Objetivo alcanzado: 28 años de la invasión de EE.UU. a Panamá
Publicado: 20 dic 2017 08:24 GMT - RT
¿Cuáles fueron los objetivos reales de
Washington con esta invasión? ¿Qué consecuencias trajo a la población?
Han pasado 28 años desde la llegada de más de 20.000 soldados de EE.UU., por mar, aire y tierra, a Panamá, en la operación que denominó Causa Justa.
Han pasado 28 años desde la llegada de más de 20.000 soldados de EE.UU., por mar, aire y tierra, a Panamá, en la operación que denominó Causa Justa.
Tropas de EE.UU. fuera de la Cancillería durante la invasión de Panamá, 22 de diciembre de 1989.
Roberto Armocida / Reuters
La operación fue implementada por el gobierno de George H. W. Bush, quien la justificó como necesaria para, presuntamente, proteger vidas de estadounidenses en Panamá; capturar a Manuel Antonio Noriega, último militar en dirigir la dictadura que se había instaurado en el país desde 1968; y ayudar al retorno de la democracia en el istmo.
La presencia de los militares estadounidenses, que invadieron el 20 de diciembre, se prolongó durante 14 días, cuando Noriega se entregó.
La Ciudad de Panamá fue la más golpeada por esa operacion bélica, en especial el barrio El Chorrillo, donde estaba el cuartel general del Ejército panameño. Pero también hubo víctimas en Colón y Río Hato.
El número de víctimas fatales aún se desconoce. La Comisión 20 de Diciembre de 1989, creada apenas el año pasado para investigar los sucesos, ha puesto en su página un listado provisional de víctimas, en el que constan 341 nombres.
Tropas militares de EE.UU. disparan un cañón durante la invasión de Panamá, 20 de diciembre de 1989.
/ Scott Applewhite
/ Reuters
Sin embargo, organizaciones locales de derechos humanos calculan que la cifra de asesinados es aún mayor: entre 2.000 y 7.000 caídos.
Entretanto, el Ejército estadounidense registró 23 bajas en sus filas.
Objetivos de la invasión
Noriega estaba en el poder desde 1983, luego de suceder a Rubén Darío Paredes y Omar Torrijos, autor del golpe de 1968. Pasó de ser aliado de EE.UU., y colaborar con la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y la Administración para el Control de Drogas (DEA), a convertirse en su enemigo."Noriega era una pieza de la CIA y la DEA, porque estaban financiando la 'contra' en Nicaragua a través de envíos masivos de cocaína al conflicto en Centro América", dice el internacionalista Jesús Millán.
Noriega sonríe con partidarios que lo abrazan en la ciudad panameña de David, 14 de junio de 1987.
/ Jonathan Utz
/ AFP
Antes de la invasión definitiva en 1989, EE.UU. ya venía conspirando contra Panamá en otras áreas, con el objetivo de generar mayor desestabilización que la causada por la dictadura.
El analista internacional Julio Yao escribió en abril pasado, en La Estrella de Panamá, que en 1989 tuvo conocimiento de un documento denominado 'Memorándum secreto-sensitivo del Consejo de Seguridad Nacional', del 8 de abril de 1986, que determinaba la política de Washington contra Panamá, y que incluía "una campaña de acciones encubiertas para desestabilizar a Panamá, acusando a las Fuerzas de Defensa de Panamá, particularmente al general Noriega, de tráfico de drogas".
Patrullas militares conjuntas panameñas y de EE.UU. recorren El Chorrillo, 29 de diciembre de 1989.
/ Corinne Dufka
/ Reuters
EE.UU. entregó a la nación panameña el control del Canal en diciembre de 1999, como establecía el Tratado que para ese fin suscribieron el presidente Jimmy Carter y el dictador Torrijos en 1977; pero logró su objetivo de sacar del juego a Japón en los posibles trabajos de ampliación de esa vía interoceánica, cuestión que venía siendo negociada desde el mandato de Torrijos y continuó Noriega.
Washington justificó la invasión en base al Tratado Carter-Torrijos. Aunque antes había dicho que lo hacía en conformidad con las Cartas de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Organización de Estados Americanos (OEA).
"Estados Unidos tiene tanto el derecho —en lo que a esto respecta— como el deber de proteger y defender el Canal, de conformidad con el Artículo IV del Tratado del Canal de Panamá, al cual el Gobierno de Panamá dio, por supuesto, su consentimiento", dijo el 21 de diciembre de 1989 el entonces secretario de Estado de EE.UU., James Baker, citado por The New York Times.
Ese artículo se refiere al pacto de neutralidad del Canal, y determina que, en tanto que vía acuática de tránsito internacional, será permanentemente neutral, conforme al régimen estipulado en aquel tratado.
Pero además, se amparó en una Declaración de Entendimiento, firmada aparte, que señalaba que ambos países defenderían al Canal de cualquier amenaza a ese régimen de neutralidad.
Edgar Romero
Panamá: La invasión norteamericana y sus consecuencias
por Olmedo Beluche
Fuente: Parla Antifascista.
LA HAINE - 26/12/2017
Seminario "Actualización de Historia de las relaciones Panamá-EEUU". Universidad de Panamá. Enero, 1991.
1. La invasión perpetrada por el Ejército de EEUU contra Panamá, el 20 de diciembre de 1989, fue un acto de extremada e injustificada violencia. Esta acción bélica, realizada contra una población completamente desprevenida, contó con los más sofisticados armamentos y con un elevado contingente de tropas.
En esta acción militar, que se ha conocido con el nombre de "causa justa", participaron 25,000 mil soldados norteamericanos. Además de las tropas normalmente acantonadas en las bases ubicadas en el área del Canal de Panamá, bajo las órdenes del Comando Sur, participaron en la invasión:
-La 7ma. división de infantería procedente de Fort Ord-California.
-Un batallón mecanizado de la 5ta. división de infantería acantonada en Fort Polk-Loussiana.
-Una brigada de la 82a. división aerotransportada de Fort Bragg-Carolina del Norte.
-Dos batallones rangers.
El sofisticado armamento del ejército estadounidense utilizado en la invasión a Panamá incluyó los últimos adelantos tecnológicos alcanzados por ese país en el "arte" de hacer la guerra, y que luego han sido usados masivamente en la guerra del Golfo Pérsico:
-Bombarderos Stealth F-117.
-Bombas de 2,000 libras.
-Misiles Hell Five.
-Helicópteros y lanzamisiles Blackhawk, Apache AH-64 y Cobra.
-Aviones de asalto A-37.
-Cañones de fuego rápido de 30 mm.
-Vehículos HMMWV (Hummer) con ametralladoras de alto calibre.
-Fusiles M-16 con mirilla infrarroja.
Diversos organismos de derechos humanos, entre los que podemos mencionar a la Asociación Latinoamericana de Derechos Humanos (ALDHU), consideran que tal despliegue de capacidad bélica, muy superior al armamento de las Fuerzas de Defensa panameñas, no sólo era injustificado, sino que es violatorio de la Convención de Ginebra (Protocolo I, título III, sección I) que "prohibe expresamente el empleo de armas, proyectiles, materias y métodos de hacer la guerra que causen males superfluos o sufrimientos innecesarios" (ALDHU, revista Tareas No. 78, pág. 12).
2. Los primeros objetivos militares de la invasión fueron los principales cuarteles de las Fuerzas de Defensa de Panamá, y las áreas civiles aledañas fueron las más afectadas, tanto por la acción directa de las tropas norteamericanas como por el saqueo posterior. Las áreas más afectadas fueron:
-El Chorrillo, donde estaba el Cuartel Central.
-San Miguelito, cuarteles de Tinajita y de la XI Zona Militar.
-Panamá Viejo, cuartel del escuadrón UESAT.
-Fuerte Amador, en el área revertida.
-Aeropuertos de Tocumen y Paitilla.
-Batallón 2,000 en Pacora.
-Río Hato.
-Fuerte José Domingo Espinar.
Según la Comisión Especial enviada por ALDHU a Panamá, entre el 21 y el 25 de febrero de 1990, y que estuvo conformada por prestantes figuras del continente, encabezadas por el jurista norteamericano Robert White: "...el bombardeo del Cuartel Central de las Fuerzas de Defensa provocó el incendio generalizado y la destrucción de los barrios de San Miguelito y El Chorrillo" (Ibidem, pág. 15).
Al respecto ALDHU concluye que: "Algunos de los objetivos militares perseguidos por los invasores se encontraban dentro de zonas densamente pobladas. Este hecho obligaba a las fuerzas de ocupación a extremar las medidas de seguridad que garantizaran la vida y bienes de la población civil. Sin embargo, parece evidente que las medidas adoptadas por los norteamericanos privilegiaron la protección de sus propias vidas, aumentando el riesgo de la población invadida" (Ibid., pp 16-17).
3. Esta negligencia del ejército norteamericano respecto a la población civil y sus bienes se manifestó con especial dramatismo en las cifras de muertos y heridos. Sin que se haya llegado a una estimación oficial respecto a este punto, los datos recabados por diversos organismos confirman el alto número de víctimas civiles producidas por la llamada "operación causa justa".
La Iglesia Católica panameña ha estimado que en la invasión se produjeron 655 muertes por el lado panameño, de los cuales 314 eran militares y 341 eran civiles. Ellos estiman los heridos en 2,007, de los cuales tan sólo 124 eran militares panameños (Panorama Católico 14/01/90).
Los datos recabados por el Instituto de Medicina Legal de Panamá registran 255 muertos y 93 desaparecidos. De los desaparecidos, 39 corresponden a militares y el resto son civiles. Por su parte, el Comité Panameño de Derechos Humanos contabiliza 556 muertos y 93 desaparecidos (Beluche, O. La verdad sobre la invasión, CELA, Panamá, 1991, pp 95-102). Otros organismos, como la Asociación de Familiares de los Caídos el 20 de diciembre de 1989, consideran que las víctimas deben "alrededor de 4,000" (Ibidem, pág. 102).
Tomando como válidos los datos aportados por la Iglesia Católica y relacionándolos con las cifras de víctimas norteamericanas, 26 muertos y 324 heridos de acuerdo al Comando Sur, nos muestra una alta cifra de 25 panameños muertos por cada norteamericano.
4. Otro de los aspectos en que ha quedado evidenciada la acción destructora de la invasión norteamericana sobre la población civil es el alto número de personas que perdieron sus hogares, y que han pasado a considerarse damnificados o refugiados de la invasión. De acuerdo a testigos presenciales, citados en diversas investigaciones, el combate más duro se produjo en el área residencial de El Chorrillo, comprendida entre las calles 25, 26 y 27, en las que habitaban más de 30,000 personas en un área que no excede de 20 hectáreas.
Encuestadas en el campo de refugiados montado en la Escuela Secundaria de Balboa, a donde fueron llevados inicialmente los chorrilleros evacuados, se contabilizaron 18,000 personas agrupadas en 2,800 familias que perdieron sus hogares en El Chorrillo. Allí fueron destruidos también 123 comercios de diversa índole. A las familias refugiadas de El Chorrillo, hay que agregar otras 48 familias que perdieron sus hogares por la invasión en la ciudad de Colón y un número no precisado de casas que fueron afectadas por los combates en San Miguelito.
El elevado número de hogares y edificaciones afectadas por la invasión demuestra que las tropas norteamericanas no hicieron el menor intento por limitarse a blancos militares, evitando daños a las vidas y bienes de la población civil panameña.
Pese a las promesas del gobierno norteamericano de compensar los daños causados en las viviendas de estos refugiados, hay que señalar que los afectados se han manifestado insatisfechos con los trabajos de reparación y construcción realizados. Además de que consideran insuficiente la compensación monetaria de $ 800.00 que se les asignó (no a todas las familias) para que repusieran sus muebles y ropas pérdidas durante la invasión. En este sentido, el ex ministro de vivienda, Arq. Alfredo Figueroa, ha negado que EEUU hayan pagado los 40 millones de dólares prometidos para reparar los daños hechos en El Chorrillo. Según él, sólo pagaron 22 millones de dólares (La Prensa, 8/4/91).
5. Respecto a los daños económicos causados por la invasión norteamericana a Panamá las estimaciones también varían de acuerdo a los criterios que se utilicen. En este aspecto, como con las pérdidas humanas, el gobierno nacional surgido con la invasión se ha negado a conformar una comisión especial que cuantifique, con parámetros consensuales, el monto total de las pérdidas.
Para algunos, como el economista Juan Jované, hay que incorporar a las pérdidas materiales producidas por la invasión, las pérdidas sufridas por la economía panameña por culpa de las sanciones económicas norteamericanas impuestas a partir de marzo de 1988. "Tan sólo en el primer año de sanciones, 1988, el producto interno bruto cayó en un 17.1 por ciento y los ingresos corrientes del estado bajaron un 44 por ciento..." (Beluche, Op. cit., pág. 104).
Dentro de las pérdidas sufridas en la propia invasión hay que considerar los daños directos causados por el enfrentamiento militar, sobre todo en las instalaciones públicas y de las FFDD, y los daños directos causados a propiedades privadas por la invasión y el saqueo que generó.
Hasta ahora no ha habido un informe oficial sobre las pérdidas globales sufridas por el estado panameño, como ya se ha dicho. El ejército norteamericano además de la destrucción directa causada a las armas e instalaciones de las FFDD, decomisó un enorme arsenal cuyo valor puede alcanzar varios millones de dólares, que debe computarse entre las pérdidas del estado panameño.
Como una muestra de las millonarias pérdidas sufridas por otras entidades del estado, basta mencionar que la Dirección de Correos y Telégrafos del Ministerio de Gobierno y Justicia estimó daños en 386,000 balboas. En el plano fiscal el estado dejó de percibir por lo menos 4 millones de dólares debido a la invasión, según el Prof. Roberto Méndez (Revista Tareas No. 74, pp 41-42).
En el sector privado, si bien en un primer momento el economista y empresario Guillermo Chapman estimó las pérdidas ocasionadas por la invasión en 1,500 millones de dólares, posteriormente el Centro de Estudios Económicos de la Cámara de Comercio de Panamá (CEECAM) ha dado cifras más pequeñas pero confiables. Esta información, que fue obtenida por el CEECAM a través de una encuesta aplicada a 1,147 empresas comerciales e industriales, estimó que se había perdido durante la invasión el 90 por ciento de los inventarios y un 10 por ciento de los activos fijos.
Según los datos de la CEECAM los comercios mayormente afectados por el saqueo producido durante la invasión-ocupación, fueron las ciudades de Panamá y Colón, en las que las tropas norteamericanas aniquilaron a las Fuerzas de Defensa panameñas. El interior de la república, donde casi no hubo combates, NO se registraron saqueos.
O sea, el saqueo se produce en las áreas que sufren directamente la invasión. Datos del CEECAM (Informe, mayo de 1990) revelan que las áreas más afectadas por el saqueo fueron, en ese orden: Calidonia, Bethania, Bella Vista, San Miguelito, Santa Ana y Juan Díaz. Según las sociólogas Lina Muñoz y Milagros Huerta, que citan el informe de CEECAM: "Las áreas más alejadas fueron las que menos sufrieron daños materiales...En cuanto a las áreas rurales, las mismas no sufrieron destrozo alguno." (Muñoz, L. y Huerta, M. Causas y efectos de la invasión a Panamá, pág. 145).
Los daños económicos a las empresas comerciales e industriales de las ciudades de Panamá y Colón han sido estimados por CEECAM en 432.1 millones de dólares. De los cuales 334.8 millones corresponden a mercancías perdidas, 67.2 millones a instalaciones físicas perdidas, 8.7 millones a materias primas, 21.4 millones se estiman en la categoría no especificada de "otros".
En cuanto a rubros específicos los datos de CEECAM señalan que se perdieron 58.7 millones de dólares en alimentos, 44 millones en el área de transporte, 11.9 millones de dólares en medicinas y productos químicos y 14.9 millones se perdieron en el área de la construcción. Tan sólo en la ciudad de Colón se contabilizan pérdidas por un monto de 68 millones de dólares.
A estos datos hay que agregar que la invasión produjo la pérdida directa de 15 mil empleos, los que se deben agregar a los 60 mil empleos perdidos en 1988 con las sanciones económicas. Esta situación elevó el índice de desempleo en el país a más del 30 por ciento de la población económicamente activa, lo que agravó las condiciones de miseria socioeconómica de cientos de miles de panameños. El Ministerio de Planificación calcula que la población que subsiste con ingresos inferiores al mínimo necesario para vivir sobrepasa el 40 por ciento de los panameños.
