ARGENTINA
Conferencia de prensa en el Serpaj
Fuera G-20 y FMI de la Argentina
Jueves 15 de noviembre de 2018, por *
Esta
mañana en la sede del Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), la
Confluencia fuera G-20 y FMI, de la que la CTA-A forma parte, informó
que llevarán a cabo una semana de lucha para visibilizar de qué manera
el G-20 y el FMI condicionan la vida de los pueblos. Desde el 25 de
noviembre al 2 de diciembre se realizarán talleres y actividades
informativas y el 30 habrá movilizaciones masivas en todo el país y en
la Ciudad de Buenos Aires.
“Llamamos
a movilizarnos durante una semana de acción entre el 25 de noviembre y
el 1 de diciembre en todo el país y en Buenos Aires contra el G-20 y el
FMI, en defensa de la democracia y contra el neoliberalismo. Vemos que
las políticas del FMI y del G-20 significan lo mismo en todo el mundo:
hambre, austeridad, pobreza, mayor endeudamiento, saqueo, contaminación,
precarización laboral, precarización previsional. Son políticas de
muerte para nuestros pueblos.”, dijo Beverly Keene, de Diálogo 2000 y de
Confluencia contra el FMI y el G-20.
“Estamos unidos contra estas políticas que tienen beneficiarios claros, los países imperialistas y las multinacionales que se llevan las grandes ganancias. Por eso nos unimos contra el G-20 y el FMI”, detalló Keene, quien también contó que habrá movilizaciones en otros países en las embajadas argentinas. “El G-20 está conformado por pocos países del mundo pero pretende instalar políticas para el conjunto del mundo y eso también significa su ilegitimidad como instancia de coordinación y aquí estamos los pueblos para delinear nuestras propias políticas”, explicó Beverly.
A su lado, Norita Cortiñas, Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora, invitó a todos y todas a marchar con ellas, como todos los jueves, alrededor de la Pirámide de Mayo por Memoria, Verdad y Justicia y dijo: “Nosotros no tenemos miedo, como no tuvimos miedo las Madres que hace 40 años estamos en la calle pidiendo por lo mismo. No nos pueden quitar el derecho a reclamar, a peticionar, a rechazar cuando hay algo que va en contra nuestra. El G20 y el FMI vienen a darnos indicaciones de cómo tenemos que desarrollarnos como si fueran los patrones de la estancia”.
“Cuando empezamos, las Madres teníamos menos de 50 años y ahora tenemos 90, a veces busco papeles y encuentro volantes que repartíamos y me doy cuenta que pedíamos lo mismo, construir una patria para todos y todas.”, dijo Norita ante el aplauso de todos y todas.
El Grupo de los 20, constituido a fines de los años ’90, está compuesto por la Unión Europea y 19 países: Alemania, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China, Corea del Sur, Estados Unidos, Francia, India, Indonesia, Italia, Japón, México, Reino Unido, Rusia, Sudáfrica y Turquía. A partir de la crisis financiera de 2008, adquirió un rol preponderante como foro internacional, con el principal objetivo de acordar políticas de regulación y estabilización del sistema financiero internacional. Desde su nacimiento, recibe asesoría del FMI, del Banco Mundial y de la OCDE.
Los países que integran el G-20 representan un total de 2.631 millones de trabajadores y trabajadoras, el 85% del producto bruto global, el 66% de la población mundial, el 75% del comercio internacional y el 80% de las inversiones mundiales.
Las políticas delineadas por el G-20 intentan desintegrar los convenios colectivos de trabajo, aumentar la jornada laboral y la flexibilización laboral, y promueven la hostilidad hacia el sindicalismo.
En representación de la CTA-A, Ricardo Peidro, su Secretario General dijo: “También van a participar Centrales de otras partes del mundo. La movilización contra el FMI y contra el G-20 también va a ser masiva en todas las provincias, así como en la Ciudad de Buenos Aires”.
* Periodista, docente universitaria y directora de la Secretaría de Comunicación de la CTA Autónoma “Estamos unidos contra estas políticas que tienen beneficiarios claros, los países imperialistas y las multinacionales que se llevan las grandes ganancias. Por eso nos unimos contra el G-20 y el FMI”, detalló Keene, quien también contó que habrá movilizaciones en otros países en las embajadas argentinas. “El G-20 está conformado por pocos países del mundo pero pretende instalar políticas para el conjunto del mundo y eso también significa su ilegitimidad como instancia de coordinación y aquí estamos los pueblos para delinear nuestras propias políticas”, explicó Beverly.
A su lado, Norita Cortiñas, Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora, invitó a todos y todas a marchar con ellas, como todos los jueves, alrededor de la Pirámide de Mayo por Memoria, Verdad y Justicia y dijo: “Nosotros no tenemos miedo, como no tuvimos miedo las Madres que hace 40 años estamos en la calle pidiendo por lo mismo. No nos pueden quitar el derecho a reclamar, a peticionar, a rechazar cuando hay algo que va en contra nuestra. El G20 y el FMI vienen a darnos indicaciones de cómo tenemos que desarrollarnos como si fueran los patrones de la estancia”.
“Cuando empezamos, las Madres teníamos menos de 50 años y ahora tenemos 90, a veces busco papeles y encuentro volantes que repartíamos y me doy cuenta que pedíamos lo mismo, construir una patria para todos y todas.”, dijo Norita ante el aplauso de todos y todas.
El Grupo de los 20, constituido a fines de los años ’90, está compuesto por la Unión Europea y 19 países: Alemania, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China, Corea del Sur, Estados Unidos, Francia, India, Indonesia, Italia, Japón, México, Reino Unido, Rusia, Sudáfrica y Turquía. A partir de la crisis financiera de 2008, adquirió un rol preponderante como foro internacional, con el principal objetivo de acordar políticas de regulación y estabilización del sistema financiero internacional. Desde su nacimiento, recibe asesoría del FMI, del Banco Mundial y de la OCDE.
Los países que integran el G-20 representan un total de 2.631 millones de trabajadores y trabajadoras, el 85% del producto bruto global, el 66% de la población mundial, el 75% del comercio internacional y el 80% de las inversiones mundiales.
Las políticas delineadas por el G-20 intentan desintegrar los convenios colectivos de trabajo, aumentar la jornada laboral y la flexibilización laboral, y promueven la hostilidad hacia el sindicalismo.
En representación de la CTA-A, Ricardo Peidro, su Secretario General dijo: “También van a participar Centrales de otras partes del mundo. La movilización contra el FMI y contra el G-20 también va a ser masiva en todas las provincias, así como en la Ciudad de Buenos Aires”.
Confluencia Fuera G-20 y FMI
Organizados contra el G-20
Miércoles 14 de noviembre de 2018, por *
Entre
el 30 de noviembre y el 1 de diciembre, la CTA Autónoma, junto a otras
organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos, conformados en
Confluencia contra el G-20, llevarán adelante una agenda de lucha
contra los gobiernos de los países más poderosos del mundo. El 30, la
Central se movilizará en todo el país para volver a denunciar el ajuste y
las políticas de saqueo y hambre, así como la militarización de la
Ciudad.
"No
vamos a permitir caras tapadas, ni mochilas con piedras", dijo Patricia
Bullrich, la Ministra de Seguridad de la Nación al justificar que 25
mil efectivos de la policía serán destinados esos días a velar por la
seguridad de la cumbre cuando Buenos Aires se convierta en una ciudad
vigilada y militarizada. Será la primera vez que Argentina reciba a los
principales líderes del G-20 y que presida el grupo de las economías más
poderosas del mundo.
Ya se confirmó la visita de Donald Trump, Vladimir Putin y la de Angela Merkel, además de la participación de unas 8.000 personas, entre líderes, sus delegaciones, los sherpas, las autoridades ministeriales, el personal de seguridad de las comitivas y la prensa.
El Grupo de los 20, constituido a fines de los años ’90, está compuesto por la Unión Europea y 19 países: Alemania, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China, Corea del Sur, Estados Unidos, Francia, India, Indonesia, Italia, Japón, México, Reino Unido, Rusia, Sudáfrica y Turquía. A partir de la crisis financiera de 2008, adquirió un rol preponderante como foro internacional, con el principal objetivo de acordar políticas de regulación y estabilización del sistema financiero internacional. Desde su nacimiento, recibe asesoría del FMI, del Banco Mundial y de la OCDE.
Los países que integran el G-20 representan un total de 2.631 millones de trabajadores y trabajadoras, el 85% del producto bruto global, el 66% de la población mundial, el 75% del comercio internacional y el 80% de las inversiones mundiales.
Las políticas delineadas por el G-20 intentan desintegrar los convenios colectivos de trabajo, aumentar la jornada laboral y la flexibilización laboral y promueven la hostilidad hacia el sindicalismo.
Tampoco habrá actividad ferroviaria en las estaciones cabeceras de Retiro y se decretó asueto administrativo en la Ciudad de Buenos Aires en todas las dependencias estatales. Toda la zona cercana a Costa Salguero, que concentra un perímetro de 12 kilómetros, estará cerrada al público y será custodiada por Prefectura, Gendarmería, Policía Federal, PSA, Fuerzas Anti Disturbio, buzos y unidades de superficie. Más allá de los cortes, también habrá fuertes operativos en la zona de Puerto Madero, Retiro y Recoleta.
Fue en febrero de este año cuando el Gobierno anunció un gasto de 100 mil millones de pesos en la compra de armas, equipos antidisturbios y proyectiles que serán destinados a la seguridad de la Cumbre. Se compraron 180 escopetas, y 15 millones de balas de goma, 2.000 proyectiles de gases lacrimógenos y chalecos policiales. La mayor parte de los materiales fueron adquiridos por el Ministerio de Seguridad, que solicitó, además, 6.000 vallas de contención, 15 millones de balas de goma, 9.100 chalecos multiamenaza, 2 millones de cartuchos de bala 9 mm, 3.150 juegos de cascos, escudos, máscaras antigas y bastones para policías y gendarmes, así como 4.900 precintos plásticos de seguridad que se utilizan a modo de esposas para detenidos.
En este contexto, representantes de organizaciones sindicales, sociales y políticas se reunieron en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, en agosto pasado, para organizar la resistencia a la Cumbre del G-20. Fueron más de 200 representantes de organizaciones del país y de la región: la CTA Autónoma, ATTAC Argentina, Jubileo Sur, ATE, Frente Darío Santillán, Movimiento Evita, CTEP, Libres del Sur, PSTU, Movimiento Campesino de Misiones, Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), Red Amigos de la Tierra, Asamblea Argentina Mejor Sin TLC, Multisectorial Anti-Extractivista, Sociedad de Economía Crítica y CLATE, entre otros.
Fue en esa primera reunión cuando se acordó trabajar en un espacio de unidad bajo el nombre de Confluencia Fuera G-20 y FMI y realizar un llamamiento a los pueblos y movimientos sociales del mundo a movilizarse durante noviembre y diciembre en todos los países, así como a estar presentes en Buenos Aires contra el G-20 y su agenda de dominación. El Espacio Confluencia Fuera G-20 y FMI está entre las organizaciones más vigiladas por el Gobierno de Cambiemos y las Fuerzas de Seguridad.
* Periodista, docente universitaria y directora de la Secretaría de Comunicación de la CTA Autónoma Ya se confirmó la visita de Donald Trump, Vladimir Putin y la de Angela Merkel, además de la participación de unas 8.000 personas, entre líderes, sus delegaciones, los sherpas, las autoridades ministeriales, el personal de seguridad de las comitivas y la prensa.
El Grupo de los 20, constituido a fines de los años ’90, está compuesto por la Unión Europea y 19 países: Alemania, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China, Corea del Sur, Estados Unidos, Francia, India, Indonesia, Italia, Japón, México, Reino Unido, Rusia, Sudáfrica y Turquía. A partir de la crisis financiera de 2008, adquirió un rol preponderante como foro internacional, con el principal objetivo de acordar políticas de regulación y estabilización del sistema financiero internacional. Desde su nacimiento, recibe asesoría del FMI, del Banco Mundial y de la OCDE.
Los países que integran el G-20 representan un total de 2.631 millones de trabajadores y trabajadoras, el 85% del producto bruto global, el 66% de la población mundial, el 75% del comercio internacional y el 80% de las inversiones mundiales.
Las políticas delineadas por el G-20 intentan desintegrar los convenios colectivos de trabajo, aumentar la jornada laboral y la flexibilización laboral y promueven la hostilidad hacia el sindicalismo.
Vigilar y castigar
El operativo de seguridad para esos días incluye, además, cientos de custodios que llegarán con cada una de las delegaciones extranjeras, mientras que el aeroparque metropolitano Jorge Newbery estará cerrado durante tres días a los vuelos comerciales. La Autopista Illia, Cantilo y Lugones permanecerán cerradas al tránsito desde el jueves 29 hasta el domingo 02 de diciembre, así como el puerto de Buenos Aires, que cerrará sus operaciones: durante esos días no habrá libertad marítima para circular y esas aéreas serán controladas por la prefectura naval.Tampoco habrá actividad ferroviaria en las estaciones cabeceras de Retiro y se decretó asueto administrativo en la Ciudad de Buenos Aires en todas las dependencias estatales. Toda la zona cercana a Costa Salguero, que concentra un perímetro de 12 kilómetros, estará cerrada al público y será custodiada por Prefectura, Gendarmería, Policía Federal, PSA, Fuerzas Anti Disturbio, buzos y unidades de superficie. Más allá de los cortes, también habrá fuertes operativos en la zona de Puerto Madero, Retiro y Recoleta.
Fue en febrero de este año cuando el Gobierno anunció un gasto de 100 mil millones de pesos en la compra de armas, equipos antidisturbios y proyectiles que serán destinados a la seguridad de la Cumbre. Se compraron 180 escopetas, y 15 millones de balas de goma, 2.000 proyectiles de gases lacrimógenos y chalecos policiales. La mayor parte de los materiales fueron adquiridos por el Ministerio de Seguridad, que solicitó, además, 6.000 vallas de contención, 15 millones de balas de goma, 9.100 chalecos multiamenaza, 2 millones de cartuchos de bala 9 mm, 3.150 juegos de cascos, escudos, máscaras antigas y bastones para policías y gendarmes, así como 4.900 precintos plásticos de seguridad que se utilizan a modo de esposas para detenidos.
Organización popular: Confluencia Fuera G-20 y FMI
El G-20 se reúne en Argentina en el marco de una fuerte crisis económica mundial, que se expresa en políticas de despidos masivos, recorte presupuestario, crecimiento del endeudamiento y disparada del dólar.En este contexto, representantes de organizaciones sindicales, sociales y políticas se reunieron en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, en agosto pasado, para organizar la resistencia a la Cumbre del G-20. Fueron más de 200 representantes de organizaciones del país y de la región: la CTA Autónoma, ATTAC Argentina, Jubileo Sur, ATE, Frente Darío Santillán, Movimiento Evita, CTEP, Libres del Sur, PSTU, Movimiento Campesino de Misiones, Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), Red Amigos de la Tierra, Asamblea Argentina Mejor Sin TLC, Multisectorial Anti-Extractivista, Sociedad de Economía Crítica y CLATE, entre otros.
Fue en esa primera reunión cuando se acordó trabajar en un espacio de unidad bajo el nombre de Confluencia Fuera G-20 y FMI y realizar un llamamiento a los pueblos y movimientos sociales del mundo a movilizarse durante noviembre y diciembre en todos los países, así como a estar presentes en Buenos Aires contra el G-20 y su agenda de dominación. El Espacio Confluencia Fuera G-20 y FMI está entre las organizaciones más vigiladas por el Gobierno de Cambiemos y las Fuerzas de Seguridad.
15/11/2018
Paranoia y clima enrarecido en la previa del G20
Un piloto interfirió las comunicaciones del Aeroparque y pudo
haber generado una tragedia. Londres alertó de posibles atentados en
Argentina. También detuvieron a dos argentinos acusados de estar
vinculados a grupos terroristas. En otro confuso hecho, ayer hubo una
explosión frustrada en el mausoleo del coronel Ramón Falcón en el
Cementerio de Recoleta. El mismo día hubo un supuesto atentado con bomba
casera en el frente de la casa del juez federal Claudio Bonadío. De a
poco conceptos como “violencia”, “alerta” “atentado”, “terrorismo” y
“anarquistas” van copando los medios. El clima enrarecido perfecto que
justificará el inmenso y costoso operativo de seguridad para la cumbre
del G20: un corte total de accesos que bloqueará 12 kilómetros de la
Ciudad de Buenos Aires, suspenderá trenes, subtes y vuelos de aviones
desde el jueves 29 noviembre al domingo 2 de diciembre. Por ANRed.
Aparentemente todos casos inconexos de “inseguridad” van poblando de a poco las páginas, sitios y canales de muchos medios hegemónicos, y todos desembocan en la instalación de un clima previo enrarecido y paranoico de cara a la cumbre del G20 que se realizará los días 30 de noviembre y 1 de diciembre en el complejo Costa Salguero de la Ciudad de Buenos Aires. Basta con hacer un recorrido rápido por esas noticias.
El piloto fue detenido por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) – justamente, una de las fuerzas que participarán del operativo de seguridad del G20 – y “el gran diario argentino” también informaría la insólita respuesta del piloto al juez federal Sebastián Ramos: “estaba boludeando, sólo quise mandar un saludo”. Un supuesto saludo al vuelo en el que iba su hija.
El juez este martes ordenó su detención y allanamientos en dos empresas que serían propiedad de Penín, y continúa la investigación. “Las primeras líneas de investigación, por el momento, no detectaron ningún vínculo con grupos extremistas, políticos ni religiosos que puedan haber motivado al hombre, de 58 años, a intervenir la frecuencia”, informa Clarín, para tranquilidad de todos y todas.
Por el alerta la ministra de Seguridad Patricia Bullrich se mostró públicamente descontenta por el pánico que genera esa alerta, y que subestima las medidas de seguridad del país. La oficina inglesa aclaró que el aviso no se refiere al G20, sino que es un aviso de rutina, que se actualiza cada vez que existe la posibilidad de que ciudadanos ingleses viajen a otros países.
“Las fuentes consultadas por La Nación revelaron que el propio Canicoba Corral había solicitado información a los británicos sobre los detenidos”, cuya “identidad se mantiene en reserva”.
Por la explosión frustrada, una joven tuvo heridas de quemaduras y se encuentra “con riesgo de vida”, según informó Clarín, en el Hospital Fernández. Mientras quien sería su pareja, fue trasladado a la escuela de policía Juan Vucetich.
“Al lugar asistieron la Policía de la Ciudad, los Bomberos y el SAME, que se encontraron con pintadas anarquistas. Según la policía, en el cementerio se encontraron cinco caños con explosivos como el que estalló en la mano de la mujer herida”, diría Clarín.
La Nación aprovechó la noticia, para tirar, nuevamente, un manto de sospecha sobre feminismo, al referirse a “El mensaje en lenguaje inclusivo que dejaron los anarquistas en el cementerio de La Recoleta“, en referencia al mensaje que dejaron quienes pusieron el artefacto: “Simón vive en lxs corazones de todxs lxs insurrektxs”. Igualmente el medio oficialista reinterpretaría el mensaje a su gusto y piacere: “Simón vive en la lucha de todxs los anarquistas insurgentes” (SIC).
Ante el hecho el presidente Mauricio Macri quiso mostrarse fuerte: “Han captado nuestra atención. Vamos a actuar con todo el peso de la ley; no vamos a aceptar este tipo de situaciones violentas. Los autores de estos atentados van a pagar las consecuencias“, señaló en declaraciones a una radio de La Pampa, informó Infobae.
Hoy nos enteraríamos por TN que “ya son 10 los detenidos en los allanamientos por la bomba en el Cementerio de la Recoleta”, y que “tenían mechas, pólvoras y caños parecidos a los que se usaron en el ataque. Se suman a los dos detenidos”.
Sobre el hecho también habló el secretario de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D’Alessandro, quien en una entrevista brindada al periodista Luis Novaresio, declaró: “en todos los lugares del mundo donde se realizó el G20 sucedieron estos hechos, como en Hamburgo. Nosotros no lo descartamos“, en relación a la posibilidad de atentados durante la cumbre de presidentes.
“Las fuentes confirmaron que el sospechoso tiró al patio delantero de la casa un artefacto incendiario con un caño de 25 conjuntamente con dos tubos de gas butano y un desodorante, que se accionaba con una mecha. Luego, el joven intentó escapar, pero fue interceptado a pocas cuadras en la calle Mendoza”, informó Clarín.
“La bomba era casera, pero tenía un grado de sofisticación importante, no era como el resto. Tenía más sofisticación y más poderío“, aseguró el medio que afirmó Marcelo D’Alessandro, secretario de Seguridad porteño.
Según la información oficial sobre la organización del G20 que llegó a los periodistas apostados en el Senado de la Nación, en el Aeroparque y la pista de El Palomar no habrán vuelos comerciales desde el jueves 29/11 a las 15hs hasta el sábado 01/12 a las 22hs, mientras que Ezeiza operará normalmente, con más operativos de seguridad y controles migratorios. “Cumbre del G20: blindarán una zona aérea de 460 kilómetros donde se podrá derribar a los aviones no autorizados“, detallará Infobae.
Tampoco habrá actividad ferroviaria en las estaciones cabeceras de Retiro desde el viernes 30/11 a las 10hs hasta el domingo 02/12 a las 12hs. Lo mismo le sucederá al puerto de Buenos Aires, que cerrará sus operaciones, “y durante este tiempo no habrá libertad marítima para circular, aéreas controladas por Prefectura Naval”.
Toda la zona cercana a Costa Salguero estará cerrada al público en un perímetro de 12 kilómetros que estará custodiado por Prefectura, Gendarmería, Policía Federal, Policía de Seguridad Aeroportuaria, Fuerzas Antidisturbio, buzos y unidades de superficie, dispuestos en tres anillos de protección durante el evento, que estarán ubicados en Figueroa Alcorta y Sarmiento, Lugones y Dorrego, y en la autopista Illia, cercano a Avenida del Libertador. Todos estos cortes totales comienzan el jueves 29 de noviembre a las 15 y concluyen el domingo 02 de diciembre a las 12. En tanto, la avenida Ramos Mejía también estará cortada y vigilada, especialmente por la Villa 31. También habrá fuertes operativos en la zona de Puerto Madero, Retiro y Recoleta, con refuerzo con corte en el cruce de Alvear y Arroyo, zona por donde circularán los mandatarios para entrar y salir de los hoteles.
La cena de gala será el viernes 30 de noviembre en el Teatro Colón, por lo que estará cerrada al tránsito la Avenida 9 de Julio desde ese día hasta el sábado 01 de diciembre a la mañana, y no habrán subtes en la zona por esta razón.
Para que el caos de tránsito no se sienta tanto, el Gobierno decretó un asueto administrativo en la Ciudad de Buenos Aires en todas las dependías estatales, mientras que los sectores privados deciden qué quieren hacer.
Todo un operativo inmenso justificado porque “el fantasma de la violencia altera los sueños del Gobierno”, como tituló hace poco La Nación.
¿Cuándo empezaran a aparecer los conceptos de “criminalización” y “estigmatización” de la protesta en los medios hegemónicos?
La meta del presidente argentino Mauricio Macri en la organización de la Cumbre de los 20 en Buenos Aires, más allá de su infructuosa búsqueda de inversiones y de “integrar al país en el mundo”, es utilizarla como plataforma para el lanzamiento de su reelección en 2019, en medio de una de las crisis económicas, financieras y sociales más grandes de la historia argentina. Por Claudio della Croce.
La cumbre se escenifica en un momento en el que los gobiernos progresistas están en reflujo y hay una nueva ola de gobiernos neoliberales en la región que buscan salvaguardar el sistema de capitalismo financiero mientras el presidente estadounidense Donald Trump ve recortadas sus facultades ante la elección de una Cámara de Representantes adversa.
Pedidos de financiamiento para infraestructura, impulso a los acuerdos comerciales y objetivos políticos se entrelazan en las prioridades para la actividad paralela del presidente Mauricio Macri, quien prevé encuentros bilaterales con los mandatarios de Estados Unidos, Rusia, China, Francia, Reina Unido y Japón. Y no se descarta reuniones con los líderes de Corea del Sur, Singapur e Italia.
La evolución de las inversiones extranjeras en Argentina es una de las principales prioridades que tendrá el mandatario durante los encuentros, sobre todo en la posibilidad de ampliar los programas de participación público-privada (PPP). Macri espera concretar la apertura de nuevos mercados para la (cada vez menor) producción argentina. Durante la cumbre es probable que se firmen acuerdos pendientes en el ámbito agroindustrial.
Además del aspecto financiero y comercial, la llegada de los mandatarios más poderosos del mundo tendrá también encuentros políticos, como el previsto con la primera ministra británica, Theresa May, a quien le manifestaría el malestar por los ejercicios militares recientes efectuados en las islas Malvinas.
El documento de consenso, en el que el Gobierno trabaja desde hace un año y está en poder de las cancillerías de los países participantes, incluye capítulos sobre educación, futuro del trabajo, sistema impositivo, desarrollo sustentable y comercio internacional.
EE.UU.
Además de participar en el G-20, Trump llegará a la Argentina en una visita de Estado y abordará con Macri el acuerdo con el FMI (que se logró gracias a la presión del mandatario estadounidense para evitar el default), el ingreso de la Argentina a la OCDE, las crisis en Venezuela y Nicaragua, el acceso a mercados para productos argentinos y la cooperación en materia de energía, seguridad y derechos humanos. Washington tuvo en la Argentina de Macri un aliado desde el primer momento.
