ARGENTINA
El Senado aprobó el Presupuesto
Para tocar Fondo
A
pedido del FMI, el Senado convirtió en ley un presupuesto con fuertes
recortes en salud, educación, cultura, obras públicas y vivienda. Se
aprobó con 45 votos a favor -entre Cambiemos, parte del peronismo
federal y bloques provinciales-, 24 en contra y una abstención. La única
partida que aumentará más que la inflación es la destinada a pagar la
deuda: 596.000 millones de pesos.
Con
un final cantado, Cambiemos convirtió en ley el Presupuesto 2019 bajo
los designios del Fondo Monetario Internacional, con el aporte de un
sector del peronismo federal como garante del triunfo oficialista. Con
negociaciones en las que el ministro de Interior, Rogelio Frigerio,
pactó con gobernadores peronistas hasta último momento, el Gobierno
contó con 45 votos a favor (superando los 37 necesarios) para aprobar el
presupuesto del Estado nacional para el año próximo, donde el único
ítem que crece “brutalmente” es el destinado al pago de deuda
externa. Con la aprobación presupuestaria –incluido un paquete de leyes
económicas–, el Gobierno se aseguró la convalidación del ajuste impuesto
en el acuerdo con el FMI, que desató discordia dentro del propio
oficialismo y fracturó al peronismo dialoguista encabezado por Miguel
Pichetto, en medio de duras críticas contra la política económica de
“ajuste, desocupación, tarifazos, inflación, endeudamiento y recesión”.
La sesión arrancó con algunas sorpresas. Apenas 26 minutos después de la hora fijada (las 14), el Senado abrió la sesión con 39 senadores sentados. Entre ellos, varios peronistas que habían anticipado su voto en contra, y con la ausencia de los oficialistas de Santa Cruz. Los peronistas tucumanos José Alperovich y Beatriz Mirkin, que votaban en contra, se sentaron en sus bancas tras saludar efusivamente a Pichetto, el jefe de la bancada del peronismo federal, con el que acaban de romper.
Salvo el santacruceño Eduardo Costa y su coprovinciana María Belén Tapia (que bajó al recinto ya arrancada la sesión), Cambiemos sentó al resto de su tropa. También se sentó la decena de federales encolumnados con Pichetto que acompañaban al oficialismo, igual que otros peronistas anti K, el riojano Carlos Menem y partidos provinciales, como los neuquinos del MPN y uno de los tres santiagueños del Frente Cívico, que divide posturas igual que lo hizo en Diputados. Aportaron al quórum otros federales que adelantaron su voto en contra, como el puntano Adolfo Rodríguez Saá, el santafesino Omar Perotti, la formoseña María Teresa González y los pampeanos Daniel Lovera y Norma Durango.
El macrista Esteban Bullrich, que preside la Comisión de Presupuesto, arrancó el debate como miembro informante en tono de campaña electoral. “Es falso que consumir es mejor que ahorrar; es falso que ahorrar hoy para el futuro es reducir nuestros recursos; es falso que ordenar el Estado es ajustar oportunidades; y es falso también que los recursos del Estado son infinitos”, arrancó, en defensa del ajuste presupuestario que pretendió asociar al ahorro y al futuro prometedor que acarrearía llegar al “déficit cero”. “No es gratis la inflación”, sumó el senador, que la atribuyó al “flagelo del déficit”, buscando dejar a salvo las responsabilidades del Gobierno.
Bullrich agradeció el apoyo de la mayoría de los gobernadores y de la mayoría de los diputados para un “histórico esfuerzo de reducir el déficit fiscal al cero por ciento”. “Lo estamos haciendo juntos reconociendo el sacrificio que demanda de los argentinos”, reconoció tratando de unificar un esfuerzo que recae en forma desigual sobre el conjunto de la sociedad y solo beneficia a los sectores económicos más concentrados.
Las réplicas no tardaron en llegar. “El gobierno de Cambiemos solo ofrece a los argentinos más ajuste, precarización, endeudamiento y recesión”, abrió el fuego Marcelo Fuentes, jefe del bloque del FpV-PJ. “Es cínico presentar como una virtud los programas de emergencia que crean para paliar la crisis que ellos generaron”, agregó sobre la gestión macrista.
“Este presupuesto no cae desde el cielo, sino que hay una construcción política que expresa claramente cuál es el proyecto de gobierno que hemos tenido en estos tres años, y el camino que se ha recorrido”, insistió el senador neuquino antes de enunciar los tres ejes que a su criterio sustentan la política económica del Gobierno: “La eliminación de las trabas que dificultaban el endeudamiento externo”; “la eliminación de las restricciones a los capitales especulativos”; y “la eliminación de subsidios”. Luego describió que el último de los ejes mencionados “trajo como consecuencia la transferencia directa más brutal del bolsillo de los ciudadanos a los grupos concentrados, fundamentalmente del negocio energético”.
“Es la primera vez en la historia argentina donde un presupuesto viene a declarar que el país va a involucionar, y lo presentan como una virtud”, cuando “normalmente un gobierno, ante un panorama como el que describen, busca medidas para evitar esa debacle”, sentenció Fuentes.
El formoseño José Mayans, que dejó expuesta la fisura entre los peronistas federales en una discusión pública con Miguel Pichetto, cargó contra el presupuesto. “Los resultados muestran que el programa económico del Gobierno fracasó. La realidad que refleja este Presupuesto es la gente que no llega a fin de mes, que ha perdido el trabajo, que no puede acceder a los alimentos”, afirmó.
“El Gobierno ha hecho un endeudamiento brutal –continuó Mayans–. “En dos años y medio se duplicó el endeudamiento y este presupuesto va a autorizar un endeudamiento de casi 400 mil millones de dólares. Lo que se está votando es el acuerdo con el FMI”. “Están haciendo una rapiñada lamentable con la educación, la salud, y con el Fondo Sojero, eliminado con un DNU, violando la Constitución y la seguridad jurídica”, agregó el senador formoseño.
Mayans tomó palabras que Pichetto utilizó en medio de la disputa entre ambos para cargar contra el Gobierno y no dar por cerrada la disputa intestina entre los peronistas federales. Hizo propias las críticas del rionegrino sobre la “desastrosa” gestión de los últimos directores del Banco Central y la “brutal” emisión de bonos y letras y hasta el endeudamiento a cien años. “¿Quieren que digamos que está todo bien lo que hace el Gobierno? Esto que dicen, que si no votamos el presupuesto incendiamos la pradera... No. Esto ya está incendiado”, agregó Mayans, desafiante ante las acusaciones de Pichetto, de que “algunos quieren prender fuego a la pradera” y “algunos gobernadores se compraron el traje cubano de la revolución”.
“La verdad que cuando nos encontramos frente a un Gobierno que con cada política que implementa beneficia a ciertos sectores de la economía más concentrada y perjudica a los sectores más vulnerables, me parece que las diferencias se hacen notar”, dijo la peronista puntana Eugenia Catalfamo. Luego se excluyó de ser “una legisladora facilitadora o cómplice de la aprobación de ciertas leyes que muchos por ahí dicen que son para ‘garantizar la gobernabilidad’... No me parecen necesarias”.
“Es cierto que la aprobación del Presupuesto demuestra gobernabilidad, pero además se requiere credibilidad y estabilidad, y el presupuesto debe ser sinónimo de previsibilidad”, dijo en cambio Lucía Crexell, para justificar el voto a favor del Movimiento Popular Neuquino.
“Este presupuesto es netamente unitario y metropolitano”, “no tiene en cuenta a las provincias” y “no contempla un desarrollo integral del país”, sumó el peronista jujeño Guillermo Snopek, como parte de los federales que no están alineados con la postura de Pichetto.
La sesión arrancó con algunas sorpresas. Apenas 26 minutos después de la hora fijada (las 14), el Senado abrió la sesión con 39 senadores sentados. Entre ellos, varios peronistas que habían anticipado su voto en contra, y con la ausencia de los oficialistas de Santa Cruz. Los peronistas tucumanos José Alperovich y Beatriz Mirkin, que votaban en contra, se sentaron en sus bancas tras saludar efusivamente a Pichetto, el jefe de la bancada del peronismo federal, con el que acaban de romper.
Salvo el santacruceño Eduardo Costa y su coprovinciana María Belén Tapia (que bajó al recinto ya arrancada la sesión), Cambiemos sentó al resto de su tropa. También se sentó la decena de federales encolumnados con Pichetto que acompañaban al oficialismo, igual que otros peronistas anti K, el riojano Carlos Menem y partidos provinciales, como los neuquinos del MPN y uno de los tres santiagueños del Frente Cívico, que divide posturas igual que lo hizo en Diputados. Aportaron al quórum otros federales que adelantaron su voto en contra, como el puntano Adolfo Rodríguez Saá, el santafesino Omar Perotti, la formoseña María Teresa González y los pampeanos Daniel Lovera y Norma Durango.
El macrista Esteban Bullrich, que preside la Comisión de Presupuesto, arrancó el debate como miembro informante en tono de campaña electoral. “Es falso que consumir es mejor que ahorrar; es falso que ahorrar hoy para el futuro es reducir nuestros recursos; es falso que ordenar el Estado es ajustar oportunidades; y es falso también que los recursos del Estado son infinitos”, arrancó, en defensa del ajuste presupuestario que pretendió asociar al ahorro y al futuro prometedor que acarrearía llegar al “déficit cero”. “No es gratis la inflación”, sumó el senador, que la atribuyó al “flagelo del déficit”, buscando dejar a salvo las responsabilidades del Gobierno.
Bullrich agradeció el apoyo de la mayoría de los gobernadores y de la mayoría de los diputados para un “histórico esfuerzo de reducir el déficit fiscal al cero por ciento”. “Lo estamos haciendo juntos reconociendo el sacrificio que demanda de los argentinos”, reconoció tratando de unificar un esfuerzo que recae en forma desigual sobre el conjunto de la sociedad y solo beneficia a los sectores económicos más concentrados.
Las réplicas no tardaron en llegar. “El gobierno de Cambiemos solo ofrece a los argentinos más ajuste, precarización, endeudamiento y recesión”, abrió el fuego Marcelo Fuentes, jefe del bloque del FpV-PJ. “Es cínico presentar como una virtud los programas de emergencia que crean para paliar la crisis que ellos generaron”, agregó sobre la gestión macrista.
“Este presupuesto no cae desde el cielo, sino que hay una construcción política que expresa claramente cuál es el proyecto de gobierno que hemos tenido en estos tres años, y el camino que se ha recorrido”, insistió el senador neuquino antes de enunciar los tres ejes que a su criterio sustentan la política económica del Gobierno: “La eliminación de las trabas que dificultaban el endeudamiento externo”; “la eliminación de las restricciones a los capitales especulativos”; y “la eliminación de subsidios”. Luego describió que el último de los ejes mencionados “trajo como consecuencia la transferencia directa más brutal del bolsillo de los ciudadanos a los grupos concentrados, fundamentalmente del negocio energético”.
“Es la primera vez en la historia argentina donde un presupuesto viene a declarar que el país va a involucionar, y lo presentan como una virtud”, cuando “normalmente un gobierno, ante un panorama como el que describen, busca medidas para evitar esa debacle”, sentenció Fuentes.
El formoseño José Mayans, que dejó expuesta la fisura entre los peronistas federales en una discusión pública con Miguel Pichetto, cargó contra el presupuesto. “Los resultados muestran que el programa económico del Gobierno fracasó. La realidad que refleja este Presupuesto es la gente que no llega a fin de mes, que ha perdido el trabajo, que no puede acceder a los alimentos”, afirmó.
“El Gobierno ha hecho un endeudamiento brutal –continuó Mayans–. “En dos años y medio se duplicó el endeudamiento y este presupuesto va a autorizar un endeudamiento de casi 400 mil millones de dólares. Lo que se está votando es el acuerdo con el FMI”. “Están haciendo una rapiñada lamentable con la educación, la salud, y con el Fondo Sojero, eliminado con un DNU, violando la Constitución y la seguridad jurídica”, agregó el senador formoseño.
Mayans tomó palabras que Pichetto utilizó en medio de la disputa entre ambos para cargar contra el Gobierno y no dar por cerrada la disputa intestina entre los peronistas federales. Hizo propias las críticas del rionegrino sobre la “desastrosa” gestión de los últimos directores del Banco Central y la “brutal” emisión de bonos y letras y hasta el endeudamiento a cien años. “¿Quieren que digamos que está todo bien lo que hace el Gobierno? Esto que dicen, que si no votamos el presupuesto incendiamos la pradera... No. Esto ya está incendiado”, agregó Mayans, desafiante ante las acusaciones de Pichetto, de que “algunos quieren prender fuego a la pradera” y “algunos gobernadores se compraron el traje cubano de la revolución”.
“La verdad que cuando nos encontramos frente a un Gobierno que con cada política que implementa beneficia a ciertos sectores de la economía más concentrada y perjudica a los sectores más vulnerables, me parece que las diferencias se hacen notar”, dijo la peronista puntana Eugenia Catalfamo. Luego se excluyó de ser “una legisladora facilitadora o cómplice de la aprobación de ciertas leyes que muchos por ahí dicen que son para ‘garantizar la gobernabilidad’... No me parecen necesarias”.
“Es cierto que la aprobación del Presupuesto demuestra gobernabilidad, pero además se requiere credibilidad y estabilidad, y el presupuesto debe ser sinónimo de previsibilidad”, dijo en cambio Lucía Crexell, para justificar el voto a favor del Movimiento Popular Neuquino.
“Este presupuesto es netamente unitario y metropolitano”, “no tiene en cuenta a las provincias” y “no contempla un desarrollo integral del país”, sumó el peronista jujeño Guillermo Snopek, como parte de los federales que no están alineados con la postura de Pichetto.
Recesión y recortes como plan
Lo que se viene con el Presupuesto
El
Gobierno prevé para 2019 una nueva contracción del PBI, con recortes de
partidas en términos reales para obra pública, salud, educación,
cultura y vivienda, entre otros. La única partida que aumenta más que la
inflación es para pagar deuda.
PÁGINA 12 - 15 de noviembre de 2018
En términos reales, la reducción del gasto será del 20 por ciento en agua potable y alcantarillado.
Imagen: Noticias Argentinas
Imagen: Noticias Argentinas
El
Presupuesto para 2019 admite que la economía seguirá en recesión, con
una estimación de caída del PBI del 0,5 por ciento, aunque hasta el
Fondo Monetario anticipa una baja mayor, del 1,7 por ciento. Con el
objetivo de alcanzar la meta de equilibrio fiscal primario, el Gobierno
llevará a cabo una fuerte reducción de partidas para obras de
infraestructura, salud, educación, vivienda y desarrollo urbano (por
ejemplo, cloacas y agua potable), entre otras. El proyecto define una
reducción equivalente a un punto del PBI en el gasto social, con lo cual
el recorte real alcanzaría al 10 por ciento en tan sólo dos años. El
stock de deuda alcanzará el año próximo los 315.698 millones de dólares y
el pago de intereses representará el equivalente a 596.000 millones de
pesos, con un alza interanual del 50 por ciento.
- Déficit cero. El compromiso del Gobierno con el FMI fue acelerar la meta de equilibrio fiscal, sin contar el pago de intereses de deuda que aumentará un 50 por ciento el año próximo. En el plan de gastos y recursos se establece una contracción económica que pueda llevar el déficit del 2,6 por ciento de este año a cero el próximo. El foco será reducir el gasto en términos reales. La recaudación de impuestos nacionales y contribuciones a la seguridad social crecerá 38,9 por ciento y superará los 4,8 billones de pesos en el cálculo oficial.
- Dólar. Según el Presupuesto, el dólar se ubicará en promedio a 40,10 pesos, un precio que alcanzó a fines de agosto último y que derivó en una política monetaria aún más contractiva que estabilizó momentáneamente el tipo de cambio. Se dispuso congelar la base monetaria y aplicar un esquema de bandas de flotación del dólar con actualización mensual respecto a la evolución de la inflación. Este programa se anunció luego de que se presentara el Presupuesto. Para el 2020 el precio del dólar está previsto en 44,30 pesos; para 2021, a 48,20 y 2022, a 50,50.
- Inflación. Luego de cerrar este año con una variación de entre 45 y 50 por ciento, la proyección estimada en el Presupuesto es de 23 por ciento para el final del ejercicio 2019. Esto significa la evolución a doce meses medida en diciembre, lo que arroja un promedio de 34,8 por ciento. Para este año se estima en la ley cerrar en 42 por ciento.
- Recesión. El panorama económico del año próximo será recesivo. Con una caída del consumo privado de 1,6 por ciento y una retracción de la inversión del 9,7 por ciento. A esto se suma el descenso de la inversión pública y la puesta en marcha de obras en el marco del programa de participación público-privada. Por el lado de los ingresos, la apuesta es a un incremento de recaudación por una buena cosecha de cereales y oleaginosas y, con menos importaciones por la recesión, se pretende reducir el déficit de cuenta corriente en un 50 por ciento, hasta los 9900 millones de dólares, lo que equivale a 2,2 puntos del PBI. No habrá suba adicional de retenciones y se mantiene en 30 por ciento el tope de derechos de exportación a la soja y en 12 para el resto de los productos.
- Gasto. El total previsto será de 4,1 billones de pesos, lo que supone un aumento nominal de 27,4 por ciento respecto de 2018, contra una inflación promedio proyectada de 34,8 por ciento, lo que representa una caída de 13 por ciento en términos reales. El gasto primario se ajusta 24 por ciento (nominal) y los recursos para planes sociales aumentan en 32 por ciento, ambos por debajo de la inflación. En términos reales, la reducción del gasto será del 6 por ciento en servicios sociales, del 23 por ciento en educación y cultura, del 48 por ciento en vivienda y urbanismo, de 20 por ciento en promoción y asistencia social, de 8 por ciento en salud, de 17 por ciento en ciencia y técnica y del 20 por ciento en agua potable y alcantarillado.
- Deuda. Es la única partida que le ganará a la inflación el próximo año. Las necesidades de financiamiento ascienden a 38.900 millones de dólares, que se reparten en 2500 millones de nueva deuda, 20.100 millones de vencimiento a refinanciar, 11.700 millones del acuerdo con el FMI y otros 4600 millones de organismos internacionales. La deuda pública a fin de año representará el 87 por ciento del PBI de 2019, con un stock de 315.698 millones de dólares. El pago de intereses será de 596.000 millones de pesos, con un alza de 50 por ciento.
Una encuesta a tres años del debate previo al ballottage
El día que Macri mintió de lo lindo
Imagen: DyN
Se
cumplen hoy tres años de aquel debate televisado entre Mauricio Macri y
Daniel Scioli, en la Facultad de Derecho, en la previa del ballottage
2015. La mayoría de los argentinos (un 65 por ciento) recuerda aquel
debate y, de esos, el 54 por ciento de los consultados dice que el
presidente no cumplió con ninguna o muy pocas de las propuestas que
formuló aquel 15 de noviembre de 2015. Una porción también importante,
el 29 por ciento, dijo que cumplió con algunas de las propuestas y
apenas el 15 por ciento afirmó que cumplió con la mayoría o todo lo que
dijo aquella noche. Aquel encuentro fue organizado por una ONG,
Argentina Debate, que se presentó como imparcial pero terminó proveyendo
de funcionarios a Cambiemos.
La consultora Dicen hizo el relevamiento esta semana a través de encuestas telefónicas que se terminaron de procesar ayer. En total se entrevistaron 1880 ciudadanos de todo el país, respetando las proporciones por edad, sexo y nivel socio-económico. La conclusión es que la totalidad de los opositores a Cambiemos, la gran mayoría de independientes e incluso una parte de los adherentes a Macri sostienen hoy que el mandatario mintió durante el debate. O mejor dicho, incumplió con lo que dijo ante las cámaras.
La enumeración de los dichos del ahora presidente impresiona, básicamente porque son promesas opuestas a lo que terminó haciendo en la Casa Rosada:
Durante el debate, Daniel Scioli adelantó que Macri haría todo lo contrario de lo que manifestaba ante las cámaras, allí en la Facultad de Derecho. El ahora presidente recurrió a frases del estilo de “¿en qué te han convertido Daniel?” o en denunciar una supuesta campaña del miedo porque trazó un panorama de lo que ocurriría con Macri en la Casa Rosada, diagnóstico que incluso se quedó corto.
Una mirada hacia atrás exhibe las limitaciones de los debates de este estilo, dándole argumentos a quienes sostienen que quien puede ganar un debate no necesariamente puede gobernar mejor. A esto hay que agregar las maniobras del aparato mediático que hizo todo lo posible en estos tres años por tapar las falsedades expuestas en debate.
La consultora Dicen hizo el relevamiento esta semana a través de encuestas telefónicas que se terminaron de procesar ayer. En total se entrevistaron 1880 ciudadanos de todo el país, respetando las proporciones por edad, sexo y nivel socio-económico. La conclusión es que la totalidad de los opositores a Cambiemos, la gran mayoría de independientes e incluso una parte de los adherentes a Macri sostienen hoy que el mandatario mintió durante el debate. O mejor dicho, incumplió con lo que dijo ante las cámaras.
La enumeración de los dichos del ahora presidente impresiona, básicamente porque son promesas opuestas a lo que terminó haciendo en la Casa Rosada:
- “Nosotros creemos que hay que desarrollar la economía, no ajustar. No hemos hablado nunca de ajuste”.
- “Nuestra prioridad es Hambre cero”.
- “El dólar no va a estar a más de 15 pesos”.
- “Vamos a crear dos millones de puestos de trabajo”.
- “Vamos a dar un millón de créditos a 30 años”.
- “Ningún trabajador pagará impuesto a las ganancias”.
- “Este país no tiene problemas de dólares. Este país produce dólares”.
Durante el debate, Daniel Scioli adelantó que Macri haría todo lo contrario de lo que manifestaba ante las cámaras, allí en la Facultad de Derecho. El ahora presidente recurrió a frases del estilo de “¿en qué te han convertido Daniel?” o en denunciar una supuesta campaña del miedo porque trazó un panorama de lo que ocurriría con Macri en la Casa Rosada, diagnóstico que incluso se quedó corto.
Una mirada hacia atrás exhibe las limitaciones de los debates de este estilo, dándole argumentos a quienes sostienen que quien puede ganar un debate no necesariamente puede gobernar mejor. A esto hay que agregar las maniobras del aparato mediático que hizo todo lo posible en estos tres años por tapar las falsedades expuestas en debate.
ENTREVISTA a Noemí Brenta Investigadora de la historia del FMI-Argentina
“No hay país al que le haya ido bien con el Fondo”
La
economista Noemí Brenta estudió en profundidad la histórica relación de
la Argentina con el Fondo Monetario Internacional. En diálogo con Cash,
afirma que el FMI diseñó una ingeniería financiera para que el gobierno
de Macri llegue al 2019. Sentencia que el nuevo acuerdo con el FMI es
más de lo mismo proponiendo el Déficit Cero. Y considera que el
desprestigio del FMI es muy alto, porque los planes stand-by siempre
terminaron en grandes crisis socioeconómicas.
