CHILE
Las protestas por el asesinato de Catrillanca se expanden por todo Chile: "Linares escuche, mataron a un mapuche"
Publicado el 22 Noviembre 2018
Escrito por Guillermo Correa Camiroaga - EL CLARÍN DE CHILE
Las
acciones y movilizaciones de protesta por el asesinato del comunero
mapuche Camilo Catrillanca han tenido múltiples formas de expresión a lo
largo de todo el territorio nacional. El dolor y la indignación
provocada por este alevoso crimen se transformaron en rabia y
movilización. El grito rebelde de miles y miles de hombres y mujeres en
nuestro país no se ha detenido desde el día miércoles 14 de noviembre,
cuando manos asesinas de agentes del estado dispararon balas por la
espalda para dar muerte a Camilo Catrillanca, un Mapuche, un hijo de la
tierra, un joven de 24 años de edad.
Durante
todo el trayecto del desfile, incluyendo el paso por delante de la
tribuna en donde se encontraban presentes las autoridades portaron
lienzos y pancartas donde las familias linarenses pudieron leer las
distintas frases escritas que expresaban en forma clara y precisa el
motivo de esta acción de solidaridad y protesta , mientras su voces
resonaban potentes como el canto del chucao
gritando:
“ ¡LINARES ESCUCHE, MATARON A UN MAPUCHE!” .
Guillermo Correa Camiroaga, Valparaíso 20 noviembre 2018
En
Concepción
Continúan actos de repudio al asesinato de Camilo Catrillanca sin que se detenga la brutalidad policial en Wallmapu
Juan Contreras Jara / resumen.cl (Concepción)
¡Que el pueblo escuche, mataron a un mapuche!, gritaron hoy cientos de personas por las principales calles del centro de Concepción, en repudio a la muerte de Camilo Catrillanca, comunero mapuche de 24 años de edad asesinado por Carabineros de Chile el pasado miércoles en el Lof Temucuicui.
Las y los manifestantes se reunieron a las 19:00 horas en la plaza de Armas, ubicada en el centro penquista. A pesar de haber sido reprimidos casi inmediatamente por carros lanza agua de Carabineros, se dirigieron por calle Aníbal Pinto hasta avenida Los Carrera, donde detuvieron el tránsito por varios minutos, siendo nuevamente reprimidos, esta vez con carros lanza gases y personal de Fuerzas Especiales. Paralelamente, se registraron barricadas que obstruían el paso en diversos puntos del centro penquista.
En Valparaíso, Santiago, Temuco, Concepción, entre otras;
manifestantes han expresado a través de velatones, marchas,
intervenciones y barricadas, su profundo malestar con esta nueva muerte
de un comunero mapuche a manos de un agente del estado chileno, otra vez
Carabineros de Chile.
Cabe destacar que la verdad del asesinato de Camilo Catrillanca, segundo comunero mapuche asesinado por Carabineros durante los gobiernos de Sebastián Piñera, se ha ido develando poco a poco, luego que se descubriera el ocultamiento, la destrucción de pruebas y las mentiras esgrimidas por los efectivos policiales implicados en el hecho.
En la misma línea, ha sido fundamental el relato de un adolescente mapuche de 15 años de edad, que acompañaba a Catrillanca al momento de ser atacados por personal del Comando Jungla, impuesto por el gobierno de Piñera en la Araucanía desde julio pasado. El niño habría presenciado el momento en que el carabinero retiró la tarjeta de memoria de su cámara y puso otra en su lugar.
Es importante señalar que el violento actuar de Carabineros de Chile, que terminó con la muerte del comunero mapuche, no se detuvo ahí. El niño que acompañaba a Catrillanca, testigo clave de su muerte, fue golpeado brutalmente fuera y dentro de un vehículo policial, para ser encarcelado por 24 horas en la comisaría de Collipulli bajo los cargos de usurpación. Posterior a ello, la detención fue declarada ilegal por parte del juez de turno.
Un punto importante a considerar es que la represión y violencia que cotidianamente el Estado chileno ejerce contra las comunidades mapuche en resistencia se ha intensificado. Ayer fueron reprimidos con extrema violencia jóvenes mapuche en Victoria, que se manifestaron en contra del asesinato de Catrillanca. Producto de lo sucedido, hay un menor de edad grave en el hospital de la misma comuna por impacto de perdigones. A su vez hubo detenidos y otras personas con distintos golpes en su cuerpo, producto del actuar de Carabineros de Chile. Tres de ellos pertenecían a la comunidad Tradicional de Temucuicui, a la cual también pertenecía Catrillanca. Junto a estos hechos, diversas comunidades han sufrido el asedio de Fuerzas Especiales de Carabineros, disparando proyectiles en contra de sus habitantes.
Por lo pronto, en Concepción se registraron detenciones en distintos puntos de la ciudad y tras ser reprimidos en avenida Los Carreras, los y las manifestantes se volvieron a juntar en plaza Independencia.
¡Que el pueblo escuche, mataron a un mapuche!, gritaron hoy cientos de personas por las principales calles del centro de Concepción, en repudio a la muerte de Camilo Catrillanca, comunero mapuche de 24 años de edad asesinado por Carabineros de Chile el pasado miércoles en el Lof Temucuicui.
Las y los manifestantes se reunieron a las 19:00 horas en la plaza de Armas, ubicada en el centro penquista. A pesar de haber sido reprimidos casi inmediatamente por carros lanza agua de Carabineros, se dirigieron por calle Aníbal Pinto hasta avenida Los Carrera, donde detuvieron el tránsito por varios minutos, siendo nuevamente reprimidos, esta vez con carros lanza gases y personal de Fuerzas Especiales. Paralelamente, se registraron barricadas que obstruían el paso en diversos puntos del centro penquista.
Manifestantes reunidos en la esquina de Barros Arana con Aníbal Pinto, Concepción.
Cabe destacar que la verdad del asesinato de Camilo Catrillanca, segundo comunero mapuche asesinado por Carabineros durante los gobiernos de Sebastián Piñera, se ha ido develando poco a poco, luego que se descubriera el ocultamiento, la destrucción de pruebas y las mentiras esgrimidas por los efectivos policiales implicados en el hecho.
En la misma línea, ha sido fundamental el relato de un adolescente mapuche de 15 años de edad, que acompañaba a Catrillanca al momento de ser atacados por personal del Comando Jungla, impuesto por el gobierno de Piñera en la Araucanía desde julio pasado. El niño habría presenciado el momento en que el carabinero retiró la tarjeta de memoria de su cámara y puso otra en su lugar.
Es importante señalar que el violento actuar de Carabineros de Chile, que terminó con la muerte del comunero mapuche, no se detuvo ahí. El niño que acompañaba a Catrillanca, testigo clave de su muerte, fue golpeado brutalmente fuera y dentro de un vehículo policial, para ser encarcelado por 24 horas en la comisaría de Collipulli bajo los cargos de usurpación. Posterior a ello, la detención fue declarada ilegal por parte del juez de turno.
Un punto importante a considerar es que la represión y violencia que cotidianamente el Estado chileno ejerce contra las comunidades mapuche en resistencia se ha intensificado. Ayer fueron reprimidos con extrema violencia jóvenes mapuche en Victoria, que se manifestaron en contra del asesinato de Catrillanca. Producto de lo sucedido, hay un menor de edad grave en el hospital de la misma comuna por impacto de perdigones. A su vez hubo detenidos y otras personas con distintos golpes en su cuerpo, producto del actuar de Carabineros de Chile. Tres de ellos pertenecían a la comunidad Tradicional de Temucuicui, a la cual también pertenecía Catrillanca. Junto a estos hechos, diversas comunidades han sufrido el asedio de Fuerzas Especiales de Carabineros, disparando proyectiles en contra de sus habitantes.
Por lo pronto, en Concepción se registraron detenciones en distintos puntos de la ciudad y tras ser reprimidos en avenida Los Carreras, los y las manifestantes se volvieron a juntar en plaza Independencia.
¿Acaso no vivimos ya en la jungla?
Publicado el 23 Noviembre 2018
Escrito por Pablo Salvat Bologna - EL CLARÍN DE CHILE
¿Para qué? Bueno pues para hacerlo aparecer como un “enfrentamiento”. ¿Le recuerda algo? Bueno eso dependerá de si usted vivió en aquellos oscuros años en el país, los vivió fuera o exiliado, o no había nacido aun, pero es un hombre o una mujer enterada. Un “legado” de los más nefastos que hemos recibido en esta transición que no termina nunca, es justamente la exagerada autonomía del factor policial-militar y un cúmulo de malas prácticas, que se originan en el acceso al poder total que tuvieron aquellos militares, policías y sus socios civiles, durante 17 años en el país. Años en que la mentira y la impunidad cómplice era uno de los sellos de su cotidiano accionar. Ahora bien, cuando uno consulta el diccionario, “jungla” aparece como un término referido a una vegetación abundante, frondosa, intrincada, selvática. Sin embargo, que se sepa, no hay tal “jungla” en la Araucanía. Claro, hay bosques, árboles milenarios, animales, sembrados, pero una selva propiamente tal ¿.?
Ahora, quizá podríamos extender el uso de ese vocablo y usarlo como una metáfora del resultado social que ha implicado para Chile (y otros países también) la imposición del neoliberalismo globalizado. Usted pensará, lector/lectora, ¿pero en qué sentido? Pues en algo que hemos experimentado y observado día a día bajo diferentes formatos: la liquidación del lazo social, de los vínculos y convivencia comunitaria, basada en la creencia en ciertos valores y actitudes compartidas que no se transan a cualquier precio y que forman ciertas sedimentaciones históricas. La lógica del capitalismo financiarizado global y neoliberal necesita liquidar los sentidos de pertenencia comunitarios y sus valores de base; necesita disecarlos y disolverlos. ¿Para qué? Pues para no dejar subsistir otro tipo de vínculos entre los humanos que “el frío interés, el duro pago al contado”. Para poder hacer de la dignidad humana “un simple valor de cambio”. Al mismo tiempo, le importa barrer con los valores del común y del sentido de lo público-colectivo.
Lo que hace es imponer una visión narcísica del individuo autocentrado, egoísta, ocupado con sus pequeños éxitos , su poder, su dinero, sus intereses, sus vacaciones, su casita, sus méritos. El pequeño problema es que todos los individuos hacen lo mismo. Por tanto, tenemos la competencia de todos contra todos por el “logro”. Los logros son “triunfos” individuales. Cada cual se salva a sí mismo y los suyos, como puede. El actual capitalismo globalizado se ha nihilizado. No existe la justicia social. Tampoco la fraternidad o la igualdad. Lo único que queda en pie es el cálculo costo-beneficio, ganancias/pérdidas. No hay tiempo para cuestionarse el sentido del orden en que vivimos hoy: sus valoraciones, sus finalidades.
La realidad y la sociedad se desvanecen: solo queda en pie la lógica de mercado y de la propiedad. Por eso, no hay sociedad, decía la Thatcher. Tampoco hay alternativas agregaba. Todo ello ha traído consigo nuevas desigualdades; nuevas violencias y discriminaciones; fobias; racismo; agresividad; malestar; privatización del bien común, fragmentación del social-colectivo. Como bien lo dice el médico psiquiatra José Luis Padilla, la calidad de vida depende también de cómo se contemple el mundo.
Si se lo hace con generosidad, sociabilidad, con compromiso, con ayuda mutua, aparece un mundo maravilloso. En cambio, si lo contemplo para dominarlo, para conquistarlo, para ser un triunfador (…) el mundo se me convierte en una guerra. Por eso insiste en que vivimos en un estado de guerra. Claro, hay las que llamamos propiamente guerras, con armas y bombas; pero ahora también la vida cotidiana se vuelve un estado de guerra. Con toda razón ejemplifica diciendo que nos basta con manejar por una autopista o por la ciudad para darnos cuenta de eso. Y cuando estamos en esto, lector y lectora, entonces quiere decir que el neoliberalismo ha impuesto la ley de la selva – es decir, la jungla- como forma de vida. Una selva en la cual hay que luchar por sobrevivir a como dé lugar: astutamente, corruptamente, mentirosamente. Cuando se desvanece la sociedad y no hay sentido de lo común compartible, entonces solo queda en pie el orden vía represión y autoritarismo. El uso de la violencia represiva es el arma de las elites de poder cuando hay pueblos, comunidades, etnias, movimientos o partidos que rechazan vivir como en la jungla. Que afirman que hay un más allá de este capitalismo neoliberal, depredador y decadente.
¿Será por todo esto que ese grupo paramilitar se hace llamar “Comando Jungla?”
Senador Latorre exige a Chadwick revelar número de carabineros que han recibido capacitación militar en Colombia
por El Mostrador 19 noviembre, 2018
El emplazamiento del senador Latorre ocurre en el
marco del crimen de Camilo Catrillanca por parte del denominado "Comando
Jungla" en la comuna de Ercilla, región de La Araucanía, el miércoles
pasado. El militante de Revolución Democrática (RD), miembro de la
comisión de Derechos Humanos, solicitará a dicha instancia a que se
realice una sesión especial con el objetivo de citar a las autoridades
responsables de este hecho, entre ellas se encuentran, además del
ministro Chadwick, el general director de Carabineros, Hermes Soto y el
intendente de La Araucanía Luis Mayol.
El senador Juan Ignacio Latorre
solicitó al presidente del Senado, Carlos Montes, oficiar al ministro de
Interior, Andrés Chadwick, que informe el número de carabineros que han
recibido capacitación militar en Colombia, así como el tipo y periodo
de entrenamiento.
También solicitó informar las medidas administrativas, disciplinarias, penales y civiles adoptadas por Carabineros, así como por el Gobierno central y local, a partir de los hechos ocurridos en Ercilla.
El emplazamiento del senador Latorre ocurre en el marco del crimen de Camilo Catrillanca por parte del denominado "Comando Jungla" en la comuna de Ercilla, región de La Araucanía, el miércoles pasado.
El militante de Revolución Democrática
(RD), miembro de la comisión de Derechos Humanos, solicitará a dicha
instancia a que se realice una sesión especial con el objetivo de citar a
las autoridades responsables de este hecho, entre ellas se encuentran,
además del ministro Chadwick, el general director de Carabineros, Hermes
Soto y el intendente de La Araucanía Luis Mayol.
Además, el senador envió un oficio al ministerio de Interior y de Seguridad Pública para que pueda informar acabadamente sobre el actuar del denominado “Comando Jungla” en la zona, así como también del actuar de Carabineros en la totalidad de la región de La Araucanía.
Latorre considera que estas acciones van en la línea de recabar la mayor cantidad de información y de antecedentes para poder explicar lo sucedido.
También solicitó informar las medidas administrativas, disciplinarias, penales y civiles adoptadas por Carabineros, así como por el Gobierno central y local, a partir de los hechos ocurridos en Ercilla.
El emplazamiento del senador Latorre ocurre en el marco del crimen de Camilo Catrillanca por parte del denominado "Comando Jungla" en la comuna de Ercilla, región de La Araucanía, el miércoles pasado.
Además, el senador envió un oficio al ministerio de Interior y de Seguridad Pública para que pueda informar acabadamente sobre el actuar del denominado “Comando Jungla” en la zona, así como también del actuar de Carabineros en la totalidad de la región de La Araucanía.
Latorre considera que estas acciones van en la línea de recabar la mayor cantidad de información y de antecedentes para poder explicar lo sucedido.
Sale a la luz testimonio íntegro de menor que vio morir a Camilo Catrillanca
por El Mostrador 21 noviembre, 2018
En la comisaría me bajan por detrás y me hacen
ingresar hasta los calabozos y ahí me tiran para adentro, yo les pedí
que me soltaron las amarras y no me las soltaban. Estuve como 10 minutos
esposado en el calabozo. Yo también le preguntaba cómo estaba mi
compañero y ellos me decían ‘¿cuál, el finao’, el que matamos?’. es
parte de lo que relató el menor a la fiscalía
El menor de iniciales MPC de 15 años iba en el tractor que fue
atacado por Carabineros en la comunidad de Temucuicui, incidente en el
que murió el joven Camilo Catrillanca el pasado miercoles 14 de
noviembre.
El adolescente fue detenido y luego puesto en libertad después de que se declarara ilegal su detención. MPC fue objeto de golpes y otros apremios según verificó el Instituto de Derechos Humanos. Su testimonio fue clave para desentrañar la verdad en torno al registro de los hechos que en primer momento se dijo que no existía. El testigo aclaró que el sargento Raúl Ávila cambió la cámara que llevaba en el casco.
Este miércoles, radio Biobio, reveló el testimonio completo que el menor entregó a la fiscalía, que lleva investigaciones por la comisión de eventuales tres delitos.
"El día miércoles pasado nos encontrábamos en la casa de Camilo Catrillanca Marín. Durante casi todo el día junto a cuatro personas, más mi papá (J.P), Henry Millanao, Jesús Millanao, Nelson Quilape, estábamos trabajando en el piso de la casa", comienza el testimonio.
El menor confirma las versiones de que Catrillanca no estaba involucrado en el delito de robo de autos
"Queríamos matar un cordero, pero nos faltaba cilantro, entonces el peñi Camilo se subió al tractor azul y me dijo que lo acompañara. Eso fue después de almuerzo, por lo que nos dirigimos a la casa de la mamá de Camilo y cuando ya habíamos pasado la laguna, aproximadamente a unos 10 metros de la casa, Camilo me dijo que nos devolviéramos, ya que andaba el pájaro volando, por seguridad, porque podía pasar algo", dijo.
El menor detalló que "entonces nos devolvimos y cuando veníamos, como había un corte de camino con árboles, más adelante íbamos a tomar el camino que está por la derecha y justo cuando el peñi Camilo iba entrando vimos tres carabineros y escuché un disparo de escopeta en la parte lateral del tractor; saltó pintura.Entonces Camilo se echó hacia atrás y se devolvió por el mismo camino que veníamos y vi que desde el otro costado del camino salieron dos carabineros de entre las espinas que hay en ese lado", detalló.
Luego vinieron los disparos y la detención:
"Ellos empezaron a disparar a la parte trasera del tractor, eran hartos disparos, se escucha como ráfaga y en un momento mi peñi Camilo me dijo ‘agáchate’, entonces yo me agaché y se escuchaban más ráfagas de disparos.
Después me dijo de nuevo ‘agáchate’ y ahí yo me agaché, mas su voz era más bajoneada, era distinta a como me lo decía siempre y ahí él iba como agachado y después se escuchó otra ráfaga y ahí fue cuando mi peñi se iba en el tractor para el lado. Le salió líquido de la nariz, entonces yo frené el tractor, pisó el freno y dio vuelta la llave quitando el contacto.Como iba sentado en ese momento al lado y después me bajé del tractor por el mismo lado y con las manos arriba, los carabineros ya estaban cerca y me puse de espaldas a carabineros y le digo que a mi compañero lo habían herido", contó el testigo"
MPC detalla los apremios:
"Carabineros no tomó en cuenta eso y me empezaron a agredir, me tiraron al suelo. Un carabinero me pegó un palmetazo en la cabeza y me tira al suelo de rodillas. Después uno que le decían el coronel, me dio otro palmetazo y me dice que me ponga de guata y después llega otro carabinero con una uzi y me pegó en las costillas, después viene otro carabinero y empiezan a llegar las tanquetas y me amarró las manos con amarras plásticas y me la apretó más con el pie.
Después viene otro carabinero por detrás y me dice ‘párate, párate huevón’ y el otro le dice ‘páralo’, entonces me pararon y me pusieron contra una tanqueta"
Luego el testigo declara que la camioneta que llevaba a Camilo Catrillanca herido, se dio una vuelta por la plaza de Ercilla antes de llevarlo al Cesfam:
"En el trayecto hacia Ercilla sólo pasó lo que dije y cuando íbamos llegando a Ercilla pasa por el lado la camioneta Dodge con mi compañero herido y ellos se dieron hasta una vuelta a la plaza antes de llevarlo al Cesfam.
A mí también me llevaron al Cesfam y se baja el carabinero que cambió la cuestión de la cámara apuntando a todos los que querían acercarse y uno del Dodge también se baja. Después me llevaron a la Comisaría de Ercilla.
En la comisaría me bajan por detrás y me hacen ingresar hasta los calabozos y ahí me tiran para adentro, yo les pedí que me soltaron las amarras y no me las soltaban. Estuve como 10 minutos esposado en el calabozo. Yo también le preguntaba cómo estaba mi compañero y ellos me decían ‘¿cuál, el finao’, el que matamos?’.
Yo les pregunté si era en serio, y ellos me dijeron ‘no te estoy diciendo que lo matamos, huevón’. Como 40 minutos después me llevaron a Collipulli porque llegaron más peñis, me llevaron a constatar lesiones y el doctor me preguntó si me dolía alguna parte y yo le dije todas las partes donde me dolía y me tocó donde le dije y me dijo ‘ahhh no tenís nada’.
Los carabineros me pegaron cuando estaba en el tractor y después cuando me bajaron de la tanqueta en Collipulli, no hubo ningún insulto, solamente en Ercilla.
Cuando carabineros le hizo reanimación en el tractor a mi compañero, él estaba con toda la ropa y cuando lo bajaron de la Dodge en el Cesfam de Ercilla él ya venía sin ropa.
El adolescente fue detenido y luego puesto en libertad después de que se declarara ilegal su detención. MPC fue objeto de golpes y otros apremios según verificó el Instituto de Derechos Humanos. Su testimonio fue clave para desentrañar la verdad en torno al registro de los hechos que en primer momento se dijo que no existía. El testigo aclaró que el sargento Raúl Ávila cambió la cámara que llevaba en el casco.
Este miércoles, radio Biobio, reveló el testimonio completo que el menor entregó a la fiscalía, que lleva investigaciones por la comisión de eventuales tres delitos.
"El día miércoles pasado nos encontrábamos en la casa de Camilo Catrillanca Marín. Durante casi todo el día junto a cuatro personas, más mi papá (J.P), Henry Millanao, Jesús Millanao, Nelson Quilape, estábamos trabajando en el piso de la casa", comienza el testimonio.
El menor confirma las versiones de que Catrillanca no estaba involucrado en el delito de robo de autos
"Queríamos matar un cordero, pero nos faltaba cilantro, entonces el peñi Camilo se subió al tractor azul y me dijo que lo acompañara. Eso fue después de almuerzo, por lo que nos dirigimos a la casa de la mamá de Camilo y cuando ya habíamos pasado la laguna, aproximadamente a unos 10 metros de la casa, Camilo me dijo que nos devolviéramos, ya que andaba el pájaro volando, por seguridad, porque podía pasar algo", dijo.
El menor detalló que "entonces nos devolvimos y cuando veníamos, como había un corte de camino con árboles, más adelante íbamos a tomar el camino que está por la derecha y justo cuando el peñi Camilo iba entrando vimos tres carabineros y escuché un disparo de escopeta en la parte lateral del tractor; saltó pintura.Entonces Camilo se echó hacia atrás y se devolvió por el mismo camino que veníamos y vi que desde el otro costado del camino salieron dos carabineros de entre las espinas que hay en ese lado", detalló.
Luego vinieron los disparos y la detención:
"Ellos empezaron a disparar a la parte trasera del tractor, eran hartos disparos, se escucha como ráfaga y en un momento mi peñi Camilo me dijo ‘agáchate’, entonces yo me agaché y se escuchaban más ráfagas de disparos.
Después me dijo de nuevo ‘agáchate’ y ahí yo me agaché, mas su voz era más bajoneada, era distinta a como me lo decía siempre y ahí él iba como agachado y después se escuchó otra ráfaga y ahí fue cuando mi peñi se iba en el tractor para el lado. Le salió líquido de la nariz, entonces yo frené el tractor, pisó el freno y dio vuelta la llave quitando el contacto.Como iba sentado en ese momento al lado y después me bajé del tractor por el mismo lado y con las manos arriba, los carabineros ya estaban cerca y me puse de espaldas a carabineros y le digo que a mi compañero lo habían herido", contó el testigo"
MPC detalla los apremios:
"Carabineros no tomó en cuenta eso y me empezaron a agredir, me tiraron al suelo. Un carabinero me pegó un palmetazo en la cabeza y me tira al suelo de rodillas. Después uno que le decían el coronel, me dio otro palmetazo y me dice que me ponga de guata y después llega otro carabinero con una uzi y me pegó en las costillas, después viene otro carabinero y empiezan a llegar las tanquetas y me amarró las manos con amarras plásticas y me la apretó más con el pie.
Después viene otro carabinero por detrás y me dice ‘párate, párate huevón’ y el otro le dice ‘páralo’, entonces me pararon y me pusieron contra una tanqueta"
Luego el testigo declara que la camioneta que llevaba a Camilo Catrillanca herido, se dio una vuelta por la plaza de Ercilla antes de llevarlo al Cesfam:
"En el trayecto hacia Ercilla sólo pasó lo que dije y cuando íbamos llegando a Ercilla pasa por el lado la camioneta Dodge con mi compañero herido y ellos se dieron hasta una vuelta a la plaza antes de llevarlo al Cesfam.
A mí también me llevaron al Cesfam y se baja el carabinero que cambió la cuestión de la cámara apuntando a todos los que querían acercarse y uno del Dodge también se baja. Después me llevaron a la Comisaría de Ercilla.
En la comisaría me bajan por detrás y me hacen ingresar hasta los calabozos y ahí me tiran para adentro, yo les pedí que me soltaron las amarras y no me las soltaban. Estuve como 10 minutos esposado en el calabozo. Yo también le preguntaba cómo estaba mi compañero y ellos me decían ‘¿cuál, el finao’, el que matamos?’.
Yo les pregunté si era en serio, y ellos me dijeron ‘no te estoy diciendo que lo matamos, huevón’. Como 40 minutos después me llevaron a Collipulli porque llegaron más peñis, me llevaron a constatar lesiones y el doctor me preguntó si me dolía alguna parte y yo le dije todas las partes donde me dolía y me tocó donde le dije y me dijo ‘ahhh no tenís nada’.
Los carabineros me pegaron cuando estaba en el tractor y después cuando me bajaron de la tanqueta en Collipulli, no hubo ningún insulto, solamente en Ercilla.
Cuando carabineros le hizo reanimación en el tractor a mi compañero, él estaba con toda la ropa y cuando lo bajaron de la Dodge en el Cesfam de Ercilla él ya venía sin ropa.
Piñera asesino
por Ricardo Candia
LA HAINE - 18/11/2018
La policía militarizada transformada en una desenfrenada fuerza de ocupación que actúa peor aún que durante la dictadura
Fue presentada por Sebastián Piñera como su manera de enfrentar su propia "Pacificación de la Araucanía".
Con bombos y platillos y evidenciando su más absoluto desprecio por la vida, integridad y bienestar de las comunidades mapuche, hizo su debut como mandatario presentando una tropa entrenada para cualquier cosa menos para terminar con la violencia, la pobreza, la marginación, el racismo y la usurpación, origen de todo el conflicto.
Y ese batallón de encapuchados, ha cobrado su primera víctima. Habrán celebrado en sus cuarteles secretos su victoria.
Dista mucho la actitud cobarde de los policías cuando se enfrentan a mapuche desarmados en sus propias comunidades en las que residen sus familias, a la actitud temerosa y sencillamente inoperante cuando se trata de bandas armadas y grupos de traficantes.
Barrios completos tomados por bandas armadas que hacen lo que se les da la gana a vista y paciencia de los temerosos policías. Delincuentes que huyen de las mismas barbas de carabineros, incapaces de hacer algo más que ponerse a buen recaudo.
Pero no se trate de estudiantes, de trabajadores o mapuche indefensos.
Es entonces cuando aflora en sus pechos inflamados de patriotismo sin par, el ánima de guerreros inmortales, capaces de todas las proezas posibles para salvaguardar el orden y sobre todo la propiedad privada, ante el avance de feroces enemigos de segundo o tercero de Enseñanza Media.
Policía cobarde, criminal y corrupta
No hay semana del año en que verdaderas mafias vistiendo soberbios uniformes de apariencia honesta y honrada, charreteras y condecoraciones, se hagan conocidas por robarse a manos llenas la plata del Estado, por vender armas a los delincuentes, por asaltar a honestos comerciantes o transeúntes o por colaborar con bandas de delincuentes mediante el apoyo y la información.
Indignos, se han transformado en el brazo armado de los poderosos y enemigos brutales de todo aquel que ose levantar la voz para hacer saber su descontento o reclamar por sus derechos.
Han profundizado de una manera irreversible la enorme distancia que hay entre la seguridad pública y el miedo. Irreflexivos y brutales, sus mandantes poderosos han hecho de esos seres despreciables, autómatas a los que no les cabe pensar acerca de su ocupación indigna sino como un supuesto deber patriótico y no son más que forajidos que utilizan el terror como arma de sus poderosos patrones.
Los carabineros posdictadura jamás se sacudieron del baldón traidor de aquel sancionado para siempre como general rastrero por el presidente Allende. Los Carabineros de hoy son fieles herederos de quienes asesinaros de la manera más cobarde a Nattino, Guerrero y Parada y a miles de otros hombres, mujeres y niños
Hoy fue el turno de Camilo
Camilo Catrillanca fue víctima del odio aceitado y encubierto como parte de la buena vecindad política en la que se trocó la otrora dictadura. Pero también de la incapacidad para proponer otra cosa alejada de la indecencia que se hace llamar democracia y no es sino una dictadura encubierta.