Se espera también que aborden la intención de EE.UU. de involucrarse en la explotación de los yacimientos de hidrocaruburos de Vaca Muerta, en los que está interesado el secretario estadounidense de Energía, Rick Perry.
China
A tres semanas del arribo del presidente chino Ji-Xinping a la Argentina con motivo de su participación en la reunión del G20, el gobierno del país anfitrión decidió enviar a una avanzada a ese país para allanar las negociaciones en camino para obtener más financiamiento, inversiones y favorecer el comercio.
La comitiva está integrada por el presidente del Banco Central, Guido Sandleris y el asesor presidencial hombre de máxima confianza del presidente Mauricio Macri, Francisco Cabrera, con el fin de contarles a las autoridades chinas la situación tras el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y explicar las políticas impuestas en materia monetaria, de equilibrio fiscal, así como los avances del plan de inversiones en infraestructura y las proyecciones para 2019.
Cabrera será el encargado de encarar los temas de PPP (proyectos de participación público privada), aprovechando el interés de Pekin de relanzar una nueva Ruta de la Seda, Según datos oficiales, la inversión china en la Argentina pasó de 21 millones de dólares en 2005 a 246 millones en 2016. El macrismo espera inversiones por un monto de 9.000 millones de dólares en infraestructura y energía.
En tanto, la construcción de la central nuclear Atucha III es uno de los puntos que generaron incertidumbre en los últimos tiempos debido a los requerimientos del FMI para recortar gastos y la insistencia de Pekín para que no haya una marcha atrás.
Rusia
La energía, el comercio y las inversiones están al tope de la agenda de la relación entre la Argentina y Rusia. Macri y Putin –de reunirse- podrán discutir la evolución de las inversiones rusas en el país y los programas de PPP, en los que el sector privado ruso ya tuvo experiencias de bajo calibre, la participación rusa en el desarrollo de Vaca Muerta, y la exportación de alimentos..
En la Cancillería argentina contemplan que Putin y Macri aborden la cooperación en seguridad y las posibilidades de cooperar en materia de ciencia y la exploración espacial, además de estudiar un pacto de cooperación entre el Mercosur y a la Unión Económica Euroasiática.
Gran Bretaña, Francia, Japón
Theresa May será la segunda premier británica que pise la Argentina desde el fin de la Guerra de Malvinas y su visita confirma el deshielo en las relaciones del vínculo bilateral impulsado por la administración Macri, que permitió acuerdos de cooperación y facilitó la identificación de los cuerpos de combatientes argentinos enterrados en el cementerio de Darwin.
El deshielo tiene su precio: Argentina no menciona el tema de la soberanía y actualmente negocian la ampliación de la oferta de vuelos comerciales desde las Malvinas hacia el continente.
Mientras, la evolución de las inversiones francesas tras el acuerdo con el FMI, será una prioridad de Macri, así como el agradecimiento al apoyo público de Macron a la gestión de su gobierno. El tema del Tratado de Libre Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea dejó de ser un tema prioritario, pero la cancillería argentina sueña con hacer un anuncio durante el G-20. No se descarta que forme parte de la conversación el ingreso de la Argentina a la OCDE.
Asimismo, Macri buscará concretar un tratado bilateral de inversión (TBI) con Japón y abordará dos ejes claves en sus intereses: un acuerdo comercial con el Mercosur y la transferencia de mando de la presidencia del G-20. Impulsor de Tratados de Libre Comercio, Macri buscará darle el primer empuje político significativo a esta negociación. Por lo pronto, en julio el Gobierno anunció la apertura del mercado de carnes locales a Japón.
México, Brasil y otros encuentros
En el Gobierno no descartan que el brasileño Michel Temer pueda venir acompañado del mandatario electo Jair Bolsonaro, pero recuerdan que es un tema de Brasil. Sí está confirmado que el presidente mexicano Enrique Peña Nieto tendrá una participación menor en la Cumbre para asistir al traspaso de mando en México, con Andrés Manuel López Obrador.
Además de la cumbre de líderes, Macri asistirá a un encuentro (fuera de la sede oficial en Costa Salguero) a cargo del Banco Mundial y otro presidido por la reina de Holanda Máxima Zorreguieta, hija de un alto funcionario de la dictadura cívico-militar argentina. Desde el gobierno subrayan la presencia de Angel Gurría, el secretario general de la OCDE, a la que el Gobierno argentino pugna por ingresar.
Seguridad
El gobierno argentino destinó 150 millones de dólares, un tercio destinado a la militarización y a lo que llama la “seguridad y la defensa de la Cumbre” , en un momento de conflicto social en auge, presupuesto que sirve para comprar y justificar la compra de más materiales “antidisturbios”, o sea, balas de goma, cascos para la policía, y todos los elementos que sirven para reprimir y que después quedan en el país.
El tema del esquema de seguridad trascendió las fronteras. El gobierno uruguayo solicitó autorización al Parlamento para que Uruguay reciba a 400 militares estadounidenses y cuatro aeronaves del 26 de noviembre al 3 de diciembre para realizar tareas de seguridad y custodiar al presidente Donald Trump, en su visita. El pedido fue realizado por la Oficina de Cooperación de Defensa de la Embajada de EEUU al ministerio de Defensa uruguayo. Aunque el proyecto de ley que enviara el jecutivo aún no fue debatido en la Asamblea General, cuenta con la repulsa de las organizaciones de izquierda y movimientos populares, entre ellas la poderosa central sindical unitaria PIT-CNT, cuyo secretario general, Marcelo Abdala, dijo estar “absolutamente en contra de esta iniciativa” y recordó que “en Argentina habrá movilizaciones importantes: si quieren que monitoreen desde otro lugar”. Además de Trump, asistirán a la cumbre Vladimir Putin (Rusia), Angela Merkel (Alemania), Emmanuel Macron (Francia), Xi Jinping (China), Narendra Modi (India), Recep Tayyip Erdogan (Turquía), Shinzo Abe (Japón), Justin Trudeau (Canadá), Theresa May (Gran Bretaña), Pedro Sánchez (España), y Salmán bin Abdulaziz (Arabia Saudita).
La Agencia Federal de Inteligencia (AFI) es parte de los 25 mil agentes dispuestos por el Gobierno para transitar los dos días del G20 en paz: ese es el principal objetivo del macrismo, antes que alcanzar algún consenso geopolítico bastante improbable entre los líderes Donald Trump, Vladimir Putin, Xi Jinping y Angela Merkel.
El diario Perfil señala que la AFI se dedica desde hace meses a realizar un trabajo de control y seguimiento sobre los diferentes grupos que se manifestarán contra el encuentro y la injerencia del FMI: analizó las últimas 20 reuniones del G20, y se mantiene en contacto permanente con las agencias de inteligencia de los 28 países participantes: los 19 protagonistas de la Cumbre, más los que integran organismos multilaterales como el FMI, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo.
Si bien existe un trabajo coordinado con la CIA, el MI5 y la KGB, entre otras agencias, cada presidente invitado cuenta con un equipo de seguridad personal. Solo el estadounidense Donald Trump traerá una custodia de alrededor de mil personas, según adelantó Clarín. Estados Unidos ayudará a las Fuerzas Armadas a blindar el espacio aéreo con un avión y un barco radarizados (el portaaviones USS Carl Vinson).
Fuente: Rebelión
Aparentemente todos casos inconexos de “inseguridad” van poblando de a poco las páginas, sitios y canales de muchos medios hegemónicos, y todos desembocan en la instalación de un clima previo enrarecido y paranoico de cara a la cumbre del G20 que se realizará los días 30 de noviembre y 1 de diciembre en el complejo Costa Salguero de la Ciudad de Buenos Aires. Basta con hacer un recorrido rápido por esas noticias.
El piloto loco que interfirió comunicaciones del Aeroparque
El domingo pasado el piloto Fabián Roberto Penín, alrededor de las 11.20, interfirió las comunicaciones de Aeroparque y generó confusión en la tripulación del avión AR 1964 de Aerolíneas Argentinas que viajaba a Bariloche. “Al interferir la frecuencia, el piloto privado recibido en 2009 en el Centro Universitario de Aviación (CUA) dejó inactiva a la Torre de Control durante varios minutos. Algo que podría haber llevado a una tragedia, en medio de las múltiples operaciones de despegue y aterrizaje“, detalló el diario Clarín.El piloto fue detenido por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) – justamente, una de las fuerzas que participarán del operativo de seguridad del G20 – y “el gran diario argentino” también informaría la insólita respuesta del piloto al juez federal Sebastián Ramos: “estaba boludeando, sólo quise mandar un saludo”. Un supuesto saludo al vuelo en el que iba su hija.
El juez este martes ordenó su detención y allanamientos en dos empresas que serían propiedad de Penín, y continúa la investigación. “Las primeras líneas de investigación, por el momento, no detectaron ningún vínculo con grupos extremistas, políticos ni religiosos que puedan haber motivado al hombre, de 58 años, a intervenir la frecuencia”, informa Clarín, para tranquilidad de todos y todas.
Alerta de Londres
El miércoles pasado la Foreing Office de Gran Bretaña emitió un alerta o “consejo” de cara al G20: “es muy probable que los terroristas intentes perpetrar ataques en la Argentina. Los ataques podrían ser indiscriminados, incluyendo lugares frecuentados por migrantes o viajeros”, señaló el panicoso comunicado inglés, que también informó que desde el 2004 se registran “pequeñas explosiones” de cajeros de banco en “Buenos Aires y las provincias que la rodean”, que se sospechan son obras de grupos antiglobalización.Por el alerta la ministra de Seguridad Patricia Bullrich se mostró públicamente descontenta por el pánico que genera esa alerta, y que subestima las medidas de seguridad del país. La oficina inglesa aclaró que el aviso no se refiere al G20, sino que es un aviso de rutina, que se actualiza cada vez que existe la posibilidad de que ciudadanos ingleses viajen a otros países.
Los detenidos sospechados de terroristas
Justamente, dando entidad a los alertado por Londres, La Nación informaba ayer que “cuando sólo faltan dos semanas para la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno del G20, que tiene en vilo a la seguridad mundial, dos ciudadanos acusados de estar suspuestamente vinculados con ‘terroristas colombianos’ fueron detenidos por orden del juez federal Canicoba Corral, informaron fuentes oficiales“.“Las fuentes consultadas por La Nación revelaron que el propio Canicoba Corral había solicitado información a los británicos sobre los detenidos”, cuya “identidad se mantiene en reserva”.
Bombas para Falcón
Ayer por la tarde casi todos los medios transmitían en cadena la noticia de que dos jóvenes – de origen supuestsamente anarquista – habrían intentado realizar un atentado – que luego de frustró – con artefactos caseros en el mausoleo del coronel Ramón Falcón en el Cementerio de Recoleta, al cumplirse un nuevo aniversario del ajusticiamiento del jefe de la Policía de la Capital ajusticiado a manos del anarquista polaco Simón Radowitzk.Por la explosión frustrada, una joven tuvo heridas de quemaduras y se encuentra “con riesgo de vida”, según informó Clarín, en el Hospital Fernández. Mientras quien sería su pareja, fue trasladado a la escuela de policía Juan Vucetich.
“Al lugar asistieron la Policía de la Ciudad, los Bomberos y el SAME, que se encontraron con pintadas anarquistas. Según la policía, en el cementerio se encontraron cinco caños con explosivos como el que estalló en la mano de la mujer herida”, diría Clarín.
La Nación aprovechó la noticia, para tirar, nuevamente, un manto de sospecha sobre feminismo, al referirse a “El mensaje en lenguaje inclusivo que dejaron los anarquistas en el cementerio de La Recoleta“, en referencia al mensaje que dejaron quienes pusieron el artefacto: “Simón vive en lxs corazones de todxs lxs insurrektxs”. Igualmente el medio oficialista reinterpretaría el mensaje a su gusto y piacere: “Simón vive en la lucha de todxs los anarquistas insurgentes” (SIC).
Ante el hecho el presidente Mauricio Macri quiso mostrarse fuerte: “Han captado nuestra atención. Vamos a actuar con todo el peso de la ley; no vamos a aceptar este tipo de situaciones violentas. Los autores de estos atentados van a pagar las consecuencias“, señaló en declaraciones a una radio de La Pampa, informó Infobae.
Hoy nos enteraríamos por TN que “ya son 10 los detenidos en los allanamientos por la bomba en el Cementerio de la Recoleta”, y que “tenían mechas, pólvoras y caños parecidos a los que se usaron en el ataque. Se suman a los dos detenidos”.
Sobre el hecho también habló el secretario de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D’Alessandro, quien en una entrevista brindada al periodista Luis Novaresio, declaró: “en todos los lugares del mundo donde se realizó el G20 sucedieron estos hechos, como en Hamburgo. Nosotros no lo descartamos“, en relación a la posibilidad de atentados durante la cumbre de presidentes.
¿Bomba para Bonadío?
Curiosamente, la misma tarde los medios daban cuenta de un supuesto intento de atentado con una bomba casera en el frente de la casa del juez federal Claudio Bonadío. Y también se señalaba al joven que habría realizado el ataque con “grupos anarquistas”.“Las fuentes confirmaron que el sospechoso tiró al patio delantero de la casa un artefacto incendiario con un caño de 25 conjuntamente con dos tubos de gas butano y un desodorante, que se accionaba con una mecha. Luego, el joven intentó escapar, pero fue interceptado a pocas cuadras en la calle Mendoza”, informó Clarín.
“La bomba era casera, pero tenía un grado de sofisticación importante, no era como el resto. Tenía más sofisticación y más poderío“, aseguró el medio que afirmó Marcelo D’Alessandro, secretario de Seguridad porteño.
Todos los caminos conducen al megaoperativo del G20
Todos estos supuestos hechos de inseguridad, todos juntos, todos a poco de realizarse la cumbre de presidentes, llevan de a poco a los medios hegemónicos a instalar las palabras “violencia”, “alerta” “atentado”, “terrorismo” y “anarquistas”, seguidas de la frase “a pocos días del G20”. El combo perfecto para el megaoperativo de seguridad que desplegará el gobierno de Mauricio Macri, a cargo de su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que bloqueará 12 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, suspenderá trenes y vuelos de aviones durante cuatro días, lo que supondrá un verdadero caos de tránsito.Según la información oficial sobre la organización del G20 que llegó a los periodistas apostados en el Senado de la Nación, en el Aeroparque y la pista de El Palomar no habrán vuelos comerciales desde el jueves 29/11 a las 15hs hasta el sábado 01/12 a las 22hs, mientras que Ezeiza operará normalmente, con más operativos de seguridad y controles migratorios. “Cumbre del G20: blindarán una zona aérea de 460 kilómetros donde se podrá derribar a los aviones no autorizados“, detallará Infobae.
Tampoco habrá actividad ferroviaria en las estaciones cabeceras de Retiro desde el viernes 30/11 a las 10hs hasta el domingo 02/12 a las 12hs. Lo mismo le sucederá al puerto de Buenos Aires, que cerrará sus operaciones, “y durante este tiempo no habrá libertad marítima para circular, aéreas controladas por Prefectura Naval”.
Toda la zona cercana a Costa Salguero estará cerrada al público en un perímetro de 12 kilómetros que estará custodiado por Prefectura, Gendarmería, Policía Federal, Policía de Seguridad Aeroportuaria, Fuerzas Antidisturbio, buzos y unidades de superficie, dispuestos en tres anillos de protección durante el evento, que estarán ubicados en Figueroa Alcorta y Sarmiento, Lugones y Dorrego, y en la autopista Illia, cercano a Avenida del Libertador. Todos estos cortes totales comienzan el jueves 29 de noviembre a las 15 y concluyen el domingo 02 de diciembre a las 12. En tanto, la avenida Ramos Mejía también estará cortada y vigilada, especialmente por la Villa 31. También habrá fuertes operativos en la zona de Puerto Madero, Retiro y Recoleta, con refuerzo con corte en el cruce de Alvear y Arroyo, zona por donde circularán los mandatarios para entrar y salir de los hoteles.
La cena de gala será el viernes 30 de noviembre en el Teatro Colón, por lo que estará cerrada al tránsito la Avenida 9 de Julio desde ese día hasta el sábado 01 de diciembre a la mañana, y no habrán subtes en la zona por esta razón.
Para que el caos de tránsito no se sienta tanto, el Gobierno decretó un asueto administrativo en la Ciudad de Buenos Aires en todas las dependías estatales, mientras que los sectores privados deciden qué quieren hacer.
Todo un operativo inmenso justificado porque “el fantasma de la violencia altera los sueños del Gobierno”, como tituló hace poco La Nación.
¿Cuándo empezaran a aparecer los conceptos de “criminalización” y “estigmatización” de la protesta en los medios hegemónicos?
10/11/2018
La Cumbre del G-20, plataforma de lanzamiento de la reelección de Macri
La meta del presidente argentino Mauricio Macri en la organización de la Cumbre de los 20 en Buenos Aires, más allá de su infructuosa búsqueda de inversiones y de “integrar al país en el mundo”, es utilizarla como plataforma para el lanzamiento de su reelección en 2019, en medio de una de las crisis económicas, financieras y sociales más grandes de la historia argentina. Por Claudio della Croce.
La cumbre se escenifica en un momento en el que los gobiernos progresistas están en reflujo y hay una nueva ola de gobiernos neoliberales en la región que buscan salvaguardar el sistema de capitalismo financiero mientras el presidente estadounidense Donald Trump ve recortadas sus facultades ante la elección de una Cámara de Representantes adversa.
Pedidos de financiamiento para infraestructura, impulso a los acuerdos comerciales y objetivos políticos se entrelazan en las prioridades para la actividad paralela del presidente Mauricio Macri, quien prevé encuentros bilaterales con los mandatarios de Estados Unidos, Rusia, China, Francia, Reina Unido y Japón. Y no se descarta reuniones con los líderes de Corea del Sur, Singapur e Italia.
La evolución de las inversiones extranjeras en Argentina es una de las principales prioridades que tendrá el mandatario durante los encuentros, sobre todo en la posibilidad de ampliar los programas de participación público-privada (PPP). Macri espera concretar la apertura de nuevos mercados para la (cada vez menor) producción argentina. Durante la cumbre es probable que se firmen acuerdos pendientes en el ámbito agroindustrial.
Además del aspecto financiero y comercial, la llegada de los mandatarios más poderosos del mundo tendrá también encuentros políticos, como el previsto con la primera ministra británica, Theresa May, a quien le manifestaría el malestar por los ejercicios militares recientes efectuados en las islas Malvinas.
El documento de consenso, en el que el Gobierno trabaja desde hace un año y está en poder de las cancillerías de los países participantes, incluye capítulos sobre educación, futuro del trabajo, sistema impositivo, desarrollo sustentable y comercio internacional.
EE.UU.
Además de participar en el G-20, Trump llegará a la Argentina en una visita de Estado y abordará con Macri el acuerdo con el FMI (que se logró gracias a la presión del mandatario estadounidense para evitar el default), el ingreso de la Argentina a la OCDE, las crisis en Venezuela y Nicaragua, el acceso a mercados para productos argentinos y la cooperación en materia de energía, seguridad y derechos humanos. Washington tuvo en la Argentina de Macri un aliado desde el primer momento.
Se espera también que aborden la intención de EE.UU. de involucrarse en la explotación de los yacimientos de hidrocaruburos de Vaca Muerta, en los que está interesado el secretario estadounidense de Energía, Rick Perry.
China
A tres semanas del arribo del presidente chino Ji-Xinping a la Argentina con motivo de su participación en la reunión del G20, el gobierno del país anfitrión decidió enviar a una avanzada a ese país para allanar las negociaciones en camino para obtener más financiamiento, inversiones y favorecer el comercio.
La comitiva está integrada por el presidente del Banco Central, Guido Sandleris y el asesor presidencial hombre de máxima confianza del presidente Mauricio Macri, Francisco Cabrera, con el fin de contarles a las autoridades chinas la situación tras el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y explicar las políticas impuestas en materia monetaria, de equilibrio fiscal, así como los avances del plan de inversiones en infraestructura y las proyecciones para 2019.
Cabrera será el encargado de encarar los temas de PPP (proyectos de participación público privada), aprovechando el interés de Pekin de relanzar una nueva Ruta de la Seda, Según datos oficiales, la inversión china en la Argentina pasó de 21 millones de dólares en 2005 a 246 millones en 2016. El macrismo espera inversiones por un monto de 9.000 millones de dólares en infraestructura y energía.
En tanto, la construcción de la central nuclear Atucha III es uno de los puntos que generaron incertidumbre en los últimos tiempos debido a los requerimientos del FMI para recortar gastos y la insistencia de Pekín para que no haya una marcha atrás.
Rusia
La energía, el comercio y las inversiones están al tope de la agenda de la relación entre la Argentina y Rusia. Macri y Putin –de reunirse- podrán discutir la evolución de las inversiones rusas en el país y los programas de PPP, en los que el sector privado ruso ya tuvo experiencias de bajo calibre, la participación rusa en el desarrollo de Vaca Muerta, y la exportación de alimentos..
En la Cancillería argentina contemplan que Putin y Macri aborden la cooperación en seguridad y las posibilidades de cooperar en materia de ciencia y la exploración espacial, además de estudiar un pacto de cooperación entre el Mercosur y a la Unión Económica Euroasiática.
Gran Bretaña, Francia, Japón
Theresa May será la segunda premier británica que pise la Argentina desde el fin de la Guerra de Malvinas y su visita confirma el deshielo en las relaciones del vínculo bilateral impulsado por la administración Macri, que permitió acuerdos de cooperación y facilitó la identificación de los cuerpos de combatientes argentinos enterrados en el cementerio de Darwin.
El deshielo tiene su precio: Argentina no menciona el tema de la soberanía y actualmente negocian la ampliación de la oferta de vuelos comerciales desde las Malvinas hacia el continente.
Mientras, la evolución de las inversiones francesas tras el acuerdo con el FMI, será una prioridad de Macri, así como el agradecimiento al apoyo público de Macron a la gestión de su gobierno. El tema del Tratado de Libre Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea dejó de ser un tema prioritario, pero la cancillería argentina sueña con hacer un anuncio durante el G-20. No se descarta que forme parte de la conversación el ingreso de la Argentina a la OCDE.
Asimismo, Macri buscará concretar un tratado bilateral de inversión (TBI) con Japón y abordará dos ejes claves en sus intereses: un acuerdo comercial con el Mercosur y la transferencia de mando de la presidencia del G-20. Impulsor de Tratados de Libre Comercio, Macri buscará darle el primer empuje político significativo a esta negociación. Por lo pronto, en julio el Gobierno anunció la apertura del mercado de carnes locales a Japón.
México, Brasil y otros encuentros
En el Gobierno no descartan que el brasileño Michel Temer pueda venir acompañado del mandatario electo Jair Bolsonaro, pero recuerdan que es un tema de Brasil. Sí está confirmado que el presidente mexicano Enrique Peña Nieto tendrá una participación menor en la Cumbre para asistir al traspaso de mando en México, con Andrés Manuel López Obrador.
Además de la cumbre de líderes, Macri asistirá a un encuentro (fuera de la sede oficial en Costa Salguero) a cargo del Banco Mundial y otro presidido por la reina de Holanda Máxima Zorreguieta, hija de un alto funcionario de la dictadura cívico-militar argentina. Desde el gobierno subrayan la presencia de Angel Gurría, el secretario general de la OCDE, a la que el Gobierno argentino pugna por ingresar.
Seguridad
El gobierno argentino destinó 150 millones de dólares, un tercio destinado a la militarización y a lo que llama la “seguridad y la defensa de la Cumbre” , en un momento de conflicto social en auge, presupuesto que sirve para comprar y justificar la compra de más materiales “antidisturbios”, o sea, balas de goma, cascos para la policía, y todos los elementos que sirven para reprimir y que después quedan en el país.
El tema del esquema de seguridad trascendió las fronteras. El gobierno uruguayo solicitó autorización al Parlamento para que Uruguay reciba a 400 militares estadounidenses y cuatro aeronaves del 26 de noviembre al 3 de diciembre para realizar tareas de seguridad y custodiar al presidente Donald Trump, en su visita. El pedido fue realizado por la Oficina de Cooperación de Defensa de la Embajada de EEUU al ministerio de Defensa uruguayo. Aunque el proyecto de ley que enviara el jecutivo aún no fue debatido en la Asamblea General, cuenta con la repulsa de las organizaciones de izquierda y movimientos populares, entre ellas la poderosa central sindical unitaria PIT-CNT, cuyo secretario general, Marcelo Abdala, dijo estar “absolutamente en contra de esta iniciativa” y recordó que “en Argentina habrá movilizaciones importantes: si quieren que monitoreen desde otro lugar”. Además de Trump, asistirán a la cumbre Vladimir Putin (Rusia), Angela Merkel (Alemania), Emmanuel Macron (Francia), Xi Jinping (China), Narendra Modi (India), Recep Tayyip Erdogan (Turquía), Shinzo Abe (Japón), Justin Trudeau (Canadá), Theresa May (Gran Bretaña), Pedro Sánchez (España), y Salmán bin Abdulaziz (Arabia Saudita).
La Agencia Federal de Inteligencia (AFI) es parte de los 25 mil agentes dispuestos por el Gobierno para transitar los dos días del G20 en paz: ese es el principal objetivo del macrismo, antes que alcanzar algún consenso geopolítico bastante improbable entre los líderes Donald Trump, Vladimir Putin, Xi Jinping y Angela Merkel.
