viernes, 9 de junio de 2017

EEUU realiza maniobras militares en el patio delantero de Venezuela // La ruta del golpe contra Venezuela comienza en ExxonMobil (investigación) // ¿Al conflicto de Venezuela solo le queda la salida militar? // La deuda mundial: necesitan que vivamos hasta la eternidad por Mario Briones // Estado español: Manifestación estatal el 10 de junio para pedir la no renovación de las licencias nucleares // Brasil: Dilma : "El golpe tuvo como razón estratégica meter a Brasil en el neoliberalismo" // Chile: Red por la Defensa de la Infancia se refiere a protestas en Conadi Cañete por violencia y torturas a niños/as mapuche // Uruguay: La coordinación criminal que el estado ampara (tercera parte) Por Roger Rodriguez

Dilma Rousseff: "El golpe tuvo como razón estratégica meter a Brasil económica, política y geopolíticamente en el neoliberalismo"

La mandataria constitucional de Brasil Dilma Rousseff calificó el golpe parlamentario que la alejó de la presidencia como "el acto más vergonzoso, perverso y absurdo golpe político, económico y social".

Dilma Rousseff: "El golpe tuvo como razón estratégica meter a Brasil económica, política y geopolíticamente en el neoliberalismo". Foto: PT
Dilma Rousseff: “El golpe tuvo como razón estratégica meter a Brasil económica, política y geopolíticamente en el neoliberalismo”. Foto: PT
La presidenta constitucional de Brasil, Dilma Rousseff volvió a referirse a su destitución por parte del Senado como un golpe parlamentario y lo calificó como “el acto más vergonzoso, perverso y absurdo golpe político, económico y social”.
“Es un golpe fraudulento y tuvo como razón estratégica meter a Brasil económica, política y geopolíticamente en el neoliberalismo”, aseveró Rousseff durante una conferencia en la apertura del salón del Libro Político en la ciudad brasileña de Sao Paulo. “Es un proyecto neoliberal que está basado en dos cosas: quiten a los pobres del presupuesto y saquen a la población de cualquier punto que deba ser decisivo”, afirmó.
A su vez recordó que el golpe en su contra se trató de “un fraude basado en incorrecciones presupuestarias de mi Gobierno, pero fueron incorrecciones que hubo en otros gobiernos”.
La ahora ex mandataria explicó que para gestar el golpe fue necesario que más personas estuvieran involucradas, no solamente los partidos políticos de derecha. En ese sentido aseguró que “las cuatro o cinco familias que controlan los medios oligopólicos de Brasil asumieron un papel estratégico al momento de liderar y organizar la sociedad y de definir un pensamiento político”.

Golpe planeado

Dilma dijo que después de haber perdido cuatro veces consecutivas en las urnas con el Partido de los Trabajadores (PT), primero con Luis Inácio Lula Da Silva, y luego por ella, los neoliberales llegaron a pensar que solo podrían alcanzar sus objetivos si se suspendiese el sistema democrático.
“Nosotros derrotamos cuatro veces ese proyecto (neoliberal)”, aseveró al señalar que Lula logró parar en 2003 el proyecto neoliberal en su país que comenzó con Fernando Color de Melho y se profundizó con Fernando Enrique Cardoso, y que luego continuaron derrotándolo en las elecciones siguientes.
En ese sentido señaló que era necesaria crear una crisis para que lo que era políticamente impensable se volviese inevitable, y pudieran imponer un programa de reformas como el que están implemeando que el pueblo nunca aprobaría en las urnas.
Para Rousseff los medios de comunicación tuvieron que vender el discurso de un país en quiebra, sin embargo, dijo, “ellos mismos el 26 de junio al salir el Reino Unido de la Unión Europea, los mercados se tornaron inestables y el Ministerio de Hacienda de Brasil emitió un comunicado donde afirmaba que el Estado tenía una gran fortaleza por contar con 380 billones de dólares porque Brasil era un acreedor. Ellos reconocieron que el país no estaba en quiebra”.
Dilma también se refirió a la enmienda constitucional impulsada por el gobierno de Michel Temer poco después de su destitución que congela los gastos públicos por 20 años y manifestó: “Criminalizaron los gastos sociales, dijeron que gastamos muchísimo, sí gastamos en transferencias sociales para políticas en materia de educación y salud, pero el trasfondo de nuestro proyecto era la salvación de Brasil de las garras de la política neoliberal que excluye a la población de toda decisión del Estado”.
Finalmente se hizo eco de la exigencia del pueblo y parte de la oposición en el Congreso, y resaltó la necesidad que existe en el gigante sudamericano de que se celebren “elecciones directas para restablecer las condiciones de estabilidad y legitimidad que puedan permitir que Brasil vuelva a crecer y andar por el camino que genera empleos y poder enfrentar la lógica del privilegio”.

Campaña para derribarla

Por otro lado  Elsinho Mouco, uno de los asesores publicitarios del ahora presidente,  Michel Temer confesó que el grupo empresario JBS pagó una fuerte cantidad de dinero para financiar una campaña de desprestigio contra la entonces presidenta Dilma Rousseff.
Mouco reveló en diálogo con el diario O Estado de Sao Paulo que desde JBS recibieron 100 mil dólares, y contó que  Joesley Batista, director del grupo empresario y hoy colaborador de la Justicia tras haber sido imputado en casos de corrupción le dijo a él en 2016: “Vamos a derribar a esa mujer”.
“El me llamó y para mi sorpresa comenzó a llamar a Dilma ingrata, grosera e incompetente; tenemos que sacarla, me dijo”, sostuvo el publicitario brasileño.
Fue el propio Batista quien en su acuerdo de cooperación con la justicia presentó el audio de una conversación no oficial que mantuvo con Michel Temer en la residencia presidencial en la que el actual mandatario parece avalar un soborno a Eduardo Cunha, preso por corrupción, para que éste guarde silencio desde la cárcel.
Batista también confesó haber financiado a Temer de manera ilegal desde el año 2010.


CHILE

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Conflicto forestal y violencia hacia la infancia Mapuche

