Entrevista inédita al Che Guevara en francés (1964): “El bloqueo es un fracaso total”
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La columna del Che
“El bloqueo es realmente un fracaso total”, decía el Che en esta entrevista en 1964. Foto: AP/ Archivo.
En ese entonces, el Che ocupaba el cargo de Ministro de Industrias y se encontraba en Ginebra para la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD). Este jueves, el programa de la TV cubana, La pupila asombrada, estrenó la entrevista que será transmitida íntegramente en el espacio Mesa Redonda el sábado 17 de junio a las 7 pm por el Canal Educativo 2. La traducción para La pupila asombrada la realizó de manera voluntaria Gloria González Justo. Que conozcamos, es la primera vez que la entrevista se transcribe y publica en español.
Jean Dumur: Pero según usted, ¿algo ha cambiado en la actitud de EEUU respecto a Cuba?
Comandante Guevara: Quizás. Es difícil contestarle directamente.
En todo caso, no fijamos nuestra posición, escuchando, mirando lo que hacen los EE.UU. Hacemos nuestra política internacional.
Claro, miramos con atención lo que hacen porque es nuestro enemigo, está cerca de nosotros y es muy fuerte.
Hace unos días, algunas voces norteamericanas, las conocemos, el senador Fulbright por ejemplo, tuvo un discurso completamente diferente. Pero inmediatamente Dean Rusk y Thomas Mann tuvieron el discurso de siempre.
No podemos saber si realmente la actitud de Fulbright corresponde a un cambio en la posición de los EEUU o si no es más que una voz aislada.
J.D: ¿Afectó la vida en Cuba el bloqueo impuesto por los EEUU?
C.G: Sí, la hizo cambiar. En primer lugar, cambió por completo toda la vida en Cuba.
Cambiamos nuestras fuentes de abastecimiento, que se desplazaron hacia Europa, sobre todo hacia los países socialistas.
Y cambiamos toda nuestra vida, los artículos de lujo, los artículos de consumo a largo plazo, podemos decir que casi desaparecieron en Cuba y faltaban muchas cosas.
Nuestras industrias atravesaron por un periodo bastante largo donde no teníamos piezas de repuesto. A veces se paraban y no podíamos ponerlas en marcha.
Pero estas mismas condiciones nos obligaron a la industrialización en el sector mecánico.
En este momento, podemos suministrar casi todo el abastecimiento esencial de tipo mecánico, es decir las piezas de repuesto, hechas por nosotros mismos.
Y claro, lo que no podemos comprar en países socialistas, en países de Europa porque tenemos que considerar que Cuba es un país donde casi toda la industria, toda la técnica, toda la tecnología dependía de EEUU, de las fábricas de EEUU.
Cambiarlo todo es bastante difícil. Pudimos hacerlo este último año. Y ahora el bloqueo es realmente un fracaso total.
J.D: ¿Pero Ud. está satisfecho de la situación económica en Cuba?
C.G: Nunca se puede estar satisfecho. Aspiramos a mucho más, pero el año pasado fue el año más bajo, sobre todo el principio del año, cuando la economía estaba en su momento más bajo.
A partir de entonces, nuestra industria comenzó a crecer, nuestra agricultura. Se puede decir que esta es la dirección general que sigue nuestra economía, es decir un mejoramiento progresivo, sostenido.
No es algo maravilloso, desgraciadamente, pero cada día, se puede ver concretamente lo que hacemos. Y eso es alentador para el pueblo.
J.D: ¿Es necesaria la ayuda soviética a Cuba?
C.G: Claro, claro que es necesaria. Pienso que necesitamos la ayuda de todos los pueblos.
Si Ud. quiere decir imprescindible, pienso que no. Hace falta precisar lo que llamamos ayuda, porque siempre hay algunos errores.
Por ejemplo, los americanos hablan de la ayuda soviética, considerando el comercio y tenemos comercio sobre una base bilateral con una parte de Europa.
Eso no es ayuda. La ayuda soviética son algunos acuerdos a largo plazo, por ejemplo el acuerdo para la caña de azúcar y acuerdos para vender fabricas completas con créditos a largo plazo.
Y eso es muy importante para nuestro desarrollo.
Yo digo la Unión Soviética, yo no sé si usted me preguntó por la Unión Soviética específicamente y los países socialistas, pero tenemos ese tipo de relaciones con todos los países socialistas.
J.D: ¿Quedan soldados soviéticos en Cuba?
CG: .Decimos técnicos. Los hay, sí.
J.D: ¿Los necesitan ?
C.G: Son nuestros profesores en algunos sectores.
J.D: ¿En qué sectores?
C.G: En el sector de la técnica superior de la Defensa. Derribamos un U2. Esto solamente lo hizo la Unión Soviética, China y nosotros. Naturalmente, es una técnica muy difícil. No la dominamos especialmente.
J.D: ¿Cuál es la posición de Cuba en el conflicto entre Moscú y Pekín?
C.G: De estas cuestiones, lo sentimos mucho, no hablamos oficialmente hasta ahora.
J.D: Kruschov desea organizar una conferencia comunista mundial para resolver de una manera u otra este conflicto. Si esta conferencia se da, ¿participará Cuba?
C.G: Esta pregunta es parte de la anterior. No hablamos de esta cuestión, hasta el momento oportuno, en todo caso.
J.D: ¿Cuáles son las relaciones de Cuba actualmente con los países de América Latina?
C.G.: Son pocas. Tenemos relaciones diplomáticas con cinco países. Y tenemos relaciones comerciales con sólo dos o tres. No son importantes.
El bloqueo americano se impuso también en los países de América Latina, pienso con una mayor efectividad que en otras regiones del mundo.
Los países americanos nos condenaron a Punta del Este en Uruguay en una conferencia en 1962.
Nos expulsaron de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
Muchos países rompieron sus relaciones diplomáticas y comerciales con nosotros. Esta es la situación en este momento.
J.D: ¿Piensa que existe en este momento en América Latina países preparados para una revolución de tipo castrista, de tipo cubano?
C.G.: En algunos la lucha existe. Aquí no se habla de esto, pero la lucha existe en Venezuela, Guatemala, quizás hay otros países donde el pueblo lucha con las armas.
Es lo que pasó con nosotros, luchamos durante dos años y hubo largos períodos sin que nadie hablara de nosotros.
J.D: ¿Usted habló de Venezuela y Guatemala, pero ayuda Cuba a los revolucionarios de estos países?
C.G: Sólo moralmente. Cuba considera que su lucha es justa, pero hasta aquí.
Vea la entrevista en francés subtitulada al español:
Che Guevara conversa en francés con la Televisión suiza
https://youtu.be/4I17ZSBTw6g(Tomado de La Pupila Insomne)
"Cartago debe ser destruida": Lo que revela sobre EE.UU. la reacción a 'Las entrevistas a Putin'
Publicado: 17 jun 2017 00:05 GMT | Última actualización: 17 jun 2017 00:16 GMT - RT
Las crítica negativas demuestran "la
descomposición de la información de noticias, análisis y comentarios"
que Estados Unidos padece "desde hace décadas".
Este analista cita como un "excelente ejemplo" de ello la entrevista que el presentador de televisión estadounidense Stephen Colbert realizó a Stone, cuya primera pregunta fue: "¿Qué le dice a las personas que aseguran que realizó una entrevista aduladora a un dictador brutal?"
Para Wight, tanto la pregunta como la manera "informal y despreocupada" en que Colbert la formuló confirman "la descomposición de la información de noticias, análisis y comentarios" que Estados Unidos padece "desde hace décadas".
"Cultura superficial que celebra la ignorancia"
El resultado es una cultura "tan intelectualmente superficial" que resulta "aterradora de contemplar", en donde la ignorancia "se celebra en lugar de despreciarse" y en la que "el excepcionalismo nacional y la arrogancia se exaltan en lugar de rechazarse".
YouTube / ShowTime
Wight subraya que, en épocas de guerra "fría o caliente", la tolerancia de la nación por la disidencia y atreverse a "nadar contra la corriente" cultural "se evapora", aunque es precisamente en esos momentos en que es más necesaria.
'Cartago debe ser destruida'
El analista recuerda la sentencia "Cartago debe ser destruida" con la que el político, escritor y militar romano Catón el Viejo finalizaba todos sus discursos. Según John Wight, reflejan el sentimiento "omnipresente y obsesivo" detrás de la "campaña de demonización contra Vladímir Putin" que impera en la vida cultural occidental.Mientras tanto, este periodista estima que Oliver Stone "debe ser elogiado" porque, con sus obras, intenta "despertar a EE.UU." para que sea consciente del "daño que hace y ha hecho" en todo el mundo durante muchas décadas y concluye que, si le atacan y se ríen del cineasta por hacer eso, "confirmarían la degeneración" de una cultura construida sobre bases "no de sabiduría, sino de extrema ignorancia".
Estados Unidos firma acuerdo de armas $ 1.200 millones con Qatar al día siguiente de declarar que financia el terrorismo
Por Pablo Heraklio
KAOS EN LA RED - Publicado en: 18 Junio, 2017
Es
inútil fijarse en declaraciones oficiales para vislumbrar los
movimiento estratégicos de Estados y Corporaciones. Dos discursos
diametralmente opuestos:
Acuerdo de Venta de Armas de USA a Qatar un día después de la reprobación pública de éste como financiador del terrorismo.
¿Cuál es el juego?
Acuerdo de Venta de Armas de USA a Qatar un día después de la reprobación pública de éste como financiador del terrorismo.
¿Cuál es el juego?
Es inútil fijarse en declaraciones de políticos para vislumbrar los movimientos estratégicos de Estados y Corporaciones.
En este caso el Acuerdo de Venta de Armas de USA a Qatar, con una base del CENTCOM y
10.000 militares americanos destacados, se produce un día después de la
reprobación pública de éste como financiador del extremismo islámico y
terrorismo del ISIS.
Dos discursos
diametralmente opuestos. Dos proyectos de país y perspectivas. Trump no
gobierna, solo mueve la boca, pero alguien le pone el guión en las
manos. Esta aparente confusión es reflejo de las pugnas internas dentro
de su administración. ¿Quién mueve los hilos? ¿Quién escribe el guión?
Tierry Meyssan nos da la pista en su último artículo, mostrando como la OTAN-Bilderber tiene
planes de reconfigurar toda la política de oriente medio, eliminar al
ISIS, potenciar a los Hermanos Musulmanes e involucrar al creciente
fértil Teherán-Doha-Ankara-Idlib-Beir
Salud! PHkl/tctca
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Traducción Tarcoteca – US Signs $12 Billion Deal to Sell F-15s to Qatar – Antiwar.com 14.6.2017 via Antimedia – Jason Ditz.
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Traducción Tarcoteca – US Signs $12 Billion Deal to Sell F-15s to Qatar – Antiwar.com 14.6.2017 via Antimedia – Jason Ditz.
El
secretario de Defensa James Mattis, y su homólogo qatarí, el ministro
de Defensa, Khalid al-Attiyah, han firmado un negocio de $ 12.000
millones en armas hoy en Washington [1], un movimiento particularmente importante debido al actual bloqueo impuesto a Qatar en el golfo por sus vecinos árabes.
El
acuerdo fue para la compra de un número de aviones de combate F-15,
una venta que el Pentágono dice que asegurará que Qatar tenga
capacidades defensivas a la última. Qatar es el país más rico del
planeta en PIB per capital, pero una nación muy pequeña que se gastará $
12.000 millones $ en aviones de guerra.
En
el último par de décadas, los estados árabes del Golfo, ricos en
petróleo han utilizado masivamente algunos de sus masivos beneficios del
petróleo para comprar cazas a Estados Unidos como una especie de “cosas
de prestigio” a relucir durante desfiles y similares. Que las tensiones
están aumentando entre Qatar y las otras naciones, que tienen sus
propias y grandes flotas de aviones estadounidenses, pero esta compra se
realiza en un contexto totalmente diferente.
El
Pentágono ha sostenido estrechos vínculos con Qatar en todos los
conflictos regionales, lo que reflejado en la reputación de Qatar de
albergar la mayor base de Estados Unidos en la región. Además de la
venta de armas, la Marina de los Estados Unidos ha enviado dos barcos [2] a aguas de Qatar hoy para unirse a la flota de la nación en ejercicios militares.
Todo
esto se produce tan sólo un día después de que el embajador de Emiratos
Árabes Unidos sugiriera que los EE.UU. debiera mover su sede de Qatar
para “presionarles” [3]. Lo cual no parece estar bajo seria consideración para el Pentágono.
>>El
acuerdo de venta de armas con Qatar también llega días después de que
el presidente Trump declarase en rueda de prensa que Qatar fue
históricamente “patrocinador del terrorismo” y que de “ideologías
radicales” debe cesar inmediatamente. Editor
Estado español
La deuda pública alcanza ya los 1’1 billones de euros y supera el 100% del PIB
Por Kaos. Laboral y EconomíaKAOS EN LA RED - Publicado en: 16 Junio, 2017
Desde
el año 2012 la deuda ha subido más del 30%. Rajoy ostenta el récord de
ser el Presidente del Gobierno que más ha endeudado a España en un
siglo, según los registros del Fondo Monetario Internacional (FMI).
La deuda del conjunto de las administraciones públicas españolas se situó en 1,128 billones de euros en el primer trimestre de 2017, lo que supone un 2% más en comparación con los tres meses precedentes (1,106 billones). Desde el año 2012 la deuda pública española no ha hecho más que subir y Rajoy ostenta el récord de ser el Presidente del Gobierno que más ha endeudado a España en un siglo, según los registros del Fondo Monetario Internacional (FMI). Cabe recordar que Zapatero dejó la deuda pública en un 67% del Producto Interior Bruto (PIB) y en 5 años Rajoy la ha aumentado más de un 30%.
La
deuda pesa como una losa sobre la economía y la sociedad españolas. Sin
embargo, como indican movimientos contrarios a ella, se necesitaría una
auditoría que fije cuál es ilegítima y, por lo tanto, debería dejar de
pagarse. Pagando una deuda ilegítima cuyo pago la constitución establece
como prioritario gracias a la modificación que aprobaron PP y PSOE, no
es posible llevar adelante un plan económico que dé salida a los
problemas de la mayoría de la sociedad. La deuda al fin y al cabo es un
gran negocio bancario, dándose la paradoja, además, de que algunos de
los bancos beneficiados por el rescate bancario, que se transformó en
deuda pública, hacen negocio con ella.
La deuda ya supone el 100’4% del PIBLa deuda del conjunto de las administraciones públicas españolas se situó en 1,128 billones de euros en el primer trimestre de 2017, lo que supone un 2% más en comparación con los tres meses precedentes (1,106 billones). Desde el año 2012 la deuda pública española no ha hecho más que subir y Rajoy ostenta el récord de ser el Presidente del Gobierno que más ha endeudado a España en un siglo, según los registros del Fondo Monetario Internacional (FMI). Cabe recordar que Zapatero dejó la deuda pública en un 67% del Producto Interior Bruto (PIB) y en 5 años Rajoy la ha aumentado más de un 30%.
Economía insiste en el 98,8%
De
esta manera, en valores absolutos la cuantía de la deuda pública
española se ha incrementado en 21.767 millones entre enero y marzo. Los 1,128 billones es la cifra más elevada de la serie histórica de deuda trimestral del Banco de España, que arranca en el año 1995.
Esta cantidad representa el 100,4% del Producto Interior Bruto (PIB),
por encima del 99,4% en que cerró 2016, según datos del supervisor
publicados este jueves. Fuentes del Ministerio de Economía, Industria y
Competitividad señalaron que el nivel de deuda “alcanzado se debe a
factores como el diferente calendario de emisiones y amortizaciones”.En
todo caso, señalaron que “al margen de las oscilaciones puntuales,
mantenemos que al final del ejercicio se cumplirá el objetivo, situado
en el 98,8% del PIB”.
Los ayuntamientos reducen deuda y el Estado marca máximos
Los ayuntamientos fueron la única administración que redujo su deuda en el primer trimestre, con 3.486 millones de euros menos un año antes, mientras que el Estado, con 814.386 millones, y las Comunidades Autónomas, con 279.264 millones, la aumentaron hasta marcar máximos históricos.
Los datos publicados por el Banco de España muestran que las corporaciones locales registraron un endeudamiento de 31.567 millones de euros, cifra que se ha reducido el 9,9 % en el último año hasta representar el 2,8 % del PIB.
Dentro del buen comportamiento experimentado por los ayuntamientos, destaca en concreto el de algunos con más de 500.000 habitantes, como Madrid que ha reducido su deuda un 23,6 % en el último año, aunque sigue siendo la ciudad más endeudada (3.611 millones), seguida de Zaragoza, con 1.011 millones (7,5 % menos).
También llama la atención la evolución de Bilbao (66 % menos), Alicante (24,2 % menos), Valladolid (16,5 % menos), Palma (13,8 % menos) o Sevilla (11,6 % menos) y, en el lado contrario, Murcia (94,3 % más) y Barcelona (12 % más), que han sido las únicas grandes ciudades que han aumentado su deuda en el último año.
Por su parte, el endeudamiento de la Administración Central aumentó un 0,5 % en los tres primeros meses del año, respecto a un año antes, hasta los 814.386 millones de euros (equivalentes al 72,4 % del PIB), una cifra nunca vista en la serie histórica del Banco de España que comenzó en 1994.
También en máximos se encuentra la deuda de las comunidades autónomas, que registró un crecimiento interanual del 5 %, hasta 279.264 millones (el 24,8 del PIB).
En todas las autonomías ha aumentado el porcentaje sobre el PIB de la deuda respecto al mismo periodo de 2016, excepto en Andalucía, Asturias y Baleares, donde disminuyeron, y Canarias y Cataluña, donde se mantuvieron igual.
La región que salió peor parada fue la Comunidad Valenciana (41,5 %), seguida por Castilla-La Mancha (36,5 %), Cataluña (35,2 %), Baleares (30,4 %) y Murcia (28,8 %).
Por contra, las autonomías menos endeudas en porcentaje del PIB fueron la Comunidad de Madrid (14,9 %), País Vasco (15,1 %), Canarias (16 %), Navarra y La Rioja (ambas con el 19,1 %).
