LA FUERZA MATERIAL DE LO SIMBÓLICO
por Iñaki Gil de San Vicente
(Desde Euskal Herria /País Vasco, especial para RESUMEN LATINOAMERICANO)
Existe
la opinión generalizada entre los historiadores de que el emperador
Moctezuma fue repudiado y apedreado por su pueblo cuando claudicó ante
la invasión española. Eso fue en verano de 1520. Pese a sus inestimables
servicios, fue asesinado por el ocupante. En 1814 el mestizo W.
McIntosh dirigió un grupo de indios que luchaban a las órdenes yanquis
contra sus hermanos indios, derrotándolos y obligándoles a ceder enormes
territorios de la actual Alabama, algunos pocos de los cuales fueron
entregados a manos de los jefes colaboracionistas, siendo despojados de
ellos al cabo del tiempo por los ocupantes en aplicación de la máxima de
que Roma no paga traidores; pero en 1825 el jefe indio Manawa ejecutó a
W. McIntosh por haber firmado un pacto secreto con los yanquis. Cuando
en 1795 el pueblo haitiano, mayoritariamente de origen africano,
conquistó su independencia aboliendo la esclavitud, recuperó
oficialmente el nombre aborigen de la Isla, Haití, a pesar de que sus
originarios habitantes habían sido exterminados. Para 1957 el ejército
venezolano tenía en su interior grupos organizados que simpatizaban con
las guerrillas; en 1964 se publicó clandestinamente el decisivo
documento «De militares para militares» en el que se explicaba por qué
Venezuela debía emanciparse nacionalmente de la tutela yanqui con una
política socialmente progresista; a pesar de las represiones, el
movimiento ayudó a acelerar la revolución bolivariana.
¿Qué tienen que ver estos ejemplos con el título del artículo? Pues
todo si por simbología entendemos la totalidad de referentes
lingüístico-culturales, identitarios, sociales, religiosos, etc., que
tiene un pueblo, o si se quiere, lo que se denomina «imaginario
colectivo», «cultura popular», u otras formas de hablar del «papel del
factor subjetivo en la historia». Es obvio que la ideología y la cultura
de la clase dominante dominan en el mundo simbólico, pero su poder no
es tan omnipotente como para destruir toda raíz de lucha, rebeldía y
justicia en el seno de la cultura popular. La razón hay que buscarla en
algo tan elemental y decisivo como es el hecho de que la cultura, en su
sentido antropogénico, no es otra cosa que la producción y distribución
horizontal y democrática de los valores de uso. Por esto, cuando la
cultura popular se desarrolla crítica y creativamente es porque surge de
la propiedad colectiva, comunal, o porque lucha consciente y
estratégicamente por recuperarla acabando con la propiedad privada. Por
esto mismo, tiene tan decisiva fuerza simbólica lo relacionado con los
bienes comunes, con el excedente social producido y acumulado
colectivamente y materializado en la independencia del pueblo que lo
produce, lo cual nos plantea dos problemas unidos: la lucha de clases
interna por la posesión del excedente y de las fuerzas productivas, y su
defensa frente a enemigos internos y externos. Del interior de ambas
surge lo que se denomina memoria militar de un pueblo, una de cuyas
primeras expresiones es el célebre discurso que Tucidides atribuye a
Pericles.
Las masas aztecas, indias, haitianas y venezolanas sabían que sus
clases dominantes colaboraban con los invasores, y unieron su futuro
personal y colectivo con el futuro de su pueblo, con su independencia.
Lo hicieron, entre otras cosas, transformando en fuerza material la
fuerza simbólica de sus imaginarios colectivos, de sus tradiciones
populares. Sin embargo, estos ejemplos no fueron ni los primeros ni
serán los últimos. Hace más de 2500 años el imperio persa sabía cómo
anular la fuerza material inserta en la simbología de los pueblos que
sojuzgaba: obligaba a que sus jóvenes no aprendieran el uso de las
armas, de este modo en una o dos generaciones rebajaba al nivel de
rebaños asustadizos a naciones rebeldes y orgullosas. Pero la realidad
es más compleja ya que a ninguna clase dominante le conviene tener un
pueblo digno, capaz de defenderse, y por eso lo pacifica mental y
físicamente para que se deje explotar. Algo así le sucedió al imperio
bizantino cuando los otomanos cercaron Constantinopla en 1453: solamente
algo menos del 5% de su población estuvo dispuesta a defender la
ciudad, aun sabiendo qué horrible futuro le esperaba bajo la ocupación
otomana.
Pero hay que salir en defensa del islamismo otomano porque fue mucho
menos cruel y salvaje en el saqueo y esclavización de Constantinopla
que la extrema brutalidad practicada por los europeos occidentales de la
cuarta cruzada en 1203, bajo la bendición de Roma. Decimos esto porque
la defensa a ultranza contra el cristianismo en su versión latina fue
una de las causas que explican la tenaz resistencia de los pueblos de
Asia a las sucesivas agresiones occidentales, además del fuerte arraigo
de la propiedad comunal y de los llamados por Marx «sistemas nacionales
de producción precapitalista», y de los propios intereses materiales de
las clases dominantes. Aun considerando este último hecho, la fuerza de
lo simbólico es innegable, como lo vivió un admirado Lenin ante la
heroicidad china en 1900. Recordemos la resistencia sudaní a finales
del siglo XIX contra el ejército anglo-egipcio, formado una vez de que
la clase rica egipcia claudicase para mantener parte de sus propiedades.
La reconocida memoria militar del pueblo argelino fue uno de los
secretos de su nunca extinta lucha nacional antifrancesa, que fascinó a
Engels. Cuando esta memoria, que en sí asume y sintetiza lo esencial de
los valores comunes y comunitarios se debilita o desaparece, entonces
asistimos a espectáculos bochornosos como ver desbandarse y huir a las
grandes manifestaciones de masas de la clase trabajadora alemana, nada
más iniciarse el ataque de pequeños grupos nazis que copiaban los
métodos de las escuadras negras fascistas en los años ’20 italianos.
La memoria militar es una fuerza simbólica que se nutre de las
mejores virtudes y valores de los pueblos explotados, de su experiencia
generacional transmitida a pesar de las censuras, mentiras y falsedades
creadas por la clase dominante y/o por el Estado que ha invadido y ocupa
ese pueblo. Maquiavelo ofreció una brillante definición de la memoria
militar al decir que los suizos eran libres porque tenían armas.
¿Alguien en su sano juicio piensa que Cuba seguiría siendo independiente
de no tener una efectiva defensa y una muy arraigada memoria militar? Y
es que el pacifismo a ultranza, además de éticamente inmoral, es la
autoderrota definitiva. Por estas y más razones, cuando vemos que
algunas izquierdas desvarían y se desploman no sólo en el pacifismo sino
en la amnesia histórica, lo que viene a ser lo mismo, olvidando las
lecciones del pasado y cerrando los ojos a la esencial inhumanidad
terrorista del capitalismo, entonces comprendemos que la luz teórica, el
esclarecimiento político y la activación ética, son más necesarios que
nunca antes, también en Euskal Herria.
Definitivamente, no somos iguales ante la ley
El doble
trato de las autoridades no es una casualidad, es la consecuencia de que
Chile es una sociedad claramente dividida en clases sociales.
Como consecuencia del asesinato del compañero Juan Pablo Jiménez, dirigente sindical de AZETA, empresa subcontratista de CHILECTRA, muchos trabajadores, incluso dirigentes, pedían el mismo trato que el gobierno dio a la familia terrateniente Luchsinger cuando fueron asesinados en Temuco y que significó que el Estado chileno movilizara muchas instituciones y desplegara el máximo de recursos y medios en busca de los responsables. En menos de 48 horas, la policía ya había detenido a dirigentes mapuches imputándoles, sin ninguna prueba, la responsabilidad en dicho crimen.
La muerte, más concretamente, el asesinato de un trabajador al interior de una empresa siempre será un hecho grave, lamentable y repudiable. Sin embargo, adquiere una relevancia mayor tratándose de un dirigente sindical que, justamente, se hallaba preparando acciones para denunciar las prácticas abusivas de esta empresa, cuyo historial en el tratamiento de los derechos laborales está teñida con la muerte de otro trabajador en el pasado reciente.
¿Qué conclusiones podemos sacar los trabajadores frente a este hecho?
Que el tan cacareado “Estado de Derecho” al que tanto recurren los poderosos y, que los presidentes Frei y Lagos se esforzaron en garantizar a cualquier precio con tal de dar “estabilidad” a los dueños de Chile, no es más que un ordenamiento político y jurídico que permite garantizar a cada cual “lo que se merece”: a los ricos, seguridad jurídica, económica y policial para mantener y seguir incrementando su ilegítima riqueza; y a los pobres, subsidios, represión y castigo para que no se subleven pidiendo justicia y mejores salarios. Frei, amparándose en el “Estado de Derecho” alegó “razones de Estado” para poner fin a la investigación que condenaba al hijo de Pinochet (“pinocheques”) a terminar en la cárcel; luego, por las mismas razones, movilizó todas las instituciones del Estado chileno, invirtiendo millones de dólares, para evitar que Pinochet fuera juzgado y condenado en Inglaterra. Igualmente, haciendo uso de las franquicias del “Estado de Derecho”, Lagos, desconociendo todo el historial de Horst Paulmann, que lo vinculaban a un pasado nazi, le otorgó la “nacionalidad por gracia”, y agregó: “ello, gracias a su tremendo aporte a Chile”. Paulmann es aficionado a destruir sindicatos, aplica permanentemente prácticas antisindicales pagando salarios de hambre, evade el pago de impuestos, etc. ¿Cuál es su aporte a Chile?.
Cuando se nos obliga a respetar el “Estado de Derecho”, lo que se busca es que los trabajadores no rompamos con el ordenamiento jurídico que ellos han diseñado y materializado para perpetuar su poder. Aparentemente, las leyes las promulgan desde el Ejecutivo y luego las sanciona el Legislativo. Eso es apariencia. La verdad, es que las leyes responden a correlaciones de fuerzas entre las clases sociales y se adecúan a contextos determinados. En nuestro país, la mayor parte de las leyes, especialmente las laborales, son funcionales al empresariado y se adecúan permanentemente a sus intereses. El mejor ejemplo es que en Chile negocia menos del 7% de la fuerza de trabajo. La ley de subcontratación, que permite la existencia de empresas como Azeta donde murió Juan Pablo, responde a las estrategias de las grandes compañías para bajar los costos, precarizando el empleo y bajando al máximo los salarios. En consecuencia, ninguna ley está hecha para favorecer los intereses de los desposeídos. Quienes han hecho las leyes en estos últimos 40 años, no han sido los gobernantes de turno, han sido los grandes empresarios: los Matte, los Luksic, Paulmann, Angelini, Yarur, etc. Son ellos quienes construyen la agenda y que los gobiernos aplican cautelando uno de sus principios esenciales en todas las áreas de la sociedad, el lucro y la iniciativa privada como fundamento de toda su filosofía.
Es falso, de falsedad absoluta, que todos “somos iguales”. La jerarquía eclesiástica que promueve este discurso, especialmente la Católica vinculada en estos años a las más horrendas conductas contra menores, se empeña en dictar cátedra sobre “moral” y trata de convencernos que somos todos iguales, ¿iguales en qué?- Por supuesto que en los ingresos no. Pero, además, tenemos distinta moral. Ellos creen en la explotación del hombre por el hombre; creen que el crecimiento personal es fruto del esfuerzo individual y no influye el contexto socio económico donde la persona nació. Nosotros, creemos que la riqueza es consecuencia del trabajo humano colectivo, en vinculación armoniosa y respetuosa con la naturaleza; ellos, no trepidan en destruirla si pueden obtener lucro; se apropian de la riqueza que nosotros generamos. Ellos creen en la salud, en la educación y en la previsión privada; nosotros en cambio, creemos que la salud, la educación y la previsión son derechos fundamentales irrenunciables que el Estado debe garantizar a todos los trabajadores, tanto en su vida activa como pasiva, independiente de su condición social, y que por tanto no puede estar sujeta al lucro. Ellos, creen en el individualismo y apoyan a sacerdotes vinculados a las más atroces y espurias conductas, como Karadima. Los trabajadores, creyentes o no, creen en lo colectivo, en el esfuerzo mancomunado y practican la solidaridad real como parte de su vida, con sus escuálidos ingresos. Ellos, solidarizan con cargo a franquicias tributarias como los hacen por ejemplo en la Teletón.
En nada nos parecemos a ellos.
Nada tenemos en común con los empresarios, al contrario, su filosofía es atentatoria a nuestra propia existencia, nos condenan a la barbarie. Nos impiden ser felices. Sólo durante enero, se desarrollaron más de 20 huelgas donde los trabajadores demandaban cosas pequeñas, como respeto, dignidad y pequeños aumentos salariales. La respuesta mayoritaria fue de prepotencia e intransigencia y no es porque sean empresas que tengan pérdidas, al contrario, son compañías con cuantiosas utilidades. El problema es otro, ellos no están dispuestos a ceder, es un tema ideológico, quieren hacer desaparecer al Sindicato como sujeto de derecho, quieren eliminar del vocabulario la palabra “colectivo”, y no cederán por muchas huelgas parciales que hagamos. La conclusión que debemos inferir, es que estamos en una etapa de la historia que exige una nueva estrategia, pero sustentada en una “nueva moral”, es decir, un nuevo conjunto de prácticas, de creencias que tome en cuenta que nunca la justicia laboral vendrá de la caridad de los empresarios, mucho menos el mejoramiento de la calidad de vida de los trabajadores, en especial de ese 75% de chilenos que trabajan por un ingreso inferior a los 350 mil mensuales.
Lo hemos dicho, los trabajadores queremos vivir en paz, pero los empresarios no nos dejan. Nos declaran la guerra en todos los frentes: en los bancos, en las AFP, en las Isapres, en el Retail, en las farmacias, en las clínicas, en las universidades privadas, en el gran comercio, o sea, en todas partes. Nos atacan con los cobros abusivos, con tasas de intereses usureras, con costos de administración que nadie entiende. ¿Y cuál es el rol de Estado en esta materia? Reafirmar el carácter civil (liberal) de las relaciones laborales y sociales del país, donde sea el “mercado” (por mercado entiéndase, colusión de los poderosos para fijar precios y políticas, jamás piense en libertad entre oferta y demanda) quien las resuelva, despojando al Estado del rol tutelar de los derechos fundamentales.
¿Qué nos queda? una sola cosa, prepararnos para esta guerra declarada. ¿Cómo? Con más unidad y con más organización. Unificando todas las iniciativas de los que luchan, de los que mantienen en alto la autonomía y la independencia política y que no están dispuestos a capitularle ni al gobierno de turno ni a los empresarios. Con una organización clasista que represente sólo los intereses de los trabajadores y que jamás pacte a espaldas con las autoridades, que jamás hipoteque su independencia apoyando gobiernos liberales. Este esfuerzo exige mucha generosidad de todos, desterrar las prácticas sectarias, pero, siendo profundamente intransigente en el respeto a la autonomía, lo que exige sobrepasar a la burocracia sindical que es uno de los peores escollos que tenemos los trabajadores para avanzar.
¿Qué formas de lucha? Todas
Los trabajadores ante la imposibilidad de ejercitar derechos fundamentales estamos en todo nuestro derecho de buscar otras formas de lucha, que superen los marcos estrechos de esta legislación espuria elaborada por ellos mismos para frenar nuestras organizaciones en la defensa de nuestros derechos. En Temuco, los empresarios, muchos de ellos terratenientes, sin tapujos se armaron y amenazaron que defenderían a balazos sus propiedades e intereses y contaron con el espaldarazo de ministros como el de Agricultura y el del Interior. Es decir, nos confirmaron que el Estado de Derecho hay que usarlo como les dé la gana, se trata de cautelar sus intereses.
Hemos sido notificados, ello despeja las dudas. Nosotros, los de este otro lado de la acera, aquellos que vivimos con salarios mediocres ¿podemos llegar a acuerdos con estos pistoleros del empresariado, que se empeñan en destruir nuestros sueños e ilusiones, endeudándonos y haciéndonos prisioneros de su sistema? Difícil por no decir imposible. Entonces ¿Qué nos queda? ¿Cuál es el camino? hay que derribar toda esta falsa conciencia instalada por los medios de comunicación que ellos controlan y que busca enajenarnos. Debemos combatir todo ese discurso “sacerdotal” pusilánime que profesan algunos para someternos diciéndonos que la felicidad no está en este mundo si no en el más allá. Si comenzamos a socializar nuestras demandas, si instalamos una práctica discursiva que incorpore descarnadamente la realidad, sin tapujos, si instalamos en nuestros análisis claramente la lucha de clases estaremos avanzando hacia formas superiores de comprensión, de organización y de disputa que nos potenciaran para remover los cimientos de este sistema capitalista injusto e inmoral.
Debemos canalizar toda esta bronca, este odio acumulado activado por el abyecto asesinato de Juan Pablo Jiménez, para luego canalizarlo inteligentemente contra estos inmorales que viven y duermen tranquilos a pesar de sus responsabilidades en estos hechos.
Queda claro y debemos entenderlo: ellos tienen una moral distinta a la nuestra. La honradez de la que se ufanan es delictual, es aquella que castiga con años de cárcel a quien se roba una gallina; pero perdona a los ladrones de cuello y corbata. La nuestra es pura, es transparente, es ingenua, a veces estúpida, pues les creemos. La de ellos es criminal, cuando ven afectados sus intereses no reparan en recurrir a todos los medios, lícitos e ilícitos, asesinan mapuches, dirigentes sindicales y, si con ello no se sienten satisfechos, promueven y apoyan Golpes de Estados.
¿Cuál es entonces nuestra tarea? Organizarnos, unificarnos y prepararnos para una gran batalla: la batalla por la dignidad; la batalla por la negociación colectiva que nos niegan; la batalla por un mundo más justo, más humano, sin explotados y sin explotadores. Ninguna confianza en las instituciones del Estado, tampoco en aquellos que piden el voto so pretexto del “mal menor”, mucho menos en quienes pactan con los que han perpetuado este sistema inhumano.
El camino, insisto, está en la unidad, en la organización y en la lucha, así podremos brindar el mejor de los homenajes a JUAN PABLO JIMENEZ, que deja dos pequeños y a su compañera en la total indefensión. Debemos dar señales concretas ahora, el mañana juega al servicio de los asesinos de Juan Pablo y abre los apetitos de otros canallas empresarios para saldar las deudas a balazos con los honestos luchadores.
Por Luis Mesina
Chile: Asesinan a combativo sindicalista del sector eléctrico
De un balazo en la cabeza fue
asesinado ayer el dirigente sindical Juan Pablo Jiménez Garrido,
presidente del Sindicato Nº1 y de la Federación de Trabajadores de la
empresa Azeta, encargada de reponer el servicio eléctrico de Chilectra.
El hecho ocurrió pasadas las 15:30 horas de este jueves 21, durante el
cambio de turno y al interior de un recinto cerrado, ubicado en la
comuna de San Joaquín.
Esta noche, a partir de las 21
horas se realizará una velatón a la entrada de la empresa para exigir
justicia. El funeral será mañana 23 de febrero desde las 15 horas. Los
restos del sindicalista ya fueron entregados a su familia y está siendo
velado en la comuna de Puente Alto en la intersección de Nonato Coo con
Avenida los Toros.
A continuación reproducimos el Comunicado Público emitido por el Sindicato:
El día de ayer, 21 de febrero, alrededor
de las 15:30 horas, al término de su turno de trabajo, fue encontrado
sin vida el compañero Juan Pablo Jiménez Garrido. Él era presidente del sindicato N° 1 de la empresa Ingeniería Eléctrica Azeta, y presidente de la Federación de Trabajadores de Azeta.
Él fue visto por compañeros de trabajo
sentado en una banca, al interior de la empresa, justo a la salida de la
oficina de su jefatura, revisando documentación relacionada con la
actividad sindical.
Minutos después, el trabajador Mario Gutiérrez lo encontró sin vida, sentado en la misma banca donde había sido visto hace un momento. Un charco de sangre rodeaba el lugar.
El cuerpo fue trasladado a la Asociación Chilena de Seguridad, en la comuna de San Miguel, donde se confirmó el deceso y se constató que presentaba una fractura en el cráneo.
La Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones dispuso el examen de su cadáver por un médico criminalista del departamento de medicina de dicha institución.
Hoy, viernes 22 de febrero, se le practicó una autopsia en las dependencias del Servicio Médico Legal,
determinándose que la muerte se produjo por un disparo de bala en la
cabeza, el que le fue propinado al interior de la empresa, en el mismo
lugar donde fue hallado.
Juan Pablo lideró un reñido proceso de
negociación colectiva, que culminó en el mes de diciembre del año 2012,
donde se votó la huelga por parte de los trabajadores, no arribando a
acuerdo con la empresa.
Finalmente, la asamblea sindical decidió
acogerse a lo dispuesto por el artículo 369 del Código del Trabajo, lo
que molestó a los dueños de la empresa, porque significa repetir la
negociación colectiva en el plazo de un año.
Además,
el dirigente había presentado numerosas denuncias por abuso laboral y
por condiciones deficientes de seguridad en el trabajo, en contra de
Azeta. Cabe destacar que en el mes de junio del año 2012, falleció Richard Trincado, trabajador de la empresa, en un accidente laboral.
En los últimos días, las diferencias
entre el sindicato y la empresa se habían agudizado, producto del
cuestionamiento de los trabajadores al tipo de arnés de seguridad que se
les quiso imponer.
Se debe considerar que se trata de trabajadores sub contratistas de la empresa Chilectra, encargados de reponer el servicio eléctrico, y que desarrollan sus labores en condiciones de alta peligrosidad.
¿Quién era Juan Pablo?
Juan Pablo tenía 34 años de edad, estaba casado y tiene dos hijos.
Participaba activamente del movimiento
sindical, se autodefinía como un combatiente de la clase obrera y se
identificaba con un sindicalismo clasista, democrático y de base, en el
que no cabe la corrupción ni el acomodo.
Además, formaba parte de la Radio Popular Enrique Torres, que funciona en poblaciones de la comuna de La Granja.
Sus compañeros de lucha, y sus amigos,
convocamos a todas las organizaciones sindicales, sociales,
estudiantiles y políticas a reunirse en las afueras de la empresa Azeta,
ubicada en Isabel Riquelme con la calle Carmen, en la comuna de San Joaquín,
esta noche a las 21:00 horas, para realizar una velatón, exigiendo el
inmediato esclarecimiento de los hechos, que se investigue lo sucedido y
se castigue a los responsables de este brutal crimen.
Sus funerales se realizarán mañana sábado 23 de febrero, a partir de las 15:00 horas, en el Cementerio El Prado, ubicado en el Paradero 24 de Avenida La Florida.
Juan Pablo fue asesinado al interior de
la empresa, al término de su jornada de trabajo, y sin que la gerencia
de Azeta pueda explicar lo sucedido… Exigimos verdad y justicia.
22/02/2013
El Ciudadano
Chile: Carta abierta de la Unión Portuaria del Biobio por asesinato de Juan Pablo Jimenez
Este viernes 22 de febrero nos enteramos, con estupor e incredulidad, lo acontecido en Santiago con el dirigente Juan Pablo Jiménez presidente del Sindicato de la Contratista AZETA, el cual resultó muerto de un balazo en la cabeza en extraña situación el jueves 21 a las 15:30 de la tarde al estar realizando tareas sindicales. Con el pasar de las horas, y tras corroborar el asesinato del compañero, se nos vinieron a la cabeza los malos recuerdos de un pasado triste que buscamos que quede atrás, pero que tras este acontecimiento se nos hizo muy presente, haciendo peligrar enormemente la paz social.
No tuvimos el gusto de conocer directamente a Juan Pablo, pero de todas formas lo consideramos parte de esta familia sindical. Familia integrada por personas con un fuerte sentido de servicio y entrega a los demás, a sus similares, a sus compañeros trabajadores y sus familias. Personas que muchas veces arriesgan su estabilidad laboral, su propia carrera por el simple deseo de que se haga justicia con sus compañeros y se les dé un trato humano y digno, pero que están muy cerca del desamparo total, tanto ellos como sus familias, tras cualquier desgracia que pueda ocurrir.
Ahora, tras estos hechos es que exigimos que se aclare lo ocurrido lo antes posible, para lo cual el Estado, a través del Ministerio del Interior, tendrá que poner a disposición todos los instrumentos que posea para que ello se concrete, con total premura, transparencia y eficacia, no dejando ninguna duda de lo acontecido y generando la necesaria justicia a nuestro compañero, sea quien sea el o los culpables. De esa manera podremos quedarnos en algo tranquilos, pues si se aclara el crimen eficaz y transparentemente y se imparte justicia se logrará descomprimir el tensionante y beligerante clima generado, dando tranquilidad y el claro mensaje de que no se aceptará ninguna situación criminal jamás. Esto es necesario, pues aunque todo fuera un lamentable accidente de una “bala loca”, si no se aclara y no se encuentran culpables, da pie a cualquier loco, a tener la loca idea, de resolver locamente sus problemas sindicales de esa forma. No queremos una Colombización de las relaciones empresario-sindicales en nuestro país y no queremos más desamparo a nuestros dirigentes que mucho entregan como para quedar en tal situación sus familias tras hechos con estas consecuencias.
Esperamos pronto, como todos los trabajadores, tener noticias aclaradoras de esto, mientras tanto nuestra organización y todos los sindicatos que la componen permanecen en atentos a los acontecimientos esperando que se haga todo, por parte del Estado, para impartir justicia. En caso contrario no nos quedará otra opción de movilizarnos esperando sensibilizarlo con este caso.
Unión portuaria del Biobio
Izquierda extraparlamentaria y Ciudadanía: La conjunción perfecta para un nuevo Chile
Martes, 26 de Febrero de 2013 15:17 Víctor González - Clarín
Estando ad-portas del inicio de una nueva etapa política del país, que
culminará con las elecciones de Presidente, Senadores y Diputados,
abundan los vaticinios, especulaciones y las pugnas entre los actores
políticos. Los resultados no son tan complejos de vislumbrar, toda vez
que estamos sumidos en un sistema político, que no es precisamente
democrático. En efecto, el Sistema Binominal, permite que sólo 2
Coaliciones se repartan la torta; método de alta ingeniería electoral,
elaborado por Jaime Guzmán y asesores; que permitirían una abierta
participación del electorado, para que nada cambie... Así se “mantienen
los necesarios equilibrios que el país necesita para llegar al
desarrollo” sostienen los favorecidos con este sistema, a saber: la
Concertación y la Alianza, llamados por la recordada Gladys Marín, como
el Co-gobierno.El Co-gobierno, ha funcionado a la perfección, administrando un Modelo de desarrollo que tiene al país con un ingreso de 18.000 dólares. Lo malo es que todos se preguntan ¿dónde están mis USD 18.000?
Es que la nuestra es una de las sociedades más desiguales del planeta y por tanto, el Neoliberalismo ha fracasado en esta larga franja, pues su promesa de desarrollo e igualdad es una falacia.
Con un gobierno de derecha que pasa sin pena ni gloria, y una oposición sumida en una crisis, pareciera que no hay novedades dignas de rescatar.
Sin embargo, algo nos dice que esta contienda electoral será diferente. Ya desde el 1 de marzo empieza la carrera. Sería la última elección con viejos cracks en la plantilla, si M. Bachelet dice “sí quiero”.
Lo realmente importante, que no podemos vislumbrar, es en qué incidirá la participación del llamado nuevo actor social, LA CIUDADANIA.
Esta Ciudadanía dijo “no voto” en las Municipales; pero las elecciones presidenciales y del Legislativo han sido siempre más atractivas, no sólo en Chile.
Se espera que el electorado (o sea, cerca de 13 millones de personas) acudirá en forma mucho más visible que en Octubre, donde ridiculizó toda encuesta y vaticinio existente.
Mayol, el mediático sociólogo e investigador ha dicho que los estudiantes modificaron el escenario, aún no visiblemente, pero fracturaron las certezas y la tranquilidad de satisfechos y viejos jerarcas de la política-empresarial . Según el académico, Chile definitivamente cambió, al calor de las marchas estudiantiles.
¿Pero, la Ciudadanía efectivamente vendría a superar el elector pusilánime y supondría la emergencia de un actor social poderoso e imprevisible?.
La elección de Josefa Errázuriz marcó un precedente: que la Ciudadanía y los partidos políticos, pueden ser capaces de cambiar complejos escenarios.
Pero no nos indicó cuál sería el real poder de este actor de “mil caras” difícil de describir, en una elección Presidencial.
Hoy, la izquierda antineoliberal extraparlamentaria, tiene un enorme desafío: cómo caminar junto a una Ciudadanía no militante, desconfiada y variopinta, pero que supone una enorme energía renovadora del alma nacional.
Este desafío es particularmente importante en la Candidatura Ciudadana de Marcel Claude, levantada por agrupaciones sociales y ciudadanas, donde se debe compatibilizar un complejo escenario político-ciudadano.
Las fuerzas políticas de izquierda que se acerquen al economista y la ciudanía gestora de esa candidatura, deberán superar las desconfianzas, abrir caminos de diálogo, hacer senderos unitarios en temas ideológicos-partidistas y expectativas ciudadanas. Esos caminos sólo se pavimentan con la convicción de que es necesario un cambio en Chile y el apoyo irrestricto a un Programa de Gobierno para las mayorías.
La convicción existe y el Programa de Marcel Claude, aún completándose con sus adhenrentes, se está transformando en la propuesta más ambiciosa presentada al país en 40 años.
Si Marcel Claude, logra unificar en una sola gran fuerza, con sus diferencias y coincidencias a sus equipos políticos y adherentes Ciudadanos, encanta voluntades y renueva esperanzas; se convertirá en un referente para millones, con la posibilidad de dejar atrás el Chile Neoliberal y retrógrada, Encumbrará a la patria a la lista de las naciones dignas, que hoy en Latinoamérica, significan la nueva esperanza de un mundo mejor.
Víctor González
Comunicador Visual
Desde el Norte, por un Nuevo Chile
La pasada semana recorrimos con el alcalde de Calama varias comunas de las regiones Arica-Parinacota y Tarapacá. Esta “gira” la hicimos con el propósito de acercarnos a los alcaldes vecinos y líderes sociales de esta parte del país.
Fue una verdadera aventura, pues en un
par de días viajamos por tres regiones. Literalmente estuvimos dando
“vueltas por el desierto”, concepto que ha utilizado el diputado UDI Felipe Ward para caricaturizar las marchas que se han hecho desde Calama hasta Chuquicamata, por las reivindicaciones loínas.
A la larga, esas vueltas nos ha
permitido darnos cuenta que somos cada día más los que añoramos recibir
el trato que merecemos los ciudadanos del Norte y dejar atrás la
indiferencia del Estado chileno, que dice ser unitario. Más aun, esas
vueltas, nos han permitido convencernos que lograr ese trato, depende
principalmente de nosotros y no de aquellos que se han (o los han)
presentado como a seres caídos del cielo, como iluminados que han venido
a salvarnos desde otras latitudes (porque, es bueno precisar, no se
trata de hijos nacidos ni adoptados por esta tierra, sino de
personalidades en busca de trampolines que les acerquen a sus objetivos
particulares o partidarios).
Retomando nuestro periplo por
Arica-Parinacota y Tarapacá, es preciso señalar que con ello quisimos
plantear, primero, la necesidad de que los gobiernos locales generen
sinergias y se agrupen en razón de las necesidades comunes que tienen
los habitantes de las comunas del norte. Junto con lo anterior,
traspasamos la experiencia de Calama a los líderes comunales, de manera
de instar a que se empuje en sus localidades la organización y
movilización ciudadana, como vehículo para alcanzar la transformación.
A medida que nos adentrábamos en el
desierto, crecía la satisfacción, por cuanto conseguíamos la voluntad de
los ediles y el entusiasmo de otros actores sociales.
Resultados esperanzadores que matizan el
color tierra de estos rincones con tintes de esperanza. Esperanza de
que nuestras comunidades florezcan en la adversidad y resistan todo tipo
de inclemencia, tal cual sucede con el verdor de la Pampa del Tamarugal
en medio de la sequedad; esperanza de que los tiempos que esperan a
nuestros hijos reluzcan tanto como el sagrado sol que nos abraza en Atacama.
En concreto, los alcaldes del Norte han comenzado a vislumbrar la conformación de un Frente de Municipios que atienda las necesidades que son comunes en las ciudades de las regiones Arica-Parinacota, Tarapacá, Antofagasta y Atacama. Una medida que implica descolgarse paulatinamente de la Asociación Chilena de Municipalidades, organización que –como todo el aparataje ligado al Estado- se ha excedido en el centralismo con que opera.
Lo anterior es un gesto de rebeldía,
actitud que históricamente ha estado presente en este majestuoso Norte.
Tal vez hoy nos resulte difícil dimensionar la importancia de esta
iniciativa, pero estoy cierto de que es parte de un proceso que ocupará
importantes pasajes en los libros que relaten el desarrollo de nuestro
pueblo.
Pero la tarea no es únicamente de los
alcaldes. La tarea la tenemos principalmente los ciudadanos,
despojándonos del temor, de la comodidad y la indiferencia. Asumiendo
que somos protagonistas de esta historia y que podemos construir desde
el norte un nuevo Chile… Un Chile más justo, con
equidad y libertad. Un Chile que retribuya a nuestras comunidades, por
lo mucho que hemos entregado y sacrificado.
Por Miguel Ballesteros
Domingo, 24 de Febrero de 2013 00:00 Luis Jaqui - Clarín
Siendo tan torpe como un elefante en una cristalería, el gobierno de
Piñera ha tenido la maestra sutileza para poner la guinda de la torta en
la fiesta antidemocrática y desigual de nuestro país. Bien dice por ahí
un hombre ultra imaginario, que el suyo podría entenderse como el
quinto gobierno de derecha post dictadura.Aún así, día a día se avanza decididamente a un nuevo ciclo político-social, es decir, hacia la unidad de los que no están por maquillajes sino por transformaciones profundas, que contribuirán a parir un Chile diferente al diseñado por la Dictadura y co-administrado por la Concertación y la Alianza. Existe, sin lugar a dudas, una importante oportunidad.
Oportunidad que ha tenido varios hitos que se han sucedido en el tiempo, indudablemente con mayor intensidad en los últimos 3 años. En este escenario, se presenta una fuerte disputa en dos bloques que profundizan sus diferencias a diario: En un lado los conocidos y mediáticos defensores por acción y omisión del “modelo”, y en el otro, una ciudadanía que está decidida a terminar el abuso al que se le ha sometido por tantos años.
A pesar de los intentos de los defensores de lo indefendible por esconder la pelota, silenciosamente se ha constituido una mesa política que decidió asumir la responsabilidad de construir un espacio unitario y diverso. Una articulación entre quienes están dispuestos a trabajar por un proyecto político nuevo. Convencidos de que 40 años es un tiempo más que suficiente para recuperar a nuestro país de las manos de una minoría que decide sin representar, enriqueciéndose con el esfuerzo de todos y a costa de sus derechos. La labor que se ha venido desarrollando puede resumirse como una convicción y un esfuerzo colectivo por construir una alternativa política y social, que permita dar pasos seguros de avance para que Chile goce de una transformación profunda, una transformación en beneficio de las mayorías, los que hasta ahora hemos sufrido con las decisiones de los herederos del pasado.
Para el 2013 se espera la conformación de un proyecto que busca – a partir de la unidad – cambiar Chile desde la raíz, es decir, es un proyecto de radicalización. Esto a través de un programa político transformador. Un programa de cambios que no será escrito por encargo a algún think tank y o a algún ejercito de tecnócratas, sino más bien, a partir de las demandas de las diferentes organizaciones sociales, lo que sin duda, contendrá importantes ejes que permitirán avanzar hacia una democratización en su más amplio sentido.
En esto, la Asamblea Constituyente permitiría dar un gran paso, por ejemplo, hacia la nacionalización de los recursos naturales, una planificación ecológica de nuestra sociedad, la proyección de una sociedad de derechos universales con una justa distribución de la riqueza, el poder político y el poder comunicacional, entre otras grandes tareas que aún como país tenemos por hacer.
Una alternativa como ésta, debe estar integrada por la diversidad y estar basada en el ideal de que cada uno de los chilenos debe tener una vida digna, y asumir como una más de sus tareas la disputa del poder en todos sus espacios. Para ello, es preciso derrotar a los herederos, los administradores y sus satélites, a la Alianza y la Concertación quienes han contribuido de manera destacada a que nuestros padres y nosotros mismos suframos del neoliberalismo más brutal que conoce el planeta. Es un desafío mayor que el 17 de noviembre de 2013 marcará un hito importante.
Contar con un candidato presidencial unitario, una lista parlamentaria única y nacional que responda a llenar un vacío político del cual los movimientos sociales y los partidos no sistémicos se hagan cargo teniendo siempre como base que la política no se reduce a un proceso eleccionario, sino que a la transformación estructural y radical, donde el buen vivir ha de estar distribuido de manera justa a lo largo y ancho de todo Chile.
Publicado en Politika
Documentos desclasificados revelan plan de Pinochet para desconocer resultados del plebiscito de 1988
Documentos desclasificados
recientemente, señalan que Pinochet intentaría un segundo golpe tras
perder el plebiscito que lo sacó del poder en octubre de 1988. Así lo
informó el National Security Archive (NSA), instituto privado que dirige
Peter Kornbluh, ahora difundido por escasos medios internacionales,
entre otros el diario La Jornada de México, la agencia Reuters e Hispan
TV.