“El FMI está haciendo una ingeniería financiera para que el Gobierno llegue al 2019”, asegura la economista Noemí Brenta.
La
crisis de principios de siglo, en la que el FMI tuvo un rol crucial,
despertó en Noemí Brenta la curiosidad por conocer cuál había sido el
vínculo histórico entre Argentina y ese organismo multilateral. Para su
sorpresa, nadie había escrito esa historia, por lo que su tesis con la
que obtuvo el doctorado en Economía de la UBA con medalla de oro, fue
“Argentina atrapada. Historia de las relaciones con el FMI 1956-2006”,
libro que fue actualizado en 2014 bajo el título Historia de las
relaciones entre Argentina y el FMI (Eudeba). El último capítulo, aún no
incluido en el libro de Brenta pero inaugurado por la Alianza Cambiemos
pocos meses atrás, ya tuvo su primer fracaso, lo que obligó al gobierno
a hincarse por una nueva oportunidad. Brenta señala a Cash que “el
acuerdo fracasó principalmente por su diagnóstico equivocado, que
responde al enfoque ortodoxo compartido por el gobierno y el FMI, con la
premisa básica y falaz de comparar un país con una economía hogareña,
sosteniendo que la crisis se debe al mayor gasto sobre los ingresos. Eso
llevó a una medicina equivocada, aunque no ingenua, de reducir el
consumo popular, el gasto público y hasta la inversión del Estado, lo
cual siempre exhibió resultados catastróficos, aquí y en el mundo”.
Brenta sostiene que el nuevo acuerdo con el FMI “es más de lo mismo”, por estar basado en el tradicional “déficit cero”, con lo que afirma que “si no ponen como mínimo un control de capitales y algún tipo de regulación cambiaria que limite la pérdida de reservas del Banco Central, y restauran también el plazo razonable para que los exportadores liquiden las divisas, solo se estará comprando tiempo para estirar las dificultades de pagos internacionales, e incluso a cambio de profundizar la recesión”.
–Con tanta pobreza y capacidad industrial subutilizada, el problema no es de exceso de gasto, sino las dificultades para afrontar los pagos internacionales, multiplicados debido a la deuda en moneda extranjera que tomó el gobierno, al enorme déficit comercial, y a la salida de divisas por distintas razones, entre las que se destacan las inversiones financieras especulativas”.
¿Hay un FMI distinto al de 2001?
–Las recetas son las de siempre. El FMI está haciendo una ingeniería financiera para que el gobierno llegue al 2019, al punto que puede llegar a permitir al gobierno ser un poco expansivo el próximo año. Luego culpará de la explosión al gobierno que siga, por supuestamente no haber continuado con su programa de súper ajuste.
¿El acuerdo debió pasar por el Congreso?
–Ningún acuerdo stand-by pasó por el Congreso, porque si bien el Poder Legislativo debe aprobar el endeudamiento externo, esos pactos no son técnicamente un préstamo, sino una autorización para retirar un determinado monto a cambio de un aval, el cual luego se recompra. Eso no implica que los argentinos no podamos por lo menos ver el acuerdo firmado, ya que el mismo se mantiene en secreto.
¿Toda la historia fue igual, o en algún momento tuvo utilidad Argentina su vínculo con el FMI?
–La historia es muy reiterativa, con gobiernos ortodoxos que buscan sostener la apertura económica y financiera, entran capitales, sobre todo, en forma de deuda y se aprecia la moneda, por lo que suben las importaciones y se generan crisis en la balanza de pagos y en la cuenta corriente, entonces los capitales se asustan y huyen, por lo que se convoca al FMI, que solo profundiza el endeudamiento y el ajuste.
–Creo que había otra alternativa, en principio porque no creo en el pensamiento único, y luego porque estaba la posibilidad de haber puesto un control de cambios para resguardar las divisas, complementada con alguna operación con bancos locales. Pero evidentemente su cercanía con el FMI los llevó a formalizar este acuerdo, que creo que se fue armando mucho antes de las corridas cambiarias, porque todos veíamos como desde 2016 aumentaba el déficit de cuenta corriente y la creciente necesidad de financiamiento, con lo que dudo de que haya sido de la mañana a la noche, como lo presentaron.
¿Por qué razón no recurrieron entonces al FMI desde un principio?
–El desprestigio del FMI es muy alto, los planes stand-by siempre terminaron en grandes crisis socioeconómicas, con lo que no es raro que el 70 por ciento de los argentinos lo rechace. Y ellos no tenían necesidad de pagar el costo político, teniendo abiertos todos los mercados de deuda. Por eso creo que nunca descartaron la opción del FMI, pero lo reservaron para un momento en que pudieran justificarlo.
Los presidentes que rechazaron o plantearon reparos al FMI fueron Perón, Illia, Alfonsín y los Kirchner ¿Cuáles fueron sus diferentes argumentos?
–Illia hizo campaña electoral contra el FMI, y cuando asumió no renovó los acuerdos. Pero en 1965, debido a presiones del establishment y a los vencimientos de deuda, cedió y, si bien no firmó un stand-by, acordó algunos puntos con el FMI, lo cual provocó un fuerte enfriamiento de la economía. Alfonsín tuvo su mayor pelea a través de su ministro Bernardo Grinspun, que era muy opositor al FMI. Pero como Illia, Alfonsín era más político y componedor, pedía comprensión en los foros internacionales, e incluso escribió un planteo unilateral no consensuado con el FMI, que obviamente el organismo rechazó, y finalmente también tuvo que ceder. Perón en cambio fue muy directo, decía que el FMI era un engendro putativo del capitalismo manejado por Estados Unidos, y lo cierto es que las políticas peronistas eran opuestas a las del FMI, desde las restricciones a las inversiones extranjeras hasta el tipo de cambio múltiple, entre muchas otras.
¿Y Kirchner?
–Néstor Kirchner en 2004 anunció la suspensión del acuerdo, ya que para mantener congeladas las tarifas de servicios públicos y reestructurar la deuda sin intervención del FMI, no podía sostener el vínculo. En 2006 paga toda la deuda y entonces también se despacha y dice que los intereses del FMI son opuestos a los de la Argentina, que nos vienen condicionando y que romper con este organismo es sacarse una mochila de encima.
–Depende mucho del escenario interno e intencional. El FMI representa la coordinación del sistema financiero internacional y puede limitar varios tipos de operaciones internacionales, pero si hay un banco para los Brics se podrían ver alternativas. De hecho Grecia intentó en algún momento de su crisis financiarse con China en lugar del FMI, pero finalmente el Tesoro de Estados Unidos se comunicó con el país asiático para frenar ese avance. De todas formas, lo habitual es que un acuerdo con el FMI sea por un déficit transitorio del balance de pagos, y no se suele renovar. Lo anormal es lo de Argentina, que vive tantos años con el FMI.
¿Existió algún país que comenzó a desarrollarse a través del FMI?
–He leído mucho al respecto y no tengo ningún registro de un país al que le haya ido bien con Fondo. Sí en cambio de que hayan crecido sin el Fondo, como Corea y Malasia, que no siguieron sus imposiciones y les fue mejor, o el caso nuestro. Algunos señalan que las economías socialistas en transición, que se vincularon al FMI para construir sus instituciones económicas de mercado, tuvieron casos exitosos, pero desde mi punto de vista no se debió al Fondo, sino a muchas otras causalidades. De hecho, el FMI reconoce en sus evaluaciones que sus políticas son recesivas. Además, la cuestión es cómo se distribuye ese costo, ya que habitualmente el beneficio se inclina en favor del capital trasnacional y financiero.
¿El FMI es simplemente el gendarme de las finanzas internacionales o existe una visión ortodoxa que considera que esa es la vía para resolver problemas de desarrollo?
–Ellos tienen una autonomía muy acotada, están muy influido por el Tesoro norteamericano, no de casualidad el Fondo tiene sede en Washington. Estados Unidos tiene además capacidad de veto y de establecer agenda. Por ejemplo, el Congreso de Estados Unidos puede sancionar leyes que instruyan al Tesoro para que, a su vez, ordene al FMI alguna sanción, que puede ser positiva en el caso de violaciones a los Derechos Humanos y otras no tan buenas como convertirse en gestor de bancos acreedores o castigar a países con políticas proteccionistas. De todas formas, es cierto que también existe en este organismo una ideología ortodoxa bajo la lógica del mercado como asignador de recursos, que viene junto con el paquete de la flexibilización laboral, y la apertura comercial y del mercado de capitales. Así que estos intereses económicos y estratégicos van de la mano con su ideología.
¿El FMI actúa como un banco?
–Por otro lado, como todo banco, el FMI debe colocar sus fondos, porque sus ingresos dependen en gran medida de los intereses que le cobra a los países a los que le presta, por lo que cuando en la década anterior los países fueron cancelando sus prestamos, el organismo bajo sus ingresos de 2000 a 500 millones de dólares.
¿Cuál será el recorrido económico y social con el FMI?
–Lo que veo es más pobreza, más concentración del ingreso, menos soberanía, y pérdida por privatización de bienes estatales,como los grandes bancos públicos y los recursos naturales estratégicos. También más caída del PIB o un crecimiento muy inestable, ya que basarse en comodities es subirse a una montaña rusa que depende de factores que no controlamos, y lo que sí controlamos, como las tasas, se aplican recesivamente. Al gobierno que siga se le va a ver muy difícil, y no se si antes o después habrá un estallido social, pero espero que no, porque los muertos siempre los pone el campo popular
@Jblejmar
Brenta sostiene que el nuevo acuerdo con el FMI “es más de lo mismo”, por estar basado en el tradicional “déficit cero”, con lo que afirma que “si no ponen como mínimo un control de capitales y algún tipo de regulación cambiaria que limite la pérdida de reservas del Banco Central, y restauran también el plazo razonable para que los exportadores liquiden las divisas, solo se estará comprando tiempo para estirar las dificultades de pagos internacionales, e incluso a cambio de profundizar la recesión”.
Ortodoxia
¿Cuál es el problema principal del país?–Con tanta pobreza y capacidad industrial subutilizada, el problema no es de exceso de gasto, sino las dificultades para afrontar los pagos internacionales, multiplicados debido a la deuda en moneda extranjera que tomó el gobierno, al enorme déficit comercial, y a la salida de divisas por distintas razones, entre las que se destacan las inversiones financieras especulativas”.
¿Hay un FMI distinto al de 2001?
–Las recetas son las de siempre. El FMI está haciendo una ingeniería financiera para que el gobierno llegue al 2019, al punto que puede llegar a permitir al gobierno ser un poco expansivo el próximo año. Luego culpará de la explosión al gobierno que siga, por supuestamente no haber continuado con su programa de súper ajuste.
¿El acuerdo debió pasar por el Congreso?
–Ningún acuerdo stand-by pasó por el Congreso, porque si bien el Poder Legislativo debe aprobar el endeudamiento externo, esos pactos no son técnicamente un préstamo, sino una autorización para retirar un determinado monto a cambio de un aval, el cual luego se recompra. Eso no implica que los argentinos no podamos por lo menos ver el acuerdo firmado, ya que el mismo se mantiene en secreto.
¿Toda la historia fue igual, o en algún momento tuvo utilidad Argentina su vínculo con el FMI?
–La historia es muy reiterativa, con gobiernos ortodoxos que buscan sostener la apertura económica y financiera, entran capitales, sobre todo, en forma de deuda y se aprecia la moneda, por lo que suben las importaciones y se generan crisis en la balanza de pagos y en la cuenta corriente, entonces los capitales se asustan y huyen, por lo que se convoca al FMI, que solo profundiza el endeudamiento y el ajuste.
Stand-by
¿Las políticas macristas conducían inevitablemente al rescate del FMI o había otra alternativa para evitar el default?–Creo que había otra alternativa, en principio porque no creo en el pensamiento único, y luego porque estaba la posibilidad de haber puesto un control de cambios para resguardar las divisas, complementada con alguna operación con bancos locales. Pero evidentemente su cercanía con el FMI los llevó a formalizar este acuerdo, que creo que se fue armando mucho antes de las corridas cambiarias, porque todos veíamos como desde 2016 aumentaba el déficit de cuenta corriente y la creciente necesidad de financiamiento, con lo que dudo de que haya sido de la mañana a la noche, como lo presentaron.
¿Por qué razón no recurrieron entonces al FMI desde un principio?
–El desprestigio del FMI es muy alto, los planes stand-by siempre terminaron en grandes crisis socioeconómicas, con lo que no es raro que el 70 por ciento de los argentinos lo rechace. Y ellos no tenían necesidad de pagar el costo político, teniendo abiertos todos los mercados de deuda. Por eso creo que nunca descartaron la opción del FMI, pero lo reservaron para un momento en que pudieran justificarlo.
Los presidentes que rechazaron o plantearon reparos al FMI fueron Perón, Illia, Alfonsín y los Kirchner ¿Cuáles fueron sus diferentes argumentos?
–Illia hizo campaña electoral contra el FMI, y cuando asumió no renovó los acuerdos. Pero en 1965, debido a presiones del establishment y a los vencimientos de deuda, cedió y, si bien no firmó un stand-by, acordó algunos puntos con el FMI, lo cual provocó un fuerte enfriamiento de la economía. Alfonsín tuvo su mayor pelea a través de su ministro Bernardo Grinspun, que era muy opositor al FMI. Pero como Illia, Alfonsín era más político y componedor, pedía comprensión en los foros internacionales, e incluso escribió un planteo unilateral no consensuado con el FMI, que obviamente el organismo rechazó, y finalmente también tuvo que ceder. Perón en cambio fue muy directo, decía que el FMI era un engendro putativo del capitalismo manejado por Estados Unidos, y lo cierto es que las políticas peronistas eran opuestas a las del FMI, desde las restricciones a las inversiones extranjeras hasta el tipo de cambio múltiple, entre muchas otras.
¿Y Kirchner?
–Néstor Kirchner en 2004 anunció la suspensión del acuerdo, ya que para mantener congeladas las tarifas de servicios públicos y reestructurar la deuda sin intervención del FMI, no podía sostener el vínculo. En 2006 paga toda la deuda y entonces también se despacha y dice que los intereses del FMI son opuestos a los de la Argentina, que nos vienen condicionando y que romper con este organismo es sacarse una mochila de encima.
Escenarios
¿El costo de salir del acuerdo es mayor a mantenerlo?–Depende mucho del escenario interno e intencional. El FMI representa la coordinación del sistema financiero internacional y puede limitar varios tipos de operaciones internacionales, pero si hay un banco para los Brics se podrían ver alternativas. De hecho Grecia intentó en algún momento de su crisis financiarse con China en lugar del FMI, pero finalmente el Tesoro de Estados Unidos se comunicó con el país asiático para frenar ese avance. De todas formas, lo habitual es que un acuerdo con el FMI sea por un déficit transitorio del balance de pagos, y no se suele renovar. Lo anormal es lo de Argentina, que vive tantos años con el FMI.
¿Existió algún país que comenzó a desarrollarse a través del FMI?
–He leído mucho al respecto y no tengo ningún registro de un país al que le haya ido bien con Fondo. Sí en cambio de que hayan crecido sin el Fondo, como Corea y Malasia, que no siguieron sus imposiciones y les fue mejor, o el caso nuestro. Algunos señalan que las economías socialistas en transición, que se vincularon al FMI para construir sus instituciones económicas de mercado, tuvieron casos exitosos, pero desde mi punto de vista no se debió al Fondo, sino a muchas otras causalidades. De hecho, el FMI reconoce en sus evaluaciones que sus políticas son recesivas. Además, la cuestión es cómo se distribuye ese costo, ya que habitualmente el beneficio se inclina en favor del capital trasnacional y financiero.
¿El FMI es simplemente el gendarme de las finanzas internacionales o existe una visión ortodoxa que considera que esa es la vía para resolver problemas de desarrollo?
–Ellos tienen una autonomía muy acotada, están muy influido por el Tesoro norteamericano, no de casualidad el Fondo tiene sede en Washington. Estados Unidos tiene además capacidad de veto y de establecer agenda. Por ejemplo, el Congreso de Estados Unidos puede sancionar leyes que instruyan al Tesoro para que, a su vez, ordene al FMI alguna sanción, que puede ser positiva en el caso de violaciones a los Derechos Humanos y otras no tan buenas como convertirse en gestor de bancos acreedores o castigar a países con políticas proteccionistas. De todas formas, es cierto que también existe en este organismo una ideología ortodoxa bajo la lógica del mercado como asignador de recursos, que viene junto con el paquete de la flexibilización laboral, y la apertura comercial y del mercado de capitales. Así que estos intereses económicos y estratégicos van de la mano con su ideología.
¿El FMI actúa como un banco?
–Por otro lado, como todo banco, el FMI debe colocar sus fondos, porque sus ingresos dependen en gran medida de los intereses que le cobra a los países a los que le presta, por lo que cuando en la década anterior los países fueron cancelando sus prestamos, el organismo bajo sus ingresos de 2000 a 500 millones de dólares.
¿Cuál será el recorrido económico y social con el FMI?
–Lo que veo es más pobreza, más concentración del ingreso, menos soberanía, y pérdida por privatización de bienes estatales,como los grandes bancos públicos y los recursos naturales estratégicos. También más caída del PIB o un crecimiento muy inestable, ya que basarse en comodities es subirse a una montaña rusa que depende de factores que no controlamos, y lo que sí controlamos, como las tasas, se aplican recesivamente. Al gobierno que siga se le va a ver muy difícil, y no se si antes o después habrá un estallido social, pero espero que no, porque los muertos siempre los pone el campo popular
@Jblejmar
La Cámara Alta dará previsiblemente sanción
definitiva al proyecto gubernamental que supone importantes recortes en
áreas como salud, ciencia y educación.
El Senado argentino debate este miércoles el proyecto de Presupuesto para 2019. La iniciativa ya obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados el pasado 24 de octubre y el oficialismo asegura que tiene los votos necesarios para aprobarlo definitivamente en la Cámara Alta.
De acuerdo al portal especializado Parlamentario, la Alianza Cambiemos del presidente Mauricio Macri logrará el apoyo de algunos senadores del Partido Justicialista para alcanzar una mayoría de 40 votos.
En ese sentido se expresó en los días previos el senador oficialista y exministro de Educación, Esteban Bullrich. "Creemos que el miércoles vamos a tener los votos", sostuvo en declaraciones radiales. Y añadió que varios legisladores "están de acuerdo en este camino" que apunta a "ordenar las cuentas públicas provinciales y nacionales".
Bullrich
apuntó que, en los últimos 100 años, "la Argentina tuvo 90 de déficit",
en referencia al objetivo de este proyecto de alcanzar el llamado "déficit cero". Para el senador, el presupuesto presentado "genera un incremento en algunos impuestos y una reducción al gasto público en alguna de las variables más importantes".
Así lo señala el diario La Nación, que da cuenta que, en relación al proyecto original, el gasto previsto aumentó 24.000 millones de pesos (675 millones de dólares). Al respecto Nadin Argañaraz, director del Instituto Argentino de Análisis Fiscal, destacó que "la presión tributaria conjunta de Nación y provincias alcanzaría un nivel récord del 33,2% del PBI en 2019".
"Hay una determinación del Gobierno en reducir gastos en Educación, Salud y Desarrollo Social, además de otras áreas como Urbanismo o Trabajo, en favor de los servicios de deuda pública" Rolando García, sociólogo y profesor universitario Este dinero "extra" se utilizaría para aumentar levemente la contratación de obra pública; transferir fondos a cajas previsionales; crear un fondo de compensación del transporte público (para contener un poco los aumentos de tarifas); y autorizar al jefe de Gabinete a asignar créditos discrecionalmente para partidas específicas. Es decir, una herramienta de presión para el Ejecutivo Nacional en sus negociaciones con los Gobiernos provinciales.
"Hay una determinación del Gobierno en reducir gastos en Educación, Salud y Desarrollo Social, además de otras áreas como Urbanismo o Trabajo (que son menos representativas en términos de gasto), en favor de los servicios de deuda pública", explicó a este medio el sociólogo y profesor de la Universidad de Buenos Aires (UBA) Rolando García.
"Resulta imposible hacer una estimación presupuestaria ajustada en un país que tiene una inestabilidad financiera tan grande" Rolando García, sociólogo y profesor universitario El también investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), remarcó que si bien el Gobierno de Macri tiene un acuerdo con el FMI que implica llegar al "déficit cero", esa consigna "remite al déficit primario, es decir, que no están computados ahí los gastos por servicios de deuda".
"Estos últimos, hacia el año 2015 eran alrededor del 7% del presupuesto y hoy estarían siendo de 15 puntos, aunque algunos analistas estiman que llegaría a 18 puntos", añadió García.
Para García se trata de un "grave problema" que no viene marcado por el Presupuesto en sí, sino porque "resulta imposible hacer una estimación presupuestaria ajustada en un país que tiene una inestabilidad financiera tan grande". El Presupuesto que votará el Congreso prevé un dólar a 40 pesos pero este precio "ya fue superado durante la última corrida cambiara" de agosto.
Es por eso que el analista considera "altamente improbable que el tipo de cambio pueda sostenerse". "Eso perjudica el cálculo de la inflación que está en un 34% y hace pensar que, avanzado el próximo año, lo que esté en la letra escrita quede invalidado por la dinámica económica", apuntó.
"Hay una sociedad que se imagina un Gobierno donde el Estado apoya menos la Educación, la Salud, la Cultura, la Ciencia y Técnica y trata de, con ese dinero que se ahorra, pagar intereses de deuda para cumplir con los objetivos del FMI", añadió García. Y analizó que la intención es que, así, "le vuelvan a financiar la campaña electoral que tienen por delante en 2019".
Santiago Mayor
De acuerdo al portal especializado Parlamentario, la Alianza Cambiemos del presidente Mauricio Macri logrará el apoyo de algunos senadores del Partido Justicialista para alcanzar una mayoría de 40 votos.
En ese sentido se expresó en los días previos el senador oficialista y exministro de Educación, Esteban Bullrich. "Creemos que el miércoles vamos a tener los votos", sostuvo en declaraciones radiales. Y añadió que varios legisladores "están de acuerdo en este camino" que apunta a "ordenar las cuentas públicas provinciales y nacionales".
Las negociaciones
Para lograr el apoyo de otros sectores, Cambiemos debió negociar. Pero teniendo como objetivo el límite del "déficit cero" acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI), no tuvo otra opción que buscar incrementar los ingresos subiendo los impuestos, como aquellos que afectan a los bienes personales (aunque exceptuando a los sectores más adinerados como los dueños de la tierra).Así lo señala el diario La Nación, que da cuenta que, en relación al proyecto original, el gasto previsto aumentó 24.000 millones de pesos (675 millones de dólares). Al respecto Nadin Argañaraz, director del Instituto Argentino de Análisis Fiscal, destacó que "la presión tributaria conjunta de Nación y provincias alcanzaría un nivel récord del 33,2% del PBI en 2019".