Tampoco ha sido positivo el comportamiento de la deuda de la Seguridad Social, que ha pasado del saldo positivo de 14.184 millones de euros del primer trimestre de 2016 al negativo de 3.502 millones del mismo periodo de este año, una cifra que representa el 0,3 % del PIB.
Los datos publicados por el Banco de España muestran que las corporaciones locales registraron un endeudamiento de 31.567 millones de euros, cifra que se ha reducido el 9,9 % en el último año hasta representar el 2,8 % del PIB.
Dentro del buen comportamiento experimentado por los ayuntamientos, destaca en concreto el de algunos con más de 500.000 habitantes, como Madrid que ha reducido su deuda un 23,6 % en el último año, aunque sigue siendo la ciudad más endeudada (3.611 millones), seguida de Zaragoza, con 1.011 millones (7,5 % menos).
También llama la atención la evolución de Bilbao (66 % menos), Alicante (24,2 % menos), Valladolid (16,5 % menos), Palma (13,8 % menos) o Sevilla (11,6 % menos) y, en el lado contrario, Murcia (94,3 % más) y Barcelona (12 % más), que han sido las únicas grandes ciudades que han aumentado su deuda en el último año.
Por su parte, el endeudamiento de la Administración Central aumentó un 0,5 % en los tres primeros meses del año, respecto a un año antes, hasta los 814.386 millones de euros (equivalentes al 72,4 % del PIB), una cifra nunca vista en la serie histórica del Banco de España que comenzó en 1994.
También en máximos se encuentra la deuda de las comunidades autónomas, que registró un crecimiento interanual del 5 %, hasta 279.264 millones (el 24,8 del PIB).
En todas las autonomías ha aumentado el porcentaje sobre el PIB de la deuda respecto al mismo periodo de 2016, excepto en Andalucía, Asturias y Baleares, donde disminuyeron, y Canarias y Cataluña, donde se mantuvieron igual.
La región que salió peor parada fue la Comunidad Valenciana (41,5 %), seguida por Castilla-La Mancha (36,5 %), Cataluña (35,2 %), Baleares (30,4 %) y Murcia (28,8 %).
Por contra, las autonomías menos endeudas en porcentaje del PIB fueron la Comunidad de Madrid (14,9 %), País Vasco (15,1 %), Canarias (16 %), Navarra y La Rioja (ambas con el 19,1 %).
Tampoco ha sido positivo el comportamiento de la deuda de la Seguridad Social, que ha pasado del saldo positivo de 14.184 millones de euros del primer trimestre de 2016 al negativo de 3.502 millones del mismo periodo de este año, una cifra que representa el 0,3 % del PIB.
Estos tres problemas –el social, el nacional y el democrático- están claramente relacionados, pues tienen causas comunes, entre las cuales, las más importantes son el enorme dominio que las fuerzas conservadoras y los grandes poderes financieros y económicos del país han tenido y continúan teniendo sobre el Estado español. El maridaje tan acentuado entre unos y otros –base también de la enorme corrupción que caracteriza tal Estado- es la raíz de cada uno de estos problemas.
La ocultada enorme crisis social del país
La enorme influencia que estos poderes financieros y económicos del país ejercen sobre los mayores medios de información privados, así como la gran influencia que los partidos gobernantes tienen sobre los medios de información públicos (radiofónicos y televisivos) determinan una percepción de la realidad sesgada que promueve la visión favorable a dichos intereses financieros y económicos. Un ejemplo de ello es la imagen que tales medios están promoviendo de que la economía española se está recuperando, liderando además la supuesta recuperación de la Eurozona.
Los testarudos datos muestran, sin embargo, no solo que el enorme drama social que España vive continúa, sino que el deterioro tan notable sigue aumentando. Como bien señaló Pablo Iglesias, el candidato a la presidencia del gobierno en la moción de censura, en esta España gobernada por el Partido Popular, los beneficios de las empresas, tanto financieras como no financieras, han ido aumentando por encima de los de la zona euro, mientras que las rentas del trabajo han continuado descendiendo, habiéndose alcanzado un nivel de desigualdad de rentas nunca antes visto durante el periodo democrático (siendo el nivel de desigualdades parecido al que se registró en el momento álgido y más represivo de la dictadura). Tales desigualdades continúan aumentando, desigualdades que son incluso mayores cuando hablamos no de rentas, sino de propiedad del capital, habiéndose alcanzado también un nivel récord en la Eurozona. El 1% de la población española con mayor patrimonio poseía el año pasado más de una cuarta parte de la riqueza del país, mientras que el 20% más pobre se quedaba sólo con un 0,1% de la riqueza.
El otro gran problema es el nacional que ocupa gran espacio mediático y que oculta el problema social
Si uno analiza la prensa y la televisión del país no verá, sin embargo, tal enorme crisis social ni el gran crecimiento de las desigualdades y de la concentración de la riqueza en España. En su lugar, el tema con mayor visibilidad mediática que hoy existe en este país es el conflicto entre el Estado español (gobernado por el Partido Popular), por un lado, y la gran mayoría de la población de Catalunya que desea poder ejercer el derecho a decidir sobre su articulación con el resto de España, en el que hay que incluir un sector minoritario, pero grande, que desea el independentismo, liderado este último por una coalición de un partido liberal conservador (PDeCAT) y un partido (ERC) que se define como socialdemócrata radical (ambos partidos de sensibilidad independentista) que, bajo el nombre de Junts Pel Sí, gobiernan la Generalitat de Catalunya. El primero de estos dos partidos, PDeCAT, es el sucesor de Convergència, que ha gobernado Catalunya (junto con un partido conservador cristiano-demócrata, UD, hoy desaparecido) durante la gran mayoría del periodo democrático. Tal partido es hoy el que lidera la coalición del gobierno catalán.
Es importante señalar que las fuerzas conservadoras de sensibilidad neoliberal que protagonizan estas tensiones (el PP y el PDeCAT) son partidos conservadores nacionalistas de signo contrario (el españolista, por un lado, y el catalanista, por el otro) que, aún cuando están en polos opuestos en el tema nacional, coinciden en la aprobación de muchas de las leyes y reformas (en realidad contrarreformas) que conjuntamente han apoyado en las Cortes Españolas (que cubren desde las reformas laborales que han debilitado a los sindicatos, facilitando con ello el descenso de los salarios y el aumento del desempleo, a las reformas fiscales, altamente regresivas, que han facilitado la concentración de las rentas y de la propiedad del capital, así como los grandes recortes de gasto público social). Ambas están utilizando el tema nacional para movilizar sus bases con gran éxito. A nivel de España, los dos partidos están sumergidos en juicios que parecen demostrar un profundo grado de corrupción. Y, sin embargo, a ninguno de los dos parece que tal corrupción les haya afectado tan negativamente como uno esperaría. La todavía elevada popularidad del Partido Popular, a pesar de su elevadísimo grado de corrupción y de sus políticas de austeridad y regresividad fiscal, se debe, en gran parte, a la identificación de tal partido con la supuesta “defensa de la unidad de España” (expresión muy característica de la cultura franquista, todavía persistente en amplios sectores de la población española que niega la plurinacionalidad de España).
Ahora bien, esta visión uninacional de España nunca ha sido popular en las mal llamadas “periferias”, incluida Catalunya, donde las fuerzas democráticas que lucharon contra la dictadura, lideradas por las izquierdas, siempre habían tenido una visión plurinacional de España, basada en un derecho a decidir que garantizara una unión fraternal y deseada, y no forzada, rompiendo con el Estado uninacional de carácter jacobino que históricamente caracterizó al Estado monárquico español. Derecho a decidir incluía, como garantía de que tal unión fuera deseada, la posibilidad de secesión. En esta breve nota histórica es importante subrayar dos hechos. Uno que fue reconocido incluso por el ex presidente de la Generalitat de Catalunya Jordi Pujol, punto de referencia para CDC, era que el soberanismo estaba en el ADN de las izquierdas catalanas. Mucho más, por cierto, que entre los nacionalismos catalanes. Y el otro hecho es que esta soberanía era demandada no solo por las izquierdas catalanas, sino también por las izquierdas españolas, incluido el PSOE, el cual abandonó tal postura en la transición, debido a la presión del Monarca (los Borbones fueron siempre los máximos valedores de la visión jacobina del Estado) y del Ejército. Como en otros abandonos, el PSOE no ha explicado nunca el porqué de su abandono de su compromiso con el derecho de autodeterminación, convirtiéndose, junto con el PP, en el máximo valedor del Estado actual borbónico. Tal derecho era el derecho de decisión, afirmando así su identidad y soberanía nacional.
La confusión, tanto entre los nacionalistas españolistas como entre los independentistas, entre lo que es soberanía, por un lado, y lo que es secesión o independentismo, por el otro
En realidad, no fueron las derechas nacionalistas catalanas (CDC y UD), que, como indiqué antes, gobernaron Catalunya la mayoría del periodo democrático, las que intentaron recuperar el soberanismo (el derecho a decidir) en Catalunya, sino las izquierdas catalanas –el Gobierno tripartito de la Generalitat de Catalunya, presidido por Pasqual Maragall- las que sí lo hicieron con el Estatut de Catalunya que, incluso después de ser refrendado por el Parlament de Catalunya y por las Cortes Españolas, fue recortado sustancialmente por el Tribunal Constitucional en los elementos esenciales definitorios de la identidad y soberanía catalanas. El silencio frente a tal recorte por parte del establishment político-mediático español (incluyendo el PSOE), fue la mayor causa del crecimiento del independentismo, transformando parte del soberanismo en independentismo, siendo los partidos independentistas, a partir de entonces, los que se beneficiaron más de tal enfado popular, que se tradujo en grandes movilizaciones populares. En realidad, es a partir de este periodo que CDC, que nunca había sido independentista, se transformó en independentista, intentando liderar tal movimiento. Fue una muy hábil maniobra para intentar dejar en segundo plano su enorme corrupción, conocida pero silenciada tanto por los medios en Catalunya como por el establishment político, mediático e intelectual catalán. Convergència (junto con UD) gobernó la Generalitat de Catalunya, de una manera clientelar, utilizando las instituciones para su beneficio personal y partidista conforme el nacionalismo patrimonialista, que Pablo Iglesias definió (en su presentación en el debate de censura) como característico de las derechas españolas. La derecha catalana hizo lo mismo en Catalunya, siendo igual de corrupta. Poquísimas voces (en las que me incluyo yo) en Catalunya, sin embargo, denunciamos tal corrupción, siendo “mal vistos”, e incluso vetados, por la intelectualidad nacionalista, conservadora y hegemónica que gozaba del absoluto control de los medios públicos de información y de una considerable influencia en los privados, influencia que se ejercía, entre otras intervenciones, a través de los abundantes fondos que proveía la Generalitat de Catalunya a los medios (y que continúan proveyendo), con los que compraba su complicidad.
Este control patrimonial del Estado por parte del partido nacionalista conservador ha creado un ambiente político, intelectual y cultural profundamente conservador en las instituciones de la Generalitat de Catalunya. Y un resultado de ello ha sido, a partir de su conversión al independentismo, la monopolización del concepto de soberanismo por parte del independentismo, identificación que ha sido también usada manipuladamente por el Estado central como manera de eliminar el concepto del soberanismo, identificándolo solo y exclusivamente con el secesionismo. Soberanismo y secesión o independentismo son, sin embargo, dos conceptos distintos. El primero es la capacidad de decidir, el segundo se limita a decidir por una opción, que es la secesión. La prensa jacobina como El País constantemente se refiere a los independentistas como soberanistas, tal como hacen también los independentistas. Sin embargo, los soberanistas son el 80% de la población (la gran mayoría de los catalanes) que considera que es el pueblo catalán el que debe decidir. Los que desean la independencia son una minoría (grande, pero minoría).
El famoso “procés independentista” como estrategia electoral
Es interesante señalar que esta captación del soberanismo por parte del secesionismo ha sido muy rentable electoralmente, pues presenta la demanda por el referéndum (el derecho a decidir) como su marca electoral, identificando democracia (la puesta de las urnas) con secesionismo, identificación que se promueve en los medios (tanto en los favorables como en los no favorables al independentismo). Ni que decir tiene que un referéndum es la propuesta coherente con la defensa del soberanismo (es decir, el deseo al derecho a decidir). Ahora bien, un proceso como un referéndum necesita, para ser creíble, reunir las condiciones para cualquier ejercicio democrático, incluyendo, entre otras condiciones, la pluralidad de medios que permitan un acceso a todas las posturas refrendadas. Pero estas condiciones no existen hoy en Catalunya. En las condiciones actuales hoy en Catalunya de limitadísima democracia, con un control e instrumentalización de las instituciones de la Generalitat de Catalunya y sus medios por parte del gobierno secesionista, daría como resultado la victoria del independentismo, debido a que habría una movilización masiva del voto independentista, con una clara abstención de una población catalana cuya mayoría es soberanista, pero muy escéptica hacia la credibilidad democrática del proceso hacia la secesión, incredulidad que se acentúa todavía más a medida que el proceso continúa. Es lógico, por lo tanto, que gran parte de las fuerzas políticas de izquierdas catalanas no apoyen completamente tal proceso, pues apoyarlo en estas condiciones, que no son suficientemente democráticas, sería legitimarlo.
Esta resistencia a legitimarlo –tal como se ha estado desarrollando- procede de las izquierdas soberanistas, como Un País en Comú, liderado por Ada Colau y Xavier Domènech, y también de los no soberanistas, como el PSC, que, habiendo sido uno de los mayores proponentes del soberanismo durante el gobierno tripartito presidido por Pasqual Maragall, ha pasado –debido a las presiones del PSOE- a ser opuesto al soberanismo. A nivel del Estado, la mayor fuerza política que apoya el soberanismo y el referéndum, realizado en condiciones democráticas, evitando que sea (y se perciba a nivel nacional e internacional) como un ejercicio democrático carente de credibilidad es la coalición Unidos Podemos, que ha apoyado a Catalunya en Comú en su apoyo al referéndum realizado en condiciones democráticas.
El proceso a una nueva Catalunya no puede ser liderado por las derechas nacionalistas, de la misma manera que el proceso a una nueva España plurinacional no puede ser liderado por la derecha conservadora neoliberal
Hoy, la derecha nacionalista conservadora que lidera el gobierno independentista de la Generalitat de Catalunya -PDeCAT- presenta la independencia como la solución al enorme problema social de Catalunya (Catalunya es uno de los países de la UE-15 con mayor pobreza infantil, mayor precariedad y menor gasto público social, siendo uno de los países cuyo gobierno –la Generalitat de Catalunya- ha recortado más el gasto público social durante la Gran Recesión), argumentando que la causa de tal problema no son los más de treinta años de gobiernos de derechas que Catalunya ha tenido, sino la articulación de Catalunya con el Estado español, ocultando que las políticas públicas que han determinado la crisis social fueron aprobadas con el apoyo de estas mismas derechas (CDC convertida a PDeCAT), ahora independentistas. Sin reconocer tal realidad, presentan la independencia como la solución de la crisis social, bajo la dirección de los economistas gurús del partido hegemónico en el gobierno, el PDeCAT, que constantemente aparecen en los medios públicos que ellos controlan, como el ultraliberal Sala i Martín.
Es obvio que esta fuerza hegemónica dentro del gobierno catalán está utilizando el referéndum como medida de agitación electoral, pues cuando el referéndum no se permita llamará a la población a unas elecciones que se presentarán manipuladamente como el conflicto entre el soberanismo catalán y el autoritarismo antidemocrático del Estado Central, logrando así una gran capacidad de movilización. El objetivo del proceso para la dirección de la derecha independentista PDeCAT es, por mucho que lo niegan, claramente electoralista. Ni que decir tiene que me estoy refiriendo a la dirección de tal partido, herederos del pujolismo, y no a sus militantes o votantes, cuya motivación responde a un sentido noble de apoyo a la identidad y soberanía catalanas, que incluye su preferencia por la secesión.
Observaciones amistosas a los partidos independentistas de izquierda
Pero tal estrategia independentista tendrá un coste elevado para el proyecto político que dicen defender, pues, aún cuando tenga una rentabilidad electoral elevada, retrasará todavía más alcanzar su objetivo de soberanía que permitiría el desarrollo del independentismo. La experiencia en otros países, como Escocia, es abrumadora. La hegemonización del proceso independentista por parte de las derechas como ocurre hoy en Catalunya, nunca conseguirá el apoyo mayoritario de la clase trabajadora en Catalunya y otros sectores de las clases populares, que si bien apoyan el soberanismo (el derecho a decidir) no apoyan el independentismo. De ahí se deriva una observación que me permito dirigir, con gran respeto y estima, a los independentistas de izquierda, y muy en particular a ERC y a la CUP. Hubiera sido mejor para estas fuerzas apostar en este momento por el soberanismo en lugar del independentismo, dirigiendo el proceso junto con otras fuerzas soberanistas sin identificarlo como independentismo, enfatizando la necesidad de resolver el problema social, asociando el concepto de soberanismo con la democratización de toda la sociedad, de manera que la población identificara claramente ya ahora y no después, el proceso de cambio social, colaborando en este proceso con otras fuerzas que están emergiendo en el resto de España y que están exigiendo (con considerable apoyo popular) una redefinición de España, con la aceptación del plurinacionalismo. Centrar el proceso en la secesión y el enfrentamiento con España provocará que nunca se alcance la independencia, y no tanto porque el Estado central no permita el referéndum (lo cual hay que continuar denunciando con toda intensidad y contundencia), sino, mucho más importante, porque la mayoría de las clases populares en Catalunya no lo apoyarán. De ahí mi consejo a ERC, que es un partido de izquierdas y que ha hecho mucho (como en la época del tripartito) para mejorar el bienestar de la población en Catalunya (y también, por cierto, por el bienestar de la población española en Las Cortes Españolas, votando a favor de las políticas públicas progresistas) que no se alíe con PDeCAT, sino con las izquierdas catalanas para cambiar Catalunya y romper con el subdesarrollo social de Catalunya, luchando para conseguir el soberanismo, lo cual es posible debido al surgimiento de fuerzas políticas de izquierda, como Unidos Podemos, Catalunya en Comú, En Marea, Compromís, y otras que están redefiniendo España, además de luchar por la justicia social. Como he señalado en repetidas ocasiones, para resolver el tema nacional hay que anteponer el tema social, a fin de movilizar a la mayoría de las clases populares. El partido independentista escocés barrió electoralmente los mayores barrios obreros en Escocia, cuando enfatizó el tema social. Bajó tal apoyo, cuando se centró en el tema independentista. Sin una amplia coalición de fuerzas de izquierda no habrá soberanismo en Catalunya. La evidencia es abrumadora.
