Escrito por ANNCOL
Miércoles, 21 Septiembre 2016 04:53
!Exclusivo! Anncol presenta el documento completo con las Tesis de Discusión de la x Conferencia de la FARC-EP
X Conferencia - Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo, FARC-EP Tesis para la discusión
Índice:
Presentación La solución política como parte de nuestra historia
Tesis 1: Una historia de guerra y búsquedas de solución política
Tesis 2: El convencimiento mutuo de la necesidad de
la solución política
II. La Agenda de la Mesa de Conversaciones de La Habana
Tesis 3: Agenda de condiciones mínimas para un acuerdo
Tesis 4: Superación de causas principales de origen y persistencia del conflicto
Tesis 5: Condiciones específicas para la terminación de la confrontación armada.
III. Los alcances del Acuerdo Final de La Habana
Tesis 6: El Acuerdo Final como momento de inflexión histórica
Tesis 7: El Acuerdo Final como acuerdo de solución política
Tesis 8: El Acuerdo Final y la validez del alzamiento armado
Tesis 9: Sobre el capítulo de apertura democrática para la paz
Tesis 10: Sobre el capítulo de reforma rural integral
Tesis 11: Sobre el capítulo de solución al problema de las drogas ilícitas
Tesis 12: Sobre el capítulo de víctimas del conflicto
Tesis 13: Sobre el componente de la Jurisdicción Especial para la Paz
Tesis 14: Sobre el capítulo del “Fin del conflicto”
Tesis 15: Sobre el componente de reincorporación de las FARC-EP a la vida civil
Tesis 16: Sobre el componente de dejación de armas
Tesis 17: Sobre el capítulo de implementación
Tesis 18: Sobre el capítulo de verificación
Tesis 19: Sobre el enfoque diferencial y de género y la consideración de los pueblos étnicos
Tesis 20: Acuerdo Final, solución jurídica y proceso constituyente
Tesis 21: Sobre la refrendación del Acuerdo final
Tesis 22: Hacia una gran transformación cultural
IV. La perspectiva política inmediata
Tesis 23: La importancia del plebiscito
Tesis 24: Los primeros seis meses de la implementación
V. El tránsito de las FARC-EP hacia organización política legal
Tesis 25: La continuidad de la lucha a través de la acción política legal
Tesis 26: La batalla por la implementación del Acuerdo Final
Tesis 27: La batalla por el quiebre de la hegemonía política y cultural
Tesis 28: La batalla por la unidad del campo popular
Tesis 29: La vigencia de un proceso constituyente abierto
Tesis 30: Sobre el mandato de la X Conferencia
Introducción
Llegamos a esta X Conferencia de las FARC-EP con un parte de victoria para el pueblo colombiano y para nuestra guerrilla. Se ha suscrito el pasado 24 de agosto el “Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”. Hoy le podemos decir a Manuel, a Jacobo, a Alfonso, al Mono, a Raúl, a Iván, a miles de nuestros mártires, hombres y mujeres y a nuestra guerrillerada, que hemos cumplido.
Hemos puesto en manos de las gentes del común, de los humildes y desposeídos, hombres y mujeres, un acuerdo que visto de conjunto sienta las bases para avanzar hacia las transformaciones que siempre hemos deseado a fin de garantizar el bienestar y el buen vivir. Con base en el reconocimiento por parte del régimen que hemos combatido, de nuestro alzamiento armado, de nuestra condición de organización político-militar y del derecho a la rebelión que le asiste a los pueblos, se ha alcanzado un cierre digno de nuestra experiencia de rebelión armada, que inaugura una nueva etapa histórica para la sociedad colombiana y para nosotros, a fin de dar continuidad a nuestra lucha y a nuestras aspiraciones por la vía exclusivamente política, en el contexto del inicio del difícil proceso de construcción conflictiva de una paz estable y duradera.
Construir el Acuerdo Final no ha sido una tarea fácil. Ello ha sido posible gracias a la fuerza que nos han dado las armas, a nuestra cohesión, unidad e identidad, al incansable y paciente trabajo de nuestra Delegación en La Habana, a la acertada conducción de nuestro Estado Mayor Central y de nuestro Secretariado. Todo ello permitió sortear condiciones y momentos difíciles, antes del inicio de las negociaciones y durante ellas. Ha sido posible gracias a nuestro pueblo, a las más diversas organizaciones sociales y populares, políticas, sociales y culturales, obreras, campesinas, indígenas y afro descendientes, estudiantiles y de mujeres, de intelectuales y sectores de las capas medias, de la población LGTBI, de artistas y trabajadores del arte y la cultura, de mujeres y hombres, todas ellas y ellos, que supieron comprender el momento histórico y el significado de un acuerdo de paz en las circunstancias actuales.
Ello ha sido posible gracias al muy importante acompañamiento internacional de los países garantes, Cuba y Noruega, y acompañantes, Venezuela y Chile, y de un sinnúmero de gobiernos e instituciones y pueblos del mundo entero, que vieron con simpatía y creyeron con firmeza en la posibilidad de un acuerdo de paz en Colombia.
Ello ha sido posible también, debemos reconocerlo, por la voluntad y decisión política del Gobierno de Juan Manuel Santos de buscar una salida política, en medio de nuestras profundas e insuperables diferencias, y así los propósitos que nos guíen sean opuestos. Asimismo, por la disposición de sectores del empresariado y de los poderes económicos y políticos que han gobernado el país a lo largo de su vida republicana. Y desde luego, por el rol de los Estados Unidos, partícipe directo a lo largo de la historia del conflicto.
Esta X Conferencia se reúne con dos objetivos fundamentales:
1.- Analizar y refrendar el Acuerdo Final que hemos suscrito, a fin de que éste adquiera carácter vinculante y de obligatorio cumplimiento para nuestra guerrilla;
2.- Producir las disposiciones políticas y organizativas para iniciar el tránsito hacia un partido o movimiento político, dentro de las cuales se encuentra la convocatoria del Congreso constitutivo que deberá definir el Programa, el Estatuto y la Dirección Política.
I. La solución política como parte de nuestra historia
Tesis 1: Una historia de guerra y búsquedas de solución política. El Acuerdo Final que hemos suscrito con el Gobierno Nacional se inscribe dentro de nuestros propósitos históricos de lograr una paz dialogada que siente las bases para emprender los cambios que reclaman las grandes mayorías. Contra nosotros se emprendieron seis guerras que no lograron destruirnos: una a partir de 1948; otra a partir de 1954; otra a partir de 1962; otra a partir del 18 de mayo de 1964 cuando los Altos Mandos declaran oficialmente que ese día empezaba la “Operación Marquetalia”; otra que enfrentamos a partir del 9 de diciembre de 1990 cuando se inició la operación de exterminio contra el Secretariado en Casa Verde y se emprendió la “guerra integral” bajo el gobierno de Gaviria; y la más reciente, iniciada en 2002, con la implementación a fondo del “Plan Colombia” durante los gobiernos de Pastrana y Uribe. La guerra no fue para nosotros un fin en sí mismo. Al tiempo que fue una guerra de resistencia social y popular, también asumió los rasgos de una guerra ofensiva basada en planes político-militares para la toma del poder a fin de propiciar las condiciones para las transformaciones que a nuestro juicio demanda la sociedad colombiana. Siempre estuvimos empeñados en diferentes momentos de nuestra historia en la búsqueda de una solución política. Por eso iniciamos procesos de diálogos en La Uribe en 1984; luego en Tlaxcala en 1992; posteriormente en El Caguán a partir de enero de 1999; y, más recientemente, en La Habana desde noviembre de 2012, tras la firma del “Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera” el 26 de agosto de ese mismo año. Con la suscripción del Acuerdo Final el pasado 24 de agosto se cierra para nosotros de manera exitosa un largo ciclo de guerra que no deseamos.
Tesis 2: El convencimiento mutuo de la necesidad de la solución política. Si la guerra se prolongó hasta convertirse en la más larga del hemisferio occidental no fue por decisión unilateral nuestra. En las clases dominantes siempre estuvo presente la pretensión de obtener una victoria militar para lograr nuestro sometimiento y rendición. También de nuestra parte, valoramos la posibilidad de lograr nuestros objetivos por la vía del alzamiento armado. No obstante, el desenvolvimiento de la confrontación armada, la configuración específica del balance político-militar de la guerra, así como la consideración del contexto político y económico nacional e internacional, llevaron al gobierno actual y a nosotros mismos al convencimiento de que darle continuidad a la confrontación llevaría a una prolongación indefinida del conflicto, extendiendo de manera innecesaria el dolor y la victimización que es propia del accionar bélico, sin que se avizorara una definición definitiva a favor de alguna de las partes. Sobre la aceptación de esa realidad, pero también con fundamento en la voluntad y la decisión política, se abrió paso la posibilidad de avanzar hacia la búsqueda de una solución que -basada en el reconocimiento mutuo de las partes- propiciara las condiciones de una salida política dialogada. De esa manera, se entró en el campo de la transacción, el cual tiene como supuesto, si se pretende llegar a un acuerdo, la disposición mutua de conceder. Una primera expresión de ello, fue la definición de la Agenda La Habana. Y, más recientemente, el Acuerdo Final, objeto de análisis y refrendación por parte de esta Conferencia.
II. La Agenda de la Mesa de Conversaciones de La Habana
Tesis 3: Agenda de condiciones mínimas para un acuerdo.
Luego de intensos intercambios, no exentos de dificultades, y como resultado del encuentro exploratorio que tuvo como sede La Habana, Cuba, entre el 23 de febrero y el 26 de agosto de 2012, convinimos con el Gobierno de Juan Manuel Santos el “Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”, en el que se definió la Agenda de diálogos y discusiones, y se estableció que, tras la instalación pública en Oslo, Noruega, la Mesa de conversaciones directas e ininterrumpidas se adelantaría en La Habana. Para nosotros, la Agenda convenida respondía a las condiciones mínimas, bajo las cuales estaríamos dispuestos a dar por terminado nuestro alzamiento armado contra el Estado y el orden social capitalista vigente, sin renunciar a nuestros propósitos estratégicos por las transformaciones estructurales que requiere la sociedad colombiana para superar la dominación impuesta por las clases más pudientes, la ausencia de democracia real y verdadera, la miseria y la explotación derivada del modelo económico, y la dependencia frente al imperialismo y las transnacionales y sus diversas formas de intervención en la vida nacional.
Tesis 4: Superación de causas principales de origen y persistencia del conflicto. La Agenda de conversaciones contenía cuatro puntos que a nuestro juicio estaban orientados a generar condiciones para la superación de causas principales de origen y persistencia del conflicto social y armado y sus impactos sobre la sociedad en su conjunto. De su lectura, se infiere una línea de continuidad respecto de lo señalado en el “Programa agrario de los guerrilleros”, proclamado el 20 de julio de 1964, luego corregido y ampliado por la Octava Conferencia de abril de 1992, y desarrollado a través de múltiples documentos de nuestras conferencias guerrilleras. En efecto, teniendo en cuenta los cambios ocurridos durante las últimas décadas en la formación económico social capitalista que impera en el país, en la Agenda de conversaciones quedó consignada la necesidad de acordar un conjunto de reformas orientadas a:
a) La solución integral de la problemática agraria (en cuyo eje se encuentra la irresuelta cuestión de la tierra y el territorio) en favor del campesinado y las comunidades campesinas y considerando los intereses de los pueblos indígenas y de los afrodescendientes.
b) La superación del régimen antidemocrático y excluyente que ha impedido el libre ejercicio de la acción política por parte de los débiles y desposeídos;
c) El tratamiento integral y diferenciado al problema de las drogas ilícitas, con énfasis en los cultivos de uso ilícito y un enfoque de salud pública del consumo.
d) Al reconocimiento y la materialización integral de los derechos de las víctimas del conflicto, fundamentalmente de pobladores humildes a lo largo y ancho del territorio nacional.
Tesis 5: Condiciones específicas para la terminación de la confrontación armada. Junto con lo anterior, la Agenda de conversaciones comprendió las condiciones específicas para una terminación de la confrontación armada basada en el reconocimiento y el compromiso mutuo y la dignidad para las partes involucradas de manera directa en la contienda militar. En ese sentido, se contempló convenir:
a) El cese bilateral definitivo de fuegos y de hostilidades; b) Las propiedades del proceso de dejación de armas, y de la normalización guerrillera en lo político, lo económico y lo social, de acuerdo con nuestros intereses, c) El desmonte de estructuras y modalidades de contrainsurgencia, especialmente paramilitar, incluida la lucha contra la corrupción; d) Las garantías de seguridad integral para nuestro tránsito hacia organización política legal.
La Agenda de Conversaciones consideró, además, convenir los mecanismos, medidas y acciones necesarias para la implementación, la verificación y la refrendación de los acuerdos, en el entendido de que con la firma de un Acuerdo final se daría inicio a lo más complejo de toda negociación: el cumplimiento de lo pactado, es decir, la garantía efectiva, real y material, para el desistimiento del alzamiento armado.
III. Los alcances del Acuerdo Final de La Habana
Tesis 6: El Acuerdo Final como momento de inflexión histórica. El análisis de conjunto del “Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera” permite afirmar que se está frente al hecho político más importante de la historia de las últimas décadas de nuestro país, básicamente por las siguientes razones: Primera, porque representa la derrota de los sectores de las clases dominantes y de intereses foráneos interesados en la solución militar y prolongación indefinida de la guerra, en cuanto hicieron de ella un instrumento esencial para preservar su dominación política y sociocultural y obtener jugosos y lucrativos dividendos; Segunda, porque crea las condiciones para dar por terminados el sufrimiento y la victimización que ocasiona la guerra, lo cual ha afectado de manera principal a las gentes del común, a millones de colombianos y colombianas humildes, especialmente en el campo; Tercera, porque establece un conjunto de posibilidades reales para emprender un ciclo de reformas tendientes a la democratización política, económica, social y cultural del país, en la medida en que se logre desatar la potencia transformadora contenida en los acuerdos. En ese sentido, es el más significativo aporte para transformar la vida de la generación presente y sobre todo de las generaciones futuras de nuestro país; Cuarta, porque contribuye a los propósitos declarados de los pueblos de Nuestra América de hacer de nuestra Región una zona de paz, en la cual desaparezca por siempre toda amenaza de intervención militar imperialista.
Tras semejante hecho político se encuentra algo aún más hondo: la posibilidad real de una inflexión política para inaugurar una nueva etapa histórica: la construcción conflictiva de una paz estable y duradera. Y con ello, la producción colectiva de una gran transformación cultural en la sociedad colombiana, sobre presupuestos de democracia real y avanzada.
Tesis 7: El Acuerdo Final como acuerdo de solución política. El Acuerdo Final es una expresión de la correlación social de fuerzas y del propio balance político-militar e histórico concreto de la guerra; es un acuerdo de solución política que implica el reconocimiento de las partes comprometidas directamente en la contienda militar de que las armas y el poder de fuego de ninguna de ellas logró vencer a su adversario o enemigo declarado. En ese sentido, es el reconocimiento de la continuidad de lucha a través de medios exclusivamente políticos. No representa la materialización de nuestras aspiraciones estratégicas como fuerza revolucionaria; tampoco es la claudicación de nuestra fuerza político-militar guerrillera. No es ni la revolución por decreto, ni tampoco la rendición. Con el Acuerdo Final no asistimos al fin del conflicto que es inherente al orden social capitalista, sino a la continuidad de la lucha social y de clases, y a la terminación de la expresión armada del conflicto en el caso de las FARC-EP, que con el tránsito a organización política legal proseguirán su brega por las transformaciones estructurales hacia un nuevo orden social de democracia verdadera y justicia social.
Tesis 8: El Acuerdo Final y la validez del alzamiento armado. El Acuerdo Final es una demostración de la validez de nuestro alzamiento armado por 52 años. Gracias a él ha sido posible dejar sentadas las bases para abrir un campo de reformas que en otras condiciones difícilmente se hubiera podido alcanzar, dadas las características de la organización del poder y la dominación en nuestro país. En ese sentido, el Acuerdo Final es nuestro aporte a las múltiples luchas sociales y populares en campos y ciudades, que en medio de las más difíciles condiciones han enfrentado y continúan enfrentando las políticas estatales concebidas e implementadas para favorecer a los poderosos.
Somos conscientes de que de la misma forma como el Acuerdo Final contiene una indiscutible potencia transformada para adelantar cambios políticos y sociales a favor de las grandes mayorías, también representa una opción de remozamiento del régimen de dominación de clase y una posibilidad de absorción sistémica de la rebelión, si los cambios no se logran sacar adelante.
Así es que el Acuerdo Final y sobre todo su implementación representan un campo abierto de lucha que contiene la opción del cambio y la transformación, pero también la posibilidad de la preservación renovada del Establecimiento. La tarea histórica que se nos viene encima es hacer germinar la semilla del Acuerdo Final para continuar avanzando hacia el logro de nuestras mayores aspiraciones estratégicas.
Tesis 9: Sobre el capítulo de apertura democrática para la paz. En el componente del Acuerdo Final que corresponde a la “Participación política: apertura democrática paz la paz” se convino un conjunto de políticas, medidas y acciones orientadas a romper las configuraciones excluyentes, corruptas y antidemocráticas del régimen político y, en particular, del sistema político y de representación. Algunas de ellas previstas en la Constitución de 1991, pero no desarrolladas ni implementadas por la persistencia de estructuras de dominación política y cultural que han logrado imponer y reproducir un régimen de “democracia gobernable” con fachada electoral, pero sin garantías reales para el ejercicio de la oposición política y social, la movilización y la protesta social, y la participación social y ciudadana. El Acuerdo Final sienta las bases para emprender un proceso de democratización política sobre dos presupuestos básicos: a) un entendimiento amplio de la política y de la contienda política y b) la fijación de nuevas reglas y procedimientos para la participación política, considerando de manera particular el proceso electoral.
En efecto, se convino un amplio régimen de garantías para el ejercicio de la oposición política que comprende el estatuto de la oposición política y garantías integrales de seguridad para el ejercicio de la política. Asimismo, la ampliación del concepto de la participación ciudadana abarcando garantías para los movimientos y las organizaciones sociales, la movilización y la protesta social, la reconciliación y la convivencia, el acceso a medios de comunicación, el control y la veeduría ciudadana, el fortalecimiento de la planeación democrática y participativa, entre otros. Por otra parte, las reformas acordadas en materia de participación política, además de promover el pluralismo político y la representatividad del sistema de partidos, apuntan a estimular la participación y la transparencia electoral y tienen como supuesto la transformación estructural del régimen y la organización electoral, así como la promoción de una cultura política democrática y participativa. Y de manera particular, la promoción de la representación política y ciudadana de la mujer, y de los territorios afectados por el conflicto y el abandono estatal, como se expresa en las 16 Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz acordadas.