En el marco de una protesta y toma pacífica en dependencias de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) en la localidad de Cañete y luego del desalojo y detención de sus ocupantes, Asamblea Acción por Tirúa señalaba en un comunicado públicos: “En el marco de la situación crítica e injusta que se vive en la Provincia de Arauco como resultado del grave impacto socioambiental de la industria forestal  que mantiene militarizado el territorio en defensa de este negocio, es que este martes 06 de junio comuneros y comuneras Mapuche de distintos Lov y Comunidades en Resistencia ocuparon las instalaciones de Conadi Cañete, en respuesta al gobierno por la arremetida cobarde y genocida del estado chileno en contra de nuestra Nación Mapuche”.
La Red por la defensa de la infancia mapuche señaló recientemente en un pronunciamiento público: “A pesar de la serie de convenios o leyes que Chile ha ratificado en los últimos años, estas no se condicen con los hechos de violencia focalizados en territorio mapuche, es más, de esos mismos hechos de violencia y despliegues de carabineros en las comunidades han existido asesinatos, torturas y desapariciones durante los gobiernos democráticos, que se hace llamar socialistas. Nombremos a Alex Lemún, adolescente de 17 años asesinado de un disparo en la cabeza por parte de carabineros, muerto en una manifestación en contra de la sobreexplotación y usurpación de las forestales en su comunidad”.
Cabe señalar que son cientos los casos de violencia estatal que involucran a la infancia y adolescencia mapuche. Además de Lemún, Zenón Díaz Necul, también de 17 años, perteneciente a la comunidad Lonko Mahuida de Collipulli,  murió el 10 de mayo atropellado por un camión en el marco de una movilización mapuche en la ruta 5 sur, sector viaducto del Malleco, en el marco de conflictos de tierras con la empresa Forestal Mininco.
Brandon Hernández Huentecol, joven mapuche también de 17 años,  igualmente fue baleado en diciembre del 2016 por agentes represores en una zona de conflicto forestal donde predominan los intereses de las empresas forestal Mininco y Arauco.
Por su parte, en la zona de Tirúa,  Ruth Meñaco quedo con heridas de perdigones en sus extremidades inferiores y su abdomen, mientras carabineros transitaba provocativa y represivamente por camino de servidumbre de la comunidad Caupolican, hecho ocurrido en presencia de sus hijos de 4, 11 e hija de 12 años.
Un recurso de amparo fue presentado en abril de este 2017 por la  Oficina de Protección de los Derechos de la Infancia (OPD), Pewma Lafkenche, a favor de 6 niños y niñas, de entre 6 meses a 10 años de edad, que vieron vulnerados sus derechos tras los hechos acontecidos el 30 de marzo recién pasado cuando una caravana de Carabineros percutó continuos disparos contra casas y al aire, por todo el sector de Cuarapaillaco en Tirúa, Región del Biobío, también en zonasde conflicto e interés de empresas forestales.
Los hechos mencionados son solo un ejemplo de acciones que vienen de larga data y que no paran, lo que ha incluido además actos de secuestros. En enero de 2001, Fuerzas represoras de carabineros que regresaban de un desalojo de tierras de un predio forestal en el distrito de Galvarino hirieron a tiros a Daniela Ñancupil, una niña mapuche de 13 años, cuyo padre era lonko de la comunidad. Al pasar por delante de la casa de Daniela, a unos ocho kilómetros del lugar de la ocupación, la policía de fuerzas especiales de Carabineros detuvo el autobús. Uno de ellos salió y disparó su escopeta a Daniela. Aunque se identificó a los ocupantes del autobús y a los que estaban autorizados para llevar un arma, nadie fue sancionado del ataque, y los agentes fueron trasladados a otras partes del país, obstaculizando la investigación. La niña, con balines en diversas partes de su cuerpo y hasta una bomba lacrimógena, fue hospitalizada de emergencia. Posteriormente Daniela fue víctima de dos secuestros y amedrentamiento mientras su abogado representante, Jaime Madariaga, presentaba una denuncia contra los responsables, quien también fue objeto de amenazas e incluso, la quema intencional de su camioneta en pleno centro de Temuco.
 Además de los conflictos por tierras ancestrales que mantienen diversas comunidades Mapuche con empresas forestales, se agregan los múltiples  daños e impactos que se han generado en los territorios a causa de los monocultivos de plantaciones forestales involucran la profundización de la crisis hídrica con cientos de miles de personas sin agua en amplias zonas rurales; empobrecimiento, desplazamiento de población y de actividades económicas locales; severas contaminaciones a causa de las plantas de celulosa (papeleras) y de fumicidas en las plantaciones; y la imposición de un modelo sin  que se respeten los derechos humanos ni a las prioridades locales de desarrollo, ni la urgente restauración de territorios en medio de amplias políticas de corrupción donde miles de millones de pesos fiscales han ido a parar al haber de las grandes empresas y de políticos corruptos, agregándose gastos abusivos y desproporcionados, con miles de millones destinados para militarizar zonas de comunidades Mapuche que involucran zonas de la Región del Bio Bio, Araucanía hasta Los Ríos.
La infancia Mapuche enfrenta dos graves hechos de violencia: La represión estatal – empresarial a las reivindicaciones por derechos del Pueblo Mapuche que ha actuado con indolencia y abuso contra niños, niñas y adolescentes; y los graves impactos del modelo forestal,  sostenido principalmente por dos grupos económicos: Matte y Angelini.
Cabe señalar que durante esta segunda semana de junio 2017, en la Región del Bio Bio se realiza el Encuentro IUFRO, espacio de investigación forestal patrocinado por  grupos económicos de esta industria y que involucra a sectores académicos y de gobiernos, quienes buscan profundizar y expandir el negocio criminal a través del desarrollo de monocultivos transgénicos, realizándose una semana de protesta por parte de diversas organizaciones.
Miembros activos de partidos políticos como UDI, Renovación Nacional, Democracia Cristiana, Radical, Partido por la Democracia y Partido Socialista, han actuado tanto administrativa como legislativamente a favor de los intereses de empresas forestales que actuaron coludidamente con la dictadura militar en violaciones a derechos humanos y el saqueo de las arcas del País.
Alfredo Seguel
 


Red por la Defensa de la Infancia se refiere a protestas en Conadi Cañete por violencia y torturas a niños/as mapuche