El tercer mayor problema en España: las enormes limitaciones de la democracia española
Lo cual nos lleva al último problema en España, el enorme déficit democrático, también esencial para entender por qué el deterioro social de España, incluyendo Catalunya, está continuando. Y tiene que ver con las enormes limitaciones de la democracia española, algo de lo cual la ciudadanía española es plenamente consciente, pues la gran mayoría está de acuerdo con los eslóganes del 15-M “no nos representan” y “no hay pan para tanto chorizo”. El 15-M fue una bocanada de aire fresco en una situación asfixiante. Hoy en España gobierna un partido sumamente corrupto, y responsable en gran parte de las políticas públicas impuestas a la población, las cuales están dañando la calidad de vida y el bienestar social de las clases populares, políticas que son altamente impopulares (como muy bien ilustró la excelente presentación de la portavoz de Unidos Podemos, Irene Montero, en la presentación de la moción de censura en contra del Gobierno Rajoy en las Cortes Españolas). Además de un partido corrupto, es sumamente represivo, mostrando claras tendencias de autoritarismo y totalitarismo, fieles herederos de los que controlaron la dictadura. Es un partido apoyado por una minoría de la población. Pero hay que entender que la mayor causa de que hoy esté gobernando este partido se debe a la desunión de las fuerzas democráticas herederas en su mayoría de las que fueron derrotadas en 1939.
Pero esta desunión está estimulada y programada por los grandes intereses financieros y económicos que continúan ejerciendo un enorme poder en España, que realizan todo tipo de maniobras para defender sus intereses. Y para tales poderes, el enemigo número uno en España es hoy Unidos Podemos y sus fuerzas aliadas –Catalunya en Comú y En Marea-, pues es visto, con razón, como el instrumento de las clases populares, algo que les atemoriza más, pues está claro que es la fuerza que ha liderado la oposición a las políticas públicas neoliberales que han hecho tanto daño a estas clases populares. En realidad, su existencia explica que España haya sido el único país en el que el rechazo popular hacia tales políticas no haya sido canalizado por las ultraderechas progresistas, sino por las izquierdas. Por cierto, el argumento tan extendido de que la dicotomía derecha versus izquierda no tiene ya validez, asume erróneamente que había izquierdas, lo cual es fácil de demostrar que no es cierto, pues las fuerzas mayoritarias de izquierdas, al adoptar el neoliberalismo, habían dejado de ser izquierdas. No es, pues, que el término de izquierda deje de tener significado; es que había dejado de existir. El proyecto de emancipación y lucha contra la explotación que ha caracterizado a las izquierdas siempre existirá mientras que exista explotación. Es un error no considerarse herederos de las enormes luchas en España lideradas por las izquierdas en contra de la explotación de clase, a la cual hay que añadir explotación de género, de raza y de nación.
Y hasta que apareció Podemos (cuyo espectacular crecimiento es muestra del enorme rechazo al establishment político-mediático del país) no hubo una fuerza mayoritaria que se opusiera a tales políticas neoliberales. En realidad, el PSOE fue el que inició tales políticas. Y esta es la gran línea divisoria entre las fuerzas que se oponen al gobierno Rajoy. Se vio claramente en 2016 cuando hubo posibilidades de que Rajoy fuera desalojado del gobierno. En contra de la visión promovida por los medios, el que no ocurriera no fue debido a Podemos o a su secretario general, Pablo Iglesias (la medida fue aprobada por todas las sensibilidades políticas dentro de Podemos), sino precisamente a la oposición del aparato del PSOE, tal como ha reconocido el propio dirigente de dicho partido, Pedro Sánchez. El aparato del PSOE se opuso tajantemente a que hubiera una alianza con Podemos, siendo ello un mandato. La alianza con Ciudadanos era un indicador, entre otros, de esta imposición. Y era la garantía de la continuación de las políticas neoliberales. Porque el PSOE no intentó aliarse con Podemos, y sí que lo hizo Ciudadanos. Es importante insistir en ello, pues el establishment político-mediático ha sido exitoso en convencer a amplios sectores de la población, incluida población de izquierdas, de que fue debido a Podemos y/o Pablo Iglesias que Sánchez no fuera ya Presidente de España. Tengo amigos a los que tengo gran estima y respeto que así lo creen. Entiendo que así sea pero la evidencia que yo vi, y la que escuché de personas que estuvieron en las reuniones me llevaron a otra conclusión. Como reconoció el candidato Sánchez en el programa Salvados, el aparato del PSOE lo vetó.
Y de ahí el enfado de las bases de tal Partido, el PSOE. Sin tal enfado, no se explican los resultados de sus primarias. (En realidad, sin la existencia del 15-M primero, de Podemos después, y de la alianza Unidos Podemos más tarde, no habrían ocurrido los grandes cambios que han estado ocurriendo en España). Ahora bien, una vez derrotado por mandato de la militancia, el aparato del partido del PSOE continuará presionando en contra. Y Sánchez ya dio en el pasado muestras de su excesiva flexibilidad. Y, por desgracia, los primeros signos de Sánchez no fueron prometedores. Atribuyéndose un derecho patrimonial de los votantes a Podemos, subrayó que quería recuperarlos, como si fueran propiedad suya y hubieran sido robados por la dirección de Podemos, la cual continua siendo “demonizada”, refiriéndose a ella como inmadura, no presidenciable, y otra retahíla de insultos que no ayudan a la necesaria camaradería entre aliados del proyecto de cambiar España.
Ahora bien, el debate en las Cortes a raíz de la moción de censura, abrió un nuevo espacio de deseada colaboración y alianza, y lo que había iniciado Unidos Podemos cuando, con una generosidad ejemplar ofreció a la nueva dirección del PSOE retirar su moción de censura si Sánchez se comprometía a presentarla en un futuro no lejano. A primera vista, esta negativa podría atribuirse a que tal candidato necesita estabilizarse en la dirección. Pero hay muchas maneras de comunicar un compromiso que Sánchez no ha mostrado. A la luz de estos datos, está claro que el mandato contundente de la militancia (que no hay otra manera de leer como un deseo profundo de una alianza con Podemos para echar a Rajoy) continúa en parte condicionado por el aparato que, por lo visto, no ha desaparecido. Es entendible la llamada a la unidad dentro del PSOE, pero es algo preocupante, pues tal unidad puede ahora repercutir negativamente en las posibilidades de aliarse con UP. Parece que ya ha ocurrido, pues, a lo máximo a lo que el PSOE ha llegado ha sido a la abstención, cuando podría votar a favor de la moción de censura, presentando un bloque claro de oposición a Rajoy por parte de las fuerzas de izquierda.
La moción de censura de Unidos Podemos no ganó en votos. Pero sí que ganó en cuanto a abrir toda una serie de posibilidades. En realidad, mostró que ya hay una posibilidad de que (tal como había propuesto UP en las últimas elecciones cuando la suma de las izquierdas más los nacionalismos podían entonces (y pueden ahora) sacar al PP del gobierno. Pero el que tiene que definirse es Sánchez y su equipo. Sin un cambio cualitativo en el comportamiento del PSOE, tenemos Rajoy para rato.
Por otra parte, la abstención de la derecha vasca (PNV) y catalana (PDeCAT) era y es sumamente predecible, pues siempre han antepuestos sus intereses de clase a sus intereses nacionales. Por cierto, alcanza unos niveles elevadísimos de incoherencia que el partido que lidera el gobierno, Junts Pel Sí (que ha definido al gobierno Rajoy como el máximo enemigo al derecho a decidir en Catalunya), no votara en contra de Rajoy. Pero esta incoherencia es constante, solo hay que recordar que, como bien señaló Pablo Iglesias, la Presidencia del Congreso pertenece al PP gracias al apoyo de la derecha nacionalista catalana, que intenta movilizar a la población catalana por razones electorales en contra del gobierno del PP. La razón de que se abstuviera en la votación se debe que tanto para el PDeCat como para el PP, Unidos Podemos es el enemigo o el adversario principal. Hay que subrayar, una vez más, que siempre votaron juntos a favor de las políticas neoliberales.
Las propuestas de gobierno, que Pablo Iglesias hizo con gran detalle, coherencia y credibilidad, están en las antípodas de lo que han hecho PDeCAT y el PP. En su presentación, hizo una propuesta de gobierno que es sumamente creíble. En una excelente presentación, documentó el enorme daño que el gobierno Rajoy ha hecho a la calidad de vida y bienestar de las clases populares de las distintas naciones y pueblos de España, y a la convivencia y solidaridad entre españoles. Y presentó un programa de gobierno muy necesario, con propuestas creíbles, señalando que la mayoría ya se han aplicado en otros países o se están aplicando ahora, por ejemplo en Portugal (por una coalición de izquierdas que podría también establecerse en España y en Catalunya), que revertiría las políticas neoliberales, permitiendo recuperar y expandir el bienestar de la población, incrementando la equidad y la eficiencia económica, mostrando la complementariedad de estos dos principios. Y lo que fue también importante es que, consciente de la crítica que las derechas siempre hacen, acusando a Unidos Podemos de utópico y poco realista, mostró, medida por medida, cómo se pagaría cada propuesta. Fue una lección de gobernabilidad, responsabilidad y relevancia. De ahí la enorme agresividad que Pablo Iglesias, UP y sus aliados En Comú y En Marea recibieron en sus presentaciones en el debate, agresividad que los que vieron el debate por televisión no pudieron ni ver ni oír. Estuve yo presente, desde la Tribuna, en el debate, y pude ver tal hostilidad con un comportamiento chulesco, arrogante, maleducado y grosero sin límites, que se presentó en gran abundancia por parte de la bancada de las derechas de siempre, y que señala la nula cultura democrática que los herederos del franquismo siempre han mostrado. Tal alborozo contrastó con el comportamiento de las nuevas fuerzas democráticas que, en su discurso y en sus propuestas, abrieron toda una serie de esperanzas, mostrando que si las nuevas fuerzas democráticas y las que ya existían se juntaran, otra España (incluyendo otra Catalunya) sería posible. Fueron un par de días de clara significación histórica.
EDITORIAL
Retrato del Gobierno más corrupto de Europa
LUIS GRAÑENA
14 de Junio de 2017
Rajoy ha salvado la moción de censura, nadie creyó que fuera a
ocurrir otra cosa, pero no ha podido evitar que su gobierno haya quedado
retratado como el más corrupto de Europa. La letanía de prohombres del
PP encarcelados o sometidos a proceso penal (el vicepresidente Rato,
tres presidentes autonómicos, diputados, senadores, tesoreros, alcaldes,
etc.) ha sonado en los discursos de Pablo Iglesias e Irene Montero, la
gran revelación política del debate, con la contundencia de un gong. Por
primera vez, el Parlamento y muchos ciudadanos han podido escuchar de
un tirón los 65 casos judiciales en los que está involucrado el partido
del Gobierno. La marea acusatoria ha sido tan poderosa que el propio
Rajoy ha preferido ponerse de perfil y ampararse en que los acusados ya
no están en la nómina de su partido. Ningún jurado hubiera apreciado sus
argumentos de defensa en el estrado de un tribunal.
El PP se presentaba a la moción de censura con la tranquilidad de saberse a salvo con el apoyo de Ciudadanos y con los dos años de legislatura que acaba de asegurarse tras la aprobación de los presupuestos. Pero la votación del pleno ha puesto en evidencia una vez más que la estabilidad que exhibe ante sus socios europeos está basada en una frágil mayoría relativa de 170 votos, y que los seis que le faltan para la mayoría absoluta exigen en cada caso una negociación onerosa, como se ha puesto en evidencia con el PNV y Nueva Canarias en los presupuestos.
A Pablo Iglesias se le ha reprochado que haya perdido la oportunidad de presentar un programa completo de gobierno, pero esto habría desviado el foco que el líder de Podemos ha querido centrar sobre la corrupción. En su discurso no han faltado referencias a la política del PP, que ha hecho recaer el impacto de la crisis económica sobre el tercio más vulnerable de la población, ni algunas propuestas para aliviar situaciones extremas vinculadas al paro, a la precariedad laboral o a las pensiones no contributivas, pero su objetivo principal estaba fijado en la corrupción del PP, que lo convierte en un partido indigno de gobernar España.
A sabiendas de que no iba a contar con su voto, el líder de Podemos ha tendido la mano al PSOE después de asumir que cometió algún error hace un año, cuando votó en contra de la candidatura de Pedro Sánchez a la presidencia del Gobierno. Los adversarios de entonces aparecen como aliados obligados, por mucho que se disputen los votos en los mismos caladeros. PSOE y Podemos suman 155 escaños en un parlamento en el que pueden intentar sumar votos adicionales para iniciativas que contribuyan a sanear la política.
La comisión de investigación recién constituida en el Congreso para examinar la financiación del PP es un espacio adecuado para comprobar el compromiso de todos los partidos con la trasparencia, singularmente de Ciudadanos, que dice haber convertido la regeneración de la vida pública en su principal bandera. A partir del examen de las cuentas del PP, que por los distintos sumarios judiciales en curso sabemos ya que están infladas de comisiones ilegales procedentes de los contratos públicos, debería nacer una batería de medidas legislativas que permitan un riguroso control del dinero público. Es ahí donde debería medirse la voluntad real de regeneración de los partidos.
La moción de censura de Podemos ha decaído, pero el Parlamento que se visualiza tras el regreso de Pedro Sánchez a la secretaría general del PSOE (muy bien representado por su nuevo portavoz, José Luis Ábalos) es bien distinto de aquel que votó a Rajoy para la presidencia del Gobierno gracias a la abstención de los socialistas. Los dos partidos de la izquierda, que seguirán compitiendo a cara de perro, parecen asumir al fin que solo un pacto entre ellos permitirá en el futuro expulsar del poder al PP de Rajoy.
Esa es quizá la mejor noticia, junto a la eclosión de Irene Montero como una portavoz incisiva y competente, de una moción de censura completamente justificada, dado el intolerable nivel de corrupción y de injerencia en el Poder Judicial alcanzado por el PP. No había más que ver las caras agrias de los diputados populares y la invectiva machista y macarra de su portavoz, Rafael Hernando, para darse cuenta de que la moción ha hecho mucho daño al PP y a sus socios. Pese a que los números y los medios patrocinados por los populares digan otra cosa, Podemos e Iglesias salen reforzados de su primera gran cita institucional, dando impresión de mayor credibilidad y madurez.
La unión del centro izquierda con la izquierda ha sido siempre una quimera en España. El tono empleado por Podemos y el PSOE en la tercera moción de censura de la democracia sugiere que la hipótesis defendida por Íñigo Errejón puede no ser un imposible. Ojalá suceda, por el bien del país. Desalojar del poder al partido más corrupto de Europa es una enorme urgencia democrática.
El PP se presentaba a la moción de censura con la tranquilidad de saberse a salvo con el apoyo de Ciudadanos y con los dos años de legislatura que acaba de asegurarse tras la aprobación de los presupuestos. Pero la votación del pleno ha puesto en evidencia una vez más que la estabilidad que exhibe ante sus socios europeos está basada en una frágil mayoría relativa de 170 votos, y que los seis que le faltan para la mayoría absoluta exigen en cada caso una negociación onerosa, como se ha puesto en evidencia con el PNV y Nueva Canarias en los presupuestos.
A Pablo Iglesias se le ha reprochado que haya perdido la oportunidad de presentar un programa completo de gobierno, pero esto habría desviado el foco que el líder de Podemos ha querido centrar sobre la corrupción. En su discurso no han faltado referencias a la política del PP, que ha hecho recaer el impacto de la crisis económica sobre el tercio más vulnerable de la población, ni algunas propuestas para aliviar situaciones extremas vinculadas al paro, a la precariedad laboral o a las pensiones no contributivas, pero su objetivo principal estaba fijado en la corrupción del PP, que lo convierte en un partido indigno de gobernar España.
A sabiendas de que no iba a contar con su voto, el líder de Podemos ha tendido la mano al PSOE después de asumir que cometió algún error hace un año, cuando votó en contra de la candidatura de Pedro Sánchez a la presidencia del Gobierno. Los adversarios de entonces aparecen como aliados obligados, por mucho que se disputen los votos en los mismos caladeros. PSOE y Podemos suman 155 escaños en un parlamento en el que pueden intentar sumar votos adicionales para iniciativas que contribuyan a sanear la política.
La comisión de investigación recién constituida en el Congreso para examinar la financiación del PP es un espacio adecuado para comprobar el compromiso de todos los partidos con la trasparencia, singularmente de Ciudadanos, que dice haber convertido la regeneración de la vida pública en su principal bandera. A partir del examen de las cuentas del PP, que por los distintos sumarios judiciales en curso sabemos ya que están infladas de comisiones ilegales procedentes de los contratos públicos, debería nacer una batería de medidas legislativas que permitan un riguroso control del dinero público. Es ahí donde debería medirse la voluntad real de regeneración de los partidos.
La moción de censura de Podemos ha decaído, pero el Parlamento que se visualiza tras el regreso de Pedro Sánchez a la secretaría general del PSOE (muy bien representado por su nuevo portavoz, José Luis Ábalos) es bien distinto de aquel que votó a Rajoy para la presidencia del Gobierno gracias a la abstención de los socialistas. Los dos partidos de la izquierda, que seguirán compitiendo a cara de perro, parecen asumir al fin que solo un pacto entre ellos permitirá en el futuro expulsar del poder al PP de Rajoy.
