo es.
Dichos de Manini son «la bolsonarización de la política uruguaya», dijo Juan Raúl Ferreira
Foto: Dante Fernández / FocoUy
El
exsenador definió como «peligroso» que los dirigentes de CA pongan «en
tela de juicio la independencia del Poder Judicial», comparándolo con
«la justicia militar».
Escrito por Nicolás Silva
Ultima actualización Oct 13, 2019 - LA REPÚBLICA uy
Juan
Raúl Ferreira dijo a LA REPÚBLICA que «comparar la justicia militar con
las garantías de un poder independiente en funcionamiento del Estado de
derecho», como hicieron dirigentes de Cabildo Abierto comparando a
Manini Ríos con Wilson Ferreira, es «una vergüenza» y •muy peligroso».
De igual forma calificó las declaraciones del candidato como de Domenech
«poniendo en tela de juicio la independencia del Poder Judicial». «Es
la bolsonarización de la política uruguaya».
El candidato a vicepresidente por Cabildo Abierto, Guillermo Domenech, aseguró que la situación de Manini Ríos ante la justicia, al que se lo juzga por su papel en el caso Gavazzo, «es similar a lo que vivió Wilson Ferreira en 1984». «Wilson Ferreira fue injustamente encarcelado para impedir que sea candidato a la Presidencia de la República», recordó el candidato a vicepresidente por Cabildo Abierto.
Consultado sobre estas declaraciones, Juan Raúl Ferreira dijo que «a mí me da vergüenza. Comparar a alguien que estaba preso por la justicia militar, Wilson estaba preso por la justicia militar», con la situación de Manini «es increíble». «Él está siendo citado por haber ocultado información que los funcionarios públicos tienen obligación de dar por la Constitución y denunciar cuando toman conocimiento de un delito.
Mi padre estuvo preso por la justicia militar», añadió. En segundo lugar recordó que la intencionalidad de la justicia militar ni siquiera se intentaba disimular: «Recuerdo que mi padre decía en broma: para disimular podían haber esperado al menos una semana, lo soltaron al día siguiente de la elección».
Por su parte Ferreira dijo que lo que sí le parece peligroso es que tanto las declaraciones de Domenech como las de Manini, afirmando que Fiscalía opera como el brazo del Poder Ejecutivo en el caso Gavazzo, son muy peligrosas, «están poniendo en tela de juicio la independencia del Poder Judicial. El fiscal tiene la indagatoria. La decisión de procesar o no depende de un juez, integrante de un poder independiente del Estado.
Comparar las garantías de la justicia militar de la dictadura con las garantías de un poder independiente en funcionamiento del Estado de derecho ya trasciende lo ridículo, lo anecdótico a un tema político muy peligroso. Muy peligroso. Es la bolsonarización de la política uruguaya» manifestó.
«Un candidato al cual las encuestas le están dando, como resultado de un fenómeno que vemos alrededor del mundo, un porcentaje más alto del que todos esperábamos al iniciar la campaña, ya está poniendo en tela de juicio la independencia del Poder Judicial y el acatamiento de las órdenes del Poder Judicial. Es peligrosísimo», reflexionó.
Todo el episodio a nivel personal «me ofende mucho» ante la comparación con la situación de Wilson, «pero la que más me preocupa es la puesta en tela de juicio del funcionamiento del Estado de derecho en nuestro país».
«Cuando uno mira en Chile la represión sin límites con niñas pequeñas de tres o cuatro años tiradas por haber sido alcanzadas por las granadas que lanzan bombas lacrimógenas, la situación en Ecuador donde el presidente tiene las horas contadas, manifestaciones populares que empezaron como consecuencia de las políticas neoliberales en Colombia, la crisis en Argentina, donde el gobierno que aparece como alternativa está diciendo que hay que copiar los 15 años de gobiernos del Frente Amplio para salir de la crisis que deja Macri, en esa situación de inestabilidad institucional, de represión, de violencia, de muertos, yo quiero evitarle eso a mi país y por eso no quiero que triunfe el neoliberalismo», detalló el dirigente. «Cuando la crisis va acompañada de situaciones institucionales como en Brasil, donde todos los días hay un juez enmendándole la plana a Bolsonaro, a mí estas apreciaciones por parte de Cabildo Abierto me preocupan mucho», sentenció.
«Wilson, bitácoras de una lucha»
En la tarde de hoy, a las 19.00 horas se presentará en la Feria del Libro «Wilson: bitácoras de una lucha», un libro que Juan Raúl Ferreira escribió junto a Luis Vignolo después de tres años de investigación, el cual contiene cartas de Wilson Ferreira, documentos desclasificados, y un material inédito que dará que hablar, según señaló Juan Raúl Ferreira. La presentación se llevará a cabo en el Salón Ernesto de los Campos, en el segundo piso de la Intendencia de Montevideo, y contará con la presencia de Carlos Luppi, autor de «Wilson, una comunidad espiritual».