Esta historia periodística está vinculada a la competencia del premio
Oscar, que se dirimió la noche del domingo en Hollywood, donde está
nominada la película chilena NO, que relata la campaña publicitaria que
contribuyó a acabar con el dictador hace 25 años. Naturalmente, la
noticia tampoco fue difundida por los grandes medios chilenos, como ya
es habitual.Según un informe de David Brooks, corresponsal de La Jornada en Estados Unidos, los recientes documentos desclasificados incluyen advertencias secretas desde la Embajada de Estados Unidos sobre la intención de Pinochet de emplear la violencia para mantenerse en el poder en caso de no triunfar en el plebiscito, que su círculo más íntimo estaba convencido de que ganaría.
En rigor, Pinochet también se proponía doblar la mano de Estados Unidos, que lo apoyó para el golpe militar contra Salvador Allende en 1973, pero por razones imperiales, motivos geoestratégicos y financieros neoliberales, en 1998 apoyó el NO (a Pinochet) en el plebiscito, con ingentes aportes de diverso origen que financiaron organizaciones políticas e hicieron emerger medios de información anti-dictadura que después fueron abandonados “en democracia” hasta que desaparecieron definitivamente, con el consiguiente desempleo masivo de periodistas.
La película NO, dirigida por Pablo Larraín y cuyo rol principal desempeña el actor mexicano Gael García Bernal, está nominada como mejor film extranjero y ha sido muy alabada por críticos de Estados Unidos. La película describe la estrategia publicitaria empleada por la campaña del NO en la consulta popular convocada por Pinochet para legitimarse por otros 8 años en el poder.
Peter Kornbluh, director del Proyecto sobre Chile del NSA señaló que la película aborda eventos históricos reales, pero ha sido criticada por “barones” de la clase política chilena por “no destacar su trabajo político de años”. La gente de Chile ya olvidó que el golpe fue apoyado por el partido Demócrata Cristiano y otras fracciones de derecha –más “sectores progresistas”– que con el correr de los años se opusieron a la dictadura inspirados por la política exterior de Estados Unidos y de los países europeos gobernados entonces por la social democracia.
El DC Genaro Arriagada, quien dirigió la campaña del NO, calificó la película de caricatura de lo que ocurrió, y dijo al New York Times que es una gran simplificación que no refleja la realidad del enorme y largo esfuerzo de organización que logró tumbar a una de las dictaduras militares más fuertes del continente americano, escribió Brooks.
Kornbluh señaló que aunque la película asume que el gobierno de Estados Unidos estaba apoyando el SI para mantener a Pinochet en el poder, documentos oficiales revelan que 15 años después de apoyar el golpe de Estado, organizaciones oficiales y cívicas estadounidenses promovían el NO. Por ejemplo, el entonces embajador de Ronald Reagan en Chile, Harry Barnes, apoyó abiertamente a organizaciones chilenas que estaban participando en promover el NO a tal nivel que los medios pro dictadura lo condenaron y Pinochet denunció el imperialismo yanqui por intromisión en su contra. Asesores y estrategas electorales estadounidenses también participaron en la campaña del NO y hubo organizaciones semi oficiales que otorgaron financiamiento, como el NDI (sigla en inglés del Instituto Demócrata Nacional, ligado al partido del mismo nombre).
DOCUMENTOS DESCLASIFICADOS
Según el informe de Brooks, “tal vez lo más notable en los documentos de la CIA, el Departamento de Estado y la Agencia de Inteligencia de Defensa (DIA) de Estados Unidos recién difundidos por el NSA son las revelaciones del plan de Pinochet de generar violencia y anular el plebiscito para mantener su poder si perdía, como los esfuerzos del gobierno estadounidense para dar a conocer y detener ese complot”.
La CIA informó en mayo de 1988 que entre los militares había gran temor de que un gobierno civil cooperara con el gobierno de Estados Unidos en perseguir el caso del asesinato del ex canciller Orlando Letelier (ultimado en Washington en septiembre de 1976, junto a su secretaria Ronni Moffitt) y también otros abusos de los militares.
Hacia septiembre, los cables diplomáticos de la embajada reportaban que crecía la perspectiva de un triunfo del NO. Pero a la misma vez el embajador Barnes empezó a enviar alertas a Washington sobre la posibilidad inminente de un golpe que promovería la dictadura si Pinochet era derrotado en las urnas. Barnes informó que la CIA y la DIA advertían de la determinación de Pinochet de emplear violencia en la escala que fuera necesaria para mantenerse en el poder.
La DIA informaba que sus fuentes en el comando militar chileno confirmaban planes de contingencia para descarrilar el plebiscito al alentar y realizar actos de violencia. Esperaban que tal violencia provocara reacciones de la oposición más radical e iniciara un ciclo de violencia y desordenes que permitirían suspender el referéndum, suspenderlo, declararlo inválido o postergarlo de manera indefinida.
Kornbluh comentó que funcionarios del gobierno de Ronald Reagan terminaron por percibir a Pinochet como un dictador indeseable, porque su intransigencia estaba radicalizando a la izquierda militante y marginando al centro político en Chile, y por tal motivo actuaron rápidamente, comunicando esta información al propio presidente Reagan. Enviaron mensajes oficiales al alto mando chileno, incluyendo a Pinochet, advirtiendo que no tomaran medidas para descarrilar ni anular el plebiscito, e incluso amenazaron que tales medidas dañarían seriamente las relaciones con Estados Unidos. A la vez, la CIA y oficiales militares estadounidenses emitieron mensajes parecidos a sus contrapartes en Chile.
De hecho, en el mismo día del plebiscito hubo un intento del gobierno de Pinochet de manipular la información sobre los resultados y tratar de incitar a la oposición y provocar desorden. Cuando eso falló, en un último intento desesperado, Pinochet convocó a los integrantes de su junta al palacio de La Moneda a la una de la mañana, donde estaba casi apopléjico por los resultados. Propuso anular el escrutinio y solicitó que la junta le otorgara poderes extraordinarios. Sus colegas rechazaron esta opción y sin su apoyo no tuvo otra alternativa que reconocer su derrota.
Los documentos oficiales se pueden consultar (en inglés) en el sitio del National Security Archive. El informe de David Brooks en el diario La Jornada de este domingo puede leerse AQUI.
Por Ernesto Carmona / El Ciudadano
A tres años del 27 F: Llaman a pasar sobre azul a la Concertación y la Derecha
La madrugada del 27 de
Febrero de 2010 (27 F), dejó al desnudo, una vez más, lo precario,
injusto, desigual e implacable que suele ser este sistema de dominación
forjado a sangre y fuego desde hace 40 años por la derecha tradicional y
la derecha concertacionista . Un modelo construido para que un puñado
de familias, que controla el poder económico y el político, pueda vivir
en la opulencia, sin importar que la mayoría de nuestra población se
encuentre en la miseria, asfixiados por las deudas, nadando en las
ilusiones que le forjan los medios de comunicación masivos,
preguntándose sólo como terminar al día, sin proyección alguna, con el
temor de que se destruya su ya deteriorado nivel de existencia.
El desastre socio-natural,
coincidió con el fin del período de gobiernos de la concertación. Para
ellos las tareas planteadas estaban más que cumplidas logrando mantener
la “paz social” entre 1990 y 2010, al mismo tiempo que garantizaba que
la clase dominante acumulara ganancias como nunca en la historia lo
había hecho. Esto último gracias a la profundización del modelo
económico neoliberal, el cual permite el control de la economía por
parte de no más de 7 Grupos Económicos criollos y las empresas
trasnacionales. La noche del desastre y los días siguientes, le
demostraron a los chilenos y chilenas que todo ese crecimiento
económico, todas esas maravillosas cifras de la macroeconomía no eran
más que mentiras, ya que nada se había invertido en los medios
científicos y técnicos necesarios para resguardar la vida y las
viviendas del grueso de la población, y que esas autoridades, que nos
acostumbraron a los bonos, eran completamente inoperantes y displicentes
en hacer su trabajo. Era notorio que para esa coalición política, los
efectos del terre-maremoto debían ser asumidos por la derecha, así de
simple, así de cobarde. Días después del dramático hecho telúrico,
asumía la dirección del ejecutivo la derecha, levantando un plan de
reconstrucción que incluía expropiaciones de viviendas devastadas para
la construcción de hoteles y paseos comerciales en el borde costero,
negociando las reconstrucciones y los subsidios con las empresas
constructoras, propiedades de ellos mismos y generando una gran masa de
desplazados dentro de las localidades afectadas, demostrando así que no
pierden oportunidad de engordar sus negocios aunque sea sobre la sangre,
la expulsión, y las penas de los más pobres.
El 27 F, no puede ser
olvidado en sus efectos sociales y políticos, es por esto que en este
tercer aniversario debemos alzar la voz y denunciar la incapacidad del
Estado, de los partidos políticos con representación parlamentaria, de
la Justicia. Los sectores oficialistas, es decir, la Alianza y la
Concertación, en su descarada defensa del conjunto de la patronal
señalan que no existen fondos necesarios para una reconstrucción más
efectiva, rápida y eficaz. Entonces, podemos preguntar: ¿Por qué
CODELCO sólo es propietario del 40% del cobre? ¿A cuánto ascienden las
ganancias de la Banca, las ISAPRES, las AFP, las Forestales, las
Pesqueras, las Multitiendas, las Cadenas Monopólicas de Productos de
Construcción? ¿Por qué empresas privadas controlan sectores estratégicos
como el Agua, la producción y distribución de la energía eléctrica?
¿Por qué los Recursos Naturales se regalan a las empresas
trasnacionales? ¿Por qué la libre circulación por el territorio de la
República es limitada por el cobro de peajes, cuyas ganancias son
embolsilladas por empresas extranjeras? ¿Por qué el proceso de
reconstrucción pasa por las grandes cadenas monopólicas de productos de
construcción y de las inmobiliarias? ¿Por qué en promedio, desde 1986
hasta hoy, el crecimiento económico se empina al 6% y no se refleja en
la calidad de vida de todos los Habitantes del país? O sea, dinero,
capital, trabajo acumulado, existe. Lo que no existe es la voluntad
política para una reconstrucción justa, digna y eficaz, basada en los
derechos humanos de los habitantes.
A tres años del 27 F, que afectó a más
de 220 mil viviendas, entre las regiones de Valparaíso y La Araucanía,
queda demostrado el concubinato entre los políticos oficialistas, los
grandes consorcios, la Banca, las inmobiliarias y las cadenas
monopólicas de materiales de construcción. Ese hecho, que tenemos que
denunciar en forma permanente, ha sido la norma desde 1990 hasta hoy,
así como lo fue entre 1973 y 1990. Las políticas subsidiarias y
neoliberales de vivienda y la liberalización del mercado de suelo han
producido ciudades divididas y segmentadas, donde no alcanza la
ciudadanía para todos, dejando habitantes damnificados de las propias
políticas públicas, enfocadas en controlar y alienar a la población, más
que en avanzar hacia la felicidad y el buen vivir.
Cada vez que se construye un puente, un hospital o cualquier obra gruesa
en el sector privado o público, lo que predomina es la corrupción, el
nepotismo, el robo liso y llano. Robo de dineros de todos los chilenos,
robo del sudor y esfuerzo de millones de trabajadores, campesinos y
profesionales. Cuando se haga la Historia de este período en forma
transparente, las futuras generaciones quedarán asombradas por el
cinismo y el descaro de estos politicastros al servicio de los
poderosos. Tenemos que luchar mucho para que llegue ese día en donde
rindan cuentas, se les realice un “JUICIO DE RESIDENCIA” y no sólo pidan
perdón, sino que paguen como pagan los llamados delincuentes comunes.
Por eso, y por mucho más, tenemos que
decir ¡BASTA! Tenemos que exigir reconstrucción eficaz, digna. No es
posible aceptar el desarraigo que sufren miles de compatriotas tras el
27 F, que ha dado paso al maldito lucro voraz de quienes se apropian de
los terrenos, expulsando a los pobladores de sus barrios,
para convertirlos en espacios privados y caros de construcción,
olvidando el rol de bien común que debe poseer el uso de la Tierra. No
podemos permitir la política del despojo, la cual se aplica a todo
evento. No podemos legitimar el silencio cómplice y cobarde de quienes
ejercen responsabilidades políticas, aún en este sistema nefasto, más
todavía si ello encierra la vida o la muerte de seres humanos, únicos,
irremplazables, valiosos en sí mismos. Es el minuto de luchar por
construir nuestra Soberanía en todos los planos. Es el momento de unir
todas las fuerza, todas las luchas, todos los Sueños, todas las
Demandas, pues lo que está en juego es la vida de millones, del derecho a
la Felicidad para todos los Hombres y Mujeres en el ahora y las futuras
generaciones. Porque estamos más convencidos, hoy que nunca, que sólo
la lucha y la unidad nos harán libres.
Exigimos:
FIN AL PROCESO DE RECONSTRUCCIÓN MEDIATIZADA POR EL SECTOR PRIVADO.
FISCALIZACIÓN DEL SUPUESTO 85% DE RECONSTRUCCIÓN QUE ASEVERA EL
GOBIERNO DE TURNO. LAS VIVIENDAS DEBEN ASEGURAR EL PLENO RESPETO A LOS
DERECHOS HUMANOS DE LOS AFECTADOS.
FIN AL PROCESO INHUMANO DE EXPULSIÓN DE POBLADORES DE SUS TIERRAS, NEGOCIO IMPULSADO POR PRIVADOS Y AVALADO POR EL GOBIERNO.
JUICIO POLÍTICO A LOS RESPONSABLES DE LA CONCERTACIÓN Y DE LA ALIANZA.
JUICIO PENAL A LAS EMPRESAS QUE HAN LUCRADO CON EL SUFRIMIENTO Y DOLOR DE LOS AFECTADOS.
Se despiden atentamente
MOVIMIENTO NACIONAL POR UNA RECONSTRUCCIÓN JUSTA.
FEDERACIÓN NACIONAL DE POBLADORES.
MOVIMIENTO POBLADOR@S DIGNOS.
MOVIMIENTO NACIONAL POR UNA RECONSTRUCCIÓN JUSTA.
FEDERACIÓN NACIONAL DE POBLADORES.
MOVIMIENTO POBLADOR@S DIGNOS.
ASAMBLEA POR LA SOBERANÍA Y LA JUSTICIA SOCIAL-SANTIAGO.
ASAMBLEA NACIONAL POR LOS DERECHOS HUMANOS CHILE.
FEDERACIÓN NACIONAL DE POBLADORES-ALLEGADOS. FENAPO-ALLEGADOS.
AGRUPACIÓN DE FAMILIARES DE DETENIDOS DESAPARECIDOS (AFDD) CHILLÁN.
LUIS AGUIRRE SMITH. Luchador Social. Ex Preso Político N° 466.
Padre de la Compañera PAULINA AGUIRRE TOBAR, asesinada el 29 de marzo de
1985.
ASAMBLEA TERRITORIAL PEDRO AGUIRRE CERDA.
COSME CARACCIOLO, Secretario General de la Confederación Nacional de Pescadores Artesanales CONAPACH; Pescador.
LUIS MESINA, Secretario General de la Confederación Bancaria de Chile.
RED CONSTRUYAMOS, Concepción.
CONSEJO DIRECTIVO DE FENATS OCTAVA REGIÓN.
JORGE FIGUEROA ZAPATA, Presidente de la FENATS OCTAVA REGIÓN DEL BIO- BIO.
EDGARDO JARPA LUNA. Dirigente de Base Hospital Clínico Regional de Concepción de la Provincia de Concepción.
CARLOS RUBILAR FUENTES. Dirigente de Base del Hospital del Carmen Provincia de Ñuble, Chillán.
PATRICIA VALDERAS SILVA. Dirigente de Base Hospital Lebú. Provincia de Arauco.
ENRIQUE AMAYA ROCA. Dirigente de Base Hospital Los Ángeles. Provincia del Bio Bio.
HÉCTOR CALFULEO PAINEN. Presidente de la FENATS HOSPITAL DR. SÓTERO DEL RIO.
LUIS MORALES. Presidente de la FENATS HOSPITAL SAN JOSÉ.
ANA MARÍA VIDAL M. Dirigenta de la AFUSAM HIGUERAS.
ÄLVARO ESPINOZA MUÑOZ. Dirigente de Funcionarios Municipales de Concepción.
ASAMBLEA SECUNDARIOS CORDILLERA ASECO.
MOVIMIENTO NOVENA RESISTENCIA.
LUIS SOTO, Presidente del Movimiento por la Defensa del Agua,
Protección a la Tierra y Respeto al Medio Ambiente MODATIMA, Petorca-La
Ligua.
LUIS DÍAZ BÓRQUEZ, Comité de Defensa Del Cobre y los Recursos Naturales de Valdivia.
RAÚL PAIBA, Comité de Refugiados Peruanos en Chile.
PEDRO RISSOTTO. IZQUIERDA DEMOCRÁTICA 1815. URUGUAY.
MANUEL JESÚS HIDALGO VALDIVIA, Economista-Asesor
Sindical, Asociación de Inmigrantes por la Integración Latinoamericana y
del Caribe (APILA).
MARCELO FIGUEROA. Chiguayante. Independiente de Izquierda.
ERIC VARGAS, Autoridad Ancestral Mapuche Williche del Territorio Territorio Kayenel Melipulli.
Consejo Pro Hospital de la Comuna Padre Las Casas, Territorio Mapuche y Mesa Territorial de la Comuna Padre Las Casas.
MIGUEL FERNÁNDEZ VALDIVIESO, Periodista, fono 88852366
ALEJANDRO STUART, Fotógrafo, Poeta, Cantor, Gestor Cultural; Temuko-Nación Mapuche.
BOSQUES SIN FORESTALES, frente a las empresas forestales y su Nueva
Invasión Forestal en Chile, DL 701. Temuko Territorio-Nación Mapuche.
KOM IXOFIJ MOGEN MAWIZA WEW!!: http://www.facebook.com/
PLATAFORMA AMPLIA POZO ALMONTE PAMPA.
MOVIMIENTO PAMPA.
COLECTIVO JOVENESS COYHAIQUINOSS.
COLECTIVO CIUDADANOS ACCIÓN DIRECTA MAIPÚ (CAD Maipú).
COLECTIVO PRIMERA LÍNEA, Peñalolén-Lo Hermida.
CÉLULA FERNANDO SANTIAGO AGURTO. Hualpencillo, Bio Bio, Octava Región.
JAVIER MÁRQUEZ, Dirigente de la Confederación Bancaria; Independiente de Izquierda.
ARNALDO PÉREZ GUERRA, Historiador y Periodista.
GUILLERMO RODRÍGUEZ, El Ronco, Luchador Social.
MARÍA INÉS BUSSI. PhD Relaciones Internacionales y Periodista.
RAÚL ELGUETA GONZÁLEZ, Abogado de DDHH, Director de CODEHS Clotario Blest Riffo.
PEDRO MARÍN MANSILLA, Ex Presidente de la Federación Minera de Chile.
JORGE LAVANDERO ILLANES, Promotor de la Renacionalización del Cobre.
NELSON AQUILES SOTO AGUILERA, Ex-Consejero Nacional Federación de Trabajadores del Cobre Codelco Chile División Andina.
ANDRÉS FIGUEROA CORNEJO. Periodista. Militante de la Izquierda anticapitalista.
FRANCISCO PANCHO VILLA, Trovador y cantautor del Campo Popular.
REBECA GODOY, Trovadora y Cantautora del Campo Popular.
PATRICIO TORRES, de Sindicalistas del Mundo.
ALEJANDRO DÍAZ, Académico de la Universidad Central.
DÉBORAH ESTAY MOREY, Profesora de Lenguaje con Mención en Castellano, Licenciada en Educación, Magister en Evaluación.
NILDA CORREA VIVES, Directora de Revista “La Palabra”, Socia N°
1525 de la SECH; Coordinadora en la Región Metropolitana, Rancagua y
Curicó de POETAP -Poetas de la Tierra y Amigos de la Poesía, en Chile.
DIANA CORDERO y Equipo de Redacción de INSURRECTAS Y PUNTO.
SHEMYR. Arquitextista. Comunicación Audiovisual.
KOLECTIVO ESPIRAL Arte y Cultura, Temuko-Nación Mapuche.
LUIS JOFRÉ, Colectivo Jorge Müller.
CONVERGENCIA POPULAR REVOLUCIONARIA, CPR.
LEOPOLDO LAVÍN, Militante de G 80 e Igualdad.
UNIDAD COMUNISTA.
RAÚL BLANCHET. Consejo Nacional de Comités Comunistas.
PARTIDO IGUALDAD.
MOVIMIENTO DE IZQUIERDA REVOLUCIONARIA MIR-Ejército Popular Revolucionario (Batallón Chile).
PATRICIO CID, Movimiento por la Asamblea del Pueblo (MAP).
JORGE GÁLVEZ, Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR).
MARCO RIQUELME, Movimiento Patriótico Manuel Rodríguez (MPMR).
COORDINADORA DE ORGANIZACIONES POPULARES (COP).
SOCIALISMO REVOLUCIONARIO (SR).
REVOLUCIÓN PROLETARIA (RP).
COMITÉ DE UNIDAD REVOLUCIONARIA (CUR).
PARTIDO DE LOS TRABAJADORES.
MAPU.
MOVIMIENTO DE LOS PUEBLOS Y LOS TRABAJADORES (MPT)
COLECTIVO WETRIPANTU.
COLECTIVO POPULAR MONTUN. Chiguayante.
COLECTIVO PODER POPULAR CONCEPCIÓN.
COLECTIVO PODER POPULAR SANTIAGO.
COLECTIVO LIBERTARIAMÉRICA.
CENTRO SOCIAL Y CULTURAL EL SINDICATO.
HÉCTOR VEGA. Abogado. Economista. Escritor. Secretario General del Movimiento de Saneamiento Político y Social (MSPS).
LOBOS RAY. Coordinador del Frente de Resistencia Libertaria. Bloke Temuco y Bloke Santiago.
JUAN BUSTOS BELL.
RENATO VILLAR, Independiente de Izquierda.
MARCOS PÉREZ G., Independiente de Izquierda, Villa Olímpica-Stgo.
ABRAHAM ROJAS, Militante del Partido Humanista.
MIGUEL EDWARDS ROSAS, Poeta, Militante de la Asamblea por la Soberanía y la Justicia Social.
FLORENCIO PARDO MONTENEGRO, abogado de DDHH, Ex Candidato a Concejal por Santiago; Asamblea Izquierda Popular (Santiago-Centro).
SIHAR MAC: facebook https://www.facebook.com/
WEB LIBERACIÓN: www.liberacion.cl
PERIÓDICO UMBRALES.
COLECTIVO MIGUEL ENRÍQUEZ en EEUU.
MOVIMIENTO DE LA PEÑA DEL BRONX.
COALICIÓN 1ero DE MAYO DEL BRONX.
ALEJANDRO ADONIS. Cineasta. Reportero. Bélgica.
COLECTIVO ACCIÓN DIRECTA (CAD).
ALONSO NÚÑEZ. Músico Cantautor de la Patagonia Libre. www.alonsonunez.cl
LEYLA NORIEGA ZEGARRA. PERIODISTA. Magister en
Ciencias de la Comunicación. Diplomada en DESC, Derechos Humanos y
Comunicación.
CLAUDIO MENDOZA, DIRECTOR DE NUESTRO CANTO. www.nuestrocanto.net
CARLOS SANDOVAL AMBIADO. Magister en Educación. Doctor en Historia.
PABLO VARAS PÉREZ. Escritor.BORON / Gobiernos lacayos de EEUU en la región son caballos de Troya
Publicado el 2/26/13 • en Contrainjerencia
Boron durante su disertación en Quito analizó en forma detallada el mapa geopolítico de América Latina y el papel de la CELAC, e hizo énfasis sobre la vital importancia que tiene esta región para el imperio norteamericano.
CUATRO TIPO DE REGÍMENES
Al hacer el mapeo sociopolítico de Latinoamérica, el analista argentino caracterizó a los regímenes de Hugo Chávez en Venezuela; Evo Morales en Bolivia; Rafael Correa en Ecuador; y Daniel Ortega en Nicaragua como gobiernos reformistas radicales. Los de Uruguay, Brasil y Argentina, de centro izquierda. Y una revolución consolidada como es el caso de Cuba, que es la única en la región. Un cuarto tipo de régimen es el de la derecha neoliberal al que pertenecen casi todos los países de Centroamérica, así como México, Colombia, Perú y Chile, lo que denominó como el flanco del Pacífico suramericano.
Este mosaico sociopolítico claramente diferenciado plantea cómo se puede avanzar en un proceso de integración, cuando hay diversos intereses y distintas ópticas de por medio.
LOS GOBIERNOS REFORMISTAS RADICALES
El rasgo distintivo de estos gobiernos que hacen parte de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de nuestra América (ALBA) es la permanente confrontación con las clases dominantes en los respectivos países que defienden y/o representan los intereses de Estados Unidos. Por ello estos regímenes deben soportar y hacerle frente a los sistemáticos intentos de desestabilización política de los grupos fácticos de poder que, en la mayoría de los casos, son propietario de los monopolios de medios de comunicación, desde los cuales atizan la oposición y el desprestigio de los gobiernos progresistas. Con el apoyo irrestricto de Washington en lo financiero, logístico, militar y político, buscan por todos los medios deshacer el camino andado por los gobernantes de izquierda que han consolidado un apoyo popular abrumador en las urnas.
GOBIERNOS DE CENTROIZQUIERDA DEL CONO SUR
El propósito de los gobiernos de Dilma Rousseff en Brasil; Cristina Fernández de Kirchner en Argentina; y José Mujica en Uruguay es, en opinión de Boron, fundar un capitalismo serio en América Latina (algo así como un capitalismo con “rostro humano). Sin embargo, sostiene en forma categórica que el capitalismo ha demostrado durante la historia que no genera ningún tipo de bienestar, ni siquiera incluso en el denominado “mundo desarrollado” que hoy está enfrentando los embates del criminal modelo neoliberal como lo refleja la cruda y desesperante situación social que están viviendo varios países europeos, o los propios Estados Unidos que afronta la crisis de 47 millones de habitantes por debajo de la pobreza y 100 millones más que no tienen ningún acceso a servicios de salud.
Si bien estos gobiernos catalogados de centroizquierda mantienen rezagos del modelo neoliberal, como el hecho de que las empresas estratégicas del Estado mantienen una lógica capitalista como por ejemplo, Petrobras que es mixta y cotiza en bolsa, Boron resalta que durante el desarrollo de su gestión han implementado políticas sociales que han mitigado la pobreza.
El rol de estos gobiernos ha sido fundamental para apoyar los regímenes progresistas y de izquierda en la región, pues mandatarios como Néstor Kirchner y Luiz Inácio Lula da Silva fueron fundamentales en la estrategia de Hugo Chávez aupada por Fidel Castro para hundir en 2005 en Mar del Plata, durante la Cumbre de las Américas, la malhadada Alianza de Libre Comercio de las Américas (ALCA), un proyecto económico neoliberal de recolonización inspirado en Washington.
LA REVOLUCIÓN CUBANA
Boron no duda en calificar de consolidada la Revolución Cubana, no obstante el criminal bloqueo estadounidense que ya lleva más de medio siglo, caso singular por cuanto no hay antecedente en la historia universal de acciones continuadas de lesa humanidad que atenten contra la sobrevivencia y normal desarrollo de todo un pueblo. Pese a los avatares, las limitaciones naturales y económicas, Cuba supera en indicadores de desarrollo humano tanto a los países latinoamericanos como a varios de los llamados del primer mundo como los propios Estados Unidos. En salud, mortalidad infantil, educación, deporte, la Revolución Cubana tiene mucho que mostrar. Pero además, dice Boron, el fomento de la cultura y de las artes ha consolidado la concientización social de esta revolución que es caso único.
Destaca que Cuba acaba de ganarle a la política del bloqueo económico de Estados Unidos, al asumir la presidencia pro témpore de la CELAC, lo cual es un signo de que se acabó definitivamente el asilamiento que le ha querido imponer infamemente Washington.
GOBIERNOS DE DERECHA CLÁSICA
Finalmente y dentro del espectro de gobiernos latinoamericanos están los gobiernos de la derecha clásica, cuyos tres baluartes para Washington son México, Colombia y Chile que junto con el Perú han concretado la Alianza del Pacífico para debilitar proyectos de integración como UNASUR, el Consejo Suramericano de Defensa y la CELAC. Su propósito, señala Boron, es el de convertirse en caballo de Troya para debilitar la fuerza no solo de estos procesos de unidad latinoamericana sino también y en consonancia con Washington, los gobiernos progresistas del hemisferio.
El rasgo principal de estos gobiernos es el uso de la represión para reprimir y criminalizar la protesta social y la violación permanente de derechos humanos. El caso patético, sostiene el politólogo argentino, es el de Colombia, cuyas estadísticas en asesinatos de dirigentes sindicales, sociales y políticos de izquierda, de fosas comunes, de los denominados “falsos positivos”, son abrumadoras.
Para Estados Unidos, Colombia juega papel fundamental en la nueva geoestrategia de Latinoamérica, pues este país andino en los designios de los estrategas del Pentágono y el Departamento de Estado está llamado a convertirse en el Israel de América del Sur. Es decir, la gran base desde la cual proyectar el poderío militar estadounidense hacia el resto del continente.De los diez países mineros más importantes del mundo, siete están en Latinoamérica. El 80% del litio, un potencial electroquímico de altísimo valor, se encuentra en esta región. Ello para no hablar de las inmensas reservas de petróleo, gas, biodiversidad y el pulmón ecológico que representa la cuenca amazónica.
Boron trae a cuento estos datos para señalar que Estados Unidos requiere de al menos 40 minerales de los que posee América Latina y de los cuales carece para poder mantener su modelo de vida.
MILITARIZACIÓN
Lo anterior explica porque a partir de la revolución sandinista de 1979 Estados Unidos se dio a la tarea de expandir su estrategia de militarización a lo largo y ancho de Latinoamérica Pero no solo ello, históricamente la región ha sido una prioridad para Washington, no en vano durante el último siglo ha perpetrado 200 intervenciones militares en América Latina.
Además, el Comando Sur fue el primero de los diez que se han creado por parte del Pentágono para controlar militarmente el mundo, y cuya jurisdicción comprende prácticamente toda la región con excepción de Cuba y México.
La expansión de las bases militares por parte de Washington también es sintomática. Antes de las década de los 80 del siglo pasado, Estados Unidos solo contaba con dos bases militares: Guantánamo en Cuba y Roosevelt en Puerto Rico. Hoy en día dispone de 76 bases, no obstante que América Latina es la región más pacífica del mundo.
Las operaciones militares que Washington realiza a lo largo y ancho del hemisferio siempre están disfrazadas de misiones humanitarias, pero lo cierto es que su propósito es ir tomando posiciones para apoderarse de sus recursos naturales.
Como anécdota refiere Borón que hace más de un año cuando comenzó a trabajar en su último libro “América Latina en la Geopolítica del Imperialismo” (Ediciones Luxemburg, Buenos Aires, 2012), en la región existían 75 bases militares, y al entregarlo para su edición y publicación, el Pentágono ya había instalado una más, concretamente en la frontera peruana-ecuatoriana, en plena zona amazónica.
No es coincidencia, sostiene, que dichas bases militares estén ubicadas precisamente en aquellas áreas de Latinoamérica en donde se encuentran concentradas las riquezas naturales. Las mismas, advierte, “serán utilizadas cuando llegue el momento oportuno”. Y es que el Che Guevara lo dijo claramente: “América Latina es la reserva estratégica de Estados Unidos”.
OFENSIVA MEDIÁTICA
Como América Latina tiene una importancia fundamental desde el punto de vista geoestratégico, Washington se empeña por todos los medios con la complicidad de los gobiernos lacayos de derecha de la región, en debilitar y desestabilizar a los líderes progresistas que buscan la definitiva emancipación. Para ello, una de las armas que utilizan las oligarquías cipayas de los países latinoamericanos con el directo apoyo del imperio del norte es la ofensiva mediática gracias a que el negocio de la comunicación está concentrado en sus monopolios empresariales.
La canalla mediática ha sido impulsora y cómplice de los golpes de Estado o intentonas de desestabilización que se han dado desde principios de la última década hasta nuestros días en Venezuela, Bolivia, Honduras, Ecuador y Paraguay.
Boron pone como ejemplo el papel de manipulación y farsa que cumple el ultra conservador Grupo de Diarios de América (GDA) fundado en 1991 y que tiene como objetivo su articulación funcional, logística y periodística para desarrollar una bien planificada ofensiva editorial contra los gobiernos progresistas del continente.
Del GDA hacen parte los diarios de corte más retrógrado de la región como La Nación de Argentina, O Globo de Brasil, El Mercurio de Chile, El Tiempo de Colombia, El Comercio de Ecuador, La Nación de Costa Rica, El Universal de México, El Comercio de Perú, El Nuevo Día de Puerto Rico, El Nacional de Venezuela, y El País de Uruguay. Todos ellos además agremiados en la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) un cartel de propietarios de periódicos conservadores creado y auspiciado por la CIA para imponer una única línea editorial en América Latina.
INSTITUCIONALIZAR LA CELAC
Boron considera prioritario si los gobiernos progresistas de Latinoamérica profundizan su objetivo de integración, la necesidad de institucionalizar un organismo como la CELAC, habida cuenta que no puede ser un simple foro de encuentro y discusión de mandatarios. Por el contrario, debe contar con una estructura funcional, con recursos, que genere estudios, algo así como una CEPAL que en los años 50 del siglo pasado creo una alternativa económica para la región.
La CELAC, puntualizó Boron, tiene que ser un centro de pensamiento y de articulación hemisférica que elabore una agenda conjunta para los desafíos geopolíticos que son inmensos.
La llamada "guerra contra el narco" organizada por la CIA y la DEA en México ha sido (y es) un GENOCIDIO
El Gobierno mexicano reconoce una lista con 26.000 denuncias de desaparecidos
El Gobierno indica que la base de datos es un punto de partida para un registro nacional
El Gobierno de México
dio a conocer este martes la existencia de una lista de 26.121
denuncias de desapariciones entre 2006 y 2012. El informe busca zanjar
un debate sobre el número de desaparecidos que hay producto de los años
en los que la violencia ha azotado a este país.
En rueda de prensa, la subsecretaria de Asuntos Jurídicos y de Derechos Humanos de la Secretaría de Defensa Nacional, Lía Limón ha confirmado que de ellas, 20.915 han sido investigadas y 5.206 aún “están pendientes de validación de datos”. La lista ha sido elaborada por el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (CENAPI), con la información de la Procuraduría General de la República y de las procuradurías (fiscalías) locales y ha salido a la luz tras la publicación la pasada semana de un informe de HRW que prueba la participación de las fuerzas de seguridad en 149 desapariciones durante el sexenio de Felipe Calderón.
En una conferencia de prensa en la que también ha participado el subsecretario de Normatividad y Medios de la Secretaría de Gobernación, Eduardo Sánchez, Limón ha destacado que este registro “no prejuzga sobre las causas de la no localización de la persona”. Ha indicado que algunos pudieron ausentarse por decisión propia y otros podría haber regresado a casa o sido localizado sin que se hubiese informado a la autoridad de que ya no estaban ausentes. “El listado se basa en las denuncias de los familiares. El reporte de cada caso no incluye indicios de hechos criminales cometidos por autoridades o por otros”.
La subsecretaria ha afirmado que la base de datos “es un punto de partida para construir un registro nacional. Este listado será depurado por el Gobierno de la República y las procuradurías locales”. En este sentido, la subsecretaria ha insistido en que “la localización de personas desaparecidas es una prioridad de este Gobierno. Para ello necesitamos la colaboración tanto de las autoridades locales como de la sociedad civil”.
Sobre el informe de Human Rigths Watch publicado la semana pasada, asegura que la Secretaría ha recibido el documento y que ha pedido a la ONG que comparta su base de datos con la del CENAPI para poder cluzarlas. Lía Limón ha insistido, en todo caso, en que “son los Ministerios Públicos los encargados de investigar si ha habido delito o no”.
En rueda de prensa, la subsecretaria de Asuntos Jurídicos y de Derechos Humanos de la Secretaría de Defensa Nacional, Lía Limón ha confirmado que de ellas, 20.915 han sido investigadas y 5.206 aún “están pendientes de validación de datos”. La lista ha sido elaborada por el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (CENAPI), con la información de la Procuraduría General de la República y de las procuradurías (fiscalías) locales y ha salido a la luz tras la publicación la pasada semana de un informe de HRW que prueba la participación de las fuerzas de seguridad en 149 desapariciones durante el sexenio de Felipe Calderón.
En una conferencia de prensa en la que también ha participado el subsecretario de Normatividad y Medios de la Secretaría de Gobernación, Eduardo Sánchez, Limón ha destacado que este registro “no prejuzga sobre las causas de la no localización de la persona”. Ha indicado que algunos pudieron ausentarse por decisión propia y otros podría haber regresado a casa o sido localizado sin que se hubiese informado a la autoridad de que ya no estaban ausentes. “El listado se basa en las denuncias de los familiares. El reporte de cada caso no incluye indicios de hechos criminales cometidos por autoridades o por otros”.
La subsecretaria ha afirmado que la base de datos “es un punto de partida para construir un registro nacional. Este listado será depurado por el Gobierno de la República y las procuradurías locales”. En este sentido, la subsecretaria ha insistido en que “la localización de personas desaparecidas es una prioridad de este Gobierno. Para ello necesitamos la colaboración tanto de las autoridades locales como de la sociedad civil”.