Esa es quizá la mejor noticia, junto a la eclosión de Irene Montero como una portavoz incisiva y competente, de una moción de censura completamente justificada, dado el intolerable nivel de corrupción y de injerencia en el Poder Judicial alcanzado por el PP. No había más que ver las caras agrias de los diputados populares y la invectiva machista y macarra de su portavoz, Rafael Hernando, para darse cuenta de que la moción ha hecho mucho daño al PP y a sus socios. Pese a que los números y los medios patrocinados por los populares digan otra cosa, Podemos e Iglesias salen reforzados de su primera gran cita institucional, dando impresión de mayor credibilidad y madurez.
La unión del centro izquierda con la izquierda ha sido siempre una quimera en España. El tono empleado por Podemos y el PSOE en la tercera moción de censura de la democracia sugiere que la hipótesis defendida por Íñigo Errejón puede no ser un imposible. Ojalá suceda, por el bien del país. Desalojar del poder al partido más corrupto de Europa es una enorme urgencia democrática.
Los estibadores europeos pararán 2 horas el 29 de junio en apoyo a sus compañeros del Estado Español
Por Kaos. InternacionalKAOS EN LA RED - Publicado en: 16 Junio, 2017
El paro está motivado por dos razones principales: el apoyo a la lucha de los estibadores españoles en su conflicto contra el Gobierno; y la lucha contra el modelo ultraliberal de la Unión Europea que va contra trabajadores y sindicatos.
El 29 de junio se realizará un paro de producción de dos horas (de 10:00 am a 12:00 pm) en todos los puertos de Europa, tal como recoge la resolución general de la asamblea de la zona europea del International Dockworkers Council (IDC), celebrada en Eslovenia.
Este paro está motivado por dos razones principales: el apoyo a la lucha de los estibadores españoles (que ayer anunciaban ocho días de paro a sumar a los tres de la próxima semana) en su conflicto contra el Gobierno; y la lucha contra el modelo ultraliberal de la Unión Europea que va contra trabajadores y sindicatos.
Según el IDC, “respecto al primer punto, los estibadores de España están defendiendo sus puestos de trabajo ante la lamentable situación creada por su Gobierno, al impulsar un Real Decreto Ley de forma unilateral no consensuado con los estibadores portuarios” y que, además, cuenta con el consentimiento de la Comisión Europea.
Para Jordi Aragunde, coordinador general del IDC, “el ministro español de Fomento, Íñigo de la Serna, y su equipo han obrado con una gran irresponsabilidad a través de la desestabilización de un sector en crecimiento, al aprobar un Decreto legislativo contrario a lo acordado entre empresas y trabajadores, y muy alejado de las reclamaciones del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, máxime teniendo en cuenta que desde Bruselas se ha dado la aprobación al cambio de modelo del sistema portuario en Bélgica, que incluía muchas de las reclamaciones que han realizado para sí los trabajadores en España”.
Según Aragunde, “esta irresponsabilidad se concreta también en los cambios de cromos entre grandes corporaciones marítimas anunciadas los últimos días (Cosco Shipping ha adquirido el 51% de Noatum, Bergé ha vendido su filial de remolque portuario a una empresa de Dubai…) y en la negativa de la patronal española a garantizar el empleo de los más de 6.000 trabajadores afectados en los puertos de todo el país; pese a que los estibadores han promovido diversas soluciones realistas al conflicto, desde hace más de cuatro meses; incluso con un anuncio de rebaja de sus salarios”.
Respecto al segundo motivo del paro previsto, se trata de dar respaldo al posicionamiento unánime del IDC en contra las políticas neoliberales de empresas y Administraciones gubernamentales, que tienen como objetivo destruir las conquistas sociales de los trabajadores, aumentar el trabajo precario y poner en cuestión la seguridad de sus empleos.
En este sentido, el IDC planteará su reintegración en la Mesa de Diálogo Social Sectorial promovida por la Comisión Europea con la finalidad de liderar los cambios necesarios en apoyo de los trabajadores.
Entre ellos: la igualdad de trato para todos los trabajadores portuarios, es decir, mismo salario por mismo trabajo; la negociación de convenios colectivos para todos los trabajadores portuarios; la creación de terminales “humanizadas” que favorezcan el desarrollo del empleo; la ratificación y obligatoriedad de cumplimiento de los Convenios 137 y 152 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por todos los Estados miembros de la Unión Europea; y la aplicación de políticas sociales en favor de los trabajadores, libres de la presión que ejercen las grandes corporaciones y lobbies.
Los empresarios representados por las patronales Feport y ESPO en este Comité tendrán que justificarse y confirmar su apego al desarrollo de empleos profesionales y no precarios en los puertos europeos. En este sentido, durante el presente mes de junio los responsables del IDC tienen prevista una reunión con representantes de Feport para abordar éstas y otras cuestiones.
La internacional de la estiba se opone frontalmente a cualquier intento de desarrollar la precariedad en los puertos; cualquier forma de privatización que vaya en contra de los intereses de los trabajadores portuarios (referente a sus derechos y sus empleos); los excesos de las políticas comunitarias que disminuyen los logros sociales conseguidos anteriormente; la presión ejercida por la política de los grandes operadores marítimos y puertos que cuestionan el empleo de los trabajadores; cualquier forma de discriminación sindical; y a todas las formas de racismo, fascismo y xenofobia.
Por otro lado, el IDC prevé diseñar una estrategia concreta de apoyo a los trabajadores portuarios de las instalaciones del puerto de Goteborg (Suecia), que están librando una batalla contra la precarización de sus puestos de trabajo frente a las grandes corporaciones marítimas y bajo la aquiescencia de la propia Comisión Europea y del Gobierno sueco.
La asamblea de zona europea del IDC congregó a delegaciones de trabajadores portuarios de Bélgica, Croacia, Chipre, Dinamarca, Francia, Grecia, Malta, Montenegro, Portugal, Reino Unido, España, Eslovenia, Suecia y Letonia los días 8 y 9 de junio de 2017.
http://www.naucher.com/es/actu
EH Bildu celebra su congreso de refundación entre peticiones de más democracia interna
La organización abertzale se dota este sábado de
estatutos y designará a Otegi como coordinador general. Cuarenta
militantes y cargos públicos han dado a conocer un manifiesto en el que
reclaman mayores vías de participación y plantean limitar los años de
contrato de los liberados.
Arnaldo Otegi, el pasado 6 de junio en un acto en Donosti. | REUTERS
Mismo continente, diferente contenido. Ocho días después de acoger el traumático congreso del PP de Bizkaia, el Palacio Euskalduna de Bilbao será escenario este sábado del acto de refundación de EH Bildu.
En el congreso de la coalición abertzale asumirá como líder uno de los
políticos más odiados por los conservadores, tanto en territorio
vizcaíno como en el resto de Euskadi: Arnaldo Otegi.
"Todavía hay gente inscribiéndose para
participar. Aún no sabemos el número definitivo", explicaba en las horas
previas la parlamentaria y periodista Jasone Agirre, una de las nuevas caras de EH Bildu.
La coalición formada por Sortu, EA, Aralar, Alternatiba y EA se prepara
para vivir una mañana de sábado intensa, en la que habrá dos capítulos:
en el primero, sin cámaras, se pondrá a votación el Documento Político y
los Estatutos de la organización, así como los nombres de los
integrantes de las comisiones de Cuentas y Garantías.
Luego, sobre las 12.00 horas, arrancará la parte pública del congreso. Allí, con la prensa de testigo, se votará la Declaración Política,
tras lo cual habrá intervenciones de los invitados internacionales
—entre los que se encuentran representantes del HDP kurdo, el Frente
Polisario, la Marcha Patriótica de Colombia o europarlamentarios del
Grupo de la Izquierda en Bruselas—. Junto a ellos también estarán
distintos dirigentes del BNG, ERC, Andecha Astur o Alternativa
Nacionalista Canaria, incluidos por los organizadores en el sector de
delegaciones extranjeras.
Tras dar a conocer los resultados de las
votaciones, llegará el turno de la parlamentaria y ex presentadora de
ETB Maddalen Iriarte —otra de las incorporaciones recientes— y del
veterano dirigente independentista Arnaldo Otegi, quien ocupará el
puesto de coordinador general en la mesa política de la nueva EH
Bildu. Durante el proceso precongresual sólo se presentó una plancha,
por lo que todo indica que resultará elegido sin mayores sobresaltos.
Además, la noticia ya es de sobra conocida en los ambientes abertzales
del país: para aspirar a ese puesto, Otegi tuvo que renunciar a la
secretaría general de Sortu. Su sucesor en el partido de la izquierda
independentista tradicional aún no ha sido designado.
"Un modelo más participativo"
Si bien nadie cuestiona el liderazgo de este
político abertzale, también es cierto que en las últimas semanas han
surgido distintas voces críticas con algunas propuestas que saldrán
adelante en el congreso. El ejemplo más claro tiene forma de manifiesto y
lleva como título Behar dugun EH Bildu (La EH Bildu que necesitamos). Según ha podido confirmar Público,
la iniciativa cuenta con el respaldo de unos cuarenta militantes y
cargos públicos —principalmente concejales— de la coalición. Cuesta
encajarles en alguno de los partidos que la conforman: entre ellos hay
integrantes de las distintas formaciones que dan vida a EH Bildu.
"Con ese manifiesto queremos expresar que EH Bildu debería caminar hacia ese modelo más democrático y participativo", explicó uno de sus firmantes, el concejal en Durango Ion Andoni del Amo.
Alcanza con repasar el listado de apoyos para certificar que esta
iniciativa lleva el sello inconfundible de su pueblo: todos los
concejales abertzales en ese municipio —gobernado actualmente por el
PNV— han suscrito el texto, que finalmente no será sometido a votación
en el congreso de este sábado. "La dirección nos ha respondido que le
parece interesante de cara al futuro, pero en principio ahí se queda",
explicó Del Amo. A su juicio, el encuentro de este sábado "abre la
puerta hacia ese modelo, aunque muy tímidamente. Creemos que habría que
haber sido más valientes".
El manifiesto reivindica que esta organización política "camine decididamente hacia ese modelo de organización democrática, transparente, participativa, municipalista,
y hacia la conformación política de un bloque popular antagonista y
hegemónico". "Se podría resumir de la siguiente manera —apunta el
concejal de Durango—: una apuesta radical por la democracia interna y la
participación en todos los ámbitos, desde la elección de listas hasta
los debates". Entre otros aspectos, proponen también que los contratos
de los liberados —personas a sueldo de la coalición— no excedan los ocho
años "para evitar puertas giratorias a otras organizaciones políticas".
"Un militante, un voto"
Ante esas propuestas, Jasone Agirre —quien
ocupará el puesto de relaciones con la diáspora vasca en la nueva
dirección política— asegura que la creación del Bilkide o militante de EH Bildu garantizará que todos los militantes "tendrán voz y voto". También consideró como "sano, normal y hasta obligatorio" que
en el marco de un congreso surjan distintas alternativas. "Lo que sí le
puedo asegurar —añadió— es que saldremos fortalecidas". Se sabrá poco
antes del mediodía.
Congreso EH Bildu: Arnaldo Otegi, elegido coordinador general de EH Bildu con el 84% de los votos
El líder vasco ha agradecido a las bases de la nueva
formación su amplio apoyo y ha asegurado que el Estado español "no tiene
derecho" a tomar decisiones políticas sobre el pueblo vasco, al tiempo
que ha reivindicado su independencia.
Arnaldo
Otegi, coordinador general, y Maddalen Iriarte, portavoz en el
Parlamento Vasco, durante el congreso de refundación de EH Bildu, que se
ha dotado hoy de una nueva organización interna, con una Mesa Política
que dirigirá la formación y veinte secretarías sectoriales que la
asesorarán sobre las diferentes materias. EFE/Miguel Toña
El secretario general de Sortu, Arnaldo Otegi, ha sido elegido como primer coordinador general de EH Bildu, en el Congreso de refundación de EH Bildu logrando el respaldo del 84 % de los votos.
La única candidatura que se presentaba a la
dirección o Mesa Política de EH Bildu como nuevo partido, liderada por
Otegi, ha contado con el respaldo del 84 % de los simpatizantes que han votado, 2.144 apoyos.
El censo estaba compuesto con 4.901 personas
que se habían inscrito previamente a través de internet y de ellos,
2.625, es decir un 54 %, han participado en la elección de la Mesa
Política, que encabeza Otegi, con Gari Mujika de director general, además de Ainhoa Beola (Programa), Koldo Castañeda (Comunicación), Maider Carrere (Organización Interna) y Josu Juaristi (Internacional).
De los participantes, la plancha ha tenido un 84 % de síes, un 10 % de votos en contra y un 5 % en blanco.
Por otra parte, se han votado de manera
individual otros representantes de la Mesa Política que han logrado el
respaldo mayoritario, superando en todos los casos el 80 % de los votos.
Así, estarán en mesa los cuatros coordinadores territoriales, que son Ibon San Saturnino (Álava), Asier Vega (Bizkaia), Unai Larreategi (Gipuzkoa) y Jon Garai (Navarra), y cada uno de los partidos socios de la anterior coalición tendrá un representante.
Asimismo, participarán los coordinadores y portavoces de los grupos parlamentarios: Bakartxo Ruiz y Adolfo Araiz (Navarra); Unai Urruzuno y Maddalen Iriarte (Parlamento vasco) y Marian Beitialarrangoitia (Congreso/Senado).
En su primera intervención como coordinador general, Otegi ha
agradecido a las bases de la nueva formación su amplio apoyo y ha
asegurado que el Estado español "no tiene derecho" a tomar decisiones
políticas sobre el pueblo vasco, al tiempo que ha reivindicado su
independencia.
Ha apoyado "la batalla por la libertad y dignidad"
que están dando los independentistas catalanes que es, en realidad, la
lucha "de los pueblos del Estado que exigimos el respeto a nuestros
derechos nacionales y sociales".
Además de designar la dirección del nuevo
partido, el congreso ha aprobado con el 93 % de votos de los asistentes
el documento político que recoge su proyecto para los próximos años y ha
respaldado mayoritariamente los estatutos, que han sido debatidos
internamente en las últimas semanas.
Asimismo, ha designado a los componentes de la Comisión de Cuentas y de Garantías.
Euskal Herria Bildu planteó esta
cita como el inicio de una nueva etapa en que la formación abertzale
supere la fórmula de coalición de partidos, para dotarse de órganos
propios con capacidad ejecutiva, como cualquier partido al uso.
Bildu se fundó hace seis años como coalición electoral entre Sortu, Eusko Alkartasuna y Alternatiba, y poco después se transformó en EH Bildu con la incorporación de Aralar.
Tras el congreso, los cuatro partidos seguirán existiendo y teniendo representación en EH Bildu,
pero la formación contará con sus propios militantes, que podrán no ser
afiliados de ninguno de los partidos socios, y con órganos directivos
propios elegidos por las bases, no por los partidos.
CHILE
Fenpruss decidió desafiliarse de la CUT con un 51% de respaldo de las bases
Trabajadores de la Salud acusan al PC de operar para que fueran expulsados de la mesa que negociará el reajuste del sector público
por Macarena Segovia 15 junio, 2017 - EL MOSTRADOR
Con una participación cercana al 90%, el 51% de los afiliados a la Fenpruss determinaron su salida de la CUT, decisión que “es parte de un proceso largo de análisis interno, el que consideró reparos relacionados con diversos ámbitos orgánicos de la Central, así como la poca confiabilidad de los padrones electorales, falta de rigurosidad de los informes financieros, y la escasa representatividad y presencia de la CUT en las demandas sociales. Esto se suma –sostienen- a su errático actuar en la última reforma laboral del país y los fraudes electorales, hechos reconocidos por las máximas autoridades de la Central”, explicaron desde la organización. “La consecuente y necesaria decisión de desafiliarnos de la CUT es para merecerla, ya que el estado de descomposición es tal, que día a día es menos representativa”, aseguró Gabriela Farías, presidenta de la instancia.
Esta definición se tradujo en su salida de la Mesa del Sector Público, en una reñida votación, ocho de las quince organizaciones que la componen optaron por su expulsión, a horas de que se diera a conocer la resolución de sus bases. En una declaración publicada el miércoles 14 de junio, la Fenpruss señaló, que “ha diferencia de otras organizaciones que han decidido congelar, Fenpruss tomó la decisión de desafiliarse, pues hace cuatro años ya hizo el ejercicio de congelar”, tras lo cual Bárbara Figueroa habría comprometido un cambio en la conducción y prácticas al interior de la multigremial, cambios que según la organización de salud “no se llevó a efecto en ninguno de sus puntos”.
Quienes habrían respaldado a la organización al interior de la Mesa del Sector Público, fueron el Colegio de Profesores, la Confusam, Confemuch, Antue y Fenafuech, lo que no fue suficiente para su permanencia en el espacio. Según la organización del área de la salud su expulsión es “un error político”, debido a que la Mesa del Sector Público perdería su característica de un espacio “permanente de unidad de los trabajadores del sector público”.
Para el presidente de la Confusam, Esteban Maturana, “es una triste noticia lo que ocurrió con la Fenpruss”, debido a que dicha organización, junto con la Confusam eran las “más activas” y hasta la punta de lanza en la negociación del sector salud. Maturana explica que ni siquiera se esperó a que la renuncia a la CUT se hiciera “efectiva en aspectos formales”, para votar su expulsión de la Mesa.
A pesar de que para ser parte de la Mesa de Negociación del Sector Público se requiere ser parte de la Central, Maturana explica que en los últimos años se ha sido flexible con dicho requerimiento, ya que “en esa mesa -salud- hay una organización que lleva ocho años sin pagar cuotas y por lo tanto en estricto rigor no debería estar afiliado a la CUT”, lo que según el dirigente evidencia que “hay un manejo de los criterios discrecional”.
El presidente de la ANEF, Carlos Insunza, asegura que “no hay ninguna expulsión”, sino que en el marco de una reunión programada para revisar la integración de nuevas organizaciones se ratifica el requisito de estar afiliado a la CUT para ser parte de la Mesa, razón por la cual se determina la salida de la Fenpruss. Según un comunicado de la CUT se estableció que “la Mesa del Sector Público es una instancia de la Central Unitaria de Trabajadores; integrada por organizaciones nacionales afiliadas a la CUT; siendo la propia MSP quien resuelve las solicitudes de incorporación a su trabajo”.
