México: La insurgencia zapatista podría presentarse a las elecciones de 2018
La guerrilla zapatista alzada en armas en México en enero de 1994 anunció que postulará a una de sus militantes para la presidencia de la República en los comicios de mediados de 2018.
La decisión fue adoptada por unos 500 representantes durante un cónclave organizado por el Congreso Nacional Indígena (CNI) y del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, estado sureño de Chiapas.
Hasta ahora, la insurgencia zapatista, que mantiene una tregua indefinida desde casi unas semanas después de su levantamiento armado, se había rehusado a participar en elecciones.
Ahora lo podría realizar con base en reformas legales adoptadas hace poco que permitieron la creación de candidaturas independientes.
En el encuentro participó la Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y de delegados de todo el país.
El EZLN señaló que aunque ha rechazado el cambio por la vía electoral, la vía armada también ha quedado descartada para “lograr la transformación del país”.
Los asistentes señalaron que se prevé que los zapatistas realicen un “nuevo intento por buscar por la vía pacífica el cambio en el país”.
La cita coincidió con la celebración del 20 aniversario del Congreso Nacional Indígena, con presencia de reprentantes de algunas de las más de 50 etnias que existen en México.
Indígenas amuzgos, chinantecos, choles, chontales, lacandones, matlazincas, mayas, mazahusa, mazatecos, mixes, mixtecos y zapotecas, entre otros, enumeraron algunos de los “agravios y despojos” que enfrentan los pueblos indígenas de este país.
“Nuevamente nos damos cuenta de la agudización del despojo y la represión que no han parado en 524 años en que los poderosos iniciaron una guerra que tiene como fin exterminar a los que de la tierra somos”, señalaron en su documento de conclusiones, entre otras cosas.
“Como sus hijos, no hemos permitido su destrucción y muerte para beneficiar a la ambición capitalista que no conoce fin, más que la destrucción misma”, agregaron.
El comunicado conjunto del CNI y el EZLN emitido tras el encuentro señaló que “la resistencia por seguir construyendo la vida hoy se hace palabra, aprendizaje y acuerdos”.
El Quinto Congreso Nacional Indígena determinó iniciar una consulta en cada uno de los pueblos originarios “para desmontar desde abajo el poder que arriba nos imponen y que nos ofrece un panorama de muerte, violencia, despojo y destrucción”.
“Nos declaramos en asamblea permanente y consultaremos en cada una de nuestras geografías, territorios y rumbos el acuerdo” para “nombrar un consejo indígena de gobierno” que elija una mujer indígena para competir en las elecciones presidenciales, acordaron los participantes.
El EZLN señaló que su lucha “no es por el poder”, sino para llamar “a los pueblos originarios y a la sociedad civil a organizarse para detener la destrucción capitalista, fortalecerse en sus resistencias y rebeldías.
Se trata, expuso, de emprender “la defensa de la vida de cada persona, cada familia, colectivo, comunidad o barrio. De construir la paz y la justicia desde abajo, desde donde somos lo que somos”, indicaron.
Los indígenas de todo el país consideraron que es el tiempo “de la dignidad rebelde” y de “construir una nueva nación por y para todas y todos”.
Es la hora, indicó la proclama, “de fortalecer el poder de abajo y a la izquierda anticapitalista, de que paguen los culpables por el dolor de los pueblos de este México multicolor”.
En México se contabilizan unos 15,7 millones de indígenas (de una población total de más de 122 millones de habitantes) pertenecientes a 68 etnias, pero sólo 6,6 millones habla una lengua distinta al español, según cifras oficiales. - Ansa
Radio Zapatista
Inauguración – Quinto Congreso Nacional Indígena
CNI y EZLN inician consulta para nombrar Consejo Indígena de Gobierno para elecciones del 2018
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. Reunidos en el
CIDECI/Universidad de la Tierra Chiapas en el Quinto Congreso Nacional
Indígena, delegados de 33 pueblos, naciones y tribus originarios de
México y la Comandancia General de EZLN decidieron en asamblea iniciar
una consulta “en cada una de nuestras geografías, territorios y rumbos”
para nombrar un Consejo Indígena de Gobierno “cuya palabra sea
materializada por una mujer indígena” como candidata independiente para
las elecciones del 2018, para contender a nombre del CNI y el EZLN. En
otras palabras, un gobierno indígena, anticapitalista, horizontal y
colectivo, cuya voz se haga escuchar por medio de una mujer indígena,
para ejercer el “mandar obedeciendo”.
En la asamblea se aclaró que la lucha no es por el poder, sino por la organización de los pueblos originarios y la sociedad civil para detener la destrucción que se vive en nuestro país y “construir la paz y la justicia rehilándonos desde abajo, desde donde somos lo que somos”.
La decisión surge de un análisis de la situación que se vive en el país, reflejada en los espejos que son los pueblos organizados en el CNI. En el pronunciamiento final de la asamblea, acordado la noche del 13 de octubre, se documentan los mecanismos de despojo, violencia y represión que sufren los pueblos originarios del CNI a manos de los gobiernos, empresas y la delincuencia organizada, así como las formas de resistencia y de construcción y reconstitución de la vida: “fortalecimiento en los espacios colectivos para tomar decisiones, recurriendo a recursos jurídicos nacionales e internacionales, acciones de resistencia civil pacífica, haciendo a un lado los partidos políticos que sólo han generado muerte, corrupción y compra de dignidades, se han hecho alianzas con diversos sectores de la sociedad civil, haciendo medios propios de comunicación, policías comunitarias y autodefensas, asambleas y concejos populares, cooperativas, el ejercicio y defensa de la medicina tradicional, el ejercicio y defensa de la agricultura tradicional y ecológica, los rituales y ceremonias propias para pagar a la madre tierra y seguir caminando con ella y en ella, la siembra y defensa de las semillas nativas, foros, campañas de difusión y actividades político culturales”.
La decisión de lanzar un Consejo Indígena de Gobierno en la figura de una mujer indígena para la presidencia del país es la respuesta de los pueblos originarios ante la violencia y el despojo, para “construir una nueva nación por y para todas y todos”.
Es el tiempo de la dignidad rebelde… ¡Que retiemble en sus centros la tierra!
Lee el pronunciamiento aquí.
En la asamblea se aclaró que la lucha no es por el poder, sino por la organización de los pueblos originarios y la sociedad civil para detener la destrucción que se vive en nuestro país y “construir la paz y la justicia rehilándonos desde abajo, desde donde somos lo que somos”.
La decisión surge de un análisis de la situación que se vive en el país, reflejada en los espejos que son los pueblos organizados en el CNI. En el pronunciamiento final de la asamblea, acordado la noche del 13 de octubre, se documentan los mecanismos de despojo, violencia y represión que sufren los pueblos originarios del CNI a manos de los gobiernos, empresas y la delincuencia organizada, así como las formas de resistencia y de construcción y reconstitución de la vida: “fortalecimiento en los espacios colectivos para tomar decisiones, recurriendo a recursos jurídicos nacionales e internacionales, acciones de resistencia civil pacífica, haciendo a un lado los partidos políticos que sólo han generado muerte, corrupción y compra de dignidades, se han hecho alianzas con diversos sectores de la sociedad civil, haciendo medios propios de comunicación, policías comunitarias y autodefensas, asambleas y concejos populares, cooperativas, el ejercicio y defensa de la medicina tradicional, el ejercicio y defensa de la agricultura tradicional y ecológica, los rituales y ceremonias propias para pagar a la madre tierra y seguir caminando con ella y en ella, la siembra y defensa de las semillas nativas, foros, campañas de difusión y actividades político culturales”.
La decisión de lanzar un Consejo Indígena de Gobierno en la figura de una mujer indígena para la presidencia del país es la respuesta de los pueblos originarios ante la violencia y el despojo, para “construir una nueva nación por y para todas y todos”.
Es el tiempo de la dignidad rebelde… ¡Que retiemble en sus centros la tierra!
Lee el pronunciamiento aquí.
Obispo de Chiapas celebra candidatura independiente del EZLN
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domingo, 16 oct 2016
12:59 - LA JORNADA
San Cristóbal de Las Casas, Chis.
El obispo de la diócesis local, Felipe Arizmendi Esquivel, afirmó que
la propuesta del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y del
Congreso Nacional Indígena (CNI), de postular a una indígena como
candidata independiente a la presidencia de la República en 2018, “es un
giro histórico, digno de ser resaltado y comentado, porque marca un
camino legal e institucional para luchar por un cambio de rumbo en
nuestra patria”.
Agregó que “la sola
crítica al sistema y a los partidos no basta para lograr un cambio; es
necesario ofrecer alternativas que tengan sustento en una capacidad de
cambiar muchas cosas que están mal, con el apoyo electoral de quienes
están inconformes y quieren otro rumbo en la economía y en la política”.
En un comunicado,
señaló que le causó “una grata sorpresa la decisión” tomada por el EZLN y
el CNI, pues “ya no es la lucha armada, ni sólo desahogos verbales y
viscerales, sino una propuesta digna de ser tomada en cuenta”.
Expresó que “por más de
50 años, Colombia ha sufrido las guerrillas de diversos tipos. Ahora,
con los acuerdos de paz suscritos en La Habana, las Fuerzas Armadas de
Colombia (FARC) y el gobierno demuestran que el camino de las armas no
trae más que muertes y destrucción de la sociedad”.
Agregó: “Celebro con
aprecio, por ello, que el EZLN y el CNI hayan optado por convertirse en
una alternativa pacífica y legal, desde abajo y desde la izquierda, como
dicen, para cambiar este país”.
Dijo que “hay otras
alternativas y opciones, también de los partidos y de la sociedad civil,
para que cada quien apoye la que le parezca más conveniente”.
Arizmendi Esquivel
mencionó que el obispo de Saltillo, Coahuila, Raúl Vera López, “promueve
una nueva Constituyente, que es válida también, aunque hay que advertir
que lo hace a título personal, no en nombre de la Iglesia, ni del
episcopado mexicano”, pues “nunca nos ha consultado en la asamblea
episcopal al respecto”.
Destacó que, “cada
quien es libre de adherirse a esa propuesta o a otras igualmente
legítimas, pero no se puede usar a la Iglesia para una propuesta
electoral determinada”.
Expuso que la diócesis
de San Cristóbal, alguna parroquia en particular, un grupo, movimiento u
organización eclesial, “no pueden asumir ésta u otra propuesta
electoral como si fuera de la Iglesia”.
Subrayó: “Cada quien es
libre de optar por su preferencia, pero no a usar a la Iglesia con
fines electorales. Cuando surgió el EZLN (en 1994) en el territorio de
nuestra diócesis, no era una opción de la misma, sino decisión de
quienes optaron por esa organización. Estos deslindes deben ser claros y
oportunos”.
Afirmó que, “como
obispo, puedo tener mis opciones personales, pero nunca usar mi servicio
para una campaña electoral. Que Dios nos ilumine, ahora que los
preparativos para las elecciones, tanto nacionales como estatales,
están ya en plena efervescencia. Que haya mucha participación,
consciente y libre, para el bien de todos”.
¿Por qué no dejan entrar a Guantánamo al experto en torturas de la ONU?
El representante especial de la ONU para indagar casos de torturas afirmó que su periodo culminará sin que pueda ir a la prisión militar estadounidense en la Base Naval que mantiene ilegalmente Estados Unidos en Guantánamo, Cuba.Juan Méndez declaró que fue invitado a Guantánamo en el 2012 pero bajo condiciones que consideró inaceptables. Dijo que no ha tenido éxito en hacer que las autoridades modifiquen esas condiciones.
“Los términos que me ofrecieron fue básicamente un recorrido por parte de la instalación, pero no toda. Se me hubiera permitido hablar con las autoridades allí, pero no con ningún preso. Por lo tanto es inaceptable para mí”, dijo Méndez.
En Estados Unidos, solo la cárcel de la isla de Rikers en la ciudad de Nueva York le permitió entrar bajo condiciones que él aceptó.
Méndez, quien fue torturado durante la dictadura militar argentina, concluirá su periodo el 31 de enero, cuando será reemplazado por el suizo Nils Melzer.
(Con información de AP)
Estado español
TRIBUNA
Documento de barbarie
Hasta que la democracia no
condene el franquismo, ninguna iniciativa sobre el Valle de los Caídos
impedirá que el enemigo deje de vencer
David Becerra Mayor
Placa dedicada a los 'mártires de Chicago'.
WIKIPEDIA.
WIKIPEDIA.
3 de
Agosto de
2016
Cada vez que alguien –desde José Luis
Rodríguez Zapatero hasta Baltasar Garzón, pasando por Manuela Carmena–
sale con la ocurrencia de convertir el Valle de los Caídos en un
monumento de paz y de concordia, me viene a la cabeza un cuento de
Eduardo Galeano titulado La desmemoria/ 4. En su cuento, el
escritor uruguayo rememora el día en que visitó Chicago, una ciudad que
observa llena de fábricas y llena de obreros. Cuenta Galeano que al
llegar al barrio de Haymarket pidió a sus amigos que le mostraran "el
lugar donde fueron ahorcados, en 1886, aquellos obreros que el mundo
entero saluda cada primero de mayo".
–Ha de ser por aquí –me dicen. Pero nadie sabe”.
“Ninguna estatua se ha erigido en memoria de los mártires de Chicago en la ciudad de Chicago. Ni estatua, ni monolito, ni placa de bronce, ni nada”, continúa diciendo Galeano.
Sin embargo, en 1997, casi una década después de que Eduardo Galeano publicara su cuento en El libro de los abrazos (Siglo XXI, 1989), la plaza de Haymarket se acordó de los huelguistas que encontraron la muerte por reivindicar la jornada laboral de ocho horas. Una placa rememora desde entonces la lucha por los derechos de los trabajadores. Parecía que al final se les hacía justicia a los mártires de Chicago. Pero un grafiti nos recuerda que a veces las políticas de la memoria, más que justicia, lo que llevan a cabo es una apropiación, por parte de los vencedores, de la memoria de los vencidos. En la placa dedicada a los obreros muertos de Chicago apareció una pintada que de un modo harto elocuente decía: "First they took your life. Now they exploit your memory". Primero os quitaron la vida; ahora explotan vuestra memoria.
Cuenta Walter Benjamin, en sus Tesis de filosofía de la Historia, que "ni los muertos estarán seguros ante el enemigo si es que este vence. Y ese enemigo no ha cesado de vencer". Los muertos no están a salvo cuando su memoria se normaliza o se institucionaliza no para establecer una ruptura con el pasado, con el tiempo de los vencedores, de sus asesinos, sino para desactivarla políticamente, para cerrar una herida que todavía sigue abierta y sin cicatrizar. La colocación de la placa constituye un intento de cerrar un pasado que todavía sigue abierto, porque la causa de su lucha sigue vigente hoy. Los muertos no estarán a salvo, ni su memoria justamente reconocida, si previamente no se condena a sus asesinos.
Esta reflexión, de corte benjaminiana, debería servir para articular una política de la memoria histórica en España. Porque no hay placa que valga si la democracia no establece previamente una ruptura con la dictadura franquista. Y España, desde la transición, sigue teniendo pendiente esta tarea. No se puede hacer memoria desde el consenso y la reconciliación, sino impidiendo que el enemigo siga venciendo, esto es, impidiendo que el franquismo siga gozando de su impunidad.
