24 de junio de 2017
Entrevista a Juan Martín Guevara (hermano del Che):
Entrevista a Juan Martín Guevara (hermano del Che):
“Ernesto es mi hermano de sangre y mi compañero de ideas”
Entrevista a Juan Martín Guevara. “Patatín”, como lo llamaba el Che, pasó por la ciudad de Alta Gracia y dejó algunas definiciones sobre el revolucionario universal. Por Adrián Camerano | La tinta.
A sus 74 años, y a medio siglo de la muerte del Che, Juan Martín Guevara no para. En los últimos meses editó un libro, dio una charla multitudinaria en Italia, participó de una nueva Semana del Che en Alta Gracia y habló en un homenaje porteño al revolucionario universal. “Voy a tener que seleccionar un poco, porque voy tomando cosas como si tuviera 40 años y ya tengo 74, la memoria no es la misma, y el cuerpo te dice que no”, dice, mientras se acomoda en un banco de madera de Villa Nydia, el chalet donde Ernesto vivió parte de su infancia.
“He venido aquí varias veces, y siempre ha sido bajo la premisa de que no íbamos a hablar de Ernestito, sino que íbamos a hablar del Che, obviamente partiendo de Ernestito. Lo interesante para mí es destacar que este lugar es museo porque aquí, en esta casa, vivió Ernesto Guevara, el Che”, se posiciona. Ocurre que el museo, inaugurado cuando despuntaban los 2000, tuvo en sus inicios una impronta ligada a “Ernestito”, que soslayaba el contenido político del personaje. Eso cambió años más tarde, de la mano del interés del gobierno cubano por el sitio donde vivió el guerrillero heroico.
“Me parece también que es un proceso de madurez del lugar, de la gente; de la figura, la imagen y la presencia internacional del Che. El interés de la gente crece cada vez más, vienen de todos lados con esa visión y esas preguntas acerca de quién era el Che, ya no solo quién era Ernestito”, señala.
-¿Tiene Ud. recuerdos de esta casa?
-En realidad yo no viví acá, nací en Córdoba capital. Y de la época del Che niño yo no tengo recuerdos, me fui de Córdoba a los 5 años. Pero sí he siempre venido a Córdoba, no tanto a Alta Gracia sino a Carlos Paz, a Icho Cruz, porque una tía mía tenía una tapera por ahí, e iba porque me gustaban las sierras.
El menor de los Guevara militó en el Partido Revolucionario de los Trabajadores y también vivió en Córdoba circunstancias muy ingratas. “Yo milite acá, y caí preso por primera vez en el 74, por el Navarrazo”, relata. Bajo el número 449 estuvo preso ocho años, durante e incluso antes de la última dictadura cívico-militar, cuyas autoridades se ensañaron particularmente con la familia Guevara.
En la Semana del Che
Juan Martín es un asiduo animador de la Semana del Che, el encuentro en honor al revolucionario que Alta Gracia organiza desde hace 14 años. Fue en ese marco que brindó esta entrevista y que dejó algunas reflexiones acerca del Che.-¿Cómo vive cada regreso a Alta Gracia?
-Con gran hospitalidad y cordialidad cada vez que vengo. La gente se sorprende de que un hermano de una figura así este vivo. En la charla hice hincapié en el humor, porque quedó en la foto esa cara de él así, rígida, de un día terrible, el día de la explosión del barco La Coubre, estaba con una cara que no era de gran alegría. Pero su estado natural era irónico, y el humor es un símil de la autocrítica, cuando uno puede reírse de uno mismo. Esa era una característica de Ernesto, irónico, jodedor, jocoso y muy autocrítico, no se dejaba escapar a él mismo algo que estaba mal.
-¿Y cómo lleva este legado de difundir sus ideas, su figura? ¿Es una “carga”?
-Yo digo que es un legado, porque una carga no es. Ernesto es mi hermano de sangre y mi compañero de ideas. Cuando hablamos del Che hablamos de Ernesto, y cuando hablo de Ernesto hablo del Che. A mí me definió una cosa de adentro y una de afuera: lo de afuera es haber ido percibiendo los cambios, cuando estaba en la militancia no era muy bueno decir que era hermano del Che, cuando estaba preso menos, después del Golpe también; conocí mucho Cuba en los 80 y 90 y no era el momento. Pero pasado el tiempo las cosas fueron cambiando y hubo un cambio en mí, y esto de los museos fue uno de los disparadores. Se crea Los Caminos del Che en la Secretaría de Turismo de aquella época, se crean tres museos, éste, el de Misiones y el de La Pastera, en el sur.
-Buenos Aires se resiste, parece.
-Un día presentamos los museos en el Congreso, y allí me encontré sentado con una serie de personas y me encuentro con que todos decían que el Che era propio: los misioneros por la panza de mi mamá, en Rosario porque nació allí, los cordobeses porque se había formado en Córdoba y los cubanos porque se había hecho dirigente en Cuba. Pero en Buenos Aires no pasaba nada. Y eso me disparó.
-Y entonces hubo un proceso interno
-Si, y también influyeron las preguntas que me hicieron. Más allá de lo que digo, yo aprendo, y aprendo porque voy buscando bibliografía y documentos. Entendí que es bueno hablar, es necesario, porque sobre mi hermano el Che hay ignorancia, mentiras y deformaciones.
-Inclusive esto lo lleva a viajar, y hasta a editar un libro sobre el Che
-Ahora he estado en Europa, en cuatro países, y tuve charlas, debates y entrevistas de todo tipo. Estuve en Pescara ante 5 mil personas y en ese viaje descubrí que había perdido el miedo escénico. Y saqué un libro con una francesa, yo lo charlé, ella lo escribió y se tradujo a varios idiomas. La idea de ese libro es humanizar al Che, para poder darle a ese hombre Guevara contenido humano, político, filosófico, económico… fue periodista, escritor, poeta, deportista, en fin. Tenemos la ventaja de que la figura existe, entonces el contenido es más fácil ponérselo. Tengo que reconocer también que esto es un poco cansador, ahora he retomado actividades privadas, un poco tengo que ver el tiempo, porque además tengo 74 años, la memoria no es la misma, yo voy tomando cosas como si tuviera 40, y el cuerpo te dice no.
-¿Es igual hablar sobre el Che en el contexto argentino actual, que en otras etapas de nuestra vida política? ¿Influyen las noticias de todos los días?
-A veces me preguntan dónde estaría ubicado el Che en este momento, y es una metáfora, yo no puedo meterme en esa locura. Lo único que sí puedo, y hasta cierto punto, es dar mi opinión. Tengo libertad de pensamiento y de palabra, y también trato de ser lo más diplomáticamente correcto, trato de no decir lo que no vale la pena decir en el lugar equivocado. Pero sí, sale, aparece, lo dije el otro día, cada vez que pasa alguna cosa como lo de las pensiones por invalidez, o la baja de la imputabilidad a los 14. El tema no es ese, ni llenar todo de policías, el tema es la causa, sino vamos a terminar imputando a los 5 años. Yo he estado en la 11.14 en Buenos Aires, en la Villa 31, en distintos barrios; yo sé cuál es el problema de la calle, es más, yo me crié en la calle. Entonces que me digan que la baja, que es una cosa jurídica, legal, normativa nada más, va a resolver el problema… cámaras por todos lados hasta ahora no lo resolvió, al contrario.
-¿Y sale también la consulta acerca de la actualidad de las fuerzas progresistas hoy?
-Cuando me preguntan cómo está la izquierda hoy, yo digo que si el francés Hollande es socialista yo soy de Marte, y que si el chino si Deng Xiaoping es comunista, yo soy de Júpiter.
Fernando Martínez Heredia, intelectual revolucionario cubano
Opinión
Fernando Martínez Heredia, fallecido esta semana en La Habana, fue el intelectual más importante de la Revolución Cubana. Su trayectoria, su obra y su actuación tanto en Cuba como en toda América Latina, han hecho de él y de sus ideas una presencia insustituible en la lucha de ideas.
Fernando dirigió la revista Pensamiento Critico, la más importante del continente en los años 1960, que hacia llegar a Cuba y a muchísimo países de América Latina los cambios más nuevos e importantes que la nueva izquierda producía a nivel mundial.En sus páginas se mezclaban textos del Che, discursos de Fidel, con artículos de Ernst Mandel, de Althusser, de lideres de la izquierda latino-americana, y la reedición de textos clásicos del marxismo.
Mas adelante Fernando fue un activo participante del Centro de Estudios de America (CEA), que reagrupó lo mejor y lo más importante de la intelectualidad cubana, publicando textos expresivos y determinantes para entender la realidad cubana y de todo el continente.
En el momento de su muerte trató de rescatar su trayectoria personal, su formación política, para que se tenga una idea de como se formaba la intelectualidad cubana en los comienzos de la Revolución. Desde siempre uno llegaba a La Habana y buscaba a Fernando para enterarse de como andaba la Isla, a que se dedicaba él, o cuales eran sus mayores preocupaciones. Y puedo decir que siempre, a lo largo de tantas décadas trascurridas desde el comienzo de la Revolución, hemos coincidido siempre en nuestras visiones políticas y preocupaciones teóricas.
En uno de esos viajes le hice una larga entrevista para la revista Critica y Emancipación, año 9, numero 5, que yo fundé y dirigí en sus primeros anos, cuando yo dirigir Clacso. En ese momento él se refería de este modo a sus orígenes: “Nací en el pueblo de Yaguajay, en la antigua provincia de Las Villas. Mi padre pedía limosna cuando era niño en la calle y nunca fue a la escuela. Mi madre solo hizo el primer año de primaria y de ahí pasó a ser niña obrera en la industria del tabaco. Eramos seis niños pero solo cuatro llegamos a adultos. Yo nací en 1939. Estudie siempre en escuelas publicas. Comencé a leer cosas politizadas en Bohemia, la revista semanal cubana mas famosa, de extraordinaria calidad. Tiraba mas de 300 mil ejemplares. Enviaba 700 ejemplares a Buenos Aires por avión.”
“En Santa Clara participé en las protestas estudiantiles. Por primera vez oí hablar de Fidel. Asaltaron al cuartel Moncada el 26 de julio de 1953 y eso me causó un impacto decisivo. Yo tenia entonces 14 años y mi mama me había llevado a ver unos familiares a un poblado. Al salir vimos el cuartel con todos los soldados en guardia. Preguntamos a alguien, que nos dijo que que habían peleado en Santiago de Cuba y que el ejercito estaba movilizado. Al día siguiente el dictador hablo al país, lo escuche y pensé que había dicho muchas mentiras y que los asaltantes al Moncada eran unos héroes revolucionarios. Para hacer algo comencé a anotar en una libreta los pocos nombres de los muertos que iban apareciendo, para evitar que cayeran en el olvido.”
- Como viviste el primero de enero del 1959, le pregunte’: “Yo estaba en Santa Clara, se estaba combatiendo ahí desde el 28 de diciembre. Es la famosa batalla que dirigió el Che. Recuerdo al Che con un brazo fracturado, con una seguridad absoluta en si mismo, caminando por una vía principal en la calle Independencia, ancha y recta. El ejercito trataba de avanzar como a 700 metros, venia con 2 tanques; sus disparos eran lejanos, pero en linea recta el fusil es efectivo a esa distancia y más. El Che se detuvo delante de una vidriera destrozada del Ten Cents, y llegó bajo el fuego hasta la esquina siguiente, donde había 5 o 6 rebeldes. Yo estaba a unos 50 metros , con bastante miedo, pegado a la acera. Ahora pienso que actuaba así para darles confianza a los que veían, porque los canones de tanques en una ciudad hacen un ruído espantoso.”
En la entrevista Fernando relata como nació la idea de la revista Pensamiento Critico, como surgió su primer numero a fines de 1966, sobre las luchas armadas en América Latina. A partir de ahí Fernando Martinez Heredía se proyectó como un líder de vanguardia del pensamiento critico cubano y latino-americano. En los últimos anos se dedicó a un balance de la historia cubana del siglo XX, retomando temas como la cuestión nacional, su articulación con la lucha por el socialismo, así como un balance del pensamiento y de la vida de Fidel, su ultima obra.
A contracorriente
Emir Sader es profesor universitario brasileiro, autor, entre
otros, de 'El nuevo topo - Los caminos de la izquierda latinoamericana'
(Ed. El Viejo Topo).
por Emir Sader
La revolución rusa, según García Linera
En el libro “Que es una revolución?”, con el subtítulo “De la Revolucion Rusa de 1917 a la revolucion de nuestros tempos”, (Editorial Akal) García Linera rehace toda la trayectoria y las narrativas que se han hecho sobre la Revolución Rusa en un texto denso y lleno de elementos para pensar la contemporaneidad de la revolución.
Antes de todo García Linera constata la dimensión del fenómeno en sus proporciones históricas: “La revolución soviética de 1917 es el acontecimiento político mundial mas importante del siglo XX, ya que cambia la historia moderna de los Estados, escinde en dos y a escala planetaria las ideas políticas dominantes, transforma los imaginarios sociales de los pueblos devolviendolos su papel de sujetos de la historia, innova los escenarios de guerra e introduce la idea de otra que hay otra opción (mundo) posible el curso de la humanidad”.
La Revolución Rusa anunció el nacimiento del siglo XX, poniendo la revolución como “referente moral de la plebe moderna en acción”. “Revolución se convertirá en la palabra mas reivindicada y satanizada del siglo XX”.
Por ello, “en los últimos 100 anos morirán más personas en nombre de la revolución que en nombre de cualquier religión”, con la diferencia de que “en la revolución , la inmolación es a favor de la liberación material de todos los seres humanos”.
Enseguida García Linera encara la revolución como “momento plebeyo” que es “la sociedad en estado de multitud fluida, autoorganizada, que se asume a si misma como sujeto de su propio destino”, antes de definir el significado de la Revolución Rusa. Linera critica enseguida a las visiones reduccionistas de la Revolución Rusa las que la reducen a la toma del Palacio de Invierno y a la instauración de un nuevo gobierno. “La revolución no constituye un episodio puntual, fechable y fotografiable, sino un proceso de largo, de meses y de años, en el que las estructuras cosificadas de a sociedad, las clases sociales y la instituciones se licuan y todo, absolutamente todo o que antes era sólido, normal, definido, previsible y ordenado, se diluye en un ‘torbellino revolucionario’ caótica y creador”.
La combinación extraordinaria de una serie de eventos y factores es lo que hace la revolución posible: “Las revoluciones son acontecimientos excepcionales, rarísimos, que combinan de una manera jamás pensada corrientes de lo mas contradictorias que lanzan a la sociedad entera, anteriormente indiferente y apática, a la acción política autónoma”, consagrando la imagen clásica del “viejo topo” .Una revolución, según García Linera, “es, por excelencia, una guerra de posiciones y una concentrada guerra de movimientos”,volviendo a acercar a Lenin de Gramsci. En la intensa lucha ideológica previa, los bolcheviques se van volviendo políticamente hegemónicos en las clases subalternas. “En realidad, la insurrección de octubre simplemente consagró el poder real alcanzado por los bolcheviques en todas las redes activas de la sociedad laboriosa”, que “se presenta mas que como ‘dualidad de poderes’, como ‘multitud de poderes locales’”.
Así, para García Linera, la contraposición entre revolución y democracia es un falso debate, porque una “revolución es la realización absoluta de la democracia”. De la misma forma que es una interpretación equivocada considerar que las revoluciones son un tipo de “guerra de movimientos”, imposible sin una “guerra de movimientos” que construye, a lo largo del tiempo, las condiciones del triunfo revolucionario. Por ello Lenin defiende el concepto de “frente único” en los debates de la Internacional Comunista, explicitado por Gramsci sobre las sociedades orientales y occidentales.
Hay un aspecto universal de la revolución soviética, que se radica “en la victoria cultural, ideológica, politica y moral de las corrientes bolcheviques en la sociedad civil”. Enseguida García Linera retoma los termos en que se caracterizaron las etapas de revolución boliviana, al enfocar las relaciones entre el momento jacobino leninista y el momento gramsciano hegemónico. El se refiera al momento jacobino como “el punto de bifurcacion de la revolución”, que no tiene que ver con un momento de ocupación de instalaciones del viejo poder, ni del desplazamiento de las viejas autoridades. “Las revoluciones del siglo XXI muestran que esto ultimo llega a realizarse por via de elecciones democráticas.”