Sobre el informe de Human Rigths Watch publicado la semana pasada, asegura que la Secretaría ha recibido el documento y que ha pedido a la ONG que comparta su base de datos con la del CENAPI para poder cluzarlas. Lía Limón ha insistido, en todo caso, en que “son los Ministerios Públicos los encargados de investigar si ha habido delito o no”.
El Imperialismo se acentúa en la crisis económica internacional
por Anibal Garzón
Viernes, 22 de Febrero de 2013 00:07
Sea la invasión o estrategia que sea de los países imperialistas, su
justificación en beneficio de la paz es solo una falacia en beneficio
de sus intereses económicos.
«Tenemos que encontrar nuevas tierras a partir de las cuales
podamos obtener fácilmente materias primas y, al mismo tiempo explotar
la mano de obra barata que son los nativos de las colonias.” Este
lema del colonialista británico Cecil Rodhes (1853-1902) en pleno siglo
XXI continúa cumpliendo su vivencia bajo el sistema del capitalismo
internacional. Justamente la inspiración imperialista de Rodhes,
enfocada hacia el continente africano, salió en un momento histórico de
la crisis económica europea de 1870 causada por la acumulación
capitalista. Por ello, las potencias europeas decidieron como solución
genocida invadir los países africanos mediante el pacto definido en la
Conferencia de Berlín en 1885. Una tregua economicista que
posteriormente sería incumplida entre los imperios y provocaría la I
Guerra Mundial (1914-1918), una guerra que aceleró la primera revolución
proletaria mundial en suelo ruso liderada por Lenin en 1917. Lenin ya
advirtió que el “imperialismo era la fase superior del capitalismo”
donde la aceleración de las herramientas colonialistas era un indicador
de la crisis del sistema.En el siglo XXI, tras la crisis internacional del capitalismo que se vive actualmente e iniciada en 2008, las potencias imperialistas para solucionar sus problemas internos han reactivado su accionar. Actualmente, en pocos días, han salido algunos ejemplos de las injerencias de los países europeos y Estados Unidos que comprueban la relación entre crisis económica interna y aceleración de las estrategias imperialistas, un vínculo que además con su movimiento militar pone en uso los aparatos ideológicos para hacer surgir un sentimiento nacionalista interno que legitime las invasiones.
Uno de los ejemplos es el reciente actuar imperialista de Francia - con ayuda de tropas de otros países europeos - en un momento de mayor desempleo en los últimos 10 años, el 9,9% de la población activa[1]. El país francófono ha iniciado una operación militar en el país africano de Malí – excolonia francesa hasta 1960 - enviando cerca de 1400 soldados justificando su injerencia como lucha contra grupos “terroristas” salafistas islámicos del norte que pretenden derrocar al gobierno existente. El actual gobierno de Malí presidido por Dioncounda Traore es aliado de Francia y la instauración de un sistema liderado por los rebeldes salafistas provocaría una prohibición de los intereses de Francia en el país africano, una zona muy rica en oro que interesa a la burguesía francesa[2]. Las causas de esta invasión son de la misma magnitud a las invasiones imperialistas lideradas por Estados Unidos y el complejo de la OTAN que se realizaron en 2012 en Libia, para sacar del poder a Muamar el Gadafi, o contra Sadam Hussein en Irak en 2003, dos países con grandes producciones de petróleo que no aceptaban las estrategias de estos países. O las amenazas permanentes que sufre Irán para ser derrocado su gobierno por cumplir soberanía económica.
Esta historia no solo es contada en el continente africano sino también en las Américas. La implementación democrática de nuevos gobiernos de izquierdas con planes propios de nacionalizar los recursos nacionales para ser de beneficio para sus pueblos y no para los imperios, en contradicción con la tesis de Rodhes, no ha dejado a las potencias sin actuar. Además de los intentos de golpes de estado, con actuación del imperio norteamericano en vinculación con las derechas nacionales, que han sufrido los países progresistas, Venezuela en 2002, Bolivia en 2008, Ecuador en 2010, entre otros, o el bloqueo de Cuba desde 1962 por parte de Estados Unidos, se han desarrollado otras estrategias imperialistas de violación de soberanía como el caso de Bolivia donde los Estados Unidos sin ninguno permiso gubernamental realizó estudios militares en las alturas de Chacaltaya y en Coroico para la adaptación de sus soldados en la guerra de invasión que ejecuta en Afganistán[3].
Sea la invasión o estrategia que sea de los países imperialistas, su justificación en beneficio de la paz es solo una falacia en beneficio de sus intereses económicos.
Artículo publicado en la revista Correa del ALBA, enlace: http://bolivia.
[1] http://hola24h.hola.com/
[2] http://www.taringa.net/posts/
[3] http://www.la-razon.com/La violencia del Euro
por Agustín Morán (CAES)
Domingo, 24 de Febrero de 2013 13:32
Los gobiernos responsables de meternos en el euro y en la OTAN,
utilizan las exigencias de estas instituciones para incrementar sus
políticas antisociales y militaristas.
Con motivo del Consejo Europeo que
se celebrará en Bruselas el 14 y 15 de marzo de 2013, numerosas
organizaciones, colectivos y “mareas” convocamos bajo el lema de “La
Europa de las personas contra la UE de los Mercados” una semana de
movilizaciones del 11 al 17 de Marzo de 2013.
La pertenencia de España a la Europa del
Euro está en la raíz de todas las políticas especulativas,
privatizadoras y precarizadoras que cuestionan los derechos económicos,
sociales y culturales de los trabajadores y los pueblos de España.
La Unión Europea se construye, desde
1986, por el Acta única que establece como objetivo el Mercado único
Europeo. El Tratado de Maastricht, en 1992, impone la unidad monetaria
-el euro- como necesidad del Mercado Único y constituye, a partir de
2001 la moneda única en el verdadero protagonista de la Europa de
Capital. Si fracasa el euro, fracasa la Unión Europea.
El establecimiento del 3% del PIB como
límite del Déficit Público de los Estados Miembros supone, desde el
Tratado de la Unión Europea de 1992, una cesión de soberanía de cada
país a favor del Banco Central Europeo (BCE), lo que supone renunciar
voluntariamente a establecer las políticas económicas y sociales
adecuadas a sus necesidades. Este marco, aceptado por la derecha y por
la izquierda hace imposible, en el contexto de economías abiertas al
libre comercio cualquier política keynesiana. El resultado es una
política económica que utiliza, tanto el auge como la crisis para
aumentar la explotación, y el desmantelamiento de la protección social.
La modificación del Artículo 135 de la
Constitución Española a finales de 2011, subordinando la economía
nacional a la reducción del déficit y la deuda causados por la crisis
bancaria, tiene su origen lejano en la inclusión de España en el Tratado
de Maastricht, el Tratado de Amsterdam (1997) y el euro (2001). En
España, el pago de intereses para financiar la deuda pública causada por
los bancos, supera la masa salarial de los empleados públicos.
El euro sirve para potenciar el dominio
del capital en cada país y el dominio del capital alemán sobre los demás
países europeos. Las políticas del BCE, cuya misión es garantizar la
estabilidad de precios, han creado las condiciones para la burbuja
inmobiliaria y financiera causante del desplome de la economía y el paro
masivo en España. El BCE no está sometido a las instituciones
políticas, sino que son las instituciones las que están sometidas a las
políticas monetaristas y neoliberales del BCE. La permanencia en el euro
se utiliza como coartada para implacables recortes sociales.
La Política Agraria Común (PAC), al
plegarse a las exigencias de la Organización Mundial del Comercio (OMC),
intensifica la competitividad y la caída de los precios agrarios en
origen. Esta política contribuye a la despoblación del campo, la
destrucción de recursos alimentarios autóctonos, la contaminación, la
pérdida de biodiversidad y la entrega de la seguridad alimentaria a las
multinacionales del agronegocio. Asentar el euro y reclamar una Europa
Social y respetuosa con el medio ambiente, es pedir la cuadratura del
círculo.
Las buenas intenciones sobre creación de
empleo y respeto a los derechos sociales se convierten en precariedad
para tod@s, desempleo masivo, disolución del derecho laboral,
verticalización de los sindicatos y eliminación de las barreras de
protección al trabajo y a los cuidados.
En la Europa de la Moneda Única, el
capital aumenta su libertad de movimientos a escala continental sin un
poder político que le obligue a respetar leyes, derechos y libertades.
Los gobiernos responsables de meternos en el euro y en la OTAN, utilizan
las exigencias de estas instituciones para incrementar sus políticas
antisociales y militaristas.
Para salir de la crisis no hay que
recuperar la senda del crecimiento capitalista dentro de la Europa del
euro, sino la senda de la movilización social, cultural y económica
contra la dictadura del euro y las instituciones que lo sostienen. De
esta movilización saldrán las fuerzas capaces de construir una
sociabilidad cooperativa, sostenible y segura para tod@s.
Para ello hay que poner coto a la
libertad de multinacionales y especuladores. Aplicar el código penal a
banqueros y políticos desde una comisión para la verdad y la justicia,
pidiéndoles cuentas por alta traición al estado democrático y social de
derecho y a la soberanía nacional.
La desconexión del euro supone un
proceso complejo que requiere un amplio consenso social. Sin embargo, el
panorama de nuestra pertenencia al euro contra viento y marea es más
complejo todavía. Si nos autodeterminamos de los mercados que succionan
nuestra energía vital, tendremos la oportunidad de volver a unirnos,
pueblo a pueblo, para una vida mejor.
Manifiesto: “Por la Europa de las personas contra la Unión Europea de los mercados”
By DifRed on 10 febrero, 2013
Defendemos una Europa donde se impongan los derechos de todas y todos
frente a los intereses de los mercados. Un nuevo modelo decidido por la
ciudadanía a través de la democracia directa, que ponga en el centro a
las mujeres y los hombres. Que cambie competitividad por cooperación,
individualismo por apoyo mutuo, opresión y patriarcado por igualdad, que
haga efectiva la soberanía popular. Una Europa de las personas y los
pueblos que se imponga sobre los mecanismos del egoísmo y el canibalismo
económico.
Luchamos por la libertad contra la tiranía de falsas democracias y de un sistema económico que solo sirven para perpetuar las desigualdades y las injusticias. La Unión Europea no es un proyecto social, su fin último es aumentar la competitividad de los grandes bancos y empresas en los mercados mundiales, y con ello sus ganancias. La maximización del beneficio capitalista por encima de cualquier derecho social o ecológico. Por ello en Bruselas hay 15.000 lobbistas, y la gente de la banca se coloca en altos cargos en los gobiernos nacionales y en las cúpulas de organismos como el FMI o el BCE. Por ello los presidentes y ministros acaban en los consejos de administración de estas empresas y bancos.
Las políticas europeas y nacionales son diseñadas por el Consejo Europeo y la Troika, formada por instituciones no democráticas (Comisión Europea, Banco Central Europeo y FMI). Los tratados y pactos europeos son firmados por los jefes de estado sin consultas a la ciudadanía. Los Tratados de Maastricht y Lisboa, el Pacto por el Euro, el Pacto Fiscal, el MEDE… son los acuerdos que imponen la reforma laboral, los recortes en prestaciones y servicios sociales, la privatización de empresas y servicios públicos, el aumento de los impuestos a las clases medias y bajas, las ayudas a la banca con dinero público, la priorización en el pago de la deuda ante cualquier gasto social, o la propia pérdida de soberanía a favor de la Troika.
No queremos una UE que oprime a las personas y explota los ecosistemas en beneficio de unos pocos; que controla a la ciudadanía por medio de la manipulación de los medios de información y la represión policial; que con tratados de libre comercio, supuestas ayudas a la cooperación e intervenciones militares apoya dictaduras, apartheids y ocupaciones, y abre brecha para que las transnacionales expolien a pueblos enteros y sus recursos. No queremos esta UE legitimada por gobiernos contrarios al pueblo y la democracia. Exigimos alternativas, pasos decididos hacia un nuevo modelo al servicio de las personas:
EXIGIMOS LA DEROGACIÓN DE LOS TRATADOS Y PACTOS DE LA UNIÓN EUROPEA, Y LA CONSTRUCCIÓN DE UNA EUROPA DE LAS PERSONAS Y LOS PUEBLOS, que ponga en el centro los derechos y los intereses de la ciudadanía frente a los de las élites económicas. Exigimos una Europa democrática cuyos objetivos sean la igualdad, la libertad, la justicia, la solidaridad, la cooperación y la sostenibilidad en lo económico, lo social y lo ecológico. Porque esta Unión Europea solo sirve para apuntalar un sistema que vela por los intereses del capital a costa de los derechos y libertades de las personas y la sociedad en su conjunto.
EXIGIMOS UNA AUDITORÍA DE LA DEUDA, transparente y con participación ciudadana, y repudiamos el pago de la deuda que se considere ilegitima. Exigimos responsabilidades civiles y penales a los gestores políticos y financieros de la crisis. Porque sabemos que buena parte de la deuda pública no ha sido adquirida en beneficio de la ciudadanía. Porque el 81% de la deuda Española es privada, mayoritariamente de bancos y grandes empresas, y se está convirtiendo en pública a través de las ayudas a la banca, cuyo pago se nos impone con recortes y privatizaciones.
EXIGIMOS EL CESE DE PRIVATIZACIONES Y RECORTES, la recuperación de servicios y empresas privatizadas, la derogación de las leyes que permiten la privatización, así como de aquellas que excluyen a colectivos de la universalidad de estos servicios. Porque la gestión privada es más cara y de peor calidad que la pública, y solo beneficia a las grandes empresas. Y porque defendemos que todos aquellos bienes y servicios que sirven a las necesidades básicas de las personas y la sociedad deben ser bienes y servicios comunes, de carácter 100% público, bajo control y gestión ciudadanos para responder al interés general.
EXIGIMOS LA IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA FISCAL SUFICIENTE, PROGRESIVO Y JUSTO, así como la eliminación del fraude y los paraísos fiscales. Porque el déficit en España no proviene de un excesivo gasto público, muy inferior a la media Europa, sino de los bajos ingresos del estado por cobrar menos impuestos a las grandes empresas y fortunas que a los trabajadores, y por no perseguir decididamente el fraude fiscal. Porque las políticas fiscales deben servir para redistribuir la riqueza, y deben ser suficientes para financiar unos servicios públicos de calidad y universales, las prestaciones sociales y la creación de empleo público.
EXIGIMOS LA ANULACIÓN DE LA REFORMA LABORAL y la creación de un nuevo marco laboral que proteja los derechos de las personas trabajadoras y garantice la conciliación de la vida laboral y personal. Exigimos el aumento del salario mínimo interprofesional, el establecimiento de salarios máximos, de la renta básica ciudadana y el reparto del trabajo (asalariado y no asalariado). Porque la riqueza la genera el trabajo, pero las rentas se las queda el capital. Porque la actividad económica y el trabajo deben servir para cubrir las necesidades de las personas y la sociedad, y no para enriquecer a unos pocos.
EXIGIMOS LA REGULACIÓN INMEDIATA DEL MERCADO INMOBILIARIO, PARALIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE DESAHUCIO, DACIÓN EN PAGO, RECONVERSIÓN DE LOS PISOS EJECUTADOS Y PISOS VACÍOS EN ALQUILER SOCIAL, Y TODO ELLO CON CARÁCTER RETROACTIVO. Porque el modelo inmobiliario impulsado por políticos, banqueros y constructores nos ha llevado a la ruina. Porque el precio de la vivienda se ha inflado artificialmente mientras los salarios reales han caído. Porque la gente se queda sin casa y las casas se quedan sin gente. Porque no se puede permitir la especulación con un derecho básico.
EXIGIMOS QUE EL SISTEMA FINANCIERO SEA 100% PÚBLICO, DEMOCRÁTICO, ÉTICO Y BAJO CONTROL SOCIAL, que sirva para dar cobertura a las necesidades de la población y no sirva a la especulación ni a intereses privados. Exigimos el enjuiciamiento de los responsables de esta quiebra y la devolución del capital amasado. Porque el sistema financiero privado nos lleva al desastre social y económico. Porque las ayudas a la banca solo sirven para seguir acumulando riqueza en pocas manos. Porque solo una banca pública servirá al interés general.
EXIGIMOS UNA REGULACIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA Y HUMANA QUE ASUMA LA CONSERVACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS Y EL EQUILIBRIO ECOLÓGICO COMO PRINCIPIOS BÁSICOS. Porque el crecimiento ilimitado es imposible en un planeta que tiene unos límites. Porque bajo el actual modelo agotamos los recursos del planeta, acabamos con la biodiversidad, degradamos irreversiblemente el medio ambiente y con todo ello abandonamos el equilibrio ecológico en el cual la vida es posible. Porque el respeto y la solidaridad también han de serlo con las futuras generaciones.
EXIGIMOS IGUALES DERECHOS Y LIBERTADES PARA LAS PERSONAS MIGRANTES. Exigimos el cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIES). Exigimos la regularización de la situación de todas las personas migrantes. Exigimos el cese de las políticas de control de la inmigración, como el FRONTEX Y EUROSUR, que vulneran los derechos de las personas y les imponen un trato degradante. Porque hay libertad de circulación de capitales y mercancías, pero no de personas. Porque si la gente emigra es debido al empobrecimiento de países enteros, de lo cual tiene la culpa el propio sistema capitalista.
EXIGIMOS LA DESMILITARIZACIÓN DEL ESTADO Y LA SOCIEDAD. Exigimos la cancelación de los programas de compra de armamento y de las misiones militares en el extranjero, así como la reducción del gasto militar en general. Exigimos el cese inmediato de la represión policial sobre la ciudadanía, y de la compra y uso de material antidisturbios. Porque el poder militar se usa para defender intereses económicos privados, para someter a los pueblos y expoliar sus recursos. Porque la policía se usa como herramienta de represión para mantener un sistema injusto. Porque estos gastos pueden dedicarse a inversiones sociales.
Y EXIGIMOS LA INSTAURACIÓN DE UNA DEMOCRACIA REAL Y PLENA, TANTO A NIVEL ESTATAL COMO EUROPEO. Exigimos la participación directa de la ciudadanía en la toma de decisiones. Exigimos mecanismos de transparencia y control ciudadanos. Exigimos unos medios de comunicación públicos y democráticos bajo gestión directa de la ciudadanía. Porque el pueblo tiene que decidir, sin intermediarios, cómo quiere vivir. Porque los intereses de las grandes corporaciones mercantiles y bancos no pueden secuestrar la soberanía popular. Porque esta falsa democracia sólo permite una consulta directa al pueblo cada 4 años para elegir unos programas de gobierno que no se cumplen y, sin legitimidad democrática, se decretan medidas de reformas, recortes y privatizaciones contrarias a los intereses de la inmensa mayoría. Porque es necesaria una regeneración ética y democrática que acabe con la corrupción política, con un control social efectivo de las instituciones y un nuevo ordenamiento constitucional. Porque la voz del pueblo tiene que expresarse libremente, sin manipulaciones ni censuras.
Hacemos un llamamiento para que la lucha por los derechos y libertades de las personas y los pueblos sea una lucha abiertamente antifascista. Porque ante esta dictadura económica que sufrimos se presentan como alternativas otros fascismos políticos, que en estos tiempos de crisis arraigan en toda Europa bajo discursos populistas y salvadores que esconden viejas formas de opresión.
De acuerdo a lo señalado por la Coordinadora Latinoamericana de Cine y Comunicación de los Pueblos indígenas, CLACPI, la campaña “Pueblo Mapuche: Sumando Voces” pretende hacer un llamado a la sociedad chilena y latinoamericana sobre la importancia de discutir de manera informada acerca de las demandas de sus pueblos originarios, más allá de la coyuntura, haciendo énfasis en las consecuencias que ha traído la negación sistemática del componente indígena en las identidades de los distintos países de la región.
CLACPI señala: “Creemos que como comunicadores (as) y realizadores (as) es importante abordar diversos puntos de vista que apunten a soluciones efectivas para los problemas de multiculturalidad que acontecen en nuestros países, considerando la diversidad que nos compone, no como un impedimento, sino como una riqueza que nos ayuda a seguir avanzando…”
“Pueblo Mapuche: Sumando Voces”, ha recogido el sentir, opinión y mensajes de diversas personalidades públicas, como por ejemplo: Elicura Chihuailaf, Poeta Mapuche; El ex Juez Juan Guzmán; Liliana García, actriz; Hugo Medina , actor; Alejandro Guillier, periodista; Ana María Gazmuri, actriz; Giorgio Jackson, ex dirigente estudiantil y actual presidente de un movimiento; Pía Barros, escritora; Daniel Alcaíno, actor, Claudia Pérez , actriz; Loreto Valenzuela, actriz; Matías del Río, periodista; y Eduardo Galeano, escritor, uruguayo.
VER AQUÍ LOS VIDEOS CON SUS RESPECTIVOS MENSAJES – HACER CLICK
Imagen: Salto de Agua Klen Klen - Nahuelbuta - Chol Chol.
En la comuna de Tirúa, caleta de Quidico se inició un proceso de recuperación de tierras con fines productivos y la comunidad señala “Comunicamos que forestal Mininco tiene en sus manos el fundo Labranza, territorio el cual es parte de lo que nos pertenece ancestralmente a nosotros como Mapuche y a nuestra Comunidad Mapuche Maria Colipi viuda de Maril, (…) territorio que abarcaba alrededor de 13 mil Hectáreas de tierra…” La comunidad señala que en el presente se encuentra reducido a 2000 hectáreas aprox. las cuales son ocupadas por 250 familias, “las que componemos la comunidad en su totalidad”, indicaron y agregaron: “Por eso hoy día y desde aquí en adelante, nosotros la nueva generación Mapuche, alza la voz e inicia este procesos de recuperación territorial productiva, porque nos encontramos viviendo hacinados, destinados a vivir de allegados en las casas de nuestros padres o abuelos…”
La Comunidad informó que este proceso de recuperación territorial lo iniciaron con el levantamiento de un Rewe en el lugar, señalado como columna vertebral de la espiritualidad, “además construimos una ruka en territorio declarado en conflicto, para el trabajo diario que involucra la limpieza del terreno y el inicio del cultivo de estas tierras, cultivo que es necesario para el alimento de nuestras familias…”
En el proceso iniciado, participan 60 familias con mujeres, niños y hermanos y adelantan “las restantes familias se sumaran con el avance de este proceso, ya que todos somos parte de la necesidad de recuperar nuestro antiguo territorio…”
Por otra parte, algunos de los terrenos en disputa y que han salido a la luz pública como parte de las reclamaciones históricas, son: el Fundo Rukañanco de 300 hectáreas; y la posada de 200 hectáreas en Contulmo; Lleu Lleu de 78 hectáreas. En Tirúa: Tirúa. Fundo "Cerro Negro"; Fundo Tirúa Sur de 300 hectáreas; Fundo El Cardal de 1.600 hás.; Predio Forestal Mininco - choque de 400,00 hás.; En Collipulli Fyundo Rucañanco de 1.090 hectáreas; En Purén, el rincón de 590 hectáreas; En Victoria el Ulmo y el Arco de 200 hectáreas cada uno; En Traiguen el Santa Ana de 440 hectáreas; En Lumaco el PichiCautín; En Temuco el Litre de 106 hectáreas; En Nueva Imperial el San Alberto, entre varios otros más concentrados mayoritariamente en el Bio Bio y la Araucanía.
A estos antecedentes, se agregan múltiples otros que se han venido registrando en los últimos años y que varios de ellos fueron incorporados en los antecedentes que constató y a su vez omitió la consultora Rainforest Alliance la que, contradiciendo valores y principios FSC, le otorgó escandalosamente dicho sello con estándar internacional ambiental a la empresa Mininco en su patrimonio forestal sobre una superficie total de 656,738.2.- Hectáreas de plantaciones de Pinus radiata; Eucalyptus nitens; Eucalyptus globulus, existiendo en dicha extensión diversos terrenos que son reclamados por comunidades.
Cabe mencionar que varios organismos internacionales de derechos humanos se han referido a la necesidad de que existan políticas de reparación de tierras a las comunidades. Hace algunos años, el Comité de Derechos Humanos de la ONU recomendó al Estado chileno trabajar en la demarcación de las Tierras antiguas que son reclamadas. Los Gobiernos, sin embargo, han negado y violentado sistemáticamente los Derechos de Tierras de las Comunidades y ha impuesto políticas que alteran la perspectiva socio-cultural.
Su grupo controlador
La empresa pertenece al grupo Matte (los hermanos Eliodoro, Patricia y Bernardo) con una fortuna según Forbes del año pasado que supera los U$ 10.400 millones de dólares, obtenidos mayoritariamente por las ventajas y privilegios otorgados por el estado chileno, cuya base se centra en la dictadura militar de Pinochet.
Algunas de sus empresas son: Holding CMPC (55,4% de la propiedad): empresa forestal integrada, con producción de madera, celulosa, papel y otros productos industriales y de consumo masivo. Empresas CMPC tiene una capitalización bursátil superior a los US$7.200 millones. Junto con la celulosa – papelería una de sus principales empresas es Forestal Mininco. En energía está Colbún (49% de la propiedad), que es una de las mayores empresas de generación eléctrica de Chile, con una capacidad instalada de 2.521 MW y una capitalización bursátil de aproximadamente US$2.600 millones. En la Banca Comercial (Banco BICE): Banco comercial corporativo y de personas con activos por aproximadamente US$2.700 millones, que además cuenta con actividades de leasing, factoring, hipotecarias y comercio exterior. También en seguros de vida, securitización, inmobiliario, inversiones, entre otras.
Lugares sagrados del Pueblo Mapuche bajo el dominio de Forestal Mininco
La disputa por justicia sobre la tenencia de la tierra, ha tenido como respuesta por parte de la empresa insensatas posiciones contrarias a la paz social que se prolifera, en vez buscar soluciones y salidas pacíficas ha venido interviniendo el aparato público para la militarización de comunidades, aplicación de ley antiterrorista y criminalización intensificando aún más los conflictos. A esto se agregan múltiples espacios sagrados del Pueblo Mapuche que se encuentran bajo la ilegítima posesión de la empresa.
La propia consultora certificadora de FSC, Rainforest Alliance, registró alguno de estos espacios cuya superficie las estimó en cerca de 300 hectáreas y algunas de las señaladas como “sitios de importancia para los indígenas y las comunidades”, son:
Lil y Elkatuwe Puchacay, Sitio de significancia cultural mapuche, de tipo histórico ceremonial. Eltun Puchacay, Sitio de significancia cultural mapuche, de tipo funerario. Es un cementerio familiar. Predio Puchacay Lote 1.
Futa Mawiza Lolenco, Complejo religioso espiritual y ceremonial. Es un gran bosque nativo. Predio Lolenco III.
Menoko Las Hermanas. Sitio de significancia cultural mapuche, de tipo ceremonial. Es un humedal y una fuente de agua. Predio Las Hermanas y Otros.
Menoko Napañir. Sitio de significancia cultural mapuche, de tipo ceremonial. Es un humedal y una fuente de agua.
Guillatuwe/Paliwe Napañir. Sitio de significancia cultural mapuche, de tipo ceremonial. Predio Napañir.
Trayenko Elicura. Sitio de significancia cultural mapuche, de tipo religioso ceremonial. Son saltos de agua o cascadas. Predio Elicura.
Trayenko/Kelen Kelen La Esperanza. Sitio de significancia cultural mapuche, de tipo religioso ceremonial. Son saltos de agua o cascadas. Predio La Esperanza y Otros.
Tren Tren Lanalhue. Sitio de significancia cultural mapuche, de tipo religioso ceremonial. Son cerros o cimas. Predio Lanalhue.
Tren Tren Buenavista. Sitio de significancia cultural mapuche, de tipo religioso ceremonial. Son cerros o cimas.
Trawunwe Buenavista. Sitio de significancia cultural mapuche, de tipo ceremonial y sociopolítico. Son cimas o promontorios. Predio Buenavista 1.
Eltun Puchacay, Sitio de significación cultural Mapuche, de tipo funerario. Predio Puchacay.
Menoko El Chequén, Sitio de significación cultural Mapuche, de tipo ceremonial. Predio El Chequén.
Trayenko San Ernesto, Sitio de significación cultural Mapuche, de tipo religioso ceremonial. Son saltos de agua o cascadas. Predio San Ernesto.
Malal Menoko San Narciso I, sitio de significación cultural Mapuche, tipo “fortín” con un carácter eminentemente defensivo (fortificación) y un “Menoko” de tipo ceremenial; es un humedal y fuente de agua. Predio San Narciso I.
Trayenko Las Praderas, Sitio de significación cultural Mapuche, de tipo religioso ceremonial. Son saltos de agua o cascadas. Predio Las Praderas.
Además de los indicados por la consultora indicada, existen varios otros lugares ceremoniales de uso ancestral, de enorme importancia para las energías y las fuerzas territoriales que se ubican al interior de predios de su dominio. Por ejemplo está el caso de Klen Klen, es un salto de agua, en medio de un campo ceremonial de invocación al espíritu de las aguas y del bosque que está al interior de un predio Forestal, rodenandose de Pinos y con graves deterioros a su entorno en la zona del Nahuelbuta, comuna de Chol Chol. Lo mismo ocurre con un Kuel en el Alto Bio Bio, lugar con forma de loma, piramidal, que se identifica como espacio de concentración energética en las proximidades de Santa Bárbara.
Cabe mencionar que la protección a los espacios sagrados de las comunidades, no solo está contemplado en la propia Ley indígena, sino además, en normas y tratados internacionales de derechos indígenas que son obligatorias al estado chileno, como el Convenio 169 de la OIT y la declaración dela ONU sobre derechos de los Pueblos Indígenas.
Solo a modo de referencia, el artículo 13 del Convenio 169, en relación a la protección de los lugares sagrados, que dispone que "los gobiernos deben respetar la importancia especial que para las culturas y valores espirituales de los pueblos interesados reviste su relación con las tierras y territorios que ocupan o utilizan de alguna otra manera". Y al respecto, en Chile, existen precedentes y jurisprudencia de tribunales de alzada, como la Corte de apelaciones que estable que "no cabe duda que la intervención y destrucción de su patrimonio cultural conduce a una sensación de falta de respeto a su identidad social, a sus costumbres y tradiciones".
En el presente, diversos lugares son reclamados por las Comunidades y la empresa y el Estado siguen sin reparar el enorme daño a la espiritualidad, cultura y tierras del Pueblo Mapuche.
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RADIO BIO BIO
La manifestación se lleva a cabo pacíficamente en el marco de recuperación de tierras, ya que los comuneros indican que las mil 600 hectáreas les pertenecen.
La comunidad, señalaron, tiene documentos legales los cuales acreditan que esos terrenos les han pertenecidos ancestralmente y del cual fueron despojados ilegalmente, indicaron.
Los comuneros manifestaron a Radio Bío Bío que lo único que desean con esta manifestación, es conversar de manera pacífica con la empresa forestal a fin de llegar a un acuerdo por el terreno. En caso contrario buscarán otras instancias a fin de lograr su objetivo, el cual es recuperar sus tierras las cuales dicen les pertenecen.
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24 Febrero, 2013 / Comunidad mapuche anuncia proceso de recuperación productivo de territorio usurpado por forestal Mininco / "Si la empresa o las fuerzas represivas del estado chileno, nos desalojan de este terreno, el cual asciende a 1.800 hectáreas, terreno en su mayor parte productivo, hoy lleno de pinos, volveremos a ingresar a lo que consideramos que es parte nuestro, con mas Newen aun, con mayor numero de familias, hasta recuperar nuestra usurpada Nuke Mapu." / Leer Más.»» http://www.mapuexpress.net/?
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Alrededor de las 19:45 del viernes 22 de febrero, en la comunidad Nicolas Calbullanca, del sector Lleu Lleu, Comuna de Cañete, una veintena de vehículos de la PDI ingresaron violentamente a la Casa de la Familia Millapi Antilao. La acción fue violenta según han señalado comuneros del lugar: "Entraron violentamente encapuchados con armamento a allanar la vivienda".
En el mencionado allanamiento, se llevaron detenido al el comunero OCIEL SANTI PAINE, sin mostrar ni dejar ninguna constancia del allanamiento y detención como han denunciado desde la Comunidad.
Como consecuencia de lo ocurrido quedaron con impacto de perdigones tres mujeres que se encontraban en la vivienda: Rosa Millapi Antilao (esposa del detenido), Veronica Millapi Antilao y María Antilao, quienes constataron lesiones.
Los hechos descritos ocurrieron en presencia de niños que se encontraban en el lugar.
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Comunicado Publico Comunidad Mapuche Maria Colipi, viuda de Maril.
Hoy día sábado 23 de febrero del presente año, la nueva generación Mapuche a decidido recuperar en forma pacifica, crear dialogo con la forestal Mininco con el fin de la completa devolución de nuestras tierras y sin la normal represión del estado chileno.
Comunicamos que forestal Mininco tiene en sus manos el fundo Labranza, territorio el cual es parte de lo que nos pertenece ancestralmente a nosotros como Mapuche y a nuestra Comunidad Mapuche Maria Colipi viuda de Maril, este fundo es parte de nuestro Lof guiado por nuestro antiguo Lonko Juan Ignacio Maril, él que al morir su viuda continua sus pasos, nuestra Ñuke Maria Colipi viuda de Maril, territorio que abarcaba alrededor de 13 mil Hectáreas de tierra. En la cual el invasor estado chileno, ayudando a particulares, empresas transnacionales, latifundistas,etc. despojando a nuestros ancestros de gran parte de nuestro territorio el que hoy se encuentra reducido a 2000 hectáreas aprox. las cuales son ocupadas por 250 familias, las que componemos la comunidad en su totalidad.
Por eso hoy día y desde aquí en adelante, nosotros la nueva generación Mapuche, alza la voz e inicia este procesos de recuperación territorial productiva, porque nos encontramos viviendo asinados, destinados a vivir de allegados en las casas de nuestros padres o abuelos.
Este proceso de recuperación territorial lo iniciamos con el levantamiento de un Rewe en el lugar, lo cual es columna vertebral de nuestra espiritualidad, ademas construimos una ruka en territorio declarado en conflicto, para el trabajo diario que involucra la limpieza del terreno y el inicio del cultivo de estas tierras, cultivo que es necesario para el alimento de nuestras familias.
En este proceso, que iniciamos hoy participan 60 familias con mujeres, niños y nuestros hermanos, las restantes familias se sumaran con el avance de este proceso, ya que todos somos parte de la necesidad de recuperar nuestro antiguo territorio.
Si la empresa o las fuerzas represivas del estado chileno, nos desalojan de este terreno, el cual asciende a 1.800 hectáreas, terreno en su mayor parte productivo, hoy lleno de pinos, volveremos a ingresar a lo que consideramos que es parte nuestro, con mas Newen aun, con mayor numero de familias, hasta recuperar nuestra usurpada Nuke Mapu.
NO A LA REPRESIÓN DEL ESTADO CHILENO HACIA NUESTRAS COMUNIDADES!!
LIBERTAD A TODOS LOS PRESOS POLÍTICOS MAPUCHE!!
MARRICHIWEU!!
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La/los Machi son autoridades ancestrales cuyo rol es fundamental en la conservación de las tradiciones, la cultura, la religiosidad y la espiritualidad, quienes mantienen viva las prácticas medicinales, ceremoniales, de energías y de conexión con el mundo material y espiritual de acuerdo a la cosmovisión.
Cabe mencionar que dichas autoridades tradicionales observan y dimensionan la salud como un todo, como una forma íntegra y colectiva, es decir, si se establece un daño a las fuerzas de la naturaleza y que son parte viva de las invocaciones y ceremonias de una comunidad, se genera un desequilibrio a la existencia de sus habitantes, a las familias y comunidades.
En este contexto, el y la Machi encarcelados, Millaray Huichalaf y Tito Cañulef, han sido referentes activos en la defensa del Ngen Kintuante y Kilen Wentru, que son entes – fuerzas – espíritus protectores, donde está el nguillatuwe ancestral -antiguo lugar donde se realizaba rogativas-, el eltun o cementerio, el trayenco -cascada cascabel-, y el menoco -pantano del que se extraen plantas medicinales, que han sido afectados por la intromisión de agentes externos y a su vez, se encuentran gravemente amenazados por el proyecto hidroeléctrico en la zona ya descrito anteriormente.