El candidato a vicepresidente por Cabildo Abierto, Guillermo Domenech, aseguró que la situación de Manini Ríos ante la justicia, al que se lo juzga por su papel en el caso Gavazzo, «es similar a lo que vivió Wilson Ferreira en 1984». «Wilson Ferreira fue injustamente encarcelado para impedir que sea candidato a la Presidencia de la República», recordó el candidato a vicepresidente por Cabildo Abierto.
Consultado sobre estas declaraciones, Juan Raúl Ferreira dijo que «a mí me da vergüenza. Comparar a alguien que estaba preso por la justicia militar, Wilson estaba preso por la justicia militar», con la situación de Manini «es increíble». «Él está siendo citado por haber ocultado información que los funcionarios públicos tienen obligación de dar por la Constitución y denunciar cuando toman conocimiento de un delito.
Mi padre estuvo preso por la justicia militar», añadió. En segundo lugar recordó que la intencionalidad de la justicia militar ni siquiera se intentaba disimular: «Recuerdo que mi padre decía en broma: para disimular podían haber esperado al menos una semana, lo soltaron al día siguiente de la elección».
Por su parte Ferreira dijo que lo que sí le parece peligroso es que tanto las declaraciones de Domenech como las de Manini, afirmando que Fiscalía opera como el brazo del Poder Ejecutivo en el caso Gavazzo, son muy peligrosas, «están poniendo en tela de juicio la independencia del Poder Judicial. El fiscal tiene la indagatoria. La decisión de procesar o no depende de un juez, integrante de un poder independiente del Estado.
Comparar las garantías de la justicia militar de la dictadura con las garantías de un poder independiente en funcionamiento del Estado de derecho ya trasciende lo ridículo, lo anecdótico a un tema político muy peligroso. Muy peligroso. Es la bolsonarización de la política uruguaya» manifestó.
«Un candidato al cual las encuestas le están dando, como resultado de un fenómeno que vemos alrededor del mundo, un porcentaje más alto del que todos esperábamos al iniciar la campaña, ya está poniendo en tela de juicio la independencia del Poder Judicial y el acatamiento de las órdenes del Poder Judicial. Es peligrosísimo», reflexionó.
Todo el episodio a nivel personal «me ofende mucho» ante la comparación con la situación de Wilson, «pero la que más me preocupa es la puesta en tela de juicio del funcionamiento del Estado de derecho en nuestro país».
«Cuando uno mira en Chile la represión sin límites con niñas pequeñas de tres o cuatro años tiradas por haber sido alcanzadas por las granadas que lanzan bombas lacrimógenas, la situación en Ecuador donde el presidente tiene las horas contadas, manifestaciones populares que empezaron como consecuencia de las políticas neoliberales en Colombia, la crisis en Argentina, donde el gobierno que aparece como alternativa está diciendo que hay que copiar los 15 años de gobiernos del Frente Amplio para salir de la crisis que deja Macri, en esa situación de inestabilidad institucional, de represión, de violencia, de muertos, yo quiero evitarle eso a mi país y por eso no quiero que triunfe el neoliberalismo», detalló el dirigente. «Cuando la crisis va acompañada de situaciones institucionales como en Brasil, donde todos los días hay un juez enmendándole la plana a Bolsonaro, a mí estas apreciaciones por parte de Cabildo Abierto me preocupan mucho», sentenció.
«Wilson, bitácoras de una lucha»
En la tarde de hoy, a las 19.00 horas se presentará en la Feria del Libro «Wilson: bitácoras de una lucha», un libro que Juan Raúl Ferreira escribió junto a Luis Vignolo después de tres años de investigación, el cual contiene cartas de Wilson Ferreira, documentos desclasificados, y un material inédito que dará que hablar, según señaló Juan Raúl Ferreira. La presentación se llevará a cabo en el Salón Ernesto de los Campos, en el segundo piso de la Intendencia de Montevideo, y contará con la presencia de Carlos Luppi, autor de «Wilson, una comunidad espiritual».
COMCOSUR INFORMA
AÑO 19 No. 1944 - 21.11.2019
EL ACUERDO MULTICOLOR: ¿QUIÉN DIO LAS PINCELADAS?
El documento refiere a los acuerdos logrados en 13 temas, y recoge en algunos casos tramos textuales de los programas. Las propuestas originales en varios asuntos son contradictorias.
Sofía Pinto / Sudestada, 19/11/2019
El 5 de noviembre cinco partidos políticos firmaron un documento que formaliza su coalición de cara al balotaje. “Compromiso por el país” es un programa al que adhirieron el Partido Nacional (PN), Partido Colorado (PC), Partido de la Gente (PG), Partido Independiente (PI) y Cabildo Abierto (CA).