“El punto de bifurcacion o momento jacobino es este epitome de las luchas de clases que desata una revolución”, es “un tiempo donde los discurso enmudecen, las habilidades de convencimiento se repliegan y la querella por los símbolos unificadores se opacan”. En la revolución cubana fue la batalla de Giron, en el gobierno de Allende el golpe de Pinochet, en Venezuela el paro de actividades de PDVSA y el golpe de Estado en 2002, en Bolivia el golpe de Estado cívico-prefectural de septiembre de 2008. La importancia de ese momento “jacobino-leninista” radica en instituir “de forma duradera, el monopolio de la represión, de los impuestos, de la educación publica, de la liturgia del poder y de la legitimidad político-cultural”. Esa combinación inseparable de los momentos “hace que una revolución con un momento gramsciano sin un momento leninista sea una revolución truncada, fallida”.
El libro desemboca en la discusión de lo que es el socialismo. García Linera incorpora la idea de que una revolución que se no se alastra a otros países termina agotándose. Frente a esa y a otras dificultades, observa: “Uno desearía hacer muchas cosas en la vida, pero la vida nos habilita simplemente a hacer algunas. Uno desearía que la revolución fuera lo mas diáfana , pura, heroica, planetaria y exitosa posible – y esta muy bien trabajar por ello – , pero la historia real nos presenta revoluciones mas complicadas , enrevesadas y peligrosas”. Uno no puede adecuar la realidad a las ilusiones, sino todo lo contrario: debe adecuar las ilusiones y las esperanzas a la realidad, a fin de acercarla lo mas posible a ellas, abolando y enriqueciendo esas ilusiones a partir de lo que la vida real nos brinda y enseña.”
En el análisis concreto da la dinámica de la revolución rusa, Garcia Linera advierte de que “ninguna revolución tiene un contenido predeterminado”, lo que fue generando el carácter de la revolución rusa fue la forma como los bolcheviques fueron encarando las trasformaciones revolucionarias. “El socialismo no es la estatizacion de los medios de producción”, sino, en términos leninistas: “no se mas que el monopolio capitalista de Estado puesto al servicio de todo el pueblo y que, por ello, ha dejado de ser monopolio capitalista”.
“… el socialismo jamás podrá ser la socialización o la democratización de la pobreza, porque fundamentalmente es la creciente socialización de la riqueza material.” “A contracorriente de lo que la izquierda mundial creyó durante todo el siglo XX, la estatización de los grandes medios de producción , de banca y del comercio no instaura un nuevo modo de producción ni instituye una nueva lógica económica – mucho menos el socialismo – , porque no es la socialización de la producción.” “En otras palabras: uno de los fetiches de la izquierda fallida del siglo XX: ‘la propiedad del Estado es sinónimo de socialismo’, es un error, una impostura. Incluso hoy se tiene un izquierdismo deslactosado que, desde la cómoda cafetería en la que planifica terribles revoluciones a partir de la espuma del capuchino, le reclama a los gobiernos progresistas mas estatizaciones para instaurar el socialismo imediatamente.”
En parte final del libro García Linera se detiene en una de sus (justas) obsesiones actuales: el rol importante de la resolución de los problemas económicos y so rol de conquista de tiempo. En el, se demuestra el fracaso total del comunismo de guerra y como Lenin justifica e introduce a la NEP, para organizar la economía soviética en las condiciones de un enorme retroceso social provocado por las devastaciones del pais.
“La regla básica del marxismo de que la base material de la sociedad influye en las otras esferas , no siempre es tomada en cuenta por los revolucionarios, que pueden llegar a sobredimensionar la voluntad y la acción política como motores de cambio.” Sin embargo, “sin base material, no existen potencialidades revolucionarias que espolear y, por tanto, devienen en impotencia discursiva”. La NEP derrumba buena parte de las ilusas concepciones pre-constituidas acerca de la construcción del socialismo, ayuda a precisar lo que el socialismo es en realidad y fija con claridad las prioridades que una revolución en marcha debe resolver.”
“El socialismo como construcción de nuevas relaciones económicas no puede ser una construcción estatal ni una decisión administrativa; sino, por encima de todo, una obra mayoritaria, creativa y voluntaria de las propias clases trabajadoras que van tomando en sus manos la experiencia de nuevas maneras de producir y gestionar la riqueza.”
Así, “la lucha por un nuevo sentido común y estructuras organizativas de las clases laboriosas son las tareas fundamentales en el proceso revolucionario.” “La economía y la revolución mundial representan entonces las preocupaciones post insurreccionales.”
“En síntesis, el socialismo es un larguísimo período histórico de intenso antagonismo social, en el que, en lo económico, las relaciones capitalistas de producción y la lógica del valor de cambio siguen vigentes , pero que, en su interior, desde sus entrañas, en el ámbito local, nacional, surgen una y otra vez incipientes, intersticiales y fragmentarias formas de trabajo comunitario, asociado, que pugnar por expandirse a escalas regionales y nacionales.” “El socialismo no es ni un modo de producción ni un destino. Es un espacio histórico de intensas luchas de clases…”
¿Por que fracasó la revolución soviética? Porque no ha logrado ensamblarse con otras revoluciones. Y porque el Estado ha asumido el protagonismo de los cambios y las decisiones sociales, lo cual es camino rápido del fracaso. Pero de esa revolución quedó la experiencia mas prolongada de una revolución social.
“Hoy recordamos la revolución soviética porque existió, porque por un segundo despertó en los plebeyos del mundo la esperanza de que era posible construir otra sociedad…” “Pero también la recordamos porque fracasó de manera estrepitosa, devorando las esperanzas de toda una generación de clases subalternas.”
Aunque citando a García Linera ampliamente para darle la palabra de forma textual, aunque sea un libro relativamente pequeño – cerca de 100 paginas -, estoy seguro de que hay muchos otros argumentos que vale la pena que sean considerados por nosotros hoy. Pero basta esos para que se reafirme que la mejor fuente para encarar el pasado, el presente y el futuro, es la practica revolucionaria, que permite a García Linera extraer ese conjunto de extraordinarias lecciones. En comparación con seminarios tristes, encerrados en claustros académicos, celebrando sobre los cien anos de 1917, lejos de la realidad histórica y política contemporánea. Este es un texto mas de García Linera que lo reafirma como el mejor y el más importante intelectual latino-americano contemporáneo.
Presidente Maduro solicitó al Poder Ciudadano y Judicial profundizar acciones contra el golpismo
El
presidente de la República, Nicolás Maduro, solicitó a las autoridades
del Poder Ciudadano y del Poder Judicial acordar acciones para evitar la
impunidad ante las acciones de carácter golpista promovidas por
sectores opositores que insisten en sus llamados a la Fuerza Armada
Nacional Bolivariana (FANB) a romper el hilo constitucional.
“Pido cárcel para quienes llaman al golpe de Estado; pido justicia para que haya paz”, aseveró el mandatario en el acto central en conmemoración de los 196 años de la Batalla de Carabobo y Día del Ejército Bolivariano, celebrado este sábado en el Patio de Honor de la Academia Militar, en Los Próceres, Caracas.
Su llamado lo dirigió específicamente al defensor del Pueblo, Tareck William Saab; al contralor general de la República, Manuel Galindo, y a la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, así como al Tribunal Supremo de Justicia,a quienes sugirió acordar este lunes acciones del Poder Ciudadano en pleno para hacer justicia ante la sedición armada de la derecha que desde abril pasado ha cobrado la vida de más de 73 personas y ocasionado más de mil heridos.
“¿Es constitucional y legítimo aceptar que fuerzas y líderes políticos de una fracción del país llamen a un golpe de Estado para acabar con un Gobierno, legítimo, electo por le pueblo, e imponer un Gobierno que nadie eligió, para imponer nuevamente una dictadura oligárquica? ¿ No hay responsabilidades legales? ¿Es la impunidad total?”, preguntó el presidente Maduro a dichos poderes.
Ratificó la vocación democrática, inclusiva y de paz del Gobierno bolivariano, “yo quiero diálogo pero sobre la base del respeto a las reglas del juego y la Constitución; para que cesen los ataques armados de la derecha, quiero diálogo para encaminar soluciones a los problemas de los venezolanos”, insistió.
De esta manera, el presidente Maduro reiteró su llamado a todos los sectores del país y subrayó que la Asamblea Nacional Constituyente, a elegirse el 30 de julio próximo por el voto directo, universal y secreto del pueblo es un camino para ello.
F/AVN
“Pido cárcel para quienes llaman al golpe de Estado; pido justicia para que haya paz”, aseveró el mandatario en el acto central en conmemoración de los 196 años de la Batalla de Carabobo y Día del Ejército Bolivariano, celebrado este sábado en el Patio de Honor de la Academia Militar, en Los Próceres, Caracas.
Su llamado lo dirigió específicamente al defensor del Pueblo, Tareck William Saab; al contralor general de la República, Manuel Galindo, y a la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, así como al Tribunal Supremo de Justicia,a quienes sugirió acordar este lunes acciones del Poder Ciudadano en pleno para hacer justicia ante la sedición armada de la derecha que desde abril pasado ha cobrado la vida de más de 73 personas y ocasionado más de mil heridos.
“¿Es constitucional y legítimo aceptar que fuerzas y líderes políticos de una fracción del país llamen a un golpe de Estado para acabar con un Gobierno, legítimo, electo por le pueblo, e imponer un Gobierno que nadie eligió, para imponer nuevamente una dictadura oligárquica? ¿ No hay responsabilidades legales? ¿Es la impunidad total?”, preguntó el presidente Maduro a dichos poderes.
Ratificó la vocación democrática, inclusiva y de paz del Gobierno bolivariano, “yo quiero diálogo pero sobre la base del respeto a las reglas del juego y la Constitución; para que cesen los ataques armados de la derecha, quiero diálogo para encaminar soluciones a los problemas de los venezolanos”, insistió.
De esta manera, el presidente Maduro reiteró su llamado a todos los sectores del país y subrayó que la Asamblea Nacional Constituyente, a elegirse el 30 de julio próximo por el voto directo, universal y secreto del pueblo es un camino para ello.
F/AVN
F/Archivo
EEUU busca legalizar la intervención en terceros países a través de la ONU
Una vez Washington reciba el apoyo a su propuesta, el país norteamericano podrá llevar a cabo operaciones especiales en territorio de terceros países de acuerdo con la legislación estadounidense, según estas fuentes. "Con la ampliación de la lista de organizaciones terroristas, los estadounidenses tienen intención de legalizar (sobre todo para sí mismos) la intervención en asuntos de otros países", reza el artículo.
Entre los países que se oponen a la idea de Washington de ampliar la lista de la ONU figuran Rusia y Egipto, que temen la injerencia estadounidense en los asuntos internos de otros Estados. "En el Cairo creen que la inclusión de la rama regional de Al Qaeda en la lista internacional significará el reconocimiento de la incapacidad de las autoridades del país para hacer frente a la amenaza por su propia cuenta", ha asegurado un diplomático ruso.
Moscú también trata "con esceptismo" la iniciativa, ya que los grupos terrorista afiliados a estas organizaciones tienden a ser poco numerosos, y las autoridades locales son capaces de hacer frente a la amenaza por sí solas, agregan las fuentes.
Debido a la dificultad de unificar el concepto de terrorismo, la ONU constituyó la semana pasada una oficina antiterrorista que tiene por objetivo crear una lista común de organizaciones terroristas y criminales.
"Operaciones negras en territorio de otros países"
Según opina el analista militar Antón Lavrov, la idea de Washington de ampliar la lista de organizaciones terroristas de la ONU no se debe a buenas intenciones, sino al deseo de legalizar la posibilidad de intervenir en los asuntos de otros países. De acuerdo con la legislación estadounidense, el Pentágono no tiene derecho a operar en secreto en territorio de terceros países sin una declaración de guerra.
"Pero en 2001, abogados de la institución militar estadounidense encontraron una vacío legal para eludir esta prohibición", por lo que algunas fuerzas especiales "ahora pueden llevar a cabo operaciones negras en territorio de otros Estados", reveló el experto.
Lavrov recuerda que recientemente se supo que el Pentágono había creado, "de forma independiente, sin coordinación", una lista de organizaciones terroristas contra las que había lanzado operaciones. Esta práctica podría llegar a su fin, ya que "que ahora los departamentos especiales, que están bajo el control de la diplomacia, tendrán derecho de trabajar solo contra aquellas organizaciones terroristas que sean reconocidas por la ONU", explicó el analista.
Crece el descontento, incluso en Estados Unidos
Estados Unidos, especialmente a
partir del fin de la Segunda Guerra Mundial, ha tenido un dominio muy
amplio sobre buena parte del mundo, incluyendo el resto de América, las
costas del Océano Pacífico, Europa Occidental y buena parte de Asia.
Su
dominio se ha venido reduciendo, especialmente en Asia y, en diversos
grados, en algunos países de América Latina. Es evidente el caso de
Cuba, y en diversos grados en Venezuela (a donde el imperio maneja a la
oposición), Bolivia y otros.
La
caída del dominio estadunidense es especialmente en Asia oriental,
donde vive la mitad de la población mundial. Además de casos evidentes
como el de China, a la que nunca pudo dominar, sufrió una derrota
militar tremenda en Vietnam, y su influencia ha caído en niveles
generales en forma tremenda.
Países
en los que se tenía un verdadero dominio, como Irán, Turquía, Filipinas
y otros, se fueron alejando del imperio, y acercándose a China. India
ha construido una independencia, y ha logrado un desarrollo tecnológico
que en varios casos, son formas superiores a los de las antiguas
potencias.
Hemos
citado a estudios que condicen a prever que la economía China, con un
crecimiento mayor, rebasará a Estados Unidos en cuando mucho 10 años, Y
que esto no sólo se va a mantener y aumentar, sino que llegará a una
situación en la que el país estadunidense llega a tercer lugar mundial,
con China en primer lugar e India en segundo.
En
Beijing, en octubre de 2016, en presencia de la dirigencia china, el
presidente Rodrigo Duterte de Filipinas, declaró que Estados Unidos
ahora ha perdido, que se encontrará frente a la unidad de China, Rusia y
Filipinas.
La
realidad ha ido más allá de eso. Está en proceso la formación, que
culminaría en una asociación de comercio internacional en noviembre
próximo, incluyendo a 16 países. Están entre ellos China, India. Japón,
Indonesia, Filipinas, Vietnam, Irán y otros países, que suman más de
tres mil millones de habitantes. Por el otro lado, el de la llamada
intermedia musulmana, Qatar tiene un acercamiento con Irán y con China, y
es castigado por Arabia Saudita y sus seguidores. Este es el principal
país árabe que ha seguido ahora al gobierno de Washington.
Recientemente se agregaron a estos países Chile y otros países latinoamericanos, de los que hemos hablado también.
Con fecha 1º.de junio, la conocida revista estadunidense The Nation
publicó un muy amplio artículo sobre el futuro de Asia, tomando en
cuenta, y criticando, la política económica reciente de su país. Su
posición es muy crítica frente a ésta, y reconoció el crecimiento de
China al respecto.
Algunos de los subtítulos de este artículo dan una idea de su contenido:
La declinación de Estados Unidosy
El nuevo nacionalismo en Asia. Ya se había expresado una creciente oposición dentro del país vecino del norte, ésta se suma a ellas.
Hay
descontento expresado en Corea del Sur y en Japón, que demandan el
retiro de las bases militares de Estados Unidos. Los dos países están en
el grupo de
los 16de asociados para un comercio internacional libre.
El
secretario de Estado de EU que iba a venir a la reunión de la OEA en
Cancún, siempre no viene, dizque por ir al Medio Oriente, y es difícil
que ese país imponga castigos a Veneuela. Otros países condenan ese
intento de castigos, cuando por ejemplo en México ha habido tantos
asesinatos y
antonio.gershenson@gmain.comdesaparicionesimpunes.