Recuperar el ritmo del crecimiento económico a los niveles previos a la invasión y a las sanciones económicas no será fácil para Panamá. Según Juan Jované: "En todo caso, las pérdidas producidas durante la invasión deberían ser sumadas a las generadas por la aplicación de las sanciones, dando como resultado un impacto total que ha sido calculado por varias fuentes en cerca de 4,000 millones de balboas. Esta cifra equivale a aproximadamente el 75 por ciento del valor total corriente del PIB de 1987".
Jované agrega que: "Esto significa que, sólo para volver al nivel absoluto de 1987, se necesitaría cerca de 3 años. Más aún se necesitarían aproximadamente 6 años y medio a esa alta tasa (del 20 %) para recuperar el nivel del PIB por habitante de 1987" (Economía Nacional: Balance y Perspectivas en 1991, Revista Este País No. 31).
6. Un aspecto poco estudiado hasta ahora es el impacto sicológico que la invasión produce en las mentes de decenas de miles de panameños, sobre todo en los que vivieron directamente el escenario del combate armado, como los chorrilleros, y los habitantes de los barrios aledaños a los cuarteles. Este impacto sicológico, que también podríamos llamar trauma, es la causa objetiva de muchos comportamientos anormales y de extremada violencia que vivieron los panameños los días y semanas subsiguientes a la invasión.
Nos dice la sicóloga Berta Jaramillo que: "Si impresionante fue ver horas y días después, y aún hoy, el área afectada... detengámonos a observar otro panorama: el de las vivencias de la gente que allí vivía".
Y agrega: "El que vivió los momentos difíciles del día 20 de diciembre en este barrio, y que hoy experimenta sus efectos, te dirá: ¡tú no puedes comprender!... Esto es realmente cierto" (IDEN. Los efectos sicosociales de la destrucción de El Chorrillo, en El Chorrillo: situación y alternativas. pág. 74).
Definitivamente la invasión con su lógica de destrucción y muerte produce un trauma en la mente de miles de panameños. El hecho de enfrentarse a la destrucción repentina de las instituciones sociales que daban solidez a su existencia, desde las más íntimas como la familia y el hogar, hasta las instituciones públicas, son parte del impacto sicológico de la invasión. El sentimiento de temor, y muchas veces pánico, a perder la vida, puesta realmente en peligro; la ansiedad producida por no saber de la suerte corrida por familiares y amigos; la inseguridad respecto al futuro del núcleo familiar, si contará con medios para alimentarse, si será afectada su vivienda, si sus vidas están o no en riesgo; todos estos aspectos que sufrieron decenas de miles de panameños que habitan las ciudades de Panamá y Colón, forman lo que denominamos trauma de la invasión.
Para las sociólogas Lina Muñoz y Milagros Huerta los testimonios recabados en el transcurso de su investigación confirman el hecho traumático sicológico de la invasión. Según ellas: "La no comprensión de un hecho tan violento, en el caso concreto de los niños, obtiene resultantes negativas en los individuos: inseguridad, agresividad, conductas atípicas, apatía u obsesión ante determinada situación o actitudes suicidas incluso..." (Muñoz y Huerta. Op. cit., pág. 165).
Y agregan, las sociólogas Muñoz y Huerta, que estos comportamientos anómalos se manifiestan no sólo individualmente, sino que también se sufren colectivamente. "Colectivamente se crean conductas similares a las individuales, pero que crean rasgos distintivos de alienación; indiferencia colectiva, formación de líderes negativos (aquellos en los cuales se da la tendencia a agruparse o formar individuos sin conciencia moral, ni social, ni conductual)" (Ibidem, pág. 165).
La combinación de los efectos sicológicos con los efectos económicos de la invasión es la raíz en la que hay que buscar la explicación de la elevada criminalidad aparecida inmediatamente después del 20 de diciembre. Las cifras de crímenes ocurridos entre los meses de enero y febrero de 1990 revelan que se había producido un acontecimiento tan traumático, que había afectado el comportamiento social.
El gobierno de EEUU es responsable, no sólo por los daños directos a la vida y bienes de los panameños, sino también es responsable por los daños psíquicos causados a la población, y por los daños materiales que personas emocionalmente afectas por la invasión hayan causado. El factor sorpresivo de la acción militar aumentó el efecto de este trauma. De haberse advertido a la población panameña, se habría evitado el impacto sicológico y muchos daños materiales. La principal diferencia entre las víctimas del ataque norteamericano en Iraq y en Panamá, es que los iraquíes sabían lo que iba a pasar, y hasta sabían cuándo iba a suceder.
7. Todos los testimonios, análisis e informes sobre la invasión señalan claramente que el saqueo generalizado de almacenes e instalaciones comerciales e industriales se produce después de que las tropas norteamericanas han atacado y liquidado a las FFDD de Panamá, y cuando éstas tienen bajo su control las áreas neurálgicas de la capital.
"Producida la ocupación militar del país-dice el informe de ALDHU-, destruidas las Fuerzas de Defensa, desarticulada la mínima resistencia inicial y apresados miles de ciudadanos, las ciudades de Panamá y Colón quedaron bajo el total control de las fuerzas de ocupación".
"En estas circunstancias se produjo el saqueo masivo de negocios, tiendas, mercados e incluso residencias particulares. Miles de personas participaron en estos actos, asolando los barrios comerciales y las propias viviendas, especialmente aquellas que habían sufrido el allanamiento previo de las tropas de ocupación" (ALDHU, Op. cit., pp 18-19).
Analizando respecto a quién compete la responsabilidad del saqueo masivo de los negocios en las horas posteriores a la invasión, el informe de ALDHU señala: "De cualquier manera, resulta evidente que, si una potencia extranjera invade un país, debe tomar las providencias y precauciones del caso para cautelar los bienes y la propiedad, máximo cuando, como en este caso, la invasión eliminó las Fuerzas de Defensa y dejó a la población desamparada".
Y prosigue: "Lo cierto es que las fuerzas de ocupación, teniendo el territorio panameño bajo su control y habiendo diezmado a las fuerzas de defensa panameñas adoptaron para sí la responsabilidad de garantizar la seguridad de la población. Esta obligación de las fuerzas ocupantes no fue debidamente observada al no controlar los saqueos ni proteger los bienes y la propiedad particular" (ALDHU, ibidem, pág. 19).
Según la Asociación Latinoamericana de Derechos Humanos (ALDHU), esta actitud contraviene el Convenio de Ginebra sobre la Protección de Personas Civiles en Tiempos de Guerra (IV-64), que en su articulado obliga al ocupante a garantizar el orden público del territorio ocupado en una acción militar y que señala que es obligación del poder ocupante mantener el derecho de la población civil de proseguir su vida cotidiana de la manera más normal posible.
Respecto a quién le cabe la responsabilidad por las pérdidas sufridas durante el saqueo producido por la invasión, los empresarios panameños agrupados en el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) han sido enfáticos al señalar:
"La intervención militar norteamericana resultó en la desintegración de las autoridades de policía panameñas que formaban parte de las Fuerzas de Defensa, las cuales fueron efectivamente eliminadas por la acción militar de EEUU. Los eventos aludidos (el saqueo, n. autor) se iniciaron, y pronto se tornaron incontrolables debido a que la autoridad militar de EEUU fue la única autoridad existente y ésta no frenó la avalancha de saqueos y destrucción" (CONEP, Comunicado 17/09/1990).
Al respecto, el dirigente empresarial José Chirino, expresidente del CONEP, ha dicho: "...hubo una omisión, un vacío que tenían la responsabilidad de verlo... y no lo hicieron. No se si es cierto, pero es lo que se oye comentar en las altas esferas de Washington, de que el general Powell había advertido al presidente Bush que atrasaran la operación unos días, porque las fuerzas de policía militar no estaban listas para actuar..." (Beluche, Op. cit., pág. 106).
Sobre el tema el Informe anual, 1990-1991, sobre los Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA) dice: "En la noche del 19 al 20 de diciembre de 1989, tropas de EEUU invadieron Panamá. La lucha armada organizada continuó durante el día 20, en que las fuerzas invasoras destruyeron el Cuartel Central de las Fuerzas de Defensa y dominaron los principales centros de resistencia militar. En los días subsiguientes se fueron rindiendo los restantes centros militares y los Batallones de la Dignidad que continuaban la lucha. Comenzó paralelamente un saqueo generalizado contra comercios que duró tres y cuatro días, sucesos en los que la policía militar de EEUU se abstuvo de intervenir. La policía de la ciudad fue establecida progresivamente en base a patrullas militares de EEUU en los días subsiguientes" (OEA, Informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 1990-1991, pág. 514).
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la OEA, es de la opinión que las personas que sufrieron pérdidas materiales como consecuencia de la invasión y el saqueo pueden y deben reclamar al gobierno de los EEUU por los daños ocasionado. Aunque la citada comisión llama la atención de manera especial sobre la situación de "los damnificados de menores recursos", ella no vacila en hacer responsable por los daños a los gobiernos de Panamá y EEUU cuando dice que éstos "se encuentran con la opción de reclamar administrativa o judicialmente al estado panameño, trámite que duraría años, o iniciar una acción contra los EEUU de América por supuesta responsabilidad en los hechos"(OEA, Ibidem, pp 525-526).
7.Estas denuncias acerca de la responsabilidad que le compete al gobierno de EEUU y a sus Fuerzas Armadas por los saqueos ocurridos durante la invasión a Panamá, están respaldadas por múltiples testimonios que refieren cómo las tropas norteamericanas, no sólo fueron indiferentes frente al saqueo que se producía antes sus ojos, sino que incluso ellas incentivaron muchas acciones contra la propiedad.
Los testimonios coinciden en señalar que el origen geográfico del saqueo generalizado es el centro de la ciudad, los barrios de El Chorrillo, San Felipe, Santa Ana y Calidonia, controlados desde la madrugada del día 20 por el ejército norteamericano. Desde allí el saqueo se va extendiendo hacia las afueras de la ciudad en la medida en que la población, traumatizada en un principio por la acción militar, descubre que tiene entera libertad para saquear.
Un ejemplo de la anuencia del ejército norteamericano hacia el saqueo la da un testimonio brindado a las sociólogas Muñoz y Huerta por una joven de nombre Soraya, residente en el corregimiento de Tocumen, cercana a las instalaciones del Centro Recreativo Militar (CEREMI) de las Fuerzas de Defensa. Soraya dice: "Los días que vinieron fueron algo difíciles. Yo no tenía nada en la cocina ... Los vecinos se portaron muy bien. Se intercambiaban cosas del "saqueo". Del Club de oficiales de las Fuerzas de Defensa no quedó nada. Todo se lo llevó la gente. Y los gringos estaban allí y permitían que se lo llevaran..."(Muñoz y Huerta, Op. cit., anexo).
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Bibliografía.
1. ALDHU. "Informe sobre los derechos humanos en Panamá". Revista Tareas No. 78, mayo-agosto de 1991, pp. 9-29.
2. Beluche, Olmedo. La verdad sobre la invasión. CELA. Panamá. 1990.
3. CEECAM. Informe mayo de 1990.
4. CONEP. Comunicado de prensa. 17 de septiembre de 1990.
5. IDEN. "Los efectos sicosociales de la destrucción de El Chorrillo", en El Chorrillo: situación y alternativas. Universidad de Panamá. Panamá 1991.
6. Jované, Juan. "Economía nacional: balance y perspectivas". Revista Este País No. 31, enero-febrero 1991.
7. La Prensa. Panamá. 8 de abril de 1991.
8. Méndez, Roberto. "Consecuencias socio-económicas de la invasión y perspectivas". Revista Tareas No. 74, enero-abril de 1990, pp. 39-50.
9. Muñoz, L. y Huerta, M. Causas y efectos de la invasión a Panamá. Tesis. Universidad de Panamá. 1991.
10. OEA. Informe anual de la Comisión Interamericana de derechos humanos 1990-1991. Washington 1991.
11. Panorama Católico. Panamá. 14 de enero de 1990.
CALPU
1. La invasión perpetrada por el Ejército de EEUU contra Panamá, el 20 de diciembre de 1989, fue un acto de extremada e injustificada violencia. Esta acción bélica, realizada contra una población completamente desprevenida, contó con los más sofisticados armamentos y con un elevado contingente de tropas.
En esta acción militar, que se ha conocido con el nombre de "causa justa", participaron 25,000 mil soldados norteamericanos. Además de las tropas normalmente acantonadas en las bases ubicadas en el área del Canal de Panamá, bajo las órdenes del Comando Sur, participaron en la invasión:
-La 7ma. división de infantería procedente de Fort Ord-California.
-Un batallón mecanizado de la 5ta. división de infantería acantonada en Fort Polk-Loussiana.
-Una brigada de la 82a. división aerotransportada de Fort Bragg-Carolina del Norte.
-Dos batallones rangers.
El sofisticado armamento del ejército estadounidense utilizado en la invasión a Panamá incluyó los últimos adelantos tecnológicos alcanzados por ese país en el "arte" de hacer la guerra, y que luego han sido usados masivamente en la guerra del Golfo Pérsico:
-Bombarderos Stealth F-117.
-Bombas de 2,000 libras.
-Misiles Hell Five.
-Helicópteros y lanzamisiles Blackhawk, Apache AH-64 y Cobra.
-Aviones de asalto A-37.
-Cañones de fuego rápido de 30 mm.
-Vehículos HMMWV (Hummer) con ametralladoras de alto calibre.
-Fusiles M-16 con mirilla infrarroja.
Diversos organismos de derechos humanos, entre los que podemos mencionar a la Asociación Latinoamericana de Derechos Humanos (ALDHU), consideran que tal despliegue de capacidad bélica, muy superior al armamento de las Fuerzas de Defensa panameñas, no sólo era injustificado, sino que es violatorio de la Convención de Ginebra (Protocolo I, título III, sección I) que "prohibe expresamente el empleo de armas, proyectiles, materias y métodos de hacer la guerra que causen males superfluos o sufrimientos innecesarios" (ALDHU, revista Tareas No. 78, pág. 12).
2. Los primeros objetivos militares de la invasión fueron los principales cuarteles de las Fuerzas de Defensa de Panamá, y las áreas civiles aledañas fueron las más afectadas, tanto por la acción directa de las tropas norteamericanas como por el saqueo posterior. Las áreas más afectadas fueron:
-El Chorrillo, donde estaba el Cuartel Central.
-San Miguelito, cuarteles de Tinajita y de la XI Zona Militar.
-Panamá Viejo, cuartel del escuadrón UESAT.
-Fuerte Amador, en el área revertida.
-Aeropuertos de Tocumen y Paitilla.
-Batallón 2,000 en Pacora.
-Río Hato.
-Fuerte José Domingo Espinar.
Según la Comisión Especial enviada por ALDHU a Panamá, entre el 21 y el 25 de febrero de 1990, y que estuvo conformada por prestantes figuras del continente, encabezadas por el jurista norteamericano Robert White: "...el bombardeo del Cuartel Central de las Fuerzas de Defensa provocó el incendio generalizado y la destrucción de los barrios de San Miguelito y El Chorrillo" (Ibidem, pág. 15).
Al respecto ALDHU concluye que: "Algunos de los objetivos militares perseguidos por los invasores se encontraban dentro de zonas densamente pobladas. Este hecho obligaba a las fuerzas de ocupación a extremar las medidas de seguridad que garantizaran la vida y bienes de la población civil. Sin embargo, parece evidente que las medidas adoptadas por los norteamericanos privilegiaron la protección de sus propias vidas, aumentando el riesgo de la población invadida" (Ibid., pp 16-17).
3. Esta negligencia del ejército norteamericano respecto a la población civil y sus bienes se manifestó con especial dramatismo en las cifras de muertos y heridos. Sin que se haya llegado a una estimación oficial respecto a este punto, los datos recabados por diversos organismos confirman el alto número de víctimas civiles producidas por la llamada "operación causa justa".
La Iglesia Católica panameña ha estimado que en la invasión se produjeron 655 muertes por el lado panameño, de los cuales 314 eran militares y 341 eran civiles. Ellos estiman los heridos en 2,007, de los cuales tan sólo 124 eran militares panameños (Panorama Católico 14/01/90).
Los datos recabados por el Instituto de Medicina Legal de Panamá registran 255 muertos y 93 desaparecidos. De los desaparecidos, 39 corresponden a militares y el resto son civiles. Por su parte, el Comité Panameño de Derechos Humanos contabiliza 556 muertos y 93 desaparecidos (Beluche, O. La verdad sobre la invasión, CELA, Panamá, 1991, pp 95-102). Otros organismos, como la Asociación de Familiares de los Caídos el 20 de diciembre de 1989, consideran que las víctimas deben "alrededor de 4,000" (Ibidem, pág. 102).
