Chile: Espectacular 83% de apoyo a la nacionalización del cobre
La reciente encuesta CEP, además de medir las preferencias netamente políticas, y en particular por los candidatos presidenciales, también realizó una encuesta sobre 12 propuestas tan diferentes como legalizar la marihuana, con un apoyo de 40%, asamblea constituyente 45%, hacer una reforma tributaria 67%, y Nacionalizar el cobre con un extraordinario apoyo del 83% de los encuestados. Este reconfortante apoyo para nacionalizar el cobre es además transversal, y va más allá de las preferencias políticas, puesto que si bien el 88% de los que se identifican con la izquierda o centro izquierda apoyan esta propuesta, también lo hacen el 77% de los que tienen una posición política de derecha o centro derecha. Tan transversal es este apoyo a la nacionalización, que el 81% de las personas del nivel socioeconómico bajo apoya esta propuesta, pero también lo hace el 80% el nivel socioeconómico alto.
En función de la edad, el 88% de los jóvenes entre 25 y 34 años, y 84% de los jóvenes entre 18 y 24 años. No cabe duda que es el movimiento estudiantil del año 2011 que hizo crecer extraordinariamente el apoyo a la nacionalización del cobre, como una forma de financiar la educación gratuita, aunque este apoyo ya era importante anteriormente, puesto que el mismo año 2011, una encuesta realizada por el CERC, mostraba que el 67% de los chilenos estaba de acuerdo con nacionalizar las empresas de la gran minería. Y este apoyo también era homogéneo y transversal, puesto que el 74% de los que votan por la UDI estaba de acuerdo con la nacionalización, igual porcentaje que los que votan por el PS (74%) y solo ligeramente inferior a los que votan por el PC (76%).
Pasar en apenas dos años de un apoyo a la nacionalización del cobre del 67% al 83% de la población, es un salto cualitativo muy importante, y es indudable que en ello las luchas estudiantiles por una educación pública gratuita han influido en este espectacular repunte de la nacionalización. La encuesta CEP revela también que priorizar una educación universitaria gratuita es prioridad nacional al alcanzar el apoyo del 74% de la población. Si bien el apoyo a la educación gratuita el movimiento estudiantil lo ha logrado con muy impresionantes movilizaciones que han tenido una gran cobertura en la televisión y demás medios de comunicación, pero la espectacular toma de conciencia del pueblo chileno por la nacionalización , se ha logrado prácticamente sin ninguna presencia en la televisión y otros medios de comunicación, salvo precisamente la de los estudiantes que lograron levantar la consigna: nacionalización del cobre para financiar la educación gratuita.
¿Puede la nacionalización de la gran minería privada financiar la educación gratuita? No solo puede sino que sobrarían además miles de millones para la salud y la vivienda. Pensemos en esto. Hace 50 años gobernaba en Chile el último presidente elegido democráticamente, antes de la dictadura, don Jorge Alessandri, y en ese tiempo toda la educación en Chile era absolutamente gratuita, y con una educación universitaria muy superior en calidad a la que tenemos hoy, sin embargo, Chile producía en ese tiempo solo 0,5 millones de toneladas de cobre, y hoy producimos 5,5 millones, 11 veces más que hace 50 años. Entonces ahora los recursos sobran.
¿Cuáles son los recursos que podría captar el Fisco si se nacionaliza toda la actual minería extranjera? Saquemos las cuentas. Las empresas extranjeras producen hoy cerca de 4 millones de toneladas de cobre, que al precio promedio del año 2013 de US$ 3,35 la libra, equivale a US$ 29.500 millones de dólares, y como el costo máximo sería de US$ 1,2 la libra, la utilidad líquida o renta del recurso sería de US$ 19.000 millones. Eso es lo que se ganaría con la nacionalización de la gran minería privada.
Además es necesario considerar que estos cálculos lo estamos haciendo en base a las cifras oficiales de producción y exportación, sin considerar la evasión. Por ejemplo, pueden declarar que un barco se lleva 100 mil toneladas de concentrado, pero en realidad pueden llevar 120 mil o más toneladas. Declaran que el contenido de cobre del concentrado es de 32%, pero puede ser de 40%, y también sub declaran el oro, la plata, molibdeno y otros metales preciosos. Todo ello se terminaría, por lo que los beneficios de la nacionalización podrían aumentar considerablemente, mientras que ahora, el año 2012, estas mineras tributaron cerca de US$ 4.500 millones en total, sumando impuesto de primera categoría, impuesto adicional y el específico, más conocido como royalty. Es decir casi 10 veces menos que si estuviera todo nacionalizado.
Es fabuloso lo que la nacionalización de la gran minería puede aportar al país, y es por ello que es reconfortante que el 83% de nuestro pueblo apoye esta medida. Lo lamentable, es que un solo candidato presidencial, Marcel Claude, plantea la nacionalización en su programa presidencial, mientras que la Sra. Bachelet, no dice absolutamente una sola palabra sobre la nacionalización, y en su programa sobre la minería, no toca a la gran minería ni con el pétalo de una rosa. No asoma el más mínimo cambio tributario para la minería. Quien no quiera creerlo, ingrese a www.michelle.cl , abra el programa presidencial, y vaya a las páginas 72 y 73 donde se encuentra el programa sobre minería. Este programa en su totalidad es retórica sin medidas concretas, salvo que le van a bajar los impuestos a los más ricos de Chile, de 40 a 35%, eso sí está expresamente prometido en la reforma tributaria.
Con el actual apoyo de 83% de la población a la nacionalización del cobre y de 74% a la educación universitaria gratuita, es un claro indicio que las movilizaciones sociales se verán fortalecidas el próximo año 2014, porque en el programa de Michelle Bachelet, tampoco se contempla la educación universitaria pública gratuita.
Por Julián Alcayaga O., Economista
www.defensadelcobre.cl
Lectura seleccionda: Las izquierdas latinoamericanas en tiempos de crear
de Nils Castro
16feb2013
Las izquierdas latinoamericanas, hoy.
Atilio Boron
23.2.2013
El panameño Nils Castro es uno de
los más agudos observadores de la escena política latinoamericana. Un hombre
cuya obra hay que leer, aunque no siempre se esté de acuerdo con sus
argumentos. Pero sin duda es la suya una mirada profunda y abarcadora, que alimenta
un debate más que necesario y que la izquierda latinoamericana todavía no se
decide encarar. Por eso comparto las palabras de presentación del reciente
libro de Nils Castro que hiciera en la Feria del Libro de La Habana uno de los
más importantes pensadores de Nuestra América, el cubano Fernando Martínez
Heredia.
Izquierdas latinoamericanas en tiempos de crear
Palabras en la presentación de
Las izquierdas latinoamericanas en tiempos de crear, de Nils Castro (Editorial
de Ciencias Sociales, La Habana) en la XXII Feria Internacional del Libro, en
La Cabaña, 16 de febrero de 2013.
por Fernando Martínez Heredia
Este libro de Nils Castro
pretende algo muy ambicioso, pero le agradezco mucho hacerlo, porque el
problema principal que expone es fundamental para todos los latinoamericanos,
incluyendo, naturalmente, a los cubanos. No saldremos adelante si reducimos
este problema a las respuestas pragmáticas y fragmentarias que puedan darse
frente a sus manifestaciones, ni apelando a ingenierías políticas o administraciones
de crisis. Nils ha pensado en grande, pero frente al tema que desarrolla, si
tuviera otra posición los resultados serían nulos o inútiles.
Hizo muy bien en pedirnos a
Germán y a mí que presentáramos este magnífico libro suyo, porque los tres nos
hemos pasado la vida pensando y trabajando por la causa de la liberación de
nuestro continente. Además de ofrecernos sus comentarios y criterios en una
profunda y abarcadora exposición que comparto, Germán nos ha situado a todos
respecto a quién es este hermano nuestro. Eso me deja más libre para reaccionar
ante una lectura que me ha resultado apasionante, al mismo tiempo que me ha
aportado conocimientos y provocado pensamientos que van al encuentro de sus
tesis y argumentos. Por eso, y por el breve tiempo que debemos utilizar,
partiré de que muy pronto ustedes tendrán el libro en sus manos, para insistir
solamente en algunos de sus aspectos y, a la vez, dialogar con él, que me
parece una forma válida de honrar mejor sus calidades. (clic abajo para continuar)
El planteamiento principal es expuesto con gran claridad y precisión en
“Para empezar”, el primero de los 44 breves capítulos que componen la obra. Lo
sintetizo a continuación.
Las victorias electorales de las
izquierdas en un buen número de países en la etapa reciente expresan que la
actitud sociopolítica de grandes masas de la población latinoamericana ha
cambiado amplia y duraderamente.
Pero esto no es consecuencia de revoluciones
sociales, y sucede sin que las propuestas políticas y programáticas de las
izquierdas hayan tenido tiempo y ocasión para reformularse a la luz de sus
experiencias, ni de las necesidades y opciones actuales de los pueblos.
Son
expresiones de rechazo a las políticas neoliberales y la dedicación principal
de los gobiernos ha sido la de reparar los daños heredados de todo el largo
período neoliberal, pero no comparten un proyecto común.
Es necesario superar la carencia
doctrinaria, metodológica y programática, presente desde que han sido
descartadas varias de las creencias ideológicas de izquierda; y es urgente
construir y desarrollar propuestas teóricas, metodológicas y políticas
indispensables para abordar con eficacia los problemas, las necesidades y las
incertidumbres de nuevo tipo que han aparecido y se agregan a las existentes.
Los principios básicos y los objetivos trascendentes de las izquierdas no han
cambiado, y siguen contando con un importante acervo teórico. Pero es preciso
renovar los instrumentos culturales, teóricos y prácticos requeridos para
implementar esos principios y cumplir dichos objetivos, esto es, para
realizarlos efectivamente.
Las condiciones llamadas subjetivas aún distan de
alcanzar el punto al que habían arribado en los años setenta. No basta
demostrar que la izquierda administra lo ya existente mejor que la derecha,
sino que hace falta un proyecto estratégico común para transformarlo y
remplazarlo. Y ese proyecto debe ser producido por nosotros mismos.
Pero el autor a la vez se pregunta si las izquierdas pueden sustraerse
al deber inmediato de aliviar las condiciones de vida de los pueblos. Si no
deben asumir la oportunidad ‑‑y la
responsabilidad‑‑de gobernar el subdesarrollo
mejor que las derechas, para aliviar la situación
de “los pobres de la tierra”, instruirlos, concientizarlos, ayudarlos a organizarse y
proponerse mayores metas y, a la vez, en otro plano, para recuperar
autodeterminación nacional, abrir mayores vías al desarrollo de las fuerzas
productivas y la integración latinoamericana, profundizar la democratización y
reconstruir el entramado social, la identidad, las relaciones de solidaridad y
cooperación del sujeto social.
Entre tantos aspectos valiosos,
la obra contiene una bien meditada y detallada reconstrucción histórica de
movimientos y corrientes políticas opuestos a los modos tradicionales de
dominación en nuestro continente, de cada época del siglo XX que revisa.
Nils parte del José Martí de
Nuestra América, pieza maestra de quien a mi juicio es el primer pensador que
expuso una interpretación de América y del mundo desde una concepción
anticolonialista, moderna e inclusiva del mundo del trabajo.
Esta parte es muy sanamente ajena
a las distorsiones y prejuicios de tantas interpretaciones del proceso
histórico latinoamericano desde las ópticas sucesivas del movimiento comunista
internacional, que nos confundieron o perjudicaron durante décadas, y que
todavía son consumidas.
Haya de la Torre y el aprismo, Trotsky y los trotskismos, el peronismo,
el MNR boliviano, el trabalhismo brasileño, y otros, son analizados en sí y en
las valoraciones que de ellos tuvieron las izquierdas.
Otros capítulos desarrollan en
detalle y plantean valoraciones acerca de un gran número de movimientos, ideas,
situaciones y procesos de la segunda mitad del siglo XX. A veces quisiera
pedirle más datos, o discutir la procedencia de alguna afirmación, aunque Nils
ha tenido buen cuidado de exponer siempre matices, ambigüedades y
contradicciones. Pero el resultado general es un aporte muy notable al
conocimiento de una historia que debe concurrir, como parte de la memoria, a la
pugna tremenda que está en curso en la actualidad en América Latina.
Nils arguye que los modelos ideológicos estructurados de las izquierdas
no nacían de las experiencias y pensamientos latinoamericanos, ni podían
expresar nuestros proyectos.
Se detiene, con mucha razón, en
la cuestión de las relaciones entre emancipación nacional y liberación social.
Dedica varios capítulos a los
procesos del tercer cuarto del siglo XX, sin descuidar nunca las valoraciones
de las relaciones con la izquierda a escala mundial que caracterizan a este
libro.
Rescato una afirmación suya: en los años sesenta y setenta compartíamos
a escala de la región un conjunto de objetivos que tenían puntos en común,
aunque es cierto que no se lograron los resultados esperados. Pero en los años noventa, dice, había más
razones para levantarse en armas que en los setenta, y sin embargo ya no había
un proyecto que impulsara y respaldara la actuación. El tsunami neoliberal,
añade, chocó contra un muro que ya se encontraba rajado por dentro.
Esa reflexión me recuerda una imagen que utilicé hace tiempo, la del
tren de las revoluciones, el que, a diferencia de los usuales, pasa una vez
cada veinte años. Hasta el final del siglo pasado, si uno no se había preparado
previamente, el tren lo aplastaba, o simplemente se le veía pasar sin poder
montarse en él. Y me pregunto: ¿cómo será ahora?
Nils dedica el último tercio de la obra a la política reciente.
Las izquierdas electorales han
obtenido numerosos triunfos o hecho notables papeles, dice, pero también
enumera los límites que en numerosos aspectos padecen los gobiernos
progresistas que existen en nuestro continente.
Entonces inquiere: “¿cómo asegurar la continuidad y profundización de
la perspectiva progresista?
Esta pregunta obliga a traer a
escena otro repertorio de asuntos por considerar, al que paso a paso nos
asomaremos a continuación”.
En los capítulos siguientes
despliega un análisis muy riguroso y rico en detalles, matices y enunciados de
posiciones, logros, insuficiencias y conflictos, acerca de estas realidades que
constituyen el teatro de los eventos y las posibilidades de la América Latina y
el Caribe contemporáneos.
En forma telegráfica aludo a algunas de las cuestiones que plantea en
esta parte, sólo para ilustrar al futuro lector.
Aborda los dilemas de la cuestión democrática:
·
¿qué tanto de concentración o descentralización
del poder, de pluralidad del debate o de autoridad decisoria, de persuasión o
de fuerza, se debe ejercer ‑‑y por cuánto tiempo‑‑ para
garantizar que los cambios se hagan realidad con la debida eficacia, sin que
sus adversarios los puedan revertir?
·
¿Qué tan pronto el debate se debe abrir a la
participación de nuevos actores para estimular que dichos cambios produzcan
nuevos desarrollos?
El proyecto tiene que ser democrático y lo más participativo posible,
al mismo tiempo que debe continuar enfrentando las urgencias y resolver las
necesidades sociales principales, como la de igual salud y educación para
todos.
A partir de ahí es que se podrá rediscutir el concepto mismo de
democracia y buscar qué tipo de democracia queremos.
El debate se debe trasladar al interior de los partidos. Hay que
desarrollar una nueva cultura política. Hoy las izquierdas pueden obtener la
mayoría, pero no disponen aún de una hegemonía político‑cultural.