Para Andrés Cuyul, trabajador social, magister en salud pública en Buenos Aires y actualmente con estudios de doctorado en México sobre salud pública, señaló al respecto en un reciente artículo denominado “La machi esterilizada o la nueva caza de brujas en el territorio mapuche”, lo siguiente: “Los devenires del conflicto que mantiene el Estado chileno y la clase dirigente de la sociedad chilena con el pueblo-nación Mapuche ha desembocado en la represión de la protesta social la cual ha ido tomado ribetes impensados. Más aún en países donde se piensa que estarían en vigencia los tratados internacionales sobre derechos humanos y, en particular, los derechos de los pueblos indígenas. En este contexto, el caso de los últimos allanamientos y hechos de violencia de la policía militar chilena a hogares de machi (autoridad espiritual y de sanación mapuche) en Chol Chol, Truf Truf, Pilmaiken junto a las consecuencias materiales y presidio, en el caso de la Machi Millaray Huichalaf y Tito Cañulef, parecen esconder algo más que el aumento de los casos de mapuche criminalizados y encarcelados, toda vez que estos nuevos prisioneros políticos son autoridades espirituales y de salud para el pueblo mapuche…”
Agrega en otro párrafo contextualizando la importancia del rol de estas autoridades tradicionales: “Las y los machi cumplen un rol muy importante para la sociedad mapuche. Se trata de autoridades espirituales con una vinculación material y espiritual con el territorio y la comunidad como fundamento de la cultura y el ser mapuche. En términos de salud se origina la enfermedad y se materializa la sanación con la familia del enfermo, en el territorio. Presente en la memoria histórica mapuche se recuerda y se ve hoy día a la machi visitando las familias de las comunidades, reproduciendo relaciones sociales vitales entre las familias y la comunidad, dinamizando así la vida comunitaria y la cosmovisión. Poseedoras de un lugar sagrado y privilegiado en su domicilio (rewe) que les permite la conexión con las divinidades y fuerzas (newen) del territorio en un sentido amplio (material e inmaterial) lo que les posibilita una función de liderazgo espiritual y terapéutico por medio de la presencia de sus poderes (newen) que le son característicos y por los cuales se le conoce. Es decir, posibilitan el equilibrio socioespiritual de la comunidad, teniendo así una función trascendental en la salud colectiva mapuche que en la actualidad convive con la terapéutica oficial en los mismos territorios y en los espacios urbanos…”
El caso Pilmaikén
Como se ha informado, una serie de allanamientos se ha realizado en la comuna de Río Bueno y Osorno en el contexto de la investigación liderada por el fiscal Sergio Fuentes que busca “esclarecer” un atentado al fundo Pisu Pisué, en Mantilhue, que sin embargo, ha coincidido con la persecución a quienes vienen defendiendo los espacios de vida en el Pilmaikén como es el Ngen Kintuante.
En efecto, la hidroeléctrica Pilmaiquén S.A. pretende construir la central Osorno sobre el río Pilmaiquén, en la Región de Los Ríos un embalse -de 18 kilómetros sobre el cauce-, que llegaría hasta el estero Mencahue, cerca de Maihue. La empresa y el gobierno ha pretendido desconocer la presencia y los derechos de las comunidades mapuche williche aledañas al río Pilmaiquén: Maihue, el Roble-Carimallín y Lumaco, como también las de Mantilhue, aguas arriba del proyecto, desconociendo la importancia del complejo ceremonial Ngen Kintuante, espíritu tutelar del río Pilmaiquén, que pretende ser inundado y destruido. Tras la empresa figuran, diversos personeros vinculados a la dictadura de Pinochet, entre ellos, Bruno Philippi Irarrázabal y Hernán Büchi Buc.
Cabe mencionar que entre los criminalizados se encuentran: Fénix Aquiles Delgado Ahumada (25), Cristian Ignacio García Quintul (22), Alex Daniel Bahamondes Garrido (35), el Mapuche de Puelmapu Facundo Francisco Jones Huala (28), la machi Millaray Virginia Huichalaf Pradines (23) y el machi Tito Lautaro Cañulef Neipán (27).
Ver info caso Pilmaikén: http://weichanpilmaiquen.
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Luchamos por la libertad contra la tiranía de falsas democracias y de un sistema económico que solo sirven para perpetuar las desigualdades y las injusticias. La Unión Europea no es un proyecto social, su fin último es aumentar la competitividad de los grandes bancos y empresas en los mercados mundiales, y con ello sus ganancias. La maximización del beneficio capitalista por encima de cualquier derecho social o ecológico. Por ello en Bruselas hay 15.000 lobbistas, y la gente de la banca se coloca en altos cargos en los gobiernos nacionales y en las cúpulas de organismos como el FMI o el BCE. Por ello los presidentes y ministros acaban en los consejos de administración de estas empresas y bancos.
Las políticas europeas y nacionales son diseñadas por el Consejo Europeo y la Troika, formada por instituciones no democráticas (Comisión Europea, Banco Central Europeo y FMI). Los tratados y pactos europeos son firmados por los jefes de estado sin consultas a la ciudadanía. Los Tratados de Maastricht y Lisboa, el Pacto por el Euro, el Pacto Fiscal, el MEDE… son los acuerdos que imponen la reforma laboral, los recortes en prestaciones y servicios sociales, la privatización de empresas y servicios públicos, el aumento de los impuestos a las clases medias y bajas, las ayudas a la banca con dinero público, la priorización en el pago de la deuda ante cualquier gasto social, o la propia pérdida de soberanía a favor de la Troika.
No queremos una UE que oprime a las personas y explota los ecosistemas en beneficio de unos pocos; que controla a la ciudadanía por medio de la manipulación de los medios de información y la represión policial; que con tratados de libre comercio, supuestas ayudas a la cooperación e intervenciones militares apoya dictaduras, apartheids y ocupaciones, y abre brecha para que las transnacionales expolien a pueblos enteros y sus recursos. No queremos esta UE legitimada por gobiernos contrarios al pueblo y la democracia. Exigimos alternativas, pasos decididos hacia un nuevo modelo al servicio de las personas:
EXIGIMOS LA DEROGACIÓN DE LOS TRATADOS Y PACTOS DE LA UNIÓN EUROPEA, Y LA CONSTRUCCIÓN DE UNA EUROPA DE LAS PERSONAS Y LOS PUEBLOS, que ponga en el centro los derechos y los intereses de la ciudadanía frente a los de las élites económicas. Exigimos una Europa democrática cuyos objetivos sean la igualdad, la libertad, la justicia, la solidaridad, la cooperación y la sostenibilidad en lo económico, lo social y lo ecológico. Porque esta Unión Europea solo sirve para apuntalar un sistema que vela por los intereses del capital a costa de los derechos y libertades de las personas y la sociedad en su conjunto.
EXIGIMOS UNA AUDITORÍA DE LA DEUDA, transparente y con participación ciudadana, y repudiamos el pago de la deuda que se considere ilegitima. Exigimos responsabilidades civiles y penales a los gestores políticos y financieros de la crisis. Porque sabemos que buena parte de la deuda pública no ha sido adquirida en beneficio de la ciudadanía. Porque el 81% de la deuda Española es privada, mayoritariamente de bancos y grandes empresas, y se está convirtiendo en pública a través de las ayudas a la banca, cuyo pago se nos impone con recortes y privatizaciones.
EXIGIMOS EL CESE DE PRIVATIZACIONES Y RECORTES, la recuperación de servicios y empresas privatizadas, la derogación de las leyes que permiten la privatización, así como de aquellas que excluyen a colectivos de la universalidad de estos servicios. Porque la gestión privada es más cara y de peor calidad que la pública, y solo beneficia a las grandes empresas. Y porque defendemos que todos aquellos bienes y servicios que sirven a las necesidades básicas de las personas y la sociedad deben ser bienes y servicios comunes, de carácter 100% público, bajo control y gestión ciudadanos para responder al interés general.
EXIGIMOS LA IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA FISCAL SUFICIENTE, PROGRESIVO Y JUSTO, así como la eliminación del fraude y los paraísos fiscales. Porque el déficit en España no proviene de un excesivo gasto público, muy inferior a la media Europa, sino de los bajos ingresos del estado por cobrar menos impuestos a las grandes empresas y fortunas que a los trabajadores, y por no perseguir decididamente el fraude fiscal. Porque las políticas fiscales deben servir para redistribuir la riqueza, y deben ser suficientes para financiar unos servicios públicos de calidad y universales, las prestaciones sociales y la creación de empleo público.
EXIGIMOS LA ANULACIÓN DE LA REFORMA LABORAL y la creación de un nuevo marco laboral que proteja los derechos de las personas trabajadoras y garantice la conciliación de la vida laboral y personal. Exigimos el aumento del salario mínimo interprofesional, el establecimiento de salarios máximos, de la renta básica ciudadana y el reparto del trabajo (asalariado y no asalariado). Porque la riqueza la genera el trabajo, pero las rentas se las queda el capital. Porque la actividad económica y el trabajo deben servir para cubrir las necesidades de las personas y la sociedad, y no para enriquecer a unos pocos.
EXIGIMOS LA REGULACIÓN INMEDIATA DEL MERCADO INMOBILIARIO, PARALIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE DESAHUCIO, DACIÓN EN PAGO, RECONVERSIÓN DE LOS PISOS EJECUTADOS Y PISOS VACÍOS EN ALQUILER SOCIAL, Y TODO ELLO CON CARÁCTER RETROACTIVO. Porque el modelo inmobiliario impulsado por políticos, banqueros y constructores nos ha llevado a la ruina. Porque el precio de la vivienda se ha inflado artificialmente mientras los salarios reales han caído. Porque la gente se queda sin casa y las casas se quedan sin gente. Porque no se puede permitir la especulación con un derecho básico.
EXIGIMOS QUE EL SISTEMA FINANCIERO SEA 100% PÚBLICO, DEMOCRÁTICO, ÉTICO Y BAJO CONTROL SOCIAL, que sirva para dar cobertura a las necesidades de la población y no sirva a la especulación ni a intereses privados. Exigimos el enjuiciamiento de los responsables de esta quiebra y la devolución del capital amasado. Porque el sistema financiero privado nos lleva al desastre social y económico. Porque las ayudas a la banca solo sirven para seguir acumulando riqueza en pocas manos. Porque solo una banca pública servirá al interés general.
EXIGIMOS UNA REGULACIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA Y HUMANA QUE ASUMA LA CONSERVACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS Y EL EQUILIBRIO ECOLÓGICO COMO PRINCIPIOS BÁSICOS. Porque el crecimiento ilimitado es imposible en un planeta que tiene unos límites. Porque bajo el actual modelo agotamos los recursos del planeta, acabamos con la biodiversidad, degradamos irreversiblemente el medio ambiente y con todo ello abandonamos el equilibrio ecológico en el cual la vida es posible. Porque el respeto y la solidaridad también han de serlo con las futuras generaciones.
EXIGIMOS IGUALES DERECHOS Y LIBERTADES PARA LAS PERSONAS MIGRANTES. Exigimos el cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIES). Exigimos la regularización de la situación de todas las personas migrantes. Exigimos el cese de las políticas de control de la inmigración, como el FRONTEX Y EUROSUR, que vulneran los derechos de las personas y les imponen un trato degradante. Porque hay libertad de circulación de capitales y mercancías, pero no de personas. Porque si la gente emigra es debido al empobrecimiento de países enteros, de lo cual tiene la culpa el propio sistema capitalista.
EXIGIMOS LA DESMILITARIZACIÓN DEL ESTADO Y LA SOCIEDAD. Exigimos la cancelación de los programas de compra de armamento y de las misiones militares en el extranjero, así como la reducción del gasto militar en general. Exigimos el cese inmediato de la represión policial sobre la ciudadanía, y de la compra y uso de material antidisturbios. Porque el poder militar se usa para defender intereses económicos privados, para someter a los pueblos y expoliar sus recursos. Porque la policía se usa como herramienta de represión para mantener un sistema injusto. Porque estos gastos pueden dedicarse a inversiones sociales.
Y EXIGIMOS LA INSTAURACIÓN DE UNA DEMOCRACIA REAL Y PLENA, TANTO A NIVEL ESTATAL COMO EUROPEO. Exigimos la participación directa de la ciudadanía en la toma de decisiones. Exigimos mecanismos de transparencia y control ciudadanos. Exigimos unos medios de comunicación públicos y democráticos bajo gestión directa de la ciudadanía. Porque el pueblo tiene que decidir, sin intermediarios, cómo quiere vivir. Porque los intereses de las grandes corporaciones mercantiles y bancos no pueden secuestrar la soberanía popular. Porque esta falsa democracia sólo permite una consulta directa al pueblo cada 4 años para elegir unos programas de gobierno que no se cumplen y, sin legitimidad democrática, se decretan medidas de reformas, recortes y privatizaciones contrarias a los intereses de la inmensa mayoría. Porque es necesaria una regeneración ética y democrática que acabe con la corrupción política, con un control social efectivo de las instituciones y un nuevo ordenamiento constitucional. Porque la voz del pueblo tiene que expresarse libremente, sin manipulaciones ni censuras.
Hacemos un llamamiento para que la lucha por los derechos y libertades de las personas y los pueblos sea una lucha abiertamente antifascista. Porque ante esta dictadura económica que sufrimos se presentan como alternativas otros fascismos políticos, que en estos tiempos de crisis arraigan en toda Europa bajo discursos populistas y salvadores que esconden viejas formas de opresión.
25 February, 2013
Diversas personalidades públicas suman sus voces por el Pueblo Mapuche
La Coordinadora Latinoamericana de Cine y Comunicación de los Pueblos indígenas, CLACPI, se suma al debate en torno a la situación del Pueblo Mapuche en Chile, a través de las voces de distintas personalidades que dan cuenta de esa "otra mirada", la que generalmente no está en los medios de información masivos y comerciales ni en la opinión pública en general permeada por sus contenidos. Diversas personalidades públicas, entre escritores, periodistas, actores – actrices, dan su opinión y mensajes, entre ellos, el uruguayo Eduardo Galeano.De acuerdo a lo señalado por la Coordinadora Latinoamericana de Cine y Comunicación de los Pueblos indígenas, CLACPI, la campaña “Pueblo Mapuche: Sumando Voces” pretende hacer un llamado a la sociedad chilena y latinoamericana sobre la importancia de discutir de manera informada acerca de las demandas de sus pueblos originarios, más allá de la coyuntura, haciendo énfasis en las consecuencias que ha traído la negación sistemática del componente indígena en las identidades de los distintos países de la región.
CLACPI señala: “Creemos que como comunicadores (as) y realizadores (as) es importante abordar diversos puntos de vista que apunten a soluciones efectivas para los problemas de multiculturalidad que acontecen en nuestros países, considerando la diversidad que nos compone, no como un impedimento, sino como una riqueza que nos ayuda a seguir avanzando…”
“Pueblo Mapuche: Sumando Voces”, ha recogido el sentir, opinión y mensajes de diversas personalidades públicas, como por ejemplo: Elicura Chihuailaf, Poeta Mapuche; El ex Juez Juan Guzmán; Liliana García, actriz; Hugo Medina , actor; Alejandro Guillier, periodista; Ana María Gazmuri, actriz; Giorgio Jackson, ex dirigente estudiantil y actual presidente de un movimiento; Pía Barros, escritora; Daniel Alcaíno, actor, Claudia Pérez , actriz; Loreto Valenzuela, actriz; Matías del Río, periodista; y Eduardo Galeano, escritor, uruguayo.
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25 February, 2013
Exigen que empresa Forestal Mininco y Estado chileno restituyan derechos usurpados a Comunidades Mapuche
La empresa, que tiene cerca de 700 mil hectáreas de tierras de plantaciones forestales y que ocupa una considerable superficie de tierras ancestrales reclamadas por comunidades y a su vez, mantiene en su propiedad, importantes y milenarios espacios sagrados y ceremoniales Mapuche, es emplazada a que restituya derechos de comunidades y termine con el desplazamiento de comunidades a causa de su expansión.Imagen: Salto de Agua Klen Klen - Nahuelbuta - Chol Chol.
En la comuna de Tirúa, caleta de Quidico se inició un proceso de recuperación de tierras con fines productivos y la comunidad señala “Comunicamos que forestal Mininco tiene en sus manos el fundo Labranza, territorio el cual es parte de lo que nos pertenece ancestralmente a nosotros como Mapuche y a nuestra Comunidad Mapuche Maria Colipi viuda de Maril, (…) territorio que abarcaba alrededor de 13 mil Hectáreas de tierra…” La comunidad señala que en el presente se encuentra reducido a 2000 hectáreas aprox. las cuales son ocupadas por 250 familias, “las que componemos la comunidad en su totalidad”, indicaron y agregaron: “Por eso hoy día y desde aquí en adelante, nosotros la nueva generación Mapuche, alza la voz e inicia este procesos de recuperación territorial productiva, porque nos encontramos viviendo hacinados, destinados a vivir de allegados en las casas de nuestros padres o abuelos…”
La Comunidad informó que este proceso de recuperación territorial lo iniciaron con el levantamiento de un Rewe en el lugar, señalado como columna vertebral de la espiritualidad, “además construimos una ruka en territorio declarado en conflicto, para el trabajo diario que involucra la limpieza del terreno y el inicio del cultivo de estas tierras, cultivo que es necesario para el alimento de nuestras familias…”
En el proceso iniciado, participan 60 familias con mujeres, niños y hermanos y adelantan “las restantes familias se sumaran con el avance de este proceso, ya que todos somos parte de la necesidad de recuperar nuestro antiguo territorio…”
Por otra parte, algunos de los terrenos en disputa y que han salido a la luz pública como parte de las reclamaciones históricas, son: el Fundo Rukañanco de 300 hectáreas; y la posada de 200 hectáreas en Contulmo; Lleu Lleu de 78 hectáreas. En Tirúa: Tirúa. Fundo "Cerro Negro"; Fundo Tirúa Sur de 300 hectáreas; Fundo El Cardal de 1.600 hás.; Predio Forestal Mininco - choque de 400,00 hás.; En Collipulli Fyundo Rucañanco de 1.090 hectáreas; En Purén, el rincón de 590 hectáreas; En Victoria el Ulmo y el Arco de 200 hectáreas cada uno; En Traiguen el Santa Ana de 440 hectáreas; En Lumaco el PichiCautín; En Temuco el Litre de 106 hectáreas; En Nueva Imperial el San Alberto, entre varios otros más concentrados mayoritariamente en el Bio Bio y la Araucanía.
A estos antecedentes, se agregan múltiples otros que se han venido registrando en los últimos años y que varios de ellos fueron incorporados en los antecedentes que constató y a su vez omitió la consultora Rainforest Alliance la que, contradiciendo valores y principios FSC, le otorgó escandalosamente dicho sello con estándar internacional ambiental a la empresa Mininco en su patrimonio forestal sobre una superficie total de 656,738.2.- Hectáreas de plantaciones de Pinus radiata; Eucalyptus nitens; Eucalyptus globulus, existiendo en dicha extensión diversos terrenos que son reclamados por comunidades.
Cabe mencionar que varios organismos internacionales de derechos humanos se han referido a la necesidad de que existan políticas de reparación de tierras a las comunidades. Hace algunos años, el Comité de Derechos Humanos de la ONU recomendó al Estado chileno trabajar en la demarcación de las Tierras antiguas que son reclamadas. Los Gobiernos, sin embargo, han negado y violentado sistemáticamente los Derechos de Tierras de las Comunidades y ha impuesto políticas que alteran la perspectiva socio-cultural.
Su grupo controlador
La empresa pertenece al grupo Matte (los hermanos Eliodoro, Patricia y Bernardo) con una fortuna según Forbes del año pasado que supera los U$ 10.400 millones de dólares, obtenidos mayoritariamente por las ventajas y privilegios otorgados por el estado chileno, cuya base se centra en la dictadura militar de Pinochet.
Algunas de sus empresas son: Holding CMPC (55,4% de la propiedad): empresa forestal integrada, con producción de madera, celulosa, papel y otros productos industriales y de consumo masivo. Empresas CMPC tiene una capitalización bursátil superior a los US$7.200 millones. Junto con la celulosa – papelería una de sus principales empresas es Forestal Mininco. En energía está Colbún (49% de la propiedad), que es una de las mayores empresas de generación eléctrica de Chile, con una capacidad instalada de 2.521 MW y una capitalización bursátil de aproximadamente US$2.600 millones. En la Banca Comercial (Banco BICE): Banco comercial corporativo y de personas con activos por aproximadamente US$2.700 millones, que además cuenta con actividades de leasing, factoring, hipotecarias y comercio exterior. También en seguros de vida, securitización, inmobiliario, inversiones, entre otras.
Lugares sagrados del Pueblo Mapuche bajo el dominio de Forestal Mininco
La disputa por justicia sobre la tenencia de la tierra, ha tenido como respuesta por parte de la empresa insensatas posiciones contrarias a la paz social que se prolifera, en vez buscar soluciones y salidas pacíficas ha venido interviniendo el aparato público para la militarización de comunidades, aplicación de ley antiterrorista y criminalización intensificando aún más los conflictos. A esto se agregan múltiples espacios sagrados del Pueblo Mapuche que se encuentran bajo la ilegítima posesión de la empresa.
La propia consultora certificadora de FSC, Rainforest Alliance, registró alguno de estos espacios cuya superficie las estimó en cerca de 300 hectáreas y algunas de las señaladas como “sitios de importancia para los indígenas y las comunidades”, son:
Lil y Elkatuwe Puchacay, Sitio de significancia cultural mapuche, de tipo histórico ceremonial. Eltun Puchacay, Sitio de significancia cultural mapuche, de tipo funerario. Es un cementerio familiar. Predio Puchacay Lote 1.
Futa Mawiza Lolenco, Complejo religioso espiritual y ceremonial. Es un gran bosque nativo. Predio Lolenco III.
Menoko Las Hermanas. Sitio de significancia cultural mapuche, de tipo ceremonial. Es un humedal y una fuente de agua. Predio Las Hermanas y Otros.
Menoko Napañir. Sitio de significancia cultural mapuche, de tipo ceremonial. Es un humedal y una fuente de agua.
Guillatuwe/Paliwe Napañir. Sitio de significancia cultural mapuche, de tipo ceremonial. Predio Napañir.
Trayenko Elicura. Sitio de significancia cultural mapuche, de tipo religioso ceremonial. Son saltos de agua o cascadas. Predio Elicura.
Trayenko/Kelen Kelen La Esperanza. Sitio de significancia cultural mapuche, de tipo religioso ceremonial. Son saltos de agua o cascadas. Predio La Esperanza y Otros.
Tren Tren Lanalhue. Sitio de significancia cultural mapuche, de tipo religioso ceremonial. Son cerros o cimas. Predio Lanalhue.
Tren Tren Buenavista. Sitio de significancia cultural mapuche, de tipo religioso ceremonial. Son cerros o cimas.
Trawunwe Buenavista. Sitio de significancia cultural mapuche, de tipo ceremonial y sociopolítico. Son cimas o promontorios. Predio Buenavista 1.
Eltun Puchacay, Sitio de significación cultural Mapuche, de tipo funerario. Predio Puchacay.
Menoko El Chequén, Sitio de significación cultural Mapuche, de tipo ceremonial. Predio El Chequén.
Trayenko San Ernesto, Sitio de significación cultural Mapuche, de tipo religioso ceremonial. Son saltos de agua o cascadas. Predio San Ernesto.
Malal Menoko San Narciso I, sitio de significación cultural Mapuche, tipo “fortín” con un carácter eminentemente defensivo (fortificación) y un “Menoko” de tipo ceremenial; es un humedal y fuente de agua. Predio San Narciso I.
Trayenko Las Praderas, Sitio de significación cultural Mapuche, de tipo religioso ceremonial. Son saltos de agua o cascadas. Predio Las Praderas.
Además de los indicados por la consultora indicada, existen varios otros lugares ceremoniales de uso ancestral, de enorme importancia para las energías y las fuerzas territoriales que se ubican al interior de predios de su dominio. Por ejemplo está el caso de Klen Klen, es un salto de agua, en medio de un campo ceremonial de invocación al espíritu de las aguas y del bosque que está al interior de un predio Forestal, rodenandose de Pinos y con graves deterioros a su entorno en la zona del Nahuelbuta, comuna de Chol Chol. Lo mismo ocurre con un Kuel en el Alto Bio Bio, lugar con forma de loma, piramidal, que se identifica como espacio de concentración energética en las proximidades de Santa Bárbara.
Cabe mencionar que la protección a los espacios sagrados de las comunidades, no solo está contemplado en la propia Ley indígena, sino además, en normas y tratados internacionales de derechos indígenas que son obligatorias al estado chileno, como el Convenio 169 de la OIT y la declaración dela ONU sobre derechos de los Pueblos Indígenas.
Solo a modo de referencia, el artículo 13 del Convenio 169, en relación a la protección de los lugares sagrados, que dispone que "los gobiernos deben respetar la importancia especial que para las culturas y valores espirituales de los pueblos interesados reviste su relación con las tierras y territorios que ocupan o utilizan de alguna otra manera". Y al respecto, en Chile, existen precedentes y jurisprudencia de tribunales de alzada, como la Corte de apelaciones que estable que "no cabe duda que la intervención y destrucción de su patrimonio cultural conduce a una sensación de falta de respeto a su identidad social, a sus costumbres y tradiciones".
En el presente, diversos lugares son reclamados por las Comunidades y la empresa y el Estado siguen sin reparar el enorme daño a la espiritualidad, cultura y tierras del Pueblo Mapuche.
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24 February, 2013
Más de 60 comuneros mapuche se "toman" fundo de Empresa Forestal Mininco
Más de 60 comuneros mapuche pertenecientes a la comunidad María Colipi, viuda de Marileo, mantienen durante este domingo una ocupación pacífica del Fundo Labranza perteneciente a la forestal Mininco, ubicado al oriente de la caleta Quidico, en la comuna de Tirúa.RADIO BIO BIO
La manifestación se lleva a cabo pacíficamente en el marco de recuperación de tierras, ya que los comuneros indican que las mil 600 hectáreas les pertenecen.
La comunidad, señalaron, tiene documentos legales los cuales acreditan que esos terrenos les han pertenecidos ancestralmente y del cual fueron despojados ilegalmente, indicaron.
Los comuneros manifestaron a Radio Bío Bío que lo único que desean con esta manifestación, es conversar de manera pacífica con la empresa forestal a fin de llegar a un acuerdo por el terreno. En caso contrario buscarán otras instancias a fin de lograr su objetivo, el cual es recuperar sus tierras las cuales dicen les pertenecen.
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24 Febrero, 2013 / Comunidad mapuche anuncia proceso de recuperación productivo de territorio usurpado por forestal Mininco / "Si la empresa o las fuerzas represivas del estado chileno, nos desalojan de este terreno, el cual asciende a 1.800 hectáreas, terreno en su mayor parte productivo, hoy lleno de pinos, volveremos a ingresar a lo que consideramos que es parte nuestro, con mas Newen aun, con mayor numero de familias, hasta recuperar nuestra usurpada Nuke Mapu." / Leer Más.»» http://www.mapuexpress.net/?
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24 February, 2013
Violento allanamiento a Comunidad Nicolás Calbullanca en Lleulleu
Alrededor de las 19:45 del viernes 22 de febrero, en la comunidad Nicolás Calbullanca, del sector Lleu Lleu, Comuna de Cañete, una veintena de vehículos de la PDI ingresaron violentamente a la Casa de la Familia Millapi Antilao, Según como lo manifiestan los comuneros del lugar "entraron violentamente encapuchados con armamento a allanar la vivienda". La acción dejó un hombre detenido y tres mujeres heridas.Alrededor de las 19:45 del viernes 22 de febrero, en la comunidad Nicolas Calbullanca, del sector Lleu Lleu, Comuna de Cañete, una veintena de vehículos de la PDI ingresaron violentamente a la Casa de la Familia Millapi Antilao. La acción fue violenta según han señalado comuneros del lugar: "Entraron violentamente encapuchados con armamento a allanar la vivienda".
En el mencionado allanamiento, se llevaron detenido al el comunero OCIEL SANTI PAINE, sin mostrar ni dejar ninguna constancia del allanamiento y detención como han denunciado desde la Comunidad.
Como consecuencia de lo ocurrido quedaron con impacto de perdigones tres mujeres que se encontraban en la vivienda: Rosa Millapi Antilao (esposa del detenido), Veronica Millapi Antilao y María Antilao, quienes constataron lesiones.
Los hechos descritos ocurrieron en presencia de niños que se encontraban en el lugar.
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24 February, 2013
Comunidad mapuche anuncia proceso de recuperación productivo de territorio usurpado por forestal Mininco
"Si la empresa o las fuerzas represivas del estado chileno, nos desalojan de este terreno, el cual asciende a 1.800 hectáreas, terreno en su mayor parte productivo, hoy lleno de pinos, volveremos a ingresar a lo que consideramos que es parte nuestro, con mas Newen aun, con mayor numero de familias, hasta recuperar nuestra usurpada Nuke Mapu."Comunicado Publico Comunidad Mapuche Maria Colipi, viuda de Maril.
Hoy día sábado 23 de febrero del presente año, la nueva generación Mapuche a decidido recuperar en forma pacifica, crear dialogo con la forestal Mininco con el fin de la completa devolución de nuestras tierras y sin la normal represión del estado chileno.
Comunicamos que forestal Mininco tiene en sus manos el fundo Labranza, territorio el cual es parte de lo que nos pertenece ancestralmente a nosotros como Mapuche y a nuestra Comunidad Mapuche Maria Colipi viuda de Maril, este fundo es parte de nuestro Lof guiado por nuestro antiguo Lonko Juan Ignacio Maril, él que al morir su viuda continua sus pasos, nuestra Ñuke Maria Colipi viuda de Maril, territorio que abarcaba alrededor de 13 mil Hectáreas de tierra. En la cual el invasor estado chileno, ayudando a particulares, empresas transnacionales, latifundistas,etc. despojando a nuestros ancestros de gran parte de nuestro territorio el que hoy se encuentra reducido a 2000 hectáreas aprox. las cuales son ocupadas por 250 familias, las que componemos la comunidad en su totalidad.
Por eso hoy día y desde aquí en adelante, nosotros la nueva generación Mapuche, alza la voz e inicia este procesos de recuperación territorial productiva, porque nos encontramos viviendo asinados, destinados a vivir de allegados en las casas de nuestros padres o abuelos.
Este proceso de recuperación territorial lo iniciamos con el levantamiento de un Rewe en el lugar, lo cual es columna vertebral de nuestra espiritualidad, ademas construimos una ruka en territorio declarado en conflicto, para el trabajo diario que involucra la limpieza del terreno y el inicio del cultivo de estas tierras, cultivo que es necesario para el alimento de nuestras familias.
En este proceso, que iniciamos hoy participan 60 familias con mujeres, niños y nuestros hermanos, las restantes familias se sumaran con el avance de este proceso, ya que todos somos parte de la necesidad de recuperar nuestro antiguo territorio.
Si la empresa o las fuerzas represivas del estado chileno, nos desalojan de este terreno, el cual asciende a 1.800 hectáreas, terreno en su mayor parte productivo, hoy lleno de pinos, volveremos a ingresar a lo que consideramos que es parte nuestro, con mas Newen aun, con mayor numero de familias, hasta recuperar nuestra usurpada Nuke Mapu.
NO A LA REPRESIÓN DEL ESTADO CHILENO HACIA NUESTRAS COMUNIDADES!!
LIBERTAD A TODOS LOS PRESOS POLÍTICOS MAPUCHE!!
MARRICHIWEU!!
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25 February, 2013
La persecución a autoridades espirituales del Pueblo Mapuche por defender espacios sagrados
Dos Machi, autoridades tradicionales del Pueblo Mapuche son perseguidos y encarcelados por el estado chileno y sectores empresariales por el hecho de ser actores vivos y activos en la defensa de su territorio y de lugares sagrados para todo el Pueblo Mapuche. La/los Machi son autoridades ancestrales cuyo rol es fundamental en la conservación de las tradiciones, la cultura, la religiosidad y la espiritualidad, quienes mantienen viva las prácticas medicinales, ceremoniales, de energías y de conexión con el mundo material y espiritual de acuerdo a la cosmovisión.La/los Machi son autoridades ancestrales cuyo rol es fundamental en la conservación de las tradiciones, la cultura, la religiosidad y la espiritualidad, quienes mantienen viva las prácticas medicinales, ceremoniales, de energías y de conexión con el mundo material y espiritual de acuerdo a la cosmovisión.
Cabe mencionar que dichas autoridades tradicionales observan y dimensionan la salud como un todo, como una forma íntegra y colectiva, es decir, si se establece un daño a las fuerzas de la naturaleza y que son parte viva de las invocaciones y ceremonias de una comunidad, se genera un desequilibrio a la existencia de sus habitantes, a las familias y comunidades.
En este contexto, el y la Machi encarcelados, Millaray Huichalaf y Tito Cañulef, han sido referentes activos en la defensa del Ngen Kintuante y Kilen Wentru, que son entes – fuerzas – espíritus protectores, donde está el nguillatuwe ancestral -antiguo lugar donde se realizaba rogativas-, el eltun o cementerio, el trayenco -cascada cascabel-, y el menoco -pantano del que se extraen plantas medicinales, que han sido afectados por la intromisión de agentes externos y a su vez, se encuentran gravemente amenazados por el proyecto hidroeléctrico en la zona ya descrito anteriormente.
Para Andrés Cuyul, trabajador social, magister en salud pública en Buenos Aires y actualmente con estudios de doctorado en México sobre salud pública, señaló al respecto en un reciente artículo denominado “La machi esterilizada o la nueva caza de brujas en el territorio mapuche”, lo siguiente: “Los devenires del conflicto que mantiene el Estado chileno y la clase dirigente de la sociedad chilena con el pueblo-nación Mapuche ha desembocado en la represión de la protesta social la cual ha ido tomado ribetes impensados. Más aún en países donde se piensa que estarían en vigencia los tratados internacionales sobre derechos humanos y, en particular, los derechos de los pueblos indígenas. En este contexto, el caso de los últimos allanamientos y hechos de violencia de la policía militar chilena a hogares de machi (autoridad espiritual y de sanación mapuche) en Chol Chol, Truf Truf, Pilmaiken junto a las consecuencias materiales y presidio, en el caso de la Machi Millaray Huichalaf y Tito Cañulef, parecen esconder algo más que el aumento de los casos de mapuche criminalizados y encarcelados, toda vez que estos nuevos prisioneros políticos son autoridades espirituales y de salud para el pueblo mapuche…”
Agrega en otro párrafo contextualizando la importancia del rol de estas autoridades tradicionales: “Las y los machi cumplen un rol muy importante para la sociedad mapuche. Se trata de autoridades espirituales con una vinculación material y espiritual con el territorio y la comunidad como fundamento de la cultura y el ser mapuche. En términos de salud se origina la enfermedad y se materializa la sanación con la familia del enfermo, en el territorio. Presente en la memoria histórica mapuche se recuerda y se ve hoy día a la machi visitando las familias de las comunidades, reproduciendo relaciones sociales vitales entre las familias y la comunidad, dinamizando así la vida comunitaria y la cosmovisión. Poseedoras de un lugar sagrado y privilegiado en su domicilio (rewe) que les permite la conexión con las divinidades y fuerzas (newen) del territorio en un sentido amplio (material e inmaterial) lo que les posibilita una función de liderazgo espiritual y terapéutico por medio de la presencia de sus poderes (newen) que le son característicos y por los cuales se le conoce. Es decir, posibilitan el equilibrio socioespiritual de la comunidad, teniendo así una función trascendental en la salud colectiva mapuche que en la actualidad convive con la terapéutica oficial en los mismos territorios y en los espacios urbanos…”
El caso Pilmaikén
Como se ha informado, una serie de allanamientos se ha realizado en la comuna de Río Bueno y Osorno en el contexto de la investigación liderada por el fiscal Sergio Fuentes que busca “esclarecer” un atentado al fundo Pisu Pisué, en Mantilhue, que sin embargo, ha coincidido con la persecución a quienes vienen defendiendo los espacios de vida en el Pilmaikén como es el Ngen Kintuante.
En efecto, la hidroeléctrica Pilmaiquén S.A. pretende construir la central Osorno sobre el río Pilmaiquén, en la Región de Los Ríos un embalse -de 18 kilómetros sobre el cauce-, que llegaría hasta el estero Mencahue, cerca de Maihue. La empresa y el gobierno ha pretendido desconocer la presencia y los derechos de las comunidades mapuche williche aledañas al río Pilmaiquén: Maihue, el Roble-Carimallín y Lumaco, como también las de Mantilhue, aguas arriba del proyecto, desconociendo la importancia del complejo ceremonial Ngen Kintuante, espíritu tutelar del río Pilmaiquén, que pretende ser inundado y destruido. Tras la empresa figuran, diversos personeros vinculados a la dictadura de Pinochet, entre ellos, Bruno Philippi Irarrázabal y Hernán Büchi Buc.
Cabe mencionar que entre los criminalizados se encuentran: Fénix Aquiles Delgado Ahumada (25), Cristian Ignacio García Quintul (22), Alex Daniel Bahamondes Garrido (35), el Mapuche de Puelmapu Facundo Francisco Jones Huala (28), la machi Millaray Virginia Huichalaf Pradines (23) y el machi Tito Lautaro Cañulef Neipán (27).
Ver info caso Pilmaikén: http://weichanpilmaiquen.
a.s / mapuexpress.net
Último Momento | PROTESTA
Último Momento
Los manifestantes que se concentraron en Plaza Artigas marcharon hasta Plaza de los Treinta y Tres Orientales portando carteles en silencio y al llegar al punto final de la marcha entonaron las estrofas del Himno Nacional para posteriormente retirarse pacíficamente.
SALTO | LUIS PÉREZ
El País Digital
Pablo Neruda
Enviado Cecilia/Veronika
El mensaje subyacente es lo preocupante
La Suprema Corte de Justicia acaba de declarar inconstitucionales los artículos 2 y 3 de la Ley 18 831 en el recurso presentado por los coroneles Rudyard Scioscia y
Mario Cola. El Cnel. ® Guillermo Cedrez ya ha comenzado a organizar una cena de camaradería y confraternidad con los integrantes de la misma. Probablemente, dependiendo de la decisión que adopte cada juez, las causas en las cuales no hayan procesados hasta el momento, serán archivadas. Quizás, ni siquiera el Gral. ® Pedro Barneix, con evidencias abrumadoras en su contra, surgidas de un expediente desarrollado durante “el proceso” por la propia justicia militar, sea procesado por el asesinato, a manos propias, en la tortura, de Aldo Perrini, en 1974, en el departamento de Colonia. Una verdadera vergüenza nacional.