Tomando como válidos los datos aportados por la Iglesia Católica y relacionándolos con las cifras de víctimas norteamericanas, 26 muertos y 324 heridos de acuerdo al Comando Sur, nos muestra una alta cifra de 25 panameños muertos por cada norteamericano.
4. Otro de los aspectos en que ha quedado evidenciada la acción destructora de la invasión norteamericana sobre la población civil es el alto número de personas que perdieron sus hogares, y que han pasado a considerarse damnificados o refugiados de la invasión. De acuerdo a testigos presenciales, citados en diversas investigaciones, el combate más duro se produjo en el área residencial de El Chorrillo, comprendida entre las calles 25, 26 y 27, en las que habitaban más de 30,000 personas en un área que no excede de 20 hectáreas.
Encuestadas en el campo de refugiados montado en la Escuela Secundaria de Balboa, a donde fueron llevados inicialmente los chorrilleros evacuados, se contabilizaron 18,000 personas agrupadas en 2,800 familias que perdieron sus hogares en El Chorrillo. Allí fueron destruidos también 123 comercios de diversa índole. A las familias refugiadas de El Chorrillo, hay que agregar otras 48 familias que perdieron sus hogares por la invasión en la ciudad de Colón y un número no precisado de casas que fueron afectadas por los combates en San Miguelito.
El elevado número de hogares y edificaciones afectadas por la invasión demuestra que las tropas norteamericanas no hicieron el menor intento por limitarse a blancos militares, evitando daños a las vidas y bienes de la población civil panameña.
Pese a las promesas del gobierno norteamericano de compensar los daños causados en las viviendas de estos refugiados, hay que señalar que los afectados se han manifestado insatisfechos con los trabajos de reparación y construcción realizados. Además de que consideran insuficiente la compensación monetaria de $ 800.00 que se les asignó (no a todas las familias) para que repusieran sus muebles y ropas pérdidas durante la invasión. En este sentido, el ex ministro de vivienda, Arq. Alfredo Figueroa, ha negado que EEUU hayan pagado los 40 millones de dólares prometidos para reparar los daños hechos en El Chorrillo. Según él, sólo pagaron 22 millones de dólares (La Prensa, 8/4/91).
5. Respecto a los daños económicos causados por la invasión norteamericana a Panamá las estimaciones también varían de acuerdo a los criterios que se utilicen. En este aspecto, como con las pérdidas humanas, el gobierno nacional surgido con la invasión se ha negado a conformar una comisión especial que cuantifique, con parámetros consensuales, el monto total de las pérdidas.
Para algunos, como el economista Juan Jované, hay que incorporar a las pérdidas materiales producidas por la invasión, las pérdidas sufridas por la economía panameña por culpa de las sanciones económicas norteamericanas impuestas a partir de marzo de 1988. "Tan sólo en el primer año de sanciones, 1988, el producto interno bruto cayó en un 17.1 por ciento y los ingresos corrientes del estado bajaron un 44 por ciento..." (Beluche, Op. cit., pág. 104).
Dentro de las pérdidas sufridas en la propia invasión hay que considerar los daños directos causados por el enfrentamiento militar, sobre todo en las instalaciones públicas y de las FFDD, y los daños directos causados a propiedades privadas por la invasión y el saqueo que generó.
Hasta ahora no ha habido un informe oficial sobre las pérdidas globales sufridas por el estado panameño, como ya se ha dicho. El ejército norteamericano además de la destrucción directa causada a las armas e instalaciones de las FFDD, decomisó un enorme arsenal cuyo valor puede alcanzar varios millones de dólares, que debe computarse entre las pérdidas del estado panameño.
Como una muestra de las millonarias pérdidas sufridas por otras entidades del estado, basta mencionar que la Dirección de Correos y Telégrafos del Ministerio de Gobierno y Justicia estimó daños en 386,000 balboas. En el plano fiscal el estado dejó de percibir por lo menos 4 millones de dólares debido a la invasión, según el Prof. Roberto Méndez (Revista Tareas No. 74, pp 41-42).
En el sector privado, si bien en un primer momento el economista y empresario Guillermo Chapman estimó las pérdidas ocasionadas por la invasión en 1,500 millones de dólares, posteriormente el Centro de Estudios Económicos de la Cámara de Comercio de Panamá (CEECAM) ha dado cifras más pequeñas pero confiables. Esta información, que fue obtenida por el CEECAM a través de una encuesta aplicada a 1,147 empresas comerciales e industriales, estimó que se había perdido durante la invasión el 90 por ciento de los inventarios y un 10 por ciento de los activos fijos.
Según los datos de la CEECAM los comercios mayormente afectados por el saqueo producido durante la invasión-ocupación, fueron las ciudades de Panamá y Colón, en las que las tropas norteamericanas aniquilaron a las Fuerzas de Defensa panameñas. El interior de la república, donde casi no hubo combates, NO se registraron saqueos.
O sea, el saqueo se produce en las áreas que sufren directamente la invasión. Datos del CEECAM (Informe, mayo de 1990) revelan que las áreas más afectadas por el saqueo fueron, en ese orden: Calidonia, Bethania, Bella Vista, San Miguelito, Santa Ana y Juan Díaz. Según las sociólogas Lina Muñoz y Milagros Huerta, que citan el informe de CEECAM: "Las áreas más alejadas fueron las que menos sufrieron daños materiales...En cuanto a las áreas rurales, las mismas no sufrieron destrozo alguno." (Muñoz, L. y Huerta, M. Causas y efectos de la invasión a Panamá, pág. 145).
Los daños económicos a las empresas comerciales e industriales de las ciudades de Panamá y Colón han sido estimados por CEECAM en 432.1 millones de dólares. De los cuales 334.8 millones corresponden a mercancías perdidas, 67.2 millones a instalaciones físicas perdidas, 8.7 millones a materias primas, 21.4 millones se estiman en la categoría no especificada de "otros".
En cuanto a rubros específicos los datos de CEECAM señalan que se perdieron 58.7 millones de dólares en alimentos, 44 millones en el área de transporte, 11.9 millones de dólares en medicinas y productos químicos y 14.9 millones se perdieron en el área de la construcción. Tan sólo en la ciudad de Colón se contabilizan pérdidas por un monto de 68 millones de dólares.
A estos datos hay que agregar que la invasión produjo la pérdida directa de 15 mil empleos, los que se deben agregar a los 60 mil empleos perdidos en 1988 con las sanciones económicas. Esta situación elevó el índice de desempleo en el país a más del 30 por ciento de la población económicamente activa, lo que agravó las condiciones de miseria socioeconómica de cientos de miles de panameños. El Ministerio de Planificación calcula que la población que subsiste con ingresos inferiores al mínimo necesario para vivir sobrepasa el 40 por ciento de los panameños.
Recuperar el ritmo del crecimiento económico a los niveles previos a la invasión y a las sanciones económicas no será fácil para Panamá. Según Juan Jované: "En todo caso, las pérdidas producidas durante la invasión deberían ser sumadas a las generadas por la aplicación de las sanciones, dando como resultado un impacto total que ha sido calculado por varias fuentes en cerca de 4,000 millones de balboas. Esta cifra equivale a aproximadamente el 75 por ciento del valor total corriente del PIB de 1987".
Jované agrega que: "Esto significa que, sólo para volver al nivel absoluto de 1987, se necesitaría cerca de 3 años. Más aún se necesitarían aproximadamente 6 años y medio a esa alta tasa (del 20 %) para recuperar el nivel del PIB por habitante de 1987" (Economía Nacional: Balance y Perspectivas en 1991, Revista Este País No. 31).
6. Un aspecto poco estudiado hasta ahora es el impacto sicológico que la invasión produce en las mentes de decenas de miles de panameños, sobre todo en los que vivieron directamente el escenario del combate armado, como los chorrilleros, y los habitantes de los barrios aledaños a los cuarteles. Este impacto sicológico, que también podríamos llamar trauma, es la causa objetiva de muchos comportamientos anormales y de extremada violencia que vivieron los panameños los días y semanas subsiguientes a la invasión.
Nos dice la sicóloga Berta Jaramillo que: "Si impresionante fue ver horas y días después, y aún hoy, el área afectada... detengámonos a observar otro panorama: el de las vivencias de la gente que allí vivía".
Y agrega: "El que vivió los momentos difíciles del día 20 de diciembre en este barrio, y que hoy experimenta sus efectos, te dirá: ¡tú no puedes comprender!... Esto es realmente cierto" (IDEN. Los efectos sicosociales de la destrucción de El Chorrillo, en El Chorrillo: situación y alternativas. pág. 74).
Definitivamente la invasión con su lógica de destrucción y muerte produce un trauma en la mente de miles de panameños. El hecho de enfrentarse a la destrucción repentina de las instituciones sociales que daban solidez a su existencia, desde las más íntimas como la familia y el hogar, hasta las instituciones públicas, son parte del impacto sicológico de la invasión. El sentimiento de temor, y muchas veces pánico, a perder la vida, puesta realmente en peligro; la ansiedad producida por no saber de la suerte corrida por familiares y amigos; la inseguridad respecto al futuro del núcleo familiar, si contará con medios para alimentarse, si será afectada su vivienda, si sus vidas están o no en riesgo; todos estos aspectos que sufrieron decenas de miles de panameños que habitan las ciudades de Panamá y Colón, forman lo que denominamos trauma de la invasión.
Para las sociólogas Lina Muñoz y Milagros Huerta los testimonios recabados en el transcurso de su investigación confirman el hecho traumático sicológico de la invasión. Según ellas: "La no comprensión de un hecho tan violento, en el caso concreto de los niños, obtiene resultantes negativas en los individuos: inseguridad, agresividad, conductas atípicas, apatía u obsesión ante determinada situación o actitudes suicidas incluso..." (Muñoz y Huerta. Op. cit., pág. 165).
Y agregan, las sociólogas Muñoz y Huerta, que estos comportamientos anómalos se manifiestan no sólo individualmente, sino que también se sufren colectivamente. "Colectivamente se crean conductas similares a las individuales, pero que crean rasgos distintivos de alienación; indiferencia colectiva, formación de líderes negativos (aquellos en los cuales se da la tendencia a agruparse o formar individuos sin conciencia moral, ni social, ni conductual)" (Ibidem, pág. 165).
La combinación de los efectos sicológicos con los efectos económicos de la invasión es la raíz en la que hay que buscar la explicación de la elevada criminalidad aparecida inmediatamente después del 20 de diciembre. Las cifras de crímenes ocurridos entre los meses de enero y febrero de 1990 revelan que se había producido un acontecimiento tan traumático, que había afectado el comportamiento social.
El gobierno de EEUU es responsable, no sólo por los daños directos a la vida y bienes de los panameños, sino también es responsable por los daños psíquicos causados a la población, y por los daños materiales que personas emocionalmente afectas por la invasión hayan causado. El factor sorpresivo de la acción militar aumentó el efecto de este trauma. De haberse advertido a la población panameña, se habría evitado el impacto sicológico y muchos daños materiales. La principal diferencia entre las víctimas del ataque norteamericano en Iraq y en Panamá, es que los iraquíes sabían lo que iba a pasar, y hasta sabían cuándo iba a suceder.
7. Todos los testimonios, análisis e informes sobre la invasión señalan claramente que el saqueo generalizado de almacenes e instalaciones comerciales e industriales se produce después de que las tropas norteamericanas han atacado y liquidado a las FFDD de Panamá, y cuando éstas tienen bajo su control las áreas neurálgicas de la capital.
"Producida la ocupación militar del país-dice el informe de ALDHU-, destruidas las Fuerzas de Defensa, desarticulada la mínima resistencia inicial y apresados miles de ciudadanos, las ciudades de Panamá y Colón quedaron bajo el total control de las fuerzas de ocupación".
"En estas circunstancias se produjo el saqueo masivo de negocios, tiendas, mercados e incluso residencias particulares. Miles de personas participaron en estos actos, asolando los barrios comerciales y las propias viviendas, especialmente aquellas que habían sufrido el allanamiento previo de las tropas de ocupación" (ALDHU, Op. cit., pp 18-19).
Analizando respecto a quién compete la responsabilidad del saqueo masivo de los negocios en las horas posteriores a la invasión, el informe de ALDHU señala: "De cualquier manera, resulta evidente que, si una potencia extranjera invade un país, debe tomar las providencias y precauciones del caso para cautelar los bienes y la propiedad, máximo cuando, como en este caso, la invasión eliminó las Fuerzas de Defensa y dejó a la población desamparada".
Y prosigue: "Lo cierto es que las fuerzas de ocupación, teniendo el territorio panameño bajo su control y habiendo diezmado a las fuerzas de defensa panameñas adoptaron para sí la responsabilidad de garantizar la seguridad de la población. Esta obligación de las fuerzas ocupantes no fue debidamente observada al no controlar los saqueos ni proteger los bienes y la propiedad particular" (ALDHU, ibidem, pág. 19).
Según la Asociación Latinoamericana de Derechos Humanos (ALDHU), esta actitud contraviene el Convenio de Ginebra sobre la Protección de Personas Civiles en Tiempos de Guerra (IV-64), que en su articulado obliga al ocupante a garantizar el orden público del territorio ocupado en una acción militar y que señala que es obligación del poder ocupante mantener el derecho de la población civil de proseguir su vida cotidiana de la manera más normal posible.
Respecto a quién le cabe la responsabilidad por las pérdidas sufridas durante el saqueo producido por la invasión, los empresarios panameños agrupados en el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) han sido enfáticos al señalar:
"La intervención militar norteamericana resultó en la desintegración de las autoridades de policía panameñas que formaban parte de las Fuerzas de Defensa, las cuales fueron efectivamente eliminadas por la acción militar de EEUU. Los eventos aludidos (el saqueo, n. autor) se iniciaron, y pronto se tornaron incontrolables debido a que la autoridad militar de EEUU fue la única autoridad existente y ésta no frenó la avalancha de saqueos y destrucción" (CONEP, Comunicado 17/09/1990).
Al respecto, el dirigente empresarial José Chirino, expresidente del CONEP, ha dicho: "...hubo una omisión, un vacío que tenían la responsabilidad de verlo... y no lo hicieron. No se si es cierto, pero es lo que se oye comentar en las altas esferas de Washington, de que el general Powell había advertido al presidente Bush que atrasaran la operación unos días, porque las fuerzas de policía militar no estaban listas para actuar..." (Beluche, Op. cit., pág. 106).
Sobre el tema el Informe anual, 1990-1991, sobre los Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA) dice: "En la noche del 19 al 20 de diciembre de 1989, tropas de EEUU invadieron Panamá. La lucha armada organizada continuó durante el día 20, en que las fuerzas invasoras destruyeron el Cuartel Central de las Fuerzas de Defensa y dominaron los principales centros de resistencia militar. En los días subsiguientes se fueron rindiendo los restantes centros militares y los Batallones de la Dignidad que continuaban la lucha. Comenzó paralelamente un saqueo generalizado contra comercios que duró tres y cuatro días, sucesos en los que la policía militar de EEUU se abstuvo de intervenir. La policía de la ciudad fue establecida progresivamente en base a patrullas militares de EEUU en los días subsiguientes" (OEA, Informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 1990-1991, pág. 514).
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la OEA, es de la opinión que las personas que sufrieron pérdidas materiales como consecuencia de la invasión y el saqueo pueden y deben reclamar al gobierno de los EEUU por los daños ocasionado. Aunque la citada comisión llama la atención de manera especial sobre la situación de "los damnificados de menores recursos", ella no vacila en hacer responsable por los daños a los gobiernos de Panamá y EEUU cuando dice que éstos "se encuentran con la opción de reclamar administrativa o judicialmente al estado panameño, trámite que duraría años, o iniciar una acción contra los EEUU de América por supuesta responsabilidad en los hechos"(OEA, Ibidem, pp 525-526).
7.Estas denuncias acerca de la responsabilidad que le compete al gobierno de EEUU y a sus Fuerzas Armadas por los saqueos ocurridos durante la invasión a Panamá, están respaldadas por múltiples testimonios que refieren cómo las tropas norteamericanas, no sólo fueron indiferentes frente al saqueo que se producía antes sus ojos, sino que incluso ellas incentivaron muchas acciones contra la propiedad.