El proyecto debe nacer de nuestras aspiraciones y experiencias.
Una de las mayores necesidades
será tener un buen diálogo entre las distintas corrientes populares y de
izquierda.
Ningún sectarismo produce un
modelo nuevo.
Ha emergido otra generación de
latinoamericanos y tenemos que hacer un debate más plural; es necesario cambiar
el lenguaje.
Existe una multitud de jóvenes
descontentos con el sistema, pero que no buscan una solución en la actividad
política.
El Movimiento de los Sin Tierra
brasileño ilustra un camino posible, porque cumple su papel de organizador
social y cultural.
La emergencia de los procesos progresistas ha cambiado la correlación
de fuerza norte-sur en el continente. Una vía de acción es recuperar soberanía
y también construir mecanismos de colaboración regional, como Unasur y la
Celac.
Motivado por el reclamo fundamental que nos hace este libro, expreso
algunas de mis opiniones.
En el pensamiento latinoamericano
actual existen varias corrientes y perspectivas diferentes entre los
partidarios o simpatizantes de cambios a favor de las mayorías; algunas de
aquellas, incluso, se contradicen y polemizan.
Esta situación tan positiva
parecía imposible hace solo quince años, cuando regía prácticamente a escala
mundial un pensamiento al que se solía llamar “único”, aunque lo que pretendían
–y siguen pretendiendo--sus impulsores es más bien que no haya ningún
pensamiento, que sean olvidados el pasado y el futuro, las ideas de progreso y
las de socialismo, y los afanes en busca del desarrollo de los países del que
ya no llaman Tercer Mundo. En un mundo unipolar, con los instrumentos
económicos, políticos, militares y culturales principales en manos del
imperialismo norteamericano, nuestra región debía aceptar como hechos naturales
su predominio y su neolengua, el reino del neoliberalismo, los recortes de las
soberanías y el empobrecimiento, la pérdida de los avances sociales logrados y
la miseria de las mayorías. En cada país, los gobernantes y los poderosos en la
economía interna debían ser los cómplices y subalternos de ese orden vigente.
Un pensamiento opuesto a ese
sistema, o resistente ante sus aspectos más nefastos, se mantuvo en el
continente durante aquella etapa tan oscura, hizo análisis y denuncias y
acompañó en su brega a movimientos sociales. Pero constituía una minoría
cercada por la corriente principal y el control casi totalitario de la
información, la opinión y la reproducción de ideas ejercido por los dominantes.
En lo que va de este siglo, ha sido el mundo de los hechos el que ha
primado en América Latina.
No hubo un previo crecimiento
brusco de novedades en los contenidos, las teorías, los métodos del pensamiento
social, ni hubo una revuelta intelectual.
Tampoco el pensamiento social pronosticó que en tan breve plazo podrían
salirse países del continente del control tan completo que tenía el
imperialismo, e incluso formarse poderes populares en algunos de ellos.
Ahora la praxis está requiriendo al pensamiento aprovechar los medios
con que cuenta y lanzarse al ruedo del gran laboratorio social que constituyen
las realidades, los conflictos, los condicionamientos y los proyectos actuales
latinoamericanos.
Pero no se trata de una necesidad secundaria, o que pueda posponerse.
En las condiciones actuales confluyen dos realidades de gran magnitud e
importancia crucial.
·
Por un lado, las enormes insuficiencias,
dificultades y enemigos de los que aspiran a la autonomía real, el bienestar de
las mayorías o la liberación de las dominaciones.
·
Por otro, los retos gigantescos que confrontan
los intentos de lograr, defender, consolidar y hacer avanzar relaciones
sociales, motivaciones y conductas individuales, instituciones, estrategias,
ideales y proyectos que permitan la emergencia de nuevas sociedades y de
vínculos solidarios que vayan desde los interpersonales hasta el ámbito de toda
la región.
Solamente una praxis intencionada, organizada, capaz de manejar los
datos fundamentales, las valoraciones, las opciones, la pluralidad de
situaciones, posiciones y objetivos, de condicionantes y de políticas que están
en juego, será capaz de enfrentar esos retos con probabilidades de triunfar.
Eso hace imprescindible el desarrollo de un pensamiento social que se
vuelva apto para ayudar y participar, analizar y elaborar síntesis, contradecir
o influir, prever futuros y recuperar legados, desde dentro de los procesos
mismos y no como una conciencia crítica externa a ellos. Es decir, un
pensamiento social que combine la autonomía y la conciencia de su especificidad
con el involucramiento en las causas populares, la creación con la divulgación
para concientizar, la independencia con el acompañamiento.
Quisiera llamar la atención, por
último, a que ya resulta imperativo que nos comuniquemos mucho más, que hagamos
sistemática la información a los demás de lo que cada uno hace, y la discusión
entre todos de los resultados, las ideas, las diferentes perspectivas y los
proyectos.
La creación y el desarrollo de instrumentos suficientes para que esa
comunicación sea constante y eficaz podría ser decisiva para multiplicar la
fuerza, el alcance y la influencia de este movimiento del conocimiento y las
ideas, y también podría ser un paso de gran trascendencia hacia la integración
continental.
Publicado por Con Nuestra América el 23 de Febrero de 2013, 7:06 a.m.
EEUU e Israel pierden su derecho de voto en la Unesco
Publicado el 11/08/13 • en Contrainjerencia
La búgara Irina Bokova reelegida directora general de la UNESCO.
“Ninguno de ellos presentó la documentación necesaria esta mañana (viernes) para evitar perder su derecho de voto”, agregó.
Los dos países cesaron de pagar su contribución después de la admisión de Palestina como Estado miembro de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), en 2011.
Esa decisión provocó una gran crisis financiera en la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, que debió enfrentar un recorte de 22% en su presupuesto, reducido de 653 millones a 507 millones de dólares.
Como consecuencia de esa reducción, unas 300 personas corren el riesgo de perder su empleo en la agencia onusiana. La Unesco empleaba unas 1.200 personas en 2012 en su sede en París y 900 en sus oficinas en el mundo.
La directora general de la organización, la búlgara Irina Bokova, reelecta en el cargo en octubre pasado, logró recaudar 75 millones de dólares de contribuciones excepcionales para hacer frente a la crisis.
“La lista de países que no tendrán ya derecho de voto será anunciada probablemente mañana (sábado) en sesión plenaria” de la Asamblea General de la Unesco que sesiona actualmente, precisó la fuente.
EE.UU., Elecciones 2013: el resurgimiento de los movimientos de base
GILBERTO LOPEZ Y RIVAS – Ha trascurrido apenas un año del
gobierno de Enrique Peña Nieto y, como un castillo de naipes, se
derrumba el mito que construyeron los estrategas del Partido
Revolucionario Institucional (PRI) y del duopolio mediático alrededor de
lo que significaría el regreso de esa facción política al Poder
Ejecutivo federal. Las campañas de intoxicación ideológica basadas en
ideas fuerza como: “los priístas sí saben gobernar”, “ahora sí Peña va
terminar con la violencia y dará seguridad a los ciudadanos” y “la
economía popular saldrá del atolladero”, probaron ser espejismos
electoreros desvanecidos ante la realidad trágica de un país devastado.
La violencia cotidiana de una economía mafiosa-parasitaria, asociada estructuralmente con el Estado y los circuitos financieros de la economía formal, no ha disminuido. Por el contrario, se extiende e impone su control territorial cada vez con mayor poder de fuego y con la consiguiente cauda de muertos, secuestrados, desaparecidos, desplazados, robados o aterrorizados ciudadanos. El único cambio notable durante este año es el mutismo de la dictadura mediática frente a la guerra asimétrica contra una sociedad que, inerme, no encuentra más formas de protección relativa que el acatamiento de un estado virtual de suspensión de garantías o estado de sitio, el abandono forzado de casas y otras propiedades, los cierres crecientes de establecimientos comerciales que no aceptan pagar “derecho de piso”, el éxodo de pueblos enteros ante el acoso del crimen organizado y, frente a ello, la complicidad manifiesta de las autoridades de los tres poderes que afirman “combatir el crimen” e “imponer la ley”.
La estadística macabra de las ejecuciones sumarias iniciada con Felipe Calderón ha ido en aumento y varios analistas sostienen que ya rebasa los 100 mil muertos. Para dar una idea comparativa de la catástrofe humanitaria mexicana, una antropóloga estadunidense señala que el total de los soldados de Estados Unidos fallecidos en las guerras de Vietnam hasta Irak no llega a esa cantidad, mientras que en Nicaragua, en los 10 años de conflicto de baja intensidad contra la revolución sandinista, la cifra rondó en las 50 mil víctimas fatales. Peña Nieto, siguiendo los consejos de su asesor colombiano, oculta las dimensiones de la tragedia nacional, mientras se sataniza y persigue, esgrimiendo postulados de un inexistente “estado de derecho”, las únicas experiencias exitosas de lucha contra la delincuencia que son las policías comunitarias y los grupos de autodefensa basados en estructuras colectivas e igualmente comunales.
Si los derechos a la vida, la justicia y la seguridad pública de los mexicanos no están garantizados por el gobierno actual, el retorno priísta a la Presidencia de la República tampoco ha significado la rectificación de la política económica neoliberal de “reformas estructurales” que los antecesores en la Presidencia adoptaron en contra del interés nacional y del bienestar de la mayoría del pueblo mexicano. La reforma laboral de Peña Nieto, continuidad de la propuesta de Calderón, precarizó aún más la relación contractual entre capital y trabajo, haciendo prácticamente imposible la estabilidad del empleo y facilitando aún más la temporalidad discrecional y el despido de millones de trabajadores; legalizó y estimuló la subcontratación de fuerza laboral y limitó al extremo el derecho de huelga en favor de un mayor control patronal. Ello en el contexto de una recesión y estancamiento evidentes de la economía mexicana, el agravamiento del subempleo y el desempleo, la caída del número de cotizantes efectivos de las Afore y de las remesas del exterior, y los problemas crecientes para el pago de créditos hipotecarios.
La reforma constitucional educativa-administrativa-
Los dos países cesaron de pagar su contribución después de la admisión de Palestina como Estado miembro de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), en 2011.
Esa decisión provocó una gran crisis financiera en la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, que debió enfrentar un recorte de 22% en su presupuesto, reducido de 653 millones a 507 millones de dólares.
Como consecuencia de esa reducción, unas 300 personas corren el riesgo de perder su empleo en la agencia onusiana. La Unesco empleaba unas 1.200 personas en 2012 en su sede en París y 900 en sus oficinas en el mundo.
La directora general de la organización, la búlgara Irina Bokova, reelecta en el cargo en octubre pasado, logró recaudar 75 millones de dólares de contribuciones excepcionales para hacer frente a la crisis.
“La lista de países que no tendrán ya derecho de voto será anunciada probablemente mañana (sábado) en sesión plenaria” de la Asamblea General de la Unesco que sesiona actualmente, precisó la fuente.
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EE.UU., Elecciones 2013: el resurgimiento de los movimientos de base
8 de noviembre de 2013
Amy Goodman
Los canales de noticias de cable no tardaron en informar acerca de la victoria arrolladora que le dio la reelección al gobernador de Nueva Jersey, Chris Christie. Según las encuestas a boca de urna, Christie obtuvo una mayoría de votos del electorado femenino y latino, grupos que tradicionalmente votan a los demócratas. Los opinólogos están entusiasmados con Christie, ya que lo consideran la gran esperanza del Partido Republicano para ganar las elecciones presidenciales de 2016. Sin embargo, están perdiendo de vista la creciente corriente alternativa en la política estadounidense: los movimientos de base locales y estatales que están logrando cuestionar el sistema.
Si bien el triunfo de Christie era casi un hecho, necesitaba lograr una victoria arrolladora para lanzar su candidatura presidencial de cara a las elecciones de 2016. Aquí es donde entran en juego las elecciones especiales. En junio, el Senador Frank Lautenberg murió a los 89 años de edad. Christie ordenó que se realizaran elecciones especiales el 16 de octubre, tres semanas antes de las elecciones generales. La decisión les costó a los contribuyentes de Nueva Jersey alrededor de 24 millones de dólares de gastos electorales adicionales. Christie podría haber dejado a los electores definir la candidatura al Senado el mismo día que votaban para elegir gobernador y los otros cargos, y así hubiera ahorrado millones de dólares de los contribuyentes.
Cory Booker era el candidato favorito para ganar la banca de Lautenberg. Durante años, había sido el popular alcalde afroestadounidense de la ciudad de Newark y una figura en ascenso en el Partido Demócrata a nivel nacional. Como se trataba de un cargo federal, los candidatos al Senado debían aparecer en primer lugar en la papeleta de votación. El nombre de Booker probablemente hubiera convocado una gran afluencia de simpatizantes demócratas en las elecciones, y su posición a la cabeza de la papeleta de votación probablemente hubiera hecho que sus electores votaran a los demócratas para el resto de los cargos, lo que hubiese perjudicado a Christie. Sin embargo, al no estar Booker en la fórmula electoral, Christie obtuvo una mayoría considerable en la votación. Cuando lo cuestionaron con respecto al costo de la elección, Christie se jactó: “No sé cuál es el costo y, sinceramente, no me interesa”.
Lo que quizá sí les importe al gobernador Christie y a su partido son las importantes victorias que lograron los activistas progresistas en estas elecciones. En su propio estado, los electores apoyaron un aumento del salario mínimo (que Christie vetó), para aumentarlo de 7, 25 dólares a 8,25 dólares la hora, en función del aumento anual del costo de vida.
Del otro lado del río, en la ciudad de Nueva York, Bill de Blasio fue electo alcalde. Se trata del primer alcalde demócrata en la ciudad en veinte años. “Los desafíos que tenemos por delante existen desde hace años, y los problemas que nos planteamos resolver no se solucionarán de la noche a la mañana”, afirmó de Blasio en su discurso de victoria que no pronunció en Manhattan, sino en Brooklyn. “Pero no se confundan, la gente de esta ciudad ha elegido la senda progresista”. De Blasio apoyó el movimiento Occupy Wall Street, fue arrestado por manifestarse contra el cierre de un hospital y promete aumentar los impuestos de la ciudad a los habitantes más ricos. “Cuando les pedimos a los más ricos de nosotros que paguen un poco más de impuestos es para financiar programas universales de educación preescolar y extracurricular. No estamos amenazando el éxito de nadie, sino que les pedimos a quienes les ha ido muy bien que se aseguren de que todos los niños tengan la misma oportunidad de que les vaya tan bien como a ellos”. En su gestión como alcalde, De Blasio contará con el apoyo de una mayoría del Concejo Municipal de la ciudad de Nueva York, en lo que nuestro compañero de “Democracy Now!” Juan González ha denominado “probablemente el gobierno más progresista de los últimos 50 años”.
Más allá de Nueva York y Nueva Jersey, los movimientos populares progresistas lograron buenos resultados en las elecciones estatales. En Colorado, los electores aprobaron un plan para establecer impuestos a la venta minorista de marihuana para fines recreativos, que se legalizó en el estado en el mes de noviembre. Los electores de las localidades de Denver, Boulder y Littleton (en Colorado) también votaron a favor de que la ciudad fije impuestos a la venta de marihuana, lo que consolidaría el paso de penalizar la marihuana a aceptar su uso generalizado. Tres ciudades del estado también votaron para prohibir la fracturación hidráulica, conocida como ‘fracking’. La fracturación hidráulica es el proceso de extracción de gas natural mediante perforación, que muchos afirman que contamina las corrientes de agua subterráneas y el aire, e incluso puede provocar terremotos.