Con el acuerdo sobre participación política se reconoce que la contienda política se extiende a otros campos de la vida social, distintos a aquellos que la limitan a la competencia electoral; se fortalecen las bases de una contienda política efectivamente democrática, con garantías para quienes intervienen en ella; y se dejan mojones para trascender la organización democrático liberal.
Con este componente del Acuerdo Final queda trazado un marco jurídico-político de compromiso para transitar hacia la democracia verdadera y avanzada en nuestro país. Con ello, las FARC-EP aportamos a los esfuerzos de partidos y fuerzas políticas, así como de movimientos políticos y sociales progresistas, democráticos y de izquierda, movidos por ese propósito.
Tesis 10: Sobre el capítulo de reforma rural integral. Lo acordado sobre Reforma Rural Integral está concebido esencialmente para mejorar las condiciones de vida y de trabajo del campesinado en general, y sobre todo del campesinado pobre y desposeído, así como de las comunidades campesinas, atendiendo los intereses de los pueblos indígenas y las comunidades afro descendientes. Sin haber logrado los propósitos de una reforma revolucionaria agraria integral, que supere la escandalosa concentración de la propiedad sobre la tierra y el modelo imperante de los grandes agro negocios, se convino la realización de un catastro rural durante los próximos siete años, que será una herramienta de suma importancia no sólo para aclarar las relaciones de propiedad ensombrecidas por la guerra y el despojo violento, sino para una más precisa definición de los usos de la tierra, para el castigo al uso improductivo con impuestos, especialmente al latifundio ganadero, y para el cierre de la frontera agrícola. Asimismo, se dio un paso importante para el fortalecimiento de la propiedad campesina a través de dos vías, que comprometen en un inicio 10 millones de hectáreas con la creación de un fondo de tierras de 3 millones de hectáreas para los campesinos sin tierra o con insuficiente tierra y la formalización de la propiedad de 7 millones de hectáreas de pequeña y mediana propiedad y de Zonas de Reserva Campesina. Sobre esa nueva relación de propiedad, se edifican propósitos mayores en dirección a un nuevo ordenamiento territorial, hacia el fortalecimiento de la producción de alimentos y la superación de la pobreza y la desigualdad, aspectos de nuestro máximo interés político. En efecto, el Acuerdo Final contempla la elaboración e implementación de planes de desarrollo con enfoque territorial (PDET) con una amplia participación de las comunidades en zonas priorizadas del territorio nacional, así como de planes nacionales para la reforma rural integral. De esa manera, se logró trascender un enfoque exclusivo de propiedad sobre la tierra, para agregar a éste una visión integral que además de incorporar una concepción del territorio a construir y fortalecer “desde abajo”, contempla medidas y acciones sobre financiación y crédito, subsidios, vías, riego, infraestructura eléctrica y de conectividad, mercadeo, así como componentes sociales referidos a educación, salud, educación rural, vivienda y agua potable, formalización laboral y protección social y al derecho a la alimentación. Con el acuerdo agrario, quedan en manos de los campesinos y de las comunidades campesinas, de los pueblos indígenas y de nuestros afrodescendientes, que siempre hicieron parte de nuestras preocupaciones durante las conversaciones, invaluables herramientas para su bienestar y buen vivir. La vida en el campo será otra. No sólo por la terminación de la confrontación armada, sino por el marco y los referentes de reformas de obligada implementación, que se agregan a las aspiraciones y plataformas del movimiento campesino, indígena y afrodescendiente. Queda siembra para la verdadera reforma rural y agraria integral a la que hemos aspirado históricamente y para un ordenamiento democrático, participativo y sostenible socio- ambientalmente del territorio. A ello se opondrá, desde luego la dimensión estructural vigente de la relación de propiedad basada en la concentración y el modelo económico de extracción minero-energética y de agro negocios. No habrá fin del conflicto agrario. A los conflictos socio-territoriales ya existentes, se le agregarán las luchas por la implementación de lo acordado en esta materia.
Tesis 11: Sobre el capítulo de solución al problema de las drogas ilícitas. Un logro significativo del Acuerdo Final consiste en haber superado la visión punitiva y penalista que ha imperado en las políticas estatales frente al problema de las drogas ilícitas en el contexto de la mal llamada guerra contra las drogas, y que se ha concentrado en los eslabones más débiles de ese negocio corporativo transnacional: los cultivadores de coca, amapola y marihuana y los consumidores urbanos. En su lugar, se logró imponer un entendimiento del problema desde su naturaleza esencialmente social y de pobreza, en cuanto a los cultivadores se refiere; y de salud pública, cuando de los consumidores se trata. En el Acuerdo Final se convino la sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito mediante la elaboración e implementación de planes integrales de desarrollo concertados con las comunidades y con garantía de participación directa por parte de ellas, articulados en bajo un Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, que es concebido como parte de la Reforma Rural Integral. Los planes integrales de desarrollo apuntan a enfrentar la problemática económica y social de las comunidades de cultivadores, a propiciar garantías para su bienestar y buen vivir, incluida la sostenibilidad y la recuperación ambiental, así como a reformular el tratamiento penal y de criminalización, deshaciendo de facto la política antidrogas vigente y superando en forma significativa uno de los argumentos para el intervencionismo imperialista. El Acuerdo Final introdujo, por otra parte, un concepto de prevención del consumo y de salud pública en la atención a los consumidores de drogas, distanciándose de los enfoques de mera penalización.
Con base en el reconocimiento de que la producción y comercialización de narcóticos es un fenómeno transnacional, se convinieron múltiples compromisos para combatirlas, que evidencian que los eslabones de las ganancias espectaculares en esa cadena de valor no son precisamente los de los cultivadores, sino que se encuentran en los proveedores industriales de insumos, los grandes comercializadores y distribuidores, el lavado de activos y, en consecuencia, en los circuitos legales de la economía, principalmente en el negocio financiero. El Acuerdo Final puso de presente la falacia acerca de las FARC-EP como un cartel del narcotráfico y evidenció que las intervenciones regulatorias puntuales de nuestra parte en esa cadena de valor, especialmente a través de la tributación, lo han sido para la financiación de la rebelión y no para desarrollar una industria criminal con fines de enriquecimiento de sus integrantes.
Tesis 12: Sobre el capítulo de víctimas del conflicto. El capítulo del Acuerdo Final sobre “Víctimas del conflicto” se sustenta en el diseño y formulación del “Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición”, con el cual –de manera novedosa respecto de otras experiencias nacionales e internacionales- se ponen en el centro de las preocupaciones la víctimas del conflicto y los procesos de victimización ocurridos a lo largo de décadas de confrontación armada, sobre la base del reconocimiento de múltiples responsabilidades, contemplando las inherentes al orden social vigente y las imputables al Estado y sus agentes, a las estructuras de contrainsurgencia, especialmente paramilitar, promovidas por éstos y por organizaciones civiles y por poderes económicos y gobiernos extranjeros, así como las que le corresponden a nuestro ejército guerrillero en ejercicio del derecho a la rebelión. Todo ello, con estricta atención a las normas y los estándares vigentes del Derecho Internacional de los derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario. Particular atención merece en ese contexto, el aporte del Acuerdo Final al esclarecimiento de la verdad histórica con el “Informe de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas” y con el mandato de la “Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición”.
De esa forma, la historia del conflicto tendrá la garantía de no ser una historia oficial, sino de ofrecer una visión integral y plural, a la que se suman las numerosas investigaciones académicas y de organizaciones y movimientos políticos y sociales. Sobre el entendido que la principal exigencia de las víctimas del conflicto es la de la verdad (incluida la situación de las personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto), el Sistema integral acordado descansa, primero, sobre un concepto de integralidad de la reparación, en el que junto con las reparaciones individuales se hace énfasis en las reparaciones colectivas, superando disposiciones legales vigentes; segundo, en el diseño y puesta en marcha de un sistema de justicia para enfrentar la impunidad, denominado Jurisdicción especial para la paz; y tercero, en un conjunto de políticas, medidas y acciones para la no repetición, dentro de las cuales se encuentra la propia implementación y el cumplimiento de todo lo acordado. Uniéndose a todo ello, el compromiso de promoción, respeto y garantía de los derechos humanos, definidos en su integralidad e inescindibilidad. El Acuerdo Final demuestra el indeclinable compromiso de las FARC-EP con las víctimas del conflicto y constituye una herramienta del mayor significado para el movimiento de víctimas en el largo trasegar por el reconocimiento de sus derechos. El Acuerdo es demostrativo además de nuestra determinación de asumir las responsabilidades que nos corresponden.
Tesis 13: Sobre el componente de la Jurisdicción Especial para la Paz. El componente del Acuerdo sobre la Jurisdicción Especial para la Paz representa el diseño y la puesta en marcha de un sistema de justicia que atendiendo de manera estricta estándares internacionales está concebido para “satisfacer el derecho de las víctimas a la justicia, ofrecer la verdad a la sociedad colombiana, proteger los derechos de las víctimas, contribuir al logro de una paz estable y duradera, y adoptar decisiones que otorguen plena seguridad jurídica a quienes participaron de manera directa o indirecta en el conflicto, respecto a hechos cometidos en el marco del mismo y durante éste que supongan graves violaciones al Derecho Internacional Humanitario y graves violaciones de los Derechos Humanos” (AF, p. 130). En ese sentido, la JEP no es un acuerdo de impunidad; tampoco un acuerdo para el juzgamiento de la rebelión de las FARC-EP o de nuestra comandancia. No es un sistema de sometimiento a la justicia estatal vigente en la que ha primado el enfoque del derecho penal del enemigo, sino una solución creativa que garantiza la imparcialidad debida y requerida en un acuerdo de paz. Sobre la base del acuerdo del indulto y la más amplia amnistía posible como está previsto en la normatividad internacional, nos hemos comprometido a acudir a la JEP a ofrecer nuestra verdad sobre los hechos del conflicto de los que ella se ocupa, a asumir las responsabilidades en lo que nos corresponda, y a aceptar las sanciones que ella imponga, si a ello hubiere lugar. De la misma manera, esperamos que acudan y se pongan a disposición de la JEP todos quienes, de manera directa o indirecta, sean civiles o militares, han intervenido en el conflicto.
Sólo así será posible superar la impunidad, hacer efectivo el derecho de las víctimas a la verdad y garantizar un genuino ejercicio de justicia. Con la JEP convenida en el Acuerdo Final queda en manos de las víctimas del conflicto y de la sociedad colombiana en general un instrumento fundamental para la construcción de una paz estable y duradera.
Tesis 14: Sobre el capítulo del “Fin del conflicto”. El capítulo sobre el “Fin del Conflicto” fue concebido bajo la premisa de que se trata de un proceso integral y simultáneo, contentivo de condiciones de aprestamiento y de contexto, así como de condiciones específicas para garantizar el tránsito a la vida civil.
En cuanto a las primeras, nuestra decisión unilateral de cese indefinido de fuegos fue fundamental para mostrar la inutilidad del enfoque impuesto por el Gobierno de negociar en medio del conflicto, presionar el des escalamiento de la confrontación militar y, junto con otras medidas y acciones bilaterales, preparar el terreno para el acuerdo de cese bilateral definitivo de fuegos y hostilidades, suscrito el 23 de junio de este año. Y sobre esa base, pero en conexión con otros aspectos de lo acordado, convenir la dejación de armas como un proceso con componentes políticos y técnico-militares, diseñados de manera en extremo cuidadosa. En igual sentido, debe considerarse el acuerdo sobre el combate y desmonte a estructuras de contrainsurgencia, especialmente de carácter paramilitar. No hay posibilidad de paz estable y duradera si persiste y continúa reproduciendo el paramilitarismo, así éste se encubra con nuevas denominaciones.
Por ello, debe destacarse que el Acuerdo final en esta materia se sustenta en la promoción de un pacto político nacional para la superación de la utilización de las armas en la política y para que no se promuevan organizaciones violentas como el paramilitarismo. En particular existe el compromiso del Gobierno de incorporar en la Constitución “la prohibición de la promoción, organización financiación o empleo oficial y/o privado de estructuras o prácticas paramilitares, y a desarrollar las normas necesarias para su aplicación, que incluirán una política de persecución penal, sanciones administrativas y disciplinarias.
Además, se contemplarán medidas de sometimiento a la justicia” (AF, p. 72). En este aspecto, el Acuerdo Final abunda en múltiples previsiones, políticas, acciones y medidas y diseños institucionales, que nos permiten afirmar que quedan sentadas las bases para hacer posible superación definitiva de la doctrina y las prácticas de contrainsurgencia, especialmente de carácter paramilitar, así el Gobierno se haya rehusado a una modificación explícita de la política de “seguridad nacional” y se haya resistido al reconocimiento de la persistencia del paramilitarismo. Con la terminación del conflicto armado con las FARC-EP no queda justificación ética y política alguna para darle continuidad a una política que sólo ha producido sangre y victimización de los humildes del país. De hecho, ya se viene anunciando la puesta en marcha de un cambio en la doctrina militar, lo cual debe ser interpretado como una consecuencia directa de las conversaciones. A lo anterior, se agregan los compromisos de garantías de seguridad para nuestro partido o movimiento político, sus integrantes y sus familias, mediante un sistema de protección integral, una vez se haya producido nuestro tránsito a la vida civil. En dicho programa, por cierto, participará un contingente importante de nuestros integrantes. Por otra parte, las condiciones específicas para el “Fin del conflicto” se refieren al acuerdo sobre el proceso de reincorporación de las FARC-EP a la vida civil.
Tesis 15: Sobre el componente de reincorporación de las FARC-EP a la vida civil. Hemos hecho valer la letra de la Agenda cuando estableció que la reincorporación a la vida civil en lo político, lo económico y lo social, es de acuerdo con nuestros intereses. El Acuerdo Final en esta materia se distingue de los procesos de reinserción guerrillera del pasado y de la estrategia contrainsurgente de la desmovilización, desarme y reinserción, conocida como DDR, que responde a una concepción de sometimiento. Por esa misma razón, la institucionalidad de la reincorporación no nos vincula con ninguna agencia estatal; será bipartita y por cuenta del Consejo Nacional de la Reincorporación.
El proceso de reincorporación tiene como fundamento, nuestra voluntad y decisión política de darle continuidad a la lucha por nuestras aspiraciones históricas bajo las condiciones generadas por el cumplimiento de los acuerdos por parte del Gobierno, particularmente en lo referido a las reformas para la apertura democrática, al desmonte del paramilitarismo y a las garantías de seguridad, más también las convenidas de manera específica para nuestra organización y sus integrantes. Hemos convenido en ese aspecto, que nuestra reincorporación es la de una comunidad de alzados en armas, hombres y mujeres, y a la vez de individuos, con sus propias aspiraciones. Por tal razón, el proceso de reincorporación contempla, por una parte, nuestro tránsito a partido o movimiento político legal, bajo normas y reglas excepcionales, y la conformación de una organización de economía social que hemos denominado de Economías sociales del común – ECOMÚN. Y por la otra, un sistema de prestaciones económicas y sociales individuales, concebidas como mínimos para la vida digna de nuestros combatientes tras su tránsito a la vida civil.
Tenemos la aspiración de preservar nuestra comunidad bajo las nuevas circunstancias, pues ella constituye el núcleo básico que habrá de expandirse hacia todo el campo popular para avanzar en nuestros propósitos de construcción de un nuevo poder social “desde abajo” y de toma de posiciones de poder político y de gobierno para los cambios que reclaman las mayorías. Consideramos que hemos convenido condiciones aceptables de excepcionalidad para nuestro partido o movimiento político legal referidas a personería jurídica, financiación, acceso a medios, participación y representación política y vocerías en corporaciones públicas. De la misma forma valoramos la posibilidad de construir una economía propia a través de ECOMÚN y en asociación con las comunidades con las que nos hemos relacionado históricamente. Apreciamos igualmente que hemos respondido con entereza, en el contexto de lo acordado, a las preocupaciones que tienen actualmente nuestros combatientes, hombres y mujeres, respecto de su inmediato futuro.
Tesis 16: Sobre el componente de dejación de armas. La dejación colectiva e individual de las armas representa probablemente el momento más difícil para quienes hemos ejercido el derecho a la rebelión. Las armas nos han dado el poder de la resistencia, del honor y de la dignidad; han sido nuestra compañía inseparable por décadas de lucha y gracias a ellas ha sido posible el Acuerdo Final de solución política.
Tenemos la satisfacción de que en medio de las condiciones de mayúscula asimetría tecnológica y de recursos militares, del apoyo de potencias extranjeras, especialmente del gobierno de los Estados Unidos, de dispositivos culturales y de comunicaciones, así como de un gigantesco esfuerzo fiscal del Estado, nuestras armas no pudieron ser vencidas. Pudieron más la convicción y el heroísmo de nuestros miles de hombres y mujeres para resistir y persistir en los propósitos nobles de nuestra rebelión armada. Por ello es que el Acuerdo Final no es un acuerdo de desmovilización y de entrega de armas a quien ha sido nuestro adversario y enemigo declarado. En su lugar, hemos convenido un proceso de dejación “mediante el cual la ONU recibe la totalidad del armamento de las FARC-EP para destinarlo a la construcción de tres monumentos” (AF, p. 59), uno en la sede de las Naciones Unidas, otro en Cuba y otro en el lugar del territorio nacional que nosotros definamos. Con esta decisión le hemos concedido espacio y significación a nuestro propósito ético y político mayor: simbolizar ante el mundo nuestra determinación de construir una paz estable y duradera para nuestro pueblo, manifestar nuestro agradecimiento perenne al pueblo de Cuba por su irrestricto compromiso con la paz de Colombia y sembrar en tierra colombiana la memoria de nuestro alzamiento y la gloria a nuestras víctimas.