El fallo de la Suprema Corte de Justicia genera legítima indignación en importantes sectores de la ciudadanía en general. Muy especialmente en los centenares de familiares y de víctimas directas que han presentado las correspondientes denuncias y que observan que el órgano con potestades de impartir justicia, con la obligación de ejecutarla, les niega su derecho, consagrado por las disposiciones constitucionales y las normas internacionales de derechos humanos.
Se reclama justicia.
Todas las denuncias presentadas, absolutamente todas, fueron presentadas en el ámbito penal, reclamando justicia, la sanción legal de los responsables de los delitos. El País, en crónicas recientes, ha señalado que es el afán por obtener indemnizaciones lo que ha impulsado los juicios, para desmerecer a los denunciantes y desacreditarlos. El derecho a una adecuada reparación, en todos los planos, integral, está consagrado por la normativa internacional de derechos humanos. Como colectivo siempre lo hemos reivindicado y lo seguiremos haciendo en las instancias que correspondan. Las denuncias no se presentaron en el ámbito civil donde seguramente hubieran tenido andamiento sino en la esfera penal, para obtener la verdad y la justicia que existen en un Estado de derecho e institucional democrático.
El mensaje para el presente y el futuro.
Lo más trascendente y preocupante de la decisión adoptada por la Suprema Corte de Justicia es el mensaje implícito que trasmite, con el beneplácito del Partido Colorado, del Partido Nacional y del Partido Independiente, a los potenciales golpistas y perpetradores de futuras violaciones a los derechos humanos: en Uruguay, estos crímenes que se condenan en todo el mundo, gozan de impunidad.
Investigar, esclarecer y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos, al igual que con todos los delitos, es el elemento básico y esencial, para generar las condiciones que impidan que ellos vuelvan a repetirse. Es la base del orden democrático institucional y del Estado de derecho.
Recurrir a la justicia es el camino que tienen las personas violentadas para que los perpetradores reciban el castigo que merecen, para no tener que hacer justicia por mano propia, para que no haya “ajustes de cuentas” y la convivencia sea pacífica y civilizada, encausada de acuerdo a las leyes.
La investigación, el esclarecimiento y la sanción de las graves violaciones a los derechos humanos, siempre, y muy especialmente cuando, como en el caso uruguayo, son masivas, sistemáticas y generalizadas, es la herramienta que permite erradicar de los órganos y cuerpos del Estado a todas aquellas personas que son una amenaza real para la sociedad y que además gozan del privilegio de portar armas.
Sancionar, penal y administrativamente, a los autores materiales e intelectuales, mediatos e inmediatos de las graves violaciones, de los crímenes, es un elemento educador, de promoción de valores, de conductas y de prácticas apropiadas en las instituciones del Estado. Del mismo modo que se sanciona y castiga la corrupción, deben castigarse las violaciones a los derechos humanos.
Aquellos lodos y las actuales conductas: la ley de seguridad del Estado.
Promover, apoyar y defender la impunidad, en forma militante, por parte de los partidos tradicionales, no es solo una estrategia electoral o electorera, circunstancial, por parte de los mismos para enfrentarse al partido de gobierno. Con honrosas excepciones, la han defendido a capa y espada, desde el mismo retorno a la institucionalidad democrática.
Así como jamás mencionan en sus discursos, declaraciones y documentos las normas de DDHH, ni reconocen los tratados en la materia, rechazan a la Comisión Interamericana de DDHH y a la Corte IDH, la impunidad para los violadores de los derechos humanos del terrorismo de Estado se ha transformado en parte consustancial de la identidad de ambos partidos, para todas sus corrientes internas y han logrado incorporar a la militancia por la misma al Partido Independiente en los últimos tiempos. Les duelen prendas históricas.
Las FFAA fueron convocadas al escenario político nacional por Jorge Pacheco Areco en el año 1968, al amparo de las Medidas Prontas de Seguridad, para reprimir a los gremios en lucha, cuando se decretó la congelación de los salarios y se militarizó a los trabajadores bancarios, de la UTE y de OSE.
En el año 1971, meses antes de las elecciones que se llevaron a cabo bajo dichas medidas, en setiembre, mediante el Decreto 560/71, se les encomendó la represión a los grupos que hacían política armas en mano, se supeditó a la policía a ellas, se crearon las Fuerzas Conjuntas (FFCC) y se designó al frente del Estado Mayor Conjunto al recientemente ascendido Gral. Gregorio Álvarez.
Las violaciones a los derechos humanos, las detenciones masivas sin garantías de ningún tipo, los apremios, las torturas, los homicidios, las ejecuciones extrajudiciales fueron autorizadas, por la vía de los hechos, por el Parlamento en el año 1972 cuando se votó, por el Partido Colorado y por el Partido Nacional, con sus únicos votos, el Estado de Guerra interno el 15 de abril.
Meses más tarde, cuando ya había sido asesinado en la tortura, en Treinta Tres, el militante demócratacristiano Luis Batalla, con miles de ciudadanos detenidos en todo el país, siendo sometidos a apremios y feroces torturas, sin garantías de ningún tipo, sin ser sometidos a jueces, el Parlamento votó la Ley de Seguridad del Estado que modificó el Código Penal, creó nuevos delitos, aumentó las penas y le adjudicó competencia a la justicia militar para juzgar a dichos ciudadanos. Las prácticas represivas de las fuerzas armadas contaron, en su momento, con la aquiescencia de los parlamentarios de los partidos tradicionales.
La invocación de que la Ley de Caducidad fue ratificada dos veces en las urnas por la ciudadanía, por parte de los defensores de la impunidad, no es más que una excusa, elegante, disfrazada de democratismo y de falso respeto a la voluntad popular, para seguir transitando el camino elegido hace más de cuarenta años, falseando la verdad histórica y asegurando la impunidad.
La derecha está hecha de hipocresía.
El ingreso de algunos centenares de personas a la sede de la SCJ para asistir a la ceremonia pública, acompañando y respaldando a la Dra. Mariana Mota, la negativa a desalojarla y los forcejeos, obvios y habituales ante este tipo de circunstancias, han sido calificados como “asonada”, desempolvando la vieja terminología dictatorial, por el Partido Colorado y los medios de la oposición que los han amplificado.
La Suprema Corte de Justicia que nunca dio orden de investigar ninguna de las desapariciones forzadas, ni de los asesinatos, ni ninguna grave violación a los DDHH, de las miles que ocurrieron, incluso ordenó una investigación judicial. El País y Búsqueda que han dedicado editoriales enteros para presionar a la Corte, haciendo campaña contra la jueza y pidiendo su destitución, que ensalzaron y destacaron la entrevista del Dr. Jorge Batlle y del Dr. Gonzalo Aguirre cuando la cuestionaron ante la magistratura, dicen que se presiona al Poder Judicial y que está en riesgo el orden institucional. El vocero oficial del terrorismo Estado pontificando sobre el Estado de Derecho, la separación de poderes y las disposiciones constitucionales. ¿La justicia, el derecho a la justicia, no figura en las disposiciones constitucionales? ¡Cuánta hipocresía y falsedad!
La Resolución 60/147 de las Naciones Unidas es el camino a transitar.
La investigación, esclarecimiento y sanción de las graves violaciones a los derechos humanos es la piedra angular del restablecimiento pleno de la institucionalidad democrática, de la vigencia certera de las disposiciones constitucionales, del Estado de derecho, pero las obligaciones del Estado no se reducen a ese solo aspecto en la actualidad.
La Resolución 60/147 de la Organización de las Naciones Unidas, aprobada por la Asamblea General en diciembre de 2005, por unanimidad de los Estados miembro, Uruguay incluido, es la declaración universal de los derechos de todas las personas que han sufrido graves violaciones a los derechos humanos como los ocurridos en nuestro país. Es también un instrumento internacional que explicita, clara y detalladamente, las obligaciones de los Estados para superar dichas situaciones. Es el estándar internacional de la calidad democrática con respecto al pasado reciente.
El Estado uruguayo aún tiene materias pendientes con las víctimas y no solo en cuanto a la verdad y la Justicia. No es solamente el Poder Judicial el que está omiso. El Estado uruguayo aún no ha asumido públicamente su responsabilidad por lo ocurrido, en una ceremonia oficial y pública como lo señala la Resolución 60/147 y no ha ofrecido las disculpas correspondientes, para establecer la Verdad histórica. Por mandato de la Corte IDH en el caso Gelman vs Uruguay lo ha hecho solamente para dicho caso, dando cumplimiento a la sentencia específica, pero lo tiene aún pendiente hacia el resto de las víctimas, sus familiares y la sociedad toda.
Tampoco ha establecido un día de Recordación y Homenaje nacional a todas las víctimas por su dolor y su sufrimiento, para dignificarlas, para valorizar y ensalzar las normas de derechos humanos como pilar básico de la convivencia pacífica y civilizada, como ideal de vida a perseguir para construir una sociedad plena. También para evitar que nazcan y se fortalezcan las tesis revisionistas destinadas a ocultar el pasado, a negarlo o a distorsionarlo, señal clara de lo cual es el libro “Agonía de una democracia” del Dr. Julio María Sanguinetti, que reescribe “Las FFAA al pueblo”, usando un lenguaje más pulido y menos rústico que el original.
Tal como lo señalara recientemente la Institución Nacional de DDHH y Defensoría del Pueblo (INDDHH) en su sentencia de diciembre del año pasado, el Estado uruguayo aún continúa violando el derecho a una auténtica reparación, a miles de víctimas u obligándolas a renunciar a otros derechos ciudadanos para acceder a ella.
La condena de la ONU
La Alta Comisionada para los DDHH de la Organización de las Naciones Unidas, Navi Pillay, ha expresado su preocupación por el reciente fallo de la Suprema Corte de Justicia y en los hechos la ha desautorizado por ser un impedimento para la justicia. El descrédito, el desprestigio, la falta de legitimidad de los integrantes del cuerpo con esta sentencia es grande. Han generado alarma pública en importantes sectores de la población y expuesto al país a la vergüenza internacional.
El proyecto de sociedad
Nuestro colectivo, formado por personas maduras sabe de derrotas. Nunca son definitivas. La única lucha que se pierde es la que se abandona. La vida nos ha enseñado que el capitalismo no es el destino de la humanidad. Como sistema es incapaz, por su propia naturaleza, de preservar el planeta, de crear una sociedad justa, de abundancia material y espiritual, de paz y de convivencia pacífica y civilizada. El sistema que lo sustituya, construcción colectiva de los trabajadores y sectores populares, independientemente de la forma que adopte, tendrá como pilares básicos y esenciales la doctrina de los Derechos Humanos y los principios de la democracia, del republicanismo, del Estado de derecho y de la libertad en todos los planos.
Junto a los trabajadores, junto a todos los sectores populares, seguiremos bregando por profundizar la transición democrática iniciada en marzo de 1985, batallando contra la impunidad, en defensa de las normas de DDHH, por Verdad, Justicia y Memoria, teniendo como hoja de ruta la plena implementación en la realidad del país de la Resolución 60/147 de las Naciones Unidas. ¡Hasta que las velas ardan! Es nuestro compromiso con nuestros detenidos desaparecidos y los que siempre nos acompañan en nuestro corazón. Nunca Más terrorismo de Estado.
Opinando N° 32 - Año 2 - Lunes 25 de febrero de 2013
BRONCA DE UN INDIGNADO
Allá por 1870 combatían Francia y Prusia. En el ángulo
noreste del país galo, concretamente en la ciudad de Sedán, los
prusianos arrollaron al Emperador Napoleón III, a quien los propios
franceses recuerdan como “El Pequeño”, para diferenciarlo del otro
Napoleón anterior, el más famoso.
Allá por 1870 combatían Francia y Prusia. En el ángulo noreste del país galo, concretamente en la ciudad de Sedán, los prusianos arrollaron al Emperador Napoleón III, a quien los propios franceses recuerdan como “El Pequeño”, para diferenciarlo del otro Napoleón anterior, el más famoso.
Derrotado, recibe a un mensajero que le anuncia que en París, la plebe, constató el vacío de poder que había dejado vacante él, se adueñó de una zona e instaló una Comuna, una asamblea permanente que buscaba gobernar lo que no tenía Gobierno. Entonces el Emperador pequeño se dirige al mariscal Bismarck, que acaba de derrotarlo- al mariscal del ejército contra el cual estuvo combatiendo armas en mano hasta poco rato atrás-, lo pone en antecedentes, da vuelta sus cañones, y los dos ejércitos marchan juntos a apuntar sus armas contra los comuneros parisinos (ya olvidado Napoleón que se trata de su propio pueblo) y a los que derrotan sangrientamente. No se trata, por supuesto de algo original.
Años atrás, por 1816, invade la Banda Oriental un ejército imperial (del Imperio de Portugal, Brasil y Algarves), al mando del General Lecor, Barón de la Laguna.
Un teniente que revistaba en la filas artiguistas, Fructuoso Rivera, embiste contra ellos, pero da vuelta su caballo y se pliega al ejército invasor que avasallaba a su propio pueblo (sin perjuicio de que algunos años después, cuando Lavalleja lo capture en Monzón, volverá a dar vuelta su caballo en contra de Brasil) y hasta tuvo pronto el despacho que lo hubiera hecho Marqués de Tacuarembó. De paso, pidió que mataran a su antiguo Jefe.
Todo esto viene a cuento del proceso que notoriamente ha llevado al viejo guerrillero Eleuterio Fernández Huidobro a mimetizarse con un general del Ejército, justamente el bando contrario al que combatiera en los 60´s.
Algo inasible- tal vez el espíritu de la novela de Sanguinetti que hablaba de Dos Demonios (como Tolkien escribió sobre El Señor de los Anillos)- lo obnubiló, haciéndole creer que la dictadura militar fue un encuentro entre dos bandos, a la manera de aqueos y troyanos, serbios y bosnios, hutus y tutsis, y no la guerra contra todo un pueblo- todo un país-, que fue vigilado, sospechado, torturado, secuestrado, clasificado, exiliado, insiliado, despojado y robado.
Y una vez imbuído de su condición de militar putativo se pasó limpiamente al bando opresor, a los asesinos de su pueblo, y dio vuelta sus cañones, dio vuelta su caballo, y hoy se indigna de que alguien pretenda procesar a algunos de ellos, sicarios del Cóndor, o investigar los trapos sucios de sus viejos enemigos. Como Napoleón el pequeño, como el Pardejón Rivera, da vuelta sus cañones, da vuelta su caballo, y arremete contra los que pretenden que los culpables de un delito – y vaya que los hay-, reciban su condigno castigo, contra las víctimas y favor de los victimarios, contra los agredidos y a favor de los agresores, contra la Justicia y a favor de la Impunidad. Lo único que permanece en él de las viejas épocas es la obsesión por la clandestinidad. Las ideas se anquilosaron en los tejidos adiposos, la dirección se perdió, los principios se disiparon. Su ejército- el actual, claro- debe permanecer en las sombras, invisible, impalpable, impune, para que él pueda seguir siendo el Mariscal, el Conductor, y- ¡por fin!- de un ejército triunfante. Aunque para la Historia vaya a parar al mismo cajón que el Pequeño y el Genocida
Derrotado, recibe a un mensajero que le anuncia que en París, la plebe, constató el vacío de poder que había dejado vacante él, se adueñó de una zona e instaló una Comuna, una asamblea permanente que buscaba gobernar lo que no tenía Gobierno. Entonces el Emperador pequeño se dirige al mariscal Bismarck, que acaba de derrotarlo- al mariscal del ejército contra el cual estuvo combatiendo armas en mano hasta poco rato atrás-, lo pone en antecedentes, da vuelta sus cañones, y los dos ejércitos marchan juntos a apuntar sus armas contra los comuneros parisinos (ya olvidado Napoleón que se trata de su propio pueblo) y a los que derrotan sangrientamente. No se trata, por supuesto de algo original.
Años atrás, por 1816, invade la Banda Oriental un ejército imperial (del Imperio de Portugal, Brasil y Algarves), al mando del General Lecor, Barón de la Laguna.
Un teniente que revistaba en la filas artiguistas, Fructuoso Rivera, embiste contra ellos, pero da vuelta su caballo y se pliega al ejército invasor que avasallaba a su propio pueblo (sin perjuicio de que algunos años después, cuando Lavalleja lo capture en Monzón, volverá a dar vuelta su caballo en contra de Brasil) y hasta tuvo pronto el despacho que lo hubiera hecho Marqués de Tacuarembó. De paso, pidió que mataran a su antiguo Jefe.
Todo esto viene a cuento del proceso que notoriamente ha llevado al viejo guerrillero Eleuterio Fernández Huidobro a mimetizarse con un general del Ejército, justamente el bando contrario al que combatiera en los 60´s. Algo inasible- tal vez el espíritu de la novela de Sanguinetti que hablaba de Dos Demonios (como Tolkien escribió sobre El Señor de los Anillos)- lo obnubiló, haciéndole creer que la dictadura militar fue un encuentro entre dos bandos, a la manera de aqueos y troyanos, serbios y bosnios, hutus y tutsis, y no la guerra contra todo un pueblo- todo un país-, que fue vigilado, sospechado, torturado, secuestrado, clasificado, exiliado, insiliado, despojado y robado.
Y una vez imbuído de su condición de militar putativo se pasó limpiamente al bando opresor, a los asesinos de su pueblo, y dio vuelta sus cañones, dio vuelta su caballo, y hoy se indigna de que alguien pretenda procesar a algunos de ellos, sicarios del Cóndor, o investigar los trapos sucios de sus viejos enemigos. Como Napoleón el pequeño, como el Pardejón Rivera, da vuelta sus cañones, da vuelta su caballo, y arremete contra los que pretenden que los culpables de un delito – y vaya que los hay-, reciban su condigno castigo, contra las víctimas y favor de los victimarios, contra los agredidos y a favor de los agresores, contra la Justicia y a favor de la Impunidad. Lo único que permanece en él de las viejas épocas es la obsesión por la clandestinidad. Las ideas se anquilosaron en los tejidos adiposos, la dirección se perdió, los principios se disiparon. Su ejército- el actual, claro- debe permanecer en las sombras, invisible, impalpable, impune, para que él pueda seguir siendo el Mariscal, el Conductor, y- ¡por fin!- de un ejército triunfante. Aunque para la Historia vaya a parar al mismo cajón que el Pequeño y el Genocida
Anónimo, enviado por Jorge Llambías
Se llamaba “Corte de los milagros” a ciertos espacios clandestinos de los barrios de París ocupados por “falsos mendigos” : al llegar la noche, se despojaban de sus disfraces, abandonaban sus imaginarios males, y como por “milagro” desaparecían sus pretendidas incapacidades e insuficiencias de todo tipo. Víctor Hugo, en su novela Notre Dame de Paris, describió una de ellas de manera inolvidable.
No pude dejar de asociar con ella la última sentencia de la llamada Suprema Corte de Justicia. Ese organismo judicial logró por un malabarismo leguleyo y tramposo, una especie de “milagro” : en un país cuyo gobierno es ejercido por el Frente Amplio, vasta coalición de fuerzas de izquierda, los atroces delitos cometidos por el terrorismo de Estado dejaron de ser crímenes de lesa humanidad para transformarse en delitos comunes.
Los que violaron a hombres y mujeres, los que robaron niños recién nacidos, los que ultrajaron e hicieron desaparecer cadáveres, podrían ser considerados, al cesar la imprescriptibilidad de sus crímenes, como “por milagro”, ciudadanos normales.
Esa sentencia declara inconstitucional los artículos 2 y 3 de la ley 18831, aprobada en octubre 2011, que permitía el juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad perpetrados por la dictadura militar. Aún sin la cultura jurídica necesaria para analizarla exhaustivamente, cualquier ciudadano, incluso los que estamos lejos del país, se siente indignado por lo que ella encierra de incomprensible y escandaloso.
Después del traslado arbitrario de la jueza Mariana Mota, esta sentencia que refuta lo decretado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Uruguay – Gelman, no es una gota que desborda el vaso, sino un chorro de lodo que mancha la dignidad nacional, un acto repudiable que envuelve en una apariencia de decisión de justicia, el retroceso más importante de la democracia uruguaya desde que esta volvió a funcionar en el Uruguay.Ya vendrán los análisis de los catedráticos, de los hombres y mujeres de derecho que argumentaron límpidamente la justicia de las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la necesidad absoluta, para que el régimen de derecho uruguayo pueda subsistir, de aplicarla cabal y completamente.
Cabe preguntarse, en la zozobra de la noticia recién llegada : ¿quién gobierna en el Uruguay de hoy?, ¿quién rige los destinos de la democracia uruguaya?, ¿el gobierno frenteamplista elegido libremente por el pueblo en las últimas elecciones democráticas o una camarilla que está trampeando al poder, que está llevando al Uruguay a seguir siendo un país donde la impunidad es más fuerte que la justicia y que los Derechos Humanos?
La responsabilidad del Frente Amplio es decisiva. La resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ( marzo 2011) y la ley 18831 interpretativa de la de Caducidad, permitieron recobrar la esperanza de proseguir indagando la responsabilidad de los verdugos y de sus actos criminales que avasallaron los cuerpos y las vidas de tantos militantes antidictatoriales. Recordamos aún con bochorno las presiones no disimuladas del poder ejecutivo sobre el poder legislativo, cuando este, casi unánimemente, se aprestaba a abolir la ley de caducidad (mayo de 2011).
Sabemos de la existencia de “iluminados” que pretenden haber encontrado un “ábrete sésamo” mágico para la reconciliación de todos los uruguayos, civiles y militares, víctimas y opresores, sin mirar para atrás, sin tener en cuenta la dolorosa historia reciente, burlando y eludiendo a la justicia. Son los mismos que sostienen la teoría de los “dos demonios”, y que ignoran el sufrimiento de todo un pueblo víctima del terrorismo de Estado ; ese dolor no pertenece solo a algunos porque es de todos, y por eso nadie en su nombre puede intentar negociarlo.
Ninguna corte de justicia, salvo la de los “milagros”, transformará a un terrorista de Estado en simple delincuente.Podemos preguntarnos : ¿ se han establecido oscuros compromisos entre el ministerio de Defensa, el poder ejecutivo y los militares golpistas involucrados en el terrorismo de Estado, y el poder judicial, para que la causa de los Derechos Humanos en Uruguay no solo no avance sino que retroceda de forma tan espectacular?
Es difícil imaginar que estas arremetidas de los hombres de la sombra, del crimen y de la impunidad contra la justicia, puedan obtener logros de este tipo sin maniobras invisibles pero eficaces que las favorezcan.
La responsabilidad del Frente Amplio, de las fuerzas políticas que lo integran, está una vez más puesta en jaque por la burda maniobra carnavalesca de la SCJ que invierte los valores, que insiste en decretar un mundo al revés, cuando se convierte, como por “milagro”, en defensora de los asesinos y condena a las víctimas de los crímenes de lesa humanidad.
Se corre el peligro que, sin una reacción decidida y contundente, las fuerzas políticas del Frente Amplio seguirán perdiendo batallas decisivas por la causa de los Derechos Humanos, y terminarán perdiendo la guerra ante los enemigos de la democracia. No se puede decir que se gobierna con el pueblo y para el pueblo, cuando al mismo tiempo se están favoreciendo los intereses de sus peores enemigos.
Es necesario que nuevamente se ponga en marcha la justicia en el Uruguay, que se respete a los familiares de las víctimas y desaparecidos, a los ex - presos y presas torturados, que siguen contemplando hoy a sus verdugos impunes. La insostenible, la escabrosa alianza de los “supremos jueces” contra los Justos debe cesar.
La derrota de la impunidad sólo será arrancada por el Frente Amplio cuando este tenga el coraje político de enfrentar a los enemigos de los Derechos Humanos de afuera y a los de adentro.
La historia del pueblo uruguayo y de América latina es el supremo tribunal que condenará a los cobardes que hoy ultrajan, desprecian y humillan a los Derechos Humanos y a quienes los defienden.
Fotos: Mariana Costa / LARED21
Fue una concentración multitudinaria en Plaza
Libertad, con la única consigna de cantar el Himno Nacional para
protestar por el reciente fallo de la SCJ que declaró como
inconstitucional la imprescriptibilidad de la Caducidad.
A la hora 18: en punto comenzaron a llegar a la Plaza los manifestantes desde todos los puntos cardinales, convocados por el Frente Amplio, el PIT-CNT y la organización Familiares de Detenidos Desaparecidos.
Una pancarta enorme que expresaba: “La tortura es un crimen de lesa humanidad”, marcaba a fuego el sentir de todos los manifestantes contra la decisión de la corporación.
A pocas cuadras, y casi en medio de la manifestación, la sede de la Suprema Corte de Justicia fue vallada por iniciativa del Ministerio del Interior y protegida por personal de la Guardia Republicana para prevenir posibles disturbios, pero todo se desarrollo bajo la más absoluta normalidad.
El senador comunista, Eduardo Lorier dijo a la prensa que la manifestación fue la expresión “más pura y noble del pueblo uruguayo que se manifestó en silencio porque quiere profundizar en verdad y justicia”
Asimismo, el senador del Nuevo Espacio, Rafael Michelini destacó como importante que el “pueblo sin colores ni banderas, pueda expresarse en forma pacífica”.
Entre los manifestantes quedó la sensación de que el camino al que al que resta recurrir para apelar esta decisión de la SCJ es principalmente el del derecho jurídico internacional.
REPERCUSIONES: LA PRENSA EN ARGENTINA - GALEANO Y TOPOLANSKY EN UNA MANIFESTACION FRENTE A LA SUPREMA CORTE DE URUGUAY
Exigen respeto por DD.HH.
La protesta, convocada por el gobernante Frente Amplio, contó con la adhesión de la central sindical Pitcnt y la organización Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos-Desaparecidos. En silencio, ondearon banderas uruguayas.
Una multitud se concentró ayer por la tarde frente a la Suprema Corte de Justicia (SCJ) de Uruguay para mostrar su rechazo al fallo del máximo tribunal, que declaró inconstitucional la ley que evitaba la prescripción de los delitos de la última dictadura (1973-85) al declararlos de lesa humanidad. Entre los asistentes, estuvieron la senadora del Frente Amplio (FA) Lucía Topolansky, esposa del presidente uruguayo, José Mujica, y el escritor Eduardo Galeano, reconocido defensor de los derechos humanos.
Cientos de manifestantes de todas las edades convocados por el partido gobernante FA y las organizaciones de derechos humanos fueron concentrándose en la plaza donde está el edificio del alto tribunal, fuertemente custodiado por la policía. La manifestación contó con la adhesión de la central sindical Pitcnt y la organización Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos-Desaparecidos y fue convocada como una protesta silenciosa. En este sentido, y como habían anticipado sus convocantes, la marcha se desarrolló sin consignas verbales y los habituales megáfonos y altavoces brillaron por su ausencia. Sin embargo, algunos de los presentes mostraron carteles con leyendas como “Anular ya la Ley de Caducidad”, “Basta de impunidad”, “Dónde están nuestros compañeros”, “La tortura es un crimen de lesa humanidad” y “Solidaridad con la jueza (Mariana) Mota”. Muchos de los asistentes ondearon banderas uruguayas y también pudo verse alguna del FA, cuyos dirigentes no realizaron ningún discurso. Los manifestantes repudiaron así la resolución emitida el viernes por la SCJ en respuesta a un recurso de inconstitucionalidad presentado por dos coroneles contra una ley aprobada en 2011 que invalidaba la Ley de Caducidad (amnistía) sancionada en 1986 y ratificada en sendos plebiscitos en 1989 y 2009.
Debido a esta movilización fue cortada al tráfico de vehículos la Avenida 18 de Julio. Menos de una hora después del inicio de la concentración llegó el momento central del acto, cuando los presentes cantaron el himno uruguayo y aplaudieron al unísono durante varios minutos. Como informó la versión digital del diario uruguayo El País, el senador comunista Eduardo Lorier fue uno de los que participó en la marcha. Asimismo, anticipó que se manejan varias alternativas legislativas para seguir investigando los delitos cometidos durante la dictadura pese al fallo judicial. “La batería de medidas no se la imaginan. Una se va a aplicar brevemente, en el plano legislativo y diversos ámbitos. Nuevas leyes o puede haber otro tipo de instrumentos a utilizar en el mediano plazo que los estaremos evaluando”, aseguró el legislador, informó el periódico. También habló de la convocatoria. “Hay una subjetividad presente que es la de todos los uruguayos indignados desilusionados por el paso atrás que se ha dado en materia de justicia de nuestro país”, sostuvo. Según El País, el senador respondió a la advertencia que realizaron ayer los ex mandatarios uruguayos (ver recuadro). “Los poderes tradicionales del país expresados por los ex presidentes que salen a la palestra y seguidos por otros no van a poder detener las profundizaciones no sólo de justicia y verdad, sino también en otros ángulos”, enfatizó. En paralelo a la manifestación, la corriente del presidente José Mujica dentro del FA, el Movimiento de Participación Popular (MPP), ex tupamaros, anunció que impulsará un juicio político a los miembros de la SCJ, a los que acusan de ser “responsables del mantenimiento de la impunidad en Uruguay”.
Hace 10 días, decenas de activistas ocuparon la sede de la SCJ para evitar que se concretara el traslado a un juzgado civil de la magistrada Mariana Mota, que tenía a su cargo medio centenar de expedientes de la dictadura, pero finalmente fueron desalojados sin incidentes por la policía.
Tres amigos de la caducidad
Los ex presidentes uruguayos Julio Sanguinetti, Luis Lacalle y Jorge Batlle denunciaron ayer de forma conjunta el “retorno de actitudes antidemocráticas”, a raíz de las críticas del oficialismo a la Suprema Corte de Justicia (SCJ) por la declaración de inconstitucionalidad de la ley que evitaba la prescripción de delitos de la última dictadura.
En un comunicado, los ex mandatarios –tres de los cinco presidentes que tuvo Uruguay desde la restauración de la democracia, en 1985– alertaron que la actitud del Frente Amplio (FA), coalición de izquierda que gobierna desde 2005, puede “arrastrar a tiempos de confrontación que no deben repetirse”. Los políticos, de los partidos conservadores Colorado y Nacional (Blanco), criticaron las protestas contra la SCJ tanto por el fallo del viernes como por el traslado a una corte civil de la jueza Mariana Mota, que estaba a cargo de numerosos casos de crímenes cometidos durante la última dictadura.
Por la primera decisión, el FA convocó a una marcha de protesta para esta tarde, mientras en su seno se expresaron voces para pedir un juicio político contra los miembros del alto tribunal. Además, también se realizó un pedido, que no fue atendido, para que los responsables de la SCJ acudieran al Parlamento a explicar sus últimas decisiones. “No es posible agredir el principio de separación de poderes con la amenaza de citaciones inconsultas, infundados juicios políticos y el agravio constante de legisladores oficialistas a los miembros de la máxima autoridad judicial”, afirmaron los ex presidentes en su nota.
Los políticos, cuyos partidos gobernaron Uruguay ininterrumpidamente desde 1985 hasta el triunfo electoral del FA en 2005 de la mano de Tabaré Vázquez (2005-10), consideraron una herida a “la conciencia republicana” las críticas por el traslado de la jueza Mota por vulnerar la separación de poderes. Asimismo, consideraron “inadmisible” que el FA siga defendiendo la eliminación de la Ley de Caducidad (amnistía), que impedía juzgar los crímenes cometidos por uniformados durante la dictadura y que la norma recientemente declarada inconstitucional hacía inaplicable, pese a que la ciudadanía en dos ocasiones decidiera en referéndum mantenerla.
URUGUAY - de RESUMEN LATINOAMERICANO (Argentina)
Verdad y justicia:
miles de personas concentraron en plaza Libertad
MONTEVIDEO (Uypress) - Organizaciones sociales, de derechos humanos, estudiantes y militantes políticos se hicieron presentes en la concentración convocada desde las 18 hs. de este lunes en la plaza Libertad con el fin de reclamar contra la declaración de inconstitucionalidad de la ley 18.831, por parte de la Suprema Corte de Justicia (SCJ).
A pesar de que la convocatoria desde el Frente Amplio era 'en silencio', los murmullos no cesaron en ningún momento de la hora y media que duró el encuentro en pleno centro montevideano. Sobre las 18.40 hubo aplausos fuertes y sostenidos y se dio paso al Himno Nacional; luego siguieron más palmas y cánticos pidiendo justicia.
Entre banderas de la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU), de la comunidad LGBT y de la asociación de ex presos políticos (Crysol), una señora abrazó fuerte a Valentín Enseñat, integrante de HIJOS Uruguay, al grito de 'Nosotros somos ellos'.
Enseñat calificó a la convocatoria como 'un poco extraña', dado que 'desde un principio esto trascendía la convocatoria política, cuando convocamos el viernes' y agregó que defenderán estos 'espacios propios', en referencia a las organizaciones sociales que convocaron desde un comienzo.
El joven sostuvo en diálogo con Uypress que la medida de la SCJ de inconstitucionalidad 'nos toma por sorpresa. No nos esperábamos esta decisión, y menos en pleno carnaval, pero vamos a trabajar esto tanto desde lo jurídico como desde lo público, con la gente, reivindicando nuestra lucha'.
Tanto el integrante de HIJOS, como miembros de Crysol, confirmaron que van a acudir al derecho internacional, considerando la declaración de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que ya falló respecto al Caso Gelman, como llevando las más de 50 causas de presos políticos conocida como 'Boiso Lanza', en referencia al centro de detención.
Baldemar Tarocco (Crysol) afirmó que 'la decision de la SCJ que no hace más que trancar la justicia y perpetuar la impunidad' y que 'la Corte se pone del lado de los represores'. 'Creemos que están tirando para adelante las causas para que no haya resolución', agregó.
Respecto a las declaraciones que se conocieron en las últimas horas del militar procesado Jorge 'Pajarito' Silveira, Tarocco insistió en que 'nunca hubo sentido de venganza ni revanchismo. La búsqueda de justicia es para nuestros hijos y nietos, para su futuro. Tampoco queremos que los militares tengan un trato como el que ellos nos dieron'.
Chela Fontoura (Crysol) agregó que 'es vergonzoso que se dé prensa a un torturador comprobado, alguien que ha actuado como un animal, ha violado y ha torturado', en referencia a las palabras de Silveira.
Respecto a los dichos del ex Jefe del Estado Mayor de Defensa, José Bonilla, quien afirmó que el cierre de las causas 'es una buena situación para [que] el que algo sabe, alivie su conciencia' y proporcione datos sobre el destino de las desapariciones forzadas cometidas durante la dictadura sin probabilidad de procesamiento, Fontoura afirmó que 'están protegiendo a los militares'. 'Ellos tienen que hablar ante la justicia. Hasta ahora, esto no ha sucedido y si se promueve que declaren de esta forma, nunca llegarán a ser juzgados', concluyó.
Otro de los presentes fue el Rector de la Universidad de la República (UdelaR), Rodrigo Arocena, quien sostuvo que era un 'deber' estar allí, cuando 'es evidente que hay gran inquietud en toda la ciudadanía uruguaya para saber qué va a pasar con la búsqueda de la verdad y la asignación de la justicia'.
Arocena informó que la UdelaR trató las implicaciones del traslado de la jueza Mariana Mota durante la última sesión del Consejo Directivo Central (CDC) y que se decidió consultar al respecto a los profesores de Derecho Constitucional, 'como debe hacerlo la universidad para informar a la sociedad y que cada ciudadano pueda armar una opinión bien formada sobre este tema'.
A su vez, remarcó que 'nos gustaría conocer con detalle y cuidado, los detalles de las decisiones que adopta el sistema judicial', en referencia a decisiones como las de pasar a la magistrada del fuero penal al civil tras ocho años de seguimiento de causas de delitos de lesa humanidad.
El rector destacó la 'vocacion tradicional y el mandato legal sobre su compromiso con los derechos humanos que tiene la Universidad' y señaló la importancia de que los estudiantes de Derecho se formen pensando 'cómo construir un sistema jurídico que garantice vigencia de la justicia y cómo colaborar para que todos los ciudadanos entendamos bien el proceso de administración de justicia'.
Los aplausos se sucedían en oleadas. 'Es que por más que pidas silencio, la gente por algún lado se tiene que expresar', comentaban dos señores cerca del momumento emplazado en medio de la 18 de julio.
También estuvo presente la comunidad LGBT, con integrantes como Federico Graña, quien señaló que 'este colectivo tiene que estar porque acá se atentó contra la libertad durante el terrorismo de Estado' y remarcó que entre quienes asistieron a la concentración 'hay sensación de impotencia muy grande, se están pagando muchos errores de la sociedad.
Graña también se refirió a las calificaciones de 'asonada' que tuvo la concentración durante el fin de semana: 'Esta manifestación no es una asonada, como la calificó una parte de la oposición. Decir que es una asonada, es no entender el dolor de la gente'.
Entre las figuras políticas se encontraba el senador Enrique Rubio (VA), quien defendió la concentración: 'si uno está en desacuerdo con fallos de inconstitucionalidad puede manifestarlo de manera pacífica, como lo está haciendo la gente', e indicó que 'estudiaremos los otros fallos de inconstitucionalidad, uno por uno'.
Referente a la posible injerencia del poder político sobre el judicial, el senador precisó: 'Hay 'separación de poderes' pero no hay repúblicas aparte, no hay independencia de poderes. Hay una sensibilidad herida, y eso no lo podemos desconocer' y concluyó remarcando la necesidad de una reforma de la Ley de la Magistratura.