"Hay una determinación del Gobierno en reducir gastos en Educación, Salud y Desarrollo Social, además de otras áreas como Urbanismo o Trabajo, en favor de los servicios de deuda pública" Rolando García, sociólogo y profesor universitario Este dinero "extra" se utilizaría para aumentar levemente la contratación de obra pública; transferir fondos a cajas previsionales; crear un fondo de compensación del transporte público (para contener un poco los aumentos de tarifas); y autorizar al jefe de Gabinete a asignar créditos discrecionalmente para partidas específicas. Es decir, una herramienta de presión para el Ejecutivo Nacional en sus negociaciones con los Gobiernos provinciales.
El ajuste
No obstante, la contracara de estas disposiciones es el fuerte recorte en gastos esenciales, provocando protestas masivas el día de la votación en Diputados que, según lo anunciado, se repetirán este miércoles cuando sesione el Senado. Así, organizaciones políticas, sociales y sindicales marcharán hacia el Parlamento para rechazar lo que consideran "el presupuesto del FMI"."Hay una determinación del Gobierno en reducir gastos en Educación, Salud y Desarrollo Social, además de otras áreas como Urbanismo o Trabajo (que son menos representativas en términos de gasto), en favor de los servicios de deuda pública", explicó a este medio el sociólogo y profesor de la Universidad de Buenos Aires (UBA) Rolando García.
"Resulta imposible hacer una estimación presupuestaria ajustada en un país que tiene una inestabilidad financiera tan grande" Rolando García, sociólogo y profesor universitario El también investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), remarcó que si bien el Gobierno de Macri tiene un acuerdo con el FMI que implica llegar al "déficit cero", esa consigna "remite al déficit primario, es decir, que no están computados ahí los gastos por servicios de deuda".
"Estos últimos, hacia el año 2015 eran alrededor del 7% del presupuesto y hoy estarían siendo de 15 puntos, aunque algunos analistas estiman que llegaría a 18 puntos", añadió García.
El problema de la inflación
Si bien Macri había asegurado en su campaña electoral para las presidenciales de 2015 que la inflación iba a ser "lo más fácil" de resolver durante su mandato, esa promesa ha estado lejos de cumplirse. Esta variable superó el 40% en 2016, el 20% en 2017 y este año rondará el 50%.Para García se trata de un "grave problema" que no viene marcado por el Presupuesto en sí, sino porque "resulta imposible hacer una estimación presupuestaria ajustada en un país que tiene una inestabilidad financiera tan grande". El Presupuesto que votará el Congreso prevé un dólar a 40 pesos pero este precio "ya fue superado durante la última corrida cambiara" de agosto.
Es por eso que el analista considera "altamente improbable que el tipo de cambio pueda sostenerse". "Eso perjudica el cálculo de la inflación que está en un 34% y hace pensar que, avanzado el próximo año, lo que esté en la letra escrita quede invalidado por la dinámica económica", apuntó.
"Hay una sociedad que se imagina un Gobierno donde el Estado apoya menos la Educación, la Salud, la Cultura, la Ciencia y Técnica y trata de, con ese dinero que se ahorra, pagar intereses de deuda para cumplir con los objetivos del FMI", añadió García. Y analizó que la intención es que, así, "le vuelvan a financiar la campaña electoral que tienen por delante en 2019".
Santiago Mayor
AMORES QUE MATAN
El
FMI aprobó la ampliación del crédito a la Argentina a 56.300 millones
de dólares a cambio de más ajuste, caída del PBI hasta el 2 por ciento
en 2019 y un nuevo objetivo: avanzar con la baja en las jubilaciones.
El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, con la titular del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde.
Imagen: Pati-Jorh
Imagen: Pati-Jorh
El
directorio del Fondo Monetario aprobó ayer ampliar el monto del
préstamo acordado con Argentina hasta los 56.300 millones y acelerar los
desembolsos. La reprogramación del cronograma, según la carta de
intención que rubricaron el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, y el
presidente del Banco Central, Guido Sandleris, concentra antes de las
elecciones del año próximo el 87,9 por ciento del total del crédito,
equivalente a 49.555 millones de dólares. Según confirmaron fuentes
oficiales, el primer desembolso por 5700 millones de dólares será la
semana próxima y en diciembre habrá otra transferencia por 7600
millones. Como contrapartida, el Gobierno llevará a cabo un fuerte
ajuste fiscal hasta equilibrar el resultado primario, reconoce una caída
de la actividad el año próximo de hasta 2 por ciento y se somete a una
mayor injerencia del organismo en la política económica y monetaria.
También anticipa que impulsará el año próximo una profunda reforma del
sistema previsional en 2019 (ver aparte).
Tras la media sanción de Diputados al proyecto de ley de Presupuesto 2019, el Fondo dio a conocer la respuesta al pedido argentino para que aumente el acceso al crédito y acelere los desembolsos. “El Directorio Ejecutivo del FMI concluyó el día de hoy la primera revisión del desempeño económico de la Argentina en virtud del Acuerdo Stand-By de 36 meses, que fue aprobado el 20 de junio de 2018. La conclusión de la revisión permite a las autoridades obtener aproximadamente 5700 millones de dólares (por encima del acuerdo original)”, comunicó el organismo que conduce Christine Lagarde.
Una de las condiciones a las que se había comprometido el equipo negociador de Cambiemos con el FMI era conseguir que el Congreso apruebe el ajuste que libere los recursos necesarios para el pago de intereses de la deuda. El oficialismo no vislumbra dificultades para que el Presupuesto se apruebe en Senado. La votación en Diputados explica que 24 horas después el staff del FMI haya dado a conocer su decisión. “El Directorio Ejecutivo también aprobó una ampliación del Acuerdo Stand-By que incrementa el acceso hasta aproximadamente 56.300 millones (equivalente a DEG 40.710 millones). Las autoridades han solicitado usar este financiamiento del FMI como apoyo presupuestario”, de acuerdo con lo que informó el organismo multilateral de crédito.
El DEG (Derechos Especiales de Giro) un activo de reserva internacional creado en 1969 por el FMI para complementar las reservas oficiales de los países miembros y su valor se basa en una cesta de monedas (dólar, euro, renminbi, yen y libra esterlina). Actualmente representa a 1,383 dólares. Sobre esta base de comparación, el préstamo en DEG representa un acceso a 56.300 millones de dólares que se repartirá en su mayoría antes de septiembre, un mes antes de las elecciones presidenciales. En el cronograma original, para los 50.000 millones de dólares solicitados en junio, preveía un primer desembolso en ese mes por 15.000 millones y luego transferencias trimestrales de 2900 millones hasta el 1 de junio de 2021. La reprogramación implica que este mes se reciba el equivalente a 5700 millones de dólares; en diciembre, 7610 millones; en marzo, 10.800 millones; en junio, 5400 millones y septiembre, 5400 millones. A partir de esa última transferencia, cada desembolso trimestral para la próxima administración se reducirá al equivalente a 969 millones hasta junio de 2021.
Para la vigencia del nuevo cronograma, el país deberá cumplir la meta de déficit fiscal impuesta por el organismo. En la carta de intención que firmó Dujovne y Sandleris, donde se anticipa para el año próximo una caída de la actividad de “entre 0,5 y 2 por ciento”, solicita apoyo para generar confianza. “Nuestro plan de política económica no ha podido recomponer la confianza del mercado de la forma que esperábamos”, reconoce el equipo económico. Si bien se aclara que el crédito dejó de tener una razón precautoria, desde Hacienda insistieron en que no se utilizarán las divisas del acuerdo hasta febrero del año próximo, al menos si no vuelve a suceder una corrida contra el peso. El BCRA se compromete a revisar la política monetaria y cambiaria con el objetivo de reducir los niveles de inflación, que este año cerrarán en torno al 45-50 por ciento y para 2019 promediará el 34,8.
“Reconocemos que nuestro enfoque elegido para la política monetaria no ha dado los resultados deseados en la reducción de la inflación”, reconoce el Gobierno en la carta de intención, aunque defiende el enfoque de metas de inflación como “el régimen apropiado para Argentina”. En este marco, el organismo se compromete “a mantener las tasas a corto plazo (Leliq de siete días) por encima de 60 por ciento, al menos hasta que el promedio de las expectativas de inflación reportadas en la encuesta REM (consultoras y bancos) a un horizonte de 12 meses hayan declinado decisivamente durante dos meses consecutivos”. Por último, asegura que continuará el monitoreo de la solidez de los bancos, aunque asegura que “los riesgos de las actuales circunstancias macroeconómicas en el sector bancario son limitados debido al pequeño tamaño del sector, su alto nivel de capital y activos líquidos, así como la limitada exposición de los bancos al soberano”.
Tras la media sanción de Diputados al proyecto de ley de Presupuesto 2019, el Fondo dio a conocer la respuesta al pedido argentino para que aumente el acceso al crédito y acelere los desembolsos. “El Directorio Ejecutivo del FMI concluyó el día de hoy la primera revisión del desempeño económico de la Argentina en virtud del Acuerdo Stand-By de 36 meses, que fue aprobado el 20 de junio de 2018. La conclusión de la revisión permite a las autoridades obtener aproximadamente 5700 millones de dólares (por encima del acuerdo original)”, comunicó el organismo que conduce Christine Lagarde.
Una de las condiciones a las que se había comprometido el equipo negociador de Cambiemos con el FMI era conseguir que el Congreso apruebe el ajuste que libere los recursos necesarios para el pago de intereses de la deuda. El oficialismo no vislumbra dificultades para que el Presupuesto se apruebe en Senado. La votación en Diputados explica que 24 horas después el staff del FMI haya dado a conocer su decisión. “El Directorio Ejecutivo también aprobó una ampliación del Acuerdo Stand-By que incrementa el acceso hasta aproximadamente 56.300 millones (equivalente a DEG 40.710 millones). Las autoridades han solicitado usar este financiamiento del FMI como apoyo presupuestario”, de acuerdo con lo que informó el organismo multilateral de crédito.
El DEG (Derechos Especiales de Giro) un activo de reserva internacional creado en 1969 por el FMI para complementar las reservas oficiales de los países miembros y su valor se basa en una cesta de monedas (dólar, euro, renminbi, yen y libra esterlina). Actualmente representa a 1,383 dólares. Sobre esta base de comparación, el préstamo en DEG representa un acceso a 56.300 millones de dólares que se repartirá en su mayoría antes de septiembre, un mes antes de las elecciones presidenciales. En el cronograma original, para los 50.000 millones de dólares solicitados en junio, preveía un primer desembolso en ese mes por 15.000 millones y luego transferencias trimestrales de 2900 millones hasta el 1 de junio de 2021. La reprogramación implica que este mes se reciba el equivalente a 5700 millones de dólares; en diciembre, 7610 millones; en marzo, 10.800 millones; en junio, 5400 millones y septiembre, 5400 millones. A partir de esa última transferencia, cada desembolso trimestral para la próxima administración se reducirá al equivalente a 969 millones hasta junio de 2021.
Para la vigencia del nuevo cronograma, el país deberá cumplir la meta de déficit fiscal impuesta por el organismo. En la carta de intención que firmó Dujovne y Sandleris, donde se anticipa para el año próximo una caída de la actividad de “entre 0,5 y 2 por ciento”, solicita apoyo para generar confianza. “Nuestro plan de política económica no ha podido recomponer la confianza del mercado de la forma que esperábamos”, reconoce el equipo económico. Si bien se aclara que el crédito dejó de tener una razón precautoria, desde Hacienda insistieron en que no se utilizarán las divisas del acuerdo hasta febrero del año próximo, al menos si no vuelve a suceder una corrida contra el peso. El BCRA se compromete a revisar la política monetaria y cambiaria con el objetivo de reducir los niveles de inflación, que este año cerrarán en torno al 45-50 por ciento y para 2019 promediará el 34,8.
“Reconocemos que nuestro enfoque elegido para la política monetaria no ha dado los resultados deseados en la reducción de la inflación”, reconoce el Gobierno en la carta de intención, aunque defiende el enfoque de metas de inflación como “el régimen apropiado para Argentina”. En este marco, el organismo se compromete “a mantener las tasas a corto plazo (Leliq de siete días) por encima de 60 por ciento, al menos hasta que el promedio de las expectativas de inflación reportadas en la encuesta REM (consultoras y bancos) a un horizonte de 12 meses hayan declinado decisivamente durante dos meses consecutivos”. Por último, asegura que continuará el monitoreo de la solidez de los bancos, aunque asegura que “los riesgos de las actuales circunstancias macroeconómicas en el sector bancario son limitados debido al pequeño tamaño del sector, su alto nivel de capital y activos líquidos, así como la limitada exposición de los bancos al soberano”.
El directorio del FMI aprueba el nuevo acuerdo con Argentina
Publicado: 26 oct 2018 16:55 GMT | Última actualización: 26 oct 2018 17:25 GMT - RT
Es un paquete de 56.300 millones de dólares
en total, de los cuales 5.700 millones estarán desponibles de inmediato.
El
Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) concluyó
este viernes la primera revisión del acuerdo Stand-By con Argentina y aprobó el plan económico forzado para esta nación.
Con esta revisión, el FMI incrementó a 56.300 millones de dólares el acuerdo con el país suramericano e informó que 5.700 millones de dólares estarán disponibles de inmediato; mucho menos de los 7.100 solicitados inicialmente.
El nuevo desembolso elevará a 20.400 millones de dólares la cantidad que el FMI ha entregado a Argentina desde junio pasado.
El visto bueno del FMI llega luego que esta semana el oficialismo lograra la media sanción del proyecto de Presupuesto 2019 en la Cámara de Diputados del Congreso argentino. La votación era un paso clave para el Ejecutivo liderado por Mauricio Macri, ya que establece los puntos principales de las exigencias del FMI.
Entre los aspectos más destacados está el incremento del dinero destinado a pagar los intereses de deuda y un importante recorte del gasto público. El objetivo es lograr el llamado "déficit cero" y así contener la inflación y devaluación del peso que fue superior al 100% en lo que va de 2018.
Según informa el diario Clarín, en la nueva decisión del Directorio Ejecutivo del FMI, conformado por 24 representantes de todos los países miembros, también se acordó acelerar los desembolsos. Después de que el Tesoro argentino reciba los 5.700 millones de dólares en los próximos días, podría haber un desembolso similar en diciembre.
Con esta revisión, el FMI incrementó a 56.300 millones de dólares el acuerdo con el país suramericano e informó que 5.700 millones de dólares estarán disponibles de inmediato; mucho menos de los 7.100 solicitados inicialmente.
El nuevo desembolso elevará a 20.400 millones de dólares la cantidad que el FMI ha entregado a Argentina desde junio pasado.
El visto bueno del FMI llega luego que esta semana el oficialismo lograra la media sanción del proyecto de Presupuesto 2019 en la Cámara de Diputados del Congreso argentino. La votación era un paso clave para el Ejecutivo liderado por Mauricio Macri, ya que establece los puntos principales de las exigencias del FMI.
Entre los aspectos más destacados está el incremento del dinero destinado a pagar los intereses de deuda y un importante recorte del gasto público. El objetivo es lograr el llamado "déficit cero" y así contener la inflación y devaluación del peso que fue superior al 100% en lo que va de 2018.
Según informa el diario Clarín, en la nueva decisión del Directorio Ejecutivo del FMI, conformado por 24 representantes de todos los países miembros, también se acordó acelerar los desembolsos. Después de que el Tesoro argentino reciba los 5.700 millones de dólares en los próximos días, podría haber un desembolso similar en diciembre.
El Directorio completa la aprobación del acuerdo
El FMI vota para asumir el control
PÁGINA 12 - 26 de octubre de 2018
Christine Lagarde.
El
Directorio Ejecutivo del FMI rubricará esta mañana las modificaciones
al programa de financiamiento solicitado por el gobierno argentino. A
cambio de una ampliación en los fondos previstos y el adelantamiento del
cronograma de desembolsos, las autoridades locales se comprometieron a
profundizar el ajuste fiscal. El programa de austeridad incorporado en
el Presupuesto 2019 se complementa con una estricta regla de política
monetaria para intentar controlar la inflación y el dólar ahogando la
economía. La pretensión oficial es que la aprobación del nuevo acuerdo
esté acompañada por la transferencia de una suma cercana a los 6500
millones de dólares. Un segundo tramo similar se habilitaría en
diciembre.
La votación de los veinticuatro directivos que representan a los países miembros del Fondo tendrá lugar alrededor de las 10.30 de hoy. El único tópico adicional previsto para la reunión es la evaluación de la economía del Reino de Bután. Por la tarde serán difundidos los documentos elaborados por los técnicos del organismo multilateral. El informe precisará los cambios en los términos del fallido acuerdo inicial que fue aprobado en junio así como las perspectivas revisadas del organismo para la economía argentina.
También se conocerán la carta de intención y un memorándum firmado por el ministro Nicolás Dujovne y el banquero central, Guido Sandleris, donde precisan las políticas que se comprometen a implementar para cumplir con los objetivos y reformas ofrecidos.
El primer tramo del acuerdo revisado estará acompañado por la llegada al país de un delegado permanente del organismo en Buenos Aires que se instalará en una oficina dentro del Banco Central. El FMI designó para ese trabajo al economista jamaiquino Trevor Allayne.
La votación de los veinticuatro directivos que representan a los países miembros del Fondo tendrá lugar alrededor de las 10.30 de hoy. El único tópico adicional previsto para la reunión es la evaluación de la economía del Reino de Bután. Por la tarde serán difundidos los documentos elaborados por los técnicos del organismo multilateral. El informe precisará los cambios en los términos del fallido acuerdo inicial que fue aprobado en junio así como las perspectivas revisadas del organismo para la economía argentina.
También se conocerán la carta de intención y un memorándum firmado por el ministro Nicolás Dujovne y el banquero central, Guido Sandleris, donde precisan las políticas que se comprometen a implementar para cumplir con los objetivos y reformas ofrecidos.
El primer tramo del acuerdo revisado estará acompañado por la llegada al país de un delegado permanente del organismo en Buenos Aires que se instalará en una oficina dentro del Banco Central. El FMI designó para ese trabajo al economista jamaiquino Trevor Allayne.
La canasta de indigencia se disparó 8,5 por ciento en septiembre
De pobreza cero a pobreza por doquier
PÁGINA 12 - 24 de octubre de 2018
Imagen: Rafael Yohai
La
canasta básica alimentaria se disparó un 8,5 por ciento en septiembre,
aumento que resultó 2 puntos mayor a la inflación de ese mes. El dato
determina la línea de indigencia, por lo cual las familias de cuatro
miembros con ingresos inferiores a los 9059 pesos quedaron sumergidas en
esa condición. La Universidad Católica Argentina ya advirtió que de
acuerdo a sus relevamientos habrá un crecimiento explosivo de pobreza e
indigencia, dado que a las subas de precios se agrega el incremento de
la desocupación. Las cifras oficiales reflejan la misma evolución.
La canasta básica total, en tanto, registró un ascenso del 8,1 por ciento. Este indicador, que agrega bienes y servicios básicos a la cesta de alimentos, escaló a 22.558 pesos, cuando en septiembre del año pasado se encontraba en 15.451 pesos. Es decir que las familias que no hayan conseguido elevar sus ingresos en 7107 pesos los últimos doce meses quedaron bajo la línea de pobreza. El salto interanual fue del 46,0 por ciento, también por arriba de la inflación, que fue del 40,5 por ciento en el mismo período. En lo que va del año, finalmente, el ajuste de la canasta de pobreza llegó al 35,3 por ciento.
Las cifras del Indec evidencian que las subas de precios que afectan a los sectores más vulnerables superan a las de la inflación general. La jubilación mínima, por caso, se encuentra en 8637 pesos desde el mes pasado. Los aumentos de ambas canastas son los mayores desde que gobierna Mauricio Macri, aunque en rigor la información oficial solo contempla la evolución desde septiembre del año pasado, ya que antes el apagón estadístico impide conocer la evolución de los indicadores.
La canasta alimentaria, por su parte, subió 36,3 por ciento en lo que va del año y 43,1 por ciento en los últimos doce meses. El costo de 9051 pesos del mes pasado para una familia tipo se compara con los 6332 pesos de septiembre de 2017. El aumento fue de 2719 pesos.
El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, reconoció que la devaluación que provocó una estampida de precios, con mayor incidencia en las canastas de pobreza e indigencia, no solo descargó sus efectos el mes pasado, sino que en octubre los datos serán igualmente negativos. Consultoras de la city estiman que la inflación de este mes rondará el 6 por ciento. La inflación mayorista, a su vez, fue del 16 por ciento en septiembre, lo cual hace prever que las subas de precios continuarán en niveles elevados los próximos meses. Frente a esta situación, la respuesta oficial fue elevar las tasas de interés a niveles record del 72 por ciento. Esa medida agravó la recesión económica. Por lo tanto, se configura un escenario de alta inflación con fuerte caída de los niveles de actividad e incremento de la desocupación y la subocupación. Ese cóctel redundará en mayores niveles de pobreza e indigencia, cada vez más lejos de la promesa electoral de Pobreza Cero que enarboló el Presidente en 2015.
La canasta básica total, en tanto, registró un ascenso del 8,1 por ciento. Este indicador, que agrega bienes y servicios básicos a la cesta de alimentos, escaló a 22.558 pesos, cuando en septiembre del año pasado se encontraba en 15.451 pesos. Es decir que las familias que no hayan conseguido elevar sus ingresos en 7107 pesos los últimos doce meses quedaron bajo la línea de pobreza. El salto interanual fue del 46,0 por ciento, también por arriba de la inflación, que fue del 40,5 por ciento en el mismo período. En lo que va del año, finalmente, el ajuste de la canasta de pobreza llegó al 35,3 por ciento.
Las cifras del Indec evidencian que las subas de precios que afectan a los sectores más vulnerables superan a las de la inflación general. La jubilación mínima, por caso, se encuentra en 8637 pesos desde el mes pasado. Los aumentos de ambas canastas son los mayores desde que gobierna Mauricio Macri, aunque en rigor la información oficial solo contempla la evolución desde septiembre del año pasado, ya que antes el apagón estadístico impide conocer la evolución de los indicadores.
La canasta alimentaria, por su parte, subió 36,3 por ciento en lo que va del año y 43,1 por ciento en los últimos doce meses. El costo de 9051 pesos del mes pasado para una familia tipo se compara con los 6332 pesos de septiembre de 2017. El aumento fue de 2719 pesos.