Catrillanca fue víctima de apellidos y linajes que se trenzan en una danza de intolerancia en la que siempre ganan los mismos, asignados su rol por un dios que mira para otro lado y levita.
Catrillanca fue víctima de una religión ciega, sorda y muda pero que se alimenta de la ignorancia y el egoísmo. Y sabe contar las contribuciones de sus piadosos parroquianos en contante y sonante en sus templos bancarios.
Y casi sin darnos cuenta también tenemos responsabilidad quienes no hemos sabido combatir la suave y confortable inercia del no poder, del no saber, del dejar que otros lo hagan. De sentirnos sobrevivientes no disponibles para otra batalla.
Catrillanca fue víctima del miedo al diferente, cuna de todos los odios. Y también de quienes han apostado a ganar traicionando sus consignas, cánticos e historias.
De cierta manera, quienes nos situamos irremediable y angustiosamente en el lado opuesto de los criminales, no hemos hecho lo necesario para poner las cosas en su lugar, los traidores en el olvido y los asesinos en las cárceles.
Muchos siguen atrapados en el optimismo que repite, falso y sin destino, que las cosas van a cambiar. Y luego de un tercio de siglo las cosas siguen no igual, sino peor.
Atrapados en la angustia del no saber, se nos sigue matando por bala. Atrapados en el no poder, seguimos muriendo por vergüenza.
CALPU
París, Temucuicui.- Camilo Catrillanca, un
comunero Mapuche de 24 años fue asesinado en un incidente en que
involucra al Comando Jungla, una fuerza policial antisubversiva
instalada por el Presidente Piñera en la región de la Araucanía “para
combatir con eficacia el terrorismo”.
El día 14 de noviembre de 2018, un grupo del Comando Jungla ingresó en la Comunidad de Temucuicui en busca de supuestos autos robados y disparando contra miembros de la Comunidad incluyendo a Camilo Catrillanca que conducía un tractor recibiendo un impacto de bala en la cabeza por la espalda.
De acuerdo a la versión de un testigo presencial, un niño de 15 años, integrante de la misma comunidad quien iba con la víctima en el tractor, los policías dispararon a mansalva impactando primero en el tractor y luego en la cabeza de Camilo Catrillanca, en un episodio que fue filmado por los efectivos policiales y que, como ha reconocido Carabineros de Chile, fue borrado por los mismos efectivos, lo que constituye delito de obstrucción a la justicia. Luego del episodio el niño fue detenido y torturado por los efectivos policiales, lo que determinó que el Instituto Nacional de Derechos Humanos presentara una querella por estos hechos.
En junio de 2018 el Presidente Piñera procedió a una militarización de facto de la región de Araucanía al instalar un “Comando Jungla” de carabineros formados en Colombia, con un equipamiento bélico (tanques, drones, uniformes especiales para moverse en los bosques, entre otros equipamientos) para combatir las protestas sociales del pueblo Mapuche que el gobierno ha calificado de terrorismo.
En paralelo el gobierno anunció en septiembre pasado un “Acuerdo Nacional por el Desarrollo y la Paz en la Araucanía” a través del cual se promovería el reconocimiento de derechos, el desarrollo económico de esta región de alta demografía Mapuche, y la generación de procesos de diálogo.
La FIDH y el Observatorio Ciudadano, organización afiliada a FIDH en Chile, condenan enérgicamente la actuación policial que, de acuerdo a toda la evidencia, resultó en el homicidio de Camilo Catrillanca, y pide el desmantelamiento inmediato del Comando Jungla. La FIDH y el Observatorio Ciudadano consideran que los hechos del día 14 de noviembre son una demostración más del trato discriminatorio por parte del Estado chileno hacia los Mapuche. Los carabineros justifican los hechos por el supuesto robo de vehículos por miembros de la comunidad, pero el operativo militar que se ha desarrollado fue una medida absolutamente desproporcionada para tal delito de derecho común, pues se habla de decenas de uniformados ingresando en la Comunidad, el uso de varios helicópteros y ráfagas de disparos. Cabe destacar, además, que el año 2018 estuvo marcado por una serie de montajes hechos por la policía para inculpar a dirigentes mapuche, como es el caso de la Operación Huracán. La FIDH y el Observatorio Ciudadano recuerdan también que el Estado chileno fue condenado en 2014 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por discriminación racial en su trato hacia líderes mapuche procesados y condenados bajo la ley antiterrorista.
Camilo Catrillanca, de 24 años de edad, era nieto del lonko Juan Catrillanca e hijo del presidente de la comunidad mapuche “Ignacio Queipul Millanao”, Marcelo Catrillanca. Era también un activista estudiantil que había dirigido varias movilizaciones por los derechos del pueblo Mapuche en su zona. La FIDH y el Observatorio Ciudadano instan las autoridades a asegurar una investigación imparcial que permita individualizar a los responsables, imponiendo penas que se condigan con la gravedad de estos hechos. Instan además a las autoridades a impulsar una política coherente en relación al pueblo Mapuche, que genere las condiciones de confianza necesarias para el diálogo y la paz que dicen promover, y que avance en el reconocimiento y protección efectiva de los derechos de este y otros pueblos indígenas en Chile conforme a los estándares internacionales aplicable en la materia.
Con bombos y platillos y evidenciando su más absoluto desprecio por la vida, integridad y bienestar de las comunidades mapuche, hizo su debut como mandatario presentando una tropa entrenada para cualquier cosa menos para terminar con la violencia, la pobreza, la marginación, el racismo y la usurpación, origen de todo el conflicto.
Y ese batallón de encapuchados, ha cobrado su primera víctima. Habrán celebrado en sus cuarteles secretos su victoria.
Dista mucho la actitud cobarde de los policías cuando se enfrentan a mapuche desarmados en sus propias comunidades en las que residen sus familias, a la actitud temerosa y sencillamente inoperante cuando se trata de bandas armadas y grupos de traficantes.
Barrios completos tomados por bandas armadas que hacen lo que se les da la gana a vista y paciencia de los temerosos policías. Delincuentes que huyen de las mismas barbas de carabineros, incapaces de hacer algo más que ponerse a buen recaudo.
Pero no se trate de estudiantes, de trabajadores o mapuche indefensos.
Es entonces cuando aflora en sus pechos inflamados de patriotismo sin par, el ánima de guerreros inmortales, capaces de todas las proezas posibles para salvaguardar el orden y sobre todo la propiedad privada, ante el avance de feroces enemigos de segundo o tercero de Enseñanza Media.
Policía cobarde, criminal y corrupta
No hay semana del año en que verdaderas mafias vistiendo soberbios uniformes de apariencia honesta y honrada, charreteras y condecoraciones, se hagan conocidas por robarse a manos llenas la plata del Estado, por vender armas a los delincuentes, por asaltar a honestos comerciantes o transeúntes o por colaborar con bandas de delincuentes mediante el apoyo y la información.
Indignos, se han transformado en el brazo armado de los poderosos y enemigos brutales de todo aquel que ose levantar la voz para hacer saber su descontento o reclamar por sus derechos.
Han profundizado de una manera irreversible la enorme distancia que hay entre la seguridad pública y el miedo. Irreflexivos y brutales, sus mandantes poderosos han hecho de esos seres despreciables, autómatas a los que no les cabe pensar acerca de su ocupación indigna sino como un supuesto deber patriótico y no son más que forajidos que utilizan el terror como arma de sus poderosos patrones.
Los carabineros posdictadura jamás se sacudieron del baldón traidor de aquel sancionado para siempre como general rastrero por el presidente Allende. Los Carabineros de hoy son fieles herederos de quienes asesinaros de la manera más cobarde a Nattino, Guerrero y Parada y a miles de otros hombres, mujeres y niños
Hoy fue el turno de Camilo
Camilo Catrillanca fue víctima del odio aceitado y encubierto como parte de la buena vecindad política en la que se trocó la otrora dictadura. Pero también de la incapacidad para proponer otra cosa alejada de la indecencia que se hace llamar democracia y no es sino una dictadura encubierta.
Catrillanca fue víctima de apellidos y linajes que se trenzan en una danza de intolerancia en la que siempre ganan los mismos, asignados su rol por un dios que mira para otro lado y levita.
Catrillanca fue víctima de una religión ciega, sorda y muda pero que se alimenta de la ignorancia y el egoísmo. Y sabe contar las contribuciones de sus piadosos parroquianos en contante y sonante en sus templos bancarios.
Y casi sin darnos cuenta también tenemos responsabilidad quienes no hemos sabido combatir la suave y confortable inercia del no poder, del no saber, del dejar que otros lo hagan. De sentirnos sobrevivientes no disponibles para otra batalla.
Catrillanca fue víctima del miedo al diferente, cuna de todos los odios. Y también de quienes han apostado a ganar traicionando sus consignas, cánticos e historias.
De cierta manera, quienes nos situamos irremediable y angustiosamente en el lado opuesto de los criminales, no hemos hecho lo necesario para poner las cosas en su lugar, los traidores en el olvido y los asesinos en las cárceles.
Muchos siguen atrapados en el optimismo que repite, falso y sin destino, que las cosas van a cambiar. Y luego de un tercio de siglo las cosas siguen no igual, sino peor.
Atrapados en la angustia del no saber, se nos sigue matando por bala. Atrapados en el no poder, seguimos muriendo por vergüenza.
CALPU
La FIDH y el Observatorio Ciudadano denuncian el asesinato de Camilo Catrillanca y piden el desmantelamiento inmediato del Comando Jungla
El día 14 de noviembre de 2018, un grupo del Comando Jungla ingresó en la Comunidad de Temucuicui en busca de supuestos autos robados y disparando contra miembros de la Comunidad incluyendo a Camilo Catrillanca que conducía un tractor recibiendo un impacto de bala en la cabeza por la espalda.
De acuerdo a la versión de un testigo presencial, un niño de 15 años, integrante de la misma comunidad quien iba con la víctima en el tractor, los policías dispararon a mansalva impactando primero en el tractor y luego en la cabeza de Camilo Catrillanca, en un episodio que fue filmado por los efectivos policiales y que, como ha reconocido Carabineros de Chile, fue borrado por los mismos efectivos, lo que constituye delito de obstrucción a la justicia. Luego del episodio el niño fue detenido y torturado por los efectivos policiales, lo que determinó que el Instituto Nacional de Derechos Humanos presentara una querella por estos hechos.
En junio de 2018 el Presidente Piñera procedió a una militarización de facto de la región de Araucanía al instalar un “Comando Jungla” de carabineros formados en Colombia, con un equipamiento bélico (tanques, drones, uniformes especiales para moverse en los bosques, entre otros equipamientos) para combatir las protestas sociales del pueblo Mapuche que el gobierno ha calificado de terrorismo.
En paralelo el gobierno anunció en septiembre pasado un “Acuerdo Nacional por el Desarrollo y la Paz en la Araucanía” a través del cual se promovería el reconocimiento de derechos, el desarrollo económico de esta región de alta demografía Mapuche, y la generación de procesos de diálogo.
La FIDH y el Observatorio Ciudadano, organización afiliada a FIDH en Chile, condenan enérgicamente la actuación policial que, de acuerdo a toda la evidencia, resultó en el homicidio de Camilo Catrillanca, y pide el desmantelamiento inmediato del Comando Jungla. La FIDH y el Observatorio Ciudadano consideran que los hechos del día 14 de noviembre son una demostración más del trato discriminatorio por parte del Estado chileno hacia los Mapuche. Los carabineros justifican los hechos por el supuesto robo de vehículos por miembros de la comunidad, pero el operativo militar que se ha desarrollado fue una medida absolutamente desproporcionada para tal delito de derecho común, pues se habla de decenas de uniformados ingresando en la Comunidad, el uso de varios helicópteros y ráfagas de disparos. Cabe destacar, además, que el año 2018 estuvo marcado por una serie de montajes hechos por la policía para inculpar a dirigentes mapuche, como es el caso de la Operación Huracán. La FIDH y el Observatorio Ciudadano recuerdan también que el Estado chileno fue condenado en 2014 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por discriminación racial en su trato hacia líderes mapuche procesados y condenados bajo la ley antiterrorista.
Camilo Catrillanca, de 24 años de edad, era nieto del lonko Juan Catrillanca e hijo del presidente de la comunidad mapuche “Ignacio Queipul Millanao”, Marcelo Catrillanca. Era también un activista estudiantil que había dirigido varias movilizaciones por los derechos del pueblo Mapuche en su zona. La FIDH y el Observatorio Ciudadano instan las autoridades a asegurar una investigación imparcial que permita individualizar a los responsables, imponiendo penas que se condigan con la gravedad de estos hechos. Instan además a las autoridades a impulsar una política coherente en relación al pueblo Mapuche, que genere las condiciones de confianza necesarias para el diálogo y la paz que dicen promover, y que avance en el reconocimiento y protección efectiva de los derechos de este y otros pueblos indígenas en Chile conforme a los estándares internacionales aplicable en la materia.
Agrupaciones de derechos humanos exigen a Piñera condenar crimen de Catrillanca
En la misiva, la
Comisión Chilena de Derechos Humanos y la Agrupación de Familiares de
Detenidos Desaparecidos piden, además, poner fin al Comando Jungla,
unidad responsable de la muerte del comunero mapuche.
Sábado 17 de noviembre 2018 11:55 hrs.
La Comisión Chilena de Derechos Humanos y la Agrupación de
Familiares de Detenidos Desaparecidos enviaron, este viernes, una carta
al presidente Sebastián Piñera por el crimen contra Camilo Catrillanca,
comunero mapuche quien falleció producto de un balazo en la cabeza
proveniente de Carabineros.
La misiva, firmada por Carlos Margotta y Lorena Pizarro, exige cinco puntos al mandatario.
En primer lugar, se pide una condena explícita del jefe de Estado ante lo ocurrido, pues, para los firmantes, ello no ha ocurrido, por el contrario, “sólo hemos escuchado de su parte, declaraciones confusas y contradictorias, pero con un elemento común: avalar la versión de Carabineros, la que nos recuerda dolorosamente a los “falsos enfrentamientos” ocurridos en Dictadura”.
Otro punto que ambas organizaciones exigen, es que, ante la actuación del Comando Jungla en la zona mapuche, este comando “debe ser inmediatamente desarticulado y trasladado a Santiago. Tal como lo ha señalado la comunidad internacional, es condenable el uso de la fuerza para apagar justas demandas políticas y territoriales del pueblo mapuche”.
En tercer lugar, tanto el Ministro del Interior, Andrés Chadwick, como el Ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno, “deben responder políticamente ante la opinión pública nacional e internacional, en su calidad de encargados de enfrentar el “conflicto mapuche”. Ellos representan las dos caras de la misma moneda, que nos recuerda también el juego de roles que se hacía en las sesiones de tortura a las que fueron sometidos miles de chilenos y chilenas”.
Como cuarto término, los firmantes exigen la renuncia del Intendente de la Araucanía, Luis Mayol, “después de sus impresentables declaraciones avalando la versión de Carabineros y sindicando a la víctima como un delincuente”.
Por último, expresaron que “la sociedad chilena y la comunidad internacional esperan, que el Fiscal haga una investigación acuciosa que permita esclarecer los hechos y sancionar a los responsables, labor que debe cumplir sin presiones de funcionarios de Gobierno y con la plena colaboración de los organismos requeridos”.
Además, la Comisión Chilena de Derechos Humanos y la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos reiteraron que las demandas del pueblo mapuche deben ser escuchadas y no ignoradas como hasta el día de hoy sucede, con las lamentables consecuencias que llegan, incluso, al asesinato de comuneros como Camilo Catrillanca.
La misiva, firmada por Carlos Margotta y Lorena Pizarro, exige cinco puntos al mandatario.
En primer lugar, se pide una condena explícita del jefe de Estado ante lo ocurrido, pues, para los firmantes, ello no ha ocurrido, por el contrario, “sólo hemos escuchado de su parte, declaraciones confusas y contradictorias, pero con un elemento común: avalar la versión de Carabineros, la que nos recuerda dolorosamente a los “falsos enfrentamientos” ocurridos en Dictadura”.
Otro punto que ambas organizaciones exigen, es que, ante la actuación del Comando Jungla en la zona mapuche, este comando “debe ser inmediatamente desarticulado y trasladado a Santiago. Tal como lo ha señalado la comunidad internacional, es condenable el uso de la fuerza para apagar justas demandas políticas y territoriales del pueblo mapuche”.
En tercer lugar, tanto el Ministro del Interior, Andrés Chadwick, como el Ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno, “deben responder políticamente ante la opinión pública nacional e internacional, en su calidad de encargados de enfrentar el “conflicto mapuche”. Ellos representan las dos caras de la misma moneda, que nos recuerda también el juego de roles que se hacía en las sesiones de tortura a las que fueron sometidos miles de chilenos y chilenas”.
Como cuarto término, los firmantes exigen la renuncia del Intendente de la Araucanía, Luis Mayol, “después de sus impresentables declaraciones avalando la versión de Carabineros y sindicando a la víctima como un delincuente”.
Por último, expresaron que “la sociedad chilena y la comunidad internacional esperan, que el Fiscal haga una investigación acuciosa que permita esclarecer los hechos y sancionar a los responsables, labor que debe cumplir sin presiones de funcionarios de Gobierno y con la plena colaboración de los organismos requeridos”.
Además, la Comisión Chilena de Derechos Humanos y la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos reiteraron que las demandas del pueblo mapuche deben ser escuchadas y no ignoradas como hasta el día de hoy sucede, con las lamentables consecuencias que llegan, incluso, al asesinato de comuneros como Camilo Catrillanca.
Organizaciones de la Araucanía repudian asesinato de Camilo Catrillanca por carabineros de Chile
Publicado el 15 Noviembre 2018
Escrito por El Clarín de Chile
La
Coordinación de organizaciones de Derechos Humanos de La Araucanía,
desea expresar a la opinión pública su más tajante condena por la muerte
del joven mapuche Camilo Catrillanca Marín, asesinado por un disparo en
la cabeza, que de acuerdo a lo informado por la comunidad, habría sido
disparado por un funcionario de Carabineros perteneciente al “Comando
Jungla”.
Hacemos
presente que de acuerdo al testimonio entregado por la familia y la
comunidad de Camilo Catrillanca, éste no estaba vinculado con los
hechos delictuales que perseguía el “Comando Jungla” tal como lo ha
informado el Gobierno, si no, que él se encontraba regresando a su hogar
luego de realizar trabajos comunitarios con el tractor de la comunidad
adquirido con fondos de CONADI cuando se encontró con los funcionarios
policiales en un camino vecinal, tras lo cual los efectivos de
Carabineros le dispararon a mansalva por la espalda, hiriéndolo de
muerte.
Nos
parece inaceptable que la autoridad política de la Región, el
Intendente Luis Mayol, haga declaraciones públicas estableciendo
responsabilidades de manera apresurada catalogándolos como simples
hechos delictuales, sin que aún se hayan realizado investigaciones
pertinentes que permitan esclarecer los hechos, siendo dichas versiones
incluso contrarias a las entregadas por Carabineros. Exigimos que se
haga efectiva la responsabilidad política del Intendente, ya que sus
declaraciones resultan odiosas y de carácter racista, y restan
importancia a la pérdida de una vida humana, dando evidencia de una
falta de garantías que aseguren la imparcialidad en los procedimientos
que busquen aclarar los hechos. Es por eso que creemos que lo más idóneo
sería su renuncia al cargo de Intendente.
Como
Organizaciones de Derechos Humanos, repudiamos y condenamos el actuar
de Carabineros que nuevamente cobra una víctima mapuche. Creemos que la
utilización de fuerzas policiales altamente entrenadas y robustamente
equipadas y armadas con la finalidad de “combatir el terrorismo”, tal
como lo ha señalado el Gobierno, es absolutamente desproporcional para
la persecución de delitos comunes. La muerte del joven Camilo
Catrillanca, es una lamentable evidencia de dicha desproporcionalidad.
Consideramos que la decisión del Gobierno, al igual que sus
predecesores, de hacer frente a la protesta social del pueblo mapuche
para la reivindicación de sus derechos mediante la utilización de la
fuerza represiva y la criminalización , son políticas erróneas que en
nada aportan a construir la tan ansiada paz y justicia en el Wallmapu,
si no, muy por el contrario sólo ahondan el clima de violencia. Desde
esa perspectiva creemos imprescindible también, que se hagan efectivas
las responsabilidades políticas y administrativas tanto del Ministro del
Interior, Andrés Chadwick, como del Presidente de la República, ya que
producto de las políticas públicas fundadas en la represión del pueblo
mapuche, se ha terminado con la vida de un joven mapuche más,
circunstancia que es inaceptable.
Camilo
Catrillanca de 24 años, deja una hija de 6 y una compañera embarazada.
Nuestras más sentidas condolencias vayan con su familia que jamás
obtendrá consuelo, y esperamos que por lo menos pueda obtener Justicia
respecto al terrible crimen que término con su vida. Para ello exigimos
que se realice una investigación que entregue todas las garantías de
imparcialidad y mediante la cual tras esclarecer los hechos se haga
efectiva la responsabilidad penal de los responsables, tras la
realización de un Juicio Justo seguido ante los Tribunales Penales
ordinarios.
Instamos
a las autoridades regionales y de nivel central, a reflexionar sobre el
origen de esta situación, cómo sus políticas públicas contribuyen a que
ocurran estos hechos tan lamentables, que sólo aumentan el sentimiento
de desamparo del derecho en la región de La Araucanía cuando se es
mapuche y se lucha por justicia. No más militarización de la región de
La Araucanía, no más militarización de las comunidades mapuche, no más
uso de la violencia para acallar un conflicto que es histórico y
político.
Agrupación de familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos - Agrupación de expresos
políticos Enrique Perez - Asamblea de mujeres del Ngulumapu - Casa
Autogestionada de Mujeres del Ngulumapu - Centro de Investigación y
Defensa del Sur - Centro de Investigación y Promoción de los Derechos
Humanos - Comisión Ética Contra la Tortura - Observatorio Ciudadano -
Red de Acción por los Derechos Ambientales - Red de Defensa de los
Territorios Red de Peritos - Salud para todas y todos
"Debemos
expropiar lo que haya que expropiar e indemnizar a quién haya que
indemnizar. No queda espacio para salidas intermedias, no hay moral para
pedir al pueblo mapuche su rendición en un conflicto que ellos no
comenzaron. Si Chile quiere paz, debe dejar de hacer la guerra". Senador Alejandro Navarro
Opinión
Wallmapu: el Estado debe expropiar
por Alejandro Navarro Brain 22 noviembre, 2018 - El Mostrador
El asesinato del
joven comunero Camilo Catrillanca (24 años) en manos de un comando de la
policía militarizada del Estado de Chile, se suma a la triste lista de
muertos que pesa sobre los gobiernos de la post dictadura, como Alex
Lemun (17 años), Matías Catrilleo (23 años) y José Mendoza Collío (24
años) asesinados en los mandatos de Lagos y Bachelet. Hoy es preciso
buscar soluciones de fondo.
De manera urgente, se requiere que Chile respete su propia institucionalidad y los tratados internacionales suscritos. Debe dejar de matar jóvenes a balazos por la espalda, de torturar niños y niñas, de golpear mujeres embarazadas.
Pero el problema no termina allí. La cuestión de fondo no son las prácticas ilegales del Estado de Chile, sino la ley misma, sobre todo en relación a la propiedad de la tierra.
El pueblo mapuche, su cosmovisión y
su cultura, están profundamente vinculados al territorio, no como
espacio a explotar, sino lugar de desarrollo pleno y equilibrado entre
las gentes y las demás formas de la naturaleza. Es una lógica jurídica
diferente, sustentada en la propiedad común y el respeto a la Ñuke Mapu,
cuestión que trasciende la racionalidad moderno/capitalista sobre la
que se basa nuestra legislación.
Habrá que recordar, que el pueblo Mapuche resistió el embate de dos imperios, el inca y el español. Durante la primera etapa de la República el Wallmapu en Chile se extendía entre los ríos Biobío y Toltén, cuyas tierras y autonomía quedaron ratificadas en el Tratado de Tapihue del 7 de enero de 1825, bajo el gobierno de Freire.
No fue sino hasta 1862, de la mano del militar sanguinario Cornelio Saavedra y bajo el gobierno de José Joaquín Pérez, que Chile comenzó la invasión militar de las tierras mapuche, desatando una guerra de treinta años, que culminó en 1883 con la reclamación fiscal del territorio y el confinamiento de las comunidades indígenas a reducciones territoriales, mediante títulos de merced, que otorgaban predios determinados a las comunidades, cuyos deslindes tampoco fueron respetados ni por el Estado, ni por los colonos.
De ahí en más, se procedió al desarme de las comunidades mediante leyes como la 4.169 de 1927, que permitía la partición de los predios en parcelas individuales, cuestión que afectó aún más sus formas organizativas. Un punto de quiebre en la lógica colonial del Estado de Chile sobre el Wallmapu, fue la reforma agraria comenzada en 1962 y que tuvo su punto más alto con el Presidente Allende, quien durante su mandato restituyó más de 1.300 hectáreas, pero que fue truncado por la dictadura cívico militar de Pinochet, quien arrebató a los mapuche el 84% de las tierras que habían sido restituidas.
En 1974, Pinochet dicta el DL 701, que potenció fuertemente la explotación forestal en las tierras usurpadas, que subsidió el 75% de los costos de forestación y concentró el 78% de la industria en tres grupos económicos, afectando además la biodiversidad y la disponibilidad de recursos hídricos para la agricultura mapuche. La historia del Estado de Chile en relación al Wallmapu, es la historia de la invasión, la colonización y el genocidio; cuestión que no ha cambiado en los últimos 28 años de democracia.
En 1993, bajo el gobierno Patricio Aylwin, se dictó la ley 19.253 de Desarrollo Indígena, que incluyó un Fondo de Tierras y Aguas para restituir parte del territorio invadido. Un saludo a la bandera, un naufragio más de nuestra curiosa democracia. A la vista está su fracaso.
La pregunta es ¿cuántos muertos más necesita Chile para entender que su estrategia fracasó? No pudo el ejército realista, no pudo el ejército chileno, no podrá el comando jungla. Al pueblo Mapuche no lo derrotará, ni lo integrará el Estado.
Países como Canadá y Nueva Zelandia lo entendieron. El único camino para la paz es la justicia, que en este caso implica restituir las tierras usurpadas y devolver la autonomía política a los pueblos indígenas, bajo los mecanismos que sean necesarios. Chile debe sentarse a negociar con las autoridades tradicionales, dejar de inventar orgánicas fraudulentas como las que contempla en el PL del Consejo de Pueblos y reconocer los cacicados que son más antiguos que la misma república.
La Constitución, la misma que redactó Pinochet y Jaime Guzmán, lo permite. El artículo 19 contempla la expropiación por el bien superior del país, y no puede haber un bien más alto que la paz.
Debemos expropiar lo que haya que expropiar e indemnizar a quién haya que indemnizar. No queda espacio para salidas intermedias, no hay moral para pedir al pueblo mapuche su rendición en un conflicto que ellos no comenzaron. Si Chile quiere paz, debe dejar de hacer la guerra.
De manera urgente, se requiere que Chile respete su propia institucionalidad y los tratados internacionales suscritos. Debe dejar de matar jóvenes a balazos por la espalda, de torturar niños y niñas, de golpear mujeres embarazadas.
Pero el problema no termina allí. La cuestión de fondo no son las prácticas ilegales del Estado de Chile, sino la ley misma, sobre todo en relación a la propiedad de la tierra.
Debemos expropiar lo que haya que expropiar e indemnizar a quién haya que indemnizar. No queda espacio para salidas intermedias, no hay moral para pedir al pueblo mapuche su rendición en un conflicto que ellos no comenzaron. Si Chile quiere paz, debe dejar de hacer la guerra.
Habrá que recordar, que el pueblo Mapuche resistió el embate de dos imperios, el inca y el español. Durante la primera etapa de la República el Wallmapu en Chile se extendía entre los ríos Biobío y Toltén, cuyas tierras y autonomía quedaron ratificadas en el Tratado de Tapihue del 7 de enero de 1825, bajo el gobierno de Freire.
No fue sino hasta 1862, de la mano del militar sanguinario Cornelio Saavedra y bajo el gobierno de José Joaquín Pérez, que Chile comenzó la invasión militar de las tierras mapuche, desatando una guerra de treinta años, que culminó en 1883 con la reclamación fiscal del territorio y el confinamiento de las comunidades indígenas a reducciones territoriales, mediante títulos de merced, que otorgaban predios determinados a las comunidades, cuyos deslindes tampoco fueron respetados ni por el Estado, ni por los colonos.
De ahí en más, se procedió al desarme de las comunidades mediante leyes como la 4.169 de 1927, que permitía la partición de los predios en parcelas individuales, cuestión que afectó aún más sus formas organizativas. Un punto de quiebre en la lógica colonial del Estado de Chile sobre el Wallmapu, fue la reforma agraria comenzada en 1962 y que tuvo su punto más alto con el Presidente Allende, quien durante su mandato restituyó más de 1.300 hectáreas, pero que fue truncado por la dictadura cívico militar de Pinochet, quien arrebató a los mapuche el 84% de las tierras que habían sido restituidas.