Bautizar, por lo tanto, el Valle de los Caídos como "El Valle de la Paz", como quería Manuela Carmena, convertirlo en un monumento de concordia y reconciliación nacional, como así lo pretendía la llamada Ley de Memoria Histórica de Zapatero, o transformarlo en un “Espacio de memoria”, que es la propuesta del juez Baltasar Garzón, aunque seguramente se traten todas ellas de iniciativas que persiguen la verdad, justicia y reparación, en realidad no hacen sino un flaco favor a la memoria de los vencidos. Una posición crítica y radical frente al Valle de los Caídos no pasa por su resemantización, porque la historia no precisa ser reescrita o renombrada, sino –y volvemos a Benjamin– ser articulada políticamente. "Articular el pasado históricamente no significa reconocerlo ‘tal y como propiamente ha sido’. Significa apoderarse de un recuerdo que relampaguea en el instante de un peligro", dejó escrito Walter Benjamin en sus Tesis de filosofía de la Historia. Menos crípticamente, articular la historia políticamente significa convocar, en este aquí y ahora, a los muertos, a las víctimas de la historia, para que con la fuerza de su recuerdo podamos transformar el presente, un presente en el que siguen habitando impunemente sus asesinos. Un presente que no solo niega, silencia y olvida a los muertos, sino en el que además se siguen sin anular las condenas que les impuso una dictadura ilegítima.
El franquismo les quitó la vida y la democracia explota –utiliza, institucionaliza, banaliza, neutraliza— su memoria. Como les sucedió a los mártires de Chicago. Como entendió Galeano cuando, al final de su cuento, tras la inútil exploración de Haymarket, se adentra en la mejor librería de la ciudad. "Y allí –escribe Galeano–, por pura casualidad, por pura casualidad, descubro un viejo cartel que está como esperándome, metido entre muchos otros carteles de cine y música rock. El cartel reproduce un proverbio de África: Hasta que los leones tengan sus propios historiadores, las historias de cacería seguirán glorificando al cazador".
Hasta que la democracia no condene, pues, el franquismo, ninguna iniciativa, responda a la buena voluntad que responda, impedirá que el enemigo cese de vencer. Es por eso que una política de la memoria no se puede hacer solamente con buenas intenciones. Ni monumento de concordia ni de paz ni de reconciliación. El Valle de los Caídos, símbolo de la barbarie, del fascismo español, construido por esclavos republicanos, no puede ir acompañado, en su resemantización, por palabras amables que terminen por desactivar la memoria de los vencidos. Por ello, para hacer justicia, para devolver la dignidad a quienes murieron defendiendo la democracia, para articular políticamente el pasado y hacer de verdad un ejercicio de memoria que no tergiverse la realidad histórica, habría que colocar, en el Valle de los Caídos, una placa que dijera: Esto es un documento de barbarie. Esta sería, en mi opinión, la mejor forma de recordar el pasado, de recordar lo que supuso el golpe de Estado, la Guerra Civil y la dictadura franquista: barbarie. De lo contrario, seguiríamos glorificando al cazador. Aceptando su sentido común, su construcción cultural. Porque el Valle de los Caídos no es otra cosa que un documento de cultura que construyó el franquismo para legitimar su poder. Por eso es tan acertado denominarlo "documento de barbarie", porque, y como decía Walter Benjamin una vez más, "no hay documento de cultura que no lo sea también de barbarie". Porque ya les quitaron la vida, no dejemos ahora que además exploten su memoria.
AUTOR: David Becerra Mayor es doctor en Literatura Española por la Universidad Autónoma de Madrid y autor de La Guerra Civil como moda literaria (Clave Intelectual, 2015).
–Ha de ser por aquí –me dicen. Pero nadie sabe”.
“Ninguna estatua se ha erigido en memoria de los mártires de Chicago en la ciudad de Chicago. Ni estatua, ni monolito, ni placa de bronce, ni nada”, continúa diciendo Galeano.
Sin embargo, en 1997, casi una década después de que Eduardo Galeano publicara su cuento en El libro de los abrazos (Siglo XXI, 1989), la plaza de Haymarket se acordó de los huelguistas que encontraron la muerte por reivindicar la jornada laboral de ocho horas. Una placa rememora desde entonces la lucha por los derechos de los trabajadores. Parecía que al final se les hacía justicia a los mártires de Chicago. Pero un grafiti nos recuerda que a veces las políticas de la memoria, más que justicia, lo que llevan a cabo es una apropiación, por parte de los vencedores, de la memoria de los vencidos. En la placa dedicada a los obreros muertos de Chicago apareció una pintada que de un modo harto elocuente decía: "First they took your life. Now they exploit your memory". Primero os quitaron la vida; ahora explotan vuestra memoria.
Cuenta Walter Benjamin, en sus Tesis de filosofía de la Historia, que "ni los muertos estarán seguros ante el enemigo si es que este vence. Y ese enemigo no ha cesado de vencer". Los muertos no están a salvo cuando su memoria se normaliza o se institucionaliza no para establecer una ruptura con el pasado, con el tiempo de los vencedores, de sus asesinos, sino para desactivarla políticamente, para cerrar una herida que todavía sigue abierta y sin cicatrizar. La colocación de la placa constituye un intento de cerrar un pasado que todavía sigue abierto, porque la causa de su lucha sigue vigente hoy. Los muertos no estarán a salvo, ni su memoria justamente reconocida, si previamente no se condena a sus asesinos.
Esta reflexión, de corte benjaminiana, debería servir para articular una política de la memoria histórica en España. Porque no hay placa que valga si la democracia no establece previamente una ruptura con la dictadura franquista. Y España, desde la transición, sigue teniendo pendiente esta tarea. No se puede hacer memoria desde el consenso y la reconciliación, sino impidiendo que el enemigo siga venciendo, esto es, impidiendo que el franquismo siga gozando de su impunidad.
Bautizar, por lo tanto, el Valle de los Caídos como "El Valle de la Paz", como quería Manuela Carmena, convertirlo en un monumento de concordia y reconciliación nacional, como así lo pretendía la llamada Ley de Memoria Histórica de Zapatero, o transformarlo en un “Espacio de memoria”, que es la propuesta del juez Baltasar Garzón, aunque seguramente se traten todas ellas de iniciativas que persiguen la verdad, justicia y reparación, en realidad no hacen sino un flaco favor a la memoria de los vencidos. Una posición crítica y radical frente al Valle de los Caídos no pasa por su resemantización, porque la historia no precisa ser reescrita o renombrada, sino –y volvemos a Benjamin– ser articulada políticamente. "Articular el pasado históricamente no significa reconocerlo ‘tal y como propiamente ha sido’. Significa apoderarse de un recuerdo que relampaguea en el instante de un peligro", dejó escrito Walter Benjamin en sus Tesis de filosofía de la Historia. Menos crípticamente, articular la historia políticamente significa convocar, en este aquí y ahora, a los muertos, a las víctimas de la historia, para que con la fuerza de su recuerdo podamos transformar el presente, un presente en el que siguen habitando impunemente sus asesinos. Un presente que no solo niega, silencia y olvida a los muertos, sino en el que además se siguen sin anular las condenas que les impuso una dictadura ilegítima.
El franquismo les quitó la vida y la democracia explota –utiliza, institucionaliza, banaliza, neutraliza— su memoria. Como les sucedió a los mártires de Chicago. Como entendió Galeano cuando, al final de su cuento, tras la inútil exploración de Haymarket, se adentra en la mejor librería de la ciudad. "Y allí –escribe Galeano–, por pura casualidad, por pura casualidad, descubro un viejo cartel que está como esperándome, metido entre muchos otros carteles de cine y música rock. El cartel reproduce un proverbio de África: Hasta que los leones tengan sus propios historiadores, las historias de cacería seguirán glorificando al cazador".
Hasta que la democracia no condene, pues, el franquismo, ninguna iniciativa, responda a la buena voluntad que responda, impedirá que el enemigo cese de vencer. Es por eso que una política de la memoria no se puede hacer solamente con buenas intenciones. Ni monumento de concordia ni de paz ni de reconciliación. El Valle de los Caídos, símbolo de la barbarie, del fascismo español, construido por esclavos republicanos, no puede ir acompañado, en su resemantización, por palabras amables que terminen por desactivar la memoria de los vencidos. Por ello, para hacer justicia, para devolver la dignidad a quienes murieron defendiendo la democracia, para articular políticamente el pasado y hacer de verdad un ejercicio de memoria que no tergiverse la realidad histórica, habría que colocar, en el Valle de los Caídos, una placa que dijera: Esto es un documento de barbarie. Esta sería, en mi opinión, la mejor forma de recordar el pasado, de recordar lo que supuso el golpe de Estado, la Guerra Civil y la dictadura franquista: barbarie. De lo contrario, seguiríamos glorificando al cazador. Aceptando su sentido común, su construcción cultural. Porque el Valle de los Caídos no es otra cosa que un documento de cultura que construyó el franquismo para legitimar su poder. Por eso es tan acertado denominarlo "documento de barbarie", porque, y como decía Walter Benjamin una vez más, "no hay documento de cultura que no lo sea también de barbarie". Porque ya les quitaron la vida, no dejemos ahora que además exploten su memoria.
AUTOR: David Becerra Mayor es doctor en Literatura Española por la Universidad Autónoma de Madrid y autor de La Guerra Civil como moda literaria (Clave Intelectual, 2015).
Víctimas del franquismo presentan dos nuevas querellas dirigidas a la juez argentina Servini
CEAQUA destaca que el procedimiento continúa "mal que le pese" a Madrigal
EUROPA PRESS - Público - Publicado: 18.10.2016 13:30
MADRID.- Una víctima de "torturas" y un familiar de un fusilado durante el franquismo, junto a la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (CEAQUA),
presentarán este miércoles ante el Consulado Argentino en Madrid sendas
querellas con el objetivo de que se acumulen en la causa que investiga
la juez argentina María Servini, en la que ha solicitado interrogar en
España a 19 investigados por por su presunta implicación por crímenes
contra la humanidad durante la dictadura franquista.
Según ha
informado CEAQUA en un comunicado, la primera denuncia la interpondrá
Isabel Cervera, familiar de Vicente Cervera Grau, capitán republicano de
la Batería de Costa de San Felipe (Mahón, Menorca), fusilado el 9 de
julio de 1942 para que se realice el correspondiente juicio a los
responsables "que puedan quedar vivos o estén vinculados a esta causa".
La sobrina-nieta de Cervera pide al
juzgado argentino que remita a las autoridades españolas que se libre
una Comisión Rogatoria con toda la documentación existente en Madrid,
Valencia y Barcelona sobre su familiar; la inhumación de los restos y
extracción de muestras de AND.
Por otro lado, Ángel González García presentará una querella por su detención y las "imborrables torturas"
que, según dice, sufrió durante 11 días, en la sede policial de la
antigua Brigada Político-Social de Vía Layetana (Barcelona), y por su
prisión, "sin juicio ni prueba alguna", durante dos años. Su intención
es que se identifiquen las personas que estaban "a cargo y de guardia"
la noche de su detención y al jefe de la Brigada que dio "instrucciones"
para su maltrato para que se dicte "la imputación, extradición y una orden internacional de detención".Madrigal se opuso al auxilio judicial
CEAQUA asegura que este procedimiento continúa adelante "mal que le pese" a
la fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal. La máxima
representante del Ministerio Público pidió a todas las Fiscalías que se
opusiesen a la práctica del auxilio judicial invocado por la juez
Servini en los distintos juzgados competentes repartidos por el
territorio nacional. El pasado 26 de septiembre, el Ministerio de
Justicia envió a distintos juzgados españoles los exhortos que la
magistrada remitió para interrogar en España a 19 investigados por su presunta implicación por crímenes contra la humanidad durante la dictadura franquista.
CEAQUA asegura que este procedimiento continúa adelante "mal que le pese" a la fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal
En concreto, Servini solicita la declaración de Martín Villa (ministro de Gobernación entre 1976 y 1979); José Utrera Molina, suegro del exministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón; Antonio Carro Martínez (ministro desde 1974 a 1975); José María Sánchez Ventura (ministro en el último gobierno franquista) o Alfonso Osorio García
(ministro de Presidencia entre 1975 y 1976). También quiere interrogar
al abogado Carlos Rey (antiguo capitán auditor del cuerpo jurídico del
Ejército) por redactar la sentencia de Salvador Puig Antich; Antonio
Troncoso (coronel auditor del Cuerpo Jurídico Militar); al jurista
Fernando Suárez González; al exjuez Jesús Cejas Mohedano; y al médico
Abelardo García Belaguer.
Además, investiga a los antiguos
miembros de las Fuerzas Armadas, Jesús Quintana, Jesús González Reglero,
Ricardo Algar Barrón, Félix Criado Sanz, Pascual Honrado, Jesús
Martínez Torre, Benjamín Solsona Cortés, Antonio González Pacheco y
Jesús Muñecas.Uno de los investigados ya ha declarado
El ex coordinador federal de Izquierda Unida Gerardo
Iglesias declaró el pasado 4 de octubre en el Juzgado de Instrucción
número 4 de Oviedo en el marco de la causa que instruye la juez
argentina María Servini por crímenes de genocidio y lesa humanidad
cometidos durante el franquismo.
Servini pidió en 2014 la extradición de varios exministros franquistas para
el mismo objetivo, pero las autoridades españolas se opusieron a esto
ya que consideraban que vulneraban "las normas internacionales que
establecen que todos los Estados deben colaborar activamente en la
persecución de quienes cometen crímenes contra la humanidad, en especial
los cometidos en su territorio", recordó la Coordinadora CEAQUA.Testigos venezolanos protegidos por EEUU acusaron a Podemos
Un
informe revela cómo cinco exfuncionarios venezolanos protegidos por
EE.UU. fueron buscados para acusar falsamente a Podemos de ser
financiados por Venezuela.
La ‘brigada política’ que dirigía el
ex número dos de la Policía Nacional española, el comisario Eugenio
Pino, convocó en Madrid (capital) entre el 19 y 27 de abril de este año a
cinco altos cargos del Gobierno venezolano durante el mandato de Hugo
Chávez, con cuyos testimonios pretendían hacer una segunda versión de un informe acusatorio sobre la supuesta financiación ilegal de Podemos en los momentos clave previos a las elecciones generales del 26 de junio.Así lo ha revelado hoy martes el diario español Público, que cita fuentes policiales y documentos a los que ha tenido acceso. En ellos encuentra cómo se elaboró el documento falso contra el líder de la formación morada, Pablo Iglesias, gracias a los testimonios de los exfuncionarios venezolanos —algunos de ellos con fortunas en paraísos fiscales como Panamá—, quienes viajaron a la capital española hace seis meses con este motivo.
(Todos los confidentes) querían negociar con España un permiso de residencia o la nacionalidad a cambio de la información aportada contra diferentes dirigentes de Podemos” indica una fuente policial en referencia a los cinco confidentes venezolanos que viajaron a España para dar información acusatoria contra Podemos.Todos los confidentes eran altos funcionarios protegidos por el Gobierno estadounidense “que querían negociar con España un permiso de residencia o la nacionalidad a cambio de la información aportada contra diferentes dirigentes de Podemos”, según declara una fuente policial que participó en la operación.
Sin embargo, la fuente relata que los testimonios eran "endebles", ya que la información que tenían en su poder era anterior a la creación de Podemos, por lo que finalmente los cinco confidentes fueron retornados a Estados Unidos. “Uno de ellos nos iba a entregar un pen drive con supuesta información de pagos a Podemos para su fundación, pero la información no pudo ser contrastada”, indica.