Los ciudadanos de Portland, en Maine, fueron los primeros de la Costa Este de Estados Unidos en aprobar la legalización de la marihuana con fines recreativos. En el estado de Washington, los electores aprobaron un aumento considerable del salario mínimo de la mayoría de los trabajadores del aeropuerto Sea-Tac y de la industria hotelera que lo rodea, para fijarlo en 15 dólares la hora. Se prevé que esta medida presionará a la ciudad de Seattle a realizar un aumento similar.
Estas victorias electorales y otras similares surgen tras años de organización de los movimientos de base, que se ha vuelto mucho más importante en vista de la paralización del Gobierno federal. Sin embargo, el dinero de las empresas continúa dominando nuestro sistema electoral. También en el estado de Washington, un referendo popular para exigir el etiquetado de los alimentos que contienen organismos genéticamente modificados (OGM) no fue aprobado luego de que las empresas del sector de alimentos y agricultura invirtieran 22 millones de dólares en campañas en contra de la medida.
Los políticos responden a la presión. “Oblíguenme a hacerlo”, fue la célebre respuesta del ex Presidente Franklin D. Roosevelt al pedido del sindicalista y activista por los derechos civiles A. Philip Randolph que quería ayuda para los afroestadounidenses y la clase trabajadora. Barack Obama dijo lo mismo a los activistas. Bill de Blasio promete un programa progresista para la ciudad de Nueva York, pero la historia indica que sin presión popular constante, la clase dominante reafirmará su poder.
Las elecciones no deberían ser el fin de las campañas populares para exigir un cambio. Simplemente significan que una puerta está entreabierta. Depende de los movimientos de base, y no de las personas que son electas, si la puerta se abrirá de una patada o se cerrará de un portazo.
Denis Moynihan colaboró en la producción periodística de esta columna.
© 2013 Amy Goodman
Texto en inglés traducido por Mercedes Camps. Edición: María Eva Blotta y Democracy Now! en español, spanish@democracynow.org
Amy Goodman es la conductora de Democracy Now!, un noticiero internacional que se emite diariamente en más de 750 emisoras de radio y televisión en inglés y en más de 400 en español. Es co-autora del libro "Los que luchan contra el sistema: Héroes ordinarios en tiempos extraordinarios en Estados Unidos", editado por Le Monde Diplomatique Cono Sur.
Amy Goodman
Los canales de noticias de cable no tardaron en informar acerca de la victoria arrolladora que le dio la reelección al gobernador de Nueva Jersey, Chris Christie. Según las encuestas a boca de urna, Christie obtuvo una mayoría de votos del electorado femenino y latino, grupos que tradicionalmente votan a los demócratas. Los opinólogos están entusiasmados con Christie, ya que lo consideran la gran esperanza del Partido Republicano para ganar las elecciones presidenciales de 2016. Sin embargo, están perdiendo de vista la creciente corriente alternativa en la política estadounidense: los movimientos de base locales y estatales que están logrando cuestionar el sistema.
Si bien el triunfo de Christie era casi un hecho, necesitaba lograr una victoria arrolladora para lanzar su candidatura presidencial de cara a las elecciones de 2016. Aquí es donde entran en juego las elecciones especiales. En junio, el Senador Frank Lautenberg murió a los 89 años de edad. Christie ordenó que se realizaran elecciones especiales el 16 de octubre, tres semanas antes de las elecciones generales. La decisión les costó a los contribuyentes de Nueva Jersey alrededor de 24 millones de dólares de gastos electorales adicionales. Christie podría haber dejado a los electores definir la candidatura al Senado el mismo día que votaban para elegir gobernador y los otros cargos, y así hubiera ahorrado millones de dólares de los contribuyentes.
Cory Booker era el candidato favorito para ganar la banca de Lautenberg. Durante años, había sido el popular alcalde afroestadounidense de la ciudad de Newark y una figura en ascenso en el Partido Demócrata a nivel nacional. Como se trataba de un cargo federal, los candidatos al Senado debían aparecer en primer lugar en la papeleta de votación. El nombre de Booker probablemente hubiera convocado una gran afluencia de simpatizantes demócratas en las elecciones, y su posición a la cabeza de la papeleta de votación probablemente hubiera hecho que sus electores votaran a los demócratas para el resto de los cargos, lo que hubiese perjudicado a Christie. Sin embargo, al no estar Booker en la fórmula electoral, Christie obtuvo una mayoría considerable en la votación. Cuando lo cuestionaron con respecto al costo de la elección, Christie se jactó: “No sé cuál es el costo y, sinceramente, no me interesa”.
Lo que quizá sí les importe al gobernador Christie y a su partido son las importantes victorias que lograron los activistas progresistas en estas elecciones. En su propio estado, los electores apoyaron un aumento del salario mínimo (que Christie vetó), para aumentarlo de 7, 25 dólares a 8,25 dólares la hora, en función del aumento anual del costo de vida.
Del otro lado del río, en la ciudad de Nueva York, Bill de Blasio fue electo alcalde. Se trata del primer alcalde demócrata en la ciudad en veinte años. “Los desafíos que tenemos por delante existen desde hace años, y los problemas que nos planteamos resolver no se solucionarán de la noche a la mañana”, afirmó de Blasio en su discurso de victoria que no pronunció en Manhattan, sino en Brooklyn. “Pero no se confundan, la gente de esta ciudad ha elegido la senda progresista”. De Blasio apoyó el movimiento Occupy Wall Street, fue arrestado por manifestarse contra el cierre de un hospital y promete aumentar los impuestos de la ciudad a los habitantes más ricos. “Cuando les pedimos a los más ricos de nosotros que paguen un poco más de impuestos es para financiar programas universales de educación preescolar y extracurricular. No estamos amenazando el éxito de nadie, sino que les pedimos a quienes les ha ido muy bien que se aseguren de que todos los niños tengan la misma oportunidad de que les vaya tan bien como a ellos”. En su gestión como alcalde, De Blasio contará con el apoyo de una mayoría del Concejo Municipal de la ciudad de Nueva York, en lo que nuestro compañero de “Democracy Now!” Juan González ha denominado “probablemente el gobierno más progresista de los últimos 50 años”.
Más allá de Nueva York y Nueva Jersey, los movimientos populares progresistas lograron buenos resultados en las elecciones estatales. En Colorado, los electores aprobaron un plan para establecer impuestos a la venta minorista de marihuana para fines recreativos, que se legalizó en el estado en el mes de noviembre. Los electores de las localidades de Denver, Boulder y Littleton (en Colorado) también votaron a favor de que la ciudad fije impuestos a la venta de marihuana, lo que consolidaría el paso de penalizar la marihuana a aceptar su uso generalizado. Tres ciudades del estado también votaron para prohibir la fracturación hidráulica, conocida como ‘fracking’. La fracturación hidráulica es el proceso de extracción de gas natural mediante perforación, que muchos afirman que contamina las corrientes de agua subterráneas y el aire, e incluso puede provocar terremotos.
Los ciudadanos de Portland, en Maine, fueron los primeros de la Costa Este de Estados Unidos en aprobar la legalización de la marihuana con fines recreativos. En el estado de Washington, los electores aprobaron un aumento considerable del salario mínimo de la mayoría de los trabajadores del aeropuerto Sea-Tac y de la industria hotelera que lo rodea, para fijarlo en 15 dólares la hora. Se prevé que esta medida presionará a la ciudad de Seattle a realizar un aumento similar.
Estas victorias electorales y otras similares surgen tras años de organización de los movimientos de base, que se ha vuelto mucho más importante en vista de la paralización del Gobierno federal. Sin embargo, el dinero de las empresas continúa dominando nuestro sistema electoral. También en el estado de Washington, un referendo popular para exigir el etiquetado de los alimentos que contienen organismos genéticamente modificados (OGM) no fue aprobado luego de que las empresas del sector de alimentos y agricultura invirtieran 22 millones de dólares en campañas en contra de la medida.
Los políticos responden a la presión. “Oblíguenme a hacerlo”, fue la célebre respuesta del ex Presidente Franklin D. Roosevelt al pedido del sindicalista y activista por los derechos civiles A. Philip Randolph que quería ayuda para los afroestadounidenses y la clase trabajadora. Barack Obama dijo lo mismo a los activistas. Bill de Blasio promete un programa progresista para la ciudad de Nueva York, pero la historia indica que sin presión popular constante, la clase dominante reafirmará su poder.
Las elecciones no deberían ser el fin de las campañas populares para exigir un cambio. Simplemente significan que una puerta está entreabierta. Depende de los movimientos de base, y no de las personas que son electas, si la puerta se abrirá de una patada o se cerrará de un portazo.
Denis Moynihan colaboró en la producción periodística de esta columna.
© 2013 Amy Goodman
Texto en inglés traducido por Mercedes Camps. Edición: María Eva Blotta y Democracy Now! en español, spanish@democracynow.org
Amy Goodman es la conductora de Democracy Now!, un noticiero internacional que se emite diariamente en más de 750 emisoras de radio y televisión en inglés y en más de 400 en español. Es co-autora del libro "Los que luchan contra el sistema: Héroes ordinarios en tiempos extraordinarios en Estados Unidos", editado por Le Monde Diplomatique Cono Sur.
YEPE / ¿Surge nueva izquierda populista nacional en Estados Unidos?
Publicado el 11/09/13 • en Contrainjerencia
MANUEL E. YEPE – Con abrumador apoyo de los votantes, Nueva York
eligió el 5 de noviembre a un alcalde que parece ser presagio del
surgimiento de una nueva izquierda populista nacional en Estados Unidos.
Así lo ve el destacado experto de la izquierda estadounidense Tom
Hayden.La victoria de Bill de Blasio, el nuevo alcalde de Nueva York, se
atribuye a que desarrolló una campaña electoral de matices inéditos
basada en cuestiones que hasta ahora no se consideraban propias para
lograr el triunfo por ser polarizadores de los votantes.
De Blasio prometió luchar contra las desigualdades en Nueva York para
corregir el concepto de que, por esta causa, allí coexisten “dos
ciudades”, una cuestión obligada en esa urbe desde que en 2011 el tema
fue incluido en la agenda política local por el Movimiento Occupy Wall
Street –no obstante las objeciones de los demócratas alineados con Wall
Street. Un informe de la semana pasada de la encuestadora American
Community Survey señaló que “ninguna otra gran ciudad estadounidense
tiene tanta desigualdad de los ingresos entre ricos y pobres como Nueva
York”.
Prometió también de Blasio suspender la política policíaca de parada-y-cacheo, que es apoyada por la mayoría de los votantes blancos pero abrumadoramente condenada por los votantes afroamericanos, latinos y asiático-americanos.
Pese a que Nueva York tiene mayoría de votantes demócratas, en las últimas 2 décadas la ciudad ha tenido alcaldes republicanos. El más reciente fue el plutócrata Michael Bloomberg y, antes que él, el rudo Rudolph Giuliani. Hacía mucho tiempo que los demócratas no tenían una presencia determinante en la alcaldía de Nueva York que se califica de escenario principal de la política nacional en los Estados Unidos, señala Tom Hayden.
De Blasio tendrá margen suficiente en el Ayuntamiento recién elegido de 51 miembros, para reformas económicas y sociales con el respaldo progresista más mayoritario en años, apunta Democracy Now!: “No se recuerda que haya habido un momento mejor que éste para la izquierda, cuando tantos progresistas han sido elegidos a la vez”.
Con la política estadounidense polarizada, con Obama en el centro y el “Tea Party” en la extrema derecha, a la izquierda sólo le queda abrirse paso a través del estado y el federalismo local que sirven como “laboratorios de reformas”, dice Hayden.
En tales circunstancias, De Blasio se coloca en una posición apropiada para cambiar el diálogo en la nación, las políticas y las prioridades en una dirección progresista, en particular si cumple sus promesas de campaña.
Bill de Blasio es blanco y su esposa es afroamericana. Tienen un hijo adolescente llamado Dante quien, al ser recientemente captado por un fotógrafo de prensa pasando por los torniquetes del metro, generó recuerdos emocionales del adolescente negro de 17 años Trayvon Martin, asesinado el 26 de febrero de 2012 en el estado de la Florida por un policía cuando regresaba a la casa de su padre tras realizar algunas compras de golosinas en un establecimiento comercial cercano. El asesinato del joven negro y la posterior absolución de su ejecutor por el tribunal que juzgó el hecho más de un año después del crimen, reinsertaron el tema del racismo en el debate nacional.
Por estos días, Dante de Blasio también fue noticia en la prensa por un comentario elogioso que hizo el presidente Obama acerca de su peinado estilo afro.
Se conoce que, hace décadas, Bill de Blasio se involucró en el movimiento de solidaridad con Nicaragua sandinista contra la ilegal guerra que contra los nicaragüenses libró Estados Unidos durante el gobierno de Ronald Reagan.
Hayden considera que es tranquilizador que de Blasio tenga raíces en los movimientos sociales en lugar de los pedigríes habituales de una carrera política. De Blasio no representará el 99%, pero si lo hará respecto a una mayoría sana y para ello dispondrá de un altoparlante más grande en cualquier debate en la escena nacional.
Fértil escritor, Tom Hayden es autor de once libros, incluyendo su autobiografía. Desde 1960 ha sido activista en las luchas estudiantiles, por los derechos civiles y contra las guerras de su país contra Vietnam y otras naciones del tercer mundo. Durante cincuenta años ha desempeñado un papel activo en la política y la historia estadounidense, incluyendo las funciones de congresista estadual en California.
Prometió también de Blasio suspender la política policíaca de parada-y-cacheo, que es apoyada por la mayoría de los votantes blancos pero abrumadoramente condenada por los votantes afroamericanos, latinos y asiático-americanos.
Pese a que Nueva York tiene mayoría de votantes demócratas, en las últimas 2 décadas la ciudad ha tenido alcaldes republicanos. El más reciente fue el plutócrata Michael Bloomberg y, antes que él, el rudo Rudolph Giuliani. Hacía mucho tiempo que los demócratas no tenían una presencia determinante en la alcaldía de Nueva York que se califica de escenario principal de la política nacional en los Estados Unidos, señala Tom Hayden.
De Blasio tendrá margen suficiente en el Ayuntamiento recién elegido de 51 miembros, para reformas económicas y sociales con el respaldo progresista más mayoritario en años, apunta Democracy Now!: “No se recuerda que haya habido un momento mejor que éste para la izquierda, cuando tantos progresistas han sido elegidos a la vez”.
Con la política estadounidense polarizada, con Obama en el centro y el “Tea Party” en la extrema derecha, a la izquierda sólo le queda abrirse paso a través del estado y el federalismo local que sirven como “laboratorios de reformas”, dice Hayden.
En tales circunstancias, De Blasio se coloca en una posición apropiada para cambiar el diálogo en la nación, las políticas y las prioridades en una dirección progresista, en particular si cumple sus promesas de campaña.
Bill de Blasio es blanco y su esposa es afroamericana. Tienen un hijo adolescente llamado Dante quien, al ser recientemente captado por un fotógrafo de prensa pasando por los torniquetes del metro, generó recuerdos emocionales del adolescente negro de 17 años Trayvon Martin, asesinado el 26 de febrero de 2012 en el estado de la Florida por un policía cuando regresaba a la casa de su padre tras realizar algunas compras de golosinas en un establecimiento comercial cercano. El asesinato del joven negro y la posterior absolución de su ejecutor por el tribunal que juzgó el hecho más de un año después del crimen, reinsertaron el tema del racismo en el debate nacional.