El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, reconoció que la devaluación que provocó una estampida de precios, con mayor incidencia en las canastas de pobreza e indigencia, no solo descargó sus efectos el mes pasado, sino que en octubre los datos serán igualmente negativos. Consultoras de la city estiman que la inflación de este mes rondará el 6 por ciento. La inflación mayorista, a su vez, fue del 16 por ciento en septiembre, lo cual hace prever que las subas de precios continuarán en niveles elevados los próximos meses. Frente a esta situación, la respuesta oficial fue elevar las tasas de interés a niveles record del 72 por ciento. Esa medida agravó la recesión económica. Por lo tanto, se configura un escenario de alta inflación con fuerte caída de los niveles de actividad e incremento de la desocupación y la subocupación. Ese cóctel redundará en mayores niveles de pobreza e indigencia, cada vez más lejos de la promesa electoral de Pobreza Cero que enarboló el Presidente en 2015.
La caída del empleo industrial es similar a la de 1998-2002, cuando se derrumbó la convertibilidad
Como en los años previos al estallido
Los
casi 100.000 empleos perdidos en la industria en el gobierno de Macri
constituyen la peor crisis laboral de ese sector de los últimos 20 años.
La consultora Radar estimó que la tasa de desempleo puede subir del 12
al 14 por ciento en 2019.
PÁGINA 12 - 13 de noviembre de 2018
El sector manufacturero, en especial las pymes, es uno de los más afectados por la crisis.
Imagen: NA
Imagen: NA
La
destrucción del empleo industrial en los últimos tres años es similar a
la registrada entre 1998 y 2002, cuando estalló la crisis de la
convertibilidad. Así lo detalló un documento de la Consultora Radar. Los
datos se elaboraron en base a información oficial de la Secretaria de
Trabajo para el sector manufacturero. “Con casi 100.000 empleos perdidos
en la industria en los últimos años, es la peor crisis de los últimos
20 años y todo indica que se profundizará”, indicó la consultora. La
devaluación de los últimos meses junto con el fuerte aumento de costos y
el desplome del consumo fueron elementos claves para explicar el
incremento en el ritmo de pérdida de puestos de trabajo en la segunda
parte de este año. Semana a semana se cierran establecimientos
productivos en distintas partes del país.
“Se espera un segundo año de caída de la actividad económica con fuerte impacto en el mercado laboral. Con la proyección más optimista planteada por el presupuesto y el Fondo Monetario Internacional estamos hablando de 230 mil nuevos desempleados (para toda la economía). En un escenario menos optimista, pero sin saltos del tipo de cambio, el desempleo superaría el 12 por ciento. Esto significa más de medio millón de personas que pierden su trabajo”, dijo Paula Español, directora de Radar.
Para la consultora en 2019 la tasa de desocupación estará en los dos dígitos y se ubicará en un rango de entre 11 y 14 por ciento. Realizaron estimaciones para el próximo año con tres escenarios. En el caso pesimista, en el cual fracasa el esquema monetario y se registra una aceleración de la inflación, se estimó una pérdida de casi 800.000 mil desempleados. “Se destruirían, en este escenario, trabajos en todos los sectores intensivos en mano de obra: comercio e industria (por el consumo), construcción (obra pública y privada) y servicios empresariales y transporte (crisis económica)”, mencionó el informe. En este último caso la desocupación sería la más alta desde 2003. Radar elaboró estos escenarios junto con el Observatorio de Producción y Empleo de la Umet.
El sector manufacturero es uno de los más afectados por la crisis. Desde noviembre de 2015 los datos del registro a la seguridad social (SIPA) indican que se perdieron unos 92.843 puestos de trabajo industriales. En los últimos dos meses el 74 por ciento de los despidos y las suspensiones se concentraron en la rama fabril. En el sector de servicio se explicó otro 20 por ciento y en la construcción un 3 por ciento. Las pequeñas y medianas empresas son algunas de las más afectadas por el derrape del mercado interno con fuerte ajuste de la demanda.
El Centro de Economía Política fue otra consultora que reflejó el problema laboral en los últimos meses. En uno de sus últimos informes indicaron que en el bimestre septiembre-octubre los despidos y suspensiones sumaron siete veces más que el año pasado: 20.872 personas fueron expulsadas del trabajo, mientras que en 2017, durante el mismo período, se habían registrado 3087 casos.
La rama manufacturera es el sector más afectado por las tensiones del mercado interno, indicaron. “Septiembre fue el mes de mayo impacto de la crisis derivada de la devaluación y de la inestabilidad cambiaria, en el que se registró una caída récord de la actividad industrial del 11,5 por ciento interanual”. En el informe de CEPA se detalló que los despidos acumularon 56.969 casos, de los cuales 15.825 se deben a empleados del sector público y 44.144 del sector privado.
“Se espera un segundo año de caída de la actividad económica con fuerte impacto en el mercado laboral. Con la proyección más optimista planteada por el presupuesto y el Fondo Monetario Internacional estamos hablando de 230 mil nuevos desempleados (para toda la economía). En un escenario menos optimista, pero sin saltos del tipo de cambio, el desempleo superaría el 12 por ciento. Esto significa más de medio millón de personas que pierden su trabajo”, dijo Paula Español, directora de Radar.
Para la consultora en 2019 la tasa de desocupación estará en los dos dígitos y se ubicará en un rango de entre 11 y 14 por ciento. Realizaron estimaciones para el próximo año con tres escenarios. En el caso pesimista, en el cual fracasa el esquema monetario y se registra una aceleración de la inflación, se estimó una pérdida de casi 800.000 mil desempleados. “Se destruirían, en este escenario, trabajos en todos los sectores intensivos en mano de obra: comercio e industria (por el consumo), construcción (obra pública y privada) y servicios empresariales y transporte (crisis económica)”, mencionó el informe. En este último caso la desocupación sería la más alta desde 2003. Radar elaboró estos escenarios junto con el Observatorio de Producción y Empleo de la Umet.
El sector manufacturero es uno de los más afectados por la crisis. Desde noviembre de 2015 los datos del registro a la seguridad social (SIPA) indican que se perdieron unos 92.843 puestos de trabajo industriales. En los últimos dos meses el 74 por ciento de los despidos y las suspensiones se concentraron en la rama fabril. En el sector de servicio se explicó otro 20 por ciento y en la construcción un 3 por ciento. Las pequeñas y medianas empresas son algunas de las más afectadas por el derrape del mercado interno con fuerte ajuste de la demanda.
El Centro de Economía Política fue otra consultora que reflejó el problema laboral en los últimos meses. En uno de sus últimos informes indicaron que en el bimestre septiembre-octubre los despidos y suspensiones sumaron siete veces más que el año pasado: 20.872 personas fueron expulsadas del trabajo, mientras que en 2017, durante el mismo período, se habían registrado 3087 casos.
La rama manufacturera es el sector más afectado por las tensiones del mercado interno, indicaron. “Septiembre fue el mes de mayo impacto de la crisis derivada de la devaluación y de la inestabilidad cambiaria, en el que se registró una caída récord de la actividad industrial del 11,5 por ciento interanual”. En el informe de CEPA se detalló que los despidos acumularon 56.969 casos, de los cuales 15.825 se deben a empleados del sector público y 44.144 del sector privado.
En septiembre y octubre hubo más de 20 mil cesantías y suspensiones
Despidos multiplicados por siete
Como
consecuencia de la devaluación y la crisis cambiaria, el último
bimestre mostró un marcado incremento de las cesantías: 20.872
trabajadores perdieron su empleo, contra los 3087 del mismo período de
2017. El sector más afectado sigue siendo la industria.
PÁGINA 12 - 12 de noviembre de 2018
De cada cien trabajadores echados en estos meses, 74 se desempeñaban en talleres y fábricas.
Imagen: Sandra Cartasso
Imagen: Sandra Cartasso
En
el bimestre septiembre-octubre los despidos y suspensiones sumaron
siete veces más que el año pasado: 20.872 personas fueron expulsadas del
trabajo, mientras que en 2017, durante el mismo período, se habían
registrado 3087 casos. La razón principal de este derrumbe del empleo
(agravamiento en la pérdida de puestos de trabajo) sigue siendo la
destrucción de la industria. De cada cien trabajadores echados en estos
últimos dos meses, 74 se desempeñaban en talleres y fábricas.
Este es el primer dato impactante del último informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) sobre despidos y suspensiones. Puesto sobre un gráfico, la curva de expulsiones en el sector privado muestra así una violenta subida en septiembre (ver gráfico).
“Septiembre fue el mes del mayor impacto de la crisis derivada de la devaluación y la inestabilidad cambiaria, en el que se registró una caída récord de la actividad industrial del 11,5 por ciento interanual. Evidentemente, esa caída tuvo impacto sobre la evolución del empleo. No fue el primer mes sino el quinto de caída de la industria, pero sin dudas fue sensiblemente mayor que los anteriores. La caída de la actividad industrial tuvo así un impacto directo sobre el mercado de trabajo”, explicó el titular del CEPA, Hernán Letcher.
Si en lugar de mirar el bimestre la mirada se amplía a los diez primeros meses de 2018, lo que se ve es que los despidos y suspensiones, aunque ahora acelerados, han sido permanentes a lo largo del año. El segundo dato a remarcar del análisis es que en lo que va de 2018 hubo un promedio de 6 mil despidos y suspensiones mensuales.
En el acumulado del año las cesantías y suspensiones suman 56.969 casos, 15.825 de ellos de empleados públicos y 44.144 del sector privado. El 2018 se inició con dos meses en que los despidos estatales fueron más numerosos; luego, en los siguientes cinco meses, fue el sector privado el que pasó a despedir más. En agosto hubo una situación de convergencia o empate, ya que los despidos de estatales y privados tuvieron la misma intensidad. Finalmente, la crisis volvió a golpear con mayor fuerza a trabajadores del sector privado, que han sido especialmente perjudicados este año.
Las actividades más afectadas fueron, en orden decreciente: la industria (33.478 despidos en estos diez meses), trabajadores del Estado (ya sea en el Ejecutivo o en empresas de capital estatal: 15.827 casos), prestación de servicios (9270 casos). La construcción tuvo 947 casos registrados y el sector primario 449. Es decir que los despidos y suspensiones de la industria sumaron el 56 por ciento de los casos. Y en el sector público, entre los correspondientes al Poder Ejecutivo y a las empresas estatales, se dieron el 27 por ciento de los despidos.
El tercer dato a tener en cuenta es la cantidad de despidos por cierres. Uno de cada nueve despidos de los primeros diez meses del año fueron a raíz de bajadas de persianas. En el caso de la industria la proporción fue aún mayor: uno de cada siete casos de despidos estuvieron vinculados a cierres.
Entre los ejemplos más recientes hay varios de marcas instaladas, como los de dos plantas de Alpargatas en La Pampa y Catamarca (textil), Freddo que mantiene sus locales pero cerró su fábrica, Cotagú (lácteos), Gaelle (industria textil), Servicios Tecnológicos Integrados (tecnología espacial, ubicada en Bariloche, que desde 1991 participó en todos los lanzamientos al espacio que realizó la Conae).
Haciendo un desglose sector por sector, en la industria, encabezaron la lista de afectados los trabajadores de los rubros alimentos y bebidas, textiles, de electrónica y electrodomésticos y metalúrgicas. Los de automotrices y de autopartes sufrieron altos índices de suspensiones (General Motors, FIAT, Renault, Volkswagen).
De los despidos del sector servicios, los más numerosos se dieron dentro de Comercio, que representaron el 53 por ciento de los despidos y suspensiones acumulados en el año para el sector (4885 casos sobre un total de 9270). En el segundo lugar de las actividades de servicios más afectadas figuran los medios de comunicación, con 782 despidos acumulados en lo que va del año.
En el sector público, 2018 tuvo despidos en entes descentralizados como el Conicet, Vialidad, INTI, Coros y Orquestas y el Senasa, en el Poder Ejecutivo Nacional, gobernaciones y municipalidades y en empresas de capital estatal como Nucleoeléctrica Argentina, YPF, Fadea y Fabricaciones Militares.
Este es el primer dato impactante del último informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) sobre despidos y suspensiones. Puesto sobre un gráfico, la curva de expulsiones en el sector privado muestra así una violenta subida en septiembre (ver gráfico).
“Septiembre fue el mes del mayor impacto de la crisis derivada de la devaluación y la inestabilidad cambiaria, en el que se registró una caída récord de la actividad industrial del 11,5 por ciento interanual. Evidentemente, esa caída tuvo impacto sobre la evolución del empleo. No fue el primer mes sino el quinto de caída de la industria, pero sin dudas fue sensiblemente mayor que los anteriores. La caída de la actividad industrial tuvo así un impacto directo sobre el mercado de trabajo”, explicó el titular del CEPA, Hernán Letcher.
Si en lugar de mirar el bimestre la mirada se amplía a los diez primeros meses de 2018, lo que se ve es que los despidos y suspensiones, aunque ahora acelerados, han sido permanentes a lo largo del año. El segundo dato a remarcar del análisis es que en lo que va de 2018 hubo un promedio de 6 mil despidos y suspensiones mensuales.
En el acumulado del año las cesantías y suspensiones suman 56.969 casos, 15.825 de ellos de empleados públicos y 44.144 del sector privado. El 2018 se inició con dos meses en que los despidos estatales fueron más numerosos; luego, en los siguientes cinco meses, fue el sector privado el que pasó a despedir más. En agosto hubo una situación de convergencia o empate, ya que los despidos de estatales y privados tuvieron la misma intensidad. Finalmente, la crisis volvió a golpear con mayor fuerza a trabajadores del sector privado, que han sido especialmente perjudicados este año.
Las actividades más afectadas fueron, en orden decreciente: la industria (33.478 despidos en estos diez meses), trabajadores del Estado (ya sea en el Ejecutivo o en empresas de capital estatal: 15.827 casos), prestación de servicios (9270 casos). La construcción tuvo 947 casos registrados y el sector primario 449. Es decir que los despidos y suspensiones de la industria sumaron el 56 por ciento de los casos. Y en el sector público, entre los correspondientes al Poder Ejecutivo y a las empresas estatales, se dieron el 27 por ciento de los despidos.
El tercer dato a tener en cuenta es la cantidad de despidos por cierres. Uno de cada nueve despidos de los primeros diez meses del año fueron a raíz de bajadas de persianas. En el caso de la industria la proporción fue aún mayor: uno de cada siete casos de despidos estuvieron vinculados a cierres.
Entre los ejemplos más recientes hay varios de marcas instaladas, como los de dos plantas de Alpargatas en La Pampa y Catamarca (textil), Freddo que mantiene sus locales pero cerró su fábrica, Cotagú (lácteos), Gaelle (industria textil), Servicios Tecnológicos Integrados (tecnología espacial, ubicada en Bariloche, que desde 1991 participó en todos los lanzamientos al espacio que realizó la Conae).
Haciendo un desglose sector por sector, en la industria, encabezaron la lista de afectados los trabajadores de los rubros alimentos y bebidas, textiles, de electrónica y electrodomésticos y metalúrgicas. Los de automotrices y de autopartes sufrieron altos índices de suspensiones (General Motors, FIAT, Renault, Volkswagen).
De los despidos del sector servicios, los más numerosos se dieron dentro de Comercio, que representaron el 53 por ciento de los despidos y suspensiones acumulados en el año para el sector (4885 casos sobre un total de 9270). En el segundo lugar de las actividades de servicios más afectadas figuran los medios de comunicación, con 782 despidos acumulados en lo que va del año.
En el sector público, 2018 tuvo despidos en entes descentralizados como el Conicet, Vialidad, INTI, Coros y Orquestas y el Senasa, en el Poder Ejecutivo Nacional, gobernaciones y municipalidades y en empresas de capital estatal como Nucleoeléctrica Argentina, YPF, Fadea y Fabricaciones Militares.
Evolución de despidos y suspensiones mensuales en los sectores público y privado, en los primeros diez meses de 2018
elaboración CEPA
Evolución de despidos y suspensiones en la industria entre enero/octubre de 2017 y enero/octubre de 2018
elaboración CEPA
Siam continuó con los despidos en Avellaneda
De 500 trabajadores quedaron 60
PÁGINA 12 - 13 de noviembre de 2018
La
empresa Siam, del Grupo Newsan, produjo ayer 20 nuevos despidos en la
fábrica de Avellaneda. Los empleados asistieron por la mañana para
realizar las tareas cotidianas, pero se encontraron con los telegramas.
“Yo trabajo desde hace cuatro años, nos despidieron sin causa. El
telegrama tiene fecha del viernes. De un grupo de 80 trabajadores ahora
quedaron 60, cuando en 2015 éramos 500 operarios que trabajábamos en
Siam”, contó Alejandra, en una charla con La Mañana, que conduce Víctor
Hugo Morales y se emite por AM750.
“Llegamos a las 5.30 para trabajar y nos encontramos con los telegramas. Nosotros somos empleados efectivos del Grupo Newsan y venimos denunciando los problemas en la planta. A principios de agosto, cerró el turno tarde y dejaron a 60 contratados en la calle. Luego otros 85 compañeros aceptaron retiros voluntarios, que son despidos encubiertos. Además, hay chicos que trabajan acá que fueron operados con hernia de disco o tienen tendinitis en las manos por el ritmo de trabajo. No queremos una indemnización que nos cubra un par de meses. Queremos trabajar”, completó Alejandra.
Más allá de las situaciones puntuales dentro de cada empresa, el contexto económico de la industria nacional genera las condiciones para el achicamiento generalizado. Según los datos de Adimra, que agrupa a las empresas metalúrgicas, en septiembre el sector registró una caída del 6,6 por ciento en la comparación anual, mientras que la utilización de la capacidad instalada se ubicó en apenas el 53,1 por ciento. El nivel de empleo cayó un 3,8 por ciento en septiembre y en nueve meses acumula una merma del 0,7 por ciento frente a 2017. En el tercer trimestre, casi el 40 por ciento de las empresas metalúrgicas redujo su plantilla de personal, “mostrando un importante deterioro en el nivel de empleo”, dice el informe.
La encuesta de Adimra tiene más datos laborales. En septiembre, casi la mitad de los empresarios metalúrgicos redujeron horas extras, lo cual equivale a una caída del salario de parte de los trabajadores y el 20 por ciento directamente achicó la jornada laboral. Además, una de cada diez empresas pidió el plan Repro, de apoyo estatal, o presentó el procedimiento preventivo de crisis, y similar porcentaje aplicó suspensión de personal.
Otra empresa metalúrgica que fue noticia días atrás fue Gherardi, de maquinaria agrícola, ubicada en Casilda, Santa Fe, que lanzó un plan de suspensiones que afecta a 200 operarios. El titular de la seccional casildense de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Mauro Duk, dijo que “es un momento crítico el que padece la industria metalúrgica en nuestra zona. Si la situación del sector no mejora, las perspectivas son preocupantes”.
“Llegamos a las 5.30 para trabajar y nos encontramos con los telegramas. Nosotros somos empleados efectivos del Grupo Newsan y venimos denunciando los problemas en la planta. A principios de agosto, cerró el turno tarde y dejaron a 60 contratados en la calle. Luego otros 85 compañeros aceptaron retiros voluntarios, que son despidos encubiertos. Además, hay chicos que trabajan acá que fueron operados con hernia de disco o tienen tendinitis en las manos por el ritmo de trabajo. No queremos una indemnización que nos cubra un par de meses. Queremos trabajar”, completó Alejandra.
Más allá de las situaciones puntuales dentro de cada empresa, el contexto económico de la industria nacional genera las condiciones para el achicamiento generalizado. Según los datos de Adimra, que agrupa a las empresas metalúrgicas, en septiembre el sector registró una caída del 6,6 por ciento en la comparación anual, mientras que la utilización de la capacidad instalada se ubicó en apenas el 53,1 por ciento. El nivel de empleo cayó un 3,8 por ciento en septiembre y en nueve meses acumula una merma del 0,7 por ciento frente a 2017. En el tercer trimestre, casi el 40 por ciento de las empresas metalúrgicas redujo su plantilla de personal, “mostrando un importante deterioro en el nivel de empleo”, dice el informe.
La encuesta de Adimra tiene más datos laborales. En septiembre, casi la mitad de los empresarios metalúrgicos redujeron horas extras, lo cual equivale a una caída del salario de parte de los trabajadores y el 20 por ciento directamente achicó la jornada laboral. Además, una de cada diez empresas pidió el plan Repro, de apoyo estatal, o presentó el procedimiento preventivo de crisis, y similar porcentaje aplicó suspensión de personal.
Otra empresa metalúrgica que fue noticia días atrás fue Gherardi, de maquinaria agrícola, ubicada en Casilda, Santa Fe, que lanzó un plan de suspensiones que afecta a 200 operarios. El titular de la seccional casildense de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Mauro Duk, dijo que “es un momento crítico el que padece la industria metalúrgica en nuestra zona. Si la situación del sector no mejora, las perspectivas son preocupantes”.
15/11/2018
Coca Cola planta Alcorta vuelve a despedir a activistas sindicales
Los directivos de la planta Alcorta, de la Coca Cola
FEMSA, despidieron a 4 activistas sindicales y abrieron la puerta a los
retiros voluntarios. Los despedidos son integrantes de la Lista Marrón,
quienes fueran despedidos en el pasado y lograron su reincorporación a
través de la lucha. Los trabajadores denuncian que los directivos buscan
“eliminar un turno” para abaratar costos y “mantener la tasa de
ganancia”. Por ANRed.
Las y los operarios de la planta Alcorta de la Coca Cola FEMSA denuncian que los directivos llevan adelante una política persecución al activismo y de despidos selectivos. En los últimos días, despidieron a cuatro activistas sindicales de la lista Marrón, al tiempo que abrieron los retiros voluntarios. Según el activismo, la empresa busca cerrar un turno de producción para bajar los costos y aumentar la productividad.
Consultado por ANRed, uno de los trabajadores manifestó: “La empresa quiere ir al hueso, estos despidos y estas persecuciones a quienes luchamos esconden otra cuestión: quieren ir a despidos masivos, porque necesitan reducir un turno frente a las baja de las ventas y aumentar la productividad de los trabajadores que quedan, y mantener la tasa de ganancia despidiendo a todo un turno de compañeros”.
La historia de lucha de las y los integrantes de la lista Marrón empieza en el año 2005, cuando comenzaron a organizarse para revertir el despido arbitrario de un trabajador. En el 2006, a raíz del traslado de otro operario, volvieron a la lucha y triunfaron. Algo parecido sucedió en 2015, cuando lograron la reinstalación de 8 activistas sindicales que fueran despedidos selectivamente por la dirección de la empresa.
Frente a una nueva embestida de la patronal, las y los trabajadores de la Coca Cola FEMSA vuelven a dar pelea. Advierten que no dejarán pasar los despidos al tiempo que encaran una práctica frentista para lograr el triunfo. “Creemos en la unidad de los trabajadores, de la Coca Cola, de la SIAM y de otros gremios y fabricas, no importando el gremio no importando la especialidad, sino unir a los trabajadores para dar una pelea en contra de los despidos”.