En 1974, Pinochet dicta el DL 701, que potenció fuertemente la explotación forestal en las tierras usurpadas, que subsidió el 75% de los costos de forestación y concentró el 78% de la industria en tres grupos económicos, afectando además la biodiversidad y la disponibilidad de recursos hídricos para la agricultura mapuche. La historia del Estado de Chile en relación al Wallmapu, es la historia de la invasión, la colonización y el genocidio; cuestión que no ha cambiado en los últimos 28 años de democracia.
En 1993, bajo el gobierno Patricio Aylwin, se dictó la ley 19.253 de Desarrollo Indígena, que incluyó un Fondo de Tierras y Aguas para restituir parte del territorio invadido. Un saludo a la bandera, un naufragio más de nuestra curiosa democracia. A la vista está su fracaso.
La pregunta es ¿cuántos muertos más necesita Chile para entender que su estrategia fracasó? No pudo el ejército realista, no pudo el ejército chileno, no podrá el comando jungla. Al pueblo Mapuche no lo derrotará, ni lo integrará el Estado.
Países como Canadá y Nueva Zelandia lo entendieron. El único camino para la paz es la justicia, que en este caso implica restituir las tierras usurpadas y devolver la autonomía política a los pueblos indígenas, bajo los mecanismos que sean necesarios. Chile debe sentarse a negociar con las autoridades tradicionales, dejar de inventar orgánicas fraudulentas como las que contempla en el PL del Consejo de Pueblos y reconocer los cacicados que son más antiguos que la misma república.
La Constitución, la misma que redactó Pinochet y Jaime Guzmán, lo permite. El artículo 19 contempla la expropiación por el bien superior del país, y no puede haber un bien más alto que la paz.
Debemos expropiar lo que haya que expropiar e indemnizar a quién haya que indemnizar. No queda espacio para salidas intermedias, no hay moral para pedir al pueblo mapuche su rendición en un conflicto que ellos no comenzaron. Si Chile quiere paz, debe dejar de hacer la guerra.
- El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.
Senadores universitarios de la U. de Chile condenan ingreso de carabineros a dependencias de la institución
El jueves 15,
uniformados ingresaron a la Facultad de Economía y Negocios de nuestra
casa de estudios para detener a quienes se encontraban manifestándose
por el crimen del joven mapuche Camilo Catrillanca. Las autoridades
universitarias propusieron solicitar ayuda internacional para mediar en
el conflicto mapuche.
Sábado 17 de noviembre 2018 13:42 hrs.
A la comunidad Universitaria y a nuestro país:
El día jueves 16 de noviembre, Carabineros ingresó de manera violenta a la Facultad de Economía y Negocios de nuestra Universidad, supuestamente persiguiendo a manifestantes que marchaban en protesta por el asesinato de Camilo Catrillanca.
Resulta un ultraje para la autonomía de nuestra Universidad que Carabineros ingrese sin permiso o cerque, cual estado de sitio, nuestras dependencias, como hicieran el día de ayer con la Facultad de Derecho. RECHAZAMOS CATEGÓRICAMENTE EL ACTUAR DE CARABINEROS –e indirectamente también el Ministerio del Interior- ya que ATENTA CONTRA LA DIGNIDAD DE NUESTRA INSTITUCIÓN Y SU COMUNIDAD.
Exigimos a las autoridades una explicación a la brevedad y una disculpa pública con garantía de que esto NO vuelva a repetirse.
Nos parece que los hechos acaecidos el último tiempo, y en particular el crimen de Camilo Catrillanca, no resiste análisis y es inaceptable. Un joven desarmado, que viajaba en su tractor acompañado de un menor de edad. No hay ninguna justificación que exima de culpa al Gobierno, particularmente al Ministro del Interior por sitiar y disponer más de 400 efectivos en una zona donde hay niñas y niños, ancianos y personas que han visto irrumpida su vida, sometidos a punta de disparos, allanamientos y maltrato estatal.
Quienes suscriben vienen a levantar la voz y hacer un llamado a la ciudadanía para que nos manifestemos pacíficamente hasta que retiren el Comando Jungla de la Región de La Araucanía y dispongan medidas adecuadas para tratar el conflicto que hoy sigue vigente con el pueblo mapuche. PROPONEMOS SOLICITAR AYUDA INTERNACIONAL para mediar y avanzar en propuestas que permitan a nuestras hermanas y hermanos recuperar su dignidad. NO QUEREMOS MÁS VIOLENCIA. NO QUEREMOS MÁS MUERTES. NO QUEREMOS MÁS ABUSOS. QUEREMOS RESPETO POR LOS DERECHOS HUMANOS DE TODAS LAS PERSONAS. Estamos atentos a indagar sobre las acciones necesarias para apoyar a quienes están siendo víctimas de abuso en nuestro país.
Carabineros de Chile es una institución que debe velar por PROTEGER a la ciudadanía, pero en este momento es mayor la impotencia, la desconfianza y el miedo lo que surge de cara a su rol.
HACEMOS UN LLAMADO AL GOBIERNO A PREOCUPARSE DE LA CIUDADANÍA Y CUIDARNOS, RESPETAR NUESTROS DERECHOS Y PERMITIR LA LIBERTAD DE OPINAR, DISENTIR, MANIFESTARSE Y VIVIR EN LIBERTAD.
Queremos expresar fuertemente el respaldo a las autoridades locales de nuestras facultades afectadas. Asimismo, queremos manifestar todo nuestro apoyo a la familia de Camilo Catrillanca. Nos sentimos profundamente conmovidos e impotentes por la muerte de vuestro hijo, padre y hermano. ESPERAMOS TENGA JUSTICIA SU ASESINATO.
Hacemos un llamado a la comunidad universitaria a manifestarse de manera pacífica, relevando el valor de la democracia y los principios orientadores que guían a la Universidad en el cumplimiento de su misión: libertad de pensamiento y expresión; pluralismo; participación de sus miembros en la vida institucional y la actitud reflexiva, dialogante y crítica en el ejercicio de las tareas intelectuales; y formación de personas con sentido ético, civil y de solidaridad social, tal como lo señala el Estatuto de la Universidad de Chile.
Firman esta declaración:
El día jueves 16 de noviembre, Carabineros ingresó de manera violenta a la Facultad de Economía y Negocios de nuestra Universidad, supuestamente persiguiendo a manifestantes que marchaban en protesta por el asesinato de Camilo Catrillanca.
Resulta un ultraje para la autonomía de nuestra Universidad que Carabineros ingrese sin permiso o cerque, cual estado de sitio, nuestras dependencias, como hicieran el día de ayer con la Facultad de Derecho. RECHAZAMOS CATEGÓRICAMENTE EL ACTUAR DE CARABINEROS –e indirectamente también el Ministerio del Interior- ya que ATENTA CONTRA LA DIGNIDAD DE NUESTRA INSTITUCIÓN Y SU COMUNIDAD.
Exigimos a las autoridades una explicación a la brevedad y una disculpa pública con garantía de que esto NO vuelva a repetirse.
Nos parece que los hechos acaecidos el último tiempo, y en particular el crimen de Camilo Catrillanca, no resiste análisis y es inaceptable. Un joven desarmado, que viajaba en su tractor acompañado de un menor de edad. No hay ninguna justificación que exima de culpa al Gobierno, particularmente al Ministro del Interior por sitiar y disponer más de 400 efectivos en una zona donde hay niñas y niños, ancianos y personas que han visto irrumpida su vida, sometidos a punta de disparos, allanamientos y maltrato estatal.
Quienes suscriben vienen a levantar la voz y hacer un llamado a la ciudadanía para que nos manifestemos pacíficamente hasta que retiren el Comando Jungla de la Región de La Araucanía y dispongan medidas adecuadas para tratar el conflicto que hoy sigue vigente con el pueblo mapuche. PROPONEMOS SOLICITAR AYUDA INTERNACIONAL para mediar y avanzar en propuestas que permitan a nuestras hermanas y hermanos recuperar su dignidad. NO QUEREMOS MÁS VIOLENCIA. NO QUEREMOS MÁS MUERTES. NO QUEREMOS MÁS ABUSOS. QUEREMOS RESPETO POR LOS DERECHOS HUMANOS DE TODAS LAS PERSONAS. Estamos atentos a indagar sobre las acciones necesarias para apoyar a quienes están siendo víctimas de abuso en nuestro país.
Carabineros de Chile es una institución que debe velar por PROTEGER a la ciudadanía, pero en este momento es mayor la impotencia, la desconfianza y el miedo lo que surge de cara a su rol.
HACEMOS UN LLAMADO AL GOBIERNO A PREOCUPARSE DE LA CIUDADANÍA Y CUIDARNOS, RESPETAR NUESTROS DERECHOS Y PERMITIR LA LIBERTAD DE OPINAR, DISENTIR, MANIFESTARSE Y VIVIR EN LIBERTAD.
Queremos expresar fuertemente el respaldo a las autoridades locales de nuestras facultades afectadas. Asimismo, queremos manifestar todo nuestro apoyo a la familia de Camilo Catrillanca. Nos sentimos profundamente conmovidos e impotentes por la muerte de vuestro hijo, padre y hermano. ESPERAMOS TENGA JUSTICIA SU ASESINATO.
Hacemos un llamado a la comunidad universitaria a manifestarse de manera pacífica, relevando el valor de la democracia y los principios orientadores que guían a la Universidad en el cumplimiento de su misión: libertad de pensamiento y expresión; pluralismo; participación de sus miembros en la vida institucional y la actitud reflexiva, dialogante y crítica en el ejercicio de las tareas intelectuales; y formación de personas con sentido ético, civil y de solidaridad social, tal como lo señala el Estatuto de la Universidad de Chile.
Firman esta declaración:
- Rebeca Silva Roquefort, Senadora Universitaria de la Universidad de Chile
- Carla Peñaloza Palma, Senadora Universitaria de la Universidad de Chile
- Catalina Parra Doll, Senadora Universitaria de la Universidad de Chile
- Patricio Bustamante Veas, Senador Universitario de la Universidad de Chile
- Fernanda Alvarado Jerez ,Senadora Universitaria de la Universidad de Chile
- Alejandra Botinelli Wolleter, Senadora Universitaria de la Universidad de Chile
- Gonzalo Gutiérrez Gallardo, Senador Universitario de la Universidad de Chile
- María José Cornejo Moreno, Senadora Universitaria de la Universidad de Chile
- Gloria Tralma González, Senadora Universitaria de la Universidad de Chile
- Aranka Scherping Alarcón, Senadora Universitaria de la Universidad de Chile
- Verónica Figueroa Huencho, Senadora Universitaria de la Universidad de Chile
- Josiane Bonnefoy Muñoz, Senadora Universitaria de la Universidad de Chile
- Carolina Unda Villaroel, Senadora Universitaria de la Universidad de Chile
- Luis Alberto Raggi Saini, Senador, Universitario de la Universidad de Chile
- Silvia Lamadrid Álvarez, Senadora Universitaria de la Universidad de Chile
- Matilde López Muñoz, Senadora Universitaria de la Universidad de Chile
- Ricardo Camargo Brito, Senador Universitario de la Universidad de Chile
- Liliana Galdámez Zelada, Senadora Universitaria de la Universidad de Chile
- Luis Montes Rojas, Senador Universitario de la Universidad de Chile
- Felipe Hinojosa Opazo, Senador Universitario de la Universidad de Chile
- Jaime Campos Muñoz, Senador Universitario de la Universidad de Chile
- Millaray Huaquimilla Neyra, Senadora Universitaria de la Universidad de Chile
- Gabriel Gonzalez Castro, Senador Universitario de la Universidad de Chile
Cátedra de DD.HH. de la U. de Chile: “Muerte de Camilo Catrillanca no puede quedar impune”
A través de una
misiva pública, suscrita por también por la Cátedra de Racismos y
Migraciones Contemporáneas, la Cátedra Indígena, y la Oficina de Equidad
e Inclusión de la institución, la unidad académica llamó a una
investigación ajustada al Estado de Derecho y a los derechos humanos.
Jueves 15 de noviembre 2018 18:08 hrs.
La Cátedra de Derechos Humanos,
la Cátedra de Racismos y Migraciones Contemporáneas, la Cátedra Indígena
y la Oficina de Equidad e Inclusión de la Universidad de Chile
cuestionaron el fallecimiento del comunero mapuche Camilo Catrillanca.
“El asesinato de Camilo Catrillanca no
es un hecho aislado ni fortuito ni de connotaciones delictuales, como se
ha querido plantear, sino que es la materialización de una decisión
política tomada por la autoridad civil de militarizar la actuación
policial en territorio mapuche”, plantearon a través de un comunicado.
Según explica una declaración emitida
por los departamentos, “esta ha sido una política implementada por las
autoridades gubernamentales desde hace años y que el actual Gobierno ha
profundizado al tomar la desafortunada decisión de crear una unidad
especializada en Carabineros con entrenamiento militar en Colombia
(“Comando Jungla”)”.
La creación y actuación de este grupo
policial militarizado, entrenado “bajo parámetros de un conflicto
armado, como el colombiano, desvirtúa su actuar en un Estado de Derecho y
genera situaciones de riesgo desproporcionado para la vida e integridad
de las personas y, particularmente, para los miembros de comunidades
mapuche que han sido sistemáticamente violentadas y estigmatizadas, como
ocurre con la comunidad Temocuicui a la que pertenecía Camilo
Catrillanca”, destacaron.
Junto con hacer un llamado a hacer
una investigación ajustada al Estado de Derecho, y con perspectiva de
derechos humanos, además de exigir las sanciones pertinentes y que “el
Estado de Chile debe reparar a la familia y a la comunidad de la cual la
víctima era parte”, la Cátedra de Derechos Humanos, la Cátedra de
Racismos y Migraciones Contemporáneas, la Cátedra Indígena, y la Oficina
de Equidad e Inclusión de la U. de Chile llamaron a contemplar que
“también hay responsabilidades de tipo político que deben asumir quienes
han tomado la decisión de militarizar la respuesta policial en el marco
de las legítimas reivindicaciones del pueblo mapuche”.
“Un hecho de esta gravedad no puede
quedar impune ni quedar limitado a las responsabilidades del personal
policial que participó en los hechos que terminaron con el asesinato de
Camilo Catrillanca, sino que se deben asumir las consecuencias políticas
de la militarización del territorio mapuche”, concluyeron, dado que
esto “es un imperativo mínimo para restablecer la legitimidad de la
respuesta estatal en la zona y erradicar la violencia y discriminación
étnica de que es víctima el pueblo mapuche”, concluyeron.
Profesores de antropología de la U. de Chile rechazan asesinato de Camilo Catrillanca
A través de un comunicado, los docentes de nuestra casa de estudios expresaron su consternación y preocupación ante los hechos.
Lunes 19 de noviembre 2018 19:23 hrs.
“Como profesoras y profesores del Departamento de Antropología de la
Universidad de Chile, queremos comunicar nuestra consternación y
preocupación por el asesinato de Camilo Catrillanca, ocurrido el día 14
de noviembre, así como por las reacciones de las autoridades ante este
hecho.
La muerte de Camilo Catrillanca viene a sumarse a la triste serie de víctimas mapuche de la represión policial como Alex Lemún 2002, Matías Catrileo 2008 o Jaime Mendoza Collio 2009. En todos estos casos se demostró la falsedad de las versiones con que carabineros explicó los hechos en un principio, lo que exige de parte del gobierno y las autoridades un mínimo de precaución antes de declarar su apoyo incondicional al actuar de carabineros y prescindir para ello de las investigaciones pertinentes.
Por otra parte, estas mismas autoridades han intentado disociar la muerte de Catrillanca del problema político mayor referido a la relación del Estado con el pueblo mapuche, mediante su contextualización en el marco de un operativo policial gatillado por un delito común. Pero al mismo tiempo han reconocido que en dicho operativo participaron elementos del Comando Jungla, unidad policial militarizada especialmente preparada para realizar trabajo de represión y contrainsurgencia en territorios mapuche. De esta forma dejan en evidencia el que pese a que se lo trata como un delito común, el hecho de que se dé en territorio mapuche, lo vuelve objeto de medidas policiales y militares excepcionales. En este sentido la lamentable muerte de Camilo Catrillanca, lejos de remitir a un hecho aislado y excepcional, es la expresión más aguda de un proceso de intervención policial cotidiana de esos territorios, asociada a dosis variables de violencia contra la población, las que han dejado incluso a menores de edad heridos de gravedad, como en el caso de Brandon Hernández Huentecol.
Resulta así paradójico el que la mantención del estado de derecho, funcione como la justificación final de este ejercicio cotidiano y excesivo de violencia policial en la zona. No basta con decretar la paz, esta debe construirse mediante negociaciones y gestos políticos, que, por un lado vayan más allá de la recurrente reducción de la demanda mapuche a una cuestión de acceso a recursos económicos, y que por otro lado dejen de traducir las demandas y conflictos a los códigos policiales de la criminalización.
Por último, consideramos que la paz requiere como primera condición, que el Estado se haga cargo de los costos históricos, políticos y humanos que esta militarización policial de los territorios mapuche está implicando”.
La muerte de Camilo Catrillanca viene a sumarse a la triste serie de víctimas mapuche de la represión policial como Alex Lemún 2002, Matías Catrileo 2008 o Jaime Mendoza Collio 2009. En todos estos casos se demostró la falsedad de las versiones con que carabineros explicó los hechos en un principio, lo que exige de parte del gobierno y las autoridades un mínimo de precaución antes de declarar su apoyo incondicional al actuar de carabineros y prescindir para ello de las investigaciones pertinentes.
Por otra parte, estas mismas autoridades han intentado disociar la muerte de Catrillanca del problema político mayor referido a la relación del Estado con el pueblo mapuche, mediante su contextualización en el marco de un operativo policial gatillado por un delito común. Pero al mismo tiempo han reconocido que en dicho operativo participaron elementos del Comando Jungla, unidad policial militarizada especialmente preparada para realizar trabajo de represión y contrainsurgencia en territorios mapuche. De esta forma dejan en evidencia el que pese a que se lo trata como un delito común, el hecho de que se dé en territorio mapuche, lo vuelve objeto de medidas policiales y militares excepcionales. En este sentido la lamentable muerte de Camilo Catrillanca, lejos de remitir a un hecho aislado y excepcional, es la expresión más aguda de un proceso de intervención policial cotidiana de esos territorios, asociada a dosis variables de violencia contra la población, las que han dejado incluso a menores de edad heridos de gravedad, como en el caso de Brandon Hernández Huentecol.
Resulta así paradójico el que la mantención del estado de derecho, funcione como la justificación final de este ejercicio cotidiano y excesivo de violencia policial en la zona. No basta con decretar la paz, esta debe construirse mediante negociaciones y gestos políticos, que, por un lado vayan más allá de la recurrente reducción de la demanda mapuche a una cuestión de acceso a recursos económicos, y que por otro lado dejen de traducir las demandas y conflictos a los códigos policiales de la criminalización.
Por último, consideramos que la paz requiere como primera condición, que el Estado se haga cargo de los costos históricos, políticos y humanos que esta militarización policial de los territorios mapuche está implicando”.
Diputado Hugo Gutiérrez: “Deben renunciar Chadwick, Mayol y Hermes Soto”
El diputado del
Partido Comunista señaló que las responsabilidades políticas por el
actuar de Carabineros y la muerte de Camilo Catrillanca deben hacer
efectivas, y que eso incluye la renuncia de Andrés Chadwick, el
intendente Luis Mayol, y el General Director de Carabineros, Hermes
Soto.
Lunes 19 de noviembre 2018 11:20 hrs. - Andrea Bustos C.
En conversación con Radio Universidad de Chile, el diputado Hugo
Gutiérrez se refirió a la información dada a conocer este fin de semana
sobre la destrucción de pruebas en el caso del homicidio de Camilo
Catrillanca, y señaló que desde antes que se diera a conocer este hecho,
ya estaba bastante claro que todo era un montaje, y que, en lo
personal, siempre pensó que algo estaba mal y que el objetivo era
encubrir un asesinato.
El representante del Partido Comunista dijo que es necesario que las autoridades que están detrás del actuar de Carabineros se hagan cargo de la responsabilidad política que les cabe en este caso. “Muchos ya estamos muy cansados de que las responsabilidades penales se hagan efectivas, pero que sean insignificantes cuando parecen involucrados funcionarios de Carabineros, y la responsabilidad política no se hace efectiva en lo más mínimo, y si ya no queremos que vuelvan a ocurrir los mismos hechos que hoy lamentamos con el caso de Camilo, lo que corresponde, sin duda y de manera urgente, es que haya responsabilidades políticas”.
Además, dijo que hacerse cargo de la responsabilidad política pasa por las renuncias del ministro del Interior, Andrés Chadwick, el intendente de la Araucania, Luis Mayol, y el General Director de Carabineros, Hermes Soto.
“Lo mínimo que se requiere es que el ministro del Interior renuncie, es por el bien del país, si no renuncia, el Comando Jungla va seguir operando con total impunidad, se va condenar al sargento, al cabo correspondiente, y el Comando Jungla va seguir operando y va venir otro sargento a cometer el mismo crimen”, indicó.
En la misma línea, Gutiérrez señaló que es necesario también buscar que la norma jurídica sea más alta con quienes participan de este tipo de homicidios, pues no puede ser que por ser uniformados reciban penas remitidas o más bajas, y comentó que en la actualidad “hay un manto de protección al actuar ilegal e ilícito de Carabineros”, el que se da de parte de las autoridades judiciales en este tipo de casos
“Causa un gran dolor que el Poder Judicial y la Fiscalía no hagan sus trabajos cuando se trata de personas más vulnerables” enfrentadas al Estado, quien “a través de sus agentes descarga toda su furia”.
Respecto del actuar y continuidad del Comando Jungla, el parlamentario indicó que es necesario retirarlo de la Araucanía por el bien de toda la región, especialmente de las comunidades mapuches.
“Aquí tiene que haber una forma distinta de mirar el que hacer en la Araucanía, creo que seguir poniendo el acento en la resolución militar del conflicto mapuche va por el peor camino (…) Los problemas sociales no se acaban por alguna política de mano dura”, señaló Gutiérrez.
El representante del Partido Comunista dijo que es necesario que las autoridades que están detrás del actuar de Carabineros se hagan cargo de la responsabilidad política que les cabe en este caso. “Muchos ya estamos muy cansados de que las responsabilidades penales se hagan efectivas, pero que sean insignificantes cuando parecen involucrados funcionarios de Carabineros, y la responsabilidad política no se hace efectiva en lo más mínimo, y si ya no queremos que vuelvan a ocurrir los mismos hechos que hoy lamentamos con el caso de Camilo, lo que corresponde, sin duda y de manera urgente, es que haya responsabilidades políticas”.
Además, dijo que hacerse cargo de la responsabilidad política pasa por las renuncias del ministro del Interior, Andrés Chadwick, el intendente de la Araucania, Luis Mayol, y el General Director de Carabineros, Hermes Soto.
“Lo mínimo que se requiere es que el ministro del Interior renuncie, es por el bien del país, si no renuncia, el Comando Jungla va seguir operando con total impunidad, se va condenar al sargento, al cabo correspondiente, y el Comando Jungla va seguir operando y va venir otro sargento a cometer el mismo crimen”, indicó.
En la misma línea, Gutiérrez señaló que es necesario también buscar que la norma jurídica sea más alta con quienes participan de este tipo de homicidios, pues no puede ser que por ser uniformados reciban penas remitidas o más bajas, y comentó que en la actualidad “hay un manto de protección al actuar ilegal e ilícito de Carabineros”, el que se da de parte de las autoridades judiciales en este tipo de casos
“Causa un gran dolor que el Poder Judicial y la Fiscalía no hagan sus trabajos cuando se trata de personas más vulnerables” enfrentadas al Estado, quien “a través de sus agentes descarga toda su furia”.
Respecto del actuar y continuidad del Comando Jungla, el parlamentario indicó que es necesario retirarlo de la Araucanía por el bien de toda la región, especialmente de las comunidades mapuches.
“Aquí tiene que haber una forma distinta de mirar el que hacer en la Araucanía, creo que seguir poniendo el acento en la resolución militar del conflicto mapuche va por el peor camino (…) Los problemas sociales no se acaban por alguna política de mano dura”, señaló Gutiérrez.
Caso Catrillanca: Colegio de Periodistas denuncia manipulación y ocultamiento de información
Publicado el 19 Noviembre 2018
Escrito por El Clarín de Chile
El
Colegio de Periodistas de Chile denunció ante la opinión publica la
grave manipulación y ocultamiento de información por parte de las
autoridades de gobierno y de Carabineros, sobre la gravedad de los
hechos ocurridos en la localidad de Ercilla, Región de La Araucanía y
que costó la vida del comunero mapuche Camilo Catrillanca.
El propio Ministro del Interior, Andrés Chadwick, tuvo que reconocer este domingo que los carabineros involucrados sí portaban cámaras y que borraron las grabaciones, cuestión que se había negado sistemáticamente. Es por ello que el Colegio exige el esclarecimiento total de los hechos: “El periodismo debe entregar a la ciudadanía información veraz y oportuna sobre estos graves acontecimientos que han generado conmoción internacional”.
A través de un comunicado difundido ayer, el gremio afirma que “aquí no sólo se han vulnerado los derechos de las personas en los territorios afectados por la acción del llamado Comando Jungla, sino también el derecho a la comunicación y a la información que debiera prevalecer en una democracia. El periodismo chileno atraviesa hoy por una grave crisis, a raíz de una práctica constante por parte de organismos del Estado que impiden obtener información certera y verídica”.
Este incidente de las fuerzas policiales, que ha terminado con una vida humana, se sucede tras conocerse el montaje de la Operación Huracán, destinado a inculpar a dirigentes mapuche, entre ellos al líder Héctor Llaitul.
La asociación gremial convoca a las organizaciones sociales, a periodistas y comunicadores/as, a trabajadores y trabajadoras de los medios y a quienes se desempeñan en los diversos ámbitos de las comunicaciones, “a ponernos de pie para impedir y evitar que continúen estas prácticas de tergiversación de la información y manipulación de los acontecimientos, como lo sufrimos durante la dictadura cívico-militar. Se requiere aunar fuerzas, para generar las alertas ante la peligrosa reinstalación de prácticas de manipulación desde las salas de prensa, que parecían olvidadas, o al menos, estaban contenidas”.
CARAVANA MIGRANTE
El propio Ministro del Interior, Andrés Chadwick, tuvo que reconocer este domingo que los carabineros involucrados sí portaban cámaras y que borraron las grabaciones, cuestión que se había negado sistemáticamente. Es por ello que el Colegio exige el esclarecimiento total de los hechos: “El periodismo debe entregar a la ciudadanía información veraz y oportuna sobre estos graves acontecimientos que han generado conmoción internacional”.
A través de un comunicado difundido ayer, el gremio afirma que “aquí no sólo se han vulnerado los derechos de las personas en los territorios afectados por la acción del llamado Comando Jungla, sino también el derecho a la comunicación y a la información que debiera prevalecer en una democracia. El periodismo chileno atraviesa hoy por una grave crisis, a raíz de una práctica constante por parte de organismos del Estado que impiden obtener información certera y verídica”.
Este incidente de las fuerzas policiales, que ha terminado con una vida humana, se sucede tras conocerse el montaje de la Operación Huracán, destinado a inculpar a dirigentes mapuche, entre ellos al líder Héctor Llaitul.
La asociación gremial convoca a las organizaciones sociales, a periodistas y comunicadores/as, a trabajadores y trabajadoras de los medios y a quienes se desempeñan en los diversos ámbitos de las comunicaciones, “a ponernos de pie para impedir y evitar que continúen estas prácticas de tergiversación de la información y manipulación de los acontecimientos, como lo sufrimos durante la dictadura cívico-militar. Se requiere aunar fuerzas, para generar las alertas ante la peligrosa reinstalación de prácticas de manipulación desde las salas de prensa, que parecían olvidadas, o al menos, estaban contenidas”.
CARAVANA MIGRANTE
¿Donald Trump está perdiendo la "guerra" contra los migrantes?
Publicado: 22 nov 2018 15:45 GMT | Última actualización: 22 nov 2018 18:17 GMT - RT
La falta de recursos para el muro entre
México y EE.UU, y la mayoría demócrata en la Cámara de Representantes,
con hispanos e indígenas en puestos de elección popular, son algunas de
las 'piedras' en el camino de Trump.
El
presidente estadounidense, Donald Trump, revisa los prototipos del muro
fronterizo en San Diego, California, el 13 de marzo de 2018.
Mandel Ngan / AFP
La 'guerra' que Donald Trump ha declarado a los migrantes ha tenido más batallas perdidas que victorias estratégicas.
En primer lugar, la obtención de recursos para financiar el muro entre México y EE.UU. tiene una traba difícil de sortear, luego de que los demócratas arrebataran el control de la Cámara de Representantes a los republicanos en las recientes elecciones de medio término. En segunda instancia, porque tras esos comicios, representantes de origen hispano e indígena ocupan varias curules.