Compitieron por la Presidencia en la primera vuelta y, tras los primeros resultados del 27 de octubre, Ernesto Talvi (PC), Edgardo Novick (PG), Guido Manini Ríos (CA) y Pablo Mieres (PI) ya habían formalizado su apoyo al candidato del PN, Luis Lacalle Pou, exhortando a sus votantes a inclinarse por un cambio de mando en el Gobierno. Así comenzó el “acuerdo multicolor”.
“Compromiso por el país” es un documento hecho a partir de las 812 páginas que suman los programas de los cinco partidos que se juntaron para presentarlo. La primera versión fue enviada por el Partido Nacional a los otros partidos, que le realizaron algunas puntualizaciones. Finalmente, el 5 de noviembre se presentó el documento oficial.
El programa tiene 13 temáticas. Cuentas del Gobierno, gestión y transparencia del Estado, empresas públicas, desarrollo productivo, inserción internacional, fuerza policial, política de defensa, educación, protección “de los más débiles”, agenda de derechos, trabajo, salud y medioambiente. Recoge puntos en los que los cinco partidos con representación parlamentaria se comprometieron a trabajar en conjunto, respetando lo firmado.
Reparto de fuerzas
La mayoría de los puntos del Compromiso fueron copiados de forma literal de alguno de los programas. Con independencia de si los otros partidos están de acuerdo o no con esas medidas, o si las plantean, es interesante ver de qué documento salió cada punto, o cuáles no aparecían originalmente en ninguno (al menos, planteados como están en el acuerdo).
¿Qué planteaban los programas originales?
Durante la primera parte de la campaña los cinco candidatos propusieron medidas diferentes y, en varias ocasiones, se desmarcaron de forma explícita de los demás. El Compromiso, afirmó Lacalle Pou, reúne “lo mejor de cada programa”. Al final del documento se afirma que estos puntos no son exclusivos y que la coalición puede acordar en más temáticas.
Desarrollo productivo
Uno de los puntos de este apartado tiene como medida: “Reactivar sectores del agro con altos niveles de productividad y calidad, que hoy se encuentran en problemas (como la lechería, el arroz, la granja, la vitivinicultura y la apicultura) así como la producción familiar y la ruralidad”.
El PC, el PI y CA no mencionan la vitivinicultura en sus programas. El PG expresa que hay que “apoyar fuertemente a la industria vitivinícola”, pero no especifica cómo.
El único partido que propone una medida específica para esto es el Partido Nacional, que entiende que una forma de frenar la “crisis que sufre el sector vitivinícola” es permitir nuevamente el 0.3 como límite de alcohol para conducir.
En cuanto al “Plan de mejora de seguridad rural, particularmente en relación al abigeato” (la segunda parte fue agregada en el documento final), el PG y el PC proponen atacar el abigeato y otros eventos relacionados a la seguridad del agro a través de la creación de un cuerpo especial. Por su parte, el PN habla de flexibilizar la presunción de legítima defensa para los productores dentro de sus predios y CA propone instalarla de forma directa.
Seguridad
De este apartado fueron eliminadas dos medidas extraídas de la propuesta de reforma constitucional “Vivir sin miedo”, que el 27 de octubre no consiguió los votos para ser aprobada. La prisión perpetua revisable para delitos gravísimos y el régimen de salidas transitorias aparecían en el borrador del Compromiso, pero Pablo Mieres y Ernesto Talvi se manifestaron en contra, porque afirmaron que la ciudadanía ya había decidido.
También se eliminó la propuesta del Partido Nacional y de Cabildo Abierto de establecer la inexcarcelabilidad de los delitos que figuran en la ley de estupefacientes.
Cabildo Abierto propuso en su programa que se flexibilizara la tenencia de armas en manos de civiles y, además, que la presunción simple de legítima defensa alcanzara a la gente dentro de su propiedad. El Partido Independiente, por su parte, planteaba lo contrario: mejorar la política de armas en el entendido de que estas facilitan y agravan los delitos.
En el Compromiso se limitó la legítima defensa para funcionarios policiales, Prefectura Nacional Naval, Policía Aérea y militares en operaciones de vigilancia en cárceles y fronteras. El PN agregaba “guardias privados de seguridad armados”, pero ese concepto se eliminó.
El punto “construcción de una cárcel de máxima seguridad para integrantes de organizaciones de narcotráfico y personas privadas de libertad con perfil de alta peligrosidad” es una mezcla entre una propuesta de Cabildo Abierto y una del Partido Nacional. La diferencia es que Cabildo Abierto planteaba que esta cárcel estaría a cargo del Ministerio de Defensa, “controlada por personal militar de las Fuerzas Armadas”. El Partido de la Gente había propuesto que todo el sistema carcelario pasara a manos del MDN.