Los cinco confidentes son Martín Rodil, Adam Kaufman, Manuel S. Varela, Adrián José Velásquez Figueroa —jefe de seguridad del difunto presidente venezolano Hugo Chávez— y la esposa de este, Claudia Patricia Díaz Guillén —sargento técnico de la Guardia Nacional Bolivariana y enfermera de Chávez—, según ha revelado el inspector jefe Galán tras solicitar los datos al gerente del hotel madrileño en el que se hospedaron los testigos.
En la operación participaron agentes de confianza de la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía, algunos de ellos involucrados en otros montajes policiales, como el sonado caso del montaje urdido por el ministro del Interior en funciones, Jorge Fernández Díaz, contra los partidos nacionalistas catalanes o los comisarios que han denunciado las maniobras del Ministerio del Interior y de la cúpula policial.
snr/mla/tas/rba
PSOE: Aumentan las agrupaciones por el “no” a Rajoy y el número de firmas sube a 86.205
Las asambleas de Cádiz ciudad o Fuengirola, casi por unanimidad, se desmarcaron de Susana Díaz y piden dar la voz a la militancia
MANUEL SÁNCHEZ - Público - Publicado: 20.10.2016 20:51
MADRID.- A menos de 72 horas para la
celebración del Comité Federal del PSOE que debe pronunciarse sobre su
posicionamiento ante una posible segunda investidura de Mariano Rajoy,
las cosas siguen muy revueltas en el partido y hasta un tanto
extrañas. Por un lado, fuentes cercanas a la Gestora del PSOE dan por
segura la victoria el próximo domingo en el máximo órgano entre
Congresos del partido, y aseguran que el voto por la abstención superará
más el 60% de los 290 miembros que componen dicho órgano.
Sin
embargo, no paran de crecer el número de agrupaciones que se pronuncian
abiertamente por un “no” a Mariano Rajoy en todas las federaciones
socialistas.Sin ir más lejos, la noche del miércoles en la capital de Cádiz, prácticamente por unanimidad de sus militantes, se aprobó una resolución durísima pidiendo que se consulte a las bases, Congreso Extraordinario ya, y un “no rotundo” a investir a Mariano Rajoy.
El asunto cobra más importancia por ser una capital de provincia en el feudo de la presidenta andaluza Susana Díaz, la principal mullidora de que se deje gobernar al líder del PP.
El
alcalde de Jun dice que está a 7.500 firmas de tumbar a la Gestora y
forzar el Congreso ExtraordinarioPero también hubo más agrupaciones
importantes
pronunciándose en el mismo sentido, entre otras, Fuengirola y otras
asambleas socialistas en Granada y Sevilla. La voz del “no” ha llegado a todas las federaciones.
La Comunidad Valenciana está dividida, Aragón se ha pronunciado en las
más grandes agrupaciones por primarias y Congreso; y lo mismo ha
ocurrido en Cantabria, Castilla y León o Murcia. Asimismo, importantes
agrupaciones locales y provinciales de Madrid o de Castilla-La Mancha
están rebelándose en contra de que gobierne el PP.
De hecho,
hasta en los feudos de Guillermo Fernández Vara (Extremadura) o del
mismo presidente de la Gestora, Javier Fernández (Asturias) fueron
mayoritarias por Cáceres y Gijón, respectivamente, las voces por el
“no”. De momento, es más que evidente “el divorcio entre la Gestora y la militancia”,
como dijo Margarita Robles en una entrevista a La Vanguardia, pero no
se sabe cómo se va a traducir en el Comité Federal. Sobre todo, porque
en muchas asambleas se ha impedido votar por no haber estado contemplado
en el orden del día, y sólo ha habido intervenciones por el “no es no”
de forma mayoritaria.Lo que si parece que este malestar de la militancia se sigue canalizando a través de firmas que recopila el alcalde de Jun (Granada), José Antonio Sánchez, quien anunció la noche de este jueves que tras el último recuento, está a poco más de 7.500 firmas para tener más de la mitad más uno de la militancia socialista, lo que en teoría forzaría unas inmediatas primarias y un Congreso Extraordinario.
En concreto, el alcalde granadino anunció que tiene ya 86.205 firmas contrastadas y verificadas de militantes socialistas que se oponen a que el PSOE vote la investidura de Mariano Rajoy. Falta saber si llegarán a tiempo para el domingo, cómo cotejará Ferraz las firmas y si el intento finalmente servirá para algo práctico, más allá de que se visualice que la actual cúpula de partido está lejos de sus afiliados. En todo caso, todo apunta a que esto ha terminado y de aquí al domingo van a pasar cosas. Pedro Sánchez sigue, de momento, desaparecido y en silencio.
Protesta en la Autónoma contra González y Cebrián por la abstención al PP y los Papeles de Panamá
Numerosos alumnos de la universidad madrileña reciben con abucheos y gritos de "terrorista" al expresidente del gobierno, que participaba en una conferencia que ha sido suspendida. "No sois bienvenidos" son algunas de las pancartas que llevan los jóvenes.
PÚBLICO -
Publicado: 19.10.2016 12:44
La visita de Felipe González y Juan
Luis Cebrián ha generado fuertes protestas entre los alumnos de la
Universidad Autónoma de Madrid. Con pancartas de "No sois bienvenidos",
los jóvenes critican las posturas de ambos en temas como la abstención a
Rajoy, el papel del exdirigente socialista en los GAL o los Papeles de
Panamá del presidente de PRISA.
Numerosos estudiantes se han concentrado este miércoles en la Facultad de Derecho
de la Universidad Autónoma de Madrid para cargar contra el expresidente
Felipe González, que tenía previsto dar una charla, y a quien esperaban
con pancartas alusivas a los GAL y con gritos acusándole de estar
"manchado de sangre". Finalmente, la conferencia se ha suspendido.
"Fuera fascistas de la universidad" y "Felipe
González estás manchado de sangre", son algunos de las consignas de los
concentrados, entre los que hay también caretas con el nombre de José Antonio Lasa y Christian Olaskoaga -miembros de ETA asesinados por los GAL-, pero también con el del ex secretario general del PSOE Pedro Sánchez.
Además de carteles con los que acusan al expresidente
socialista de ser un "terrorista", la concentración estaba presidida
por una gran pancarta en la que aseguran que González no es "bienvenido"
en la universidad y mencionan a los GAL, los 'Papeles de Panamá', el
terrorismo y "golpes de Estado".
Las redes sociales se han convertido en un hervidero
con fotos y vídeos. A través de Twitter, los alumnos han comentado todo
lo que estaba sucediendo en la universidad.
Además, muchos estudiantes han mostrado su indignación ante el trato que algunos medios han dado de la noticia, llamando "radicales" y "violentos" a los jóvenes que han participado en las protestas.
Además, muchos estudiantes han mostrado su indignación ante el trato que algunos medios han dado de la noticia, llamando "radicales" y "violentos" a los jóvenes que han participado en las protestas.
Finalmente, las protestas han terminado
pacíficamente y la conferencia no ha podido realizarse debido a la
numerosa movilización desplegada por los alumnos.
‘El País’ compara la protesta en la universidad con el golpe de Estado de Tejero y Twitter no se calla
‘El País’ sigue repartiendo carnets de radicales y por lo visto los ha agotado todos con Podemos. Una protesta en la universidad tratada como un acto de salvajismo bajo los hilos de Pablo Iglesias. AJÁ
El PSOE acusa a Podemos de "señalar" a González e Iglesias dice que los socialistas están "obsesionados"
Un grupo de unos 200 jóvenes ha boicoteado un acto en el que iba a participar el expresidente Felipe González en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid, de lo que la gestora del PSOE ha responsabilizado al líder de Podemos, Pablo Iglesias, que ha señalado que se trata de "una protesta universitaria"
AGENCIAS - Público -
Publicado: 19.10.2016 19:40
El también secretario de Organización del PSOE andaluz ha opinado que la universidad debe de ser "un espacio de diálogo, de discusión serena" y no un lugar "en el que los intolerantes impiden que un representante, que lo ha sido democráticamente de los españoles, le guste o no al señor Iglesias, pueda expresarse con libertad y con tranquilidad".
Iglesias ha señalado ue es
más grave la situación de los inmigrantes irregulares que se amotinaron
anoche en un CIE que lo sucedido en la UAM
La respuesta del líder de Podemos ha llegado a través
de la red social Twitter, donde ha calificado de "protesta estudiantil"
lo sucedido en la Universidad Autónoma y ha señalado que es más grave
la situación de los inmigrantes irregulares que se amotinaron anoche en
un centro de internamiento de extranjeros (CIE) en el barrio madrileño
de Aluche que lo sucedido en la Facultad de Derecho de la Autónoma.
"Van a expulsar a los migrantes por amotinarse pero algunos se rasgan las vestiduras por una protesta estudiantil",
ha dicho Iglesias sobre la protesta secundada por más de 200 jóvenes,
en su mayoría con la cara cubierta. "Algo estaremos haciendo bien si
están tan obsesionados. Y eso que decían que somos 'irrelevantes'", ha
añadido el dirigente de Podemos en otro mensaje.Iglesias también se ha dirigido a González para recordarle que en febrero de 2015, hizo gala de que aguantó "sin llorar, ni lamentarse" una protesta parecida que sufrió en 1993 en la misma universidad.
Felipe González, cabeza abajo en la sede del PSOE en Torrent (Valencia)
Un retrato del ex secretario general socialista aparece del revés como protesta a su postura de abstenerse ante un gobierno del Partido popular y de Mariano Rajoy.
PÚBLICO -
Publicado: 19.10.2016 11:01
MADRID. - El retrato de Felipe González ha aparecido en la sede socialista de Torrent
(Valencia), según ha destacado el diario de Levante. Desde el lunes,
los militantes y miembros de PSOE en la localidad han tenido al
expresidente del revés.
Tal y como destaca el periódico, los participantes en la ejecutiva comarcal de l´Horta Sud,
colocaron el retrato, que se encuentra al lado de uno de Pablo
Iglesias, boca abajo, en señal de protesta ante la postura de González a
favor de la abstención a un gobierno de Rajoy.
Felipe González colgado cabeza abajo en la sede socialista de #Torrent http://www.levante-emv.com/com unitat-valenciana/2016/10/19/f elipe-gonzalez-colgado-cabeza- abajo/1481179.html … #Política @PSOETorrent @SocialistesVal @PSOE
Desde la dimisión de Pedro Sánchez, los
ánimos están revueltos en el seno socialista. Especialmente entre los
militantes, que han mostrado su postura contraria a la de la gestora y
la mayoría de barones socialistas que defienden permitir un gobierno del
PP.
Pero no solo ellos, en las últimas semanas, diferentes nombres detacados del PSOE, encabezados por Miquel Iceta del PSC, Margarita Robles o Idoia Mendia (PSV), entre otros; han defendido el "no" a Rajoy, independientemente de la postura del Comité Federal, que se celebrará el próximo domingo. Sin embargo, parece que la opinión general es cada vez más homogénea.
Tras la reunión del grupo socialista y la breve intervención de Javier Fernández, la inmensa mayoría de intervenciones se mostraron a favor de la abstención y que Rajoy siga en La Moncloa, tan solo con la excepción de Robles y Odón Elorza.
HONDURAS
El MUCA denuncia que comando de EE.UU. ha entrenado “escuadrones de la muerte” en el Bajo Aguán
Por: Redacción CRITERIO
La organización dice que ya no quiere comunicados de solidaridad, si no que acciones concretas.
Tegucigalpa.-
El Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA) denunció este
viernes que el Comando de Operaciones de los Estados Unidos ha estado
entrenando a grupos paramilitares que ahora están asesinando a sus
líderes, gracias a la conformación de “escuadrones de la muerte”.
Mediante
un comunicado la organización social precisa que las operaciones se
vienen llevando a cabo desde el 2010 en la base militar de Río Claro y
que desde ese entonces se han dado entrenamiento a unidades de fuerzas
especiales de Honduras, en colaboración “con altos mandos militares”.
Agrega que en las operaciones se ha utilizado armamento y vestimentas militares que solo el Estado poseé.
Asimismo
que en el transcurso de un, hombres fuertemente armados, con vestimenta
militar, han asaltado en dos ocasiones la tesorería del asentamiento La
Confianza.
ACCIONES CONCRETAS
El MUCA
demandó además a la comunidad nacional e internacional que pase de los
comunicados de solidaridad a las acciones concretas que conlleven a
deducir responsabilidad a los criminales que están asesinando a sus
dirigentes.
El
portavoz del MUCA, Yoni Rivas, dijo que ya basta de tanto atropello
contra los líderes del movimiento social, “desgraciadamente todo esto se
queda en pronunciamientos, en comunicados de solidaridad y es por eso
que nosotros estamos pidiendo que las autoridades actúen ya y den con la
captura de los autores materiales e intelectuales”.
Ante la
irresponsabilidad de los órganos del Estado sobre los procesos de
judicialización contra los criminales, recordó que el MUCA tiene dos
años de estar exigiendo el nombramiento de una comisión que haga un
peritaje a los entes operadores de justicia.
El 5 diciembre 2014 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), exhortó al gobierno de Honduras para que implementara las medidas cautelares concedidas a varios líderes campesinos del Bajo Aguán. Para este propósito se delegó a Sagrario Prudott, funcionaria de la secretaría de Seguridad, sin embargo hasta la fecha no se ha hecho nada, lamentó Rivas.
Los
campesinos también denunciaron, que José Ángel Flores y Silmer Dionisio
George, presidente y dirigente de esa organización respetivamente,
fueron asesinados por paramilitares que están sembrando el terror en la
zona.
El
dirigente del MUCA, Vitalino Álvarez, manifestó que el crimen contra sus
compañeros es un mensaje de terror y una guerra sicológica por parte
del Estado y los grupos de poder para sembrar miedo en los líderes y
miembros de esa organización.
Apuntó
que el doble crimen se cometió frente a 40 directivos del asentamiento
La Confianza, quienes observaron cuando los sicarios se quitaron los
pasamontañas y comenzaron a disparar.
Lamentó
que la policía maneje, que el hecho violento se haya producido por
pleitos internos de la organización campesina, ya que quienes se supone
cometieron el hecho “son exdirigentes, son gente infiltrada. El
cabecilla “de este grupo criminal es un paramilitar, una persona
entrenada y capacitada por el ejército, que ya no estaba respondiendo a
los intereses del asentamiento sino a intereses y a las estrategias
militares del alto mando militar”.
Álvarez
también denunció que los acuerdos suscritos entre el MUCA y el gobierno,
durante la gestión del expresidente Porfirio Lobo Sosa, no se están
cumpliendo, y más bien lo que ahora pretende el gobierno es desbaratar
al Movimiento Campesino del Aguán y a la Plataforma Agraria, “a través
de grupos paramilitares que están asesinando a sus directivos”.
La
dirigencia del MUCA se presentó esta mañana a las oficinas del Comité –
de Familiares de Detenidos- Desaparecidos en Honduras (Cofadeh) a
denunciar los supuestos grupos paramilitares que están sembrando el
terror en la Bajo Aguán, en complicidad con los entes del Estado.
COMUNICADO
Ante
los hechos ocurridos en los últimos días y bajo la forma de terror en
que procedieron los paramilitares para ejecutar el doble asesinato donde
murió el presidente del MUCA.