En los dos años que Trump lleva al frente de la Casa Blanca, la construcción del muro —una de sus principales promesas de campaña— no ha prosperado ni en la Cámara de Senadores ni en la de Representantes, y el 7 de diciembre próximo es decisivo, pues es la fecha límite para llegar a un acuerdo sobre el programa de financiación.
La Administración Trump mantiene su plan de solicitar 18.000 millones de dólares al Congreso para la construcción de un total de 1.155 kilómetros de barreras físicas en la frontera con México, con base en declaraciones de funcionarios del Departamento de Seguridad Interna (DHS).
La
aprobación de los recursos necesarios para construir el muro está
trabado entre demócratas y republicanos, "no porque no estén interesados
en frenar la migración, sino por la forma en que Trump ha manejado la
situación, de manera muy agresiva, que busca humillar a México", explica
Laura del Alizal Arriaga, investigadora y profesora de la Universidad
Autónoma Metropolitana (UAM).
"Y esto me parece que los demócratas no lo van a aprobar, sería además darle un golpe decisivo a una de las principales promesas de Trump en campaña", agrega la catedrática.
Ni siquiera con mayoría en las dos cámaras del Congreso Trump consiguió el monto requerido y, hasta ahora, su única salida es convencer a los que se oponen a la construcción para que liberen los recursos.
"Ahora existen menos probabilidades de éxito a causa de la mayoría demócrata en la Cámara baja", manifestó la experta en temas de política exterior.
"[Los triunfos de las minorías] son una buena noticia para
México y colocan como una pesadilla temporal la amenaza de una
contrarrevolución nacionalista, proteccionista y conservadora".
José Luis León Manríquez.
"Tienen que aprobar el
presupuesto antes del 8 de diciembre, que se vencen los últimos
recursos, para que el Gobierno siga operando con el presupuesto actual.
Están sobre la fecha límite y tendría que ser una negociación muy rápida (…)
Dada la magnitud de los recursos que (Trump) requiere, lo que podríamos
ver es que el Congreso le aprobara menos, pero que fueran destinados a
seguir protegiendo y reforzando la frontera", considera Alizal Arriaga.
En ello coincide José Luis León Manríquez, profesor de Estudios Internacionales por la UAM y doctor en Ciencia Política por la Universidad de Columbia, quien estima que ahora existen posibilidades de que se pueda frenar el muro, al menos presupuestalmente, así como evitar un agudizamiento en las medidas de contención en la franja limítrofe ordenadas por Trump, mediante una aprobación de recursos.
"[Los triunfos
de las minorías] son una buena noticia para México y colocan como una
pesadilla temporal la amenaza de una contrarrevolución nacionalista,
proteccionista y conservadora, en particular por la presencia de representantes de origen hispano e indígena, entre otros, en puestos de elección popular", señala León Manríquez.
Sin embargo, Del Alizal Arriaga advierte que la comunidad hispana no podría esperar de manera inmediata un apoyo directo a sus demandas, aunque "las minorías están adquiriendo más importancia después de ser tan denostadas y se experimentará un mayor respeto en cuanto a las posturas de esos grupos".
La caravana migrante, explica la experta, podría ser utilizada por Trump para tratar de disuadir al Congreso de que liberen los recursos y convencerlos de la necesidad de la aprobación del muro. "Podría justificar diciendo 'miren a estos señores, están ahí brincando encima de la reja por alta que esté', eso le daría argumentos para tratar de convencer a los demócratas".
"Trump es un presidente sumamente impopular, sin embargo, la
gente no está a disgusto, los resultados de las elecciones nos dejaron
ver que los demócratas no arrasaron".
Laura del Alizal Arriaga.
Y es que el presidente estadounidense ha sido claro sobre lo que piensa de la caravana: ha amenazado con dispararles si lanzaban piedras, aunque luego reculó, y ayer la secretaria de Seguridad Nacional de EE.UU., Kirstjen Nielsen, advirtió en plena frontera con México que quienes intenten ingresar ilegalmente a su país no tendrán derecho a solicitar asilo o refugio; apenas un día después de que un juez federal prohibiera a la Administración de Donald Trump denegar el asilo a los inmigrantes que cruzan ilegalmente la frontera con México.
Aunque, destaca, las propuestas que realice el presidente Trump de ahora en adelante "se encontrarán con diversas trabas
y habrá mucha mayor resistencia, aunque esto todavía no es suficiente
para modificar radicalmente la política estadounidense, ya que los
poderes políticos, a pesar de todo, continúan manteniendo un
equilibrio".
El reloj sigue corriendo para el Congreso de EE.UU, el cual además tendrá que discutir, por ejemplo, sobre los fondos de ayuda federal para la recuperación de Puerto Rico tras el paso del huracán María, poco más de un año atrás.
La aprobación del presupuesto es la forma de control que tiene el Congreso estadounidense sobre la política exterior, por lo que es posible que la construcción del muro en esta Administración no se logre, dice la especialista. Pero a pesar de su esperanza, asoma una inquietud mayúscula: "el problema es que Trump está apuntando hacia la reelección".
Paola Morales
En primer lugar, la obtención de recursos para financiar el muro entre México y EE.UU. tiene una traba difícil de sortear, luego de que los demócratas arrebataran el control de la Cámara de Representantes a los republicanos en las recientes elecciones de medio término. En segunda instancia, porque tras esos comicios, representantes de origen hispano e indígena ocupan varias curules.
En los dos años que Trump lleva al frente de la Casa Blanca, la construcción del muro —una de sus principales promesas de campaña— no ha prosperado ni en la Cámara de Senadores ni en la de Representantes, y el 7 de diciembre próximo es decisivo, pues es la fecha límite para llegar a un acuerdo sobre el programa de financiación.
La Administración Trump mantiene su plan de solicitar 18.000 millones de dólares al Congreso para la construcción de un total de 1.155 kilómetros de barreras físicas en la frontera con México, con base en declaraciones de funcionarios del Departamento de Seguridad Interna (DHS).
Integrantes
de la caravana migrante proveniente de Centroamérica, que intentan
llegar a EE.UU. se reúnen cerca de la frontera en Tijuana, México, el 15
de noviembre de 2018.
/ Adrees Latif
/ Reuters
"Y esto me parece que los demócratas no lo van a aprobar, sería además darle un golpe decisivo a una de las principales promesas de Trump en campaña", agrega la catedrática.
Ni siquiera con mayoría en las dos cámaras del Congreso Trump consiguió el monto requerido y, hasta ahora, su única salida es convencer a los que se oponen a la construcción para que liberen los recursos.
¿Cierre del Gobierno federal?
Hasta el domingo pasado, el proyecto seguía paralizado. El presidente estadounidense, incluso, amenazó con decretar el cierre del Gobierno federal si no se alcanza un acuerdo con los demócratas sobre la cuestión de la financiación de la construcción del muro en la frontera con México."Ahora existen menos probabilidades de éxito a causa de la mayoría demócrata en la Cámara baja", manifestó la experta en temas de política exterior.
"[Los triunfos de las minorías] son una buena noticia para
México y colocan como una pesadilla temporal la amenaza de una
contrarrevolución nacionalista, proteccionista y conservadora".
José Luis León Manríquez.
"Tienen que aprobar el
presupuesto antes del 8 de diciembre, que se vencen los últimos
recursos, para que el Gobierno siga operando con el presupuesto actual.
Están sobre la fecha límite y tendría que ser una negociación muy rápida (…)
Dada la magnitud de los recursos que (Trump) requiere, lo que podríamos
ver es que el Congreso le aprobara menos, pero que fueran destinados a
seguir protegiendo y reforzando la frontera", considera Alizal Arriaga.En ello coincide José Luis León Manríquez, profesor de Estudios Internacionales por la UAM y doctor en Ciencia Política por la Universidad de Columbia, quien estima que ahora existen posibilidades de que se pueda frenar el muro, al menos presupuestalmente, así como evitar un agudizamiento en las medidas de contención en la franja limítrofe ordenadas por Trump, mediante una aprobación de recursos.
"Pesadilla temporal"
Las elecciones intermedias del 6 de noviembre pasado también llevaron al poder a grupos minoritarios, como hispanos, indígenas y homosexuales, lo que también podría funcionar como barrera para la mayoría republicana en la Cámara baja de EE.UU. y, con ello, al ejercicio del poder del presidente Donald Trump.
Migrantes de la caravana en su ruta hacia EE.UU., Mexicali, México, 20 de noviembre de 2018.
/ Hannah McKay
/ Reuters
Sin embargo, Del Alizal Arriaga advierte que la comunidad hispana no podría esperar de manera inmediata un apoyo directo a sus demandas, aunque "las minorías están adquiriendo más importancia después de ser tan denostadas y se experimentará un mayor respeto en cuanto a las posturas de esos grupos".
La caravana migrante, explica la experta, podría ser utilizada por Trump para tratar de disuadir al Congreso de que liberen los recursos y convencerlos de la necesidad de la aprobación del muro. "Podría justificar diciendo 'miren a estos señores, están ahí brincando encima de la reja por alta que esté', eso le daría argumentos para tratar de convencer a los demócratas".
"Trump es un presidente sumamente impopular, sin embargo, la
gente no está a disgusto, los resultados de las elecciones nos dejaron
ver que los demócratas no arrasaron".
Laura del Alizal Arriaga.
Y es que el presidente estadounidense ha sido claro sobre lo que piensa de la caravana: ha amenazado con dispararles si lanzaban piedras, aunque luego reculó, y ayer la secretaria de Seguridad Nacional de EE.UU., Kirstjen Nielsen, advirtió en plena frontera con México que quienes intenten ingresar ilegalmente a su país no tendrán derecho a solicitar asilo o refugio; apenas un día después de que un juez federal prohibiera a la Administración de Donald Trump denegar el asilo a los inmigrantes que cruzan ilegalmente la frontera con México.Un atisbo de esperanza
"Por un lado, Trump es un presidente sumamente impopular, sin embargo, la gente no está a disgusto, los resultados de las elecciones nos dejaron ver que los demócratas no arrasaron como se preveía; el electorado está muy conservador y, además, la economía estadounidense va bien, le otorgan una cierta confianza de que no está haciendo las cosas tan mal", reflexiona Del Alizal. El reloj sigue corriendo para el Congreso de EE.UU, el cual además tendrá que discutir, por ejemplo, sobre los fondos de ayuda federal para la recuperación de Puerto Rico tras el paso del huracán María, poco más de un año atrás.
La aprobación del presupuesto es la forma de control que tiene el Congreso estadounidense sobre la política exterior, por lo que es posible que la construcción del muro en esta Administración no se logre, dice la especialista. Pero a pesar de su esperanza, asoma una inquietud mayúscula: "el problema es que Trump está apuntando hacia la reelección".
Paola Morales
Trump dice que los militares usarán "fuerza letal" en la frontera "si es necesario"
Publicado: 22 nov 2018 15:38 GMT | Última actualización: 22 nov 2018 18:59 GMT - RT
El presidente estadounidense amagó con cerrar toda la frontera con México por tiempo indefinido.
El presidente de los EE.UU., Donald Trump,
dio su permiso a las tropas del Ejército para usar "la fuerza letal" en
la frontera con México "si es necesario", con el objetivo de contener a
los migrantes centroamericanos.
También amagó con cerrar por tiempo indefinido la frontera de EE.UU. con México, lo cual afectaría el comercio entre ambos países.
Además, el mandatario estadounidense informó de que podría haber un 'cierre de gobierno' el próximo mes debido a la seguridad de la frontera. Con esto, se paralizaría buena parte de la actividad administrativa del Gobierno estadounidense, con el fin de atender lo que Trump considera una crisis de seguridad en la franja fronteriza.
Las declaraciones del presidente de EE.UU. se producen apenas un día después de que el secretario de Defensa de Estados Unidos, Jim Mattis, dijera que se le había otorgado autoridad para permitir que las tropas exhibieran mayor poder para ayudar a proteger a los funcionarios fronterizos.
Alrededor de 5.800 tropas en servicio activo han sido enviadas a la frontera de EE.UU. y México para reforzar la seguridad antes de la llegada de la caravana de migrantes, compuesta principalmente por hondureños.
Actualmente, un grupo de más de 6.000 migrantes centroamericanos se encuentra en Tijuana, México, con el objetivo de tramitar su solicitud de asilo a EE.UU.
La marcha de la caravana migrante proveniente de Centroamérica fue el motivo que utilizó el presidente Trump para ordenar al Ejército movilizarse a la frontera con México y ayudar a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza.
"Si vemos que es incontrolable cerraremos la entrada al país durante un periodo de tiempo hasta que logremos controlarla. Toda la frontera", aseguró Trump a periodistas en Palm Beach, Florida.
"Me refiero a toda la frontera. México no podrá vender sus automóviles a EE.UU.", dijo Trump.
Esto, luego de que un juez de California invalidara el mandato de Trump para que los migrantes no pudieran solicitar asilo en EE.UU.
"Los jueces no deben legislar seguridad y protección en la frontera, o en cualquier otro lugar. No saben nada al respecto y están haciendo que nuestro país sea inseguro. ¡A nuestros grandes profesionales de la aplicación de la ley se les debe permitir hacer su trabajo! Si no, solo habrá caos, caos, lesiones y muerte. ¡Queremos la Constitución como está escrita!", dijo Trump a través de su cuenta de Twitter.
La
jefa de la bancada del agronegocio en la Cámara de Diputados, Tereza
Cristina da Costa, será ministra de Agricultura de Jair Bolsonaro,
embanderado con las causas de ese sector, motor de la economía
brasileña. frente a sus tradicionales
También amagó con cerrar por tiempo indefinido la frontera de EE.UU. con México, lo cual afectaría el comercio entre ambos países.
Además, el mandatario estadounidense informó de que podría haber un 'cierre de gobierno' el próximo mes debido a la seguridad de la frontera. Con esto, se paralizaría buena parte de la actividad administrativa del Gobierno estadounidense, con el fin de atender lo que Trump considera una crisis de seguridad en la franja fronteriza.
Las declaraciones del presidente de EE.UU. se producen apenas un día después de que el secretario de Defensa de Estados Unidos, Jim Mattis, dijera que se le había otorgado autoridad para permitir que las tropas exhibieran mayor poder para ayudar a proteger a los funcionarios fronterizos.
Alrededor de 5.800 tropas en servicio activo han sido enviadas a la frontera de EE.UU. y México para reforzar la seguridad antes de la llegada de la caravana de migrantes, compuesta principalmente por hondureños.
Actualmente, un grupo de más de 6.000 migrantes centroamericanos se encuentra en Tijuana, México, con el objetivo de tramitar su solicitud de asilo a EE.UU.
La marcha de la caravana migrante proveniente de Centroamérica fue el motivo que utilizó el presidente Trump para ordenar al Ejército movilizarse a la frontera con México y ayudar a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza.
Cerrar la frontera
Trump dijo que hay "una situación muy mala" en Tijuana, donde se encuentra el mayor contingente de centroamericanos que conforman la caravana migrante."Si vemos que es incontrolable cerraremos la entrada al país durante un periodo de tiempo hasta que logremos controlarla. Toda la frontera", aseguró Trump a periodistas en Palm Beach, Florida.
"Me refiero a toda la frontera. México no podrá vender sus automóviles a EE.UU.", dijo Trump.
Revive confrontación con Poder Judicial
Horas antes, Trump también respondió al presidente del Tribunal Supremo de Estados Unidos, John Roberts, quien criticó al mandatario por atacar la independencia del Poder Judicial al bloquear algunas medidas impuestas en materia migratoria.Esto, luego de que un juez de California invalidara el mandato de Trump para que los migrantes no pudieran solicitar asilo en EE.UU.
"Los jueces no deben legislar seguridad y protección en la frontera, o en cualquier otro lugar. No saben nada al respecto y están haciendo que nuestro país sea inseguro. ¡A nuestros grandes profesionales de la aplicación de la ley se les debe permitir hacer su trabajo! Si no, solo habrá caos, caos, lesiones y muerte. ¡Queremos la Constitución como está escrita!", dijo Trump a través de su cuenta de Twitter.
Noticias Internacionales Independientes (EE:UU.)
Un juez federal frena “la prohibición de asilo” impuesta por Trump, alegando que el presidente no puede reescribir las leyes de inmigración
Breve20 de noviembre de 2018
Una
nueva medida hizo retroceder el ataque contra los derechos de los
inmigrantes impulsado por el presidente Trump. Un juez federal de
California frenó de manera temporaria la prohibición de asilo impuesta
por Trump a toda persona que ingrese a Estados Unidos por fuera de un
puerto legal de ingreso. Trump anunció la medida este mes, pero el
lunes, el juez federal de distrito Jon Tigar puso un freno temporario a
la orden. Tigar escribió: “Los solicitantes de asilo correrán mayores
riesgos de violencia y otros males en la frontera y a muchos se les
negará el derecho a hacer peticiones meritorias de asilo. El Gobierno
no da ningún fundamento que justifique la nueva norma y la necesidad de
evitar estos males”.
Para saber más de este tema, puede ver la entrevista que le hicimos (en inglés) a Baher Azmy. Azmy es el director legal del Centro para los Derechos Constitucionales y uno de los abogados que demandó al Gobierno de Trump por “la prohibición de asilo”.
Para saber más de este tema, puede ver la entrevista que le hicimos (en inglés) a Baher Azmy. Azmy es el director legal del Centro para los Derechos Constitucionales y uno de los abogados que demandó al Gobierno de Trump por “la prohibición de asilo”.
Alrededor de 100 migrantes intentan cruzar la frontera en Tijuana
Publicado: 22 nov 2018 20:59 GMT | Última actualización: 22 nov 2018 21:26 GMT - RT
La policía instaló en el lugar una valla de
seguridad y los agentes intentan disuadir a los migrantes para evitar un
enfrentamiento.
Carlos Garcia Rawlins / Reuters
La Policía Federal de México detiene el paso de unos 100 integrantes de la caravana migrante, quienes buscan a llegar al puente fronterizo con EE.UU., en la ciudad de Tijuana.
Para ello, la Policía instaló una valla de seguridad, a fin de evitar la llegada de los migrantes a la línea fronteriza, mientras agentes de aduana buscan disuadirlos para evitar algún enfrentamiento con las autoridades estadounidenses.
Hoy el presidente Donald Trump dio su permiso a las tropas del Ejército para usar, "si es necesario", "la fuerza letal" en la frontera con México con la intención de contener a los migrantes centroamericanos.
El jefe del Pentágono, James Mattis, indicó el martes pasado que los militares solo podrían detener temporalmente a los inmigrantes ilegales por posibles ataques a los guardias fronterizos para, luego, entregarlos a las autoridades civiles.
Anteriormente, en el marco de preparación ante la llegada de la caravana de migrantes de América Central, el Pentágono envió al menos a 5.800 soldados a la frontera entre México y EE.UU.
Para ello, la Policía instaló una valla de seguridad, a fin de evitar la llegada de los migrantes a la línea fronteriza, mientras agentes de aduana buscan disuadirlos para evitar algún enfrentamiento con las autoridades estadounidenses.
Hoy el presidente Donald Trump dio su permiso a las tropas del Ejército para usar, "si es necesario", "la fuerza letal" en la frontera con México con la intención de contener a los migrantes centroamericanos.
El jefe del Pentágono, James Mattis, indicó el martes pasado que los militares solo podrían detener temporalmente a los inmigrantes ilegales por posibles ataques a los guardias fronterizos para, luego, entregarlos a las autoridades civiles.
Anteriormente, en el marco de preparación ante la llegada de la caravana de migrantes de América Central, el Pentágono envió al menos a 5.800 soldados a la frontera entre México y EE.UU.
Evo Morales acusa a Trump de "doble moral" por su actitud ante la caravana de migrantes
Publicado: 23 nov 2018 08:54 GMT - RT
El mandatario boliviano ha señalado que con
sus medidas el presidente de EE.UU. "convirtió el "sueño"
estadounidense en pesadilla del mundo".
El presidente de Bolivia, Evo Morales.
David Mercado / Reuters
Las
medidas que el presidente de EE.UU., Donald Trump, pretende tomar para
evitar que los migrantes de América Central ingresen al territorio de su
país son un ejemplo de "doble moral", ha afirmado el presidente de
Bolivia, Evo Morales, este jueves en su Twitter.
"Trump, con doble moral, envía mensajes de "amor, entendimiento y dicha" a su pueblo por el Día de Acción de Gracias, mientras ordena a sus tropas usar fuerza letal contra la caravana de migrantes de Centro América", escribió el mandatario boliviano, agregando que de esta manera el líder de EE.UU. "convirtió el "sueño" estadounidense en pesadilla del mundo".
Este jueves Donald Trump dio permiso a las tropas del Ejército para usar "la fuerza letal" en la frontera con México "si es necesario", con el objetivo de contener a los migrantes centroamericanos.
También amagó con cerrar por tiempo indefinido la frontera de EE.UU. con México, lo cual afectaría el comercio entre ambos países. Además, el mandatario estadounidense informó de que podría haber un 'cierre de gobierno' el próximo mes debido a la seguridad de la frontera.
BRASIL
El expresidente brasileño Luiz Inacio Lula da Silva
afirmó que otro mundo es posible y necesario en una carta enviada a la
octava conferencia del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales
(Clacso), que hoy se desarrolla en Argentina.
Citada por el portal digital Brasil 247, en la misiva Lula reconoce que se siente feliz porque ‘en un momento donde parte de América Latina y del mundo vive el ascenso del atraso -de mentiras, ahora llamada Fake News, de la violencia política, de la persecución judicial-, surge un gran encuentro como ese para recordar nuevamente que otro mundo es posible y necesario’.
Finalmente el exmandatario, quien permanece preso desde hace siete meses por supuestos actos de corrupción, agradece la solidaridad y lamenta ‘no poder estar con ustedes físicamente. Más estamos hoy y siempre juntos’.
Medios periodísticos aseguran que unos 50 mil delegados de 50 países debaten en la cita de la Clacso en Buenos Aires, que cumple este jueves su penúltima jornada con varios temas en programa, entre ellos la nueva geopolítica mundial, la paz y los principales desafíos para los movimientos populares.
Con su eje principal en el Foro Mundial de Pensamiento Crítico, el encuentro se ha convertido en valioso momento para quienes luchan por un mundo mejor y buscan alternativas distintas al neoliberalismo y al capital.
Según la agenda de esta jornada, uno de los asuntos a abordar será el denominado Guerras jurídicas y estado de excepción en América Latina o el titulado Nueva geopolítica mundial y sus impactos en América Latina y el Caribe, con la participación de expertos de Estados Unidos, Argentina o Colombia.
Otro de los más de siete mil paneles programado para estos días será el de Cambio climático, medioambiente y sociedad.
Creada en 1967, Clacso es una institución internacional no gubernamental que agrupa a 624 centros de investigación y posgrado en el campo de las ciencias sociales y las humanidades en 47 países.
Asistieron a esta octava conferencia figuras políticas del continente como las expresidentas Cristina Fernández (Argentina); Dilma Rousseff (Brasil); el vicepresidente boliviano, Alvaro García Linera; el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel y el exmandatario colombiano Ernesto Samper, entre otros.
(Con información de Prensa Latina)
"Trump, con doble moral, envía mensajes de "amor, entendimiento y dicha" a su pueblo por el Día de Acción de Gracias, mientras ordena a sus tropas usar fuerza letal contra la caravana de migrantes de Centro América", escribió el mandatario boliviano, agregando que de esta manera el líder de EE.UU. "convirtió el "sueño" estadounidense en pesadilla del mundo".
También amagó con cerrar por tiempo indefinido la frontera de EE.UU. con México, lo cual afectaría el comercio entre ambos países. Además, el mandatario estadounidense informó de que podría haber un 'cierre de gobierno' el próximo mes debido a la seguridad de la frontera.
BRASIL
Lula en carta a Clacso: Otro mundo es posible y necesario
Luiz Inacio Lula da Silva. Foto: AP.
Citada por el portal digital Brasil 247, en la misiva Lula reconoce que se siente feliz porque ‘en un momento donde parte de América Latina y del mundo vive el ascenso del atraso -de mentiras, ahora llamada Fake News, de la violencia política, de la persecución judicial-, surge un gran encuentro como ese para recordar nuevamente que otro mundo es posible y necesario’.
Finalmente el exmandatario, quien permanece preso desde hace siete meses por supuestos actos de corrupción, agradece la solidaridad y lamenta ‘no poder estar con ustedes físicamente. Más estamos hoy y siempre juntos’.
Medios periodísticos aseguran que unos 50 mil delegados de 50 países debaten en la cita de la Clacso en Buenos Aires, que cumple este jueves su penúltima jornada con varios temas en programa, entre ellos la nueva geopolítica mundial, la paz y los principales desafíos para los movimientos populares.
Con su eje principal en el Foro Mundial de Pensamiento Crítico, el encuentro se ha convertido en valioso momento para quienes luchan por un mundo mejor y buscan alternativas distintas al neoliberalismo y al capital.
Según la agenda de esta jornada, uno de los asuntos a abordar será el denominado Guerras jurídicas y estado de excepción en América Latina o el titulado Nueva geopolítica mundial y sus impactos en América Latina y el Caribe, con la participación de expertos de Estados Unidos, Argentina o Colombia.
Otro de los más de siete mil paneles programado para estos días será el de Cambio climático, medioambiente y sociedad.
Creada en 1967, Clacso es una institución internacional no gubernamental que agrupa a 624 centros de investigación y posgrado en el campo de las ciencias sociales y las humanidades en 47 países.
Asistieron a esta octava conferencia figuras políticas del continente como las expresidentas Cristina Fernández (Argentina); Dilma Rousseff (Brasil); el vicepresidente boliviano, Alvaro García Linera; el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel y el exmandatario colombiano Ernesto Samper, entre otros.
(Con información de Prensa Latina)
El destino de Lula y el de Brasil
Nunca
el destino de una persona se ha identificado, de forma tan estrecha,
con el destino de Brasil. Ya no basta con la trayectoria de vida de
Lula, con el apellido Silva, pequeño pobre del interior del nordeste
brasileño, expulsado por la sequía hacia el sur, lustrabotas, que llega a
ser obrero. No basta con que Lula se haya vuelto el mejor presidente de
la historia del país, que dejó el gobierno con 74% de apoyo. No basta
con todo eso, ahora Lula refleja la situación misma de Brasil.
Todos sabíamos que del destino de Lula dependería el destino de Brasil. Que Lula libre significaría su candidatura a presidente, su victoria en primera vuelta y de nuevo presidente del país. La derecha también lo sabia. De ahí que inventó un proceso sin ningún fundamento, y quitó la presunción constitucional de inocencia, lo ha metido en la cárcel, le ha negado el hábeas corpus, le ha quitado el derecho a participar de las elecciones, hasta de dar entrevistas y declaraciones públicas, para que alguien de la (extrema) derecha fuera elegido en su lugar.
Lula vive una situación similar a la Brasil y del pueblo brasileño, de lo que él tiene plena conciencia y lo dice. Sin respaldo alguno del Poder Judicial, con un nuevo proceso y una nueva condena en camino, obligado a tener que sufrir que el juez que ha fabricado todo ello se vuelva ministro de justicia, Lula se siente tan desamparado como el pueblo brasileño.
Los brasileños sufren, en grado máximo, la falta de protección de sus derechos, de su empleo formal, de su salario mínimamente digno, de su escuela pública, de su servicio público de salud. Sufren tener que convivir con un gobierno que le quita el servicio de médicos cubanos, que se entrega absolutamente a las manos de Estados Unidos, que tiene ministros que dan vergüenza a los brasileños y hacen el ridículo.
El presidente electo escoge lo peor de cada sector para componer su gobierno, no le importa ni las advertencias de China o de Rusia sobre los efectos económicos adversos que las posiciones de Brasil tendrá con socios importantes, como esos países, además de todo el mundo árabe. Como ha prestado un servicio inestimable a los grandes empresarios, a los medios, de impedir la victoria electoral del PT, se siente con el derecho de decir y de hacer lo que le dé la gana, como si no dependiera de nadie. Como si administrara una hacienda, sin contrapesos. Por ello hace anuncios y después recula, lo que más ha hecho hasta ahora.
Nadie tiene idea de lo que será Brasil en manos de gente así. Como nadie tiene idea de lo que será el destino de Lula en manos de gente así. Lula fue interrogado días atrás por la jueza sustituta de Moro, nombrada por él, que ha reproducido su misma prepotencia. Gente sin ninguna calificación se siente orgullosa de practicar la arbitrariedad en contra del líder político brasileño más importante, que cuenta con el apoyo mayoritario del pueblo.
Pero, ¿qué es esto frente al poder de judicialización de la política, que se ha reivindicado sin límites el Poder Judicial brasileño, algunos activamente, otros por el silencio cobarde y miedoso? No hay limites para ello. Han cambiado la historia de Brasil, expropiando del pueblo brasileño el derecho de decidir sus destinos bajo el liderazgo de Lula.