Por estos días, Dante de Blasio también fue noticia en la prensa por un comentario elogioso que hizo el presidente Obama acerca de su peinado estilo afro.
Se conoce que, hace décadas, Bill de Blasio se involucró en el movimiento de solidaridad con Nicaragua sandinista contra la ilegal guerra que contra los nicaragüenses libró Estados Unidos durante el gobierno de Ronald Reagan.
Hayden considera que es tranquilizador que de Blasio tenga raíces en los movimientos sociales en lugar de los pedigríes habituales de una carrera política. De Blasio no representará el 99%, pero si lo hará respecto a una mayoría sana y para ello dispondrá de un altoparlante más grande en cualquier debate en la escena nacional.
Fértil escritor, Tom Hayden es autor de once libros, incluyendo su autobiografía. Desde 1960 ha sido activista en las luchas estudiantiles, por los derechos civiles y contra las guerras de su país contra Vietnam y otras naciones del tercer mundo. Durante cincuenta años ha desempeñado un papel activo en la política y la historia estadounidense, incluyendo las funciones de congresista estadual en California.
Ancianos de EEUU se alimentan de comida para gatos y perros
Publicado el 11/09/13 • en Contrainjerencia
En Estados Unidos algunos ancianos del
condado de Kent, en el estado nororiental de Maryland, aducen que la
comida es una necesidad y que carecen de dinero para comparla debido a
su crítica situación económica.
De acuerdo con la televisión local ‘WBOC 16’, un número de ancianos de
este condado se ha visto obligado a consumir alimentos destinados a
mascotas para ahorrar algo de dinero.
El centro para personas de la tercera edad ‘Frederica Senior Center’
es un lugar adonde asisten los mayores como Johanna Doak para realizar
actividades, ponerse en contacto con otros de su edad y alimentarse.
Según Doak y sus compañeros, los ancianos carecen de dinero suficiente para comida y piden ayuda para mejorar su situación.
“Estoy suplicando a Estados Unidos que nos ayude. Nos ayude a nosotros, los mayores. Es una pena cuando los ves alimentándose de comida para gatos y perros”, lamentó Doak.
Muchos de los ancianos cuentan con ingresos limitados, lo que significa que carecen de fondos para comprar comida. Alguno incluso prefiere gastar un dólar en tres latas de comida para perros que en una lata de atún.
De acuerdo con el informe de la fundación ‘Kaiser Family’, un 9 % de los mayores de 65 años, es decir, cerca de 12 mil 300 personas en Delaware está viviendo en la pobreza. Esta cifra aumenta al 16 % (85 700 personas) cuando se trata de personas entre 18 y 64 años.
Según Doak y sus compañeros, los ancianos carecen de dinero suficiente para comida y piden ayuda para mejorar su situación.
“Estoy suplicando a Estados Unidos que nos ayude. Nos ayude a nosotros, los mayores. Es una pena cuando los ves alimentándose de comida para gatos y perros”, lamentó Doak.
Muchos de los ancianos cuentan con ingresos limitados, lo que significa que carecen de fondos para comprar comida. Alguno incluso prefiere gastar un dólar en tres latas de comida para perros que en una lata de atún.
De acuerdo con el informe de la fundación ‘Kaiser Family’, un 9 % de los mayores de 65 años, es decir, cerca de 12 mil 300 personas en Delaware está viviendo en la pobreza. Esta cifra aumenta al 16 % (85 700 personas) cuando se trata de personas entre 18 y 64 años.
HISPAN TV
México: El derrumbe del mito Peña Nieto (La Jornada)
Publicado el 11/08/13 • en Contrainjerencia
La violencia cotidiana de una economía mafiosa-parasitaria, asociada estructuralmente con el Estado y los circuitos financieros de la economía formal, no ha disminuido. Por el contrario, se extiende e impone su control territorial cada vez con mayor poder de fuego y con la consiguiente cauda de muertos, secuestrados, desaparecidos, desplazados, robados o aterrorizados ciudadanos. El único cambio notable durante este año es el mutismo de la dictadura mediática frente a la guerra asimétrica contra una sociedad que, inerme, no encuentra más formas de protección relativa que el acatamiento de un estado virtual de suspensión de garantías o estado de sitio, el abandono forzado de casas y otras propiedades, los cierres crecientes de establecimientos comerciales que no aceptan pagar “derecho de piso”, el éxodo de pueblos enteros ante el acoso del crimen organizado y, frente a ello, la complicidad manifiesta de las autoridades de los tres poderes que afirman “combatir el crimen” e “imponer la ley”.
La estadística macabra de las ejecuciones sumarias iniciada con Felipe Calderón ha ido en aumento y varios analistas sostienen que ya rebasa los 100 mil muertos. Para dar una idea comparativa de la catástrofe humanitaria mexicana, una antropóloga estadunidense señala que el total de los soldados de Estados Unidos fallecidos en las guerras de Vietnam hasta Irak no llega a esa cantidad, mientras que en Nicaragua, en los 10 años de conflicto de baja intensidad contra la revolución sandinista, la cifra rondó en las 50 mil víctimas fatales. Peña Nieto, siguiendo los consejos de su asesor colombiano, oculta las dimensiones de la tragedia nacional, mientras se sataniza y persigue, esgrimiendo postulados de un inexistente “estado de derecho”, las únicas experiencias exitosas de lucha contra la delincuencia que son las policías comunitarias y los grupos de autodefensa basados en estructuras colectivas e igualmente comunales.
Si los derechos a la vida, la justicia y la seguridad pública de los mexicanos no están garantizados por el gobierno actual, el retorno priísta a la Presidencia de la República tampoco ha significado la rectificación de la política económica neoliberal de “reformas estructurales” que los antecesores en la Presidencia adoptaron en contra del interés nacional y del bienestar de la mayoría del pueblo mexicano. La reforma laboral de Peña Nieto, continuidad de la propuesta de Calderón, precarizó aún más la relación contractual entre capital y trabajo, haciendo prácticamente imposible la estabilidad del empleo y facilitando aún más la temporalidad discrecional y el despido de millones de trabajadores; legalizó y estimuló la subcontratación de fuerza laboral y limitó al extremo el derecho de huelga en favor de un mayor control patronal. Ello en el contexto de una recesión y estancamiento evidentes de la economía mexicana, el agravamiento del subempleo y el desempleo, la caída del número de cotizantes efectivos de las Afore y de las remesas del exterior, y los problemas crecientes para el pago de créditos hipotecarios.
La reforma constitucional educativa-administrativa-
Las reformas a los artículos 27 y 28 de las Constitución,
de consumarse en los términos propuestos por Peña, constituyen la más
grave de las acciones que pretenden revertir la nacionalización que
hiciera el general Lázaro Cárdenas en 1938, y entregar nuestros recursos
petroleros y eléctricos a grandes consorcios extranjeros y nacionales
privados, lo que profundizaría la pérdida de soberanía que ya se deja
sentir en las fuerzas armadas y los organismos de seguridad e
inteligencia, ahora estrechamente vinculados subalternamente al gobierno
de Estados Unidos. Esta medida hipotecaría el futuro de varias
generaciones de mexicanos y pondría aún en mayor riesgo la existencia de
México como nación independiente. Todo esto ha llevado a crear un
espacio de convergencia de muchas fuerzas políticas en la Unidad
Patriótica por el Rescate de la Nación, que el 12 de octubre manifestó
en un documento: “Hermanos y hermanas, unidos todos, podemos rescatar
nuestra nación, detener las contrarreformas neoliberales y caminar hacia
nuestra liberación. ¡Despertemos!, es hora de que se vayan los
neoliberales y de hacer a un lado a los gobiernos de la traición
nacional.”
por Kaos. Internacional
Desde la media noche, grupos de barrenderos en huelga, los
llamados piquetes informativos, se plantaban como cada madrugada desde
hace cinco días, a las puertas de los cantones de las empresas de
limpieza, grandes naves y almacenes desde donde salen los vehículos con
los que se limpia Madrid. Muy poco personal ha conseguido cumplir la
madrugada del viernes al sábado el 40% de mínimos que se ha decretado
para la huelga indefinida de limpieza viaria y jardinería de Madrid, un
conflicto laboral con síntomas de enquistarse durante una larga
temporada, según explican los sindicatos.
A las 23.30 horas del viernes, medio centenar de barrenderos se agolpaba en el cantón de la empresa FCC, que se encarga del servicio en los lotes 5 [distritos de Moratalaz, Vicalvaro, Puente de Vallecas y Villa de Vallecas] y 6 [Carabanchel, Usera, Villaverde] en la calle Camino de Hormigueras del distrito de Vallecas. Es el más grande Madrid. El frío arrecia y los trabajadores se agolpan alrededor de un palé que arde despacio frente a la verja, sobre un colchón de basura de varios metros cuadrados, impidiendo, junto a un contenedor de vidrios, la salida de los vehículos.
"La cosa está tranquila. Estamos aquí para informar a los compañeros del turno de fin de semana de las razones de esta huelga. Ellos aún no han podido secundarla", explica a Público José Luis Hernández, delegado de UGT. La tranquilidad reina en el cantón. Los empleados que cumplen servicios mínimos se encuentran dentro del recinto y, de vez en cuando, charlan y fuman un cigarrillo con los compañeros en huelga. No va a salir a trabajar nadie en el primer turno. No es que lo digan los piquetes, sino la misma empresa.
"El capataz ha dicho que nos quedamos aquí. Por la noche no hay protección policial", explica un empleado desde el otro lado de la verja. Aunque su ironía a veces confunde, asegura que está de acuerdo con la huelga, no tanto con que se quemen contenedores, aunque asegura que "si no se queman cosas no se sale en las noticias". Con lo que sí está de acuerdo es con que se desparrame la basura por las esquinas de la ciudad. "Estamos en huelga y la gente tiene que saberlo. Si no se tirara basura tardaría un mes en notarse. En un mes yo puedo estar despedido junto a otros 1.100 compañeros", asegura.
"Si no se tirara basura tardaría un mes en notarse y en un mes podemos estar despedidos 1.100 compañeros"Sobre la violencia de la que hablan algunos medios de comunicación también tiene una opinión clara. "Los piquetes no son violentos porque aquí nos conocemos todos y todos estamos a lo mismo", sentencia. En tres horas, no sale ningún vehículo, a pesar de que se ha presentado en su puesto el 100% del personal de mínimos. El único episodio de tensión ocurrió cuando un trabajador sin obligación acudió a su puesto. Ante los gritos de los demás compañeros, decidió marcharse a casa aunque con algún duro intercambio de palabras.
El tema de la ropa de trabajo es uno de los más comentados en los corrillos de este piquete. Algo que para los barrenderos y jardineros es una clara muestra de la poca disposición al diálogo de las compañías, que tan sólo les han dado una pegatina con el logotipo para que la peguen en el uniforme de la empresa anterior. "Es de risa", concluye Hernández.
Dos patrullas de la Policía Municipal fueron al cantón de Cespa para escoltar a los servicios mínimos. -JAIRO VARGAS
"Parar este turno es importante porque la cantidad de basura que se acumula el fin de semana es grande" Si había un lugar donde podían saltar las chispas del conflicto, era la calle Albarracín, en el barrio de San Blas. Allí se encuentra el cantón de Cespa, la única de las tres empresas que no ha presentado ERE por el momento aunque sus empleados también secundan el paro. El lote que se adjudicó en la subasta del contrato municipal es uno de los más importantes, ya que se ocupa de los distritos de Tetuán, Chamberí, Centro y Argüelles; algunos de los que lucen más sucios después de estos cinco días de paro.
De esa nave habían de salir los trabajadores que se encargan de recoger los residuos generados por el botellón en el centro de la ciudad. Algo que ha preocupado a varias asociaciones de vecinos tanto que han pedido al Ayuntamiento que despliegue controles policiales para evitarlo. Y, según informaba Efe, la petición ha tenido éxito y la Policía Municipal reforzará el dispositivo antibotellón durante este fin de semana.
En la puerta, frente a una pintada en rojo en la que se leía "Hijos de puta", varias decenas de barrenderos trataban de impedir que salieran los camiones al comienzo del turno, las 4.00 horas. "Es importante que paremos este turno porque la cantidad de basura que se acumula es grande", explica el representante del sindicato USO. Pero no ha sido necesario bloquear ningún camión porque, a pesar de la escolta, Cespa ha ordenado a los barrenderos permanecer en la cantón, confirmó a Público uno de los agentes.
En la calle Albarracín, los únicos gritos que se escucharon no iban dirigidos a los trabajadores de servicios mínimos, sino contra los dos reporteros de Telemadrid que acudieron a grabar las imágenes de esa "guerrilla urbana" con la que el delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Diego Sanjuanbenito, se ha referido a las acciones de los huelguistas. "¡Manipuladores, sólo sacáis el vandalismo!", ¡fuera de aquí, no somos delincuentes, sino trabajadores defendiendo nuestros puestos de trabajo!", les han gritado mientras se apartaban para no salir en las imágenes. "Sólo quieren grabarnos parando los camiones para decir que somos violentos. Es de lo único que hablan, de los contenedores quemados, pero de los despidos y de las razones de la huelga nunca dicen ni una palabra", se quejaba una barrendera.
Según los datos del Ayuntamiento, en lo que va de huelga se han quemado 500 contenedores y papeleras, por valor de 216.000 euros. Estas acciones no cuentan con el respaldo de todos. Algunos opinan que dan una mala imagen y que perjudica a la lucha, aunque también insisten en que no son sólo los barrenderos los que queman mobiliario.
Poco a poco, la gente se va dispersando hasta que llegue la hora del siguiente turno. La noche de piquetes ha transcurrido sin incidentes en estos dos cantones. El vienes, sólo el 68% del personal de servicios mínimos pudo cumplir con su obligación, según el Consistorio madrileño.
El cámara de 'Telemadrid' graba un plano del cantón de la calle Albarracín. - JAIRO VARGAS
por Kaos. Andalucía
Ya está presentado el texto legal. El grupo popular de Les
Corts Valencianes ha presentado este viernes la proposición de ley para extinguir, disolver y liquidar Radiotelevisión Valenciana (RTVV),
con la que se derogará la ley del Estatuto de RTVV, vigente desde julio
de 2012, y se extinguirán los contratos de trabajo de toda la
plantilla. La proposición de ley autoriza al ejecutivo autonómico para
que, constituido en junta general de accionistas, disuelva y extinga la
empresa pública, y establece que en el acuerdo de disolución se nombrará
una comisión de liquidación compuesta por tres miembros para llevar a
cabo las actuaciones. Será tramitada el próximo martes
por la Mesa de Les Corts y remitida al Gobierno valenciano para que
emita su criterio al respecto, tras lo que estará ya en disposición de
ser incluida en el orden del día de un pleno para su debate y votación.
En la proposición también se indica que la supresión de esos servicios producirá la extinción de los contratos de trabajo que afecten a la totalidad de la plantilla de la empresa, y que RTVV SAU asumirá las consecuencias económicas resultantes del proceso de disolución y liquidación, con cargo a la ley de Presupuestos de la Generalitat de 2014. La propia Generalitat será la que responda de las consecuencias económicas derivadas de la anulación del expediente de regulación de empleo (ERE) en RTVV, una vez dichas consecuencias económicas sean "líquidas, vencidas y exigibles", mientras que se faculta al Gobierno valenciano para cesar a los miembros del consejo de administración de la empresa pública. El PP ha pedido que, por su "naturaleza y simplicidad", se tramite por procedimiento de lectura única (que impide presentar enmiendas) este texto, compuesto por tres artículos y tres disposiciones.