Los testimonios coinciden en señalar que el origen geográfico del saqueo generalizado es el centro de la ciudad, los barrios de El Chorrillo, San Felipe, Santa Ana y Calidonia, controlados desde la madrugada del día 20 por el ejército norteamericano. Desde allí el saqueo se va extendiendo hacia las afueras de la ciudad en la medida en que la población, traumatizada en un principio por la acción militar, descubre que tiene entera libertad para saquear.
Un ejemplo de la anuencia del ejército norteamericano hacia el saqueo la da un testimonio brindado a las sociólogas Muñoz y Huerta por una joven de nombre Soraya, residente en el corregimiento de Tocumen, cercana a las instalaciones del Centro Recreativo Militar (CEREMI) de las Fuerzas de Defensa. Soraya dice: "Los días que vinieron fueron algo difíciles. Yo no tenía nada en la cocina ... Los vecinos se portaron muy bien. Se intercambiaban cosas del "saqueo". Del Club de oficiales de las Fuerzas de Defensa no quedó nada. Todo se lo llevó la gente. Y los gringos estaban allí y permitían que se lo llevaran..."(Muñoz y Huerta, Op. cit., anexo).
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Bibliografía.
1. ALDHU. "Informe sobre los derechos humanos en Panamá". Revista Tareas No. 78, mayo-agosto de 1991, pp. 9-29.
2. Beluche, Olmedo. La verdad sobre la invasión. CELA. Panamá. 1990.
3. CEECAM. Informe mayo de 1990.
4. CONEP. Comunicado de prensa. 17 de septiembre de 1990.
5. IDEN. "Los efectos sicosociales de la destrucción de El Chorrillo", en El Chorrillo: situación y alternativas. Universidad de Panamá. Panamá 1991.
6. Jované, Juan. "Economía nacional: balance y perspectivas". Revista Este País No. 31, enero-febrero 1991.
7. La Prensa. Panamá. 8 de abril de 1991.
8. Méndez, Roberto. "Consecuencias socio-económicas de la invasión y perspectivas". Revista Tareas No. 74, enero-abril de 1990, pp. 39-50.
9. Muñoz, L. y Huerta, M. Causas y efectos de la invasión a Panamá. Tesis. Universidad de Panamá. 1991.
10. OEA. Informe anual de la Comisión Interamericana de derechos humanos 1990-1991. Washington 1991.
11. Panorama Católico. Panamá. 14 de enero de 1990.
CALPU
¿Noche de paz? En el mundo hay más de 40 conflictos armados activos
Las religiones predican paz, pero la Tierra está en
guerra permanente. Muchas de ellas, por choques de creencias y defensas
fundamentalistas de dogmas de fe. En los conflictos armados, más o menos
activos o larvados, aunque todos sin declaración oficial de cese de
hostilidades o procesos de desarme sellados, hay 67 países involucrados y
775 movimientos insurgentes.
Un niño descansa apoyado sobre un arma en Yemen./REUTERS
Otro año que vivimos
peligrosamente... con más de una cuarentena de conflictos armados a lo
largo y ancho del planeta. Algunos de larga duración, como el del Sáhara Occidental, con entre 14.000 y 21.000 muertos, que inició las hostilidades en 1970. O el colombiano,
que aún mantiene en vilo a las fuerzas de seguridad con las FARC, el
ELN, los paramilitares y los capos de la droga y sus poderosos cárteles,
y que se inició allá por 1964 y ha acabado con la vida de más de
220.000 personas desde entonces. Pero también el de la República del Congo y
que, a día de hoy, tiene al Ejército en una ofensiva en la región
sureña de Katanga para combatir al movimiento rebelde e independentista
Mai-Mai y que sólo desde 1997, año a partir del cual la contabilización
de las víctimas se elabora con rigor objetivo, ha dejado más de 2.700
víctimas mortales.
Las más longevas de las confrontaciones bélicas no
respetan continentes. Ni sistemas políticos. También han estado activas
largas décadas, pese a los esfuerzos diplomáticos internacionales por
conseguir algún tipo de armisticio. Cuatro de los más representativos
siguen con la llama del enfrentamiento encendida. El conflicto palestino-israelí colisiona,
desde 1948 -es decir, desde el instante mismo de la proclamación del
Estado hebreo- la defensa del territorio, principio en el que asienta la
doctrina de Tel Aviv, con la búsqueda del reconocimiento mundial a la
creación de un Estado palestino en la Franja de Gaza, Cisjordania y Jerusalén Oriental. Más de 120.000 personas han perdido la vida desde entonces.
En este escalafón hay que mencionar la guerra declarada
y abierta entre las dos Coreas. A cuenta del paralelo 38, una
superficie de 160 millas de largo y 2,5 de ancho que sigue siendo uno de
los puntos más conflictivos del planeta desde la conflagración que duró
entre 1950 y 1953 y que dividió en dos la península coreana. Más de 900 muertos.
Una tensión permanente que guarda muchas similitudes con Cachemira. En
este caso, entre Pakistán, India y grupos rebeldes que, desde 1947,
reivindican este territorio al borde del Himalaya, entre los dos
gigantes asiáticos, que conservan sus rencillas desde su segregación.
Entre 47.000 y 100.000 muertos, según las fuentes que se consulten.
¿Demasiadas? No parece, si se tiene en cuenta que no ha pasado ni un
sólo día, desde esa lejana fecha, en el que no haya habido algún
intercambio de disparos.
El cuarto en discordia afecta a Indonesia, donde
aún persisten ataques esporádicos a lo largo de la llamada Línea, entre
movimientos separatistas indígenas de la Papúa indonesa y de la Papúa
Occidental, que ocupan la mitad de Nueva Guinea, y que ha costado la
vida, desde 1969, a unas 100.000 personas.
El centro de investigación IRIN -originariamente, Integrated Regional Information Network- que, durante 17 años, hasta enero de 2015, perteneció a la estructura de Naciones Unidas
y que, a partir de esa fecha, se auto-declara organización
independiente dedicada a la información y el análisis de los conflictos
bélicos asegura que, en 2017, hay más de cuarenta hostilidades activas
en todo el mundo, que involucran, en mayor o menor medida, a 67 países,
para un total de 775 grupos rebeldes armados, bien sean milicias,
guerrillas o movimientos anarquistas, separatistas o terroristas. De
ellos, África sufre el mayor número de embestidas. Nada menos que
29 de sus naciones, con 240 movimientos. Le sigue Asia, con 16 países y
171 grupos, Europa -10 Estados y 81 facciones- y Oriente Próximo, con 7
países, pero con una cifra más que notable de insurgencia activa: 253
organizaciones. América ha soltado lastre de manera extraordinaria: 6
naciones y 27 movimientos insurrectos, la práctica totalidad de ellos,
cárteles de narcotráfico.
De todos ellos, 43 obtienen el tratamiento oficial de conflicto de origen independentista: 21 en Asia y 12 en Europa.
De todos ellos, 43 obtienen el tratamiento oficial de conflicto de origen independentista: 21 en Asia y 12 en Europa.
Sin embargo, también hay conflictos olvidados.
Alejados de los focos de atención mediática de guerras como la de Irak,
Siria, Afganistán o Ucrania. Aunque sean pasajeros en el tiempo. Estos
son diez de esas guerras abiertas sin apenas repercusión internacional.
Muchos de ellos pueden considerarse conflictos larvados. En estado
latente. Otros, mantienen una intensidad oscilante, según los años. Pero
todos están en activo y conservan su capacidad de destrucción.
10.- Guerra civil de Somalia
Estado creado en 1960, colapsó en 1991 cuando el presidente Siad Barre
fue depuesto de sus funciones. Sin gobierno, el país fue presa de
grupos insurgentes y señores de la guerra durante varios años. Un
Ejecutivo débil y muy variopinto en su configuración política logró
formarse en 2000. Fue un intento baldío de controlar el país. Hasta que,
en 2012 se celebraron las primeras elecciones desde 1967.
El nuevo gabinete que salió de las urnas intentó
estabilizar Somalia, pero su misión se ha visto permanentemente
violentada por las acciones de grupos insurgentes que se relacionan con Al-Shabab y Al-Qaeda.
Tropas estadounidenses entraron en 2007 en el país en otro intento de
instaurar la paz, pero los movimientos armados lo impidieron.
9.- Guerra de Darfur
No news, good news? En este caso, la premisa
no se cumple. Darfur continúa siendo atacado por parte de las fuerzas
gubernamentales sudanesas. El año 2016 fue especialmente sangriento para
la población civil. Hasta el punto de que, además, Naciones Unidas
estima que la región soportó el desplazamiento de más de 190.000
personas. Las fuerzas de pacificación de la ONU han sido asediadas por
el Ejército sudanés, que se ha hecho con el control de la zona. Más de
2,6 millones de personas han tenido que trasladarse para evitar los
efectos de la guerra. Y la lucha continúa.
8.- Guerra civil de Myanmar
Antes conocido como Burma. En guerra desde hace
décadas. La contienda civil se inició en 1948. Desde el golpe militar de
1962, varios grupos armados se oponen al control militar del poder. Hay
numerosos grupos étnicos que combaten por ser el movimiento dominante
que se enfrente al gobierno militar. Desde el Ejército Arakan de
Liberación, al Ejército Chin Nacional o el Kachin. Pero hay una docena.
Todo pretende crear el caos en Myanmar. Un acuerdo de cese el fuego fue
firmado por la cúpula armada del gobierno y varios de los grupos
insurgentes en 2016. Sin embargo, tres de ellos se negaron a rubricar el
tratado y mantienen activas las hostilidades. En los últimos tiempos,
estos movimientos tuvieron fricciones en la frontera china. No hay visos
de que pueda pararse tampoco esta guerra de más de siete décadas.
7.- Guerra civil de Sudán del Sur
El último estado en nacer tampoco ha tenido un parto
incruento. Desde diciembre de 2013, más de 50.000 personas han perdido
la vida en este conflicto nacional que también cuenta con 1,6 millones de desplazados.
A pesar de que hay cerca de 14.000 cascos azules que han tratado de
impedirlo. En un intento de acabar con la guerra civil, el presidente Salva Kiir
firmó un acuerdo de paz con el líder rebelde Machar en 2015 por el que
hacía a este último vicepresidente. Pero en 2016 la violencia rompió el
trato y todo intento posterior de restablecer la estabilidad. Pese a que
Machar abandonó el país, Sudán del Sur sigue en pie de guerra. Está,
incluso, en una nueva escalada, con aumento del número de muertos y la
reducción a casi la mitad (7.500) de efectivos de la ONU.
6.- La insurgencia en el Norte del Cáucaso
Esta región rusa ha protagonizado una violencia
habitual desde hace dos décadas. A pesar de que se ha reducido el número
de muertos en los últimos dos años. Pero, aun así, varios grupos
insurgentes se han unido al Estado Islámico, que han realizado
emboscadas contra el Ejército de Rusia. Oficialmente, el Kremlin dice
haber cesado sus actividades de contra-terrorismo en el área pero,
extraoficialmente, las escaramuzas y los ataques continúan rompiendo el
frágil equilibrio en la región, que delimita con los mares Negro, Azov y
Caspio.
5.- La Guerra de la Cabinda, en Angola
Conocida también como la Guerra Civil de Angola o la
Guerra olvidada de Angola. Región rica en petróleo, varios líderes
insurgentes han intentado la separación del resto del estado y acceder
así a la fuente de riqueza del oro negro. El gobierno angoleño ha
repelido todos los intentos, la mayor parte de ellos, cruentos. En 2009,
las autoridades del país declararon acabada la guerra; sin embargo, las
hostilidades son frecuentes. Y los intentos de la autoproclamada República de Cabinda de
conseguir el reconocimiento exterior a una hipotética independencia,
también. Tan sólo Francia lo ha hecho. Para el resto del mundo, Cabinda
pertenece a Angola.
4.- La Guerra del terror en Egipto
El grupo terrorista Walayat Sinai lleva
atacando las instituciones egipcias desde 2005, aunque la intensidad de
sus actos ha experimentado numerosos altibajos. En los últimos tiempos
declara una alianza con el Estado Islámico. Su objetivo declarado es el
gobierno egipcio, pero las víctimas han sido, mayoritariamente, civiles.
Las autoridades de El Cairo han intensificado las reacciones contra
Walayat Sinai. Amnistía Internacional ha mostrado una creciente
preocupación por la desaparición misteriosa de supuestos terroristas de
esta organización en manos del gobierno lo que, a su juicio, dificulta
las negociaciones de paz.
3.- La Guerra híbrida de África
Empezó en Mozambique, pero se extendió por África
central y meridional hasta naciones como Zambia, Angola o Malawi.
Inicialmente, surgió entre el gobierno mozambiqueño y RENAMO, el
movimiento de resistencia nacional del país. La violencia se intensificó
en 2013 y las tenciones siguen abiertas. De hecho, otro grupo, FRELIMO,
el llamado Frente de Liberación, es el que tiene el control actual en
la región. Entre ambos movimientos hay una lucha sin cuartel. El
gobierno de Mozambique, una de los poderes económicos del subcontinente
africano, teme la extensión del conflicto a otras latitudes si
interviene de forma más directa.
2.- Tensiones militares en el Mar de China Oriental
Durante meses, Japón y China han elevado el tono por la hegemonía en el Mar de China Oriental.
Ambos han incrementado, además, su presencia militar en la zona. Y se
han producido algunas escaramuzas. China ha ampliado recientemente su
flota naval y el número y la afluencia de sus patrulleras en las aguas
internacionales. También Japón ha incrementado a más de 500 vuelos
directos la frecuencia de sus incursiones aéreas. En disputa, las islas Senkaku/Diaoyu,
que fueron reclamadas por Japón desde 1895. China reaccionó en los
setenta del siglo pasado solicitando la soberanía sobre nueve de las
islas de este micro-archipiélago. Japón echó más leña al fuego en 2012,
cuando su gobierno adquirió tres islas de manos privadas.
1.- El conflicto de Nagorno-Karabaj
La violación del cese el fuego en abril de 2016
muestra que las tensiones por la disputa de las fronteras de esta región
limítrofe entre Armenia y Azerbaiyán están lejos de remitir. Con un 95%
de población armenia, de culto cristiano ortodoxo, el territorio
pertenece a Azervaiyán, con unos habitantes mayoritariamente musulmanes.
Tras el colapso de la Unión Soviética, iniciaron las
hostilidades, en guerra abierta. A comienzos de los noventa, la región
declaró su independencia. Desde el acuerdo de paz de 1994 las
violaciones del acuerdo han sido frecuentes. Y violentos. Cinco soldados
azeríes fueron asesinados por separatistas armenios en febrero de 2017
durante una batalla fronteriza entre ambas fuerzas.
Fuera de este decálogo, hay otro conflicto, el de
Yemen, que no sólo se podría encuadrar dentro de las contiendas bélicas
semi-olvidadas. También es otro ejemplo de control de información y de
opacidad. Sobre todo, desde que Arabia Saudí se hizo con la
comandancia militar de la alianza del Golfo. Sin olvidar su capacidad
para extender las tensiones a toda la región, otra de las más convulsas,
ya de por sí, del planeta. Porque Riad ha gastado sumas ingentes de
dinero en esta guerra, hasta descuadrar un presupuesto que habitaba en
el superávit por los petrodólares, que también está utilizando para
hostigar a su enemigo, Irán.
Yemen sufre una guerra civil que es un auténtico
collage: luchas tribales, movimientos yihadistas y grupos que,
sencillamente, luchan por la supervivencia. Pero, por encima de todo, lo
que está en juego es la hegemonía del wahabismo saudí (suní) y la
milicia chií Huthi, apoyada por Teherán. Naciones Unidas cree que tres
cuartas partes de sus 28 millones de habitantes precisan de algún tipo
de ayuda humanitaria. Su economía está colapsada y la esperanza de vida
de la gente resulta una quimera. Por si fuera poco, a comienzos de
diciembre, se hizo oficial el asesinato de Abdalá Saleh, el ex
presidente del país y antiguo aliado rebelde. Probablemente a manos
huthies, que le consideraban un traidor, según fuentes saudíes.
El último Global Peace Index, del Institute for Economics and Peace,
que incluye datos de 2015, ya revelaba que eran malos tiempos para la
paz. Durante ese año, el número de muertes en combate había sido el más
alto de los últimos 25 años, debido a los altos niveles de intensidad
terrorista y a la mayor oleada de refugiados y desplazados desde la Segunda Guerra Mundial.
La violencia, dice el estudio, tiene un alto coste. Nada menos que de
13,6 billones de dólares, si se mide en poder de capacidad de compra.