Otro “qué” sin “cómo” unificado del programa de la coalición es la propuesta (agregada entre el borrador y la versión final): “Revisar la Ley 18.315 (Ley de Procedimiento Policial) en materia de uso de armas de fuego, registros, identificación y detenciones”. En el programa del PN, único que menciona esta ley de forma textual, se dice que lo que busca esta reforma es “proporcionar a los efectivos policiales la seguridad jurídica y el respaldo necesario para el cumplimiento de sus tareas”.
Violencia de género
El compromiso de la coalición plantea “incrementar y sistematizar los esfuerzos del Estado para erradicar la violencia de género” y luego “combate frontal a la violencia en general y contra las mujeres en particular” (hubo una reformulación en este punto; en el borrador decía violencia de género). En sus programas todos tenían abordajes distintos.
El Partido de la Gente proponía crear un “registro de personas que han cometido violencia de género comprobada”, del que podrán salir luego de hacer un tratamiento revisado por la policía y el Poder Judicial. Otro punto es la creación de centros de asistencia de urgencia para víctimas con apoyo profesional, servicios de asesoramiento tanto para el agresor como para la víctima si ella decidiera “reconciliarse” y supervisión de la situación a partir de eso para “prevenir nuevas situaciones de violencia”.
En materia institucional, planteaba promover políticas basadas en estadísticas y no en “axiomas ideológicos” y trabajar en conocer las causas del comportamiento violento y el perfil de “los violentos” para prevenir. La educación, por su parte, debería “incluir la cuestión de equidad de género”; en esta área también mencionaba “luchar contra el abandono escolar” de niñas y adolescentes, pero no se especifica cómo. Sería obligatoria la capacitación en materia de violencia de género para acceder a cargos estatales.
El Partido Independiente no utilizó el término violencia de género, sino violencia doméstica/intrafamiliar. Y en su programa decía: “deben adoptarse abordajes complementarios, por fuera de lo punitivo, centrados en quien ejerce la violencia, que puede padecer problemáticas psicológicas (agresividad, ira y celos desmedidos, entre otras) que conllevan el uso de la violencia en el hogar y/o hacia la mujer”.
Cabildo Abierto planteaba: “Luchar contra la violencia en general y la doméstica en particular, ya sea física, psicológica, económica, sexual, que afecta a las mujeres de manera desproporcionada. Sin embargo, también se trabajará sobre los otros tipos de violencia, hacia los niños, hacia los ancianos y hacia los hombres, sobre todo cuando se les quita la oportunidad de tener contacto con sus hijos luego de la separación”.
Mientras Cabildo Abierto propuso y sostiene que quiere erradicar la “ideología de género” de las escuelas, el Partido Colorado proponía un programa transversal de educación de roles de género y violencia basada en género. Además, planteaba modificaciones legislativas, ampliar el uso de tobilleras electrónicas y asegurar el cumplimiento del procedimiento policial, implementar una encuesta de victimización anual, reducir la posesión de armas a condenados por violencia doméstica, llevar a todo el país las Casas de Breve Estadía.
Por su parte, el Partido Nacional también proponía expandir el uso de tobilleras electrónicas, poner custodia policial al violento en lugar de a la víctima, asegurar cobertura constante de los servicios de respuesta, dar recursos para la efectiva aplicación de la ley de violencia basada en género, campañas de concientización, desarrollo de políticas “en pro de la equidad salarial” como talleres de capacitación e instancias de trabajo.
Educación
En materia educativa los partidos están alineados. Todos, menos Cabildo Abierto, propusieron de forma explícita cambios en el Estatuto Docente de ANEP. El Partido Independiente y el Partido de la Gente lo mencionaban como forma de “dignificar” la profesión. El Partido Nacional lo incluyó en su Ley de Urgente Consideración, pero no especifica qué cambiar. Es el Partido Colorado el que especificó en el Compromiso que la modificación es que la antigüedad deje de ser un factor determinante.
En este capítulo hubo algunas modificaciones. Se eliminó el punto original sobre impulsar liceos militares en el interior del país (propuesta de CA y del PN) y se eliminó la propuesta de que los docentes tuviesen voz pero no voto en ANEP.
Se cambió el plan de construcción de escuelas y liceos por “centros modelo de educación media”, propuesta insignia del PC.
Al final de este capítulo se agregó “asegurar la efectiva vigencia del principio de laicidad en la educación pública”. Este concepto aparece en tres programas. El PG habla de “aplicar a rajatabla la laicidad”, el PC habla de la laicidad como valor vareliano de la educación y el PN habla de “laicidad en educación sexual”, pero no explica qué implicaría eso.