El
Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA), los familiares de los
compañeros asesinados (José Ángel Flores y Silmer Dionisio George) y la
Plataforma Agraria, comunicamos al pueblo hondureño, a las
organizaciones defensores de derechos humanos, a la comunidad
internacional y medios de comunicación nacional e internacional lo
siguiente:
- Que el grupo paramiliar que le quitó la vida a los compañeros José Ángel Flores y Silmer Dionisio George, el pasado 18 de octubre en el asentamiento La Confianza, ha sido denunciado a nivel nacional e internacional por más de dos años y que también el Ministerio Publico tenia pleno conocimiento, estos ejecutaron el asesinato en presencia de decenas de compañeros y compañeras manifestando “querían conocernos, procediendo a quitándose sus pasamontaña”, luego de ello iniciaron a disparar en contra de la humanidad de los compañeros, quitándoles la vida de forma inmediata, esta acción tiene como fin sembrar el terror en la comunidades campesinas.
- Que en la región del Aguán, unidades bajo el mando del Comando de Operaciones Especiales de los Estados Unidos llevaron a cabo una serie de operaciones de entrenamiento con unidades de fuerzas especiales de Honduras en la base de Río Claro desde el 2010, de donde han surgido los escuadrones de la muerte que operan en el Aguán.
El
grupo paramilitar que opera en la región tiene colaboración de altos
mandos militares a tal grado que han utilizado armamento que solo el
Estado paseé, al igual que vestimentas militares. En un año hombres
fuertemente armados con vestimenta militar han asaltado en dos ocasiones
la tesorería del Asentamiento la Confianza.
- Manifestamos que el 8 de mayo del 2014, la Comisión Interamericana Derechos Humanos (CIDH), recomendó al Estado de Honduras, proporcionar medidas cautelares a nuestros compañeros José Ángel Flores y Silmer Dionicio George (asesinados recientemente), junto a 121 líderes campesinos en el Bajo Aguán, pero el Estado hizo caso omiso y no las implementó.
- Ha sido público a nivel mundial que existe una lista de líderes y lideresas campesinas, sociales y populares que podrían ser asesinados por escuadrones de la muerte en Honduras, por lo que expresamos nuestra preocupación por la vida de los compañeros Doris Pérez, Leonel Cruz, Marvin Alvarado, Raúl Ramírez, Aníbal Erazo, Vitalino Álvarez, Jesús Alberto Portillo, Orbelina Flores, Yoni Rivas y sus familias, así como también por las personas que desafortunadamente presenciaron ese vil asesinato.
- El génesis de inseguridad en el Bajo Aguán es el acaparamiento de la tierra por corporaciones terrateniente como Dinant, amparadas en la Ley de Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola aprobada en el 1992 y apoyada por el Banco Mundial a través de la política de ajustes estructurales a países débiles como Honduras.
- Responsabilizamos al Estado de Honduras de cualquier acto de violencia en contra de los compañeros campesinos y sus familias, por lo que hacemos el llamado urgente a las organizaciones defensores de derechos humanos nacionales e internacionales a que exijan al Gobierno de Honduras se implementen medidas de protección para salvaguardar sus vidas y la de los compañeras/os organizadas en las empresas de MUCA.
- Exigimos justicia, castigo para los responsables intelectuales y materiales del doble crimen, donde perdieron la vida los compañeros José Ángel Flores y Silmer George recientemente.
Dado en la Ciudad de Tegucigalpa, a los 21 días del mes de Octubre del 2016
Policía Nacional gasea a miembros del Copinh
TEGUCIGALPA,
HONDURAS.- La Policía Nacional, desalojo a miembros del Copinh, con
gases lacrimogenos cuando protestaban frente al Ministerio Público.
En el desalojo se armo gran disturbio ya que algunos de los manifestantes repelieron con piedras y otros objetos.
El Copin realizo movilización exigiendo justicia en el caso Berta Cáceres la marcha inicio desde la UNAH hasta el Ministerio público.
La salida de la marcha se realizó desde la plaza Cuatro Culturas de Ciudad Universitaria hasta las instalaciones del MP.
El motivo es para exigir justicia en el asesinato de la ambientalista Berta Cáceres.
Asimismo no dejar a un lado el caso del robo del expediente a una magistrada de la Corte.
Tan pronto se reunieron en el punto de encuentro un numeroso grupo se movilizó en una marcha pacífica.
NOTA RELACIONADA: MIEMBROS DEL COPINH PROTESTAN CERCA DE CASA DE GOBIERNO
Ese día era su tercer día de acción y movilización por parte de los miembros del COPINH.
En aquella fecha los quejosos también llegaron hasta la sede del MP para exigir que se capture a los autores intelectuales del asesinato.
En la actualidad los manifestantes también solicitan que se les de a conocer todo el proceso del caso estaba dirigido.
Las actividades iniciaron desde muy temprano con una ceremonia Garífuna frente a las oficinas del ministerio Público en Tegucigalpa.
Donde los miembros del COPINH hicieron bailes, cantos sahumerios y protesta.
Al Copinh no le convencen los resultados de las investigaciones que se realizan sobre el caso que ya han dejado a cinco detenidos y una quinta persona prófuga. Además de la existencia de un video en el que se muestra como asesinan a la ambientalista.
Ayer una comisión integrada por Laura Zúniga Cáceres, hija de Berta Cáceres, y miembros del Copinh, ingresaron a Casa Presidencial para sostener un diálogo con el gobierno, hasta el momento no se conocen los resultados de dicha reunión.
Los manifestantes también piden a través de pancartas que cesen los trabajos del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca !no a la represa! mencionan.
Copinh realiza movilización exigiendo justicia en el caso Berta Cáceres : Enfrentamiento:
Una protesta realizada un 6 de mayo en horas de la mañana por integrantes del Copinh, terminó en enfrentamiento con policías en las cercanías de casa presidencial en la capital de Honduras.
En el desalojo se armo gran disturbio ya que algunos de los manifestantes repelieron con piedras y otros objetos.
El Copin realizo movilización exigiendo justicia en el caso Berta Cáceres la marcha inicio desde la UNAH hasta el Ministerio público.
La salida de la marcha se realizó desde la plaza Cuatro Culturas de Ciudad Universitaria hasta las instalaciones del MP.
El motivo es para exigir justicia en el asesinato de la ambientalista Berta Cáceres.
Asimismo no dejar a un lado el caso del robo del expediente a una magistrada de la Corte.
Tan pronto se reunieron en el punto de encuentro un numeroso grupo se movilizó en una marcha pacífica.
NOTA RELACIONADA: MIEMBROS DEL COPINH PROTESTAN CERCA DE CASA DE GOBIERNO
El reclamo por la muerte de la ambientalista ha sido constante
Miembros de Consejo de Organizaciones Populares e Indígenas (COPINH) protestaron el 11 de mayo por la muerte de Berta Cáceres.Ese día era su tercer día de acción y movilización por parte de los miembros del COPINH.
En aquella fecha los quejosos también llegaron hasta la sede del MP para exigir que se capture a los autores intelectuales del asesinato.
En la actualidad los manifestantes también solicitan que se les de a conocer todo el proceso del caso estaba dirigido.
Las actividades iniciaron desde muy temprano con una ceremonia Garífuna frente a las oficinas del ministerio Público en Tegucigalpa.
Donde los miembros del COPINH hicieron bailes, cantos sahumerios y protesta.
Al Copinh no le convencen los resultados de las investigaciones que se realizan sobre el caso que ya han dejado a cinco detenidos y una quinta persona prófuga. Además de la existencia de un video en el que se muestra como asesinan a la ambientalista.
Ayer una comisión integrada por Laura Zúniga Cáceres, hija de Berta Cáceres, y miembros del Copinh, ingresaron a Casa Presidencial para sostener un diálogo con el gobierno, hasta el momento no se conocen los resultados de dicha reunión.
Los manifestantes también piden a través de pancartas que cesen los trabajos del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca !no a la represa! mencionan.
Copinh realiza movilización exigiendo justicia en el caso Berta Cáceres : Enfrentamiento:
Una protesta realizada un 6 de mayo en horas de la mañana por integrantes del Copinh, terminó en enfrentamiento con policías en las cercanías de casa presidencial en la capital de Honduras.
Atacan nuevamente al COPINH, cuando va en busca de justicia al Ministerio Público
Tegucigalpa.
Por Sandra Rodríguez
Hoy se ejecutó un brutal desalojo de parte de policías antimotines, contra un grupo de indígenas lencas que se manifestaban pacíficamente frente al Ministerio Público, MP, de Tegucigalpa.
El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, convocó a una movilización social donde participaron indígenas Lencas y Garífunas, saliendo desde la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, UNAH, a eso de las 9:30 de la mañana, hacia el MP, para solicitar una investigación imparcial en el caso del asesinato de la su coordinadora y defensora de derechos humanos Berta Cáceres Flores, la cancelación del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, la desmilitarización de la zona, y que no haya más persecución contra los y las defensoras indígenas.
Al mediodía, cuando estaban frente a las instalaciones del MP, un contingente policial anti motines, atacó a mansalva a los y las manifestantes, rociándolos desde una tanqueta agua que contiene químico irritante y tóxico, así como bombas lacrimógenas, que hicieron caer primero a las mujeres mayores como doña Pascualita Vásquez, una octogenaria y presidenta del consejo de ancianos- Lenca; otros muy afectados fueron los niños y niñas incluso bebés, quienes con solo la presencia de los uniformados no contuvieron el llanto.
Poco a poco avanzó la tanqueta, junto a un cordón policial que iba empujando y golpeando a los y las manifestantes, quienes buscaban cualquier espacio para huir del ataque, sin embargo la persecución continuó. Hubo más lanzamiento de gases por el bulevar Morazán, hasta los predios del Hospital San Felipe, en el bulevar Los Próceres, aproximadamente un kilómetro de persecución y desesperación ante la falta de diálogo.
Unos minutos antes del ataque, se solicitó a los manifestantes que desalojaran la calle, pero quienes obstruían el paso era una línea policial y atrás una tanqueta, Roberto Cáceres, hermano de Berta, coordinadora del COPINH, asesinada en marzo pasado, solicitó a los y las presentes que se hicieran a un lado, siendo la minoría de los asistentes, para que quedara libre el paso vehicular, cuando de repente inició el ataque.
Adán Reyes, oficial a cargo de la operación, afirmó que este no es un ataque, sino una acción policial de desalojo, así mismo declaró a medios de comunicación que solo siguen un protocolo establecido, pero negó el uso excesivo de la fuerza y la falta de diálogo.
El ataque duró más de 40 minutos, no se reportaron detenidos, pero si golpeados como el defensor de derechos humanos Carlo Jiménez, del Comité por la Libertad de Expresión, C-Libre, muchas personas dispersas en una ciudad que es en su mayoría desconocida.
Esta no es una simple acción policial, sino que se puede ver un hecho premeditado, declaró la defensora de DDHH Karla Lara, quien quedó en medio de los gases lacrimógenos al ayudar a levantarse a una mujer desmayada y consolar a su hijo menor que se sentía desprotegido.
Es condenable que se use la fuerza desproporcionada de parte de la policía, y nuevamente un ataque al COPINH, al lado del pueblo garífuna, pueblos que defienden los bienes comunes que son de todos y todas, hemos presenciado escenas muy duras de miedo, y nos damos cuenta de nuestra condición humana vulnerable, afirmó Lara.
Bertha Zúniga Cáceres, lideresa del COPINH, e hija de los defensores de DDHH Berta Cáceres y Salvador Zúniga, afirmó que continuarán las demandas de justicia, que los ataques no los detendrá, y exigirán que se investigue el asesinato de su madre, su opocion es a la impunidad, pues seguirán denunciando las irregularidades en el caso e instan a una comisión investigadora independiente.
Por Sandra Rodríguez
Hoy se ejecutó un brutal desalojo de parte de policías antimotines, contra un grupo de indígenas lencas que se manifestaban pacíficamente frente al Ministerio Público, MP, de Tegucigalpa.
El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, convocó a una movilización social donde participaron indígenas Lencas y Garífunas, saliendo desde la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, UNAH, a eso de las 9:30 de la mañana, hacia el MP, para solicitar una investigación imparcial en el caso del asesinato de la su coordinadora y defensora de derechos humanos Berta Cáceres Flores, la cancelación del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, la desmilitarización de la zona, y que no haya más persecución contra los y las defensoras indígenas.
Al mediodía, cuando estaban frente a las instalaciones del MP, un contingente policial anti motines, atacó a mansalva a los y las manifestantes, rociándolos desde una tanqueta agua que contiene químico irritante y tóxico, así como bombas lacrimógenas, que hicieron caer primero a las mujeres mayores como doña Pascualita Vásquez, una octogenaria y presidenta del consejo de ancianos- Lenca; otros muy afectados fueron los niños y niñas incluso bebés, quienes con solo la presencia de los uniformados no contuvieron el llanto.
Poco a poco avanzó la tanqueta, junto a un cordón policial que iba empujando y golpeando a los y las manifestantes, quienes buscaban cualquier espacio para huir del ataque, sin embargo la persecución continuó. Hubo más lanzamiento de gases por el bulevar Morazán, hasta los predios del Hospital San Felipe, en el bulevar Los Próceres, aproximadamente un kilómetro de persecución y desesperación ante la falta de diálogo.
Unos minutos antes del ataque, se solicitó a los manifestantes que desalojaran la calle, pero quienes obstruían el paso era una línea policial y atrás una tanqueta, Roberto Cáceres, hermano de Berta, coordinadora del COPINH, asesinada en marzo pasado, solicitó a los y las presentes que se hicieran a un lado, siendo la minoría de los asistentes, para que quedara libre el paso vehicular, cuando de repente inició el ataque.
Adán Reyes, oficial a cargo de la operación, afirmó que este no es un ataque, sino una acción policial de desalojo, así mismo declaró a medios de comunicación que solo siguen un protocolo establecido, pero negó el uso excesivo de la fuerza y la falta de diálogo.
El ataque duró más de 40 minutos, no se reportaron detenidos, pero si golpeados como el defensor de derechos humanos Carlo Jiménez, del Comité por la Libertad de Expresión, C-Libre, muchas personas dispersas en una ciudad que es en su mayoría desconocida.
Esta no es una simple acción policial, sino que se puede ver un hecho premeditado, declaró la defensora de DDHH Karla Lara, quien quedó en medio de los gases lacrimógenos al ayudar a levantarse a una mujer desmayada y consolar a su hijo menor que se sentía desprotegido.
Es condenable que se use la fuerza desproporcionada de parte de la policía, y nuevamente un ataque al COPINH, al lado del pueblo garífuna, pueblos que defienden los bienes comunes que son de todos y todas, hemos presenciado escenas muy duras de miedo, y nos damos cuenta de nuestra condición humana vulnerable, afirmó Lara.
Bertha Zúniga Cáceres, lideresa del COPINH, e hija de los defensores de DDHH Berta Cáceres y Salvador Zúniga, afirmó que continuarán las demandas de justicia, que los ataques no los detendrá, y exigirán que se investigue el asesinato de su madre, su opocion es a la impunidad, pues seguirán denunciando las irregularidades en el caso e instan a una comisión investigadora independiente.
VIOLENTA REPRESIÓN CONTRA INDÍGENAS EN TEGUCIGALPA
Un
feroz ataque y persecución policial sufrió este jueves el Consejo
Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) que,
en su afán de exigir a los órganos de justicia esclarecer el crimen
contra su Coordinadora y compañera Berta Cáceres, llegaron al Ministerio
Público a un plantón pacifico.
Varios niños, ancianos y mujeres y hombres fueron hospitalizados por los efectos de golpes y del gas de la enorme cantidades de bombas lacrimógenas que les fueron lanzadas; las calles de casa presidencial fueron cerradas y eso creó caos por las pocas vías de escape y de acceso que quedó para los indígenas y para los peatones y conductores que pasaban por el lugar.