Reiteramos nuestro apoyo como Red de Defensa a la Infancia a todos/as las valientes personas que fueron detenidas en la toma a CONADI de Cañete, a los Presos Políticos Mapuche en huelga de hambre, nuestros weichafes y todos/as los dirigentes y comunidades en resistencia alrededor de Wall Mapu, tanto por lo que es Chile y Argentina”
    Comunicado Público
     Frente a la toma de dependencias de CONADI de la comuna de Cañete, ocurrida el día  martes 6 de junio del presente año, en denuncia por las constantes torturas y violencia focalizada en nuestros niños y niñas Mapuche, y la detención de más de 20 lamñenes, la Red por la Defensa de la Infancia declara lo siguiente:
1.- El estado de Chile, frente a la situación mapuche, desconoce una serie de convenios y tratados internacionales, referente a la protección del niño y niña. Sin ir más lejos, el día 14 de agosto de 1990 Chile ratifica la Convención sobre los Derechos del Niño/a,  que en su carácter vinculante ha sido incorporada como ley de la república, la cual se rige por cuatro principios fundamentales: la no discriminamación, el interés superior del niño, su supervivencia, desarrollo y protección, así como su participación en decisiones que les afecten[1]. Tristemente, cuando se trata de niños/as mapuche o perteneciente a los estratos pobres de nuestra sociedad, los tratados internacionales y leyes internas de protección a la infancia no son operacionalizadas. Siendo la respuesta del estado, el aumento del contingente policial, que sin un debido control y abusando de su poder ejercen la violencia excesiva, no solo a los adultos, hombres y mujeres mapuche, si no que arremeten violentamente contra nuestros niñis/as.
Lo segundo a mencionar es que Chile establece la ley 19.324 de Protección a la Infancia y Maltrato Infantil[2], la que lo define como cualquier acción u omisión no accidental que provoque daño físico o psicológico a un niño por parte de padres, cuidadores o cualquier adulto en posición jerárquica superior, buscando otorgar protección a niños y niñas, pero que claramente no opera cuando la violencia, tortura y hostigamiento es ejercido por las fuerzas policiales de carabineros de Chile hacia la infancia mapuche, o la invisibilización de estos hechos por parte de fiscales y otras instituciones del estado.
2.- Además, es sabido que desde la ocupación violenta del territorio Mapuche anexado a Chile hacia 1880, el pueblo nación-mapuche ha vivido una asimilación forzada, a sangre y a tortura. En conjunto a una constante eliminación de sus prácticas culturales tradicionales, omisión impulsada por las instituciones como la iglesia, las escuelas y los gobiernos locales, en complicidad con los medios de comunicación. Y que desde hace más de 130 años han existido diversas organizaciones mapuche que han reivindicado justamente sus derechos. Es por lo anterior, que la toma de CONADI realizada el día martes 6 de junio responde a esas justas demandas y a la denuncia de la excesiva violencia hacia los niños y adolescentes de las comunidades y sectores que hasta el día de hoy se encuentran en recuperación y resistencia frente a la usurpación y sobrexplotación del territorio, esto último abalada por los gobiernos de turno, desde la mal llamada pacificación de la Araucania, la cual fue una guerra a muerte que el pueblo mapuche perdió, viéndose obligado a ser parte de un estado y lógica occidental que no les pertenece.
3.- A pesar de la serie de convenios o leyes que Chile ha ratificado en los últimos años, estas no se condicen con los hechos de violencia focalizados en territorio mapuche, es más, de esos mismos hechos de violencia y despliegues de carabineros en las comunidades han existido asesinatos, torturas y desapariciones durante los gobiernos democráticos, que se hace llamar socialistas. Nombremos a Alex Lemún, adolescente de 17 años asesinado de un disparo en la cabeza por parte de carabineros, muerto en una manifestación en contra de la sobreexplotación y usurpación de las forestales en su comunidad o José Huenante joven de 16 años desaparecido en Puerto Montt después de un control de identidad por parte de la misma institución de carabineros, o la tortura de los hijos de 2 y 3 años de la familia Lepicheo Llanquileo, o la tortura a la que fue sometida Lorenza Cayuhan, al parir engrillada a su hija Sayen, las cuales siguen detenidas en la cárcel del Arauco, el asesinato de Macarena Valdés dejando a sus hijos sin madre, violentados desde la infancia, al igual que Silvestre Torres Toro de 14 años baleado cruelmente con perdigones, al cual se le negó la atención de salud pública y se le acusa de una serie de delitos que son grotescos para cualquier niño o niña mapuche de comunidad.
4.- Además, cada niño/a y adolescente violentado y asesinado en la Araucanía responde a una política del estado chileno basada en el no reconocimiento de un conflicto político-territorial desde años inmemoriales. Las soluciones superficiales y carentes de sustento, se enmarcan en la inyección de un alto contingente policial, una militarización de las escuelas y comunidades, además de la aplicación de la ley antiterrorista a las justas demandas sociales, que un tiempo atrás solo encarcelaba a dirigentes, pero en la actualidad se aplicada hacia nuestros niños y niñas, por parte de carabineros de chile.
5.- El estado de Chile gasta inmensas sumas de dinero en la protección del latifundio, las empresas, carabineros y fiscales, y lapida con su actuar la serie de leyes y convenios de protección a la infancia, ratificados en años anteriores.
6.- Finalmente, frente a todo lo descrito ¿cuánta violencia, tortura y asesinato debemos soportar como pueblo nación mapuche? ¿Cuándo los medios de comunicación chilenos develaran lo que realmente sucede en las comunidades respecto a la violencia hacia la infancia? ¿Cuándo serán reconocidos los derechos, territorio y autonomía de las comunidades mapuche? ¿Cuándo el estado chileno reconocerá el error constante que comete al invisibilizar un conflicto en el cual están siendo perjudicados cientos de niños y adolescentes Mapuche?
Mientras esto no suceda, las organizaciones Mapuche, simpatizantes y personas individualizadas seguirán denunciando y repudiando el terrorismo de estado que es ejercido en Wall mapu, por lo cual reiteramos nuestro apoyo como Red de Defensa a la Infancia a todos/as las valientes personas que fueron detenidas en la toma a CONADI de Cañete, a los Presos Políticos Mapuche en huelga de hambre, nuestros weichafes y todos/as los dirigentes y comunidades en resistencia alrededor de Wall Mapu, tanto por lo que es Chile y Argentina.
Notas


Delegación mapuche Lafkenche expresa su preocupación sobre la modernización de Sernapesca que los dejaría en la ilegalidad