Tesis 17: Sobre el capítulo de implementación. Con lo acordado acerca de la implementación, se buscó propiciar las condiciones para que lo contenido en el Acuerdo Final logre materializarse. Las experiencias internacionales demuestran que existe una marcada tendencia hacia un bajo nivel de cumplimiento de lo pactado en acuerdos paz. Considerando ello, se convino un sistema robusto de implementación que conjuga institucionalidad, planes, desarrollos normativos, prioridades y una amplia participación social y ciudadana. Se acordó la conformación de la Comisión de Implementación, Seguimiento y Verificación del Acuerdo Final de Paz (CSVR), de carácter bipartito, con un primer período de funcionamiento hasta enero de 2019, prorrogable hasta diez años, que corresponden al lapso definido para el proceso de implementación. Asimismo, se definió un Plan Marco de Implementación (PMI) de diez años, que se desagregará en Planes Cuatrienales de Implementación (PCI), con los que lo acordado tendrá que incorporarse al Plan Nacional de Desarrollo (PND) de los respectivos gobiernos, garantizando de esa manera las inversiones necesarias, así como la asignación correspondiente de recursos del presupuesto nacional y de recursos provenientes de los entes territoriales. Para proveer el marco normativo y los soportes institucionales que le den a la implementación un carácter vinculante específico, se convino la expedición de un CONPES del PMI en los términos que apruebe la CSVR, así como el trámite de las reformas constitucionales y legales de incorporación del PCI al PND. Por otra parte, se definió una agenda legislativa a través del procedimiento previsto en el Acto Legislativo 01 de 2016, cuya materia corresponde a los aspectos fundamentales de los desarrollos normativos constitucionales y legales que demanda la implementación del Acuerdo final, y se estableció que los contenidos de tales desarrollos tendrán que ser constatados por la CSVR, previa presentación o expedición por el Presidente de la República. Junto con lo anterior, se definieron mecanismos de participación de la sociedad, un sistema integrado de información y medidas de transparencia para la implementación, así como medidas y acciones de implementación prioritaria. De esa forma consideramos que quedaron sentadas las bases para un proceso de exitoso de implementación, cuya premisa es a nuestro juicio la apropiación social del Acuerdo Final y el más amplio respaldo y compromiso social y popular.
Tesis 18: Sobre el capítulo de verificación. El Acuerdo Final convino un mecanismo de verificación internacional concebido como parte del mecanismo de implementación de los acuerdos que “tendrá como propósito comprobar el estado de avances de la implementación de los mismos, identificar retrasos o deficiencias, brindar oportunidades de mejoramiento continuo, así como contribuir a fortalecer su implementación” (AF, p. 184).
Dos notables, uno elegido por nosotros y otro por el Gobierno Nacional, y el componente internacional conformado por un representante de Cuba, Noruega, Venezuela y Chile, respectivamente, constituyen en primera instancia la verificación internacional, que además contará con el apoyo técnico del Instituto Kroc de Estudios Internacionales de Paz de la Universidad de Notre Dame, en los términos que le señale la CSVR. El mecanismo internacional de verificación presentará informes periódicos sobre la implementación, a los que muy seguramente se unirán aquellos que produzcan las organizaciones sociales y populares y nuestro Centro de pensamiento y formación política. A lo anterior se suma la solicitud de las Partes a través de la Asamblea General de Naciones Unidas de “una Misión Política con el mandato de verificar la reincorporación de las FARC-EP y la implementación de las medidas de protección y seguridad colectiva” (AF, p.186), asegurando un funcionamiento por un período de tres (3) años, renovables. Por otra parte, se convino la renovación del actual mandato del Alto Comisionado de las Naciones Unidas (ONU Derechos Humanos) por un periodo de tres (3) años renovables, en cuyo informe anual se solicitará sea incluido un capítulo de implementación de los derechos humanos. Habrá además un acompañamiento internacional a la implementación del Acuerdo final en cada uno de sus puntos con instituciones internacionales especializadas, que deberán elaborar informes periódicos a la CSVR. Como se aprecia, el Acuerdo final cuenta igualmente con un sistema de verificación que ofrece garantías en múltiples sentidos para el proceso de implementación.
Tesis 19: Sobre el enfoque diferencial y de género y la consideración de los pueblos étnicos. Todo el Acuerdo final posee un enfoque diferencial y de género, con énfasis en los derechos de las mujeres. Ello obedece a nuestra firme convicción acerca de la necesidad de reconocer las particularidades de grupos sociales diferenciados, comúnmente excluidos y sometidos a la continua discriminación. Y en el caso de las mujeres, se trata además de las circunstancias propias de la dominación patriarcal que apuntala aún más la propia dominación capitalista, acentuando su condición de víctimas principales del conflicto. La lectura transversal del Acuerdo Final permite afirmar que se está en presencia de una posibilidad para el mayor reconocimiento de sus derechos y de su papel activo como sujetos políticos de la construcción de una paz estable y duradera. El Acuerdo Final, por otra parte, se fundamenta en una consideración y respeto de los derechos de los pueblos étnicos y está concebido en todos sus componentes para contribuir a expandirlos, tal y como se demuestra en el capítulo étnico. No habrá paz verdadera, estable y duradera, sin la materialización de los derechos de las mujeres y de los pueblos étnicos.
Tesis 20: Acuerdo Final, solución jurídica y proceso constituyente. El Acuerdo Final además de ser un acuerdo de transacción política para la terminación de la expresión armada del conflicto en el caso de nuestra guerrilla, impuso la necesidad de una solución jurídica con base en el presupuesto del origen político del derecho. En las condiciones actuales, acuerdos políticos sin definiciones jurídicas resultan insuficientes, si se considera que lo convenido debe tener fuerza vinculante para las Partes, dotándolas así de la necesaria seguridad jurídica. Se sobreentiende además que la solución jurídica en sí misma no es una garantía de que lo acordado efectivamente sea objeto de cumplimiento, pero sí prefigura un marco normativo de compromiso de las Partes, que establece pautas y parámetros para la acción política en demanda del cumplimiento y la implementación. Se convino que el Acuerdo Final es un Acuerdo Especial de los previstos en el artículo 3 común de los Convenios de Ginebra. Igualmente, que por medio del procedimiento expedito del Acto Legislativo 01 de 2016 habrá una ley aprobatoria del Acuerdo Final como Acuerdo Especial y un Acto Legislativo de incorporación del Acuerdo Final a la Constitución Política, es decir, habrá un proceso de constitucionalización del Acuerdo Final, que se acompañará de los desarrollos legales requeridos para su implementación. En ese sentido, bien puede afirmarse que la Mesa de La Habana ha desempeñado una función constituyente y ha transformado para bien del pueblo colombiano el orden constitucional vigente, poniendo de paso en evidencia los límites de dicho orden para perfeccionar el acuerdo de solución política. Dicha situación constitucional nueva, no niega nuestros propósitos de persistir en impulsar un proceso constituyente abierto, una de cuyas estaciones necesarias tendrá que ser una Asamblea Nacional Constituyente, no sólo para abordar las salvedades a los acuerdos logrados, sino para acompasar el marco jurídico institucional a la construcción de una paz estable y duradera y generar las debidas respuestas constitucionales a otros problemas estructurales sensibles de la formación económica y social.
Sin que se haya convenido explícitamente en el Acuerdo Final la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, sí ha quedado el compromiso de promover un gran acuerdo político nacional que por su contenido debe interpretarse como un paso en esa dirección.
Para que se consolide la perspectiva de un proceso constituyente, será necesario que desate un amplio movimiento político y social que se trace ese propósito. Las múltiples dinámicas constituyentes del campo popular experimentadas durante los últimos años, así como el proceso de La Habana representan un importante acumulado para el logro de ese objetivo.
Tesis 21: Sobre refrendación del Acuerdo Final. Los actos de refrendación del Acuerdo Final constituyen una condición necesaria para su entrada en vigor y para que se pueda surtir el trámite y la aprobación de la Ley de Amnistía e Indulto y de Tratamientos Penales Especiales, a fin de que se dé inicio al proceso de localización de nuestra fuerza guerrillera en las Zonas Veredales Transitorias de Normalización y con ello al proceso de dejación de armas y de nuestra reincorporación a la vida civil. En igual sentido, a la implementación de todo lo acordado. Durante las conversaciones nos allanamos a la refrendación popular a través del plebiscito, primero porque discutir, acordar y formalizar jurídicamente otro mecanismo hubiera prologado de manera innecesaria las conversaciones por al menos un año, situando el proceso de La Habana en medio de la campaña presidencial hacia el 2018, en un contexto político complejo de creciente oposición llena de falacias de la ultraderecha y el militarismo. Y segundo, por cuanto consideramos que la forma plebiscitaria produciría una clara delimitación entre la construcción de la paz y la continuidad de la guerra, generando la posibilidad de infligir una derrota a la segunda, bajo el supuesto en todo caso de que la opción de la paz demanda procesos de diferenciación entre los entendimientos y aspiraciones del campo popular de paz con democracia verdadera y justicia social y aquellos de sectores de las clases dominantes de paz como silencio de los fusiles y de oportunidad para nuevos negocios. Tenemos el convencimiento de un potente acto de legitimación política del Acuerdo Final por parte del pueblo colombiano. De esa manera, lo acordado en La Habana tendrá un mayor blindaje para su implementación. Por otra parte, la refrendación guerrillera del Acuerdo Final en esta nuestra X Conferencia, además de representar un voto de respaldo y confianza frente a lo actuado por nuestra Delegación en La Habana y por las decisiones que en distintos momentos tomaron el Estado Mayor Central y el Secretariado, es un claro mensaje al pueblo colombiano de nuestra indeclinable decisión de reafirmar el fin de nuestro alzamiento armado y de nuestro compromiso irrestricto con la implementación de todo lo acordado.
Tesis 22: Hacia una gran transformación cultural. De la misma forma como el Acuerdo Final se sustenta en acuerdos ciertos que han de implementarse, también debe afirmarse que él posee unos intangibles cuyos alcances sólo podrán ser definidos por la historia. Pero desde ahora puede anticiparse que probablemente uno de esos intangibles consiste en la inauguración de una gran transformación cultural: la que habrá de conducir a la superación definitiva de estructuras de pensamiento en las que se ha entronizado incluso en la vida cotidiana el uso de la violencia, la pretensión de exterminio del enemigo y una especie de fascismo social como formas de ejercicio del poder y la dominación y de solución de los conflictos, para darle una nueva oportunidad a la política y a la coexistencia pacífica en medio de la conflictividad que le es inherente al orden social vigente hasta su necesaria superación a través de una nueva calidad social.
IV. La perspectiva política inmediata
Tesis 23: La importancia del plebiscito. A la firma del Acuerdo Final le sigue en lo inmediato el acto de refrendación popular a través del plebiscito. Más allá de representar un acto de legitimación política de lo convenido en La Habana, con indiscutibles consecuencias para la implementación del Acuerdo Final, consideramos que se está frente a una decisión no solo con efectos presentes, sino sobre todo futuros de cara a las próximas generaciones. Aunque por esa vía se aprobará o improbará popularmente el Acuerdo Final, en sentido estricto la que se está definiendo es algo de más profundo calado: la continuidad o no de la guerra; la perspectiva de construcción o no de una paz estaba y duradera. Frente a una determinación con semejantes implicaciones, tenemos la confianza en una respuesta masiva y contundente del pueblo colombiano a favor del sí. El SÍ mayúsculo debe contribuir a despejar el campo político, conflictivo por naturaleza, pero oscurecido por la presencia de instigadores de la guerra que, haciendo uso de la confusión y la mendacidad, no sólo añoran con su prolongación por los rendimientos que ella le produce, sino que desde ahora -previendo su derrota- anuncian que se constituirán en obstáculo de los esfuerzos de paz, recurriendo con a todos los medios que en el pasado les han sido útiles. Debemos decirlo con claridad:
¡Es el momento de superar de manera definitiva la página de la violencia y la guerra!
Necesitamos tener la estatura histórica colectiva para ello. No contemplamos en absoluto la renegociación de un acuerdo cerrado y construido con tanto cuidado. No hay otro posible; como no lo fue en el pasado.
Tesis 24: Los primeros seis meses de la implementación.
Con la firma del Acuerdo Final, las prioridades se trasladan a una fase mucho más compleja y difícil: el inicio de la implementación de lo acordado. Nuestra agenda inmediata está claramente definida: Con la aprobación de la Ley de Amnistía e Indulto y tratamientos penales especiales, nos localizaremos en las ZVTN, iniciaremos la dejación de armas que durará 180 días, se producirán los alistamientos para nuestra reincorporación a la vida civil y se surtirá el proceso de conversión de nuestra guerrilla en partido o movimiento político legal. En el transcurso del mes de abril de 2017, deberemos estar listos para el inicio formal de nuestra actividad política legal. En correspondencia, en ese mismo período el Gobierno deberá haber cumplido con lo establecido en el Plan Marco de Implementación y particularmente con los compromisos de los desarrollos normativos allí establecidos, empezando por la Ley de Amnistía, Indulto y tratamientos penales especiales, la Ley aprobatoria del Acuerdo Final como Acuerdo Especial y el Acto Legislativo para la incorporación del Acuerdo Final al ordenamiento constitucional, entre otros. En ese sentido, parte significativa del énfasis de nuestro trabajo se trasladará a la Comisión de Implementación, Seguimiento y Verificación del Acuerdo de Paz y de Resolución de Diferencias (CSVR) y al Consejo Nacional de la Reincorporación (CNR). Durante estos primeros seis meses no debe descartarse una contraofensiva de la ultraderecha y el militarismo a través de múltiples acciones y provocaciones, orientadas a hacer fracasar la implementación de lo acordado. Por tal razón, la verificación internacional del Acuerdo Final, así como el acompañamiento del movimiento social y popular en protección y demanda de cumplimiento de lo acordado jugarán un papel central, que deberá permanecer a lo largo de todo este proceso.
V. El tránsito de las FARC-EP hacia organización una política legal
Tesis 25: La continuidad de la lucha a través de la acción política legal. El Acuerdo Final conlleva la continuidad de nuestra lucha a través de la acción política legal, con fundamento en las condiciones de contexto y las reglas de juego que emanan del conjunto de lo acordado. El ejercicio de la política no es para nosotros una novedad. Las motivaciones de nuestro alzamiento armado siempre fueron políticas. El accionar político-militar de nuestra guerrilla y de nuestras milicias, el trabajo clandestino de nuestro Partido y de nuestro Movimiento Boliviano siempre estuvieron guiados por propósitos políticos, a fin de organizar a nuestro pueblo para alcanzar los cambios y las transformaciones estructurales que reclaman las grandes mayorías. Con el acuerdo de solución política consideramos que se dan las condiciones mínimas requeridas para producir nuestro tránsito a la vida política legal y proseguir la brega por nuestras aspiraciones estratégicas de superación del orden social capitalista vigente en el país. El Acuerdo Final representa una ruptura en nuestra historia, pero traza al mismo tiempo una línea de continuidad. El desistimiento del alzamiento armado no conduce a nuestra desmovilización; se trata de más bien de un acontecimiento que nos encauza hacia un nuevo tipo de movilización y accionar político, entendidos como expresión de nuestra indeclinable decisión y voluntad política colectiva de persistir en la lucha a través de la organización de un nuevo partido o movimiento político. Nos seguiremos orientando por un ideario inspirado en el marxismo, el leninismo, el pensamiento emancipatorio bolivariano y, en general, en las fuentes del pensamiento crítico y revolucionario de los pueblos.
Tesis 26: La batalla por la implementación del Acuerdo Final. Además de las tareas propias de la organización del nuevo partido o movimiento, que deberán ser mandatadas por esta X Conferencia, y que nos habrán de llevar a su Congreso Constitutivo, somos conscientes de que se avecinan nuevas batallas. La primera de ellas, la que corresponde a la implementación de los acuerdos que son para beneficio de la sociedad colombiana y del pueblo en su conjunto. Si la potencia transformadora contenida en ellos se logra desatar y sale adelante en forma victoriosa, estaremos frente a la más importante posibilidad reciente de democratización política, económica, social y cultural de la Nación. Se avecina un ciclo reformista que, en las condiciones del régimen de dominación de clase existente en el país, debe ser catalogado como revolucionario. Pero la posibilidad de materialización de ese ciclo, demanda la existencia de un poder y una fuerza social con capacidad de hacerlo efectivo, que estamos obligados a contribuir a construir.
Tesis 27: La batalla por el quiebre de la hegemonía política y cultural. La segunda batalla se refiere al necesario quiebre de la hegemonía política y cultural para llegar a lo profundo de los corazones del pueblo colombiano y lograr su más amplio respaldo, principalmente en los centros urbanos. Tras décadas de estigmatización y continuo falseamiento de nuestra historia y de nuestro accionar, tendremos la posibilidad de establecer otro tipo de relacionamiento y de interlocución con las grandes mayorías, distinto al de la guerra, y así ofrecer y compartir nuestra visión y propuesta de país. Se acerca lo que bien podríamos llamar una “batalla de ideas” y tenemos la esperanza de que ella se pueda adelantar libremente y sin ejercicio de violencia alguna. Ha llegado el tiempo de la verdad histórica. Ha llegado el tiempo de desnudar el régimen de dominación de clase existente, sin los ropajes y disculpas de la confrontación armada y de la guerrilla como causante de los males y problemas que campean a lo largo y ancho del país.
Tesis 28: La batalla por la unidad del campo popular. La tercera batalla es la concerniente a la unidad del campo popular, de los sectores democráticos, progresistas y revolucionarios. Sin un amplio proceso de unidad no hay posibilidad de avanzar hacia el cambio político y las transformaciones estructurales que requiere la sociedad colombiana.
Estamos dispuestos y abiertos a abordar las discusiones para construir los consensos necesarios, siempre privilegiando las definiciones y los acuerdos programáticos, sobre las decisiones pragmáticas. Si pretendemos resignificar y reivindicar la política e introducir nuevas formas de acción política, tenemos la obligación de regresar a la discusión programática, a los debates sobre la táctica y la estrategia, a la construcción colectiva del programa o la plataforma política y del instrumento político, trascendiendo el concepto de oposición o de frente electoral para demostrar vocación de poder y deseo de ser gobierno. Si se contempla que el Acuerdo Final puede abrir el camino de una transición política debe considerarse la posibilidad de unir esfuerzos hacia un “Gobierno de construcción de paz y reconciliación nacional”. No hay perspectiva política como opción de poder si los esfuerzos de unidad se limitan a las valiosas expresiones organizativas y procesos existentes, incluidas nuestras fuerzas. El campo de acción e influencia ha demostrado ser limitado, pues no hemos logrado llegar a las grandes mayorías no organizadas, particularmente en los principales centros urbanos. Debemos reconocer nuestras carencias colectivas para identificar las aspiraciones de las nuevas generaciones de clase trabajadora producidas por las transformaciones capitalistas durante las últimas décadas, y traducirlas a nueva gramática de la política.