Es una situación nueva. La izquierda tiene que enfrentar ese escollo hacia la democratización del Poder Judicial. Además de enfrentar campañas electorales fundadas en noticias falsas y en su propagación por millones de robots. Son nuevos desafíos, pero hay que enfrentarlos, porque el ensanchamiento de los espacios democráticos es la única vía de la izquierda.
De eso depende el regreso de los gobiernos progresistas en Latinoamérica, porque está claro que la situación de Lula prefigura la de Cristina, de Rafael Correa, de Petro. En Brasil, el destino de Lula está indisolublemente ligado al destino del país. Lula preso, condenado, sin ningún tipo de respaldo jurídico, vive una situación similar a la del pueblo brasileño. Su lucha de resistencia es similar a la lucha de todos los brasileños.
Todos sabíamos que del destino de Lula dependería el destino de Brasil. Que Lula libre significaría su candidatura a presidente, su victoria en primera vuelta y de nuevo presidente del país. La derecha también lo sabia. De ahí que inventó un proceso sin ningún fundamento, y quitó la presunción constitucional de inocencia, lo ha metido en la cárcel, le ha negado el hábeas corpus, le ha quitado el derecho a participar de las elecciones, hasta de dar entrevistas y declaraciones públicas, para que alguien de la (extrema) derecha fuera elegido en su lugar.
Lula vive una situación similar a la Brasil y del pueblo brasileño, de lo que él tiene plena conciencia y lo dice. Sin respaldo alguno del Poder Judicial, con un nuevo proceso y una nueva condena en camino, obligado a tener que sufrir que el juez que ha fabricado todo ello se vuelva ministro de justicia, Lula se siente tan desamparado como el pueblo brasileño.
Los brasileños sufren, en grado máximo, la falta de protección de sus derechos, de su empleo formal, de su salario mínimamente digno, de su escuela pública, de su servicio público de salud. Sufren tener que convivir con un gobierno que le quita el servicio de médicos cubanos, que se entrega absolutamente a las manos de Estados Unidos, que tiene ministros que dan vergüenza a los brasileños y hacen el ridículo.
El presidente electo escoge lo peor de cada sector para componer su gobierno, no le importa ni las advertencias de China o de Rusia sobre los efectos económicos adversos que las posiciones de Brasil tendrá con socios importantes, como esos países, además de todo el mundo árabe. Como ha prestado un servicio inestimable a los grandes empresarios, a los medios, de impedir la victoria electoral del PT, se siente con el derecho de decir y de hacer lo que le dé la gana, como si no dependiera de nadie. Como si administrara una hacienda, sin contrapesos. Por ello hace anuncios y después recula, lo que más ha hecho hasta ahora.
Nadie tiene idea de lo que será Brasil en manos de gente así. Como nadie tiene idea de lo que será el destino de Lula en manos de gente así. Lula fue interrogado días atrás por la jueza sustituta de Moro, nombrada por él, que ha reproducido su misma prepotencia. Gente sin ninguna calificación se siente orgullosa de practicar la arbitrariedad en contra del líder político brasileño más importante, que cuenta con el apoyo mayoritario del pueblo.
Pero, ¿qué es esto frente al poder de judicialización de la política, que se ha reivindicado sin límites el Poder Judicial brasileño, algunos activamente, otros por el silencio cobarde y miedoso? No hay limites para ello. Han cambiado la historia de Brasil, expropiando del pueblo brasileño el derecho de decidir sus destinos bajo el liderazgo de Lula.
Es una situación nueva. La izquierda tiene que enfrentar ese escollo hacia la democratización del Poder Judicial. Además de enfrentar campañas electorales fundadas en noticias falsas y en su propagación por millones de robots. Son nuevos desafíos, pero hay que enfrentarlos, porque el ensanchamiento de los espacios democráticos es la única vía de la izquierda.
De eso depende el regreso de los gobiernos progresistas en Latinoamérica, porque está claro que la situación de Lula prefigura la de Cristina, de Rafael Correa, de Petro. En Brasil, el destino de Lula está indisolublemente ligado al destino del país. Lula preso, condenado, sin ningún tipo de respaldo jurídico, vive una situación similar a la del pueblo brasileño. Su lucha de resistencia es similar a la lucha de todos los brasileños.
Brasil y la legitimación de la cultura de la violencia
La
campaña electoral de Jair Bolsonaro a la presidencia de la República se
caracterizó por la predica de mucho odio y la exaltación de la
violencia, hasta el punto de tener como héroe a uno de los más perversos
torturadores, Brilhante Ustra, y de admirar la figura de Hitler.
Profirió amenazas a los opositores: que no tendrían otra alternativa que
la prisión o el exilio. Predicó el odio a los homoafetivos, a los
negros y negras, y a los indígenas. El Movimiento de los Sin Tierra y de
los Sin Techo serían considerados terroristas y tratados como tales.
Los quilombolas no servirían ni para la reproducción. Fue ofensa tras
ofensa a varios grupos de personas y minorías políticas. Tal vez mostró
la mayor falta de humanidad cuando dijo a las madres, llorosas, que
buscaban cuerpos y huesos de sus seres queridos, desaparecidos por los
órganos de control y represión de la dictadura militar: “son los perros
los que buscan huesos”, así dijo Bolsonaro.
Ese
fue el discurso de la campaña. Otro está siendo su discurso como
presidente electo, dentro de un cierto rito oficial. Aun así continúa
con las tergiversaciones y con un lenguaje tosco, fuera de la civilidad
democrática. Todo culminó con la salida de 8.500 médicos cubanos que
atendían a las poblaciones más remotas de nuestro país. Fue una protesta
del gobierno cubano ante las acusaciones de Bolsonaro a Cuba, pues es
un obsesivo anticomunista.
La
atmósfera tóxica creada por la campaña electoral acabó por gestar una
cultura de violencia en sus seguidores, que lo exaltaban como “mito”.
Varios LGTB especialmente los homoafectivos, negros e indígenas han
sufrido ya violencia. Ha habido hasta muertes gratuitas a los gritos de
“Viva Bolsonaro”.
¿Qué
es lo que indica este fenómeno de violencia? Bolsonaro, mediante
metáforas poderosas, como por ejemplo contra la corrupción, el
anti-Petismo, el comunismo, el tema de la seguridad pública, el de la
familia y el lema fundamental “Brasil por encima de todo” (tomado del
nazismo “Deutschland über alles”) y “Dios por encima de todos”, consiguió desentrañar la dimensión perversa presente en la “cordialidad del brasileño”.
Esta
expresión “cordialidad del brasileño” creada por el escritor Ribeiro
Couto y consagrada por Sérgio Buarque de Holanda (cf. el Cap. V de
Raíces de Brasil, de 1936) está bien explicada por él y puede
significar, por un lado, bondad y trato amable, pero también rencor y
odio, por el otro. Ambas dimensiones provienen del mismo corazón del que
se deriva “cordialidad”. Sérgio Buarque precisa: “la enemistad puede
ser tan cordial como la amistad, ya que una y otra nacen del corazón”
(p. 107). Bolsonaro y sus más cercanos seguidores hábilmente supieron
sacar a la luz este otro lado sombrío de nuestra cordialidad. Reprimió
el lado luminoso y dejó que el lado maligno inundara la conciencia de
miles de personas.
Este
lado nefasto estaba escondido y reprimido en el alma del brasileño.
Siempre hubo odio y maldad frente a los antiguos esclavos negros cuyos
descendientes son el 55,4% de nuestra población actual. Esto lo mostró
brillantemente Jessé Souza en su ya famoso libro "La elite del atraso:
de la esclavitud al Lava-Jato” (2018). Pero era por parte de los
representantes antiguos y actuales de la Casa Grande. La mayoría de la
prensa empresarial y conservadora y particularmente los medios sociales
de Internet universalizaron esa comprensión negativa.
Aconsejo
al lector/a que vuelva a leer mi artículo del 5/11/18: “La dimensión
perversa de la 'cordialidad' brasilera”. En él, con más recursos
teóricos, trato de hacer inteligible este lado sombrío de nuestra
tradición cultural.
¿Cuál
es el dato específico de la actual hostilidad, el lado negativo de
nuestra cordialidad? Es el hecho de que este lado negativo, que existía
desde siempre, se siente ahora legitimado por la más alta instancia
política del país, por Jair Bolsonaro. Él despertó ese lado dia-bólico y
reprimió el lado sim-bólico, y muchas personas de nuestro pueblo que le
dieron la victoria electoral.
No
nos sirve de nada que el futuro presidente condene los eventuales actos
de violencia, pues se desacreditaría totalmente si los tolerase. Pero
convengamos: él fue quien creó las condiciones psicosociales para que la
violencia irrumpiera. Él está en el origen e, históricamente, debe ser
responsabilizado por haber despertado ese odio y esa violencia, que
continúa en las redes sociales, en los twitters, blogs y facebooks.
Ninguna
sociedad se sostiene sobre esa dimensión inhumana de nuestra humanidad.
Para contener ese impulso negativo que está en todos nosotros, existen
la civilización, las religiones, los preceptos éticos, los contratos
sociales, la constitución, las leyes y el autocontrol. Existen también
los órganos que velan por el orden y la contención de las formas
criminales de la cordialidad.
Necesitamos
urgentemente personas-síntesis, capaces de apaciguar los demonios, y de
hacer que prevalezcan los ángeles buenos que nos protejan y nos
indiquen los caminos de la convivencia pacífica. No será Bolsonaro la
persona indicada. Pero las sombras existen... porque hay luz. Y ésta es
la que debe triunfar y hacer dichosa nuestra convivencia en este hermoso
e inmenso país.
2018-11-21
El agronegocio se dispone a arrasar en Brasil con Bolsonaro y la Musa del Veneno
Tereza Cristina da Costa, apodada la Musa del Veneo
enemigos: los ambientalistas
radicalesy las invasiones de los sin tierra.
Costa,
una agrónoma de 63 años, declaró su apoyo al candidato ultraderechista
durante la campaña, junto a una bancada que abandonó a un candidato de
la derecha tradicional al ver que Bolsonaro despegaba en las encuestas.
El
viraje no fue difícil, dado que ya en su programa el ex capitán del
Ejército respaldaba reivindicaciones de siempre de este sector, que
según datos oficiales representa 23.5 por ciento del PIB y 44 por ciento
de las exportaciones de la mayor economía latinoamericana.
Históricamente, la bancada ruralista es muy activa, muy eficaz y hace avanzar [en el Congreso] su propia agenda de intereses, apunta el politólogo André César, de la consultora Hold de Brasilia.
Y
ese poder, todo indica, tiene gran potencial de avanzar. El propio
Bolsonaro ya señaló que buscaría el apoyo de grupos transpartidarios
–como los ruralistas, los evangélicos o el lobby de la seguridad– para sortear las negociaciones con los desprestigiados partidos.
En
las elecciones generales de octubre, que provocó la mayor renovación
del Congreso en dos décadas, la bancada ruralista logró la relección de
apenas 99 de sus 218 diputados (de un total de 513).
Pero
con el inicio del nuevo periodo legislativo, los sobrevivientes esperan
que muchos de los nuevos congresistas adhieran a ese grupo de presión.
Vamos a tener un ministerio de Agricultura mucho más fuerte por la convicción de nuestro gobernante [Jair Bolsonaro]. Él tiene una gratitud con el campo y eso nos va a ayudar, dijo al canal rural del sitio UOL el diputado Jerónimo Goergen tras la victoria de Bolsonaro.
Costa,
oriunda del pujante estado agroganadero de Mato Grosso do Sul, se
reunió con Bolsonaro el jueves en Brasilia y en declaraciones a la
prensa se mostró abierta en algunos de los temas polémicos con los que
tendrá que lidiar cuando asuma el cargo, el primero de enero. Pero sin
ceder terreno en las cuestiones de fondo.
Defendió
en particular el trabajo de la comisión legislativa que bajo su
dirección aprobó reglas para flexibilizar el registro de agrotóxicos,
base del sistema de siembra directa que le ha permitido a Brasil
volverse una potencia agrícola mundial.
La
batalla por esa ley, que aún debe ser votada en el plenario, le valió a
esta mujer de baja estatura, cabellos cortos y ojos sonrientes bajo
unos lentes rojos de marco grueso el apodo de Musa del veneno, según la prensa brasileña.
A diferencia de lo que muchos dicen, la comisión especial trajo modernización, dio al productor brasileño la opción de usar las mismas moléculas que en el exterior, con agilidad, transparencia y gobernanza.
Ahora,
añadió, la prioridad será otro proyecto de ley que flexibiliza los
procesos de licencias ambientales. De ese modo, se pretende dar
mayor celeridada la construcción de carreteras, obras de energía o saneamiento dentro de las propiedades agropecuarias de Brasil.
Costa
reforzó también sus posiciones sobre la demarcación de zonas indígenas y
la ocupación de tierras por parte de movimientos campesinos, dos
banderas asociadas a la izquierda, a las que Bolsonaro ha prometido
poner fin en nombre del
progreso.
Sin embargo, la futura ministra dijo que tiene
dudassobre la propuesta de Jair Bolsonaro de catalogar como
terroristaslas ocupaciones llevadas a cabo por el Movimiento de trabajadores rurales Sin Tierra (MST).
ARGENTINA
Dujovne festejó en la Bolsa el brutal ajuste presupuestario
por Mario Hernández
LA HAINE - 19/11/2018
Panorama político y sindical en Argentina
El
ministro de Hacienda participó en los festejos del 50° aniversario de
la creación de la Comisión Nacional de Valores (CNV) y allí reivindicó
la política de ajuste que viene llevando adelante. "Lo que se ha hecho
en estos tres años no se ha hecho nunca en la historia argentina",
aseguró.
El mismo día que en el Senado discutía el Presupuesto de
ajuste y miseria previsto para 2019 y acordado entre el Gobierno, el FMI
y los gobernadores, Dujovne destacó una frase que rápidamente se volvió
viral en redes sociales. "En la Argentina nunca se hizo un ajuste de
esta magnitud sin que caiga el Gobierno".
El ministro no se quedó ahí y se explayó alrededor del brutal recorte y ataque a los sectores populares que vienen llevando adelante, de la mano del ajuste fiscal y la megadevaluación que implicaron las corridas cambiarias: "La Argentina entre este año y el próximo está haciendo un ajuste fiscal de casi 3 puntos del PBI. El déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos va a caer de 5 a 1.5 del PBI, un ajuste externo de casi 3.5 puntos. El tipo de cambio mostró un ajuste de casi 40 puntos porcentuales".
La frase del ministro indigna pero tiene parte de verdad. Un ajuste de la magnitud como el que se está llevando adelante sería imposible de realizar si el Gobierno no contara con la actitud cómplice del peronismo y de una dirigencia sindical que no opone ningún tipo de resistencia frente al saqueo, el ataque al salario, la megadevaluación, los despidos y el recorte de las partidas presupuestarias de la salud pública, la educación, la vivienda o las asignaciones sociales que el presupuesto prevé.
Mientras militarizan la Ciudad de Buenos Aires e inventan terroristas, la economía se hunde
El último dato del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec del mes de octubre arroja un 5,4 % mensual, y una inflación acumulada de 39,5 % en el año. Ningún acuerdo paritario alcanzará en diciembre la suba de precios. El incremento promedio terminaría con un 48 % de inflación, la más alta desde 1991. El fuerte ajuste en las tarifas de gas disparó el rubro correspondiente a Vivienda, Agua, Electricidad y otros combustibles, que con 8,8 % fue el que más aumentó.
Mientras el Gobierno afirma que se desacelerará la inflación el año próximo, los tarifazos siguen su curso: durante el jueves, en audiencia pública, AySA informó que en 2019 subirá 50 % las tarifas de provisión de aguas en el Area Metropolitana de Buenos Aires. El aumento se aplicará en dos tramos: 17 % en enero y 27 % en mayo. Hasta septiembre en relación a noviembre de 2015, la pérdida del poder de compra del salario en el sector privado registrado es de 15%. La mayor pérdida se acumula en el corriente año.
La deuda pasó de U$S 241.000 millones a fines de 2015 a U$S 327.000 millones en el segundo trimestre de este año. Para el año próximo los desembolsos de intereses de la deuda pública se incrementan 49 % en términos nominales y 10 % en términos reales. Entre el 15 % y el 20 % de lo que gasta el Estado se irá a manos de los acreedores. En simultáneo, la gran mayoría de las partidas del Presupuesto de 2019 con destino a atender necesidades sociales caen en términos reales y en algunos casos, incluso, en términos nominales.
Bono trucho
La asignación no remunerativa fijada por el Gobierno nacional para el sector privado entró en vigencia con la publicación de un Decreto de necesidad y urgencia firmado por el presidente Mauricio Macri y sus ministros en el Boletín Oficial. El decreto 1043/2018 estableció "a partir del 1° de noviembre de 2018, una asignación no remunerativa para todos los trabajadores en relación de dependencia del Sector Privado, que ascenderá" a 5.000 pesos.
El 50% se pagará con los salarios de noviembre, "pagaderos en el mes de diciembre de 2018" y la otra mitad con los salarios de enero, lo que llegará a los trabajadores en febrero.
Las "actividades o sectores que se encuentren especialmente en crisis o declinación productiva" podrán "adecuar la implementación" de los "plazos y montos" del bono.
Además, se indicó que los sectores que acordaron un aumento adicional que compense el aumento de la inflación, según sus Convenios colectivos de trabajo, podrán pagar el bono a cuenta de ese incremento "salvo que acuerden expresamente su no absorción".
Quedaron excluidos de los alcances del bono "los trabajadores del sector público nacional, provincial y municipal, cualquiera sea su modalidad de vinculación y/o el régimen laboral aplicable". También los "trabajadores del Régimen de Trabajo Agrario" y del "Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares".
Asimismo, el decreto estableció "hasta el 31 de marzo de 2019, un procedimiento por el cual los empleadores, antes de disponer despidos sin justa causa de trabajadores con contratos de trabajo por tiempo indeterminado, deberán comunicar la decisión al Ministerio de Producción y Trabajo con una anticipación no menor a DIEZ (10) días hábiles previo a hacerla efectiva".
A su vez, el Ministerio a cargo de Dante Sica, "de oficio o a petición de parte, podrá convocar al empleador y al trabajador junto con la asistencia gremial pertinente, a fin de celebrar durante el plazo fijado en el artículo 6° del presente, las audiencias que estime necesarias para considerar las condiciones en que se llevará a cabo la futura extinción laboral". Quedó exceptuado del procedimiento el personal de la Industria de la Construcción.
Para los estatales, también al margen de la normativa, se acordó el pago de un plus de $ 5.000 con los sueldos de diciembre y también un aumento extra de 5% sobre los salarios de enero y de otro tanto sobre los de febrero. Ambos porcentajes se sumarán al 15% que la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) había firmado para el sector público en la primera mitad del año, a lo que le siguieron dos sumas fijas y un ajuste sobre el valor del presentismo.
La negociación que llevó adelante Dante Sica con la cúpula de la CGT y las principales Cámaras, significa para la administración de Mauricio Macri llegar a fin de año sin la amenaza de un quinto paro nacional y con una inyección de fondos a la economía real a través del bono para al menos esperanzarse con un freno a la caída de todos los indicadores. Mientras que para la Central obrera el acuerdo fue un argumento ideal para desactivar la huelga y el riesgo de una movilización callejera.
Claudio Lozano, integrante del IPyPP, sostuvo que "el salario promedio de la economía argentina, considerando todo el universo de trabajadores asciende a $ 19.734,8. Por ende, el bono necesario para compensar lo perdido en el 2018, debiera ascender a $ 75.186,20".
En el informe elaborado junto a la economista Ana Rameri, los autores concluyeron que "la propuesta del Gobierno y la CGT representa apenas el 6,6% de lo que debieran recibir los trabajadores para recuperar lo perdido en un año 2018 que, en la práctica, ha producido una caída del poder adquisitivo similar a la del 2002 en el marco de la crisis y ruptura de la convertibilidad.
El bancario, Sergio Palazzo, consideró un "error" que la CGT haya levantado el paro por "un bono que no paga nadie" y adelantó que el Frente Sindical hará de todos modos una protesta por la situación económica del país. "La CGT tiene que reactivar el salario, no desactivar el paro, no cumplieron su palabra", disparó Palazzo.
Consultado Roberto Baradel, titular del Suteba, sobre la chance de que los maestros perciban el bono de fin de año que firmó la CGT con empresarios y el Gobierno, sentenció: "el bono no lo va a cobrar la mayoría de los trabajadores. Primero el 40% de los trabajadores no registrados no lo cobra. Segundo las PyMEs ya dijeron que no lo podían pagar. Tercero las Cámaras pusieron en duda el pago o no del bono. Cuarto de los estatales los cobra sólo una parte. Por lo tanto el bono le va a llegar a un sector pequeño de los trabajadores, la mayoría no lo va a percibir".
Desde ATE Nacional, en tanto, rechazaron el bono, denunciando que a los estatales, que solo en 2018 sufrieron una pérdida del poder adquisitivo del orden del 14% (CEPA), "no les sirve". Además, quedarían afuera del bono: los/as estatales provinciales y municipales, del Poder Judicial y del Congreso, de organismos como PAMI, INCAA, ANSES, entre otros entes y empresas públicas.
Renunció Jorge Triaca: "ha realizado un trabajo fenomenal"
El ministro de Producción, Dante Sica, confirmó que tras la salida del secretario de Trabajo, Jorge Triaca, su vacante no será cubierta y que la cartera laboral degradada a secretaría quedará directamente absorbida. La gestión Triaca termina con un poder adquisitivo para los trabajadores 18 % menor que en 2015, según la medición de la UMET. Se trata de la mayor pérdida de poder de compra desde la megadevaluación de 2002. En tanto, la desocupación ascendió, según el Indec, en el tercer trimestre del año a 9,6 %, la cifra más alta de los últimos 12 años.
Entre noviembre de 2015 y agosto de 2018 se perdieron 92.000 puestos de trabajo en la industria. Entre el segundo trimestre de 2016 y el mismo período de 2018, el 46% de los empleos generados corresponden a categorías no asalariadas entre las que se destacan monotributistas y autónomos. El 30% fueron asalariados no registrados y solo un 24% registrados. El trabajo en negro escaló desde el 33,3% de la fuerza laboral en 2015 hasta el 34,3% en 2018.
Fueron 10 los sindicatos intervenidos durante su gestión. Sobre los de obreros marítimos (SOMU) y el de vigiladores pesan denuncias de manejo irregular de fondos por parte de la intervención. Además, promovió una política de sanciones económicas para limitar el derecho de huelga de los trabajadores, como las aplicadas a Camioneros y ATE.
En el propio Ministerio de Trabajo despidió a 280 trabajadores entre enero y marzo de 2016 y en 2017 a 34 trabajadores tercerizados de limpieza por persecución sindical luego de una lucha de más de un año por retrasos en los salarios y pagos de aportes.
También atacó las herramientas disponibles para preservar el empleo como, por ejemplo, el Programa de Trabajo Autogestionado (PTA), el Repro que a junio de este año sumaba 8.432 beneficiarios cuando en 2014 eran 57.104 y en la recesión de 2009 llegaron a ser 143.653.
La reducción de los costos laborales fue uno de sus objetivos estratégicos promoviendo un proyecto de reforma laboral que no pudo aplicar, pero promovía la reducción de las indemnizaciones, extender la jornada laboral, relanzar las pasantías, legalizar la contratación individual y vulnerar el alcance de los convenios colectivos.
No obstante, estimuló su reforma como en el caso de los petroleros de Vaca Muerta, los trabajadores de la TV, telefónicos y automotrices, entre otros, para lo cual contó con la colaboración de las conducciones sindicales. Al comienzo de su gestión lanzó el programa Primer Empleo que buscaba reducir aportes patronales y eludir la Ley de Contrato de Trabajo. Una de sus iniciativas más altisonantes fue el Plan Empalme que aspiraba a crear empleo para más de 400.000 beneficiarios. A setiembre de 2018, la cantidad de trabajadores beneficiados fue de 4.620, el 1% de la propuesta inicial. "Ha realizado un trabajo fenomenal en estos años", (sic) lo celebró Dante Sica, ahora ministro de Producción y Trabajo.
Docentes
Docentes bonaerenses convocaron a un paro para el martes próximo en rechazo al aumento salarial del 30% que les asignó el gobierno provincial, una oferta muy por debajo de la inflación anual proyectada, que se estima alrededor del 50%. La continuidad del plan de lucha fue anunciada por el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB), que integran los sindicatos del sector, "ante la falta de respuestas de la gobernadora María Eugenia Vidal ante el conflicto salarial y educativo". De esta manera, el martes 20 se realizará la huelga con un acto central en La Plata y la protesta seguirá al día siguiente con banderazos en cada distrito en defensa de la "soberanía educativa".
Por otro lado, el Frente Docente también rechazó "categóricamente la profundización del ajuste que contiene el Proyecto del Presupuesto Provincial 2019, con reducción de partidas destinadas a Educación y el intento de imponer un techo salarial y una negociación a la baja".
"El Presupuesto no hace más que dejar plasmada la continuidad de una política adoptada por la gestión de Vidal de desfinanciar a la educación pública", alertaron los sindicatos.
Los docentes universitarios de la CONADU (H) reclaman la urgente reapertura de la paritaria salarial. "No podemos esperar hasta enero de 2019. Reclamamos un inmediato aumento salarial de emergencia de un 20-25%, por lo menos para mantener el poder adquisitivo frente a la inflación, un bono de fin de año para compensar lo ya perdido y el pasaje de todas las sumas fijas al básico", sostienen.
El 22 de noviembre como medida de protesta, instalarán una carpa frente el Ministerio de Educación de la Nación en la cual sesionará el Plenario de Secretarios/as Generales para expresar estos reclamos y hacer entrega de las primeras firmas del petitorio nacional que reclama la reapertura de las paritarias.
Transporte
La Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) llevó adelante su Plenario de gremios integrantes en el teatro Empire de La Fraternidad, donde se resolvió por unanimidad declarar el estado de alerta y sesión permanente. Además confirmaron que realizarán el martes 27 de noviembre asambleas en los lugares de trabajo en todos los medios de transporte, en la franja horaria de 4 a 7 de la mañana. Se especula que los servicios y las operaciones se normalizarán alrededor de las 10 horas.
Por otro lado, el Secretario de Prensa de la CATT, Juan Pablo Brey, informó que el viernes se realizaron en Aeroparque las asambleas del sindicato de Aeronavegantes, en conjunto con los controladores aéreos de ATE-ANAC, ante los distintos conflictos del sector aeronáutico.
Los trabajadores de la empresa multilíneas ERSA, que maneja el 90% del transporte en Corrientes, se concentraron en las puertas de la empresa reclamando deudas salariales y mejoras en las condiciones de trabajo. También denunciaron los negociados entre la empresa, el sindicato y los gobernantes.
Los Choferes Autoconvocados, como se denominan, se agruparon en el galpón de la empresa para impedir la salida de las unidades y garantizar el paro de transporte que llevan a cabo desde el miércoles a la noche. Además anunciaron que seguirá el paro hasta que se cumpla con su reclamo. En el mismo acto echaron al Secretario General de la UTA Corrientes y Senador provincial por ECO-Cambiemos, Rubén Suárez, quien se acercó al lugar a defender los intereses de la empresa. El reclamo no se limita a aumentos y a parte del aguinaldo que se les adeuda, también exigen una correcta registración de todos los trabajadores, ya que la empresa cuenta con cientos de personas que trabajan en negro, y aseguran que no van a permitir ningún despido.
También denunciaron que existe persecución por parte de la empresa, a los que se animan a realizar reclamos, y manifestaron que tampoco se les permite presentar otra lista que compita con la de Suárez en la UTA. Una encuesta realizada por el portal Norte de Corrientes en redes sociales brindó un apoyo mayoritario a la medida de fuerza.
Medios
La Comisión Interna de Clarín denuncia que la firma se niega a negociar cuando durante el año tuvieron solo un 18% de incremento en sus salarios. Tras la negativa de la empresa a negociar un aumento en el salario de todo el personal, el mes pasado los trabajadores de Clarín/Agea de ambos turnos decidieron declararse en asamblea permanente y votaron por unanimidad el rechazo a la postura inamovible de la empresa y un plan de lucha progresivo.
La Argentina dio esta semana otro paso hacia la supresión de voces. Al flagelo de los despidos, la precarización laboral y salarial que afecta a miles de periodistas profesionales, la crisis y cierre de medios, y la distribución arbitraria de pauta oficial, un grupo de diputados oficialistas y justicialistas avanzaron en la revocación de normas que favorecen el acceso de las pymes periodísticas a un insumo clave: el papel.
El expediente 7073 que obtuvo dictamen el miércoles 14 en la Comisión de Comercio propone derogar artículos claves de la Ley 26.736 de Papel Prensa. Con apenas dos artículos, la norma desmonta la regulación que protege el acceso de pequeños medios al papel. El favorecido, en este caso, es la monopólica Papel Prensa S.A., propiedad de los dos principales periódicos del país: Clarín y La Nación.
Los trabajadores de la TV Pública realizaron el viernes un cese de actividades de 2 horas por turno en repudio a la actitud de la empresa de no reconocer el pago del aumento salarial firmado en 2017.