'¡No más silencio! ¡No más silencio!', gritaban unos grupos de jóvenes, mientras los asistentes se desconcentraban sobre las 19.30 hs, muchos de ellos hacia el Velódromo, para el festival artístico de la Asociación de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos.
Dime quién apoya y te diré adonde están y quienes son los culpables
Las cámaras empresariales uruguayas respaldaron este
lunes a la Suprema Corte de Justicia (SCJ) por sus fallos y consideraron
que son "la expresión máxima de seguridad y garantía de los derechos
humanos individuales".
El texto está firmado por la Asociación Rural del Uruguay (ARU), la Cámara de Industrias del Uruguay (CIU) y la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay (CNCS).
"Las Cámaras Empresariales siempre han apoyado y seguirán velando por el Estado de Derecho. En consecuencia, sostienen el irrestricto cumplimiento y acatamiento de las normas consagradas en la Constitución de la República", dice el documento.
Este lunes, miles de personas se congregaron para protestar por la decisión de la SCJ de declarar inconstitucional la Ley Interpretativa de la Ley de Caducidad.
Dime quién apoya y "acata", y te diré adonde están y quienes son los culpables
El pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia
(SCJ) que declaró inconstitucional dos artículos de la ley de Caducidad
fue un golpe bajo para el Frente Amplio (FA), en su lucha por aclarar
los casos de violaciones a los derechos humanos ocurridos durante la
dictadura militar.
Apenas conocida la decisión de cerrar todas las causas judiciales, las reacciones no se hicieron esperar y desde el MPP se lanzó la idea de iniciar un juicio político contra la corporación, porque se entiende que la declaración de inconstitucionalidad y el traslado de la jueza Mota de la justicia Penal a la Civil están vinculados.
Mientras tanto desde filas militares, hay sectores que entienden que “no hay más nada por discutir”. Consultado sobre el tema, el presidente del Centro Militar, coronel (r) Guillermo Cedréz dijo a El Observador que “ya habló la Justicia”. “Ahora hay que guardar silencio y acatar”, agregó el militar que prefirió no ahondar en sus comentarios.
La posición de Cedréz difiere con el expresado por el general el aire (r) José Bonilla. El militar entiende que esta “es una buena situación para el que algo sabe, alivie su consciencia” y aporte datos sobre el paradero de desaparecidos, sin el temor de ir presos.
Según explicó Bonilla a El Observador, en la edición de ayer, hasta ahora quienes tienen información se veía limitados por posibles procesamientos., pero con la decisión de la Corte se cierra la posibilidad de que haya nuevos procesamientos.
Repercusiones
A la disconformidad que existe en la izquierda se sumó ayer una declaración de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los derechos humanos, Navi Pillay, donde expresa su “sorpresa” y “preocupación” por la decisión de la Justicia
“La sentencia, adoptada por los magistrados por cuatro votos contra uno, abre el camino para el cierre de las investigaciones en curso sobre violaciones de derechos humanos, violando el derecho de las víctimas a la verdad, justicia y reparación”, escribió Pillay en el comunicado.
“Me preocupa seriamente que estos hechos puedan restablecer las sombras de la impunidad en un país que ha comenzado a conciliarse con la verdad y la justicia, para el pleno cumplimiento de sus obligaciones derivadas del derecho internacional”, agregó.
En filas de la oposición se entiende que el organismo es libre de expresar lo que quiera y no se lo considera una intromisión. No obstante, el senador Pedro Bordaberry recordó que la Constitución está por encima de leyes y tratados. “Más allá de lo que se diga, si la Constitución dice algo no se puede ir contra ella”, afirmó a El Observador.
Por su parte, la senadora Lucía Topolansky explicó ayer que el camino de emprender un juicio contra la Corte debe ser una decisión adoptada por todo el Frente Amplio si el informe por escrito que se comprometió a enviar la Suprema Corte explicando los motivos del traslado de Mota no satisfacen. En el MPP se entiende que la SCJ violó la Constitución porque no se escuchó al fiscal de Corte antes de tomar la decisión como establece el artículo 246 de la Carta Magna.
“Si no contesta hay que discutir si eso dispara el mecanismo de juicio político. Es por este caso, no por los fallos. (…) Si la explicación es razonable y se ajusta a las normas no hay nada que hacer”, dijo Topolansky en declaraciones hechas a radio El Espectador. l
DAR LA MAS AMPLIA DIFUSIÓN.
Leer atentamente y visualizar cómo los actos de abuso institucional que vengo/venimos denunciando hace un tiempo y a los q es nacesario enfrentarse colectivamente antes de que sea demasiado tarde.
COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA – 22/2/2013
Las agrupaciones de habitantes de la costa y el Uruguay profundo abajo firmantes repudiamos lo actuado el miércoles próximo pasado por el Presidente de la República y exhortamos a toda la sociedad civil organizada y ciudadanos responsables con el futuro del país a hacer lo propio y a movilizarse en respuesta.
La reciente reunión del presidente con los representantes de la empresa Aratirí–Zamin Ferrous y las declaraciones del primer mandatario sobre una eventual asociación del Estado al proyecto aún en estudio, en sus condiciones, agravan los peligros que venimos denunciando desde hace meses desde diversos sectores de la sociedad civil.
Se viene alertando por este tipo de presiones indebidas ejercidas por Presidencia sobre otros poderes e instancias del estado para la aprobación “express” de este proyecto que está lejos de demostrar su conveniencia para el país.
Presiones que agreden cada vez con mayor alevosía los principios republicanos del Estado de Derecho, de la separación de poderes, y de la indispensable independencia técnica de los mismos organismos estatales llamados a entender en delicados aspectos ambientales, sociales, económicos y de ordenamiento territorial.
Presiones que esperamos que el Parlamento y la DINAMA, responsables en este momento del estudio de distintos aspectos del proyecto minero, pueda resistir para actuar en beneficio del país y no de un negocio de ocasión.
Esta política de hechos consumados –autoritaria e inconsulta –pretende además ignorar el estado de conmoción social que se vive a diario en los tres millones y medio de hectáreas pedidas para minería en todo el país, así como en las distintas zonas costeras de Rocha en las que se ha anunciado el puerto de aguas profundas asociado al proyecto minero de Aratirí.
Pretende ignorar también una importante corriente de opinión que, a lo largo y a lo ancho del país, crece día a día, y que se ha pronunciado en forma inequívoca contra la instalación de estos megaproyectos.
En los plebiscitos que se promueven en varios departamentos, en los más de 400 recursos administrativos presentados para detener la entrada de las empresas a los campos, en los juicios promovidos ante el Tribunal de lo contencioso Administrativo y en marchas multitudinarias como la del pasado 11 de octubre en Montevideo, que con sus casi 10.000 personas dejó en evidencia la preocupación ciudadana de un grupo mucho más amplio que los supuestamente afectados. En la Asamblea Nacional Permanente, compuesta por más de 35 organizaciones de todo el país, nacida en noviembre como respuesta a la proliferación de proyectos depredatorias e inconsultos, y que sesionó el domingo pasado en Sauce.
Con una responsabilidad que no ha mostrado buena parte del sistema político en todos los niveles, hemos presentado ante la Comisión a cargo de la Ley de Minería de Gran Porte, que habilitaría la instalación de Aratirí y otras empresas mineras, nuestras fundamentadas razones para oponernos a este proyecto y hemos dado cuenta de la situación de conmoción social que reina ante la incertidumbre y la falta de garantías sobre el futuro.
Se ha reclamado, con razón, que delicadas decisiones como la sustitución de actividades agropecuarias y turísticas por emprendimientos extractivos de corto plazo comprometen irreversiblemente el uso sustentable del territorio y, con ello, el presente y el futuro de muchas familias, al tiempo que hipotecan sin garantía las posibilidades de las generaciones venideras.
Creemos que estas decisiones clave para el futuro del país deben tomarse por la ciudadanía, libre e informada, en un clima de garantías y respeto por la diversidad de opiniones, y precedida por un serio y amplio debate nacional.
Nunca desde el centralismo de los escritorios de la burocracia montevideana y, mucho menos, en los despachos de las empresas interesadas en los mismos proyectos.
Ante la impunidad de los hechos acaecidos* en este largo proceso, vista la importancia de los valores en riesgoy como ciudadanos comprometidos con nuestro país, convocamos a todos los uruguayos a considerar nuevas y más amplias formas de protesta y acción ciudadana, por todos los medios disponibles. Si bien no hay aún un contrato firmado, una ley o un decreto que formalice alguna decisión del gobierno, las declaraciones del presidente ameritan la máxima atención y organización para la defensa de nuestros derechos y de la soberanía.
Con pesar constatamos, una vez más, que nada podemos esperar sino de nosotros mismos.
Mesa Ampliada de Productores y Vecinos de ruta 7
(Contacto: Julio Gómez 099 978 302, Cristina Ramírez 099 064 442, Sebastián Ríos 098134078, Fabiana Campos 091 455 970)
Productores de Cerro Chato y Valentines (Florida)
Productores de Tupambaé (Cerro Largo)
Comisión en Defensa de la Tierra (Treinta y Tres)
Comisión por la vida sustentable y el agua (Rivera)
Grupo No a la minería en Vichadero (Rivera)
Tacuarembó “Por la vida y el Agua”
Grupo de productores y vecinos de San José
Confederación de Pueblos Costeros (Contacto: Ana Alonzo 098 758 710; Matías Seré 094 279 855)
Vecinos autoconvocados de La Paloma y la Pedrera
Vecinos y Amigos de Punta del Diablo
Vecinos Movilizados de Punta del Diablo
Vecinos de La Esmeralda, Coronilla, Cabo Polonio, Punta Rubia.
Cabildo Abierto de Barra de Valizas
Vecinos de Aguas Dulces
Vecinos de Ciudad de Maldonado
Vecinos de Ciudad de la Costa
Vecinos de la Costa Oeste de Montevideo
Colectivo Sauce de Lucha por la Tierra
Apoya: MOVUS
* Un breve repaso de algunos acontecimientos recientes dignos de alarma ciudadana
1. Luego de reunirse por enésima vez con los representantes de la empresa extranjera Zamin Ferrous, el gobierno adelanta como aprobado el proyecto de Aratirí para la extracción de hierro del yacimiento de Valentines, cuando la evaluación del estudio de impacto ambiental por la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) está lejos de ser completada, de acuerdo al procedimiento correspondiente según nuestra legislación.
2. Simultáneamente, el gobierno da por resuelta la habilitación del puerto de aguas profundas en la costa de Rocha, mientras es una decisión a consideración del Parlamento y los estudios técnicos –incluidos los utilizados para justificar este proyecto–, muestran que la localización elegida es altamente inconveniente por sus impactos económicos, sociales y ambientales.
3. La propuesta del puerto de aguas profundas en El Palenque no se sostiene por sí misma con otras cargas o proyectos y –en una política de hechos consumados– el gobierno la asocia a la exportación del hierro, aún cuando el proyecto Aratirí no ha sido aprobado e implica el desplazamiento también definitivo de varias poblaciones y actividades económicas sustentables en la costa rochense.
5. Además de generar un clima institucional inapropiado, el gobierno insiste en ignorar las tensiones sociales originadas por estos proyectos y no escucha los reclamos de amplios sectores de la población, a pesar de las manifestaciones registradas por toda la prensa y las iniciativas en curso para promover plebiscitos en varios departamentos del país.
6. El miércoles próximo pasado, mientras se analiza la Ley de Minería de Gran Porte en el Parlamento, el Presidente impele públicamente a ese órgano representativo a diseñar y aprobar una Ley de Minería a medida de la empresa Aratirí-Zamin Ferrous, adelantando por la vía de los hechos y no del derecho una decisión de importancia país, que viola principios constitucionales como la protección del Medio Ambiente y del agua en particular, y que desconoce la función de planificación estratégica de las leyes de ordenamiento territorial, entre otras.
Enviado por Julio Néstor Sosa Benia, y también por Jorge Zabalza y Nestor Durante
Del Blog:
Hay quienes, cuando sucede algo relacionado con la dictadura y con la impunidad, señalan hacia la derecha. Y con razón, claro. Aunque es una visión parcial de la realidad, como veremos. Fue la derecha la que llamó a los militares para que si hicieran cargo del gobierno cuando ellos ya no podían controlar a un pueblo que se movilizaba cada vez más por cambios estructurales, a fines de la década del 60 y principios de los 70.
Fue sin dudas la derecha la que acompañó en cargos de gobierno y a todo nivel a la sangrienta dictadura. No es este el espacio para dar una larga lista de nombres pertenecientes a los partidos tradicionales que ocuparon cargos durante esos años. Digamos simplemente que el dictador Bordaberry provenía del Partido Nacional, pero asumió como presidente integrando el partido colorado, y después fue verde a partir del golpe de estado. Y otros como Aparicio Méndez, del Partido Nacional, también dictador en su momento.
Una buena parte del pueblo uruguayo dio una denodada lucha por derrotar a la dictadura, y esa lucha tuvo sus costos, que pueden medirse en presos, exiliados, torturados, asesinados, desaparecidos, violados, y mucho más. Por eso, la recuperación de la democracia y las libertades, traían consigo grandes esperanzas. Entre otras cosas, la esperanza de llegar a la verdad de lo que había sucedido en esos años, y por supuesto de llegar también a la justicia
Teníamos derecho a saber el por qué de tanto odio descargado sobre el pueblo, el por qué tanta muerte inocente. Alguien tenía que explicar como fue que se torturó, quién daba las órdenes, donde se mató y se desapareció, donde estaban esos desaparecidos, y devolverlos al pueblo. Y no reclamábamos revancha. Pedíamos justicia. Tan simple pero tan hondo como eso.
Pero fue la derecha política la que, una vez derrotada la dictadura, se encargó de enterrar todo el genocidio y las barbaridades más siniestras perpetradas por la dictadura bajo el manto de la impunidad al votar aquella siniestra ley, con votos de blancos y colorados. Previamente, habían sacado de la troya (tal como hoy hace la SCJ con Mariana Mota) a un gran luchador por los derechos humanos como José Germán Araújo.
Y de la mano de la derecha política volvió la amenaza, y la presión. Y a pesar de que la justicia comenzó a actuar, las citaciones fueron a parar a la caja fuerte del Ministerio de Defensa. Y entonces comenzó la vuelta atrás, el retroceso, la agachada. Y la mayoría de dirigentes blancos y colorados comenzó a gestar lo que luego terminaría siendo la oprobiosa ley de impunidad.
LA IZQUIERDA LUCHANDO JUNTO AL PUEBLO
Pero la lucha continuó, y los trabajadores, las organizaciones sociales y la izquierda política no se entregaron, y papeleta en mano salieron a juntar las firmas para que hubiera referéndum. No fue una lucha sencilla. Pero acabábamos de derrotar una dictadura sangrienta, y además teníamos de nuestro lado la razón de la verdad y la justicia, así que la esperanza estaba intacta. Otra vez había que luchar contra el miedo, contra la desinformación y la mentira, contra quienes decían que pregonábamos el odio y se proclamaban pacificadores y perdonadores. Y recorrimos puerta por puerta, y salimos a las ferias y a los sindicatos, nos metimos entre el pueblo. Y conseguimos las firmas.
Pero los votos amarillos fueron más que los verdes, y perdimos esa batalla. El miedo ganó en las urnas, y la desesperanza en las almas. Y ya nada volvió a ser igual, porque la democracia quedó renga. No se puede caminar bien con una espina clavada en el talón. Y la impunidad era una enorme espina incrustada en la naciente democracia. Con las organizaciones populares malheridas (que no muertas) por la derrota, comenzó la otra fiesta, la del neoliberalismo.
Nuevamente la derecha política, y sus sucesivos gobiernos nos propinaron su economía de mercado pero también su “sociedad de mercado”. Perdida la justicia en los caminos de la impunidad, los ciudadanos pasamos a ser vistos desde una lógica mercantil, y se propagaron la exclusión social y la pobreza hasta límites desconocidos. Las consignas pasaron a ser: “hacé la tuya”, y “sálvese quien pueda”. Y también campeó la corrupción. Porque si se puede torturar y matar y desaparecer, y nunca pasar por un juzgado por ello, entonces todo lo demás son paparruchadas. Las dimensiones del retroceso todavía están por verse.
VOTO VERDE Y DESPUÉS
A partir de allí, ya la cosa no estuvo tan clara en las filas de la izquierda con el tema de los derechos humanos y la impunidad. Hubo un largo período en el cual la lucha quedó en manos de los familiares, un pequeño grupo de incansables abogados y las organizaciones sociales y de derechos humanos, y los partidos políticos prácticamente se olvidaron del tema.
Pero aún en esas condiciones, la lucha continuó por vías diferentes. Porfiadamente se siguieron presentando casos a los juzgados y una y mil veces los personeros de la impunidad los archivaban. El artículo cuarto era el instrumento apropiado en las manos apropiadas (gobiernos de derecha). Todo lo que podía terminar en aplicación de justicia era considerado incluido en la ley de impunidad. No importa si era el rapto de una extranjera para robarle a su hijo y luego matarla. Todo lo sucedido en dictadura debía ser olvidado, fuera lo que fuera.
Pero el pueblo es porfiado. Porque “hay olvidos que queman y hay memorias que engrandecen”, como también señala Alfredo acertadamente. Y siguieron presentándose causas. Y surgieron las marchas del 20 de mayo; cada vez con más y más pueblo; cada vez con más y más conciencia. Y la impunidad comenzó a mostrar fisuras.
DESDE LA IZQUIERDA
En el año 2003, el semanario Brecha preguntaba a dirigentes de diferentes sectores del Frente Amplio sobre qué había que hacer con la ley de impunidad, y en su gran mayoría eran partidarios de dejar todo como estaba. Algunos suenan hoy como posibles candidatos a vicepresidentes (o a presidente, vaya uno a saber).
Lo cierto es que dentro del FA, cuando nos aproximábamos a la posibilidad cierta de obtener el gobierno, muchos entendieron que adoptar una posición contundente a favor de la verdad y la justicia, podía hacernos perder esa posibilidad. Eso estuvo muy claramente planteado en el Congreso Héctor Rodríguez de 2003, y es por todos conocida la batalla que dio Eleuterio Fernández Huidobro para evitar que en el Programa estuviera la derogación de la ley de impunidad. Pero no sería honesto si no dijera lo siguiente: si la posición de Huidobro hubiera sido minoritaria, no hubiera prosperado. La realidad es que su posición fue apoyada por la mayoría del Congreso.
No obstante, en el Programa con el que el FA accedió al gobierno en 2005, hay muchísimas referencias que indicaban que había la necesidad imperiosa de derogar o anular la ley de impunidad. Fundamentalmente las que hacían referencia a acompasar la legislación interna con la internacional en el tema derechos humanos. Pero no fue así. Lo único que hizo el primer gobierno del FA en el sentido de combatir la impunidad, fue aplicar el art.4 de la ley, por lo cual los casos comenzaron a no incluirse como comprendidos en la ley de impunidad.
Y Tabaré Vázquez, el día mismo de su asunción, señalaba que “en materia de derechos humanos el país tiene aún una asignatura pendiente, que me comprometo a saldar de inmediato”, y agregó que “nuestro gobierno cumplirá el mandato establecido en el Artículo 4º de la Ley número 15.848, procurando agotar la investigación sobre lo sucedido con los detenidos desaparecidos e investigando al efecto en los establecimientos militares correspondientes”.
En función de ello, hubo avances impensables poco tiempo atrás. Pocos días después ya se estaba entrando a los cuarteles y excavando en busca de los desaparecidos. Y ahora el artículo 4º era un instrumento en manos de un gobierno progresista, y lo aplicó debidamente. Y los casos se comenzaron a excluir, y los jueces comenzaron a actuar, y los culpables comenzaron a ir presos, y algunos restos comenzaron a aparecer.
Mientras tanto, en forma silenciosa, muchos compañeros del FA seguían trabajando para encontrar la forma de erradicar de una vez y para siempre una ley legalmente inconstitucional y nula, pero además moral y éticamente infame. Era la hora de arrancarle de raíz esa espina que no le permitía caminar debidamente a nuestra democracia. Para que la vida democrática fuera plena y para cumplir con nuestras conciencias revolucionarias y de izquierda.
El resultado es historia reciente, y lo veremos en la segunda parte de esta nota.
Publicado por José Luis Perera en 14:54 No hay comentarios: Enlaces a esta entrada
Tres días después de que la Suprema Corte de Justicia (SCJ) declarara inconstitucional la ley interpretativa de la ley de Caducidad, el oficialismo comenzó a buscar una alternativa para procesar a los militares que cometieron delitos durante la última dictadura, informaron fuentes del oficialismo a El Observador.
Los primeros en realizar un planteo fueron los dirigentes del MPP. Pocas horas después, los socialistas también emitieron una declaración en ese sentido. “Respetando el principio de separación de poderes y en la búsqueda del fortalecimiento de las instituciones y de la democracia, no claudicaremos en nuestro compromiso para con la verdad, la justicia, la democracia y el país”, señalaron.
El secretariado ejecutivo del Frente Amplio (FA) analizó ayer lunes el tema. “Se va a estudiar el impacto y el alcance del fallo de la SCJ. Nosotros creemos que si bien esto es un traspié, no implica que todo quede postergado”, dijo a El Observador la presidenta del FA, Mónica Xavier.
El representante de la Vertiente Artiguista en el organismo ejecutivo de la fuerza política, Daniel Bentancourt, dijo que van a esperar los informes jurídicos para decidir. “Se parte de la base de que la ley tiene alcances complejos. Se van a escuchar los informes de los abogados que están estudiando y discutiendo el tema y luego se va a definir una estrategia que no está cerrada a nada”, señaló.
También el senador Rafael Michelini, del Frente Líber Seregni (FLS), dijo ayer en radio Sarandí que se estudiarán mecanismos alternativos a esta ley que la decisión de la SCJ tiró abajo. El camino no es sencillo: en los últimos cuatro años, el FA presentó tres propuestas para lograrlo y las tres veces fracasó.
El primer golpe fue el plebiscito del 26 de octubre de 2009. Como en 1989, los votos para anular la ley de Caducidad no alcanzaron. “Me duele mucho decirlo, porque los que lo impulsaron son mis compañeros de toda la vida, pero fue un error”, dijo entonces Javier Miranda, actual director de Derechos Humanos del Ministerio de Educación y Cultura e hijo del escribano Fernando Miranda, desaparecido durante la dictadura y cuyos restos fueron hallados en el Batallón 13, a fines del 2005. “No siempre las mayorías tienen la razón”, agregó.
Tras el fracaso –por no haber concentrado sus fuerzas en el plebiscito– el FA decidió redoblar la apuesta. Pero el espacio de acción fue cada vez más reducido. Quienes luchaban para mantener la vigencia de la ley de Caducidad ganaron un argumento: la ciudadanía ya se pronunció dos veces. Dentro del FA, incluso, hubo quienes se aferraron al pronunciamiento popular.
El oficialismo intentó barajar y dar de nuevo. La Vertiente Artiguista planteó impulsar un tercer plebiscito y el vicepresidente Danilo Astori derogar la ley, pero ambas iniciativas naufragaron. En abril de 2011, el FA logró redactar un proyecto para anular la ley. “Es un disparate jurídico”, que además implica pasar “por encima del derecho ciudadano”, dijo el senador Jorge Saravia, quien incumplió el mandato partidario, votó en contra y abandonó el FA. Con similares argumentos, Eleuterio Fernández Huidobro votó la ley, pero renunció a la banca. Con su voto, la iniciativa pasó a Diputados. Allí, el Frente Amplio no logró la mayoría. El presidente José Mujica le pidió a Víctor Semproni que no levantara la mano y el impulso, otra vez, encontró su freno.
Pero el FA, presionado por organizaciones de izquierda, redobló una vez más la apuesta y gestó la ley interpretativa de la ley de Caducidad, que expresa que los delitos cometidos durante la dictadura no prescriben por ser de lesa humanidad. Apurado porque los crímenes estaban por prescribir y presionado por grupos de izquierda, el oficialismo aprobó la iniciativa a pesar de que los juristas habían advertido a los legisladores que la ley presentaba vicios de constitucionalidad.
Un militar y un policía terminaron tras las rejas por esta ley. Pero la SCJ la declaró este viernes inconstitucional y el FA, después de haber quemado tres cartas, volvió a fojas cero.
La presión de grupos defensores de los derechos humanos se mantiene. Ayer se agruparon frente a la sede de la SCJ para expresar su disconformidad. Y muchos apuntan sus dardos a miembros del oficialismo, en particular, al ministro de Defensa, Fernández Huidobro. Con la presión de estos grupos sobre sus espaldas, el fallo de la SCJ como una piedra en el zapato, la opinión de juristas que no muestran alternativas posibles y dos plebiscitos en contra, el FA busca tumbar la ley de Caducidad.
Personal policial juntando fotos para el fichaje de "los antisistema" precisamente en un acto de repudio a la impunidad de los criminales de lesa humanidad. ¿A quiénes mandó fotografiar Bonomi? ¿o se fotografiaron a todos los concurrentes? ¿El FA que fué uno de los que convocó a la concentración no tiene nada que decir sobre el espionaje antipopular de su Ministro Bonomi? Todavía el Gobierno no ha explicado quienes son los "antisistema" que se están fichando.
Sindicatos rurales cortan el tránsito en el Palacio Legislativo
Tres sindicatos rurales, entre los que se encuentra la UTAA (Cañeros de
Artigas) protestan a esta hora en las inmediaciones del Palacio
Legislativo, en reclamo de tierras, según pudo comprobar El País en el
lugar.
Por la movilización, en la que se quemaron cubiertas, hay corte de tránsito en esa concurrida zona de la ciudad.
Por la movilización, en la que se quemaron cubiertas, hay corte de tránsito en esa concurrida zona de la ciudad.
El País Digital
Último Momento
Hubo una movilización pacífica contra la SCJ en Salto
Organizado por el Plenario Sindical de Trabajadores se llevó a cabo sobre las 20 horas de hoy una marcha en la ciudad de Salto de protesta contra la reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia que declaró "flagrantemente" ilegal a la Ley interpretativa de la Ley de Caducidad.Los manifestantes que se concentraron en Plaza Artigas marcharon hasta Plaza de los Treinta y Tres Orientales portando carteles en silencio y al llegar al punto final de la marcha entonaron las estrofas del Himno Nacional para posteriormente retirarse pacíficamente.
SALTO | LUIS PÉREZ
El País Digital
Para analizar
Mota presentó recurso para revocar su traslado.
Tal
como había anunciado, y pocas horas antes de la movilización en Plaza
Libertad (ver páginas 2 y 3), la jueza Mariana Mota presentó ayer ante
la Suprema Corte de Justicia (SCJ) un recurso de revocación contra la
decisión de ese organismo del 13 de febrero, que la trasladó desde un
juzgado penal a la órbita civil. Los ministros de la SCJ tienen un plazo
de 150 días para responder, y teniendo en cuenta que ellos mismos
decidieron cambiar de jurisdicción a Mota, es probable que el trámite
administrativo continúe en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.
En caso de que esa instancia tampoco arroje resultados positivos para
la magistrada, sus abogados tienen previsto recurrir el fallo ante
tribunales internacionales.
En el escrito de 11 páginas, Mota sostiene que la SCJ vulneró “principios de transparencia y buena administración” al no fundamentar su polémica resolución. También responsabiliza al máximo órgano por “arbitrariedad y desviación de poder” y alerta que con esta decisión se está “conspirando contra la independencia técnica de los magistrados, obteniendo por resultado enlentecer o paralizar la administración de justicia en determinadas causas”, en referencia sobre todo a las más de 50 que ella venía investigando, vinculadas a crímenes cometidos en la última dictadura.
Señala que su caso es el único entre todos los traslados recientes de magistrados que no implica “ni un ascenso ni está fundamentado en avance alguno en la carrera judicial”. “No solicité en ningún momento el cambio de materia o ser trasladada a otro juzgado. Por lo que debe buscarse en otro lado la motivación del acto. Es más, considero que el traslado decidido contraría el buen servicio que reclama la Constitución”, argumenta.
En otro pasaje, Mota afirma que la “carencia” de motivación de la resolución de la SCJ provoca una “situación de indefensión” que obliga a “especular sobre las verdaderas causas del traslado”, y luego cita declaraciones a la prensa sobre el caso de los ministros Jorge Ruibal Pino, Jorge Chediak y el vocero de la corporación Raúl Oxandabarat, que vincularon este traslado con conceptos tales como “sumarios”, “investigaciones administrativas” y “acumulación de tarjetas amarillas”.
“Debo reconocer que no domino las reglas de juego del más popular de los deportes en nuestro país, pero creo entender que la acumulación de tarjetas amarillas refiere a que la acumulación de tarjetas te deja afuera del próximo partido. Pues bien, la dicente, devenida sorpresivamente en jugadora de fútbol, no cuenta con tarjetas amarillas, y eso lo conoce fehacientemente la SCJ”, señala Mota en otro pasaje del escrito.
En caso de que tales afirmaciones sean confirmadas, según Mota, se estaría frente a un “eventual delito de difamación e injuria, y seguro ante un acto de mala fe”, ya que todas las investigaciones internas contra su persona fueron archivadas “sin consecuencias”.
Mota descarta otras motivaciones surgidas durante los últimos días desde la SCJ, entre ellas, que se ha “cumplido un ciclo” –de hecho su reemplazante, Beatriz Larrieu, lleva más años que ella en la órbita penal–; o que es necesario que los jueces adquieran conocimiento en todas las áreas del derecho (según Mota ése es un “concepto enciclopedista, largamente perimido”).
Luego pasa a las razones no invocadas en la resolución de la SCJ del 13 de febrero. Mota recuerda, como por si acaso, que en Juzgado Penal de 7˚ Turno se investigaban “temas muy sensibles”, que “concitaban la atención de los medios de prensa”, lo cual motivó reiteradas opiniones de “actores de la vida pública” que deslizaron “una y otra vez la inconveniencia de mi permanencia en el cargo”. Además, señala en el escrito, hubo una “campaña de descrédito” contra su persona desde algunos medios de prensa, que “nunca probaron nada”. También menciona las diferencias que tuvo con el ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, debido a la investigación del accidente aéreo de Air Class, y el “beneplácito y regocijo” que provocó su traslado en figuras como el presidente del Centro Militar, Guillermo Cedrez.
“La decisión del traslado inmotivado afectará consecuentemente las causas en que se investigan graves violaciones a los derechos humanos”, concluye Mota, quien interpreta, finalmente, que su traslado se transformará en una “dilación o retraso injustificado y en apariencia deliberado en el servicio de justicia”, contrariando, entre otras cosas, la posición de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en la sentencia que condenó al Uruguay por el caso Gelman sostiene que “las investigaciones en el Estado relativas a este caso han sobrepasado cualquier parámetro de razonabilidad en la duración”.
La DiariaEn el escrito de 11 páginas, Mota sostiene que la SCJ vulneró “principios de transparencia y buena administración” al no fundamentar su polémica resolución. También responsabiliza al máximo órgano por “arbitrariedad y desviación de poder” y alerta que con esta decisión se está “conspirando contra la independencia técnica de los magistrados, obteniendo por resultado enlentecer o paralizar la administración de justicia en determinadas causas”, en referencia sobre todo a las más de 50 que ella venía investigando, vinculadas a crímenes cometidos en la última dictadura.
Señala que su caso es el único entre todos los traslados recientes de magistrados que no implica “ni un ascenso ni está fundamentado en avance alguno en la carrera judicial”. “No solicité en ningún momento el cambio de materia o ser trasladada a otro juzgado. Por lo que debe buscarse en otro lado la motivación del acto. Es más, considero que el traslado decidido contraría el buen servicio que reclama la Constitución”, argumenta.
En otro pasaje, Mota afirma que la “carencia” de motivación de la resolución de la SCJ provoca una “situación de indefensión” que obliga a “especular sobre las verdaderas causas del traslado”, y luego cita declaraciones a la prensa sobre el caso de los ministros Jorge Ruibal Pino, Jorge Chediak y el vocero de la corporación Raúl Oxandabarat, que vincularon este traslado con conceptos tales como “sumarios”, “investigaciones administrativas” y “acumulación de tarjetas amarillas”.
“Debo reconocer que no domino las reglas de juego del más popular de los deportes en nuestro país, pero creo entender que la acumulación de tarjetas amarillas refiere a que la acumulación de tarjetas te deja afuera del próximo partido. Pues bien, la dicente, devenida sorpresivamente en jugadora de fútbol, no cuenta con tarjetas amarillas, y eso lo conoce fehacientemente la SCJ”, señala Mota en otro pasaje del escrito.
En caso de que tales afirmaciones sean confirmadas, según Mota, se estaría frente a un “eventual delito de difamación e injuria, y seguro ante un acto de mala fe”, ya que todas las investigaciones internas contra su persona fueron archivadas “sin consecuencias”.
Mota descarta otras motivaciones surgidas durante los últimos días desde la SCJ, entre ellas, que se ha “cumplido un ciclo” –de hecho su reemplazante, Beatriz Larrieu, lleva más años que ella en la órbita penal–; o que es necesario que los jueces adquieran conocimiento en todas las áreas del derecho (según Mota ése es un “concepto enciclopedista, largamente perimido”).
Luego pasa a las razones no invocadas en la resolución de la SCJ del 13 de febrero. Mota recuerda, como por si acaso, que en Juzgado Penal de 7˚ Turno se investigaban “temas muy sensibles”, que “concitaban la atención de los medios de prensa”, lo cual motivó reiteradas opiniones de “actores de la vida pública” que deslizaron “una y otra vez la inconveniencia de mi permanencia en el cargo”. Además, señala en el escrito, hubo una “campaña de descrédito” contra su persona desde algunos medios de prensa, que “nunca probaron nada”. También menciona las diferencias que tuvo con el ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, debido a la investigación del accidente aéreo de Air Class, y el “beneplácito y regocijo” que provocó su traslado en figuras como el presidente del Centro Militar, Guillermo Cedrez.
“La decisión del traslado inmotivado afectará consecuentemente las causas en que se investigan graves violaciones a los derechos humanos”, concluye Mota, quien interpreta, finalmente, que su traslado se transformará en una “dilación o retraso injustificado y en apariencia deliberado en el servicio de justicia”, contrariando, entre otras cosas, la posición de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en la sentencia que condenó al Uruguay por el caso Gelman sostiene que “las investigaciones en el Estado relativas a este caso han sobrepasado cualquier parámetro de razonabilidad en la duración”.
FUCVAM Y EL TRASLADO DE LA JUEZA MARIANA
MOTA
Montevideo, 21 de febrero
2013
Como ya es de público conocimiento
la jueza penal Mariana Mota fue trasladada abruptamente por
la Suprema Corte de Justicia (SCJ) a la esfera civil. La
magistrada en cuestión tenía bajo su
responsabilidad más de 50 casos vinculados a la
violación de los derechos humanos durante la
dictadura. El traslado implica un mensaje alentador para
quienes sostienen la impunidad.
Desde hace un buen tiempo a esta parte se
comenzó una campaña mediática de
presiones para lograr sacar a Mota del estudio de los
casos.
La arbitraria decisión
desató una ola de protestas en vastos sectores,
organizaciones sociales y políticas, pues entre otras
cosas, enlentece y obstaculiza el esclarecimiento de los
hechos.
El desempeño de Mota, llevado
adelante con celo y rigurosidad, debió sortear
innumerables obstáculos del Estado y actores del
gobierno que parecieron más empeñado en
mantener la impunidad que en aclarar los hechos y hacer
justicia.
Nadie en este país meramente
informado cree que la decisión de la SCJ no tenga que
ver con la actuación que le cupo a esta magistrada en
la investigación de la violación de los
derechos humanos y su posicionamiento respecto a los
mismos.
La
SCJ,
uno de los poderes del Estado, le debe una
explicación al país y no se puede amparar en
el expediente de ser un poder independiente. Como dice la
declaración conjunto de Serpaj, Hijos, Crisol y
Madres y familiares, “una de las mayores fortalezas de
un Estado democrático es contar con un sistema
jurídico que otorgue las mayores garantías a
sus ciudadanos…”.La decisión en
cuestión la ha puesto en duda.
FUCVAM, como organización del
pueblo trabajador, se suma a las denuncias en contra del
traslado, exigiendo las explicaciones del caso y apostando a
redoblar la lucha en contra de la impunidad y de quienes la
perpetúan o prohíjan.
¡Arriba los que luchan!¡Luchar hasta vencer!
DIRECCIÓN NACIONAL DE
FUCVAM
Darío Rodríguez -
Presidente
Fernando Zerboni - Secretario General
Sebastián Oliveira - Tesorero
COMCOSUR INFORMA
Nº 1441 - 26/02/2013
Yo Recuerdo
¡Doy fe!
Yo estuve allí.
Yo estuve y
padecí
y mantengo el
testimonio
aunque no haya
nadie que recuerde
yo soy el que
recuerda
aunque no queden
ojos en la
Tierra
yo seguiré
mirando
y aquí quedará
ardiendo,
No hay olvido,
señores y
señoras,
y por mi boca
herida
aquellas bocas
seguirán
cantando.