Tesis 29: La vigencia de un proceso constituyente abierto. Nuestra experiencia de décadas de lucha nos ha enseñado que al tiempo que se lucha por el poder, es necesaria una construcción social del poder “desde abajo”. Eso es lo que hemos hecho cuando hemos promovido e impulsado procesos organizativos territoriales basados en la democracia directa, autogestionaria y comunitaria. Eso mismo reconocemos en importantes procesos campesinos, indígenas y afrodescendientes, en diferentes movimientos urbanos estudiantiles, de mujeres, de víctimas del conflicto y de trabajadores en general en defensa de bienes comunes de la sociedad, enfrentando en diferentes momentos y con intensidad diferenciada las tendencias de mercantilización capitalista extrema de la sociedad. En todos esos casos reconocemos la existencia de dinámicas constituyentes, dentro de las cuales inscribimos los alcances del Acuerdo Final, que bien pueden confluir hacia un proceso constituyente abierto, en el cual se vayan edificando las bases de un nuevo poder social. En la conjunción de la construcción de nuevo poder social y la conquista de posiciones en el poder establecido, incluida la perspectiva de ser gobierno, es que concebimos nuestro tránsito hacia la vida política legal en condición de nuevo partido o movimiento político.
Tesis 30: Sobre el mandato de la X Conferencia. Frente a todas estas preocupaciones, aunque tenemos visiones preliminares, no poseemos aún elaboraciones definitivas. Por ello consideramos que esta X Conferencia, además de avanzar en la identificación de lineamientos para nuestra acción política inmediata, debe producir el mandato para abrir la más amplia discusión interna que conduzca a las definiciones programáticas que demanda el nuevo momento político inaugurado por el Acuerdo Final. Deberá ser sometido al Congreso constitutivo de nuestro partido o movimiento político legal el programa político de orden estratégico, la propuesta de plataforma política para la confluencia en un bloque popular alternativo o en un movimiento de movimientos y la propuesta de programa para un “Gobierno de construcción de paz y reconciliación nacional”, de amplia convergencia. Se nos avecina en ese aspecto una tarea de máximo compromiso, responsabilidad y construcción colectiva.
Llanos del Yarí. Sept. 2016.
Índice:
Presentación La solución política como parte de nuestra historia
Tesis 1: Una historia de guerra y búsquedas de solución política
Tesis 2: El convencimiento mutuo de la necesidad de
la solución política
II. La Agenda de la Mesa de Conversaciones de La Habana
Tesis 3: Agenda de condiciones mínimas para un acuerdo
Tesis 4: Superación de causas principales de origen y persistencia del conflicto
Tesis 5: Condiciones específicas para la terminación de la confrontación armada.
III. Los alcances del Acuerdo Final de La Habana
Tesis 6: El Acuerdo Final como momento de inflexión histórica
Tesis 7: El Acuerdo Final como acuerdo de solución política
Tesis 8: El Acuerdo Final y la validez del alzamiento armado
Tesis 9: Sobre el capítulo de apertura democrática para la paz
Tesis 10: Sobre el capítulo de reforma rural integral
Tesis 11: Sobre el capítulo de solución al problema de las drogas ilícitas
Tesis 12: Sobre el capítulo de víctimas del conflicto
Tesis 13: Sobre el componente de la Jurisdicción Especial para la Paz
Tesis 14: Sobre el capítulo del “Fin del conflicto”
Tesis 15: Sobre el componente de reincorporación de las FARC-EP a la vida civil
Tesis 16: Sobre el componente de dejación de armas
Tesis 17: Sobre el capítulo de implementación
Tesis 18: Sobre el capítulo de verificación
Tesis 19: Sobre el enfoque diferencial y de género y la consideración de los pueblos étnicos
Tesis 20: Acuerdo Final, solución jurídica y proceso constituyente
Tesis 21: Sobre la refrendación del Acuerdo final
Tesis 22: Hacia una gran transformación cultural
IV. La perspectiva política inmediata
Tesis 23: La importancia del plebiscito
Tesis 24: Los primeros seis meses de la implementación
V. El tránsito de las FARC-EP hacia organización política legal
Tesis 25: La continuidad de la lucha a través de la acción política legal
Tesis 26: La batalla por la implementación del Acuerdo Final
Tesis 27: La batalla por el quiebre de la hegemonía política y cultural
Tesis 28: La batalla por la unidad del campo popular
Tesis 29: La vigencia de un proceso constituyente abierto
Tesis 30: Sobre el mandato de la X Conferencia
Introducción
Llegamos a esta X Conferencia de las FARC-EP con un parte de victoria para el pueblo colombiano y para nuestra guerrilla. Se ha suscrito el pasado 24 de agosto el “Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”. Hoy le podemos decir a Manuel, a Jacobo, a Alfonso, al Mono, a Raúl, a Iván, a miles de nuestros mártires, hombres y mujeres y a nuestra guerrillerada, que hemos cumplido.
Hemos puesto en manos de las gentes del común, de los humildes y desposeídos, hombres y mujeres, un acuerdo que visto de conjunto sienta las bases para avanzar hacia las transformaciones que siempre hemos deseado a fin de garantizar el bienestar y el buen vivir. Con base en el reconocimiento por parte del régimen que hemos combatido, de nuestro alzamiento armado, de nuestra condición de organización político-militar y del derecho a la rebelión que le asiste a los pueblos, se ha alcanzado un cierre digno de nuestra experiencia de rebelión armada, que inaugura una nueva etapa histórica para la sociedad colombiana y para nosotros, a fin de dar continuidad a nuestra lucha y a nuestras aspiraciones por la vía exclusivamente política, en el contexto del inicio del difícil proceso de construcción conflictiva de una paz estable y duradera.
Construir el Acuerdo Final no ha sido una tarea fácil. Ello ha sido posible gracias a la fuerza que nos han dado las armas, a nuestra cohesión, unidad e identidad, al incansable y paciente trabajo de nuestra Delegación en La Habana, a la acertada conducción de nuestro Estado Mayor Central y de nuestro Secretariado. Todo ello permitió sortear condiciones y momentos difíciles, antes del inicio de las negociaciones y durante ellas. Ha sido posible gracias a nuestro pueblo, a las más diversas organizaciones sociales y populares, políticas, sociales y culturales, obreras, campesinas, indígenas y afro descendientes, estudiantiles y de mujeres, de intelectuales y sectores de las capas medias, de la población LGTBI, de artistas y trabajadores del arte y la cultura, de mujeres y hombres, todas ellas y ellos, que supieron comprender el momento histórico y el significado de un acuerdo de paz en las circunstancias actuales.
Ello ha sido posible gracias al muy importante acompañamiento internacional de los países garantes, Cuba y Noruega, y acompañantes, Venezuela y Chile, y de un sinnúmero de gobiernos e instituciones y pueblos del mundo entero, que vieron con simpatía y creyeron con firmeza en la posibilidad de un acuerdo de paz en Colombia.
Ello ha sido posible también, debemos reconocerlo, por la voluntad y decisión política del Gobierno de Juan Manuel Santos de buscar una salida política, en medio de nuestras profundas e insuperables diferencias, y así los propósitos que nos guíen sean opuestos. Asimismo, por la disposición de sectores del empresariado y de los poderes económicos y políticos que han gobernado el país a lo largo de su vida republicana. Y desde luego, por el rol de los Estados Unidos, partícipe directo a lo largo de la historia del conflicto.
Esta X Conferencia se reúne con dos objetivos fundamentales:
1.- Analizar y refrendar el Acuerdo Final que hemos suscrito, a fin de que éste adquiera carácter vinculante y de obligatorio cumplimiento para nuestra guerrilla;
2.- Producir las disposiciones políticas y organizativas para iniciar el tránsito hacia un partido o movimiento político, dentro de las cuales se encuentra la convocatoria del Congreso constitutivo que deberá definir el Programa, el Estatuto y la Dirección Política.
I. La solución política como parte de nuestra historia
Tesis 1: Una historia de guerra y búsquedas de solución política. El Acuerdo Final que hemos suscrito con el Gobierno Nacional se inscribe dentro de nuestros propósitos históricos de lograr una paz dialogada que siente las bases para emprender los cambios que reclaman las grandes mayorías. Contra nosotros se emprendieron seis guerras que no lograron destruirnos: una a partir de 1948; otra a partir de 1954; otra a partir de 1962; otra a partir del 18 de mayo de 1964 cuando los Altos Mandos declaran oficialmente que ese día empezaba la “Operación Marquetalia”; otra que enfrentamos a partir del 9 de diciembre de 1990 cuando se inició la operación de exterminio contra el Secretariado en Casa Verde y se emprendió la “guerra integral” bajo el gobierno de Gaviria; y la más reciente, iniciada en 2002, con la implementación a fondo del “Plan Colombia” durante los gobiernos de Pastrana y Uribe. La guerra no fue para nosotros un fin en sí mismo. Al tiempo que fue una guerra de resistencia social y popular, también asumió los rasgos de una guerra ofensiva basada en planes político-militares para la toma del poder a fin de propiciar las condiciones para las transformaciones que a nuestro juicio demanda la sociedad colombiana. Siempre estuvimos empeñados en diferentes momentos de nuestra historia en la búsqueda de una solución política. Por eso iniciamos procesos de diálogos en La Uribe en 1984; luego en Tlaxcala en 1992; posteriormente en El Caguán a partir de enero de 1999; y, más recientemente, en La Habana desde noviembre de 2012, tras la firma del “Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera” el 26 de agosto de ese mismo año. Con la suscripción del Acuerdo Final el pasado 24 de agosto se cierra para nosotros de manera exitosa un largo ciclo de guerra que no deseamos.
Tesis 2: El convencimiento mutuo de la necesidad de la solución política. Si la guerra se prolongó hasta convertirse en la más larga del hemisferio occidental no fue por decisión unilateral nuestra. En las clases dominantes siempre estuvo presente la pretensión de obtener una victoria militar para lograr nuestro sometimiento y rendición. También de nuestra parte, valoramos la posibilidad de lograr nuestros objetivos por la vía del alzamiento armado. No obstante, el desenvolvimiento de la confrontación armada, la configuración específica del balance político-militar de la guerra, así como la consideración del contexto político y económico nacional e internacional, llevaron al gobierno actual y a nosotros mismos al convencimiento de que darle continuidad a la confrontación llevaría a una prolongación indefinida del conflicto, extendiendo de manera innecesaria el dolor y la victimización que es propia del accionar bélico, sin que se avizorara una definición definitiva a favor de alguna de las partes. Sobre la aceptación de esa realidad, pero también con fundamento en la voluntad y la decisión política, se abrió paso la posibilidad de avanzar hacia la búsqueda de una solución que -basada en el reconocimiento mutuo de las partes- propiciara las condiciones de una salida política dialogada. De esa manera, se entró en el campo de la transacción, el cual tiene como supuesto, si se pretende llegar a un acuerdo, la disposición mutua de conceder. Una primera expresión de ello, fue la definición de la Agenda La Habana. Y, más recientemente, el Acuerdo Final, objeto de análisis y refrendación por parte de esta Conferencia.
II. La Agenda de la Mesa de Conversaciones de La Habana
Tesis 3: Agenda de condiciones mínimas para un acuerdo.
Luego de intensos intercambios, no exentos de dificultades, y como resultado del encuentro exploratorio que tuvo como sede La Habana, Cuba, entre el 23 de febrero y el 26 de agosto de 2012, convinimos con el Gobierno de Juan Manuel Santos el “Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”, en el que se definió la Agenda de diálogos y discusiones, y se estableció que, tras la instalación pública en Oslo, Noruega, la Mesa de conversaciones directas e ininterrumpidas se adelantaría en La Habana. Para nosotros, la Agenda convenida respondía a las condiciones mínimas, bajo las cuales estaríamos dispuestos a dar por terminado nuestro alzamiento armado contra el Estado y el orden social capitalista vigente, sin renunciar a nuestros propósitos estratégicos por las transformaciones estructurales que requiere la sociedad colombiana para superar la dominación impuesta por las clases más pudientes, la ausencia de democracia real y verdadera, la miseria y la explotación derivada del modelo económico, y la dependencia frente al imperialismo y las transnacionales y sus diversas formas de intervención en la vida nacional.
Tesis 4: Superación de causas principales de origen y persistencia del conflicto. La Agenda de conversaciones contenía cuatro puntos que a nuestro juicio estaban orientados a generar condiciones para la superación de causas principales de origen y persistencia del conflicto social y armado y sus impactos sobre la sociedad en su conjunto. De su lectura, se infiere una línea de continuidad respecto de lo señalado en el “Programa agrario de los guerrilleros”, proclamado el 20 de julio de 1964, luego corregido y ampliado por la Octava Conferencia de abril de 1992, y desarrollado a través de múltiples documentos de nuestras conferencias guerrilleras. En efecto, teniendo en cuenta los cambios ocurridos durante las últimas décadas en la formación económico social capitalista que impera en el país, en la Agenda de conversaciones quedó consignada la necesidad de acordar un conjunto de reformas orientadas a:
a) La solución integral de la problemática agraria (en cuyo eje se encuentra la irresuelta cuestión de la tierra y el territorio) en favor del campesinado y las comunidades campesinas y considerando los intereses de los pueblos indígenas y de los afrodescendientes.
b) La superación del régimen antidemocrático y excluyente que ha impedido el libre ejercicio de la acción política por parte de los débiles y desposeídos;
c) El tratamiento integral y diferenciado al problema de las drogas ilícitas, con énfasis en los cultivos de uso ilícito y un enfoque de salud pública del consumo.
d) Al reconocimiento y la materialización integral de los derechos de las víctimas del conflicto, fundamentalmente de pobladores humildes a lo largo y ancho del territorio nacional.
Tesis 5: Condiciones específicas para la terminación de la confrontación armada. Junto con lo anterior, la Agenda de conversaciones comprendió las condiciones específicas para una terminación de la confrontación armada basada en el reconocimiento y el compromiso mutuo y la dignidad para las partes involucradas de manera directa en la contienda militar. En ese sentido, se contempló convenir:
a) El cese bilateral definitivo de fuegos y de hostilidades; b) Las propiedades del proceso de dejación de armas, y de la normalización guerrillera en lo político, lo económico y lo social, de acuerdo con nuestros intereses, c) El desmonte de estructuras y modalidades de contrainsurgencia, especialmente paramilitar, incluida la lucha contra la corrupción; d) Las garantías de seguridad integral para nuestro tránsito hacia organización política legal.
La Agenda de Conversaciones consideró, además, convenir los mecanismos, medidas y acciones necesarias para la implementación, la verificación y la refrendación de los acuerdos, en el entendido de que con la firma de un Acuerdo final se daría inicio a lo más complejo de toda negociación: el cumplimiento de lo pactado, es decir, la garantía efectiva, real y material, para el desistimiento del alzamiento armado.
III. Los alcances del Acuerdo Final de La Habana
Tesis 6: El Acuerdo Final como momento de inflexión histórica. El análisis de conjunto del “Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera” permite afirmar que se está frente al hecho político más importante de la historia de las últimas décadas de nuestro país, básicamente por las siguientes razones: Primera, porque representa la derrota de los sectores de las clases dominantes y de intereses foráneos interesados en la solución militar y prolongación indefinida de la guerra, en cuanto hicieron de ella un instrumento esencial para preservar su dominación política y sociocultural y obtener jugosos y lucrativos dividendos; Segunda, porque crea las condiciones para dar por terminados el sufrimiento y la victimización que ocasiona la guerra, lo cual ha afectado de manera principal a las gentes del común, a millones de colombianos y colombianas humildes, especialmente en el campo; Tercera, porque establece un conjunto de posibilidades reales para emprender un ciclo de reformas tendientes a la democratización política, económica, social y cultural del país, en la medida en que se logre desatar la potencia transformadora contenida en los acuerdos. En ese sentido, es el más significativo aporte para transformar la vida de la generación presente y sobre todo de las generaciones futuras de nuestro país; Cuarta, porque contribuye a los propósitos declarados de los pueblos de Nuestra América de hacer de nuestra Región una zona de paz, en la cual desaparezca por siempre toda amenaza de intervención militar imperialista.
Tras semejante hecho político se encuentra algo aún más hondo: la posibilidad real de una inflexión política para inaugurar una nueva etapa histórica: la construcción conflictiva de una paz estable y duradera. Y con ello, la producción colectiva de una gran transformación cultural en la sociedad colombiana, sobre presupuestos de democracia real y avanzada.
Tesis 7: El Acuerdo Final como acuerdo de solución política. El Acuerdo Final es una expresión de la correlación social de fuerzas y del propio balance político-militar e histórico concreto de la guerra; es un acuerdo de solución política que implica el reconocimiento de las partes comprometidas directamente en la contienda militar de que las armas y el poder de fuego de ninguna de ellas logró vencer a su adversario o enemigo declarado. En ese sentido, es el reconocimiento de la continuidad de lucha a través de medios exclusivamente políticos. No representa la materialización de nuestras aspiraciones estratégicas como fuerza revolucionaria; tampoco es la claudicación de nuestra fuerza político-militar guerrillera. No es ni la revolución por decreto, ni tampoco la rendición. Con el Acuerdo Final no asistimos al fin del conflicto que es inherente al orden social capitalista, sino a la continuidad de la lucha social y de clases, y a la terminación de la expresión armada del conflicto en el caso de las FARC-EP, que con el tránsito a organización política legal proseguirán su brega por las transformaciones estructurales hacia un nuevo orden social de democracia verdadera y justicia social.
Tesis 8: El Acuerdo Final y la validez del alzamiento armado. El Acuerdo Final es una demostración de la validez de nuestro alzamiento armado por 52 años. Gracias a él ha sido posible dejar sentadas las bases para abrir un campo de reformas que en otras condiciones difícilmente se hubiera podido alcanzar, dadas las características de la organización del poder y la dominación en nuestro país. En ese sentido, el Acuerdo Final es nuestro aporte a las múltiples luchas sociales y populares en campos y ciudades, que en medio de las más difíciles condiciones han enfrentado y continúan enfrentando las políticas estatales concebidas e implementadas para favorecer a los poderosos.
Somos conscientes de que de la misma forma como el Acuerdo Final contiene una indiscutible potencia transformada para adelantar cambios políticos y sociales a favor de las grandes mayorías, también representa una opción de remozamiento del régimen de dominación de clase y una posibilidad de absorción sistémica de la rebelión, si los cambios no se logran sacar adelante.
Así es que el Acuerdo Final y sobre todo su implementación representan un campo abierto de lucha que contiene la opción del cambio y la transformación, pero también la posibilidad de la preservación renovada del Establecimiento. La tarea histórica que se nos viene encima es hacer germinar la semilla del Acuerdo Final para continuar avanzando hacia el logro de nuestras mayores aspiraciones estratégicas.