Más que la economía de China a precios actuales del mercado. O cinco
dólares por persona y día, si pagáramos todos los habitantes del
planeta. U once veces el montante de la Inversión Extranjera Directa (FDI, según sus siglas en inglés) que fluye cada ejercicio económico por el mundo. Sólo en 2015.
Su versión de 2017 reconoce una ligera mejoría, que queda en stand by
ante el creciente gasto militar de las grandes potencias. Estos son los
cinco países que, a juicio de este barómetro, de reconocido prestigio
internacional, lograron los mejores y peores resultados en los exámenes
sobre pacificación de sus territorios.
GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ: "Estas Navidades siniestras" [Bosque de Palabras]
Ya
nadie se acuerda de Dios en Navidad. Hay tantos estruendos de cometas y
fuegos de artificio, tantas guirnaldas de focos de colores, tantos
pavos inocentes degollados y tantas angustias de dinero para quedar bien
por encima de nuestros recursos reales que uno se pregunta si a alguien
le queda un instante para darse cuenta de que semejante despelote es
para celebrar el cumpleaños de un niño que nació hace 2.000 años en una
caballeriza de miseria, a poca distancia de donde había nacido, unos mil
años antes, el rey David.
954 millones de cristianos creen que ese niño era Dios encarnado, pero muchos lo celebran como si en realidad no lo creyeran. Lo celebran además muchos millones que no lo han creído nunca, pero les gusta la parranda, y muchos otros que estarían dispuestos a voltear el mundo al revés para que nadie lo siguiera creyendo. Sería interesante averiguar cuántos de ellos creen también en el fondo de su alma que la Navidad de ahora es una fiesta abominable, y no se atreven a decirlo por un prejuicio que ya no es religioso sino social. Lo más grave de todo es el desastre cultural que estas Navidades pervertidas están causando en América Latina. Antes, cuando sólo teníamos costumbres heredadas de España, los pesebres domésticos eran prodigios de imaginación familiar.
El niño Dios era más grande que el buey, las casitas encaramadas en las colinas eran más grandes que la virgen, y nadie se fijaba en anacronismos: el paisaje de Belén era completado con un tren de cuerda, con un pato de peluche más grande que Un león que nadaba en el espejo de la sala, o con un agente de tránsito que dirigía un rebaño de corderos en una esquina de Jerusalén. Encima de todo se ponía una estrella de papel dorado con una bombilla en el centro, y un rayo de seda amarilla que había de indicar a los Reyes Magos el camino de la salvación. El resultado era más bien feo, pero se parecía a nosotros, y desde luego era mejor que tantos cuadros primitivos mal copiados del aduanero Rousseau.
954 millones de cristianos creen que ese niño era Dios encarnado, pero muchos lo celebran como si en realidad no lo creyeran. Lo celebran además muchos millones que no lo han creído nunca, pero les gusta la parranda, y muchos otros que estarían dispuestos a voltear el mundo al revés para que nadie lo siguiera creyendo. Sería interesante averiguar cuántos de ellos creen también en el fondo de su alma que la Navidad de ahora es una fiesta abominable, y no se atreven a decirlo por un prejuicio que ya no es religioso sino social. Lo más grave de todo es el desastre cultural que estas Navidades pervertidas están causando en América Latina. Antes, cuando sólo teníamos costumbres heredadas de España, los pesebres domésticos eran prodigios de imaginación familiar.
El niño Dios era más grande que el buey, las casitas encaramadas en las colinas eran más grandes que la virgen, y nadie se fijaba en anacronismos: el paisaje de Belén era completado con un tren de cuerda, con un pato de peluche más grande que Un león que nadaba en el espejo de la sala, o con un agente de tránsito que dirigía un rebaño de corderos en una esquina de Jerusalén. Encima de todo se ponía una estrella de papel dorado con una bombilla en el centro, y un rayo de seda amarilla que había de indicar a los Reyes Magos el camino de la salvación. El resultado era más bien feo, pero se parecía a nosotros, y desde luego era mejor que tantos cuadros primitivos mal copiados del aduanero Rousseau.
La mistificación empezó con la costumbre de que los juguetes no los trajeran los Reyes Magos -como sucede en España con toda razón-, sino el niño Dios. Los niños nos acostábamos más temprano para que los regalos llegaran pronto, y éramos felices oyendo las mentiras poéticas de los adultos. Sin embargo, yo no tenía más de cinco años cuando alguien en mi casa decidió que ya era tiempo de revelarme la verdad. Fue una desilusión no sólo porque yo creía de veras que era el niño Dios quien traía los juguetes, sino también porque hubiera querido seguir creyéndolo. Además, por pura lógica de adulto, pensé entonces que también los otros misterios católicos eran inventados por los padres para entretener a los niños, y me quedé en el limbo. Aquel día como decían los maestros jesuitas en la escuela primaria- perdía la inocencia, pues descubrí que tampoco a los niños los traían las cigüeñas de París, que es algo que todavía me gustaría seguir creyendo para pensar más en el amor y menos en la píldora.
Todo aquello cambió en los últimos treinta años, mediante una operación comercial de proporciones mundiales que es al mismo tiempo una devastadora agresión cultural. El niño Dios fue destronado por el Santa Claus de los gringos y los ingleses, que es el mismo Papa Noél de los franceses, y a quienes todos conocemos demasiado. Nos llegó con todo: el trineo tirado por un alce, y el abeto cargado de juguetes bajo una fantástica tempestad de nieve. En realidad, este usurpador con nariz de cervecero no es otro que el buen san Nicolás, un santo al que yo quiero mucho porque es el de mi abuelo el coronel, pero que no tiene nada que ver con la Navidad, y mucho menos con la Nochebuena tropical de la América Latina. Según la leyenda nórdica, san Nicolás reconstruyó y revivió a varios escolares que un oso había descuartizado en la nieve, y por eso le proclamaron el patrón de los niños. Pero su fiesta se celebra el 6 de diciembre y no el 25. La leyenda se volvió institucional en las provincias germánicas del Norte a fines del siglo XVIII, junto con el árbol de los juguetes. y hace poco más de cien años pasó a Gran Bretaña y Francia. Luego pasó a Estados Unidos, y éstos nos lo mandaron para América Latina, con toda una cultura de contrabando: la nieve artificial, las candilejas de colores, el pavo relleno, y estos quince días de consumismo frenético al que muy pocos nos atrevemos a escapar.
Con todo, tal vez lo más siniestro de estas Navidades de consumo sea la estética miserable que trajeron consigo: esas tarjetas postales indigentes, esas ristras de foquitos de colores, esas campanitas de vidrio, esas coronas de muérdago colgadas en el umbral, esas canciones de retrasados mentales que son los villancicos traducidos del inglés; y tantas otras estupideces gloriosas para las cuales ni siquiera valía la pena de haber inventado la electricidad.
Todo eso, en torno a la fiesta más espantosa del año. Una noche infernal en que los niños no pueden dormir con la casa llena de borrachos que se equivocan de puerta buscando dónde desaguar, o persiguiendo a la esposa de otro que acaso tuvo la buena suerte de quedarse dormido en la sala. Mentira: no es una noche de paz y de amor, sino todo lo contrario. Es la ocasión solemne de la gente que no se quiere. La oportunidad providencial de salir por fin de los compromisos aplazados por indeseables: la invitación al pobre ciego que nadie invita, a la prima Isabel que se quedó viuda hace quince años, a la abuela paralítica que nadie se atreve a mostrar. Es la alegría por decreto, el cariño por lástima, el momento de regalar porque nos regalan, o para que nos regalen, y de llorar en público sin dar explicaciones. Es la hora feliz de que los invitados se beban todo lo que sobró de la Navidad anterior: la crema de menta, el licor de chocolate, el vino de plátano. No es raro, como sucede a menudo, que la fiesta termine a tiros. Ni es raro tampoco que los niños -viendo tantas cosas atroces- terminen por creer de veras que el niño Jesús no nació en Belén, sino en Estados Unidos.
Publicado por Julio Carmona para Bosque de Palabras el 12/22/2011
Esto no traerá paz a Israel; todo lo contrario
Por:
Robert Fisk
Periodista inglés. Corresponsal para el Oriente Medio del diario británico “The Independent”.
Periodista inglés. Corresponsal para el Oriente Medio del diario británico “The Independent”.
Foto tomada de El País.
Adiós, Palestina. Adiós a la solución de dos estados. Adiós a los palestinos. Porque esta nueva capital israelí no es para ellos. Trump ni siquiera usó la palabra Palestina. Habló de Israel y los palestinos: en otras palabras, de un Estado y aquellos que no merecen –y no deben aspirar más– a un Estado.
No me sorprende haber recibido anoche la llamada desde Beirut de una mujer palestina que acababa de escuchar a Trump destruir el proceso de paz.
“¿Recuerdas El reino del paraíso?”, me preguntó en referencia a la gran película de Ridley Scott sobre la caída de Jerusalén en 1187. Bueno, pues ahora es el reino del infierno.
No es el reino del infierno. Los palestinos han vivido en una especie de infierno durante 100 años, desde que en la Declaración de Balfour, Gran Bretaña manifestó su apoyo a la patria judía en Palestina con una sola frase –misma que le da tanto orgullo a nuestra amada Theresa May– y que se volvió el libro de texto de los refugiados y de los futuros árabes palestinos desposeídos de sus tierras. Como siempre la respuesta árabe fue repugnante, al advertir de los peligros de la decisión de Trump, que fue injustificada e irresponsable, como dijo de manera insustancial el rey Salman, de Arabia Saudita, el así llamado protector de uno de los dos lugares más sagrados del islam (el tercero está en Jerusalén, pero no llegó a señalar este hecho). Podemos estar seguros de que en los próximos días instituciones árabes y musulmanas formarán un comité de emergencia para enfrentar el peligro. Y como bien sabemos, sus medidas no tendrán valor alguno.
Fue el análisis lingüístico de Noam Chomsky que aprendí cuando estaba en la universidad –después él y yo nos volvimos buenos amigos– el que apliqué al discurso de Trump. Lo primero que noté, como mencioné antes, fue la ausencia de Palestina. Siempre pongo esta palabra entre comillas porque no creo que jamás llegue a existir como Estado. Vayan y vean las colonias judías en Cisjordania y les quedará claro que Israel no tiene la intención de que éste exista en el futuro. Pero eso no es una excusa para Trump. Está presente el espíritu de la Declaración de Balfour, que se refiere a los judíos pero define a los árabes como comunidades no judías existentes en Palestina. Trump disminuyó aún más el nivel de los árabes de Palestina al llamarlos simplemente palestinos.
Desde el principio comienzan las artimañas. Trump habló de una manera fresca de pensar y nuevos enfoques. Pero no hay nada nuevo sobre Jerusalén como la capital de Israel, dado que los israelíes han insistido en esto durante décadas. Lo que es nuevo es que para el beneficio de su partido, los cristianos evangélicos que afirman apoyar a Israel desde Estados Unidos, Trump simplemente ha dado la espalda a cualquier noción de justicia en las negociaciones de paz y echado a correr con la pelota de Israel.
Presidentes anteriores han tomado medidas para postergar la adopción de la Ley del Congreso para Jerusalén de 1995 no porque retrasar el reconocimiento de Jerusalén promueva la causa de la paz, sino porque tal reconocimiento debe ser otorgado a una ciudad como capital de dos pueblos y dos estados, no sólo uno.
Luego Trump nos dice que su decisión es lo mejor para los intereses de Estados Unidos. Sin embargo, no logra explicar cómo al retirar a Estados Unidos de hecho de las futuras negociaciones de paz y destruir la aseveración (que ahora es más dudosa que nunca) de que Estados Unidos es un facilitador honesto de estas pláticas) puede beneficiar a Washington.
Claramente no lo hará (aunque seguramente ayudará al partido de Trump a recaudar fondos), pero disminuye el prestigio y la posición de Estados Unidos en todo Medio Oriente. Además, asegura que como cualquier otra nación soberana, Israel tiene derecho a determinar cuál es su capital. Hasta cierto punto, lord Copper. Cuando otro pueblo –los árabes más que los judíos– también reclaman a dicha ciudad como su capital (al menos la parte este de la misma), dicho derecho queda suspendido hasta que llega a existir una paz final.
Israel podrá reclamar a Jerusalén como su capital eterna y sin divisiones –de la misma manera en que Netayahu afirma que Israel es el Estado judío a pesar de que más de 20 por ciento de su población es de árabes musulmanes que viven dentro de sus fronteras– pero el reconocimiento de Estados Unidos de esta aseveración implica que Jerusalén jamás podrá ser capital de ninguna otra nación. Ahí está el punto de fricción. No tenemos ni la más mínima idea de las verdaderas fronteras de esta capital. Trump de hecho ha admitido esto en una frase que fue casi del todo ignorada, cuando dijo: “no estamos tomando una posición (…) sobre las fronteras específicas de la soberanía israelí sobre Jerusalén”. En otras palabras, reconoció la soberanía de un país sobre toda Jerusalén sin saber exactamente la delimitación de dicha ciudad.
De hecho, no tenemos la menor idea de dónde está la frontera este de Jerusalén. ¿Está acaso a lo largo de la vieja línea fronteriza que dividía a Jerusalén? ¿Se encuentra a unos dos kilómetros de distancia al este de Jerusalén oriental? ¿O está a lo largo del río Jordán? En ese caso, adiós a Palestina. Trump le ha otorgado a Israel el derecho sobre toda la ciudad como su capital sin tener la más pálida idea de dónde está la frontera este del país, ya no digamos la frontera de Jerusalén.
El mundo estuvo contento de aceptar a Tel Aviv como capital temporal de la misma forma en que se hizo como que Jericó o Ramalá eran la capital de la Autoridad Nacional Palestina después de que Arafat llegó ahí. Pero no se iba a reconocer Jerusalén como capital israelí aunque Israel la reclamara como tal.
Entonces, cuando Trump comenzó su más exitosa democracia, afirmó que la gente de todas las creencias es libre de vivir y venerar según su conciencia. Confío en que no vaya a decirle eso a los 2 millones y medio de palestinos de Cisjordania que no son libres de entrar a Jerusalén para ejercer su religión sin un pase especial, o a la sitiada de Gaza que ni siquiera tienen esperanzas de llegar a la ciudad santa.
Pese a todo, Trump proclama que su decisión no es más que reconocer la realidad. Supongo que su embajador en Tel Aviv –quien presumiblemente se mudará a Jerusalén aunque sea a una habitación de hotel– se cree esta patraña, porque fue él quien aseguró que Israel tiene bajo ocupación sólo 2 por ciento de Cisjordania.
Esa nueva embajada, cuando se complete, se convertirá en un magnífico tributo a la paz según Trump. Viendo los búnkers en que se han convertido la mayoría de las embajadas estadunidenses en Medio Oriente, será un lugar rodeado de rejas blindadas y paredes de concreto reforzado en cuyo interior habrá pequeños búnkers para el personal diplomático. Pero para entonces Trump ya se habrá ido (…) ¿o no?
Como de costumbre, nos enfrentamos a uno de los revoltijos de Trump. Quiere un gran acuerdo para los israelíes y palestinos, un acuerdo de paz que sea aceptable para ambas partes, pese a que esto no es posible ahora que él le concedió la totalidad de Jerusalén a Israel como su capital antes de que existieran las conversaciones sobre el estatus final que el mundo aún tiene la esperanza de que ocurra entre ambas partes. Pero si Jerusalén es uno de los temas más sensibles de estas pláticas, si iba a haber desacuerdo y disenso sobre su anuncio –todo lo cual él admitió– entonces ¿para qué demonios tomó la decisión?
Para cuando cayó en la verbosidad estilo Blair, diciendo que el futuro de la región se ha postergado por el derramamiento de sangre, la ignorancia y el terror, el discurso de Trump se volvió ya insoportable porque nadie tiene estómago para semejante cantidad de mentiras.
Si se supone que la gente va a responder al desacuerdo con un debate razonado y no con violencia ¿cuál es el objetivo de reconocer a Jerusalén como capital de Israel? ¿Promover un debate, por todos los cielos? ¿Es eso lo que quiso decir cuando habló de “repensar viejas suposiciones?
Pero ya fue suficiente de estas tonterías. ¿Qué nueva temeridad se le puede ocurrir a este miserable para decir más mentiras? ¿Qué pasaba por su mente confusa cuando tomó esta decisión? Claro: quiere cumplir sus promesas de campaña. Pero ¿cómo es que puede cumplir su promesa y no fue capaz, en abril pasado, de decir que la matanza masiva de millón y medio de armenios en 1917 constituyó un acto de genocidio? Seguramente porque temió molestar a los turcos, quienes niegan el primer holocausto industrial del siglo XX. Bueno, pues los turcos están muy molestos ahora. Quiero pensar que tomó eso en consideración.