La Casa Blanca en venta: dinero y corrupción en la era Trump
16 de junio de 2017
por Amy Goodman y Denis Moynihan
“Emolumento” es una palabra que solía usarse muy poco, e incluso era prácticamente desconocida, hasta que Donald Trump asumió la presidencia. Ahora circula en las noticias políticas de forma cotidiana, y es el núcleo de varias demandas judiciales que acusan al presidente Trump de corrupción. El problema de las retribuciones extras que percibe un funcionario público es algo que se menciona en pocas ocasiones en la Constitución de Estados Unidos: una de ellas es en la cláusula de emolumentos extranjeros. Hay una cláusula paralela de emolumentos domésticos, que según los demandantes Trump también estaría infringiendo. Trump dijo al periódico The New York Times en noviembre del año pasado, después de ganar en el Colegio Electoral pero perder en el voto popular: “La ley está completamente de mi lado, es decir, el presidente no puede tener conflicto de intereses”. Esta ola de demandas judiciales va en contra de su declaración, a medida que se acumulan pruebas de su enriquecimiento personal gracias a la presidencia.
La octava cláusula del Artículo I, Sección 9 de la Constitución estadounidense establece: “Ningún título de nobleza será otorgado por Estados Unidos: y ninguna persona que tenga un cargo retribuido o de confianza aceptará, sin el consentimiento del Congreso, ningún presente, emolumento, cargo o título, de cualquier clase, de cualquier rey, príncipe o Estado extranjero”. Nadie acusa a Trump de aceptar un título de nobleza, aunque ¿quién se sorprendería si lo hiciera? Pero una abundancia de emolumentos parece haberle caído a Trump desde que asumió el cargo, algunos recibidos de manos de gobiernos extranjeros con importantes negocios con Estados Unidos. Hasta el momento, tres prominentes demandas procuran remediar esta situación. Una de ellas fue presentada pocos días después de que Trump asumiera el cargo por el observatorio sin fines de lucro CREW (Ciudadanos por la Responsabilidad y la Ética en Washington). Otro fue presentado el lunes por los fiscales generales de Washington DC y Maryland. Y a pesar del tumulto en Washington causado por el terrible tiroteo en una práctica de béisbol de congresistas republicanos en la que cinco personas resultaron heridas –entre ellas Steve Scalise, jefe de bancada de la Mayoría republicana de la Cámara de Representantes– una tercera demanda fue presentada el miércoles por aproximadamente 200 miembros demócratas del Congreso.
Nunca antes en la historia de Estados Unidos se había generado una serie tan importante de conflictos de interés con negocios reales y potenciales del presidente. Donald Trump tiene inversiones en bienes raíces y otros negocios en todo el mundo. La revista The Atlantic ha estado compilando una lista de sus potenciales conflictos de interés y ha enumerado no menos de 44 casos graves en los cuales su beneficio personal podría depender de acciones gubernamentales o políticas de Estados Unidos sobre las cuales preside.
La demanda de CREW denuncia un canal directo de dinero proveniente de gobiernos extranjeros para la familia Trump a través del nuevo Hotel Trump International en la avenida Pennsylvania, a pocas cuadras de la Casa Blanca. CREW alega que “desde las elecciones del 8 de noviembre de 2016, diplomáticos extranjeros se han hospedado en el hotel del demandado, ansiosos de recibir el favor del demandado y temerosos de lo que pudiera pensar o hacer si recurrían a los servicios de otros hoteles de Washington. El hotel también contrató a un ‘director de reservas diplomáticas’ para facilitar los negocios con Estados extranjeros y sus diplomáticos y agentes”. La demanda continúa: “Un diplomático de Medio Oriente declaró al [periódico] The Washington Post sobre el hotel: ‘Créanme, todas las delegaciones irán allí’”.
La demanda impulsada por los fiscales generales de Washington DC y Maryland explica: “Después de la toma de posesión presidencial del acusado, este sigue ejerciendo la propiedad y control de cientos de empresas en todo el mundo, como hoteles y otras propiedades. Su imperio de negocios comprende una variedad de corporaciones, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades en comandita y otras entidades que posee o controla, totalmente o en parte, que operan en Estados Unidos y al menos en 20 países extranjeros”. La demanda fue presentada para que, entre otras cosas, “las familias estadounidenses no tengan que estar adivinando si un presidente que envía a sus hijos e hijas a morir en tierras extranjeras actúa en base a sus intereses comerciales privados”.
La demanda del Congreso, encabezada por el senador de Connecticut Richard Blumenthal y el congresista de Washington John Conyers, reitera muchas de las presuntas violaciones constitucionales de la cláusula sobre emolumentos por parte de Trump, pero se centra en un punto clave: “sin el consentimiento del Congreso”. Esta demanda pretende que los tribunales obliguen a Trump a solicitar la aprobación del Congreso antes de recibir retribuciones dinerarias, o “emolumentos”, que provengan de negocios con Estados extranjeros. Una condición fundamental que exigen los demócratas del Congreso es la publicación de las declaraciones de impuestos de Trump.
La codirectora del Programa de Libertad y Seguridad Nacional del Centro Brennan por la Justicia, Elizabeth Goitein, dijo en una entrevista para Democracy Now!: “Hemos visto una y otra vez que este presidente cree estar por encima de la ley de varias formas. En una democracia nadie está por encima de la ley, ni el presidente ni nadie más”.
El mismo día en que los demócratas del Congreso presentaron su demanda, el periódico The Washington Post publicó la noticia de que el asesor especial Robert Mueller estaba investigando a Trump por una posible obstrucción de la justicia en relación con el despido del director del FBI, James Comey. Todo esto justo el día del cumpleaños número 71 de Donald Trump.
© 2017 Amy Goodman
Traducción al español del texto en inglés: Inés Coira. Edición: María Eva Blotta y Democracy Now! en español, spanish@democracynow.org
Amy Goodman es la conductora de Democracy Now!, un noticiero internacional que se emite diariamente en más de 800 emisoras de radio y televisión en inglés y en más de 450 en español. Es co-autora del libro "Los que luchan contra el sistema: Héroes ordinarios en tiempos extraordinarios en Estados Unidos", editado por Le Monde Diplomatique Cono Sur.
“Emolumento” es una palabra que solía usarse muy poco, e incluso era prácticamente desconocida, hasta que Donald Trump asumió la presidencia. Ahora circula en las noticias políticas de forma cotidiana, y es el núcleo de varias demandas judiciales que acusan al presidente Trump de corrupción. El problema de las retribuciones extras que percibe un funcionario público es algo que se menciona en pocas ocasiones en la Constitución de Estados Unidos: una de ellas es en la cláusula de emolumentos extranjeros. Hay una cláusula paralela de emolumentos domésticos, que según los demandantes Trump también estaría infringiendo. Trump dijo al periódico The New York Times en noviembre del año pasado, después de ganar en el Colegio Electoral pero perder en el voto popular: “La ley está completamente de mi lado, es decir, el presidente no puede tener conflicto de intereses”. Esta ola de demandas judiciales va en contra de su declaración, a medida que se acumulan pruebas de su enriquecimiento personal gracias a la presidencia.
La octava cláusula del Artículo I, Sección 9 de la Constitución estadounidense establece: “Ningún título de nobleza será otorgado por Estados Unidos: y ninguna persona que tenga un cargo retribuido o de confianza aceptará, sin el consentimiento del Congreso, ningún presente, emolumento, cargo o título, de cualquier clase, de cualquier rey, príncipe o Estado extranjero”. Nadie acusa a Trump de aceptar un título de nobleza, aunque ¿quién se sorprendería si lo hiciera? Pero una abundancia de emolumentos parece haberle caído a Trump desde que asumió el cargo, algunos recibidos de manos de gobiernos extranjeros con importantes negocios con Estados Unidos. Hasta el momento, tres prominentes demandas procuran remediar esta situación. Una de ellas fue presentada pocos días después de que Trump asumiera el cargo por el observatorio sin fines de lucro CREW (Ciudadanos por la Responsabilidad y la Ética en Washington). Otro fue presentado el lunes por los fiscales generales de Washington DC y Maryland. Y a pesar del tumulto en Washington causado por el terrible tiroteo en una práctica de béisbol de congresistas republicanos en la que cinco personas resultaron heridas –entre ellas Steve Scalise, jefe de bancada de la Mayoría republicana de la Cámara de Representantes– una tercera demanda fue presentada el miércoles por aproximadamente 200 miembros demócratas del Congreso.
Nunca antes en la historia de Estados Unidos se había generado una serie tan importante de conflictos de interés con negocios reales y potenciales del presidente. Donald Trump tiene inversiones en bienes raíces y otros negocios en todo el mundo. La revista The Atlantic ha estado compilando una lista de sus potenciales conflictos de interés y ha enumerado no menos de 44 casos graves en los cuales su beneficio personal podría depender de acciones gubernamentales o políticas de Estados Unidos sobre las cuales preside.
La demanda de CREW denuncia un canal directo de dinero proveniente de gobiernos extranjeros para la familia Trump a través del nuevo Hotel Trump International en la avenida Pennsylvania, a pocas cuadras de la Casa Blanca. CREW alega que “desde las elecciones del 8 de noviembre de 2016, diplomáticos extranjeros se han hospedado en el hotel del demandado, ansiosos de recibir el favor del demandado y temerosos de lo que pudiera pensar o hacer si recurrían a los servicios de otros hoteles de Washington. El hotel también contrató a un ‘director de reservas diplomáticas’ para facilitar los negocios con Estados extranjeros y sus diplomáticos y agentes”. La demanda continúa: “Un diplomático de Medio Oriente declaró al [periódico] The Washington Post sobre el hotel: ‘Créanme, todas las delegaciones irán allí’”.
La demanda impulsada por los fiscales generales de Washington DC y Maryland explica: “Después de la toma de posesión presidencial del acusado, este sigue ejerciendo la propiedad y control de cientos de empresas en todo el mundo, como hoteles y otras propiedades. Su imperio de negocios comprende una variedad de corporaciones, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades en comandita y otras entidades que posee o controla, totalmente o en parte, que operan en Estados Unidos y al menos en 20 países extranjeros”. La demanda fue presentada para que, entre otras cosas, “las familias estadounidenses no tengan que estar adivinando si un presidente que envía a sus hijos e hijas a morir en tierras extranjeras actúa en base a sus intereses comerciales privados”.
La demanda del Congreso, encabezada por el senador de Connecticut Richard Blumenthal y el congresista de Washington John Conyers, reitera muchas de las presuntas violaciones constitucionales de la cláusula sobre emolumentos por parte de Trump, pero se centra en un punto clave: “sin el consentimiento del Congreso”. Esta demanda pretende que los tribunales obliguen a Trump a solicitar la aprobación del Congreso antes de recibir retribuciones dinerarias, o “emolumentos”, que provengan de negocios con Estados extranjeros. Una condición fundamental que exigen los demócratas del Congreso es la publicación de las declaraciones de impuestos de Trump.
La codirectora del Programa de Libertad y Seguridad Nacional del Centro Brennan por la Justicia, Elizabeth Goitein, dijo en una entrevista para Democracy Now!: “Hemos visto una y otra vez que este presidente cree estar por encima de la ley de varias formas. En una democracia nadie está por encima de la ley, ni el presidente ni nadie más”.
El mismo día en que los demócratas del Congreso presentaron su demanda, el periódico The Washington Post publicó la noticia de que el asesor especial Robert Mueller estaba investigando a Trump por una posible obstrucción de la justicia en relación con el despido del director del FBI, James Comey. Todo esto justo el día del cumpleaños número 71 de Donald Trump.
© 2017 Amy Goodman
Traducción al español del texto en inglés: Inés Coira. Edición: María Eva Blotta y Democracy Now! en español, spanish@democracynow.org
Amy Goodman es la conductora de Democracy Now!, un noticiero internacional que se emite diariamente en más de 800 emisoras de radio y televisión en inglés y en más de 450 en español. Es co-autora del libro "Los que luchan contra el sistema: Héroes ordinarios en tiempos extraordinarios en Estados Unidos", editado por Le Monde Diplomatique Cono Sur.
Estado español
El comunismo andaluz empuja a Izquierda Unida (IU) hacia la confluencia con Podemos
El XII Congreso del PCA aspira a “desmontar la
estructura de IU como partido” para refundarse en un movimiento político
y social que aglutine a toda la izquierda, como lo fue en sus orígenes.
El Partido Comunista
de Andalucía (PCA), que aglutina a casi la mitad de la militancia de
España, celebra el próximo fin de semana su decimosegundo congreso
regional en Granada con idea de preservar los mismos principios
ideológicos, y renovar drásticamente el modelo de partido.
A los nuevos dirigentes de IU no les gusta la estructura actual del partido, les parece demasiado “aparatosa, sobredimensionada y
poco útil”. Es una de las cosas que quiere “arreglar” este congreso,
que va a servir de avanzadilla para la asamblea regional de IU
Andalucía, la primera semana de octubre. “Las estructuras orgánicas, los
cargos, las funciones la afiliación…todo está duplicado, y eso no es
viable. Un día me pongo la camiseta del PCA y al día siguiente la
de IU, y hago el doble trabajo. Con un mínimo personal político montas
dos estructuras de partido”, dice Salvador Fuentes, responsable de
Finanzas del PCA…y de IU. La situación llega a ser tan delirante, que
Fuentes tiene dentro de la misma sede del partido dos despachos, el de
Finanzas de IU, y 20 metros pasillo abajo, el de Organización del PCA.
La mayoría de responsables de la coalición de izquierdas, incluso dentro
de la ejecutiva, no tiene dedicación plena (dependen de otro trabajo), y
si la tienen, deben compatibilizar funciones en IU y en el PCA.
Los dirigentes de ambas formaciones se pelean con algo que han llamado “síndrome de la muñeca rusa”: El PCA está dentro de IU e IU está dentro de Unidos Podemos. “Esto no tiene sentido, ¿así cómo nos van a reconocer?”.
Uno de los responsables de más peso en el PCA va más allá: “Hay que
superar la marca IU y plantear un movimiento más amplio, donde entren
más activistas y sensibilidades”. Este discurso inquieta a muchos dentro
de la coalición de izquierdas, sobre todo a los más veteranos, porque a
poco que empujes con un dedo esta tesis terminas anunciando la “muerte y
disolución de IU”, que es lo que los mayores le reprochan a la
ejecutiva de Antonio Maíllo. Pero el coordinador regional habla
más en términos de “refundación”, y apela mucho a la “audacia política”.
“Son tiempos de audacia política”, dice, como si no le temblase el
pulso para hacer “lo que tiene que hacer”.
El PCA es la fuerza mayoritaria dentro de IU,
tiene menos visibilidad electoral, pero es consciente de su poder
orgánico. “Los comunistas ejercemos más como teóricos y activistas que
como políticos al uso”, dice uno de sus dirigentes. Hacen oídos sordos a
quienes les tildan de anacrónicos, organizan asambleas y mesas de
trabajo interminables y se rodean de los mismos iconos de la Unión
Soviética (banderas y estrellas rojas). Pero llegan a este congreso con
un diagnóstico muy espeso y meditado de la realidad sociopolítica
española: la indignación ciudadana, la muerte del bipartidismo, la
crisis de la socialdemocracia, la irrupción de Podemos, el desgaste del PSOE,
la volatilidad de IU y, detrás de todo, el riesgo de tropezar de nuevo
en la fragmentación de la izquierdas. “Lo que va dirimir el XII congreso
del Partido Comunista de Andalucía es el desmontaje de la
estructura de IU tal y como la conocemos, y su posterior reconversión en
un movimiento político y social”. ¿Y eso qué demonios significa?
Izquierda Unida convocatoria por Andalucía
nació en 1986 como un movimiento político y social, pilotado por Julio
Anguita, que aglutinó muchas y muy diversas sensibilidades que salieron a
la calle a protestar contra la entrada de España en la OTAN y el tratado europeo de Maastricht.
“IU nació con la naturaleza que hoy tiene Unidos Podemos, como una
mezcla de partidos y colectivos sociales, pero en el camino se convirtió
en una formación política clásica. Nos perdimos”.
Lo que ocurrió en el camino es que IU creció, se hizo reconocible en la calle, entró en las instituciones -ayuntamientos, diputaciones, Junta, Congreso, Senado-
y empezó a comportarse casi inercialmente como un partido clásico,
vertical y sectorializado. Ahora sus nuevos dirigentes, ante una
coyuntura política marcada irremisiblemente por el impacto de Podemos en
el arco de la izquierda, dan por “agotado” el ciclo de vida de IU como
partido. “IU está agotada”, dice uno de los aspirantes a liderar el PCA,
“confundimos los objetivos con la estrategia. El fin no era ganar
elecciones para cambiar la vida de la gente. El fin era cambiar la vida
de la gente”.