Tesis 9: Sobre el capítulo de apertura democrática para la paz. En el componente del Acuerdo Final que corresponde a la “Participación política: apertura democrática paz la paz” se convino un conjunto de políticas, medidas y acciones orientadas a romper las configuraciones excluyentes, corruptas y antidemocráticas del régimen político y, en particular, del sistema político y de representación. Algunas de ellas previstas en la Constitución de 1991, pero no desarrolladas ni implementadas por la persistencia de estructuras de dominación política y cultural que han logrado imponer y reproducir un régimen de “democracia gobernable” con fachada electoral, pero sin garantías reales para el ejercicio de la oposición política y social, la movilización y la protesta social, y la participación social y ciudadana. El Acuerdo Final sienta las bases para emprender un proceso de democratización política sobre dos presupuestos básicos: a) un entendimiento amplio de la política y de la contienda política y b) la fijación de nuevas reglas y procedimientos para la participación política, considerando de manera particular el proceso electoral.
En efecto, se convino un amplio régimen de garantías para el ejercicio de la oposición política que comprende el estatuto de la oposición política y garantías integrales de seguridad para el ejercicio de la política. Asimismo, la ampliación del concepto de la participación ciudadana abarcando garantías para los movimientos y las organizaciones sociales, la movilización y la protesta social, la reconciliación y la convivencia, el acceso a medios de comunicación, el control y la veeduría ciudadana, el fortalecimiento de la planeación democrática y participativa, entre otros. Por otra parte, las reformas acordadas en materia de participación política, además de promover el pluralismo político y la representatividad del sistema de partidos, apuntan a estimular la participación y la transparencia electoral y tienen como supuesto la transformación estructural del régimen y la organización electoral, así como la promoción de una cultura política democrática y participativa. Y de manera particular, la promoción de la representación política y ciudadana de la mujer, y de los territorios afectados por el conflicto y el abandono estatal, como se expresa en las 16 Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz acordadas.
Con el acuerdo sobre participación política se reconoce que la contienda política se extiende a otros campos de la vida social, distintos a aquellos que la limitan a la competencia electoral; se fortalecen las bases de una contienda política efectivamente democrática, con garantías para quienes intervienen en ella; y se dejan mojones para trascender la organización democrático liberal.
Con este componente del Acuerdo Final queda trazado un marco jurídico-político de compromiso para transitar hacia la democracia verdadera y avanzada en nuestro país. Con ello, las FARC-EP aportamos a los esfuerzos de partidos y fuerzas políticas, así como de movimientos políticos y sociales progresistas, democráticos y de izquierda, movidos por ese propósito.
Tesis 10: Sobre el capítulo de reforma rural integral. Lo acordado sobre Reforma Rural Integral está concebido esencialmente para mejorar las condiciones de vida y de trabajo del campesinado en general, y sobre todo del campesinado pobre y desposeído, así como de las comunidades campesinas, atendiendo los intereses de los pueblos indígenas y las comunidades afro descendientes. Sin haber logrado los propósitos de una reforma revolucionaria agraria integral, que supere la escandalosa concentración de la propiedad sobre la tierra y el modelo imperante de los grandes agro negocios, se convino la realización de un catastro rural durante los próximos siete años, que será una herramienta de suma importancia no sólo para aclarar las relaciones de propiedad ensombrecidas por la guerra y el despojo violento, sino para una más precisa definición de los usos de la tierra, para el castigo al uso improductivo con impuestos, especialmente al latifundio ganadero, y para el cierre de la frontera agrícola. Asimismo, se dio un paso importante para el fortalecimiento de la propiedad campesina a través de dos vías, que comprometen en un inicio 10 millones de hectáreas con la creación de un fondo de tierras de 3 millones de hectáreas para los campesinos sin tierra o con insuficiente tierra y la formalización de la propiedad de 7 millones de hectáreas de pequeña y mediana propiedad y de Zonas de Reserva Campesina. Sobre esa nueva relación de propiedad, se edifican propósitos mayores en dirección a un nuevo ordenamiento territorial, hacia el fortalecimiento de la producción de alimentos y la superación de la pobreza y la desigualdad, aspectos de nuestro máximo interés político. En efecto, el Acuerdo Final contempla la elaboración e implementación de planes de desarrollo con enfoque territorial (PDET) con una amplia participación de las comunidades en zonas priorizadas del territorio nacional, así como de planes nacionales para la reforma rural integral. De esa manera, se logró trascender un enfoque exclusivo de propiedad sobre la tierra, para agregar a éste una visión integral que además de incorporar una concepción del territorio a construir y fortalecer “desde abajo”, contempla medidas y acciones sobre financiación y crédito, subsidios, vías, riego, infraestructura eléctrica y de conectividad, mercadeo, así como componentes sociales referidos a educación, salud, educación rural, vivienda y agua potable, formalización laboral y protección social y al derecho a la alimentación. Con el acuerdo agrario, quedan en manos de los campesinos y de las comunidades campesinas, de los pueblos indígenas y de nuestros afrodescendientes, que siempre hicieron parte de nuestras preocupaciones durante las conversaciones, invaluables herramientas para su bienestar y buen vivir. La vida en el campo será otra. No sólo por la terminación de la confrontación armada, sino por el marco y los referentes de reformas de obligada implementación, que se agregan a las aspiraciones y plataformas del movimiento campesino, indígena y afrodescendiente. Queda siembra para la verdadera reforma rural y agraria integral a la que hemos aspirado históricamente y para un ordenamiento democrático, participativo y sostenible socio- ambientalmente del territorio. A ello se opondrá, desde luego la dimensión estructural vigente de la relación de propiedad basada en la concentración y el modelo económico de extracción minero-energética y de agro negocios. No habrá fin del conflicto agrario. A los conflictos socio-territoriales ya existentes, se le agregarán las luchas por la implementación de lo acordado en esta materia.
Tesis 11: Sobre el capítulo de solución al problema de las drogas ilícitas. Un logro significativo del Acuerdo Final consiste en haber superado la visión punitiva y penalista que ha imperado en las políticas estatales frente al problema de las drogas ilícitas en el contexto de la mal llamada guerra contra las drogas, y que se ha concentrado en los eslabones más débiles de ese negocio corporativo transnacional: los cultivadores de coca, amapola y marihuana y los consumidores urbanos. En su lugar, se logró imponer un entendimiento del problema desde su naturaleza esencialmente social y de pobreza, en cuanto a los cultivadores se refiere; y de salud pública, cuando de los consumidores se trata. En el Acuerdo Final se convino la sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito mediante la elaboración e implementación de planes integrales de desarrollo concertados con las comunidades y con garantía de participación directa por parte de ellas, articulados en bajo un Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, que es concebido como parte de la Reforma Rural Integral. Los planes integrales de desarrollo apuntan a enfrentar la problemática económica y social de las comunidades de cultivadores, a propiciar garantías para su bienestar y buen vivir, incluida la sostenibilidad y la recuperación ambiental, así como a reformular el tratamiento penal y de criminalización, deshaciendo de facto la política antidrogas vigente y superando en forma significativa uno de los argumentos para el intervencionismo imperialista. El Acuerdo Final introdujo, por otra parte, un concepto de prevención del consumo y de salud pública en la atención a los consumidores de drogas, distanciándose de los enfoques de mera penalización.
Con base en el reconocimiento de que la producción y comercialización de narcóticos es un fenómeno transnacional, se convinieron múltiples compromisos para combatirlas, que evidencian que los eslabones de las ganancias espectaculares en esa cadena de valor no son precisamente los de los cultivadores, sino que se encuentran en los proveedores industriales de insumos, los grandes comercializadores y distribuidores, el lavado de activos y, en consecuencia, en los circuitos legales de la economía, principalmente en el negocio financiero. El Acuerdo Final puso de presente la falacia acerca de las FARC-EP como un cartel del narcotráfico y evidenció que las intervenciones regulatorias puntuales de nuestra parte en esa cadena de valor, especialmente a través de la tributación, lo han sido para la financiación de la rebelión y no para desarrollar una industria criminal con fines de enriquecimiento de sus integrantes.
Tesis 12: Sobre el capítulo de víctimas del conflicto. El capítulo del Acuerdo Final sobre “Víctimas del conflicto” se sustenta en el diseño y formulación del “Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición”, con el cual –de manera novedosa respecto de otras experiencias nacionales e internacionales- se ponen en el centro de las preocupaciones la víctimas del conflicto y los procesos de victimización ocurridos a lo largo de décadas de confrontación armada, sobre la base del reconocimiento de múltiples responsabilidades, contemplando las inherentes al orden social vigente y las imputables al Estado y sus agentes, a las estructuras de contrainsurgencia, especialmente paramilitar, promovidas por éstos y por organizaciones civiles y por poderes económicos y gobiernos extranjeros, así como las que le corresponden a nuestro ejército guerrillero en ejercicio del derecho a la rebelión. Todo ello, con estricta atención a las normas y los estándares vigentes del Derecho Internacional de los derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario. Particular atención merece en ese contexto, el aporte del Acuerdo Final al esclarecimiento de la verdad histórica con el “Informe de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas” y con el mandato de la “Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición”.
De esa forma, la historia del conflicto tendrá la garantía de no ser una historia oficial, sino de ofrecer una visión integral y plural, a la que se suman las numerosas investigaciones académicas y de organizaciones y movimientos políticos y sociales. Sobre el entendido que la principal exigencia de las víctimas del conflicto es la de la verdad (incluida la situación de las personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto), el Sistema integral acordado descansa, primero, sobre un concepto de integralidad de la reparación, en el que junto con las reparaciones individuales se hace énfasis en las reparaciones colectivas, superando disposiciones legales vigentes; segundo, en el diseño y puesta en marcha de un sistema de justicia para enfrentar la impunidad, denominado Jurisdicción especial para la paz; y tercero, en un conjunto de políticas, medidas y acciones para la no repetición, dentro de las cuales se encuentra la propia implementación y el cumplimiento de todo lo acordado. Uniéndose a todo ello, el compromiso de promoción, respeto y garantía de los derechos humanos, definidos en su integralidad e inescindibilidad. El Acuerdo Final demuestra el indeclinable compromiso de las FARC-EP con las víctimas del conflicto y constituye una herramienta del mayor significado para el movimiento de víctimas en el largo trasegar por el reconocimiento de sus derechos. El Acuerdo es demostrativo además de nuestra determinación de asumir las responsabilidades que nos corresponden.
Tesis 13: Sobre el componente de la Jurisdicción Especial para la Paz. El componente del Acuerdo sobre la Jurisdicción Especial para la Paz representa el diseño y la puesta en marcha de un sistema de justicia que atendiendo de manera estricta estándares internacionales está concebido para “satisfacer el derecho de las víctimas a la justicia, ofrecer la verdad a la sociedad colombiana, proteger los derechos de las víctimas, contribuir al logro de una paz estable y duradera, y adoptar decisiones que otorguen plena seguridad jurídica a quienes participaron de manera directa o indirecta en el conflicto, respecto a hechos cometidos en el marco del mismo y durante éste que supongan graves violaciones al Derecho Internacional Humanitario y graves violaciones de los Derechos Humanos” (AF, p. 130). En ese sentido, la JEP no es un acuerdo de impunidad; tampoco un acuerdo para el juzgamiento de la rebelión de las FARC-EP o de nuestra comandancia. No es un sistema de sometimiento a la justicia estatal vigente en la que ha primado el enfoque del derecho penal del enemigo, sino una solución creativa que garantiza la imparcialidad debida y requerida en un acuerdo de paz. Sobre la base del acuerdo del indulto y la más amplia amnistía posible como está previsto en la normatividad internacional, nos hemos comprometido a acudir a la JEP a ofrecer nuestra verdad sobre los hechos del conflicto de los que ella se ocupa, a asumir las responsabilidades en lo que nos corresponda, y a aceptar las sanciones que ella imponga, si a ello hubiere lugar. De la misma manera, esperamos que acudan y se pongan a disposición de la JEP todos quienes, de manera directa o indirecta, sean civiles o militares, han intervenido en el conflicto.
Sólo así será posible superar la impunidad, hacer efectivo el derecho de las víctimas a la verdad y garantizar un genuino ejercicio de justicia. Con la JEP convenida en el Acuerdo Final queda en manos de las víctimas del conflicto y de la sociedad colombiana en general un instrumento fundamental para la construcción de una paz estable y duradera.
Tesis 14: Sobre el capítulo del “Fin del conflicto”. El capítulo sobre el “Fin del Conflicto” fue concebido bajo la premisa de que se trata de un proceso integral y simultáneo, contentivo de condiciones de aprestamiento y de contexto, así como de condiciones específicas para garantizar el tránsito a la vida civil.
En cuanto a las primeras, nuestra decisión unilateral de cese indefinido de fuegos fue fundamental para mostrar la inutilidad del enfoque impuesto por el Gobierno de negociar en medio del conflicto, presionar el des escalamiento de la confrontación militar y, junto con otras medidas y acciones bilaterales, preparar el terreno para el acuerdo de cese bilateral definitivo de fuegos y hostilidades, suscrito el 23 de junio de este año. Y sobre esa base, pero en conexión con otros aspectos de lo acordado, convenir la dejación de armas como un proceso con componentes políticos y técnico-militares, diseñados de manera en extremo cuidadosa. En igual sentido, debe considerarse el acuerdo sobre el combate y desmonte a estructuras de contrainsurgencia, especialmente de carácter paramilitar. No hay posibilidad de paz estable y duradera si persiste y continúa reproduciendo el paramilitarismo, así éste se encubra con nuevas denominaciones.
Por ello, debe destacarse que el Acuerdo final en esta materia se sustenta en la promoción de un pacto político nacional para la superación de la utilización de las armas en la política y para que no se promuevan organizaciones violentas como el paramilitarismo. En particular existe el compromiso del Gobierno de incorporar en la Constitución “la prohibición de la promoción, organización financiación o empleo oficial y/o privado de estructuras o prácticas paramilitares, y a desarrollar las normas necesarias para su aplicación, que incluirán una política de persecución penal, sanciones administrativas y disciplinarias.
Además, se contemplarán medidas de sometimiento a la justicia” (AF, p. 72). En este aspecto, el Acuerdo Final abunda en múltiples previsiones, políticas, acciones y medidas y diseños institucionales, que nos permiten afirmar que quedan sentadas las bases para hacer posible superación definitiva de la doctrina y las prácticas de contrainsurgencia, especialmente de carácter paramilitar, así el Gobierno se haya rehusado a una modificación explícita de la política de “seguridad nacional” y se haya resistido al reconocimiento de la persistencia del paramilitarismo. Con la terminación del conflicto armado con las FARC-EP no queda justificación ética y política alguna para darle continuidad a una política que sólo ha producido sangre y victimización de los humildes del país. De hecho, ya se viene anunciando la puesta en marcha de un cambio en la doctrina militar, lo cual debe ser interpretado como una consecuencia directa de las conversaciones. A lo anterior, se agregan los compromisos de garantías de seguridad para nuestro partido o movimiento político, sus integrantes y sus familias, mediante un sistema de protección integral, una vez se haya producido nuestro tránsito a la vida civil. En dicho programa, por cierto, participará un contingente importante de nuestros integrantes. Por otra parte, las condiciones específicas para el “Fin del conflicto” se refieren al acuerdo sobre el proceso de reincorporación de las FARC-EP a la vida civil.
Tesis 15: Sobre el componente de reincorporación de las FARC-EP a la vida civil. Hemos hecho valer la letra de la Agenda cuando estableció que la reincorporación a la vida civil en lo político, lo económico y lo social, es de acuerdo con nuestros intereses. El Acuerdo Final en esta materia se distingue de los procesos de reinserción guerrillera del pasado y de la estrategia contrainsurgente de la desmovilización, desarme y reinserción, conocida como DDR, que responde a una concepción de sometimiento. Por esa misma razón, la institucionalidad de la reincorporación no nos vincula con ninguna agencia estatal; será bipartita y por cuenta del Consejo Nacional de la Reincorporación.
El proceso de reincorporación tiene como fundamento, nuestra voluntad y decisión política de darle continuidad a la lucha por nuestras aspiraciones históricas bajo las condiciones generadas por el cumplimiento de los acuerdos por parte del Gobierno, particularmente en lo referido a las reformas para la apertura democrática, al desmonte del paramilitarismo y a las garantías de seguridad, más también las convenidas de manera específica para nuestra organización y sus integrantes. Hemos convenido en ese aspecto, que nuestra reincorporación es la de una comunidad de alzados en armas, hombres y mujeres, y a la vez de individuos, con sus propias aspiraciones. Por tal razón, el proceso de reincorporación contempla, por una parte, nuestro tránsito a partido o movimiento político legal, bajo normas y reglas excepcionales, y la conformación de una organización de economía social que hemos denominado de Economías sociales del común – ECOMÚN. Y por la otra, un sistema de prestaciones económicas y sociales individuales, concebidas como mínimos para la vida digna de nuestros combatientes tras su tránsito a la vida civil.
Tenemos la aspiración de preservar nuestra comunidad bajo las nuevas circunstancias, pues ella constituye el núcleo básico que habrá de expandirse hacia todo el campo popular para avanzar en nuestros propósitos de construcción de un nuevo poder social “desde abajo” y de toma de posiciones de poder político y de gobierno para los cambios que reclaman las mayorías. Consideramos que hemos convenido condiciones aceptables de excepcionalidad para nuestro partido o movimiento político legal referidas a personería jurídica, financiación, acceso a medios, participación y representación política y vocerías en corporaciones públicas. De la misma forma valoramos la posibilidad de construir una economía propia a través de ECOMÚN y en asociación con las comunidades con las que nos hemos relacionado históricamente. Apreciamos igualmente que hemos respondido con entereza, en el contexto de lo acordado, a las preocupaciones que tienen actualmente nuestros combatientes, hombres y mujeres, respecto de su inmediato futuro.
Tesis 16: Sobre el componente de dejación de armas. La dejación colectiva e individual de las armas representa probablemente el momento más difícil para quienes hemos ejercido el derecho a la rebelión. Las armas nos han dado el poder de la resistencia, del honor y de la dignidad; han sido nuestra compañía inseparable por décadas de lucha y gracias a ellas ha sido posible el Acuerdo Final de solución política.
Tenemos la satisfacción de que en medio de las condiciones de mayúscula asimetría tecnológica y de recursos militares, del apoyo de potencias extranjeras, especialmente del gobierno de los Estados Unidos, de dispositivos culturales y de comunicaciones, así como de un gigantesco esfuerzo fiscal del Estado, nuestras armas no pudieron ser vencidas. Pudieron más la convicción y el heroísmo de nuestros miles de hombres y mujeres para resistir y persistir en los propósitos nobles de nuestra rebelión armada. Por ello es que el Acuerdo Final no es un acuerdo de desmovilización y de entrega de armas a quien ha sido nuestro adversario y enemigo declarado. En su lugar, hemos convenido un proceso de dejación “mediante el cual la ONU recibe la totalidad del armamento de las FARC-EP para destinarlo a la construcción de tres monumentos” (AF, p. 59), uno en la sede de las Naciones Unidas, otro en Cuba y otro en el lugar del territorio nacional que nosotros definamos. Con esta decisión le hemos concedido espacio y significación a nuestro propósito ético y político mayor: simbolizar ante el mundo nuestra determinación de construir una paz estable y duradera para nuestro pueblo, manifestar nuestro agradecimiento perenne al pueblo de Cuba por su irrestricto compromiso con la paz de Colombia y sembrar en tierra colombiana la memoria de nuestro alzamiento y la gloria a nuestras víctimas.