“Proteger a los más débiles”
Los cinco partidos ya decían en sus programas que el Ministerio de Desarrollo Social necesita una reorganización. El PN propuso el trabajo en coordinación con otros organismos públicos, con gobiernos departamentales y con organizaciones voluntarias; achicar el número de programas y que cada uno tenga un referente. El PC, por su parte, planteó incluir en el MIDES el Ministerio de Vivienda y crear el Mivides. El PI, disminuir la cantidad de programas y de darle al MIDES capacidad de gobierno sobre las asignaciones familiares. El PG, transformar el MIDES en un organismo articulador de las políticas y concentrarlo en sus “cometidos esenciales” (contención básica e institutos especializados).
En cuanto al punto “promover los programas de cuidado intergeneracional, priorizando el cuidado de adultos mayores y niños dentro de la propia familia”, los programas tenían visiones contradictorias.
Cabildo Abierto hablaba de capacitar a los hijos mayores para el cuidado de las personas mayores en sus propios hogares, de “concientizar acerca de la nueva paternidad y la importancia de la corresponsabilidad familiar y del hogar”. En el siguiente punto mencionaba darles un salario a las madres que luego de su tercer hijo prefieran quedarse en casa “para su mejor crianza”, y luego afirmaba que hay que revisar la licencia por paternidad.
El Partido Nacional hablaba de modificar la normativa para que abuelas y abuelos puedan cuidar a sus nietos en el marco del Sistema de Cuidados.
El Partido Colorado y el Partido de la Gente propusieron, por el contrario, medidas a nivel estatal para el cuidado de los hijos. En el caso del PC en el Sistema de Cuidados, el PG hablaba de crear centros de cuidado de niños hasta 3 años cerca de los lugares de trabajo de madres o padres.
El último punto que se agregó a este apartado fue la posibilidad de eliminar el IASS. Propuesto por Cabildo Abierto en su programa y planteado como algo a analizar en el del Partido Colorado, esta medida fue rechazada de forma pública por un asesor del Partido de la Gente y por el asesor en economía del Partido Independiente.
Agenda de derechos
El primer punto es “combate frontal a la violencia en general y contra las mujeres en particular, así como a toda forma de discriminación por orientación sexual. Fortalecimiento de acciones que promuevan la igualdad de derechos y de oportunidades”.
Con respecto a la orientación sexual, algunos de los partidos reconocieron en sus programas que existe discriminación, pero no plantearon medidas concretas para erradicarla.
En el programa del Partido Independiente se afirmó que “la equidad de género y el reconocimiento de la diversidad sexual [...] son reclamos justos y deben ser examinados por todos, con la razón y la lógica”.
El Partido de la Gente mencionaba: “políticas de inclusión de personas LGTBI a través de la lucha frontal contra la discriminación a todo nivel, comenzando con sensibilización contra los prejuicios y políticas de promoción de acceso igualitario a todos los servicios públicos”.
Para el Partido Colorado era importante “garantizar el pleno ejercicio de sus derechos, mejorar su calidad de vida y sensibilizar a la población para ayudar a combatir estos comportamientos y acciones que nos impiden ser una sociedad integrada y armónica”.
El Partido Nacional proponía crear una mesa interinstitucional “para evaluar y corregir las situaciones de discriminación y las desigualdades generadas por la condición sexual de la[s] personas. Se trabajará especialmente en la igualdad e inserción laboral, salud y seguridad. Se desarrollarán campañas de sensibilización para que la sociedad respete la diversidad de orientaciones y definiciones sexuales. Se trabajará en un plan integral de convivencia a ser asumido por todo el Estado, para contribuir a configurar una sociedad respetuosa, tolerante e integrada”.
Cabildo Abierto no mencionó esta temática.
Otro punto del Compromiso del acuerdo multicolor habla de un “rediseño y fortalecimiento de programas de apoyo a afrodescendientes”. Solo el PN y el PG mencionaban a la población afrodescendiente, pero con propuestas contrarias. El PN hablaba de la “aplicación efectiva” de las cuotas de ingreso y el PG de educar para el acceso equitativo “más que obligar a empleadores a través de cuotas laborales ineficientes”.
Ningún partido incluyó en su programa la búsqueda de las personas desaparecidas en la última dictadura cívico-militar, aunque en el documento conjunto incluyeron este punto.
Trabajo
Este capítulo no sufrió ninguna modificación entre el borrador y la versión final. Habla de formación profesional continua, reorganizaciones institucionales, reconocimiento de los consejos de salarios, convenios sectoriales.
El documento del acuerdo habla de modificar la negociación colectiva de acuerdo a lo propuesto por la OIT. En esta temática, los partidos también presentan medidas distintas.
El PN hablaba de garantizar los mecanismos de descuelgue de los acuerdos alcanzados en los consejos de salarios y de derogar el decreto 165/2006 que regula el derecho a huelga y ocupación.
El PC proponía que los trabajadores no sindicalizados puedan ser parte de la negociación colectiva a través de representantes elegidos.