Pero olvídenlo. El hombre está loco. Y le va a tomar muchos años a su país recuperarse de su último acto de insensatez.
(Tomado de La Jornada)
El ministro de Defensa israelí pide el boicot a los ciudadanos árabes del norte del país
"Deberían entender que no son queridos aquí, no son
parte de nosotros", dijo el ministro en una entrevista en la radio del
Ejército, en referencia a los residentes de la región de Wadi Ara, en su
mayoría palestinos con ciudadanía israelí.
Un
palestino sujeta un neumático en llamas durante las protestas
producidas tras el reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel
por parte de Trump./REUTERS
El ministro israelí de
Defensa, Avigdor Lieberman, pidió este domingo el boicot contra la
región de mayoría árabe de Wadi Ara, en el norte del país, donde
numerosos ciudadanos participaron ayer en manifestaciones contra la
decisión del presidente de EEUU, Donald Trump, de reconocer Jerusalén como la capital de Israel.
"Deberían entender que no son queridos aquí, no son
parte de nosotros", dijo el ministro en una entrevista en la radio del
Ejército, en la que insistió que los residentes de Wadi Ara, en su mayoría palestinos con ciudadanía israelí, "no tienen conexiones con este país".
Lieberman hizo estos comentarios a raíz de las
protestas que se registraron este sábado en la zona, una región de la
Galilea, donde cientos de personas se manifestaron en contra de la
decisión estadounidense que rompió con décadas de consenso internacional
sobre Jerusalén.
El ministro advierte que la Policía responderá a "toda protesta ilegal"
"Lo
que está pasando en Wadi Ara es intolerable (...) Por eso hago un
llamamiento al boicot de Wadi Ara. No ir allí ni comprar. Necesitan
entender que es imposible manifestarse con banderas de Hizbulá,
palestinas y fotos de (líder de Hizbulá, Hasan) Nasralá", criticó el
titular de Defensa.
Lieberman también dijo que espera que la situación
"regrese a la normalidad, sin disturbios ni violencia, y todo sea cosa
del pasado", tras numerosas protestas y disturbios contra fuerzas
israelíes que se han repetido estos días, principalmente en Gaza y
Cisjordania, con algunos altercados en Jerusalén Este, la parte ocupada
por Israel y donde la policía ha advertido que respondería a "toda protesta ilegal".
En esta nueva escalada de tensión han fallecido
cuatro palestinos en Gaza, dos de ellos en enfrentamientos con los
soldados israelíes y dos en bombardeos de la aviación israelí contra
posiciones del movimiento islamista Hamás, y más de cuatrocientas
personas han resultado heridas.
100 años de la Revolución rusa: John Reed, el más bello cadáver del periodismo
La eidtorial Siglo XXI publica 'Diez días que
estremecieron al mundo', crónica de la Revolución Rusa de un
norteamericano que enamoró a Lenin
El periodista estadounidense John Reed.
Fue periodista, poeta, activista político, feminista avant la lètre, humorista, burgués renegado y, quizá, espía ruso. John Silas Reed
(Portland, Oregón; 22 de octubre de 1887-Moscú, 19 de octubre de 1920)
es, para muchos, el padre del reporterismo contemporáneo. Ahora la editorial Siglo XXI acaba de publicar su obra esencial, Diez días que estremecieron el mundo,
crónica-río de la Revolución Rusa que fue saludada por Nikólai Lenin
con entusiasmo en el prefacio de la edición norteamericana de 1919:
“Recomiendo esta obra con toda el alma a los obreros de todos los
países. Yo quisiera ver este libro difundido en millones de ejemplares y
traducido a todos los idiomas”.
John Reed, Jack para los camaradas, nació en una
familia pudiente y conservadora de Oregón, circunstancia que lo llevó a
estudiar en Harvard, alma máter, entonces y ahora, de la juventud
nortamericana con más recursos. Como no podía ser de otra forma, el
rebelde Reed no tardó en fundar allí una revista satírica. La sátira y
el humor siempre han pugnado por erigirse como el principio y el fin del
periodismo más serio (que no circunspecto).
A Reed, en lo político, se le vio enseguida el
plumero. Una de las primeras cabeceras en las que colaboró (y lo siguió
haciendo gratuitamente durante buena parte de su carrera) era la
inequívoca publicación The masses. Tras recorrer el país a la caza de conflictos laborales y sociales, acabó en 1913 cabalgando junto a Pancho Villa durante la revolución mexicana.
Sus crónicas le trajeron fama e inspiraron un curioso libro, México insurgente,
en el que más que los acontecimientos y entrevistas se refleja la
intrahistoria del pueblo sublevado a través de sus canciones. Sones,
mariachis y corridos catapultaron la crónica de Reed hacia otra cosa,
hacia otro género periodístico o literario que interpreta una revolución
no solo como acontecimiento político, sino como natural expresión
circunstancial de la cultura milenaria de un pueblo.
En el prólogo para la edición recién publicada por Siglo XXI, el periodista Pascual Serrano
no se limita a glosar vida y obra de Reed. Trasciende claramente su
intención de criticar un reporterismo actual que muere “por falta de
imprudencia”, que diría Jacques Brel. “El problema de ahora es que ya
los periodistas no servimos ni para que nos exploten ni para dar
plusvalías a nuestros editores. Ni nosotros ni nuestros medios ganamos
dinero con esto”.
Resaltas una frase de Reed que me suena extrapolable al presente español: “La clase obrera norteamericana es política y económicamente la más ignorante del mundo. Cree lo que lee en la prensa capitalista”.
En tiempos de Reed estaba más justificado. No
había los medios de ahora. Era más complicado que el público
norteamericano estuviera enterado de lo que pasaba en Rusia o en México,
así que era más manipulable. Ahora, que ocurra eso mismo, no tiene
ninguna justificación.
Escribes también que Reed es ejemplo de que “en periodismo puede resultar más valioso que el reportero proceda de un país ajeno”.
Es el periodismo que ya se ha perdido, porque
salía muy caro. El corresponsal debería de ser originario del país donde
se edita su medio, porque es el que tiene el ojo y la percepción de lo
que a su público le va a parecer sugerente o va a necesitar saber. Ahora
es muy habitual que nuestro corresponsal en Colombia sea un colombiano.
Es totalmente antiperiodístico. El reportero enviado escribe desde los
valores, ideas, juicios o prejuicios de su cultura y sociedad de origen,
y eso le permite comunicarse mejor con ella.
Lo mismo resaltó, en su momento, la
responsable del sistema educativo soviético (y esposa de Lenin),
Nadezhda Krúpskaya, tras leer los Diez días…: “Parece raro a
primera vista cómo pudo escribir este libro un extranjero, un
norteamericano que no conocía la lengua del pueblo ni sus costumbres”. Y
no es el único testimonio al respecto. Octubre, la gran obra maestra del cineasta ruso Serguei Eisenstein (aunque
en Eisenstein solo hay obras maestras), está basada en el libro de
Reed: “[Es] la intromisión de la mirada móvil, secreta y ubicua en el
mismo núcleo de los hechos”, afirmó el director.
En Diez días que estremecieron el mundo
respiran Petrogrado y masas, un samovar hirviendo en la cocina, platos
de arenques, asambleas constituyentes, tranvías lentos y repletos,
marineros tímidos e invencibles, fogoneros, ciudades y aldehuelas, el
Palacio de Invierno, soldados dormidos, harapientos y ensangrentados,
águilas imperiales, la eterna nieve, héroes y antihéroes bulliciosos, y
allí estaba para contarlo John Reed, el de los “ojos ingenuos”, como lo
describió Trotski.
En 1981, Warren Beatty dirigió y protagonizó una exquisita biografía en celuloide del periodista. En Reds (aquí, Rojos)
Beatty se interesa notablemente en la relación de Reed con las mujeres,
con la mujer, a través del personaje de Louyse Bryant, que en 1916
abandona a su próspero marido dentista por el aventurero. Beatty mantuvo
con ella una relación absolutamente abierta, desacralizando la
sexualidad femenina con actitud bien impropia de un varón de la época,
de cualquier época.
Louyse le acompañó por Petrogrado durante aquellos diez días estremecedores, y llegó a tiempo para verlo morir de tifus en Moscú
a la edad de 32 años. Reed se había refugiado allí al ser consciente en
Finlandia de que no podría regresar a EEUU. Lo detuvieron en el país de
Sibelius acusado de espionaje, y durante su encarcelamiento su
fortaleza física se desmoronó.
Está enterrado en el Kremlim como uno más de los
héroes de la revolución. En la lápida solo está su nombre, sin epitafio.
Quizá porque su epitafio ya ronda por las páginas de Diez días que estremecieron el mundo:
“En la contienda mis simpatías no fueron neutrales. Pero al relatar la
historia de aquellos grandes días, me he esforzado por observar los
acontecimientos con ojo de concienzudo analista, interesado en conocer
la verdad”. Más periodismo, que se dice ahora.
Recuperar el hilo rojo de nuestra historia: Raíces de Revolución
2017. Año que en nuestro país, nuestra América y el mundo está marcado por las políticas de ajuste y un avance de los sectores más rancios de la derecha conservadora y neoliberal. La situación de las/los trabajadores y los sectores populares se hace cada vez más insostenible en todo el continente. En Argentina, las cifras referentes a los despidos, a los “nuevos pobres”, al número de indigentes alcanzan valores alarmantes y crece el nivel de precarización del trabajo y de la vida. Las clases dominantes se aprestan una vez más a recomponer sus ganancias aumentando la explotación y avanzando sobre los derechos largamente conquistados por el pueblo. La fuerza del ajuste nos obliga a dar respuestas inmediatas y defensivas. Pero al mismo tiempo, y justamente en momentos en que la brutalidad de la avanzada conservadora nos obliga a intentar salvaguardar derechos elementales no podemos perder de vista que no hay alternativa real para las y los trabajadores en el marco del capitalismo. Por ello, ante el neoliberalismo imperante, debemos con fuerza y claridad sostener que la única alternativa sigue siendo el socialismo. Nuestro objetivo principal y norte estratégico es la lucha contra la explotación capitalista y todas sus formas de opresión. Y la única vía real para conseguirlo sigue siendo la lucha revolucionaria.
En este camino, la historia de nuestra clase nos aporta numerosas experiencias y lecciones políticas que se forjaron en la larga lucha de los pueblos del mundo por su emancipación. Por eso, este año adquiere una relevancia especial para el conjunto de las y los trabajadores y de las organizaciones revolucionarias.
2017. Este año se cumplen 150 años de la primera publicación del primer tomo de El Capital, 100 años de la Revolución Rusa y 50 años de la caída en combate del Che en Bolivia. Tres hitos fundamentales para pensar y proyectar hoy la construcción del socialismo. Entendemos que es fundamental retomar los aportes teóricos, políticos y la experiencia de lucha de estos procesos y de las y los revolucionarios que participaron activamente de ellos, que siguen siendo un faro y sostén fundamental para todos aquellos que luchamos por la emancipación de nuestra clase.
En 1867, Karl Marx publicó el primer tomo de El Capital, con el objetivo de investigar, comprender y develar cómo funciona el modo de producción capitalista, sus leyes y tendencias generales. En el análisis de la totalidad del desarrollo capitalista, sus relaciones de producción e intercambio, desplegó una crítica letal al sistema: desnudó la relación directa entre la acumulación del capital y la explotación de la fuerza de trabajo. Demostró que la única fuente de riqueza y ganancia de los capitalistas es la explotación y apropiación del valor generado por los obreros. Pero además, Marx da cuenta de cómo este sistema de explotación hoy vigente se forjó a sangre y fuego a lo largo de la historia, cómo fueron apropiadas tierras y expropiadas comunidades campesinas en Europa y los pueblos originarios de América, Asia y África y cómo eso se combinó con las formas más brutales de esclavitud. Además, demostró que lejos de ser una excepcionalidad, las crisis son una consecuencia ineludible de la propia lógica del sistema.
El propio Marx definió El Capital como un “implacable misil” destinado a la burguesía, lo que efectivamente le resultó un duro golpe, y frente al que tuvo que realizar enormes esfuerzos para intentar reponerse. En este sentido, esta obra representa una herramienta, no solo de análisis teórico, sino también una guía para la acción transformadora –como planteaba Marx “no se trata solo de conocer sino de transformar” y de allí que participara en diversas organizaciones y luchas. La combinación entre la teoría y la acción permite a las y los trabajadores además de entender el origen de su miseria y de su condición de explotados, visualizar el camino revolucionario para superarlo. Más cerca de nosotros, el Che definió esa obra como un “monumento de la inteligencia humana”, pero señalando, frente a lecturas economicistas, que ante todo tiene un inmenso carácter humano, ya que vuelve a poner al ser humano y la superación de la condición enajenante que le impone el capitalismo en el centro del proyecto político de Marx.
50 años después, en 1917, el mundo asistía a uno de los hechos más trascendentes de la historia: la primera revolución socialista victoriosa en el mundo, llevada adelante por obreros y campesinos en un país de capitalismo poco desarrollado: Rusia. Superando lecturas economicistas y etapistas predominantes en la época, los revolucionarios rusos retomaron la obra de Marx, se propusieron analizar la situación específica de Rusia y el modo peculiar, sin perder las nociones generales y universales, en el que el capitalismo se desarrollaba en ese país y formularon una estrategia necesaria para destruirlo. Luego de décadas de luchas e intentos revolucionarios fallidos, el pueblo ruso le demostró al mundo que era posible vencer a la burguesía; que la construcción del socialismo era no una utopía sino una posibilidad real, concreta; que era posible construir formas de democracia y poder real y popular como lo fueron los soviets. De allí que rápidamente se aliaran las clases dominantes locales e internacionales para intentar derrotar una revolución que expandía su ejemplo a todos los obreros y obreras.
Entre los muchos revolucionarios que participaron de la Revolución Rusa, Lenin y Trotsky se destacaron por sus innumerables aportes teóricos, políticos y prácticos. Hombres de acción que a la vez otorgaban gran importancia a la batalla teórica y política. Analizando a fondo las experiencias previas y considerando los límites de las acciones espontáneas de las masas, Lenin retomó y desarrolló el marxismo en tanto teoría revolucionaria. Como sostiene Lukács, “Lenin es el pensador más grande que haya producido el movimiento obrero revolucionario después de Marx”. Uno de sus más grandes aportes fue comprender la necesidad de una virtuosa combinación entre los organismos de masas y su herramienta política –el Partido dirigente del proletariado- que pueda conducir esa fuerza social en una perspectiva revolucionaria poniendo el eje en la cuestión del poder. Lenin nos enseñó que, salvo el poder, todo es ilusión y de allí que se dedicará a la organización política y práctica de la lucha revolucionaria por el poder, tanto desde el partido como entre las masas obreras. La experiencia de la revolución rusa nos plantea claramente que la emancipación de las y los trabajadores tiene que contar necesariamente con la participación activa, directa y consciente de las masas, pero que eso no niega la importancia y la necesidad de la conformación de una organización política de combate, que lejos está de pretender sustituir el accionar y el protagonismo de las masas. Trotsky, como presidente del soviet de Petrogrado, demostró la capacidad que debe tener un dirigente para conducir a las masas en el desarrollo de un doble poder que vaya confrontando al Estado, disputando el control de los principales resortes de la sociedad. Posteriormente, como organizador del Ejército Rojo, llevó a cabo la tarea de desmantelar el aparato represivo del Estado zarista para lograr el verdadero control por parte de la clase trabajadora. Este mismo ejército de obreros y campesinos libres, permitió derrotar mediante la fuerza militar a los ejércitos blancos financiados por los burgueses exiliados y de los países vecinos, para consolidar el triunfo revolucionario. La toma del poder en octubre de 1917 fue consecuencia de un largo proceso que combinó distintas formas de organización y métodos de lucha; fue la realización concreta del contenido del programa de Marx y debió abordar los múltiples problemas de la lucha de clases, muy lejos de las tipologías y los esquemas preconcebidos. Tamaña complejidad requiere un análisis en su totalidad, lejos de conclusiones simplistas y caricaturizadas. Fue una revolución social de la que participaron miles de luchadores y luchadoras, éstas últimas muchas veces poco visibilizadas y a las que desde el feminismo revolucionario nos parece central destacar; ya que contamos con el ejemplo de revolucionarias de la talla de Alexandra Kollontái, Nadiezhda Krúpskaya, Natalia Sedova, entre otras.