El comunicado agrega que fueron las orgánicas de la rama de salud, CONFENATS, FENATS Unitaria, FENTESS y FENATS Nacional, que solicitaron la revisión de la permanencia de la Fenpruss, “en este debate, las organizaciones integrantes de la MSP reconocieron el aporte realizado por la FENPRUSS y sus dirigentes/as al trabajo de la MSP, así como el respeto pleno a las definiciones tomadas en el seno de su organización. Asimismo, y en concordancia con los criterios de integración de la MSP ratificados por el conjunto de las organizaciones, dieron cuenta, por mayoría de sus integrantes, que la decisión de desafiliación de la CUT informada por la FENPRUSS, ponía a esa organización fuera de los marcos de participación concordados”.
Máquina del oficialismo
A pesar de que no se contaba con la expulsión de la Fenpruss de la Mesa del Sector Público, para los dirigentes no fue una gran sorpresa la decisión tomada en la sesión de este miércoles, debido a que esto respondería a “un actuar constante de una mayoría que conduce a la CUT, que es funcional al gobierno”, señala un dirigente de la Mesa.Desde las asociaciones que respaldaron a la Fenpruss aseguran que “hubo una discusión previa de los partidos que controlan la Central”, lo que habría quedado evidenciada en “una acción concertada entre el PC, el PS y la DC” en la reunión de la Mesa del Sector Público, que terminó expulsando a la Fenpruss en una estrecha votación de 8 en contra y 7 a favor de su permanencia.
La misma federación de profesionales universitarios de la salud señala, en su comunicado público, que hubo una jugada impulsada por “dirigentes sindicales del Partido Comunista, en particular por Carlos Insunza -PC-, presidente de la ANEF”, lo cual habría sido “avalado por Bárbara Figueroa”, presidenta de la CUT.
Ximena Aguirre, directora nacional de la Anef, miembro de la llamada “disidencia” de los funcionarios públicos explica que “nosotros no fuimos convocados a ningún directorio en donde en la tabla se haya tratado este tema”, esto a pesar de que Insunza, habría argumentado en la votación en la Mesa del Sector Público que la determinación de su organización fue definida en una sesión de directorio.
Según Aguirre, la salida de la Fenpruss responde a “una operación política liderada por los militantes de partidos de gobierno”, quienes buscarían “debilitar la organización del sector público”, en vista de las próximas negociaciones. “Es una pésima señal política de las organizaciones sindicales, y eso es lo que hemos ido denunciado, que las cúpulas de los partidos operan de forma antidemocrática para debilitar a nuestro sector”.
Insunza asegura que las declaraciones de la Fenpruss y otros sectores de la ANEF no tienen asidero y que la misma Fenats respaldó los requisitos establecidos. Agrega que no es necesario “abrir debates artificiales que no tienen que ver con la realidad” y que “no es ni prudente, ni necesario responder a acusaciones de este tipo”, ya que la CUT y la Mesa cuentan con distintas afiliaciones políticas.
El presidente de la Anef agrega que entiende que en la Fenpruss “puedan estar molestos con la situación, pero el debate ayer en la mesa fue absolutamente razonable” y ratifica que las críticas “no tiene sustento alguno, yo he trabajado durante años con ellos”.
Mal pie para la negociación
Desde la Mesa del Sector Público aseguran que esta determinación les genera una desventaja, debido a que la Fenpruss era una de las organizaciones que más funcionarios movilizaba y generaba presión en el marco de las negociaciones, además de que era Gabriela Farías, su presidencia, quien llevaba la conducción del espacio, en el marco de la negociación.Para Esteban Maturana, presidente de la Confusam, el panorama es preocupante, porque ésta será “una de las negociaciones más complejas de los últimos años, porque es un año electoral. Nosotros sabemos que por parte del Gobierno van a atrasar la negociación lo más posible, hasta después de las elecciones”, es por esto que esta baja los dejaría en una fuerte desventaja frente “a la visión tecnocrática de Valdés -ministro de hacienda-, aunque hay sectores del gobierno que no van a estar disponible a darle todo el piso”.
Maturana asegura que esta expulsión aporta al “mayor debilitamiento de la Mesa del Sector Público, una de las más importantes y poderosa que tiene incidencia movilizadora (...) el Gobierno debe sentir mucha alegría ante esta señal de debilitamiento”.
Por otra parte, Carlos Insunza reconoce que “no es una buena noticia que se desafiliaran de la Central, por medio de una decisión de una organización autónoma”, pero asegura que esto no afectará en el proceso de negociación, ya que “es evidente que el sector público sigue siendo una fuerza importante entre los trabajadores”.
Expulsan a FENPRUSS de la Mesa del Sector Público luego de decidir su salida de la CUT
DE RESUMEN DE CHILE (Concepciòn)
Expulsan a FENPRUSS de la Mesa del Sector Público luego de decidir su salida de la CUT
[resumen.cl] A menos de 24 horas
de conocerse los resultados de la consulta nacional realizada por la
Federación Nacional de los Profesionales de la Salud, ampliamente
favorables a la salida del gremio de la CUT, 8 gremios del sector
público, controlados por militantes socialistas y comunistas,
determinaron expulsar a la FENPRUSS de la instancia multisectorial
generada por los diversos gremios del sector publico para negociar con
el Estado.
Paradójicamente, hasta la mañana de este
miércoles 14 de junio, Gabriela Farias, presidenta nacional de
FENPRUSS, era quien lideraba la Mesa de Sector Publico (MSP) que este
año adelanto las negociaciones con el gobierno. Esto hasta que a
petición del presidente de la ANEF -el cuestionado militante comunista
Carlos Insunza- se propuso la expulsión de la FENPRUSS de la MSP, como
forma de castigar su salida de la CUT definida por sus bases a lo largo
de todo el país.
Insunza señaló que esta era una decisión
del directorio de la ANEF, cuestión que han desmentido varios
dirigentes nacionales de esta organización y que solo podría obedecer a
una determinación tomada por su partido, en otra muestra de violación de
la autonomía sindical por la cual tanto lucho el presidente y fundador
de la ANEF, Clotario Blest. La propuesta de Insunza -y que puede traerle
serios costos al interior de su organización, seriamente crispada por
el tema de su permanencia en la CUT como ya se vivencio en la ultima
asamblea nacional- fue secundada por dirigentes de militancia socialista
y comunista como los que dirigen las tres facciones de la FENATS,
AJUNJI, FERTES, (técnicos de salud) ASEMUCH (municipales), FENAFUCH
(funcionarios Universidad de Chile). En la contraparte, la medida fue
rechazada por gremios tan importantes como CONFUSAM (trabajadores salud
munipalizada), Colegio de Profesores, ANTUE (trabajadores universidades
estatales), FENAFUECH (funcionarios universidades estatales) y CONFEMUCH
(asistentes de la educación) y que agrupan a más de 100 mil
trabajadores públicos del país.
La MSP es el único espacio de
negociación colectiva por rama existente en nuestro país, en la cual los
trabajadores tienen alguna posibilidad de demostrar su fuerza, fija
además la vara para el reajuste de todos los trabajadores del país, no
solo los públicos, sino que tambien repercute en los salarios del sector
privado. La expulsión de la FENPRUSS sin duda debilitará este proceso,
hasta ayer unitario de negociación de los trabajadores públicos,
cuestión que parece no importar a la burocracia sindical quien solo
persigue dar un castigo ejemplificador contra aquellos que han osado en
cuestionar la tutela que hoy los partidos políticos tienen sobre las
organizaciones sindicales en nuestros país.
La decisión, sin embargo, está muy lejos
de quedar zanjada. La situación vivida por la FENPRUSS puede
radicalizar la posición adoptada hacia la CUT por otros gremios como el
Colegio de Profesores y la CONFUSAM, además de abrir nuevamente la
fisura en la ANEF de su ultima asamblea nacional. Las tensiones llegaran
también al movimiento NO+AFP, donde la FENPRUSS es parte de su
estructura nacional y cuya expulsión obligará a esta organización a
posicionarse sobre temas sindicales, sobre los cuales hoy aún no se
pronuncia a nivel nacional y sobre los cuales regionales del NO+AFP del
sur del país, como los de la región del Bio Bio ya han comenzado a dar
pasos.
Foto: Radio Universidad de Chile
Gremios de la ANEF denuncian irregularidades en la expulsión de la FENPRUSS de la Mesa del Sector Público
DE RESUMEN DE CHILE (Concepciòn)
Gremios de la ANEF denuncian irregularidades en la expulsión de la FENPRUSS de la Mesa del Sector Público
[resumen.cl] Durante un punto de prensa realizado ayer,
dirigentes de distintos gremios de la ANEF que participan de la Mesa del
Sector Público (MSP), se manifestaron en desacuerdo por la decisión de
marginar a la FENPRUSS de las negociaciones impulsadas por su
organización, calificando al proceso como antidemocrático.
La denuncia se enmarca dentro de la salida de la FENPRUSS de la CUT, instancia en la cual un 51,96% de las y los federados optaron por la desafiliación, versus un 37,75% que votaron por la permanencia en la multisindical. A lo cual militantes de los partidos de gobierno con representación en la MSP, y por petición del presidente de la ANEF, Carlos Insunza (PC), respondieron expulsándoles de las negociaciones del sector público. La expulsión se realizó 24 horas antes de oficializar la salida de la multigremial y sin la debida consulta a las bases sindicales y dirigentes nacionales.
Ante esto Jimena Aguirre, directora nacional de la ANEF y funcionaria del Instituto Nacional de Derechos Humanos, denuncia que “no hemos sido convocados a ninguna reunión de directorio donde existiera dicho punto [la expulsión de la FENPRUSS de la MSP] en una mesa […] nos parece inaceptable la actitud del presidente de la ANEF, esto de arrogarse la representación de los trabajadores de manera dictatorial”. Y agrega, “dijo que se presentó en una reunión de la cual no hay acta, no hay convocatoria, ni una tabla definida o una votación de esta naturaleza, lo cual habríamos rechazado de plano”.
Declaraciones que respalda Claudia Hasbún, también dirigenta de la ANEF y de la Asociación de Funcionarios del Servicio Civil (AFUSEC), quien afirma que “con la actitud del presidente se esta haciendo parte de la ruptura con la negociación ramal más importante y ejemplificadora que tiene Chile”. Y aunque la MSP nace al alero de la CUT ” esta solo la organiza, no son los dueños, por lo tanto si una federación quiere salirse de la CUT no tiene porqué quedar fuera de la mesa del sector público”.
Del mismo modo Orietta Fuenzalida, dirigenta de la Asociación Nacional de Funcionarios del Trabajo de Chile (ANFUNTCH) y ANEF, nos explica los pasos que seguirán: “el punto será discutido en una próxima reunión del Directorio Nacional, no descartando que el tribunal de disciplina se haga cargo sobre las atribuciones tomadas por Insunza”.
La Mesa del Sector Público (MSP) es el único espacio de negociación colectiva por rama existente en nuestro país, en la cual los trabajadores tienen alguna posibilidad de demostrar su fuerza. La instancia fija además la vara para el reajuste de todos los trabajadores del país, no solo los públicos, sino que también repercute en los salarios del sector privado. La expulsión de la FENPRUSS sin duda debilitará este proceso a días de la negociación por el reajuste para el sector público, cuestión que se espera aún no sea definitiva.
La denuncia se enmarca dentro de la salida de la FENPRUSS de la CUT, instancia en la cual un 51,96% de las y los federados optaron por la desafiliación, versus un 37,75% que votaron por la permanencia en la multisindical. A lo cual militantes de los partidos de gobierno con representación en la MSP, y por petición del presidente de la ANEF, Carlos Insunza (PC), respondieron expulsándoles de las negociaciones del sector público. La expulsión se realizó 24 horas antes de oficializar la salida de la multigremial y sin la debida consulta a las bases sindicales y dirigentes nacionales.
Ante esto Jimena Aguirre, directora nacional de la ANEF y funcionaria del Instituto Nacional de Derechos Humanos, denuncia que “no hemos sido convocados a ninguna reunión de directorio donde existiera dicho punto [la expulsión de la FENPRUSS de la MSP] en una mesa […] nos parece inaceptable la actitud del presidente de la ANEF, esto de arrogarse la representación de los trabajadores de manera dictatorial”. Y agrega, “dijo que se presentó en una reunión de la cual no hay acta, no hay convocatoria, ni una tabla definida o una votación de esta naturaleza, lo cual habríamos rechazado de plano”.
Declaraciones que respalda Claudia Hasbún, también dirigenta de la ANEF y de la Asociación de Funcionarios del Servicio Civil (AFUSEC), quien afirma que “con la actitud del presidente se esta haciendo parte de la ruptura con la negociación ramal más importante y ejemplificadora que tiene Chile”. Y aunque la MSP nace al alero de la CUT ” esta solo la organiza, no son los dueños, por lo tanto si una federación quiere salirse de la CUT no tiene porqué quedar fuera de la mesa del sector público”.
Del mismo modo Orietta Fuenzalida, dirigenta de la Asociación Nacional de Funcionarios del Trabajo de Chile (ANFUNTCH) y ANEF, nos explica los pasos que seguirán: “el punto será discutido en una próxima reunión del Directorio Nacional, no descartando que el tribunal de disciplina se haga cargo sobre las atribuciones tomadas por Insunza”.
La Mesa del Sector Público (MSP) es el único espacio de negociación colectiva por rama existente en nuestro país, en la cual los trabajadores tienen alguna posibilidad de demostrar su fuerza. La instancia fija además la vara para el reajuste de todos los trabajadores del país, no solo los públicos, sino que también repercute en los salarios del sector privado. La expulsión de la FENPRUSS sin duda debilitará este proceso a días de la negociación por el reajuste para el sector público, cuestión que se espera aún no sea definitiva.
Denuncian secuestro a comunera mapuche en Municipalidad de Ercilla al mismo tiempo que se allanó comunidad de Temucuicui
DE RESUMEN DE CHILE (Concepciòn)
Denuncian secuestro a comunera mapuche en Municipalidad de Ercilla al mismo tiempo que se allanó comunidad de Temucuicui
[resumen.cl] Una grave denuncia
ha realizado la Comunidad Autónoma de Temucuicui, de la comuna de
Ercilla. Además del allanamiento sufrido durante la mañana de este
miércoles y en la que resultaron intoxicados con gases lacrimógenos los
niños de la escuela G-816, la comunidad denuncia el secuestro de una de
sus integrantes por policías de civil, mientras se encontraba en la
oficina del administrador de la Municipalidad de Ercilla.
Se trata de la comunera mapuche Valeria
Millanao, quien habría sido sacada de la oficina del administrador
municipal de Ercilla, para ser llevada a la la bodega de la
municipalidad, donde procedieron bajo intimidación y amenazas a quitarle
su teléfono celular para que no tomara contacto con su familia y a
interrogarla sobre información sobre varios miembros de la comunidad.
Según describen en su comunicado, a
Valeria, en un interrogatorio que duró aproximadamente una hora, le
habrían dicho “sabemos que tu eres quien le entrega información de
nosotros a tu gente, ahora queremos que nos lleve a la comunidad y nos
indique los caminos que conducen a las casas de seguridad que ellos
ocupan y nos entregue a todos los que necesitamos, de lo contrario te
vamos a quitar a tu hija”
La comunidad responsabiliza a la
Municipalidad de Ercilla por lo ocurrido y agregan que no han recibido
explicaciones por lo sucedido. En el documento indican “Sobre el
secuestro de la lamien, responsabilizamos directamente al Alcalde de la
Municipalidad de Ercilla José Vilugron Martínez, al Director de
Desarrollo Comunitario Fredy Avello Perez y a la Secretaria Municipal
Ana Huenchulaf, quienes facilitaron y generaron las condiciones para que
los policías de Civil y en medio de la atención de público de la
municipalidad realizaran este secuestro, ilícito que produjo en nuestra
hermana graves daños sicológicos, puesto a que la amenazaron con
quitarle a su pequeña hija de 1 año”.
Adjuntamos el Comunicado Íntegro
Comunicado Publico
Ante secuestro y allanamiento en TEMUCUICUI.
Ante secuestro y allanamiento en TEMUCUICUI.
La Comunidad Mapuche Autónoma de Temucuicui, mediante la presente declaramos lo siguiente:
A esos de las 9:30 del día de hoy
miércoles 14 de junio de 2017, varios policías de civil ingresaron a la
oficina del Administrador de la Municipalidad de Ercilla, de donde
sacaron a la Lamien Valeria Millanao Palacio, para llevarla a la bodega
de la municipalidad, aquí procedieron bajo intimidación y amenazas a
quitarle su teléfono celular para que no tomara contacto con su familia,
posteriormente obligarla a entregar información sobre varios miembros y
Werken de nuestra comunidad, entre ellos Vania Queipul, Jorge
Huenchullan y Karina Millanao Palacio, la amenazas realizada fue de la
siguiente manera, “sabemos que tu eres quien le entrega información de
nosotros a tu gente, ahora queremos que nos lleve a la comunidad y nos
indique los caminos que conducen a las casas de seguridad que ellos
ocupan y nos entregue a todos los que necesitamos, de lo contrario te
vamos a quitar a tu hija”, este interrogatorio duro aproximadamente
1hora, seguidamente Valeria Millanao logro escapar de la bodega y
dirigirse a la comunidad donde relato lo sucedido.
Mientras tanto y de manera coordinada
con la retención o secuestro de Valeria Millanao, carabineros de fuerzas
especiales y del GOPE realizaba un violento allanamiento a la comunidad
de Temucuicui, especialmente a la casa de Karina Millanao hermanas de
la lamien y otras viviendas de la comunidad, cabe hacer presente que en
dicha dependencia se encontraban solo sus padre que ya son adultos
mayores.