Maíllo no va por libre. Las corrientes que se encontrarán en el congreso del PCA están
debatiendo su futuro en estos términos. IU es ahora una marca
reconocible, gobierna en 80 ayuntamientos andaluces, ha formado parte de
un Ejecutivo de coalición con el PSOE que aprobó leyes sociales tan
importantes como la ley antidesahucios o la ley andaluza de la Memoria
Histórica.
Duplicidad de funciones
¿No temen sepultar una marca consolidada?
“Las revoluciones sociales no las hacen las marcas, sino las clases
sociales. La trayectoria histórica de IU es importante, pero si ahora no
sirve como instrumento para mejorar la sociedad, hay que cambiar de
herramienta y de estrategia”, advierte otro dirigente comunista. Y en el
trasfondo de este discurso, se intuye la presencia omnímoda de Podemos,
actor esencial en el futuro bloque de izquierdas que aspiran a crear.
“Lo que salga de aquí se puede seguir llamando IU o se puede llamar de
otra forma: Marea andaluza, Unidos Podemos, eso es lo de menos”, explica
un miembro de la actual dirección del PCA.
Los comunistas ocupan poco espacio de la esfera pública, no porque sean pocos -en Andalucía son 4.000 afiliados,
casi la mitad de todo el PCE- sino porque la mayoría no ejerce como
tales. “¿Por qué cuando hablas de IU dices los comunistas? No todos en
IU somos comunistas”, se quejaba hace poco un miembro de la coalición de
izquierda a un periodista. En efecto, IU tiene unos 7.000 militantes, y
4.000 mantienen esa doble afiliación con el PCA. El 75% de los
militantes son hombres, y el 25% mujeres, de modo que es una de las
organizaciones políticas más masculinizadas del país.
También es de las más longevas: el 60% de la afiliación está
por encima de los 50 años, el 40% restante está en la franja de los 30 a
los 50 años. Las Juventudes Comunistas, que es un organismo autónomo al
margen del PCA, aglutina a los militantes de entre 14 y 30 años,
y son algo más de 100, según datos aportados por la dirección. El
pasado 15 de junio se produjo la última baja en el partido (el 95%
suelen ser por impago de cuotas), y en el momento de escribir este
artículo se afiliaron dos más por internet.
La duplicidad de estructuras en IU y el PCA es
un síntoma claro de que hay que renovar el modelo de partido, porque
además la coalición de izquierdas no cuenta con recursos suficientes
para mantener esta estructura. “IU necesita a 200 militantes para mover
el partido, de los que 150 son del PCA. Ahora todo es demasiado vertical
como para organizarnos con agilidad”, dice Fuentes. El presupuesto
anual de IU es de 1,2 millones de euros, la mayoría le vienen de
las subvenciones al grupo parlamentario (los cargos públicos destinan el
1% de su salario al partido) y por las cuotas de afiliados (5 euros al
mes en IU, mas 2 euros al mes para el PCA).
El Partido Comunista cuenta con un presupuesto de 250.000 euros al
año, gran parte le viene transferido por IU y otra de las cuotas de
militantes. La estructura administrativa de IU cuenta con 15
trabajadores, de los que 12 son fijos; en el PCA son cinco empleados con
salarios, y uno de ellos es el secretario general. Sin embargo, todo el
patrimonio del que dispone IU pertenece al PCA. Los comunistas le ceden
su uso a IU, a veces se las arriendan. Unas 200 sedes en propiedad
repartidas por 220 municipios andaluces. A veces hay varias en la
misma ciudad, porque en total cuentan con 250 agrupaciones, y muchas
coinciden en el mismo municipio. También se da el caso extraño de que la
agrupación de IU en un pueblo se ha disuelto, pero sigue habiendo una
sede del PCA (como en Fuerte del Rey).
Los candidatos
La persona que más opciones tiene de convertirse en el nuevo secretario general del PCA es Ernesto Alba, trabajador social de profesión, voluntario de Cruz Roja, exconcejal de Conil (Cádiz), y responsable de acción política de Alberto Garzón.
Además tiene en su librería un libro de reciente publicación -Diálogos
para la confluencia- que presentó junto al coordinador regional de IU,
Antonio Maíllo, y la líder de Podemos en Andalucía, Teresa Rodríguez.
Cabe suponer que la nueva vida del PCA, en
manos de Alba, pasa por conducir a los comunistas hacia un bloque
político de izquierdas que trascienda a su partido y a la propia IU.
Habrá que ver si también trasciende a las potentes siglas moradas de
Podemos, porque una parte de la vieja guardia comunista aún recela de
esa confluencia, teme que el abrazo del oso al que siempre se han
resistido cuando se lo daba el PSOE, les venga ahora de un partido
nuevo, escindido de IU, que según algunos amenaza con fagocitarles desde
la izquierda.
Ernesto Alba tiene el apoyo de todos
aquellos que están convencidos de que la confluencia entre IU y Podemos
es el camino: Maíllo, Alberto Garzón y el secretario general del PCA saliente,
José Manuel Mariscal. También se ha sumado a su candidatura la diputada
y exconsejera del Gobierno andaluz (cuando PSOE e IU eran aliados) en
la pasada legislatura, Elena Cortés, que a estado a punto de ser la
primera secretaria general del Partido Comunista andaluz. Eso sí que
habría sido revolucionario. Aunque finalmente Cortés dio un paso atrás
para unirse al proyecto político que encabeza Alba.
CETA: Más de 300 organizaciones piden a los grupos parlamentos que voten 'no' al CETA
Representantes de la sociedad civil y de los ámbitos
cultural, jurídico, académico y periodístico han entregado este lunes un
escrito destinado a aquellos grupos parlamentarios que se muestran a
favor del CETA y al Partido Socialista.
Una coalición de 330 organizaciones y representantes de la sociedad civil firman una carta en la que piden a los grupos parlamentarios que no ratifiquen el CETA.
Representantes de la sociedad civil y de los ámbitos cultural,
jurídico, académico y periodístico han entregado este lunes un escrito
en el que llaman a los grupos parlamentarios a votar 'no' al tratado
comercial con Canadá (CETA) al no estar al servicio del interés público.
El escrito va dirigido a aquellos grupos parlamentarios que se muestran a favor del CETA
(PDECat, PNV, Ciudadanos y PP) y que en los próximos días tendrán que
votar en el Congreso de los Diputados sobre la ratificación del Acuerdo
de Comercio entre Canadá y Europa.
Pero la carta no solo va dirigida a estos
grupos sino que también se envía al Partido Socialista, donde se le pide
que la decisión final de su grupo parlamentario sea votar en contra del
CETA. Según recogen una nota de prensa emitida esta lunes a esta se han
sumado a través de Twitter miembros de los partidos socialdemócratas
francés, inglés y canadiense solicitando al PSOE cambiar la abstención
por una postura más clara de rechazo.
Con esta carta, los firmantes subrayan las
preocupaciones crecientes sobre este tratado, reflejado en el elevado
número y en la gran diversidad de personas y organizaciones firmantes.
En este escribo recuerdan los principales "defectos" del tratado y la
demanda, entre las que demandan un periodo de información y debate
público en el que se consulte a todas las partes afectadas por el CETA;
la democratización de las decisiones, la inclusión de mecanismos de
resolución de conflictos, las garantías en el CETA, ninguna
privatización y ningún organo que revise las regulaciones.
Esta carta está firmada por los secretarios
generales de UGT (Pepe Álvarez), CCOO (Ignacio Fernández Toxo), CGT
(José Manuel Muñoz) y de la Unión Sindical Obrera (Julio Salazar), así
como de integrantes de organizaciones de consumidores como la secretaria
general de FACUA (Olga Ruíz), jueces como Baltasar Garzón y la vocal
Blanca Padrós del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona, y
académicas como la catedrática universitaria Lina Gálvez.
Asimismo organizaciones como Amigos de la Tierra, ATTAC, Ecologistas en Acción y Greenpeace apoyan esta carta.
Unión Europea: Susana Díaz defiende el CETA frente al cambio de rumbo del nuevo PSOE
La presidenta recibe este jueves al comisario europeo
Pierre Moscovici para reafirmar su apoyo al tratado de libre comercio
con Canadá, que reportaría a Andalucía 70 millones más al año en
exportaciones.
La visita a España del comisario europeo de Asuntos Económicos y Financieros, Pierre Moscovici, vuelve a reproducir la fractura interna del PSOE. En 48 horas -entre este jueves y este viernes- el socialista francés oirá cómo Pedro Sánchez le explica su rechazo al Tratado de libre comercio entre la UE y Canadá (CETA en sus siglas en inglés) y cómo, horas después, Susana Díaz defiende dicho acuerdo, de especial relevancia para la economía andaluza.
El secretario general del PSOE, Pedro
Sánchez, se reunió el jueves en Madrid con Moscovici y trató de
aclararle el repentino cambio de posición de su partido respecto al
levantamiento arancelario entre la UE y Canadá. Antes lo apoyaban y
ahora no. El pasado 15 de febrero, el tratado fue aprobado por el
Parlamento Europeo con el respaldo de los socialistas españoles,
que votaron en concordancia con el resto de socialistas europeos. Pero
esta semana, cuando tocaba ser ratificado en el Congreso, Sánchez ha
decidido cambiar de rumbo y ha ordenado abstenerse a su grupo parlamentario, alegando pegas medioambientales y laborales.
Apenas 24 horas después de ese encuentro,
Moscovici viajó este viernes a Sevilla para reunirse con la presidenta
andaluza, Susana Díaz, que le trasladará lo contrario que Sánchez: que
ella apoyaba y apoya el CETA, que además promete importantes beneficios
económicos para Andalucía, la comunidad que encabeza las exportaciones
de España a Canadá.
La presidenta de la Junta recibe esta mañana
al comisario europeo en San Telmo, donde tendrá una reunión de trabajo a
la que también asistirán los consejeros de Economía, Antonio Ramírez de
Arellano, y de Hacienda, María Jesús Montero. El encuentro estaba
previsto desde el pasado 30 de noviembre, tras un viaje de Díaz a
Bruselas, en el que el socialista francés se comprometió a devolverle la
visita a la andaluza. Hay varios proyectos estratégicos para Andalucía que dependen de fondos europeos,
como el corredor ferroviario de Algeciras, pero el imprevisto rechazo
del nuevo PSOE al tratado de libre comercio con Canadá ha tensado el
encuentro.
La Junta defiende el CETA porque al abrir el
mercado canadiense a empresas y productos europeos, eliminando el 99%
de los aranceles, las expectativas de negocio para las firmas andaluzas y
para la economía regional son “abrumadoras”. El consejero de
Economía presentó en marzo un informe en el Parlamento, defendiendo el
tratado ante los ataques de Podemos e IU, y estimó que las exportaciones
andaluzas a Canadá podrían aumentar en torno a 70 millones de euros al
año. Es un dato menor, habida cuenta de que el volumen de exportaciones
de Andalucía supera los 25.000 millones de euros anuales, pero el
informe señalaba al país norteamericano como “el mayor mercado potencial lleno de oportunidades para esta región”.
En los últimos seis años, las exportaciones
de productos andaluces a Canadá se han duplicado. En la actualidad, el
país norteameriacano representa el destino número 18 de las ventas
andaluzas con unos ingresos por encima de los 287 millones de euros el
año pasado, mientras que las importaciones se situaron en 188 millones
de euros, lo que arroja un saldo positivo en la balanza comercial andaluza.
Los principales productos exportados son combustibles y aceite mineral
(casi el 40%del total), barcos y embarcaciones (que representan el 30%) y
en menor medida conservas, verduras, legumbres y hortalizas (10%).
Sin embargo, el gran potencial del CETA para Andalucía estará en el sector agroalimentario, donde desaparecerán de inmediato el 92% de los aranceles.
“Esta región, como gran productora de alimentos de calidad se
beneficiará de la mejora del acceso a un mercado de consumidores de
renta elevada”, dice Arellano. El consejero visitó al embajador de
España en Canadá el pasado invierno y éste le trasladó el especial
interés del mercado de este país a productos agrícolas andaluces, como
vinos, licores suaves o productos a base de cereales, frutas y
hortalizas.
Además el tratado implica que Canadá debe reconocer las denominaciones de origen de productos europeos,
entre los que se encuentran nueve denominaciones de aceite de oliva
andaluza y la de Jamón de Huelva, que se suman a las que ya estaban
recogidas en el anterior acuerdo comercial. El informe del consejero
también pone énfasis en la apertura del sector público canadiense, que
permitirá licitar contratos de la Administración con empresas andaluzas,
con un valor superior a los 30.000 millones de euros.
La disparidad de criterios entre Sánchez y
Díaz en torno al tratado de libre comercio con Canadá parece reactivar
la bronca que les enfrentó en las primarias, aunque desde el Gobierno
andaluz advierten de que “Susana Díaz no es quien ha variado su posición
política respecto al CETA”. “Es el nuevo PSOE quien ha decidido votar
ahora distinto a lo que han votado el resto de partidos socialistas de
la UE, serán ellos quienes deban explicarlo, no nosotros”, afirma un
miembro de la Junta.
Es la segunda discrepancia abierta entre los
dos socialistas que se pone de manifiesto en los últimos días, después
de que el PSOE andaluz dejara claro su recelo respecto al concepto de
Estado plurinacional que Sánchez llevó al Congreso federal del partido, y
que fue aprobado por la mayoría de delegados. También Díaz apoyó esa
ponencia política, pese a estar abiertamente en contra, pero seguirá
defendiendo públicamente que su referencia para el país es la
Declaración de Granada, que los socialistas apoyaron por consenso en 2013, y que habla de una España federal.
Los sanchistas dan por “superado” ese
documento con el Congreso federal, y la andaluza se resiste a apartarse
del artículo 2 de la Constitución, porque teme que el concepto de
“plurinacionalidad”, acuñado por Podemos y recogido por Sánchez, “puede
romper el principio de igualdad de oportunidades de los españoles
dependiendo de donde vivan, y crear españoles de primera y de segunda”.Susana Díaz se desploma según la encuesta del “CIS de la Junta”
Por Kaos. Izquierda a debateKAOS EN LA RED - Publicado en: 25 Junio, 2017
Susana
Díaz y el PSOEA se hunden un 6,8% de intención de voto desde las
últimas autonómicas según el ‘CIS andaluz’ que se retrasó durante meses.
Podemos obtiene una fuerte subida del 3% de intención de voto y si se uniera a IU podrían amenazar la hegemonía de PSOEA y PPA.
Según una encuesta realizada por el Cadpea, el Centro de Análisis y Documentación Política y Electoral de Andalucía, recogida por Digitalsevilla.com, el PSOE se desplomaría en intención de voto perdiendo un 6’8% respecto a las últimas autonómicas.
Por fin hay encuesta electoral tras que se suspendiera de forma sorprendente el sondeo que realiza Cadpea, el Centro de Análisis y Documentación Política y Electoral de Andalucía.
Podemos obtiene una fuerte subida del 3% de intención de voto y si se uniera a IU podrían amenazar la hegemonía de PSOEA y PPA.
Según una encuesta realizada por el Cadpea, el Centro de Análisis y Documentación Política y Electoral de Andalucía, recogida por Digitalsevilla.com, el PSOE se desplomaría en intención de voto perdiendo un 6’8% respecto a las últimas autonómicas.
Por fin hay encuesta electoral tras que se suspendiera de forma sorprendente el sondeo que realiza Cadpea, el Centro de Análisis y Documentación Política y Electoral de Andalucía.
La
encuesta de invierno refleja que el PSOE andaluz de Susana Díaz se
desploma en intención de voto al perder un 3,5% respecto a la última
encuesta y un 6,8% desde la últimas elecciones autonómicas tras la derrota ante el PP en las elecciones generales en Andalucía.
Según la encuesta publicada por esta institución pública de la Junta, el PSOEA gana al PP por la mínima.
El sondeo da un 28,6% al PSOEA, un 26,2% al PP, Podemos tiene una
fuerte subida de un 3% con respecto a las autonómiccas y alcanza un 17%,
Ciudadanos 12,1% e Izquierda Unida 5,7%. El Partido Popular desciende
con respecto a las elecciones pero sube un 0,9% desde la última encuesta realizada.