50 años después; también en un mes de octubre, en 1967, en nuestro continente cayó en combate uno de los más importantes revolucionarios de América Latina: el Che Guevara. Coherente y consecuente con la construcción de un proyecto político emancipador y socialista en todo el continente, el Che se destacó como dirigente teórico, político y militar en la Revolución Cubana, de la que fueron parte destacados revolucionarios y revolucionarias como Fidel Castro, Haydé Santamaría, Camilo Cienfuegos, Vilma Espín, y Raul Castro, entre tantos otros. Dirigente junto al gigante Fidel de ese hecho épico para el conjunto de las y los revolucionarios que aún hoy sigue siendo un golpe para la burguesía local y el imperialismo. Como parte de su proyecto estratégico entendía que la lucha por el socialismo no debe estar limitada entre fronteras y que por tanto era necesaria e imprescindible la construcción de la Patria Grande. Contra el enemigo imperialista, consideraba ineludible el despliegue de la lucha revolucionaria continental. Al tiempo que se desarrollaban en África y Asia las luchas por la independencia y liberación nacional y social -siendo Vietnam un ejemplo claro de la posibilidad de vencer al imperialismo-; cuando se desplegaban en Europa movimientos e insurrecciones como el mayo francés, se multiplicaban en América Latina movimientos y organizaciones revolucionarias que expresaban a las masas obreras y campesinas en un momento de radicalización de la lucha de clases. No fue sin un análisis minucioso de todas esas condiciones, así como también de la situación particular de Bolivia, cuna de la primera revolución obrera en Suramérica en 1952, que el Che se dirigió allí. El balance de la derrota va más allá de las pretensiones de esta nota, pero sin lugar a dudas, su lucha en ese país, así como en tantos otros, evidencia una reivindicación práctica de la importancia del internacionalismo proletario en la construcción de un proyecto integral.
El Che, como uno de los grandes exponentes de la filosofía de la praxis, justamente realiza un intenso y extenso estudio de las obras de esos pensadores en un momento de importante influencia estalinista, que consideraba el marxismo-leninismo como un conjunto de dogmas y recetas. En ese sentido, el Che supo combatir estas desviaciones en sus múltiples dimensiones y recuperar de forma dialéctica e histórica la integralidad de los aportes de Marx y Lenin así como también de otros revolucionarios y revolucionarias incluyendo a Trotsky, para analizar la formación social de Latinoamérica y pensar, y sobre todo, desplegar una estrategia de poder propia para nuestro continente planteando la actualidad de la revolución.
Sin dudas la formación teórico-política debe ser parte fundamental de nuestra formación militante. La reflexión, estudio y discusión de estos hitos históricos nos permite tener una visión profunda y compleja de la historia de la lucha de clases. Fundamentalmente, nos interesa hacer hincapié en estos tres aniversarios no por un romanticismo nostálgico sino por la vigencia de las tareas revolucionarias en la actualidad y los aportes fundamentales que nos brindan las experiencias revolucionarias que nos precedieron. Aunque reconozcamos que no se desplegará de manera inmediata, no creemos que la revolución sea una idea y una tarea que caducó y forme parte del pasado, sino que la entendemos como una necesidad y una posibilidad para construir una sociedad socialista, única opción para superar la barbarie a la que nos somete el capitalismo.
De esta manera, retomamos la historia en pos de construir una visión compleja y crítica que se funda con la experiencia colectiva y viva de nuestra clase trabajadora para arribar a conclusiones políticas que nos sirvan como herramientas y guías para la acción en pos de intervenir de la mejor manera en la realidad y el momento histórico que hoy por hoy nos toca vivir. Entendemos que dichas experiencias nos permiten pensar alrededor de ciertos ejes que las atravesaron y que aún nos atraviesan. Como parte de este bagaje, rescatamos la vocación de construcción de una estrategia de poder presente en todas ellas como parte fundamental de una estrategia revolucionaria, partiendo de un análisis de la sociedad como totalidad. Al mismo tiempo, bregamos por una visión antidogmática que nos posibilite pensar de acuerdo a las particularidades de América Latina, una estrategia y una táctica adecuadas al lugar y contexto en el que intervenimos para que, como dijera Mariátegui, el socialismo en nuestra América no sea ni calco ni copia, sino creación heroica.
Una campaña militante
El rescate de las mejores tradiciones históricas del movimiento obrero y popular es una necesidad para las y los revolucionarios del presente que no puede relegarse al mero plano de la academia. La publicación de “El Capital”, la revolución rusa y el asesinato del Che son hechos históricos cuyas raíces se entrelazan profundamente con nuestro presente. Su difusión y propaganda para las nuevas generaciones están entrecruzadas por una disputa histórica sobre sus perspectivas. Los defensores del capitalismo aprovechan para proclamar el fin del socialismo. Las fuerzas que nos reivindicamos de la tradición del marxismo revolucionario debemos retomar su ejemplo y dar una lucha para que sus enseñanzas y lecciones se extienda entre nuestro pueblo, para cimentar el camino para el triunfo. Por eso, la campaña por el aniversario de estos tres hechos, además de la serie de notas en la prensa, estará acompañada por actividades de difusión, propaganda y formación como murales, charlas, proyecciones y festivales, entre otras. En los siguientes números iremos publicando la agenda con las actividades en todo el país.
URUGUAY
Manuela Mutti: la diputada oficialista que denuncia al MTSS las agresiones a peones rurales y apoyó una ocupación del sindicato de Caputto
El lunes 18 de setiembre, Paolo Rodríguez, capataz de la
estancia Flor del Ceibo, en Salto, golpeó con un rebenque al peón Hugo
Leites; tres meses después, a principios de diciembre, el juez Wilson
Borsani procesó sin prisión al agresor por el delito de lesiones
personales, ya que Leites terminó con una costilla fisurada. Cuando se
conoció la noticia del fallo judicial, la diputada del Frente Amplio por
el departamento de Salto, Manuela Mutti, publicó en las redes sociales
que el mensaje del juez era claro: “Pegue patrón que no pasa nada”. El
16 de diciembre la representante nacional reiteró el mensaje, pero esta
vez agregó: “Ahora le tocó a Juan Díaz. Su patrón creyó que, al igual
que sus caballos, también el peón era de su propiedad y lo fajó. Ya
alertamos al MTSS [Ministerio de Trabajo y Seguridad Social] y el
PIT-CNT está trabajando en el tema, la Justicia tendrá que dejar de lado
su benevolencia”.
Mutti dijo a la diaria que ya van cuatro casos de agresiones a trabajadores rurales de Salto después de la denuncia de Leites. “Nos llegan denuncias de todo tipo, pero la de Hugo [Leites] fue emblemática. Cuando nos enteramos [de la agresión] la denunciamos ante el Ministerio de Trabajo, llamamos a Ernesto Murro, y avisamos a los medios para que haya una condena social”. “Hay personas que piensan que son dueños de los campos, de las vacas y de la gente. Tienen que enterarse de que estamos ante un cambio social, cultural y legislativo en el que los trabajadores tienen derechos y estos no se terminan cuando se cruza la portera de la estancia”, expresó. La diputada afirmó que Leites quedó “expuesto a la posibilidad de que no consiguiera trabajo”, y, a pesar de que el movimiento sindical lo ayudó, “los empresarios rurales se cuidan mucho las espaldas y hoy Leites está sin trabajo”.
Díaz, el trabajador de stud de caballos que denunció una agresión a principios de diciembre, está internado con parálisis facial del lado derecho de la cara, relató la diputada. “Es algo que a todos nos debería doler en el alma”, expresó. Según Mutti, Díaz trabajaba por casa y comida, por lo que se tenía que escapar para hacer changas y conseguir dinero para mandarle a su familia, que vive en Tacuarembó. Cuando el patrón se enteró de una de esas salidas, le dio un golpe en la cabeza que lo dejó inconsciente. Luego una mujer lo encontró tirado en la calle y lo convenció de que hiciera la denuncia. Mutti se enteró del caso por el PIT-CNT y de inmediato se comunicó con el ministro Murro. “La Mesa Representantiva del PIT-CNT está jugando un rol muy importante en la contención de los trabajadores”, afirmó.
El mercado laboral en Salto es una de las líneas de trabajo de la diputada: “Desde que asumimos la legislatura es una de nuestras prioridades, por el aumento del índice de desempleo y porque [en la zona] es zafral”. Mutti aseguró que en muchos casos se trata de empleos que tienden “a establecer relaciones muy precarias”. Por ejemplo, el cambio varietal, para poder ingresar en nuevos mercados del exterior, hizo que se acortara la zafra de la naranja. “El citrus es uno de los sectores con mayor grado de precariedad laboral. Desde la diputación, junto con el MTSS y los trabajadores, logramos que se forme la coordinadora del citrus del litoral, que ya va a cumplir dos años”, relató. Además, Mutti fue una de las impulsoras de la extensión del seguro de paro de este sector, implementado por segunda vez en 2017. “Hoy el derrotero que tenemos por delante es transformar ese proyecto en una ley nacional, para que no sea necesario pedir el seguro desde el Parlamento todos los años”.
Una de las empresas que más trabajo dan en Salto es la citrícola Caputto. “En el litoral llega a emplear a 5.000 trabajadores cuando no está en momento de zafra, y en zafra emplea a cerca de 15.000 personas. Es una empresa que tiene 80% de la producción citrícola del país”, describió la legisladora. Caputto, sin embargo, ha tenido situaciones de alta conflictividad. “El martes estuvimos ocupando los portones de la empresa junto con los trabajadores, porque en la negociación con el MTSS habían acordado la liquidación de las licencias de 2016 y el pago de la zafra de octubre, pero después desde la empresa se dijo que la plata no estaba y que no iban a pagar”, explicó la diputada. “El año pasado y el anterior pasó lo mismo en estas fechas. Después de la ocupación de los portones, la empresa convocó al diálogo y se acordó un pago de manera progresiva”, explicó. Mutti aseguró que Caputto es una empresa que ha recibido múltiples apoyos por parte del Estado. “Incluso logramos financiar deudas importantes que tenía con algunos entes”, describió.
Por la conchilla
La figura de Mutti se hizo más conocida este año tras la sesión de la Cámara de Diputados del viernes 6 de octubre. Ese día, la diputada daba un discurso por un proyecto de ley enviado por la Comisión de Educación y Cultura para darle el nombre del ingeniero civil Pedro Benito Solari a la Escuela 105 de Salto. Cuando la legisladora confundió la palabra “cochinilla” con “conchilla”, empezó a reír y no pudo seguir hablando.
“En los tres años que estoy en el Parlamento se ha tentado mucha gente. La primera vez que me pasa a mí es la primera vez que se viraliza, y eso me llama la atención”, dijo la legisladora a la diaria. Considera que eso se debió a un tema político. La diputada recordó: “En el medio de la discusión por el Presupuesto Nacional, [Jorge] Gandini [Partido Nacional] cantó la quiniela. Hizo un chiste ex profeso, todos nos reímos, yo también, me pareció festejable después de muchas horas de debate. En mi caso me pareció una exageración el nivel de agresión, y tenía un claro corte de género. Recuerdo patente un mensaje que decía: ‘La diputada que baila de noche en un cabaret de biquini. No saben lo que es, deberíamos ir todos a verla’. No se metieron ni con mi risa ni con mi trabajo”. A su entender, el episodio terminó beneficiándola: “Nuestro trabajo era conocido por los salteños y por las personas que están muy metidas en la política, pero el video nos benefició porque hizo más visible nuestro trabajo”.
Mutti dijo a la diaria que ya van cuatro casos de agresiones a trabajadores rurales de Salto después de la denuncia de Leites. “Nos llegan denuncias de todo tipo, pero la de Hugo [Leites] fue emblemática. Cuando nos enteramos [de la agresión] la denunciamos ante el Ministerio de Trabajo, llamamos a Ernesto Murro, y avisamos a los medios para que haya una condena social”. “Hay personas que piensan que son dueños de los campos, de las vacas y de la gente. Tienen que enterarse de que estamos ante un cambio social, cultural y legislativo en el que los trabajadores tienen derechos y estos no se terminan cuando se cruza la portera de la estancia”, expresó. La diputada afirmó que Leites quedó “expuesto a la posibilidad de que no consiguiera trabajo”, y, a pesar de que el movimiento sindical lo ayudó, “los empresarios rurales se cuidan mucho las espaldas y hoy Leites está sin trabajo”.
Díaz, el trabajador de stud de caballos que denunció una agresión a principios de diciembre, está internado con parálisis facial del lado derecho de la cara, relató la diputada. “Es algo que a todos nos debería doler en el alma”, expresó. Según Mutti, Díaz trabajaba por casa y comida, por lo que se tenía que escapar para hacer changas y conseguir dinero para mandarle a su familia, que vive en Tacuarembó. Cuando el patrón se enteró de una de esas salidas, le dio un golpe en la cabeza que lo dejó inconsciente. Luego una mujer lo encontró tirado en la calle y lo convenció de que hiciera la denuncia. Mutti se enteró del caso por el PIT-CNT y de inmediato se comunicó con el ministro Murro. “La Mesa Representantiva del PIT-CNT está jugando un rol muy importante en la contención de los trabajadores”, afirmó.
El mercado laboral en Salto es una de las líneas de trabajo de la diputada: “Desde que asumimos la legislatura es una de nuestras prioridades, por el aumento del índice de desempleo y porque [en la zona] es zafral”. Mutti aseguró que en muchos casos se trata de empleos que tienden “a establecer relaciones muy precarias”. Por ejemplo, el cambio varietal, para poder ingresar en nuevos mercados del exterior, hizo que se acortara la zafra de la naranja. “El citrus es uno de los sectores con mayor grado de precariedad laboral. Desde la diputación, junto con el MTSS y los trabajadores, logramos que se forme la coordinadora del citrus del litoral, que ya va a cumplir dos años”, relató. Además, Mutti fue una de las impulsoras de la extensión del seguro de paro de este sector, implementado por segunda vez en 2017. “Hoy el derrotero que tenemos por delante es transformar ese proyecto en una ley nacional, para que no sea necesario pedir el seguro desde el Parlamento todos los años”.
Una de las empresas que más trabajo dan en Salto es la citrícola Caputto. “En el litoral llega a emplear a 5.000 trabajadores cuando no está en momento de zafra, y en zafra emplea a cerca de 15.000 personas. Es una empresa que tiene 80% de la producción citrícola del país”, describió la legisladora. Caputto, sin embargo, ha tenido situaciones de alta conflictividad. “El martes estuvimos ocupando los portones de la empresa junto con los trabajadores, porque en la negociación con el MTSS habían acordado la liquidación de las licencias de 2016 y el pago de la zafra de octubre, pero después desde la empresa se dijo que la plata no estaba y que no iban a pagar”, explicó la diputada. “El año pasado y el anterior pasó lo mismo en estas fechas. Después de la ocupación de los portones, la empresa convocó al diálogo y se acordó un pago de manera progresiva”, explicó. Mutti aseguró que Caputto es una empresa que ha recibido múltiples apoyos por parte del Estado. “Incluso logramos financiar deudas importantes que tenía con algunos entes”, describió.
Por la conchilla
La figura de Mutti se hizo más conocida este año tras la sesión de la Cámara de Diputados del viernes 6 de octubre. Ese día, la diputada daba un discurso por un proyecto de ley enviado por la Comisión de Educación y Cultura para darle el nombre del ingeniero civil Pedro Benito Solari a la Escuela 105 de Salto. Cuando la legisladora confundió la palabra “cochinilla” con “conchilla”, empezó a reír y no pudo seguir hablando.
“En los tres años que estoy en el Parlamento se ha tentado mucha gente. La primera vez que me pasa a mí es la primera vez que se viraliza, y eso me llama la atención”, dijo la legisladora a la diaria. Considera que eso se debió a un tema político. La diputada recordó: “En el medio de la discusión por el Presupuesto Nacional, [Jorge] Gandini [Partido Nacional] cantó la quiniela. Hizo un chiste ex profeso, todos nos reímos, yo también, me pareció festejable después de muchas horas de debate. En mi caso me pareció una exageración el nivel de agresión, y tenía un claro corte de género. Recuerdo patente un mensaje que decía: ‘La diputada que baila de noche en un cabaret de biquini. No saben lo que es, deberíamos ir todos a verla’. No se metieron ni con mi risa ni con mi trabajo”. A su entender, el episodio terminó beneficiándola: “Nuestro trabajo era conocido por los salteños y por las personas que están muy metidas en la política, pero el video nos benefició porque hizo más visible nuestro trabajo”.