3. Este allanamiento produjo su mayor
tención en la escuela de la comunidad donde los niños permanecían en sus
salas de clase y se realizaba una ronda medica en la posta, los niños
de la escuela al ver la gigantesca presencia de carabinero lloraban y
gritaban de temor, mientras tanto carabinero lanzaba gases lacrimógenos
que llegaban a la escuela, producto de estos se produjeron varios niños
desmayado y principio de asfixia de la misma forma las personas que se
encontraban en la posta de la comunidad, siendo atendido en la posta de
la comunidad
4. Sobre el secuestro de la lamien,
responsabilizamos directamente al Alcalde de la Municipalidad de Ercilla
José Vilugron Martínez, al Director de Desarrollo Comunitario Fredy
Avello Perez y a la Secretaria Municipal Ana Huenchulaf, quienes
facilitaron y generaron las condiciones para que los policías de Civil y
en medio de la atención de público de la municipalidad realizaran este
secuestro, ilícito que produjo en nuestra hermana graves daños
sicológicos, puesto a que la amenazaron con quitarle a su pequeña hija
de 1 año.
5. Frente a esta grave situación nuestra
comunidad inmediatamente tomo contacto con las personas responsable de
facilitar el secuestro, pero estos apagaron sus celulares, dando señale
de sus complicidades con la policía de civil ante este grave hecho, por
cuanto nuestra comunidad prepara las acciones legales que interpondremos
en su contra.
6. Por último rechazamos tajantemente la
nueva intervención violenta que realizara las policías represivas a
nuestro territorio, que nuevamente daña física y sicológicamente a
nuestra gente.
Comunidad autónoma Temucuicui
Temucuicui miércoles 14 de junio del 2017
Caso Cuyinpalihue: revocan prisión preventiva de dos presos políticos mapuche
DE RESUMEN DE CHILE (Concepciòn)
Caso Cuyinpalihue: revocan prisión preventiva de dos presos políticos mapuche
[resumen.cl] Esta jornada, la Corte de Apelaciones de
Concepción ratificó, en un fallo dividido, la anterior resolución del
Juzgado de Garantía de Cañete y cambió la medida cautelar de prisión
preventiva por la de arresto domiciliario para los comuneros mapuche de
Lleu Lleu, Juan Meñaco y César Millanao.
Los comuneros mapuche estuvieron recluidos cerca de 10 meses la cárcel de Lebu acusados de incendiar maquinaria forestal en un predio que las comunidades mapuche han señalado que les pertenece, denunciando que Forestal Arauco usurpa del territorio.
En el procedimiento policial que terminó con 8 detenidos -Juan Meñaco, Juan Acricio Chule (Comunidad Caupolicán), César Millanao (Comunidad Wechun), Miguel Llanquileo (Comunidad Juan Nahuelhaul), Dionisio Quiñilén (Choque) y Rodrigo Melimán (Ponotro), además de Nicolás Railaf (encarcelado en Temuco) y Roberto Paillán, menor de edad con arresto domiciliario total en Nueva Imperial- participó el cuestionado oficial de inteligencia Leonardo Osses, quien ha sido sindicado como el responsable detrás de múltiples detenciones y procedimientos que terminaron con comuneros mapuche formalizados por el delito de porte de municiones.
Fotografía: Cárcel de Lebu.
Los comuneros mapuche estuvieron recluidos cerca de 10 meses la cárcel de Lebu acusados de incendiar maquinaria forestal en un predio que las comunidades mapuche han señalado que les pertenece, denunciando que Forestal Arauco usurpa del territorio.
En el procedimiento policial que terminó con 8 detenidos -Juan Meñaco, Juan Acricio Chule (Comunidad Caupolicán), César Millanao (Comunidad Wechun), Miguel Llanquileo (Comunidad Juan Nahuelhaul), Dionisio Quiñilén (Choque) y Rodrigo Melimán (Ponotro), además de Nicolás Railaf (encarcelado en Temuco) y Roberto Paillán, menor de edad con arresto domiciliario total en Nueva Imperial- participó el cuestionado oficial de inteligencia Leonardo Osses, quien ha sido sindicado como el responsable detrás de múltiples detenciones y procedimientos que terminaron con comuneros mapuche formalizados por el delito de porte de municiones.
Este oficial de inteligencia
cuenta entre sus antecedentes el haber sido procesado por la Fiscalía
Militar por el delito de “infidelidad en la custodia de documentos”,
pues Osses ordenó quemar un libro de guardia de la unidad policial en
que quedó registrado que él se llevaba habitualmente su arma de
servicio, un arma 9 milímetros semiautomática con 15 tiros, que estaba
le asignada y que luego apareció como extraviada.
Juan Meñaco y César Millanao podrán volver a su comunidad a la espera
del juicio oral que incluye a otros seis comuneros que cumplen prisión
preventiva en las cárceles de Lebu y Temuco.Fotografía: Cárcel de Lebu.
Chile / FPMR. A 30 años de la Operación Albania o la venganza vil de la tiranía
Por OPAL ChileKAOS EN LA RED - Publicado en: 17 Junio, 2017
“Los cobardes ahora lloran misericordia en sus cárceles de lujo y los medios promocionan la impunidad en un Chile desmemoriado”
Los
mataron entre otoño e invierno, en la calle y en la oscuridad de una
casa vacía. Cuando algunos pensaban que la perversidad de los asesinatos
de Lonquén, los eternos desaparecimientos y el degollamiento de
opositores no podrían ser igualados en horror, la dictadura organizó la
Operación Albania, que realizó la masacre de Corpus Christi, el 15 y 16
de junio de 1987, donde fueron asesinados doce combatientes del Frente
Patriótico Manuel Rodríguez.
Allí se
conjugaron todos los elementos que hicieron de la dictadura el epítome
de la crueldad: el terror, la violencia, la tortura, la mentira, la
traición. La operación de exterminio se desarrolló en cuatro puntos de
la capital de Chile, en la calle Alhué de las Condes, en Varas Mena de
San Joaquín, en la Villa Olímpica y en Pedro Donoso de Recoleta.
En
el caso de la calle Pedro Donoso no hubo enfrentamiento, como lo
informaron los medios de comunicación controlados por la dictadura, sino
que un burdo montaje para encubrir un crimen atroz.
Ello
siempre se supo, ratificado ahora por las declaraciones de los propios
agentes participantes en la masacre de Corpus Christi. El capitán de
Carabineros, Iván Quiroz, recuerda nítidamente el montaje, porque estaba
presente cuando “se ordenó que se fuera a buscar armas distintas a las
de servicio de la CNI para montar un enfrentamiento, y así presentarlo”.
Y la orden la dio Álvaro Corbalán, quien también ordenó que se
ejecutara a los siete integrantes del FPMR que habían llevado a la casa
de la calle Pedro Donoso. Así murieron, indefensos, Esther Cabrera,
Elizabeth Escobar, Patricia Quiroz, Manuel Valencia, Ricardo Silva,
Ricardo Rivera y José Valenzuela.
Los
miembros del FPMR que fueron detenidos, torturados y posteriormente
trasladados a una casa en la calle Pedro Donoso, de la comuna de
Recoleta, en Santiago, fueron asesinados por los oficiales de ejército
Hernán Miquel, Aníbal Rodríguez, Iván Cifuentes, Rodrigo Pérez, Eric
Silva y los detectives de Investigaciones Gonzalo Maas y Hugo Guzmán. En
el asesinato de Julio Silva, en la Villa Olímpica de la capital
participó, entre otros, el capitán de ejército Luis Arturo Sanhueza. El
capitán Sanhueza, que utilizaba la chapa de Ramiro Droguett, era miembro
de la Brigada Verde de la CNI, encargada de la represión contra el FPMR
y el Partido Comunista, y también participó en el secuestro y ulterior
asesinato de cinco jóvenes en septiembre de 1987, en venganza por el
secuestro del coronel Carlos Carreño.
Tampoco
hubo enfrentamiento en la calle Alhué, en la comuna de Las Condes,
donde fue asesinado por la espalda Ignacio Valenzuela. O en la esquina
del Pasaje Moscú, en la comuna de San Miguel, donde fue acribillado
Patricio Acosta y en la Villa Olímpica, donde mataron a Julio Guerra.
Fueron centenares los agentes de las brigadas de la CNI, de
Investigaciones y de la Unidad Antiterrorista, integrada por comandos de
élite que respondía directamente a Pinochet, que participaron en los
operativos los días 15 y 16 de junio de 1987.
Fueron
todas cobardes ejecuciones, excepto en el caso de la calle Varas Mena,
en San Miguel, donde la CNI atacó la casa donde se realizaba una escuela
del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Allí, cubriendo el escape de
muchos de los rodriguistas, murieron combatiendo Juan Henríquez Araya y
Wilson Henríquez Gallegos. Eran todos jóvenes, todos revolucionarios,
todos combatientes antidictatoriales. (1)
El
28 de enero de 2005 el ministro en visita Hugo Dolmestch condenó en
primera instancia a cadena perpetua al ex director de la CNI Hugo Salas
Wenzel, por los asesinatos cometidos en el marco de la llamada Operación
Albania. Asimismo, sentenció a quince años de prisión al ex jefe
operativo de ese disuelto organismo Álvaro Corbalán, y a diez años al ex
oficial de Carabineros Iván Quiroz, quien fue pieza clave de esta
operación. Este último permaneció prófugo de la justicia desde el
momento de conocerse el fallo de última instancia, en septiembre de
2007, siendo apresado por la policía el día 23 de enero de 2008 en
Concepción, e ingresado al día siguiente en la Cárcel de Punta Peuco.
En
el fallo dictado por el ministro en visita se señaló que Salas Wenzel
fue condenado a la pena de presidio perpetuo como co-autor de los
delitos de homicidio simple de los doce rodriguistas muertos en junio de
1987. (2)
50 años sintiendo a Chile y
sirviendo a los pobres.
Padre Eugenio Pizarro Poblete
Saludos con afecto.
P. Eugenio
A Sebastián Piñera, Guillier y otros.
Es un hecho público que ya están postulando como candidatos a las elecciones de Presidente de la República que se llevarán a cabo el próximo año, razón por la que me permito dirigirles las reflexiones siguientes, que creo que la comparten muchos ciudadanos de este país:
Es de la esencia de las elecciones que a ellas concurra la ciudadanía en forma mayoritaria con una abstención mínima manifestando válidamente así la voluntad del pueblo; el pueblo soberano decide quién gobernará los destinos del país. Su concurrencia a las urnas, su participación en el proceso eleccionario, le confiere legitimidad al mismo y a los ciudadanos elegidos. Como es evidente y como se ha dicho, esto implica una participación masiva y mayoritaria del pueblo al acto eleccionario, siendo la abstención un porcentaje que no supera el 2%.
Pero en nuestra realidad política ocurre que en los actos eleccionarios de nuestro país se produce una abstención superior al 66% del electorado con derecho a voto. O sea que la gran mayoría de los ciudadanos de Chile se abstiene de concurrir a las urnas, lo que hace que las elecciones realizadas en tales condiciones carezcan absolutamente de legitimidad, al igual que sus elegidos , y si todo esto carece de legitimidad las autoridades elegidas en estas circunstancias son ilegítimas por cuanto el pueblo, la ciudadanía , no ha concurrido a las urnas y no las ha elegido y sus actos de gobierno pueden llegar a ser nulos de nulidad de Derecho Público. Así las cosas Chile está siendo gobernado desde ya hace
algunos años por autoridades que no tienen el respaldo del pueblo soberano y, en consecuencia, carecen de legitimidad, lo que hace que sus actos de gobierno pueden caer en la nulidad de la que se habla precedentemente. Por otro lado si el pueblo no participa en las elecciones, en la generación de sus autoridades, si estas son ilegítimas, como ocurre realmente, nuestra realidad es derechamente una dictadura encubierta impuesta por los grandes empresarios, que son los que realmente gobiernan Chile y usan al pueblo para enriquecerse aun más.
Ahora ustedes saben perfectamente bien, al igual que los demás actores políticos , cual es la causa de esta abstención ciudadana, pero pese a ello hacen como si tal cosa no existiera y continúan adelante denotando que solo les interesa el poder y no la voluntad del pueblo. Así entonces ignoran deliberadamente el sentir de la ciudadanía, ignoran su repudio a Uds. , dado que la clase política ha transformado el servicio público no en el arte de gobernar y gobernar como servicio público sino como un oficio o un medio para tener riqueza y poder en beneficio propio, en muchos casos cometiendo incluso delitos, en medio de una sociedad que tiene como único norte la idolatría del dinero, la idolatría del poder, el lucro como fin último, y todo ello a expensas de nuestro pueblo. Los ideales han desaparecido, los valores se han perdido en la noche del mercado, solo viven los valores bursátiles. Así entonces Uds. han hecho nacer una sociedad que bien podríamos catalogarla como la sociedad de Sancho, donde su norte es el dinero, el interés, lo que trae como resultado una sociedad donde la corrupción es la regla general. Esto, que es una realidad, es una de las consecuencia del golpe de Estado de 1973,
con sus muertes, con sus horrores, es el resultado buscado y querido por los dueños del poder económico con el auxilio de las Fuerzas Armadas, que solo ven en el dinero y su acumulación la razón de ser, de existir por encima de la vida y su trascendencia.
Ustedes saben perfectamente lo que en Chile pasa. Uds. saben que la corrupción ha invadido el país. Parlamentarios formalizados y sometidos a proceso, y no uno o dos, sino que muchos. Han recibido coimas de las grandes empresas, las que no solo le dicen a dichos parlamentarios que proyectos de ley se deben discutir y aprobar, sino que se los remiten elaborados. Entonces apreciamos que en su democracia, de la cual Uds. quieren ser Presidente, son las empresas las que legislan y en el fondo gobiernan. Altos mandos del Ejército también se encuentran cuestionados por actos de corrupción. Los altos mandos de Carabineros de Chile, en gran número, están también involucrados en defraudaciones de miles de millones de pesos, siendo ellos los encargados de combatir la delincuencia y preservar el orden público. Cabe preguntarse ¿quién va quedando? Ahora en lo que a las autoridades de gobierno se refiere Chile tiene la suerte que la Presidenta Bachelet sea aficionada a leer la prensa, lo que le permitió enterarse de los actos de corrupción de la esposa de su hijo de apellido Dávalos. Pero procede agregar que el pueblo de Chile es tonto solo hasta las 8 a.m.
Uds. no pueden ignorar que la corrupción está invadiendo la columna vertebral del país. Y no solo ella existe cuando los sobornos son cosa de todos los días sino que también cuando se anuncian proyectos de ley que buscan legitimar
relaciones sexuales contra natura, y cuando ello ocurre es la subsistencia misma de Chile la que se empieza a poner en juego.
Chile es mayoritariamente católico y dentro de este contexto se puede comprobar que la jerarquía de la misma no escapa de esta sociedad decadente y corrupta. En efecto, tal es la avidez por el dinero, por el poder, que dicha jerarquía guarda silencio cómplice frente a la realidad y acepta que el dinero, la utilidad, el mercado reemplacen a Dios. En otras palabras se ama el dinero y el poder bastante más que a Dios.
Prosiguiendo, la política internacional del gobierno es penosa. Su Canciller, tibio para defender los derechos de Chile, se permite entrometer en los asuntos internos de otro país mientras se pierden miles y miles de millas marítimas en el norte de Chile, y se perderán más en no mucho tiempo a futuro. Bolivia tiene muchas posibilidades de obtener algo en La Haya frente a la mediocridad de nuestros gobernantes. Chile perfectamente podría demandar ante la Haya al Perú para modificar la cláusula del tratado de 1929 que no le permite a Chile entregar a una tercera potencia territorios que antes fueron peruanos. Eso permitiría dar a Bolivia un corredor hacia el Pacífico, en especial ahora que el tribunal de La Haya no respeta mucho los tratados vigentes. Pero como esto no se hace el pensamiento que crece en esta materia es que esto no se lleva a cabo debido a las altas inversiones de empresarios chilenos en el Perú.
Asimismo Uds. tiene perfecto conocimiento de lo que pasa y de lo que va a suceder en este país si no hay cambios, pero cambios substanciales y el más adecuado es que la Sra.
Bachelet y su gobierno se vayan, al igual que los parlamentarios, que la Presidencia de Chile sea asumida interinamente por el Presidente de la Corte Suprema, que éste llame a un plebiscito a 90 días de haber asumido para que el pueblo se pronuncie sobre materias como el fin al modelo neo liberal de mercado, de las A.F.P., de las Isapres, nacionalización de todas las riquezas básicas como el litio, cobre, las aguas, etc., nueva Constitución y otras. Que el presidente interino llame a 120 días plazo a elecciones de Presidente y parlamentarios, no pudiendo participar en todo este nuevo proceso ninguno dirigente político que sea o que ya hubiese sido parlamentario o presidente, siendo la idea que en todo esto participe gente nueva que nada tenga que ver con la corrupción imperante, corrupción que si no se le pone término, destruirá a Chile. Esta es la única forme de lograr que el pueblo vuelva a participar en la elecciones de sus gobernantes y de tener gobernantes legitimados por el soberano que es el pueblo.
Concluyendo, siendo un hecho indiscutible que, al igual que los anteriores ,el próximo proceso electoral carecerá de legitimidad, incluso con un porcentaje de abstención más alto que el anterior, tengan a bien por el bien de Chile, no participar en las elecciones para la cual se preparan, dejando que el pueblo recobre su protagonismo mediante la renuncia de los actuales gobernantes como se dijo precedentemente y que más se asemejan a testaferros que gobernantes y que ciudadanos nuevos e íntegros postulen a los cargos vacantes para poner término a esta dictadura encubierta y corrupta donde los empresarios gobiernan realmente y el pueblo es solo un mero espectador, evitando también así más adelante una explosión social de graves consecuencias.
ALEJANDRO GUZMAN BARBE.
Abogado.
Bandera 465, Of. 702,
Santiago.
guzmanbarbe@hotmail.com
Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos
Graciela Teresa Da Silveira Chiappino
Nació en Montevideo el 25 de mayo de 1953.
Detenida Desaparecida en Buenos Aires entre el 1 y el 4 de octubre de 1976.
Luis Alberto Carvalho Scanavino
Nació en Montevideo el 24 de mayo de 1955.