El diario Perfil señala que la AFI se dedica desde hace meses a realizar un trabajo de control y seguimiento sobre los diferentes grupos que se manifestarán contra el encuentro y la injerencia del FMI: analizó las últimas 20 reuniones del G20, y se mantiene en contacto permanente con las agencias de inteligencia de los 28 países participantes: los 19 protagonistas de la Cumbre, más los que integran organismos multilaterales como el FMI, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo.
Si bien existe un trabajo coordinado con la CIA, el MI5 y la KGB, entre otras agencias, cada presidente invitado cuenta con un equipo de seguridad personal. Solo el estadounidense Donald Trump traerá una custodia de alrededor de mil personas, según adelantó Clarín. Estados Unidos ayudará a las Fuerzas Armadas a blindar el espacio aéreo con un avión y un barco radarizados (el portaaviones USS Carl Vinson).
Fuente: Rebelión
Beatriz Rajland, titular de Attac, asociación a la que el Gobierno acusa de preparar acciones violentas
“Da para la risa, pero no es broma”
Rajland,
de 80 años, se sorprendió al enterarse de que ella y la asociación que
preside están siendo investigadas por “sospechosas transferencias
bancarias”. Aquí explica el origen de esos fondos y habla de
“provocación”.
Beatriz Rajland recibió ayer muestras de solidaridad en su departamento del barrio de Palermo.
Imagen: Leandro Teysseire
Imagen: Leandro Teysseire
Beatriz
Rajland, profesora de Teoría del Estado de la Universidad de Buenos
Aires, se encontró este miércoles con la sorpresiva noticia de que es
considerada la cabecilla de una organización que prepara violentas
protestas para la próxima Cumbre del G20. El portal Infobae publicó que
la docente y abogada, de 80 años de edad, está siendo investigada junto
con Attac Argentina, una asociación que ella preside y que estuvo
recibiendo, según reveló el artículo, “sospechosas transferencias
bancarias desde el exterior”. Attac constituiría así, siempre según la
publicación, una suerte de célula de apoyo de “organizaciones
extranjeras” que quieren a atentar “contra la seguridad de la cumbre”.
Por lo que el gobierno, a través de la Inspección General de Justicia,
“tiene (a Attac y estos movimientos) bajo la lupa”.
Con la nota subida a la web y su rápida circulación por las redes, el living de Rajland, en el octavo piso de un edificio del barrio de Palermo, se llenó a tope. El economista Julio Gambina y otra decena de militantes de la organización acudieron al lugar para dar respaldo a la presidenta de Attac, que abrió la puerta de su departamento a PáginaI12 con el auxilio de un bastón. En estos días una hernia de disco la tiene dolorida. Y se está recuperando de algunos problemas coronarios. Pero, por lo demás, su situación no es mala: “No estoy yendo a muchas reuniones, pero sigo desde mi casa lo que vamos haciendo. Estoy en un retiro activo”, definió.
–Para empezar, ¿existieron las transferencias bancarias que denuncian como “sospechosas”?
– Sí, el equivalente a 15.500 dólares y una segunda de 20 mil pesos.
–¿Para qué les mandaron esos fondos?
–Los 15.500 dólares para actividades de la Semana de Acción Global contra la OMC, que se hizo en Buenos Aires en diciembre del año pasado, en repudio a la Reunión Ministerial de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Hicimos cursos de capacitación sobre qué es la OMC y un encuentro con festival en la plaza del Congreso. Los destinamos a la carpa, los baños químicos, para pagar pasajes de compañeros del interior. Todo eso es así y figura en los balances, no hay nada que ocultar. Ahora, que se diga que estamos organizando no sé que... Nunca tuvimos ninguna actividad oculta ni nada que se le parezca. Nos extraña, o no tanto. Lo tomamos como parte de una provocación que se está haciendo contra todas las organizaciones que demuestran su disparidad con la política y la agenda del G20 y las políticas económicas neoliberales .
–¿A qué se dedica la organización que les mandó el dinero, Global Justice Now?
“Es una ONG que trabaja el capítulo inglés de Attac internacional –explicó una de las integrantes de Attac. ¿Y el segundo envío que se investiga, los 20 mil pesos de un estudio de abogados alemanes?
“Son los Attac Alemania. Les sobró planta de la actividades contra el G20 realizadas el año pasado, querían colaborar con las actividades este año y nos mandaron 936 euros. Lo usamos para el primer encuentro preparatorio, el 19 de mayo, de la Contracumbre en Argentina”.
Gambina hizo un repaso rápido de las actividades que Attac Argentina hizo localmente desde su creación: fue uno de los organizadores de la autoconvocatoria “No al ALCA” de 2005 (cuando los planes de George Bush fueron desairados por Néstor Kirchner y Hugo Chávez en Mar del Plata), del “No al Ciadi” de 2004, de la conferencia mundial contra el pago de la deuda durante el gobierno de Cristina Kirchner. “Nos definimos como una organización de educación popular y, por lo tanto, hacemos campañas. Nuestras campañas son contra la especulación financiera, los paraísos fiscales, la Organización Mundial de Comercio, el Fondo Monetario Internacional. Obviamente, hay cooperación internacional con otras organizaciones”, apuntó Gambina.
En el último mes, el gobierno ha manifestado su “preocupación” por las actividades que organizaciones sociales y sindicales tienen previsto realizar para el G20, definiéndolas con términos que igualan la protesta social con el terrorismo y señalando en este marco a Attac. Otra nota publicada por Perfil el 4 de noviembre informó en este sentido que la AFI (ex SIDE) tiene “bajo la lupa” a “los grupos y militantes (argentinos) que rechazan ideológicamente” la Cumbre del G20, “especialmente el espacio Confluencia Fuera G20 Fuera FMI”. Los agentes, se informó, están siguiendo “por las redes” todas las actividades del grupo sumando así a sus actividades algo definido por el autor del artículo como “ciberespionaje”. Que en rigor, vendría a ser el seguimiento que la SIDE hizo históricamente a los integrantes de las organizaciones sociales, sólo que ahora suman lo publicado en la web.
Confluencia esta integrada por unas 200 organizaciones (sociales, sindicales, feministas) que preparan una semana de acción contra el G20 del 25 de noviembre al 1 de diciembre. Están organizando también una Cumbre de los Pueblos, y de cierre una marcha para darle la “malvenida” al presidente norteamericano Donald Trump. Attac integra este espacio junto a otras organizaciones igualmente señaladas por los grandes medios en términos estigmatizantes, como la CTA Autónoma, Barrios de Pie y Ate Capital.
Rajland se veía entre divertida y preocupada. “No tenemos la capacidad de convocatoria que nos atribuyen...”, comentó.
“Me sorprendió que todos los datos (sobre los movimientos bancarios de Attac) sean reales, lo que significa que alguien desde arriba los filtró. Las transferencias, e incluso que en 2006 estuvimos un tiempo inactivos y luego retomamos las actividades: todo es real, salvo la conclusión de que somos un canal para infundir la violencia en el G20”.
Rajland aclaró finalmente que tiene 80 años y no 82, como le atribuyen. “Da para risa, pero no es una broma. Me preocupa. ¿Qué voy a salir a decir, que yo no lavo dinero? Es ridículo, pero no hay que tomarlo a la ligera”.
"Estamos absolutamente preparados con muchísimas fuerzas de seguridad
en la calle y vamos a hacer un operativo muy fuerte", adelantó Bullrich
ante las protestas que se darán por la cumbre en la que estarán, entre
otros, el presidente estaodunidense Donadl Trump, el ruso Vladimir Putin
y el chino XI Jinping.
La ministra insistió en una entrevista en A24 que en la Ciudad habrá "muchas zonas vedadas" porque "las medidas de seguridad son muy fuertes". "Las decisiones que vamos a tomar si existe violencia serán inmediatas", se adelantó al plantear escenarios de protestas violentas y montada sobre la reciente aparición de artefactos de explosión caseros adjudicados a grupos anarquistas.
Desde el corazón de esta capital hasta Europa, en el espacio hay representaciones de movimientos que aúnan a millones de trabajadores, jubilados, indígenas, jóvenes, por solo citar algunos, quienes saldrán a marchar el 30 de noviembre próximo contra el G20, en medio del encuentro que tendrá, entre otros invitados, al presidente estadounidense, Donald Trump.
Con la nota subida a la web y su rápida circulación por las redes, el living de Rajland, en el octavo piso de un edificio del barrio de Palermo, se llenó a tope. El economista Julio Gambina y otra decena de militantes de la organización acudieron al lugar para dar respaldo a la presidenta de Attac, que abrió la puerta de su departamento a PáginaI12 con el auxilio de un bastón. En estos días una hernia de disco la tiene dolorida. Y se está recuperando de algunos problemas coronarios. Pero, por lo demás, su situación no es mala: “No estoy yendo a muchas reuniones, pero sigo desde mi casa lo que vamos haciendo. Estoy en un retiro activo”, definió.
–Para empezar, ¿existieron las transferencias bancarias que denuncian como “sospechosas”?
– Sí, el equivalente a 15.500 dólares y una segunda de 20 mil pesos.
–¿Para qué les mandaron esos fondos?
–Los 15.500 dólares para actividades de la Semana de Acción Global contra la OMC, que se hizo en Buenos Aires en diciembre del año pasado, en repudio a la Reunión Ministerial de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Hicimos cursos de capacitación sobre qué es la OMC y un encuentro con festival en la plaza del Congreso. Los destinamos a la carpa, los baños químicos, para pagar pasajes de compañeros del interior. Todo eso es así y figura en los balances, no hay nada que ocultar. Ahora, que se diga que estamos organizando no sé que... Nunca tuvimos ninguna actividad oculta ni nada que se le parezca. Nos extraña, o no tanto. Lo tomamos como parte de una provocación que se está haciendo contra todas las organizaciones que demuestran su disparidad con la política y la agenda del G20 y las políticas económicas neoliberales .
–¿A qué se dedica la organización que les mandó el dinero, Global Justice Now?
“Es una ONG que trabaja el capítulo inglés de Attac internacional –explicó una de las integrantes de Attac. ¿Y el segundo envío que se investiga, los 20 mil pesos de un estudio de abogados alemanes?
“Son los Attac Alemania. Les sobró planta de la actividades contra el G20 realizadas el año pasado, querían colaborar con las actividades este año y nos mandaron 936 euros. Lo usamos para el primer encuentro preparatorio, el 19 de mayo, de la Contracumbre en Argentina”.
Gambina hizo un repaso rápido de las actividades que Attac Argentina hizo localmente desde su creación: fue uno de los organizadores de la autoconvocatoria “No al ALCA” de 2005 (cuando los planes de George Bush fueron desairados por Néstor Kirchner y Hugo Chávez en Mar del Plata), del “No al Ciadi” de 2004, de la conferencia mundial contra el pago de la deuda durante el gobierno de Cristina Kirchner. “Nos definimos como una organización de educación popular y, por lo tanto, hacemos campañas. Nuestras campañas son contra la especulación financiera, los paraísos fiscales, la Organización Mundial de Comercio, el Fondo Monetario Internacional. Obviamente, hay cooperación internacional con otras organizaciones”, apuntó Gambina.
En el último mes, el gobierno ha manifestado su “preocupación” por las actividades que organizaciones sociales y sindicales tienen previsto realizar para el G20, definiéndolas con términos que igualan la protesta social con el terrorismo y señalando en este marco a Attac. Otra nota publicada por Perfil el 4 de noviembre informó en este sentido que la AFI (ex SIDE) tiene “bajo la lupa” a “los grupos y militantes (argentinos) que rechazan ideológicamente” la Cumbre del G20, “especialmente el espacio Confluencia Fuera G20 Fuera FMI”. Los agentes, se informó, están siguiendo “por las redes” todas las actividades del grupo sumando así a sus actividades algo definido por el autor del artículo como “ciberespionaje”. Que en rigor, vendría a ser el seguimiento que la SIDE hizo históricamente a los integrantes de las organizaciones sociales, sólo que ahora suman lo publicado en la web.
Confluencia esta integrada por unas 200 organizaciones (sociales, sindicales, feministas) que preparan una semana de acción contra el G20 del 25 de noviembre al 1 de diciembre. Están organizando también una Cumbre de los Pueblos, y de cierre una marcha para darle la “malvenida” al presidente norteamericano Donald Trump. Attac integra este espacio junto a otras organizaciones igualmente señaladas por los grandes medios en términos estigmatizantes, como la CTA Autónoma, Barrios de Pie y Ate Capital.
Rajland se veía entre divertida y preocupada. “No tenemos la capacidad de convocatoria que nos atribuyen...”, comentó.
“Me sorprendió que todos los datos (sobre los movimientos bancarios de Attac) sean reales, lo que significa que alguien desde arriba los filtró. Las transferencias, e incluso que en 2006 estuvimos un tiempo inactivos y luego retomamos las actividades: todo es real, salvo la conclusión de que somos un canal para infundir la violencia en el G20”.
Rajland aclaró finalmente que tiene 80 años y no 82, como le atribuyen. “Da para risa, pero no es una broma. Me preocupa. ¿Qué voy a salir a decir, que yo no lavo dinero? Es ridículo, pero no hay que tomarlo a la ligera”.
Denuncia de la comunidad árabe tras los arrestos
"Acá hubo un mensaje de disciplinamiento”
PÁGINA 12 - 16 de noviembre de 2018
Paola, la madre de los detenidos, durante la conferencia de prensa.
Imagen: Captura de pantalla
Imagen: Captura de pantalla
La
comunidad árabe en la Argentina repudió esta tarde las detenciones de
dos jóvenes acusados de ser parte de Hezbollah y adelantó una posible
denuncia contra el Estado nacional. Así lo hizo saber en una conferencia
de prensa en la Federación de Entidades Árabés (Fearab), en la que hubo
críticas al gobierno nacional, al que apuntaron por mandar "un mensaje
de disciplinamiento".
Aalberto Assad, presidente de la Fearab, encabezó el encuentro ante la prensa, acompañado de otros referentes de la colectividad, como el imán Karim Abdul Paz y el abogado Ismail Jalil, que patrocina a los hermanos Abraham Salómón, Axel Ezequiel de 23, y Kevin Gamal, de 26, detenidos en Floresta por orden del juez federal Sebastián Ramos. También estuvo Paola, la madre de los arrestados.
“Nos pueden acusar de muchas cosas, menos de portar armas”, arrancó Jalil, quien dijo que la colectividad “tiene moral, respeto, arraigo, honestidad, lo que nos distingue de quienes nos persiguen”. Aseguró que el Gobierno es “un esclavo con látigo del gobierno norteamericano” y que actúa “en base a hipótesis de conflicto que no tienen nada que ver con los argentinos”.
Jalil anticipó que “evaluamos hacer una denuncia al Estado por la persecución a una comunidad, por su origen y forma de pensar”. Agregó que “nos declararon una guerra de baja intensidad y determinaron un enemigo: el trabajador pobre que reclama, condiciones que reúne esta comunidad”. El abogado apuntó al hecho de que los hermanos hubieran viajado al Líbano . “A un italiano no le preguntan cuando viaja allá, parece que visitar familiares es un delito en los musulmanes”, dijo.
Señaló que el fiscal Guillermo Marijuan constató viajes a Qatar y Turquía y remarcó que “eran las escalas de los vuelos” al Líbano, que los dos jóvenes hicieron uno en dos oportunidades y el otro en cuatro, “en grupo para abaratar costos”. Añadió que Gamal viajó a Irán “para conocer su religión y le dieron un certificado en el que se ve su calidad de musulmán estudioso” y que uno de su viajes “fue para agradecer haberse curado de una enfermedad”.
El abogado también se refirió al origen de la causa. “La DAIA denunció en enero un mail anónino que mostraba a Gamal en un gimnasio con AK-47 de asalto, como si fuese un ejercicio de entrenamiento de Hezbollah. La causa avanzó ocho meses después por el conflicto de competencia entre la justicia porteña y la federal, que se la quedó”. Jalil afirmó que en medio de eso “hicieron trabajo de inteligencia” y que en la causa afirman que el local de productos de limpieza de los hermanos no justifica con sus ingresos los viajes a Medio Oriente por la cantidad de calientes que entran y salen. “Es patético que ignoren que hay ventas a domicilio, y uno de esos clientes es, y lo decimos con orgullo, la escuela judía de la calle Bahía Blanca”.
En otro pasaje habló de las armas halladas en la casa de los Abraham Salomon. “Son un Mauser de los años 20, un rifle de aire comprimido y diez armas, con documentación en regla, nunca salieron de la casa”. Y añadió: “Hablan de un afiche con la cara de un referente de Hezbollah en la casa. Yo viajé a Cuba y me traje el afiche de Fidel y el Che. Acá hubo un mensaje de disciplinamiento”.
Sobre el estado de la causa dijo que el juez Ramos imputa tenencia de armas y acopio de municiones y que rechazó excarcelarlos. “Están en Comodoro Py y los van a llevar a una unidad penitenciaria. Cometieron el error de decir que son argentinos, árabes y musulmanes, una condición de la que están orgullosos y lejos están de ser terroristas”. Y cerró: “Quiero un diálogo sin rehenes, que devuelvan a los chicos, no me someto a ninguna extorsión”.
A su turno, Paola, la madre de los dos jóvenes dijo que “toman mi religión como delito, y yo amo a mi país, la Argentina”. Incluso recordó que un primo hermano combatió en la guerra de las Malvinas. “Respeto todas las religiones, no voy a negar mi religión ni a irme del país”.
Finalmente, Karim Abdul Paz aseguró que “nos tomaron por sorpresa” y por eso “hay diferentes opiniones en la comunidad” sobre qué hacer. “Hay que escuchar las dos campanas, estamos muy inclinados a escuchar una sola campana, y hay que oír todas las voces para actuar con inteligencia y sensatez”. Criticó que “entraron con comandos antiterroristas y dicen que es para investigar”. Manifestó que “no son terroristas sino argentinos musulmanes, gente de bien” y se dirigió a las autoridades: “Vayan e investiguen donde tienen que investigar”.
Aalberto Assad, presidente de la Fearab, encabezó el encuentro ante la prensa, acompañado de otros referentes de la colectividad, como el imán Karim Abdul Paz y el abogado Ismail Jalil, que patrocina a los hermanos Abraham Salómón, Axel Ezequiel de 23, y Kevin Gamal, de 26, detenidos en Floresta por orden del juez federal Sebastián Ramos. También estuvo Paola, la madre de los arrestados.
“Nos pueden acusar de muchas cosas, menos de portar armas”, arrancó Jalil, quien dijo que la colectividad “tiene moral, respeto, arraigo, honestidad, lo que nos distingue de quienes nos persiguen”. Aseguró que el Gobierno es “un esclavo con látigo del gobierno norteamericano” y que actúa “en base a hipótesis de conflicto que no tienen nada que ver con los argentinos”.
Jalil anticipó que “evaluamos hacer una denuncia al Estado por la persecución a una comunidad, por su origen y forma de pensar”. Agregó que “nos declararon una guerra de baja intensidad y determinaron un enemigo: el trabajador pobre que reclama, condiciones que reúne esta comunidad”. El abogado apuntó al hecho de que los hermanos hubieran viajado al Líbano . “A un italiano no le preguntan cuando viaja allá, parece que visitar familiares es un delito en los musulmanes”, dijo.
Señaló que el fiscal Guillermo Marijuan constató viajes a Qatar y Turquía y remarcó que “eran las escalas de los vuelos” al Líbano, que los dos jóvenes hicieron uno en dos oportunidades y el otro en cuatro, “en grupo para abaratar costos”. Añadió que Gamal viajó a Irán “para conocer su religión y le dieron un certificado en el que se ve su calidad de musulmán estudioso” y que uno de su viajes “fue para agradecer haberse curado de una enfermedad”.
El abogado también se refirió al origen de la causa. “La DAIA denunció en enero un mail anónino que mostraba a Gamal en un gimnasio con AK-47 de asalto, como si fuese un ejercicio de entrenamiento de Hezbollah. La causa avanzó ocho meses después por el conflicto de competencia entre la justicia porteña y la federal, que se la quedó”. Jalil afirmó que en medio de eso “hicieron trabajo de inteligencia” y que en la causa afirman que el local de productos de limpieza de los hermanos no justifica con sus ingresos los viajes a Medio Oriente por la cantidad de calientes que entran y salen. “Es patético que ignoren que hay ventas a domicilio, y uno de esos clientes es, y lo decimos con orgullo, la escuela judía de la calle Bahía Blanca”.
En otro pasaje habló de las armas halladas en la casa de los Abraham Salomon. “Son un Mauser de los años 20, un rifle de aire comprimido y diez armas, con documentación en regla, nunca salieron de la casa”. Y añadió: “Hablan de un afiche con la cara de un referente de Hezbollah en la casa. Yo viajé a Cuba y me traje el afiche de Fidel y el Che. Acá hubo un mensaje de disciplinamiento”.
Sobre el estado de la causa dijo que el juez Ramos imputa tenencia de armas y acopio de municiones y que rechazó excarcelarlos. “Están en Comodoro Py y los van a llevar a una unidad penitenciaria. Cometieron el error de decir que son argentinos, árabes y musulmanes, una condición de la que están orgullosos y lejos están de ser terroristas”. Y cerró: “Quiero un diálogo sin rehenes, que devuelvan a los chicos, no me someto a ninguna extorsión”.
A su turno, Paola, la madre de los dos jóvenes dijo que “toman mi religión como delito, y yo amo a mi país, la Argentina”. Incluso recordó que un primo hermano combatió en la guerra de las Malvinas. “Respeto todas las religiones, no voy a negar mi religión ni a irme del país”.
Finalmente, Karim Abdul Paz aseguró que “nos tomaron por sorpresa” y por eso “hay diferentes opiniones en la comunidad” sobre qué hacer. “Hay que escuchar las dos campanas, estamos muy inclinados a escuchar una sola campana, y hay que oír todas las voces para actuar con inteligencia y sensatez”. Criticó que “entraron con comandos antiterroristas y dicen que es para investigar”. Manifestó que “no son terroristas sino argentinos musulmanes, gente de bien” y se dirigió a las autoridades: “Vayan e investiguen donde tienen que investigar”.
Habla el abogado de los musulmanes detenidos
“Es tan burdo todo que enoja”
Imagen: Noticias Argentinas
“Todo
esto es una locura absoluta, las supuestas pruebas carecen de seriedad,
se trata de un burdo armado que se caerá en breve; no sorprende porque
los caracteriza el patetismo” dijo a Página/12 Ismael
Jalili, abogado de Axel Abraham y Kevin Gamal Abraham Salomón, los
hermanos musulmanes detenidos ayer acusados de tenencia de arma de
guerra y acopio de armas y municiones en una causa que instruye el juez
federal Sebastián Ramos. “No están imputados de terrorismo, no tienen
nada que ver con Hezbollah; uno tiene 26 años, el otro 23 y nacieron y
se criaron en ese lugar”, aclaró Jalil, quien ejerce la defensa
particular con apoyo y solidaridad de la Correpi, Coordinadora contra la
Represión Policial e Institucional, que él mismo integra.
La investigación se inició en enero de este año con una denuncia anónima a través de un correo electrónico que llegó a una computadora de la DAIA, y el abogado de esa institución hizo la denuncia. El mensaje decía: “En el gimnasio al que voy hay un tipo que se jactó públicamente de estar manipulando un fusil AK47 de asalto, mostró un video, yo no lo ví pero a mí me dijeron pero se trata de alguien que con el hermano viajan seguido al Líbano, y son de Hezbollah". Hubo seis meses de debate entre la justicia de la Ciudad y la Federal acerca de la competencia. “En el ínterin armaron que estos chicos estaban como partícipes de una especie de célula de Hezbollah en Argentina porque tenían varios viajes al Líbano, y escalas en Qatar, Turquía y Emiratos Árabes, además de treinta y dos pases de frontera según informó Gendarmería”, describió Jalil.
-¿Por qué habla de falta de seriedad en la causa?
-El fiscal federal Guillermo Marijuán dice que estos chicos cruzaron treinta y dos veces las fronteras cuando en realidad lo que informa Gendarmería es que el total de pases fronterizos de su jurisdicción son 32. Ellos no cruzaron ni una vez, según la propia Gendarmería, y sin embargo el fiscal la tuerce y pone eso. Si uno viaja a Medio Oriente lo lógico es que haga escala en Qatar si viajás con Qatar Airways, o en Turquía si viajás con Turkish. En ese país uno de ellos, Gamal, estuvo sólo un día, por una nevada que lo demoró y en los demás sitios permaneció apenas horas. Sin embargo el fiscal dijo que fueron escalas de muchos días.
-¿A qué viajaban?
-Tienen a su familia allá, la colectividad a veces viaja en grupos de treinta personas. Estos chicos viajaron así al Líbano directo desde acá, con gente mayor. Su primer viaje lo hicieron con la familia a cumplir una promesa porque uno de ellos nació enfermo. En otro viaje Gamal hizo un curso en Irán sobre islamismo, tiene un certificado y documentación emitidas oficialmente en inglés y en farsí. Además hizo un viaje al Líbano desde Irán porque es más barato, como ir de acá a Chile. Ese viaje fue para visitar a una chica. Cada viaje fue de alrededor de veinte días.
-¿Hay un video de prueba?