La Generalitat se hará cargo de los costos derivados de la anulación del ERE El Gobierno valenciano descarta "rotundamente" la privatización de RTVV, pero todavía no ha estudiado otras posibilidades como recurrir a conciertos con TVE o con televisiones privadas para cubrir el servicio público que ejercía RTVV. Así lo ha asegurado en rueda de prensa el vicepresidente del ejecutivo valenciano, José Císcar, en la que ha advertido de que la Generalitat rechazó recomendaciones hechas desde el Gobierno para que hiciera lo que tuviera que hacer, incluso cerrar hospitales, para reducir el déficit. El vicepresidente no ha descartado exigir responsabilidades a la última dirección general, ni tampoco a las anteriores, y ha afirmado que no se siente responsable del cierre de RTVV y que dimitiría "si una dimisión arreglara la situación de 1.700 trabajadores".
Más allá de estas declaraciones, Císcar ha aprovechado para pedir "perdón" en nombre del Gobierno valenciano, por "las decisiones erróneas que han tomado gobiernos del Partido Popular" en RTVV. Además, ha rechazado dimitir: "Si una dimisión arreglase la situación de 1.700 trabajadores, no tengan la más mínima duda de que esa dimisión se produciría, pero desgraciadamente no es el caso".
"Cerrar la tele y sustituir a la dirección no era cosa que necesitaba hacerse por una orden ejecutiva"
Asimismo, Mifsud ha apuntado respecto a los nuevos consejeros designados y el director general, Ernesto Moreno, que "algunas de ellas parece que no reunirían los perfiles que por ley están exigidos para hacerse cargo de RTVV y podríamos encontrarnos con personas no cualificadas, al servicio del partido y no de la sociedad". "Durante el juicio ya se puso de manifiesto que habían nombrado un hombre de paja --en alusión a Alejandro Reig-- para que firmara los despidos y que él mismo reconoció ante el tribunal que no tenía ni idea del sector audiovisual y que le pusieron para firmar lo que le pusieran por delante", ha incidido el representante sindical.
A su juicio, esta "no es una forma seria de actuar de un Gobierno, que lo que debe hacer es dialogar", y ha insistido en que "si una cosa es buena para la sociedad se puede explicar con mucha facilidad, con luz y taquígrafos y ante el Parlamento valenciano". "Hacer decretos acelerados demuestra que tienen ganas de hacer las cosas rápidas, de escondido y sin ser sometidos al examen de la ciudadanía", ha apuntado. Por todo ello, ha reiterado que desde el comité intentarán "atacar" este decreto-ley por la vía legal "si ha habido errores" y tratar de "recuperar la justicia, como en la sentencia del ERE que demostró que se habían cometido tropelías".
"Una lengua que no tiene presencia en los medios está condenada a una muerte lenta"
Alcover ha destacado la importancia de la radiotelevisión pública "para la construcción de nuestra identidad como pueblo, de nuestra lengua y de nuestra cultura" y se ha preguntado "si no es que el Gobierno valenciano quiere precisamente que los valencianos no tengan lengua, que los valencianos no tengan cultura y que los valencianos no tengan identidad". Por ello, ha animado "a todas esas personas que han visto Babalà, que han seguido las victorias de los equipos valencianos en valenciano, a quienes ha llegado la información de proximidad y han sabido si iba a llover o no en su pueblo, a quienes han aprendido a escuchar que los medios de comunicación también hablaban en su lengua" a salir a la calle y "demostrar la importancia que tiene esta empresa".
En el manifiesto que se leerá en las manifestaciones, el comité de empresa reivindica la necesidad del servicio público que presta RTVV como "herramienta de vertebración, de participación democrática y encargada de impulsar el sector audiovisual". "Los valencianos tenemos una lengua propia, pero todos sabemos que una lengua que no tiene presencia en los medios de comunicación es una lengua condenada a una muerte lenta", señala el texto, en el que se reivindica una radiotelevisión pública en valenciano y de calidad. Así, incide: "son otros los que han pervertido los objetivos de RTVV y la han convertido en una herramienta de manipulación y propaganda; son otros los que la han llevado a la ruina con una gestión nefasta y los que han buscado el beneficio propio en lugar del beneficio social".
El manifiesto ha recibido el apoyo de unas 80 entidades del mundo de la política, la sociedad, el sindicalismo, la cultura, asociaciones del sector audiovisual, asociaciones de periodistas, universidades y los comités de empresa de otras radiotelevisiones públicas como TV3, Canal Sur, Telemadrid, TVG, IB3, CMTV, RTPA o RTVE. En el acto han estado presentes, entre otros, el diputado socialista Josep Moreno; el portavoz de Compromís en las Corts, Enric Morera, la coordinadora general de EUPV, Marga Sanz, y el diputado Ignacio Blanco; el presidente de la Unió de Periodistes Valencians, Sergi Pitarch; el secretario general de CCOO-PV, Paco Molina, el portavoz de Intersindical Valenciana, Vicent Maurí, o el humorista y presentador Eugeni Alemany.
La Haine entrevista a CNT-Madrid: "El otoño libertario es un referente de debate entre anarquistas"
por
La Haine - Madrid
Arturo, secretario de Prensa y Propaganda de
CNT-AIT Madrid, nos habla del Otoño Libertario 2013 y analiza el
trabajo de CNT frente a la crisis capitalista.
España ha defendido este miércoles ante un comité de Naciones
Unidas que no revisará la amnistía de 1977 para crímenes políticos
cometidos durante la Guerra Civil y la dictadura de Francisco Franco.
Las autoridades españolas se han pronunciado de esta forma ante el Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU dos días después de que el exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón y grupos de derechos humanos pidieran que se investigara las desapariciones de este periodo de tiempo, emprendiendo para ello las reformas necesarias para salvar la Ley de Amnistía de 1977.
"Las medidas adoptadas por el Gobierno español no serán revisadas", ha expuesto la embajadora de España en Ginebra, Ana Menéndez Pérez, ante el comité formado por once expertos legales independientes.
Organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional también han pedido que España abra una investigación que dé respuesta a las desapariciones del franquismo ya que son miles las víctimas que todavía están enterradas en fosas comunes.
Ante la posición del Gobierno de España, familiares de víctimas del franquismo han recurrido a la legislación de países como Argentina, al fin de encontrar a sus seres queridos. El Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU se encarga de vigilar el cumplimiento de la convención de la ONU de 2010 sobre desapariciones forzadas, ratificado por 40 países y del que España fue uno de los primeros firmantes.
Según la representante española, esta convención era "un instrumento y mecanismo de futuro" que no debe aplicarse al pasado ya que la ley de amnistía obtuvo el apoyo popular cuando fue aprobada, se aplicó a los dos bandos del conflicto y era "parte de un intento por ir más allá de la época de la Guerra Civil".
por Nación Andaluza
Fuente: La Voz de Lanzarote.
La
justicia argentina da inicio a la querella presentada por Esquerra
Republicana de Catalunya (ERC) contra el Estado español por el
fusilamiento de su fundador, Lluís Companys, durante la dictadura
franquista.
El ex juez español, que tramitó la causa por el asesinato en Madrid de la madre de Gustavo Molfino, rehusó investigar a los funcionarios españoles implicados y al ex comisario de la Policía Federal Juan Ramón Morales, miembro de la Triple A refugiado en España. Los avances en la investigación llevados a cabo por el periodista Danilo Albin detallan una complicidad española que Garzón tenía competencia para investigar. El histórico dirigente de la UCR, Hipólito Solari Yrigoyen cuestionó al juez.
21 de julio de 1980, pleno verano en España. En un departamento de alquiler temporario del madrileño barrio de Princesa sale un feo olor. Los encargados del edificio avisan a la Policía que una mujer que había sido acompañada por dos hombres de acento argentino llevaba tres días sin salir. Era el cuerpo sin vida de Noemí Gianotti, madre de Gustavo Molfino, que había sido secuestrada en Lima un mes antes. Para el exilio argentino residente en Madrid, y para el Partido Comunista español, que llevó el caso al parlamento, estaba claro: el crimen había sido ejecutado por miembros de las Fuerzas Armadas argentinas, pero había una complicidad española que ni el juzgado que tramitó aquella causa ni el gobierno español querían aclarar[1].
Según destapó la revista española Interviú el pasado 24 de mayo[2], cuatro meses antes de este crimen, el embajador de la dictadura ante el gobierno del entonces presidente español Adolfo Suárez, Jorge Washington Ferreira, se entrevistó con el que fue el canciller de su gobierno José-Pedro Pérez Llorca, ya que había intereses compartidos: por un lado, la dictadura militar estaba interesada en que España intermediara en un "blanqueamiento" internacional del gobierno de facto y respaldara una eventual acción argentina en Mavinas [3]; por otro, el CESID (equivalente a la SIDE) estaba muy interesado en las prácticas de "lucha antisubversiva" empleadas por la dictadura, con una posible aplicación en lo que en España se llamó "guerra sucia" contra ETA y contra otras organizaciones político-militares del momento.
La cercanía política de la derecha española con la dictadura militar era una evidencia en 1980, momento en que en España había una disputa muy grande entre las facciones del Estado: las que planteaban una restauración franquista frente a las que planteaban una "modernización democrática", previa liquidación de la oposición interior mediante las tácticas ilegales que vinieron a llamarse "estrategia de la tensión".
Tras el fin de la dictadura, los miembros de los grupos de tareas del gobierno de facto pasaron a cobijarse entre los ultras españoles, que les aseguraron protección de las fuerzas de seguridad ibéricas y respaldo político. Los casos emblemáticos de esta protección son los de Jorge Cesarsky, quien asesinó en 1977 a al joven español Arturo Ruiz, del sindicato Comisiones Obreras (CCOO) en una marcha pro amnistía y a quien el ultra español Ricardo Sáenz de Ynestrillas dedicó unas emotivas palabras a su muerte en Madrid [4], el propio comisario Morales, presunto autor del asesinato de Noemí, o Rodolfo Almirón, quien fuera jefe de seguridad del líder del Partido Popular y ex ministro franquista Manuel Fraga [5].
El accionar de Garzón
Tras varias denuncias frustradas, el ex juez de la Audiencia Nacional acepta a trámite en 1996 una querella presentada por la familia de Noemí que éste agrega a la investigación por los desaparecidos en Argentina. En este caso existía una particularidad evidente: la mayoría de las personas que podían dar testimonio o ser imputadas por este crimen residían en España, y todas ellas gozaban de buen trato del aparato de seguridad español; el propio Juan Ramón Morales seguía trabajando para el dirigente del PP Fraga, que en ese momento ocupaba el cargo de Presidente del Partido en Galicia, según explicó el abogado Carlos Pipino a consultas de la Iniciativa "Garzón en Argentina".
Todos estos datos constan en el expediente y en las diligencias solicitadas por la familia Molfino a Garzón, que nunca las aceptó. Sin embargo, se dedicó a remitir órdenes "de información" al gobierno argentino, al gobierno peruano y al gobierno de EEUU [6], diluyendo de esa manera las responsabilidades penales que correspondían a los funcionarios españoles que tuvieron contacto o estuvieron involucrados de alguna manera en el asesinato de Noemí. No fue citado ni como testigo el propio Morales, quien había sido señalado por el personal del departamento donde apareció el cuerpo sin vida como la persona que la había acompañado. No fue remitida requisitoria alguna a la empresa Varig, que transportó a Noemí y a sus captores de Rio de Janeiro a Madrid para saber los nombres de las personas que la acompañaron. No fue citado el personal de Vigilancia Aduanera, para que remita copia de las actas de entrada al país. No fue citado tampoco el propio canciller del gobierno de Suárez, de fluida relación con la embajada argentina. Tampoco se practicaron diligencias respecto al posible conocimiento del CESID o del Gobierno español, respecto a si el Estado argentino solicitó autorización al gobierno de Suárez para operar en España. En sí mismo, los previsibles autores de la muerte de Noemí no fueron ni molestados en sus lugares de trabajo, donde desarrollaban su actividad con sus nombres reales y con sus datos debidamente acreditados ante la Agencia Tributaria española, con absoluta impunidad que la defensa de Noemí le hizo saber a Garzón.
Y es que el afamado juez siempre rechazó profundizar las responsabilidades españolas en la complicidad con la dictadura argentina. Como recuerda Danilo Albin para la revista Hincapié: ” la prensa española aseguró más de una vez que el rey había hecho gestiones por los desaparecidos de origen español, jamás contaron que el rey condecoró a Videla y a unos cuantos represores argentinos. Estas condecoraciones fueron publicadas en su momento por el Boletín Oficial del Estado, pero pasaron desapercibidas” [7]. Todo bien con investigar crímenes lejanos, pero solamente si estos no involucran a la estructura política, económica y militar de España, aunque las evidencias sean abrumadoras.
Rechazos del dirigente de la UCR Hipólito Solari Yrigoyen
El ex senador radical y referente de la ONG Nuevos Derechos del Hombre (NDH) cuestionó la designación de Garzón como asesor del Estado Nacional en materia de derechos humanos. El histórico abogado recuerda "su responsabilidad para impedir que se haya podido avanzar en la investigación de muchos crímenes y atentados de la organización terrorista Triple A y de las múltiples y graves violaciones a los derechos humanos, que se cometieron en la presidencia de María Estela Martínez de Perón. Cuando el juez federal Oyarbide pidió la extradición a España de la ex presidenta el entonces juez Garzón se opuso y evitó así que pudiera declarar". [8]
Y es que la organización ultraderechista argentina se involucró con la guerra sucia en España. Varios miembros del terrorismo de Estado iniciado durante el gobierno de Maria Estela Martínez de Perón fundarían en España otra "Triple A", la "Alianza Apostólica Anticomunista" y otras tantas siglas de grupos ultras, que con la misma operatoria de sus pares argentinos, organizarían asesinatos selectivos y atentados en la España tardofranquista con el beneplácito de las fuerzas de seguridad del país y que, tras su puesta en "stand by", terminaron protegidos por el Estado español, lo que incluía a los argentinos participantes. Jorge Cesarsky, Almirón y Morales fueron casos paradigmáticos de esta protección que Garzón ratificó en la causa Triple A.[9]
1-http://es.scribd.com/doc/
2-http://www.interviu.es/
3-http://elpais.com/diario/
4-http://ynestrillas.blogspot.
5-http://edant.clarin.com/
6-http://edant.clarin.com/
7-http://www.revistahincapie.
8-http://www.ucrcapital.org.
9-http://www.eka-
Documentos secretos de la dictadura militar argentina fueron revelados recientemente
Trece actas secretas de la junta militar de la última dictadura
(1976-1983) en Argentina, reveladas recientemente, pueden aportar
evidencia a la denunciada confabulación entre militares y el grupo Clarín para expropiar a la empresa Papel Prensa S.A.
De hecho, el juez Julián Ercolini, responsable de esta causa, ya solicitó al gobierno los documentos originales hallados en el Edificio Cóndor, revelados la semana pasada por el ministro de Defensa, Agustín Rossi, coincidieron en reportar varios medios.
Además, confirmaron, un equipo de esa cartera se encuentra trabajando para responder los requerimientos del magistrado.
Los propietarios originales de esa gran compañía, la famila Graiver, más sus allegados en la administración de la misma fueron todos arrestados por la jerarquía militar, que expropiaron la empresa y esta terminó principalmente en manos del consorcio Clarín, que dirige Héctor Magneto, aunque participan también los diarios La Nación y La Razón.