Los efectivos de la Policía Nacional, dispararon bombas lacrimógenas a los manifestantes, cuando iniciaban un ritual espiritual ancestral, ha dicho el representante legal de la organización, Víctor Fernández.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. La Policía Nacional, atacó violentamente, a los miembros del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), que llegaron al Ministerio Público a protestar pacíficamente para que se aclare el asesinato de Berta Cáceres.
Cáceres fue asesinada el pasado 3 de marzo, en su casa de habitación en La Esperanza, departamento de Intibucá y fue la Coordinadora del COPINH hasta el momento de su muerte.
Los elementos de la Policía llegaron donde la comunidad popular exigía justicia de forma pacifica; sin embargo, los agentes comenzaron a disparar el gas toxico comúnmente usado para dispersar las protestas.
Varios niños, ancianos y mujeres y hombres fueron hospitalizados por los efectos de golpes y del gas de la enorme cantidades de bombas lacrimógenas que les fueron lanzadas; las calles de casa presidencial fueron cerradas y eso creó caos por las pocas vías de escape y de acceso que quedó para los indígenas y para los peatones y conductores que pasaban por el lugar.
Los efectivos de la Policía Nacional, dispararon bombas lacrimógenas a los manifestantes, cuando iniciaban un ritual espiritual ancestral, ha dicho el representante legal de la organización, Víctor Fernández.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. La Policía Nacional, atacó violentamente, a los miembros del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), que llegaron al Ministerio Público a protestar pacíficamente para que se aclare el asesinato de Berta Cáceres.
Cáceres fue asesinada el pasado 3 de marzo, en su casa de habitación en La Esperanza, departamento de Intibucá y fue la Coordinadora del COPINH hasta el momento de su muerte.
Los elementos de la Policía llegaron donde la comunidad popular exigía justicia de forma pacifica; sin embargo, los agentes comenzaron a disparar el gas toxico comúnmente usado para dispersar las protestas.
En
el lugar varias personas fueron afectadas por la medida violenta en que
la Policía, atacó a los miembros del COPINH. Varios periodistas y
reporteros gráficos, también fueron victimas de la represión de los
agentes, ya que algunos recibieron golpes de los uniformados.
Para
intentar huir de los incomodos efectos de las bombas lacrimógenas, los
protestantes siguieron la ruta que lleva al hospital San Felipe; no
obstante, fueron perseguidos por los agentes. En la represión varias
personas que circulaban la zona, sufrieron de los fuertes químicos que
usaron los oficiales.
El
representante legal del COPINH, Víctor Fernández lamentó que las
medidas de las fuerzas de seguridad fueran tan violentas “el ataque
comenzó cuando las etnias garífuna y lenca, realizaban una ceremonia
espiritual” apuntó.
Por
su parte un representante de los Lencas manifestó que los oficiales son
unos sinvergüenzas, “este gobierno de Juan Orlando, no quiere que uno
se manifieste de manera pacífica”.
Política como cuidado para con el pueblo
por Leonardo Boff
Teólogo, filósofo y escritor brasileño. Conocido por su apoyo activo a los derechos de los pobres y marginados dentro del marco de la Teología de la Liberación, y además al movimiento ecologista.
19 octubre 2016 - CUBADEBATE
Pasaron ya las elecciones municipales en Brasil en un contexto
político dramático, con un gobierno federal con baja credibilidad y con
legitimidad discutible.
Gran parte de los políticos tienen como objetivo llegar al poder por intereses y una vez en el poder, promover la reelección. Muchos de ellos no viven para la política sino de la política. Se deforma así la naturaleza de la política como búsqueda del bien común. Y lo que es peor, el político interesado se sitúa por encima del bien y del mal. Sólo hace el bien cuando es posible y el mal siempre que sea necesario.
Pero es importante denunciar que se trata del ejercicio perverso del poder político. Max Weber en su famoso texto de 1919 a los estudiantes de la Universidad de Munich, desanimados por las condiciones humillantes impuestas por las potencias que vencieron a Alemania en la primera guerra mundial, La política como vocación, ya había advertido: «Quien hace política busca el poder. Poder como medio al servicio de otros fines o el poder por sí mismo, para disfrutar del prestigio que el poder confiere». Este último modo de poder político ha sido ejercido históricamente por gran parte de nuestras élites a fin de beneficiarse de él, olvidando al sujeto y destinatario de todo poder, que es el pueblo.
Necesitamos rescatar el poder como expresión político-jurídica de la soberanía popular y como medio al servicio de objetivos sociales colectivos. Sólo este es moral y ético. Es imperativo, pues, contar con políticos que no hagan del poder un fin en si y para su provecho, ligados a procesos de corrupción, tan largamente publicitados, sino una mediación necesaria para realizar el bien común, a partir de abajo, de los excluidos y marginalizados. El paleocristianismo llamaba a esto liturgia, que significaba: servicio al pueblo.
En este contexto queremos recuperar la figura sin par de político de los tiempos modernos que es Mahatma Gandhi. Para él la política «es un gesto amoroso para con el pueblo» que se traduce por el «cuidado del bienestar de todos a partir de los pobres». Él mismo confiesa: «Entré en la política por amor a la vida de los débiles; viví con los pobres, recibí parias como huéspedes, luché para que tuviesen derechos iguales a los nuestros, desafié a reyes, no sé cuantas veces estuve preso». Lo mismo se podría decir de otra figura ejemplar, Nelson Mandela, que después de decenas de años de prisión superó el apartheid de Sudáfrica.
En estos tiempos de desesperanza política por causa del mucho odio que se extiende en la sociedad, y también por lo que no pocos denuncian como un golpe parlamentar-judiciario contra una presidenta consagrada por una elección mayoritaria, necesitamos reforzar a los gobernantes que se proponen cuidar del pueblo y hacer que el cuidado sea la línea de conducta de la vida social en el municipio, en el estado y en la federación.
A decir verdad, Brasil necesita urgentemente de quien cuide de los pobres y marginados. Lula y Dilma se propusieron intencionadamente cuidar y no administrar al pueblo, mediante políticas sociales de rescate de su vida y su dignidad. Actualmente predomina una política que cuida menos del pueblo y más de los ajustes rigurosos en la economía, de la estabilización monetaria, de la inflación, de la deuda pública federal y estatal, de la privatización de los bienes públicos y de nuestra alineación con el proyecto-mundo. Todo esto se hace sin escuchar al pueblo e incluso en contra de derechos sociales a duras penas conquistados.
Que no se diga que tal diligencia representa el cuidado para con el pueblo. Cuidado meticuloso y hasta maternal lo hay, sí, para con las élites dominantes, para con los bancos y para el sistema financiero nacional e internacional que tiene lucros exorbitantes.
En lugar de cuidado, en la política hay administración de las demandas populares, atendidas de forma paliativa, más para acallar la inquietud y ahogar la revuelta justa que para atacar las causas de su sufrimiento.
El cuidado para con el pueblo exige conocer sus entrañas por experiencia, sentir sus llamadas, compadecerse de su miseria, llenarse de iracundia sagrada y escuchar, escuchar y una vez más escuchar. Debería haber un Ministerio de la Escucha, como existe en Cuba. En este Ministerio deberían estar los discípulos de Paulo Freire y no los seguidores de Pavlov y de Skinner, maestros de una visión mecanicista de la vida humana.
Escuchar la saga del pueblo, sus padecimientos y sus esperanzas, las soluciones que encontró, el Brasil que sueña. Él quiere bastante poco: trabajar y con su trabajo dignamente pagado, comer, vivir, educar a los hijos, tener seguridad, salud, transporte, cultura y tiempo libre para seguir a sus equipos preferidos y hacer sus fiestas y músicas. Pero lo que más quiere es dignidad y ser reconocido como persona y ser respetado.
El pueblo merece ese cuidado, esa relación amorosa que espanta la inseguridad, proporciona confianza y realiza el sentido más alto de la política.
(Tomado de Rebelión)
Gran parte de los políticos tienen como objetivo llegar al poder por intereses y una vez en el poder, promover la reelección. Muchos de ellos no viven para la política sino de la política. Se deforma así la naturaleza de la política como búsqueda del bien común. Y lo que es peor, el político interesado se sitúa por encima del bien y del mal. Sólo hace el bien cuando es posible y el mal siempre que sea necesario.
Pero es importante denunciar que se trata del ejercicio perverso del poder político. Max Weber en su famoso texto de 1919 a los estudiantes de la Universidad de Munich, desanimados por las condiciones humillantes impuestas por las potencias que vencieron a Alemania en la primera guerra mundial, La política como vocación, ya había advertido: «Quien hace política busca el poder. Poder como medio al servicio de otros fines o el poder por sí mismo, para disfrutar del prestigio que el poder confiere». Este último modo de poder político ha sido ejercido históricamente por gran parte de nuestras élites a fin de beneficiarse de él, olvidando al sujeto y destinatario de todo poder, que es el pueblo.
Necesitamos rescatar el poder como expresión político-jurídica de la soberanía popular y como medio al servicio de objetivos sociales colectivos. Sólo este es moral y ético. Es imperativo, pues, contar con políticos que no hagan del poder un fin en si y para su provecho, ligados a procesos de corrupción, tan largamente publicitados, sino una mediación necesaria para realizar el bien común, a partir de abajo, de los excluidos y marginalizados. El paleocristianismo llamaba a esto liturgia, que significaba: servicio al pueblo.
En este contexto queremos recuperar la figura sin par de político de los tiempos modernos que es Mahatma Gandhi. Para él la política «es un gesto amoroso para con el pueblo» que se traduce por el «cuidado del bienestar de todos a partir de los pobres». Él mismo confiesa: «Entré en la política por amor a la vida de los débiles; viví con los pobres, recibí parias como huéspedes, luché para que tuviesen derechos iguales a los nuestros, desafié a reyes, no sé cuantas veces estuve preso». Lo mismo se podría decir de otra figura ejemplar, Nelson Mandela, que después de decenas de años de prisión superó el apartheid de Sudáfrica.
En estos tiempos de desesperanza política por causa del mucho odio que se extiende en la sociedad, y también por lo que no pocos denuncian como un golpe parlamentar-judiciario contra una presidenta consagrada por una elección mayoritaria, necesitamos reforzar a los gobernantes que se proponen cuidar del pueblo y hacer que el cuidado sea la línea de conducta de la vida social en el municipio, en el estado y en la federación.
A decir verdad, Brasil necesita urgentemente de quien cuide de los pobres y marginados. Lula y Dilma se propusieron intencionadamente cuidar y no administrar al pueblo, mediante políticas sociales de rescate de su vida y su dignidad. Actualmente predomina una política que cuida menos del pueblo y más de los ajustes rigurosos en la economía, de la estabilización monetaria, de la inflación, de la deuda pública federal y estatal, de la privatización de los bienes públicos y de nuestra alineación con el proyecto-mundo. Todo esto se hace sin escuchar al pueblo e incluso en contra de derechos sociales a duras penas conquistados.
Que no se diga que tal diligencia representa el cuidado para con el pueblo. Cuidado meticuloso y hasta maternal lo hay, sí, para con las élites dominantes, para con los bancos y para el sistema financiero nacional e internacional que tiene lucros exorbitantes.
En lugar de cuidado, en la política hay administración de las demandas populares, atendidas de forma paliativa, más para acallar la inquietud y ahogar la revuelta justa que para atacar las causas de su sufrimiento.
El cuidado para con el pueblo exige conocer sus entrañas por experiencia, sentir sus llamadas, compadecerse de su miseria, llenarse de iracundia sagrada y escuchar, escuchar y una vez más escuchar. Debería haber un Ministerio de la Escucha, como existe en Cuba. En este Ministerio deberían estar los discípulos de Paulo Freire y no los seguidores de Pavlov y de Skinner, maestros de una visión mecanicista de la vida humana.
Escuchar la saga del pueblo, sus padecimientos y sus esperanzas, las soluciones que encontró, el Brasil que sueña. Él quiere bastante poco: trabajar y con su trabajo dignamente pagado, comer, vivir, educar a los hijos, tener seguridad, salud, transporte, cultura y tiempo libre para seguir a sus equipos preferidos y hacer sus fiestas y músicas. Pero lo que más quiere es dignidad y ser reconocido como persona y ser respetado.
El pueblo merece ese cuidado, esa relación amorosa que espanta la inseguridad, proporciona confianza y realiza el sentido más alto de la política.
(Tomado de Rebelión)
Retroceso
Después de las elecciones, Temer retoma programas de cortes y privatizaciones
El gobierno intenta acelerar la votación de proyectos que deben comprometer áreas como salud, educación y jubilaciones
Pero no termina ahí. El gobierno también anunció una medida que reestructura la enseñanza media en el país, sin resolver los problemas estructurales de las escuelas; amplió los gastos con publicidad en los medios de comunicación; y, ahora, vuelca sus energías para aprobar una reforma del la Sistema de Seguridad Social, cambiando las reglas de la jubilación
Brasil de Fato hizo un levantamiento de las principales medidas en curso del gobierno no electo y como ellas pueden afectar la vida de la población.
-PEC 241: congelando el presupuesto
Bautizada como PEC del Techo de los Gastos Públicos, la medida determina que, a lo largo de los próximos 20 años, el presupuesto federal sólo va a ser reajustado por la inflación del año anterior. En la práctica, las inversiones sociales, como la salud, la educación, saneamiento, transporte público, cultura y agricultura ya sufren con la falta de recursos, como la propia salud.
La política de valorización del salario mínimo también estará comprometida. Según el investigador Bráulio Borges, de la Fundación Getúlio Vargas (FGV), si esa PEC estuviese en vigor desde 1998, el salario minmo seróa de apenas R$ 400 [US$ 125], y no de R$ 880 [US$ 250], como es hoy.
La economista Laura Carvalho, profesora de la Universidad de São Paulo (USP), explica que ningún país del mundo adopta una regla de congelamiento de los gastos como esa, aun más en la Constitution, y que los más pobres, que dependen de los servicios públicos, serán los más perjudicados. La PEC aun precisa pasar por una votación en la Cámara de Diputados y dos en el Senado, para poder entrar en vigor.
- Venta del pré-sal
Dos días después de las elecciones, la Cámara concluyó la votación del proyecto que libera la venta de las reservad del pré-sal para las empresas estrategias. Considerada una de las mayores reservas del pré-sal para las empresas extranjeras. Considerada una de las mayores reservas de petróleo descubiertas en los últimos años, durante el gobierno de Lula, la camada pré-sal tiene una estimativa de poseer una cantidad de óleo superior a los 200 mil millones de barriles.
La ley determinaba que la Petrobras fuese la única operadora de las reservas, con participación mínima del 30%, lo que asegura el control nacional y prioriza las inversiones dentro del país (como la construcción de plataforma y compra de insumos).
Con la caída de esa exigencia, las petroleras multinacionales podrán tener accedo directo al recurso, lo que debe disminuir la recaudación del gobierno en royalties y perjudicar el Fondo Soberano, creado para guardar recursos destinados a las futuras generaciones del país para inversiones en educación. El cambio deberá ser sancionado por Michel Temer en los próximos días.
- Reforma de la Enseñanza Media
El día 22 de septiembre, el gobierno Temer tomo al país de sorpresa al anunciar, sin debate previo, una Medida Provisoria que reestructura la enseñanza media en Brasil. La reforma prevé la flexibilización de la curricular escolar y algunos contenidos, como ates, educación física, filosofía y sociología podrán dejar de ser obligatorias.