-No hay ningún video en la causa, no existe. Cuando le allanan el domicilio pasan dos cosas. Encuentran armas viejas y municiones, que incluye un rifle de aire comprimido y un Mauser del año 1931, todas esas armas eran de su abuelo que era socio del club San Huberto de caza. Todo eso está acreditado, no hay armas limadas ni truchas, no están involucradas en ningún delito, todas con factura de compra. Quedaron en la casa porque el chico vive ahí. Su hermano mayor no vive allí, ya acreditó que vive a quince cuadras, pero tienen un negocio de venta de artículos de limpieza y por eso va y viene. Si no vive ahí, mal puede tener lo que no custodia.
-¿Cuál es la situación de sus defendidos?
-Están detenidos en la alcaidía de Comodoro Py, estuvieron en la Unidad Antiterrorista de la calle Cavia, pero seguramente serán trasladados a una unidad porque recién en diez días a contar desde hoy van a resolver su situación procesal. Ayer el juez les denegó la excarcelación. Hoy hubo otro allanamiento en Avellaneda y Emilio Lamarca que ya dio negativo, que proviene de otra causa de un juzgado de Lomas de Zamora.
-¿Qué dicen sobre lo que están viviendo?
-Consideran que es una brutalidad y una injusticia. Están destruidos y desconsolados, me conmocionó verlos abrazados a su padre, cómo lloraban los tres. Es tan evidente la absoluta ajenidad de ellos con cualquiera de las boludeces que les imputan. Estuvieron 24 horas incomunicados, encerrados y aislados. La cabeza les funcionaba a mil, me dijeron. No me voy a olvidar nunca de ese abrazo. El padre les dijo “vamos a demostrar que somos gente de bien”. Paradójico, era la inversión de la carga de la prueba. Axel tiene una nena de dos años. Gamal trabaja en ICANA, que es el instituto que realiza los trámites de visas para Estados Unidos. ¿Cómo hizo para trabajar ahí si supuestamente usaba fusiles de asalto? Acompañamos el recibo de sueldo. Es tan burdo todo que enoja.
La investigación se inició en enero de este año con una denuncia anónima a través de un correo electrónico que llegó a una computadora de la DAIA, y el abogado de esa institución hizo la denuncia. El mensaje decía: “En el gimnasio al que voy hay un tipo que se jactó públicamente de estar manipulando un fusil AK47 de asalto, mostró un video, yo no lo ví pero a mí me dijeron pero se trata de alguien que con el hermano viajan seguido al Líbano, y son de Hezbollah". Hubo seis meses de debate entre la justicia de la Ciudad y la Federal acerca de la competencia. “En el ínterin armaron que estos chicos estaban como partícipes de una especie de célula de Hezbollah en Argentina porque tenían varios viajes al Líbano, y escalas en Qatar, Turquía y Emiratos Árabes, además de treinta y dos pases de frontera según informó Gendarmería”, describió Jalil.
-¿Por qué habla de falta de seriedad en la causa?
-El fiscal federal Guillermo Marijuán dice que estos chicos cruzaron treinta y dos veces las fronteras cuando en realidad lo que informa Gendarmería es que el total de pases fronterizos de su jurisdicción son 32. Ellos no cruzaron ni una vez, según la propia Gendarmería, y sin embargo el fiscal la tuerce y pone eso. Si uno viaja a Medio Oriente lo lógico es que haga escala en Qatar si viajás con Qatar Airways, o en Turquía si viajás con Turkish. En ese país uno de ellos, Gamal, estuvo sólo un día, por una nevada que lo demoró y en los demás sitios permaneció apenas horas. Sin embargo el fiscal dijo que fueron escalas de muchos días.
-¿A qué viajaban?
-Tienen a su familia allá, la colectividad a veces viaja en grupos de treinta personas. Estos chicos viajaron así al Líbano directo desde acá, con gente mayor. Su primer viaje lo hicieron con la familia a cumplir una promesa porque uno de ellos nació enfermo. En otro viaje Gamal hizo un curso en Irán sobre islamismo, tiene un certificado y documentación emitidas oficialmente en inglés y en farsí. Además hizo un viaje al Líbano desde Irán porque es más barato, como ir de acá a Chile. Ese viaje fue para visitar a una chica. Cada viaje fue de alrededor de veinte días.
-¿Hay un video de prueba?
-No hay ningún video en la causa, no existe. Cuando le allanan el domicilio pasan dos cosas. Encuentran armas viejas y municiones, que incluye un rifle de aire comprimido y un Mauser del año 1931, todas esas armas eran de su abuelo que era socio del club San Huberto de caza. Todo eso está acreditado, no hay armas limadas ni truchas, no están involucradas en ningún delito, todas con factura de compra. Quedaron en la casa porque el chico vive ahí. Su hermano mayor no vive allí, ya acreditó que vive a quince cuadras, pero tienen un negocio de venta de artículos de limpieza y por eso va y viene. Si no vive ahí, mal puede tener lo que no custodia.
-¿Cuál es la situación de sus defendidos?
-Están detenidos en la alcaidía de Comodoro Py, estuvieron en la Unidad Antiterrorista de la calle Cavia, pero seguramente serán trasladados a una unidad porque recién en diez días a contar desde hoy van a resolver su situación procesal. Ayer el juez les denegó la excarcelación. Hoy hubo otro allanamiento en Avellaneda y Emilio Lamarca que ya dio negativo, que proviene de otra causa de un juzgado de Lomas de Zamora.
-¿Qué dicen sobre lo que están viviendo?
-Consideran que es una brutalidad y una injusticia. Están destruidos y desconsolados, me conmocionó verlos abrazados a su padre, cómo lloraban los tres. Es tan evidente la absoluta ajenidad de ellos con cualquiera de las boludeces que les imputan. Estuvieron 24 horas incomunicados, encerrados y aislados. La cabeza les funcionaba a mil, me dijeron. No me voy a olvidar nunca de ese abrazo. El padre les dijo “vamos a demostrar que somos gente de bien”. Paradójico, era la inversión de la carga de la prueba. Axel tiene una nena de dos años. Gamal trabaja en ICANA, que es el instituto que realiza los trámites de visas para Estados Unidos. ¿Cómo hizo para trabajar ahí si supuestamente usaba fusiles de asalto? Acompañamos el recibo de sueldo. Es tan burdo todo que enoja.
El consejo de Bullrich por el G20
Los porteños, “que se vayan”
La
ministra de Seguridad lanzó una insólita recomendación para los
habitantes de la ciudad de Buenos Aires de cara a la cumbre del G20 que
se realizará a fin de mes. "Que se vayan, que disfruten del fin de
semana largo", dijo Bullrich y aseguró que prepara un operativo "con
muchísimas fuerzas de seguridad en la calle".
PÁGINA 12 - 16 de noviembre de 2018
La
cumbre del G20 que se realizará entre el 30 de noviembre y el 1 de
diciembre en la ciudad de Buenos Aires promete alterar drásticamente la
vida de los porteños, con un megaoperativo de seguridad, calles
cortadas, estaciones de subte cerradas y el aeroparque clausurado.
Ante esa situación, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich planteó que la solución para los vecinos de la Capital Federal es simplemente irse. "Recomendamos a los porteños que se vayan, que disfruten del fin de semana largo, que se vayan el jueves", lanzó la funcionaria. El viernes 30 se decretó feriado en territorio porteño para facilitar los operativos.
Ante esa situación, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich planteó que la solución para los vecinos de la Capital Federal es simplemente irse. "Recomendamos a los porteños que se vayan, que disfruten del fin de semana largo, que se vayan el jueves", lanzó la funcionaria. El viernes 30 se decretó feriado en territorio porteño para facilitar los operativos.
La ministra insistió en una entrevista en A24 que en la Ciudad habrá "muchas zonas vedadas" porque "las medidas de seguridad son muy fuertes". "Las decisiones que vamos a tomar si existe violencia serán inmediatas", se adelantó al plantear escenarios de protestas violentas y montada sobre la reciente aparición de artefactos de explosión caseros adjudicados a grupos anarquistas.
La Confluencia fue lanzada con la presencia de diversos grupos de la lucha contra el neoliberalismo en la región y otros países distantes y según sus gestores,busca crear una gran movilización para hacer frente al capital representado en el G20
Nace en Argentina plataforma de movimientos sociales contra el G20
Cientos
de organizaciones sociales y políticas del mundo formaron la
Confluencia contra el G20 y el FMI, una gran plataforma lanzada para
contrarrestar la Cumbre de ese poderoso foro, cuyos líderes se reunirán
aquí en noviembre.
Desde el corazón de esta capital hasta Europa, en el espacio hay representaciones de movimientos que aúnan a millones de trabajadores, jubilados, indígenas, jóvenes, por solo citar algunos, quienes saldrán a marchar el 30 de noviembre próximo contra el G20, en medio del encuentro que tendrá, entre otros invitados, al presidente estadounidense, Donald Trump.
La Confluencia fue lanzada con la presencia de diversos grupos de la
lucha contra el neoliberalismo en la región y otros países distantes y
según sus gestores, busca crear una gran movilización para hacer frente
al capital representado en el G20, juntar fuerzas sociales para
demostrar desde Argentina que la lucha sigue en pie.
No
aceptamos la forma agresiva como el capital está tratando la
naturaleza, nuestros bienes sagrados y a nuestra gente. Los ataques
homofóbicos, el saqueo de nuestras riquezas y contra los derechos
laborales, sostuvo uno de los representantes brasileños de esta gran
convocatoria, devenida resistencia de los pueblos contra el capital y el
neoliberalismo.
Desde el 25 de noviembre hasta el 1 de diciembre venidero las
organizaciones participantes saldrán a las calles de Buenos Aires y de
manera simultánea en otros países para expresar su repudio al G20 y al
Fondo Monetario Internacional en busca de demostrar al mundo ‘que es
posible construir la unidad en la diversidad para enfrentar los ataques
de las trasnacionales’.
En declaraciones a Prensa Latina, Beberly Keene, una de las
representantes de la Confluencia fuera G20 y FMI (Fondo Monetario
Internacional), afirmó que la gran movilización comenzó ya a tomar
cuerpo y se espera una importante manifestación el 30 de noviembre, día
en que comenzará la Cumbre.
Estamos consciente de que tiene que ser masiva y sabemos qué
tendremos que hacer frente al operativo de seguridad que el Gobierno
argentino empezó hace más de un año a planificar.
Tenemos un reto importante de llevar la expresión masiva del pueblo
argentino, latinoamericano y del mundo frente a un club de amigos que
como siempre busca ordenar el mundo de acuerdo a sus propios intereses,
sostuvo.
Keene destacó la importancia de que en esta Confluencia estén
representadas numerosas organizaciones argentinas, todas las centrales
sindicales y un enorme caudal de representaciones sociales, de derechos
humanos, feministas, jubilados, indígenas, estudiantes también en el
exterior, con el compromiso común de enfrentar ese momento.
En la agenda de la Confluencia habrá también una Cumbre de los
pueblos los días previos a la reunión de líderes del G20, donde los
movimientos sociales de todo el mundo harán varios paneles y foros para
demostrar que hay hoy alternativas a las políticas que promueve el foro
instituido en 1999 y que agrupa a 19 países más la Unión Europea.
En el llamamiento puesto en marcha, la Confluencia señala que
Argentina es hoy día un laboratorio concentrado de las políticas de
liberalización, deuda y privatización que impulsan el G20 junto al FMI,
el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y otros y que
han hipotecado el futuro del país y condenado a millones de trabajadoras
a la exclusión y miseria.
‘Consideramos que esta Cumbre de los países más poderosos del mundo
con otros llamados emergentes, servirá como una nueva plataforma de
impulso a políticas públicas en contravía de los progresos alcanzados
internacionalmente en materia de derechos humanos, paz y soberanía’,
señala el texto.
Llamamiento internacional a Movilizarnos frente al G20 y el FMI
LA HAINE - 17/09/2018
Por las soberanías política, ambiental, cultural y económica de nuestros pueblos y nuestros cuerpos
Como
organizaciones; procesos y movimientos internacionales; nacionales y
locales; del pueblo trabajador; campesino; originario; afrodescendiente;
feminista; de jubilados/as; migrantes; estudiantes; defensores de los
derechos de las personas y de los pueblos; del medio ambiente, los
bienes comunes y la justicia climática; de los derechos de la niñez, de
género, entre otros; que combatimos desde nuestras diversas expresiones
de organización y lucha al avance del Capital sobre nuestras vidas,
cuerpos y territorios, llamamos a los pueblos y movimientos del mundo a
movilizarnos en argentina y todos nuestros países el día 30 de noviembre
de este 2018 y también a sumarse en la Semana de acción del 25 de
noviembre al 1 de diciembre, contra el G20, el Fmi y su agenda de
dominación.
Entre el 30 de noviembre y el 1ero. de diciembre se realizará en el país suramericano la Cumbre del G20, en donde las Jefas y Jefes de Estado de los países y organismos miembros debatirán temas de enorme trascendencia, incluyendo el estado de la economía mundial, el futuro del trabajo y de la alimentación y la infraestructura para el desarrollo.
Conocedores de este tipo de enclaves para determinar nuevas formas de explotación en cada uno de los espacios de vida de nuestros pueblos, manifestaremos nuestro repudio a la realización de esta Cumbre, que viene a reafirmar el brutal retroceso que impone en su país el gobierno de Mauricio Macri y que pretenden extender a toda la región y mundo. Argentina es hoy día un laboratorio concentrado de las políticas de liberalización, deuda y privatización que impulsan el G20 junto al Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y otros y que han hipotecado el futuro del país y condenado a millones de trabajadoras/es y sus familias a una situación de exclusión y miseria.
Consideramos que esta Cumbre del G20, que agrupa a los países más poderosos del mundo con otros llamados "emergentes", sin mayor legitimidad que lo que pretende arrogarse en base a su tamaño y poderío, servirá como una nueva plataforma de impulso a políticas públicas en contravía de los progresos alcanzados internacionalmente en materia de derechos humanos, paz, soberanía de los pueblos, derechos ambientales, laborales, entre otros. La arremetida que el capitalismo neoliberal lleva adelante, empobreciendo, hambreando, excluyendo y reprimiendo a las mayorías populares, socavando las posibilidades de construcción democrática y perpetuando la arquitectura de la impunidad al servicio del corporativismo transnacional, se consolida a través de este foro. Es por eso que es nuestro deber manifestarnos de manera contundente, expresando nuestro rechazo absoluto y visibilizando la urgencia y posibilidad de alternativas reales.
No podemos permitir que el futuro de nuestros derechos al trabajo, la previsión social, a la educación y salud públicas y gratuitas, a la soberanía alimentaria, a nuestros territorios y su integridad, quede en manos de las élites que desprecian a nuestros pueblos y lucran con la precariedad a la que les someten sus decisiones. Es el futuro nuestro, de las nuevas generaciones de todos los pueblos y de la vida en este planeta lo que está en jaque.
Por estos motivos llamamos a la movilización. Convocamos a todos los pueblos y sus organizaciones, unidos en la diversidad, a demostrar que no aceptamos las políticas promovidas y aplicadas por el G20 y que trabajaremos solidariamente desde diferentes países y particularidades para autodeterminar nuestro futuro y enfrentar las imposiciones de las poderosas élites económicas y militares. Ante el feroz avance que pretende lograr el dominio total de nuestras vidas, nuestra respuesta global ha de ser contundente y amparada en el derecho a la protesta que sabemos ha querido ser desconocido y reprimido para negar la expresión legítima de nuestra resistencia.
Por un mundo sin el dominio del corporativismo transnacional y su modelo de liberalización comercial y deuda, con respeto a los derechos de los pueblos y de la naturaleza y a la posibilidad de construir alternativas democráticas en base a nuestra soberanía e integración como pueblos, llamamos a participar en una gran Semana de Acción del 25/11 al 1/12 y a movilizar en Argentina y todas partes del mundo el día 30 de Noviembre contra el G20 y el FMI.
Firman:
Confluencia Fuera G20-FMI
Jornada Continental por la Democracia y contra el Neoliberalismo
Entre el 30 de noviembre y el 1ero. de diciembre se realizará en el país suramericano la Cumbre del G20, en donde las Jefas y Jefes de Estado de los países y organismos miembros debatirán temas de enorme trascendencia, incluyendo el estado de la economía mundial, el futuro del trabajo y de la alimentación y la infraestructura para el desarrollo.
Conocedores de este tipo de enclaves para determinar nuevas formas de explotación en cada uno de los espacios de vida de nuestros pueblos, manifestaremos nuestro repudio a la realización de esta Cumbre, que viene a reafirmar el brutal retroceso que impone en su país el gobierno de Mauricio Macri y que pretenden extender a toda la región y mundo. Argentina es hoy día un laboratorio concentrado de las políticas de liberalización, deuda y privatización que impulsan el G20 junto al Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y otros y que han hipotecado el futuro del país y condenado a millones de trabajadoras/es y sus familias a una situación de exclusión y miseria.
Consideramos que esta Cumbre del G20, que agrupa a los países más poderosos del mundo con otros llamados "emergentes", sin mayor legitimidad que lo que pretende arrogarse en base a su tamaño y poderío, servirá como una nueva plataforma de impulso a políticas públicas en contravía de los progresos alcanzados internacionalmente en materia de derechos humanos, paz, soberanía de los pueblos, derechos ambientales, laborales, entre otros. La arremetida que el capitalismo neoliberal lleva adelante, empobreciendo, hambreando, excluyendo y reprimiendo a las mayorías populares, socavando las posibilidades de construcción democrática y perpetuando la arquitectura de la impunidad al servicio del corporativismo transnacional, se consolida a través de este foro. Es por eso que es nuestro deber manifestarnos de manera contundente, expresando nuestro rechazo absoluto y visibilizando la urgencia y posibilidad de alternativas reales.
No podemos permitir que el futuro de nuestros derechos al trabajo, la previsión social, a la educación y salud públicas y gratuitas, a la soberanía alimentaria, a nuestros territorios y su integridad, quede en manos de las élites que desprecian a nuestros pueblos y lucran con la precariedad a la que les someten sus decisiones. Es el futuro nuestro, de las nuevas generaciones de todos los pueblos y de la vida en este planeta lo que está en jaque.
Por estos motivos llamamos a la movilización. Convocamos a todos los pueblos y sus organizaciones, unidos en la diversidad, a demostrar que no aceptamos las políticas promovidas y aplicadas por el G20 y que trabajaremos solidariamente desde diferentes países y particularidades para autodeterminar nuestro futuro y enfrentar las imposiciones de las poderosas élites económicas y militares. Ante el feroz avance que pretende lograr el dominio total de nuestras vidas, nuestra respuesta global ha de ser contundente y amparada en el derecho a la protesta que sabemos ha querido ser desconocido y reprimido para negar la expresión legítima de nuestra resistencia.
Por un mundo sin el dominio del corporativismo transnacional y su modelo de liberalización comercial y deuda, con respeto a los derechos de los pueblos y de la naturaleza y a la posibilidad de construir alternativas democráticas en base a nuestra soberanía e integración como pueblos, llamamos a participar en una gran Semana de Acción del 25/11 al 1/12 y a movilizar en Argentina y todas partes del mundo el día 30 de Noviembre contra el G20 y el FMI.
Firman:
Confluencia Fuera G20-FMI
Jornada Continental por la Democracia y contra el Neoliberalismo
AL INFINITO Y MÁS ALLÁ
Los
precios se dispararon 5,4 % en octubre y acumulan 45,9 % en el último
año. Alimentos y bebidas, gas, transporte y prepagas son los rubros con
más aumentos. La suba del costo de vida de este año será la más alta
desde 1991.
Octubre
registró la segunda mayor inflación en lo que va del año, detrás del
6,5 de septiembre, y la tercera en la era Cambiemos.
El
índice de precios al consumidor del Indec registró en octubre un alza
del 5,4 por ciento a nivel nacional, empujado por alimentos y bebidas,
las tarifas del gas, el transporte y las prepagas. En diez meses, la
inflación asciende al 39,5 por ciento y puntualmente los rubros
esenciales de la canasta básica muestran en promedio un incremento del
43,7 por ciento, cuya contracara es el grave deterioro del poder
adquisitivo de los sectores trabajadores y jubilados. En la comparación
anual, la inflación de octubre se ubica en el 45,9 por ciento. El año
cerraría con una inflación del orden del 48 por ciento, la más alta
desde 1991, y se calcula que el año que viene, si las variables
financieras no se vuelven a disparar, la inflación no bajaría de la zona
del 30 por ciento. Los números de inflación se dan en el marco de una
dura caída de la producción, inversión y empleo, tasas de interés
siderales y aumento record de la deuda externa, de la pobreza y la
indigencia.
El mes pasado se registró la segunda mayor alza de precios del año –detrás del 6,5 por ciento de septiembre– y la tercera de toda la era Cambiemos, ya que en abril de 2016 el IPC-CABA también registró una suba del 6,5 por ciento. En la medición anual, la inflación fue del 41 por ciento en 2016, luego en 2017 bajó al 24,8 por ciento según datos oficiales y en 2018 quedará en alrededor del 48 por ciento. En consecuencia, los precios en el promedio de toda la economía se multiplicaron por 2,5 en apenas tres años de gestión Cambiemos, lo cual está bastante alejado del slogan de campaña del presidente Mauricio Macri acerca de que “en mi gobierno la inflación no va a ser un problema”.
El Gobierno preparó los ingredientes para el caldo ideal de inflación: brutal devaluación, violenta suba de tarifas y tasas de interés siderales. Así, en octubre los precios de alimentos y bebidas avanzaron un 5,9 por ciento a nivel nacional, acumulan un 43,7 en diez meses y el 46,4 por ciento en la comparación interanual. Este diario informó oportunamente acerca del traslado de la suba del dólar de fines de agosto y septiembre en bienes de consumo masivo, como por ejemplo la harina y panificados, aceites, carnes y lácteos.
Según los datos del Indec, en el último año el kilo de pan francés subió un 84 por ciento y los fideos guiseros lo hicieron en un 80 por ciento, ambos empujados por la harina, que avanzó un 173 por ciento. El arroz subió un 66 por ciento y el aceite de girasol lo hizo en un 79 por ciento. Entre los lácteos, la leche en sachet subió un 40 por ciento y el queso cremoso, un 31 por ciento. La sal fina creció un 60 por ciento.
Otro rubro sensible para el bolsillo de los trabajadores que lideró la inflación de octubre fue el transporte, con un incremento mensual del 7,6 por ciento. Ese avance se explica por un nuevo incremento en el boleto de colectivo. El viaje mínimo avanzó hasta los 13 pesos, con un aumento acumulado en el año del 113 por ciento. También subió el pasaje de tren. El subte, en tanto, subirá a razón de un peso por mes desde el martes de la semana que viene hasta llegar a los 16,50 pesos en febrero. En el año, el subte habrá acumulado una suba del 100 por ciento. En tanto, las naftas subieron casi un 10 por ciento en octubre. Desde enero, los combustibles muestran un alza acumulada del 70 por ciento.
El tercer segmento del índice de precios que apuntaló a la inflación mensual fue el servicio de gas, que subió en promedio un 35 por ciento pero hasta un 50,4 por ciento para las categorías de usuarios más relevantes del Area Metropolitana de Buenos Aires. En el último año, los aumentos ascienden al 218 por ciento que se montan sobre las subas de 2016 y 2017.
Los incrementos de precios de alimentos y bebidas, el colectivo, tren y subte, naftas y los servicios esenciales para el funcionamiento del hogar fue muy fuerte en el último año, lo cual, conjugado con un escenario de caída del empleo, paritarias a la baja, recorte de horas extra, suspensiones, caída del poder adquisitivo de jubilaciones y asignaciones familiares, configura un delicado escenario social.
En el rubro salud, el incremento de octubre fue del 5,5 por ciento a partir de la suba del 8 por ciento en la cuota de las prepagas, cuyo incremento este año llegará al 41 por ciento. Las prendas de vestir y calzado, en tanto, subieron un 5 por ciento en el mes, mientras que equipamiento y mantenimiento del hogar, un 4,3 por ciento, y restaurantes y hoteles, un 3,1 por ciento.
En conjunto, los precios regulados, es decir, que cuentan con intervención del Estado, subieron el mes pasado un 7,4 por ciento, mientras que el IPC-núcleo (que excluye regulados y estacionales), lo hizo en un 4,5 por ciento. Desde principios de año, los regulados muestran una suba del 45,6 por ciento y el IPC-núcleo, del 39,2 por ciento. A nivel regional, el mayor nivel de inflación en diez meses se observa en la Patagonia, con el 40,8 por ciento.
Para noviembre, la consultora Ecolatina calcula que la inflación rondaría el 3,2 por ciento debido al transporte público y el avance sostenido de alimentos, como lácteos, verduras, frutas y bebidas. Además, proyecta que la suba de precios en diciembre se ubicará en el 48 por ciento anual y que durante el primer cuatrimestre de 2019 los precios avanzarían a un ritmo del 2 al 3 por ciento mensual.
El mes pasado se registró la segunda mayor alza de precios del año –detrás del 6,5 por ciento de septiembre– y la tercera de toda la era Cambiemos, ya que en abril de 2016 el IPC-CABA también registró una suba del 6,5 por ciento. En la medición anual, la inflación fue del 41 por ciento en 2016, luego en 2017 bajó al 24,8 por ciento según datos oficiales y en 2018 quedará en alrededor del 48 por ciento. En consecuencia, los precios en el promedio de toda la economía se multiplicaron por 2,5 en apenas tres años de gestión Cambiemos, lo cual está bastante alejado del slogan de campaña del presidente Mauricio Macri acerca de que “en mi gobierno la inflación no va a ser un problema”.