Tesis 17: Sobre el capítulo de implementación. Con lo acordado acerca de la implementación, se buscó propiciar las condiciones para que lo contenido en el Acuerdo Final logre materializarse. Las experiencias internacionales demuestran que existe una marcada tendencia hacia un bajo nivel de cumplimiento de lo pactado en acuerdos paz. Considerando ello, se convino un sistema robusto de implementación que conjuga institucionalidad, planes, desarrollos normativos, prioridades y una amplia participación social y ciudadana. Se acordó la conformación de la Comisión de Implementación, Seguimiento y Verificación del Acuerdo Final de Paz (CSVR), de carácter bipartito, con un primer período de funcionamiento hasta enero de 2019, prorrogable hasta diez años, que corresponden al lapso definido para el proceso de implementación. Asimismo, se definió un Plan Marco de Implementación (PMI) de diez años, que se desagregará en Planes Cuatrienales de Implementación (PCI), con los que lo acordado tendrá que incorporarse al Plan Nacional de Desarrollo (PND) de los respectivos gobiernos, garantizando de esa manera las inversiones necesarias, así como la asignación correspondiente de recursos del presupuesto nacional y de recursos provenientes de los entes territoriales. Para proveer el marco normativo y los soportes institucionales que le den a la implementación un carácter vinculante específico, se convino la expedición de un CONPES del PMI en los términos que apruebe la CSVR, así como el trámite de las reformas constitucionales y legales de incorporación del PCI al PND. Por otra parte, se definió una agenda legislativa a través del procedimiento previsto en el Acto Legislativo 01 de 2016, cuya materia corresponde a los aspectos fundamentales de los desarrollos normativos constitucionales y legales que demanda la implementación del Acuerdo final, y se estableció que los contenidos de tales desarrollos tendrán que ser constatados por la CSVR, previa presentación o expedición por el Presidente de la República. Junto con lo anterior, se definieron mecanismos de participación de la sociedad, un sistema integrado de información y medidas de transparencia para la implementación, así como medidas y acciones de implementación prioritaria. De esa forma consideramos que quedaron sentadas las bases para un proceso de exitoso de implementación, cuya premisa es a nuestro juicio la apropiación social del Acuerdo Final y el más amplio respaldo y compromiso social y popular.
Tesis 18: Sobre el capítulo de verificación. El Acuerdo Final convino un mecanismo de verificación internacional concebido como parte del mecanismo de implementación de los acuerdos que “tendrá como propósito comprobar el estado de avances de la implementación de los mismos, identificar retrasos o deficiencias, brindar oportunidades de mejoramiento continuo, así como contribuir a fortalecer su implementación” (AF, p. 184).
Dos notables, uno elegido por nosotros y otro por el Gobierno Nacional, y el componente internacional conformado por un representante de Cuba, Noruega, Venezuela y Chile, respectivamente, constituyen en primera instancia la verificación internacional, que además contará con el apoyo técnico del Instituto Kroc de Estudios Internacionales de Paz de la Universidad de Notre Dame, en los términos que le señale la CSVR. El mecanismo internacional de verificación presentará informes periódicos sobre la implementación, a los que muy seguramente se unirán aquellos que produzcan las organizaciones sociales y populares y nuestro Centro de pensamiento y formación política. A lo anterior se suma la solicitud de las Partes a través de la Asamblea General de Naciones Unidas de “una Misión Política con el mandato de verificar la reincorporación de las FARC-EP y la implementación de las medidas de protección y seguridad colectiva” (AF, p.186), asegurando un funcionamiento por un período de tres (3) años, renovables. Por otra parte, se convino la renovación del actual mandato del Alto Comisionado de las Naciones Unidas (ONU Derechos Humanos) por un periodo de tres (3) años renovables, en cuyo informe anual se solicitará sea incluido un capítulo de implementación de los derechos humanos. Habrá además un acompañamiento internacional a la implementación del Acuerdo final en cada uno de sus puntos con instituciones internacionales especializadas, que deberán elaborar informes periódicos a la CSVR. Como se aprecia, el Acuerdo final cuenta igualmente con un sistema de verificación que ofrece garantías en múltiples sentidos para el proceso de implementación.
Tesis 19: Sobre el enfoque diferencial y de género y la consideración de los pueblos étnicos. Todo el Acuerdo final posee un enfoque diferencial y de género, con énfasis en los derechos de las mujeres. Ello obedece a nuestra firme convicción acerca de la necesidad de reconocer las particularidades de grupos sociales diferenciados, comúnmente excluidos y sometidos a la continua discriminación. Y en el caso de las mujeres, se trata además de las circunstancias propias de la dominación patriarcal que apuntala aún más la propia dominación capitalista, acentuando su condición de víctimas principales del conflicto. La lectura transversal del Acuerdo Final permite afirmar que se está en presencia de una posibilidad para el mayor reconocimiento de sus derechos y de su papel activo como sujetos políticos de la construcción de una paz estable y duradera. El Acuerdo Final, por otra parte, se fundamenta en una consideración y respeto de los derechos de los pueblos étnicos y está concebido en todos sus componentes para contribuir a expandirlos, tal y como se demuestra en el capítulo étnico. No habrá paz verdadera, estable y duradera, sin la materialización de los derechos de las mujeres y de los pueblos étnicos.
Tesis 20: Acuerdo Final, solución jurídica y proceso constituyente. El Acuerdo Final además de ser un acuerdo de transacción política para la terminación de la expresión armada del conflicto en el caso de nuestra guerrilla, impuso la necesidad de una solución jurídica con base en el presupuesto del origen político del derecho. En las condiciones actuales, acuerdos políticos sin definiciones jurídicas resultan insuficientes, si se considera que lo convenido debe tener fuerza vinculante para las Partes, dotándolas así de la necesaria seguridad jurídica. Se sobreentiende además que la solución jurídica en sí misma no es una garantía de que lo acordado efectivamente sea objeto de cumplimiento, pero sí prefigura un marco normativo de compromiso de las Partes, que establece pautas y parámetros para la acción política en demanda del cumplimiento y la implementación. Se convino que el Acuerdo Final es un Acuerdo Especial de los previstos en el artículo 3 común de los Convenios de Ginebra. Igualmente, que por medio del procedimiento expedito del Acto Legislativo 01 de 2016 habrá una ley aprobatoria del Acuerdo Final como Acuerdo Especial y un Acto Legislativo de incorporación del Acuerdo Final a la Constitución Política, es decir, habrá un proceso de constitucionalización del Acuerdo Final, que se acompañará de los desarrollos legales requeridos para su implementación. En ese sentido, bien puede afirmarse que la Mesa de La Habana ha desempeñado una función constituyente y ha transformado para bien del pueblo colombiano el orden constitucional vigente, poniendo de paso en evidencia los límites de dicho orden para perfeccionar el acuerdo de solución política. Dicha situación constitucional nueva, no niega nuestros propósitos de persistir en impulsar un proceso constituyente abierto, una de cuyas estaciones necesarias tendrá que ser una Asamblea Nacional Constituyente, no sólo para abordar las salvedades a los acuerdos logrados, sino para acompasar el marco jurídico institucional a la construcción de una paz estable y duradera y generar las debidas respuestas constitucionales a otros problemas estructurales sensibles de la formación económica y social.
Sin que se haya convenido explícitamente en el Acuerdo Final la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, sí ha quedado el compromiso de promover un gran acuerdo político nacional que por su contenido debe interpretarse como un paso en esa dirección.
Para que se consolide la perspectiva de un proceso constituyente, será necesario que desate un amplio movimiento político y social que se trace ese propósito. Las múltiples dinámicas constituyentes del campo popular experimentadas durante los últimos años, así como el proceso de La Habana representan un importante acumulado para el logro de ese objetivo.
Tesis 21: Sobre refrendación del Acuerdo Final. Los actos de refrendación del Acuerdo Final constituyen una condición necesaria para su entrada en vigor y para que se pueda surtir el trámite y la aprobación de la Ley de Amnistía e Indulto y de Tratamientos Penales Especiales, a fin de que se dé inicio al proceso de localización de nuestra fuerza guerrillera en las Zonas Veredales Transitorias de Normalización y con ello al proceso de dejación de armas y de nuestra reincorporación a la vida civil. En igual sentido, a la implementación de todo lo acordado. Durante las conversaciones nos allanamos a la refrendación popular a través del plebiscito, primero porque discutir, acordar y formalizar jurídicamente otro mecanismo hubiera prologado de manera innecesaria las conversaciones por al menos un año, situando el proceso de La Habana en medio de la campaña presidencial hacia el 2018, en un contexto político complejo de creciente oposición llena de falacias de la ultraderecha y el militarismo. Y segundo, por cuanto consideramos que la forma plebiscitaria produciría una clara delimitación entre la construcción de la paz y la continuidad de la guerra, generando la posibilidad de infligir una derrota a la segunda, bajo el supuesto en todo caso de que la opción de la paz demanda procesos de diferenciación entre los entendimientos y aspiraciones del campo popular de paz con democracia verdadera y justicia social y aquellos de sectores de las clases dominantes de paz como silencio de los fusiles y de oportunidad para nuevos negocios. Tenemos el convencimiento de un potente acto de legitimación política del Acuerdo Final por parte del pueblo colombiano. De esa manera, lo acordado en La Habana tendrá un mayor blindaje para su implementación. Por otra parte, la refrendación guerrillera del Acuerdo Final en esta nuestra X Conferencia, además de representar un voto de respaldo y confianza frente a lo actuado por nuestra Delegación en La Habana y por las decisiones que en distintos momentos tomaron el Estado Mayor Central y el Secretariado, es un claro mensaje al pueblo colombiano de nuestra indeclinable decisión de reafirmar el fin de nuestro alzamiento armado y de nuestro compromiso irrestricto con la implementación de todo lo acordado.
Tesis 22: Hacia una gran transformación cultural. De la misma forma como el Acuerdo Final se sustenta en acuerdos ciertos que han de implementarse, también debe afirmarse que él posee unos intangibles cuyos alcances sólo podrán ser definidos por la historia. Pero desde ahora puede anticiparse que probablemente uno de esos intangibles consiste en la inauguración de una gran transformación cultural: la que habrá de conducir a la superación definitiva de estructuras de pensamiento en las que se ha entronizado incluso en la vida cotidiana el uso de la violencia, la pretensión de exterminio del enemigo y una especie de fascismo social como formas de ejercicio del poder y la dominación y de solución de los conflictos, para darle una nueva oportunidad a la política y a la coexistencia pacífica en medio de la conflictividad que le es inherente al orden social vigente hasta su necesaria superación a través de una nueva calidad social.
IV. La perspectiva política inmediata
Tesis 23: La importancia del plebiscito. A la firma del Acuerdo Final le sigue en lo inmediato el acto de refrendación popular a través del plebiscito. Más allá de representar un acto de legitimación política de lo convenido en La Habana, con indiscutibles consecuencias para la implementación del Acuerdo Final, consideramos que se está frente a una decisión no solo con efectos presentes, sino sobre todo futuros de cara a las próximas generaciones. Aunque por esa vía se aprobará o improbará popularmente el Acuerdo Final, en sentido estricto la que se está definiendo es algo de más profundo calado: la continuidad o no de la guerra; la perspectiva de construcción o no de una paz estaba y duradera. Frente a una determinación con semejantes implicaciones, tenemos la confianza en una respuesta masiva y contundente del pueblo colombiano a favor del sí. El SÍ mayúsculo debe contribuir a despejar el campo político, conflictivo por naturaleza, pero oscurecido por la presencia de instigadores de la guerra que, haciendo uso de la confusión y la mendacidad, no sólo añoran con su prolongación por los rendimientos que ella le produce, sino que desde ahora -previendo su derrota- anuncian que se constituirán en obstáculo de los esfuerzos de paz, recurriendo con a todos los medios que en el pasado les han sido útiles. Debemos decirlo con claridad:
¡Es el momento de superar de manera definitiva la página de la violencia y la guerra!
Necesitamos tener la estatura histórica colectiva para ello. No contemplamos en absoluto la renegociación de un acuerdo cerrado y construido con tanto cuidado. No hay otro posible; como no lo fue en el pasado.
Tesis 24: Los primeros seis meses de la implementación.
Con la firma del Acuerdo Final, las prioridades se trasladan a una fase mucho más compleja y difícil: el inicio de la implementación de lo acordado. Nuestra agenda inmediata está claramente definida: Con la aprobación de la Ley de Amnistía e Indulto y tratamientos penales especiales, nos localizaremos en las ZVTN, iniciaremos la dejación de armas que durará 180 días, se producirán los alistamientos para nuestra reincorporación a la vida civil y se surtirá el proceso de conversión de nuestra guerrilla en partido o movimiento político legal. En el transcurso del mes de abril de 2017, deberemos estar listos para el inicio formal de nuestra actividad política legal. En correspondencia, en ese mismo período el Gobierno deberá haber cumplido con lo establecido en el Plan Marco de Implementación y particularmente con los compromisos de los desarrollos normativos allí establecidos, empezando por la Ley de Amnistía, Indulto y tratamientos penales especiales, la Ley aprobatoria del Acuerdo Final como Acuerdo Especial y el Acto Legislativo para la incorporación del Acuerdo Final al ordenamiento constitucional, entre otros. En ese sentido, parte significativa del énfasis de nuestro trabajo se trasladará a la Comisión de Implementación, Seguimiento y Verificación del Acuerdo de Paz y de Resolución de Diferencias (CSVR) y al Consejo Nacional de la Reincorporación (CNR). Durante estos primeros seis meses no debe descartarse una contraofensiva de la ultraderecha y el militarismo a través de múltiples acciones y provocaciones, orientadas a hacer fracasar la implementación de lo acordado. Por tal razón, la verificación internacional del Acuerdo Final, así como el acompañamiento del movimiento social y popular en protección y demanda de cumplimiento de lo acordado jugarán un papel central, que deberá permanecer a lo largo de todo este proceso.
V. El tránsito de las FARC-EP hacia organización una política legal
Tesis 25: La continuidad de la lucha a través de la acción política legal. El Acuerdo Final conlleva la continuidad de nuestra lucha a través de la acción política legal, con fundamento en las condiciones de contexto y las reglas de juego que emanan del conjunto de lo acordado. El ejercicio de la política no es para nosotros una novedad. Las motivaciones de nuestro alzamiento armado siempre fueron políticas. El accionar político-militar de nuestra guerrilla y de nuestras milicias, el trabajo clandestino de nuestro Partido y de nuestro Movimiento Boliviano siempre estuvieron guiados por propósitos políticos, a fin de organizar a nuestro pueblo para alcanzar los cambios y las transformaciones estructurales que reclaman las grandes mayorías. Con el acuerdo de solución política consideramos que se dan las condiciones mínimas requeridas para producir nuestro tránsito a la vida política legal y proseguir la brega por nuestras aspiraciones estratégicas de superación del orden social capitalista vigente en el país. El Acuerdo Final representa una ruptura en nuestra historia, pero traza al mismo tiempo una línea de continuidad. El desistimiento del alzamiento armado no conduce a nuestra desmovilización; se trata de más bien de un acontecimiento que nos encauza hacia un nuevo tipo de movilización y accionar político, entendidos como expresión de nuestra indeclinable decisión y voluntad política colectiva de persistir en la lucha a través de la organización de un nuevo partido o movimiento político. Nos seguiremos orientando por un ideario inspirado en el marxismo, el leninismo, el pensamiento emancipatorio bolivariano y, en general, en las fuentes del pensamiento crítico y revolucionario de los pueblos.
Tesis 26: La batalla por la implementación del Acuerdo Final. Además de las tareas propias de la organización del nuevo partido o movimiento, que deberán ser mandatadas por esta X Conferencia, y que nos habrán de llevar a su Congreso Constitutivo, somos conscientes de que se avecinan nuevas batallas. La primera de ellas, la que corresponde a la implementación de los acuerdos que son para beneficio de la sociedad colombiana y del pueblo en su conjunto. Si la potencia transformadora contenida en ellos se logra desatar y sale adelante en forma victoriosa, estaremos frente a la más importante posibilidad reciente de democratización política, económica, social y cultural de la Nación. Se avecina un ciclo reformista que, en las condiciones del régimen de dominación de clase existente en el país, debe ser catalogado como revolucionario. Pero la posibilidad de materialización de ese ciclo, demanda la existencia de un poder y una fuerza social con capacidad de hacerlo efectivo, que estamos obligados a contribuir a construir.
Tesis 27: La batalla por el quiebre de la hegemonía política y cultural. La segunda batalla se refiere al necesario quiebre de la hegemonía política y cultural para llegar a lo profundo de los corazones del pueblo colombiano y lograr su más amplio respaldo, principalmente en los centros urbanos. Tras décadas de estigmatización y continuo falseamiento de nuestra historia y de nuestro accionar, tendremos la posibilidad de establecer otro tipo de relacionamiento y de interlocución con las grandes mayorías, distinto al de la guerra, y así ofrecer y compartir nuestra visión y propuesta de país. Se acerca lo que bien podríamos llamar una “batalla de ideas” y tenemos la esperanza de que ella se pueda adelantar libremente y sin ejercicio de violencia alguna. Ha llegado el tiempo de la verdad histórica. Ha llegado el tiempo de desnudar el régimen de dominación de clase existente, sin los ropajes y disculpas de la confrontación armada y de la guerrilla como causante de los males y problemas que campean a lo largo y ancho del país.
Tesis 28: La batalla por la unidad del campo popular. La tercera batalla es la concerniente a la unidad del campo popular, de los sectores democráticos, progresistas y revolucionarios. Sin un amplio proceso de unidad no hay posibilidad de avanzar hacia el cambio político y las transformaciones estructurales que requiere la sociedad colombiana.