Las y los operarios de la planta Alcorta de la Coca Cola FEMSA denuncian que los directivos llevan adelante una política persecución al activismo y de despidos selectivos. En los últimos días, despidieron a cuatro activistas sindicales de la lista Marrón, al tiempo que abrieron los retiros voluntarios. Según el activismo, la empresa busca cerrar un turno de producción para bajar los costos y aumentar la productividad.
Consultado por ANRed, uno de los trabajadores manifestó: “La empresa quiere ir al hueso, estos despidos y estas persecuciones a quienes luchamos esconden otra cuestión: quieren ir a despidos masivos, porque necesitan reducir un turno frente a las baja de las ventas y aumentar la productividad de los trabajadores que quedan, y mantener la tasa de ganancia despidiendo a todo un turno de compañeros”.
La historia de lucha de las y los integrantes de la lista Marrón empieza en el año 2005, cuando comenzaron a organizarse para revertir el despido arbitrario de un trabajador. En el 2006, a raíz del traslado de otro operario, volvieron a la lucha y triunfaron. Algo parecido sucedió en 2015, cuando lograron la reinstalación de 8 activistas sindicales que fueran despedidos selectivamente por la dirección de la empresa.
Frente a una nueva embestida de la patronal, las y los trabajadores de la Coca Cola FEMSA vuelven a dar pelea. Advierten que no dejarán pasar los despidos al tiempo que encaran una práctica frentista para lograr el triunfo. “Creemos en la unidad de los trabajadores, de la Coca Cola, de la SIAM y de otros gremios y fabricas, no importando el gremio no importando la especialidad, sino unir a los trabajadores para dar una pelea en contra de los despidos”.
Recesión, ajuste y represión preventiva en Argentina
por Julio C. Gambina
LA HAINE 13/11/2018
Cuando termine el régimen de Macri su gestión de cuatro años, habrán sido tres de recesión, el 2016, el 2018 y el 2019
El
presupuesto 2019 a punto de ser aprobado por el Senado anuncia una
caída de la actividad económica del -0,5%, cuando en carta al FMI, desde
el Ministerio de Economía se reconoce que la baja puede ser del -2%, en
consonancia con los pronósticos del FMI y la CEPAL.
Si hay duda sobre la recesión en curso, el INDEC destaca una baja de la industria manufacturera para septiembre del 2018 del -11,5%, la mayor por más de una década, y de la construcción del -4,2%.
Estamos en recesión, sin duda, y si recordamos la última ocurrida entre 1998 y 2002, la salida fue con la recuperación de la industria y la construcción, ahora en baja.
Más allá de las ganancias empresarias, esos sectores, industria y construcción, difunden empleo e ingreso de sectores que hoy sufren la inflación, el desempleo y la pérdida de ingresos.
El cuadro es alarmante para el conjunto de la población de bajos ingresos, agravado con recesión e inflación, por lo que desde el gobierno se destaca la evolución de la macroeconomía.
¿Macro economía controlada?
Señalan que el dólar está bajando y lo mismo ocurre con las tasas de interés.
El dólar baja del máximo a 42 pesos por dólar a 36,50 en las últimas semanas, omitiendo que antes de la corrida y la propia política cambiaria y monetaria, el dólar cotizaba a 20 pesos. Lo concreto es que la divisa corrigió su cotización desde los 20 a los 36,50, bajo responsabilidad absoluta de la política oficial.
Por su parte, las tasas llegaron a 73% y están bajando a 67%, todo un logro si es que no recordamos que al momento de la crisis estaban a 40%. Entonces, lo real es que las tasas pasaron de 40% a 67% gracias a la política oficial.
Lo destacable es que hacen política para disputar consenso con la baja actual, coyuntural, luego del máximo provocado con anterioridad. Enfatizamos en el tema porque el accionar ideológico del gobierno tiene su éxito en la contención de la conflictividad social, especialmente de sectores de ingresos medios.
Nos mostraron el máximo de las variables, el dólar o las tasas, y ahora se regocijan con la reducción, que resultan mayores al techo anterior (20 pesos el dólar o 40% la tasa de interés), consolidando ganancia especulativa, sea por el nivel de cotización de la divisa estadounidense, o por la tasa de interés en Leliq u otros activos del BCRA o del Tesoro, incluso plazos fijos en el sistema financiero.
Toda una maniobra que les permite señalar que estamos por el “buen camino”, controlando la situación que es grave y alimentando una explosión de la burbuja especulativa en el futuro, especialmente por la deuda impagable que se está asumiendo.
¿Hay dudas? Más deuda pública
No solo son 56.300 millones de dólares que se adeudarán al FMI cuando termine de desembolsar el préstamo, el grueso del cual se acreditará antes del fin del mandato de Macri.
Ahora hay que sumar 8.700 millones de dólares, resultante de una operación swap, adicionada a los 11.000 millones negociados en tiempos de Cristina Fernández de Kirchner con China, y ratificado por Macri.
Son fondos que se suman a las reservas y acrecientan la hipoteca del país, la que debemos pagar vía fondos públicos consignados en el presupuesto. Ojo, el déficit primario cero, supone primero pagar los intereses y luego, con lo que queda satisfacer derechos contemplados en el presupuesto.
Primero se pagan intereses de la deuda y luego, si alcanza, se resuelve el empleo, la educación, la salud, la seguridad, etc. Es el ajuste que confirma el presupuesto acordado por oficialismo y oposición cómplice.
Argentina funciona gracias a la deuda pública. El capitalismo local es solo posible gracias al endeudamiento público, cuyo costo lo soporta el conjunto de la sociedad vía privilegio de orientación de los recursos fiscales al pago de intereses crecientes de la deuda pública.
Nada está controlado y el gobierno tiene iniciativa para llegar a fin de mandato y si puede repetir.
La oposición sistémica juega al desgaste e intenta quedarse con el gobierno en el 2019.
El problema es la construcción de alternativa, algo que parce alejado y fuera de jeugo electoral.
Zanahoria y palos
En ese marco crece la conflictividad y la protesta social, con discursos críticos del orden y rumbo establecido, especialmente ante la pronta sanción del presupuesto del ajuste 2019 y la cumbre presidencial del G20 el próximo 30/11 y 1/12.
Para frenar el conflicto social, el gobierno acuerda con la cúpula de la CGT un bono que puede ser de 5.000 pesos, en dos cuotas, una en noviembre y otra en enero, en la convicción que diciembre se abona el medio aguinaldo.
Con el ofrecimiento del bono, de dudoso pago por todo el empresariado, la cúpula de la CGT levantó un paro anunciado para noviembre.
La CTA Autónoma sostiene la medida con movilización para el próximo 14/11, en la seguridad de que allí se intentará transformar en Ley el Presupuesto 2019, con las graves consecuencias que su texto supone para la mayoría de menores ingresos de la sociedad.
El gobierno abre el paraguas ante las críticas y denuncia a organizaciones que alientan críticas a la agenda de la cumbre del G20. Una agenda que sostiene el ajuste y la regresiva reestructuración de la sociedad capitalista contemporánea, confirmando como estrategia las reformas laborales y previsionales en beneficio de los capitales y su rentabilidad.
Anticipan con la denuncia a esas organizaciones que ejercen el derecho de opinión y crítica, para justificar acciones represivas que justifiquen la enorme inversión de seguridad ofrecida a la Cumbre presidencial.
Una cumbre convocada para analizar y promover un programa reaccionario a favor de las ganancias y la acumulación y en contra de los intereses de la mayoría empobrecida de la sociedad.
El ajuste pasa con una táctica de distracción, que más allá del espectáculo futbolístico se asienta en la represión del conflicto presente e incluso anticipadamente para crear clima social favorable a la lógica de las ganancias y el orden capitalista.
La Haine
Si hay duda sobre la recesión en curso, el INDEC destaca una baja de la industria manufacturera para septiembre del 2018 del -11,5%, la mayor por más de una década, y de la construcción del -4,2%.
Estamos en recesión, sin duda, y si recordamos la última ocurrida entre 1998 y 2002, la salida fue con la recuperación de la industria y la construcción, ahora en baja.
Más allá de las ganancias empresarias, esos sectores, industria y construcción, difunden empleo e ingreso de sectores que hoy sufren la inflación, el desempleo y la pérdida de ingresos.
El cuadro es alarmante para el conjunto de la población de bajos ingresos, agravado con recesión e inflación, por lo que desde el gobierno se destaca la evolución de la macroeconomía.
¿Macro economía controlada?
Señalan que el dólar está bajando y lo mismo ocurre con las tasas de interés.
El dólar baja del máximo a 42 pesos por dólar a 36,50 en las últimas semanas, omitiendo que antes de la corrida y la propia política cambiaria y monetaria, el dólar cotizaba a 20 pesos. Lo concreto es que la divisa corrigió su cotización desde los 20 a los 36,50, bajo responsabilidad absoluta de la política oficial.
Por su parte, las tasas llegaron a 73% y están bajando a 67%, todo un logro si es que no recordamos que al momento de la crisis estaban a 40%. Entonces, lo real es que las tasas pasaron de 40% a 67% gracias a la política oficial.
Lo destacable es que hacen política para disputar consenso con la baja actual, coyuntural, luego del máximo provocado con anterioridad. Enfatizamos en el tema porque el accionar ideológico del gobierno tiene su éxito en la contención de la conflictividad social, especialmente de sectores de ingresos medios.
Nos mostraron el máximo de las variables, el dólar o las tasas, y ahora se regocijan con la reducción, que resultan mayores al techo anterior (20 pesos el dólar o 40% la tasa de interés), consolidando ganancia especulativa, sea por el nivel de cotización de la divisa estadounidense, o por la tasa de interés en Leliq u otros activos del BCRA o del Tesoro, incluso plazos fijos en el sistema financiero.
Toda una maniobra que les permite señalar que estamos por el “buen camino”, controlando la situación que es grave y alimentando una explosión de la burbuja especulativa en el futuro, especialmente por la deuda impagable que se está asumiendo.
¿Hay dudas? Más deuda pública
No solo son 56.300 millones de dólares que se adeudarán al FMI cuando termine de desembolsar el préstamo, el grueso del cual se acreditará antes del fin del mandato de Macri.
Ahora hay que sumar 8.700 millones de dólares, resultante de una operación swap, adicionada a los 11.000 millones negociados en tiempos de Cristina Fernández de Kirchner con China, y ratificado por Macri.
Son fondos que se suman a las reservas y acrecientan la hipoteca del país, la que debemos pagar vía fondos públicos consignados en el presupuesto. Ojo, el déficit primario cero, supone primero pagar los intereses y luego, con lo que queda satisfacer derechos contemplados en el presupuesto.
Primero se pagan intereses de la deuda y luego, si alcanza, se resuelve el empleo, la educación, la salud, la seguridad, etc. Es el ajuste que confirma el presupuesto acordado por oficialismo y oposición cómplice.
Argentina funciona gracias a la deuda pública. El capitalismo local es solo posible gracias al endeudamiento público, cuyo costo lo soporta el conjunto de la sociedad vía privilegio de orientación de los recursos fiscales al pago de intereses crecientes de la deuda pública.
Nada está controlado y el gobierno tiene iniciativa para llegar a fin de mandato y si puede repetir.
La oposición sistémica juega al desgaste e intenta quedarse con el gobierno en el 2019.
El problema es la construcción de alternativa, algo que parce alejado y fuera de jeugo electoral.
Zanahoria y palos
En ese marco crece la conflictividad y la protesta social, con discursos críticos del orden y rumbo establecido, especialmente ante la pronta sanción del presupuesto del ajuste 2019 y la cumbre presidencial del G20 el próximo 30/11 y 1/12.
Para frenar el conflicto social, el gobierno acuerda con la cúpula de la CGT un bono que puede ser de 5.000 pesos, en dos cuotas, una en noviembre y otra en enero, en la convicción que diciembre se abona el medio aguinaldo.
Con el ofrecimiento del bono, de dudoso pago por todo el empresariado, la cúpula de la CGT levantó un paro anunciado para noviembre.
La CTA Autónoma sostiene la medida con movilización para el próximo 14/11, en la seguridad de que allí se intentará transformar en Ley el Presupuesto 2019, con las graves consecuencias que su texto supone para la mayoría de menores ingresos de la sociedad.
El gobierno abre el paraguas ante las críticas y denuncia a organizaciones que alientan críticas a la agenda de la cumbre del G20. Una agenda que sostiene el ajuste y la regresiva reestructuración de la sociedad capitalista contemporánea, confirmando como estrategia las reformas laborales y previsionales en beneficio de los capitales y su rentabilidad.
Anticipan con la denuncia a esas organizaciones que ejercen el derecho de opinión y crítica, para justificar acciones represivas que justifiquen la enorme inversión de seguridad ofrecida a la Cumbre presidencial.
Una cumbre convocada para analizar y promover un programa reaccionario a favor de las ganancias y la acumulación y en contra de los intereses de la mayoría empobrecida de la sociedad.
El ajuste pasa con una táctica de distracción, que más allá del espectáculo futbolístico se asienta en la represión del conflicto presente e incluso anticipadamente para crear clima social favorable a la lógica de las ganancias y el orden capitalista.
La Haine
Opinión
El fascismo argentino
Imagen: Bernardino Avila
Esta
columna fue de las primeras que los tildó de fascistas. Y hubo críticas
de compañeros, fraternales, pero críticas. Que no era para tanto, que
no era el momento, que había que esperar, que con exageraciones no se
avanza.
Bueno, pero el fascismo argentino ha retornado. Para completar la obra de destrucción y avasallamiento que no pudieron terminar entre 1955 y 1983. El antiperonismo, la ceguera eclesial, el racismo y el odio de clase no pudieron con la recuperación de la democracia y los 33 años de lento mejoramiento institucional de esta república. Entonces retrocedieron y se vieron forzados a convivencia y civismo, mientras la construcción de ciudadanía hizo que nuestro país alcanzara sus mejores promedios democráticos.
Pero aquellos eran monstruos adormecidos, agazapados y latentes que muchos, quizás la inmensa mayoría del pueblo argentino, creyeron de buena fe que ya no retornarían. Hasta que de la mano de un voto mayoritario que algún día habrá que revisar, porque sobran dudas sobre su limpieza, empezaron a volver.
Y los controles y el funcionamiento institucional fallaron. De lo contrario no estaríamos en el punto en que estamos. En el que la restauración oligárquica y colonial está empeñada en destruir todo lo esencial de esta nación: el trabajo, las libertades, los derechos, la educación, la salud, la soberanía, la justicia, la solidaridad, el territorio. Y la paz social.
No es ni será fácil derrotarlos. Sin duda los vamos a vencer otra vez, pero aunque los reeduquemos habrá que saber que su odio y racismo son estructurales y serán resilientes.
Siempre se valdrán de la prensa y la televisión miserables. Siempre estarán agazapados para reaparecer con su racismo constitutivo y aplaudiendo las peores causas, las ideas más retrógradas. Y encima en nuestro país no se curarán jamás del antiperonismo visceral que los enferma. Como ahora, que con desprecio lo llaman kirchnerismo o cristinismo y los vuelve locos con la sola posibilidad de retorno. Ya inventarán mentiras y exageraciones sensacionalistas, como ahora la patraña de las fotocopias de cuadernos truchos que cada vez es más evidente que no existieron, o en todo caso fueron escritos por tinterillos con mandato de enlodar y amenazar a los muchos culosucios de la política y el empresariado para que declaren cualquier cosa.
Ese circo mediático-judicial de “arrepentidos”, confesadores y demás caterva de ladrones, coimeros y ricomacpatos, la mayoría empresarios de prosapia corta y mucho puntadeleste, les sirve para titular cada día sus pasquines y telebasuras, pero sólo convence a incautos, contentos y fascistas de libro por la sencilla y torpe razón de que la credibilidad de esos “cuadernos” es imposible si en los registros de corrupción política-empresarial no se menciona ni al Sr. Franco Macri ni a su hijo.
Es ese fascismo el adversario. Desde el Presidente y sus amigotes, nepotistas y prebendarios, hasta sus empresarios salidos de universidades privadas oligárquicas, sus latifundistas negadores del latifundio, sus exportadores sojeros a mansalva, sus economistas colonizados, sus evasores de impuestos.
Pero también hay que decir aquí que para reinstalarse, más allá de ser el producto de viejas e incurables taras llamadas racismo, autoritarismo, intolerancia, machismo, violencia y algunas más –que siempre anidan en buena parte de la sociedad, y de la humanidad toda– el fascismo argentino se sirvió para su retorno de dos factores eminentemente locales, que convendría identificar con honestidad.
Uno es ese odio racista, originario y antipopular, que les inspira el peronismo y todo lo que se le asemeje, se llame como se llame, con tal de que sea morocho, grasa, descamisado o choripanero. Y sea por contagio mediático o por malas prácticas democráticas, hay que reconocer que el resurgimiento ya alarmante del fascismo argentino también se debe a que algunos de esos rasgos que enferman a la oligarquía y al neocolonialismo, también, lamentablemente, han inficionado a buena parte de nuestro pueblo por perversamente inducidas confusiones aspiracionales.
Y el otro factor es, se diría, propio. Porque este retorno del fascismo argentino hubiera sido imposible si el proceso político que llamamos kirchnerismo –el más avanzado en términos de justicia social y derechos humanos de los últimos 60 años en la Argentina– no se hubiera en cierto modo derrotado a sí mismo a causa de errores propios, miopías y corruptelas. Y bueno sería que esto se entendiese como sana autocrítica para mejorar en el futuro. Callar esto porque duele o molesta sólo conduciría a leer una vez más erróneamente cada presente político.
Esa autocrítica necesaria de ninguna manera niega que el pueblo argentino mayoritariamente apoyó a Néstor, primero, y a Cristina después y ahora, con lealtad y entusiasmo por todo lo que ellos dieron y ayudaron a conseguir en materia de calidad de vida, educación, salud, derechos, orgullos y esperanzas a los sectores populares. Pero tampoco debe dejar de reconocer sectarismos y decisiones inexplicables, errores gruesos y livianos, metidas de pata, políticas abstrusas y corrupciones que sobrevolaron muchas decisiones y que lamentablemente beneficiaron casi siempre a cerealeras, mineras, bancos, Monsanto y multinacionales varias. Esto no se puede, ni debe, ocultar, y así lo entiende esta columna desde siempre.
Puede no agradar que se diga y quede escrito, pero no se redacta este texto para un manual de buenos modales sino para describir la fea y dura realidad que estamos aceleradamente viviendo y que nadie, nadie, puede asegurar que terminará pronto, ni cómo. Sobre todo porque el fascismo gobierna hoy la Argentina con más poder y más astucia que nunca antes.
La lucha, entonces, es ahora contra discursos y modos fascistas que han llegado a nuestras calles, nuestros barrios, nuestra vida cotidiana. Y esa lucha deberá ser por la paz y por el voto, que es lo que diferencia a los demócratas civilizados de los bárbaros fascistas, aunque vistan ropas caras, coman sushi con malbec, se desplacen en autos caros y los sigan y voten los contentos. Y será una lucha victoriosa, en noviembre del 19, porque la confluencia nacional y popular, cuando estalla, es imparable. Y también porque el pueblo argentino está cada vez más movilizado y consciente de la necesidad de marchar unido a las urnas. Se lo ve, se lo palpa, se lo siente.
Bueno, pero el fascismo argentino ha retornado. Para completar la obra de destrucción y avasallamiento que no pudieron terminar entre 1955 y 1983. El antiperonismo, la ceguera eclesial, el racismo y el odio de clase no pudieron con la recuperación de la democracia y los 33 años de lento mejoramiento institucional de esta república. Entonces retrocedieron y se vieron forzados a convivencia y civismo, mientras la construcción de ciudadanía hizo que nuestro país alcanzara sus mejores promedios democráticos.
Pero aquellos eran monstruos adormecidos, agazapados y latentes que muchos, quizás la inmensa mayoría del pueblo argentino, creyeron de buena fe que ya no retornarían. Hasta que de la mano de un voto mayoritario que algún día habrá que revisar, porque sobran dudas sobre su limpieza, empezaron a volver.
Y los controles y el funcionamiento institucional fallaron. De lo contrario no estaríamos en el punto en que estamos. En el que la restauración oligárquica y colonial está empeñada en destruir todo lo esencial de esta nación: el trabajo, las libertades, los derechos, la educación, la salud, la soberanía, la justicia, la solidaridad, el territorio. Y la paz social.
No es ni será fácil derrotarlos. Sin duda los vamos a vencer otra vez, pero aunque los reeduquemos habrá que saber que su odio y racismo son estructurales y serán resilientes.
Siempre se valdrán de la prensa y la televisión miserables. Siempre estarán agazapados para reaparecer con su racismo constitutivo y aplaudiendo las peores causas, las ideas más retrógradas. Y encima en nuestro país no se curarán jamás del antiperonismo visceral que los enferma. Como ahora, que con desprecio lo llaman kirchnerismo o cristinismo y los vuelve locos con la sola posibilidad de retorno. Ya inventarán mentiras y exageraciones sensacionalistas, como ahora la patraña de las fotocopias de cuadernos truchos que cada vez es más evidente que no existieron, o en todo caso fueron escritos por tinterillos con mandato de enlodar y amenazar a los muchos culosucios de la política y el empresariado para que declaren cualquier cosa.
Ese circo mediático-judicial de “arrepentidos”, confesadores y demás caterva de ladrones, coimeros y ricomacpatos, la mayoría empresarios de prosapia corta y mucho puntadeleste, les sirve para titular cada día sus pasquines y telebasuras, pero sólo convence a incautos, contentos y fascistas de libro por la sencilla y torpe razón de que la credibilidad de esos “cuadernos” es imposible si en los registros de corrupción política-empresarial no se menciona ni al Sr. Franco Macri ni a su hijo.
Es ese fascismo el adversario. Desde el Presidente y sus amigotes, nepotistas y prebendarios, hasta sus empresarios salidos de universidades privadas oligárquicas, sus latifundistas negadores del latifundio, sus exportadores sojeros a mansalva, sus economistas colonizados, sus evasores de impuestos.
Pero también hay que decir aquí que para reinstalarse, más allá de ser el producto de viejas e incurables taras llamadas racismo, autoritarismo, intolerancia, machismo, violencia y algunas más –que siempre anidan en buena parte de la sociedad, y de la humanidad toda– el fascismo argentino se sirvió para su retorno de dos factores eminentemente locales, que convendría identificar con honestidad.
Uno es ese odio racista, originario y antipopular, que les inspira el peronismo y todo lo que se le asemeje, se llame como se llame, con tal de que sea morocho, grasa, descamisado o choripanero. Y sea por contagio mediático o por malas prácticas democráticas, hay que reconocer que el resurgimiento ya alarmante del fascismo argentino también se debe a que algunos de esos rasgos que enferman a la oligarquía y al neocolonialismo, también, lamentablemente, han inficionado a buena parte de nuestro pueblo por perversamente inducidas confusiones aspiracionales.