Para el coordinador general de la Campaña Nacional por el Derechos a la Educación (CNDE), Temer usó un mecanismo autoritario, la Medida Provisoria, “proveniente de la dictadura militar” para tocar en un sector sensible. Para él, la tendencia es que, en términos del aprendizaje, “todo quedará igual”, ya que la reforma no enfrenta cuestiones fundamentales como “la infraestructura de las escuelas, valorización de los profesionales de la educaron, número adecuado de alumnos por sala y nuevas formas de dar clases”, acrecentó.
- Jubilación
Tratada como prioridad absoluta del Palacio del Planalto, la propuesta de reforma del Sistema de Jubilatorio deberá ser presentada al Congreso en las próximas semanas. Ya se sabe que el gobierno quiere aumentar la edad mínima para la jubilación, que podrá perjudicar especialmente a quien comienza a trabajar más desde más jóvenes, como los más pobres.
Además de eso, debe proponer el fin de la vinculación del piso de la jubilación al salario mínimo. Con eso, el INSS podría pagar jubilaciones con valores inferiores al salarios mínimo. A pesar de alegar que es preciso disminuir el costo de las jubilaciones sobre el presupuesto, que consume más de R$ 500 mil millones [US$ 156 millones] anualmente y es mayor de los que los gastos de salud, educación y jubilación sumadas.
- Asistencia social X caridad
El gobierno también fue objeto de criticas al anunciar el programa “Niños Felices”, que tendrá como embajadora a la primera dama, Marcela Temer. Para el Consejo Federal de Servicio Social (CFSS), uno de los significados de esa iniciativa es consiste en substituir la noción de asistencia social como política pública par la simple filantropía, que ignora el conjunto de las desigualdades sociales, como clase, raza y genero.
Además, al colocar a la esposa en el papel de voluntaria de ese programa dirigido a los niños, Temer retoma el llamado “primero-damismo”, ignorados que el desarrollo infanto-juvenil es una responsabilidad de toda la sociedad y del Estado.
“Reforzar una supuesta responsabilidad e instinto femenino en el cuidado del hogar, de la familia, en especial de los niños. Papel al que fueron sometidas las mujeres de clase trabajadora a las múltiples y pesadas jornadas de trabajo ( remunerado y/o no remunerado) y a las profundas desigualdades en el división sexual del trabajo, en el racismo, en las relaciones de poder y en la apropiación privada de la riqueza”, dice el CFSS, en una nota.
- Más gastos con publicidad
Informaciones reunidas por el Blog O Cafezinho, del periodista Miguel do Rosario, muestran que la crisis, para el gobierno Temer, sólo vale para cortar recursos de la salud y la educación, ya que los gastos en publicidad para vehículos comerciales alimentaron casi el 50% en un año. El crecimiento se dio a lo largo de los últimos cuatro meses justamente el periodo de nuevo presidente en el poder.
Entre mayo y agosto de este año, el gobierno repasó más de R$ 62 millones a grupos como Globo, STB, Editora Abril, Folha/UOL, Estadão e Facebook. El valor supera en más de R$ 30 millones lo que fue repasado a los mismo vehículos el año pasado. Sólo Folha/UOL tuvo un aumento del 78% en los contratos de publicidad con el gobierno. La Globo, aumentó el 25%, siendo la mejor tajada de los recursos federales (cerca del 25% del total). La Editorial Abril, que publica la revista Veja, aumentó los contratos con el gobierno un 624% en un año.
Temer también usa dinero público para divulgar una campaña que ataca indirectamente el PT. Bajo el lema “vamos a sacar a Brasil del rojo”, el gobierno enumera que pude avanzar en mas cortes de gasto en salud, educación y otras políticas públicas.
Traducción: María Julia Giménez
CHILE
Funcionarios públicos cumplen paro de 48 horas por reajuste salarial
Natalia Figueroa |Jueves 20 de octubre 2016 19:42 hrs.
Trabajadores
del sector público iniciaron un paro nacional de actividades exigiendo
una nueva propuesta del Ejecutivo respecto al reajuste para 2017. Desde
la ANEF señalaron que el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, quiere
concluir lo antes posible esta negociación que después de seis reuniones
no ha tenido ningún avance para los trabajadores.
En la reunión que sostuvieron este martes con el Ministerio de Hacienda, el titular de la cartera, Rodrigo Valdés, reiteró que el reajuste no será más de un 3 por ciento, muy lejos del 7 por ciento que exige la Mesa del Sector Público.
El paro se inició en las oficinas de la Tesorería General de la República y según expresó el presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), Raúl de la Puente, esperan que durante las próximas horas el ministro Valdés y la Ministra del Trabajo Ximena Rincón se muestren dispuestos a negociar esta cifra, porque de lo contrario convocarán a un paro más extenso durante la próxima semana.
Mientras, el presidente de la Confederación Nacional de Funcionarios de Chile (Afemuch) Óscar Yañez, señaló que esta falta de respuesta también repercutirá en la preparación de las elecciones del próximo domingo a cargo de los municipios. “Creemos que van a haber ciertas complicaciones porque somos nosotros los que instalamos las cámaras y los instrumentos de votación, y si se encuentran hasta altas horas de la noche sin funcionamiento entonces nos vamos a retrasar”.
Los trabajadores también exigen una sola contratación por parte del Estado considerando que muchos no han pasado a planta, lo que precariza las condiciones laborales según explicó la presidenta de la Asociación de Funcionarios del Servicio Nacional de Rehabilitación para el consumo de Drogas y Alcohol (Anfusenda) Patricia Contreras.
“La oferta del Gobierno es muy baja, no logra equiparar al IPC, por lo mismo el poder adquisitivo de los trabajadores disminuyen. La falencia que tenemos todos en el sector público es que lo seguimos haciendo a honorarios”, comentó.
El presidente de la Asociación de Funcionarios de la Universidad de Chile Servicios Centrales (AFUCh) Ricardo Chandía, apuntó a las garantías de estabilidad laboral necesarias para el sector público.
“En muchas partes tenemos un 70 por ciento a contrata y un 30 por ciento en planta. Eso refleja la inestabilidad laboral como política de Estado porque se observa en los organismos centrales de todo el aparato estatal”, señaló.
Durante estos días se dispusieron turnos éticos en los hospitales y Cesfam, Fonasa, extranjería, entre otros organismos.
Para este viernes y el lunes de la próxima semana están fijadas nuevas reuniones con el Ejecutivo para tratar de zanjar un acuerdo respecto a este reajuste del sector público.
Sindicatos de Codelco amenazan con paro si no se termina crisis de la empresa
Tania González |Miércoles 19 de octubre 2016 6:55 hrs.
Trabajadores
de planta de Codelco darán a conocer esta semana sus puntos de vista
sobre la sustentabilidad de la cuprífera y su plan de acción sindical,
del que no descartan un paro nacional.
En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, la secretaria general de la organización, Cecilia González, anticipó que los trabajadores alistan una calendarización con tres temas de eje: la capitalización de Codelco, La ley Reservada del Cobre y la Renacionalización de algunos yacimientos del país. Asimismo, abordarán materias internas, tanto de estructura como de dotación de personal.
“Hay un acuerdo firmado que se llama Pacto Estratégico por Chile y tenemos ambas partes bien delineado que vamos a participar y dialogar, lo que no se ha concretado mucho en este tiempo. Nosotros queremos volver a retomar la relación con Codelco de dejarnos influir y nosotros influir en ellos. La gestión de Codelco no en todas las divisiones es la mejor, de eso tenemos que hacernos cargo”.
Cecilia González señaló que invitarán a la administración de Codelco a realizar mesas de conversaciones y al Ejecutivo para tratar las necesidades de inversiones y el endeudamiento de la empresa.
“Nunca Codelco había tenido que endeudarse para poder cumplir con la Ley Reservada del Cobre. Detuvimos todos los proyectos estructurales porque no tenemos dinero y además hay que endeudarse para poder cumplir con esa ley que le hace daño a la empresa. Hay 5 mil millones de dólares guardados, ese dinero debería reinvertirse en Codelco o prestársele para que nosotros podamos generar nuestros proyectos estructurales”.
La dirigenta añadió que todavía no se han capitalizado los 4 mil millones de dólares que se comprometieron y en el Ejecutivo indicaron que se pronunciarán al respecto el próximo mes.
En esa línea, Cecilia González aseguró que con el aumento de la participación de Codelco en Los Bronces podrían solucionarse varios de los problemas financieros, no obstante, opinó que se deben priorizar los asuntos internos de la cuprífera.
Por último, este jueves la Federación de Trabajadores de Codelco dará a conocer el plan de acción sindical, sobre el que la secretaria general afirmó que no se desecha el realizar un paro nacional, pero partirán por la vía del diálogo.
ARGENTINA
Las razones de fondo
3 Octubre 2016
El tarifazo en el marco de la crisis energética
El tarifazo efectuado por el gobierno de los CEOs intenta dar un golpe de gracia a la capacidad adquisitiva de la clase trabajadora y, en consecuencia, recomponer la tasa de ganancia del capital nacional y transnacional afectado no sólo por el congelamiento de tarifas sino por la crisis del sector energético.A Vencer (octubre-2016)
El comienzo de la
presidencia de Macri se caracterizó por una serie de medidas
antipopulares en aras de incrementar la rentabilidad de sectores
concentrados del capital nacional y transnacional. La quita de
retenciones a las exportaciones agropecuarias y a las exportaciones
mineras, las subas en las tasas de interés aprovechadas por el capital
financiero y el aumento de tarifas de los servicios públicos han sido
los elementos centrales de esta orientación económica.
El
drástico aumento de tarifas, aplicado principalmente a los servicios de
gas y luz, viene a recomponer los ingresos de las empresas
privatizadas, reducido durante el último tiempo por la política de
congelamiento de tarifas, pero también por la crisis del sistema
energético. En primer lugar, es importante mencionar que el tarifazo no
reduce el déficit del Estado en materia de energía, sino que traslada
ese déficit al conjunto del pueblo de una manera directa.
Por
ejemplo, en el marco de las sanciones a las que estuvo sujeta EDENOR
durante 2015, la empresa argumentó en su reporte financiero anual que
los incumplimientos derivan de la "insuficiencia de los fondos
necesarios para destinar a las inversiones, que permitirían el
mantenimiento de los niveles de calidad acordados inicialmente, como
consecuencia de la falta de actualización en tiempo y forma del Cuadro
Tarifario". En este sentido, el tarifazo implica recomponer la "ecuación económico-financiera" en detrimento de los salarios.
Las causas de la crisis energética
La
política de subsidios energéticos fue un caballito de batalla del
discurso redistribucionista del gobierno anterior. Desde la retórica
kirchnerista, el subsidio a los usuarios residenciales, pero
principalmente a los industriales, se desarrolló como una forma de
contribuir a la "competitividad" del tejido industrial nacional,
aportando de esta manera al mantenimiento del nivel de empleo y
desarrollo del mercado interno como un pretendido mecanismo de inclusión
social.
Sin embargo, lo que la
presente crisis va dejando al desnudo es que las empresas industriales
"nacionales y populares" subsidiadas lejos están hoy de demostrar un uso
productivo de estos gigantescos recursos transferidos desde el Estado.
Ante los menores síntomas de la crisis, las empresas locales han
ajustado sobre los trabajadores, a la vez que muchas de ellas cuentan
con cuantiosas transferencias de dinero hacia el exterior. Misma
situación presentan las empresas distribuidoras de energía, que amasaron
grandes fortunas encubiertas en el subsidio a los usuarios. En
conclusión, los subsidios a estas empresas capitalistas, lejos de haber
aportado al desarrollo nacional, sólo han servido para engordar los
bolsillos de empresarios que se la "llevaron en pala" y que dejaron poco
y nada como saldo invertido, tanto en la industria como en la
distribución y generación de energía.
Esta
crisis del sector energético viene madurando desde hace años y tiene su
epicentro en la producción nacional de hidrocarburos (insumo principal
para la producción de electricidad, combustibles y gas de red y
envasado). La combinación entre crecimiento de la demanda de energía
(industrial y domiciliaria) durante el periodo kirchnerista y el
paulatino descenso de la producción local de petróleo y principalmente
de gas ha generado actualmente una abrupta brecha entre oferta y demanda
que sólo puede ser saldada por importaciones de hidrocarburos
(fundamentalmente gas de Bolivia, Trinidad y Tobago, África y
actualmente de Chile). Este ciclo deficitario comenzó, según datos del
propio Ministerio de Energía, en 2011. Las importaciones efectuadas
dicho año para corresponder la demanda energética representaron
alrededor de 2800 millones de dólares. En la actualidad, esta situación
se ha acentuado. En lo que va de 2016, el ministerio comandado por
Aranguren publicó que sólo durante el primer semestre las importaciones
alcanzaron 2348 millones de dólares. Nada hace suponer que esta
tendencia deficitaria se modifique en el corto y mediano plazo.
En
lo que respecta al petróleo, el barril sigue estando subsidiado en
Argentina desde la caída de su precio internacional iniciado en 2009. El
Estado viene subsidiando y "desacoplando" los precios nacionales de los
internacionales desde hace más de 5 años con el objetivo de que las
empresas transnacionales sigan percibiendo una ganancia "aceptable" y no
se retiren del mercado nacional. Es decir que como única forma de
garantizar la continuidad del empleo en el sector, el Estado transfirió
millones de dólares desde los usuarios de combustible a las empresas
petroleras. Actualmente el gobierno continúa asegurando un precio sostén
del barril a 30 dólares por encima de su precio internacional. A pesar
de esta transferencia de recursos, actualmente las petroleras se
encuentran amenazando con despidos y suspensiones.
A
su vez, la caída en la producción de gas (profundizada desde 2008)
obedece a varias razones. Por un lado la merma en las reservas y el
agotamiento de pozos generó una disminución en la producción, a la vez
que la caída de los precios internacionales desalentó las inversiones,
aun inclusive en los hidrocarburos "shale" (los que se extraen mediante
la contaminante técnica del Fracking), y dejaron en la nada los
rimbombantes y entreguistas acuerdos entre YPF y Chevron firmados por
Kicillof en 2013.
Este cuadro de
agotamiento de fuentes de energía local, principalmente de gas,
reemplazada por importaciones (exacerbadamente costosas) resultó un gran
problema para la política de ajuste macrista. Es por eso que el
tarifazo se convirtió en la estrategia que permite el traslado de estos
costos hacia la clase trabajadora, constituyendo de hecho una
transferencia de ingresos desde los salarios a las empresas de toda la
cadena de valor energética (desde las distribuidoras hasta las
petroleras), empresas que en gran cantidad de casos cuentan con
participación mayoritaria de capitales transnacionales para compensar
sus ganancias.
Una lucha estratégica
En
este marco, la lucha contra el tarifazo no sólo trata de la defensa de
los bolsillos de los y las trabajadoras frente al ajuste sino también de
poner sobre la discusión que clase social paga la crisis energética. A
su vez, es necesario plantear el debate ambiental sobre la
diversificación de la matriz energética, incrementando el uso de
energías renovables, lo cual no puede darse a costa de negociados con
empresas transnacionales de las llamadas "energías verdes" ni con el
efecto colateral de miles de despidos de los trabajadores del petróleo y
gas.
Si bien hasta ahora la crisis
viene siendo descargada sobre los hombros de la clase trabajadora
mediante el tarifazo de Aranguren, esta política ha sido parcialmente
frenada por la movilización y por iniciativas frentistas y
multisectoriales contra el ajuste como la Campaña "No Te Dejes Ajustar",
de la que somos partícipes e impulsores.
Es
necesario realizar una crítica a fondo del sistema energético nacional,
donde empresas monopólicas y transnacionales han embolsado grandes
ganancias en base al crecimiento de la demanda de los últimos 15 años.