Respecto a las elecciones autonómicas de marzo de 2014 el PSOE donde alcanzó un 35,4% y 47 diputados, se desploma un 6,8%.
El ‘CIS andaluz’ no da estimación de voto en las elecciones generales a
pesar de haberlo hecho en febrero de 2016 cuando reflejaba una victoria
del PP con un 31% frente al 29,4 del PSOE y que las votaciones
ampliaron a un 33,5% del PP frente a un 31,24% del PSOE. Entonces Susana Díaz echó la responsabilidad de los malos resultados a la candidatura de Pedro Sánchez y sin embargo se atribuyó la victoria en diciembre de 2015 al PSOE andaluz y a ella misma.
El Capdea de la Universidad de Granada suspendió los sondeos con la excusa de realizar un trabajo más profundo y la oposición remarcó que habían sido ‘vetados’ porque no beneficiaban a Susana Díaz.
En cuanto a líderes, los mejores valorados son Juan Marín y Antonio Maíllo con un 4,68 y 4,67 respectivamente, aunque Marín tiene solo es conocido por un 37% y Maíllo un 55%.
Susana Díaz es la más conocida, con un 91,5% pero suspende con un 4,52%. Teresa Rodríguez le sigue con un 4,51% aunque tiene un 59,5% de conocimiento por los encuestados. Juan Manuel Moreno es el peor valorado con un 4,38 de valoración y un 56,8% de conocimiento por los andaluces.
El sondeo ha realizado 3.200 entrevistas entre el 31 de noviembre y el 12 de diciembre, semanas después del ‘golpe’ a Pedro Sánchez donde algunos implican a Susana Díaz como la organizadora del mismo y la abstención del PSOE ante la investidura de Mariano Rajoy. Además pueden haber influído los juicios por los numerosos y multimillonarios casos de corrupción, los agujeros contables, las Mareas Blancas y el enchufismo denunciado en los medios de comunicación.
La encuesta también refleja que el 75,4% de los ciudadanos andaluces creen que el Gobierno de Susana Díaz ayuda poco o nada a mejorar la economía andaluza.
Según los andaluces el 83,8% afirman que es el paro el principal problema de Andalucía, seguido de la enseñanza (32,7%) y la sanidad (31,7%) que sube mucho en la preocupación de los andaluces y adelanta a la corrupción que obtiene un 28,7%.
El Govern explicará los detalles del referéndum en un acto el 4 de julio en Barcelona
La Generalitat explicará los
detalles técnicos y legales del referéndum del 1 de octubre en un gran
acto en Barcelona que ha convocado para el 4 de julio y en los próximos
días habilitará también una página web con ese fin.
|BARCELONA|2017/06/22 11:50
Acto en Barcelona para respaldar la convocatoria del referéndum. (Lluis GENÉ/AFP)
El acto del 4 de julio servirá para dar a conocer aspectos
técnicos y legales relacionados con el referéndum sobre la
independencia de Catalunya previsto para el 1 de octubre.
Además del acto, con el título ‘Garanties.cat’, se prevé poner en funcionamiento una web en la que se podrán consultar cuestiones relacionadas con la cita del 1 de octubre, las «leyes de desconexión» y un apartado de más de 100 preguntas y respuestas que resolverán las principales dudas al respecto, según han avanzado Rac1 y Catalunya Ràdio.
Asimismo, la web dispondrá de un servicio de atención al ciudadano donde un equipo de juristas y trabajadores públicos atenderá las cuestiones que se les plantee.
En paralelo, se está ultimando una gira por 200 municipios de Catalunya a partir de julio para dar a conocer los detalles del referéndum.
El vicepresidente del Ejecutivo catalán y conseller de Economía, Oriol Junqueras, ha asegurado que es necesario compartir con la ciudadanía un acto como el convocado para el 4 de julio para explicar las «garantías» del referéndum catalán.
«A partir del 4 de julio habrá más actos por todo el territorio en los que explicaremos los detalles del referéndum y esto tenemos que acercarlo a la ciudadanía», ha dicho Junqueras.
Además del acto, con el título ‘Garanties.cat’, se prevé poner en funcionamiento una web en la que se podrán consultar cuestiones relacionadas con la cita del 1 de octubre, las «leyes de desconexión» y un apartado de más de 100 preguntas y respuestas que resolverán las principales dudas al respecto, según han avanzado Rac1 y Catalunya Ràdio.
Asimismo, la web dispondrá de un servicio de atención al ciudadano donde un equipo de juristas y trabajadores públicos atenderá las cuestiones que se les plantee.
En paralelo, se está ultimando una gira por 200 municipios de Catalunya a partir de julio para dar a conocer los detalles del referéndum.
El vicepresidente del Ejecutivo catalán y conseller de Economía, Oriol Junqueras, ha asegurado que es necesario compartir con la ciudadanía un acto como el convocado para el 4 de julio para explicar las «garantías» del referéndum catalán.
«A partir del 4 de julio habrá más actos por todo el territorio en los que explicaremos los detalles del referéndum y esto tenemos que acercarlo a la ciudadanía», ha dicho Junqueras.
El Foro Social ve condiciones para un diálogo «inclusivo y transversal» sobre presos
El Foro Social Permanente estima
que, a día de hoy, están reunidas las condiciones para que la mayoría de
las fuerzas políticas y todos los sindicatos inicien, en el marco que
ellos estimen oportuno, un diálogo «inclusivo y transversal» con el
objetivo de buscar definir una «hoja de ruta» para dar una resolución
«definitiva en plazos razonables y factibles de tiempo» a la cuestión de
los presos.
|BILBO|2017/06/22 13:20
El Foro Social ha recibido en Bilbo las más de 80.000 firmas recogidas por la iniciativa Ireki. (ARGAZKI PRESS)
El Foro Social Permanente ha recibido hoy en Bilbo las 80.229 firmas recogidas por la iniciativa Ireki
entre trabajadoras y trabajadores que abogan por la resolución de la
situación de presos, huidos y deportados. En el acto han tomado parte
como fedatarios Paul Ríos y Félix Cañada, agradeciendo Aitzpea Leizaola y
Agus Hernan, en nombre del Foro, el «formidable trabajo» realizado
durante meses en el mundo laboral.
Esas rúbricas, han añadido, serán entregadas en las próximas semanas a las cámaras de Gasteiz e Iruñea, para lo que representantes del Foro ya han concertado reuniones con sus presidentas. En esos encuentros, han desvelado, también les harán llegar las conclusiones del IV Foro Social celebrado el 18 de mayo en la capital navarra bajo el epígrafe ‘Facilitar el retorno de las personas presas y huidas’.
Esas conclusiones ya están en manos de las fuerzas políticas representadas en el Parlamento de Gasteiz, así como de los sindicatos, además de haberse remitido a los portavoces del EPPK en cárceles españolas y francesas. El Foro Social Permanente mantuvo encuentros con todos los agentes políticos y sindicales de la CAV, de los que extrae la conclusión de que se dan las condiciones para que una mayoría de partidos y centrales, «en el marco que ellos estimen oportuno», inicien un diálogo, «inclusivo y transversal», que como objetivo busque definir una «hoja de ruta» para dar una resolución definitiva en plazos «razonables y factibles de tiempo» a esta cuestión.
Esa valoración la extraen de las conclusiones que han obtenido de las reuniones con los agentes políticos y sindicales. «Es preciso seguir profundizando en la resolución de las consecuencias del llamado ‘conflicto vasco’, construyendo una convivencia desde el respeto a todas las víctimas de todas las expresiones de violencia, que sienten las garantías de no repetición», han explicado Leizaola y Hernan, incidiendo en la disposición de todos los sindicatos y de partidos como PNV, EH Bildu, Podemos y PSE.
El Foro apunta a que sus interlocutores en la CAV coinciden en que el desarme de ETA ha generado «una nueva situación política que, todos los agentes, entienden debe aprovecharse». Asimismo, constatan que existe «consenso suficiente» en torno a que la política penitenciaria «debe adecuarse al tiempo político actual» y que la problemática de los presos enfermos debe tratarse «de manera individualizada y desde parámetros exclusivamente humanitarios», sin olvidarse de la necesidad de acabar con el alejamiento de los prisioneros.
El Foro ha asegurado que aguarda con «gran interés» los resultados del debate que ha desarrollado el EPPK, que esperan ayude a «reforzar» el futuro «gran acuerdo». «Este acuerdo entre partidos y sindicatos serán los cimientos bases para construir, en una segunda fase, un acuerdo más amplio de triangulación entre los gobiernos vasco, navarro y de Iparralde, las personas presas y huidas y la sociedad civil», manifiestan. Lo consideran «un método de éxito», fijando su atención en lo que sucedió en torno al desarme de ETA del 8 de abril.
El Foro también ha pedido a los partidos «a desarmar la palabra en los temas referidos a la convivencia y la paz». «Desde el respeto absoluto al libre debate de ideas, constatamos que los cruces de acusaciones escuchados estos últimos días no ayudan al consenso inclusivo y transversal que el nuevo escenario político nos debería permitir construir», han señalado.
Esas rúbricas, han añadido, serán entregadas en las próximas semanas a las cámaras de Gasteiz e Iruñea, para lo que representantes del Foro ya han concertado reuniones con sus presidentas. En esos encuentros, han desvelado, también les harán llegar las conclusiones del IV Foro Social celebrado el 18 de mayo en la capital navarra bajo el epígrafe ‘Facilitar el retorno de las personas presas y huidas’.
Esas conclusiones ya están en manos de las fuerzas políticas representadas en el Parlamento de Gasteiz, así como de los sindicatos, además de haberse remitido a los portavoces del EPPK en cárceles españolas y francesas. El Foro Social Permanente mantuvo encuentros con todos los agentes políticos y sindicales de la CAV, de los que extrae la conclusión de que se dan las condiciones para que una mayoría de partidos y centrales, «en el marco que ellos estimen oportuno», inicien un diálogo, «inclusivo y transversal», que como objetivo busque definir una «hoja de ruta» para dar una resolución definitiva en plazos «razonables y factibles de tiempo» a esta cuestión.
Esa valoración la extraen de las conclusiones que han obtenido de las reuniones con los agentes políticos y sindicales. «Es preciso seguir profundizando en la resolución de las consecuencias del llamado ‘conflicto vasco’, construyendo una convivencia desde el respeto a todas las víctimas de todas las expresiones de violencia, que sienten las garantías de no repetición», han explicado Leizaola y Hernan, incidiendo en la disposición de todos los sindicatos y de partidos como PNV, EH Bildu, Podemos y PSE.
El Foro apunta a que sus interlocutores en la CAV coinciden en que el desarme de ETA ha generado «una nueva situación política que, todos los agentes, entienden debe aprovecharse». Asimismo, constatan que existe «consenso suficiente» en torno a que la política penitenciaria «debe adecuarse al tiempo político actual» y que la problemática de los presos enfermos debe tratarse «de manera individualizada y desde parámetros exclusivamente humanitarios», sin olvidarse de la necesidad de acabar con el alejamiento de los prisioneros.
El Foro ha asegurado que aguarda con «gran interés» los resultados del debate que ha desarrollado el EPPK, que esperan ayude a «reforzar» el futuro «gran acuerdo». «Este acuerdo entre partidos y sindicatos serán los cimientos bases para construir, en una segunda fase, un acuerdo más amplio de triangulación entre los gobiernos vasco, navarro y de Iparralde, las personas presas y huidas y la sociedad civil», manifiestan. Lo consideran «un método de éxito», fijando su atención en lo que sucedió en torno al desarme de ETA del 8 de abril.
El Foro también ha pedido a los partidos «a desarmar la palabra en los temas referidos a la convivencia y la paz». «Desde el respeto absoluto al libre debate de ideas, constatamos que los cruces de acusaciones escuchados estos últimos días no ayudan al consenso inclusivo y transversal que el nuevo escenario político nos debería permitir construir», han señalado.
EH Bildu exige a Urtaran que adecente la trasera de Santa Isabel, donde ejecutaron a 196 personas
La coalición ha pedido al alcalde
que cumpla con el Plan de Memoria y señalice el paredón de Santa Isabel,
donde, según Ahaztuak 1936-1977, fueron ejecutadas 196 personas, entre
ellas Estepan Urkiaga «Lauaxeta», de cuya muerte se cumplirán 80 años
este domingo.
|2017/06/22 12:40 Eguneratua: 12:46
Acto en recuerdo de los represaliados en Santa Isabel, celebrado en 2010. (Juanan RUIZ/ARGAZKI PRESS)
El grupo municipal de EH Bildu en el Ayuntamiento de
Gasteiz ha exigido al alcalde, Gorka Urtaran, que adecente el muro
trasero del cementerio de Santa Isabel e instale una placa para recordar
a las personas fusiladas por los franquistas, tal como recoge el Plan
de Memoria aprobado el pasado mes de enero.
En una rueda de prensa, la edil soberanista Ane Aristi ha recordado que el domingo se cumplirán 80 años de la ejecución de el escritor Estepan Urkiaga «Lauaxeta» en el paredón de la capital alavesa, «y el PNV no ha sido capaz de mover ni un dedo para homenajear a las personas asesinadas por los franquistas».
«Es una falta de respeto tanto para los familiares como para todos los que han trabajado activamente en favor de la recuperación de la memoria», ha señalado tras recordar que en 2010 el Pleno aprobó por unanimidad una iniciativa que tenía por objeto «dignificar» el muro del cementerio, en el que en 2005 se colocó una placa a iniciativa de los consistorios de Mungia y Laukiz.
Y en 2014 se aprobó otra moción en la que se recogía la creación de un grupo de trabajo sobre memoria histórica, en el que, además de los grupos políticos municipales, también participaron miembros de la plataforma contra los crímenes del franquismo y otros expertos.
Este grupo redactó un dictamen en el que se insiste en la necesidad de señalizar lugares como el paredón de Santa Isabel, el convento del Carmen, donde estuvo preso Lauxeta antes de ser fusilado, o la intersección de las calles Postas y Paz, donde se hubicó la prisión de Gasteiz hasta 1975.
Sin embargo, el Gobierno local no ha dado pasos en este sentido, más bien en el contrario, ya que Urtaran no va a modificará el nombre de calles dedicadas a cargos franquistas. «Exigimos al alcalde que desarrolle, de manera inmediata, las acciones aprobadas en el plan de la memoria», ha destacado Aristi, quien ha recordado que desde hace unos meses está lista una maqueta diseñada por el escultor Inigo Arregi para señalizar los lugares de la memoria.
Cabe recordar que, según un informe publicado por Ahaztuak 1936-1977 en 2010, en el cementerio de Santa Isabel fueron ejecutadas 196 personas, entre ellas el fundador de Unión Republicana y consejero de Sanidad del primer Gobierno autonómico, Alfredo Espinosa; el militante de ANV, vocal de su Comité Nacional, miembro de la Comisión Gestora de Araba y comandante del Batallón Euzko Indarra, José Placer; y mandos del Ejército de Euzkadi como el coronel Llarch o el capitán de artillería José Aguirre.
En una rueda de prensa, la edil soberanista Ane Aristi ha recordado que el domingo se cumplirán 80 años de la ejecución de el escritor Estepan Urkiaga «Lauaxeta» en el paredón de la capital alavesa, «y el PNV no ha sido capaz de mover ni un dedo para homenajear a las personas asesinadas por los franquistas».
«Es una falta de respeto tanto para los familiares como para todos los que han trabajado activamente en favor de la recuperación de la memoria», ha señalado tras recordar que en 2010 el Pleno aprobó por unanimidad una iniciativa que tenía por objeto «dignificar» el muro del cementerio, en el que en 2005 se colocó una placa a iniciativa de los consistorios de Mungia y Laukiz.
Y en 2014 se aprobó otra moción en la que se recogía la creación de un grupo de trabajo sobre memoria histórica, en el que, además de los grupos políticos municipales, también participaron miembros de la plataforma contra los crímenes del franquismo y otros expertos.
Este grupo redactó un dictamen en el que se insiste en la necesidad de señalizar lugares como el paredón de Santa Isabel, el convento del Carmen, donde estuvo preso Lauxeta antes de ser fusilado, o la intersección de las calles Postas y Paz, donde se hubicó la prisión de Gasteiz hasta 1975.