Un revés
El jueves, el presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Jorge Chediak, dijo, en conferencia de prensa, que la ley integral contra violencia basada en género, aprobada el 13 de diciembre en el Parlamento, no se podrá implementar “de inmediato” porque el Poder Judicial no tiene presupuesto ni recursos humanos calificados. Mutti aseguró que se trata de un “un revés” y una “aberración” que la SCJ diga que no puede aplicar una normativa por falta de recursos. “Lo que se debe hacer es estudiar la ley y sentarse a pensar cómo implementarla de la mejor manera con los recursos que tenemos, y transitar un camino de diálogo para que sea viable”, expresó. “Esta ley fue muy trabajada y no era desconocida, y, ante la problemática social, hay cosas que sin duda se deben implementar”, agregó.Entrevista. "Desde el presidente hasta Bordaberry dicen que se necesita una reforma"
Ruiz: “En la campaña electoral va a ser imposible que los políticos evadan el tema de la seguridad social”
Según sus palabras, los partidos políticos tienen un compromiso, que es el de convocar a un “gran diálogo” con el objetivo de profundizar los cambios de seguridad social. “Antes este tema no quería discutirse, ahora esta en la agenda. Desde el Presidente de la República hasta Pedro Bordaberry dicen que se necesita una reforma, quizás hablen de modificaciones totalmente distintas, pero lo importante es que va a haber un debate. Entonces, con ese arco de matices sobre el futuro de la seguridad social, está bien claro que en la campaña electoral va a ser imposible que los sectores políticos evadan la responsabilidad y el compromiso de tener en sus programas de gobierno una propuesta sobre la seguridad social, porque si no sería un doble discurso”.
En términos generales, afirmó que debe existir un “diálogo amplio”, en el cual participen todos los sectores sociales representativos para que se analicen los diferentes temas. Uno de ellos es si es conveniente retrasar la edad de retiro. Consideró que atrasar la edad no va a cambiar la ecuación económica. “Si me voy a jubilar a los 65 años, lo voy a hacer con la misma tasa que hoy conocemos, por lo que postergar la edad no va a mejorar las cuentas en el BPS. Por lo tanto, también queremos discutir sobre la tasa de reemplazo, ¿cuánto me devuelve la seguridad social? Porque en Europa es cierto que se postergó la edad, pero allí las jubilaciones se parecen mucho al último salario de actividad”.
Mesa Representativa del PIT-CNT celebró ley de cincuentones pero cuestionó suba de tarifas de UTE
La Mesa Representativa del PIT-CNT se reunió ayer y emitió una
declaración en la que respalda el proyecto de ley votado el miércoles en
el Senado, que da solución al problema de los llamados cincuentones.
“Pese a no contemplar una reparación total del daño [...], el proyecto
de ley mantiene lo esencial de la propuesta enviada originalmente por el
Poder Ejecutivo, y agrega algunos elementos adicionales, reclamados
históricamente por el movimiento sindical, que valoramos muy
positivamente”, dice la declaración. Además, la central sindical se
congratula de que la norma, ya votada en el Parlamento, establezca un
tope a las comisiones que cobran las AFAP. Por otro lado, en otra
declaración la central criticó al gobierno por la suba de las tarifas de
energía eléctrica, que “tuvo un aumento que no se condice con la
realidad financiera y económica del ente autónomo de UTE” y, por lo
tanto, “no solamente se pudo haber evitado, sino que existen condiciones
reales para una rebaja” de dichas tarifas.
Con aval de Inacoop, siete ex trabajadores de la Cooperativa Textil Puerto Sauce lanzan emprendimiento metalúrgico
Después del fracaso de la Cooperativa Textil Puerto Sauce de
Juan Lacaze, siete trabajadores –seis del taller mecánico y una
administrativa– se proponen no tirar la toalla. Con ánimo novelero ante
una oportunidad, ya fundaron una nueva cooperativa y están buscando
apoyos para llevar adelante el proyecto metalúrgico. Por el momento, aún
dentro de la estructura de la cooperativa en cierre, están “saliendo a
conseguir clientes” y haciendo reparaciones, para no dejar caer en
inactividad la maquinaria. Por otro lado, esperan que la Corporación
Nacional para el Desarrollo (CND) les preste en modalidad de comodato
los equipos imprescindibles para llevar a cabo el emprendimiento. Desde
el gobierno se han comprometido en varias oportunidades a ayudar a este
pueblo coloniense tan golpeado, pero los locales aún se encuentran a la
espera.
El 31 de enero cerrará la famosa textil de Juan Lacaze, después de haber estado más de un siglo abasteciendo al mercado local y al exterior con productos de lana de calidad. Sus últimos años fueron en modo cooperativo, como Cooperativa Textil Puerto Sauce, pero se conservaba la historia de otros sistemas de gestión que intentaron mantener el rubro vivo con los nombres Campomar y Agolan.
Una de las decisiones de los cooperativistas que aquel martes de noviembre decidieron cerrar las cortinas de la industria textil fue buscar la salida por medio de una reconversión. “Cada sector iba a ver si de alguna manera podía ser viable”, contó Mateo Rey, uno de los que trabajan en el taller mecánico de la fábrica. Junto con cinco compañeros del taller y una administrativa, la encontraron: fundaron una nueva cooperativa para dar comienzo a un emprendimiento metalúrgico. “Mecánica y tornería, lo que sea, intentamos hacer de todo”, resumió Rey con confianza. Su plan es “trabajar en el mantenimiento de otras fábricas”; saben que las de Colonia y “otras de afuera” cuentan con ellos. “Tenemos la maquinaria y tenemos experiencia”, afirmó.
“El taller tiene una viabilidad muy buena, porque es el único de Colonia con este tipo de maquinaria”, contó Rey, alimentando su esperanza, en referencia a las grandes máquinas de Agolan, propiedad de la CND. Los trabajadores solicitaron al organismo estatal que, al menos durante el primer año, cediera la maquinaria en forma de comodato. “La estamos custodiando y, a su vez, estamos haciendo algunos trabajos, porque si la dejás parada se rompe sola. Es una máquina que lleva mantenimiento”, explicó. Aseguró que el comodato sería, “en principio, por un año”. “Después de ese año nos proponemos pagar por su uso”, agregó.
Pero desde la CND les transmitieron que habría otros planes. “La semana pasada la diputada [frenteamplista del Movimiento de Participación Popular] Mercedes Santalla tuvo una reunión con nosotros y después consultó a la CND. Le dijeron que iban a rematar las máquinas. No sabemos si quieren la plata o cuál es la razón detrás”, sostuvo Rey.
Mientras esperan por la respuesta oficial de la CND, los siete trabajadores nucleados en este nuevo emprendimiento metalúrgico ya están “saliendo a buscar clientes”, porque tienen la ambición de crecer, para “generar más puestos de trabajo y poder encontrarle salida a alguna familia más”. Las cosas en Juan Lacaze no están fáciles. Primero, con el cierre de la fábrica papelera Fanapel y, ahora, con el de la Cooperativa Textil Puerto Sauce –que deja a 70 personas en la incertidumbre–, los lacazinos enfrentan un gran desafío. “Tabaré [Vázquez] nos dijo que era una zona prioritaria [ver recuadro], pero, la verdad, no están ayudando mucho”, afirmó. Por otro lado, reconoce el “apoyo” del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) y del Instituto Nacional del Cooperativismo (Inacoop), que les dijo que el proyecto metalúrgico “es viable”.
El cierre de la ex Agolan es el 31 de enero; los trabajadores apelan a “tener todo en orden antes, para ya el 1º de febrero empezar a trabajar” en el nuevo proyecto.
En la lana
“Lo que no funcionó fue el mercado. Hoy en día, con una manta polar china por 100 pesos en cada supermercado, no tenemos chance”, responde Rey cuando se le pregunta por el fracaso de la Cooperativa Textil Puerto Sauce. Sobre el modelo cooperativo no tiene dudas: “Para mí, es lo único que ha funcionado”.
Las industrias del papel y de la lana dieron origen al pueblo de Juan Lacaze hace 100 años. Campomar y Soulas, el primer intento en el rubro textil, se fundó en 1906 y cerró en 1993, y dejó a 1.000 personas en la calle. De ahí surgió, en 1994, la paraestatal Agolan, administrada por la CND, que resistió hasta 2013.
En octubre de 2014, 100 ex empleados de Agolan, en una apuesta por la autogestión bajo el formato de cooperativa de producción, fundaron la Cooperativa Textil Puerto Sauce, concentrados en la elaboración de bufandas, frazadas, hilados y telas cardadas para el mercado interno y para la exportación, principalmente a Brasil y Estados Unidos.
Pero el camino era empinado. En febrero de 2015, la cooperativa recibió un apoyo de 960.000 dólares del Fondo para el Desarrollo (Fondes), que devolvió a medias a la CND –administradora de Agolan y, por ende, dueña de todo el equipamiento técnico y el stock–. La cooperativa funcionó entonces sin capital de giro durante más de un año.
En marzo de 2016, la nueva estructura del Fondes, en alianza con el Inacoop, le brindó un nuevo préstamo al emprendimiento: esta vez, por 1,6 millones de dólares. Pero la carga sobre la espalda del proyecto era insoportable. El funcionar sin capital de giro entorpeció la gestión, y las dificultades intrínsecas del sector hicieron caer la estructura, que funcionó durante más de 80 años y luego se intentó emparchar de diferentes maneras.
El 31 de enero la cooperativa cerrará las cortinas del negocio definitivamente. La decisión fue tomada a mediados de noviembre en una asamblea en la que los cooperativistas aprobaron el proceso de “cierre ordenado” del emprendimiento, que aún conservaba el nombre fantasía Agolan por una estrategia comercial.
No hubo sorpresa; los números en rojo se acumularon durante varios años y las proyecciones para 2017 no eran alentadoras. Además, en julio, un estudio de técnicos del MIEM determinó que la Cooperativa Textil Puerto Sauce era inviable como proyecto industrial y que a partir de esa fecha cesaría todo tipo de ayuda económica. No quedaba otra. Los 70 textiles, cuyo promedio de edad ronda los 50 años, aceptaron entonces participar en los procesos de reconversión laboral que brinda el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop) por medio de cursos de capacitación. “La idea era armar y organizar pequeños proyectos productivos entre los compañeros, pero deben ser viables, como el taller mecánico o la tejeduría”, cuenta Rey.
Mientras le buscan la vuelta, el gobierno se comprometió a otorgar a estos trabajadores una cobertura de seguro de paro durante 12 meses.
El 31 de enero cerrará la famosa textil de Juan Lacaze, después de haber estado más de un siglo abasteciendo al mercado local y al exterior con productos de lana de calidad. Sus últimos años fueron en modo cooperativo, como Cooperativa Textil Puerto Sauce, pero se conservaba la historia de otros sistemas de gestión que intentaron mantener el rubro vivo con los nombres Campomar y Agolan.
Una de las decisiones de los cooperativistas que aquel martes de noviembre decidieron cerrar las cortinas de la industria textil fue buscar la salida por medio de una reconversión. “Cada sector iba a ver si de alguna manera podía ser viable”, contó Mateo Rey, uno de los que trabajan en el taller mecánico de la fábrica. Junto con cinco compañeros del taller y una administrativa, la encontraron: fundaron una nueva cooperativa para dar comienzo a un emprendimiento metalúrgico. “Mecánica y tornería, lo que sea, intentamos hacer de todo”, resumió Rey con confianza. Su plan es “trabajar en el mantenimiento de otras fábricas”; saben que las de Colonia y “otras de afuera” cuentan con ellos. “Tenemos la maquinaria y tenemos experiencia”, afirmó.
“El taller tiene una viabilidad muy buena, porque es el único de Colonia con este tipo de maquinaria”, contó Rey, alimentando su esperanza, en referencia a las grandes máquinas de Agolan, propiedad de la CND. Los trabajadores solicitaron al organismo estatal que, al menos durante el primer año, cediera la maquinaria en forma de comodato. “La estamos custodiando y, a su vez, estamos haciendo algunos trabajos, porque si la dejás parada se rompe sola. Es una máquina que lleva mantenimiento”, explicó. Aseguró que el comodato sería, “en principio, por un año”. “Después de ese año nos proponemos pagar por su uso”, agregó.
Pero desde la CND les transmitieron que habría otros planes. “La semana pasada la diputada [frenteamplista del Movimiento de Participación Popular] Mercedes Santalla tuvo una reunión con nosotros y después consultó a la CND. Le dijeron que iban a rematar las máquinas. No sabemos si quieren la plata o cuál es la razón detrás”, sostuvo Rey.
Mientras esperan por la respuesta oficial de la CND, los siete trabajadores nucleados en este nuevo emprendimiento metalúrgico ya están “saliendo a buscar clientes”, porque tienen la ambición de crecer, para “generar más puestos de trabajo y poder encontrarle salida a alguna familia más”. Las cosas en Juan Lacaze no están fáciles. Primero, con el cierre de la fábrica papelera Fanapel y, ahora, con el de la Cooperativa Textil Puerto Sauce –que deja a 70 personas en la incertidumbre–, los lacazinos enfrentan un gran desafío. “Tabaré [Vázquez] nos dijo que era una zona prioritaria [ver recuadro], pero, la verdad, no están ayudando mucho”, afirmó. Por otro lado, reconoce el “apoyo” del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) y del Instituto Nacional del Cooperativismo (Inacoop), que les dijo que el proyecto metalúrgico “es viable”.
El cierre de la ex Agolan es el 31 de enero; los trabajadores apelan a “tener todo en orden antes, para ya el 1º de febrero empezar a trabajar” en el nuevo proyecto.
En la lana
“Lo que no funcionó fue el mercado. Hoy en día, con una manta polar china por 100 pesos en cada supermercado, no tenemos chance”, responde Rey cuando se le pregunta por el fracaso de la Cooperativa Textil Puerto Sauce. Sobre el modelo cooperativo no tiene dudas: “Para mí, es lo único que ha funcionado”.
Las industrias del papel y de la lana dieron origen al pueblo de Juan Lacaze hace 100 años. Campomar y Soulas, el primer intento en el rubro textil, se fundó en 1906 y cerró en 1993, y dejó a 1.000 personas en la calle. De ahí surgió, en 1994, la paraestatal Agolan, administrada por la CND, que resistió hasta 2013.
En octubre de 2014, 100 ex empleados de Agolan, en una apuesta por la autogestión bajo el formato de cooperativa de producción, fundaron la Cooperativa Textil Puerto Sauce, concentrados en la elaboración de bufandas, frazadas, hilados y telas cardadas para el mercado interno y para la exportación, principalmente a Brasil y Estados Unidos.
Pero el camino era empinado. En febrero de 2015, la cooperativa recibió un apoyo de 960.000 dólares del Fondo para el Desarrollo (Fondes), que devolvió a medias a la CND –administradora de Agolan y, por ende, dueña de todo el equipamiento técnico y el stock–. La cooperativa funcionó entonces sin capital de giro durante más de un año.
En marzo de 2016, la nueva estructura del Fondes, en alianza con el Inacoop, le brindó un nuevo préstamo al emprendimiento: esta vez, por 1,6 millones de dólares. Pero la carga sobre la espalda del proyecto era insoportable. El funcionar sin capital de giro entorpeció la gestión, y las dificultades intrínsecas del sector hicieron caer la estructura, que funcionó durante más de 80 años y luego se intentó emparchar de diferentes maneras.
El 31 de enero la cooperativa cerrará las cortinas del negocio definitivamente. La decisión fue tomada a mediados de noviembre en una asamblea en la que los cooperativistas aprobaron el proceso de “cierre ordenado” del emprendimiento, que aún conservaba el nombre fantasía Agolan por una estrategia comercial.
No hubo sorpresa; los números en rojo se acumularon durante varios años y las proyecciones para 2017 no eran alentadoras. Además, en julio, un estudio de técnicos del MIEM determinó que la Cooperativa Textil Puerto Sauce era inviable como proyecto industrial y que a partir de esa fecha cesaría todo tipo de ayuda económica. No quedaba otra. Los 70 textiles, cuyo promedio de edad ronda los 50 años, aceptaron entonces participar en los procesos de reconversión laboral que brinda el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop) por medio de cursos de capacitación. “La idea era armar y organizar pequeños proyectos productivos entre los compañeros, pero deben ser viables, como el taller mecánico o la tejeduría”, cuenta Rey.
Mientras le buscan la vuelta, el gobierno se comprometió a otorgar a estos trabajadores una cobertura de seguro de paro durante 12 meses.