El Gobierno preparó los ingredientes para el caldo ideal de inflación: brutal devaluación, violenta suba de tarifas y tasas de interés siderales. Así, en octubre los precios de alimentos y bebidas avanzaron un 5,9 por ciento a nivel nacional, acumulan un 43,7 en diez meses y el 46,4 por ciento en la comparación interanual. Este diario informó oportunamente acerca del traslado de la suba del dólar de fines de agosto y septiembre en bienes de consumo masivo, como por ejemplo la harina y panificados, aceites, carnes y lácteos.
Según los datos del Indec, en el último año el kilo de pan francés subió un 84 por ciento y los fideos guiseros lo hicieron en un 80 por ciento, ambos empujados por la harina, que avanzó un 173 por ciento. El arroz subió un 66 por ciento y el aceite de girasol lo hizo en un 79 por ciento. Entre los lácteos, la leche en sachet subió un 40 por ciento y el queso cremoso, un 31 por ciento. La sal fina creció un 60 por ciento.
Otro rubro sensible para el bolsillo de los trabajadores que lideró la inflación de octubre fue el transporte, con un incremento mensual del 7,6 por ciento. Ese avance se explica por un nuevo incremento en el boleto de colectivo. El viaje mínimo avanzó hasta los 13 pesos, con un aumento acumulado en el año del 113 por ciento. También subió el pasaje de tren. El subte, en tanto, subirá a razón de un peso por mes desde el martes de la semana que viene hasta llegar a los 16,50 pesos en febrero. En el año, el subte habrá acumulado una suba del 100 por ciento. En tanto, las naftas subieron casi un 10 por ciento en octubre. Desde enero, los combustibles muestran un alza acumulada del 70 por ciento.
El tercer segmento del índice de precios que apuntaló a la inflación mensual fue el servicio de gas, que subió en promedio un 35 por ciento pero hasta un 50,4 por ciento para las categorías de usuarios más relevantes del Area Metropolitana de Buenos Aires. En el último año, los aumentos ascienden al 218 por ciento que se montan sobre las subas de 2016 y 2017.
Los incrementos de precios de alimentos y bebidas, el colectivo, tren y subte, naftas y los servicios esenciales para el funcionamiento del hogar fue muy fuerte en el último año, lo cual, conjugado con un escenario de caída del empleo, paritarias a la baja, recorte de horas extra, suspensiones, caída del poder adquisitivo de jubilaciones y asignaciones familiares, configura un delicado escenario social.
En el rubro salud, el incremento de octubre fue del 5,5 por ciento a partir de la suba del 8 por ciento en la cuota de las prepagas, cuyo incremento este año llegará al 41 por ciento. Las prendas de vestir y calzado, en tanto, subieron un 5 por ciento en el mes, mientras que equipamiento y mantenimiento del hogar, un 4,3 por ciento, y restaurantes y hoteles, un 3,1 por ciento.
En conjunto, los precios regulados, es decir, que cuentan con intervención del Estado, subieron el mes pasado un 7,4 por ciento, mientras que el IPC-núcleo (que excluye regulados y estacionales), lo hizo en un 4,5 por ciento. Desde principios de año, los regulados muestran una suba del 45,6 por ciento y el IPC-núcleo, del 39,2 por ciento. A nivel regional, el mayor nivel de inflación en diez meses se observa en la Patagonia, con el 40,8 por ciento.
Para noviembre, la consultora Ecolatina calcula que la inflación rondaría el 3,2 por ciento debido al transporte público y el avance sostenido de alimentos, como lácteos, verduras, frutas y bebidas. Además, proyecta que la suba de precios en diciembre se ubicará en el 48 por ciento anual y que durante el primer cuatrimestre de 2019 los precios avanzarían a un ritmo del 2 al 3 por ciento mensual.
INFORME ESPECIAL. Eliminación de subsidios al transporte de pasajeros
Boletazo
A
partir del 1º de enero no habrá más subsidios nacionales a los
colectivos urbanos y suburbanos. El Estado nacional pretende cubrir con
6500 millones de pesos los cerca de 53.000 millones que, en menos de dos
meses, dejará de enviar a las provincias y municipios para sus redes de
colectivos. El boleto que paga el pasajero podría escalar al doble del
precio actual.
Educación,
Salud, Ciencia y Vivienda aparecen entre las áreas más sensibles que
verán recortados sus ingresos según el Presupuesto 2019, y sin embargo
existe un sector para el cual se prevé un ajuste aún más fuerte y con un
impacto del que resulta difícil dimensionar sus consecuencias, todo sin
que prácticamente se haya despertado algún tipo de resistencia. Es que
el gobierno de Mauricio Macri decidió que a partir del año que viene
serán las provincias, los municipios y la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires quienes definirán las compensaciones al transporte automotor de
pasajeros, lo que quiere decir que en breve serán estas jurisdicciones
las que tendrán que asumir con fondos propios las erogaciones vinculadas
a esas decisiones. En otras palabras: a partir del primero de enero no
habrá más subsidios nacionales a los colectivos urbanos y suburbanos,
unos subsidios que –vale aclararlo– de 2002 a esta parte vienen
sosteniendo cerca de un 50 por ciento del valor de la “tarifa técnica” a
través de compensaciones monetarias, por un lado, y de la provisión de
gasoil a un precio diferencial por el otro.
Así el panorama, se plantean dos alternativas: o que las provincias y municipios se encarguen de cubrir esa brecha (o al menos parte de ella), o que la diferencia pase directamente a la tarifa, con lo cual el boleto que paga el pasajero podría escalar al doble del precio actual.
En cuanto a los colectivos de la CABA, estos se benefician cada año de unos 4800 millones de pesos del Estado nacional. No por nada en Córdoba y Resistencia ya empezaron a aparecer buses ploteados con una advertencia: “Sin subsidio, pasaje a 40 pesos”.
Claro que, como siempre, existen matices. En primer lugar, las líneas de colectivos de jurisdicción nacional (esto es, las que atraviesan por lo menos dos distritos) continuarán recibiendo su correspondiente subsidio de la Nación. Entra en ese conjunto un grueso de líneas del Área Metropolitana de Buenos Aires (todas las que van de la Capital al conurbano) y un grupo menor de interprovinciales como las que unen Neuquén con Cipolletti, Corrientes con Resistencia y Viedma con Carmen de Patagones.
Otro dato es que, tras una serie de negociaciones, el gobierno nacional decidió crear un fondo de 6500 millones de pesos anuales para compensar los desequilibrios financieros que pudieran generarse a partir de la quita del subsidio. No obstante, surgen aquí dos limitaciones. La primera es que 5000 de esos 6500 millones se destinarán exclusivamente a subsidiar a aquellas jurisdicciones que hoy no tienen SUBE y, por lo tanto, no tienen tampoco descuentos por atributos sociales (jubilados y pensionados, veteranos de Malvinas, trabajadores domésticos y beneficiarios de la AUH, Asignación por Embarazo, Becas Progresar, Hacemos Futuro, Monotributo social y pensiones no contributivas), con la condición de que subsidien a todo el transporte con al menos el 50 por ciento de lo que la Nación les aportó en 2018; en tanto los restantes 1500 se repartirán en forma discrecional.
La segunda y todavía más crucial limitación tiene que ver con la colosal desproporción entre los montos, ya que el Estado nacional pretende cubrir con 6500 millones de pesos los cerca de 53.000 millones que en menos de dos meses estará dejando de enviar a las provincias y municipios para el sostén de sus redes de colectivos.
Roberto Albizu es director de buses del grupo ERSA Urbano (compañía de transporte de pasajeros con presencia en Corrientes, Resistencia, Santiago del Estero, Córdoba, Santa Fe, Paraná, Misiones y Buenos Aires) y estima que la tarifa puede sufrir una suba importante no solo por el recorte del subsidio nacional, sino porque el boleto en el interior está hoy desfasado. “Como nadie sabía qué iba a pasar, las tarifas no se actualizaron. Con lo cual falta agregarles el último ajuste salarial y la nueva actualización solicitada por la Unión Transporte Automotor, además de todos los costos que en los últimos meses se han incrementado”, resume, para agregar que el combustible, que por el cupo de gasoil el sector venía pagando a 11 pesos por litro, se vende en el mercado a 36.
Según Albizu los pasajeros no han visto sus salarios actualizados a estos niveles, y los costos de movilidad urbana que antes le representaban entre el 4 y el 8 por ciento de sus ingresos pasarán a ser ahora de entre un 12 y un 14 por ciento. “El boleto de colectivo tiene una influencia muy importante, de hecho el Estado no está tomando decisiones solo respecto de la movilidad, sino también sobre el salario”, indica.
Pero la caída de pasajeros trae aparejado otro problema que tiene que ver con la inestabilidad de todo el sistema de colectivos, dado que el subsidio se encargaba de prever que ante una caída de la demanda la oferta sería capaz de sostenerse, porque ante todo se valorizaba la totalidad de la prestación. “El sistema va a tener necesariamente que redimensionarse”, explica Albizu. Y eso puede significar tanto menos coches circulando como menos recorridos, menos kilómetros y en última instancia, también menos personal. “La Nación se ampara en que el subsidio deberá ser atendido ahora por las provincias y los municipios, pero la verdad es que las provincias tienen otras prioridades. Y si bien para los municipios el transporte sí es prioritario, no tienen la plata para atender ese nivel de gasto”, añade.
Otro de los efectos del recorte tiene que ver con la descoordinación que puede sufrir la región metropolitana, que de acuerdo a la Agencia Metropolitana de Transporte (y a prácticamente todo el arco de urbanistas locales) debería considerarse como un solo territorio. “Por caso Lanús podría llegar a tener una política de subsidios diferente a la de Avellaneda y diferente, a su vez, a la de la provincia de Buenos Aires y a la de las líneas de jurisdicción nacional, con el desbalance que eso implica”, indica un consultor privado, y cita como ejemplo lo que pasó cuando en 2015 la línea 60 llevó adelante un paro que duró más de un mes. “El sistema soportó esa falta porque existen tanto líneas suplementarias como sustitutas”, asegura y añade que tampoco queda del todo claro qué sucederá de aquí en más con la integración tarifaria que la red SUBE mantiene en el AMBA.
El subsidio al transporte público suele representar un gasto alto, sin embargo casi no existe ahí derroche posible: nadie hará un mal uso del servicio por el solo hecho de que sea barato. De acuerdo a la última encuesta de movilidad domiciliaria en el Área Metropolitana de Buenos Aires (Enmodo 2009/2010) los motivos de “trabajo”, “estudio”, “llevar los chicos a la escuela” y “salud” explican sumados el 75 por ciento de los viajes urbanos. De ahí que existen importantes razones para subsidiar el transporte público: porque se trata de un sistema que facilita la accesibilidad de personas, bienes y servicios y porque incentivarlo va en detrimento del auto particular, lo que reduce congestiones y contaminación. También porque la movilidad es al fin y al cabo un derecho y una necesidad que condiciona la realización de casi cualquier actividad. Hasta la forma en la que crecen las ciudades tiene que ver, en parte, con cómo son sus redes de transporte público.
La presunción es que, dadas tantas inconsistencias técnicas, el Estado nacional no ha tomado esta decisión basándose en una real convicción acerca de cuál debería ser la magnitud del gasto público destinado a los subsidios de transporte y ni siquiera teniendo en cuenta en quién, llegado el caso, debería recaer la responsabilidad de administrarlos, sino que el propósito pareciera pasar por conseguir el déficit cero comprometido con el Fondo Monetario Nacional. En suma: no es política de transporte; sólo es política de ajuste.
Así el panorama, se plantean dos alternativas: o que las provincias y municipios se encarguen de cubrir esa brecha (o al menos parte de ella), o que la diferencia pase directamente a la tarifa, con lo cual el boleto que paga el pasajero podría escalar al doble del precio actual.
Números
La gran pregunta es si las jurisdicciones serán capaces de hacer frente a este nuevo gasto, para lo cual resulta ilustrativo advertir de qué números estamos hablando. La ciudad de Córdoba recibe de la Nación una suma anual que entre compensación y cupo de gasoil asciende a 1753 millones de pesos, mientras que por el mismo concepto la de Salta obtiene 1213 millones y Rosario 1587 millones de pesos. Pero aun en localidades algo más pequeñas esas cifras resultan importantes: por casos, cerca de 800 millones van a Mar del Plata, 248 a Resistencia y 134 a Tandil.En cuanto a los colectivos de la CABA, estos se benefician cada año de unos 4800 millones de pesos del Estado nacional. No por nada en Córdoba y Resistencia ya empezaron a aparecer buses ploteados con una advertencia: “Sin subsidio, pasaje a 40 pesos”.
Claro que, como siempre, existen matices. En primer lugar, las líneas de colectivos de jurisdicción nacional (esto es, las que atraviesan por lo menos dos distritos) continuarán recibiendo su correspondiente subsidio de la Nación. Entra en ese conjunto un grueso de líneas del Área Metropolitana de Buenos Aires (todas las que van de la Capital al conurbano) y un grupo menor de interprovinciales como las que unen Neuquén con Cipolletti, Corrientes con Resistencia y Viedma con Carmen de Patagones.
Otro dato es que, tras una serie de negociaciones, el gobierno nacional decidió crear un fondo de 6500 millones de pesos anuales para compensar los desequilibrios financieros que pudieran generarse a partir de la quita del subsidio. No obstante, surgen aquí dos limitaciones. La primera es que 5000 de esos 6500 millones se destinarán exclusivamente a subsidiar a aquellas jurisdicciones que hoy no tienen SUBE y, por lo tanto, no tienen tampoco descuentos por atributos sociales (jubilados y pensionados, veteranos de Malvinas, trabajadores domésticos y beneficiarios de la AUH, Asignación por Embarazo, Becas Progresar, Hacemos Futuro, Monotributo social y pensiones no contributivas), con la condición de que subsidien a todo el transporte con al menos el 50 por ciento de lo que la Nación les aportó en 2018; en tanto los restantes 1500 se repartirán en forma discrecional.
La segunda y todavía más crucial limitación tiene que ver con la colosal desproporción entre los montos, ya que el Estado nacional pretende cubrir con 6500 millones de pesos los cerca de 53.000 millones que en menos de dos meses estará dejando de enviar a las provincias y municipios para el sostén de sus redes de colectivos.
Subsidios
“Lo que estamos diciendo es: si las provincias y los municipios son los que tienen la responsabilidad sobre el sistema, si ellos llaman a las licitaciones y definen frecuencias y recorridos, que entonces tengan también la responsabilidad subsidiaria”, señaló en diálogo con Cash Ángeles Maldonado, vocera del Ministerio de Transporte. “El subsidio no desaparece –explicó–, pero ya no es más el Estado nacional el que lo otorga, sino el Estado que tiene la jurisdicción sobre el transporte, sea una provincia o un municipio”. Maldonado agregó que “la idea es que se mantengan, por lo menos en forma transitoria, los descuentos por atributos sociales”, aunque no pudo precisar a cuánto ascendería el valor del boleto, dado que desde la cartera que conduce Guillermo Dietrich no se encaró una evaluación del impacto de la medida jurisdicción por jurisdicción. “Pero no creemos que las tarifas se vayan a tanto, suponemos que los distritos van a sostener el grado de subsidio al transporte”, señaló, dejando entrever cuál será de ahora en más el eje de la política: cada distrito deberá buscar la solución que considere más viable.Tarifazos
Entre algunas de las empresas transportistas comienza a percibirse un clima de preocupación al advertir que ni provincias ni municipios se encuentran en condiciones de hacer frente a semejantes erogaciones, lo que derivará en aumento de tarifas y caída de pasajeros transportados.Roberto Albizu es director de buses del grupo ERSA Urbano (compañía de transporte de pasajeros con presencia en Corrientes, Resistencia, Santiago del Estero, Córdoba, Santa Fe, Paraná, Misiones y Buenos Aires) y estima que la tarifa puede sufrir una suba importante no solo por el recorte del subsidio nacional, sino porque el boleto en el interior está hoy desfasado. “Como nadie sabía qué iba a pasar, las tarifas no se actualizaron. Con lo cual falta agregarles el último ajuste salarial y la nueva actualización solicitada por la Unión Transporte Automotor, además de todos los costos que en los últimos meses se han incrementado”, resume, para agregar que el combustible, que por el cupo de gasoil el sector venía pagando a 11 pesos por litro, se vende en el mercado a 36.
Según Albizu los pasajeros no han visto sus salarios actualizados a estos niveles, y los costos de movilidad urbana que antes le representaban entre el 4 y el 8 por ciento de sus ingresos pasarán a ser ahora de entre un 12 y un 14 por ciento. “El boleto de colectivo tiene una influencia muy importante, de hecho el Estado no está tomando decisiones solo respecto de la movilidad, sino también sobre el salario”, indica.
Pasajeros
Si con una mirada optimista se calcula para 2019 un boleto a 30 pesos, una familia con dos hijos de 6 y 8 años pagará por día, considerando un viaje de ida y otro de vuelta para cada integrante, un total de 240 pesos diarios y algo más de 5500 pesos al mes si se consideran 23 días laborables: una embestida contra el bolsillo que resulta incluso mayor a la de las boletas de electricidad y gas. Las opciones que tienen los pasajeros pueden ser variadas y van desde las más simples (como caminar, andar en bicicleta o compartir el auto) hasta las más conflictivas para la seguridad vial y los costos en salud como puede ser la mayor propensión al uso de ciclomotores.Pero la caída de pasajeros trae aparejado otro problema que tiene que ver con la inestabilidad de todo el sistema de colectivos, dado que el subsidio se encargaba de prever que ante una caída de la demanda la oferta sería capaz de sostenerse, porque ante todo se valorizaba la totalidad de la prestación. “El sistema va a tener necesariamente que redimensionarse”, explica Albizu. Y eso puede significar tanto menos coches circulando como menos recorridos, menos kilómetros y en última instancia, también menos personal. “La Nación se ampara en que el subsidio deberá ser atendido ahora por las provincias y los municipios, pero la verdad es que las provincias tienen otras prioridades. Y si bien para los municipios el transporte sí es prioritario, no tienen la plata para atender ese nivel de gasto”, añade.
El sistema
Albizu observa que en los distritos que tienen la responsabilidad de ejecutar la política de transporte no existe real dimensión de las consecuencias que este recorte puede traer aparejado. “La impresión es que la medida no ha sido analizada. El tema los ha superado y no se ve ni siquiera un efecto de reacción”, afirma, al tiempo que considera que, dado el impacto del transporte público en las ciudades, el recorte debiera haberse planificado como para preparar el terreno ante los cambios.Otro de los efectos del recorte tiene que ver con la descoordinación que puede sufrir la región metropolitana, que de acuerdo a la Agencia Metropolitana de Transporte (y a prácticamente todo el arco de urbanistas locales) debería considerarse como un solo territorio. “Por caso Lanús podría llegar a tener una política de subsidios diferente a la de Avellaneda y diferente, a su vez, a la de la provincia de Buenos Aires y a la de las líneas de jurisdicción nacional, con el desbalance que eso implica”, indica un consultor privado, y cita como ejemplo lo que pasó cuando en 2015 la línea 60 llevó adelante un paro que duró más de un mes. “El sistema soportó esa falta porque existen tanto líneas suplementarias como sustitutas”, asegura y añade que tampoco queda del todo claro qué sucederá de aquí en más con la integración tarifaria que la red SUBE mantiene en el AMBA.
El subsidio al transporte público suele representar un gasto alto, sin embargo casi no existe ahí derroche posible: nadie hará un mal uso del servicio por el solo hecho de que sea barato. De acuerdo a la última encuesta de movilidad domiciliaria en el Área Metropolitana de Buenos Aires (Enmodo 2009/2010) los motivos de “trabajo”, “estudio”, “llevar los chicos a la escuela” y “salud” explican sumados el 75 por ciento de los viajes urbanos. De ahí que existen importantes razones para subsidiar el transporte público: porque se trata de un sistema que facilita la accesibilidad de personas, bienes y servicios y porque incentivarlo va en detrimento del auto particular, lo que reduce congestiones y contaminación. También porque la movilidad es al fin y al cabo un derecho y una necesidad que condiciona la realización de casi cualquier actividad. Hasta la forma en la que crecen las ciudades tiene que ver, en parte, con cómo son sus redes de transporte público.
La presunción es que, dadas tantas inconsistencias técnicas, el Estado nacional no ha tomado esta decisión basándose en una real convicción acerca de cuál debería ser la magnitud del gasto público destinado a los subsidios de transporte y ni siquiera teniendo en cuenta en quién, llegado el caso, debería recaer la responsabilidad de administrarlos, sino que el propósito pareciera pasar por conseguir el déficit cero comprometido con el Fondo Monetario Nacional. En suma: no es política de transporte; sólo es política de ajuste.
Plan de ajuste generalizado en 2019 para garantizar el pago de los intereses y capital de la deuda
El Presupuesto del Fondo Monetario Internacional
El
Senado debatirá esta semana el proyecto de Presupuesto 2019, con media
sanción de Diputados, que contiene proyecciones muy optimistas de las
variables económicas. Un detallado documento del colectivo Economía
Política para la Argentina exhibe las debilidades de esa iniciativa, que
responde a las exigencias del FMI.
El ministro de Hacienda y Finanzas, Nicolás Dujovne, presentando el Presupuesto 2019.
El
Proyecto de Ley de Presupuesto 2019 confirma la intención del Ejecutivo
en avanzar en un ajuste económico de magnitudes. La propuesta del
gabinete económico implica una aceleración del ritmo de reducción del
gasto. El Gobierno dispone toda su artillería en pos de alcanzar el
equilibrio fiscal en 2019, relegando el resto de los objetivos que
suelen guiar el accionar del Estado. El fuerte sesgo ideológico liberal
del oficialismo conlleva una sobredimensión de la importancia de la
consecución del déficit cero como fin último de la política pública.
Así, se omiten los factores que inciden sobre nuestra idiosincrasia.
Extrapolan análisis de manual que son inaplicables a la realidad
argentina actual.
Estas proyecciones a su vez impactan en las expectativas del resto de los agentes que tienen incidencia en la dinámica económica. Asimismo, en dicho esquema, puede apreciarse la carga ideológica de los hacedores de política, que deben repartir costos y beneficios a la hora de integrar y asignar las partidas que componen la normativa. Es por esto que el presupuesto representa un importante instrumento de análisis para divisar los principales lineamientos del Gobierno Nacional de cara al año venidero y para reconocer quienes serán los principales beneficiarios y perjudicados por la política económica.
Este año se presenta la discusión en el Congreso Nacional en un contexto signado por la devaluación y su impacto en los precios y en la actividad interna, el acuerdo con el FMI para asegurar a los capitales especulativos privados los dólares para financiar la fuga y el plan para descargar el ajuste sobre las provincias y los sectores trabajadores, que en particular se apalanca en los objetivos fiscales que se impone el Estado Nacional, a medida de los requerimientos del FMI. Es la primera vez que el Ejecutivo reconoce una situación de crisis, ya que las estimaciones del PIB explicitan una caída de 2,4 por ciento para el corriente año y de 0,5 por ciento para el 2019. La inflación del 2018, que se estima según algunas consultoras en 45 por ciento, otorgará un piso alto para la inflación del año entrante. El Ejecutivo proyecta que la misma ronde el 23 por ciento (de enero a diciembre de 2019), pero con una inflación interanual mensual que promedie el 34,8 por ciento.
Con ese escenario en mente, el gobierno busca una estabilidad relativa del tipo de cambio, y para eso ha llevado la tasa de interés a niveles elevadísimos. De esto se desprenden dos consecuencias evidentes. En la economía real, estas tasas de interés hacen inviable cualquier proyecto de PYME, ponen en peligro las cadenas de pago e incluso el pago del endeudamiento de los particulares. Esto devastará la actividad económica, elevando la tasa de desocupación y haciendo plausible una distribución del ingreso más desigual con salarios reales más bajos. Los altos niveles de desempleo son un elemento central para “domesticar” a la clase trabajadora y darle viabilidad social a dicho objetivo. Por el otro, semejante tasa de interés expande el déficit cuasi fiscal del BCRA, hecho que añade nafta al desequilibrio financiero, independientemente de la situación fiscal del Tesoro.
El segundo dato se presenta como una estimación un tanto optimista teniendo en cuenta el comportamiento reciente del sector exportador. Más allá de algunos factores imprevistos que lo han afectado últimamente (como la sequía del año en curso), tal incremento representaría un récord histórico de exportaciones en dólares, alcanzando los 95 mil millones de dólares, siendo que en los tres años anteriores giraron en torno a los 60 mil.
A su vez, en un modelo que pretende focalizar sus esfuerzos en el componente de la inversión, se estima para el próximo año una caída de la misma de 9,7 por ciento. Esto consolidaría una caída desde 2015 de 4,1 por ciento. Lo mismo ocurrirá con el Consumo Privado (-2,7 por ciento) y con el Consumo Público (-3,0 por ciento). En tanto que las importaciones habrán ganado una gran parte del mercado nacional (+24,1 por ciento), mientras que las exportaciones habrán acumulado un crecimiento de 31,8 por ciento.
En síntesis, los argentinos tendremos, al cabo de estos cuatro años, una torta más chica para repartir entre más personas, en otras palabras, la “ley de leyes” confirma que al cabo de cuatro años somos, en promedio, más pobres. Además, teniendo en cuenta la composición de la canasta exportadora, se tendrá una economía más primarizada, asociada a pocos puestos de trabajo y de menor calidad (baja sindicalización, baja formalidad, y menores remuneraciones respecto a los sectores industriales).