Sin embargo, el Gobierno local no ha dado pasos en este sentido, más bien en el contrario, ya que Urtaran no va a modificará el nombre de calles dedicadas a cargos franquistas. «Exigimos al alcalde que desarrolle, de manera inmediata, las acciones aprobadas en el plan de la memoria», ha destacado Aristi, quien ha recordado que desde hace unos meses está lista una maqueta diseñada por el escultor Inigo Arregi para señalizar los lugares de la memoria.
Cabe recordar que, según un informe publicado por Ahaztuak 1936-1977 en 2010, en el cementerio de Santa Isabel fueron ejecutadas 196 personas, entre ellas el fundador de Unión Republicana y consejero de Sanidad del primer Gobierno autonómico, Alfredo Espinosa; el militante de ANV, vocal de su Comité Nacional, miembro de la Comisión Gestora de Araba y comandante del Batallón Euzko Indarra, José Placer; y mandos del Ejército de Euzkadi como el coronel Llarch o el capitán de artillería José Aguirre.
España: Las muertes superan a los nacimientos por segundo año seguido
El pasado año nacieron 408.384 niños, 11.906 menos que en 2015 (2,8 %), año en el que murieron 409.099 personas, el 3,2 % menos.
La diferencia entre muertes y nacimientos (crecimiento vegetativo) refleja una pérdida de población de 259 personas en 2016, según la encuesta de "Movimiento Natural de la Población" difundida hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Un saldo vegetativo negativo que, advierte el INE, es mucho mayor, con una pérdida 715 personas, si se descuentan los nacimientos que tienen lugar en España de madres que no residen en el país.
La caída de los nacimientos es más alarmante aún si se echa la vista atrás: desde 2008, cuando se produjo el máximo histórico en 30 años con 519.779 alumbramientos, el descenso es del 21,4 %.
El resto de datos no son mejores: La edad a la que las mujeres son madres por primera vez ha alcanzado la cifra histórica de 32 años y sólo tienen 1,33 hijos. Solo nacen 8,8 niños por cada mil habitantes.
La radiografía de la población española que ofrece el INE no es nada halagüeña y alerta de una situación que compromete no sólo la pirámide poblacional, sino el futuro del país, el mercado laboral, la productividad o el sistema de pensiones y prestaciones. No es sostenible una economía con más gente inactiva que activa.
Además, el número de mujeres de entre 15 y 49 años (en edad de ser madres) se ha reducido hasta 10,6 millones, dato que mantiene la tendencia a la baja iniciada en 2009 que, según explica el INE, obedece a que en ese rango están las generaciones menos numerosas nacidas durante la crisis de natalidad de los 80 y primera mitad de los 90.
URUGUAY
Los civiles de la dictadura
- – Esta nota fue publicada en el Semanario El Popular N° 230.-
Es un error común calificar al golpe de Estado y a la dictadura como
militares. A la cuestión obvia de que el golpe lo dio, un civil, electo
además por el Partido Colorado, Juan María Bordaberry, se suma que hubo
cientos de civiles que apoyaron la dictadura, fueron su sustento técnico
e ideológico y permitieron que el Estado fascista funcionara.
Cuando se habla de dictadura fascista, se hace justamente para
categorizar con justeza lo que ocurrió en este país. Fue un golpe y un
régimen sustentado por la oligarquía nacional, en especial por los
representantes del capital financiero, el latifundio, los grandes
capitales trasnacionales y los más retrógrados de los profesionales e
intelectuales.
Eso se expresó en el apoyo al golpe de la Asociación Rural, la Asociación de Bancos, una parte no menor de las gremiales empresariales, por supuesto que la embajada de EEUU y los sectores más conservadores del Partido Colorado y el Partido Nacional.
EL POPULAR publica (1) un listado, incompleto por cierto, de 421 civiles que ocuparon cargos de confianza durante la dictadura: 74 en el Poder Ejecutivo, 113 del Consejo de Estado, 24 en el Poder Judicial, 16 en las Intendencias, 6 en la Corte Electoral, 35 en los Entes y los Servicios, 16 en los Bancos Estatales, 13 en la Enseñanza, 49 en la Universidad, 28 en el Cuerpo Diplomático y 47 en otras áreas del Estado.
Se reproduce casi textualmente un informe publicado en LA REPUBLICA el 28 de junio de 2000, que recogía a su vez, datos de investigaciones de Brecha, Zeta y Jaque.
Cabe señalar que, mediante la lucha de nuestro pueblo, la acción de la Justicia y la política desplegada por los dos gobiernos del Frente Amplio, hoy hay presos varios militares acusados de violaciones a los DDHH. Sin embargo, solo dos civiles fueron presos, por su participación en la dictadura: Juan María Bordaberry y Juan Carlos Blanco. Solamente el Sindicato Médico del Uruguay y la Udelar, realizaron cuestionamientos éticos y una depura-ción interna de los cuadros de la dictadura.
La mayoría de los civiles que se citan a continuación pertenecían o al Partido Colorado o al Partido Nacional, en ningún caso fueron expulsados de estas colectividades.
Son sintomáticos los casos de Etchegoyen, miembro del Directorio del Partido Nacional que pasó a presidir el primer Consejo de Estado de la Dictadura. O de Narancio, referente del diario El País, que pasó a ser el interventor de la Universidad. O de Danilo Arbilla, ex director de Búsqueda y hoy paladín de la libertad de prensa en nombre de las patronales de medios y de la SIP que fue director de información de la dictadura.
Nos pareció trascendente recordar o dar a conocer, para muchas uruguayos y uruguayos, estamos seguros que así será, la cara civil de la dictadura. De los que actuaron por convicción ideológica golpista y antidemocrática y de los oportunistas y arribistas, que nunca hubieran llegado por concurso a los cargos que detentaron, por el único mérito de ser serviles a una dictadura.
El Poder Ejecutivo
La dictadura tuvo cuatro presidentes: Juan María Bordaberry entre el 27 de junio de 1973 y el 12 de junio de 1976; Alberto Demicheli, entre el 12 de junio de 1976 y el 10 de setiembre de 1976; Aparicio Méndez, entre el 1 de octubre de 1976 y el 1 de setiembre de 1981 y Gregorio Alvarez entre el 1 de setiembre de 1981 y el 15 de febrero de 1985.
También hubo un presidente de transición, Rafael Adiego Bruno, que ocupó la primera magistratura durante los últimos 15 días de la dictadura.
Ocuparon la Secretaria de la Presidencia: Alvaro Pacheco Seré, Luis Vargas Garmendia y Angel María Scelza.
Un primer escalón de colaboradores civiles con la dictadura fueron los ministros. Aquí va una lista secretaria de Estado por secretaria de Estado.
El Ministerio del Interior, tuvo a su frente militares durante los 11 años y medio de dictadura, la militarización de la Policía, su integración a las Fuerzas Conjuntas y la utilización de esta como una fuerza de represión contra su propio pueblo, era un postulado central de la Doctrina de Seguridad Nacional y así se actuó. Los militares que ocuparon el cargo de Ministro del Interior fueron: Néstor Bolentini, Hugo Linares Brum, Manuel Núñez y Yamandú Trinidad.
Los titulares de Defensa Nacional fueron: Walter Ravenna y Justo M. Alonso. Los de Relaciones Exteriores: Juan Carlos Blanco, Alejandro Rovira, Adolfo Folle Martínez, Estanislao Valdés Otero y Carlos Maeso.
En Economía y Finanzas estuvieron: Moisés Cohen, Raúl Pazos, Alejandro Vegh Villegas, Valentín Arismendi, Walter Lusiardo, y nuevamente, Alejandro Vegh Villegas.
Los ministros de Ganadería y Agricultura fueron: Benito Medero, Héctor Albuquerque, Julio Aznárez, Estanislao Valdés Otero, Juan Carlos Cassou, Félix Zubillaga y Carlos Mattos Moglia.
En Trabajo y Seguridad Social estuvieron: José Enrique Etcheverry Stirling, Marcial Bugallo, Carlos Maeso y Luis Alberto Crisci (además del coronel Néstor Bolentini).
En Educación y Cultura: Edmundo Narancio, Daniel Darracq, Raquel Lombardo de Debetolazza, Juan Bautista Schroeder y Armando López Scavino.
En Industria y Energía: Luis Meyer, Adolfo Cardozo Guani, Francisco Tourreilles, Juan Chiarino Rossi y Felisberto Ginzo Gil.
En Salud Pública: Juan Bruno Iruleguy, Justo M. Alonso, Antonio Cañellas y Luis Givogre.
En Transporte y Comunicaciones y Turismo: Francisco Mario Ubillos (este ministerio se suprimió).
En Transporte y Obras Públicas: Eduardo Crispo Ayala y Eduardo Sampson.
En el Ministerio de Justicia, creado por la dictadura, estuvo como ministro inaugural Fernando Bayardo Bengoa y lo siguieron Julio César Espínola y César Frigerio.
Un segundo nivel de importancia de los cuadros civiles de la dictadura en el Poder Ejecutivo fueron las subsecretarias es decir los números dos políticos de cada ministerio. Esta lista, vale reiterarlo, no es completa, es la que se pudo rescatar y habrá que seguirla completando.
En el Ministerio del Interior: Roberto Augusto Neri, Luis Vargas Garmendia, y Jorge Amondarain Mendoza. En Defensa Nacional: Armando Chiarino Agurrire. En Relaciones Exteriores: Guido Michelin Salomón, Enrique Delfante, Julio César Lupinacci, Felisberto Ginzo Gil y Heber Arbouet. En Economía y Finanzas: Ernesto Rosso y Valentín Arismendi. En Ganadería y Agricultura: Lázar Gurevich, Juan Carlos Cassou y Tydeo Larre Borges. En Trabajo y Seguridad Social: Alfredo Baeza y Ramón Malvasio. En Educación y Cultura: Carlos Alberto Roca, Héctor Mario Artucio, Luis Antonio Menafra y Martín C. Martínez. En Industria y Energía: Elías Pérez. En Salud Pública: Mario Arcos Pérez, Jogen Nin Vivó y Luis Nicoletti Torchelo. En Justicia: José Calatayud Bosch, Heber Arbouet, Juan Pablo Shcroeder y Dante Barrios.
El Parlamento decorativo
En sustitución del Parlamento la dictadura nombró, como supuesto órgano legislativo, al Consejo de Estado. El primer Consejo de Estado fue designado por el dictador Juan María Bordaberry y entró en funciones el 19 de noviembre de 1973.
Luego y mediante un acta institucional, se creó el Consejo de la Nación, que integraban los 25 Consejeros de Estado y los 21 oficiales generales de las tres ramas de las Fuerzas Armadas. Este órgano, emblemático de la nueva institucionalidad creada por la dictadura por su integración de civiles y militares, tenía entre sus cometidos designar a los Consejeros de Estado y ocupar las vacantes que se fueran produciendo.
El primer Consejo de Estado, el designado por el dictador Bordaberry, tuvo la siguiente integración: doctor Martín Recaredo Etchegoyen (presidente), doctora Aurora Alvarez de Silva Ledesma, Gladys Freire de Addiego, María Luisa Coolighan Sanguinetti, doctor Alberto Demichelli, doctor Aparicio Méndez, doctor Hamlet Reyes, doctor Emilio Siemens Amaro, doctor Julio César Espínola, José Antonio Varela, Jesús Rubio, doctor Daniel Rodríguez Larreta, Juan Rodríguez López, doctor Mario Arcos Pérez, Rodolfo Saccone, doctor Alfredo Lamaison, doctor Mario Gaggero, arquitecto Raúl Clerc, doctor José Francisco Franca, doctor Osvaldo Soriano, doctor Enrique Viana Reyes, Alfredo Cardoso Arrarte, ingeniero Eduardo Praderi, ingeniero Mario Jorge Coppetti y Jorge Spangenberg.
El 1º de setiembre de 1976 se procesó la primera renovación importante del Consejo de Estado y quedó así: doctor Hamlet Reyes (presidente), doctora Aurora Alvarez de Silva Ledesma, doctor Mario Arcos Pérez, ingeniero Mario Jorge Coppetti, doctor Julio César Espínola, doctor José Francisco Franca, doctor Mario Gaggero, ingeniero Eduardo Praderi, doctor Daniel Rodríguez Larreta, doctor Osvaldo Soriano, doctor Enrique Viana Reyes, doctro Jorge Laborde Bercianos, doctor Martín C. Martínez, doctor Willy Patocchi, profesora Blanca Amorós De León de Dutra, profesor José Carlos Brun Cardoso, doctor Marcial Bugallo, ingeniero Eduardo Crispo Ayala, doctor José Enrique Etcheverry Stirling, ingeniero químico Bertrand Gruss, doctor Rafael Ravera Giuria, contador Pedro P. Rivero, contador Alberto Rodríguez Marghieri, ingeniero agrónomo Jorge Seré del Campo e ingeniero Alejandro Vegh Villegas.
Quienes figuran en los primeros 11 lugares de la lista integraban el Consejo de Estado desde su creación y permanecieron en esta segunda versión; los 3 siguientes se habían incorporado antes de noviembre de 1976 y fueron avalados, los 11 restantes fueron designados en esa fecha. El Consejo de la Nación debía designar 5 suplentes, pero sólo logro acuerdo para designar a 3, que fueron: el profesor José Luis Vadora Rozier, Edgardo Héctor Abell y el doctor Buenaventura Caviglia Cámpora.
Un año después, en 1977, dejaron sus cargos Mario Gaggero, Blanca Amorós de León de Dutra, Osvaldo Soriano y José Etheverry Stirling. Ocuparon esas plazas: José Luis Vadora Rozier, Buenaventura Caviglia Cámpora y el arquitecto Gustavo Nicolich.
El Consejo de la Nación designó 5 suplentes, esta vez se pusieron de acuerdo, y fueron distinguidos con el cargo: el profesor Batutista Etcheverry Baggio y los doctores Francisco Paternó, Carlos Maeso, Orlando Benia Comas y Raimundo Abella.
Cuando el teniente general Gregorio Alvarez asume como dictador se vuelve a renovar el Consejo de Estado. A través del acta institucional 11, del 28 de julio de 1981, se aumentó el número de 25 a 35. De la integración inicial de 8 años antes solo quedaron Hamlet Reyes y Eduardo Praderi . Mantuvieron sus cargos en la institucionalidad fascista Marcial Bugallo y Federico García Capurro. Todos los demás, que acompañaron el ascenso al poder de Gregorio Alvarez, eran nuevos: la nueva camada de colaboracionistas de la represión y el terrorismo de Estado.
Entre los nuevos había intendentes de la dictadura, pertenecientes al Partido Colorado y el Partido Nacional, como Belvisi, Benachín, González y Gutiérrez; otros eran militares retirados, como Bolentini y Bendahan e incluso había algunos que habían sido parlamentarios antes del Golpe, como Craviotto y Cérsosimo, ambos del Partido Colorado.
La nómina completa del Consejo de Estado que acompañó a Gregorio Alvarez es la siguiente: Hamlet Reyes (presidente), doctor Marcial Bugallo, doctor Federico García Capurro, ingeniero Eduardo Praderi, arquitecto Walter Belvisi, Norberto Bernachín, Gervasio González, ingeniero agrónomo Adolfo Gutiérrez, coronel Néstor Bolentini, escribano Pedro W. Cersósimo, profesor Wilsno Craviotto, brigadier general Raúl Bendahan, Alberto Aguiar, Hugo Amondarain, Fernando Assucao, Bernardo Barrán, Daniel Barreiro, Domingo Burgueño Miguel, Juan J. Burgos, Eduardo Carrera Hughes, Rodolfo Ciganda, Luis A. Crisci, Waldemar Cuadri, Alfredo De Castro, Milton de los Santos, doctor Eduardo Esteva, doctor Juan Santana Etcheverrito, Antonio Gabito Barrios, escribano Manuel Gastelumendi, doctor Carlos A. Gelpi, Alfonso Greissing, Irma Lamana, profesor Ricardo Milessi, Genaro Perinetti García y Ruben Riani.