Enviado Cecilia/Veronika
El mensaje subyacente es lo preocupante
La Suprema Corte de Justicia acaba de declarar inconstitucionales los artículos 2 y 3 de la Ley 18 831 en el recurso presentado por los coroneles Rudyard Scioscia y
Mario Cola. El Cnel. ® Guillermo Cedrez ya ha comenzado a organizar una cena de camaradería y confraternidad con los integrantes de la misma. Probablemente, dependiendo de la decisión que adopte cada juez, las causas en las cuales no hayan procesados hasta el momento, serán archivadas. Quizás, ni siquiera el Gral. ® Pedro Barneix, con evidencias abrumadoras en su contra, surgidas de un expediente desarrollado durante “el proceso” por la propia justicia militar, sea procesado por el asesinato, a manos propias, en la tortura, de Aldo Perrini, en 1974, en el departamento de Colonia. Una verdadera vergüenza nacional.
El fallo de la Suprema Corte de Justicia genera legítima indignación en importantes sectores de la ciudadanía en general. Muy especialmente en los centenares de familiares y de víctimas directas que han presentado las correspondientes denuncias y que observan que el órgano con potestades de impartir justicia, con la obligación de ejecutarla, les niega su derecho, consagrado por las disposiciones constitucionales y las normas internacionales de derechos humanos.
Se reclama justicia.
Todas las denuncias presentadas, absolutamente todas, fueron presentadas en el ámbito penal, reclamando justicia, la sanción legal de los responsables de los delitos. El País, en crónicas recientes, ha señalado que es el afán por obtener indemnizaciones lo que ha impulsado los juicios, para desmerecer a los denunciantes y desacreditarlos. El derecho a una adecuada reparación, en todos los planos, integral, está consagrado por la normativa internacional de derechos humanos. Como colectivo siempre lo hemos reivindicado y lo seguiremos haciendo en las instancias que correspondan. Las denuncias no se presentaron en el ámbito civil donde seguramente hubieran tenido andamiento sino en la esfera penal, para obtener la verdad y la justicia que existen en un Estado de derecho e institucional democrático.
El mensaje para el presente y el futuro.
Lo más trascendente y preocupante de la decisión adoptada por la Suprema Corte de Justicia es el mensaje implícito que trasmite, con el beneplácito del Partido Colorado, del Partido Nacional y del Partido Independiente, a los potenciales golpistas y perpetradores de futuras violaciones a los derechos humanos: en Uruguay, estos crímenes que se condenan en todo el mundo, gozan de impunidad.
Investigar, esclarecer y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos, al igual que con todos los delitos, es el elemento básico y esencial, para generar las condiciones que impidan que ellos vuelvan a repetirse. Es la base del orden democrático institucional y del Estado de derecho.
Recurrir a la justicia es el camino que tienen las personas violentadas para que los perpetradores reciban el castigo que merecen, para no tener que hacer justicia por mano propia, para que no haya “ajustes de cuentas” y la convivencia sea pacífica y civilizada, encausada de acuerdo a las leyes.
La investigación, el esclarecimiento y la sanción de las graves violaciones a los derechos humanos, siempre, y muy especialmente cuando, como en el caso uruguayo, son masivas, sistemáticas y generalizadas, es la herramienta que permite erradicar de los órganos y cuerpos del Estado a todas aquellas personas que son una amenaza real para la sociedad y que además gozan del privilegio de portar armas.
Sancionar, penal y administrativamente, a los autores materiales e intelectuales, mediatos e inmediatos de las graves violaciones, de los crímenes, es un elemento educador, de promoción de valores, de conductas y de prácticas apropiadas en las instituciones del Estado. Del mismo modo que se sanciona y castiga la corrupción, deben castigarse las violaciones a los derechos humanos.
Aquellos lodos y las actuales conductas: la ley de seguridad del Estado.
Promover, apoyar y defender la impunidad, en forma militante, por parte de los partidos tradicionales, no es solo una estrategia electoral o electorera, circunstancial, por parte de los mismos para enfrentarse al partido de gobierno. Con honrosas excepciones, la han defendido a capa y espada, desde el mismo retorno a la institucionalidad democrática.
Así como jamás mencionan en sus discursos, declaraciones y documentos las normas de DDHH, ni reconocen los tratados en la materia, rechazan a la Comisión Interamericana de DDHH y a la Corte IDH, la impunidad para los violadores de los derechos humanos del terrorismo de Estado se ha transformado en parte consustancial de la identidad de ambos partidos, para todas sus corrientes internas y han logrado incorporar a la militancia por la misma al Partido Independiente en los últimos tiempos. Les duelen prendas históricas.
Las FFAA fueron convocadas al escenario político nacional por Jorge Pacheco Areco en el año 1968, al amparo de las Medidas Prontas de Seguridad, para reprimir a los gremios en lucha, cuando se decretó la congelación de los salarios y se militarizó a los trabajadores bancarios, de la UTE y de OSE.
En el año 1971, meses antes de las elecciones que se llevaron a cabo bajo dichas medidas, en setiembre, mediante el Decreto 560/71, se les encomendó la represión a los grupos que hacían política armas en mano, se supeditó a la policía a ellas, se crearon las Fuerzas Conjuntas (FFCC) y se designó al frente del Estado Mayor Conjunto al recientemente ascendido Gral. Gregorio Álvarez.
Las violaciones a los derechos humanos, las detenciones masivas sin garantías de ningún tipo, los apremios, las torturas, los homicidios, las ejecuciones extrajudiciales fueron autorizadas, por la vía de los hechos, por el Parlamento en el año 1972 cuando se votó, por el Partido Colorado y por el Partido Nacional, con sus únicos votos, el Estado de Guerra interno el 15 de abril.
Meses más tarde, cuando ya había sido asesinado en la tortura, en Treinta Tres, el militante demócratacristiano Luis Batalla, con miles de ciudadanos detenidos en todo el país, siendo sometidos a apremios y feroces torturas, sin garantías de ningún tipo, sin ser sometidos a jueces, el Parlamento votó la Ley de Seguridad del Estado que modificó el Código Penal, creó nuevos delitos, aumentó las penas y le adjudicó competencia a la justicia militar para juzgar a dichos ciudadanos. Las prácticas represivas de las fuerzas armadas contaron, en su momento, con la aquiescencia de los parlamentarios de los partidos tradicionales.
La invocación de que la Ley de Caducidad fue ratificada dos veces en las urnas por la ciudadanía, por parte de los defensores de la impunidad, no es más que una excusa, elegante, disfrazada de democratismo y de falso respeto a la voluntad popular, para seguir transitando el camino elegido hace más de cuarenta años, falseando la verdad histórica y asegurando la impunidad.
La derecha está hecha de hipocresía.
El ingreso de algunos centenares de personas a la sede de la SCJ para asistir a la ceremonia pública, acompañando y respaldando a la Dra. Mariana Mota, la negativa a desalojarla y los forcejeos, obvios y habituales ante este tipo de circunstancias, han sido calificados como “asonada”, desempolvando la vieja terminología dictatorial, por el Partido Colorado y los medios de la oposición que los han amplificado.
La Suprema Corte de Justicia que nunca dio orden de investigar ninguna de las desapariciones forzadas, ni de los asesinatos, ni ninguna grave violación a los DDHH, de las miles que ocurrieron, incluso ordenó una investigación judicial. El País y Búsqueda que han dedicado editoriales enteros para presionar a la Corte, haciendo campaña contra la jueza y pidiendo su destitución, que ensalzaron y destacaron la entrevista del Dr. Jorge Batlle y del Dr. Gonzalo Aguirre cuando la cuestionaron ante la magistratura, dicen que se presiona al Poder Judicial y que está en riesgo el orden institucional. El vocero oficial del terrorismo Estado pontificando sobre el Estado de Derecho, la separación de poderes y las disposiciones constitucionales. ¿La justicia, el derecho a la justicia, no figura en las disposiciones constitucionales? ¡Cuánta hipocresía y falsedad!
La Resolución 60/147 de las Naciones Unidas es el camino a transitar.
La investigación, esclarecimiento y sanción de las graves violaciones a los derechos humanos es la piedra angular del restablecimiento pleno de la institucionalidad democrática, de la vigencia certera de las disposiciones constitucionales, del Estado de derecho, pero las obligaciones del Estado no se reducen a ese solo aspecto en la actualidad.
La Resolución 60/147 de la Organización de las Naciones Unidas, aprobada por la Asamblea General en diciembre de 2005, por unanimidad de los Estados miembro, Uruguay incluido, es la declaración universal de los derechos de todas las personas que han sufrido graves violaciones a los derechos humanos como los ocurridos en nuestro país. Es también un instrumento internacional que explicita, clara y detalladamente, las obligaciones de los Estados para superar dichas situaciones. Es el estándar internacional de la calidad democrática con respecto al pasado reciente.
El Estado uruguayo aún tiene materias pendientes con las víctimas y no solo en cuanto a la verdad y la Justicia. No es solamente el Poder Judicial el que está omiso. El Estado uruguayo aún no ha asumido públicamente su responsabilidad por lo ocurrido, en una ceremonia oficial y pública como lo señala la Resolución 60/147 y no ha ofrecido las disculpas correspondientes, para establecer la Verdad histórica. Por mandato de la Corte IDH en el caso Gelman vs Uruguay lo ha hecho solamente para dicho caso, dando cumplimiento a la sentencia específica, pero lo tiene aún pendiente hacia el resto de las víctimas, sus familiares y la sociedad toda.
Tampoco ha establecido un día de Recordación y Homenaje nacional a todas las víctimas por su dolor y su sufrimiento, para dignificarlas, para valorizar y ensalzar las normas de derechos humanos como pilar básico de la convivencia pacífica y civilizada, como ideal de vida a perseguir para construir una sociedad plena. También para evitar que nazcan y se fortalezcan las tesis revisionistas destinadas a ocultar el pasado, a negarlo o a distorsionarlo, señal clara de lo cual es el libro “Agonía de una democracia” del Dr. Julio María Sanguinetti, que reescribe “Las FFAA al pueblo”, usando un lenguaje más pulido y menos rústico que el original.
Tal como lo señalara recientemente la Institución Nacional de DDHH y Defensoría del Pueblo (INDDHH) en su sentencia de diciembre del año pasado, el Estado uruguayo aún continúa violando el derecho a una auténtica reparación, a miles de víctimas u obligándolas a renunciar a otros derechos ciudadanos para acceder a ella.
La condena de la ONU
La Alta Comisionada para los DDHH de la Organización de las Naciones Unidas, Navi Pillay, ha expresado su preocupación por el reciente fallo de la Suprema Corte de Justicia y en los hechos la ha desautorizado por ser un impedimento para la justicia. El descrédito, el desprestigio, la falta de legitimidad de los integrantes del cuerpo con esta sentencia es grande. Han generado alarma pública en importantes sectores de la población y expuesto al país a la vergüenza internacional.
El proyecto de sociedad
Nuestro colectivo, formado por personas maduras sabe de derrotas. Nunca son definitivas. La única lucha que se pierde es la que se abandona. La vida nos ha enseñado que el capitalismo no es el destino de la humanidad. Como sistema es incapaz, por su propia naturaleza, de preservar el planeta, de crear una sociedad justa, de abundancia material y espiritual, de paz y de convivencia pacífica y civilizada. El sistema que lo sustituya, construcción colectiva de los trabajadores y sectores populares, independientemente de la forma que adopte, tendrá como pilares básicos y esenciales la doctrina de los Derechos Humanos y los principios de la democracia, del republicanismo, del Estado de derecho y de la libertad en todos los planos.
Junto a los trabajadores, junto a todos los sectores populares, seguiremos bregando por profundizar la transición democrática iniciada en marzo de 1985, batallando contra la impunidad, en defensa de las normas de DDHH, por Verdad, Justicia y Memoria, teniendo como hoja de ruta la plena implementación en la realidad del país de la Resolución 60/147 de las Naciones Unidas. ¡Hasta que las velas ardan! Es nuestro compromiso con nuestros detenidos desaparecidos y los que siempre nos acompañan en nuestro corazón. Nunca Más terrorismo de Estado.
Opinando N° 32 - Año 2 - Lunes 25 de febrero de 2013
BRONCA DE UN INDIGNADO
Allá por 1870 combatían Francia y Prusia. En el ángulo noreste del país galo, concretamente en la ciudad de Sedán, los prusianos arrollaron al Emperador Napoleón III, a quien los propios franceses recuerdan como “El Pequeño”, para diferenciarlo del otro Napoleón anterior, el más famoso.
Derrotado, recibe a un mensajero que le anuncia que en París, la plebe, constató el vacío de poder que había dejado vacante él, se adueñó de una zona e instaló una Comuna, una asamblea permanente que buscaba gobernar lo que no tenía Gobierno. Entonces el Emperador pequeño se dirige al mariscal Bismarck, que acaba de derrotarlo- al mariscal del ejército contra el cual estuvo combatiendo armas en mano hasta poco rato atrás-, lo pone en antecedentes, da vuelta sus cañones, y los dos ejércitos marchan juntos a apuntar sus armas contra los comuneros parisinos (ya olvidado Napoleón que se trata de su propio pueblo) y a los que derrotan sangrientamente. No se trata, por supuesto de algo original.
Años atrás, por 1816, invade la Banda Oriental un ejército imperial (del Imperio de Portugal, Brasil y Algarves), al mando del General Lecor, Barón de la Laguna.
Un teniente que revistaba en la filas artiguistas, Fructuoso Rivera, embiste contra ellos, pero da vuelta su caballo y se pliega al ejército invasor que avasallaba a su propio pueblo (sin perjuicio de que algunos años después, cuando Lavalleja lo capture en Monzón, volverá a dar vuelta su caballo en contra de Brasil) y hasta tuvo pronto el despacho que lo hubiera hecho Marqués de Tacuarembó. De paso, pidió que mataran a su antiguo Jefe.
Todo esto viene a cuento del proceso que notoriamente ha llevado al viejo guerrillero Eleuterio Fernández Huidobro a mimetizarse con un general del Ejército, justamente el bando contrario al que combatiera en los 60´s.
Algo inasible- tal vez el espíritu de la novela de Sanguinetti que hablaba de Dos Demonios (como Tolkien escribió sobre El Señor de los Anillos)- lo obnubiló, haciéndole creer que la dictadura militar fue un encuentro entre dos bandos, a la manera de aqueos y troyanos, serbios y bosnios, hutus y tutsis, y no la guerra contra todo un pueblo- todo un país-, que fue vigilado, sospechado, torturado, secuestrado, clasificado, exiliado, insiliado, despojado y robado.
Y una vez imbuído de su condición de militar putativo se pasó limpiamente al bando opresor, a los asesinos de su pueblo, y dio vuelta sus cañones, dio vuelta su caballo, y hoy se indigna de que alguien pretenda procesar a algunos de ellos, sicarios del Cóndor, o investigar los trapos sucios de sus viejos enemigos. Como Napoleón el pequeño, como el Pardejón Rivera, da vuelta sus cañones, da vuelta su caballo, y arremete contra los que pretenden que los culpables de un delito – y vaya que los hay-, reciban su condigno castigo, contra las víctimas y favor de los victimarios, contra los agredidos y a favor de los agresores, contra la Justicia y a favor de la Impunidad. Lo único que permanece en él de las viejas épocas es la obsesión por la clandestinidad. Las ideas se anquilosaron en los tejidos adiposos, la dirección se perdió, los principios se disiparon. Su ejército- el actual, claro- debe permanecer en las sombras, invisible, impalpable, impune, para que él pueda seguir siendo el Mariscal, el Conductor, y- ¡por fin!- de un ejército triunfante. Aunque para la Historia vaya a parar al mismo cajón que el Pequeño y el Genocida
Derrotado, recibe a un mensajero que le anuncia que en París, la plebe, constató el vacío de poder que había dejado vacante él, se adueñó de una zona e instaló una Comuna, una asamblea permanente que buscaba gobernar lo que no tenía Gobierno. Entonces el Emperador pequeño se dirige al mariscal Bismarck, que acaba de derrotarlo- al mariscal del ejército contra el cual estuvo combatiendo armas en mano hasta poco rato atrás-, lo pone en antecedentes, da vuelta sus cañones, y los dos ejércitos marchan juntos a apuntar sus armas contra los comuneros parisinos (ya olvidado Napoleón que se trata de su propio pueblo) y a los que derrotan sangrientamente. No se trata, por supuesto de algo original.
Años atrás, por 1816, invade la Banda Oriental un ejército imperial (del Imperio de Portugal, Brasil y Algarves), al mando del General Lecor, Barón de la Laguna.
Un teniente que revistaba en la filas artiguistas, Fructuoso Rivera, embiste contra ellos, pero da vuelta su caballo y se pliega al ejército invasor que avasallaba a su propio pueblo (sin perjuicio de que algunos años después, cuando Lavalleja lo capture en Monzón, volverá a dar vuelta su caballo en contra de Brasil) y hasta tuvo pronto el despacho que lo hubiera hecho Marqués de Tacuarembó. De paso, pidió que mataran a su antiguo Jefe.
Todo esto viene a cuento del proceso que notoriamente ha llevado al viejo guerrillero Eleuterio Fernández Huidobro a mimetizarse con un general del Ejército, justamente el bando contrario al que combatiera en los 60´s. Algo inasible- tal vez el espíritu de la novela de Sanguinetti que hablaba de Dos Demonios (como Tolkien escribió sobre El Señor de los Anillos)- lo obnubiló, haciéndole creer que la dictadura militar fue un encuentro entre dos bandos, a la manera de aqueos y troyanos, serbios y bosnios, hutus y tutsis, y no la guerra contra todo un pueblo- todo un país-, que fue vigilado, sospechado, torturado, secuestrado, clasificado, exiliado, insiliado, despojado y robado.
Y una vez imbuído de su condición de militar putativo se pasó limpiamente al bando opresor, a los asesinos de su pueblo, y dio vuelta sus cañones, dio vuelta su caballo, y hoy se indigna de que alguien pretenda procesar a algunos de ellos, sicarios del Cóndor, o investigar los trapos sucios de sus viejos enemigos. Como Napoleón el pequeño, como el Pardejón Rivera, da vuelta sus cañones, da vuelta su caballo, y arremete contra los que pretenden que los culpables de un delito – y vaya que los hay-, reciban su condigno castigo, contra las víctimas y favor de los victimarios, contra los agredidos y a favor de los agresores, contra la Justicia y a favor de la Impunidad. Lo único que permanece en él de las viejas épocas es la obsesión por la clandestinidad. Las ideas se anquilosaron en los tejidos adiposos, la dirección se perdió, los principios se disiparon. Su ejército- el actual, claro- debe permanecer en las sombras, invisible, impalpable, impune, para que él pueda seguir siendo el Mariscal, el Conductor, y- ¡por fin!- de un ejército triunfante. Aunque para la Historia vaya a parar al mismo cajón que el Pequeño y el Genocida
Anónimo, enviado por Jorge Llambías
Traduciendo a la Corte
Columna de opinión.
El
6 de junio de 1973, tres meses antes del golpe de Estado contra
Salvador Allende y cuando la coyuntura, ya crítica, incluía duros
enfrentamientos entre el Poder Ejecutivo y el Judicial, el periódico
Puro Chile publicó en su portada dos noticias diagramadas de tal modo
que la foto del entonces presidente de la Suprema Corte de Justicia,
sobre una de ellas, quedara ubicada junto al gran titular de la otra,
“¡VIEJOS DE MIERDA!”. Aún se discute aquel hecho: algunos consideran que
fue la expresión más destacada del modo en que los medios de
comunicación contribuyeron a polarizar la situación del país, con un
estilo de descalificación personal que no dejaba espacio para el
razonamiento político y la búsqueda de acuerdos; hay quienes hacen
autocrítica por ello, mientras otros insisten en que fue un gesto
legítimo y necesario de repudio. Sea como fuere, hoy, en Uruguay, es
importante tratar de comprender los acontecimientos en curso, para que
cada uno pueda tomar decisiones de la mejor calidad posible con miras al
mañana. A las marchas y concentraciones en silencio se les pueden
atribuir muchos significados; necesitamos palabras que ayuden a
enriquecer reflexiones colectivas, para delimitar un “nosotros” e
identificar posibilidades de acción.
A esos efectos, no aporta mucho vociferar insultos. Tampoco aportan, por cierto, argumentaciones alambicadas como las que abundan en el fallo de la mayoría de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) sobre la constitucionalidad de la ley 18.831, adornadas con palabras y frases en latín, francés e italiano que la corporación no consideró necesario traducir. Ni aporta el coro lastimero de quienes se han erigido, de improviso, en celosos custodios de la separación de poderes del Estado y la seguridad jurídica, después de haberlas avasallado con la Ley de Caducidad que pergeñaron y defendieron durante décadas.
Quizás aporte algo señalar que, en el terreno de la doctrina jurídica, las posiciones en mayoría y en minoría recogidas en ese fallo se alinean con sendas corrientes de opinión mundiales respecto a las relaciones entre el derecho internacional humanitario y la soberanía de los Estados. Corrientes que, por supuesto, no son el producto puro de la abstracción, sino que han surgido a partir de intereses y conflictos, y resultan funcionales a unas u otras fuerzas en pugna.
El enfoque actualmente minoritario en la SCJ es el que viene ganando terreno desde hace décadas: sostiene, por lo menos desde los juicios de Nüremberg en los que fueron condenados altos jerarcas nazis, que determinadas conductas son “crímenes contra la humanidad” porque afectan sus intereses colectivos fundamentales, y que ninguna norma nacional o acuerdo internacional puede ampararlas. De allí deriva, entre otras cosas, que tales crímenes no deben prescribir, o sea que la posibilidad de juzgarlos y castigarlos no debe extinguirse jamás.
La actual mayoría de la SCJ se opone a esto afiliándose a una corriente que, mientras se bate en retirada, alega que nunca debe aplicarse en forma retroactiva una norma penal más perjudicial para la persona sometida a proceso, aunque sea por estos crímenes gravísimos. Pero lo que indica la doctrina internacional predominante es que en estos casos no se trata de elegir la ley más beneficiosa para el acusado, a fin de proteger sus derechos individuales, sino la más beneficiosa para la protección de los derechos de la humanidad toda.
La relación de fuerzas dentro de la SCJ es, por supuesto, variable: depende de su integración coyuntural y no expresa una esencia metafísica de la Justicia (la mayoría de ese organismo declaró constitucional en 1988 la Ley de Caducidad, y quienes ocupaban las cinco butacas en 2009 resolvieron, por unanimidad, que era inconstitucional). Es probable que, con el paso del tiempo, pasen a predominar entre los cortesanos los criterios que prevalecen en el mundo. El riesgo es que, hasta que eso suceda, se profundice el daño que causa la impunidad al conjunto de la sociedad uruguaya.
A esos efectos, no aporta mucho vociferar insultos. Tampoco aportan, por cierto, argumentaciones alambicadas como las que abundan en el fallo de la mayoría de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) sobre la constitucionalidad de la ley 18.831, adornadas con palabras y frases en latín, francés e italiano que la corporación no consideró necesario traducir. Ni aporta el coro lastimero de quienes se han erigido, de improviso, en celosos custodios de la separación de poderes del Estado y la seguridad jurídica, después de haberlas avasallado con la Ley de Caducidad que pergeñaron y defendieron durante décadas.
Quizás aporte algo señalar que, en el terreno de la doctrina jurídica, las posiciones en mayoría y en minoría recogidas en ese fallo se alinean con sendas corrientes de opinión mundiales respecto a las relaciones entre el derecho internacional humanitario y la soberanía de los Estados. Corrientes que, por supuesto, no son el producto puro de la abstracción, sino que han surgido a partir de intereses y conflictos, y resultan funcionales a unas u otras fuerzas en pugna.
El enfoque actualmente minoritario en la SCJ es el que viene ganando terreno desde hace décadas: sostiene, por lo menos desde los juicios de Nüremberg en los que fueron condenados altos jerarcas nazis, que determinadas conductas son “crímenes contra la humanidad” porque afectan sus intereses colectivos fundamentales, y que ninguna norma nacional o acuerdo internacional puede ampararlas. De allí deriva, entre otras cosas, que tales crímenes no deben prescribir, o sea que la posibilidad de juzgarlos y castigarlos no debe extinguirse jamás.
La actual mayoría de la SCJ se opone a esto afiliándose a una corriente que, mientras se bate en retirada, alega que nunca debe aplicarse en forma retroactiva una norma penal más perjudicial para la persona sometida a proceso, aunque sea por estos crímenes gravísimos. Pero lo que indica la doctrina internacional predominante es que en estos casos no se trata de elegir la ley más beneficiosa para el acusado, a fin de proteger sus derechos individuales, sino la más beneficiosa para la protección de los derechos de la humanidad toda.
La relación de fuerzas dentro de la SCJ es, por supuesto, variable: depende de su integración coyuntural y no expresa una esencia metafísica de la Justicia (la mayoría de ese organismo declaró constitucional en 1988 la Ley de Caducidad, y quienes ocupaban las cinco butacas en 2009 resolvieron, por unanimidad, que era inconstitucional). Es probable que, con el paso del tiempo, pasen a predominar entre los cortesanos los criterios que prevalecen en el mundo. El riesgo es que, hasta que eso suceda, se profundice el daño que causa la impunidad al conjunto de la sociedad uruguaya.
Marcelo Pereira- La Diaria
La corte de los milagros
por Edmundo Gomez MangoSe llamaba “Corte de los milagros” a ciertos espacios clandestinos de los barrios de París ocupados por “falsos mendigos” : al llegar la noche, se despojaban de sus disfraces, abandonaban sus imaginarios males, y como por “milagro” desaparecían sus pretendidas incapacidades e insuficiencias de todo tipo. Víctor Hugo, en su novela Notre Dame de Paris, describió una de ellas de manera inolvidable.
No pude dejar de asociar con ella la última sentencia de la llamada Suprema Corte de Justicia. Ese organismo judicial logró por un malabarismo leguleyo y tramposo, una especie de “milagro” : en un país cuyo gobierno es ejercido por el Frente Amplio, vasta coalición de fuerzas de izquierda, los atroces delitos cometidos por el terrorismo de Estado dejaron de ser crímenes de lesa humanidad para transformarse en delitos comunes.
Los que violaron a hombres y mujeres, los que robaron niños recién nacidos, los que ultrajaron e hicieron desaparecer cadáveres, podrían ser considerados, al cesar la imprescriptibilidad de sus crímenes, como “por milagro”, ciudadanos normales.
Esa sentencia declara inconstitucional los artículos 2 y 3 de la ley 18831, aprobada en octubre 2011, que permitía el juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad perpetrados por la dictadura militar. Aún sin la cultura jurídica necesaria para analizarla exhaustivamente, cualquier ciudadano, incluso los que estamos lejos del país, se siente indignado por lo que ella encierra de incomprensible y escandaloso.
Después del traslado arbitrario de la jueza Mariana Mota, esta sentencia que refuta lo decretado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Uruguay – Gelman, no es una gota que desborda el vaso, sino un chorro de lodo que mancha la dignidad nacional, un acto repudiable que envuelve en una apariencia de decisión de justicia, el retroceso más importante de la democracia uruguaya desde que esta volvió a funcionar en el Uruguay.Ya vendrán los análisis de los catedráticos, de los hombres y mujeres de derecho que argumentaron límpidamente la justicia de las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la necesidad absoluta, para que el régimen de derecho uruguayo pueda subsistir, de aplicarla cabal y completamente.
Cabe preguntarse, en la zozobra de la noticia recién llegada : ¿quién gobierna en el Uruguay de hoy?, ¿quién rige los destinos de la democracia uruguaya?, ¿el gobierno frenteamplista elegido libremente por el pueblo en las últimas elecciones democráticas o una camarilla que está trampeando al poder, que está llevando al Uruguay a seguir siendo un país donde la impunidad es más fuerte que la justicia y que los Derechos Humanos?
La responsabilidad del Frente Amplio es decisiva. La resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ( marzo 2011) y la ley 18831 interpretativa de la de Caducidad, permitieron recobrar la esperanza de proseguir indagando la responsabilidad de los verdugos y de sus actos criminales que avasallaron los cuerpos y las vidas de tantos militantes antidictatoriales. Recordamos aún con bochorno las presiones no disimuladas del poder ejecutivo sobre el poder legislativo, cuando este, casi unánimemente, se aprestaba a abolir la ley de caducidad (mayo de 2011).
Sabemos de la existencia de “iluminados” que pretenden haber encontrado un “ábrete sésamo” mágico para la reconciliación de todos los uruguayos, civiles y militares, víctimas y opresores, sin mirar para atrás, sin tener en cuenta la dolorosa historia reciente, burlando y eludiendo a la justicia. Son los mismos que sostienen la teoría de los “dos demonios”, y que ignoran el sufrimiento de todo un pueblo víctima del terrorismo de Estado ; ese dolor no pertenece solo a algunos porque es de todos, y por eso nadie en su nombre puede intentar negociarlo.
Ninguna corte de justicia, salvo la de los “milagros”, transformará a un terrorista de Estado en simple delincuente.Podemos preguntarnos : ¿ se han establecido oscuros compromisos entre el ministerio de Defensa, el poder ejecutivo y los militares golpistas involucrados en el terrorismo de Estado, y el poder judicial, para que la causa de los Derechos Humanos en Uruguay no solo no avance sino que retroceda de forma tan espectacular?
Es difícil imaginar que estas arremetidas de los hombres de la sombra, del crimen y de la impunidad contra la justicia, puedan obtener logros de este tipo sin maniobras invisibles pero eficaces que las favorezcan.
La responsabilidad del Frente Amplio, de las fuerzas políticas que lo integran, está una vez más puesta en jaque por la burda maniobra carnavalesca de la SCJ que invierte los valores, que insiste en decretar un mundo al revés, cuando se convierte, como por “milagro”, en defensora de los asesinos y condena a las víctimas de los crímenes de lesa humanidad.
Se corre el peligro que, sin una reacción decidida y contundente, las fuerzas políticas del Frente Amplio seguirán perdiendo batallas decisivas por la causa de los Derechos Humanos, y terminarán perdiendo la guerra ante los enemigos de la democracia. No se puede decir que se gobierna con el pueblo y para el pueblo, cuando al mismo tiempo se están favoreciendo los intereses de sus peores enemigos.
Es necesario que nuevamente se ponga en marcha la justicia en el Uruguay, que se respete a los familiares de las víctimas y desaparecidos, a los ex - presos y presas torturados, que siguen contemplando hoy a sus verdugos impunes. La insostenible, la escabrosa alianza de los “supremos jueces” contra los Justos debe cesar.
La derrota de la impunidad sólo será arrancada por el Frente Amplio cuando este tenga el coraje político de enfrentar a los enemigos de los Derechos Humanos de afuera y a los de adentro.
La historia del pueblo uruguayo y de América latina es el supremo tribunal que condenará a los cobardes que hoy ultrajan, desprecian y humillan a los Derechos Humanos y a quienes los defienden.
Lesa Humanidad: miles de personas se concentraron en Plaza Libertad para reprobar el dictamen de la Suprema Corte uruguaya que bloquea procesos contra violadores de los DDHH en dictadura
Sólo con la interpretación de las estrofas del Himno Nacional, miles de personas se manifestaron este lunes contra la decisión de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) de declarar inconstitucional la Ley de imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad cometidos por la dictadura. Fue una concentración multitudinaria en Plaza Libertad, con la única consigna de cantar el Himno Nacional para protestar por el reciente fallo de la SCJ que declaró como inconstitucional la imprescriptibilidad de la Caducidad. A la hora 18: en punto comenzaron a llegar a la Plaza los manifestantes desde todos los puntos cardinales, convocados por el Frente Amplio, el PIT-CNT y la organización Familiares de Detenidos Desaparecidos. Una pancarta enorme que expresaba: “La tortura es un crimen de lesa humanidad”, marcaba a fuego el sentir de todos los manifestantes contra la decisión de la corporación. A pocas cuadras, y casi en medio de la manifestación, la sede de la Suprema Corte de Justicia fue vallada por iniciativa del Ministerio del Interior y protegida por personal de la Guardia Republicana para prevenir posibles disturbios, pero todo se desarrollo bajo la más absoluta normalidad. -Verdad y Justicia Entre los manifestantes se encontraban legisladores del Frente Amplio e integrantes de los colectivos convocantes. El senador comunista, Eduardo Lorier dijo a la prensa que la manifestación fue la expresión “más pura y noble del pueblo uruguayo que se manifestó en silencio porque quiere profundizar en verdad y justicia” Asimismo, el senador del Nuevo Espacio, Rafael Michelini destacó como importante que el “pueblo sin colores ni banderas, pueda expresarse en forma pacífica”. Entre los manifestantes quedó la sensación de que el camino al que al que resta recurrir para apelar esta decisión de la SCJ es principalmente el del derecho jurídico internacional. Los partidos de la oposición habían cuestionado y condenado al Frente Amplio por ser convocante de la movilización, por considerar que con ello estaban perpetrando un ataque a la Suprema Corte de Justicia.
Martes 26 de febrero de 2013 | 02:53 La República
Fotos: Mariana Costa / LARED21A la hora 18: en punto comenzaron a llegar a la Plaza los manifestantes desde todos los puntos cardinales, convocados por el Frente Amplio, el PIT-CNT y la organización Familiares de Detenidos Desaparecidos.
Una pancarta enorme que expresaba: “La tortura es un crimen de lesa humanidad”, marcaba a fuego el sentir de todos los manifestantes contra la decisión de la corporación.
A pocas cuadras, y casi en medio de la manifestación, la sede de la Suprema Corte de Justicia fue vallada por iniciativa del Ministerio del Interior y protegida por personal de la Guardia Republicana para prevenir posibles disturbios, pero todo se desarrollo bajo la más absoluta normalidad.
Verdad y Justicia
Entre los manifestantes se encontraban legisladores del Frente Amplio e integrantes de los colectivos convocantes.El senador comunista, Eduardo Lorier dijo a la prensa que la manifestación fue la expresión “más pura y noble del pueblo uruguayo que se manifestó en silencio porque quiere profundizar en verdad y justicia”
Asimismo, el senador del Nuevo Espacio, Rafael Michelini destacó como importante que el “pueblo sin colores ni banderas, pueda expresarse en forma pacífica”.
Entre los manifestantes quedó la sensación de que el camino al que al que resta recurrir para apelar esta decisión de la SCJ es principalmente el del derecho jurídico internacional.
Los partidos de la oposición habían cuestionado y condenado al Frente
Amplio por ser convocante de la movilización, por considerar que con
ello estaban perpetrando un ataque a la Suprema Corte de Justicia.
REPERCUSIONES: LA PRENSA EN ARGENTINA - GALEANO Y TOPOLANSKY EN UNA MANIFESTACION FRENTE A LA SUPREMA CORTE DE URUGUAY
Exigen respeto por DD.HH.
La protesta, convocada por el gobernante Frente Amplio, contó con la adhesión de la central sindical Pitcnt y la organización Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos-Desaparecidos. En silencio, ondearon banderas uruguayas.
Una multitud se congregó frente a la Corte uruguaya para protestar un fallo sobre la dictadura.
Imagen: EFE
Página 12
Página 12
Una multitud se concentró ayer por la tarde frente a la Suprema Corte de Justicia (SCJ) de Uruguay para mostrar su rechazo al fallo del máximo tribunal, que declaró inconstitucional la ley que evitaba la prescripción de los delitos de la última dictadura (1973-85) al declararlos de lesa humanidad. Entre los asistentes, estuvieron la senadora del Frente Amplio (FA) Lucía Topolansky, esposa del presidente uruguayo, José Mujica, y el escritor Eduardo Galeano, reconocido defensor de los derechos humanos.
Cientos de manifestantes de todas las edades convocados por el partido gobernante FA y las organizaciones de derechos humanos fueron concentrándose en la plaza donde está el edificio del alto tribunal, fuertemente custodiado por la policía. La manifestación contó con la adhesión de la central sindical Pitcnt y la organización Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos-Desaparecidos y fue convocada como una protesta silenciosa. En este sentido, y como habían anticipado sus convocantes, la marcha se desarrolló sin consignas verbales y los habituales megáfonos y altavoces brillaron por su ausencia. Sin embargo, algunos de los presentes mostraron carteles con leyendas como “Anular ya la Ley de Caducidad”, “Basta de impunidad”, “Dónde están nuestros compañeros”, “La tortura es un crimen de lesa humanidad” y “Solidaridad con la jueza (Mariana) Mota”. Muchos de los asistentes ondearon banderas uruguayas y también pudo verse alguna del FA, cuyos dirigentes no realizaron ningún discurso. Los manifestantes repudiaron así la resolución emitida el viernes por la SCJ en respuesta a un recurso de inconstitucionalidad presentado por dos coroneles contra una ley aprobada en 2011 que invalidaba la Ley de Caducidad (amnistía) sancionada en 1986 y ratificada en sendos plebiscitos en 1989 y 2009.
Debido a esta movilización fue cortada al tráfico de vehículos la Avenida 18 de Julio. Menos de una hora después del inicio de la concentración llegó el momento central del acto, cuando los presentes cantaron el himno uruguayo y aplaudieron al unísono durante varios minutos. Como informó la versión digital del diario uruguayo El País, el senador comunista Eduardo Lorier fue uno de los que participó en la marcha. Asimismo, anticipó que se manejan varias alternativas legislativas para seguir investigando los delitos cometidos durante la dictadura pese al fallo judicial. “La batería de medidas no se la imaginan. Una se va a aplicar brevemente, en el plano legislativo y diversos ámbitos. Nuevas leyes o puede haber otro tipo de instrumentos a utilizar en el mediano plazo que los estaremos evaluando”, aseguró el legislador, informó el periódico. También habló de la convocatoria. “Hay una subjetividad presente que es la de todos los uruguayos indignados desilusionados por el paso atrás que se ha dado en materia de justicia de nuestro país”, sostuvo. Según El País, el senador respondió a la advertencia que realizaron ayer los ex mandatarios uruguayos (ver recuadro). “Los poderes tradicionales del país expresados por los ex presidentes que salen a la palestra y seguidos por otros no van a poder detener las profundizaciones no sólo de justicia y verdad, sino también en otros ángulos”, enfatizó. En paralelo a la manifestación, la corriente del presidente José Mujica dentro del FA, el Movimiento de Participación Popular (MPP), ex tupamaros, anunció que impulsará un juicio político a los miembros de la SCJ, a los que acusan de ser “responsables del mantenimiento de la impunidad en Uruguay”.