El PG postulaba un cambio en la negociación, que en vez de ser por sector, sería por empresa. CA también habla de negociación por empresa y agrega que la negociación salarial debería ser según los niveles de productividad.
El PI, por su parte, proponía que la negociación sea con un número reducido de grupos, sin “correctivos” y “estableciendo ajustes salariales nominales únicamente para los laudos mínimos, que deje cualquier otra mejora salarial en el ámbito de negociación bipartita para la negociación con la empresa”.
Sofía Pinto / Sudestada, periodismo y transparencia
COMCOSUR INFORMA AÑO 19 No. 1944 - 21.11.2019
EL AJUSTE QUE VENDRÁ
Noviembre 2019 primera quincena
EL AJUSTE QUE VENDRÁ
La economía
uruguaya representa un nuevo ejemplo de las limitaciones de los procesos
de apertura indiscriminada a todo tipo de inversiones extranjeras en
sus distintas variantes.
El discurso
elaborado por la Cepal en los años ochenta de transformación productiva
con equidad, que brindó la ideología de las políticas económicas del
país durante los últimos quince años fue convergiendo con las
estrategias emanadas del llamado Consenso de Washington hasta
convertirse en una cáscara que encubrió la proliferación de zonas
francas de impunidad para grandes capitales del exterior y la entrega de
tierra, agua soberanía.
La propuesta de
acompasar incremento de la producción con políticas sociales re
distributivas sucumbió al funcionamiento que impuso la rentabilidad. La
asistencia social no logró compensar las desigualdades crecientes
generadas por el lucro privado y se fue entibiando, a la par que la
tendencia al estancamiento económico, los privilegios del capital y los
pagos por intereses de deuda fueron reduciendo la capacidad financiera
del sector público.
El retorno de
precios de productos exportados a promedios históricos, lejos de las
cimas impulsadas por la demanda china, el freno natural a las
posibilidades de venta de territorio, exhibiendo las flaquezas del
camino adoptado.
Los frutos se
alejaron de las promesas. La realidad rumbo al 2020 muestra
estancamiento o retroceso productivo, extranjerización y concentración
de tierras, empresas y riqueza, deuda pública creciente, aumento del
desempleo, fractura social y presiones de los organismos internacionales
del imperio impulsando el país a un nuevo ajuste contra las billeteras
del pueblo.
El capital es
implacable. La dependencia creciente generada por las estrategias
económicas vigentes se puede visualizar en el acuerdo vergonzoso del
gobierno con UPM, para instalar una segunda planta de celulosa en zona
franca con un tremendo costo para el Estado uruguayo en obras de
infraestructura al servicio de la empresa.
La continuidad del
proyecto económico en los lineamientos del Consenso de Washington que
cuenta con el acuerdo de los dos principales candidatos al gobierno
conducirá a ajustes anti populares para asumir los costos de los
intereses y ganancias del capital transferidos hacia los países
centrales. Como en otras realidades latinoamericanas, el relato
“progresista” abre paso a la ortodoxia neo liberal.
La alternancia
política entre ambas versiones de la misma melodía, se constituyó en el
complemento de los proyectos económicos liderados por el imperialismo.
El supuesto capitalismo con rostro humano, pierde su máscara y deja al
desnudo las propuestas más descarnadas del liberalismo económico.
La nostalgia de los
“noventa” envuelve a los defensores del capital. El discurso liberal
duro y puro, demuestra también en Uruguay su capacidad para ganar
elecciones merced al apoyo de instituciones imperiales, mucho dinero,
prensa poderosa.
Sin embargo no
tienen nada bueno para ofrecer a los pueblos y la velocidad de su
desgaste en los gobiernos de la región es todo un síntoma de los frutos
amargos de sus políticas económicas. El desastre económico generado por
el macrismo, las revueltas populares en Chile, el pantano de Temer
continuado Bolsonaro son evidentes.
Cuando veas las barbas de tus vecinos arder, pon las tuyas en remojo, sentencia un dicho popular.
GOTITAS DE ECONOMIA
-
El informe de la empresa Advice registra para Uruguay en el tercer trimestre de 2019, descenso del 12.3% de la demanda laboral respecto al mismo período de 2018. En particular la industria registra una caída del 18.8% en los primeros 9 meses del año.
-
El BCU vendió en octubre reservas por 386 millones de dólares para evitar mayores aumentos del dólar que pese a ello y la emisión continua de deuda publica para atraer oferta del billete verde, ha incrementado su precio 15.5% en el correr de 2019.
-
El déficit fiscal en Uruguay retorna al 4.9% del PBI en octubre de 2019. Máximo histórico de los últimos 30 años. El ajuste fiscal está en la agenda de los candidatos de la segunda vuelta electoral. Lamentablemente lo volverá a pagar el pueblo.