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Carta Entregada por la Identidad Territorial Lafkenche  al Ministro Nicolás Eyzaguirre; al Presidente del Senado, Andrés Zaldívar; y al Presidente Cámara de Diputados, Fidel Espinoza. 
Quienes adscribimos somos Lafkenche, una de las identidades territoriales del pueblo mapuche. Nos denominamos lafkenche porque somos “gente del lafken” que quiere decir “gente de las grandes aguas”, entendiendo al “lafken” como aquel espacio que está formado por la tierra, el agua y sus recursos como elementos tangibles y también elementos simbólicos: allí es donde descansan nuestros antepasados y desde donde obtenemos nuestro sustento material y espiritual.
Nos hemos enterado a través de los medios de comunicación y de las redes sociales que el área legislativa, está tramitando el Proyecto de Ley Boletín 10.482-21 que Moderniza y fortalece el ejercicio de la función pública del Servicio Nacional de Pesca, que se encuentra en su Segundo Trámite Constitucional y cuyo objetivo final es modificar la Ley General de Pesca y Acuicultura para regular la pesca ilegal.
Frente a esta situación, tenemos los suficientes argumentos para sentirnos excluidos de dicho proceso de discusión legislativa. Una vez más, el Estado y sus poderes incurre en un acto de arbitrariedad y discriminación contra los pueblos originarios, al no incorporar nuestra opinión sobre medidas legislativas y/o administrativas que nos afectan, específicamente cuando se requiere perfeccionar un proceso de fiscalización sobre el uso de los recursos marinos que como  mapuche-lafkenche hemos usado de manera consuetudinaria, sustentable y de manera preexistente al Estado de Chile.
Desde la promulgación de la Ley General de Pesca y Acuicultura del año 1989 hemos sido vulnerados como pueblos originarios en nuestro uso ancestral del mar.  Sistemáticamente desde el año 1994 a la fecha hemos realizamos una serie de acciones con autoridades y parlamentarios de los gobiernos de turno, buscando revertir los graves efectos que genera la aplicación de la Ley de Pesca en nuestros territorios, coartando la práctica de actividades ancestrales de subsistencia, culturales y de soberanía alimentaria.
El año 2005 presentamos junto con el ejecutivo, un proyecto de ley que crea una nueva figura de administración del borde costero denominado “Espacio Costero Marino de Pueblos Originarios”, ley que nos permite administrar colectivamente el borde costero donde ejercemos el uso consuetudinario.
En la modificación a la Ley de Pesca del año 2013, más conocida como “Ley Longueira” (Ley N° 20.657), a pesar de utilizar todos los medios posibles para expresar nuestra demanda de ser reconocidos como sujetos con derecho a la pesca, nuevamente fuimos excluidos de la discusión, quedando todas nuestras propuestas y argumentos documentados en la historia de dicha ley.
La actual iniciativa Boletín 10.482-21 que moderniza el Servicio Nacional de Pesca profundiza la desigualdad en el trato hacia un ordenamiento fundamental para los pueblos originarios, afectando nuestro az ngenewün (reglas de convivencia interna a partir de nuestro ordenamiento propio), alterando nuestro itrofil mongen, es decir, la cohabitación con las distintas formas  de vida en el territorio que regula el equilibrio a través de aspectos tangibles e intangibles.
Nuestro planteamiento se sustenta en evidencia arqueológica e histórica que da cuenta de nuestra existencia en el territorio costero, que ha quedado registrada en numerosos documentos históricos.
El Informe de la Comisión Verdad Histórica y Nuevo Trato[1] entrega detalles sobre la existencia de restos arqueológicos que dan cuenta del uso de los ambientes costeros para su habitación, siendo uno de ellos el sitio arqueológico Monte Verde, cercano a Puerto Montt,  que da cuenta de una data de 12.500 años aproximadamente. Por su parte, el historiador José Bengoa[2] indica que a partir de la existencia de restos arqueológicos de los años 500 a 600 a.c. se puede hablar de una cultura mapuche, la que se caracterizó por ser un grupo que cazaba, recolectaba y pescaba.
Relatos de la invasión española, confirman la vinculación de los mapuche con el mar, relación que se mantiene en la actualidad y que el mismo Estado, a través del poder ejecutivo, reconoce en el Mensaje Presidencial de La Ley N°20.249 que crea el espacio costero marino de los pueblos originarios como uno de los fundamentos de esta iniciativa: “Los mapuche lafkenche, han habitado ancestralmente el territorio del borde costero de la VIII, IX y X regiones. Su modo de relación con dicho medio es integral, lo que ha determinado la configuración de toda su cultura y orden social por siglos[3].
Las estadísticas oficiales del Estado dan cuenta, que en el territorio que se extiende desde el Golfo de Arauco a Chiloé (32 comunas costeras) habitan 101.877 personas que se identifican como pertenecientes a pueblos originarios según el CENSO de 2002, lo que da cuenta que estamos presentes en los espacios que hemos ocupando históricamente.
De lo anterior, se desprende que hay un derecho ancestral de pesca y de uso del borde costero que hemos ejercido de formas distintas a través del tiempo, definido en el Art. 6 La Ley N°20.249 como uso consuetudiario: “Como las prácticas o conductas realizadas por la generalidad de los integrantes de una asociación o comunidad, de manera habitual, y que sean reconocidas colectivamente como manifestaciones de su cultura”.
Este derecho ancestral también se plasma en la Declaración Internacional de Derechos Humanos, al que se encuentra suscrito nuestro país, el que establece en el Art 1:
“Para el logro de sus fines, todos los pueblos pueden disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales, sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la cooperación económica internacional basada en el principio de beneficio recíproco, así como del derecho internacional. En ningún caso podría privarse a un pueblo de sus propios medios de subsistencia”.
 Otro acuerdo legal ratificado por nuestro país que otorga los derechos a los cuales apelamos es el Convenio N°169 de la OIT:
“Art. 15  1. Los derechos de los pueblos interesados a los recursos naturales existentes en sus tierras deberán protegerse especialmente. Estos derechos comprenden el derecho de esos pueblos a participar en la utilización, administración y conservación de dichos recursos”.
Dicho precepto es reafirmado en los Arts. 25 y 26 de la Declaración de Naciones Unidas sobre los “Derechos de los Pueblos Indígenas”, principalmente en el N°3 del Art.26, que especifica la protección y garantía de estos derechos:
“Art.26 .3. Los Estados asegurarán el reconocimiento y protección jurídicos de esas tierras, territorios y recursos. Dicho reconocimiento respetará debidamente las costumbres, las tradiciones y los sistemas de tenencia de la tierra de los pueblos indígenas de que se trate“.
 Del mismo modo la Organización de las Naciones para la Alimentación y la Agricultura (FAO), en el Informe de Asistencia para la revisión de la Ley General de Pesca y Acuicultura del año 2017, ha recomendado entre otras cosas lo siguiente:
-Reconocer y garantizar los derechos de los pueblos originarios a los recursos pesqueros, incluido su manejo y conservación, así como fomentar su participación en el ámbito pesquero, sin detrimento de los derechos que legalmente corresponden a otros usuarios.
-La forma de acceder y asignar los derechos debe adecuarse a las condiciones y circunstancias locales, procurando la gestión sostenible de los recursos pesqueros y la aplicación del enfoque de pesca basada en derechos.
-Se recomienda que la LGPA incluya, dentro de sus principios rectores, expresamente a la seguridad alimentaria. Lo anterior es consistente con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la ONU, ratificada por Chile, especialmente en sus objetivos ODS 2 (“Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible”), ODS 12 (“consumo y producción”), ODS 14 (“océanos”) y ODS 15 (“biodiversidad”).
Es deber del Estado ser garante de los derechos de sus ciudadanos y velar por el cumplimiento de los acuerdos nacionales e internacionales suscritos y ratificados.
Por ello, solicitamos remediar prontamente estos hechos de vulneración cometidas en la tramitación legislativa de esta ley, que excluye y discrimina nuestra participación, pero que por sobre todo pone en grave peligro nuestro uso consuetudinario de los recursos marinos, sustento de data ancestral  y de usos actuales tradicionales de nuestra cultura.
Frente a esto, debemos aclarar que no estamos en contra de la protección de los recursos naturales del mar, sino que por el contrario como  siempre lo hemos hecho, queremos que el az ngenewün, küme mongen e itrofil mongen se ejerzan y se respeten en plenitud en nuestro borde costero.
De perseverar esta ley dejará en la ilegalidad a los pueblos originarios, ya que pone en grave peligro nuestro uso consuetudinario de los recursos marinos, sustento de data ancestral y de usos actuales tradicionales de nuestra cultura.
Para finalizar y tal como se indica en las páginas precedentes, nos asiste un derecho como pueblo mapuche Lafkenche, con repercusiones para todos los pueblos indígenas de Chile que viven ancestralmente en el borde costero y del cual depende nuestro sustento tanto material como espiritual. Reiteramos que esta presentación se sustenta en la aplicación de los Tratados Internacionales suscritos por el Estado de Chile para la protección de los Derechos de los Pueblos Originarios, y que la infracción a cualquiera de sus artículos implica un juicio internacional y una condena para el Estado de Chile y su institucionalidad.
[1] Comisión Verdad Histórica y Nuevo Trato. 2005. Historia de los Pueblos Indígenas de Chile y su relación con el Estado. Capítulo IV. Los Mapuche
[2] Bengoa, J. (1996). Historia del Pueblo Mapuche. Sur Ediciones. (5ta edic). Santiago.
[3] Historia de la Ley N°20.249 que crea el espacio costero marino de los pueblos originarios,  fjs. 5.