Sin embargo, estos números ocultan la realidad de lo que perciben efectivamente los beneficiarios de tales servicios sociales. En estos años se incrementó tanto la cantidad de jubilados, como la de beneficiarios de diferentes asignaciones no contributivas, como por ejemplo la Asignación Universal Por Hijo (AUH). Esto, sumado a la reparación histórica cuyos beneficiarios fueron en general los jubilados de mayores ingresos, es lo que explica el comportamiento relativamente estable de estas partidas. Sin embargo, los beneficiarios de estos servicios sociales que el gobierno dice incrementar han sufrido una pérdida de poder adquisitivo. Por ejemplo, jubilados y beneficiarios de AUH no han recibido un solo mes una remuneración con la misma capacidad de compra que la de noviembre de 2015 y la pérdida de poder adquisitivo que acumula alcanza el 16 por ciento.
Con relación a los servicios sociales, el Presupuesto prevé que las jubilaciones crecerían un 37,6 por ciento en 2019, en tanto que la Asignación Universal para Protección Social lo haría en 20,4 por ciento. Es decir que no sólo lo hará por debajo de la inflación proyectada, sino muy por debajo de las jubilaciones, cuando hoy tienen el mismo mecanismo de actualización trimestral. Según estos datos, pareciera que se barajará un desacople entre una actualización con la otra para profundizar el recorte del gasto sobre los perceptores de asignaciones.
Además, por una cuestión técnica, el gasto en sostener el subsidio a las tarifas se encuentre dentro de lo que se llama “servicios económicos”. Este gasto se ve fuertemente reducido y será pagado por todos los consumidores, haciendo más daño a los que menos tienen. Un componente adicional de la Ley de Presupuesto para el año que viene es que parte de la reducción de subsidios a los servicios básicos se explica por el cese de las erogaciones que el Estado Nacional efectuaba para sostener la tarifa social y morigerar el impacto tarifario en los sectores menos pudientes. Este gasto será trasladado a las provincias, generando inequidades entre ellas, por la capacidad de recaudación de cada una, y la diferente distribución de usuarios que son adjudicatarios del mencionado derecho. Es tan solo un ejemplo de tantos en el que el gobierno nacional traslada erogaciones necesarias para el bienestar general, de modo de cumplir la promesa frente al Fondo de déficit cero y evitar el costo político del ajuste, aludiendo que son los gobiernos provinciales los responsables de tales políticas.
La escasez de políticas públicas orientadas a alcanzar la igualdad de género y su insuficiente (o nulo) financiamiento generan indicadores que evidencian que la crisis económica afecta en mayor medida a las mujeres. Los ajustes en estas áreas no harán más que profundizar la feminización de la pobreza y demás condiciones socioeconómicas en donde las mujeres son las más perjudicadas.
Si se compara respecto de las otras erogaciones, los servicios de deuda representan el 14,9 por ciento del total del gasto agregado, siendo la mayor proporción de los cuatro años de gestión, y superando ampliamente el 7,7 por ciento que representaba en 2015.
Así, el pago de intereses pasa a representar una proporción sustancialmente superior en relación al presupuesto destinado a otras áreas. Por caso, los pagos de servicios de deuda superarán en más de 24 veces a los fondos destinados a las obras de agua potable y alcantarillados, en 20 veces a las de vivienda y urbanismo, en casi 13 veces a las de ciencia y técnica y en cuatro veces a las de salud. En tal sentido, el peso de los intereses de deuda que se pagarán en 2019 representa un monto equivalente a 353 millones de AUH, 69 millones de jubilaciones mínimas, casi 56 millones de salarios mínimos y la construcción de casi 20 mil jardines de infantes. Con todo, en 2019 se pagarán más de un millón cien mil pesos por minuto, en concepto de intereses de la deuda pública.
Adicionalmente, cabe detallar que el monto para servicios de deuda está estimado con un dólar promedio de 40,10 pesos para el año que viene. Teniendo en cuenta que gran parte de esta deuda es en dólares (74 por ciento aproximadamente), se pueden realizar hipótesis de qué pasaría con ese gasto en caso de un tipo de cambio más alto manteniendo la relación de deuda en moneda extranjera y moneda nacional constante. Así, con un tipo de cambio algo más alto: 43 pesos promedio 2019, por poner un ejemplo, los servicios de deuda se elevarían en más de 30.000 millones de pesos, pasando a representar el 15,6 por ciento del gasto total y quitando financiamiento para otras partidas, o bien, incumpliendo el corset autoimpuesto de equilibrio fiscal.
La situación del peso de los intereses de la deuda es realmente preocupante cuando se constatan las coincidencias del actual contexto con otros procesos históricos que terminaron en crisis. Previo al colapso de comienzos de siglo, los intereses de la deuda pasaron de representar 8,3 por ciento de los Gastos Totales, a 14,7 por ciento en 2001 y que obligó a la Alianza a llevar adelante los recortes del 13 por ciento en los haberes de los jubilados y empleados públicos con el único objetivo de sostener los servicios de la deuda. Una situación similar se estaría dando, de cumplirse las propias estimaciones oficiales, ya que como en 2001, los intereses representarían la misma proporción sobre el gasto y el peso de los recortes nuevamente estaría recayendo sobre los servicios sociales, los empleados públicos y las provincias. Todo esto para tan solo alcanzar en 2019 el mismo déficit financiero que había en el 2015, ambos en el 4 por ciento.
Por otro lado, las consecuencias del dólar a 40,10 pesos en el promedio de 2019 no están correctamente contempladas. La inflación de 23 por ciento está proyectada con un dólar a ese valor, lo que implicaría una apreciación durante 2019. De esta forma, el dólar funcionaría como ancla cambiaria para frenar la inflación. De no mantenerse en esos niveles, probablemente la inflación sea mayor. Sin embargo, el Presupuesto indica que, a un mayor precio del dólar, se mejoraría la situación fiscal de la Argentina por el impacto de los ingresos nominados en dólares, como los derechos de exportación. Sin embargo, olvida contemplar el impacto inflacionario y recesivo que tendría una nueva devaluación, tal como se vivió en 2016 y a lo largo de 2018.
Por último, cabe mencionar la intención de modificar la Carta Orgánica del Banco Central, quitándole grados de libertad para incidir en las políticas de desarrollo. Además, luego del segundo cambio en un año del titular de la autoridad monetaria, se sigue insistiendo con la misma receta mono-causal para combatir el alza general de los precios. Pero, fracasada la fórmula de las metas de inflación utilizando la tasa de interés, esta vez se intentará con la contracción de los agregados monetarios, política que ningún Banco Central en la actualidad implementa y que estará condenada a fracasar.
Christine Lagarde, directora del FMI.
En este marco, se establece como hipótesis un tipo de cambio relativamente estable, una reducción de la inflación a la mitad, un incremento del 31,6 por ciento de recaudación en IVA pese a la caída del consumo y exportaciones récord en 2019. Todas proyecciones irrisorias, a la luz de los hechos. Adicionalmente se traslada la enorme proporción del esfuerzo fiscal para el déficit cero hacia los Estados Provinciales y se prioriza el cumplimento en los pagos de deuda sobre el resto de las partidas de inversión pública. Un Presupuesto de ajuste dramático que sólo puede derivar en una economía que transite la calma de los cementerios.
El gobierno basó su Presupuesto en el objetivo de llegar al equilibrio fiscal lo más rápido posible de manera de mostrar resultados al FMI. Así, las conferencias de prensa del equipo económico se obsesionan con mostrar cuán rápido se llegará a “la meta”. Desde este espacio creemos que los objetivos a los que debe apuntarse tienen que ver con la generación de empleo y redistribución de la riqueza y no vemos vinculación directa entre el canal fiscal y el desarrollo económico. Un déficit o un superávit per se no garantizan mejores condiciones de vida para la población. Lo determinante son las políticas escogidas, con foco en los ganadores y perdedores de determinado arreglo distributivo.
En este Presupuesto el equilibrio fiscal es la meta por excelencia, mientras que los objetivos de generación de empleo, redistribución de la riqueza o crecimiento económico están ausentes. Dicho de otro modo, lo único que se jerarquiza indefectiblemente en este Presupuesto es la necesidad de cumplimentar con el ajuste que exige el Fondo Monetario para garantizar el pago de la deuda. Así, los que debieran ser los objetivos, serán las variables de ajuste. Estas políticas se han repetido numerosamente en nuestra historia económica y no solo empeoran la calidad de vida del conjunto de la población, sino que generan menor actividad económica, menor recaudación y una dinámica de círculo vicioso que ya se comprobó que, a partir de la profundización de la recesión, termina empeorando los aspectos fiscales que justamente intenta mejorar.
* Colectivo de más de 240 economistas reunidos en Economía Política para la Argentina (EPPA).
Errores
Buena parte de los errores de interpretación se expresan en la falta de consideración sobre los factores dinámicos que distancian la economía real de una planilla Excel. En un contexto de alta volatilidad financiera y desconfianza sobre la evolución de nuestra economía, es ilusorio suponer comportamientos “normales” para la enorme proporción de variables macroeconómicas. Por caso, la baja de la inflación a la mitad, una caída del PIB de sólo medio punto después de un año de aumento del dólar del 100 por ciento y una proyección de suba en la recaudación por retenciones del 200 por ciento, son algunos ejemplos del optimismo descomedido que subyace a las hipótesis del Presupuesto para el año próximo.Estas proyecciones a su vez impactan en las expectativas del resto de los agentes que tienen incidencia en la dinámica económica. Asimismo, en dicho esquema, puede apreciarse la carga ideológica de los hacedores de política, que deben repartir costos y beneficios a la hora de integrar y asignar las partidas que componen la normativa. Es por esto que el presupuesto representa un importante instrumento de análisis para divisar los principales lineamientos del Gobierno Nacional de cara al año venidero y para reconocer quienes serán los principales beneficiarios y perjudicados por la política económica.
Este año se presenta la discusión en el Congreso Nacional en un contexto signado por la devaluación y su impacto en los precios y en la actividad interna, el acuerdo con el FMI para asegurar a los capitales especulativos privados los dólares para financiar la fuga y el plan para descargar el ajuste sobre las provincias y los sectores trabajadores, que en particular se apalanca en los objetivos fiscales que se impone el Estado Nacional, a medida de los requerimientos del FMI. Es la primera vez que el Ejecutivo reconoce una situación de crisis, ya que las estimaciones del PIB explicitan una caída de 2,4 por ciento para el corriente año y de 0,5 por ciento para el 2019. La inflación del 2018, que se estima según algunas consultoras en 45 por ciento, otorgará un piso alto para la inflación del año entrante. El Ejecutivo proyecta que la misma ronde el 23 por ciento (de enero a diciembre de 2019), pero con una inflación interanual mensual que promedie el 34,8 por ciento.
Licuación
Este escenario es propicio para licuar los gastos en pesos del Estado y converger de este modo a las metas fiscales. No obstante, el programa financiero depende de los dólares del Fondo para estabilizar el tipo de cambio y favorecer nuevamente la entrada de capitales de corto plazo (como sucedió en 2017) que financien los desequilibrios externos, no sin incertidumbre producto de la fragilidad en la que está entrando la economía en materia de endeudamiento y necesidades de divisas. En este punto, ya se ha reconocido que el ratio deuda sobre PIB estaría superando el 80 por ciento hacia fines de este año.Con ese escenario en mente, el gobierno busca una estabilidad relativa del tipo de cambio, y para eso ha llevado la tasa de interés a niveles elevadísimos. De esto se desprenden dos consecuencias evidentes. En la economía real, estas tasas de interés hacen inviable cualquier proyecto de PYME, ponen en peligro las cadenas de pago e incluso el pago del endeudamiento de los particulares. Esto devastará la actividad económica, elevando la tasa de desocupación y haciendo plausible una distribución del ingreso más desigual con salarios reales más bajos. Los altos niveles de desempleo son un elemento central para “domesticar” a la clase trabajadora y darle viabilidad social a dicho objetivo. Por el otro, semejante tasa de interés expande el déficit cuasi fiscal del BCRA, hecho que añade nafta al desequilibrio financiero, independientemente de la situación fiscal del Tesoro.
Caída
Lejos de los pronósticos de crecimiento del inicio de la gestión, tras las proyecciones de variación del PIB tanto en 2018 como en 2019, la actual gestión habrá acumulado un retroceso de 1,9 por ciento acumulado, con tres de los cuatro años de gobierno en recesión. La caída para estos dos años está explicada por el retroceso de prácticamente todos los componentes de la demanda agregada. Para 2018 y 2019 se proyecta una caída en el consumo privado (-3,4 y -1,6 por ciento, respectivamente), en el consumo público (-2,0 y -3,4 por ciento) y en la inversión (-0,6 y -9,7 por ciento). Lo único que crecería a nivel acumulado son las importaciones que, si bien tendrían una caída del 0,7 por ciento este año, se recuperarán el año que viene en 2,8 por ciento. El único elemento de la demanda agregada que crecerá serían las exportaciones que lo harán en 3,1 y 20,9 por ciento, respectivamente.El segundo dato se presenta como una estimación un tanto optimista teniendo en cuenta el comportamiento reciente del sector exportador. Más allá de algunos factores imprevistos que lo han afectado últimamente (como la sequía del año en curso), tal incremento representaría un récord histórico de exportaciones en dólares, alcanzando los 95 mil millones de dólares, siendo que en los tres años anteriores giraron en torno a los 60 mil.
A su vez, en un modelo que pretende focalizar sus esfuerzos en el componente de la inversión, se estima para el próximo año una caída de la misma de 9,7 por ciento. Esto consolidaría una caída desde 2015 de 4,1 por ciento. Lo mismo ocurrirá con el Consumo Privado (-2,7 por ciento) y con el Consumo Público (-3,0 por ciento). En tanto que las importaciones habrán ganado una gran parte del mercado nacional (+24,1 por ciento), mientras que las exportaciones habrán acumulado un crecimiento de 31,8 por ciento.
En síntesis, los argentinos tendremos, al cabo de estos cuatro años, una torta más chica para repartir entre más personas, en otras palabras, la “ley de leyes” confirma que al cabo de cuatro años somos, en promedio, más pobres. Además, teniendo en cuenta la composición de la canasta exportadora, se tendrá una economía más primarizada, asociada a pocos puestos de trabajo y de menor calidad (baja sindicalización, baja formalidad, y menores remuneraciones respecto a los sectores industriales).
Gastos sociales
El relato oficial intenta instalar que pese al crítico contexto actual, se trata de un presupuesto con el mayor gasto en protección social y de un acuerdo con el FMI que va en el mismo sentido. Sin embargo, los números del Ministerio de Hacienda muestran otra cosa. El gasto en servicios sociales habrá caído casi 3 por ciento en términos reales al finalizar el mandato de Cambiemos (con la estimación oficial del 23 por ciento de inflación), con caídas mayores al 25 por ciento en Educación y Cultura o Ciencia y Técnica o de más del 70 por ciento en Vivienda y Urbanismo. Otros servicios sociales como Protección y asistencia social (-4,9 por ciento) o Seguridad social (8,3 por ciento) presentan mayor estabilidad.Sin embargo, estos números ocultan la realidad de lo que perciben efectivamente los beneficiarios de tales servicios sociales. En estos años se incrementó tanto la cantidad de jubilados, como la de beneficiarios de diferentes asignaciones no contributivas, como por ejemplo la Asignación Universal Por Hijo (AUH). Esto, sumado a la reparación histórica cuyos beneficiarios fueron en general los jubilados de mayores ingresos, es lo que explica el comportamiento relativamente estable de estas partidas. Sin embargo, los beneficiarios de estos servicios sociales que el gobierno dice incrementar han sufrido una pérdida de poder adquisitivo. Por ejemplo, jubilados y beneficiarios de AUH no han recibido un solo mes una remuneración con la misma capacidad de compra que la de noviembre de 2015 y la pérdida de poder adquisitivo que acumula alcanza el 16 por ciento.
Con relación a los servicios sociales, el Presupuesto prevé que las jubilaciones crecerían un 37,6 por ciento en 2019, en tanto que la Asignación Universal para Protección Social lo haría en 20,4 por ciento. Es decir que no sólo lo hará por debajo de la inflación proyectada, sino muy por debajo de las jubilaciones, cuando hoy tienen el mismo mecanismo de actualización trimestral. Según estos datos, pareciera que se barajará un desacople entre una actualización con la otra para profundizar el recorte del gasto sobre los perceptores de asignaciones.
Además, por una cuestión técnica, el gasto en sostener el subsidio a las tarifas se encuentre dentro de lo que se llama “servicios económicos”. Este gasto se ve fuertemente reducido y será pagado por todos los consumidores, haciendo más daño a los que menos tienen. Un componente adicional de la Ley de Presupuesto para el año que viene es que parte de la reducción de subsidios a los servicios básicos se explica por el cese de las erogaciones que el Estado Nacional efectuaba para sostener la tarifa social y morigerar el impacto tarifario en los sectores menos pudientes. Este gasto será trasladado a las provincias, generando inequidades entre ellas, por la capacidad de recaudación de cada una, y la diferente distribución de usuarios que son adjudicatarios del mencionado derecho. Es tan solo un ejemplo de tantos en el que el gobierno nacional traslada erogaciones necesarias para el bienestar general, de modo de cumplir la promesa frente al Fondo de déficit cero y evitar el costo político del ajuste, aludiendo que son los gobiernos provinciales los responsables de tales políticas.
Mujeres
Más allá de las declaraciones públicas sobre el interés por el tema, las partidas presupuestarias con objetivos explícitos de género alcanzan el 0,11 por ciento del gasto total o el 0,13 por ciento del gasto primario (excluidos intereses). Tomando el total de programas que contienen políticas destinadas a género del 2019, se llega a 4623 millones de pesos. Cifra que, en comparación con el presupuesto vigente de 2018, muestra una caída en términos reales del 19 por ciento.La escasez de políticas públicas orientadas a alcanzar la igualdad de género y su insuficiente (o nulo) financiamiento generan indicadores que evidencian que la crisis económica afecta en mayor medida a las mujeres. Los ajustes en estas áreas no harán más que profundizar la feminización de la pobreza y demás condiciones socioeconómicas en donde las mujeres son las más perjudicadas.
Deuda
Según lo proyectado, en el 2019 los intereses de la deuda aumentarían en 195 mil millones de pesos, según las estimaciones oficiales, totalizando unos 596 mil millones, es decir, un crecimiento de 49 por ciento con respecto a 2018. Estos intereses pasarán de representan el 15,3 por ciento de los Ingresos totales del Sector Público No Financiero en 2018 a representar el 16,0 por ciento en 2019, evidenciando la convergencia del gobierno nacional con los intereses del sector financiero.Si se compara respecto de las otras erogaciones, los servicios de deuda representan el 14,9 por ciento del total del gasto agregado, siendo la mayor proporción de los cuatro años de gestión, y superando ampliamente el 7,7 por ciento que representaba en 2015.
Así, el pago de intereses pasa a representar una proporción sustancialmente superior en relación al presupuesto destinado a otras áreas. Por caso, los pagos de servicios de deuda superarán en más de 24 veces a los fondos destinados a las obras de agua potable y alcantarillados, en 20 veces a las de vivienda y urbanismo, en casi 13 veces a las de ciencia y técnica y en cuatro veces a las de salud. En tal sentido, el peso de los intereses de deuda que se pagarán en 2019 representa un monto equivalente a 353 millones de AUH, 69 millones de jubilaciones mínimas, casi 56 millones de salarios mínimos y la construcción de casi 20 mil jardines de infantes. Con todo, en 2019 se pagarán más de un millón cien mil pesos por minuto, en concepto de intereses de la deuda pública.
Adicionalmente, cabe detallar que el monto para servicios de deuda está estimado con un dólar promedio de 40,10 pesos para el año que viene. Teniendo en cuenta que gran parte de esta deuda es en dólares (74 por ciento aproximadamente), se pueden realizar hipótesis de qué pasaría con ese gasto en caso de un tipo de cambio más alto manteniendo la relación de deuda en moneda extranjera y moneda nacional constante. Así, con un tipo de cambio algo más alto: 43 pesos promedio 2019, por poner un ejemplo, los servicios de deuda se elevarían en más de 30.000 millones de pesos, pasando a representar el 15,6 por ciento del gasto total y quitando financiamiento para otras partidas, o bien, incumpliendo el corset autoimpuesto de equilibrio fiscal.
La situación del peso de los intereses de la deuda es realmente preocupante cuando se constatan las coincidencias del actual contexto con otros procesos históricos que terminaron en crisis. Previo al colapso de comienzos de siglo, los intereses de la deuda pasaron de representar 8,3 por ciento de los Gastos Totales, a 14,7 por ciento en 2001 y que obligó a la Alianza a llevar adelante los recortes del 13 por ciento en los haberes de los jubilados y empleados públicos con el único objetivo de sostener los servicios de la deuda. Una situación similar se estaría dando, de cumplirse las propias estimaciones oficiales, ya que como en 2001, los intereses representarían la misma proporción sobre el gasto y el peso de los recortes nuevamente estaría recayendo sobre los servicios sociales, los empleados públicos y las provincias. Todo esto para tan solo alcanzar en 2019 el mismo déficit financiero que había en el 2015, ambos en el 4 por ciento.
Por otro lado, las consecuencias del dólar a 40,10 pesos en el promedio de 2019 no están correctamente contempladas. La inflación de 23 por ciento está proyectada con un dólar a ese valor, lo que implicaría una apreciación durante 2019. De esta forma, el dólar funcionaría como ancla cambiaria para frenar la inflación. De no mantenerse en esos niveles, probablemente la inflación sea mayor. Sin embargo, el Presupuesto indica que, a un mayor precio del dólar, se mejoraría la situación fiscal de la Argentina por el impacto de los ingresos nominados en dólares, como los derechos de exportación. Sin embargo, olvida contemplar el impacto inflacionario y recesivo que tendría una nueva devaluación, tal como se vivió en 2016 y a lo largo de 2018.
Por último, cabe mencionar la intención de modificar la Carta Orgánica del Banco Central, quitándole grados de libertad para incidir en las políticas de desarrollo. Además, luego del segundo cambio en un año del titular de la autoridad monetaria, se sigue insistiendo con la misma receta mono-causal para combatir el alza general de los precios. Pero, fracasada la fórmula de las metas de inflación utilizando la tasa de interés, esta vez se intentará con la contracción de los agregados monetarios, política que ningún Banco Central en la actualidad implementa y que estará condenada a fracasar.
Proyecciones
El Presupuesto enviado por el Ejecutivo expresa una combinación de proyecciones irrealizables y un plan de ajuste hecho a imagen y semejanza de los principios del Fondo Monetario. La estrategia comunicacional utilizada en el mensaje del Presupuesto consiste en atribuir a factores exógenos los resultados paupérrimos, a falta de mérito alguno en materia económica. Desde la incertidumbre en Brasil, la suba de tasas en Estados Unidos, la crisis en Turquía o hasta “los cuadernos” son mencionados como las razones por el cual se torció el rumbo económico, según el relato oficial. No obstante, se apuntan todos los cañones a cumplir la meta de déficit primario cero el año que viene, cuando la meta anterior era un déficit de 1,3 por ciento del PIB, para mostrar al FMI la obsesión con la reducción del gasto público.En este marco, se establece como hipótesis un tipo de cambio relativamente estable, una reducción de la inflación a la mitad, un incremento del 31,6 por ciento de recaudación en IVA pese a la caída del consumo y exportaciones récord en 2019. Todas proyecciones irrisorias, a la luz de los hechos. Adicionalmente se traslada la enorme proporción del esfuerzo fiscal para el déficit cero hacia los Estados Provinciales y se prioriza el cumplimento en los pagos de deuda sobre el resto de las partidas de inversión pública. Un Presupuesto de ajuste dramático que sólo puede derivar en una economía que transite la calma de los cementerios.
El gobierno basó su Presupuesto en el objetivo de llegar al equilibrio fiscal lo más rápido posible de manera de mostrar resultados al FMI. Así, las conferencias de prensa del equipo económico se obsesionan con mostrar cuán rápido se llegará a “la meta”. Desde este espacio creemos que los objetivos a los que debe apuntarse tienen que ver con la generación de empleo y redistribución de la riqueza y no vemos vinculación directa entre el canal fiscal y el desarrollo económico. Un déficit o un superávit per se no garantizan mejores condiciones de vida para la población. Lo determinante son las políticas escogidas, con foco en los ganadores y perdedores de determinado arreglo distributivo.
En este Presupuesto el equilibrio fiscal es la meta por excelencia, mientras que los objetivos de generación de empleo, redistribución de la riqueza o crecimiento económico están ausentes. Dicho de otro modo, lo único que se jerarquiza indefectiblemente en este Presupuesto es la necesidad de cumplimentar con el ajuste que exige el Fondo Monetario para garantizar el pago de la deuda. Así, los que debieran ser los objetivos, serán las variables de ajuste. Estas políticas se han repetido numerosamente en nuestra historia económica y no solo empeoran la calidad de vida del conjunto de la población, sino que generan menor actividad económica, menor recaudación y una dinámica de círculo vicioso que ya se comprobó que, a partir de la profundización de la recesión, termina empeorando los aspectos fiscales que justamente intenta mejorar.
* Colectivo de más de 240 economistas reunidos en Economía Política para la Argentina (EPPA).