Detenido Desaparecido en Buenos Aires el 21 de mayo de 1978.
Carlos Bonavita Espínola
Nació en Montevideo el 23 de mayo de 1933.
Detenido Desaparecido en Buenos Aires el 29 de setiembre de 1976.
Elena Paulina Lerena Costa
Nació en Montevideo el 22 de mayo de 1947.
Detenida Desaparecida en Buenos Aires el 21 de diciembre de 1977.
Héctor Castagnetto da Rosa
Nació en el 20 de mayo de 1952.
Detenido Desaparecido en .
20 de Mayo: Marchó Uruguay
Observatorio Luz Ibarburu pide que Cancillería asuma su responsabilidad por ausencia en Corte Interamericana de DD.HH
El Observatorio Luz Ibarburu solicitó al Ministerio de Relaciones Exteriores que asuma su “responsabilidad” ante la ciudadanía, por no haber concurrido a las sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El pasado 25 de mayo se realizaron dos audiencias ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Buenos Aires, en las que se analizaron dos denuncias que presentaron organizaciones civiles uruguayas contra el Estado.
El Observatorio Luz Ibarburu denunció la situación general de “los operadores de justicia y defensores de derechos humanos del proceso de justicia transicional en nuestro país”.
También solicitó informar sobre las amenazas del llamado comando Barneix a operadores del sistema judicial, y las dificultades que atraviesa el cumplimiento de la sentencia de condena al Uruguay en el caso Gelman, relativo al proceso de justicia.
Sin embargo, el Estado uruguayo no asistió al encuentro y envió una misiva a través de la cual expresó la imposibilidad de concurrir a la sesión.
Responsabilidad
Este jueves 15 de junio, a solicitud del Ministerio de Relaciones Exteriores, se realizó un encuentro entre representantes de la Cancillería y del Observatorio.Según se informó, desde el Observatorio se le pidió a la Cancillería que el Estado Uruguay asuma ante la ciudadanía su “responsabilidad”, por no haber concurrido a las sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
En su momento el coordinador ejecutivo, del Observatorio, Raúl Olivera, calificó la ausencia del Estado como “un desaire”.
La eficacia de la justicia transicional ya no es una discusión entre organizaciones de derechos humanos y poderes del Estado, sino que se ha planteado a nivel internacional, remarcó Olivera.
El Observatorio se reunió este jueves 15 con la directora de Derechos Humanos y Derecho Humanitario de Cancillería, Alejandra Costa.
Por otra parte, el Observatorio Luz Ibarburu recibió de Presidencia de la República respuesta a una solicitud de información pública realizada en el marco del artículo 13 de la ley 18.38, sobre la totalidad de los documentos elaborados en el marco de la supervisión desarrollada desde la fecha de la emisión de la sentencia del caso Gelman vs. Uruguay, por entender que resulta de “singular importancia para la labor de las organizaciones de derechos humanos”.
El Estado respondió “no poseer registros de ninguna de la documentación solicitada y que se referían a aquella cursada desde el 24 de febrero de 2011 hasta la fecha relativa a la supervisión del cumplimiento de la sentencia de la Corte en el caso Gelman”.
Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia: falta información de las FFAA sobre desaparecidos
Funciona en el tercer piso de un edificio de la calle
Convención. Cuenta con un equipo de historiadores, antropólogos y
archivólogos. la diaria recorrió las instalaciones del Grupo de
Trabajo por Verdad y Justicia (GTVJ), el organismo autónomo e
independiente creado hace dos años por el presidente Tabaré Vázquez que
tiene como objetivo investigar los crímenes de lesa humanidad cometidos
en el marco del terrorismo de Estado. Los miembros del GTVJ se
desempeñan en forma honoraria y son Susana Andrade, Mario Cayota,
Ignacio Errandonea, Macarena Gelman, Felipe Michelini (actual
coordinador), Ademar Olivera y Pedro Sclosfky. la diaria conversó con algunos de ellos, que pusieron como condición no ser individualizados.
Durante 30 años, los militares y ministros de turno dijeron que no había archivos relacionados con la dictadura, subrayaron los integrantes del GTVJ, pero a partir de 2015, gracias a una orden de Presidencia que llegó al entonces ministro de Defensa Nacional, Eleuterio Fernández Huidobro, se pudo tener acceso a varios archivos militares, por ejemplo, a los del Cuerpo de Fusileros Navales (Fusna), en donde hay más de 870 biblioratos y miles de fichas que los investigadores del GTVJ están copiando para digitalizar.
El gran tema es que el tiempo pasa, los protagonistas que tuvieron responsabilidades en el terrorismo de Estado se mueren y, mientras más archivos se abren, se necesita más tiempo y más investigadores. Pero desde el GTVJ indicaron que no “no sólo faltan recursos humanos, sino también peritos que puedan orientar la investigación”. “Aparte, es fundamental tener la misma cabeza en todos los archivos, porque si mañana desembarcan 300 personas acá, no vamos a avanzar, va a ser un caos. Para ejemplificar con números, del denominado “archivo Berrutti” (documentos requisados en 2006 por la entonces ministra de Defensa Nacional, Azucena Berrutti) están digitalizados 1.400 rollos –microfilm– de 3.074, pero todavía se sigue buscando los que faltan para completar la serie. Además, cada rollo representa 3.000 páginas. A su vez, el GTVJ está por iniciar el relevamiento de parte de los archivos de la Fuerza Aérea, en los que hay “100 metros de papeles”. Por lo tanto, deben entrar a los archivos de forma ordenada, no sólo para relevar los documentos que encuentran, sino también para analizar qué falta y por qué.
“Humanamente, nadie se puede poner al día respecto de lo que no se hizo durante 30 años. El grupo de trabajo se ve sobreexigido por la realidad de que el Estado ocultó y mintió; entonces, una vez que se abren los archivos, [el trabajo que eso implica llevar a cabo] te satura”, subrayaron.
“Muchos abogados de organizaciones que después dicen que somos inoperantes vienen a consultar estos archivos, y está muy bien que lo hagan. Sobre la base de la documentación que hay aquí es que ellos hacen sus acciones y se presentan ante los juzgados. Así que, en realidad, es una extraña inoperancia, porque nosotros ofrecemos lo que está dentro de nuestras facultades”, señalaron. Además, indicaron que hay que partir de la base de que son “archivos de los años del terrorismo de Estado, fabricados y hechos por los propios terroristas de Estado”, lo que significa que no necesariamente se pueden tomar como “la Biblia, o que todo es verdad”.
El antropólogo José López Mazz, que estuvo a cargo de la búsqueda de restos de desaparecidos durante diez años, hasta que renunció en 2014, dijo a principios de junio a Montevideo Portal que una decisión política de Presidencia le dio prioridad al trabajo con documentos históricos en detrimento de la búsqueda de restos de desaparecidos.
Desde el GTVJ dijeron que López Mazz “demuestra que no sabe de qué habla”, ya que “las excavaciones no se detuvieron por decisión del GTVJ ni de los antropólogos, y menos del presidente”. En el Batallón 13 apareció un “artefacto explosivo” y al juez le pareció que era “peligroso para los antropólogos”, por lo tanto, decidió “suspender las excavaciones hasta que hubiera garantías de que no habría más explosivos”. Así las cosas, los integrantes del GTVJ subrayaron que están esperando la decisión del juzgado de recomenzar las excavaciones en el Batallón 13.
Además, aseguraron que la búsqueda de los desaparecidos se ha continuado, pero si no se han encontrado más restos es porque no hay declaraciones sobre los lugares en donde podrían estar enterrados. Enfatizaron que esa información tiene que ser proporcionada “a nivel oficial por las Fuerzas Armadas”.
“El Batallón 14 tiene 400 hectáreas, por lo tanto, si no hay alguien que diga ‘el cuerpo está acá’, hay que dar vuelta 400 hectáreas. Si no hay declaraciones expresas, como las que hubo en la mayoría de los casos [en los que se encontraron restos], lleva mucho tiempo”, concluyeron los integrantes del GTVJ.
Durante 30 años, los militares y ministros de turno dijeron que no había archivos relacionados con la dictadura, subrayaron los integrantes del GTVJ, pero a partir de 2015, gracias a una orden de Presidencia que llegó al entonces ministro de Defensa Nacional, Eleuterio Fernández Huidobro, se pudo tener acceso a varios archivos militares, por ejemplo, a los del Cuerpo de Fusileros Navales (Fusna), en donde hay más de 870 biblioratos y miles de fichas que los investigadores del GTVJ están copiando para digitalizar.
El gran tema es que el tiempo pasa, los protagonistas que tuvieron responsabilidades en el terrorismo de Estado se mueren y, mientras más archivos se abren, se necesita más tiempo y más investigadores. Pero desde el GTVJ indicaron que no “no sólo faltan recursos humanos, sino también peritos que puedan orientar la investigación”. “Aparte, es fundamental tener la misma cabeza en todos los archivos, porque si mañana desembarcan 300 personas acá, no vamos a avanzar, va a ser un caos. Para ejemplificar con números, del denominado “archivo Berrutti” (documentos requisados en 2006 por la entonces ministra de Defensa Nacional, Azucena Berrutti) están digitalizados 1.400 rollos –microfilm– de 3.074, pero todavía se sigue buscando los que faltan para completar la serie. Además, cada rollo representa 3.000 páginas. A su vez, el GTVJ está por iniciar el relevamiento de parte de los archivos de la Fuerza Aérea, en los que hay “100 metros de papeles”. Por lo tanto, deben entrar a los archivos de forma ordenada, no sólo para relevar los documentos que encuentran, sino también para analizar qué falta y por qué.
“Humanamente, nadie se puede poner al día respecto de lo que no se hizo durante 30 años. El grupo de trabajo se ve sobreexigido por la realidad de que el Estado ocultó y mintió; entonces, una vez que se abren los archivos, [el trabajo que eso implica llevar a cabo] te satura”, subrayaron.
“Muchos abogados de organizaciones que después dicen que somos inoperantes vienen a consultar estos archivos, y está muy bien que lo hagan. Sobre la base de la documentación que hay aquí es que ellos hacen sus acciones y se presentan ante los juzgados. Así que, en realidad, es una extraña inoperancia, porque nosotros ofrecemos lo que está dentro de nuestras facultades”, señalaron. Además, indicaron que hay que partir de la base de que son “archivos de los años del terrorismo de Estado, fabricados y hechos por los propios terroristas de Estado”, lo que significa que no necesariamente se pueden tomar como “la Biblia, o que todo es verdad”.
El antropólogo José López Mazz, que estuvo a cargo de la búsqueda de restos de desaparecidos durante diez años, hasta que renunció en 2014, dijo a principios de junio a Montevideo Portal que una decisión política de Presidencia le dio prioridad al trabajo con documentos históricos en detrimento de la búsqueda de restos de desaparecidos.
Desde el GTVJ dijeron que López Mazz “demuestra que no sabe de qué habla”, ya que “las excavaciones no se detuvieron por decisión del GTVJ ni de los antropólogos, y menos del presidente”. En el Batallón 13 apareció un “artefacto explosivo” y al juez le pareció que era “peligroso para los antropólogos”, por lo tanto, decidió “suspender las excavaciones hasta que hubiera garantías de que no habría más explosivos”. Así las cosas, los integrantes del GTVJ subrayaron que están esperando la decisión del juzgado de recomenzar las excavaciones en el Batallón 13.
Además, aseguraron que la búsqueda de los desaparecidos se ha continuado, pero si no se han encontrado más restos es porque no hay declaraciones sobre los lugares en donde podrían estar enterrados. Enfatizaron que esa información tiene que ser proporcionada “a nivel oficial por las Fuerzas Armadas”.
“El Batallón 14 tiene 400 hectáreas, por lo tanto, si no hay alguien que diga ‘el cuerpo está acá’, hay que dar vuelta 400 hectáreas. Si no hay declaraciones expresas, como las que hubo en la mayoría de los casos [en los que se encontraron restos], lleva mucho tiempo”, concluyeron los integrantes del GTVJ.
Contra el ajuste fiscal y el desajuste presupuestal (II)
por Antonio Elías (*)
En el artículo anterior decíamos que en un contexto económico de muy bajo crecimiento de la economía uruguaya y un importante déficit fiscal (casi 4%) se redujeron los recursos para distribuir en la conciliación de clases y el gobierno decide que los costos los pague el trabajo y no el capital. Con ese objetivo aplica un ajuste fiscal gradual que afecta negativamente a los hogares de los trabajadores – sean estos ocupados, desocupados o pasivos – tanto en el ingreso monetario como en el acceso y calidad de los bienes y servicios que presta el Estado. En esta nota se presentan los ajustes en los egresos, tanto en gasto como en inversión.
1.- Vientos de ajuste
Cuando un gobierno tiene un desequilibrio en las cuentas públicas que genera un déficit fiscal significativo busca corregir esa situación reduciendo los gastos y/o aumentando los ingresos. Para ello realiza un ajuste fiscal que consiste en un aumento de la carga tributaria (creando nuevos impuestos o aumentando las tasas de los impuestos existentes) y reduciendo los egresos a través de la eliminación o reducción de partidas presupuestales. Un ajuste fiscal puede ser explicito cuando se anuncia el conjunto de medidas que se van a tomar y se cuantifican los resultados que se van a obtener o encubierto cuando se lo hace a través de medidas administrativas y/o instructivos internos.
Los vientos de ajuste predominantes en los últimos años han prestado excesivo énfasis a la política fiscal, relegando los objetivos programáticos de la política presupuestal. Es necesario, por tanto, subrayar la importancia de la prestación de los servicios públicos como parte de la garantía de los derechos individuales, no siendo adecuado considerar a aquéllos como una concesión que el gobierno hace al pueblo: son un derecho que tiene cada individuo por pertenecer a la sociedad. Los servicios públicos que forman parte de los derechos individuales que el gobierno tiene obligación de prestar son: por un lado, los básicos (entre otros, defensa, justicia y seguridad, que deben brindarse independientemente de la participación en la carga fiscal que se haya asignado a cada ciudadano); por otro, los bienes y servicios meritorios (como la salud y la educación, que deberían brindarse con contraprestaciones inversamente proporcionales a la capacidad de pago).
En ese marco se inscribe el proceso de ajuste de las cuentas públicas, llamado en 2015 “moderación y prudencia” y en 2016 “consolidación fiscal”, que impactó negativamente en el nivel de vida de los trabajadores, los pasivos y el amplio grupo de sectores carenciados que solo cuentan con las políticas sociales. El gran capital, fundamentalmente transnacional, seguirá protegido por las zonas francas y la ley de promoción de inversiones; los empresarios locales, sobre todos los medianos y pequeños, seguirán pagando la misma tasa de IRPF que los grandes empresarios porque no existe progresividad en las rentas personales del capital.
En primer lugar debe destacarse que los empresarios que fueron los que ganaron más en la época de auge no aportarán para el financiamiento del déficit del estado, en particular el capital transnacional que se ubica en las Zonas Francas y los grandes capitales nacionales que se benefician de la Ley de Protección de Inversiones.
Tampoco pagará el ajuste, al menos por ahora, la llamada caja militar que recibe transferencias enormes para mantener un sistema de beneficios especiales, tanto en edad de retiro como en tasas de remplazo. El Comandante en jefe del ejército ironizó sobre los llamados privilegios de los militares, sin embargo, es estrictamente cierto que existen esos privilegios, en particular en las pasividades: actualmente se pueden retirar con 20 años de servicios y un mínimo de 38 años de edad, cobrando como pasividad el 100% del salario del grado superior inmediato.
Hay que recordar que la reforma de la caja militar figuraba en la Carta Intención con el FMI del 24 de mayo de 2005, donde en el punto 9 se señalaba que: “La sustentabilidad de una adecuada situación fiscal en el mediano plazo exige tomar medidas ante la debilidad financiera de las Cajas de Jubilaciones Policial, Militar y Bancaria”. Las leyes que reformaron la caja de jubilaciones Bancaria (Ley 18.396 del 24 de octubre) y Policial (Ley 18.405 del 11 de noviembre) fueron votadas en 2008. El Poder Ejecutivo, acaba de presentar un proyecto de Ley para reformar la Caja militar con un notorio retraso teniendo en cuenta, además, que la asistencia financiera fue de U$S 400 millones en 2016.
2.- El ajuste de gastos
2.1. En los dos primeros años de gobierno
Al inicio de este período de gobierno los lineamientos para la formulación del presupuesto quinquenal de la Administración Central fueron los siguientes:
a.- “A efectos de determinar la línea de base se considerará la ejecución del ejercicio 2014 correspondientes a niveles de actividad permanentes… este importe será abatido un 20% en términos nominales y ajustado por la inflación proyectada para 2015”.
b.- “El presupuesto de inversiones incluirá en la línea de base créditos por un monto equivalente al nivel de ejecución 2014 (88% del presupuesto asignado) el cual debería ser “depurado de las inversiones extraordinarias que pudieses haberse realizado”.
c.- “Para determinar la masa salarial base para el ejercicio 2016, se considerará la masa salarial del ejercicio 2014 y se reducirá el monto no ejecutado a un máximo de 10% de esa masa.” Poniendo así un tope al crecimiento de la masa salarial, lo que se complementaba con una exhortación a “minimizar el ingreso de nuevo personal a situaciones estrictamente necesarias”.
El resultado de las medidas anteriormente señaladas se observan en el siguiente cuadro: el total de gastos de la Administración Central se redujo 1,6% en 2016 respecto a 2015, la mayor reducción se produjo en inversiones 5,2%, seguida de otros gastos de funcionamiento 3,8%, por su parte los gastos de personal se incrementaron 0,8%. En el bienio 2005-2006 hubo una reducción de los egresos de 1,9%, desagregado en 1,5% en gastos de personal, 2% los restantes gastos de funcionamiento y 2,8% las inversiones.
Un caso aparte son los organismos del Art. 220 que tienen cierto margen de autonomía: tanto, en lo que respecta a la presentación de sus propios presupuestos al Poder Legislativo; como, en la capacidad de ejecutar los presupuestos asignados. En este caso los gastos de funcionamiento aumentaron 4,2% en 2016 respecto a 2015 y habían aumentado 2% en 2015; la inversión, por su parte, había caído 18,6% en 2015 y tuvo un crecimiento de 5,7% en 2016, con lo cual en este periodo de gobierno hay una pérdida de 13, 9%. Como la inversión es solamente un 5% del presupuesto ejecutado su caída es más que compensada por el aumento de los gastos de funcionamiento.