En total fueron Consejeros de Estado de la dictadura 113 hombres y mujeres. En la etapa final de la dictadura ingresaron al Consejo de Estado en diferentes momentos: el doctor Jorge Amondarain Mendoza, la doctora María Ruth Andrade de Ochoa, el doctor Enrique Arocena Olivera, el doctor Dardo Casas del Río, Alberto del Pino Borrallo, Luis O. Dini, Juan P. Ferreira, profesor Werther Martínez, doctor Miguel Pereira Serra, doctor Cesalino Silveira, Armando Barhaburu Bagalciague, Jorge Borlandelli, Gilver Cagnone, Francisco Cantou, Eduardo Galagorri Bruche, contralmirante ® Víctor González Ibargoyen, Antonio Guerra, Hugo Manini Ríos, Julio César Michelli, Pablo Millor, Daniel Ordoñez, Víctor Otriz, Miguel Peirano, doctor Ricardo Reily Salaverry, Emilio Sader, Nelson Simonetti, Atanasildo Viera y Ariel Villar.
La Justicia secuestrada
Con el acta institucional Nº 8 se creó el Ministerio de Justicia y se suprimió, por completo, la independencia del Poder Judicial. Esta ya se había recortado y vulnerado al darle potestad a los Tribunales Militares para juzgar a civiles en el marco de la represión, durante los gobiernos de Partido Colorado, encabezados por Jorge Pacheco Areco y Juan María Bordaberry.
Para entender algunas cosas del presente y la importancia que le dio la dictadura a la penetración al sistema de Justicia baste recordar las declaraciones de quien fuera Ministro de Justicia de la dictadura, Rafael Adieggo Bruno, quién dijo luego de recuperada la democracia, que “de los 190 jueces, de paz, penales y de los tribunales de apelaciones, 180 fueron designados o ascendieron durante el régimen de facto” (Revista Jaque, 26 de junio de 1985).
Durante la dictadura los jueces, al asumir, debían jurar respeto a las Actas Institucionales y no sólo a la Constitución.
En una lista obligatoriamente parcial, que debe hacerse más exhaustiva, cabe recordar que de los actuales 5 miembros de la Suprema Corte de Justicia 4 ingresaron al Poder Judicial durante la dictadura, publicamos los nombres de la Corte de Justicia de la dictadura y del Tribunal de lo Contencioso Administrativo.
En la Corte de Justicia (la dictadura le sacó el nombre de Suprema) estuvieron en 1977: Francisco Jas Marcora, Rómulo Vago, Carlos H. Dubra, José Pedro Gatto de Souza y Sabino Dante Sabini. En 1984 sus integrantes eran: Rafael Addiego Bruno, José Pedro Gatto de Souza, Ramiro López Rivas Sara Fons de Genta y Juan José Silva Delgado. Integraron en otros momentos de la dictadura la Corte Suprema de Justicia: Eric Colombo y Enrique V. Frigerio.
En 1977 integraban el Tribunal de lo Contecioso Administrativo: Miguel Fernández Viqueira, César Canessa Etcheverry, Alberto Reyes Terra, Ramiro López Rivas y Victor Maestro Toletti. En 1984 estaba compuesto por: Víctor Maestro Toletti, Orlando Olmedo, Francisco D´Angelo, Héctor Clavijo y José Julio Folle. También lo integró en otros momentos Hilda Moltedo de Espíndola.
Los intendentes de la dictadura
La dictadura reservó para sus coroneles el preciado botín de las intendencias intervenidas. Pero los civiles colaboradores también obtuvieron participación y más de 15 fueron designados para este codiciado cargo, que permitía acceso a recursos y manejo de cuotas de poder.
Todos los civiles que se desempeñaron como intendentes de la dictadura fueron blancos y colorados. En Montevideo estuvieron los doctores Víctor Rachetti y Juan Carlos Paysée. En Artigas, Basilio Bargato; en Canelones, Gervasio González; en Cerro Largo, Juan José Burgos; en Flores, Pedro Ramos Mañé; en Lavalleja, Juan Salaberry Olascoaga y Oribe Pereyra Parada; en Paysandú, Walter Belvisi; en Rivera, Ariel Pereyra y Adolfo Gutiérrez; en Rocha, Milton de los Santos; en Salto, Néstor Minutti; en San José; Juan Chiruchi; en Tacuarembó, Norberto Bernachín y en Treinta y Tres, Ruben Silveira Zuolaga.
Corte Electoral, ¿para qué?
Una Corte Electoral en una dictadura no es un organismo con mucho uso, salvo para controlar y por supuesto, para beneficiarse de un cargo, un sueldo y las prebendas de ser funcionarios del régimen. En la Corte Electoral estuvieron: Nicolás Storace Arrosa (presidente interventor), Camilo Pereyra Urueña y Nelson Vicens Alegre
(1) – Esta nota fue publicada en el Semanario El Popular N° 230.- Puede acceder a la edición N° 230 haciendo click aquí
ENVIADO POR NESTOR DURANTEEso se expresó en el apoyo al golpe de la Asociación Rural, la Asociación de Bancos, una parte no menor de las gremiales empresariales, por supuesto que la embajada de EEUU y los sectores más conservadores del Partido Colorado y el Partido Nacional.
EL POPULAR publica (1) un listado, incompleto por cierto, de 421 civiles que ocuparon cargos de confianza durante la dictadura: 74 en el Poder Ejecutivo, 113 del Consejo de Estado, 24 en el Poder Judicial, 16 en las Intendencias, 6 en la Corte Electoral, 35 en los Entes y los Servicios, 16 en los Bancos Estatales, 13 en la Enseñanza, 49 en la Universidad, 28 en el Cuerpo Diplomático y 47 en otras áreas del Estado.
Se reproduce casi textualmente un informe publicado en LA REPUBLICA el 28 de junio de 2000, que recogía a su vez, datos de investigaciones de Brecha, Zeta y Jaque.
Cabe señalar que, mediante la lucha de nuestro pueblo, la acción de la Justicia y la política desplegada por los dos gobiernos del Frente Amplio, hoy hay presos varios militares acusados de violaciones a los DDHH. Sin embargo, solo dos civiles fueron presos, por su participación en la dictadura: Juan María Bordaberry y Juan Carlos Blanco. Solamente el Sindicato Médico del Uruguay y la Udelar, realizaron cuestionamientos éticos y una depura-ción interna de los cuadros de la dictadura.
La mayoría de los civiles que se citan a continuación pertenecían o al Partido Colorado o al Partido Nacional, en ningún caso fueron expulsados de estas colectividades.
Son sintomáticos los casos de Etchegoyen, miembro del Directorio del Partido Nacional que pasó a presidir el primer Consejo de Estado de la Dictadura. O de Narancio, referente del diario El País, que pasó a ser el interventor de la Universidad. O de Danilo Arbilla, ex director de Búsqueda y hoy paladín de la libertad de prensa en nombre de las patronales de medios y de la SIP que fue director de información de la dictadura.
Nos pareció trascendente recordar o dar a conocer, para muchas uruguayos y uruguayos, estamos seguros que así será, la cara civil de la dictadura. De los que actuaron por convicción ideológica golpista y antidemocrática y de los oportunistas y arribistas, que nunca hubieran llegado por concurso a los cargos que detentaron, por el único mérito de ser serviles a una dictadura.
El Poder Ejecutivo
La dictadura tuvo cuatro presidentes: Juan María Bordaberry entre el 27 de junio de 1973 y el 12 de junio de 1976; Alberto Demicheli, entre el 12 de junio de 1976 y el 10 de setiembre de 1976; Aparicio Méndez, entre el 1 de octubre de 1976 y el 1 de setiembre de 1981 y Gregorio Alvarez entre el 1 de setiembre de 1981 y el 15 de febrero de 1985.
También hubo un presidente de transición, Rafael Adiego Bruno, que ocupó la primera magistratura durante los últimos 15 días de la dictadura.
Ocuparon la Secretaria de la Presidencia: Alvaro Pacheco Seré, Luis Vargas Garmendia y Angel María Scelza.
Un primer escalón de colaboradores civiles con la dictadura fueron los ministros. Aquí va una lista secretaria de Estado por secretaria de Estado.
El Ministerio del Interior, tuvo a su frente militares durante los 11 años y medio de dictadura, la militarización de la Policía, su integración a las Fuerzas Conjuntas y la utilización de esta como una fuerza de represión contra su propio pueblo, era un postulado central de la Doctrina de Seguridad Nacional y así se actuó. Los militares que ocuparon el cargo de Ministro del Interior fueron: Néstor Bolentini, Hugo Linares Brum, Manuel Núñez y Yamandú Trinidad.
Los titulares de Defensa Nacional fueron: Walter Ravenna y Justo M. Alonso. Los de Relaciones Exteriores: Juan Carlos Blanco, Alejandro Rovira, Adolfo Folle Martínez, Estanislao Valdés Otero y Carlos Maeso.
En Economía y Finanzas estuvieron: Moisés Cohen, Raúl Pazos, Alejandro Vegh Villegas, Valentín Arismendi, Walter Lusiardo, y nuevamente, Alejandro Vegh Villegas.
Los ministros de Ganadería y Agricultura fueron: Benito Medero, Héctor Albuquerque, Julio Aznárez, Estanislao Valdés Otero, Juan Carlos Cassou, Félix Zubillaga y Carlos Mattos Moglia.
En Trabajo y Seguridad Social estuvieron: José Enrique Etcheverry Stirling, Marcial Bugallo, Carlos Maeso y Luis Alberto Crisci (además del coronel Néstor Bolentini).
En Educación y Cultura: Edmundo Narancio, Daniel Darracq, Raquel Lombardo de Debetolazza, Juan Bautista Schroeder y Armando López Scavino.
En Industria y Energía: Luis Meyer, Adolfo Cardozo Guani, Francisco Tourreilles, Juan Chiarino Rossi y Felisberto Ginzo Gil.
En Salud Pública: Juan Bruno Iruleguy, Justo M. Alonso, Antonio Cañellas y Luis Givogre.
En Transporte y Comunicaciones y Turismo: Francisco Mario Ubillos (este ministerio se suprimió).
En Transporte y Obras Públicas: Eduardo Crispo Ayala y Eduardo Sampson.
En el Ministerio de Justicia, creado por la dictadura, estuvo como ministro inaugural Fernando Bayardo Bengoa y lo siguieron Julio César Espínola y César Frigerio.
Un segundo nivel de importancia de los cuadros civiles de la dictadura en el Poder Ejecutivo fueron las subsecretarias es decir los números dos políticos de cada ministerio. Esta lista, vale reiterarlo, no es completa, es la que se pudo rescatar y habrá que seguirla completando.
En el Ministerio del Interior: Roberto Augusto Neri, Luis Vargas Garmendia, y Jorge Amondarain Mendoza. En Defensa Nacional: Armando Chiarino Agurrire. En Relaciones Exteriores: Guido Michelin Salomón, Enrique Delfante, Julio César Lupinacci, Felisberto Ginzo Gil y Heber Arbouet. En Economía y Finanzas: Ernesto Rosso y Valentín Arismendi. En Ganadería y Agricultura: Lázar Gurevich, Juan Carlos Cassou y Tydeo Larre Borges. En Trabajo y Seguridad Social: Alfredo Baeza y Ramón Malvasio. En Educación y Cultura: Carlos Alberto Roca, Héctor Mario Artucio, Luis Antonio Menafra y Martín C. Martínez. En Industria y Energía: Elías Pérez. En Salud Pública: Mario Arcos Pérez, Jogen Nin Vivó y Luis Nicoletti Torchelo. En Justicia: José Calatayud Bosch, Heber Arbouet, Juan Pablo Shcroeder y Dante Barrios.
El Parlamento decorativo
En sustitución del Parlamento la dictadura nombró, como supuesto órgano legislativo, al Consejo de Estado. El primer Consejo de Estado fue designado por el dictador Juan María Bordaberry y entró en funciones el 19 de noviembre de 1973.
Luego y mediante un acta institucional, se creó el Consejo de la Nación, que integraban los 25 Consejeros de Estado y los 21 oficiales generales de las tres ramas de las Fuerzas Armadas. Este órgano, emblemático de la nueva institucionalidad creada por la dictadura por su integración de civiles y militares, tenía entre sus cometidos designar a los Consejeros de Estado y ocupar las vacantes que se fueran produciendo.
El primer Consejo de Estado, el designado por el dictador Bordaberry, tuvo la siguiente integración: doctor Martín Recaredo Etchegoyen (presidente), doctora Aurora Alvarez de Silva Ledesma, Gladys Freire de Addiego, María Luisa Coolighan Sanguinetti, doctor Alberto Demichelli, doctor Aparicio Méndez, doctor Hamlet Reyes, doctor Emilio Siemens Amaro, doctor Julio César Espínola, José Antonio Varela, Jesús Rubio, doctor Daniel Rodríguez Larreta, Juan Rodríguez López, doctor Mario Arcos Pérez, Rodolfo Saccone, doctor Alfredo Lamaison, doctor Mario Gaggero, arquitecto Raúl Clerc, doctor José Francisco Franca, doctor Osvaldo Soriano, doctor Enrique Viana Reyes, Alfredo Cardoso Arrarte, ingeniero Eduardo Praderi, ingeniero Mario Jorge Coppetti y Jorge Spangenberg.
El 1º de setiembre de 1976 se procesó la primera renovación importante del Consejo de Estado y quedó así: doctor Hamlet Reyes (presidente), doctora Aurora Alvarez de Silva Ledesma, doctor Mario Arcos Pérez, ingeniero Mario Jorge Coppetti, doctor Julio César Espínola, doctor José Francisco Franca, doctor Mario Gaggero, ingeniero Eduardo Praderi, doctor Daniel Rodríguez Larreta, doctor Osvaldo Soriano, doctor Enrique Viana Reyes, doctro Jorge Laborde Bercianos, doctor Martín C. Martínez, doctor Willy Patocchi, profesora Blanca Amorós De León de Dutra, profesor José Carlos Brun Cardoso, doctor Marcial Bugallo, ingeniero Eduardo Crispo Ayala, doctor José Enrique Etcheverry Stirling, ingeniero químico Bertrand Gruss, doctor Rafael Ravera Giuria, contador Pedro P. Rivero, contador Alberto Rodríguez Marghieri, ingeniero agrónomo Jorge Seré del Campo e ingeniero Alejandro Vegh Villegas.
Quienes figuran en los primeros 11 lugares de la lista integraban el Consejo de Estado desde su creación y permanecieron en esta segunda versión; los 3 siguientes se habían incorporado antes de noviembre de 1976 y fueron avalados, los 11 restantes fueron designados en esa fecha. El Consejo de la Nación debía designar 5 suplentes, pero sólo logro acuerdo para designar a 3, que fueron: el profesor José Luis Vadora Rozier, Edgardo Héctor Abell y el doctor Buenaventura Caviglia Cámpora.
Un año después, en 1977, dejaron sus cargos Mario Gaggero, Blanca Amorós de León de Dutra, Osvaldo Soriano y José Etheverry Stirling. Ocuparon esas plazas: José Luis Vadora Rozier, Buenaventura Caviglia Cámpora y el arquitecto Gustavo Nicolich.
El Consejo de la Nación designó 5 suplentes, esta vez se pusieron de acuerdo, y fueron distinguidos con el cargo: el profesor Batutista Etcheverry Baggio y los doctores Francisco Paternó, Carlos Maeso, Orlando Benia Comas y Raimundo Abella.
Cuando el teniente general Gregorio Alvarez asume como dictador se vuelve a renovar el Consejo de Estado. A través del acta institucional 11, del 28 de julio de 1981, se aumentó el número de 25 a 35. De la integración inicial de 8 años antes solo quedaron Hamlet Reyes y Eduardo Praderi . Mantuvieron sus cargos en la institucionalidad fascista Marcial Bugallo y Federico García Capurro. Todos los demás, que acompañaron el ascenso al poder de Gregorio Alvarez, eran nuevos: la nueva camada de colaboracionistas de la represión y el terrorismo de Estado.
Entre los nuevos había intendentes de la dictadura, pertenecientes al Partido Colorado y el Partido Nacional, como Belvisi, Benachín, González y Gutiérrez; otros eran militares retirados, como Bolentini y Bendahan e incluso había algunos que habían sido parlamentarios antes del Golpe, como Craviotto y Cérsosimo, ambos del Partido Colorado.