-
El INDEC argentino registró aumento del promedio de precios de 5.9% en setiembre de 2019 y acumula en el año 53.8%.
-
Continúan prorrogas para la salida de Gran Bretaña de la Unión europea. El plazo pasó del 31 de octubre al 31 de enero.
- La Organización Mundial de Comercio permitió a China imponer medidas contra los aranceles de Estados Unidos a sus productos por 3579 millones de dólares. Mientras tanto continúa la güera comercial y los anuncios de acuerdos. Me viene a la mente la letra de un tango “hoy un juramento, mañana una traición”.
Foto: Dante Fernández / FocoUy
«Es imposible que (la derecha) no realice un ajuste salvaje si dicen que van a ahorrar US$ 900 millones»
El
ministro de Defensa, José Bayardi, apuntó a la oposición, precisamente
al Partido Nacional, cuestionando que «por más que se diga que no van a
realizar un ajuste, es imposible que no se realice un ajuste salvaje si
dicen que van a ahorrar 900 millones de dólares», comentó a Radio
Oriental.
Ultima actualización Nov 6, 2019 - LA REPÚBLICA uy
«Es
imposible ahorrar 900 millones de dólares sin afectar desde el punto de
vista general las políticas sociales. Y las va a afectar desde el punto
de vista del gasto de la inversión y del salario.
Si yo entro en esa dinámica lo que voy a generar es una repercusión mucho más allá del ahorro», suscribió.
«Se podrá ahorrar en cosas de gestión, creo que siempre hay posibilidades de ahorrar en cosas de gestión, pero no en los volúmenes que se está planteando» la derecha.
Si yo entro en esa dinámica lo que voy a generar es una repercusión mucho más allá del ahorro», suscribió.
«Se podrá ahorrar en cosas de gestión, creo que siempre hay posibilidades de ahorrar en cosas de gestión, pero no en los volúmenes que se está planteando» la derecha.
Acosta (Uaoegas): "No queremos volver a un escenario de gestión neoliberal y privatizaciones"
Miércoles, 20 Noviembre 2019 19:17 - PORTAL PIT-CNT
Ayer martes fue un día muy especial para los trabajadores y
trabajadoras del gas, a partir del reintegro a sus puestos de trabajo de
los últimos tres trabajadores de los siete que habían sido despedidos
de MontevideoGas. El lunes ya se había dispuesto el retorno de cuatro
funcionarios y ayer martes fue el turno de los tres restantes. La Unión
Autónoma de Obreros y Empleados del Gas (Oaoegas), valoró la concreción
de la medida "con enorme satisfacción y alegría" ya que representa "la
puesta en práctica del acuerdo alcanzado en julio de este año entre el
Poder Ejecutivo, encabezado por el Presidente de la República, Dr.
Tabaré Vázquez, y Petrobras". Empero, el sindicato del gas alertó sobre
el peligro de "volver a un escenario de gestión neoliberal y
privatizaciones" de las empresas del Estado.
El dirigente de la Uaoegas, Alejandro Acosta, dijo al Portal del PIT-CNT que si bien hubo que esperar el traspaso de las acciones de Petrobras hacia el Estado uruguayo, concomitantemente se fue desarrollando el proceso que permitió llegar a lo que se concretó esta semana, con el reintegro de los siete trabajadores a sus puestos de trabajo. Si bien el sindicato tenía expectativas que los reintegros se produjeran con mayor celeridad, la concreción de esta semana se valora de manera altamente positiva.
Acosta destacó el rol del PIT-CNT en la articulación y búsqueda de soluciones en todo el largo proceso que enfrentó a Petrobras con el Estado uruguayo y el sindicato. Mediante una declaración pública, la Uaoegas expresó su "profundo reconocimiento, una vez más, a todos quienes hicieron posible que los trabajadores resguardáramos lo único que tenemos para sostener nuestra existencia, nuestro trabajo, y la defensa del servicio público de gas natural. En particular a la columna vertebral de esta victoria, el PIT-CNT y los diversos sindicatos que lo integran, el Frente Amplio, a través de su dirección, la bancada parlamentaria y las bases, las organizaciones sociales como Fucvam, Onajpu, la FEUU, colectivos de estudiantes y militantes sociales de las más diversas tendencias, vecinos y vecinas que se arrimaron permanentemente, y al pueblo en general".
Los trabajadores se comprometen "a estar a la altura del desafío de desarrollar el servicio público de gas natural, ahora en manos del Estado, para lograr corregir la pésima gestión que llevó a cabo Petrobras en la última etapa de conducción neoliberal, y que el sector sea un aporte importante al futuro del país".
Finalmente, señalan que confían poder "seguir apostando al fortalecimiento del servicio público de gas natural desde la perspectiva de un rol central del Estado que reafirme la resolución política que se adoptó. Hoy la ciudadanía tiene la opción de definir qué modelo de país pretende para el próximo quinquenio, nosotros apostamos a la continuidad del que hizo factible que la acción neoliberal no terminara barriendo nuevamente con los usuarios y los trabajadores".