URUGUAY

La coordinación criminal que el estado ampara (tercera parte)

PUBLICADO EN EL BLOG EL MUERTO

Por Roger Rodriguez

2 junio 2017
Parte 3


15) EL RELATO DE MARTÍNEZ MORENO
La investigación también incluía el relato que el escritor, periodista y abogado uruguayo Carlos Martínez Moreno (1917-1986) escribió sobre los fusilados de Soca durante su exilio en México, y la respuesta que el dictador Juan María Bordaberry dio a un periodista norteamericano cuando le preguntó sobre el caso (http://www.lr21.com.uy/politica/194...):
Lo ocurrido en el CONSENA en diciembre de 1974, aparece narrado por el escritor Carlos Martínez Moreno en el libro “El Color que el Infierno me escondiera” (Editorial Nueva Imagen, México 1981), donde dedica un capítulo titulado “La Arboleda” a la decisión del fusilamiento en Soca.

Explica Martínez Moreno que el régimen dictatorial había resulto en aquellos años que por cada oficial militar que pudiera morir en la “lucha contra la subversión” se procedería a ejecutar a cinco “subversivos” y que los fusilados de Soca fueron la “cuota” por la muerte del coronel Trabal en Francia.
Sobre julio del 70, cuatro años atrás, aparece la ecuación oficialmente formulada: una organización autodenominada MANO (Movimiento Armado Nacional Oriental) previene que “por cada policía, soldado, taximetrista o cualquier persona honrada que caiga, cobraremos 5 vidas inútiles”, escribe.
Martínez Moreno sostiene que el homicidio de los cinco tupamaros que habían sido secuestrados en Buenos Aires el 8 de noviembre fue sometido a votación en el Cosena, donde el dictador Juan María Bordaberry habría hecho constar en actas que no acompañaba la medida.
En un trabajo del periodista Luis Casal Beck publicado recientemente en Caras y Caretas, se recuerda una declaración que Bordaberry realizó al investigador norteamericano Scott Myers, autor del ensayo “Los Años Oscuros (1967-1987)”, quien logró entrevistarlo en 1986.

"Fue una acción del general Álvarez" le dijo Bordaberry a un periodista norteamericano.

A la mañana siguiente, cuando me levanté recibí la noticia de que en Soca habían sido encontrados cinco tupamaros muertos. Habían huido de Uruguay y estaban viviendo en Argentina. Esto, francamente, en mi opinión, fue una acción del general Álvarez. Los tupamaros fueron trasladados desde Argentina (...) En represalia por la muerte de Trabal, los mataron. Esta es mi opinión. Traté de investigar, pero fue imposible”, le confió Bordaberry.

16) LA CONFIRMACIÓN DE VÍCTOR SEMPRONI
El relato de Martínez Moreno fue confirmado, en setiembre de 2008, por el fallecido dirigente sindical y diputado Víctor Semproni, quien declaró a ‘‘La República’’ (http://www.lr21.com.uy/politica/330891-semproni-pidio-careo-con-silveira) que el coronel Jorge Silveira le había dicho, en 1974, que a los fusilados en Soca “los limpiamos nosotros” y que la próxima vez que fuera muerto un militar iban a ejecutar a diez presos políticos.

El procesado Jorge “Pajarito” Silveira confesó y amenazó que a los cinco uruguayos fusilados de Soca “los limpiamos nosotros y la próxima vez que caiga uno de los nuestros (en alusión al asesinato de Ramón Trabal) van a ser diez”. El testimonio será brindado la semana que viene a la Justicia por el diputado Víctor Semproni. (...)

El 20 de diciembre de 1974, un día después de la muerte de Trabal, fueron fusilados 5 militantes tupamaros y sus cuerpos arrojados cerca de Soca. Semproni integraba una célula del MLN de la que detuvieron a tres de cinco miembros el 24 de abril de 1974. Fueron llevados a Artillería 1 donde los torturó José Nino Gavazzo.
En diciembre, cuando muere Trabal, fueron sacados de sus celdas e interrogados. Les preguntaron quién había matado a Trabal y coincidieron en decir que no pudo ser su grupo. Semproni cuenta: “¿Quién lo mato?”, me dijeron. “Esto debe ser un lío entre ustedes”, contesté y la respuesta me valió una sanción de quince días.
“Cuando luego me llevaron a una visita y un soldado me trasladaba encapuchado, nos paró Pajarito Silveira, me hizo sacar la capucha y me dijo: “¿Supiste lo que pasó?” y me contó cómo aparecieron los cuerpos de Soca”.
"A esos cinco los limpiamos nosotros y la próxima vez que caiga uno de los nuestros van a ser diez", advirtió el Pajarito Silveira.

“A esos cinco los limpiamos nosotros, y la próxima vez que caiga uno de los nuestros van a ser diez… Estás autorizado a decirlo en la visita como advertencia para los de afuera”, le dijo Silveira.
“No le dije nada a mi familia… Temí que fuera un operativo de inteligencia para medir hasta dónde llegábamos con la información desde adentro. Lo comenté luego con organizaciones de DDHH”.

17) “300 R”: EL INFIERNO CHICO
La casona de Punta Gorda, que los militares tomaron a un grupo de tupamaros en 1974, se transformó en una de las más sangrientas bases de represión de la dictadura. Por allí pasaron, probablemente, todos los uruguayos que fueron secuestrados en el exterior y trasladados ilegalmente a Montevideo, antes de ser encarcelados, asesinados o desaparecidos.

La hoy remodelada casona de Punta Gorda... la curva del ensueño fue una terrible pesadilla.

Ese centro clandestino de reclusión, fue reconocido por el sobreviviente Julio Abreu como el lugar donde lo detuvieron junto a los cinco fusilados en Soca. Gracias a unas fotos que el reportero Freddy Navarro había sacado a fines de los 80 para el diario ‘‘La Hora’’, cuando la casona había quedado desocupada, Abreu pudo reconocer el baño que le obligaban a limpiar en la planta alta del edificio de la rambla. La imagen, presentada en una denuncia judicial por víctimas del “300 R”, se incluyó en una nota para la revista ‘‘Caras & Caretas’’, el 11 de diciembre de 2011:

El baño del "300 Carlos R" que Abreu reconoció: "Me lo hacían limpiar luego de las torturas".

La amplia casona de dos plantas está ubicada en la rambla República de México al cinco mil, casi frente a la playa de los Ingleses, a una cuadra de donde la rambla O’Higgins se transforma en Coimbra para cortar la península de Punta Gorda. Es un predio de 608 m2, padrón Nº 95.308, carpeta catastral Nº 3.107, con salida de coches a la calle Mar Ártico, donde un alto muro da hoy intimidad al remodelado patio con barbacoa y piscina en forma de riñón.
A principios de los años setenta, el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros (MLN-T) adquirió aquella enorme construcción ubicada en un lugar donde nadie sospecharía de sus actividades. A su lado estaba el hotel Oceanía, en cuya planta baja funcionaba Chez Carlos, un boliche donde actuaban los principales artistas locales e internacionales de entonces. La publicidad radial de aquella ‘boite’ seducía con la frase “en la curva del ensueño”.