2.2.- El ajuste que se está aplicando este año
En la Rendición de Cuentas presentada en 2016, que se ejecuta, en el presente año, se planteó apretar un poco más el torniquete, los egresos en la Administración Central se reducirían por diversos mecanismos:
a.- Eliminar el 5% de los créditos para retribuciones personales que no hayan sido ejecutados;
El ajuste de egresos aprobado – que fue menor al inicialmente propuesto debido a la resistencia social y política – perjudica, principalmente, a organismos que atienden necesidades sociales básicas de educación, salud y vivienda, entre otros, la Administración Nacional de Educación Pública, la Universidad de la República, la Administración de Servicios de Salud del Estado, el Hospital de Clínicas y el Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente.
Reducciones de egresos, todas ellas, que afectan negativamente la calidad, eficacia y eficiencia de los servicios públicos por la reducción de personal y de recursos para su funcionamiento.
En efecto, los empresarios que fueron los que ganaron más en la época de auge no aportaran para el financiamiento del déficit del estado porque existe un compromiso del gobierno de no crear nuevos impuesto ni aumentar la tasa impositiva. Aunque sí se toman una serie de medidas “administrativas” en el cálculo del Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas (IRAE), entre otras: la eliminación de la deducción de sueldos fictos patronales aplicable a empresas con alta facturación anual; reducir al 50% del resultado fiscal positivo las deducciones por pérdidas fiscales; gravar las utilidades no distribuidas generadas con una antigüedad superior a tres períodos.
La carga fundamental del ajuste recae sobre los ingresos del trabajo, la propuesta inicial del Poder Ejecutivo aplicaba aumentos a partir de la franja que comienza en
$ 33.401 la que pasaba de 15% a 18%; a partir de $ 50.100 y hasta los $ 167.000 pasaba de 20% a 23% y las tres franjas superiores aumentaban 4 puntos pasando de: 22% a 26%, de 25% a 29% y de 30% a 34%.
Luego de múltiples movilizaciones y negociaciones del PIT-CNT se lograron mejoras, aunque lo esencial sigue vigente: se grava al trabajo y no al capital. Se mantuvo la tasa de la segunda franja del IRPF en 15%; de $ 50.100 a $ 100.200 la tasa pasa de 20% a 24%; luego aumenta 5%, de 20% a 25% hasta los $ 167.000 y de 22% a 27% hasta $ 250.500 . Las dos franjas superiores aumentan 6%. En los hechos se redistribuyo la carga entre trabajadores, lo que se redujo a la franja entre $ 33.400 y 50.100 se les aumentó a los trabajadores que tienen ingresos mayores a esa cifra.
La reducción del porcentaje total que puede deducirse es otro mecanismo para aumentar la recaudación que va directamente, entre otros, contra las familias que tienen muchos hijos. Por debajo de los $ 50.100 puede deducirse un 10% y por encima solo 8%, cuando antes era progresional de un 10% a un 30%.
Es la misma lógica que se aplica desde que rige la reforma tributaria con el impuesto a la renta dual. En 2015, al igual que en todo los años anteriores, pagaron muchísimo más de IRPF los trabajadores ($ 34.880 millones) que los capitalistas ($ 5.837 millones).
Continúa vigente, además, la consigna de que “pague más el trabajador que gane más”, los capitalistas tienen una tasa plana en todos sus impuestos tanto para el pequeño comercio de barrio, como para la gran empresa, siempre que está última no tenga el privilegio de las exoneraciones por promoción de inversiones o zonas francas. Vale la pena recordar que en 2014, último dato oficial, las exoneraciones del IRAE llegaron a $ 19.980 millones y las del impuesto al patrimonio a $ 15.503 mil millones.
El aumento de los impuestos a los ingresos de los trabajadores afecta la calidad de vida, retrae el consumo y afecta el nivel de actividad generando desempleo. Téngase en cuenta que casi casi 500 mil trabajadores pagan IRPF y que el resto no lo paga por ganar menos del mínimo no imponible. La afirmación de que el 70% no será afectado es el reconocimiento explícito de los bajos salarios que reciben los trabajadores.
La reforma tributaria dual, implantada en 2007, con el argumento de instrumentar un impuesto a las rentas personales disfrazó y consolidó como permanente el impuesto a los salarios y redujo la carga sobre el capital. Como consecuencia de lo anterior en 2015 se recaudaron $ 35 mil millones por el IRPF a las rentas del trabajo, mientras que el IRPF al capital solamente pagó $ 6 mil millones de pesos. Por su parte, por IRAE se recauda menos que por el IRPF al trabajo $ 34 mil millones. El Impuesto al Patrimonio de las Personas Físicas solo recaudó $ 600 millones, mientras que el IASS recaudo en 2015 $ 6.500 millones.
El aumento del IRPF se suma al congelamiento del salario real de la mayoría de los funcionarios públicos (no tuvieron aumentos por encima de la inflación) y a la pérdida que impuso el Poder Ejecutivo a los trabajadores del sector privado en la sexta ronda de Consejo de Salarios al imponer una pauta salarial de incrementos nominales decreciente menor que la inflación.
En resumen, el ajuste fiscal es contrario a los intereses de los trabajadores – activos y pasivos – que siguen siendo la variable de ajuste de la economía pública y que si no se modifica la política económica perderán poder adquisitivo y calidad de vida. Lo que está en juego, en lo inmediato, es evitar que se continúe consolidando el actual modelo de acumulación que favorece los intereses del gran capital, fundamentalmente el transnacional.
(*) Master en Economía, Director del Instituto de Estudios Sindicales Universindo Rodríguez (INESUR), miembro de la REDIU.
En el artículo anterior decíamos que en un contexto económico de muy bajo crecimiento de la economía uruguaya y un importante déficit fiscal (casi 4%) se redujeron los recursos para distribuir en la conciliación de clases y el gobierno decide que los costos los pague el trabajo y no el capital. Con ese objetivo aplica un ajuste fiscal gradual que afecta negativamente a los hogares de los trabajadores – sean estos ocupados, desocupados o pasivos – tanto en el ingreso monetario como en el acceso y calidad de los bienes y servicios que presta el Estado. En esta nota se presentan los ajustes en los egresos, tanto en gasto como en inversión.
1.- Vientos de ajuste
Cuando un gobierno tiene un desequilibrio en las cuentas públicas que genera un déficit fiscal significativo busca corregir esa situación reduciendo los gastos y/o aumentando los ingresos. Para ello realiza un ajuste fiscal que consiste en un aumento de la carga tributaria (creando nuevos impuestos o aumentando las tasas de los impuestos existentes) y reduciendo los egresos a través de la eliminación o reducción de partidas presupuestales. Un ajuste fiscal puede ser explicito cuando se anuncia el conjunto de medidas que se van a tomar y se cuantifican los resultados que se van a obtener o encubierto cuando se lo hace a través de medidas administrativas y/o instructivos internos.
Los vientos de ajuste predominantes en los últimos años han prestado excesivo énfasis a la política fiscal, relegando los objetivos programáticos de la política presupuestal. Es necesario, por tanto, subrayar la importancia de la prestación de los servicios públicos como parte de la garantía de los derechos individuales, no siendo adecuado considerar a aquéllos como una concesión que el gobierno hace al pueblo: son un derecho que tiene cada individuo por pertenecer a la sociedad. Los servicios públicos que forman parte de los derechos individuales que el gobierno tiene obligación de prestar son: por un lado, los básicos (entre otros, defensa, justicia y seguridad, que deben brindarse independientemente de la participación en la carga fiscal que se haya asignado a cada ciudadano); por otro, los bienes y servicios meritorios (como la salud y la educación, que deberían brindarse con contraprestaciones inversamente proporcionales a la capacidad de pago).
En ese marco se inscribe el proceso de ajuste de las cuentas públicas, llamado en 2015 “moderación y prudencia” y en 2016 “consolidación fiscal”, que impactó negativamente en el nivel de vida de los trabajadores, los pasivos y el amplio grupo de sectores carenciados que solo cuentan con las políticas sociales. El gran capital, fundamentalmente transnacional, seguirá protegido por las zonas francas y la ley de promoción de inversiones; los empresarios locales, sobre todos los medianos y pequeños, seguirán pagando la misma tasa de IRPF que los grandes empresarios porque no existe progresividad en las rentas personales del capital.
En primer lugar debe destacarse que los empresarios que fueron los que ganaron más en la época de auge no aportarán para el financiamiento del déficit del estado, en particular el capital transnacional que se ubica en las Zonas Francas y los grandes capitales nacionales que se benefician de la Ley de Protección de Inversiones.
Tampoco pagará el ajuste, al menos por ahora, la llamada caja militar que recibe transferencias enormes para mantener un sistema de beneficios especiales, tanto en edad de retiro como en tasas de remplazo. El Comandante en jefe del ejército ironizó sobre los llamados privilegios de los militares, sin embargo, es estrictamente cierto que existen esos privilegios, en particular en las pasividades: actualmente se pueden retirar con 20 años de servicios y un mínimo de 38 años de edad, cobrando como pasividad el 100% del salario del grado superior inmediato.
Hay que recordar que la reforma de la caja militar figuraba en la Carta Intención con el FMI del 24 de mayo de 2005, donde en el punto 9 se señalaba que: “La sustentabilidad de una adecuada situación fiscal en el mediano plazo exige tomar medidas ante la debilidad financiera de las Cajas de Jubilaciones Policial, Militar y Bancaria”. Las leyes que reformaron la caja de jubilaciones Bancaria (Ley 18.396 del 24 de octubre) y Policial (Ley 18.405 del 11 de noviembre) fueron votadas en 2008. El Poder Ejecutivo, acaba de presentar un proyecto de Ley para reformar la Caja militar con un notorio retraso teniendo en cuenta, además, que la asistencia financiera fue de U$S 400 millones en 2016.
2.- El ajuste de gastos
2.1. En los dos primeros años de gobierno
Al inicio de este período de gobierno los lineamientos para la formulación del presupuesto quinquenal de la Administración Central fueron los siguientes:
a.- “A efectos de determinar la línea de base se considerará la ejecución del ejercicio 2014 correspondientes a niveles de actividad permanentes… este importe será abatido un 20% en términos nominales y ajustado por la inflación proyectada para 2015”.
b.- “El presupuesto de inversiones incluirá en la línea de base créditos por un monto equivalente al nivel de ejecución 2014 (88% del presupuesto asignado) el cual debería ser “depurado de las inversiones extraordinarias que pudieses haberse realizado”.
c.- “Para determinar la masa salarial base para el ejercicio 2016, se considerará la masa salarial del ejercicio 2014 y se reducirá el monto no ejecutado a un máximo de 10% de esa masa.” Poniendo así un tope al crecimiento de la masa salarial, lo que se complementaba con una exhortación a “minimizar el ingreso de nuevo personal a situaciones estrictamente necesarias”.
El resultado de las medidas anteriormente señaladas se observan en el siguiente cuadro: el total de gastos de la Administración Central se redujo 1,6% en 2016 respecto a 2015, la mayor reducción se produjo en inversiones 5,2%, seguida de otros gastos de funcionamiento 3,8%, por su parte los gastos de personal se incrementaron 0,8%. En el bienio 2005-2006 hubo una reducción de los egresos de 1,9%, desagregado en 1,5% en gastos de personal, 2% los restantes gastos de funcionamiento y 2,8% las inversiones.
Un caso aparte son los organismos del Art. 220 que tienen cierto margen de autonomía: tanto, en lo que respecta a la presentación de sus propios presupuestos al Poder Legislativo; como, en la capacidad de ejecutar los presupuestos asignados. En este caso los gastos de funcionamiento aumentaron 4,2% en 2016 respecto a 2015 y habían aumentado 2% en 2015; la inversión, por su parte, había caído 18,6% en 2015 y tuvo un crecimiento de 5,7% en 2016, con lo cual en este periodo de gobierno hay una pérdida de 13, 9%. Como la inversión es solamente un 5% del presupuesto ejecutado su caída es más que compensada por el aumento de los gastos de funcionamiento.
2.2.- El ajuste que se está aplicando este año
En la Rendición de Cuentas presentada en 2016, que se ejecuta, en el presente año, se planteó apretar un poco más el torniquete, los egresos en la Administración Central se reducirían por diversos mecanismos:
a.- Eliminar el 5% de los créditos para retribuciones personales que no hayan sido ejecutados;
- b) Limitar el ingreso de funcionarios públicos, por cada tres funcionarios que egresen solo podrán ingresarán dos;
- c) Los gastos ejecutados de funcionamiento e inversión no se ajustaran por la inflación, lo que implica una pérdida de poder adquisitivo similar el porcentaje de inflación.
El ajuste de egresos aprobado – que fue menor al inicialmente propuesto debido a la resistencia social y política – perjudica, principalmente, a organismos que atienden necesidades sociales básicas de educación, salud y vivienda, entre otros, la Administración Nacional de Educación Pública, la Universidad de la República, la Administración de Servicios de Salud del Estado, el Hospital de Clínicas y el Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente.
Reducciones de egresos, todas ellas, que afectan negativamente la calidad, eficacia y eficiencia de los servicios públicos por la reducción de personal y de recursos para su funcionamiento.
- Ajuste de ingresos
En efecto, los empresarios que fueron los que ganaron más en la época de auge no aportaran para el financiamiento del déficit del estado porque existe un compromiso del gobierno de no crear nuevos impuesto ni aumentar la tasa impositiva. Aunque sí se toman una serie de medidas “administrativas” en el cálculo del Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas (IRAE), entre otras: la eliminación de la deducción de sueldos fictos patronales aplicable a empresas con alta facturación anual; reducir al 50% del resultado fiscal positivo las deducciones por pérdidas fiscales; gravar las utilidades no distribuidas generadas con una antigüedad superior a tres períodos.
La carga fundamental del ajuste recae sobre los ingresos del trabajo, la propuesta inicial del Poder Ejecutivo aplicaba aumentos a partir de la franja que comienza en
$ 33.401 la que pasaba de 15% a 18%; a partir de $ 50.100 y hasta los $ 167.000 pasaba de 20% a 23% y las tres franjas superiores aumentaban 4 puntos pasando de: 22% a 26%, de 25% a 29% y de 30% a 34%.
Luego de múltiples movilizaciones y negociaciones del PIT-CNT se lograron mejoras, aunque lo esencial sigue vigente: se grava al trabajo y no al capital. Se mantuvo la tasa de la segunda franja del IRPF en 15%; de $ 50.100 a $ 100.200 la tasa pasa de 20% a 24%; luego aumenta 5%, de 20% a 25% hasta los $ 167.000 y de 22% a 27% hasta $ 250.500 . Las dos franjas superiores aumentan 6%. En los hechos se redistribuyo la carga entre trabajadores, lo que se redujo a la franja entre $ 33.400 y 50.100 se les aumentó a los trabajadores que tienen ingresos mayores a esa cifra.
La reducción del porcentaje total que puede deducirse es otro mecanismo para aumentar la recaudación que va directamente, entre otros, contra las familias que tienen muchos hijos. Por debajo de los $ 50.100 puede deducirse un 10% y por encima solo 8%, cuando antes era progresional de un 10% a un 30%.
Es la misma lógica que se aplica desde que rige la reforma tributaria con el impuesto a la renta dual. En 2015, al igual que en todo los años anteriores, pagaron muchísimo más de IRPF los trabajadores ($ 34.880 millones) que los capitalistas ($ 5.837 millones).
Continúa vigente, además, la consigna de que “pague más el trabajador que gane más”, los capitalistas tienen una tasa plana en todos sus impuestos tanto para el pequeño comercio de barrio, como para la gran empresa, siempre que está última no tenga el privilegio de las exoneraciones por promoción de inversiones o zonas francas. Vale la pena recordar que en 2014, último dato oficial, las exoneraciones del IRAE llegaron a $ 19.980 millones y las del impuesto al patrimonio a $ 15.503 mil millones.
El aumento de los impuestos a los ingresos de los trabajadores afecta la calidad de vida, retrae el consumo y afecta el nivel de actividad generando desempleo. Téngase en cuenta que casi casi 500 mil trabajadores pagan IRPF y que el resto no lo paga por ganar menos del mínimo no imponible. La afirmación de que el 70% no será afectado es el reconocimiento explícito de los bajos salarios que reciben los trabajadores.
La reforma tributaria dual, implantada en 2007, con el argumento de instrumentar un impuesto a las rentas personales disfrazó y consolidó como permanente el impuesto a los salarios y redujo la carga sobre el capital. Como consecuencia de lo anterior en 2015 se recaudaron $ 35 mil millones por el IRPF a las rentas del trabajo, mientras que el IRPF al capital solamente pagó $ 6 mil millones de pesos. Por su parte, por IRAE se recauda menos que por el IRPF al trabajo $ 34 mil millones. El Impuesto al Patrimonio de las Personas Físicas solo recaudó $ 600 millones, mientras que el IASS recaudo en 2015 $ 6.500 millones.
El aumento del IRPF se suma al congelamiento del salario real de la mayoría de los funcionarios públicos (no tuvieron aumentos por encima de la inflación) y a la pérdida que impuso el Poder Ejecutivo a los trabajadores del sector privado en la sexta ronda de Consejo de Salarios al imponer una pauta salarial de incrementos nominales decreciente menor que la inflación.
En resumen, el ajuste fiscal es contrario a los intereses de los trabajadores – activos y pasivos – que siguen siendo la variable de ajuste de la economía pública y que si no se modifica la política económica perderán poder adquisitivo y calidad de vida. Lo que está en juego, en lo inmediato, es evitar que se continúe consolidando el actual modelo de acumulación que favorece los intereses del gran capital, fundamentalmente el transnacional.
(*) Master en Economía, Director del Instituto de Estudios Sindicales Universindo Rodríguez (INESUR), miembro de la REDIU.