Y el otro factor es, se diría, propio. Porque este retorno del fascismo argentino hubiera sido imposible si el proceso político que llamamos kirchnerismo –el más avanzado en términos de justicia social y derechos humanos de los últimos 60 años en la Argentina– no se hubiera en cierto modo derrotado a sí mismo a causa de errores propios, miopías y corruptelas. Y bueno sería que esto se entendiese como sana autocrítica para mejorar en el futuro. Callar esto porque duele o molesta sólo conduciría a leer una vez más erróneamente cada presente político.
Esa autocrítica necesaria de ninguna manera niega que el pueblo argentino mayoritariamente apoyó a Néstor, primero, y a Cristina después y ahora, con lealtad y entusiasmo por todo lo que ellos dieron y ayudaron a conseguir en materia de calidad de vida, educación, salud, derechos, orgullos y esperanzas a los sectores populares. Pero tampoco debe dejar de reconocer sectarismos y decisiones inexplicables, errores gruesos y livianos, metidas de pata, políticas abstrusas y corrupciones que sobrevolaron muchas decisiones y que lamentablemente beneficiaron casi siempre a cerealeras, mineras, bancos, Monsanto y multinacionales varias. Esto no se puede, ni debe, ocultar, y así lo entiende esta columna desde siempre.
Puede no agradar que se diga y quede escrito, pero no se redacta este texto para un manual de buenos modales sino para describir la fea y dura realidad que estamos aceleradamente viviendo y que nadie, nadie, puede asegurar que terminará pronto, ni cómo. Sobre todo porque el fascismo gobierna hoy la Argentina con más poder y más astucia que nunca antes.
La lucha, entonces, es ahora contra discursos y modos fascistas que han llegado a nuestras calles, nuestros barrios, nuestra vida cotidiana. Y esa lucha deberá ser por la paz y por el voto, que es lo que diferencia a los demócratas civilizados de los bárbaros fascistas, aunque vistan ropas caras, coman sushi con malbec, se desplacen en autos caros y los sigan y voten los contentos. Y será una lucha victoriosa, en noviembre del 19, porque la confluencia nacional y popular, cuando estalla, es imparable. Y también porque el pueblo argentino está cada vez más movilizado y consciente de la necesidad de marchar unido a las urnas. Se lo ve, se lo palpa, se lo siente.
Argentina. Guerra contra el pueblo, guerra del pueblo
Por jorge luis ubertalli o.
KAOS EN LA RED - Publicado en: 26 octubre, 2018
La guerra contra el pueblo argentino desatada por el macrismo y
sus fuerzas represivas no quedará impune. Las masas, hartas de padecer
hambre y explotación, sabrán en su momento responder a la dictadura del
capital como se debe.
Nuevamente los esbirros del macrismo y
sus compinches golpearon, hirieron, humillaron, insultaron y detuvieron a
manifestantes que se concentraron en la Plaza de los Dos Congresos para
tratar de impedir que se vote, por parte de los tribunos entregados y
entregadores, el Presupuesto para el año entrante, diseñado a gusto y
piacere del Fondo Monetario Internacional (FMI), del gobierno
chauvinista y protofascista de Donald Trump, del Tesoro de EE.UU. y de
los grandes empresarios locales y multinacionales. También legisladores
populares fueron maltratados por los esbirros.
Para ello el gobierno contó una vez más
con ‘sus’ servicios de inteligencia y ‘sus’ fuerzas de seguridad,
siempre prestas para ahogar en sangre y palos el grito de los explotados
y oprimidos a cambio de emolumentos materiales, incluido el tráfico de
estupefacientes y la aceitada relación con la delincuencia organizada, y
también ‘espirituales’, o sea, via libre para canalizar resentimientos,
prejuicios y perversidades contra los supuestos ‘débiles’ de la
población.
Pero además, y como desde hace rato
ocurre, los agentes de la represión utilizaron a sus ‘infiltrados’,
tartufos desclasados y cobardes que, con su accionar provocador,
persiguen dos cosas: 1) Lo evidente,
que significa provocar para incitar a la represión, dispersar las
marchas masivas y castigar a todo el que se le ponga adelante a
cualquier esbirro de cuarta. Este accionar ‘profesional’ es común en
estos tiempos, y se lleva a cabo para desalentar futuras marchas masivas
y ‘limpiar’ las calles de manifestantes a los que se les conculcan
todos los derechos, y fundamentalmente uno: el de no morirse de hambre.;
2) Lo subyacente y
menos reconocido, consistente en montar provocaciones por parte de
‘servicios’ encapuchados mediante la acción directa y la consiguiente
represión. Este accionar no solo logra dispersar las marchas y llevar a
cabo la consiguiente ‘cacería’ de militantes, sino incita a cuestionar
-y desechar en el caso de alguna militancia- el uso de la violencia
frente a la prepotencia armada de las fuerzas de seguridad de los ricos.
Este tipo de provocaciones policiales o de otras ‘fuerzas’ no solo
persiguen el objetivo de predisponer a la pequeño burguesía de ‘su casa’
y ‘su trabajo’ ( si los tienen) a alejarse de los manifestantes
‘revoltosos’, sino también a encorsetar a cierta militancia de buena fe
en las consignas de que la ‘violencia engendra violencia’, de que ‘solo
el amor vence al odio’, de que la democracia burguesa es sacrosanta y
‘pura’´ y de que es ‘imposible’ o directamente suicida pagar con su
misma moneda a la represión organizada.
Por lo tanto, desanima a esta militancia
en cuanto a ejercitarse y organizarse para llevar a cabo acciones
directas cuando las circunstancias lo requieran. Los informadores
públicos del sistema colaboran con este objetivo, al sugerir y/o
sostener hasta el hartazgo qué si algunos se autodefienden frente a la
represión, son provocadores.
Lo que se viene
En consonancia con el pardismo que se
anuncia en la región y el mundo todo desde la llegada al estrado
imperial de un mamarracho fascista y reaccionario que pretende, en su
afán de hegemonismo y prepotencia, emular a los antiguos imperios en
decadencia y a los bastardos creados por el gran capital que llevaron al
mundo a la última Guerra Mundial, los subhumanos de la nueva era
preparan las horcas y cuchillos. El de Jair Bolsonaro en Brasil es un
ejemplo de lo que vendrá. Su previsible llegada al gobierno brasileño ha
sido planificada por el imperialismo norteamericano en decadencia desde
la misma llegada de Trump a la Casa Blanca, y aún antes. El repliegue
yanqui sobre Nuestra América, que implica millones de desocupados,
saqueados, explotados, humillados y hasta la desintegración de naciones
en relación con la existencia omnímoda de los ‘mercados’, ha planificado
ya como ´combatir’ a las hordas de famélicos que, sin organización
política y militar, intentarán asaltar desesperados las fortalezas de
los hastiados. La única forma de pararlos, sentencian los expertos al
servicio del capital, es por medio de la represión desembozada,
ideologizada a través de prejuicios racistas, genéricos, religiosos,
etc., etc., ya conocidos y padecidos por los que cargamos algunos años.
Por ello intentan anatemizar cualquier
experiencia de resistencia masiva o grupal a la represión por medio de
las mismas armas utilizadas por los represores, armas pagadas por el
pueblo, fundamentalmente los laburantes y los pobres de todas las
geografías, y padecidas por ellos.
Esta desacreditación de la lucha
integral se conjuga con la desacreditación de los paradigmas de una
verdadera revolución, que no solo haga hincapié en la soberanía de la
Nación sino que ponga en primer plano el ejercicio del Poder de los
trabajadores sobre el poder de los capitalistas. O sea, una revolución
socialista, donde los bienes producidos por todos, tanto materiales como
culturales, sean de todos y no apropiados por unos pocos. Frente a la
hecatombe programada para el mundo- y por ende para nuestro país- por el
capital financiero e industrial multinacional, y cada una de sus patas
locales, el ‘sistema’ capitalista recurre al mal menor. Y en forma
hipócrita y desembozada sugiere como recambio de esta situación a otro
‘modelo’ del capitalismo, presentado como ‘más justo’, ‘más equitativo’,
‘más inclusivo’. Un ‘modelo’ de capitalismo con rostro humano,
presentado por la doctrina social-cristiana, que se homologa con la
social-demócrata, aunque parezcan en algún momento enfrentarse. Ambas
sostienen la ‘armonía entre el capital y el trabajo’; al Estado y sus
instituciones represivas para afuera y para adentro como garantes de la
coexistencia entre explotadores y explotados; a la sacralidad
institucional burguesa como la única existente y legítima; y al
consiguiente pacifismo de los explotados frente al accionar de las
patotas represivas oficiales al servicio de los ricos.
El fascismo de nuevo cuño se acerca a pasos agigantados. Y ante la pasividad pequeñoburguesa y sus íconos democráticos a la sans fason es
necesario prepararse ideológica, política y militarmente para hacerle
frente. Esto significa establecer alianzas con las organizaciones y
movimientos ‘progres’, sean socialdemócratas o socialcristianos, para
hacerle frente a este enemigo común, pero nunca confiar en éstos en
cuanto a la tarea de cumplir el objetivo de conducir un proceso de
liberación nacional y social.
Como siempre, unidad en la diversidad
contra el enemigo común: el fascismo, que se aproxima presuroso e infla
sus globos de ensayo para ver la reacción popular a lo que pretende
hacer.
Pero organización política, ideológica y
militar de los trabajadores para llevar el combate hasta las últimas
consecuencias: erradicar al fascismo y al capitalismo imperialista que
lo engendra en su desesperación histórica.
Si hay guerra contra el pueblo, es y será siempre justa la guerra del pueblo contra sus enemigos.
Por la falta de acuerdo en la paritaria, habrá huelga el martes 20
Nuevo paro docente en la Provincia
"Ante
la falta de respuesta de la gobernadora Vidal al conflicto salarial y
educativo”, los gremios docentes bonaerenses convocaron a 48 horas de
medidas: harán paro el martes 20 y una jornada de protesta el miércoles
21. La paritaria sigue sin acordarse porque los sindicatos reclaman una
cláusula gatillo por la disparada inflacionaria.
Imagen: Bernardino Avila
El
Frente de Unidad Docente de Buenos Aires convocó un nuevo paro para el
martes 20 por 24 horas con movilización como parte de un plan de lucha
por 48 horas “ante la falta de respuesta de la gobernadora Vidal al
conflicto salarial y educativo”. El miércoles 21 no harán huelga, pero
se llevará adelante una Jornada de Protesta en los distintos distritos
con un “Banderazo por la Soberanía Educativa”, a un día de la fecha
patria que recuerda la Batalla de Obligado. “Vamos a decir muy claro que
si no hay educación, no hay soberanía posible”, aseguró a Página/12
María Laura Torre, secretaria gremial de Suteba. El eje del reclamo
será también la reciente sanción del Presupuesto 2019, que representa
“la profundización del ajuste”. El FEB, por su parte, extenderá ese paro
por 48 horas.
Tras el Congreso celebrado esta mañana, los gremios docentes anunciaron la nueva medida de fuerza, a un mes de la ultima convocatoria paritaria. La gobernadora María Eugenia Vidal insiste en ofrecer a los docentes un aumento salarial por debajo de los pronósticos inflacionarios. La última propuesta llegó al 30 por ciento, rechazado por los docentes porque no incluía una cláusula gatillo y no aseguraba aumentos directos en línea con la pauta inflacionaria, que según especialistas podría llegar al 45 por ciento.
“Exigimos la continuidad de las paritarias con una agenda real de resoluciones. Que incluya tanto al salario docente, las graves problemáticas edilicias, los comedores escolares, la situación de los equipos de orientación escolar, de la educación técnica y agraria, de los CFP, de la educación superior, entre otros”, destacaron en un documento conjunto FEB, Suteba, Amet, UDA, Udocba y Sadop. Allí aclararon que la paritaria debe ser una instancia de negociación, debate, construcción de consensos “y no de imposiciones unilaterales”, en referencia al aumento del 19 por ciento inconsulto que el gobierno aplicó en los sueldos de octubre.
Los docentes aseguran que esa decisión empeoró la situación y destacan que esa “suma a la baja” representa una pérdida salarial de “entre el 10 y el 14 por ciento” si se toma en cuenta en base al salario del 30 de diciembre de 2017, que era de 12500 pesos. “Pero el Indec ya había anunciado que la inflación de septiembre es superior al 31”. “Ante la falta de capacidad de resolución del conflicto, el gobierno apela a falacias, tergiversando las causales originarias buscando desprestigiar a los docentes y a las organizaciones sindicales”, se quejaron en el texto conjunto. Los sindicatos habían puesto sobre la mesa una contrapropuesta para que ese 30 por ciento se abonara de forma adelantada a partir de septiembre “para empatar a la inflación”, además de la cláusula de actualización salarial; pero afirman que “en el gobierno ni los escucharon”.
A pesar de que todavía no recibieron la comunicación oficial del equipo de Vidal para un nuevo encuentro, los gremios coinciden en que el pago del bono por 5 mil pesos decretado por el gobierno, y que se rumorea que Vidal no acatará, no estará en el centro del debate. “No le vamos a decir que no, pero lo que queremos es un aumento salarial y no un paliativo transitorio. Al trabajador todo le viene bien pero necesitamos un incremento que por lo menos empate la inflación. El bono no resuelve la pérdida de poder adquisitivo de los docentes”, aclararon.
Luego de que el gobierno obtuviera la tan esperada sanción de su Presupuesto 2019, reiteraron que las partidas destinadas a la educación implican “una reducción de partidas destinadas a la educación y en intento de imponer un techo salarial y una negociación a la baja”. Según un estudio pormenorizado de Suteba, la ley de leyes del oficialismo estima una caída del 8,8 por ciento para en términos salariales para todo el sector educativo, no solamente docente. En infraestructura, el recorte es también significativo, sobre todo teniendo en cuenta que la misma gobernadora se había comprometido a aumentar sus partidas tras la trágica explosión en la escuela de Moreno en agosto de este año. Lo destinado incluye un crecimiento del 2 por ciento en general, pero la caída real a lo largo del año fue del 35 por ciento, con lo cuál Suteba advierte que “la pérdida es superior”.
“En Moreno a la fecha hay sólo 25 escuelas dando clases de 274. Prometió aumentarlo, no lo hizo y el presupuesto que mandan no llega ni a los talones”, destacó Torre. “El presupuesto no hace más que dejar plasmada la continuidad de una política adoptada por la gestión de Vidal de desfinanciar la educación pública”, puntualizaron los gremios en el documento conjunto.
Tras el Congreso celebrado esta mañana, los gremios docentes anunciaron la nueva medida de fuerza, a un mes de la ultima convocatoria paritaria. La gobernadora María Eugenia Vidal insiste en ofrecer a los docentes un aumento salarial por debajo de los pronósticos inflacionarios. La última propuesta llegó al 30 por ciento, rechazado por los docentes porque no incluía una cláusula gatillo y no aseguraba aumentos directos en línea con la pauta inflacionaria, que según especialistas podría llegar al 45 por ciento.
“Exigimos la continuidad de las paritarias con una agenda real de resoluciones. Que incluya tanto al salario docente, las graves problemáticas edilicias, los comedores escolares, la situación de los equipos de orientación escolar, de la educación técnica y agraria, de los CFP, de la educación superior, entre otros”, destacaron en un documento conjunto FEB, Suteba, Amet, UDA, Udocba y Sadop. Allí aclararon que la paritaria debe ser una instancia de negociación, debate, construcción de consensos “y no de imposiciones unilaterales”, en referencia al aumento del 19 por ciento inconsulto que el gobierno aplicó en los sueldos de octubre.
Los docentes aseguran que esa decisión empeoró la situación y destacan que esa “suma a la baja” representa una pérdida salarial de “entre el 10 y el 14 por ciento” si se toma en cuenta en base al salario del 30 de diciembre de 2017, que era de 12500 pesos. “Pero el Indec ya había anunciado que la inflación de septiembre es superior al 31”. “Ante la falta de capacidad de resolución del conflicto, el gobierno apela a falacias, tergiversando las causales originarias buscando desprestigiar a los docentes y a las organizaciones sindicales”, se quejaron en el texto conjunto. Los sindicatos habían puesto sobre la mesa una contrapropuesta para que ese 30 por ciento se abonara de forma adelantada a partir de septiembre “para empatar a la inflación”, además de la cláusula de actualización salarial; pero afirman que “en el gobierno ni los escucharon”.
A pesar de que todavía no recibieron la comunicación oficial del equipo de Vidal para un nuevo encuentro, los gremios coinciden en que el pago del bono por 5 mil pesos decretado por el gobierno, y que se rumorea que Vidal no acatará, no estará en el centro del debate. “No le vamos a decir que no, pero lo que queremos es un aumento salarial y no un paliativo transitorio. Al trabajador todo le viene bien pero necesitamos un incremento que por lo menos empate la inflación. El bono no resuelve la pérdida de poder adquisitivo de los docentes”, aclararon.
Luego de que el gobierno obtuviera la tan esperada sanción de su Presupuesto 2019, reiteraron que las partidas destinadas a la educación implican “una reducción de partidas destinadas a la educación y en intento de imponer un techo salarial y una negociación a la baja”. Según un estudio pormenorizado de Suteba, la ley de leyes del oficialismo estima una caída del 8,8 por ciento para en términos salariales para todo el sector educativo, no solamente docente. En infraestructura, el recorte es también significativo, sobre todo teniendo en cuenta que la misma gobernadora se había comprometido a aumentar sus partidas tras la trágica explosión en la escuela de Moreno en agosto de este año. Lo destinado incluye un crecimiento del 2 por ciento en general, pero la caída real a lo largo del año fue del 35 por ciento, con lo cuál Suteba advierte que “la pérdida es superior”.
“En Moreno a la fecha hay sólo 25 escuelas dando clases de 274. Prometió aumentarlo, no lo hizo y el presupuesto que mandan no llega ni a los talones”, destacó Torre. “El presupuesto no hace más que dejar plasmada la continuidad de una política adoptada por la gestión de Vidal de desfinanciar la educación pública”, puntualizaron los gremios en el documento conjunto.
Partido Revolucionario de los Trabajadores
PRT – Argentina. Por la Revolución Socialista
La lucha es hoy y las necesidades de nuestro pueblo no pueden esperar
No
duró un día el anuncio del bono de fin de año acordado entre gobierno,
empresas y CGT y ya nadie se atreve a afirmar si será a cuenta de
futuros aumentos, si será obligatorio, si se pagará tanto a trabajadores
de la actividad privada y estatal.
Ni que hablar de la propuesta de
“prohibir” despidos, propuesta que de por sí llega demasiado tarde si
tenemos en cuenta que en los primeros nueve meses de 2018 se han
producido más de 35.000 despidos. Queda a las claras que el nuevo paso
de comedia protagonizado por el tridente mencionado es una improvisación
absoluta y que su único objetivo es darle una excusa a los gerentes de
la central sindical de levantar el anunciado paro de finales de mes, el
que se anunció sin ninguna intención de realizarlo realmente.
La burguesía monopolista y todos sus alcahuetes están en la misma sintonía: no sacar los pies del plato con ninguna acción que ponga en riesgo la gobernabilidad. Están todos comprometidos en garantizar no hacer olas.
La burguesía monopolista y todos sus alcahuetes están en la misma sintonía: no sacar los pies del plato con ninguna acción que ponga en riesgo la gobernabilidad. Están todos comprometidos en garantizar no hacer olas.
Y en esa intención, ya ni siquiera
alcanza con el compromiso de llegar a las elecciones de 2019 sin
sobresaltos; ahora el asunto es que la promocionada cumbre del G20 se
desarrolle “en paz”. Una paz de los cementerios, nunca mejor dicho.
Se confirma de esta manera que los planes que la burguesía monopolista es capaz de tener no alcanzan ni al vuelo de una gallina.
Se confirma de esta manera que los planes que la burguesía monopolista es capaz de tener no alcanzan ni al vuelo de una gallina.
Es el día a día lo que domina; todos son
conscientes que más allá de la aprobación del presupuesto, del
compromiso del “déficit cero” y toda otra intención de ajuste
estructural que la clase dominante necesita llevar adelante en nuestro
país, debe tener en cuenta que para ello se necesita un amplio respaldo
político de la población, situación que (aunque todavía no se manifieste
abierta y masivamente) está lejos de poder conseguirse.
El compromiso con el FMI y con lo más granado de la oligarquía financiera mundial es que el gobierno de Macri deberá avanzar en profundizar reformas en lo laboral, previsional e impositivas.
El compromiso con el FMI y con lo más granado de la oligarquía financiera mundial es que el gobierno de Macri deberá avanzar en profundizar reformas en lo laboral, previsional e impositivas.
De ello depende que el tan mentado
déficit cero sea posible de lograrse. Pero si le propusiéramos a
cualquier integrante de la clase dominante que pusiera en juego algo de
su fortuna porque tiene la certeza de que será posible políticamente
avanzar en dichas reformas, no tenemos la más mínima duda que la
respuesta sería un no rotundo.
Hoy mismo se conoció el informe de la calificadora internacional Fitch que bajó a “negativa” la calificación de la deuda soberana argentina, debido a que evalúan una “perspectiva incierta sobre la consolidación fiscal”.
Hoy mismo se conoció el informe de la calificadora internacional Fitch que bajó a “negativa” la calificación de la deuda soberana argentina, debido a que evalúan una “perspectiva incierta sobre la consolidación fiscal”.
Traducido al análisis político la citada
calificación prevé que el ajuste fiscal y las medidas mencionadas más
arriba, que serían las que garantizarían que el país cuente con los
fondos para pagar las deudas contraídas, al mismo tiempo que se le
garantizaría al capital monopolista tasas de retorno a la medida de sus
necesidades, es altamente inviable.
Pero no porque no tengan claro qué hacer
con la economía, sino al contrario; el respaldo político necesario para
llevar adelante esas medidas económicas es absolutamente insuficiente.
De allí que todo discurso que afirme pronósticos de estabilidad y previsibilidad es absolutamente falso; es querer vender previsibilidad en el medio de una imprevisibilidad estructural del sistema capitalista, tanto en el plano internacional como, particularmente, en el plano nacional.
Lo único previsible es que nuestra clase obrera y nuestro pueblo no muestran signos de conformidad con la actual situación a la que nos ha arrojado los planes del gobierno.
De allí que todo discurso que afirme pronósticos de estabilidad y previsibilidad es absolutamente falso; es querer vender previsibilidad en el medio de una imprevisibilidad estructural del sistema capitalista, tanto en el plano internacional como, particularmente, en el plano nacional.
Lo único previsible es que nuestra clase obrera y nuestro pueblo no muestran signos de conformidad con la actual situación a la que nos ha arrojado los planes del gobierno.
El deterioro de la vida de millones es
cotidiano. Se palpa y se sufre en coda hogar trabajador. Por lo tanto
los revolucionarios debemos mantenernos en una política absolutamente
independiente de las políticas de la burguesía monopolista.