Papel Prensa S.A. es la mayor industria productora de papel para periódicos y revistas de Argentina. Fue fundada en 1972 por el banquero David Graiver en la localidad bonaerense de San Pedro.
Tras su muerte en un accidente aéreo en 1976, el 2 de noviembre de ese año se firmó el traspaso de las acciones del difunto Graiver a los diarios Clarín, La Nación y La Razón.
Miembros de la familia Graiver, así como asociados de entonces presentaron una demanda ante la justicia para reclamar la recuperación de esa industria de la cual fueron privados forzosamente, según denunciaron ante la justicia.
El exaccionista de Papel Prensa Rafael Ianover consideró este lunes que la documentación sobre la empresa encontrada “podrá acelerar la investigación y el consiguiente fallo judicial a fin de determinar la responsabilidad que le cabe a los acusados”.
En su opinión, el proceso de esta causa judicial ha venido muy lento hasta ahora, por lo que considera que estas actas ahora sacadas a la luz podrán acelerar la investigación y el consiguiente fallo judicial.
“Esos documentos seguramente confirmarán lo que ya sabemos. Me siento optimista en el sentido de que se convierta en una investigación clara y definitiva sobre los hechos aberrantes que ocurrieron en esa época”, remarcó Ianover.
“Mi expectativa consiste en que la justicia, a través de esas actas, confirme la asociación ilícita entre los tres diarios -Clarín, La Nación y La Razón- y el gobierno de facto para quedarse con Papel Prensa”, sostuvo el exaccionista.
La abogada aún está evaluando el monto que tendrá el reclamo y para eso considerará que "era un chico joven, de 19 años, que recién empezaba a trabajar, tiene dos hermanos (uno de 8 años y otro de 20 años), abuelos y bisabuelos. Y el reclamo sería por toda la familia", explicó Fajián.
“La madre está muy mal y el hermano de 8 años no duerme, entonces ahora estamos procurándole un psicólogo. La novia de Sergio Lemos, que vivía con él hacía dos años, también está mal, vamos a ver si le conseguimos un psicólogo, que sus honorarios los cobre después del juicio o ver si se puede conseguir a través de esas asociaciones civiles sin fines de lucro que se han presentado”, agregó la abogada.
Lemos había empezado a trabajar hacía poco tiempo en una importante empresa procesadora de pescado. Su familia tiene una barraca en el barrio.
Por otra parte, la abogada espera un cambio de carátula en el juicio penal, para que el policía no sea procesado por homicidio simple sino por homicidio agravado o muy especialmente agravado para después presentar la demanda civil.
El jueves pasado, el mismo día del procesamiento con prisión del policía, “presenté una lista de testigos que se van a citar en el correr de esta semana y lo que yo espero es el cambio de carátula de homicidio simple a homicidio agravado o muy especialmente agravado porque es un funcionario policial que dispara por la espalda, que dispara en más de una oportunidad, que no da un solo tiro sino que da tres y erra no sé cuántos”, concluyó Fajián.
El
juez Mario Carroza procesó al ex teniente coronel del Ejército, David
Reyes Farías, quién –días después del golpe cívico-militar, de 1973–
asesinó de un tiro en la cabeza a otro oficial, que había liberado a 68
prisioneros políticos uruguayos y bolivianos recluidos en el Estadio
Nacional, el mayor Mario Lavanderos Lataste.
En reiteración real
Institución Nacional de Derechos Humanos presentó denuncia penal por golpiza policial a una joven de Santa Catalina.
Natalia Uval
El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, dijo a Búsqueda que quienes adoptan esas actitudes pretenden transmitir la idea de que "la represión" que había antes de que el Frente Amplio llegara al poder "es la misma que ahora".
La gestión del gobierno en el combate a la delincuencia es objeto de controversia, incluso dentro de la propia izquierda.
En un libro que se presentará el próximo martes 12 en la sede del Frente Amplio, el ex director del Observatorio de Violencia y Criminalidad del Ministerio del Interior y asesor del Partido Socialista, Rafael Paternain, afirma que en los últimos tres años hubo "retrocesos ideológicos" en temas de seguridad.
Por su parte, el diputado del Movimiento de Participación Popular Alejandro Sánchez declaró a Búsqueda que la gestión de Bonomi tuvo que dar un "viraje radical" en la política del Ministerio porque en el primera administración frenteamplista no se hizo nada en esa área.
"Móvil político". El lunes 4 por la mañana tres delincuentes robaron un almacén en Santa Catalina. Mientras la Policía tomaba declaraciones a los testigos pasó por el lugar un joven que fue muerto a balazos por uno de los efectivos.
La primera versión que brindó ese día el ministro del Interior aseguraba que el joven había disparado primero, pero horas después tuvo que rectificar la información: los efectivos que estaban en el lugar le "plantaron" un arma al muerto para justificar el homicidio y evitar sanciones.
Se prevé que hoy jueves 7 la Justicia se pronuncie sobre la responsabilidad de los agentes involucrados; las autoridades creen que serán procesados, dijeron fuentes del gobierno.
El asesinato generó indignación en el barrio. El martes 5 algunos vecinos instalaron piquetes en calles de Santa Catalina, quemaron una casa prefabricada que utiliza la Policía para custodiar las instalaciones de la empresa Gas Sayago y un contenedor en el que antes funcionaba una comisaría móvil. También tiraron una bomba Molotov al almacén que había sido robado.
"La reacción de la mayoría de la gente es explicable" porque se trató de un abuso policial, afirmó Bonomi. Ayer miércoles en el programa "Código País" de canal 12 agregó que la Policía debe ofrecer disculpas por el episodio.
Sin embargo, en declaraciones a Búsqueda señaló que los desmanes fueron incitados por un grupo de "radicales" integrado, entre otros, por Jorge Zabalza, ex dirigente del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros.
Zabalza, que vive en Santa Catalina, dijo a radio Sarandí el martes 5 que fue testigo del homicidio. "Creo que el ministro Bonomi es también partícipe de la creación de un clima que tiene que ver con la impunidad y con un crecimiento de la violencia policial que no lo denuncia este ‘radical’", añadió.
Según Bonomi, "Zabalza esta constantemente buscando nódulos de radicalización en qué apoyarse". Con ese fin —agregó el ministro— "ha exagerado situaciones" y apuntala su "discurso trasnochado" y sus "móviles políticos".
Además, sostuvo que la quema de la garita de Gas Sayago se debe a otro "móvil político": la oposición que existe a la instalación de la regasificadora.
Pobladores de Punta Sayago, nucleados en la Coordinadora de Vecinos del Oeste han planteado su oposición al proyecto porque consideran que el emprendimiento es "muy riesgoso".
"Hay un grupo de personas que está en contra de la regasificadora en Punta Sayago y usa esto para poner piedras en el camino y generar un ambiente de resistencia a la obra", declaró el ministro a Búsqueda.
También opinó que los narcos fomentan hechos violentos porque quieren "evitar el ingreso de la Policía" a la zona.
Gatillo. Luego del homicidio del lunes, el Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (Ielsur) emitió un comunicado en el que solicita al gobierno que persiga "estos desbordes cotidianos" de la Policía. "¡Basta de gatillo fácil!", concluye.
Consultado al respecto por Búsqueda, el sociólogo y docente de la Universidad de la República Luis Eduardo Morás dijo que "resulta preocupante la sucesión de hechos donde se denuncian y comprueban procedimientos policiales caracterizados por el uso excesivo de la fuerza".
Recordó que en setiembre cuatro policías fueron acusados de golpear a unos jóvenes que habían sido detenidos sin motivo cuando estaban en una esquina de Santa Catalina.
Además, el miércoles 23 dos presos murieron mientras la Policía reprimía un motín en el Complejo Carcelario Santiago Vázquez. El comisionado parlamentario para el Sistema Carcelario, Álvaro Garcé, dijo que en el intento de control "existió riesgo de masacre".
Bonomi sostuvo que la denuncia de abuso de setiembre —que provocará la remoción de los involucrados— y las muertes durante el motín son producto del "boicot" que llevan adelante policías que se oponen a la reestructura que impulsa su gestión. Sin embargo, aclaró que no cree que el asesinato del joven ocurrido el lunes esté vinculado con esas resistencias internas.
El ministro opinó que no hay "gatillo fácil", aunque dijo que evalúa mantener una reunión con los mandos medios de la Policía para transmitirles que no pueden ocurrir nuevos incidentes como el de Santa Catalina.
La Policía dejó de ingresar a ese barrio en los últimos dos días, señalaron fuentes policiales.
Jorge Zabalza: “Mujica y sus secuaces tergiversan la historia reciente del pueblo uruguayo”
Entrevista de Resumen Latinoamericano a Jorge Zabalza, ex dirigente de los Tupamaros
por Carlos Aznárez/
Resumen Latinoamericano, 10 de noviembre.-
Jorge Zabalza tiene una larga historia de rebeldía en el Uruguay.Estuvo preso en calidad de rehén durante toda la dictadura que gobernó el país entre 1973 y 1985. Su hermano, Ricardo Zabalza, también tupamaro, cayó en combate durante la ocupación de la localidad de Pando, el 8 de octubre de 1969.
Actualmente, Zabalza es uno de los mayores críticos del gobierno de sus ex compañeros Mujica y Fernández Huidobro, a quienes endilga haberse olvidado de todo lo que fue el bagaje doctrinario de los Tupamaros de los 60-70. Recientemente, Zabalza junto a otros luchadores populares salieron en defensa de la jueza Mariana Motta, quien intentaba llevar adelante los juicios contra los militares genocidas. Por esa actitud, los jueces procesan a Zabalza y otros militantes, lo que ha despertado gran indignación en vastos sectores politizados de la sociedad uruguaya.
-Esta semana se conocieron varias órdenes de detención contra conocidos militantes populares uruguayos, entre los que estás tú mismo, a quienes se los acusa de haber participado en una protesta por el traslado de la jueza Mariana Motta. ¿Podés explicar quiénes están detrás de esta insólita medida y cuáles son las verdaderas razones de la misma?
-Es la Suprema corte de Justicia la responsable de nuestro procesamiento por el delito de asonada. La integran magistrados que fueron fiscales y jueces durante la dictadura y son responsables de haber sido omisos en investigar delitos de lesa humanidad y contribuir a ocultarlos, como, por ejemplo en el caso de la aparición de cadáveres en las playas del Río de la Plata.
-¿Considerás esta decisión judicial, avalada por el propio gobierno, como parte de una escalada que busca criminalizar la protesta en todos los niveles?
-El gobierno y el parlamento tendrían que haber dado su opinión públicamente sobre la in-justicia de estos procesamientos. Su silencio puede significar que se consiente este ataque a la libre manifestación de las ideas y las opiniones; lo mismo puede decirse de la tímida y vergonzante declaración de la Mesa Política del Frente Amplio. En cambio el movimiento popular se ha expresado con vehemencia en defensa del derecho social a protestar, tanto la central obrera como las organizaciones estudiantiles y de derechos humanos. Se percibe que la criminalización de la protesta está siendo una de las formas principales de dominación en toda América Latina y que, durante este 2013, en Uruguay hubieron varios incidentes que demuestran una decisión de marchar por el mismo camino.
-En varios artículos o entrevistas que te hicieron denuncias la apuesta a la impunidad que se hace desde distintos estamentos del gobierno de Mujica. ¿Esta decisión de no avanzar en el juicio y castigo a los culpables de la dictadura es parte de algún pacto anterior con los militares o sólo responde a una salida coyuntural del actual gobierno frenteamplista?
-La tesis del equipo represivo de gobierno de Mujica (Fernández Huidobro, Bonomi y otros) es colonizar políticamente el aparato policíaco-militar para transformarlo en palanca del desarrollo nacional. Se esgrimen abundantes argumentos, aunque el principal sea el rol que cumplen las fuerzas armadas venezolanas a partir de la influencia que tuvo el compañero Hugo Chávez sobre ellas. Se obvian las diferencias históricas y coyunturales que nos diferencian de lo que ocurre en la Venezuela Bolivariana, del mismo modo simplista que, cuarenta años atrás, se obviaron las diferencias entre los militares uruguayos y lo que ocurría en el Perú con los militares que obedecían a Velazco Alvarado. A partir de semejante falacia, resulta obvio que se deben olvidar los crímenes de lesa humanidad y perdonar a sus autores, pues de otra manera sería imposible “penetrar” las duras entendederas de los gorilas criollos. Claro que, con dicha finalidad, Mujica y sus secuaces deben tergiversar la historia reciente del pueblo uruguayo y, en particular, la de la guerrilla tupamara. Es un acto esencialmente inmoral porque ellas estuvieron abonada con mucha sangre de torturados, violados, asesinados y desparecidos. La inmoralidad los está llevando por una senda de degradación que la gente va percibiendo cada día más.
-Cada vez que desde organizaciones de familiares de desaparecidos u otros organismos de derechos humanos se plantea la necesidad de avanzar en el castigo a quienes cometieron crímenes de lesa humanidad, algunos funcionarios del gobierno actual y el anterior se argumenta que el propio pueblo uruguayo votó en su momento la ley de caducidad o se apela a la necesidad de la “reconciliación nacional”. ¿Cuál es tu opinión en ese sentido?
-El último plebiscito que intentó anular la inconstitucional ley de impunidad, recogió más del 48% de los votos efectuados. De hecho es la voluntad política de casi la mitad de los ciudadanos uruguayos, aunque no se haya alcanzado el mínimo requerido para derogarla. El gobierno optó por desconocer el mensaje que emitió el segmento más avanzado del pueblo y se ha apoyado en las opiniones de la derecha más reaccionaria. Esta es la definición ideológica más clara de Mujica y los suyos.
-¿Qué explicación racional encontrás para que Mujica, Fernández Huidobro, Bonomi, por nombrar a algunos de los hombres del actual gobierno, tiren por la borda toda su historia anterior de lucha en el MLNT, y hoy actúen con los mismos métodos represivos o con el desarrollo de similares políticas a los que en otras décadas utilizó la derecha uruguaya?
-No hay ninguna explicación racional. Hay varias de carácter irracional.
-No ignorarás que Mujica sigue contando con un alto nivel de apoyo interno y externo, incluso no pasa una semana sin que militantes de la izquierda latinoamericana o los propios gobiernos caracterizados como más de avanzada en el continente, lo reivindiquen como un dirigente excepcional “por su discurso y su forma de vida”. ¿Qué le diría Jorge Zabalza, militante tupamaro, ex rehén de la dictadura y actualmente perseguido por la Justicia oficial, a quienes piensan así?
-En Uruguay hay un millón de personas con ingresos menores a 14.000 pesos cuando la canasta básica anda cerca de los cincuenta mil pesos. Significa que no hubo una redistribución significativa del ingreso en diez años de gobierno frenteamplista, hecho que solamente se explica porque la política económica favorece el pago de los servicios de la Deuda y la acumulación de riqueza por las corporaciones transnacionales. El gobierno renegó de su pretendida definición “popular” y esa renuncia a los principios históricos del Frente Amplio marca su fracaso actual y el futuro desbarranque.
-¿La posibilidad de una nueva presidencia de Tabaré Vázquez va a acentuar las actuales formas de gobierno, o se puede esperar algún cambio?