26/10/2018
Presupuesto 2019: detenciones arbitrarias, conspiraciones y xenofobia gubernamental
De las 27 personas detenidas en la represión durante el
tratamiento del Presupuesto 2019 en Diputados, cuatro son extranjeras.
Baran Anil (27 años) de Turquía, Luis Fretes (26 años) de Paraguay, y
Felipe (31 años) y Víctor Puleo Artigas (23 años), de Venezuela. El
senador peronista Miguel Angel Pichetto desplegó su xenofobia: “espero
estén listos para salir del país”. La ministra de Seguridad Patricia
Bullrich informó que investigan si los venezolanos son servicios de
inteligencia de Nicolás Maduro, el paraguayo un anarquista y el turco un
activista contra el G-20. Los dos venezolanos fueron detenidos al
“voleo” a 22 cuadras del Congreso. El ciudadano paraguayo hace dos años
está en el país y fue detenido también arbitrariamente. El turco estaba
yendo a realizar trámites en su embajada, cuando también fue detenido
por personal policial, denunció CORREPI. Ninguno tiene antecedentes. La
conspiración y xenofobia gubernamental al palo. Por ANRed.
Al conocerse la lista de personas detenidas durante la salvaje represión desatada por la Policía Federal y la Policía de la Ciudad desde el Congreso hasta Constitución, mientras en el Congreso se trataba el Presupuesto 2019, no se hicieron esperar los comentarios xenófobos y conspiranoicos cuando tomó estado público que también había cuatro que eran extranjeras.
En declaraciones a Radio Mitre, el senador jefe del interbloque Argentina Federal, Miguel Pichetto, opinó que lo que se vivió en las inmediaciones del Congreso fue “un hecho preinsurreccional” generado por “sectores violentos de la izquierda argentina y algunas combinaciones con algunos partidos que tienen representación institucional, y a los que les gusta alentar el fuego“. Además, confirmó lo informado el 24 por esta agencia sobre el llamativo operativo de seguridad para la fecha: “Vi falencias estructurales en el tema de seguridad. A las 13 lo llamé al ministro del Interior, Rogelio Frigerio, para decirle que no estaban puestas las vallas de cierre sobre el costado derecho del Congreso“.
Luego señaló sobre los cuatro extranjeros detenidos y luego liberados: “Espero que los dos venezolanos, el paraguayo y el turco estén listos para salir del país. Los dos venezolanos que hemos recibido generosamente los argentinos con esta visión alegre que tiene el Gobierno, que han entrado más de 80 mil, el paraguayo y el turco, ya estén en el departamento de migraciones listos para la salida del país”. En ese sentido, sostuvo que “en un país serio” los cuatro deberían ser deportados.
En tanto, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich salió a difundir las ideas conspirativas del gobierno de Mauricio Macri, informando que están investigando a los cuatro extranjeros porque “sospechan” que los hombres de nacionalidad venezolana integrarían los servicios de inteligencia de Nicolás Maduro, que el turco es activista contra el G-20, y que el paraguayo forma parte de grupo anarquista de Asunción.
Sobre el ciudadano turco Anil Baran, la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) – que asumió su defensa – informó que “es un joven de nacionalidad turca que en 2017 se casó con una cordobesa y se radicó en Villa María, donde ambos trabajan“. Eso le confiere el estatus de residente permanente en el país.
El organismo rechazó las imputaciones hacia él y explicó que Baran tenía que hacer unos trámites administrativos en su embajada. Tiene sus papeles en regla y tenía un turno en la embajada para pedir la partida de nacimiento para seguir tramitando su ciudadanía. Al mediodía tomó el tren y llegó a Constitución, cerca de las 14:30, para ir a la sede diplomática. Empezó a caminar por la avenida 9 de Julio, donde se cruzó con las columnas que desconcentraban desde el Congreso. De pronto vio avanzar motos de la Policía de la Ciudad que perseguían a los manifestantes, disparando gases y escopetas. Se asustó y trató de alejarse doblando por Humberto Primo. A los pocos metros fue “cazado” por los policías. Además, al ser consultada sobre el ciudadano turco en conferencia de prensa, la ministra Bullrich aseguró que “no tenía antecedentes”.
Los dos venezolanos, Felipe y Victor Puleo Artigas, son dos trabajadores de delivery de la flamante cadena venezolana de repartidores de comida “Rapi App” y “fueron detenidos a 22 cuadras del Congreso”, aseguró el funcionario Marcelo D’Alessandro, secretario de Seguridad de CABA.
El diario oficialista Clarín, además, informó que “son hermanos, solteros y tramitaron la radicación provisoria en el país”, y que “según el informe de Interpol, no cuentan con antecedentes y tampoco se conoce actividad o afiliación política en su país”. Bastante alejado de la idea de Bullrich de agentes de Maduro. Además, Tiempo Argentino reveló que el sitio La Tabla, de Venezuela, informó: “los hermanos se identifican con la oposición venezolana y participaron activamente en las protestas violentas contra Nicolás Maduro entre febrero y mayo de 2014”.
En tanto que Luis Fretes es un ciudadano paraguayo, que obtuvo la residencia en 2015, que tiene dos hijos argentinos y vive en Argentina hace dos años. Al igual que los otros tres extranjeros, fue detenido al voleo y tampoco tiene antecedentes según Interpol.
En diálogo con Filo News, la referenta de CORREPI, María del Carmen Verdú remarcó que los dichos de Bullrich y Pichetto son manifestaciones xenófobas que representan“claramente el corazón de sus discursos reaccionarios y antidemocráticos”. Sobre Pichetto puntualizó que fue, durante el menemismo, el autor del “más represivo de los proyectos de leyes antiterroristas de la época, que la denuncia pública y la movilización frenaron. Luego, durante el kirchnerismo, impulsó las leyes antiterroristas que se sancionaron entre 2003 y 2010”.
En tanto, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) sostuvo en sus redes sociales que “la ley de migraciones prohíbe la expulsión inmediata. Ni siquiera en el DNU, declarado inconstitucional, una detención es causal de expulsión. En el caso, no existe una decisión judicial firme que habilite el inicio de un trámite de expulsión”, como había anunciado el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, quien anunció juicio abreviado y deportación para todos.
La causa de las personas detenidas durante la represión mientras en el Congreso se trataba el presupuesto se tramita en la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 15 a cargo de Federico Tropea.
Buenos Aires.
El presidente argentino, Mauricio Macri prometió este jueves endurecer
los controles migratorios, en momentos en que una ola de xenofobia
especialmente marcada en los medios masivos de comunicación que
interactúan con el gobierno, se extiende por el país a partir de la
detención indebida de cuatro extranjeros, dos venezolanos, un paraguayo y
un turco, durante la represión contra manifestantes que intentaban
llegar al Congreso, el pasado 19 de octubre.
Al conocerse la lista de personas detenidas durante la salvaje represión desatada por la Policía Federal y la Policía de la Ciudad desde el Congreso hasta Constitución, mientras en el Congreso se trataba el Presupuesto 2019, no se hicieron esperar los comentarios xenófobos y conspiranoicos cuando tomó estado público que también había cuatro que eran extranjeras.
En declaraciones a Radio Mitre, el senador jefe del interbloque Argentina Federal, Miguel Pichetto, opinó que lo que se vivió en las inmediaciones del Congreso fue “un hecho preinsurreccional” generado por “sectores violentos de la izquierda argentina y algunas combinaciones con algunos partidos que tienen representación institucional, y a los que les gusta alentar el fuego“. Además, confirmó lo informado el 24 por esta agencia sobre el llamativo operativo de seguridad para la fecha: “Vi falencias estructurales en el tema de seguridad. A las 13 lo llamé al ministro del Interior, Rogelio Frigerio, para decirle que no estaban puestas las vallas de cierre sobre el costado derecho del Congreso“.
Luego señaló sobre los cuatro extranjeros detenidos y luego liberados: “Espero que los dos venezolanos, el paraguayo y el turco estén listos para salir del país. Los dos venezolanos que hemos recibido generosamente los argentinos con esta visión alegre que tiene el Gobierno, que han entrado más de 80 mil, el paraguayo y el turco, ya estén en el departamento de migraciones listos para la salida del país”. En ese sentido, sostuvo que “en un país serio” los cuatro deberían ser deportados.
En tanto, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich salió a difundir las ideas conspirativas del gobierno de Mauricio Macri, informando que están investigando a los cuatro extranjeros porque “sospechan” que los hombres de nacionalidad venezolana integrarían los servicios de inteligencia de Nicolás Maduro, que el turco es activista contra el G-20, y que el paraguayo forma parte de grupo anarquista de Asunción.
Sobre el ciudadano turco Anil Baran, la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) – que asumió su defensa – informó que “es un joven de nacionalidad turca que en 2017 se casó con una cordobesa y se radicó en Villa María, donde ambos trabajan“. Eso le confiere el estatus de residente permanente en el país.
El organismo rechazó las imputaciones hacia él y explicó que Baran tenía que hacer unos trámites administrativos en su embajada. Tiene sus papeles en regla y tenía un turno en la embajada para pedir la partida de nacimiento para seguir tramitando su ciudadanía. Al mediodía tomó el tren y llegó a Constitución, cerca de las 14:30, para ir a la sede diplomática. Empezó a caminar por la avenida 9 de Julio, donde se cruzó con las columnas que desconcentraban desde el Congreso. De pronto vio avanzar motos de la Policía de la Ciudad que perseguían a los manifestantes, disparando gases y escopetas. Se asustó y trató de alejarse doblando por Humberto Primo. A los pocos metros fue “cazado” por los policías. Además, al ser consultada sobre el ciudadano turco en conferencia de prensa, la ministra Bullrich aseguró que “no tenía antecedentes”.
Los dos venezolanos, Felipe y Victor Puleo Artigas, son dos trabajadores de delivery de la flamante cadena venezolana de repartidores de comida “Rapi App” y “fueron detenidos a 22 cuadras del Congreso”, aseguró el funcionario Marcelo D’Alessandro, secretario de Seguridad de CABA.
El diario oficialista Clarín, además, informó que “son hermanos, solteros y tramitaron la radicación provisoria en el país”, y que “según el informe de Interpol, no cuentan con antecedentes y tampoco se conoce actividad o afiliación política en su país”. Bastante alejado de la idea de Bullrich de agentes de Maduro. Además, Tiempo Argentino reveló que el sitio La Tabla, de Venezuela, informó: “los hermanos se identifican con la oposición venezolana y participaron activamente en las protestas violentas contra Nicolás Maduro entre febrero y mayo de 2014”.
En tanto que Luis Fretes es un ciudadano paraguayo, que obtuvo la residencia en 2015, que tiene dos hijos argentinos y vive en Argentina hace dos años. Al igual que los otros tres extranjeros, fue detenido al voleo y tampoco tiene antecedentes según Interpol.
En diálogo con Filo News, la referenta de CORREPI, María del Carmen Verdú remarcó que los dichos de Bullrich y Pichetto son manifestaciones xenófobas que representan“claramente el corazón de sus discursos reaccionarios y antidemocráticos”. Sobre Pichetto puntualizó que fue, durante el menemismo, el autor del “más represivo de los proyectos de leyes antiterroristas de la época, que la denuncia pública y la movilización frenaron. Luego, durante el kirchnerismo, impulsó las leyes antiterroristas que se sancionaron entre 2003 y 2010”.
En tanto, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) sostuvo en sus redes sociales que “la ley de migraciones prohíbe la expulsión inmediata. Ni siquiera en el DNU, declarado inconstitucional, una detención es causal de expulsión. En el caso, no existe una decisión judicial firme que habilite el inicio de un trámite de expulsión”, como había anunciado el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, quien anunció juicio abreviado y deportación para todos.
La causa de las personas detenidas durante la represión mientras en el Congreso se trataba el presupuesto se tramita en la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 15 a cargo de Federico Tropea.
Macri promueve discurso xenófobo contra migrantes
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jueves, 01 nov 2018
19:26 - LA JORNADA
Ninguno de los cuatro
detenidos participaba en la protesta, pero las fuerzas de seguridad
“barrieron” las calles, llevando a cualquier en un radio de 20 a 30
cuadras del lugar donde comenzó la represión cuando miles de
manifestantes fueron impedidos de llegar a la Plaza de los Dos
Congresos, para expresar su repudio al presupuesto 2019 presentado por
el gobierno que profundiza el ajuste, ya insostenible y afecta
gravemente a áreas sensibles como salud, educación, vivienda e incluso
la soberanía, ya en crisis.
Macri anunció el aumento de varios
impuestos y ratificó el modelo económico que le impone el Fondo
Monetario Internacional, (FMI) al advertir que será todo muy duro, pero
que es necesario para el país, sostuvo que “no hay un escenario de
despidos masivos” y celebró que la inflación va a la baja. “Estoy
convencido de que estamos haciendo lo correcto. Vamos a tener
equilibrios estructurales que no teníamos", dijo.
Esto a pesar de que en los últimos
días los despidos masivos se han multiplicado con el cierre de varias
fábricas importantes y cuando los propios organismos oficiales y hasta
el FMI, advierten sobre la inflación que crece en forma desmedida.
Durante una conferencia de prensa en
Córdoba, provincia que visitó este jueves, se ocupó muy especialmente de
la política migratoria y sugirió: “Ver cómo son las reciprocidades,
porque Argentina tiene una generosidad absoluta, pero hay que ver los
demás países”.
El discurso en contra de inmigrantes,
que viene desde hace tiempo, incluso de cuando Macri era intendente de
la Ciudad de Buenos Aires, resurgió y se activó aún más desde el
polémico triunfo de Jair Bolsonaro en Brasil, lo que envalentonó a los
sectores más derechistas del país, entre ellos a los funcionarios del
gobierno, como la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
Bullrich es quien apresuradamente se
expresó en favor de una deportación inmediata de los cuatro
“extranjeros” detenidos a los que acusó de haber intervenido en acciones
contra la policía, que comenzó la brutal represión que dejó varios
heridos y unos 27 detenidos. Pero los dos venezolanos detenidos vivían
en un departamento cercano al Congreso e intentaban entrar su
motocicleta al garage, cuando fueron apresados en medio de una verdadera
cacería. No eran precisamente “amigos” de los manifestantes porque
habían llegado al país por estar en contra del actual gobierno
venezolano.
El ciudadano turco, casado con
argentina tiene residencia aquí y estaba caminando hacia su casa a 30
cuadras del lugar cuando se lo llevaron detenido y lo mismo sucedió con
el paraguayo, que regresaba de su trabajo.
Realizan marcha de "las sillas vacías" en Argentina
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miércoles, 07 nov 2018
19:26 - LA JORNADA
Buenos Aires.
Mientras la industria se derrumba en casi 12 por ciento en la mayor
caída desde hace 16 años, las imágenes de este miércoles aquí quedaron
fijadas en la marcha de “las sillas vacías” llevadas por familiares y
personal médico alrededor de la Pirámide de la Plaza de Mayo en protesta
por la suspensión de las pensiones para los discapacitados, lo que
resultó como una parábola de los tiempos oscuros que se viven en
Argentina.
Así lo expresaron los manifestantes que
representaban a miles de discapacitados que el gobierno de Mauricio
Macri privó de la única ayuda que se recibía del Estado, originando una
tragedia colectiva que es ignorada por los medios de comunicación
masivos, que ocultan y silencian todo lo que moleste al Ejecutivo.
Algunos familiares recordaron las medidas de Adolfo
Hitler contra los discapacitados. Participaron también integrantes de
las escuelas especiales, de los “centros de día” creados durante el
pasado gobierno para que los discapacitados fueran atendidos por
profesionales y durmieran en sus casas, también de los centros de
rehabilitación y los transportistas.
Luego se entregó una carta y un pedido dirigido al
presidente para que dé marcha atrás en su decisión de dar de baja
pensiones no contributivas por invalidez y que el Programa Incluir Salud
cumpla con la atención integral y medicamentos e insumos.
Manifestaciones similares se realizaron en varias capitales de las
provincias en todo el país.
Por el mismo lugar pasaron miles de manifestantes de
movimientos sociales en una marcha “contra el hambre” en demanda de "la
emergencia alimentaria ya" ante la gravísima situación en barrios
periféricos y villas miserias (ciudades perdidas) en esta capital y el
país y contra los ajustes que dejan miles de despidos cada día y
millones de familias sin ninguna protección social, mencionando las
similitudes con la crisis de diciembre de 2001, la más grave en la
historia del país.
Jubilados y familiares de discapacitados que
intentaban entrar al Congreso y que fueron impedidos de llegar al
interior escracharon (denuncia pública) a diputados oficialistas que no
pudieron reaccionar ante la indignación de los que le increpaban por
insensibilidad y sus mentiras.
Partido Revolucionario de los Trabajadores
PRT – Argentina. Por la Revolución Socialista
La burguesía se abroquela en dos puntos esenciales
Todo el arco electoral subordina la política a las elecciones del 2019. No hay excepción y todos trabajan para la estabilidad de la gobernabilidad y su institucionalidad. Los
une el espanto de ir contra los intereses de la clase obrera y el
pueblo, y los divide los grandes negocios propuestos por las disputas
monopolistas.
Frenan la movilización, evitan a como dé
lugar el enfrentamiento entre las clases explotadas y oprimidas contra
todo lo establecido. Intentan quebrar las organizaciones populares que
se vienen constituyendo desde muy abajo en las entrañas de la sociedad.
Todo el aparato ideológico del poder burgués abocado a sostener el
sistema representativo.
El gobierno -dividido en su interior-
busca alguna alquimia que le dé posibilidades electorales, especulan con
la dupla Vidal-Larreta, se habla de adelantar las elecciones para
“sorprender” al “peronismo”, la Carrió juega su partido expresando
intereses dentro y fuera de nuestras fronteras, se disfraza de paladín
de la justicia y embarra lo que toca. El peronismo -en sus diferentes
versiones- juega a lo suyo; lo cierto es que hablan de “unidad política”
y cada intento se traduce en un nuevo acto político, un poco más
dividido.
Los discursos de “barricada” en el
Parlamento, del kirchnerismo y de la izquierda, se traducen en las
fábricas, en los barrios, en las escuelas y universidades, donde se
encuentra en las masas laboriosas, en discursos oportunistas que no alteren los cauces electorales.
Llegar al gobierno es lo importante,
subordinan el hoy a ese futuro en donde el verdadero poder (aquel que
lo domina todo) quede inalterable a pesar de sus disputas por más poder.
Así son los partidos de la burguesía, se vistan como se vistan, están
llamados a defender el sistema de dominación.
La clase obrera y el pueblo no pueden
“esperar un año” con el cuento de la zanahoria. Por el contrario, al
poder de la clase dominante no hay que permitirle gobernar con la “paz
de los cementerios” que quieren imponer. Se trata de entorpecer su
propia legalidad, su institucionalidad, (envuelta en pura ilegitimidad),
con más movilización política y más organización de base.
El partido del proletariado no sale a
proponer soluciones a la burguesía monopolista en los marcos del sistema
impuesto. El caos que ellos generan es consecuencia del saqueo que
hacen de nuestra fuerza de trabajo. No hay conciliación de clases.
Por el contrario, sí proponemos la
denuncia, mellarlo, corroerlo, bajo la idea ya establecida en nuestro
pueblo que si a los poderosos les va bien al pueblo le va mal, muy mal.
Pero es en esa conducta política contra
el sistema capitalista, contra el Estado burgués, que es necesario
asimilar que ese poder de despliegue de lucha política que viene de muy
abajo hay que materializarlo en organización política revolucionaria
permanentemente en todos los planos. Es allí en donde radica la clave
del futuro inmediato.
Asimilar el problema nos lleva a
analizar y entender cuál es el punto débil del proceso revolucionario
hacia la lucha por el poder. No es que nuestro pueblo “no entiende”, “no
sabe” o “no quiere cambiar el actual estado de las cosas”. Pero lo
cierto es que la ideología burguesa en torno a la democracia
representativa, electoral, ha impuesto su “verdad”, y esa verdad
parecería ser incuestionable frente a la timidez con que las propuestas
revolucionarias caminan por la clase obrera y el pueblo.
Existe una salida a todo este devenir negro que propone el aparato de clase burgués,
pero es tarea de los destacamentos revolucionarios introducir estas
ideas en las masas. Para ello se necesita manos, muchas manos decididas
al cambio, romper con toda subestación a que la clase obrera “no puede”
entender su papel en la revolución, y de cómo existen bases materiales
para una unidad popular.
Las vanguardias de la clase obrera y del
pueblo tienen que salir al cruce en el terreno político, sea táctica,
sea estrategia, tanto en organización como en metodologías, pero hay que
abordar con decisión a las masas, romper con décadas en donde la
ideología burguesa quebró la idea de revolución social. No hay política,
no hay táctica y no hay estrategia de poder si en ellas los
destacamentos revolucionarios no acumulan hacia la lucha por el poder.
No es fácil en este contexto de
oportunismo desmedido electoralista realizar las tareas revolucionarias.
Pero el empeoramiento en las condiciones de vida de los explotados y
oprimidos abre millones de oídos receptores, y mientras ellos existan,
es tarea inquebrantable de concretar políticas revolucionarias allí en
donde ellas se encuentren.
Las aguas están divididas, las clases
están enfrentadas a pesar de los velos “dorados” que impone la
burguesía, no hay conciliación de clases y sobre ello hay que cabalgar.
Elevan a juicio el crimen de 37 militantes del PRT-ERP en 1976
Una masacre impresa con tinta y sangre
Ernesto
“Coco” Lombardi, querellante y compañero de militancia de
sobrevivientes y desaparecidos de la causa, contó que las víctimas
estaban vinculadas con las revistas Estrella Roja y El Combatiente.
Ahora el TOF 2 de Capital debe ponerle fecha al juicio.
María Cristina Cournou y Nicolás Grandi permanecen desaparecidos. Desde 2011 una escuela de Moreno lleva el nombre de Cournou.
Entre
mayo y julio de 1976, treinta y siete artistas, comunicadores y
docentes militantes del PRT-ERP fueron secuestrados y torturados por una
patota del Regimiento de Infantería 6 de Mercedes (RI6). Las víctimas
vivían y militaban en el oeste del Gran Buenos Aires. Algunas en Moreno,
como María Cristina Cournou, hermana del cantante Víctor Heredia; la
mayoría en Luján, como la madre del periodista Camilo García y su
pareja. Todas estaban vinculadas con las revistas Estrella Roja y El
Combatiente, de aquella organización política diezmada durante el
genocidio de la última dictadura cívico militar. “Fue una masacre cuyo
fin primero fue la censura”, explicó Ernesto “Coco” Lombardi, que además
de abogado querellante fue compañero de militancia de sobrevivientes y
varios desaparecidos de esta causa que, desde hace algunos días,
descansa en las oficinas de Comodoro Py a la espera de que el Tribunal
Oral Federal 2 de la Capital Federal ponga fecha al juicio.
Después de 8 años de investigación, la semana pasada, Daniel Rafecas, a cargo del Juzgado Federal de Instrucción 3, elevó a juicio la causa que investiga las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la última dictadura contra aquel grupo del PRT-ERP efectuada por integrantes del RI6 de Mercedes, provincia de Buenos Aires.
El debate quedó en manos del TOF 2, que deberá determinar las responsabilidades de siete autoridades e integrantes de esa dependencia del Ejército argentino: Luis Fernández Bustos, Serapio del Río, Gustavo González Sass, Emilio Morello, Horacio Linari, Luis Brun y Martín Sánchez Zinny. Todos ellos están detenidos desde junio del año pasado, cuando Rafecas los procesó en el marco de esta misma causa. Brun, ex funcionario bonaerense durante la gestión de León Arslanian en la cartera de Seguridad, y Sánchez Zinny formaron parte del alzamiento carapintada durante los primeros años de democracia.
A partir de testimonios de sobrevivientes, familiares y ex soldados del Ejército, Rafecas pudo probar que el RI6 de Mercedes estuvo involucrado en el secuestro de 37 personas, la imposición de torturas a por lo menos cinco de ellas y el homicidio de otras ocho. La punta del ovillo en la investigación judicial fue la confesión de un ex soldado, quien contó que participó de un operativo de la patota del RI6 el 10 de julio de 1976 en donde funcionaba la imprenta clandestina que el PRT-ERP usaba para imprimir El Combatiente, una de sus publicaciones. Allí murió un militante, Eduardo Arancibia, y otro fue secuestrado por los represores.
Ese operativo fue uno de los tantos que sucedieron en torno de las personas que integraron los colectivos productores de El Combatiente y Estrella Roja, otra de las revistas militantes, que “estaban siendo golpeados desde antes de marzo (de 1976) por la misma patota”, detalló Lombardi. Antes de la instauración de la última dictadura cívico militar, los represores del RI6 perseguían bajo la impronta del “Comando Bruno Genta”, en homenaje a un escritor anticomunista.
“Fue una gran masacre con el objetivo de censurar, de frenar estas publicaciones”, contó el abogado y militante a este diario. De las 37 víctimas, “la mayoría” estaba establecida en Luján, agregó. “Muchos estaban vinculados a la escuela de Arte (de ese distrito), militaban en la Juventud Guevarista, participaban de las tertulias que armaba Dorronzoro en su casa”, recordó. Dardo Dorronzoro, herrero, poeta y militante del PRT-ERP, había sobrevivido al “Comando Bruno Genta”, que no le dio una segunda oportunidad una vez instaurado el genocidio. Del grupo de 37 víctimas comprendidas en esta causa, era una de las de más edad, junto a Rocío Martínez Borbolla, editora de El Combatiente, mamá del periodista Camilo García y su hermana Bárbara, y la hermana de Víctor Heredia, que fue secuestrada y desaparecida junto a su esposo Nicolás Grandi. Estaba embarazada de cuatro meses y eran, ambos, docentes de la escuela Escuela 19 de Moreno y fundadores de Ctera.