Ningún compromiso de conciliación de
clases, ninguna promesa de mejora futura que intente desviar la lucha de
los de abajo hacia objetivos electoralistas.
La lucha es hoy y las necesidades de nuestro pueblo no pueden esperar. Hay que redoblar la movilización y el enfrentamiento contra las políticas del gobierno y con ello denunciar a los que se ofrecen de bomberos de la crisis.
La lucha es hoy y las necesidades de nuestro pueblo no pueden esperar. Hay que redoblar la movilización y el enfrentamiento contra las políticas del gobierno y con ello denunciar a los que se ofrecen de bomberos de la crisis.
Hay que profundizar las medidas de
acción directa contra sus planes desde los intereses de los de abajo.
Toda manifestación, aunque parezca pequeña, si se realiza desde el
ejercicio de la movilización desde los centros de trabajo, vivienda,
estudio, etc., es un inmenso aporte a mantener en alerta a los de
arriba, a no dejarlos acomodarse, a impedirles la estabilidad que
necesitan para aplicar sus políticas.
En ese proceso iremos construyendo las condiciones para derrotar en la calle y con la movilización los planes de la burguesía monopolista y sus más variados satélites, dependiendo de nuestras propias fuerzas, y en el camino de la acumulación hacia el nacimiento de una alternativa política revolucionaria de masas.
En ese proceso iremos construyendo las condiciones para derrotar en la calle y con la movilización los planes de la burguesía monopolista y sus más variados satélites, dependiendo de nuestras propias fuerzas, y en el camino de la acumulación hacia el nacimiento de una alternativa política revolucionaria de masas.
Madrid [Última hora] Se desmorona otro montaje: Absuelto Boro, periodista de La Haine y Kaosenlared en el juicio #JaqueALaMonarquia
Por Diana Cordero.
KAOS EN LA RED - Publicado en: 14 noviembre, 2018
Esta mañana se acaba de conocer la noticia: El periodista BoroLH
de La Haine y Kaosenlared ha sido absuelto por el tribunal que lo juzgó
el 3 de octubre. Otro montaje policial que se desmorona. Otro paso que
consolida la lucha por el libre ejercicio de nuestra profesión.
La decisión del tribunal, si bien aún puede
ser apelada, es de absolución. Según informaciones suministradas por el
compañero, no se han encontrado pruebas que acrediten la veracidad de
las imputaciones, y no se pueden tomar como suficiente y prueba
acreditada las declaraciones de los policías. Es importante recordar que
durante el juicio existieron manifiestas inconsistencias en las
declaraciones del cuerpo policial que intervino en la manifestación,
además de presentarse pruebas audiovisuales y testimonios que
demostraban de forma incuestionable la inocencia absoluta de Boro.
Los agentes de Policía denunciaron que
nuestro compañero les había propinado varios golpes al finalizar la
protesta de la manifestación convocada con el lema ‘Jaque al rey’ el 29
de marzo de 2014. Las imágenes, grabadas por otros fotoperiodistas que
fueron golpeados por la Policía, nunca acreditaron la versión policial y
ahora tampoco lo ha hecho la sentencia judicial. El redactado
absolutorio de la sentencia del Juzgado número 6 de Lo Penal de Madrid
destaca esas contradicciones de los agentes policiales en el relato de
los hechos, señalando que “existen declaraciones poco precisas, no
uniformes entre sí de, de los agentes en cuanto a la sucesión y alcance
de los hechos, no corroboradas realmente por sus compañeros, presentando
los agentes lesiones con diferentes mecanismos de producción. Lo
expuesto hace que surjan dudas para estimar que la prueba de cargo sea
suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia, y dichas dudas se
generan aún más con el visionado realizado en el plenario del vídeo”.
Y es que, como señaló nuestro compañero en
su intervención ante el tribunal: “Lo que pasó al término de la
manifestación Jaque al Rey de 2014 no fue un atentado a la autoridad,
que es por lo que me están juzgando aquí, sino que fue un atentado a la
prensa y a la libertad de información por parte de la Policía”. Por eso
la sentencia absolutoria, que todavía no es firme puesto que la fiscalía
tiene 10 días para recurrir, marca un hito en la defensa de las
libertades mínimas que no solo deben acompañar y garantizar el libre
ejercicio de nuestra profesión de comunicadores y comunicadoras, sino la
posibilidad de cualquier persona de hacer uso de su derecho a la
libertad de expresión y poder defenderse ante la llamada justicia de
acusaciones infundadas de las fuerzas policiales.
Además es oportuno señalar que este hecho
permitió la visibilización de los y las periodistas de los medios de
comunicación no hegemónicos, sistemáticamente ninguneados y ocultados
por los medios masivos.
La denuncia y apoyo de los medios
populares, sociales y comunitarios, fueron también protagonistas de este
proceso, así como la fuerza emergente de los movimientos sociales que
respondieron a toda convocatoria para denunciar este montaje, la
criminalización de Boro y pedir su absolución.
Una gran noticia. Salud, compañero!!
BRASIL
Lula volvió a declarar: “Soy víctima del mayor proceso de mentiras que Brasil haya conocido”
El expresidente de Brasil asistió a declarar a la Justicia acompañado por los movimientos sociales del país, y afirmó que las acusaciones que pesan en su contra se enmarcan en un proceso de persecución y proscripción política.
Lula volvió a declarar: “Soy víctima del mayor proceso de mentiras que Brasil haya conocido”.
BRASIL
15 de noviembre de 2018, 09:21hs - LR 21
El expresidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, salió de la cárcel este miércoles para ir a declarar a la sede de la Justicia Federal, acusado comprar una casa en San Pablo, que habría sido pagada por las constructoras OAS y Odebrecht a cambio de contratos con Petrobras.
Esta vez Lula fue interrogado por la jueza Gabriela Hardt, quien sustituye a Sergio Moro después de que el magistrado aceptara ser el ministro de Justicia del nuevo presidente, Jair Bolsonaro.
La causa se enmarca dentro de la investigación Lava Jato. El inmueble está en Atibaia, al interior de San Pablo, y según la denuncia habría sido pagado por las constructoras entre 2010 y 2014. En realidad de lo que se lo acusa a Lula no es de ser el dueño del inmueble sino de haberse beneficiado de las obras que supuestamente habría mandado a hacer allí.
“Mi esfuerzo ahora es intentar desmentir las mentiras contra mí. Ni siquiera es probar que soy inocente porque yo soy inocente. Por que después, doctora, de ser investigado, de que intervinieran mi teléfono, mis cuentas bancarias, de invadir mi casa, de levantar mi colchón, de desarmar mi televisor, no encontraron ni un centavo de real en mis cuentas. Yo me siento víctima de un proceso”, dijo ante la jueza.
“Miento”, agregó, “mi esfuerzo ahora es no perder tranquilidad y pedir a Dios que en este país se haga justicia”.
Lula aseguró que nunca pidió las obras en la casa de campo en Atibaia, las caules que fueron efectuadas, presuntamente, a su favor por empresarios de OAS y Odebrecht. El valor de las obras asciende a unos 270.300 dólares.
“Hicieron esas obras sin que yo se las pidiera. Es gracioso porque primero hacen una obras que yo no les pedí y después negocian un acuerdo con la Justicia en el que se comprometen a citarme”, declaró.
El expresidente afirmó que ningún empresario puede afirmar que él pidió que realizasen las obras.
“Voy a esa casa de campo porque el dueño me autorizó a ir, por eso mis objetos personales estaban allá”, explicó y agregó que en ningún momento se le ocurrió preguntar quién estaba financiando y quién estaba pagando esas obras debido a que la propiedad no era suya.
“No tenía conocimiento. En ningún momento me interesé. La casa no era mía y no tenía por qué preguntar por esas obras. No pregunté porque la casa tiene dueño y el dueño es Fernando Bittar”, manifestó.
El pasado lunes, el propietario de esta casa, Fernando Bittar, declaró frente a la jueza y afirmó que el inmueble fue comprado con sus propios fondos, destacando que el expresidente iba a la vivienda regularmente para visitarlo, tras ser diagnosticado con cáncer en 2012.
Lula aseguró que su detención es un “trofeo político de la operación Lava Jato” y que es víctima “del mayor proceso de mentiras que el país ha conocido”.
Asimismo, denunció que su condena fue una jugada para sacarlo del proceso electoral, “es imposible que un presidente pueda decidir licitaciones o contratos”, aseveró.
Distintos movimiento sociales de Brasil acompañaron a Lula en las afueras de la Corte Federal.
El Comité Nacional Lula Libre, compuesto por los frentes Brasil Popular, Pueblo sin Miedo, Partido de los Trabajadores (PT), entre otros movimientos, calificaron la nueva citación como un “episodio más de persecución política contra el líder brasileño y su legado”.
El expresidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, salió de la cárcel este miércoles para ir a declarar a la sede de la Justicia Federal, acusado comprar una casa en San Pablo, que habría sido pagada por las constructoras OAS y Odebrecht a cambio de contratos con Petrobras.
Esta vez Lula fue interrogado por la jueza Gabriela Hardt, quien sustituye a Sergio Moro después de que el magistrado aceptara ser el ministro de Justicia del nuevo presidente, Jair Bolsonaro.
La causa se enmarca dentro de la investigación Lava Jato. El inmueble está en Atibaia, al interior de San Pablo, y según la denuncia habría sido pagado por las constructoras entre 2010 y 2014. En realidad de lo que se lo acusa a Lula no es de ser el dueño del inmueble sino de haberse beneficiado de las obras que supuestamente habría mandado a hacer allí.
“Mi esfuerzo ahora es intentar desmentir las mentiras contra mí. Ni siquiera es probar que soy inocente porque yo soy inocente. Por que después, doctora, de ser investigado, de que intervinieran mi teléfono, mis cuentas bancarias, de invadir mi casa, de levantar mi colchón, de desarmar mi televisor, no encontraron ni un centavo de real en mis cuentas. Yo me siento víctima de un proceso”, dijo ante la jueza.
“Miento”, agregó, “mi esfuerzo ahora es no perder tranquilidad y pedir a Dios que en este país se haga justicia”.
Lula aseguró que nunca pidió las obras en la casa de campo en Atibaia, las caules que fueron efectuadas, presuntamente, a su favor por empresarios de OAS y Odebrecht. El valor de las obras asciende a unos 270.300 dólares.
“Hicieron esas obras sin que yo se las pidiera. Es gracioso porque primero hacen una obras que yo no les pedí y después negocian un acuerdo con la Justicia en el que se comprometen a citarme”, declaró.
El expresidente afirmó que ningún empresario puede afirmar que él pidió que realizasen las obras.
“Voy a esa casa de campo porque el dueño me autorizó a ir, por eso mis objetos personales estaban allá”, explicó y agregó que en ningún momento se le ocurrió preguntar quién estaba financiando y quién estaba pagando esas obras debido a que la propiedad no era suya.
“No tenía conocimiento. En ningún momento me interesé. La casa no era mía y no tenía por qué preguntar por esas obras. No pregunté porque la casa tiene dueño y el dueño es Fernando Bittar”, manifestó.
El pasado lunes, el propietario de esta casa, Fernando Bittar, declaró frente a la jueza y afirmó que el inmueble fue comprado con sus propios fondos, destacando que el expresidente iba a la vivienda regularmente para visitarlo, tras ser diagnosticado con cáncer en 2012.
Lula aseguró que su detención es un “trofeo político de la operación Lava Jato” y que es víctima “del mayor proceso de mentiras que el país ha conocido”.
Asimismo, denunció que su condena fue una jugada para sacarlo del proceso electoral, “es imposible que un presidente pueda decidir licitaciones o contratos”, aseveró.
Distintos movimiento sociales de Brasil acompañaron a Lula en las afueras de la Corte Federal.
El Comité Nacional Lula Libre, compuesto por los frentes Brasil Popular, Pueblo sin Miedo, Partido de los Trabajadores (PT), entre otros movimientos, calificaron la nueva citación como un “episodio más de persecución política contra el líder brasileño y su legado”.
El PT, de la cual Lula es fundador y líder, pidió ayer al CNJ que deponga a Moro de la magistratura e invalide sus fallos
Investigarán actividad política de juez brasileño que condenó a Lula
El
Consejo Nacional de Justicia de Brasil (CNJ) pidió explicaciones al
juez Sérgio Moro, quien condenó al expresidente Luis Inácio Lula da
Silva, sobre sus acciones políticas, al aceptar un futuro puesto de
ministro, confirmaron fuentes oficiales.
Tras esclarecer hace dos años que estaría bien lejos de la política, Moro dio ahora el sí a la invitación del presidente electo, el ultraderechista Jair Bolsonaro, para que el 1 de enero encabece el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública.
Ante reclamos de los abogados defensores del exdirigente obrero, el Partido de los Trabajadores (PT) y organizaciones populares, el magistrado Humberto Martins, del CNJ, decidió pedir a Moro, al frente de la operación Lava Jato (investigación sobre corrupción), que respondiera en 15 días acerca de la propuesta cursada por Bolsonaro en la nueva administración.
El PT, de la cual Lula es fundador y líder, pidió ayer al CNJ que deponga a Moro de la magistratura e invalide sus fallos.
Esta semana Lula consideró a Moro un cuadro político, pero que la rapidez con que se concretó, sin embargo, fue una sorpresa.
Según el portal digital Brasil 247, el otrora candidato presidencial del PT Fernando Haddad visitó al exmandatario en la cárcel de la Policía Federal en Curitiba, capital del sureño estado de Paraná.
Al respecto, comentó que Lula, condenado pos supuestos actos de corrupción y lavado de dinero, está escéptico con respecto a sus futuros juicios y el clima en el país dificulta un análisis sereno de su defensa.
Para los abogadores defensores, “Lula es víctima de una verdadera cacería judicial por parte de un agente togado (Moro) que utilizó indebidamente expedientes jurídicos para perseguir políticamente a un ciudadano, buscando anular, una por una, sus libertades y derechos”.
Stedile visitó la Vigilia Lula Libre junto con otros integrantes del Comité Nacional Lula Libre / Joka Madruga / APT
Tras esclarecer hace dos años que estaría bien lejos de la política, Moro dio ahora el sí a la invitación del presidente electo, el ultraderechista Jair Bolsonaro, para que el 1 de enero encabece el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública.
Ante reclamos de los abogados defensores del exdirigente obrero, el Partido de los Trabajadores (PT) y organizaciones populares, el magistrado Humberto Martins, del CNJ, decidió pedir a Moro, al frente de la operación Lava Jato (investigación sobre corrupción), que respondiera en 15 días acerca de la propuesta cursada por Bolsonaro en la nueva administración.
El PT, de la cual Lula es fundador y líder, pidió ayer al CNJ que deponga a Moro de la magistratura e invalide sus fallos.
Esta semana Lula consideró a Moro un cuadro político, pero que la rapidez con que se concretó, sin embargo, fue una sorpresa.
Según el portal digital Brasil 247, el otrora candidato presidencial del PT Fernando Haddad visitó al exmandatario en la cárcel de la Policía Federal en Curitiba, capital del sureño estado de Paraná.
Al respecto, comentó que Lula, condenado pos supuestos actos de corrupción y lavado de dinero, está escéptico con respecto a sus futuros juicios y el clima en el país dificulta un análisis sereno de su defensa.
Para los abogadores defensores, “Lula es víctima de una verdadera cacería judicial por parte de un agente togado (Moro) que utilizó indebidamente expedientes jurídicos para perseguir políticamente a un ciudadano, buscando anular, una por una, sus libertades y derechos”.
JUSTICIA
João Pedro Stedile: “La clase trabajadora está presa con Lula”
Para el dirigente del MST, la prisión de Lula es otra etapa del golpe de Estado iniciado en 2016
La
campaña por la libertad del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva,
del Partido de los Trabajadores (PT), es uno de los puntos clave para la
recuperación del Estado democrático de Derecho en Brasil, según João
Pedro Stedile, uno de los coordinadores nacionales del Movimiento de
Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST).
Stedile estuvo en Curitiba este lunes (12) para una reunión del Comité Nacional Lula Libre, que está compuesto por los Frentes Brasil Popular y Pueblo Sin Miedo, además de diversos movimientos sociales y partidos políticos.
Después de la reunión, el dirigente sin tierra visitó la Vigilia Lula Libre acompañado de la presidenta nacional del Partido de los Trabajadores, Gleisi Hoffmann, de la jurista Carol Proner y del presidente del Instituto Lula, Paulo Okamotto. En el análisis de Stedile, el ex presidente Lula fue encarcelado por representar un proyecto político alineado a la clase trabajadora y contrario a los intereses de la elite nacional.
“Quien está preso ahí [en la Superintendencia de la Policía Federal, en Curitiba], no es Lula, persona física. Él solo está 'pagando el pato'. Quien está presa ahí es la izquierda brasileña, la clase trabajadora brasileña, es el PT y todos los partidos”, afirma.
El dirigente del MST pone la prisión de Lula en la línea de tiempo del golpe de Estado que sacó a Dilma Rousseff (PT) de la presidencia de la República en 2016. Para él, las élites brasileñas, al no conseguir la validación popular de su proyecto en las elecciones de 2014, han puesto en práctica una estrategia para la toma del poder político. La candidatura de Lula a la presidencia en 2018, en ese escenario, representó la amenaza de que un proyecto popular volviera al poder en Brasil.
“Eso nos lleva a madurar que, de aquí en adelante, la salida de Lula no es una cuestión jurídica. Claro que vamos a golpear en todas las puertas, usar todos los mecanismos. Sin embargo, ahora, de aquí en adelante, la izquierda, el PT, Lula solo van a ser liberados de este secuestro político si nosotros hacemos un gran movimiento de masas, que el pueblo exija su liberación”, explica Stedile.
Entre las estrategias para desarrollar estos movimientos de masa, la prioritaria es realizar acciones de concientización del pueblo, en diversos ambientes sociales, sea en las calles, en las universidades, en las periferias o en las iglesias.
Crisis institucional
Representando a la Asociación Brasileña de Juristas por la Democracia, Carol Proner criticó la nominación del juez Sergio Moro, responsable por los procesos de la Operación Lava Jato, al Ministerio de Justicia del gobierno de Bolsonaro.
Según el propio juez, las conversaciones para que él integrase el gobierno del presidente electo comenzaron antes de la segunda vuelta de las elecciones, en octubre, a partir de una reunión con el futuro ministro de Economía, Paulo Guedes. Para Proner, que Moro esté haciendo articulaciones políticas mientras aún ejerce su función de juez, demuestra una “grave crisis institucional” en el país.
“Eso quedó realmente muy feo para la imagen del sistema judicial. No es solo un juez en particular. Es un juez que no respeta el principio de imparcialidad, que es un principio que tiene que ser respetado en cualquier realidad, en cualquier relación de poder, no solo en el sistema judicial. ¿Cómo va a ser ministro parcial, ahora? ¿Va a escoger cuales son las personas que va a privilegiar en el Ministerio de Justicia, si él ya no era parcial mientras era juez?”, cuestiona la jurista.
La proyección es que iniciativas como el Comité Nacional Lula Libre sean organizadas a nivel de los estados, para fortalecer las estrategias de movilización en pro de la libertad de Lula en diferentes regiones de Brasil.
Stedile estuvo en Curitiba este lunes (12) para una reunión del Comité Nacional Lula Libre, que está compuesto por los Frentes Brasil Popular y Pueblo Sin Miedo, además de diversos movimientos sociales y partidos políticos.
Después de la reunión, el dirigente sin tierra visitó la Vigilia Lula Libre acompañado de la presidenta nacional del Partido de los Trabajadores, Gleisi Hoffmann, de la jurista Carol Proner y del presidente del Instituto Lula, Paulo Okamotto. En el análisis de Stedile, el ex presidente Lula fue encarcelado por representar un proyecto político alineado a la clase trabajadora y contrario a los intereses de la elite nacional.
“Quien está preso ahí [en la Superintendencia de la Policía Federal, en Curitiba], no es Lula, persona física. Él solo está 'pagando el pato'. Quien está presa ahí es la izquierda brasileña, la clase trabajadora brasileña, es el PT y todos los partidos”, afirma.
El dirigente del MST pone la prisión de Lula en la línea de tiempo del golpe de Estado que sacó a Dilma Rousseff (PT) de la presidencia de la República en 2016. Para él, las élites brasileñas, al no conseguir la validación popular de su proyecto en las elecciones de 2014, han puesto en práctica una estrategia para la toma del poder político. La candidatura de Lula a la presidencia en 2018, en ese escenario, representó la amenaza de que un proyecto popular volviera al poder en Brasil.
“Eso nos lleva a madurar que, de aquí en adelante, la salida de Lula no es una cuestión jurídica. Claro que vamos a golpear en todas las puertas, usar todos los mecanismos. Sin embargo, ahora, de aquí en adelante, la izquierda, el PT, Lula solo van a ser liberados de este secuestro político si nosotros hacemos un gran movimiento de masas, que el pueblo exija su liberación”, explica Stedile.
Entre las estrategias para desarrollar estos movimientos de masa, la prioritaria es realizar acciones de concientización del pueblo, en diversos ambientes sociales, sea en las calles, en las universidades, en las periferias o en las iglesias.
Crisis institucional
Representando a la Asociación Brasileña de Juristas por la Democracia, Carol Proner criticó la nominación del juez Sergio Moro, responsable por los procesos de la Operación Lava Jato, al Ministerio de Justicia del gobierno de Bolsonaro.
Según el propio juez, las conversaciones para que él integrase el gobierno del presidente electo comenzaron antes de la segunda vuelta de las elecciones, en octubre, a partir de una reunión con el futuro ministro de Economía, Paulo Guedes. Para Proner, que Moro esté haciendo articulaciones políticas mientras aún ejerce su función de juez, demuestra una “grave crisis institucional” en el país.
“Eso quedó realmente muy feo para la imagen del sistema judicial. No es solo un juez en particular. Es un juez que no respeta el principio de imparcialidad, que es un principio que tiene que ser respetado en cualquier realidad, en cualquier relación de poder, no solo en el sistema judicial. ¿Cómo va a ser ministro parcial, ahora? ¿Va a escoger cuales son las personas que va a privilegiar en el Ministerio de Justicia, si él ya no era parcial mientras era juez?”, cuestiona la jurista.
La proyección es que iniciativas como el Comité Nacional Lula Libre sean organizadas a nivel de los estados, para fortalecer las estrategias de movilización en pro de la libertad de Lula en diferentes regiones de Brasil.
Edición: Diego Sartorato | Traducción: Pilar Troya
Cuba abandona el programa 'Más Médicos' en Brasil tras las amenazas de Bolsonaro
Publicado: 14 nov 2018 15:35 GMT | Última actualización: 14 nov 2018 22:29 GMT - RT
Bolsonaro dijo que "infelizmente" la Isla
"no aceptó" las nuevas condiciones para la continuidad del programa.