Estamos dispuestos y abiertos a abordar las discusiones para construir los consensos necesarios, siempre privilegiando las definiciones y los acuerdos programáticos, sobre las decisiones pragmáticas. Si pretendemos resignificar y reivindicar la política e introducir nuevas formas de acción política, tenemos la obligación de regresar a la discusión programática, a los debates sobre la táctica y la estrategia, a la construcción colectiva del programa o la plataforma política y del instrumento político, trascendiendo el concepto de oposición o de frente electoral para demostrar vocación de poder y deseo de ser gobierno. Si se contempla que el Acuerdo Final puede abrir el camino de una transición política debe considerarse la posibilidad de unir esfuerzos hacia un “Gobierno de construcción de paz y reconciliación nacional”. No hay perspectiva política como opción de poder si los esfuerzos de unidad se limitan a las valiosas expresiones organizativas y procesos existentes, incluidas nuestras fuerzas. El campo de acción e influencia ha demostrado ser limitado, pues no hemos logrado llegar a las grandes mayorías no organizadas, particularmente en los principales centros urbanos. Debemos reconocer nuestras carencias colectivas para identificar las aspiraciones de las nuevas generaciones de clase trabajadora producidas por las transformaciones capitalistas durante las últimas décadas, y traducirlas a nueva gramática de la política.
Tesis 29: La vigencia de un proceso constituyente abierto. Nuestra experiencia de décadas de lucha nos ha enseñado que al tiempo que se lucha por el poder, es necesaria una construcción social del poder “desde abajo”. Eso es lo que hemos hecho cuando hemos promovido e impulsado procesos organizativos territoriales basados en la democracia directa, autogestionaria y comunitaria. Eso mismo reconocemos en importantes procesos campesinos, indígenas y afrodescendientes, en diferentes movimientos urbanos estudiantiles, de mujeres, de víctimas del conflicto y de trabajadores en general en defensa de bienes comunes de la sociedad, enfrentando en diferentes momentos y con intensidad diferenciada las tendencias de mercantilización capitalista extrema de la sociedad. En todos esos casos reconocemos la existencia de dinámicas constituyentes, dentro de las cuales inscribimos los alcances del Acuerdo Final, que bien pueden confluir hacia un proceso constituyente abierto, en el cual se vayan edificando las bases de un nuevo poder social. En la conjunción de la construcción de nuevo poder social y la conquista de posiciones en el poder establecido, incluida la perspectiva de ser gobierno, es que concebimos nuestro tránsito hacia la vida política legal en condición de nuevo partido o movimiento político.
Tesis 30: Sobre el mandato de la X Conferencia. Frente a todas estas preocupaciones, aunque tenemos visiones preliminares, no poseemos aún elaboraciones definitivas. Por ello consideramos que esta X Conferencia, además de avanzar en la identificación de lineamientos para nuestra acción política inmediata, debe producir el mandato para abrir la más amplia discusión interna que conduzca a las definiciones programáticas que demanda el nuevo momento político inaugurado por el Acuerdo Final. Deberá ser sometido al Congreso constitutivo de nuestro partido o movimiento político legal el programa político de orden estratégico, la propuesta de plataforma política para la confluencia en un bloque popular alternativo o en un movimiento de movimientos y la propuesta de programa para un “Gobierno de construcción de paz y reconciliación nacional”, de amplia convergencia. Se nos avecina en ese aspecto una tarea de máximo compromiso, responsabilidad y construcción colectiva.
Llanos del Yarí. Sept. 2016.
¿Paz en Colombia?
Javier Giraldo es uno de los más destacados defensores de derechos humanos en Colombia. Foto: Sara Rojas.
Por: Javier Giraldo M. – agosto 15 de 2016
Colombia ha vivido en los últimos 4 años
una búsqueda de acuerdo de paz entre el gobierno y la guerrilla de las
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), luego de sesenta
años de conflicto armado que ha dejado muchos millones de víctimas y han
llevado a la degradación progresiva de la guerra en muchos aspectos.
Este proceso ha ido revelando progresivamente los laberintos, a veces sin salida, en que es necesario internarse para buscar acuerdos de paz.
El país ha vivido ya 33 años de procesos de paz fracasados durante el
último ciclo de violencia, sin contar las negociaciones, acuerdos y
eliminaciones de excombatientes de ciclos anteriores que se identifican
con las mismas causas. Una larga tradición demuestra que los acuerdos no
se cumplen y que los combatientes rebeldes son eliminados tras el
desarme, pero no sólo ellos sino las fuerzas sociales y políticas que
les son cercanas.
Hace pocos días se firmó en La Habana un documento
que define el penúltimo de los 6 puntos de la agenda acordada al
comienzo de los diálogos, incluyendo ya el compromiso de un cese de
fuego bilateral y supuestamente definitivo. Sin embargo, el país se
encuentra profundamente polarizado por el crecimiento y poder creciente
de posiciones políticas de extrema derecha. Parece que reviven las
posiciones de la Guerra Fría, potenciadas por el monstruoso poderío
económico de un empresariado multinacional que defiende rabiosamente sus
intereses excluyentes con medios muy poderosos.
Si bien hay una euforia de paz que se
traduce en eslóganes o en frases de cliché que se repiten por todas
partes, cuando se profundiza un poco en lo que hay detrás de esos
eslóganes o en los aspectos que esas frases superficiales eluden,
aparecen muchas preocupaciones. Algunos analistas más críticos llaman la
atención sobre ciertas contradicciones, como las siguientes:
- Se percibe un doble lenguaje. Con uno se afirma que el proceso no se ha enfocado como una rendición de rebeldes delincuentes sino como un reconocimiento de una guerra que tenía raíces sociales y en la cual los dos polos cometieron crímenes; mientras que el otro, usado por el gobierno fuera de la mesa de diálogos, tiene todo el enfoque de la rendición, la derrota y el sometimiento a una legalidad y una estructura de poder supuestamente democrática. El gobierno y la clase dominante repiten que el proceso es fruto de un triunfo militar del Estado que ha doblegado a la guerrilla y la ha obligado a sentarse a la mesa de negociación.
- Aunque en los formalismos de la mesa de negociaciones se aceptó discutir las raíces del conflicto, sobre todo en los temas de tierra y democracia, predominó la negativa rotunda del gobierno a tocar en lo más mínimo el modelo económico y el modelo político, quedando todas las propuestas relativas a esas raíces del conflicto como ‘salvedades’ o ‘constancias’ de las que fue imposible discutir. El gobierno repite que no negocia el modelo vigente y que sólo invita a la guerrilla a que, una vez dejadas las armas, se presente a los debates electorales para solicitarle a la sociedad que apoye sus propuestas de reformas. Esto sería normal si hubiera democracia, pero el gobierno sabe que mientras no reforme el sistema electoral, uno de los más corruptos del mundo, y el sistema de propiedad de los medios masivos de información ni la guerrilla ni ningún movimiento de oposición podrá conquistar triunfos democráticos.
- Muchas polémicas interminables llevaron finalmente a los rebeldes a aceptar la simetría de trato a los combatientes de ambos lados, desconociendo la gravedad enormemente mayor de los crímenes de Estado y las características del delito político y del derecho a la rebelión. También tuvieron que aceptar la inmunidad de los expresidentes frente a la justicia y la ruptura de las responsabilidades de mando, ambos principios consagrados en el Estatuto de Roma cuyo desconocimiento refuerza y amplía la impunidad rutinaria.
- El desarrollo de los diálogos ha producido perplejidad en las capas más conscientes de la sociedad, al comprobar que el Estado ha recurrido simplemente a la negación de los obstáculos más grandes para la paz, considerándolos como inexistentes o realidades del pasado ya superadas: el paramilitarismo, la doctrina militar del enemigo interno y de la seguridad nacional y la criminalización de la protesta social. Nadie puede entender tampoco que las negociaciones no hayan llevado a un acuerdo sobre la reducción de la fuerza armada del Estado sino, más bien, a anunciar que esa fuerza se va a aumentar y a reforzar. Todo el mundo se pregunta: si es verdad que se acaba la guerra, ¿por qué el monstruoso gasto militar no se va a acabar sino a aumentar?
- El recurso a la justicia transicional, que ha sido el punto de llegada en el tema de las víctimas del conflicto, uno de los aspectos más polémicos y que más tiempo han consumido en las negociaciones, no deja tranquilos a numerosos analistas de ambos lados. Se pactó una Jurisdicción Especial para la Paz, diseñada por un grupo de juristas de alto nivel, dentro de los criterios básicos de la justicia transicional. Supuestamente, el derecho nacional no operará allí sino sólo los tratados internacionales; habrá magistrados también extranjeros; los que confiesen crímenes internacionales, sean guerrilleros, militares, empresarios u otros, tendrán penas alternativas y no de prisión, y los que no confiesen serán condenados a prisión. La fórmula ha sido elogiada por muchos aunque se critica la violación flagrante de algunos artículos del Estatuto de Roma para favorecer a los gobernantes. Sin embargo, dicha fórmula alberga dos principios que pueden dar al traste con las escasas expectativas de justicia: los principios de priorización y de enfoque hacia los máximos responsables. Ya hay aplicaciones en curso de esos principios por parte de la justicia colombiana, frente a modalidades concretas de genocidio, que anuncian la utilización corrupta de esos dos principios como mecanismos privilegiados de impunidad. Esto hace mirar el acuerdo de justicia con reservas.
- En general, las motivaciones de disuasión que han sido utilizadas para promover los acuerdos de paz descansan en la imposibilidad práctica de lograr cambios sociales por medio de la lucha armada, dado el poder monstruoso y apabullante de las armas estatales, respaldadas por el poderío imperial de mayor alcance destructivo en la historia reciente de la humanidad: los Estados Unidos. Brilla por su ausencia, sin embargo, toda consideración ética de los clamores y sufrimientos que llevaron a levantarse en armas a los combatientes contra el Estado. El discurso político predominante es pragmático y egoísta, y muestra indiferencia arrogante por posibilidades reales de justicia. Los discursos del presidente Santos en el exterior han insistido, ante todo, en una paz que beneficiará a los empresarios e inversionistas transnacionales, quienes podrán intensificar su extracción de recursos naturales. Entre tanto, su gobierno reprime con una violencia cruel las protestas sociales de las comunidades afectadas por la destrucción ecológica y social que han causado y siguen causando esas empresas multinacionales.
Desde la extrema derecha se condena el
proceso porque favorece la impunidad de los rebeldes, seguramente
responsables de no pocos crímenes de guerra, pero desde el movimiento
popular se teme más a la impunidad de los poderosos y de los agentes del
Estado y del paramilitarismo, cuyos crímenes de guerra, de lesa
humanidad y genocidios superan enormemente en cantidad y en crueldad los
crímenes de la insurgencia. Esta impunidad se traduce en la continuidad
de un poder represivo que seguirá afectando a los sectores más
desprotegidos de la sociedad y bloqueará con violencia las reformas
sociales que se reclaman con urgencia.
A pesar de los esfuerzos formales por
construir un Estado de Derecho, sobre todo desde la Constitución de
1991, el poder real lo sigue ejerciendo una minoría poderosa articulada a
intereses transnacionales, llegando a configurar un Estado
esquizofrénico en el cual lo formal se apoya en lo legal y lo real se
apoya en las mil redes clandestinas de violencia paraestatal, cuya
relación con el Estado es negada rotundamente por los funcionarios del
régimen y los grandes medios de información.
La primera experiencia reciente de
justicia transicional la realizó en 2005 un gobierno de extrema derecha,
el del expresidente Álvaro Uribe, mediante la Ley 975,
llamada paradójicamente “Ley de Justicia y Paz”. Hubo entonces una
negociación con los paramilitares, quienes a todas luces apoyaron su
candidatura a la presidencia. Luego de negociaciones con los líderes
paramilitares más connotados, estos obtuvieron su sometimiento a una
justicia indulgente en que la pena máxima fluctuaba entre 5 y 8 años,
aunque los crímenes atroces en cada caso sumaran muchos millares.
Supuestamente, se desmovilizaron 32.000 paramilitares autores de 42.000
crímenes atroces pero sólo fueron condenados a las penas mínimas 22 de
ellos y casi todos están en libertad desde 2015.
A esa estrategia de negociación con
grupos que no podían identificarse como delincuentes políticos, puesto
que eran agentes clandestinos del mismo Estado, el expresidente Uribe
añadió otras estrategias para que el paramilitarismo continuara activo:
la configuración de un paramilitarismo legalizado, vinculando a varios
millones de personas a tareas de guerra mediante redes de informantes y
cooperantes, y remodelando los estatutos de las compañías privadas de
seguridad para vincularlas a tareas bélicas como auxiliares de la fuerza
armada oficial.
El paramilitarismo ilegal, en grandes
franjas, retornó muy pronto a sus acciones criminales con sus mismos
objetivos, a saber: persecución a todo movimiento social o de protesta
mediante escritos de clara inspiración contrainsurgente, anticomunista y
fascista; respaldo incondicional al gobierno y a sus fuerzas armadas;
apoyo a las empresas transnacionales, a cuya destrucción ecológica
denominan ‘progreso’; y sustento financiero en las redes más poderosas
del narcotráfico. El gobierno ha acuñado para ellos nuevas siglas que
los inscriben en la delincuencia común, ajena a toda relación con el
Estado. Hoy se articulan y coordinan con calculada astucia las franjas
legales y las ilegales del paramilitarismo, cobijadas por un lenguaje
que las cubre con la negación rotunda de su existencia.
Desde el comienzo de las negociaciones
actuales, las FARC habían afirmado que jamás se someterían a la justicia
colombiana, dada su extrema corrupción, su responsabilidad en la
impunidad monstruosa de los crímenes más atroces del Estado y del
paramilitarismo, y su desvergonzada parcialidad y dependencia del
régimen, conceptos que comparten grandes franjas de población que
consideran la justicia como éticamente colapsada. Muchas fórmulas se
propusieron para buscar imparcialidad, incluyendo la creación de una
corte penal regional apoyada por regímenes progresistas de América
Latina. Y mientras la insurgencia buscaba estructuras judiciales más
independientes, los agentes del Estado eran atormentados por la
evaluación de lo ocurrido en otros países que emitieron leyes audaces de
impunidad para militares y funcionarios, leyes que fueron
posteriormente invalidadas por tribunales internacionales.
El expresidente César Gaviria lanzó una
carta pública pidiendo que se blindaran de manera definitiva las medidas
de impunidad para protegerlas de un eventual desconocimiento posterior
por tribunales internacionales o por las mismas cortes nacionales. Por
ello, el acuerdo incluye también unos mecanismos de blindaje hacia el
futuro que no dejan de ser frágiles y, al analizaros, se descubre con
mayor contundencia la dependencia del derecho respecto a la política y a
los vaivenes de los poderes de turno.
En el momento en que escribo aún no se
ha firmado el acuerdo definitivo, pero ya se piensa que el proceso es
irreversible y que en pocas semanas se convocará a la ceremonia solemne
de la firma. Se ha concertado ya un calendario de entrega de las armas a
las Naciones Unidas y de concentración provisional de los guerrilleros
en 23 zonas rurales, mientras comienzan a implementarse los diversos
puntos de los acuerdos. Como lo reconoce el cerebro de las negociaciones
de parte del gobierno, lo que se firmará no es propiamente la paz sino
un cese de fuego. La paz habrá que comenzar a construirla,
principalmente en las zonas en que la guerra ha sido más intensa.
La polarización es muy grande en este
momento y muchos opinamos que, mientras no se solucionen las raíces más
profundas del conflicto, como son la extrema desigualdad, la
concentración de la propiedad de la tierra, la falta de democracia y la
criminalidad estatal tendiente a reprimir toda protesta social y a
destruir todo movimiento de base que busca modelos alternativos y justos
de sociedad, el conflicto se puede reactivar sin que sean previsibles
sus consecuencias.
Es necesario anotar, que el acuerdo no
se va a firmar, por el momento, sino con la guerrilla de las FARC y que
otra guerrilla que tiene importancia numérica e histórica, el Ejército
de Liberación Nacional (ELN), no ha logrado aún llegar a acuerdos
mínimos de agenda para iniciar el diálogo con el gobierno, aunque ha
dado pasos significativos.
Publicado originalmente en http://www.javiergiraldo.org/s(VIDEO) Piedad Córdoba propone una Asamblea Nacional Constituyente para construir la paz en Colombia
Piedad Córdoba: "Esta es una gran oportunidad para poder encontrarnos con la Asamblea Nacional Constituyente que de cuenta de las reformas estructurales de Colombia".
Credito: Agencias / Por: AVN / Aporrea.org | | APORREA
Durante una entrevista transmitida por Telesur, destacó que es el momento de despolarizar al país y construir la paz a través del dialogo nacional.
"Esta es una gran oportunidad para poder encontrarnos con la Asamblea Nacional Constituyente que de cuenta de las reformas estructurales de Colombia. Hago un llamado por la pedagogía por la paz para conducirnos hacia la construcción de una mejor sociedad de hombres y mujeres nuevas", enfatizó.
Asimismo, la exsenadora colombiana, Piedad Córdoba, no percibe un panorama pesimista y reconoció el triunfo del No en el plebiscito de este domingo. "Las izquierdas deben llegar a un acuerdo y no tirar la toalla", sostuvo.
Córdoba respaldó la continuidad del cese del fuego bilateral, anunciado por el el primer mandatario colombiano, Juan Manuel Santos. "Me pongo a disposición del presidente de la República para construir un mejor país", aseveró.
https://youtu.be/PsJOgvXCNvw
Video fuente: TeleSUR
Noventa partidos de la izquierda latinoamericana se preparan para hacer frente a un nuevo Plan Cóndor
La tesis de un “nuevo Plan Cóndor” y la propuesta de un Pacto Ético para combatir los paraísos fiscales marcan el III Encuentro Latinoamericano Progresista en Ecuador
R. GRANDE Y E. BRUNNER - PÚBLICO - Publicado: 01.10.2016 23:25
Quito.- Hace siete años, el llamado
socialismo del sigIo XXI vivía un buen momento electoral. “En el 2009,
de 10 países latinos de América del Sur, 8 tenían gobiernos de
izquierdas”, recordaba Rafael Correa a los asistentes al III Encuentro
Latinoamericano Progresista (ELAP). Pero el presidente de Ecuador señala
que los tiempos han cambiado: “Nuestra América enfrenta una fuerte
arremetida en contra de su rumbo de justicia, equidad, libertad”.
Bajo el lema ‘¡Develando el nuevo Plan
Cóndor, por un Pacto Ético Latinoamericano!’, se han reunido más de 200
delegados de 90 partidos de izquierdas, principalmente de América
Latina, aunque también de otros países como España, desde el miércoles
hasta el viernes. Estas jornadas han sido organizadas por la formación
de Correa, Movimiento Alianza PAIS.