En mayo de 1974, en un violento operativo militar, la casa fue tomada por las Fuerzas Conjuntas. Después de que el dictador Juan María Bordaberry ordenó su expropiación, el inmueble se transformó en un centro clandestino de detención llamado 300 Carlos o Infierno Chico. Allí fueron torturados, muertos y desaparecidos militantes de diversos grupos políticos, hasta que en 1983 el Ministerio de Defensa Nacional vendió el inmueble en licitación pública.
Hoy propiedad de los dueños de un conocido frigorífico de chacinados, la casona de Punta Gorda comienza a revelar sus secretos ante los juzgados penales, donde ya han hecho juicio los sobrevivientes de Orletti, ha presentado testimonio el único sobreviviente de los fusilados de Soca y, en las últimas semanas, han comenzado a declarar las víctimas de la Operación Morgan, ejecutada en 1975 como un acto de “piratería” contra el aparato financiero del Partido Comunista. (…)
Investigadores e historiadores discrepan respecto del origen del nombre del centro de torturas. Para unos la denominación surgió de un operativo al que se llamó “300 Carlos Marx” y que en 1975 pretendía encarcelar a tres centenares de dirigentes y cuadros intermedios del Partido Comunista del Uruguay, pero otros consideran que hace alusión al “Carlos” del nombre del vecino local nocturno y la ‘R’ era por la Rambla, ya que el centro de torturas comenzó a funcionar a mediados de 1974 contra el propio MLN-T.
Cuando esta casona cayó en manos de las Fuerzas Conjuntas, el Servicio de Información y Defensa (SID) y el Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA) habían terminado de implementar la represión contra los uruguayos opositores que se habían radicado en el Chile del derrocado Salvador Allende, y comenzaban a operar contra los ‘tupas’ que se trasladaron a Argentina. (…)

En mayo de 1974, en un violento operativo militar, la casa fue tomada por las Fuerzas Conjuntas. Después de que el dictador Juan María Bordaberry ordenó su expropiación, el inmueble se transformó en un centro clandestino de detención llamado 300 Carlos o Infierno Chico. Allí fueron torturados, muertos y desaparecidos militantes de diversos grupos políticos, hasta que en 1983 el Ministerio de Defensa Nacional vendió el inmueble en licitación pública.
Hoy propiedad de los dueños de un conocido frigorífico de chacinados, la casona de Punta Gorda comienza a revelar sus secretos ante los juzgados penales, donde ya han hecho juicio los sobrevivientes de Orletti, ha presentado testimonio el único sobreviviente de los fusilados de Soca y, en las últimas semanas, han comenzado a declarar las víctimas de la Operación Morgan, ejecutada en 1975 como un acto de “piratería” contra el aparato financiero del Partido Comunista. (…)
Investigadores e historiadores discrepan respecto del origen del nombre del centro de torturas. Para unos la denominación surgió de un operativo al que se llamó “300 Carlos Marx” y que en 1975 pretendía encarcelar a tres centenares de dirigentes y cuadros intermedios del Partido Comunista del Uruguay, pero otros consideran que hace alusión al “Carlos” del nombre del vecino local nocturno y la ‘R’ era por la Rambla, ya que el centro de torturas comenzó a funcionar a mediados de 1974 contra el propio MLN-T.
Cuando esta casona cayó en manos de las Fuerzas Conjuntas, el Servicio de Información y Defensa (SID) y el Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA) habían terminado de implementar la represión contra los uruguayos opositores que se habían radicado en el Chile del derrocado Salvador Allende, y comenzaban a operar contra los ‘tupas’ que se trasladaron a Argentina. (…)
El OCOA de la Región I del Ejército, con jurisdicción en Montevideo y Canelones, centraba sus operaciones en el Batallón de Artillería Nº 1 del cuartel de La Paloma, en el Cerro, y tenía su ‘chupadero’ en la llamada “cárcel del pueblo” ubicada en la finca de la calle Juan Paullier 1190, que habían expropiado al propio MLN-T en mayo de 1972. La casona de Punta Gorda se transformaba entonces en un nuevo centro represivo, donde se coordinarían las operaciones con los ‘inteligentes’ del SID.

18) JCJ, ESMACO, SID, OCOA, OSCAR E INDIOS
El 13 de octubre de 2006, ‘‘La República’’ publicó otro artículo (http://www.lr21.com.uy/politica/226...) en que se evidenciaban las contradicciones entre el informe sobre los desaparecidos, que había presentado el comandante en jefe del Ejército, general Carlos Díaz, y los documentos que la dictadura había elaborado como historia oficial.
En esa nota se explicaba cómo era el organigrama de la represión, gracias a la colaboración de un represor, miembro de la OCOA, que aceptó transformarse en fuente de la investigación periodística y por años se constituyó en “consultor”, como le gustaba autodenominarse:
La existencia del Servicio de Información y Defensa (SID) y el papel que jugó en los años de la dictadura, sólo puede ser comprendido atendiendo el marco del poder que el Ejército, la Armada y la Aviación uruguayas fueron acumulando en Uruguay desde principios de la década del setenta.
Desde el 9 de setiembre de 1971, cuando el entonces presidente Jorge Pacheco Areco encomendó a las Fuerzas Armadas la conducción de la lucha contra la subversión, los mandos militares fueron creando nuevos escenarios y organismos con los que terminaron por controlar el gobierno..


Jorge Pacheco Areco abrió el camino a los militares en 1971.
En el Tomo II (El Proceso Político) del libro “Las Fuerzas Armadas al Pueblo Oriental” firmado por la Junta de Comandantes en Jefe en 1978, se puede seguir la consecuencia de resoluciones gubernamentales, pedidos militares y autodeterminaciones de los mandos, con los que se dirigió la represión.
Fue el propio Pacheco Areco quien, por el decreto 672/971 del 16 de diciembre de 1971, creó “a título experimental” para luchar contra la subversión a la propia Junta de Comandantes en Jefe (JCJ) y el Estado Mayor Conjunto (Esmaco), con los que las Fuerzas Armadas concentraron el poder.
El comandante del Ejército (general Hugo Chiappe Posse) era, obviamente, uno de los miembros de la JCJ, y uno de los generales de mayor nivel del Ejército (el general Gregorio Álvarez) fue el jefe del Esmaco, desde donde se realizaba el estudio, asesoramiento, coordinación y planificación de acciones. (...)

Fue luego de la crisis del 9 de febrero de 1973, con el Pacto de Boiso Lanza, que los mandos militares instituyeron su presencia en el Poder Ejecutivo, a través de la creación del Consejo de Seguridad Nacional (Cosena), integrado por los comandantes y con la secretaría del propio Esmaco.
El Esmaco tenía tres funciones: la de “coordinador” (“tareas de información, asesoramiento y planificación de operaciones del conjunto de las Fuerzas Armadas”), de “especialista” (“enseñanza, movilización, defensa civil, estadísticas, historia, acción cívica”) y de “personal” (administrativa).
El 14 de mayo de 1973, la JCJ y el Esmaco le entregaban a Juan María Bordaberry un documento llamado “Memorándum para el Sr. Presidente de la República”, donde se incluía un “Organigrama del Sistema de Planificación y Control del Desarrollo bajo condiciones de Seguridad Nacional”.
En el organigrama se observa con claridad la relación entre el Cosena y el Esmaco como asesores del Poder Ejecutivo, y la dependencia directa que de ellos tenían el Servicio de Información y Defensa (SID), el Servicio de Información Exterior (SIE) y la Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII).
El COSENA aceptado por Bordaberry tomaba las decisiones de Estado.