Son las mismas empresas que ahora, y con la ayuda del gobierno de los
CEOs, pretenden descargar la crisis sobre el pueblo. Sólo una
organización del sistema energético basada en criterios sociales y
ambientales definidos y controlados por el pueblo trabajador puede dar
una salida a la crisis y poner los recursos energéticos al servicio de
un verdadero desarrollo industrial.
13 de octubre de 2016
El Estado como garante del poder transnacional
En los últimos años, el Estado se ha convertido en el principal garante de los intereses de las multinacionales mineras, a través de la acción de los tres poderes públicos: ejecutivo, legislativo y judicial. En nombre de la seguridad jurídica y el “progreso”, las autoridades gubernamentales violan los derechos de las comunidades, para instalar proyectos extractivos en sus territorios. Por Guillermo Alamino para ANRed
Los años 90 marcaron un antes y un después en materia minera del país. En esa década, Gioja gestó las normativas neoliberales que regulan a la megamineria y, de esta manera, se abrió una nueva etapa en la historia exportadora argentina. Beneficios impositivos, prohibición al Estado para explotar yacimientos y un régimen ambiental propio son algunas características del marco legal minero, promovido por el Banco Mundial. Luego vinieron los Kirchner que continuaron con las políticas reprimarizantes, en las que también están incluidos los agronegocios, el fracking y la especulación inmobiliaria en los grandes aglomerados urbanos. Además, se aprobó la Ley Antiterrorista que legaliza la represión y la judicialización de las luchas sociales. Se trata de la opresión en tiempos “democráticos”. Tiempos de una democracia y un Estado que fue moldeado por organismos financieros internacionales y dirigentes cómplices del despojo.
En este sentido, la inoperancia de las instituciones judiciales y el poco interés de Uñac en responder a las solicitudes de la Asamblea Jáchal No se Toca evidencian la presencia de un gobierno contaminado por las corporaciones. Hasta ahora, Barrick ha salido impune de todos los delitos ambientales o infracciones a la ley que ha cometido, como derrame de solución cianurada en los ríos, instalación en zona periglaciar, carencia de un seguro ambiental exigido por la Ley General de Ambiente, entre otros. Los funcionarios no ejercen su labor teniendo en cuenta las necesidades populares sino que, contrariamente, colocan en primer lugar los pedidos de las corporaciones. Barrick ejerce el poder real en la región. Es decir, el Estado se encarga de resguardar a las grandes firmas, mientras las asambleas llevan a cabo la tarea de defender sus respectivos territorios ante el desamparo de las sucesivas administraciones públicas.
Esta problemática nos invita a reinventar la democracia, que se ha transformado en una ficción donde el pueblo elije al próximo gerente de la entrega de nuestros bienes comunes. Es una tarea urgente hacer frente a esta realidad, porque la vida de miles de compatriotas está en juego. Hay que ampliar la participación ciudadana en los asuntos públicos, con el objetivo de asegurar un Estado que proteja al pueblo y su patrimonio público.
13 de octubre de 2016
En el marco del paro nacional docente universitario, se encrespa el CBC de la UBA: “Todo tiene un límite”
Este 13 y 14 de octubre se realiza un paro nacional de la docencia universitaria por la reapertura de paritarias y por el cumplimiento del Convenio Colectivo de Trabajo nacional. Tras la aprobación en el Consejo Superior de la UBA de un reglamento de concursos que le permite a la misma llamar a concurso abierto el conjunto de los 4700 cargos de docentes ayudantes. Por Corresponsal popular para ANRed
“Todo tiene un límite”. Así se expresa, contundente, un Colectivo Docente en el CBC de la UBA. Los grupos de WhatsApp se reproducen en las más de diez sedes del CBC, a lo largo de la ciudad de Buenos Aires e incluso en el conurbano. Reuniones por sede, tres masivas asambleas del gremio docente AGD en apenas un mes.Todo un estado deliberativo.
Este 13 y 14 de octubre se realiza un paro nacional de la docencia universitaria por la reapertura de paritarias y por el cumplimiento del Convenio Colectivo de Trabajo nacional. Justamente este segundo punto (el no cumplimiento del CCT) encrespa los ánimos sobremanera en el CBC, tras la aprobación en el Consejo Superior de la UBA de un reglamento de concursos que le permite a la misma llamar a concurso abierto el conjunto de los 4700 cargos de docentes ayudantes. Los docentes denuncian que de realizarse estos concursos, bajo este reglamento, el director del CBC (elegido a su vez por el rector) podría elegir prácticamente a dedo qué docentes permanecerían en el cargo y cuáles serían despedidos sin siquiera indemnización, luego de veinte y treinta años en el mismo trabajo en forma interina.
El fantasma de las clases públicas retorna a las universidades. Con la docencia del CBC haciendo punta tras su reclamo de estabilidad laboral y participación docente en el cogobierno, se anuncian para este 13 y 14 numerosas clases públicas en la ciudad de Buenos Aires. ¿Volverán las clases públicas? Todo indica que, al menos por estos dos días así será.
El Paro Nacional
Las vueltas que vienen dando en la CGT en torno a paro sí, paro no, no van con el estilo de los gremios docentes universitarios. Los tres gremios, encabezados por la CONADUH, llaman esta semana a paro exigiendo la reapertura de las paritarias. Si bien los veinte días de paro en abril y mayo, más la marcha de 40.000 personas el 12 de mayo, permitieron romper el techo salarial que le intentó poner el gobierno de Cambiemos, en definitiva el 33% en tres cuotas se quedó corto frente a la inflación del 42% reconocida por el mismo gobierno nacional.
A su vez el CCT tardíamente homologado por el ministerio de trabajo en 2015, exige legalmente la estabilidad laboral en las universidades, cuestión que el actual gobierno sigue demorando. Sólo en las universidades del interior en que la docencia se organizó por el mismo, el CCT empezó a ser aplicado, como en las universidades de Tierra del Fuego, Menodza, Luján y La Rioja, entre otras.
Reproducimos comunicado del Colectivo Docente del CBC:
Una espada de Damocles sobre el CBC: sin cogobierno, los concursos son sólo un dedazo
Exijamos estabilidad laboral y ciudadanía plena para todos/as los/as docentes
Estamos en un momento clave de la historia del CBC (y de la UBA misma). La aprobación de un reglamento de concursos sin la más mínima participación de la docencia de más de treinta años en el CBC, es una descarada muestra de desconocimiento de parte del Rectorado sobre la esencia de la UBA que gobiernan monolíticamente.
El miércoles 28 de septiembre el Consejo Superior aprobó un reglamento de concursos abiertos, que no da un mayor peso a los antecedentes docentes en el CBC que a los de las facultades de la UBA, que no contempla a quienes son ayudantes de segunda y, sobre todo, que establece procedimientos controlados discrecionalmente por el director del CBC (designado a dedo por el rector). Esta aprobación fue repudiada por casi un centenar de docentes dentro y fuera del CS y generó una saludable preocupación y efervescencia en las sedes esta semana.
¿Con qué legitimidad, en busca de qué objetivo exponen gravemente los puestos de trabajo de 3000 docentes? En la sesión de CS se llenaron la boca hablando de institucionalidad y estabilidad laboral, mientras que objetivamente hacen todo lo contrario, en una muestra de cinismo intolerable. La única explicación racional de tal conducta es que el CBC es para ellos un “coto de caza”, un botín de negocios a disputarse entre ellos.
Esta dura conclusión, por cierto, no es algo a lo que lleguemos de repente y sólo por las implicancias de este reglamento que acaban de aprobar. Más bien este reglamento es la gota que rebalsa el vaso, tras innumerables actos en los que han demostrado una y otra vez sus intenciones (...)
En definitiva, no es que estemos sorprendidos, es que todo tiene un límite. Partimos de una situación en la cual "llueve sobre mojado". Un interinato de más de treinta años y una absoluta falta de institucionalidad mínimamente democrática es una situación que no puede continuar. Ahora claro, este “remedio” es peor que la enfermedad.
Sin embargo este escenario terrible debe ser sopesado. A pesar de lo anterior, es de destacar que el CBC de conjunto contiene mayores grados de pluralismo y perspectivas críticas que varias de las facultades y carreras de la UBA. En estos treinta y un años han pasado por el CBC más de un millón de estudiantes, gran parte de los cuales reconocen un amplio aporte de parte del mismo, básicamente por los docentes y cátedras históricas por las que han pasado. Esta paradoja les resulta problemática a quienes buscan una Universidad cerradamente disciplinaria y tecnocrática (que son los mismos que tienen las riendas de la UBA, que son a su vez parte de las fuerzas políticas que aceptan la reducción del gasto público aunque intenten que esta reducción no recaiga en los sectores que les responden).
¿Podemos cambiar las cosas en la UBA?
Esta mera pregunta es posible por el tipo de relaciones de poder institucionalizadas en nuestra Universidad. Pero nada es para siempre. No estamos condenados a protestar y hacer algún tipo de resistencia pasiva, sino que realmente podemos inclinar la balanza, si perseveramos en el camino de lucha y organización que nos vamos dando. De nuestra parte pensamos que en lo inmediato la lucha debe centrarse en dos reivindicaciones básicas: estabilidad laboral y ciudadanía.
¿Qué política darnos para ello?
En nuestra opinión es clave plantear:
1- Que debe haber una regularización inmediata de nuestros cargos, en reconocimiento de nuestro trabajo de décadas. Esta regularización en caso de no ser automática sólo puede ser implementada en concursos cerrados o de renovación controlados en su procedimiento por órganos de gobierno democráticos, con plena participación docente (¡En el CBC estamos en una situación previa a la Reforma Universitaria de 1918! sin ningún tipo de cogobierno). Es una discusión tan vieja que da vergüenza tener que darla: es un hecho comprobado la correlación entre calidad académica y democracia universitaria.
2- La construcción del poder necesario para llevar adelante esa lucha, que deberá enfrentar la previsible oposición del corrupto bloque de poder que nos gobierna.
En estos años vemos como muy positivo una serie de luchas encaradas por los y las docentes, en las cuales se expresó claramente una preocupación y un trabajo sostenido en torno a la calidad de la educación, la crítica, el empoderamiento, etc., como en los casos de las luchas de los y las docentes de Matemática y de Semiología, la carta de Sociedad y Estado, la lucha de la cátedra Fucci, y en una escala mucho mayor en la lucha salarial de abril/mayo de este año.
En el curso de estas luchas hemos ido organizando reuniones amplias en las sedes, construyendo herramientas comunicacionales horizontales como los grupos de mails, de facebook, de whatsapp, poniendo el cuerpo en las calles como en las clases públicas, en los pasillos y las aulas, plazas o incluso en el tren. Consideramos que éste es el corazón de nuestra lucha democrática como docentes, por más y mejor educación pública de calidad.
Debemos aunar toda esta energía para conquistar la estabilidad laboral y la plena ciudadanía como docentes. La última Asamblea general docente de AGD-CBC, a la que asistieron cerca de cien compañeros/as, es un paso más en este sentido, que debe servir para facilitar la confluencia en una gran actividad el jueves 13 de octubre a las 14:00 Hs. en la Sede Central (Ramos Mejía 841) con la fuerza de toda la docencia.
URUGUAY
Cita en el paraninfo de la UdelaR
Comunicado de prensa
Canelones, Sauce/OCTUBRE 2016
CITA
EN EL PARANINFO
Jueves
27 de Octubre, hora 19, “Encuentro Académico”
¿Soja
transgénica en Canelones?
Desde
los terrones y surcos a lo largo de estos años, fueron surgiendo las
voces de alerta.
Nuestra
Comisión se inició a principios de este 2016 y rápidamente
comenzó a multiplicarse, abarcando un amplísimo espectro social. En
poco tiempo pudimos comprobar que “eramos
mucho(s) más que dos”
(al decir de Benedetti), los que palpábamos las nefastas
consecuencias de la creciente plantación de SOJA TRANSGÉNICA en
nuestras tierras.
Contaminación y depredación ambiental; serios impactos causados en la salud humana y gravísima afectación del AGUA como Bien Común, con lo que esto implica.
Dejando
a un lado diferencias filosóficas, religiosas o político-partidarias
fuimos conformando un vasto y diverso movimiento ciudadano que el 19
de junio, en Sauce inauguró la recolección de firmas para que en
virtud de la Ley 18.308, las autoridades departamentales prohibiesen
este tipo de producción en el territorio canario. Caminando juntos
para ponerle un freno al AGRONEGOCIO y defender la identidad propia
del departamento: SU PERFIL GRANJERO y TURÍSTICO.
Y
para nuestra real sorpresa en tan solo tres meses van recolectadas
casi DIEZ MIL FIRMAS.
Es
en el marco de esta campaña que se organiza este ENCUENTRO ACADÉMICO
con la finalidad de seguir esclareciendo y promoviendo una mayor
forma de conciencia sobre la problemática que vivimos.
El
evento se realizará el próximo JUEVES
27 DE OCTUBRE A LAS 19 HORAS
en el PARANINFO
de la UDELAR
y contará con ponencias de destacadas personalidades, a saber : Ing
Agro. Daniel Panario, Dra Mabel Burguer, Economista J.A. Rocca,
Bioquímico Pablo Galeano y Fiscal E. Viana. Luego, ronda de
preguntas y participación abierta.
Previamente
a las 18:30 horas se invita a la prensa a concurrir al Paraninfo
para un diálogo con integrantes de la Comisión en el que se
anunciarán las futuras acciones
LOS
ESPERAMOS A TODOS
Comisión
Por un Canelones Libre de Soja transgénica y en Defensa del Agua
Voceros:
Gonzalo Chiappe - La
Armonía. 099 072 407
Álvaro Jaume - Sauce.
2296 66 88
Diego Jaume - Sauce. 2294
12 54
Sofía Taranto – San
Ramón 098 337 581
E-Mail:
comcanelones2016@gmail.com
Abandonaron comisión que estudia instalación de planta de UPM
Construcción al borde del conflicto por pautas salariales
El Sunca se retiró de las negociaciones salariales.
Los trabajadores de la
construcción paralizarán sus tareas el 27 de este mes, para concentrarse
en el Obelisco a las 13 horas y marchar hacia la Cámara de la
Construcción (Martínez Trueba y Canelones). Allí habrá una oratoria en
la que informarán sobre las negociaciones.
El presidente del Sindicato Único de la Construcción y Afines (Sunca), Daniel Diverio, aseguró a Caras y Caretas Portal que el 30 de setiembre fue la última reunión que mantuvieron con el Ejecutivo para negociar las pautas salariales.
Diverio dijo que el sindicato no está
dispuesto a aceptar acuerdos que pongan en riesgo el salario real, como
sucedió en otros sectores. Además, afirmó que la propuesta del Ejecutivo
es “inamovible”.
Ante esta situación, el Sunca se retiró de
la negociación salarial y de la comisión que analiza la instalación de
la nueva planta de UPM. Entiende el gremio que las pautas salariales del
Poder Ejecutivo ponen al sector al borde de no tener aumento salarial.
“La actual ronda de consejos de salario
corre riesgo inminente de ser la primera en la que no se alcance acuerdo
dejando al sector de la construcción sin convenio colectivo”, señala el
en una declaración emitida en la tarde de este jueves.
Para el sindicato “de no cambiarse las
posturas actuales de cero margen de negociación por parte del Poder
Ejecutivo en la pauta salarial, y el planteo del sector empleador de no
avanzar en acuerdos, si no son acompañados de forma tripartita condenan a
la industria a un escenario de decreto”.