Por decisión unánime de la asamblea de Página/12, los trabajadores y trabajadoras del diario retiraron las firmas de sus notas desde el sábado y hasta que el Grupo Octubre pague el acuerdo paritario de este año, compromiso que asumió como parte de AEDBA, Cámara que comparte con otras patronales. La empresa que conduce Víctor Santa María es la única de toda la rama de prensa escrita de la Ciudad de Buenos Aires que no pagó la paritaria, que comenzó a regir en mayo y en los últimos días sumó su segunda cuota.
La histórica AM 1070 Radio El Mundo ya no está trasmitiendo. En medio de un largo proceso de vaciamiento, dejó de pagar los servicios, le cortaron la luz y busca no pagarle las indemnizaciones a los 80 trabajadores que quedan en la calle. Los medios radiales atraviesan un momento más que delicado. A las situaciones de Radio Del Plata, Radio Rivadavia, que atraviesa un proceso de quiebra y donde los trabajadores cobraron apenas $ 3.000, lo ocurrido con Radio América y las emisoras del Grupo Indalo, hay que sumarle otra voz que se apagó.
Estatales
En el marco de la negociación paritaria nacional, ATE anunció una jornada nacional de lucha para el 27 de noviembre. La medida es en rechazo a la firma del acuerdo salarial compuesto por un aumento del 10% en dos cuotas y el pago de una suma fija no remunerativa de $ 5.000 a efectuar en diciembre.
"El 27 de noviembre habrá una jornada nacional de lucha, con asambleas, radios abiertas y concentraciones en cada organismo del Estado Nacional y en todas las provincias de nuestro país. Vamos a pelear para defender los derechos de nuestros compañeros y compañeras", manifestó Hugo "Cachorro" Godoy, Secretario General de ATE, frente al edificio de Alem 650, sede de la Secretaría de Trabajo.
Los trabajadores del Estado Nacional, acumulan una pérdida del poder adquisitivo cercana al 26,3% desde el 2015, como resultado de una inflación acumulada del 157% que estuvo por encima de la actualización salarial del 89,5%.
El acuerdo con el FMI avaló la decisión de establecer un techo en el gasto público para el pago de salarios del orden del 2,7% del PBI cuando actualmente, el mismo se ubica cerca del 3,2% lo que implicaría un recorte del 0,5 % del producto. Los efectos de esta exigencia ya se vienen haciendo visibles a través de despidos masivos. En este sentido, el reciente informe publicado por el Ministerio de Trabajo no disimula los resultados de la gestión hasta ahora encarada: desde el primer semestre 2016 al 2018 la reducción de la cantidad de ocupados en el Poder Ejecutivo Nacional fue de 22.732 de los cuales 8.247 puestos se verificaron en el último año destacándose la caída en la Administración Pública Central con 3.839 puestos menos.
En la madrugada del jueves, el Senado de la Nación aprobó el Proyecto de ley que insta a reincorporar a los trabajadores despedidos de Fabricaciones Militares de Villa María y Río Tercero en Córdoba, y Fray Luis Beltrán en Santa Fe. El proyecto dispone la "reincorporación inmediata" de los 238 trabajadores cesanteados de las Fabricaciones Militares de Villa María (67), Río Tercero (87) y Fray Luis Beltrán (84), en los meses de diciembre de 2017 y agosto de 2018.
Además, en el artículo 2º promueve "la suspensión por parte del Ministerio de Defensa de toda medida de suspensión o cesantía de trabajadores de Fabricaciones Militares motivada en razones presupuestarias o derivadas del compromiso firmado con el Fondo Monetario Internacional por el plazo de 360 días".
El Sindicato Trabajadores Viales y Afines (STVyARA) denunció que la Administración de Vialidad Nacional está por anunciar la creación de un organismo paralelo, mediante una resolución que crea iguales dependencias a las que cuenta hoy la repartición, a través del mecanismo de la Participación Público Privada (PPP).
"Estamos ante la duplicación de nuestra estructura, la contratación de licitaciones escandalosas y de personal externo con salarios muy superiores a los que tenemos los trabajadores viales actualmente, a quienes nos cerraron paritarias miserables de un promedio del 7%.
Queda más que claro que el objetivo político que hay detrás es el vaciamiento, el despilfarro de recursos estatales y la privatización de nuestras funciones", argumentó Graciela Aleñá, secretaria General del gremio.
"La situación que atraviesan los trabajadores de vialidad nacional en todo el país es alarmante: a muchos les quitaron sus funciones, les dan una paritaria del 7%, anulan los adicionales y suspenden turnos de balanzas para hacer control de pesaje. El presupuesto 2019 prevé un recorte de más del 50% para realizar mantenimiento y bacheo, poniendo en riesgo la seguridad operativa de los caminos", agregó. Cabe recordar, que el Sindicato Trabajadores Viales protagonizó el 1º de Octubre la Marcha Federal Vial con la presencia de las seccionales de Vialidad Nacional de todo el país en rechazo al "desguace privatizador".
El viernes se realizó en el Hospital Posadas una reunión abierta de solidaridad y coordinación. La iniciativa nació a través de una carta pública de Gisela Mannoia, médica psiquiatra, amenazada y perseguida por las autoridades, por hacer declaraciones a la prensa sobre los despidos a profesionales, y por pegar un cartel en su sector con los nombres de los médicos echados, tal como se había votado en una importante asamblea.
Distintos sectores de trabajadores y trabajadoras de la salud de la Ciudad de Buenos Aires realizaron una importante movilización frente al Congreso de la Nación, para rechazar la reforma aprobada el 1º de noviembre en la Legislatura porteña por la cual los enfermeros y las enfermeras ya no son profesionales sino personal técnico-administrativo.
El presidente de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (FESPROSA), Jorge Yabkowski, gremio que representa a 30.000 médicos, profesionales y trabajadores de la salud de 600 hospitales de todo el país, anunció paros y marchas en varias provincias, en una conferencia conjunta con los demás áreas de salud integrantes de la CTA Autónoma, para el miércoles 21 de noviembre "contra la precarización laboral y en defensa del equipo de salud". En La Ciudad de Buenos Aires habrá una concentración a las 10:00 en Congreso para marchar a Plaza de Mayo.
Despidos y suspensiones
Según el informe de CEPA, entre septiembre y octubre de este año los despidos y suspensiones aumentaron casi siete veces en términos interanuales. Mientras este año los despidos y suspensiones totalizaron 20.872 casos, en el mismo período del año pasado fueron 3.087. El informe señala que el 74% de los casos fueron en el sector industrial.
En relación a la evolución de los despidos y suspensiones en los primeros diez meses de 2018, se señala que el total asciende a 56.969 casos, correspondiendo 15.825 casos a empleo público y 44.144 a empleo privado. Estos datos implican un promedio de 6.000 despidos y suspensiones mensuales durante los primeros diez meses de 2018.
En tanto, la Unión Industrial Argentina (UIA) informó que la pérdida de empleos se aceleró durante el mes de agosto. Específicamente 4.162 fueron los ceses respecto al mes de julio de 2018. Si se tiene en cuenta el octavo mes del año pasado se registra una caída de 32.622 asalariados. En el primer trimestre, la caída fue de 1,2%, en el segundo de 1,8% y en los últimos dos meses la pérdida fue de 2,6%.
En las últimas horas, 63 trabajadores fueron despedidos tras el cierre de supermercados en Colonia Caroya y Jesús María (Córdoba). Se trata de la empresa Súper Uno Sociedad Anónima, que posee dos comercios en cada una de esas localidades más un mayorista en la primera. Desde la firma adujeron problemas de rentabilidad, aunque desde el Centro de Empleados de Comercio de Colonia Caroya negaron que la firma estuviera en crisis. Intervino en el caso el Ministerio de Trabajo de la provincia, cuyo titular, Omar Sereno, convocó a una reunión de mediación.
El ministro consideró que la empresa no pidió a su cartera el procedimiento preventivo de crisis y aseguró que luego de revisar las notificaciones y documentos podría "declarar ineficaces los despidos y permitir que los trabajadores cobren el 100% de indemnización o reintegrarse en caso que la empresa continúe".
Los trabajadores de la empresa SIAM, propiedad del Grupo Newsan, denunciaron una nueva ola de despidos con 20 producidos esta semana. El miércoles 14, los delegados participaron de una audiencia de conciliación en la sede del Ministerio de Trabajo bonaerense, en la que no hubo avances. "Los abogados de la firma informaron que continuarían con la decisión de la reducción de personal que desde 2015 ya eliminó 440 puestos de trabajo", detallaron los representantes sindicales de los trabajadores de SIAM y reafirmaron su voluntad de permanecer en el acampe que vienen realizando.
La empresa Pilisar S.A, Siam, que sigue sin cumplir la conciliación obligatoria dictada por el ministerio de Trabajo de Avellaneda, reforzó el miércoles su amedrentamiento contra los trabajadores en lucha que se encuentran enfrentando los despidos y llevando adelante un acampe pacífico en la planta. Esa actitud dio un salto cuando se llevaron detenido al trabajador de Shell, Gustavo Michel, durante la madrugada de este sábado mientras participaba de la solidaridad con el acampe, quien ya fue liberado. Frente a la alerta de amenaza de desalojo, organizaciones solidarias, referentes políticos, agrupaciones estudiantiles y vecinos del barrio se acercaron a las inmediaciones de la planta en Piñeyro para brindarles su apoyo y organizaron un festival el domingo en Coronel Molinedo N° 1600, Avellaneda.
Trabajadores de la empresa Metalur SA comenzaron el jueves una toma pacífica de la planta ubicada en el Parque Industrial de Quilmes para reclamar la totalidad de la indemnización por despido. Se trata de una veintena de empleados que quedaron en la calle a horas de estrenar el bono del Gobierno, y a pesar que las empresas no podían despedir sin avisar con diez días de anticipación al Ministerio.
El Gobierno porteño decidió prorrogar al menos hasta el 5 de diciembre próximo el contrato para evitar el cierre del shopping Buenos Aires Design y, de ese modo, dar continuidad laboral a unos 700 empleados. A partir del 6 de diciembre se harán cargo del predio la Cámara de Empresarios Madereros y Afines (CEMA) y la Asociación de Hoteles Restaurantes Confiterías y Café. Sin esta extensión en el convenio contractual, el centro de compras ubicado en el barrio de Recoleta debía cerrar sus puertas este domingo y lo mismo ocurriría con los 40 locales que contiene. El martes pasado, los trabajadores del shopping realizaron una protesta frente al edificio en Pueyrredón y Avenida Libertador para reclamar la continuidad laboral.
Desconcierto e indignación causó la información de que a partir del 1º de diciembre los 21 trabajadores de Ferrocarriles que quedaban en La Pampa ya no tendrán trabajo. Ferrobaires decidió despedirlos, aparentemente sin abonar indemnización alguna dada su condición de contratados.
Los directivos de la planta Alcorta, de la Coca Cola FEMSA, despidieron a 4 activistas sindicales y abrieron la puerta a los retiros voluntarios. Los cesanteados son integrantes de la Lista Marrón, quienes fueran despedidos en el pasado y lograron su reincorporación a través de la lucha. Los trabajadores denuncian que los directivos buscan "eliminar un turno" para abaratar costos y "mantener la tasa de ganancia".
La delegación Corrientes de la UOCRA informó que el martes rubricó un acuerdo en la Subsecretaría de Trabajo con la empresa Intesar S.A (perteneciente al Grupo Electroingeniería) para que 460 trabajadores que fueron despedidos, cobren sus indemnizaciones en tres cuotas.
La empresa paralizó la obra de instalación de una línea de alta tensión de 500 KV desde la represa Yacyretá en Rincón Santa María (Ituzaingó) hasta Puerto Bastiani (Resistencia-Chaco), que se ejecutaba hace más de tres años y despidió a todo el personal.
El miércoles pasado comenzaron a llegar telegramas de despido a las trabajadoras de Eyelit que estaban cursando sus vacaciones adelantadas por la propia patronal. Inmediatamente comenzaron a reunirse en el portón de la fábrica. Decidieron mantener una guardia obrera hasta tanto no se aclare su situación laboral, y resguardando que no se lleven las máquinas de la planta. Como medida de protesta cortaron la ruta de Sumalao (Valle Viejo) frente a su fábrica. El jueves se movilizaron a Casa de Gobierno de Catamarca para exigir una audiencia a la gobernadora. Finalmente las recibió Marcelo Rivera, Ministro de Gobierno. Mientras, un grupo muy numeroso de trabajadores y trabajadoras de Alpargatas llegaban marchando para unírseles en el reclamo.
La empresa despidió a todo el personal argumentando una supuesta "reestructuración productiva" sin haber hecho previamente el procedimiento preventivo de crisis establecido en la Ley Nacional de Empleo (24.013) por lo que los despidos son nulos.
Por esto, el Ministerio de Gobierno y la Dirección de Inspección Laboral, deben dictar de manera inmediata la conciliación obligatoria con todas las obreras en sus puestos de trabajo.
En la cerealera Tres Arroyos, ubicada en Parque Industrial de Pilar, los trabajadores denuncian que corren el riesgo de quedar en la calle 150 familias. Cuentan que están sin cobrar la quincena, que los dejaron sin charter para llegar al Parque Industrial y que la empresa sacó hasta la empresa de seguridad.
El mediodía del pasado martes 13 de noviembre, el Centro Gallego de Buenos Aires fue escenario de una nueva protesta de socios y trabajadores que se oponen a su vaciamiento. Según denuncian, la actual intervención, encabezada por Martín Moyano Barros, adeuda salarios, aguinaldos, y redujo a la mitad el plantel de empleados. Cuando se reactivó la institución en 2012, la planta de trabajadores alcanzaba los 1.500 puestos y había una capacidad operativa para atender 350 camas. Hoy son 600 empleados y tan sólo 20 camas funcionando.
Los trabajadores denuncian que el propio Héctor Daer, titular de la CGT y de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad (ATSA) respaldaría el vaciamiento que impulsa la patronal, ya que los delegados de ATSA amedrentan a enfermeros y enfermeras despedidos y a aquéllos que se organizan en el nuevo Sindicato de la Salud de la CTA Autónoma. En este marco, Daer y los delegados de ATSA hicieron la vista gorda con los recientes despidos de Marcelina Colque Silisque, Graciela Gómez, Valentinca Copaico y Julia Jaldin, candidatas a delegadas en las elecciones del 22 de noviembre que llevará adelante el gremio de la Central que encabezan Ricardo Peidro y Hugo Godoy.
No alcanzó con la toma pacífica que encararon sus trabajadores, ni tampoco con el plan de reconvención que algunos ex gerentes de la firma habían presentado a la empresa Renault para una especie de salvataje que contemple los puestos de trabajo.
Finalmente, la Metalúrgica Tandil cerró sus puertas y 100 trabajadores aceptaron la indemnización por despido que consistió en una indemnización del 110%, más un plus de tres salarios y algunos otros beneficios relacionados a la cobertura médica. Sin embargo, desde la Unión Obrera Metalúrgica criticaron la postura del intendente Miguel Lunghi (Cambiemos), considerando que "no hizo el máximo esfuerzo" para evitar el cierre de la empresa.
El pasado 12 de octubre, los operarios de la Metalúrgica de Tandil habían tomado pacíficamente la planta, en busca de una alternativa para evitar el cierre definitivo, que contó con el apoyo de gran parte de la población local.
Vecinos de la localidad bonaerense de Chivilcoy, acompañados por representantes de la CTA y de la CGT, realizaron una movilización para que se garantice la continuidad laboral de los más de 600 trabajadores de la fábrica de calzados Paquetá. Sus empleados llevan a cabo un paro al tiempo que la compañía afirma que las líneas productivas se vieron afectadas luego de que Adidas dejara de hacer pedidos.
Paritarias
El paro aceitero comenzó la tarde de este martes y se extendió hasta el miércoles por la tarde. La medida de fuerza se definió luego del ofrecimiento de las Cámaras empresarias de un pago de $ 4.000 en tres cuotas, en lugar del aumento del 13% retroactivo a septiembre que reclamaba el gremio.
A largo del día miércoles muchas de las empresas firmaron acuerdos por separado con el gremio, accediendo a un aumento en dos tramos: un 6% retroactivo a agosto y otro 6% con efecto retroactivo a septiembre. Estos acuerdos deberán refrendarse en la audiencia del próximo 20 de noviembre en Secretaría de Trabajo de la Nación.
La Asociación Bancaria advirtió que podría llevar a cabo medidas de fuerza que afecten la atención al público en entidades financieras la semana próxima. El motivo es porque una Cámara empresaria no cumple con el último acuerdo paritario en el cual se estipuló un aumento del 12%. El gremio lanzó la advertencia luego de que fracasara una reunión que mantuvo en el Ministerio de Producción con representantes de esa cartera, del Banco Central y de ABAPPRA.
"Los representantes de la cámara ABAPPRA y del Banco Central insistieron en una propuesta no acorde con el IPC. Es inadmisible que dichas entidades pretendan aumentar solamente un 5% por octubre, cuando el resto de las entidades han acordado un 12%", manifestaron en un comunicado.
Trabajadores del gremio de la alimentación bloquearon cerca una docena de establecimientos fabriles del sector en la provincia de Buenos Aires, en demanda de la reapertura de negociaciones paritarias. Ante esta medida de fuerza, el Ministerio de Producción y Trabajo dictó la conciliación obligatoria.
Entre las empresas afectadas por los bloqueos gremiales estuvieron Arcor, Mondelez, Bimbo, Felfort, Quaker, Molinos, PepsiCo y Nestlé. El conflicto se originó porque el gremio reclama reabrir la paritaria y el bono de $ 5.000 acordado entre el Gobierno Nacional y la CGT, pero el sector empresario levantó las negociaciones.
Los médicos nucleados en la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (Cicop) aceptaron la propuesta del Gobierno de un incremento salarial del 32%, y "significativos avances" con relación a "residentes, violencia e infraestructura", según informó el gremio. La oferta fue sometida al voto durante el Congreso Provincial de Delegados y aprobada por una amplia mayoría, informaron desde Cicop. "Además de la mejora salarial, avanzamos en consagrar más derechos para los residentes de la provincia de Buenos Aires, avanzando en la modificación de su reglamento", expresó la presidenta de la Cicop, Marta Márquez.
El vicepresidente de Cicop, Fernando Corsiglia, señaló que "la propuesta de recomposición salarial que se aceptó en el marco de la paritaria de la ley es de 32% promedio desde diciembre de 2017 al 1º de octubre de 2018, más alta que el 30% que había recibido como propuesta días antes en el marco de la ley 10.430 para los trabajadores del Estado en general". En un Congreso del cual participaron Comisiones internas, delegados congresales y paritarios del Satsaid (trabajadores de televisión) se acordó un rechazo a la propuesta salarial por insuficiente.
Ley de semillas
"Esta ley de semillas es un atropello a los campesinos y pequeños productores y fundamentalmente es quitarle al pueblo el derecho a alimentarse", se escuchó en la tarde de este martes frente al edificio anexo de la Cámara de Diputados, donde organizaciones rurales y sociales se movilizaron para repudiar un nuevo intento privatizador por parte del Gobierno y las grandes corporaciones.
Según un documento difundido durante la movilización, y rubricado por más de 250 organizaciones, esta ley "avanza en la criminalización de las semillas nativas y criollas (sin modificación genética) impidiendo el libre intercambio entre productores/as familiares, campesinas y campesinos y pueblos originarios".
Las organizaciones denuncian, además, que el proyecto que se piensa aprobar se negoció entre el Ejecutivo, los voceros de Bayer-Monsanto y los grandes productores agrupados en la Sociedad Rural Argentina. "Las reuniones de consulta fueron una puesta en escena para plantear que la nueva ley surge del consenso de todas las partes cuando, en realidad, el proyecto nunca se hizo público", detalla el escrito.
"Reclamamos que se escuchen todas las voces, fundamentalmente la de quienes producen los alimentos", dice Carla Poth, investigadora del Conicet que integra la Multisectorial contra la Ley Monsanto de Semillas. Para la especialista, el proyecto "va en dirección a consolidar el modelo de agronegocios que nos envenena porque enfermos somos más fáciles de dominar". En ese sentido, el ingeniero agrónomo Raúl "Lalo" Botessi, de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la UBA, aclaró que "es mentira que la única manera de producción sea con veneno" y agregó: "La semilla es un bien público, es el alimento básico de los pueblos. Esta ley va a permitir que las semillas que son nuestras, pasen a ser de las grandes corporaciones y que encima se las paguemos".
La Haine
El ministro no se quedó ahí y se explayó alrededor del brutal recorte y ataque a los sectores populares que vienen llevando adelante, de la mano del ajuste fiscal y la megadevaluación que implicaron las corridas cambiarias: "La Argentina entre este año y el próximo está haciendo un ajuste fiscal de casi 3 puntos del PBI. El déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos va a caer de 5 a 1.5 del PBI, un ajuste externo de casi 3.5 puntos. El tipo de cambio mostró un ajuste de casi 40 puntos porcentuales".
La frase del ministro indigna pero tiene parte de verdad. Un ajuste de la magnitud como el que se está llevando adelante sería imposible de realizar si el Gobierno no contara con la actitud cómplice del peronismo y de una dirigencia sindical que no opone ningún tipo de resistencia frente al saqueo, el ataque al salario, la megadevaluación, los despidos y el recorte de las partidas presupuestarias de la salud pública, la educación, la vivienda o las asignaciones sociales que el presupuesto prevé.
Mientras militarizan la Ciudad de Buenos Aires e inventan terroristas, la economía se hunde
El último dato del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec del mes de octubre arroja un 5,4 % mensual, y una inflación acumulada de 39,5 % en el año. Ningún acuerdo paritario alcanzará en diciembre la suba de precios. El incremento promedio terminaría con un 48 % de inflación, la más alta desde 1991. El fuerte ajuste en las tarifas de gas disparó el rubro correspondiente a Vivienda, Agua, Electricidad y otros combustibles, que con 8,8 % fue el que más aumentó.
Mientras el Gobierno afirma que se desacelerará la inflación el año próximo, los tarifazos siguen su curso: durante el jueves, en audiencia pública, AySA informó que en 2019 subirá 50 % las tarifas de provisión de aguas en el Area Metropolitana de Buenos Aires. El aumento se aplicará en dos tramos: 17 % en enero y 27 % en mayo. Hasta septiembre en relación a noviembre de 2015, la pérdida del poder de compra del salario en el sector privado registrado es de 15%. La mayor pérdida se acumula en el corriente año.
La deuda pasó de U$S 241.000 millones a fines de 2015 a U$S 327.000 millones en el segundo trimestre de este año. Para el año próximo los desembolsos de intereses de la deuda pública se incrementan 49 % en términos nominales y 10 % en términos reales. Entre el 15 % y el 20 % de lo que gasta el Estado se irá a manos de los acreedores. En simultáneo, la gran mayoría de las partidas del Presupuesto de 2019 con destino a atender necesidades sociales caen en términos reales y en algunos casos, incluso, en términos nominales.
Bono trucho
La asignación no remunerativa fijada por el Gobierno nacional para el sector privado entró en vigencia con la publicación de un Decreto de necesidad y urgencia firmado por el presidente Mauricio Macri y sus ministros en el Boletín Oficial. El decreto 1043/2018 estableció "a partir del 1° de noviembre de 2018, una asignación no remunerativa para todos los trabajadores en relación de dependencia del Sector Privado, que ascenderá" a 5.000 pesos.
El 50% se pagará con los salarios de noviembre, "pagaderos en el mes de diciembre de 2018" y la otra mitad con los salarios de enero, lo que llegará a los trabajadores en febrero.
Las "actividades o sectores que se encuentren especialmente en crisis o declinación productiva" podrán "adecuar la implementación" de los "plazos y montos" del bono.
Además, se indicó que los sectores que acordaron un aumento adicional que compense el aumento de la inflación, según sus Convenios colectivos de trabajo, podrán pagar el bono a cuenta de ese incremento "salvo que acuerden expresamente su no absorción".
Quedaron excluidos de los alcances del bono "los trabajadores del sector público nacional, provincial y municipal, cualquiera sea su modalidad de vinculación y/o el régimen laboral aplicable". También los "trabajadores del Régimen de Trabajo Agrario" y del "Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares".
Asimismo, el decreto estableció "hasta el 31 de marzo de 2019, un procedimiento por el cual los empleadores, antes de disponer despidos sin justa causa de trabajadores con contratos de trabajo por tiempo indeterminado, deberán comunicar la decisión al Ministerio de Producción y Trabajo con una anticipación no menor a DIEZ (10) días hábiles previo a hacerla efectiva".
A su vez, el Ministerio a cargo de Dante Sica, "de oficio o a petición de parte, podrá convocar al empleador y al trabajador junto con la asistencia gremial pertinente, a fin de celebrar durante el plazo fijado en el artículo 6° del presente, las audiencias que estime necesarias para considerar las condiciones en que se llevará a cabo la futura extinción laboral". Quedó exceptuado del procedimiento el personal de la Industria de la Construcción.
Para los estatales, también al margen de la normativa, se acordó el pago de un plus de $ 5.000 con los sueldos de diciembre y también un aumento extra de 5% sobre los salarios de enero y de otro tanto sobre los de febrero. Ambos porcentajes se sumarán al 15% que la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) había firmado para el sector público en la primera mitad del año, a lo que le siguieron dos sumas fijas y un ajuste sobre el valor del presentismo.
La negociación que llevó adelante Dante Sica con la cúpula de la CGT y las principales Cámaras, significa para la administración de Mauricio Macri llegar a fin de año sin la amenaza de un quinto paro nacional y con una inyección de fondos a la economía real a través del bono para al menos esperanzarse con un freno a la caída de todos los indicadores. Mientras que para la Central obrera el acuerdo fue un argumento ideal para desactivar la huelga y el riesgo de una movilización callejera.
Claudio Lozano, integrante del IPyPP, sostuvo que "el salario promedio de la economía argentina, considerando todo el universo de trabajadores asciende a $ 19.734,8. Por ende, el bono necesario para compensar lo perdido en el 2018, debiera ascender a $ 75.186,20".
En el informe elaborado junto a la economista Ana Rameri, los autores concluyeron que "la propuesta del Gobierno y la CGT representa apenas el 6,6% de lo que debieran recibir los trabajadores para recuperar lo perdido en un año 2018 que, en la práctica, ha producido una caída del poder adquisitivo similar a la del 2002 en el marco de la crisis y ruptura de la convertibilidad.
El bancario, Sergio Palazzo, consideró un "error" que la CGT haya levantado el paro por "un bono que no paga nadie" y adelantó que el Frente Sindical hará de todos modos una protesta por la situación económica del país. "La CGT tiene que reactivar el salario, no desactivar el paro, no cumplieron su palabra", disparó Palazzo.
Consultado Roberto Baradel, titular del Suteba, sobre la chance de que los maestros perciban el bono de fin de año que firmó la CGT con empresarios y el Gobierno, sentenció: "el bono no lo va a cobrar la mayoría de los trabajadores. Primero el 40% de los trabajadores no registrados no lo cobra. Segundo las PyMEs ya dijeron que no lo podían pagar. Tercero las Cámaras pusieron en duda el pago o no del bono. Cuarto de los estatales los cobra sólo una parte. Por lo tanto el bono le va a llegar a un sector pequeño de los trabajadores, la mayoría no lo va a percibir".
Desde ATE Nacional, en tanto, rechazaron el bono, denunciando que a los estatales, que solo en 2018 sufrieron una pérdida del poder adquisitivo del orden del 14% (CEPA), "no les sirve". Además, quedarían afuera del bono: los/as estatales provinciales y municipales, del Poder Judicial y del Congreso, de organismos como PAMI, INCAA, ANSES, entre otros entes y empresas públicas.
Renunció Jorge Triaca: "ha realizado un trabajo fenomenal"
El ministro de Producción, Dante Sica, confirmó que tras la salida del secretario de Trabajo, Jorge Triaca, su vacante no será cubierta y que la cartera laboral degradada a secretaría quedará directamente absorbida. La gestión Triaca termina con un poder adquisitivo para los trabajadores 18 % menor que en 2015, según la medición de la UMET. Se trata de la mayor pérdida de poder de compra desde la megadevaluación de 2002. En tanto, la desocupación ascendió, según el Indec, en el tercer trimestre del año a 9,6 %, la cifra más alta de los últimos 12 años.
Entre noviembre de 2015 y agosto de 2018 se perdieron 92.000 puestos de trabajo en la industria. Entre el segundo trimestre de 2016 y el mismo período de 2018, el 46% de los empleos generados corresponden a categorías no asalariadas entre las que se destacan monotributistas y autónomos. El 30% fueron asalariados no registrados y solo un 24% registrados. El trabajo en negro escaló desde el 33,3% de la fuerza laboral en 2015 hasta el 34,3% en 2018.
Fueron 10 los sindicatos intervenidos durante su gestión. Sobre los de obreros marítimos (SOMU) y el de vigiladores pesan denuncias de manejo irregular de fondos por parte de la intervención. Además, promovió una política de sanciones económicas para limitar el derecho de huelga de los trabajadores, como las aplicadas a Camioneros y ATE.