-El propio futuro presidente del Uruguay ya lo dijo: “no habrá ningún viraje a la izquierda” y sostiene que favoreciendo el desarrollo del capitalismo se camina hacia el socialismo. Si ustedes no lo entienden, menos puedo entenderlo yo… pero la maquinaria electoral está marchando y la demagogia sigue siendo efectiva, al menos por el momento. De todas maneras uno siente gran confianza en las reservas subjetivas del pueblo uruguayo y esperamos su indignada reacción cuando la situación lo exija.
El dirigente Joselo López dijo que la medida es "muy preocupante" y remarcó que se trata de una "maniobra" que "no compartimos". Además dijo que si bien la gran mayoría de los funcionarios públicos ajusta su salario en base al 100% de la inflación, en esta oportunidad se había llegado a un acuerdo "para que algunos salarios tuvieran un punto o dos adicionales de recuperación", pero con la medida el gobierno "al final juega a la mosqueta porque por un lado te lo da y por otro lado te lo saca".
El año pasado, la bonificación de UTE hizo que se registrara una deflación de 0,73% en el Índice de Precios del Consumo (IPC) de diciembre, con lo que la inflación en 2012 se ubicó en 7,48%. Algunos analistas estimaron que sin su aplicación la inflación anual se habría ubicado levemente por debajo de 8,5% aproximadamente; esto es, 1 punto porcentual.
"Nos parecerían justas si se hicieran durante todo el año, pero no al final para controlar la inflación y limitar los aumentos salariales de los públicos", dijo López
El funcionario afirmó que tras el impacto que vieron el año pasado le propusieron al equipo económico una fórmula alternativa para no hacer un ajuste salarial por la inflación del año calendario sino del promedio del año. "Fue a (Andrés) Masoller y a (Martín) Valcorba y les pareció interesante; pero tan interesante fue que no contestaron", dijo López.
En este sentido, el representante de los trabajadores estatales afirmó que el próximo martes realizarán un planteo "con mucha fuerza" en el secretariado del PIT-CNT para ver cómo se plantan sobre este tema.
COFE denunció que "el gobierno se apresta a modificar los criterios para medir la inflación, lo que implicara que nuevamente se va a maquillar el resultado del Índice de Precios al Consumo (IPC) con el objetivo de reducir los egresos salariales a fin de bajar el déficit fiscal, como lo hizo en 2012, afectando de esta manera a todos los trabajadores del sector público y privado que ajustan sus salarios por el IPC del año calendario".
Más allá de su salario, los funcionarios advirtieron en un comunicado que la medida "también afecta a los pasivos en tanto incide sobre el Índice Medio de Salarios que se toma como base para la actualización de las pasividades".
En referencia a una nueva edición de la campaña UTE Premia, COFE sostiene que "este anuncio es muy grave, esta película ya la vimos, el año pasado el IPC cayó 0,73% en diciembre y aumentó 1,9% en enero de este año. El ajuste salarial aplicado por el gobierno se redujo en 25% el primer mes del año".
Los trabajadores del Estado proponen un cambio en la ley de ajuste de salarios para que “el cálculo de la inflación pasada se realice midiendo la diferencia entre los promedios de la inflación anualizada del último trimestre del período respecto al trimestre previo a la última actualización salarial”. Además plantean que la estimación de la inflación futura "se realice considerando criterios estadísticos y económicos”
Según cálculos de COFE en base a información de Economía, en 2012 se pagaron por retribuciones $ 61.524 millones que si se hubiesen actualizado por un 9,03%, que fue el IPC anualizado a noviembre, "su valor hubiera sido $ 67.080 millones, actualizado por 7,48% el valor es de $ 66.126 millones". Es decir, "la diferencia a favor de las cuentas públicas y en contra de los trabajadores públicos fue de $ 954 millones, equivalentes a US$ 50 millones".
"El gran negocio del gobierno con el maquillaje de la inflación pasada es la diferencia entre lo que pierden los trabajadores U$S 50 millones y el costo de los descuentos de UTE U$S 16 millones", denuncian.
Pero a esto se suma, según los funcionarios, que la inflación futura "arbitrariamente fijada en 5% genera pérdidas mayores aún" ya que "si el año pasado se hubieran actualizado por 7,5% la diferencia a favor de las cuentas públicas y en contra de los trabajadores fue de aproximadamente US$ 80 millones".
Por todo esto COFE critica la política del Estado y propone que se postergue para enero de forma de no incidir en los salarios y pasividades. Además reclama que el Comité de Coordinación Macroeconómica recalcule la meta de inflación.
Portugal: Masiva huelga de empleados públicos contra el ajustazo del presupuesto 2014
por Kaos. Internacional
Sábado, 09 de Noviembre de 2013 04:20
Los trabajadores y trabajadoras del sector iniciaron una medida de
fuerza en contra de los ajustes propuestos por el gobierno para el
presupuesto 2014, que afectó notablemente a sectores como la recolección
de basura y la sanidad.
En su
primer balance del día, el Frente Común de los Sindicatos de la
Administración Pública, vinculado a la mayoritaria central comunista
CGTP, informó que la adhesión a las movilizaciones durante la madrugada
superó el 70% de media en todo el país.
Algunas de las medidas que mayores críticas generan son un recorte salarial de entre el 2,5% y el 12% para los empleados y pensionistas del sector público que ganan más de 600 euros al mes o el aumento de la jornada laboral de 35 a 40 horas semanales.
Durante las primeras horas, la huelga paralizó por completo el servicio de recolección de basura en varios municipios lusos como Setúbal, Braga y Viana do Castelo, informaron los sindicatos citados por la agencia de noticias EFE.
En los centros de salud, donde se mantuvieron guardias mínimas, hubo un alto acatamiento a las movilizaciones, en las que participaron tanto enfermeros como personal sanitario, superando un 70% de adhesión.
También se registró en las primeras horas un elevado acatamiento entre los bomberos lusos. Para el día de hoy se esperan actos concretos de protesta protagonizados por la policía portuguesa.
La justicia y la educación del Estado son otros de los sectores que se espera se vean afectados de forma significativa durante la jornada.
La movilización de los empleados públicos se celebra en Portugal por tercer año consecutivo en noviembre, impulsada por los dos principales sindicatos lusos (la CGTP y la socialista UGT).
Sin embargo, tanto en 2011 como en 2012 los empleados públicos, que en Portugal son 13% de su población activa, fueron acompañados en el paro por los trabajadores del sector privado.
Algunas de las medidas que mayores críticas generan son un recorte salarial de entre el 2,5% y el 12% para los empleados y pensionistas del sector público que ganan más de 600 euros al mes o el aumento de la jornada laboral de 35 a 40 horas semanales.
Durante las primeras horas, la huelga paralizó por completo el servicio de recolección de basura en varios municipios lusos como Setúbal, Braga y Viana do Castelo, informaron los sindicatos citados por la agencia de noticias EFE.
En los centros de salud, donde se mantuvieron guardias mínimas, hubo un alto acatamiento a las movilizaciones, en las que participaron tanto enfermeros como personal sanitario, superando un 70% de adhesión.
También se registró en las primeras horas un elevado acatamiento entre los bomberos lusos. Para el día de hoy se esperan actos concretos de protesta protagonizados por la policía portuguesa.
La justicia y la educación del Estado son otros de los sectores que se espera se vean afectados de forma significativa durante la jornada.
La movilización de los empleados públicos se celebra en Portugal por tercer año consecutivo en noviembre, impulsada por los dos principales sindicatos lusos (la CGTP y la socialista UGT).
Sin embargo, tanto en 2011 como en 2012 los empleados públicos, que en Portugal son 13% de su población activa, fueron acompañados en el paro por los trabajadores del sector privado.
"El capataz dice que esta noche no salimos a trabajar"
El de Camino de Hormigueras y el de Albarracín son dos de los cantones de limpieza más importantes de Madrid. La tranquilidad fue la tónica general durante los piquetes de la madrugada del viernes, cuando las empresas optaron por dejar a los servicios mínimos en sus bases
JAIRO VARGAS Madrid 09/11/2013 07:53 Actualizado: 09/11/2013 10:56 Público
Trabajadores de limpieza viaria forman el piquete de la huelga en el cantón de Camino de Hormigueras, Vallecas.- JAIRO VARGAS
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A las 23.30 horas del viernes, medio centenar de barrenderos se agolpaba en el cantón de la empresa FCC, que se encarga del servicio en los lotes 5 [distritos de Moratalaz, Vicalvaro, Puente de Vallecas y Villa de Vallecas] y 6 [Carabanchel, Usera, Villaverde] en la calle Camino de Hormigueras del distrito de Vallecas. Es el más grande Madrid. El frío arrecia y los trabajadores se agolpan alrededor de un palé que arde despacio frente a la verja, sobre un colchón de basura de varios metros cuadrados, impidiendo, junto a un contenedor de vidrios, la salida de los vehículos.
"La cosa está tranquila. Estamos aquí para informar a los compañeros del turno de fin de semana de las razones de esta huelga. Ellos aún no han podido secundarla", explica a Público José Luis Hernández, delegado de UGT. La tranquilidad reina en el cantón. Los empleados que cumplen servicios mínimos se encuentran dentro del recinto y, de vez en cuando, charlan y fuman un cigarrillo con los compañeros en huelga. No va a salir a trabajar nadie en el primer turno. No es que lo digan los piquetes, sino la misma empresa.
"El capataz ha dicho que nos quedamos aquí. Por la noche no hay protección policial", explica un empleado desde el otro lado de la verja. Aunque su ironía a veces confunde, asegura que está de acuerdo con la huelga, no tanto con que se quemen contenedores, aunque asegura que "si no se queman cosas no se sale en las noticias". Con lo que sí está de acuerdo es con que se desparrame la basura por las esquinas de la ciudad. "Estamos en huelga y la gente tiene que saberlo. Si no se tirara basura tardaría un mes en notarse. En un mes yo puedo estar despedido junto a otros 1.100 compañeros", asegura.
"Si no se tirara basura tardaría un mes en notarse y en un mes podemos estar despedidos 1.100 compañeros"Sobre la violencia de la que hablan algunos medios de comunicación también tiene una opinión clara. "Los piquetes no son violentos porque aquí nos conocemos todos y todos estamos a lo mismo", sentencia. En tres horas, no sale ningún vehículo, a pesar de que se ha presentado en su puesto el 100% del personal de mínimos. El único episodio de tensión ocurrió cuando un trabajador sin obligación acudió a su puesto. Ante los gritos de los demás compañeros, decidió marcharse a casa aunque con algún duro intercambio de palabras.
La falta de uniformes duele tanto como los despidos
"Va a ser un conflicto largo y duro porque nadie quiere ponerle solución. Estamos concienciados" En total, los despedidos anunciados por tres de las cuatro empresas suman 1.134, según datos de la patronal. Esta es una de las razones del paro, a lo que hay que añadir "la brutal bajada de salarios que plantean en la negociación del convenio colectivo. Nuestros salarios son muy bajos como para plantear semejante reducción [43%]", critica Hernández, que ve en esta huelga "un conflicto largo y duro porque nadie quiere ponerle solución, pero todos estamos concienciados y aguantaremos lo que haga falta". No es un paro indefinido "al uso", argumenta. "Están los tres EREs, la negociación del convenio, con el que perdemos la mayoría de derechos que nos ha costado 30 años conseguir y, además, es que ni siquiera nos han dado los uniformes para el invierno", se queja.El tema de la ropa de trabajo es uno de los más comentados en los corrillos de este piquete. Algo que para los barrenderos y jardineros es una clara muestra de la poca disposición al diálogo de las compañías, que tan sólo les han dado una pegatina con el logotipo para que la peguen en el uniforme de la empresa anterior. "Es de risa", concluye Hernández.
Piquetes contra el turno de limpieza del ‘botellón'
Dos patrullas de la Policía Municipal fueron al cantón de Cespa para escoltar a los servicios mínimos. -JAIRO VARGAS
"Parar este turno es importante porque la cantidad de basura que se acumula el fin de semana es grande" Si había un lugar donde podían saltar las chispas del conflicto, era la calle Albarracín, en el barrio de San Blas. Allí se encuentra el cantón de Cespa, la única de las tres empresas que no ha presentado ERE por el momento aunque sus empleados también secundan el paro. El lote que se adjudicó en la subasta del contrato municipal es uno de los más importantes, ya que se ocupa de los distritos de Tetuán, Chamberí, Centro y Argüelles; algunos de los que lucen más sucios después de estos cinco días de paro.
De esa nave habían de salir los trabajadores que se encargan de recoger los residuos generados por el botellón en el centro de la ciudad. Algo que ha preocupado a varias asociaciones de vecinos tanto que han pedido al Ayuntamiento que despliegue controles policiales para evitarlo. Y, según informaba Efe, la petición ha tenido éxito y la Policía Municipal reforzará el dispositivo antibotellón durante este fin de semana.
En la puerta, frente a una pintada en rojo en la que se leía "Hijos de puta", varias decenas de barrenderos trataban de impedir que salieran los camiones al comienzo del turno, las 4.00 horas. "Es importante que paremos este turno porque la cantidad de basura que se acumula es grande", explica el representante del sindicato USO. Pero no ha sido necesario bloquear ningún camión porque, a pesar de la escolta, Cespa ha ordenado a los barrenderos permanecer en la cantón, confirmó a Público uno de los agentes.
En la calle Albarracín, los únicos gritos que se escucharon no iban dirigidos a los trabajadores de servicios mínimos, sino contra los dos reporteros de Telemadrid que acudieron a grabar las imágenes de esa "guerrilla urbana" con la que el delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Diego Sanjuanbenito, se ha referido a las acciones de los huelguistas. "¡Manipuladores, sólo sacáis el vandalismo!", ¡fuera de aquí, no somos delincuentes, sino trabajadores defendiendo nuestros puestos de trabajo!", les han gritado mientras se apartaban para no salir en las imágenes. "Sólo quieren grabarnos parando los camiones para decir que somos violentos. Es de lo único que hablan, de los contenedores quemados, pero de los despidos y de las razones de la huelga nunca dicen ni una palabra", se quejaba una barrendera.
Según los datos del Ayuntamiento, en lo que va de huelga se han quemado 500 contenedores y papeleras, por valor de 216.000 euros. Estas acciones no cuentan con el respaldo de todos. Algunos opinan que dan una mala imagen y que perjudica a la lucha, aunque también insisten en que no son sólo los barrenderos los que queman mobiliario.
Poco a poco, la gente se va dispersando hasta que llegue la hora del siguiente turno. La noche de piquetes ha transcurrido sin incidentes en estos dos cantones. El vienes, sólo el 68% del personal de servicios mínimos pudo cumplir con su obligación, según el Consistorio madrileño.
El cámara de 'Telemadrid' graba un plano del cantón de la calle Albarracín. - JAIRO VARGAS
La basura bloquea las aceras de Madrid el cuarto día de huelga
El paro indefinido en limpieza viaria y jardinería llega a la víspera del fin de semana dejando la ciudad impracticable. Los ciudadanos se quejan pero la mayoría se pone del lado de los barrenderos.
JAIRO VARGAS Madrid 08/11/2013 18:07 Actualizado: 08/11/2013 19:26 Público
La basura impide andar por una calle del barrio de Tribunal, en Madrid, el cuarto día de huelga de limpieza.- JAIRO VARGAS
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¿Cómo te está afectando la huelga de limpieza?