El SID, dependía del Esmaco, que planificaba para la Junta de Comandantes en Jefe, que integraban el Cosena, donde se decidía lo que el Presidente terminaría por aceptar y lo que las fuerzas represivas terminarían por hacer, dentro o fuera del país. El Ejército no era ajeno a esa línea de mando. (...)
Cuando a las Fuerzas Armadas se les encomendó la dirección de la lucha contra la subversión, en cada una de las cuatro Divisiones en las que está descentralizado el Ejército en el territorio nacional se creó un Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA).
Cada OCOA estaba comandada por un general, dos coroneles, tres comandantes, que dirigían las acciones del personal de “Operaciones” a los que se denominaba “Oscar” y de los agentes de “Información” a los que se llamaba “Indios”, utilizando la primera letra del grupo en el que revestían.

Los “Oscar” como los “Indios” se numeraban según el orden de mando: “Oscar 1″ fue Ernesto Ramas (“Oscar Romeo”), “Oscar 2″ era José Nino Gavazzo, “Oscar 7″ era Jorge Silveira, “Oscar 8″ el “francés” José Boudean, mientras que “Indio 1″ fue el coronel Victorino Vázquez, entre otros.
El OCOA de la División de Ejército 1 operaba en distintos centros de tortura y detención a los que denominaban “300 Carlos”. Primero fue en el Batallón de Artillería 1, luego en la Casona de Punta Gorda, en la pera del Servicio de Material y Armamento, en la Casona de Millán y finalmente en La Tablada.
Todas las acciones del OCOA se comunicaban al SID, que enteraba de los hechos al Esmaco, que informaba a la Junta de Comandantes, que debatía con la Junta de Oficiales Generales, daba cuenta a la Comisión de Asuntos Políticos (Comaspo) o trazaba lineamientos en el Cosena. El Ejército, sabía. (...)
El 5 de agosto de 1974, la Junta de Comandantes y el Esmaco aprobaron las “Directivas al personal militar designado para prestar servicios en reparticiones públicas ajenas al MDN (Ministerio de Defensa Nacional)”, que estableció la intervención militar en todas las dependencias públicas.
Organigrama del OCOA aportado por un represor que se constituyó en fuente de la investigación periodística.

En aquellas directivas se estableció que la Junta de Oficiales Generales (Joogg), de la que participaban los 16 generales del Ejército, era el órgano formulador y actualizador de la política nacional de las Fuerzas Armadas y la Junta de Comandantes en Jefe, el máximo organismo de conducción y ejecución de esas políticas (“como supremo organismo del mando militar”).
El SID, integrado operativamente con el Esmaco, la Dirección General de Estadísticas y Censo (Dgeyc), la policial DNII y el Servicio de información Exterior (SIE) de la Cancillería, constituían el centro de información nacional, interior o exterior, de más alto nivel, en “beneficio” del Gobierno Nacional.
El Goyo Álvarez era el jefe del Estado Mayor Conjunto (ESMACO), donde se planificaba la represión.

El Esmaco, integrado con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) y la Oficina Nacional del Servicio Civil (ONSC) constituía el máximo organismo de asesoramiento, planificación, evaluación y control en lo que respecta a seguridad, desarrollo, presupuestación y administración pública.
“La totalidad de oficiales de las FFAA designados para actuar en organismos públicos civiles, estará subordinada militarmente a la JCJ y su actuación será coordinada por el Director del SID (información) y por el Esmaco (asesoramiento, planificación y ejecución) según sea el caso”, se ordenaba. (...)
A partir de esas directivas de mayo de 1974, los efectivos militares tenían una doble dependencia de mando. Por un lado, recibían órdenes de la unidad en la que revestían dentro del Ejército, la Armada o la Aviación, y por otro lado dependían del SID y del Esmaco en su misión, actividad o función de Estado.
Los militares que cumplieron actividades en materia de “seguridad” o en “operaciones antisubversivas”, fueran servicios de inteligencia del Ejército (S II), la Armada (N II), la Aviación (A II) o la Policía (DN II), coordinaban con el SID y el Esmaco, que informaba a la junta de oficiales y la junta de comandantes.


Oscurantismo en la búsqueda

Por una decisión de presidencia quitó prioridad a la búsqueda Batallón N°13 de Infantería.

López Mazz: "Hay más restos tanto en el 13 como en el 14, se sabe"

El antropólogo José María López Mazz dijo que una decisión de Presidencia quitó prioridad a la búsqueda de restos en los cuarteles y aseguró que la Operación Zanahoria fue un pacto entre civiles y militares. Para López Mazz intereses políticos afectan la investigación. Por Pablo Méndez

López Mazz Hay más restos tanto en el 13 como en el 14, se sabe

ElMuerto
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https://youtu.be/kMJB2JbV8Jo

El antropólogo José María López Mazz lamentó el “oscurantismo” en torno a la búsqueda de restos de detenidos desaparecidos y señaló que hay algunas personas dentro de Familiares que precisan “atención urgente”.
Además, aseguró que una decisión política de Presidencia de la República sacó de la prioridad la búsqueda de restos de detenidos desaparecidos en los cuarteles para darle prioridad al trabajo con los documentos históricos.
“Hay más restos, se sabe, tanto en el 13 como en el 14 lo que pasa que ha habido decisiones de otro tipo “ahora no se excava más, ahora es el tiempo de los documentos históricos” y el tema fue perdiendo velocidad, por los magros resultados o por esa competencia que se manotean el tema entre grupos”, afirmó.
Por otra parte, López Mazz dijo que está “comprobado” que la Operación Zanahoria existió y expresó su confianza en la versión que señala que se trató de un pacto entre civiles y militares, entre el período de transición y los primeros años de democracia.
“El tema de la Operación Zanahoria se pudo demostrar, aunque nunca ha habido un debate público, yo estoy a la orden para discutir esto. Es información histórica demostrar la voluntad sistemática del ocultamiento de cuerpos, hasta entrada la democracia, se seguían escondiendo cuerpos, la existencia de la Operación Zanahoria muestra la existencia de un pacto entre civiles y militares, de acondicionar la entrada a esa transición de Sanguinetti. No lo digo yo, hay militares que lo dicen en libros, los civiles se quieren lavar las manos pero yo hablé con muchísimos oficiales que han dicho que eso existió”, afirmó el antropólogo.
“Ahora el tema está en una persecución ideológica que se fue del carril, es un tema muy complicado y todo el mundo es muy pudoroso. Creo que en tres años guardé un silencio respetuoso, pero ya es una cosa que tenemos derecho a saber qué pasa (…) se han disputado mucho la dirección de esto porque tiene un retorno muy fuerte los hallazgos de restos de desaparecidos, hay fuerzas políticas que quieren salir en la foto, gente que tiene un protagonismo, hay otro que está prendido porque tiene un puestito, es un combo que se va armando”, afirmó.