En el propio Ministerio de Trabajo despidió a 280 trabajadores entre enero y marzo de 2016 y en 2017 a 34 trabajadores tercerizados de limpieza por persecución sindical luego de una lucha de más de un año por retrasos en los salarios y pagos de aportes.
También atacó las herramientas disponibles para preservar el empleo como, por ejemplo, el Programa de Trabajo Autogestionado (PTA), el Repro que a junio de este año sumaba 8.432 beneficiarios cuando en 2014 eran 57.104 y en la recesión de 2009 llegaron a ser 143.653.
La reducción de los costos laborales fue uno de sus objetivos estratégicos promoviendo un proyecto de reforma laboral que no pudo aplicar, pero promovía la reducción de las indemnizaciones, extender la jornada laboral, relanzar las pasantías, legalizar la contratación individual y vulnerar el alcance de los convenios colectivos.
No obstante, estimuló su reforma como en el caso de los petroleros de Vaca Muerta, los trabajadores de la TV, telefónicos y automotrices, entre otros, para lo cual contó con la colaboración de las conducciones sindicales. Al comienzo de su gestión lanzó el programa Primer Empleo que buscaba reducir aportes patronales y eludir la Ley de Contrato de Trabajo. Una de sus iniciativas más altisonantes fue el Plan Empalme que aspiraba a crear empleo para más de 400.000 beneficiarios. A setiembre de 2018, la cantidad de trabajadores beneficiados fue de 4.620, el 1% de la propuesta inicial. "Ha realizado un trabajo fenomenal en estos años", (sic) lo celebró Dante Sica, ahora ministro de Producción y Trabajo.
Docentes
Docentes bonaerenses convocaron a un paro para el martes próximo en rechazo al aumento salarial del 30% que les asignó el gobierno provincial, una oferta muy por debajo de la inflación anual proyectada, que se estima alrededor del 50%. La continuidad del plan de lucha fue anunciada por el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB), que integran los sindicatos del sector, "ante la falta de respuestas de la gobernadora María Eugenia Vidal ante el conflicto salarial y educativo". De esta manera, el martes 20 se realizará la huelga con un acto central en La Plata y la protesta seguirá al día siguiente con banderazos en cada distrito en defensa de la "soberanía educativa".
Por otro lado, el Frente Docente también rechazó "categóricamente la profundización del ajuste que contiene el Proyecto del Presupuesto Provincial 2019, con reducción de partidas destinadas a Educación y el intento de imponer un techo salarial y una negociación a la baja".
"El Presupuesto no hace más que dejar plasmada la continuidad de una política adoptada por la gestión de Vidal de desfinanciar a la educación pública", alertaron los sindicatos.
Los docentes universitarios de la CONADU (H) reclaman la urgente reapertura de la paritaria salarial. "No podemos esperar hasta enero de 2019. Reclamamos un inmediato aumento salarial de emergencia de un 20-25%, por lo menos para mantener el poder adquisitivo frente a la inflación, un bono de fin de año para compensar lo ya perdido y el pasaje de todas las sumas fijas al básico", sostienen.
El 22 de noviembre como medida de protesta, instalarán una carpa frente el Ministerio de Educación de la Nación en la cual sesionará el Plenario de Secretarios/as Generales para expresar estos reclamos y hacer entrega de las primeras firmas del petitorio nacional que reclama la reapertura de las paritarias.
Transporte
La Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) llevó adelante su Plenario de gremios integrantes en el teatro Empire de La Fraternidad, donde se resolvió por unanimidad declarar el estado de alerta y sesión permanente. Además confirmaron que realizarán el martes 27 de noviembre asambleas en los lugares de trabajo en todos los medios de transporte, en la franja horaria de 4 a 7 de la mañana. Se especula que los servicios y las operaciones se normalizarán alrededor de las 10 horas.
Por otro lado, el Secretario de Prensa de la CATT, Juan Pablo Brey, informó que el viernes se realizaron en Aeroparque las asambleas del sindicato de Aeronavegantes, en conjunto con los controladores aéreos de ATE-ANAC, ante los distintos conflictos del sector aeronáutico.
Los trabajadores de la empresa multilíneas ERSA, que maneja el 90% del transporte en Corrientes, se concentraron en las puertas de la empresa reclamando deudas salariales y mejoras en las condiciones de trabajo. También denunciaron los negociados entre la empresa, el sindicato y los gobernantes.
Los Choferes Autoconvocados, como se denominan, se agruparon en el galpón de la empresa para impedir la salida de las unidades y garantizar el paro de transporte que llevan a cabo desde el miércoles a la noche. Además anunciaron que seguirá el paro hasta que se cumpla con su reclamo. En el mismo acto echaron al Secretario General de la UTA Corrientes y Senador provincial por ECO-Cambiemos, Rubén Suárez, quien se acercó al lugar a defender los intereses de la empresa. El reclamo no se limita a aumentos y a parte del aguinaldo que se les adeuda, también exigen una correcta registración de todos los trabajadores, ya que la empresa cuenta con cientos de personas que trabajan en negro, y aseguran que no van a permitir ningún despido.
También denunciaron que existe persecución por parte de la empresa, a los que se animan a realizar reclamos, y manifestaron que tampoco se les permite presentar otra lista que compita con la de Suárez en la UTA. Una encuesta realizada por el portal Norte de Corrientes en redes sociales brindó un apoyo mayoritario a la medida de fuerza.
Medios
La Comisión Interna de Clarín denuncia que la firma se niega a negociar cuando durante el año tuvieron solo un 18% de incremento en sus salarios. Tras la negativa de la empresa a negociar un aumento en el salario de todo el personal, el mes pasado los trabajadores de Clarín/Agea de ambos turnos decidieron declararse en asamblea permanente y votaron por unanimidad el rechazo a la postura inamovible de la empresa y un plan de lucha progresivo.
La Argentina dio esta semana otro paso hacia la supresión de voces. Al flagelo de los despidos, la precarización laboral y salarial que afecta a miles de periodistas profesionales, la crisis y cierre de medios, y la distribución arbitraria de pauta oficial, un grupo de diputados oficialistas y justicialistas avanzaron en la revocación de normas que favorecen el acceso de las pymes periodísticas a un insumo clave: el papel.
El expediente 7073 que obtuvo dictamen el miércoles 14 en la Comisión de Comercio propone derogar artículos claves de la Ley 26.736 de Papel Prensa. Con apenas dos artículos, la norma desmonta la regulación que protege el acceso de pequeños medios al papel. El favorecido, en este caso, es la monopólica Papel Prensa S.A., propiedad de los dos principales periódicos del país: Clarín y La Nación.
Los trabajadores de la TV Pública realizaron el viernes un cese de actividades de 2 horas por turno en repudio a la actitud de la empresa de no reconocer el pago del aumento salarial firmado en 2017.
Por decisión unánime de la asamblea de Página/12, los trabajadores y trabajadoras del diario retiraron las firmas de sus notas desde el sábado y hasta que el Grupo Octubre pague el acuerdo paritario de este año, compromiso que asumió como parte de AEDBA, Cámara que comparte con otras patronales. La empresa que conduce Víctor Santa María es la única de toda la rama de prensa escrita de la Ciudad de Buenos Aires que no pagó la paritaria, que comenzó a regir en mayo y en los últimos días sumó su segunda cuota.
La histórica AM 1070 Radio El Mundo ya no está trasmitiendo. En medio de un largo proceso de vaciamiento, dejó de pagar los servicios, le cortaron la luz y busca no pagarle las indemnizaciones a los 80 trabajadores que quedan en la calle. Los medios radiales atraviesan un momento más que delicado. A las situaciones de Radio Del Plata, Radio Rivadavia, que atraviesa un proceso de quiebra y donde los trabajadores cobraron apenas $ 3.000, lo ocurrido con Radio América y las emisoras del Grupo Indalo, hay que sumarle otra voz que se apagó.
Estatales
En el marco de la negociación paritaria nacional, ATE anunció una jornada nacional de lucha para el 27 de noviembre. La medida es en rechazo a la firma del acuerdo salarial compuesto por un aumento del 10% en dos cuotas y el pago de una suma fija no remunerativa de $ 5.000 a efectuar en diciembre.
"El 27 de noviembre habrá una jornada nacional de lucha, con asambleas, radios abiertas y concentraciones en cada organismo del Estado Nacional y en todas las provincias de nuestro país. Vamos a pelear para defender los derechos de nuestros compañeros y compañeras", manifestó Hugo "Cachorro" Godoy, Secretario General de ATE, frente al edificio de Alem 650, sede de la Secretaría de Trabajo.
Los trabajadores del Estado Nacional, acumulan una pérdida del poder adquisitivo cercana al 26,3% desde el 2015, como resultado de una inflación acumulada del 157% que estuvo por encima de la actualización salarial del 89,5%.
El acuerdo con el FMI avaló la decisión de establecer un techo en el gasto público para el pago de salarios del orden del 2,7% del PBI cuando actualmente, el mismo se ubica cerca del 3,2% lo que implicaría un recorte del 0,5 % del producto. Los efectos de esta exigencia ya se vienen haciendo visibles a través de despidos masivos. En este sentido, el reciente informe publicado por el Ministerio de Trabajo no disimula los resultados de la gestión hasta ahora encarada: desde el primer semestre 2016 al 2018 la reducción de la cantidad de ocupados en el Poder Ejecutivo Nacional fue de 22.732 de los cuales 8.247 puestos se verificaron en el último año destacándose la caída en la Administración Pública Central con 3.839 puestos menos.
En la madrugada del jueves, el Senado de la Nación aprobó el Proyecto de ley que insta a reincorporar a los trabajadores despedidos de Fabricaciones Militares de Villa María y Río Tercero en Córdoba, y Fray Luis Beltrán en Santa Fe. El proyecto dispone la "reincorporación inmediata" de los 238 trabajadores cesanteados de las Fabricaciones Militares de Villa María (67), Río Tercero (87) y Fray Luis Beltrán (84), en los meses de diciembre de 2017 y agosto de 2018.
Además, en el artículo 2º promueve "la suspensión por parte del Ministerio de Defensa de toda medida de suspensión o cesantía de trabajadores de Fabricaciones Militares motivada en razones presupuestarias o derivadas del compromiso firmado con el Fondo Monetario Internacional por el plazo de 360 días".
El Sindicato Trabajadores Viales y Afines (STVyARA) denunció que la Administración de Vialidad Nacional está por anunciar la creación de un organismo paralelo, mediante una resolución que crea iguales dependencias a las que cuenta hoy la repartición, a través del mecanismo de la Participación Público Privada (PPP).
"Estamos ante la duplicación de nuestra estructura, la contratación de licitaciones escandalosas y de personal externo con salarios muy superiores a los que tenemos los trabajadores viales actualmente, a quienes nos cerraron paritarias miserables de un promedio del 7%.
Queda más que claro que el objetivo político que hay detrás es el vaciamiento, el despilfarro de recursos estatales y la privatización de nuestras funciones", argumentó Graciela Aleñá, secretaria General del gremio.
"La situación que atraviesan los trabajadores de vialidad nacional en todo el país es alarmante: a muchos les quitaron sus funciones, les dan una paritaria del 7%, anulan los adicionales y suspenden turnos de balanzas para hacer control de pesaje. El presupuesto 2019 prevé un recorte de más del 50% para realizar mantenimiento y bacheo, poniendo en riesgo la seguridad operativa de los caminos", agregó. Cabe recordar, que el Sindicato Trabajadores Viales protagonizó el 1º de Octubre la Marcha Federal Vial con la presencia de las seccionales de Vialidad Nacional de todo el país en rechazo al "desguace privatizador".
El viernes se realizó en el Hospital Posadas una reunión abierta de solidaridad y coordinación. La iniciativa nació a través de una carta pública de Gisela Mannoia, médica psiquiatra, amenazada y perseguida por las autoridades, por hacer declaraciones a la prensa sobre los despidos a profesionales, y por pegar un cartel en su sector con los nombres de los médicos echados, tal como se había votado en una importante asamblea.
Distintos sectores de trabajadores y trabajadoras de la salud de la Ciudad de Buenos Aires realizaron una importante movilización frente al Congreso de la Nación, para rechazar la reforma aprobada el 1º de noviembre en la Legislatura porteña por la cual los enfermeros y las enfermeras ya no son profesionales sino personal técnico-administrativo.
El presidente de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (FESPROSA), Jorge Yabkowski, gremio que representa a 30.000 médicos, profesionales y trabajadores de la salud de 600 hospitales de todo el país, anunció paros y marchas en varias provincias, en una conferencia conjunta con los demás áreas de salud integrantes de la CTA Autónoma, para el miércoles 21 de noviembre "contra la precarización laboral y en defensa del equipo de salud". En La Ciudad de Buenos Aires habrá una concentración a las 10:00 en Congreso para marchar a Plaza de Mayo.
Despidos y suspensiones
Según el informe de CEPA, entre septiembre y octubre de este año los despidos y suspensiones aumentaron casi siete veces en términos interanuales. Mientras este año los despidos y suspensiones totalizaron 20.872 casos, en el mismo período del año pasado fueron 3.087. El informe señala que el 74% de los casos fueron en el sector industrial.
En relación a la evolución de los despidos y suspensiones en los primeros diez meses de 2018, se señala que el total asciende a 56.969 casos, correspondiendo 15.825 casos a empleo público y 44.144 a empleo privado. Estos datos implican un promedio de 6.000 despidos y suspensiones mensuales durante los primeros diez meses de 2018.
En tanto, la Unión Industrial Argentina (UIA) informó que la pérdida de empleos se aceleró durante el mes de agosto. Específicamente 4.162 fueron los ceses respecto al mes de julio de 2018. Si se tiene en cuenta el octavo mes del año pasado se registra una caída de 32.622 asalariados. En el primer trimestre, la caída fue de 1,2%, en el segundo de 1,8% y en los últimos dos meses la pérdida fue de 2,6%.
En las últimas horas, 63 trabajadores fueron despedidos tras el cierre de supermercados en Colonia Caroya y Jesús María (Córdoba). Se trata de la empresa Súper Uno Sociedad Anónima, que posee dos comercios en cada una de esas localidades más un mayorista en la primera. Desde la firma adujeron problemas de rentabilidad, aunque desde el Centro de Empleados de Comercio de Colonia Caroya negaron que la firma estuviera en crisis. Intervino en el caso el Ministerio de Trabajo de la provincia, cuyo titular, Omar Sereno, convocó a una reunión de mediación.
El ministro consideró que la empresa no pidió a su cartera el procedimiento preventivo de crisis y aseguró que luego de revisar las notificaciones y documentos podría "declarar ineficaces los despidos y permitir que los trabajadores cobren el 100% de indemnización o reintegrarse en caso que la empresa continúe".
Los trabajadores de la empresa SIAM, propiedad del Grupo Newsan, denunciaron una nueva ola de despidos con 20 producidos esta semana. El miércoles 14, los delegados participaron de una audiencia de conciliación en la sede del Ministerio de Trabajo bonaerense, en la que no hubo avances. "Los abogados de la firma informaron que continuarían con la decisión de la reducción de personal que desde 2015 ya eliminó 440 puestos de trabajo", detallaron los representantes sindicales de los trabajadores de SIAM y reafirmaron su voluntad de permanecer en el acampe que vienen realizando.
La empresa Pilisar S.A, Siam, que sigue sin cumplir la conciliación obligatoria dictada por el ministerio de Trabajo de Avellaneda, reforzó el miércoles su amedrentamiento contra los trabajadores en lucha que se encuentran enfrentando los despidos y llevando adelante un acampe pacífico en la planta. Esa actitud dio un salto cuando se llevaron detenido al trabajador de Shell, Gustavo Michel, durante la madrugada de este sábado mientras participaba de la solidaridad con el acampe, quien ya fue liberado. Frente a la alerta de amenaza de desalojo, organizaciones solidarias, referentes políticos, agrupaciones estudiantiles y vecinos del barrio se acercaron a las inmediaciones de la planta en Piñeyro para brindarles su apoyo y organizaron un festival el domingo en Coronel Molinedo N° 1600, Avellaneda.
Trabajadores de la empresa Metalur SA comenzaron el jueves una toma pacífica de la planta ubicada en el Parque Industrial de Quilmes para reclamar la totalidad de la indemnización por despido. Se trata de una veintena de empleados que quedaron en la calle a horas de estrenar el bono del Gobierno, y a pesar que las empresas no podían despedir sin avisar con diez días de anticipación al Ministerio.
El Gobierno porteño decidió prorrogar al menos hasta el 5 de diciembre próximo el contrato para evitar el cierre del shopping Buenos Aires Design y, de ese modo, dar continuidad laboral a unos 700 empleados. A partir del 6 de diciembre se harán cargo del predio la Cámara de Empresarios Madereros y Afines (CEMA) y la Asociación de Hoteles Restaurantes Confiterías y Café. Sin esta extensión en el convenio contractual, el centro de compras ubicado en el barrio de Recoleta debía cerrar sus puertas este domingo y lo mismo ocurriría con los 40 locales que contiene. El martes pasado, los trabajadores del shopping realizaron una protesta frente al edificio en Pueyrredón y Avenida Libertador para reclamar la continuidad laboral.
Desconcierto e indignación causó la información de que a partir del 1º de diciembre los 21 trabajadores de Ferrocarriles que quedaban en La Pampa ya no tendrán trabajo. Ferrobaires decidió despedirlos, aparentemente sin abonar indemnización alguna dada su condición de contratados.
Los directivos de la planta Alcorta, de la Coca Cola FEMSA, despidieron a 4 activistas sindicales y abrieron la puerta a los retiros voluntarios. Los cesanteados son integrantes de la Lista Marrón, quienes fueran despedidos en el pasado y lograron su reincorporación a través de la lucha. Los trabajadores denuncian que los directivos buscan "eliminar un turno" para abaratar costos y "mantener la tasa de ganancia".
La delegación Corrientes de la UOCRA informó que el martes rubricó un acuerdo en la Subsecretaría de Trabajo con la empresa Intesar S.A (perteneciente al Grupo Electroingeniería) para que 460 trabajadores que fueron despedidos, cobren sus indemnizaciones en tres cuotas.
La empresa paralizó la obra de instalación de una línea de alta tensión de 500 KV desde la represa Yacyretá en Rincón Santa María (Ituzaingó) hasta Puerto Bastiani (Resistencia-Chaco), que se ejecutaba hace más de tres años y despidió a todo el personal.
El miércoles pasado comenzaron a llegar telegramas de despido a las trabajadoras de Eyelit que estaban cursando sus vacaciones adelantadas por la propia patronal. Inmediatamente comenzaron a reunirse en el portón de la fábrica. Decidieron mantener una guardia obrera hasta tanto no se aclare su situación laboral, y resguardando que no se lleven las máquinas de la planta. Como medida de protesta cortaron la ruta de Sumalao (Valle Viejo) frente a su fábrica. El jueves se movilizaron a Casa de Gobierno de Catamarca para exigir una audiencia a la gobernadora. Finalmente las recibió Marcelo Rivera, Ministro de Gobierno. Mientras, un grupo muy numeroso de trabajadores y trabajadoras de Alpargatas llegaban marchando para unírseles en el reclamo.
La empresa despidió a todo el personal argumentando una supuesta "reestructuración productiva" sin haber hecho previamente el procedimiento preventivo de crisis establecido en la Ley Nacional de Empleo (24.013) por lo que los despidos son nulos.
Por esto, el Ministerio de Gobierno y la Dirección de Inspección Laboral, deben dictar de manera inmediata la conciliación obligatoria con todas las obreras en sus puestos de trabajo.
En la cerealera Tres Arroyos, ubicada en Parque Industrial de Pilar, los trabajadores denuncian que corren el riesgo de quedar en la calle 150 familias. Cuentan que están sin cobrar la quincena, que los dejaron sin charter para llegar al Parque Industrial y que la empresa sacó hasta la empresa de seguridad.
El mediodía del pasado martes 13 de noviembre, el Centro Gallego de Buenos Aires fue escenario de una nueva protesta de socios y trabajadores que se oponen a su vaciamiento. Según denuncian, la actual intervención, encabezada por Martín Moyano Barros, adeuda salarios, aguinaldos, y redujo a la mitad el plantel de empleados. Cuando se reactivó la institución en 2012, la planta de trabajadores alcanzaba los 1.500 puestos y había una capacidad operativa para atender 350 camas. Hoy son 600 empleados y tan sólo 20 camas funcionando.
Los trabajadores denuncian que el propio Héctor Daer, titular de la CGT y de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad (ATSA) respaldaría el vaciamiento que impulsa la patronal, ya que los delegados de ATSA amedrentan a enfermeros y enfermeras despedidos y a aquéllos que se organizan en el nuevo Sindicato de la Salud de la CTA Autónoma. En este marco, Daer y los delegados de ATSA hicieron la vista gorda con los recientes despidos de Marcelina Colque Silisque, Graciela Gómez, Valentinca Copaico y Julia Jaldin, candidatas a delegadas en las elecciones del 22 de noviembre que llevará adelante el gremio de la Central que encabezan Ricardo Peidro y Hugo Godoy.
No alcanzó con la toma pacífica que encararon sus trabajadores, ni tampoco con el plan de reconvención que algunos ex gerentes de la firma habían presentado a la empresa Renault para una especie de salvataje que contemple los puestos de trabajo.
Finalmente, la Metalúrgica Tandil cerró sus puertas y 100 trabajadores aceptaron la indemnización por despido que consistió en una indemnización del 110%, más un plus de tres salarios y algunos otros beneficios relacionados a la cobertura médica. Sin embargo, desde la Unión Obrera Metalúrgica criticaron la postura del intendente Miguel Lunghi (Cambiemos), considerando que "no hizo el máximo esfuerzo" para evitar el cierre de la empresa.
El pasado 12 de octubre, los operarios de la Metalúrgica de Tandil habían tomado pacíficamente la planta, en busca de una alternativa para evitar el cierre definitivo, que contó con el apoyo de gran parte de la población local.
Vecinos de la localidad bonaerense de Chivilcoy, acompañados por representantes de la CTA y de la CGT, realizaron una movilización para que se garantice la continuidad laboral de los más de 600 trabajadores de la fábrica de calzados Paquetá. Sus empleados llevan a cabo un paro al tiempo que la compañía afirma que las líneas productivas se vieron afectadas luego de que Adidas dejara de hacer pedidos.
Paritarias
El paro aceitero comenzó la tarde de este martes y se extendió hasta el miércoles por la tarde. La medida de fuerza se definió luego del ofrecimiento de las Cámaras empresarias de un pago de $ 4.000 en tres cuotas, en lugar del aumento del 13% retroactivo a septiembre que reclamaba el gremio.
A largo del día miércoles muchas de las empresas firmaron acuerdos por separado con el gremio, accediendo a un aumento en dos tramos: un 6% retroactivo a agosto y otro 6% con efecto retroactivo a septiembre. Estos acuerdos deberán refrendarse en la audiencia del próximo 20 de noviembre en Secretaría de Trabajo de la Nación.
La Asociación Bancaria advirtió que podría llevar a cabo medidas de fuerza que afecten la atención al público en entidades financieras la semana próxima. El motivo es porque una Cámara empresaria no cumple con el último acuerdo paritario en el cual se estipuló un aumento del 12%. El gremio lanzó la advertencia luego de que fracasara una reunión que mantuvo en el Ministerio de Producción con representantes de esa cartera, del Banco Central y de ABAPPRA.
"Los representantes de la cámara ABAPPRA y del Banco Central insistieron en una propuesta no acorde con el IPC. Es inadmisible que dichas entidades pretendan aumentar solamente un 5% por octubre, cuando el resto de las entidades han acordado un 12%", manifestaron en un comunicado.
Trabajadores del gremio de la alimentación bloquearon cerca una docena de establecimientos fabriles del sector en la provincia de Buenos Aires, en demanda de la reapertura de negociaciones paritarias. Ante esta medida de fuerza, el Ministerio de Producción y Trabajo dictó la conciliación obligatoria.
Entre las empresas afectadas por los bloqueos gremiales estuvieron Arcor, Mondelez, Bimbo, Felfort, Quaker, Molinos, PepsiCo y Nestlé. El conflicto se originó porque el gremio reclama reabrir la paritaria y el bono de $ 5.000 acordado entre el Gobierno Nacional y la CGT, pero el sector empresario levantó las negociaciones.
Los médicos nucleados en la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (Cicop) aceptaron la propuesta del Gobierno de un incremento salarial del 32%, y "significativos avances" con relación a "residentes, violencia e infraestructura", según informó el gremio. La oferta fue sometida al voto durante el Congreso Provincial de Delegados y aprobada por una amplia mayoría, informaron desde Cicop. "Además de la mejora salarial, avanzamos en consagrar más derechos para los residentes de la provincia de Buenos Aires, avanzando en la modificación de su reglamento", expresó la presidenta de la Cicop, Marta Márquez.
El vicepresidente de Cicop, Fernando Corsiglia, señaló que "la propuesta de recomposición salarial que se aceptó en el marco de la paritaria de la ley es de 32% promedio desde diciembre de 2017 al 1º de octubre de 2018, más alta que el 30% que había recibido como propuesta días antes en el marco de la ley 10.430 para los trabajadores del Estado en general". En un Congreso del cual participaron Comisiones internas, delegados congresales y paritarios del Satsaid (trabajadores de televisión) se acordó un rechazo a la propuesta salarial por insuficiente.
Ley de semillas
"Esta ley de semillas es un atropello a los campesinos y pequeños productores y fundamentalmente es quitarle al pueblo el derecho a alimentarse", se escuchó en la tarde de este martes frente al edificio anexo de la Cámara de Diputados, donde organizaciones rurales y sociales se movilizaron para repudiar un nuevo intento privatizador por parte del Gobierno y las grandes corporaciones.
Según un documento difundido durante la movilización, y rubricado por más de 250 organizaciones, esta ley "avanza en la criminalización de las semillas nativas y criollas (sin modificación genética) impidiendo el libre intercambio entre productores/as familiares, campesinas y campesinos y pueblos originarios".
Las organizaciones denuncian, además, que el proyecto que se piensa aprobar se negoció entre el Ejecutivo, los voceros de Bayer-Monsanto y los grandes productores agrupados en la Sociedad Rural Argentina. "Las reuniones de consulta fueron una puesta en escena para plantear que la nueva ley surge del consenso de todas las partes cuando, en realidad, el proyecto nunca se hizo público", detalla el escrito.
"Reclamamos que se escuchen todas las voces, fundamentalmente la de quienes producen los alimentos", dice Carla Poth, investigadora del Conicet que integra la Multisectorial contra la Ley Monsanto de Semillas. Para la especialista, el proyecto "va en dirección a consolidar el modelo de agronegocios que nos envenena porque enfermos somos más fáciles de dominar". En ese sentido, el ingeniero agrónomo Raúl "Lalo" Botessi, de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la UBA, aclaró que "es mentira que la única manera de producción sea con veneno" y agregó: "La semilla es un bien público, es el alimento básico de los pueblos. Esta ley va a permitir que las semillas que son nuestras, pasen a ser de las grandes corporaciones y que encima se las paguemos".
La Haine
URUGUAY
Una multitud despidió a Luisa Cuesta
Organizaciones de derechos humanos y sindicales, representantes del gobierno, legisladores, ciudadanos en general y familiares despidieron, este viernes 23 de noviembre, a Luisa Cuesta, incansable luchadora por los derechos humanos.
Foto: Canal 4.
DESPEDIDA 23 de noviembre de 2018, 18:07hs - LR 21 Tal como fue su voluntad, no se realizó velatorio. Sí una concentración en Plaza Mártires de Chicago, donde se colocaron las fotografías de todos los desaparecidos, y desde allí partió una multitudinaria caravana, bajo un cerrado aplauso, hacia el cementerio del norte.
A lo largo del cortejo se sumaron más personas a la extensa procesión, al igual que en el cementerio, para poder brindarle su adiós a la militante por la causa de los derechos humanos.
“Lamentablemente estamos en un debe como sociedad, porque no hemos sido capaces, luego de más de 30 años de terminada la dictadura, de darle una respuesta a la búsqueda de Nebio, su hijo”, expresó el representante de Madres y Familiares, Sergio Frantchez.
Por su parte, el intendente de Montevideo, Daniel Martínez, recordó que conoció a Luisa Cuesta cuando representó al PIT-CNT en la Comisión Pro referéndum por el voto “verde”, contra la Ley de Caducidad. “Luisa dejó su consecuencia, su calidad humana en esa paz que transmitía, y su firmeza”.
Aseguró que en caso de que resulte electo presidente de la República, tendrá entre sus prioridades la búsqueda de los desaparecidos, porque “el país requiere saber la verdad para cerrar una herida”.
Luisa Cuesta nació en Soriano, el 26 de mayo de 1920. En junio de 1973 fue privada de libertad y recluida en el Batallón de Infantería Nº 5 de Mercedes hasta el 31 de enero de 1974.
Un año después, su hijo, Nebio Melo Cuesta, se exilió en Argentina junto a su esposa e hija y fue secuestrado en 1976, desde entonces integra la categoría de desaparecido.
Luisa Cuesta inició la búsqueda de su hijo y en 1985 creó Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos.
En 2013 la Universidad de la República le entregó el título de Doctora Honoris Causa por su “aporte a la formación de valores y a la defensa de los derechos humanos”.