La nómina completa del Consejo de Estado que acompañó a Gregorio Alvarez es la siguiente: Hamlet Reyes (presidente), doctor Marcial Bugallo, doctor Federico García Capurro, ingeniero Eduardo Praderi, arquitecto Walter Belvisi, Norberto Bernachín, Gervasio González, ingeniero agrónomo Adolfo Gutiérrez, coronel Néstor Bolentini, escribano Pedro W. Cersósimo, profesor Wilsno Craviotto, brigadier general Raúl Bendahan, Alberto Aguiar, Hugo Amondarain, Fernando Assucao, Bernardo Barrán, Daniel Barreiro, Domingo Burgueño Miguel, Juan J. Burgos, Eduardo Carrera Hughes, Rodolfo Ciganda, Luis A. Crisci, Waldemar Cuadri, Alfredo De Castro, Milton de los Santos, doctor Eduardo Esteva, doctor Juan Santana Etcheverrito, Antonio Gabito Barrios, escribano Manuel Gastelumendi, doctor Carlos A. Gelpi, Alfonso Greissing, Irma Lamana, profesor Ricardo Milessi, Genaro Perinetti García y Ruben Riani.
En total fueron Consejeros de Estado de la dictadura 113 hombres y mujeres. En la etapa final de la dictadura ingresaron al Consejo de Estado en diferentes momentos: el doctor Jorge Amondarain Mendoza, la doctora María Ruth Andrade de Ochoa, el doctor Enrique Arocena Olivera, el doctor Dardo Casas del Río, Alberto del Pino Borrallo, Luis O. Dini, Juan P. Ferreira, profesor Werther Martínez, doctor Miguel Pereira Serra, doctor Cesalino Silveira, Armando Barhaburu Bagalciague, Jorge Borlandelli, Gilver Cagnone, Francisco Cantou, Eduardo Galagorri Bruche, contralmirante ® Víctor González Ibargoyen, Antonio Guerra, Hugo Manini Ríos, Julio César Michelli, Pablo Millor, Daniel Ordoñez, Víctor Otriz, Miguel Peirano, doctor Ricardo Reily Salaverry, Emilio Sader, Nelson Simonetti, Atanasildo Viera y Ariel Villar.
La Justicia secuestrada
Con el acta institucional Nº 8 se creó el Ministerio de Justicia y se suprimió, por completo, la independencia del Poder Judicial. Esta ya se había recortado y vulnerado al darle potestad a los Tribunales Militares para juzgar a civiles en el marco de la represión, durante los gobiernos de Partido Colorado, encabezados por Jorge Pacheco Areco y Juan María Bordaberry.
Para entender algunas cosas del presente y la importancia que le dio la dictadura a la penetración al sistema de Justicia baste recordar las declaraciones de quien fuera Ministro de Justicia de la dictadura, Rafael Adieggo Bruno, quién dijo luego de recuperada la democracia, que “de los 190 jueces, de paz, penales y de los tribunales de apelaciones, 180 fueron designados o ascendieron durante el régimen de facto” (Revista Jaque, 26 de junio de 1985).
Durante la dictadura los jueces, al asumir, debían jurar respeto a las Actas Institucionales y no sólo a la Constitución.
En una lista obligatoriamente parcial, que debe hacerse más exhaustiva, cabe recordar que de los actuales 5 miembros de la Suprema Corte de Justicia 4 ingresaron al Poder Judicial durante la dictadura, publicamos los nombres de la Corte de Justicia de la dictadura y del Tribunal de lo Contencioso Administrativo.
En la Corte de Justicia (la dictadura le sacó el nombre de Suprema) estuvieron en 1977: Francisco Jas Marcora, Rómulo Vago, Carlos H. Dubra, José Pedro Gatto de Souza y Sabino Dante Sabini. En 1984 sus integrantes eran: Rafael Addiego Bruno, José Pedro Gatto de Souza, Ramiro López Rivas Sara Fons de Genta y Juan José Silva Delgado. Integraron en otros momentos de la dictadura la Corte Suprema de Justicia: Eric Colombo y Enrique V. Frigerio.
En 1977 integraban el Tribunal de lo Contecioso Administrativo: Miguel Fernández Viqueira, César Canessa Etcheverry, Alberto Reyes Terra, Ramiro López Rivas y Victor Maestro Toletti. En 1984 estaba compuesto por: Víctor Maestro Toletti, Orlando Olmedo, Francisco D´Angelo, Héctor Clavijo y José Julio Folle. También lo integró en otros momentos Hilda Moltedo de Espíndola.
Los intendentes de la dictadura
La dictadura reservó para sus coroneles el preciado botín de las intendencias intervenidas. Pero los civiles colaboradores también obtuvieron participación y más de 15 fueron designados para este codiciado cargo, que permitía acceso a recursos y manejo de cuotas de poder.
Todos los civiles que se desempeñaron como intendentes de la dictadura fueron blancos y colorados. En Montevideo estuvieron los doctores Víctor Rachetti y Juan Carlos Paysée. En Artigas, Basilio Bargato; en Canelones, Gervasio González; en Cerro Largo, Juan José Burgos; en Flores, Pedro Ramos Mañé; en Lavalleja, Juan Salaberry Olascoaga y Oribe Pereyra Parada; en Paysandú, Walter Belvisi; en Rivera, Ariel Pereyra y Adolfo Gutiérrez; en Rocha, Milton de los Santos; en Salto, Néstor Minutti; en San José; Juan Chiruchi; en Tacuarembó, Norberto Bernachín y en Treinta y Tres, Ruben Silveira Zuolaga.
Corte Electoral, ¿para qué?
Una Corte Electoral en una dictadura no es un organismo con mucho uso, salvo para controlar y por supuesto, para beneficiarse de un cargo, un sueldo y las prebendas de ser funcionarios del régimen. En la Corte Electoral estuvieron: Nicolás Storace Arrosa (presidente interventor), Camilo Pereyra Urueña y Nelson Vicens Alegre
(1) – Esta nota fue publicada en el Semanario El Popular N° 230.- Puede acceder a la edición N° 230 haciendo click aquí
CONFLICTIVIDAD SINDICAL
Funcionarios judiciales ocuparon el edificio de Juan Carlos Gómez
Además mantienen un paro parcial en otros siete edificios, en el marco del reclamo por el pago de una deuda de US$ 40 millones.
lun jun 26 2017 12:23 - El Paìs uy
Tal como había informado El País en su edición del 24 de junio,
la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay (AFJU) comenzó a
realizar paros y ocupaciones sorpresivas, en el marco de las protestas
por el incumplimiento del gobierno a pagar una deuda laboral de US$ 40
millones y en rechazo a una supuesta omisión del Poder Ejecutivo en
designar a un fiscal que intervenga en una acción de
inconstitucionalidad promovida por funcionarios judiciales contra el
artículo 733 de la Ley de Presupuesto.
Esta mañana, el sindicato de judiciales informó que
se está ocupando el edificio de los Juzgados Letrados Penales de
Montevideo, ubicado en Juan Carlos Gómez 1236.
Si no puede ver el mapa, haga click aquí.
Además realizarán un paro parcial en el horario
comprendido entre las 14:30 y las 16:30 horas en siete oficinas cercanas
a las Ciudad Vieja: Bartolomé Mitre 1275; 25 de Mayo 523; Misiones
1469, Zabala 1367, las defensorías Penal y de Adolescentes y Archivo
Penal.
La norma por la que los judiciales promueven su
inconstitucionalidad condiciona el pago de las sentencias judiciales
ejecutoriadas a la disponibilidad de recursos y a futuras instancias
presupuestales. El gobierno debe pagar a 3.800 judiciales una deuda
laboral que ronda los US$ 40 millones. El incumplimiento se arrastra
desde 2012.
Consultado por El País el dirigente del sindicato de funcionarios judiciales, Sandino Schiavone, dijo la semana pasada que ocuparían lugares "emblemáticos" del Poder Judicial. "Esta medida se adopta porque en el juicio nuestro de inconstitucionalidad (contra el artículo 733), el gobierno no ha designado fiscales", dijo Schiavone.
Consultado por El País el dirigente del sindicato de funcionarios judiciales, Sandino Schiavone, dijo la semana pasada que ocuparían lugares "emblemáticos" del Poder Judicial. "Esta medida se adopta porque en el juicio nuestro de inconstitucionalidad (contra el artículo 733), el gobierno no ha designado fiscales", dijo Schiavone.
REFUGIADOS
Uno de los refugiados sirios se fue a Brasil: "No voy a volver a Uruguay"
Ibrahim Islhebli, integrante de una de las
familias sirias refugiadas en Uruguay, se marchó a Brasil y desde allí
espera llegar a su país. Expresó nuevamente su molestia con el gobierno
uruguayo.
mar jun 20 2017 10:52 - El Paìs uy
Ibrahim Islhebli es integrante de una de las
familias sirias refugiadas en Uruguay. Es uno de los que durante semanas
acampó en la Plaza Independencia, frente a la Torre Ejecutiva de
Presidencia, reclamando al gobierno ayuda para poder irse de Uruguay.Según informa Montevideo Portal, el sirio logró irse a Brasil: trabaja por el momento en una tienda del Chuy, del lado brasilero, con un amigo. Dice que el dinero le rinde bien: "Gracias a Dios me da el dinero", dijo, agregando que "nadie miente acá". Esto lo dice porque sigue molesto con el gobierno uruguayo.
Ibrahim sostuvo: "Con los uruguayos no tengo problema, es con el programa".
"No voy a volver nunca a Uruguay. Mi idea es volver luego a mi país. Aquí la gente me recibió muy bien, como algunos uruguayos, pero acá estoy más tranquilo", sostuvo.
Ibrahim es uno de los refugiados que habla mejor el español, razón por la que ofició como vocero en muchas oportunidades de las familias sirias.
El refugiado dijo a Montevideo Portal que se marchó solo, su familia quedó por el momento en Uruguay. Dijo además, que no tuvo problemas a la hora de cruzar la frontera.
El programa de acogida de refugiados sirios se inició en la última parte del gobierno de José Mujica. En 2014, llegaron a Uruguay cinco familias en carácter de refugiados.
Su estadía en el país no ha sido fácil, y en varias oportunidades solicitaron irse por problemas de adaptación y dificultades económicas.
Sin embargo en las últimas semanas su situación parece haber comenzado a encaminarse: el gobierno buscó soluciones para que los jefes de cada hogar consigan trabajo para solventar su vida.
El secretario de Derechos Humanos, Nelson Villarreal, asistió hace unas semanas a la Comisión de Población y Desarrollo de la Cámara de Representantes para informar sobre la situación de las cinco familias que residen en Uruguay.
Según comentó Villarreal en la comisión parlamentaria, el costo total del programa para la atención de las familias sirias es de 2,3 millones de dólares. El jerarca comentó que hay una extensión del plan que se financiará con recursos ahorrados que se habían estimado, pero no fueron utilizados. Hay una diferencia de US$ 60 mil más que deberá agregar el Estado.
La primera cárcel privada en Uruguay representa una inversión de 120 millones de dólares
Uruguay tendrá en pocos meses su primera cárcel privada, y será la segunda más grande del país. El innovador negocio carcelario fue abordado durante un intercambio académico organizado por la Comisión de Derechos Humanos del Centro de Estudiantes de Ciencias Sociales. La discusión giró en torno a las políticas públicas de seguridad y el interés que incita la gestión de centros penitenciarios en base a lógicas empresariales.
El nuevo establecimiento carcelario es el primero en regirse por la Ley de Contratos de Participación Público-Privada (PPP), N° 18.786, promulgada en 2011, que autoriza la realización de obras de infraestructura y prestación de servicios.
La licitación pertenece al consorcio Sociedad Anónima Punta Rieles, conformado por las empresas Teyma, Abengoa, Inabensa y Goddard Catering Group. La inversión es de aproximadamente 120 millones de dólares, y será el primer caso en que una empresa privada prestará un servicio carcelario al Estado uruguayo. Lo hará durante 27 años y medio de contrato y, además de la infraestructura, el consorcio proveerá el servicio alimentario, de limpieza y lavandería.
El Estado, por su parte, se encargará tanto de la seguridad y administración, como del modelo de tratamiento de rehabilitación.
Capacidad para 1.960 reclusos
Según expuso Petit, el proyecto está en obra desde mediados de 2015 y se espera que comience a funcionar en setiembre de este año.La capacidad del centro penitenciario será para 1.960 personas privadas de libertad, en un predio de 25 hectáreas.
Por concepto de “hotelería” debe entenderse que el Estado abonará al consorcio, según expusieron los especialistas, un costo estimado de 670 pesos por día y por recluso, hasta que finalice el contrato.
En caso de que la cárcel se encuentre llena, el Estado debería pagar unos 18 millones de dólares anuales, que multiplicados por los veintisiete años y medio que dura el contrato, implican cerca de 500 millones dólares. Además, el acuerdo implica que de superarse la población carcelaria se incrementará el pago por parte del Estado a las empresas.
El sociólogo Rafael Paternain se basó en las experiencias de casos de cárceles privadas en Chile, México y Estados Unidos, para plantear que estos modelos carcelarios van “hacia una tendencia que focaliza al recluso como una mercancía. El sujeto pasa de ser un sujeto de depósito a obtener un nuevo estatus de revalorización económica, lo que implica pensar que la lógica de estas cárceles neoliberales supone que estas dos mil plazas se llenen de inmediato”.
Paternain agregó que “seguramente se presione hacia el hacinamiento, pues el Estado debe pagar sobrecostos o multas cuando se supere esta frontera (de 1.960 internos), lo que constituye un excelente negocio para los administradores de estos proyectos, tal como las tarjetas de crédito, que ganan con los atrasos. En la experiencia chilena siempre hubo sobrecostos por pasarse de la cantidad de plazas”.
Por otro lado, ilustró que, aunque no hubo una discusión de por medio, el sistema penitenciario necesitaba construir de manera rápida un nuevo establecimiento que diera respuesta a los problemas estructurales.
Petit reconoció esa “mala fama” de las experiencias en otros países de la región, pero también señaló que Uruguay está muy atrasado en el diseño arquitectónico de los centros carcelarios y el sistema en sí es muy pobre. Dijo que ante la preocupante cantidad de personas privadas de libertad y ante la situación en la que viven se precisan más centros carcelarios y, que si bien preferiría varios centros de menor tamaño, espera que esta apuesta funcione.
“El sistema carcelario no está contemplado dentro de la agenda y se encuentra por fuera de las políticas públicas. El Parlamento no contempla destinar dinero para cárceles que no tienen autonomía técnica para reclamar recursos necesarios”, dijo.
Asimismo, resaltó que en esta nueva cárcel se buscará un trato humano, rodeado de un alto contenido tecnológico, y que el rol del Estado será muy importante debiendo encargarse de la educación, la salud, el deporte, la ciudadanía y la cultura.
Una cárcel público-privada gestionada por un gobierno progresista
Por su parte, la psicóloga María Ana Folle revisó las opciones que brinda el abolicionismo penal para delitos menores, e ilustró el tema a través de casos de personas involucradas en el menudeo y comercio de drogas en los que, de recurrirse a medidas alternativas a la privación de libertad, podrían evitarse las situaciones de hacinamiento, violencia física y psicológica.Folle no dejó pasar la oportunidad para atribuirle al Estado la responsabilidad concreta de las 36 muertes de internos durante el año pasado, y expresó que “todos debemos ser conscientes de que en medio de un contexto de neoliberalismo complejo se va a abrir una cárcel público-privada gestionada por un gobierno progresista”.
Planteó que todos los ciudadanos son susceptibles de ser víctimas de cualquier suceso fatal, y que “en esta era de humanitarismo quizás se pueda pensar desde nosotros, haciendo una inversión de ese lugar de la víctima, para ponernos en situación de sintonía con esa víctima, pero superando todas aquellas situaciones por las que esa persona está hoy en la cárcel”.
Mientras que Mauro Tomasini habló de lo mucho que cuesta relacionarse con personas privadas de libertad, lo cual debe ser revisado por los políticos, la academia y las organizaciones.
Además, criticó la falta de rehabilitación del sistema carcelario adulto, y dijo que “no hay un planteo serio. No hay acompañamiento posterior a la libertad del sujeto, no se sabe cómo se trabaja dentro de la cárcel, no hay un abordaje ni intervención. Antes de hablar de una nueva cárcel y cómo va a operar, es necesario definir esto”.