PUBLICADO EN EL BLOG EL MUERTO



Crysol pide “aplicar la sanción más severa” al jefe del cuartel de Laguna del Sauce por “obstaculizar” la actuación de la Justicia

La organización de ex presos políticos Crysol envió una carta al Ministerio de Defensa Nacional (MDN) a raíz de lo sucedido durante el reconocimiento de las instalaciones del Batallón de Ingenieros de Combate Nº 4 de Laguna del Sauce, ordenado por la jueza letrada de 4º Turno de Maldonado, Adriana Morosini. La magistrada, el fiscal, abogados y denunciantes entraron al cuartel el viernes en el marco de la causa que investiga una serie de denuncias por “secuestros, torturas y desapariciones parciales” perpetradas en esa unidad del Ejército durante la última dictadura. “Al llegar al cuartel, la comitiva se encontró con un grupo de uniformados antimotines esperándolos y con ostentación innecesaria de armas. Sin dudas, con claros propósitos de generar temor y amedrentamiento a quienes debían realizar la tarea, siempre dolorosa para las víctimas, de reconocer lugares traumáticos. Tarea que han asumido para que situaciones como las vividas nunca más vuelvan a repetirse”, relata la misiva, dirigida al ministro Jorge Menéndez, a la que accedió la diaria. Según informó este periódico el lunes, la jueza debió ordenar que los efectivos, que portaban cascos, escudos y palos, de forma similar a un escuadrón de la Guardia Republicana, se retiraran, para poder efectuar la actuación.
Crysol plantea en la carta que “el hecho es revelador de una actitud negativa por parte del Jefe del Batallón que no puede ser ignorada ni pasada por alto, ya que no tiene que ver con el pasado sino con el presente actual”. Por esta razón, solicita al MDN que se recuerde a los comandantes en jefe de las tres armas “que su obligación es colaborar con el Poder Judicial de acuerdo a las normas constitucionales”, y que se proceda “a aplicar la sanción más severa que pueda corresponder al Jefe del Batallón por obstaculizar la actuación del Poder Judicial”. “La dictadura cívico militar fue una gran tragedia nacional, en múltiples planos, cuyas secuelas perduran hasta el día de hoy. La investigación y castigo de las graves violaciones a los derechos humanos, tal como lo señala la Resolución 60/147 de las Naciones Unidas, es la base para impedir que las mismas vuelvan a ocurrir. El Poder Judicial debe poder cumplir con sus obligaciones sin obstáculos y los denunciantes, apoyados, respaldados y protegidos por el gobierno”, concluye la carta del colectivo, fechada el 7 de junio.


Gustavo Giachetto. Foto: Sandro Pereyra (archivo, abril de 2015)
Gustavo Giachetto. Foto: Sandro Pereyra (archivo, abril de 2015)

AFFUR declaró persona no grata al prorrector de Gestión de la Udelar y se niega a negociar con él

La negociación bipartita entre la Agremiación Federal de Funcionarios de la Universidad de la República (AFFUR) y la Universidad de la República avanzó hasta el 4 de mayo, cuando ambas partes llegaron a un preacuerdo sobre instancias de negociación colectiva en los servicios, aspectos de salud laboral, concursos de ascenso, y aspectos sobre acoso y discriminación. La bipartita debería haber continuado con otros aspectos de negociación colectiva, pero AFFUR tomó la resolución de declarar persona no grata a Gustavo Giachetto, el prorrector de Gestión Administrativa y quien encabeza la delegación de la Udelar en las negociaciones, y se niega a continuar negociando con él. Según un comunicado de AFFUR, con el prorrector hubo “problemas de relacionamiento” que “inciden en la construcción de un ambiente propicio al diálogo para la negociación”. Añaden su preocupación por “varias situaciones de persecución sindical, especialmente las sufridas por una integrante del Secretariado Ejecutivo de la Federación”.
Daniel Olivera, secretario general de AFFUR, explicó a la diaria que el prorrector ejerció “un permanente enfrentamiento en diversos ámbitos a la compañera, llamadas telefónicas en tono inadecuado respecto de lo que es el relacionamiento entre dirigentes y autoridades”, y añadió que, como la dirigente depende funcionalmente de Giachetto, “también hubo planteos funcionales, como solicitar informes de actuación o cuestionar la [no] permanencia en el lugar de trabajo, cuando tenemos una ley de fueros sindicales que nos habilita a participar en actividades sindicales”. AFFUR afirma en su comunicado que no es su “pretensión incidir en el nombramiento o destitución de ninguna autoridad”, pero reivindican su derecho a negarse a sentar “a una mesa con quien ha saboteado permanentemente la negociación y atacado los fueros sindicales”, a la vez que destacan que los acuerdos logrados fueron “con la intervención” del rector.
La noticia llegó el día en el que el Consejo Directivo Central (CDC) de la Udelar iba a poner en discusión aprobar el preacuerdo con los funcionarios agremiados, y ese mismo día AFFUR hizo un paro de 24 horas con ocupación de las oficinas centrales. Durante la sesión del CDC, varios decanos manifestaron sus dudas respecto de aprobar el preacuerdo ese día, dadas las medidas que había tomado AFFUR. El propio rector, Roberto Markarian, fue crítico con el accionar gremial, y explicó lo que a su entender fue “la piedra del escándalo”, en referencia a la presentación por parte de Giachetto de un informe sobre el Instituto de Capacitación y Formación (ICF). Recordó que él mismo le pidió el informe al prorrector, y que el CDC resolvió “abrir un espacio de diálogo sobre su contenido; espacio de diálogo que está abierto y está contenido en las discusiones bipartitas. Se tomó una medida por las dudas, cuando el cuerpo no tiene ningún pronunciamiento y cuando no hay ninguna opinión final dada por ningún organismo ni por ninguna persona sobre el asunto”. “Que ante planteos de ese tipo se hagan medidas del tenor que se han tomado, creo que realmente no corresponde”, añadió.
Según Olivera, la presentación del informe sobre el ICF“ generó una inquietud muy grande” entre los funcionarios, y “se planteó que se trasladara eso a la negociación colectiva, porque la capacitación es materia de negociación colectiva”.
Sobre la declaración de persona no grata a Giachetto, Markarian opinó en la sesión: “Se nos quiere establecer quiénes son los interlocutores, cuando este cuerpo y este rector, que somos los que tenemos diálogos de algún tipo, aceptamos los interlocutores que se nos presentan y no hacemos cuestión de estilo, de modos, de otra cantidad de cosas que son subsidiarias con relación a los objetivos principales; creo que no corresponde aceptar ese tipo de condicionamientos”. Varios decanos manifestaron su respaldo a la delegación de la Udelar que participaba en la negociación, lo que se votó por unanimidad, y pese a los reparos con la actitud de AFFUR, finalmente el preacuerdo fue aprobado por unanimidad.
Según transmitió Olivera, el 31 de mayo, en una reunión de ambas partes con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, los funcionarios hicieron la denuncia ante el organismo por persecución sindical y, hasta el momento, la negociación colectiva sigue detenida.