Al año siguiente, en el marco del Día Internacional de la Mujer, el Correo emitió un sello en homenaje a Luisa Cuesta.
Falleció el pasado 21 de noviembre a los 98 años.
Los restos de Luisa Cuesta serán enterrados hoy viernes en el Cementerio del Norte.
La familia de Luisa Cuesta emitió un comunicado donde informa que no se realizará el velatorio de sus restos “respetando estrictamente los deseos que ella siempre manifestó”.
Se invita a los “múltiples familiares, amigos, militantes y organizaciones de la sociedad civil” que la acompañaron “en su camino inclaudicable por verdad, justicia y lucha contra la Impunidad” a reunirse desde las 10 de la mañana en la Plaza 1° de mayo (General Flores y Yatay) para partir a las 11:30 rumbo al Cementerio del Norte.
Fernando Pereira y Marcelo Abdala, Presidente y Secretario General respectivamente del PIT-CNT, anunciaron que “ante el doloroso fallecimiento de la compañera Luisa Cuesta, referente ineludible de la lucha por memoria, verdad y justicia, hemos resuelto suspender la reunión de la Mesa Representativa del PIT-CNT” del viernes 23 del corriente.
Ante esta inmensa pérdida se convoca a “acompañar a su familia y al conjunto de compañeros y compañeras” de Luisa Cuesta. A las 10 horas se realizará una concentración en la Plaza Mártires de Chicago y desde este lugar se marchará, a partir de las 11.30 horas, hacia el Cementerio del Norte.
DESPEDIDA 23 de noviembre de 2018, 18:07hs - LR 21 Tal como fue su voluntad, no se realizó velatorio. Sí una concentración en Plaza Mártires de Chicago, donde se colocaron las fotografías de todos los desaparecidos, y desde allí partió una multitudinaria caravana, bajo un cerrado aplauso, hacia el cementerio del norte.
A lo largo del cortejo se sumaron más personas a la extensa procesión, al igual que en el cementerio, para poder brindarle su adiós a la militante por la causa de los derechos humanos.
Todos los desaparecidos eran sus hijos
Desde la Organización Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos, de la cual ella fue una de sus fundadoras, se expresó que Luisa Cuesta “no hizo distinción de a quién se buscaba, porque para ella todos los desaparecidos eran sus hijos”.“Lamentablemente estamos en un debe como sociedad, porque no hemos sido capaces, luego de más de 30 años de terminada la dictadura, de darle una respuesta a la búsqueda de Nebio, su hijo”, expresó el representante de Madres y Familiares, Sergio Frantchez.
Por su parte, el intendente de Montevideo, Daniel Martínez, recordó que conoció a Luisa Cuesta cuando representó al PIT-CNT en la Comisión Pro referéndum por el voto “verde”, contra la Ley de Caducidad. “Luisa dejó su consecuencia, su calidad humana en esa paz que transmitía, y su firmeza”.
Aseguró que en caso de que resulte electo presidente de la República, tendrá entre sus prioridades la búsqueda de los desaparecidos, porque “el país requiere saber la verdad para cerrar una herida”.
Luisa Cuesta nació en Soriano, el 26 de mayo de 1920. En junio de 1973 fue privada de libertad y recluida en el Batallón de Infantería Nº 5 de Mercedes hasta el 31 de enero de 1974.
Un año después, su hijo, Nebio Melo Cuesta, se exilió en Argentina junto a su esposa e hija y fue secuestrado en 1976, desde entonces integra la categoría de desaparecido.
Luisa Cuesta inició la búsqueda de su hijo y en 1985 creó Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos.
En 2013 la Universidad de la República le entregó el título de Doctora Honoris Causa por su “aporte a la formación de valores y a la defensa de los derechos humanos”.
Al año siguiente, en el marco del Día Internacional de la Mujer, el Correo emitió un sello en homenaje a Luisa Cuesta.
Falleció el pasado 21 de noviembre a los 98 años.
Convocan a acompañar restos de Luisa Cuesta
23
Nov
Los restos de Luisa Cuesta serán enterrados hoy viernes en el Cementerio del Norte.
La familia de Luisa Cuesta emitió un comunicado donde informa que no se realizará el velatorio de sus restos “respetando estrictamente los deseos que ella siempre manifestó”.
Se invita a los “múltiples familiares, amigos, militantes y organizaciones de la sociedad civil” que la acompañaron “en su camino inclaudicable por verdad, justicia y lucha contra la Impunidad” a reunirse desde las 10 de la mañana en la Plaza 1° de mayo (General Flores y Yatay) para partir a las 11:30 rumbo al Cementerio del Norte.
PIT-CNT SUSPENDE MESA REPRESENTATIVA Y CONVOCA A ACOMPAÑAR A LA FAMILIA DE LUISA CUESTA
23
Nov
Fernando Pereira y Marcelo Abdala, Presidente y Secretario General respectivamente del PIT-CNT, anunciaron que “ante el doloroso fallecimiento de la compañera Luisa Cuesta, referente ineludible de la lucha por memoria, verdad y justicia, hemos resuelto suspender la reunión de la Mesa Representativa del PIT-CNT” del viernes 23 del corriente.
Ante esta inmensa pérdida se convoca a “acompañar a su familia y al conjunto de compañeros y compañeras” de Luisa Cuesta. A las 10 horas se realizará una concentración en la Plaza Mártires de Chicago y desde este lugar se marchará, a partir de las 11.30 horas, hacia el Cementerio del Norte.
Foto: Presidencia
"Tenemos una justicia que es mucho más dura con los sectores vulnerables"
Seguridad es más de quién está al frente del Ministerio del Interior
El
precandidato del Frente Amplio Óscar Andrade consideró banal que el
tema de la seguridad se limite a discutir quién está al frente del
Ministerio del Interior.
Sostuvo que es imprescindible compartir la lucha contra el crimen organizado pero que no es solo con represión que se soluciona el problema, sino que también hay otros componentes a atender, como ser educación, salud y la igualdad de oportunidades.
Andrade participó en un conversatorio organizado por los funcionarios judiciales.
Precisamente, sobre la administración de justicia en Uruguay dijo que esta muestra carencias importante en materia de equidad.
“Tenemos una justicia que es mucho más dura con los sectores vulnerables”, afirmó.
Sostuvo que es imprescindible compartir la lucha contra el crimen organizado pero que no es solo con represión que se soluciona el problema, sino que también hay otros componentes a atender, como ser educación, salud y la igualdad de oportunidades.
Andrade participó en un conversatorio organizado por los funcionarios judiciales.
Precisamente, sobre la administración de justicia en Uruguay dijo que esta muestra carencias importante en materia de equidad.
“Tenemos una justicia que es mucho más dura con los sectores vulnerables”, afirmó.
"La bandera más justa sin la cantidad de justos necesarios es una derrota"
Diego Castro y Siboney Moreira / Ilustración: Fabián Martínez
Oscar
nos recibió en el sindicato, con el termo abajo del brazo que no
abandonó en el rato que duró la entrevista, que se hace más larga aún
porque tiene la cualidad de hablar bastante rápido y pasar de un tema a
otro, abriendo mil ventanas a su historia y a la historia de su
sindicato.
Oscar
Andrade Lallana es oriundo de Villa Felicidad, un pueblito próximo a
Progreso que no superaba los 700 habitantes a finales de los años
ochenta cuando comienza su militancia. Repasa su juventud entre el liceo
de Progreso, el trabajo en los viñedos con sus compañeros de clase
durante la zafra y los comienzos en el gremio panadero, ya instalado en
Montevideo. Reconoce que a fines de los ochenta no militar era algo
raro, no así en la década siguiente. La solidaridad como estudiante con
una huelga de trabajadores de Copsa que instaló un campamento en el
pueblo es uno de los primeros hechos que lo sensibilizaron. Se afilia a
la juventud comunista en 1989 y aunque su hermana ya lo estaba, en su
casa, con madre tupamara y padre colorado (de la vieja lista 15), no
cayó bien.
Su primera experiencia sindical lejos estuvo de la actualidad del Sunca, que se convirtió en el sindicato uruguayo con mayor cantidad de afiliados: 42 mil de los 64 mil vinculados al sector. Las reuniones del sindicato de panaderos no superaban las 15 personas y cuenta que en ese momento admiraban al sindicato de la construcción. Es recién en 1993 que comienza su actividad en el Sunca, en el marco de una histórica huelga que duró 83 días. “En ese momento la academia discutía el fin de la historia, el fin de las ideologías, el fin del sujeto histórico y nosotros largamos una huelga con una plataforma que iba por todo” ironiza. Repasa los pormenores y saca aprendizajes. “Fue difícil que no quedara una fuerte sensación de derrota, pero tuvo un logro importante, logramos la negociación colectiva desde ahí hasta el 2005, cosa que ningún sindicato tenía. Luego de la huelga, para los comunistas se hizo cuesta arriba la militancia en el Sunca. Los patrones siempre ajustan cuentas al finalizar los conflictos y conseguir trabajo se hacía muy difícil. Te tenías que anotar con otro nombre para trabajar, todos los dirigentes sindicales estábamos desocupados”. En el 2002-2003 se queda sin trabajo y vuelve a la panadería, aunque permanece en la dirección del Sunca.
En Montevideo vive en muchos barrios que iba cambiando a medida que comenzaba una nueva obra -Brazo Oriental, Belvedere, Centro-, a veces en pensiones, otras en casas de amigos y también de alquiler.
Recuerda los momentos duros cuando el Sunca no tenía ni para volantes y destaca a los militantes que estuvieron en los peores momentos: los noventa y la crisis del 2002. Por aquellos tiempos el plenario de delegados no superaba los veinte integrantes, hoy supera los mil. Afirma que la actual situación del Sunca se fue gestando lentamente y con acciones importantes, tiempo atrás. Es muy conocida la brigada Agustín Pedrozo, pero recuerda el trabajo del sindicato cuando había menos recursos y los militantes dejaban de trabajar horas extras los sábado para demostrar su compromiso y solidaridad. Repasa las experiencias de las brigadas en Fray Marcos y Migues en 2002 y la reconstrucción del teatro El Galpón, tarea silenciosa que duró tres años.
Se emociona cuando habla de algunos de sus compañeros: “Pedrozo, negro, sindicalista y comunista en la década del 50, él si la tenía difícil”
¿La ley de responsabilidad penal es la batalla más dura que te tocó militar?
R: No, capaz que es la que tuvo más difusión pública y desnudó componentes de clase muy duros. La ley pasó a ser una cosa que no es; cualquiera con sentido común tiene que estar a su favor. La ley no dice cosas demasiado dramáticas, lo que dice es que si vos violás una normativa laboral que conocías y esa violación es tan importante y grave que ponés en riesgo de muerte a un trabajador pasa a ser delito en Uruguay. Lo que hizo que tuviera grados de trascendencia políticas mayores fue el grado de resistencia de la clase dominante. Como las cámaras concentraban en la ley su vida, hicieron de ella un principio y la radicalizaron generando una campaña gigantesca de mentiras y usando todos los métodos. Se pararon en la defensa de las peores formas de organización empresarial. La batalla se transformó entonces en un elemento simbólico de mayor peso.
¿Quiénes fueron los principales detractores de la ley?
R: Ahí hay algunos que hicieron punta y está bien que lo hagan; Mailhos, la Federación Rural y Carrau Industrias. Pero las cámaras grandes, de los sectores más conservadores, lograron poner atrás suyo a todas las cámaras empresariales, ese fue un triunfo de ellos. Y lograron hacerlo sobre la base de un planteo que es falso; como decir, por ejemplo, que si el empresario no tiene nada que ver va preso igual, eso es una barbaridad. Creo que en esto también jugó mucho la opinión pública que se posicionó a favor de la ley a pesar de como trabajaron la campaña estos sectores.
¿Por qué crees que la bancada del Frente Amplio dudó tanto en aprobar la ley?
R: Porque hubo presiones brutales. Es claro que en términos de opinión pública apareció la presión del sindicato. Pero hubo otras presiones que fueron bestiales como las que generaron las veinticuatro cámaras empresariales cuando fueron en conjunto y generaron que se postergara la votación de la ley.
¿Hay alguna relación directa entre corporaciones empresariales y algunos sectores del Frente Amplio? ¿Cómo operó eso en el proceso de aprobación de la ley?
R: Que hay incidencias es seguro y operaron los tres años. Hay una influencia fuerte de sectores empresariales en la vida de todo el país. Vos tenés, por ejemplo, participación empresarial que se multiplica por diez en relación a la participación sindical en el estado y no tenés intendencias en las que las comisiones de gestión productiva y de ordenamiento no estén presentes las cámaras de la construcción.
¿Qué sectores del Frente Amplio crees que tienen vínculo más directo con esas corporaciones empresariales?
R: Yo no ubico que sea un drama tener en cuenta la opinión de las cámaras. Es más, si hay temas en los que pudiéramos sacar por consenso la resolución sería genial. Ahora, en el tema de la ley tenía claro que no había ninguna posibilidad de consenso. Nosotros lo que defendimos es que la ley se acordó en diputados con todos los sectores y para acordarla hubo que hacer modificaciones. No hicimos de la letra original algo de patria o muerte. Pero llegar a un acuerdo es llegar a un acuerdo y para cambiar un acuerdo tienen que haber argumentos de peso distintos a la presión empresarial, y no los hubo.
Pasaron ya nueve años de gobierno del Frente Amplio, ¿cuáles considerás que fueron avances relacionados a los intereses de las organizaciones del campo popular uruguayo y cuáles sus debes?
R: Me parece que este es un año de balance. Está claro que para la liberación nacional nos falta un tramo enorme, pero no hay dudas que ha habido avances. Hay que revisar datos de la CEPAL. En América Latina, en cuanto al salario medio real del año 2005 al 2012, Uruguay es el que más creció. Y vos decís ¿sólo en Uruguay hay gobiernos populares?, no, hay en un montón de países de nuestra región. Lo mismo en relación a que fue el país que más bajó la pobreza y el desempleo y creció el empleo formal.
Nos acostumbramos a que algunas de estas conquistas sociales, como eran parte de lo que teníamos que hacer cuando fuéramos gobierno, no son muy importantes. Pero sí son importantes, y desconocerlas no implica ser más independiente y rebelde con el gobernante, implica desconocer que la mayoría de esas conquistas fueron a costa de lucha. Me parece que no hay duda que la llegada del Frente Amplio generó mejores condiciones para la lucha social, pero es la lucha social la que en última instancia va a generar mejor distribución de la riqueza, más democracia, otro sentido ético, a apropiarse de espacios de poder.
En ese escenario que planteás, ¿cómo ves el proceso de movilización de las organizaciones del campo popular en este período, no sólo desde el sindicalismo sino desde sus otras expresiones?
R: Creo que ha habido de todo y que en el plano sindical es donde más se avanzó. En cuanto al desarrollo del movimiento estudiantil, en este escenario, me parece que tiene una dificultad gigantesca de construir, hacer política y vincularse a sus luchas. Y sin lucha no generás conciencia y por lo tanto tenés un problema importante. Yo esperaba otro desarrollo del movimiento estudiantil, creo que no generó las condiciones para un protagonismo más pesado. Pero esto es parte de una construcción donde tenemos que ser autocríticos, porque esa articulación también tiene que ser nuestra changa.
Y el movimiento cooperativo, con el que tenemos una relación histórica de mucho tiempo, todavía no ha aprovechado tener un desarrollo de cooperativas de vivienda y de autogestión como nunca antes en la historia. Me parece que CUDECOOP, la FUCVAM y nosotros, el movimiento sindical, tenemos que pensar que ahí tenés una herramienta en estas condiciones para generar un espacio alternativo, de ensayo, porque lo que está claro es que no tenemos la luz en el puño. Pero no tener luz en el puño no implica resignación a que lo que único que existe es el capitalismo, sino que estamos en una etapa de construcción de alternativas y en eso nos vamos a pegar doscientos porrazos.
¿Cuáles crees que han sido los avances para el sector empresarial y capitalista en Uruguay?
R: Nosotros tenemos en la construcción un 85% del trabajo que es inversión privada y buena parte de esa inversión se localiza en la costa para chalés caros. Eso evidentemente no me da gracia pero que eso es mucho mejor que en el 2002 donde no había una obra en todo Montevideo, seguro. Porque no vas a luchar fuera del capitalismo. Puede haber una reflexión donde digas que vas a construir espacios de poder por fuera del capitalismo, criticando sus reglas, pero es en las reglas del capitalismo. Es sometiéndolo a las criticas para generar fuerzas que permitan transformarlo y se generen condiciones nuevas y construir poder popular. Esa perspectiva es compleja, pero no puede ser una perspectiva, en mi opinión, principista abstracta.
¿Cuál es tú balance sobre el movimiento sindical hoy y qué habría que hacer para generar mayores cambios?
R: Estamos en una transición. El problema es que hemos tenido un crecimiento muy desparejo, no todas las organizaciones sindicales se desarrollaron igual. Nosotros pasamos de tener mil y pocos afiliados a cuarenta y dos mil. Pero para nosotros la cantidad de afiliados sería relativa sino creciéramos en la cantidad de gente que movilizamos. Nuestra perspectiva del sindicalismo no es tener muchos afiliados que piensen que afiliarse al sindicato es pagar la cuota y los dirigentes los que resuelven la tarea y traen las cosas hechas. Nuestra perspectiva de construcción del sindicato vale si el protagonismo de miles es mayor. La idea central de nuestro sindicato está en pensar que la construcción es colectiva, que tiene la necesaria unidad de acción para la lucha de clase pero que tiene a su vez una forma de construcción muy democrática. La participación de cada compañero importa mucho y eso no es cuestión accesoria sino que es el centro de la cuestión.
Es de público conocimiento que por tu pertenecía al PCU votarás a Taberé Vázquez. Suponiendo entonces que en las elecciones gane Tabaré ¿dónde estará Oscar Andrade el 2 de marzo de 2015?
R: Yo voy a estar acá seguro. Esta es mi casa. Yo le debo la vida a esto y me quedo acá por tres cosas: una por un sentido emocional donde es un poco la casa de uno y aprendí mucho. Otra por un elemento teórico donde creo que las trincheras sindicales tiene mucho para aportar y por lo tanto no se pueden descuidar ya que no son un escalón abajo, inferior al escalón gobierno o partido político, sino que son al menos de la misma importancia, y si me dejas, para mí de la misma importancia. La tercera, porque creo que la izquierda es construir proyectos colectivos y no la carrera a tal lugar, que pareciera es lo más cómodo o que parece es lo más visible.
Foto al pie: Agustina Grenno
Su primera experiencia sindical lejos estuvo de la actualidad del Sunca, que se convirtió en el sindicato uruguayo con mayor cantidad de afiliados: 42 mil de los 64 mil vinculados al sector. Las reuniones del sindicato de panaderos no superaban las 15 personas y cuenta que en ese momento admiraban al sindicato de la construcción. Es recién en 1993 que comienza su actividad en el Sunca, en el marco de una histórica huelga que duró 83 días. “En ese momento la academia discutía el fin de la historia, el fin de las ideologías, el fin del sujeto histórico y nosotros largamos una huelga con una plataforma que iba por todo” ironiza. Repasa los pormenores y saca aprendizajes. “Fue difícil que no quedara una fuerte sensación de derrota, pero tuvo un logro importante, logramos la negociación colectiva desde ahí hasta el 2005, cosa que ningún sindicato tenía. Luego de la huelga, para los comunistas se hizo cuesta arriba la militancia en el Sunca. Los patrones siempre ajustan cuentas al finalizar los conflictos y conseguir trabajo se hacía muy difícil. Te tenías que anotar con otro nombre para trabajar, todos los dirigentes sindicales estábamos desocupados”. En el 2002-2003 se queda sin trabajo y vuelve a la panadería, aunque permanece en la dirección del Sunca.
En Montevideo vive en muchos barrios que iba cambiando a medida que comenzaba una nueva obra -Brazo Oriental, Belvedere, Centro-, a veces en pensiones, otras en casas de amigos y también de alquiler.
Recuerda los momentos duros cuando el Sunca no tenía ni para volantes y destaca a los militantes que estuvieron en los peores momentos: los noventa y la crisis del 2002. Por aquellos tiempos el plenario de delegados no superaba los veinte integrantes, hoy supera los mil. Afirma que la actual situación del Sunca se fue gestando lentamente y con acciones importantes, tiempo atrás. Es muy conocida la brigada Agustín Pedrozo, pero recuerda el trabajo del sindicato cuando había menos recursos y los militantes dejaban de trabajar horas extras los sábado para demostrar su compromiso y solidaridad. Repasa las experiencias de las brigadas en Fray Marcos y Migues en 2002 y la reconstrucción del teatro El Galpón, tarea silenciosa que duró tres años.
Se emociona cuando habla de algunos de sus compañeros: “Pedrozo, negro, sindicalista y comunista en la década del 50, él si la tenía difícil”
¿La ley de responsabilidad penal es la batalla más dura que te tocó militar?
R: No, capaz que es la que tuvo más difusión pública y desnudó componentes de clase muy duros. La ley pasó a ser una cosa que no es; cualquiera con sentido común tiene que estar a su favor. La ley no dice cosas demasiado dramáticas, lo que dice es que si vos violás una normativa laboral que conocías y esa violación es tan importante y grave que ponés en riesgo de muerte a un trabajador pasa a ser delito en Uruguay. Lo que hizo que tuviera grados de trascendencia políticas mayores fue el grado de resistencia de la clase dominante. Como las cámaras concentraban en la ley su vida, hicieron de ella un principio y la radicalizaron generando una campaña gigantesca de mentiras y usando todos los métodos. Se pararon en la defensa de las peores formas de organización empresarial. La batalla se transformó entonces en un elemento simbólico de mayor peso.
¿Quiénes fueron los principales detractores de la ley?
R: Ahí hay algunos que hicieron punta y está bien que lo hagan; Mailhos, la Federación Rural y Carrau Industrias. Pero las cámaras grandes, de los sectores más conservadores, lograron poner atrás suyo a todas las cámaras empresariales, ese fue un triunfo de ellos. Y lograron hacerlo sobre la base de un planteo que es falso; como decir, por ejemplo, que si el empresario no tiene nada que ver va preso igual, eso es una barbaridad. Creo que en esto también jugó mucho la opinión pública que se posicionó a favor de la ley a pesar de como trabajaron la campaña estos sectores.
¿Por qué crees que la bancada del Frente Amplio dudó tanto en aprobar la ley?
R: Porque hubo presiones brutales. Es claro que en términos de opinión pública apareció la presión del sindicato. Pero hubo otras presiones que fueron bestiales como las que generaron las veinticuatro cámaras empresariales cuando fueron en conjunto y generaron que se postergara la votación de la ley.
¿Hay alguna relación directa entre corporaciones empresariales y algunos sectores del Frente Amplio? ¿Cómo operó eso en el proceso de aprobación de la ley?
R: Que hay incidencias es seguro y operaron los tres años. Hay una influencia fuerte de sectores empresariales en la vida de todo el país. Vos tenés, por ejemplo, participación empresarial que se multiplica por diez en relación a la participación sindical en el estado y no tenés intendencias en las que las comisiones de gestión productiva y de ordenamiento no estén presentes las cámaras de la construcción.
¿Qué sectores del Frente Amplio crees que tienen vínculo más directo con esas corporaciones empresariales?
R: Yo no ubico que sea un drama tener en cuenta la opinión de las cámaras. Es más, si hay temas en los que pudiéramos sacar por consenso la resolución sería genial. Ahora, en el tema de la ley tenía claro que no había ninguna posibilidad de consenso. Nosotros lo que defendimos es que la ley se acordó en diputados con todos los sectores y para acordarla hubo que hacer modificaciones. No hicimos de la letra original algo de patria o muerte. Pero llegar a un acuerdo es llegar a un acuerdo y para cambiar un acuerdo tienen que haber argumentos de peso distintos a la presión empresarial, y no los hubo.
Pasaron ya nueve años de gobierno del Frente Amplio, ¿cuáles considerás que fueron avances relacionados a los intereses de las organizaciones del campo popular uruguayo y cuáles sus debes?
R: Me parece que este es un año de balance. Está claro que para la liberación nacional nos falta un tramo enorme, pero no hay dudas que ha habido avances. Hay que revisar datos de la CEPAL. En América Latina, en cuanto al salario medio real del año 2005 al 2012, Uruguay es el que más creció. Y vos decís ¿sólo en Uruguay hay gobiernos populares?, no, hay en un montón de países de nuestra región. Lo mismo en relación a que fue el país que más bajó la pobreza y el desempleo y creció el empleo formal.
Nos acostumbramos a que algunas de estas conquistas sociales, como eran parte de lo que teníamos que hacer cuando fuéramos gobierno, no son muy importantes. Pero sí son importantes, y desconocerlas no implica ser más independiente y rebelde con el gobernante, implica desconocer que la mayoría de esas conquistas fueron a costa de lucha. Me parece que no hay duda que la llegada del Frente Amplio generó mejores condiciones para la lucha social, pero es la lucha social la que en última instancia va a generar mejor distribución de la riqueza, más democracia, otro sentido ético, a apropiarse de espacios de poder.
En ese escenario que planteás, ¿cómo ves el proceso de movilización de las organizaciones del campo popular en este período, no sólo desde el sindicalismo sino desde sus otras expresiones?
R: Creo que ha habido de todo y que en el plano sindical es donde más se avanzó. En cuanto al desarrollo del movimiento estudiantil, en este escenario, me parece que tiene una dificultad gigantesca de construir, hacer política y vincularse a sus luchas. Y sin lucha no generás conciencia y por lo tanto tenés un problema importante. Yo esperaba otro desarrollo del movimiento estudiantil, creo que no generó las condiciones para un protagonismo más pesado. Pero esto es parte de una construcción donde tenemos que ser autocríticos, porque esa articulación también tiene que ser nuestra changa.
Y el movimiento cooperativo, con el que tenemos una relación histórica de mucho tiempo, todavía no ha aprovechado tener un desarrollo de cooperativas de vivienda y de autogestión como nunca antes en la historia. Me parece que CUDECOOP, la FUCVAM y nosotros, el movimiento sindical, tenemos que pensar que ahí tenés una herramienta en estas condiciones para generar un espacio alternativo, de ensayo, porque lo que está claro es que no tenemos la luz en el puño. Pero no tener luz en el puño no implica resignación a que lo que único que existe es el capitalismo, sino que estamos en una etapa de construcción de alternativas y en eso nos vamos a pegar doscientos porrazos.
¿Cuáles crees que han sido los avances para el sector empresarial y capitalista en Uruguay?
R: Nosotros tenemos en la construcción un 85% del trabajo que es inversión privada y buena parte de esa inversión se localiza en la costa para chalés caros. Eso evidentemente no me da gracia pero que eso es mucho mejor que en el 2002 donde no había una obra en todo Montevideo, seguro. Porque no vas a luchar fuera del capitalismo. Puede haber una reflexión donde digas que vas a construir espacios de poder por fuera del capitalismo, criticando sus reglas, pero es en las reglas del capitalismo. Es sometiéndolo a las criticas para generar fuerzas que permitan transformarlo y se generen condiciones nuevas y construir poder popular. Esa perspectiva es compleja, pero no puede ser una perspectiva, en mi opinión, principista abstracta.
¿Cuál es tú balance sobre el movimiento sindical hoy y qué habría que hacer para generar mayores cambios?
R: Estamos en una transición. El problema es que hemos tenido un crecimiento muy desparejo, no todas las organizaciones sindicales se desarrollaron igual. Nosotros pasamos de tener mil y pocos afiliados a cuarenta y dos mil. Pero para nosotros la cantidad de afiliados sería relativa sino creciéramos en la cantidad de gente que movilizamos. Nuestra perspectiva del sindicalismo no es tener muchos afiliados que piensen que afiliarse al sindicato es pagar la cuota y los dirigentes los que resuelven la tarea y traen las cosas hechas. Nuestra perspectiva de construcción del sindicato vale si el protagonismo de miles es mayor. La idea central de nuestro sindicato está en pensar que la construcción es colectiva, que tiene la necesaria unidad de acción para la lucha de clase pero que tiene a su vez una forma de construcción muy democrática. La participación de cada compañero importa mucho y eso no es cuestión accesoria sino que es el centro de la cuestión.
Es de público conocimiento que por tu pertenecía al PCU votarás a Taberé Vázquez. Suponiendo entonces que en las elecciones gane Tabaré ¿dónde estará Oscar Andrade el 2 de marzo de 2015?
R: Yo voy a estar acá seguro. Esta es mi casa. Yo le debo la vida a esto y me quedo acá por tres cosas: una por un sentido emocional donde es un poco la casa de uno y aprendí mucho. Otra por un elemento teórico donde creo que las trincheras sindicales tiene mucho para aportar y por lo tanto no se pueden descuidar ya que no son un escalón abajo, inferior al escalón gobierno o partido político, sino que son al menos de la misma importancia, y si me dejas, para mí de la misma importancia. La tercera, porque creo que la izquierda es construir proyectos colectivos y no la carrera a tal lugar, que pareciera es lo más cómodo o que parece es lo más visible.
Foto al pie: Agustina Grenno