“Este es sin dudas un camino de difícil retorno”, sentencia.
Tras recordar que la negociación colectiva
en la industria de la construcción tiene una larga historia, el Sunca
señala que se trata de uno de “los pocos sectores que mantuvo de forma
ininterrumpida acuerdos tripartitos desde la recuperación de la
democracia a la fecha”.
“No hay dudas que dichos acuerdos han sido
una clave para el desarrollo sostenible y sustentable, siendo no solo
una herramienta para mejorar la distribución de la riqueza, sino también
para promover la formación profesional, el desarrollo social y la
mejora en las políticas de salud laboral y seguridad industrial”,
subraya.
Califica el gremio como de “empantanamiento”
a la situación generada, la que ha derivado en la suspensión “todas las
instancias de negociación colectiva” desde el viernes 30 de setiembre.
“Suspendida la negociación colectiva tomamos
en el Comité Ejecutivo Nacional, la decisión unánime, de retirarnos de
todos los demás ámbitos incluyendo la instancia de intercambio planteada
por Presidencia para analizar las condiciones de la instalación de una
tercera planta de celulosa”, subraya.
En opinión de la directiva del Sunca “no
tiene sentido alguno para una industria que atraviesa la circunstancia
de perder la negociación colectiva avanzar en intercambios para una obra
en particular”.
“Desde el Sunca hemos hecho los maximos
esfuerzos para avanzar con madurez y responsabilidad hacia una zona de
acuerdo, no fue posible”, agrega y termina: “Cada uno se hará
responsable de las nuevas reglas del juego”.
PIT-CNT cuestiona la “dualidad de criterios y doble interpretación” de la Corte de Justicia para fallar sobre la Ley de Medios
El PIT-CNT realizó un llamado de atención ante la “dualidad de criterios de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) para fallar sobre un mismo tema, el artículo 56 de la Ley de Medios -que prohíbe a los canales cables brindar servicios de telefonía y de transmisión de datos-, y consideró que tal situación de “doble interpretación, es inentendible”.
El Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT, analizó en las últimas horas
un informe del Sindicato Único de las Telecomunicaciones (SUTEL),
referido a los recursos de inconstitucionalidad presentados por empresas
privadas contra el artículo 56 de la Ley de Regulación de la prestación
de servicios de radio, televisión y otros servicios de comunicación
audiovisual o Ley de Medios.
Dicho artículo se refiere a las “incompatibilidades” para la prestación de servicios de comunicación audiovisual.
Establece que “las personas físicas o jurídicas que presten servicios de comunicación audiovisual no podrán, a su vez, prestar servicios de telecomunicaciones de telefonía o de transmisión de datos. Esta incompatibilidad alcanza a las personas, físicas o jurídicas, integrantes de las personas jurídicas involucradas”.
Tales productos, denominados de “convergencia” o “Triple Play”, incluyen Internet, canales cable y teléfono.
“Ninguna persona física o jurídica podrá ser titular, total o parcial, simultáneamente, de una licencia para prestar servicios de televisión para abonados satelital de alcance nacional y de autorizaciones para prestar servicios de radiodifusión abierta, así como tampoco de otras licencias para prestar servicios de televisión para abonados”, dispone el referido artículo.
Ante tal situación y luego de analizar el informe de SUTEL, el Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT manifestó que le llama “fuertemente la atención la dualidad de criterios de la Suprema Corte de Justicia para fallar sobre un mismo tema”.
“Esta situación de doble interpretación es inentendible y queremos suponer que no responde a ningún tipo de presión de alguna empresa específicamente”, manifiesta la central sindical.
“De ser así, rechazamos de plano este tipo de prácticas a la hora de definir sobre un tema que para el movimiento sindical es de vital importancia, en el entendido de que afecta a la democracia y a la soberanía nacional”, añade.
Asimismo, el PIT-CNT manifiesta su apoyo a todas las gestiones y acciones que SUTEL defina en la materia.
“Además, nos ponemos a disposición y en estado de alerta para ayudar en lo que el sindicato estime necesario”, remarca la central única de trabajadores.
Dicho artículo se refiere a las “incompatibilidades” para la prestación de servicios de comunicación audiovisual.
Establece que “las personas físicas o jurídicas que presten servicios de comunicación audiovisual no podrán, a su vez, prestar servicios de telecomunicaciones de telefonía o de transmisión de datos. Esta incompatibilidad alcanza a las personas, físicas o jurídicas, integrantes de las personas jurídicas involucradas”.
Tales productos, denominados de “convergencia” o “Triple Play”, incluyen Internet, canales cable y teléfono.
“Ninguna persona física o jurídica podrá ser titular, total o parcial, simultáneamente, de una licencia para prestar servicios de televisión para abonados satelital de alcance nacional y de autorizaciones para prestar servicios de radiodifusión abierta, así como tampoco de otras licencias para prestar servicios de televisión para abonados”, dispone el referido artículo.
Dualidad de criterios
El fallo de la Corte de Justicia opera para un caso concreto y beneficia a la empresa demandante (Monte Cablevideo S.A) y no abarca a todos los cables.Ante tal situación y luego de analizar el informe de SUTEL, el Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT manifestó que le llama “fuertemente la atención la dualidad de criterios de la Suprema Corte de Justicia para fallar sobre un mismo tema”.
“Esta situación de doble interpretación es inentendible y queremos suponer que no responde a ningún tipo de presión de alguna empresa específicamente”, manifiesta la central sindical.
“De ser así, rechazamos de plano este tipo de prácticas a la hora de definir sobre un tema que para el movimiento sindical es de vital importancia, en el entendido de que afecta a la democracia y a la soberanía nacional”, añade.
Asimismo, el PIT-CNT manifiesta su apoyo a todas las gestiones y acciones que SUTEL defina en la materia.
“Además, nos ponemos a disposición y en estado de alerta para ayudar en lo que el sindicato estime necesario”, remarca la central única de trabajadores.
LENGUA FLOJA
Estos raros militares que hablan demasiado
El
lunes 17, unos dos mil militares se reunieron para debatir el rumbo a
seguir en relación a los impuestos que gravarán sus pasividades. A más
de uno se le fue la lengua. Y eso es grave.
La crónica del diario El País, dice que la asamblea contó con unos dos mil asistentes y que ese número “desbordó los cálculos de los organizadores”. Organizadores que -justo es decir- se tienen muy poca fe. Si tomamos por válida la cifra que da el mismo matutino el 12 de marzo de 2016, en la nota ‘La reforma incómoda’, hay 53.193 jubilados militares (34.895 retirados, 14.663 pensionistas y 3.639 beneficiarios por retención judicial). Por lo tanto, hay por lo menos 51.193 personas que no acudieron a la cita. Claro, ni siquiera fueron invitados porque estas asambleas no son para “el milicaje”, como dicen los oficiales de los subalternos, sino para la flor y nata de las Fuerzas Armadas uruguayas. El mínimo porcentaje de militares a los que el impuesto hace mella. Y acá viene otro dato grave: según pudo saber Caras y Caretas Portal, se cursaron unas cinco mil invitaciones, por lo tanto -y a juzgar por lo que se dijo-, aquí se concentró el núcleo duro de los pasivos militares y algunos en actividad (horror).
Me quedo más tranquila cuando leo que optaron por “pelear contra el impuesto en dos frentes, uno político en el Parlamento, y otro jurídico con la presentación de recursos de inconstitucionalidad”. Menos mal, porque entre el título de la nota: ‘Militares en pie de guerra’, y la pelea en dos frentes, una ya no sabía por dónde iba a venir la ráfaga.
MULTITUDINARIA ASAMBLEA DE ACTIVOS
Militares en pie de guerra por impuesto a sus pasividades
Sostienen que el gobierno pondrá impuestos a otros colectivos de pasivos.
DANIEL ISGLEAS19 oct 2016 - El País uy
la intención de la senadora del MPP Lucía
Topolansky de tener, paulatinamente, a los militares de su lado con una
generación de uniformados "fieles" al Frente Amplio, parece quedar cada
vez más en la utopía que en el terreno de lo posible.
Desde la inexistencia de vínculos entre la izquierda y
las Fuerzas Armadas en épocas previas a la dictadura, una vez recuperada
la democracia la relación ha sido fría, no solo por la apertura de
investigaciones sobre las violaciones a los derechos humanos, sino por
la nula consideración presupuestal dada por los tres gobiernos sucesivos
del Frente Amplio a los militares. Por eso, cuando en el año 2012, en
el gobierno del expresidente José Mujica, Topolansky pergeñara aquella
idea sorprendió a unos y otros.
Ahora los militares retirados, algunos de los cuales
por razones de edad fueron protagonistas de los enfrentamientos con la
izquierda, están poco menos que "en pie de guerra" con el Frente Amplio.
La causa es el impuesto a las pensiones y retiros militares que el
gobierno pretende aplicarles para tratar de atenuar el déficit del
Servicio de Retiros y Pensiones Militares (SRPM) que en 2015 necesitó
una asistencia estatal de US$ 400 millones. Según el propósito del
gobierno, este es el paso previo a la reforma del Servicio que se haría
recién en 2018.
Astori.
Excomandantes en jefe, generales, coroneles, antiguos
edecanes presidenciales, oficiales de distintas jerarquías, y hasta
otros en actividad, vestidos de civil, participaron el lunes 17 en una
asamblea de cerca de 2.000 asistentes donde se ratificó por aclamación
el camino a seguir: pelear contra el impuesto en dos frentes, uno
político en el Parlamento y otro jurídico con la presentación de
recursos de inconstitucionalidad.
La asamblea en el Club de la Fuerza Aérea desbordó
los cálculos de los organizadores, según admitieron a El País. En la
convocatoria del 13 de julio reunieron a unos 1.300 oficiales retirados
pero esta vez sus estimaciones rondaron en los 2.000 presentes.
En su reclamo los retirados hablan de "confiscación",
"injusticia" y "discriminación", pero le apuntan al corazón del
gobierno del presidente Tabaré Vázquez: la gestión de Economía a cargo
del ministro Danilo Astori.
En este sentido el general retirado Heber Fígoli, la
cara visible del movimiento de retirados, cuestionó los anuncios
electorales del presidente Tabaré Vázquez al sostener que con este
impuesto "se quiebra un compromiso público" del actual mandatario hecho
en la campaña de 2014, lo cual es "una amenaza no solo a las pasividades
militares", sino "el primer paso para avanzar sobre otros sistemas"
previsionales.
"El daño es a los integrantes de las Fuerzas Armadas
que no tienen posibilidad de regular su propia existencia", alertó
Fígoli, para agregar que ellos tienen "limitaciones constitucionales"
para defenderse y que por eso "los decisores de políticas económicas
prefirieron ir por nosotros primero, pero no duden que luego irán por
los demás jubilados", insistió.
En la reunión, los asambleístas advirtieron que el
impuesto "no va a ser provisorio" como dice el proyecto de ley, sino
permanente.
"¿Quién no está apoyando (económicamente) a un
familiar? ¿Quién no sabe de personas con préstamos hipotecarios? Habrá
impacto en nuestros círculos familiares. Es increíble que a esta altura
de la vida tuviéramos que convocarnos para analizar situaciones que
nunca imaginamos", dijo un coronel apoyando el informe del general
Fígoli y la intervención posterior del teniente general José Pedro
Malaquin, exjefe de la Fuerza Aérea y exedecán del expresidente Julio
Sanguinetti, quien afirmó que "es evidente que esto causará un daño".
"Por plata".
"El daño ya está provocado", subrayó Malaquín. El
brigadier contador Alberto Silva tomó entonces el micrófono para dar una
visión técnica. "Es un hecho que va a salir la ley, por los votos que
hay. Quizás se pueda evitar pero…", dijo. Consideró que la iniciativa
"tiene puntos débiles" y que eso abre una esperanza en el tema de los
reclamos. Pidió "sensibilizar" al Poder Legislativo, "a las bancadas
(...) Si los dos impuestos, el IASS y este, se toman como está
planteado, es decir del nominal como se hace en el caso de la Caja
Bancaria, o si se toma el primero del nominal y lo que queda del
segundo, hay una variación grande en el monto" a descontar de las
pasividades, explicó.
Por su intervención, Silva recibió aplausos de los
asistentes. Desde la mesa, el coronel retirado Rivera Elgue, uno de los
miembros del equipo de análisis de los centros sociales, dijo que luego
de analizar el texto del Poder Ejecutivo y que en base a esa
interpretación se concluye que el impuesto "no será transitorio".
"Hemos recibido versiones de que no sería
transitorio", apuntó Elgue, para agregar que "la propia ley dice eso. Se
aplica en forma transitoria hasta tanto se establezca el marco
normativo que regirá a la seguridad social militar", y cuando se aplique
ese nuevo marco "se establecerán sus condiciones, que son las
condiciones del impuesto". "Transitorias son las condiciones actuales,
no el impuesto", remarcó.
Elgue indicó que "no es conveniente hablar más de
las debilidades del impuesto" porque "las tenemos que utilizar en forma
jurídica y explotarlas a nuestro favor". También fue aplaudido.
Adelantó que habrá juicios. "Es una reparación por equivalente, que es plata", precisó.
La "crisis en la gestión", y el ejemplo de Ancap y Pluna
No solamente de análisis del impuesto a las
jubilaciones y pensiones militares se trató la asamblea. El coordinador
del grupo de retirados, general Hebert Fígoli recordó la "crisis de
gestión" del gobierno del Frente Amplio. Habló de "sueldos
exorbitantemente altos en los organismos públicos, menos en las Fuerzas
Armadas", subrayó que al ministro Danilo Astori "solo se le ocurre sacar
dinero de los bolsillos de los retirados", y le apuntó a Ancap y Pluna
al decir que "los problemas estructurales persisten" pese a los años de
bonanza económica.
"Es un asunto político y no financiero", indicó Fígoli
Los militares, tanto los activos como los pasivos,
tienen claro que la aplicación de un impuesto a sus retiros y pensiones,
así como la inexistente asignación presupuestal a que los han sometido
los distintos gobiernos del Frente Amplio desde 2005 al presente, tienen
un componente "político" e "ideológico" y que no es un "problema
financiero".
En su mensaje al iniciarse la asamblea de los
activos y retirados militares, el general Fígoli advirtió que este
impuesto y la reforma del Servicio "tendrán incidencia en el
reclutamiento, mantenimiento y composición" de las Fuerzas Armadas, así
como en el sistema de sanidad. La explicación para ellos es clara: si se
cambian "las reglas de juego, comenzará a entrar menos gente, a haber
más retiros anticipados y eso afectará la relación activo-pasivo",
explicó a El País uno de los participantes de la reunión.
Fígoli alertó además que habrá "una clara
incidencia", por la misma razón, en la participación de Uruguay en las
misiones de paz de Naciones Unidas. "La doble imposición es un asunto
claramente político y no financiero y afectará a todos, a los activos, a
los retirados y a los pensionistas".
El militar sostuvo ante sus camaradas que el
impuesto "es injusto porque no tiene la finalidad de estabilizar
financieramente el Servicio", y porque "hace responsable a los propios
retirados del desequilibrio generado por la reducción de efectivos,
incentivo de retiros o reconstrucción de carreras", todas decisiones
"políticas" de los gobiernos pasados.
Fígoli pidió a los casi 2.000 camaradas reunidos en
el club de la Fuerza Aérea que "informen sobre la injusticia que se
quiere cometer" mediante reuniones, "el teléfono y las redes sociales", y
que "alerten a quienes no son militares que esto hoy es contra
nosotros, pero mañana irán por sus ahorros de toda la vida".