Hace 10 días, decenas de activistas ocuparon la sede de la SCJ para evitar que se concretara el traslado a un juzgado civil de la magistrada Mariana Mota, que tenía a su cargo medio centenar de expedientes de la dictadura, pero finalmente fueron desalojados sin incidentes por la policía.
Tres amigos de la caducidad
Los ex presidentes uruguayos Julio Sanguinetti, Luis Lacalle y Jorge Batlle denunciaron ayer de forma conjunta el “retorno de actitudes antidemocráticas”, a raíz de las críticas del oficialismo a la Suprema Corte de Justicia (SCJ) por la declaración de inconstitucionalidad de la ley que evitaba la prescripción de delitos de la última dictadura.
En un comunicado, los ex mandatarios –tres de los cinco presidentes que tuvo Uruguay desde la restauración de la democracia, en 1985– alertaron que la actitud del Frente Amplio (FA), coalición de izquierda que gobierna desde 2005, puede “arrastrar a tiempos de confrontación que no deben repetirse”. Los políticos, de los partidos conservadores Colorado y Nacional (Blanco), criticaron las protestas contra la SCJ tanto por el fallo del viernes como por el traslado a una corte civil de la jueza Mariana Mota, que estaba a cargo de numerosos casos de crímenes cometidos durante la última dictadura.
Por la primera decisión, el FA convocó a una marcha de protesta para esta tarde, mientras en su seno se expresaron voces para pedir un juicio político contra los miembros del alto tribunal. Además, también se realizó un pedido, que no fue atendido, para que los responsables de la SCJ acudieran al Parlamento a explicar sus últimas decisiones. “No es posible agredir el principio de separación de poderes con la amenaza de citaciones inconsultas, infundados juicios políticos y el agravio constante de legisladores oficialistas a los miembros de la máxima autoridad judicial”, afirmaron los ex presidentes en su nota.
Los políticos, cuyos partidos gobernaron Uruguay ininterrumpidamente desde 1985 hasta el triunfo electoral del FA en 2005 de la mano de Tabaré Vázquez (2005-10), consideraron una herida a “la conciencia republicana” las críticas por el traslado de la jueza Mota por vulnerar la separación de poderes. Asimismo, consideraron “inadmisible” que el FA siga defendiendo la eliminación de la Ley de Caducidad (amnistía), que impedía juzgar los crímenes cometidos por uniformados durante la dictadura y que la norma recientemente declarada inconstitucional hacía inaplicable, pese a que la ciudadanía en dos ocasiones decidiera en referéndum mantenerla.
URUGUAY - de RESUMEN LATINOAMERICANO (Argentina)
Verdad y justicia:
miles de personas concentraron en plaza Libertad
MONTEVIDEO (Uypress) - Organizaciones sociales, de derechos humanos, estudiantes y militantes políticos se hicieron presentes en la concentración convocada desde las 18 hs. de este lunes en la plaza Libertad con el fin de reclamar contra la declaración de inconstitucionalidad de la ley 18.831, por parte de la Suprema Corte de Justicia (SCJ).
A pesar de que la convocatoria desde el Frente Amplio era 'en silencio', los murmullos no cesaron en ningún momento de la hora y media que duró el encuentro en pleno centro montevideano. Sobre las 18.40 hubo aplausos fuertes y sostenidos y se dio paso al Himno Nacional; luego siguieron más palmas y cánticos pidiendo justicia.
Entre banderas de la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU), de la comunidad LGBT y de la asociación de ex presos políticos (Crysol), una señora abrazó fuerte a Valentín Enseñat, integrante de HIJOS Uruguay, al grito de 'Nosotros somos ellos'.
Enseñat calificó a la convocatoria como 'un poco extraña', dado que 'desde un principio esto trascendía la convocatoria política, cuando convocamos el viernes' y agregó que defenderán estos 'espacios propios', en referencia a las organizaciones sociales que convocaron desde un comienzo.
El joven sostuvo en diálogo con Uypress que la medida de la SCJ de inconstitucionalidad 'nos toma por sorpresa. No nos esperábamos esta decisión, y menos en pleno carnaval, pero vamos a trabajar esto tanto desde lo jurídico como desde lo público, con la gente, reivindicando nuestra lucha'.
Tanto el integrante de HIJOS, como miembros de Crysol, confirmaron que van a acudir al derecho internacional, considerando la declaración de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que ya falló respecto al Caso Gelman, como llevando las más de 50 causas de presos políticos conocida como 'Boiso Lanza', en referencia al centro de detención.
Baldemar Tarocco (Crysol) afirmó que 'la decision de la SCJ que no hace más que trancar la justicia y perpetuar la impunidad' y que 'la Corte se pone del lado de los represores'. 'Creemos que están tirando para adelante las causas para que no haya resolución', agregó.
Respecto a las declaraciones que se conocieron en las últimas horas del militar procesado Jorge 'Pajarito' Silveira, Tarocco insistió en que 'nunca hubo sentido de venganza ni revanchismo. La búsqueda de justicia es para nuestros hijos y nietos, para su futuro. Tampoco queremos que los militares tengan un trato como el que ellos nos dieron'.
Chela Fontoura (Crysol) agregó que 'es vergonzoso que se dé prensa a un torturador comprobado, alguien que ha actuado como un animal, ha violado y ha torturado', en referencia a las palabras de Silveira.
Respecto a los dichos del ex Jefe del Estado Mayor de Defensa, José Bonilla, quien afirmó que el cierre de las causas 'es una buena situación para [que] el que algo sabe, alivie su conciencia' y proporcione datos sobre el destino de las desapariciones forzadas cometidas durante la dictadura sin probabilidad de procesamiento, Fontoura afirmó que 'están protegiendo a los militares'. 'Ellos tienen que hablar ante la justicia. Hasta ahora, esto no ha sucedido y si se promueve que declaren de esta forma, nunca llegarán a ser juzgados', concluyó.
Otro de los presentes fue el Rector de la Universidad de la República (UdelaR), Rodrigo Arocena, quien sostuvo que era un 'deber' estar allí, cuando 'es evidente que hay gran inquietud en toda la ciudadanía uruguaya para saber qué va a pasar con la búsqueda de la verdad y la asignación de la justicia'.
Arocena informó que la UdelaR trató las implicaciones del traslado de la jueza Mariana Mota durante la última sesión del Consejo Directivo Central (CDC) y que se decidió consultar al respecto a los profesores de Derecho Constitucional, 'como debe hacerlo la universidad para informar a la sociedad y que cada ciudadano pueda armar una opinión bien formada sobre este tema'.
A su vez, remarcó que 'nos gustaría conocer con detalle y cuidado, los detalles de las decisiones que adopta el sistema judicial', en referencia a decisiones como las de pasar a la magistrada del fuero penal al civil tras ocho años de seguimiento de causas de delitos de lesa humanidad.
El rector destacó la 'vocacion tradicional y el mandato legal sobre su compromiso con los derechos humanos que tiene la Universidad' y señaló la importancia de que los estudiantes de Derecho se formen pensando 'cómo construir un sistema jurídico que garantice vigencia de la justicia y cómo colaborar para que todos los ciudadanos entendamos bien el proceso de administración de justicia'.
Los aplausos se sucedían en oleadas. 'Es que por más que pidas silencio, la gente por algún lado se tiene que expresar', comentaban dos señores cerca del momumento emplazado en medio de la 18 de julio.
También estuvo presente la comunidad LGBT, con integrantes como Federico Graña, quien señaló que 'este colectivo tiene que estar porque acá se atentó contra la libertad durante el terrorismo de Estado' y remarcó que entre quienes asistieron a la concentración 'hay sensación de impotencia muy grande, se están pagando muchos errores de la sociedad.
Graña también se refirió a las calificaciones de 'asonada' que tuvo la concentración durante el fin de semana: 'Esta manifestación no es una asonada, como la calificó una parte de la oposición. Decir que es una asonada, es no entender el dolor de la gente'.
Entre las figuras políticas se encontraba el senador Enrique Rubio (VA), quien defendió la concentración: 'si uno está en desacuerdo con fallos de inconstitucionalidad puede manifestarlo de manera pacífica, como lo está haciendo la gente', e indicó que 'estudiaremos los otros fallos de inconstitucionalidad, uno por uno'.
Referente a la posible injerencia del poder político sobre el judicial, el senador precisó: 'Hay 'separación de poderes' pero no hay repúblicas aparte, no hay independencia de poderes. Hay una sensibilidad herida, y eso no lo podemos desconocer' y concluyó remarcando la necesidad de una reforma de la Ley de la Magistratura.
'¡No más silencio! ¡No más silencio!', gritaban unos grupos de jóvenes, mientras los asistentes se desconcentraban sobre las 19.30 hs, muchos de ellos hacia el Velódromo, para el festival artístico de la Asociación de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos.
Dime quién apoya y te diré adonde están y quienes son los culpables
Cámaras empresariales manifestaron su apoyo a la SCJ
Para los empresarios, los fallos de la Corte son "la expresión máxima de seguridad" de los derechos humanos
+ - 25.02.2013, 20:52 hs
- ACTUALIZADO 20:53
Texto:El Observador
El texto está firmado por la Asociación Rural del Uruguay (ARU), la Cámara de Industrias del Uruguay (CIU) y la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay (CNCS).
"Las Cámaras Empresariales siempre han apoyado y seguirán velando por el Estado de Derecho. En consecuencia, sostienen el irrestricto cumplimiento y acatamiento de las normas consagradas en la Constitución de la República", dice el documento.
Este lunes, miles de personas se congregaron para protestar por la decisión de la SCJ de declarar inconstitucional la Ley Interpretativa de la Ley de Caducidad.
Dime quién apoya y "acata", y te diré adonde están y quienes son los culpables
Nacional - CADUCIDAD
Centro Militar afirma que hay que acatar el fallo de la Justicia
Para el coronel Guillermo Cedréz “hay que guardar silencio”
+ - 25.02.2013, 05:00 hs
Texto: El Observador
Apenas conocida la decisión de cerrar todas las causas judiciales, las reacciones no se hicieron esperar y desde el MPP se lanzó la idea de iniciar un juicio político contra la corporación, porque se entiende que la declaración de inconstitucionalidad y el traslado de la jueza Mota de la justicia Penal a la Civil están vinculados.
Mientras tanto desde filas militares, hay sectores que entienden que “no hay más nada por discutir”. Consultado sobre el tema, el presidente del Centro Militar, coronel (r) Guillermo Cedréz dijo a El Observador que “ya habló la Justicia”. “Ahora hay que guardar silencio y acatar”, agregó el militar que prefirió no ahondar en sus comentarios.
La posición de Cedréz difiere con el expresado por el general el aire (r) José Bonilla. El militar entiende que esta “es una buena situación para el que algo sabe, alivie su consciencia” y aporte datos sobre el paradero de desaparecidos, sin el temor de ir presos.
Según explicó Bonilla a El Observador, en la edición de ayer, hasta ahora quienes tienen información se veía limitados por posibles procesamientos., pero con la decisión de la Corte se cierra la posibilidad de que haya nuevos procesamientos.
Repercusiones
A la disconformidad que existe en la izquierda se sumó ayer una declaración de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los derechos humanos, Navi Pillay, donde expresa su “sorpresa” y “preocupación” por la decisión de la Justicia
“La sentencia, adoptada por los magistrados por cuatro votos contra uno, abre el camino para el cierre de las investigaciones en curso sobre violaciones de derechos humanos, violando el derecho de las víctimas a la verdad, justicia y reparación”, escribió Pillay en el comunicado.
“Me preocupa seriamente que estos hechos puedan restablecer las sombras de la impunidad en un país que ha comenzado a conciliarse con la verdad y la justicia, para el pleno cumplimiento de sus obligaciones derivadas del derecho internacional”, agregó.
En filas de la oposición se entiende que el organismo es libre de expresar lo que quiera y no se lo considera una intromisión. No obstante, el senador Pedro Bordaberry recordó que la Constitución está por encima de leyes y tratados. “Más allá de lo que se diga, si la Constitución dice algo no se puede ir contra ella”, afirmó a El Observador.
Por su parte, la senadora Lucía Topolansky explicó ayer que el camino de emprender un juicio contra la Corte debe ser una decisión adoptada por todo el Frente Amplio si el informe por escrito que se comprometió a enviar la Suprema Corte explicando los motivos del traslado de Mota no satisfacen. En el MPP se entiende que la SCJ violó la Constitución porque no se escuchó al fiscal de Corte antes de tomar la decisión como establece el artículo 246 de la Carta Magna.
“Si no contesta hay que discutir si eso dispara el mecanismo de juicio político. Es por este caso, no por los fallos. (…) Si la explicación es razonable y se ajusta a las normas no hay nada que hacer”, dijo Topolansky en declaraciones hechas a radio El Espectador. l
DAR LA MAS AMPLIA DIFUSIÓN.
Leer atentamente y visualizar cómo los actos de abuso institucional que vengo/venimos denunciando hace un tiempo y a los q es nacesario enfrentarse colectivamente antes de que sea demasiado tarde.
COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA – 22/2/2013
Las agrupaciones de habitantes de la costa y el Uruguay profundo abajo firmantes repudiamos lo actuado el miércoles próximo pasado por el Presidente de la República y exhortamos a toda la sociedad civil organizada y ciudadanos responsables con el futuro del país a hacer lo propio y a movilizarse en respuesta.
La reciente reunión del presidente con los representantes de la empresa Aratirí–Zamin Ferrous y las declaraciones del primer mandatario sobre una eventual asociación del Estado al proyecto aún en estudio, en sus condiciones, agravan los peligros que venimos denunciando desde hace meses desde diversos sectores de la sociedad civil.
Se viene alertando por este tipo de presiones indebidas ejercidas por Presidencia sobre otros poderes e instancias del estado para la aprobación “express” de este proyecto que está lejos de demostrar su conveniencia para el país.
Presiones que agreden cada vez con mayor alevosía los principios republicanos del Estado de Derecho, de la separación de poderes, y de la indispensable independencia técnica de los mismos organismos estatales llamados a entender en delicados aspectos ambientales, sociales, económicos y de ordenamiento territorial.
Presiones que esperamos que el Parlamento y la DINAMA, responsables en este momento del estudio de distintos aspectos del proyecto minero, pueda resistir para actuar en beneficio del país y no de un negocio de ocasión.
Esta política de hechos consumados –autoritaria e inconsulta –pretende además ignorar el estado de conmoción social que se vive a diario en los tres millones y medio de hectáreas pedidas para minería en todo el país, así como en las distintas zonas costeras de Rocha en las que se ha anunciado el puerto de aguas profundas asociado al proyecto minero de Aratirí.
Pretende ignorar también una importante corriente de opinión que, a lo largo y a lo ancho del país, crece día a día, y que se ha pronunciado en forma inequívoca contra la instalación de estos megaproyectos.
En los plebiscitos que se promueven en varios departamentos, en los más de 400 recursos administrativos presentados para detener la entrada de las empresas a los campos, en los juicios promovidos ante el Tribunal de lo contencioso Administrativo y en marchas multitudinarias como la del pasado 11 de octubre en Montevideo, que con sus casi 10.000 personas dejó en evidencia la preocupación ciudadana de un grupo mucho más amplio que los supuestamente afectados. En la Asamblea Nacional Permanente, compuesta por más de 35 organizaciones de todo el país, nacida en noviembre como respuesta a la proliferación de proyectos depredatorias e inconsultos, y que sesionó el domingo pasado en Sauce.
Con una responsabilidad que no ha mostrado buena parte del sistema político en todos los niveles, hemos presentado ante la Comisión a cargo de la Ley de Minería de Gran Porte, que habilitaría la instalación de Aratirí y otras empresas mineras, nuestras fundamentadas razones para oponernos a este proyecto y hemos dado cuenta de la situación de conmoción social que reina ante la incertidumbre y la falta de garantías sobre el futuro.
Se ha reclamado, con razón, que delicadas decisiones como la sustitución de actividades agropecuarias y turísticas por emprendimientos extractivos de corto plazo comprometen irreversiblemente el uso sustentable del territorio y, con ello, el presente y el futuro de muchas familias, al tiempo que hipotecan sin garantía las posibilidades de las generaciones venideras.
Creemos que estas decisiones clave para el futuro del país deben tomarse por la ciudadanía, libre e informada, en un clima de garantías y respeto por la diversidad de opiniones, y precedida por un serio y amplio debate nacional.
Nunca desde el centralismo de los escritorios de la burocracia montevideana y, mucho menos, en los despachos de las empresas interesadas en los mismos proyectos.
Ante la impunidad de los hechos acaecidos* en este largo proceso, vista la importancia de los valores en riesgoy como ciudadanos comprometidos con nuestro país, convocamos a todos los uruguayos a considerar nuevas y más amplias formas de protesta y acción ciudadana, por todos los medios disponibles. Si bien no hay aún un contrato firmado, una ley o un decreto que formalice alguna decisión del gobierno, las declaraciones del presidente ameritan la máxima atención y organización para la defensa de nuestros derechos y de la soberanía.
Con pesar constatamos, una vez más, que nada podemos esperar sino de nosotros mismos.
Mesa Ampliada de Productores y Vecinos de ruta 7
(Contacto: Julio Gómez 099 978 302, Cristina Ramírez 099 064 442, Sebastián Ríos 098134078, Fabiana Campos 091 455 970)
Productores de Cerro Chato y Valentines (Florida)
Productores de Tupambaé (Cerro Largo)
Comisión en Defensa de la Tierra (Treinta y Tres)
Comisión por la vida sustentable y el agua (Rivera)
Grupo No a la minería en Vichadero (Rivera)
Tacuarembó “Por la vida y el Agua”
Grupo de productores y vecinos de San José
Confederación de Pueblos Costeros (Contacto: Ana Alonzo 098 758 710; Matías Seré 094 279 855)
Vecinos autoconvocados de La Paloma y la Pedrera
Vecinos y Amigos de Punta del Diablo
Vecinos Movilizados de Punta del Diablo
Vecinos de La Esmeralda, Coronilla, Cabo Polonio, Punta Rubia.
Cabildo Abierto de Barra de Valizas
Vecinos de Aguas Dulces
Vecinos de Ciudad de Maldonado
Vecinos de Ciudad de la Costa
Vecinos de la Costa Oeste de Montevideo
Colectivo Sauce de Lucha por la Tierra
Apoya: MOVUS
* Un breve repaso de algunos acontecimientos recientes dignos de alarma ciudadana
1. Luego de reunirse por enésima vez con los representantes de la empresa extranjera Zamin Ferrous, el gobierno adelanta como aprobado el proyecto de Aratirí para la extracción de hierro del yacimiento de Valentines, cuando la evaluación del estudio de impacto ambiental por la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) está lejos de ser completada, de acuerdo al procedimiento correspondiente según nuestra legislación.
2. Simultáneamente, el gobierno da por resuelta la habilitación del puerto de aguas profundas en la costa de Rocha, mientras es una decisión a consideración del Parlamento y los estudios técnicos –incluidos los utilizados para justificar este proyecto–, muestran que la localización elegida es altamente inconveniente por sus impactos económicos, sociales y ambientales.
3. La propuesta del puerto de aguas profundas en El Palenque no se sostiene por sí misma con otras cargas o proyectos y –en una política de hechos consumados– el gobierno la asocia a la exportación del hierro, aún cuando el proyecto Aratirí no ha sido aprobado e implica el desplazamiento también definitivo de varias poblaciones y actividades económicas sustentables en la costa rochense.
5. Además de generar un clima institucional inapropiado, el gobierno insiste en ignorar las tensiones sociales originadas por estos proyectos y no escucha los reclamos de amplios sectores de la población, a pesar de las manifestaciones registradas por toda la prensa y las iniciativas en curso para promover plebiscitos en varios departamentos del país.
6. El miércoles próximo pasado, mientras se analiza la Ley de Minería de Gran Porte en el Parlamento, el Presidente impele públicamente a ese órgano representativo a diseñar y aprobar una Ley de Minería a medida de la empresa Aratirí-Zamin Ferrous, adelantando por la vía de los hechos y no del derecho una decisión de importancia país, que viola principios constitucionales como la protección del Medio Ambiente y del agua en particular, y que desconoce la función de planificación estratégica de las leyes de ordenamiento territorial, entre otras.
Enviado por Julio Néstor Sosa Benia, y también por Jorge Zabalza y Nestor Durante
Del Blog:
lunes, 25 de febrero de 2013
HISTORIAS DE LUCHAS, TRAICIONES, AGACHADAS Y OTRAS YERBAS (1ª Parte)
por José Luis PereraHay quienes, cuando sucede algo relacionado con la dictadura y con la impunidad, señalan hacia la derecha. Y con razón, claro. Aunque es una visión parcial de la realidad, como veremos. Fue la derecha la que llamó a los militares para que si hicieran cargo del gobierno cuando ellos ya no podían controlar a un pueblo que se movilizaba cada vez más por cambios estructurales, a fines de la década del 60 y principios de los 70.
Fue sin dudas la derecha la que acompañó en cargos de gobierno y a todo nivel a la sangrienta dictadura. No es este el espacio para dar una larga lista de nombres pertenecientes a los partidos tradicionales que ocuparon cargos durante esos años. Digamos simplemente que el dictador Bordaberry provenía del Partido Nacional, pero asumió como presidente integrando el partido colorado, y después fue verde a partir del golpe de estado. Y otros como Aparicio Méndez, del Partido Nacional, también dictador en su momento.
Una buena parte del pueblo uruguayo dio una denodada lucha por derrotar a la dictadura, y esa lucha tuvo sus costos, que pueden medirse en presos, exiliados, torturados, asesinados, desaparecidos, violados, y mucho más. Por eso, la recuperación de la democracia y las libertades, traían consigo grandes esperanzas. Entre otras cosas, la esperanza de llegar a la verdad de lo que había sucedido en esos años, y por supuesto de llegar también a la justicia
Teníamos derecho a saber el por qué de tanto odio descargado sobre el pueblo, el por qué tanta muerte inocente. Alguien tenía que explicar como fue que se torturó, quién daba las órdenes, donde se mató y se desapareció, donde estaban esos desaparecidos, y devolverlos al pueblo. Y no reclamábamos revancha. Pedíamos justicia. Tan simple pero tan hondo como eso.
Pero fue la derecha política la que, una vez derrotada la dictadura, se encargó de enterrar todo el genocidio y las barbaridades más siniestras perpetradas por la dictadura bajo el manto de la impunidad al votar aquella siniestra ley, con votos de blancos y colorados. Previamente, habían sacado de la troya (tal como hoy hace la SCJ con Mariana Mota) a un gran luchador por los derechos humanos como José Germán Araújo.
Y de la mano de la derecha política volvió la amenaza, y la presión. Y a pesar de que la justicia comenzó a actuar, las citaciones fueron a parar a la caja fuerte del Ministerio de Defensa. Y entonces comenzó la vuelta atrás, el retroceso, la agachada. Y la mayoría de dirigentes blancos y colorados comenzó a gestar lo que luego terminaría siendo la oprobiosa ley de impunidad.
LA IZQUIERDA LUCHANDO JUNTO AL PUEBLO
Pero la lucha continuó, y los trabajadores, las organizaciones sociales y la izquierda política no se entregaron, y papeleta en mano salieron a juntar las firmas para que hubiera referéndum. No fue una lucha sencilla. Pero acabábamos de derrotar una dictadura sangrienta, y además teníamos de nuestro lado la razón de la verdad y la justicia, así que la esperanza estaba intacta. Otra vez había que luchar contra el miedo, contra la desinformación y la mentira, contra quienes decían que pregonábamos el odio y se proclamaban pacificadores y perdonadores. Y recorrimos puerta por puerta, y salimos a las ferias y a los sindicatos, nos metimos entre el pueblo. Y conseguimos las firmas.
Pero los votos amarillos fueron más que los verdes, y perdimos esa batalla. El miedo ganó en las urnas, y la desesperanza en las almas. Y ya nada volvió a ser igual, porque la democracia quedó renga. No se puede caminar bien con una espina clavada en el talón. Y la impunidad era una enorme espina incrustada en la naciente democracia. Con las organizaciones populares malheridas (que no muertas) por la derrota, comenzó la otra fiesta, la del neoliberalismo.
Nuevamente la derecha política, y sus sucesivos gobiernos nos propinaron su economía de mercado pero también su “sociedad de mercado”. Perdida la justicia en los caminos de la impunidad, los ciudadanos pasamos a ser vistos desde una lógica mercantil, y se propagaron la exclusión social y la pobreza hasta límites desconocidos. Las consignas pasaron a ser: “hacé la tuya”, y “sálvese quien pueda”. Y también campeó la corrupción. Porque si se puede torturar y matar y desaparecer, y nunca pasar por un juzgado por ello, entonces todo lo demás son paparruchadas. Las dimensiones del retroceso todavía están por verse.
VOTO VERDE Y DESPUÉS
A partir de allí, ya la cosa no estuvo tan clara en las filas de la izquierda con el tema de los derechos humanos y la impunidad. Hubo un largo período en el cual la lucha quedó en manos de los familiares, un pequeño grupo de incansables abogados y las organizaciones sociales y de derechos humanos, y los partidos políticos prácticamente se olvidaron del tema.
Pero aún en esas condiciones, la lucha continuó por vías diferentes. Porfiadamente se siguieron presentando casos a los juzgados y una y mil veces los personeros de la impunidad los archivaban. El artículo cuarto era el instrumento apropiado en las manos apropiadas (gobiernos de derecha). Todo lo que podía terminar en aplicación de justicia era considerado incluido en la ley de impunidad. No importa si era el rapto de una extranjera para robarle a su hijo y luego matarla. Todo lo sucedido en dictadura debía ser olvidado, fuera lo que fuera.
Pero el pueblo es porfiado. Porque “hay olvidos que queman y hay memorias que engrandecen”, como también señala Alfredo acertadamente. Y siguieron presentándose causas. Y surgieron las marchas del 20 de mayo; cada vez con más y más pueblo; cada vez con más y más conciencia. Y la impunidad comenzó a mostrar fisuras.
DESDE LA IZQUIERDA
En el año 2003, el semanario Brecha preguntaba a dirigentes de diferentes sectores del Frente Amplio sobre qué había que hacer con la ley de impunidad, y en su gran mayoría eran partidarios de dejar todo como estaba. Algunos suenan hoy como posibles candidatos a vicepresidentes (o a presidente, vaya uno a saber).
Lo cierto es que dentro del FA, cuando nos aproximábamos a la posibilidad cierta de obtener el gobierno, muchos entendieron que adoptar una posición contundente a favor de la verdad y la justicia, podía hacernos perder esa posibilidad. Eso estuvo muy claramente planteado en el Congreso Héctor Rodríguez de 2003, y es por todos conocida la batalla que dio Eleuterio Fernández Huidobro para evitar que en el Programa estuviera la derogación de la ley de impunidad. Pero no sería honesto si no dijera lo siguiente: si la posición de Huidobro hubiera sido minoritaria, no hubiera prosperado. La realidad es que su posición fue apoyada por la mayoría del Congreso.
No obstante, en el Programa con el que el FA accedió al gobierno en 2005, hay muchísimas referencias que indicaban que había la necesidad imperiosa de derogar o anular la ley de impunidad. Fundamentalmente las que hacían referencia a acompasar la legislación interna con la internacional en el tema derechos humanos. Pero no fue así. Lo único que hizo el primer gobierno del FA en el sentido de combatir la impunidad, fue aplicar el art.4 de la ley, por lo cual los casos comenzaron a no incluirse como comprendidos en la ley de impunidad.
Y Tabaré Vázquez, el día mismo de su asunción, señalaba que “en materia de derechos humanos el país tiene aún una asignatura pendiente, que me comprometo a saldar de inmediato”, y agregó que “nuestro gobierno cumplirá el mandato establecido en el Artículo 4º de la Ley número 15.848, procurando agotar la investigación sobre lo sucedido con los detenidos desaparecidos e investigando al efecto en los establecimientos militares correspondientes”.
En función de ello, hubo avances impensables poco tiempo atrás. Pocos días después ya se estaba entrando a los cuarteles y excavando en busca de los desaparecidos. Y ahora el artículo 4º era un instrumento en manos de un gobierno progresista, y lo aplicó debidamente. Y los casos se comenzaron a excluir, y los jueces comenzaron a actuar, y los culpables comenzaron a ir presos, y algunos restos comenzaron a aparecer.
Mientras tanto, en forma silenciosa, muchos compañeros del FA seguían trabajando para encontrar la forma de erradicar de una vez y para siempre una ley legalmente inconstitucional y nula, pero además moral y éticamente infame. Era la hora de arrancarle de raíz esa espina que no le permitía caminar debidamente a nuestra democracia. Para que la vida democrática fuera plena y para cumplir con nuestras conciencias revolucionarias y de izquierda.
El resultado es historia reciente, y lo veremos en la segunda parte de esta nota.
Publicado por José Luis Perera en 14:54 No hay comentarios: Enlaces a esta entrada
Nacional - DDHH
Oficialismo busca nueva vía para tumbar los efectos de la Caducidad
Luego del plebiscito de 2009, las alternativas han sido jurídicamente cada vez más débiles
+ - 26.02.2013, 05:00 hs
- ACTUALIZADO 11:41
Texto: El Observador
© M.CERCHIARI
Tres días después de que la Suprema Corte de Justicia (SCJ) declarara inconstitucional la ley interpretativa de la ley de Caducidad, el oficialismo comenzó a buscar una alternativa para procesar a los militares que cometieron delitos durante la última dictadura, informaron fuentes del oficialismo a El Observador.
Los primeros en realizar un planteo fueron los dirigentes del MPP. Pocas horas después, los socialistas también emitieron una declaración en ese sentido. “Respetando el principio de separación de poderes y en la búsqueda del fortalecimiento de las instituciones y de la democracia, no claudicaremos en nuestro compromiso para con la verdad, la justicia, la democracia y el país”, señalaron.
El secretariado ejecutivo del Frente Amplio (FA) analizó ayer lunes el tema. “Se va a estudiar el impacto y el alcance del fallo de la SCJ. Nosotros creemos que si bien esto es un traspié, no implica que todo quede postergado”, dijo a El Observador la presidenta del FA, Mónica Xavier.
El representante de la Vertiente Artiguista en el organismo ejecutivo de la fuerza política, Daniel Bentancourt, dijo que van a esperar los informes jurídicos para decidir. “Se parte de la base de que la ley tiene alcances complejos. Se van a escuchar los informes de los abogados que están estudiando y discutiendo el tema y luego se va a definir una estrategia que no está cerrada a nada”, señaló.
También el senador Rafael Michelini, del Frente Líber Seregni (FLS), dijo ayer en radio Sarandí que se estudiarán mecanismos alternativos a esta ley que la decisión de la SCJ tiró abajo. El camino no es sencillo: en los últimos cuatro años, el FA presentó tres propuestas para lograrlo y las tres veces fracasó.
El primer golpe fue el plebiscito del 26 de octubre de 2009. Como en 1989, los votos para anular la ley de Caducidad no alcanzaron. “Me duele mucho decirlo, porque los que lo impulsaron son mis compañeros de toda la vida, pero fue un error”, dijo entonces Javier Miranda, actual director de Derechos Humanos del Ministerio de Educación y Cultura e hijo del escribano Fernando Miranda, desaparecido durante la dictadura y cuyos restos fueron hallados en el Batallón 13, a fines del 2005. “No siempre las mayorías tienen la razón”, agregó.
Tras el fracaso –por no haber concentrado sus fuerzas en el plebiscito– el FA decidió redoblar la apuesta. Pero el espacio de acción fue cada vez más reducido. Quienes luchaban para mantener la vigencia de la ley de Caducidad ganaron un argumento: la ciudadanía ya se pronunció dos veces. Dentro del FA, incluso, hubo quienes se aferraron al pronunciamiento popular.
El oficialismo intentó barajar y dar de nuevo. La Vertiente Artiguista planteó impulsar un tercer plebiscito y el vicepresidente Danilo Astori derogar la ley, pero ambas iniciativas naufragaron. En abril de 2011, el FA logró redactar un proyecto para anular la ley. “Es un disparate jurídico”, que además implica pasar “por encima del derecho ciudadano”, dijo el senador Jorge Saravia, quien incumplió el mandato partidario, votó en contra y abandonó el FA. Con similares argumentos, Eleuterio Fernández Huidobro votó la ley, pero renunció a la banca. Con su voto, la iniciativa pasó a Diputados. Allí, el Frente Amplio no logró la mayoría. El presidente José Mujica le pidió a Víctor Semproni que no levantara la mano y el impulso, otra vez, encontró su freno.
Pero el FA, presionado por organizaciones de izquierda, redobló una vez más la apuesta y gestó la ley interpretativa de la ley de Caducidad, que expresa que los delitos cometidos durante la dictadura no prescriben por ser de lesa humanidad. Apurado porque los crímenes estaban por prescribir y presionado por grupos de izquierda, el oficialismo aprobó la iniciativa a pesar de que los juristas habían advertido a los legisladores que la ley presentaba vicios de constitucionalidad.
Un militar y un policía terminaron tras las rejas por esta ley. Pero la SCJ la declaró este viernes inconstitucional y el FA, después de haber quemado tres cartas, volvió a fojas cero.
La presión de grupos defensores de los derechos humanos se mantiene. Ayer se agruparon frente a la sede de la SCJ para expresar su disconformidad. Y muchos apuntan sus dardos a miembros del oficialismo, en particular, al ministro de Defensa, Fernández Huidobro. Con la presión de estos grupos sobre sus espaldas, el fallo de la SCJ como una piedra en el zapato, la opinión de juristas que no muestran alternativas posibles y dos plebiscitos en contra, el FA busca tumbar la ley de Caducidad.
Personal policial juntando fotos para el fichaje de "los antisistema" precisamente en un acto de repudio a la impunidad de los criminales de lesa humanidad. ¿A quiénes mandó fotografiar Bonomi? ¿o se fotografiaron a todos los concurrentes? ¿El FA que fué uno de los que convocó a la concentración no tiene nada que decir sobre el espionaje antipopular de su Ministro Bonomi? Todavía el Gobierno no ha explicado quienes son los "antisistema" que se están fichando.
© M.CERCHIARI
Lógica y sentido común.-
Tengo claro que X ahora nadie me vá a dar pelota ni tomarme en serio cuando digo que el 1er. paso para lograr transformaciones es doblarle el brazo armado a la oligarquía y al imperio.A pesar que la realidad golpea los ojos, nuestra sociedad,en general,todavía apuesta a la democracia burguesa representativa,sin percatarse que el Uruguay batllista de la década del '60 no existe más. Mientrastanto, nuestra hábil,competente y poderosa derecha tiene claro que a los bebés no los traen las cigüeñas y van derechito a lo que importa:los fierros,los aparatos represivos,acuerdos con Israel y USA,SEALS y DEA.-
Desde
que espantaron al Pepe histórico en éste país no ha cambiado nada. Los
dueños del país se han hecho cada vez + ricos y + fuertes y una prueba
de eso es la impunidad intocable,verguenza de América.Tengo claro
también que debemos tener mucha paciencia,porque andamos muy lejos de
las casas en lo que a conciencia popular se refiere.( Entendés ahora
Juanjulio,pa' que sirve mantener sucateada la enseñanza pública?).-Ya no
se discute que nuestra minúscula y tibia izquierda se cambió de bando. Y
qué queda,que restó? Tal vez vuelvan a ir otros 100.000
montivedeanos/as a la marcha del 20 de mayo. Y de ahí? La derecha se
caga de risa,se pasaron X los güevos las 1.100.000 papeletas
rosadas,saben que se pueden dar el lujo de éste enroque largo del STJ y +
allá del obligado pataleo tradicional no pasa nada; si en el 2014
pierde Tabaré (o el delfín que saquen de la galera) y vuelven los
blanqui/colorados;que vá a mudar? Lo mismo que mudó con el FA:los 16
millones de héctareas seguirán siendo de los mismos 2.000 tipos.Bueno:
tal vez los Peirano dispongan de condicciones + propicias para su
acostumbrado golpe treintenal.-
"Insisto,
- dijo Rodríguez -y le pegó otra puñalada al padre": hay que ponerse
las pilas para montar el aparato necesario para fumigar los 40
hormigueros militares. Se puede,es ponerse. Mientrastanto la historia y
la crisis van a dar una mano para que el pueblo vea claro los 2 únicos
caminos que tiene adelante: rebelarse o domesticarse. Ésta zanahoria
delante de la nariz del burro sólo sirve para que siga
caminando.Concuerdo con la Tronca: X cambiar una jueza no se termina el
mundo;y al mundo los únicos que pueden cambiarlo somos nosotros.-
MAU-MAU
P.D.: Ché Juanjulio:Sabés que el Bebe se las tomó del Cementerio de La Teja y anda clande? Trabajo pa'l Bicho y el Ñato...