El Ministerio de Salud Pública (Minsap) de Cuba anunció que se retirará del programa "Más Médicos" que desarrollaba en Brasil desde 2013. La decisión, según informa el portal CubaDebate, se debe a la imposición de condiciones "inaceptables" por parte del presidente electo del país sudamericano, Jair Bolsonaro.
De acuerdo al comunicado, la iniciativa impulsada en su momento por la presidenta Dilma Rousseff "tenía el noble propósito de asegurar la atención médica a la mayor cantidad de la población brasileña" y contemplaba "la presencia de médicos brasileños y extranjeros para trabajar en zonas pobres y apartadas de ese país".
Durante estos años, la Isla aportó 20.000 colaboradores (entre médicos, enfermeros y asistentes) que realizaron tareas en 3.600 municipios. Según el texto, setecientos de estos tuvieron por primera vez un médico en su territorio.
Tras conocerse el comunicado, Bolsonaro dijo que "infelizmente, Cuba no aceptó"
las nuevas condiciones para la continuidad del programa, que incluían
—según enumeró— "la aplicación de prueba de capacidad, salario completo a
profesionales cubanos (...) y la libertad de traer a sus familias".
Días atrás, el presidente electo había declarado: "Quien viene aquí (a trabajar) de otros países gana el salario íntegro" mientras que "los cubanos ganan aproximadamente el 25% del salario. ¿El resto va para alimentar a la dictadura cubana?".
Frente a esto, el Minsap aseguró que las intenciones del nuevo jefe de Estado son "inaceptables e incumplen las garantías acordadas desde el inicio del Programa", que además fueron ratificadas en 2016 por la OPS, el Ministerio de Salud de Brasil y su par cubano.
Según el organismo, este es el motivo por el que han decidido retirarse, aclarando que a los colaboradores "se les ha mantenido en todo momento el puesto de trabajo y el 100 % de su salario en Cuba". A su vez, destacaron que "el pueblo brasileño, que hizo del programa 'Más Médicos' una conquista social, que confió desde el primer momento en los médicos cubanos (...) podrá comprender sobre quién cae la responsabilidad de que nuestros médicos no puedan continuar prestando su aporte solidario en ese país".
URUGUAY
De acuerdo al comunicado, la iniciativa impulsada en su momento por la presidenta Dilma Rousseff "tenía el noble propósito de asegurar la atención médica a la mayor cantidad de la población brasileña" y contemplaba "la presencia de médicos brasileños y extranjeros para trabajar en zonas pobres y apartadas de ese país".
Durante estos años, la Isla aportó 20.000 colaboradores (entre médicos, enfermeros y asistentes) que realizaron tareas en 3.600 municipios. Según el texto, setecientos de estos tuvieron por primera vez un médico en su territorio.
La postura de Bolsonaro
A pesar de que los médicos cubanos intervienen en Brasil a través de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Bolsonaro quiere imponer a los colaboradores de la isla la necesidad de que revaliden su título y ofrece como única vía para seguir participando en el programa la contratación individual.Días atrás, el presidente electo había declarado: "Quien viene aquí (a trabajar) de otros países gana el salario íntegro" mientras que "los cubanos ganan aproximadamente el 25% del salario. ¿El resto va para alimentar a la dictadura cubana?".
Frente a esto, el Minsap aseguró que las intenciones del nuevo jefe de Estado son "inaceptables e incumplen las garantías acordadas desde el inicio del Programa", que además fueron ratificadas en 2016 por la OPS, el Ministerio de Salud de Brasil y su par cubano.
Según el organismo, este es el motivo por el que han decidido retirarse, aclarando que a los colaboradores "se les ha mantenido en todo momento el puesto de trabajo y el 100 % de su salario en Cuba". A su vez, destacaron que "el pueblo brasileño, que hizo del programa 'Más Médicos' una conquista social, que confió desde el primer momento en los médicos cubanos (...) podrá comprender sobre quién cae la responsabilidad de que nuestros médicos no puedan continuar prestando su aporte solidario en ese país".
URUGUAY
Lombardi (SUTCRA): “Nos duelen las muertes de trabajadores que se pudieron haber evitado"
PORTAL PIT-CNT
Marcos Lombardi, coordinador del Sindicato Único del Transporte de Carga y Ramas Afines (SUTCRA) explicó al Portal del PIT-CNT que las primeras reacciones al conocerse la muerte de dos trabajadores en el Puerto de Montevideo mientras desempeñaban sus tareas fueron de bronca, solidaridad con las familias y la exigencia inmediata que las investigaciones lleguen hasta las últimas consecuencias para establecer las responsabilidades y las causas de los motivos que dejan este saldo trágico.
Lombardi aseguró al Portal que “más allá de la rama de actividad nos duelen las muertes de trabajadores de cualquier sector, la muerte de cualquier obrero impacta y duele y sobre todo cuando se produce un deceso en situaciones evitables como entendemos que son estos casos en particular”.
A primeras horas de este martes se conoció la noticia del fallecimiento de dos trabajadores en el Puerto de Montevideo y según las primeras informaciones, ambos se encontraban desempeñando tareas de carga y descarga de leña para una empresa mercerizada en el muelle 13. La vocera de Bomberos dijo esta mañana que se trabajaba en procura de identificar el producto al que fueron expuestos los trabajadores así como también saber si fue producto de una fuga o derrame.
Leonardo Segredo de 23 años y Julio Miro Corbo de 27 años, fallecieron por causas que aún se están investigando,
Inmediatamente se conoció la noticia, tanto el SUTCRA, como el SUNTMA, el SUPRA y el SUANP resolvieron la paralización de tareas para acompañar a las familias en el sepelio de los trabajadores fallecidos, se abrió un espacio de reflexión y se exigió con toda firmeza que se analicen y encuentren las causas que provocaron la tragedia.
El coordinador del SUTCRA reclamó que las investigaciones “lleguen hasta donde tengan que llegar” y “se aplique la ley que se tenga que aplicar” a todos los responsables de estas muertes que se “pudieron y debieron haber evitado”. Desde el sindicato se sostuvo que empresarios y trabajadores, el PIT-CNT y todas las ramas implicadas, “deberemos trabajar conjuntamente porque el tema de la seguridad es fundamental porque estamos hablando de la vida de los trabajadores” en cualquier rama. “La clave es la prevención” insistió Lombardo.
Según admitió el coordinador del SUTCRA, no hay momento más complejo en la tarea sindical que ir a despedir a un trabajador y acompañar a su familia en un sepelio. “Es devastador, en la historia del transporte de carga o de pasajeros hemos tenido que acompañar a familias de trabajadores y es un dolor profundo que se vive, que se siente, es todo impotencia, bronca y emerge la necesidad de seguir trabajando unidos para prevenir nuevos casos y buscar soluciones”. En este sentido, remarcó que “el dolor nos impulsa a seguir trabajando en la prevención y en las necesidades de los trabajadores”.
Según supo el Portal, desde el sindicato se le brinda apoyo a las familias en la contención ante la pérdida de su ser querido pero también en los aspectos materiales que son también importantes para afrontar, desde la cobertura de sepelio y entierro, como así también en el apoyo futuro a la familia para salir adelante. “Cada trabajador es parte del sostén de una familia por lo que es fundamental no solamente el apoyo psicológico sino el económico” explicaron.
Marcos Lombardi, coordinador del Sindicato Único del Transporte de Carga y Ramas Afines (SUTCRA) explicó al Portal del PIT-CNT que las primeras reacciones al conocerse la muerte de dos trabajadores en el Puerto de Montevideo mientras desempeñaban sus tareas fueron de bronca, solidaridad con las familias y la exigencia inmediata que las investigaciones lleguen hasta las últimas consecuencias para establecer las responsabilidades y las causas de los motivos que dejan este saldo trágico.
Lombardi aseguró al Portal que “más allá de la rama de actividad nos duelen las muertes de trabajadores de cualquier sector, la muerte de cualquier obrero impacta y duele y sobre todo cuando se produce un deceso en situaciones evitables como entendemos que son estos casos en particular”.
A primeras horas de este martes se conoció la noticia del fallecimiento de dos trabajadores en el Puerto de Montevideo y según las primeras informaciones, ambos se encontraban desempeñando tareas de carga y descarga de leña para una empresa mercerizada en el muelle 13. La vocera de Bomberos dijo esta mañana que se trabajaba en procura de identificar el producto al que fueron expuestos los trabajadores así como también saber si fue producto de una fuga o derrame.
Leonardo Segredo de 23 años y Julio Miro Corbo de 27 años, fallecieron por causas que aún se están investigando,
Inmediatamente se conoció la noticia, tanto el SUTCRA, como el SUNTMA, el SUPRA y el SUANP resolvieron la paralización de tareas para acompañar a las familias en el sepelio de los trabajadores fallecidos, se abrió un espacio de reflexión y se exigió con toda firmeza que se analicen y encuentren las causas que provocaron la tragedia.
El coordinador del SUTCRA reclamó que las investigaciones “lleguen hasta donde tengan que llegar” y “se aplique la ley que se tenga que aplicar” a todos los responsables de estas muertes que se “pudieron y debieron haber evitado”. Desde el sindicato se sostuvo que empresarios y trabajadores, el PIT-CNT y todas las ramas implicadas, “deberemos trabajar conjuntamente porque el tema de la seguridad es fundamental porque estamos hablando de la vida de los trabajadores” en cualquier rama. “La clave es la prevención” insistió Lombardo.
Según admitió el coordinador del SUTCRA, no hay momento más complejo en la tarea sindical que ir a despedir a un trabajador y acompañar a su familia en un sepelio. “Es devastador, en la historia del transporte de carga o de pasajeros hemos tenido que acompañar a familias de trabajadores y es un dolor profundo que se vive, que se siente, es todo impotencia, bronca y emerge la necesidad de seguir trabajando unidos para prevenir nuevos casos y buscar soluciones”. En este sentido, remarcó que “el dolor nos impulsa a seguir trabajando en la prevención y en las necesidades de los trabajadores”.
Según supo el Portal, desde el sindicato se le brinda apoyo a las familias en la contención ante la pérdida de su ser querido pero también en los aspectos materiales que son también importantes para afrontar, desde la cobertura de sepelio y entierro, como así también en el apoyo futuro a la familia para salir adelante. “Cada trabajador es parte del sostén de una familia por lo que es fundamental no solamente el apoyo psicológico sino el económico” explicaron.
SUPRA
El Sindicato Único Portuario y Ramas Afines (SUPRA) emitió un comunicado en el que señala su más firme repudio “a las empresas que se niegan a discutir con sus trabajadores normas de seguridad que nos protejan de accidentes fatales”. Asimismo, señalan el “rechazo a quienes ponen titulares terroristas cuando los trabajadores paramos en defensa de nuestros derechos y silencian sus páginas, cuando por accidentes laborales dejamos lo más preciado de un ser humano, la vida”. Manifiesta el compromiso de “apoyar a las familias de los compañeros con la solidaridad del conjunto del gremio”. El SUPRA paralizó sus tareas a partir de las 13 horas de hoy y el reintegro se realizará a partir de los primeros turnos de la tarde del día miércoles 14.COMUNICADO: Ante la contraofensiva de Zuluaga se reactiva la campaña.
15
Nov
Diputados aprueba el ingreso al país de militares y aeronaves de EE.UU
La Cámara de Representantes aprobó por amplia mayoría el proyecto de Ley por el que se autoriza la entrada al país de 400 militares y civiles y ocho aeronaves de la Fuerzas Aérea de los Estados Unidos. Sin embargo, la iniciativa vuelve al Senado porque se rechazaron los artículos que autorizaban el ingreso de tropas pertenecientes a otros países, con la sola obligación de comunicarlo luego a la Asamblea General.
FF.AA
15 de noviembre de 2018, 00:13hs - LR21
A través del proyecto, el gobierno solicita autorización al Parlamento para habilitar el ingreso al territorio nacional de ocho aeronaves de la Fuerza Aérea de Estados Unidos y de hasta 400 militares y civiles, ante un pedido específico de la Oficina de Cooperación de Defensa de la Embajada de EE.UU, para brindar apoyo logístico y seguridad a su delegación en la Cumbre del G-20, que se realizará en Buenos Aires, los días 30 de noviembre y 1º de diciembre.
La iniciativa resultó aprobada en general por 95 votos a favor en 97 legisladores presentes. Se opusieron los diputados Luis Puig (Partido Por la Victoria del Pueblo) y Eduardo Rubio (Unidad Popular), mientras que Gerardo Núñez (Partido Comunista del Uruguay) se retiró de Sala.
Sin embargo, los artículos 2º y 3º de la iniciativa, los que otorgaban al Poder Ejecutivo, en forma genérica, autorización para el ingreso de tropas pertenecientes a otros países con la sola obligación de comunicarlo luego a la Asamblea General, no contaron con los votos necesarios para su aprobación, por lo cual el proyecto vuelve al Senado.
El legislador nacionalista Gustavo Penadés señaló la “coherencia” del Partido Nacional en materia de política internacional. “No somos de los que pintamos muros y después venimos a votar”.
Por su parte, el colorado Ope Pasquet dijo que la seguridad es un problema y no se pueden desconocer las amenazas, los atentados y el terrorismo. Por lo cual destacó que es importante no negar la cooperación, cuando se solicita y se cumple con los requisitos que establece el ordenamiento jurídico nacional.
Rechazó que se haya manejado la posibilidad de que los efectivos militares y el armamento puedan utilizarse eventualmente contra el pueblo argentino, y dijo que tal argumentación “raya con lo delirante”.
En sentido contrario, Núñez manifestó que la razón del ingreso a Uruguay de las tropas y aviones norteamericanas es para “participar de uno de los círculos concéntricos de seguridad de la Cumbre y estar a disposición para la represión del pueblo argentino y de los pueblos latinoamericanos que se movilizarán contra el G-20”.
El legislador comunista remarcó que con las 75 bases norteamericanas que existen en América Latina, y por sobre todo en la región, están garantizadas las condiciones de seguridad para el evento.
En el mismo sentido, Puig dijo que el G-20 es la principal institución del modelo económico global.
“Desde el punto de vista simbólico, permitir el ingreso a nuestro país de tropas norteamericanas, nos preocupa profundamente y es un profundo error”, dijo Puig.
Añadió que Estados Unidos “tiene una concepción muy desarrollada, desde hace 195 años y que definió con la Doctrina Monroe, de que América Latina es su zona de influencia”.
Por su parte, Rubio dijo que el Ejército norteamericano que ingresará en Uruguay es el que “tortura y desaparece gente. Es el Ejército de Donald Trump que saldrá a parar a los emigrantes a bala limpia”. Dijo que es “muy grave que Uruguay se preste para este papel”.
A través del proyecto, el gobierno solicita autorización al Parlamento para habilitar el ingreso al territorio nacional de ocho aeronaves de la Fuerza Aérea de Estados Unidos y de hasta 400 militares y civiles, ante un pedido específico de la Oficina de Cooperación de Defensa de la Embajada de EE.UU, para brindar apoyo logístico y seguridad a su delegación en la Cumbre del G-20, que se realizará en Buenos Aires, los días 30 de noviembre y 1º de diciembre.
La iniciativa resultó aprobada en general por 95 votos a favor en 97 legisladores presentes. Se opusieron los diputados Luis Puig (Partido Por la Victoria del Pueblo) y Eduardo Rubio (Unidad Popular), mientras que Gerardo Núñez (Partido Comunista del Uruguay) se retiró de Sala.
Sin embargo, los artículos 2º y 3º de la iniciativa, los que otorgaban al Poder Ejecutivo, en forma genérica, autorización para el ingreso de tropas pertenecientes a otros países con la sola obligación de comunicarlo luego a la Asamblea General, no contaron con los votos necesarios para su aprobación, por lo cual el proyecto vuelve al Senado.
Debate
Desde la oposición, se consideró que los artículos 2 y 3 eran un cheque en blanco que se le otorgaba al Ejecutivo para el ingreso al Uruguay de tropas de otros países. Destacaron que los Estados Unidos realizaron las solicitudes tal como lo establecen las normas.El legislador nacionalista Gustavo Penadés señaló la “coherencia” del Partido Nacional en materia de política internacional. “No somos de los que pintamos muros y después venimos a votar”.
Por su parte, el colorado Ope Pasquet dijo que la seguridad es un problema y no se pueden desconocer las amenazas, los atentados y el terrorismo. Por lo cual destacó que es importante no negar la cooperación, cuando se solicita y se cumple con los requisitos que establece el ordenamiento jurídico nacional.
Rechazó que se haya manejado la posibilidad de que los efectivos militares y el armamento puedan utilizarse eventualmente contra el pueblo argentino, y dijo que tal argumentación “raya con lo delirante”.
En sentido contrario, Núñez manifestó que la razón del ingreso a Uruguay de las tropas y aviones norteamericanas es para “participar de uno de los círculos concéntricos de seguridad de la Cumbre y estar a disposición para la represión del pueblo argentino y de los pueblos latinoamericanos que se movilizarán contra el G-20”.
El legislador comunista remarcó que con las 75 bases norteamericanas que existen en América Latina, y por sobre todo en la región, están garantizadas las condiciones de seguridad para el evento.
En el mismo sentido, Puig dijo que el G-20 es la principal institución del modelo económico global.
“Desde el punto de vista simbólico, permitir el ingreso a nuestro país de tropas norteamericanas, nos preocupa profundamente y es un profundo error”, dijo Puig.
Añadió que Estados Unidos “tiene una concepción muy desarrollada, desde hace 195 años y que definió con la Doctrina Monroe, de que América Latina es su zona de influencia”.
Por su parte, Rubio dijo que el Ejército norteamericano que ingresará en Uruguay es el que “tortura y desaparece gente. Es el Ejército de Donald Trump que saldrá a parar a los emigrantes a bala limpia”. Dijo que es “muy grave que Uruguay se preste para este papel”.
Diputados aprobó ingreso de militares de EEUU pero no de otros países
El proyecto vuelve ahora al Senado al ser rechazados los artículos 2 y 3.
Por
95 en 97 la Cámara de Diputados aprobó el artículo 1 del proyecto que
autoriza el ingreso de aviones, equipos y personal de Estados Unidos
para actuar en tareas de seguridad de la cumbre del G20. Luis Puig (PVP)
y Eduardo Rubio (UP) son los legisladores que votaron en contra.
Los artículos 2 y 3 no fueron aprobados por lo que el texto vuelve al Senado. Por 48 en 97 no prosperó el artículo 2 que daba un el aval para la eventual llegada de efectivos de otros países. Según informó el ministro de Defensa, Jorge Menéndez, hasta el momento solicitaron el ingreso de aviones Alemania y el Reino Unido. Los diputados del Frente Amplio (FA) Gerardo Nuñez (PCU) -se retiró de sala- y Luis Puig (PVP) no votaron el artículo, al igual que los 31 representantes blancos, los 11 colorados, los tres del Partido Independiente, los dos del Partido de la Gente, y Rubio.
Los artículos 2 y 3 no fueron aprobados por lo que el texto vuelve al Senado. Por 48 en 97 no prosperó el artículo 2 que daba un el aval para la eventual llegada de efectivos de otros países. Según informó el ministro de Defensa, Jorge Menéndez, hasta el momento solicitaron el ingreso de aviones Alemania y el Reino Unido. Los diputados del Frente Amplio (FA) Gerardo Nuñez (PCU) -se retiró de sala- y Luis Puig (PVP) no votaron el artículo, al igual que los 31 representantes blancos, los 11 colorados, los tres del Partido Independiente, los dos del Partido de la Gente, y Rubio.
Puig votó en contra de que tropas extranjeras utilicen territorio uruguayo durante el G20
El
diputado frenteamplista Luis Puig votó en contra de que tropas
extranjeras utilicen el territorio nacional durante en apoyo a la
seguridad de líderes del G20; para el legislador, el mayor peligro para
la humanidad lo representa ese grupo.
“Quiero
deslindar responsabilidad del pueblo argentino en lo que se pueda
llegar a votar hoy, porque no solicitó el G20 ni que existan tropas en
la región, porque bastante drama tiene con la situación que está
viviendo como para agregarle alguna responsabilidad en este tema”,
comenzó diciendo el diputado Luis Puig, que votó en contra de que
Uruguay ponga a disposición su territorio para
que tropas extranjeras utilicen el territorio nacional, dando apoyo a
la seguridad de los jefes de Estado que se reunirán en Buenos Aires,
para la cumbre del G20.
Puig consideró que el mayor peligro para la humanidad está dentro de la reunión del G20: “El mayor peligro para la humanidad está en las decisiones que tomen los gobiernos más poderosos del mundo”. Puig expuso que en ese marco, “van a estar en juego las condiciones de miles de millones de seres humanos, muchos sometidos al hambre y la exclusión”. Partiendo de esta base, Puig votó en contra de la presencia de las tropas.
La Cámara de Representantes emitió el siguiente informe al respecto: “La Cámara de Representantes aprobó el proyecto de ley por el que se autoriza la entrada al país de ocho aeronaves de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos de América, entre el 26 de noviembre y el 3 de diciembre próximo.
La solicitud abarca hasta cuatrocientas personas, entre civiles y militares, con el objetivo de brindar apoyo logístico y de seguridad a la delegación norteamericana que participará de la Cubre de Líderes del Grupo G20, a desarrollarse en Buenos Aires, entre el 30 de noviembre y el 1º de diciembre.
El proyecto volverá al Senado, ya que en Diputados se rechazaron los artículos 2º y 3º de la iniciativa, los que otorgaban al Poder Ejecutivo, en forma genérica, autorización para l ingreso de tropas pertenecientes a otros países con la sola obligación de comunicarlo luego a la Asamblea General”.
Puig consideró que el mayor peligro para la humanidad está dentro de la reunión del G20: “El mayor peligro para la humanidad está en las decisiones que tomen los gobiernos más poderosos del mundo”. Puig expuso que en ese marco, “van a estar en juego las condiciones de miles de millones de seres humanos, muchos sometidos al hambre y la exclusión”. Partiendo de esta base, Puig votó en contra de la presencia de las tropas.
La Cámara de Representantes emitió el siguiente informe al respecto: “La Cámara de Representantes aprobó el proyecto de ley por el que se autoriza la entrada al país de ocho aeronaves de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos de América, entre el 26 de noviembre y el 3 de diciembre próximo.
La solicitud abarca hasta cuatrocientas personas, entre civiles y militares, con el objetivo de brindar apoyo logístico y de seguridad a la delegación norteamericana que participará de la Cubre de Líderes del Grupo G20, a desarrollarse en Buenos Aires, entre el 30 de noviembre y el 1º de diciembre.
El proyecto volverá al Senado, ya que en Diputados se rechazaron los artículos 2º y 3º de la iniciativa, los que otorgaban al Poder Ejecutivo, en forma genérica, autorización para l ingreso de tropas pertenecientes a otros países con la sola obligación de comunicarlo luego a la Asamblea General”.
DEJA DE HACER LA TUYA: Herramientas de apoyo Aplicación de la Ley 19850
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