En la instrucción, Rafecas también pudo determinar que la patota del RI6 de Mercedes utilizaba para mantener cautivos y torturar a sus víctimas un centro clandestino de detención instalado en una casa quinta que, a pesar de los testimonios de sobrevivientes y ex soldados, aún no pudo ser localizada. Se espera que durante el juicio, o en la segunda etapa de la investigación que permanece abierta, este dato pueda determinarse. En ese segundo tramo, el magistrado mantiene procesados con prisión preventiva a otros dos integrantes del RI6, Alberto Schollaert y Rubén Andrade, sobre cuyas responsabilidades en violaciones a los derechos humanos sigue trabajando.
Después de 8 años de investigación, la semana pasada, Daniel Rafecas, a cargo del Juzgado Federal de Instrucción 3, elevó a juicio la causa que investiga las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la última dictadura contra aquel grupo del PRT-ERP efectuada por integrantes del RI6 de Mercedes, provincia de Buenos Aires.
El debate quedó en manos del TOF 2, que deberá determinar las responsabilidades de siete autoridades e integrantes de esa dependencia del Ejército argentino: Luis Fernández Bustos, Serapio del Río, Gustavo González Sass, Emilio Morello, Horacio Linari, Luis Brun y Martín Sánchez Zinny. Todos ellos están detenidos desde junio del año pasado, cuando Rafecas los procesó en el marco de esta misma causa. Brun, ex funcionario bonaerense durante la gestión de León Arslanian en la cartera de Seguridad, y Sánchez Zinny formaron parte del alzamiento carapintada durante los primeros años de democracia.
A partir de testimonios de sobrevivientes, familiares y ex soldados del Ejército, Rafecas pudo probar que el RI6 de Mercedes estuvo involucrado en el secuestro de 37 personas, la imposición de torturas a por lo menos cinco de ellas y el homicidio de otras ocho. La punta del ovillo en la investigación judicial fue la confesión de un ex soldado, quien contó que participó de un operativo de la patota del RI6 el 10 de julio de 1976 en donde funcionaba la imprenta clandestina que el PRT-ERP usaba para imprimir El Combatiente, una de sus publicaciones. Allí murió un militante, Eduardo Arancibia, y otro fue secuestrado por los represores.
Ese operativo fue uno de los tantos que sucedieron en torno de las personas que integraron los colectivos productores de El Combatiente y Estrella Roja, otra de las revistas militantes, que “estaban siendo golpeados desde antes de marzo (de 1976) por la misma patota”, detalló Lombardi. Antes de la instauración de la última dictadura cívico militar, los represores del RI6 perseguían bajo la impronta del “Comando Bruno Genta”, en homenaje a un escritor anticomunista.
“Fue una gran masacre con el objetivo de censurar, de frenar estas publicaciones”, contó el abogado y militante a este diario. De las 37 víctimas, “la mayoría” estaba establecida en Luján, agregó. “Muchos estaban vinculados a la escuela de Arte (de ese distrito), militaban en la Juventud Guevarista, participaban de las tertulias que armaba Dorronzoro en su casa”, recordó. Dardo Dorronzoro, herrero, poeta y militante del PRT-ERP, había sobrevivido al “Comando Bruno Genta”, que no le dio una segunda oportunidad una vez instaurado el genocidio. Del grupo de 37 víctimas comprendidas en esta causa, era una de las de más edad, junto a Rocío Martínez Borbolla, editora de El Combatiente, mamá del periodista Camilo García y su hermana Bárbara, y la hermana de Víctor Heredia, que fue secuestrada y desaparecida junto a su esposo Nicolás Grandi. Estaba embarazada de cuatro meses y eran, ambos, docentes de la escuela Escuela 19 de Moreno y fundadores de Ctera.
En la instrucción, Rafecas también pudo determinar que la patota del RI6 de Mercedes utilizaba para mantener cautivos y torturar a sus víctimas un centro clandestino de detención instalado en una casa quinta que, a pesar de los testimonios de sobrevivientes y ex soldados, aún no pudo ser localizada. Se espera que durante el juicio, o en la segunda etapa de la investigación que permanece abierta, este dato pueda determinarse. En ese segundo tramo, el magistrado mantiene procesados con prisión preventiva a otros dos integrantes del RI6, Alberto Schollaert y Rubén Andrade, sobre cuyas responsabilidades en violaciones a los derechos humanos sigue trabajando.
URUGUAY
Sindicato portuario para este viernes y se moviliza a la Torre Ejecutiva
La
medida de fuerza se concretará este viernes de 10 a 13 horas y no se
realizarán trabajos en barcos de palos hasta que no se cuente con la
autorización expresa de la inspección general.
El
Sindicato único de Portuarios y Afines (Supra) realizará este viernes
un paro con movilización en reclamo por el fallecimiento de los
trabajadores de la empresa tercerizada Tamibel.
La prosecretaria de Supra, Vanessa Peirano, dijo a la prensa que se están intensificando las investigaciones para saber cuáles fueron las sustancias que provocaron el accidente.
Señaló que la marcha se realizará hasta la torre Ejecutiva, para pedir que se aprueba cuanto antes una nueva normativa de seguridad para los trabajadores portuarios.
Peirano indicó que ya se le dio el alta al trabajador que había quedado hospìtalizado y a otro que ingresó en forma ambulatoria, y ambos ya se encuentras en sus hogares y fuera de peligro.
La medida de fuerza se concretará este viernes de 10 a 13 y no se realizarán trabajos en barcos de palos hasta que no se cuente con la autorización expresa de la inspección general. Por otra parte se resolvió conformar una Mesa de diálogo que fue convocada por el propio Ministerio, con el fin de comenzar a trabajar la nueva normativa de seguridad.
“Hemos estado en contacto con las familias de los trabajadores fallecidos para brindarles el total apoyo del Sindicato, poner a disposición los abogados y acercarles una ayuda económica de todos los compañeros” declaró la prosecretaria de Supra.
“Fueron dos muertes totalmente evitables”, sentenció Peirano.
La prosecretaria de Supra, Vanessa Peirano, dijo a la prensa que se están intensificando las investigaciones para saber cuáles fueron las sustancias que provocaron el accidente.
Señaló que la marcha se realizará hasta la torre Ejecutiva, para pedir que se aprueba cuanto antes una nueva normativa de seguridad para los trabajadores portuarios.
Peirano indicó que ya se le dio el alta al trabajador que había quedado hospìtalizado y a otro que ingresó en forma ambulatoria, y ambos ya se encuentras en sus hogares y fuera de peligro.
La medida de fuerza se concretará este viernes de 10 a 13 y no se realizarán trabajos en barcos de palos hasta que no se cuente con la autorización expresa de la inspección general. Por otra parte se resolvió conformar una Mesa de diálogo que fue convocada por el propio Ministerio, con el fin de comenzar a trabajar la nueva normativa de seguridad.
“Hemos estado en contacto con las familias de los trabajadores fallecidos para brindarles el total apoyo del Sindicato, poner a disposición los abogados y acercarles una ayuda económica de todos los compañeros” declaró la prosecretaria de Supra.
“Fueron dos muertes totalmente evitables”, sentenció Peirano.
Activistas. Anunciaron manifestaciones en Buenos Aires
Confluencia contra el G20 llama a movilizarse en Argentina y el mundo
La
Confluencia Fuera G20 y FMI llamó ayea una gran movilización con una
semana de acción global previa a la cumbre de líderes de ese foro, que
se realizará en Buenos Aires entre el venidero 30 de noviembre y el 1 de
diciembre.
En rueda de prensa, una de las voceras de esta plataforma que enlaza a
cientos de organizaciones sociales, políticas y sindicales en diversos
continentes, Beverly Keene, denunció que hay una sistemática persecución
y espionaje contra quienes se manifestarán de manera multitudinaria
contra el G20 en Buenos Aires y diversas partes del país.
Del 25 de noviembre al 1 de diciembre, con epicentro el día 30 -fecha en la que se reunirán los líderes del foro que agrupa a 19 países más la Unión Europea- se espera una intensa agenda que incluirá además una Cumbre de los Pueblos a la que acudirán delegaciones de varias nacionalidades.
Rechazamos las políticas del G20 y del Fondo Monetario Internacional que solo traen ajuste, austeridad, hambre, pobreza, mayor endeudamiento, saqueo, contaminación, precarización laboral, son políticas de miseria para muchos pueblos, sostuvo Keene, quien estuvo acompañada en la conferencia por varios representantes de organizaciones y sindicatos.
El G20 solo beneficia a las corporaciones transnacionales que llevan las ganancias de estas políticas, sostuvo al tiempo que en nombre de la Confluencia llamó a toda la población a movilizarse masivamente dentro y fuera de Argentina.
Aquí estamos desde los pueblos para seguir avanzando en políticas de construcciones alternativas para todos, señaló Keene quien agregó que durante esos días habrá varios espacios de debates e intercambios de perspectivas y propuestas de aquellos que buscan mejores alternativas para construir un mundo mejor.
Sobre lo que consideraron una campaña de intimidación contra la Confluencia, advirtió que las organizaciones no son ni enemigas ni terroristas, somos, dijo, movimientos sociales y populares unidos en la construcción de vida.
Presente en el auditorio estuvo la destacada defensora de derechos humanos Nora Cortiñas, de las Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, quien resaltó el derecho de cada persona a manifestarse y llamó a estar activos.
Las madres, dijo, hace 40 años estamos en las calles luchando por nuestros hijos desaparecidos (durante la última dictadura militar argentina 1976-1983). Tenemos el compromiso de salir a dar la pelea y hay que buscar estrategias para decirle al Gobierno que no repriman porque el pueblo está en resistencia, no vamos a bajar los brazos.
Desde la Confluencia sus varias representaciones llamaron a demostrar en la calle lo más fuerte posible lo que representa hoy para los pueblos el G20.
Las manifestaciones transcurrirán en una blindada Buenos Aires con miles de efectivos de seguridad y varias calles cerradas por la llegada de varios presidentes y mandatarios, entre ellos el estadounidense Donald Trump.
Del 25 de noviembre al 1 de diciembre, con epicentro el día 30 -fecha en la que se reunirán los líderes del foro que agrupa a 19 países más la Unión Europea- se espera una intensa agenda que incluirá además una Cumbre de los Pueblos a la que acudirán delegaciones de varias nacionalidades.
Rechazamos las políticas del G20 y del Fondo Monetario Internacional que solo traen ajuste, austeridad, hambre, pobreza, mayor endeudamiento, saqueo, contaminación, precarización laboral, son políticas de miseria para muchos pueblos, sostuvo Keene, quien estuvo acompañada en la conferencia por varios representantes de organizaciones y sindicatos.
El G20 solo beneficia a las corporaciones transnacionales que llevan las ganancias de estas políticas, sostuvo al tiempo que en nombre de la Confluencia llamó a toda la población a movilizarse masivamente dentro y fuera de Argentina.
Aquí estamos desde los pueblos para seguir avanzando en políticas de construcciones alternativas para todos, señaló Keene quien agregó que durante esos días habrá varios espacios de debates e intercambios de perspectivas y propuestas de aquellos que buscan mejores alternativas para construir un mundo mejor.
Sobre lo que consideraron una campaña de intimidación contra la Confluencia, advirtió que las organizaciones no son ni enemigas ni terroristas, somos, dijo, movimientos sociales y populares unidos en la construcción de vida.
Presente en el auditorio estuvo la destacada defensora de derechos humanos Nora Cortiñas, de las Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, quien resaltó el derecho de cada persona a manifestarse y llamó a estar activos.
Las madres, dijo, hace 40 años estamos en las calles luchando por nuestros hijos desaparecidos (durante la última dictadura militar argentina 1976-1983). Tenemos el compromiso de salir a dar la pelea y hay que buscar estrategias para decirle al Gobierno que no repriman porque el pueblo está en resistencia, no vamos a bajar los brazos.
Desde la Confluencia sus varias representaciones llamaron a demostrar en la calle lo más fuerte posible lo que representa hoy para los pueblos el G20.
Las manifestaciones transcurrirán en una blindada Buenos Aires con miles de efectivos de seguridad y varias calles cerradas por la llegada de varios presidentes y mandatarios, entre ellos el estadounidense Donald Trump.
GO HOME
Pereira ante disposiciones de seguridad por el G20: “Queremos saber dónde queda nuestra soberanía”
Una
delegación de COFE viajará a Buenos Aires para manifestarse contra el
G20 en la región; Martín Pereira, presidente de la Confederación,
dialogó con Caras y Caretas Portal.
La llegada de tropas de EEUU genera polémica.
La
participación de la Confederación de Funcionarios del Estado (COFE) en
las movilizaciones que se llevarán a cabo en Buenos Aires durante la
reunión del Grupo de los Veinte (G20) se enmarca en una decisión de la
Confederación Latinoamericana de Trabajadores Estatales, que así lo
votó.
Caras y Caretas Portal dialogó con Martín Pereira, presidente de COFE, quien, en relación a la exclusión aérea que fijó el gobierno argentino, que llega hasta Colonia con el impedimento de sobrevolar a cualquier aeronave y con determinadas condiciones para el resto del país, dijo: “En ese sentido queremos saber dónde queda nuestra soberanía”
La Confederación denuncia la situación que vive Argentina, “con un ajuste brutal por parte del gobierno, en la que se intenta tirar por tierra los derechos conquistados por los trabajadores argentinos”, conjuntamente con “la presencia del Fondo Monetario Internacional en ese país, que son los grandes culpables de ese ajuste”.
COFE rechaza que el territorio uruguayo sea base de las tropas estadounidenses para apoyar a la seguridad de la cumbre de líderes del G20: “Rechazamos totalmente la posición que se tomó porque Uruguay no se debe prestar a la vigilancia y protección de jerarcas estadounidenses cuando sucede en Argentina”, concluyó.
Caras y Caretas Portal dialogó con Martín Pereira, presidente de COFE, quien, en relación a la exclusión aérea que fijó el gobierno argentino, que llega hasta Colonia con el impedimento de sobrevolar a cualquier aeronave y con determinadas condiciones para el resto del país, dijo: “En ese sentido queremos saber dónde queda nuestra soberanía”
La Confederación denuncia la situación que vive Argentina, “con un ajuste brutal por parte del gobierno, en la que se intenta tirar por tierra los derechos conquistados por los trabajadores argentinos”, conjuntamente con “la presencia del Fondo Monetario Internacional en ese país, que son los grandes culpables de ese ajuste”.
COFE rechaza que el territorio uruguayo sea base de las tropas estadounidenses para apoyar a la seguridad de la cumbre de líderes del G20: “Rechazamos totalmente la posición que se tomó porque Uruguay no se debe prestar a la vigilancia y protección de jerarcas estadounidenses cuando sucede en Argentina”, concluyó.
“Hablan de nosotros y nunca fueron a Envidrio”
PORTAL PIT-CNT
El Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT recibió a una delegación de Envidrio en la que hubo coincidencias en saludar la investigación del Banco de Previsión Social para que se despejen todas las dudas que puedan existir. Los trabajadores además fustigaron que la prensa se haya hecho eco de la denuncia sin siquiera conocer Envidrio y nunca haber ido a la fábrica. “Hablan de nosotros como si nos conocieran y nunca fueron a Envidrio ni nos conocen”. Asimismo, dejaron en claro que celebran no solamente la investigación del BPS sino esperan que todo lo que tenga que investigar la Justicia “será bienvenido”.
El secretario general de la central, Marcelo Abdala, dijo una vez culminada la reunión que se reiteraban los principales aspectos de la declaración efectuada en las últimas horas, en el sentido que en ningún momento los trabajadores realizaron tareas remuneradas durante el período de montaje de la nueva planta. “Mientras ellos estuvieron en el Seguro de Paro nunca trabajaron de manera asalariada y sí cuidaron la planta que es patrimonio, parte de la propiedad de los trabajadores” subrayó. Según explicó Abdala, para el Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT “las explicaciones fueron de recibo y las vamos a elevar a la Mesa Representativa que se reunirá el 24 de noviembre” señaló. Asimismo, el dirigente sostuvo que para la central el hecho que sea el Banco de Previsión Social el que desarrolle la investigación sobre los hechos denunciados en un programa televisivo “nos da todas las garantías” y que “para eso los trabajadores de Envidrio se han manifestado dispuestos a dar todos los elementos que estén a su alcance para aclarar todo lo que haya que aclarar” apuntó. Consultado sobre las declaraciones de la representante de las empresas en el directorio del BPS, Abdala aclaró que primero hay que ver es si realmente existió una falta “porque los trabajadores están diciendo que en ningún momento trabajaron de manera remunerada mientras han estado en el Seguro de Paro entonces lo que corresponde es darle todas las garantías a la investigación del BPS” subrayó. En este sentido, Abdala aseguró que en su opinión “es un tema que está cerrado”, empero, ante algunas consultas sobre las particularidades del caso, el secretario general de la central remarcó que “el movimiento sindical no solo no defiende sino que combate todas las formas de informalidad” y que precisamente no se debe limitar la informalidad a analizar el caso Envidrio ya que en Uruguay todavía hay más de un 20% de trabajadores en esa condición. “Hay que generar empleo de buena calidad para la gente” insistió.
Por su parte Roland Rojas y José Fontes, directivos de Envidrio, también saludaron la investigación del BPS y desmintieron que existiera alguna obligación hacia los trabajadores de realizar trabajo en negro. “El trabajo solidario voluntario hay que entenderlo o no” y que “la Justicia ya se expidió sobre eso”. Los trabajadores remarcaron la postura de respaldar la investigación en todos sus términos y aseguraron que la reunión con el Secretariado Ejecutivo fue muy positiva para ambas partes. Consultados sobre qué tipos de tareas se realizan actualmente en Envidrio de manera categórica respondieron: “vayan para allá y vean, que vayan los canales y hablen con los compañeros y vean, las puertas están abiertas siempre”. Empero, reconocieron que la denuncia periodística causó un impacto negativo en los trabajadores. “Por supuesto, afecta a los clientes, la imagen, afecta totalmente” aunque por el momento no se han perdido clientes. Para los dirigentes, es muy raro que toda la prensa haya levantado la nota de un programa “cuando ni siquiera conocen Envidrio porque ninguno de ustedes fue a Envidrio y hablan de nosotros como si nos conocieran, así que no se, que cada uno saque sus conclusiones, el que quiera conocer Envidrio que vaya y nos conozca no estamos tan lejos”.
El Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT recibió a una delegación de Envidrio en la que hubo coincidencias en saludar la investigación del Banco de Previsión Social para que se despejen todas las dudas que puedan existir. Los trabajadores además fustigaron que la prensa se haya hecho eco de la denuncia sin siquiera conocer Envidrio y nunca haber ido a la fábrica. “Hablan de nosotros como si nos conocieran y nunca fueron a Envidrio ni nos conocen”. Asimismo, dejaron en claro que celebran no solamente la investigación del BPS sino esperan que todo lo que tenga que investigar la Justicia “será bienvenido”.
El secretario general de la central, Marcelo Abdala, dijo una vez culminada la reunión que se reiteraban los principales aspectos de la declaración efectuada en las últimas horas, en el sentido que en ningún momento los trabajadores realizaron tareas remuneradas durante el período de montaje de la nueva planta. “Mientras ellos estuvieron en el Seguro de Paro nunca trabajaron de manera asalariada y sí cuidaron la planta que es patrimonio, parte de la propiedad de los trabajadores” subrayó. Según explicó Abdala, para el Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT “las explicaciones fueron de recibo y las vamos a elevar a la Mesa Representativa que se reunirá el 24 de noviembre” señaló. Asimismo, el dirigente sostuvo que para la central el hecho que sea el Banco de Previsión Social el que desarrolle la investigación sobre los hechos denunciados en un programa televisivo “nos da todas las garantías” y que “para eso los trabajadores de Envidrio se han manifestado dispuestos a dar todos los elementos que estén a su alcance para aclarar todo lo que haya que aclarar” apuntó. Consultado sobre las declaraciones de la representante de las empresas en el directorio del BPS, Abdala aclaró que primero hay que ver es si realmente existió una falta “porque los trabajadores están diciendo que en ningún momento trabajaron de manera remunerada mientras han estado en el Seguro de Paro entonces lo que corresponde es darle todas las garantías a la investigación del BPS” subrayó. En este sentido, Abdala aseguró que en su opinión “es un tema que está cerrado”, empero, ante algunas consultas sobre las particularidades del caso, el secretario general de la central remarcó que “el movimiento sindical no solo no defiende sino que combate todas las formas de informalidad” y que precisamente no se debe limitar la informalidad a analizar el caso Envidrio ya que en Uruguay todavía hay más de un 20% de trabajadores en esa condición. “Hay que generar empleo de buena calidad para la gente” insistió.
Por su parte Roland Rojas y José Fontes, directivos de Envidrio, también saludaron la investigación del BPS y desmintieron que existiera alguna obligación hacia los trabajadores de realizar trabajo en negro. “El trabajo solidario voluntario hay que entenderlo o no” y que “la Justicia ya se expidió sobre eso”. Los trabajadores remarcaron la postura de respaldar la investigación en todos sus términos y aseguraron que la reunión con el Secretariado Ejecutivo fue muy positiva para ambas partes. Consultados sobre qué tipos de tareas se realizan actualmente en Envidrio de manera categórica respondieron: “vayan para allá y vean, que vayan los canales y hablen con los compañeros y vean, las puertas están abiertas siempre”. Empero, reconocieron que la denuncia periodística causó un impacto negativo en los trabajadores. “Por supuesto, afecta a los clientes, la imagen, afecta totalmente” aunque por el momento no se han perdido clientes. Para los dirigentes, es muy raro que toda la prensa haya levantado la nota de un programa “cuando ni siquiera conocen Envidrio porque ninguno de ustedes fue a Envidrio y hablan de nosotros como si nos conocieran, así que no se, que cada uno saque sus conclusiones, el que quiera conocer Envidrio que vaya y nos conozca no estamos tan lejos”.
Institución de DD.HH denuncia amenazas a la libertad de expresión e información
La Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) rechazó el atentado del que fue objeto radio Canelones en el entendido de que se trata de una amenaza directa a la libertad de expresión e información que amerita una urgente investigación a fin de que los hechos no queden impunes.
ATENTANDO
16 de noviembre de 2018, 19:28hs - LR21
El pasado 13 de noviembre LARED21 informó que radio Canelones fue objeto de un atentado que dejó como saldo la destrucción de los equipos de transmisión y la instalación eléctrica interior, aunque no se constataron robos.
Este jueves 15, la INDDHH emitió un comunicado ante los destrozos de la instalación eléctrica y los equipos de transmisión de radio Canelones, 1570 AM, ubicada en ruta 5, kilómetro 44, sufridos en la madrugada del 12 de noviembre del 2018.
“Este tipo de atentados contra medios de comunicación son una amenaza directa a la libertad de expresión e información y ameritan una urgente investigación a fin de que no queden impunes”, asegura la Institución.
Asimismo indica que “es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada”.
Por este motivo “exhorta a las autoridades competentes a una urgente investigación a los efectos de identificar prontamente a los responsables de este hecho y aclarar sus motivaciones”.
El pasado 14 de julio el blanco fue el local del Partido Comunista del Uruguay (PCU) de la capital de Paysandú. Días antes ocurrió otro ataque, en el central del Frente Amplio en Paysandú.
También se habían registrado diversas agresiones a los comités de base del Frente Amplio de La Floresta y Neptunia en Canelones, y los locales seccionales del Centro, Suárez (La Blanqueada) y Félix Ortiz (Pocitos) del PCU, así como el local del Comité Central en Montevideo y en el diario El Popular.
El pasado 13 de noviembre LARED21 informó que radio Canelones fue objeto de un atentado que dejó como saldo la destrucción de los equipos de transmisión y la instalación eléctrica interior, aunque no se constataron robos.
Este jueves 15, la INDDHH emitió un comunicado ante los destrozos de la instalación eléctrica y los equipos de transmisión de radio Canelones, 1570 AM, ubicada en ruta 5, kilómetro 44, sufridos en la madrugada del 12 de noviembre del 2018.
“Este tipo de atentados contra medios de comunicación son una amenaza directa a la libertad de expresión e información y ameritan una urgente investigación a fin de que no queden impunes”, asegura la Institución.
Asimismo indica que “es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada”.
Impunidad
“La impunidad en este tipo de atentados, afecta directa y gravemente la libertad de expresión, fomenta la reiteración de actos violentos similares, y alienta el silenciamiento y la autocensura de los medios de comunicación”, reafirma la INDDHH en su declaración.Por este motivo “exhorta a las autoridades competentes a una urgente investigación a los efectos de identificar prontamente a los responsables de este hecho y aclarar sus motivaciones”.
El pasado 14 de julio el blanco fue el local del Partido Comunista del Uruguay (PCU) de la capital de Paysandú. Días antes ocurrió otro ataque, en el central del Frente Amplio en Paysandú.
También se habían registrado diversas agresiones a los comités de base del Frente Amplio de La Floresta y Neptunia en Canelones, y los locales seccionales del Centro, Suárez (La Blanqueada) y Félix Ortiz (Pocitos) del PCU, así como el local del Comité Central en Montevideo y en el diario El Popular.