En relación a este último punto, Acosta explicó que la visión del sindicato es totalmente coincidente con lo que sostiene el PIT-CNT, en relación a que el domingo hay dos modelos de país entre los que la ciudadanía deberá optar. "Uno permitió defender el servicio público y llegar a esta solución" que tiene al Estado "como actor central" para encaminar la solución al gas natural, "y el otro, hay que mirar al pasado y recordar que Lacalle Pou pertenece al partido que planteó en su momento el modelo privatizador del gas" que "generó perjuicios" y "deterioros" en la atención de los usuarios lo que además provocó la pérdida de puestos de trabajo. "Por el pasado tenemos clara la perspectiva de lo que puede suceder hacia adelante, pero a su vez, cuando uno ve el programa de la coalición multicolor en relación a las empresas públicas diciendo que deben cumplir estrictamente sus cartas orgánicas supone por ejemplo, en el caso de Antel, que se debería remitirse solamente a la telefonía fija y dejar de lado la telefonía celular, Internet y datos, lo que nos da una perspectiva clara de lo que piensan de los servicios públicos. Y nosotros no queremos volver a repetir un escenario de gestión neoliberal y privatizaciones sino que defendemos un rol central del Estado en el desarrollo del gas natural" sentenció.
El dirigente de la Uaoegas, Alejandro Acosta, dijo al Portal del PIT-CNT que si bien hubo que esperar el traspaso de las acciones de Petrobras hacia el Estado uruguayo, concomitantemente se fue desarrollando el proceso que permitió llegar a lo que se concretó esta semana, con el reintegro de los siete trabajadores a sus puestos de trabajo. Si bien el sindicato tenía expectativas que los reintegros se produjeran con mayor celeridad, la concreción de esta semana se valora de manera altamente positiva.
Acosta destacó el rol del PIT-CNT en la articulación y búsqueda de soluciones en todo el largo proceso que enfrentó a Petrobras con el Estado uruguayo y el sindicato. Mediante una declaración pública, la Uaoegas expresó su "profundo reconocimiento, una vez más, a todos quienes hicieron posible que los trabajadores resguardáramos lo único que tenemos para sostener nuestra existencia, nuestro trabajo, y la defensa del servicio público de gas natural. En particular a la columna vertebral de esta victoria, el PIT-CNT y los diversos sindicatos que lo integran, el Frente Amplio, a través de su dirección, la bancada parlamentaria y las bases, las organizaciones sociales como Fucvam, Onajpu, la FEUU, colectivos de estudiantes y militantes sociales de las más diversas tendencias, vecinos y vecinas que se arrimaron permanentemente, y al pueblo en general".
Los trabajadores se comprometen "a estar a la altura del desafío de desarrollar el servicio público de gas natural, ahora en manos del Estado, para lograr corregir la pésima gestión que llevó a cabo Petrobras en la última etapa de conducción neoliberal, y que el sector sea un aporte importante al futuro del país".
Finalmente, señalan que confían poder "seguir apostando al fortalecimiento del servicio público de gas natural desde la perspectiva de un rol central del Estado que reafirme la resolución política que se adoptó. Hoy la ciudadanía tiene la opción de definir qué modelo de país pretende para el próximo quinquenio, nosotros apostamos a la continuidad del que hizo factible que la acción neoliberal no terminara barriendo nuevamente con los usuarios y los trabajadores".
En relación a este último punto, Acosta explicó que la visión del sindicato es totalmente coincidente con lo que sostiene el PIT-CNT, en relación a que el domingo hay dos modelos de país entre los que la ciudadanía deberá optar. "Uno permitió defender el servicio público y llegar a esta solución" que tiene al Estado "como actor central" para encaminar la solución al gas natural, "y el otro, hay que mirar al pasado y recordar que Lacalle Pou pertenece al partido que planteó en su momento el modelo privatizador del gas" que "generó perjuicios" y "deterioros" en la atención de los usuarios lo que además provocó la pérdida de puestos de trabajo. "Por el pasado tenemos clara la perspectiva de lo que puede suceder hacia adelante, pero a su vez, cuando uno ve el programa de la coalición multicolor en relación a las empresas públicas diciendo que deben cumplir estrictamente sus cartas orgánicas supone por ejemplo, en el caso de Antel, que se debería remitirse solamente a la telefonía fija y dejar de lado la telefonía celular, Internet y datos, lo que nos da una perspectiva clara de lo que piensan de los servicios públicos. Y nosotros no queremos volver a repetir un escenario de gestión neoliberal y privatizaciones sino que defendemos un rol central del Estado en el desarrollo del gas natural" sentenció.