La tesis de que existe una
versión más sutil del plan Cóndor —la operación que en la década de los
70 y 80 truncó los gobiernos progresistas en América Latina —ha marcado
el discurso de algunos líderes políticos de la región. El impeachment
contra Dilma Rousseff y los procesos legales contra la expresidenta de
Argentina, Cristina Fernández Kirchner, o el expresidente de Brasil,
Luiz Inácio Lula da Silva, han sido citados como ejemplos de ataques
políticos que incluirían el acoso mediático e incluso la injerencia en
procesos judiciales. “Lo que no consiguieron en las urnas, ahora lo
quieren conseguir con golpes blandos”, señaló la Secretaria Ejecutiva de
Alianza PAIS, Doris Soliz. El Partido de los Trabajadores de Brasil
aprovechó el ELAP para promocionar su campaña ‘Estamos con Lula’, que
califica el proceso en su contra como “caza judicial”.La fecha del evento no es casual. El 30 de septiembre de 2010, Ecuador sufrió una de las crisis de seguridad más tensas durante el gobierno de Correa que pudo haber culminado en un golpe de Estado. Fue uno de los cuatros intentos de desestabilización contra gobiernos progresistas que ha habido durante el denominado proceso de la década ganada, según enumera Rafael Correa: “Bolivia en septiembre de 2008, Honduras 2009, Ecuador 2010, y Paraguay 2012”.
Paraísos Fiscales
Para el expresidente José Mujica, “la desigualdad es
enemiga de la democracia”. Sentado en un sofá blanco, en un estilo
cercano y conversacional, el político uruguayo destacó la inequidad y la
creciente concentración del capital como los grandes problemas que
ponen en peligro las conquistas sociales. “O logramos ponerle freno a
nivel planetario o la humanidad puede vivir el ocaso de la democracia”,
destacó en la ciudad costera de Guayaquil.
La crítica a los
paraísos fiscales ha sido otro de los ejes centrales del encuentro.
“Estamos hablando del corazón del sistema, no de sectores marginales del
poder”, recalcó el Superintendente ecuatoriano de Control del Poder del
Mercado, Pedro Páez. Frente a este desafío se ha planteado el llamado
Pacto Ético, una medida ecuatoriana que busca prohibir que los políticos
y funcionarios públicos tengan activos en offshores. En la declaración
final del ELAP, el resto de participantes apoya la propuesta y se
muestra a favor de extender iniciativas similares en toda la región. Ana Teresa Morales, exministra de Desarrollo y Economía Plural de Bolivia, propuso la creación en Latinoamérica de una “lista en común” de las empresas que tengan cuentas en paraísos fiscales. Un estudio de Oxfam calcula que 32 millones de personas en América Latina saldrían de la pobreza si estos impuestos fueran pagados íntegramente en la región.
Condecoración a Kirchner
La Asamblea General de Ecuador, donde los
congresistas progubernamentales son mayoría, aprovecharon la visita de
la expresidenta argentina para condecorarla con la distinción ‘Manuela
Sáenz’.
El gesto ha recibido críticas por premiarla cuando aún
no se han resuelto las 419 denuncias que se han interpuesto contra ella
por posibles casos de corrupción. Kirchner ha desmentido su vinculación
con cualquier ilegalidad asegurando que tales acusaciones se hacían “con
el fin de desprestigiar y calificar”. La presidenta de la Asamblea de
Ecuador, Gabriela Rivadeneira insistió en que este reconocimiento busca
“desenmascarar las intenciones de injerencia, el nuevo Plan Cóndor” y
respaldar a la expresidenta argentina.En su conferencia en la ELAP, Kirchner aseguró que se tomaba la condecoración como “un reconocimiento colectivo a las políticas desarrolladas durante doce años” de kirchnerismo.
Balance de la 'década ganada'
Los líderes políticos que han asistido al ELAP han
hecho un cómputo muy positivo de los logros obtenidos durante lo que
denominan la ‘Década ganada’. La reducción de la pobreza y las mejoras
en Sanidad y Educación han sido las conquistas más destacadas. “Aunque
falta mucho por hacer, nunca se ha hecho tanto como ahora”, concluía
Correa.
Los desafíos de “la década por venir” concentraron gran
parte de los discursos. “Somos conservadores cuando nos sentamos aquí a
defender lo logrado”, apuntaba el precandidato presidencial por el
Partido Progresista de Chile, Marco Enríquez Ominami. “Hay que pasar a
una segunda etapa. No sólo defender la obra”. La integración económica es uno de los retos que desde el ELAP se ha acordado asumir. “Es hora del consenso para las transformaciones y el desarrollo de Latinoamérica y el Caribe, lo cual rebasa los proyectos nacionales y requiere una comunidad de objetivos y principios”, dijo José Ramón Balaguer, jefe del departamento de relaciones internacionales del Partido Comunista de Cuba.
La creación del Banco del Sur y fortalecer organismo regionales como Unasur vuelven a estar subrayados en las agendas como herramientas de integración. La canciller venezolana, Delcy Rodríguez, reclamó la presidencia de Venezuela en Mercosur y recuperó la afirmación de Nicolás Maduro de que la caída de los precios del petróleo es parte de una “estrategia diseñada en Washington”.
Aunque no sea un país latino, China es un actor clave en la región por sus importantes inversiones. El Viceministro del Departamento Internacional del Partido Comunista chino, Liu Hongcai, aseguró que “no buscan esferas de influencia como si se tratase de cultivar un jardín privado de patio trasero, si no el apoyo a todas las naciones para alcanzar un desarrollo común”.
Las bases de América Latina
José Bayardi, del Frente Amplio uruguayo, subrayó que
el partido tiene la obligación de controlar las pautas éticas que rigen
las decisiones de sus compañeros en el gobierno. “La mayor traición que
se le puede hacer al continente latinoamericano es no entender las
fuerzas de confluencia en los espacios políticos entre movimientos
sociales y partidos políticos”, aseveró. En la misma dirección apuntó la
intelectual Marta Harnecker, que recordó la importancia de que “la
militancia en los partidos esté inserta en las sociedades”.
Mujica
apeló a la necesidad de la autocrítica y de no alejarse de las bases.
"Hay cosas que no pasaron por culpa de la CIA o por maleficio, pasaron
por insuficiencia de visión que teníamos los hombres", explicó en el
Encuentro de Juventudes, que reunió a más de 400 militantes de América
Latina y algunos países de Europa.Verónika Mendoza, que fue candidata a la presidencia de Perú por la coalición Frente Amplio en las elecciones 2016, pidió que no se tuviera miedo a los mecanismos de democracia interna en los partidos. El eurodiputado de Podemos, Pablo Bustinduy, respaldó la idea destacando que “la renovación de todos los procesos transformadores depende de su capacidad de abrirse”.
Las FARC
La Declaración final del encuentro expresó de forma categórica su apoyo al sí en el referéndum sobre los acuerdos de paz entre el Gobierno colombiano y las FARC, que tendrá lugar mañana domingo. La exsenadora colombiana del partido Poder Ciudadano, Piedad Córdoba, opinó que "Colombia le debe la paz a Venezuela, le debe la paz a Hugo Chávez", pues sin "su decisión valiente de reconocerle a la guerrilla de las FARC ese estatus de beligerancia, creo que muy difícilmente habríamos llegado hasta aquí", afirmó.Desde el ELAP, se instó al gobierno colombiano y a los combatientes del ELN a recorrer el mismo camino para lograr que la paz sea completa.
La declaración final también se posicionó a favor del restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos. El texto condenó la “desestabilización antidemocrática en Venezuela” y la supuesta injerencia norteamericana en Nicaragua a través de la iniciativa legislativa Nica Act. Exigieron la devolución de Guantánamo y las Malvinas y la celebración de un referéndum de autodeterminación en el Sáhara Occidental.
Rafael Correa: “Hemos pasado a un nuevo plan Cóndor sin límites ni escrúpulos”
Rafael Correa - Por: Ciudad Caracas | | APORREA
1 de octubre de 2016.- El presidente de Ecuador, Rafael Correa, denunció en entrevista a RT que lo que actualmente está ocurriendo en América Latina no es una "restauración conservadora" sino un "nuevo plan Cóndor" con sus ataques judiciales y económicos "que no tiene ni límites ni escrúpulos".
Correa, quien predijo esta restauración de la derecha en 2014 "pero se quedó corto", sostiene que actualmente "hay una judicialización de la política, golpes parlamentarios y se atenta descaradamente contra la integración". "Se atenta contra la dignidad de las personas", denuncia el mandatario, que cita como ejemplo el caso de Néstor Kirchner, quien "era una referencia para América Latina al rescatar a Argentina de las cenizas en las que lo dejó el más brutal neoliberalismo". "Si estuviera vivo sería un delincuente, como pretenden hacer pasar a Cristina, Lula da Silva, Dilma…", denuncia.
Aunque estos intentos "muchas veces eran infructuosos y aislados", en 2013, destaca el mandatario, se desveló una verdadera "articulación internacional con estrategia, con recursos infinitos, con diferentes clases de acosos".
De esta forma, Correa denuncia la "doble moral" existente en el organismo al recordar cómo se trata el caso de Venezuela en la OEA y cómo el caso de Brasil pasa casi desapercibido. "A Venezuela la acusaron de demorar el referéndum y la llevaron a Washington y le quisieron aplicar la carta democrática. Suponiendo que esto sea cierto, es 10.000 veces más grave que lo que ocurrió en Brasil, un golpe parlamentario", denuncia.
"Lo mismo ocurriría con Trump. Exacerba las contradicciones, pero por el bien de EE.UU. y del mundo, quisiera que gane Hillary", concluye.
Correa, quien predijo esta restauración de la derecha en 2014 "pero se quedó corto", sostiene que actualmente "hay una judicialización de la política, golpes parlamentarios y se atenta descaradamente contra la integración". "Se atenta contra la dignidad de las personas", denuncia el mandatario, que cita como ejemplo el caso de Néstor Kirchner, quien "era una referencia para América Latina al rescatar a Argentina de las cenizas en las que lo dejó el más brutal neoliberalismo". "Si estuviera vivo sería un delincuente, como pretenden hacer pasar a Cristina, Lula da Silva, Dilma…", denuncia.
"Una articulación internacional"
Con todo, Correa recuerda que los intentos de agredir a los gobiernos progresistas de América Latina no son novedad: "Siempre han tratado de desestabilizarnos y agredirnos: mire el golpe de Estado en abril de 2002 contra Hugo Chávez; en 2008 los intentos de desestabilización en Bolivia; 2009 Honduras; 2010 el propio Ecuador; 2012 Paraguay".Aunque estos intentos "muchas veces eran infructuosos y aislados", en 2013, destaca el mandatario, se desveló una verdadera "articulación internacional con estrategia, con recursos infinitos, con diferentes clases de acosos".
"Doble moral" en el caso de Venezuela y Brasil
Asimismo, el mandatario sostiene que vio errores de origen en el funcionamiento de la UNASUR y la CELAC, como que todas las decisiones se tengan que tomar por consenso y que el poder de veto pueda hacer fracasar "cualquier decisión". "Por eso yo casi no firmo el tratado UNASUR en 2008 en Brasil", confiesa.De esta forma, Correa denuncia la "doble moral" existente en el organismo al recordar cómo se trata el caso de Venezuela en la OEA y cómo el caso de Brasil pasa casi desapercibido. "A Venezuela la acusaron de demorar el referéndum y la llevaron a Washington y le quisieron aplicar la carta democrática. Suponiendo que esto sea cierto, es 10.000 veces más grave que lo que ocurrió en Brasil, un golpe parlamentario", denuncia.
"Si mañana hubiera elecciones, volvería a ganar"
En relación a su posible regreso, Correa afirma que en principio no volverá a postularse pero que "si mañana fueran las elecciones" volvería a ganar en una sola vuelta y con mayoría en la Asamblea. Además, indica que la oposición está más fraccionada que nunca "uniendo el agua con el aceite por el odio a Correa y la gente percibe esas cosas"."Trump ayudaría a América Latina a actuar más unida"
Correa admite que querría que las elecciones presidenciales en EE.UU. las ganase la candidata demócrata Hillary Clinton, "pero para América Latina sería mejor [el candidato republicano Donald] Trump". A su juicio, durante el mandato de Bush el rechazo a las primarias políticas de este generó una reacción por parte de América Latina que la hizo actuar más unida."Lo mismo ocurriría con Trump. Exacerba las contradicciones, pero por el bien de EE.UU. y del mundo, quisiera que gane Hillary", concluye.
Ven y únete con nosotros el 7-10 de octubre en Nogales, Arizona, para que hagamos una convergencia en la frontera de Estados Unidos y México:
- Fin a las intervenciones de índole militar, económica y política de los Estados Unidos en las Américas
- Desmilitarización de las fronteras
- Fin a los sistemas racistas que criminalizan y matan a migrantes, refugiados y comunidades de color
- Respeto, dignidad, justicia y autodeterminación de las comunidades
Calendario de eventos
Viernes, 7 de octubre
- Vigilia frente al Centro de Detención Eloy, 12:00pm-2:00 pm
- Acto de bienvenida en el Hotel Americana de Nogales, en EE.UU. y México, 6:30pm-8:00pm
- Concierto en el Hotel Americana de Nogales, en EE.UU. y México, 8:00pm-10:00pm
Además se celebrará un concierto en Tucson, Arizona, al que están invitadas todas las personas que no puedan pasar la frontera para asistir al concierto en México.
- Marcha en Nogales (Sonora/Arizona), encabezada por veteranos 8:30am-9:30am
- Manifestación frente al muro de la frontera, 9:45am-11:45am
- Talleres en el Hotel Americana de Nogales, en EE.UU. y México, 1:15pm-7:50pm
- Ceremonia interreligiosa frente al muro de la frontera y vigilia a luz de las velas, 6:30pm-8:00pm
- Concierto transfronterizo, 8:00pm-10:30pm
- ¡No Más! No More! y Presentes se reunirán frente al muro de la frontera, 9:00am-3:00pm
- Vigilia por José Antonio (hora y lugar por definir)
- Celebración del Día de la Resistencia Indígena (hora y lugar por definir)
Hospedaje: Para obtener más información sobre hoteles en Tucson + Nogales, AZ, Nogales, Sonora, y lugares en el medio, haga clic aquí 
Voces de la Frontera: Video invitaciones
de activistas de la zona fronteriza explicando la importancia del
Encuhttp://www.soaw.org/borderVolante: Imprime y distribuye el volante bilingüe aquí
Comunicado de Prensa: 390 organizaciones de defensa de derechos humanos y de migrantes, de justicia social, religiosos y laborales, hacen un llamado a una Convergencia Internacional en la frontera entre México y EEUU los días 7, 8, 9 y 10 de octubre del 2016
Desde la Escuela de las Américas hasta la frontera
Ven y únete con nosotros el 7-10 de octubre en Nogales, Arizona, para que hagamos una convergencia bi-nacional en la frontera de Estados Unidos y México, con el fin de exigir un cambio fundamental en la política exterior de los EEUU.
En un momento como el actual en el que los refugiados que huyen de la violencia patrocinada por los Estados Unidos son tildados de criminales, violadores y terroristas, y a medida que la retórica contra los inmigrantes continúa envenenando el debate público durante este año de elecciones, es importante que la gente con conciencia nos pongamos de pie y ofrezcamos una narrativa diferente.
Mientras los políticos construye muros, nosotros debemos construir puentes.
Necesitamos fortalecer el poder de las bases para lograr desafiar el estatus quo racista, y necesitamos emprender la acción. Hasta ahora, la inmigración ha sido la cuestión más candente durante la campaña presidencial de 2016, y sin embargo, todo candidato principal ha guardado silencio en torno a las conexiones entre la política exterior militarizada de EE.UU., y los motivos por los cuales la gente de Latinoamérica se ve obligada a huir a EE.UU. para salvar sus vidas.
En lugar de acoger a los refugiados, como lo requieren los estándares humanitarios internacionales, estas personas son tratadas como criminales, y encerradas en prisiones para la ganancia económica de corporaciones privadas. De hecho, la “solución” a la llamada crisis de la migración infantil ha sido militarizar todavía más las fronteras entre México y América Central. Hoy en día, México deporta más centroamericanos que Estados Unidos mismo… y estos abusos en Mexico son pagados con los impuestos de los que viven en EE.UU. ¡Ya Basta! ¡Debemos responder a la llamada de la solidaridad, confrontar al poder con la verdad, y exigir que Estados Unidos cese las actuales manifestaciones de violencia en América Latina y más allá del continente!
Al comienzo la primavera 2015 vimos como podríamos trasladar nuestra vigilia anual a la frontera entre Estados Unidos y México, para ampliar nuestro alcance y dejar al desubierto las numerosas violaciones a los derechos humanos causadas por la destructiva política exterior de los Estados Unidos, representada por la SOA. En los meses que siguieron, emprendimos una serie de conversaciones deliberadas y apasionadas, tanto al interior de nuestro movimiento como con otras organizaciones contraparte. El mes anterior a la vigilia del año pasado, nos embarcamos en una gira con el fin de escuchar, y hacer una consulta con las comunidades y organizadores en las líneas de vanguardia de la resistencia, ubicadas a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México. Y así logramos alcanzar un consenso – ¡SOA Watch debía trasladarse a la frontera!
El movimiento SOA Watch surgió como una respuesta a lo que ocurría en El Salvador durante la década de los ochenta. Muchas personas se unieron entonces a este movimiento solidario. Los patrones de la violencia y migración forzosas establecidos durante las guerras sucias del Siglo Veinte han continuado sin tregua, como resultado directo de las políticas económicas y de seguridad que adelantan los Estados Unidos en Mesoamérica, así como de la guerra contra las drogas liderada por este país. ¿Cómo podemos nosotros responder a la realidad de ahora, de la misma manera como respondimos a la violencia de los años ochenta? ¿En qué debemos invertir mejor nuestras energías?
La vigilia de este año en Nogales es una respuesta al llamado a la solidaridad que suscita el momento actual.
La movilización a la frontera en Nogales es una forma más de luchar por el cierre de la Escuela de la Américas, y de trabajar hacia un mundo libre de sufrimiento y violencia. No podemos olvidar que muchos de nuestros hermanos y hermanas son sobrevivientes de la atrocidades que Estados Unidos ha ido patrocinando en América Latina. Llamando la atención sobre la militarización de la frontera, seguimos exigiendo acabar con el terrorismo y la violencia de Estado contra nuestras comunidades a lado y lado de la frontera.
¡Únete a nosotros! Organiza a tu comunidad para que confluir con activistas de los derechos humanos, sobrevivientes de la tortura, sindicalistas, veteranos de guerra, trabajadores comunitarios, migrantes, comunidades de la fe, estudiantes y educadores de todos los rincones de las Américas.