Madrid ha vuelto a amanecer cubierto de una gruesa capa de
basura. La huelga indefinida en los servicios de limpieza viaria y
jardinería llega a su cuarto día y los efectos comienzan a pasar de lo
evidente a lo increíble. (Ver fotogalería)
Las aceras acumulan restos de muebles, plásticos, peladuras de naranjas y plátanos, cartones y un largo etcétera hasta el punto de que algunas aceras se encuentran completamente bloqueadas. La suciedad plaga las puertas de las tiendas y los bares, cuyos trabajadores se apresuran a eliminar los desperdicios a base de escoba y cubos de agua.
En el barrio de Usera, uno de los más sucios de la ciudad ya antes del inicio de la huelga, la propietaria de una panadería se queja: "Antes ya estaba sucio, pero esta semana es increíble", afirma. "Ni sé quien tiene la culpa de esto ni me importa. No sé si los barrenderos o el Ayuntamiento, pero alguien tendrá que solucionarlo. Sólo quiero que acabe la huelga", dice.
Dos calles más abajo, un vecino del barrio comenta con un amigo el estado del barrio. "Es insoportable, hay calles por las que no se puede pasar de la cantidad de mierda que hay", afirma. A lo que le responde el compañero: "La culpa es de la Botella [Ana Botella, alcaldesa de Madrid] que no sé dónde se gasta el dinero y tiene a los barrenderos cabreados. Es normal, con lo poco que cobran y ahora quieren despedir a mil y pico y bajarles el sueldo...", critica.
Avanzando hacia el centro, el estado empeora. Las papeleras del Paseo de las Delicia están a rebosar, eso las que aún permanecen encajadas en su soporte. El barrio de Lavapiés aloja calles que parecen un auténtico vertedero. En una de sus estrechas calles, el dueño de una cafetería vierte cubos de agua en la puerta. "No es sólo la basura lo que molesta, sino el olor", explica. "Cuando he abierto el bar, a las 9 de la mañana, he recogido dos bolsas llenas de basura. Apestaba a pis y he tenido que echar varios cubos", añade.
Aunque entre queja y queja, tiene palabras de comprensión para los barrenderos. "El Ayuntamiento lleva varios años bajando el presupuesto para la limpieza y ahora, además, van a despedir a muchos. Es lógico que protesten por mantener sus puestos de trabajo y sus salarios", explica, aunque espera que "Botella haga algo pronto para que acabe, porque la limpieza de las calles es un servicio público que tiene que garantizar el Ayuntamiento. No importar que esté privatizado, es su responsabilidad tener la ciudad limpia", concluye.
Cerca de la Plaza Mayor, un montón de cartones, ropa y desperdicios orgánicos saluda a los turistas que se prestan a cruzar el arco. Una anciana observa la basura con perplejidad y moviendo la cabeza. Ella sí culpa a los barrenderos que "están ensuciando a posta y tirando la basura de los contenedores", dice. "Anoche los vi y se lo dije. Me dijeron: "señora es por nuestros sueldos y nuestros trabajos" y se fueron. Yo creo que no hace falta ensuciar a posta porque ya bastante basura tiramos a diario", argumenta.
En el barrio de Tribunal, en pleno centro de la capital, la suciedad invade las plazas por las que transitan turistas asombrados. Los bancos sirven para acumular latas de cerveza y cartones de pizza en lugar de viandantes que hacen un receso en su actividad. Hay vómitos y excrementos de animales con la huella de un desafortunado que no pudo esquivarlo. La capital es un cuadro dantesco si se sale de los lugares pictóricos como la Puerta del Sol, Callao o Preciados.
Un camarero de un bar del barrio de Lavapiés limpia la puerta con cubos de agua. - JAIRO VARGAS
El tercer día de huelga también tuvo un seguimiento masivo, de entre el 97% y el 100%, afirma Moisés Torres, portavoz de UGT. Según el sindicalista, esa "guerrilla urbana" de la que el delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Diego Sanjuanbenito, les acusaba es algo anecdótico que ocurrió el primer día. "Hicimos un llamamiento a la calma porque el vandalismo no beneficia nuestra lucha y ahora ya todo está más tranquilo, aunque seguimos haciendo piquetes en los cantones", afirma.
Torres asegura que la huelga continuará el tiempo que sea necesario. "Estamos a expensas del Ayuntamiento, porque las empresas no varían sus posturas", asegura. Este jueves ha habido una reunión de conciliación para abordar el tema de los tres EREs presentados por Valoriza (de Sacyr, FCC-Alfonso Benítez y OHL-Ascan), pero ha acabado sin acuerdo una vez más. "Sabemos que la alcaldesa se ha reunido esta mañana con las empresas, pero no ha trascendido nada de momento", señala el sindicalista.
El Ayuntamiento, por el momento sigue desligándose de la huelga y centra los servicios mínimos - del 40% para los barrenderos del servicio de urgencia (Selur)- en zonas céntricas y de interés turístico, algo para lo que ha puesto una escolta policial que acompaña al camión y a los trabajadores para garantizar su cumplimiento.
Desde UGT aseguran que se presentan en sus puestos el 100% de los trabajadores de servicios mínimos, pero que algunos no pueden salir, no por la acción de los piquetes, sino "porque la propia empresa los retiene o por impedimento de la policía al no tener los vehículos la documentación en regla.
El fin de semana llama a la puerta de un conflicto que los sindicatos esperan largo. Los jóvenes saldrán a tomar copas y volverán a casa dejando algún que otro resto. Varias asociaciones de vecinos se temen lo peor debido al botellón y han pedido al Ayuntamiento que tome medidas para evitar que la suciedad del fin de semana se acumule indefinidamente.
Las aceras acumulan restos de muebles, plásticos, peladuras de naranjas y plátanos, cartones y un largo etcétera hasta el punto de que algunas aceras se encuentran completamente bloqueadas. La suciedad plaga las puertas de las tiendas y los bares, cuyos trabajadores se apresuran a eliminar los desperdicios a base de escoba y cubos de agua.
En el barrio de Usera, uno de los más sucios de la ciudad ya antes del inicio de la huelga, la propietaria de una panadería se queja: "Antes ya estaba sucio, pero esta semana es increíble", afirma. "Ni sé quien tiene la culpa de esto ni me importa. No sé si los barrenderos o el Ayuntamiento, pero alguien tendrá que solucionarlo. Sólo quiero que acabe la huelga", dice.
Dos calles más abajo, un vecino del barrio comenta con un amigo el estado del barrio. "Es insoportable, hay calles por las que no se puede pasar de la cantidad de mierda que hay", afirma. A lo que le responde el compañero: "La culpa es de la Botella [Ana Botella, alcaldesa de Madrid] que no sé dónde se gasta el dinero y tiene a los barrenderos cabreados. Es normal, con lo poco que cobran y ahora quieren despedir a mil y pico y bajarles el sueldo...", critica.
Avanzando hacia el centro, el estado empeora. Las papeleras del Paseo de las Delicia están a rebosar, eso las que aún permanecen encajadas en su soporte. El barrio de Lavapiés aloja calles que parecen un auténtico vertedero. En una de sus estrechas calles, el dueño de una cafetería vierte cubos de agua en la puerta. "No es sólo la basura lo que molesta, sino el olor", explica. "Cuando he abierto el bar, a las 9 de la mañana, he recogido dos bolsas llenas de basura. Apestaba a pis y he tenido que echar varios cubos", añade.
Aunque entre queja y queja, tiene palabras de comprensión para los barrenderos. "El Ayuntamiento lleva varios años bajando el presupuesto para la limpieza y ahora, además, van a despedir a muchos. Es lógico que protesten por mantener sus puestos de trabajo y sus salarios", explica, aunque espera que "Botella haga algo pronto para que acabe, porque la limpieza de las calles es un servicio público que tiene que garantizar el Ayuntamiento. No importar que esté privatizado, es su responsabilidad tener la ciudad limpia", concluye.
Cerca de la Plaza Mayor, un montón de cartones, ropa y desperdicios orgánicos saluda a los turistas que se prestan a cruzar el arco. Una anciana observa la basura con perplejidad y moviendo la cabeza. Ella sí culpa a los barrenderos que "están ensuciando a posta y tirando la basura de los contenedores", dice. "Anoche los vi y se lo dije. Me dijeron: "señora es por nuestros sueldos y nuestros trabajos" y se fueron. Yo creo que no hace falta ensuciar a posta porque ya bastante basura tiramos a diario", argumenta.
En el barrio de Tribunal, en pleno centro de la capital, la suciedad invade las plazas por las que transitan turistas asombrados. Los bancos sirven para acumular latas de cerveza y cartones de pizza en lugar de viandantes que hacen un receso en su actividad. Hay vómitos y excrementos de animales con la huella de un desafortunado que no pudo esquivarlo. La capital es un cuadro dantesco si se sale de los lugares pictóricos como la Puerta del Sol, Callao o Preciados.
Un camarero de un bar del barrio de Lavapiés limpia la puerta con cubos de agua. - JAIRO VARGAS
Seguimiento masivo
Mientras Madrid rezuma un aroma recargado, una mezcla de polución, orines y ese olor ácido que desprenden las bolsas de basura amontonadas junto a los contenedores, los barrenderos y jardineros continúan con su lucha contra los 1.144 (1.134 según las empresas) anunciados por tres de las cuatro concesionarias y contra la reducción salarial que pretenden las cuatro empresas, que supera el 40% y les dejaría al borde del salario mínimo interprofesional, poco más de 600 euros.El tercer día de huelga también tuvo un seguimiento masivo, de entre el 97% y el 100%, afirma Moisés Torres, portavoz de UGT. Según el sindicalista, esa "guerrilla urbana" de la que el delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Diego Sanjuanbenito, les acusaba es algo anecdótico que ocurrió el primer día. "Hicimos un llamamiento a la calma porque el vandalismo no beneficia nuestra lucha y ahora ya todo está más tranquilo, aunque seguimos haciendo piquetes en los cantones", afirma.
Torres asegura que la huelga continuará el tiempo que sea necesario. "Estamos a expensas del Ayuntamiento, porque las empresas no varían sus posturas", asegura. Este jueves ha habido una reunión de conciliación para abordar el tema de los tres EREs presentados por Valoriza (de Sacyr, FCC-Alfonso Benítez y OHL-Ascan), pero ha acabado sin acuerdo una vez más. "Sabemos que la alcaldesa se ha reunido esta mañana con las empresas, pero no ha trascendido nada de momento", señala el sindicalista.
El Ayuntamiento, por el momento sigue desligándose de la huelga y centra los servicios mínimos - del 40% para los barrenderos del servicio de urgencia (Selur)- en zonas céntricas y de interés turístico, algo para lo que ha puesto una escolta policial que acompaña al camión y a los trabajadores para garantizar su cumplimiento.
Desde UGT aseguran que se presentan en sus puestos el 100% de los trabajadores de servicios mínimos, pero que algunos no pueden salir, no por la acción de los piquetes, sino "porque la propia empresa los retiene o por impedimento de la policía al no tener los vehículos la documentación en regla.
El fin de semana llama a la puerta de un conflicto que los sindicatos esperan largo. Los jóvenes saldrán a tomar copas y volverán a casa dejando algún que otro resto. Varias asociaciones de vecinos se temen lo peor debido al botellón y han pedido al Ayuntamiento que tome medidas para evitar que la suciedad del fin de semana se acumule indefinidamente.
Botella, cercada por la inmundicia, se reúne con las empresas de limpieza
La alcaldesa ha recibido en su despacho a las tres constructoras que pretenden despedir a más de mil empleados para interesarse por el estado de las negociaciones y exigirles una solución a la huelga indefinida que ya suma cuatro días de paro
EFE Madrid 08/11/2013 19:21 Actualizado: 08/11/2013 19:36 Público
La alcaldesa de Madrid, Ana Botella, en una imagen de archivo.- EFE
La alcaldesa de Madrid, Ana Botella, ha instado este jueves a
tres de las cuatro empresas concesionarias del servicio de limpieza de
viaria y mantenimiento de jardines de la ciudad a que cierren el conflicto laboral que ha derivado en una huelga indefinida que atraviesa su cuarta jornada.
Botella se ha reunido en su despacho con representantes de las adjudicatarias del limpieza viaria Sacyr, FCC y OHL para interesarse por el estado de las negociaciones con los sindicatos, según han confirmado fuentes municipales.
Otras fuentes conocedoras de la reunión han detallado que Botella, que quería conocer de primera mano el punto en que se encuentra las negociaciones entre las empresas y los sindicatos, les ha presionado para que intenten solucionar el problema cuanto antes.
Entre otras cosas, la alcaldesa ha recordado a los representantes de las empresas que deben cumplir sus obligaciones contractuales y que el Ayuntamiento de Madrid velará por que eso sea así.
Botella les ha recordado que el Ayuntamiento tiene la posibilidad de realizar descuentos en los pagos a las empresas en función del incumplimiento de los estándares de calidad que establece el nuevo contrato integral del servicio vigente desde el pasado mes de agosto.
De hecho, el Ayuntamiento de Madrid descontó en octubre por este motivo a las empresas concesionarias casi 1,2 millones de euros por no cumplir en octubre los estándares de calidad. En septiembre hizo lo propio por valor de 1,4 millones.
La alcaldesa de Madrid ha dicho a las empresas que va a exigir que se cumplan los servicios mínimos y que esa es una obligación que tienen que asumir.
Las adjudicatarias se han quejado en los últimos días de que los equipos -que en muchos casos están siendo escoltados por la policía- no pueden llevar a cabo sus trabajos por la presión de los piquetes.
Madrid afronta, entre grandes cantidades de basura acumulada en las calles, la cuarta jornada de una huelga indefinida a la que han sido convocados 6.000 trabajadores para exigir la retirada de los expedientes de regulación de empleo (ERE) planteados por tres de las cuatro empresas adjudicatarias de la limpieza madrileña.
Botella se ha reunido en su despacho con representantes de las adjudicatarias del limpieza viaria Sacyr, FCC y OHL para interesarse por el estado de las negociaciones con los sindicatos, según han confirmado fuentes municipales.
Otras fuentes conocedoras de la reunión han detallado que Botella, que quería conocer de primera mano el punto en que se encuentra las negociaciones entre las empresas y los sindicatos, les ha presionado para que intenten solucionar el problema cuanto antes.
Entre otras cosas, la alcaldesa ha recordado a los representantes de las empresas que deben cumplir sus obligaciones contractuales y que el Ayuntamiento de Madrid velará por que eso sea así.
Botella les ha recordado que el Ayuntamiento tiene la posibilidad de realizar descuentos en los pagos a las empresas en función del incumplimiento de los estándares de calidad que establece el nuevo contrato integral del servicio vigente desde el pasado mes de agosto.
De hecho, el Ayuntamiento de Madrid descontó en octubre por este motivo a las empresas concesionarias casi 1,2 millones de euros por no cumplir en octubre los estándares de calidad. En septiembre hizo lo propio por valor de 1,4 millones.
La alcaldesa de Madrid ha dicho a las empresas que va a exigir que se cumplan los servicios mínimos y que esa es una obligación que tienen que asumir.
Las adjudicatarias se han quejado en los últimos días de que los equipos -que en muchos casos están siendo escoltados por la policía- no pueden llevar a cabo sus trabajos por la presión de los piquetes.
Madrid afronta, entre grandes cantidades de basura acumulada en las calles, la cuarta jornada de una huelga indefinida a la que han sido convocados 6.000 trabajadores para exigir la retirada de los expedientes de regulación de empleo (ERE) planteados por tres de las cuatro empresas adjudicatarias de la limpieza madrileña.
Centenares de personas arropan en Granada a los 54 de Las Turquillas: "Nuestra lucha es por la dignidad"
por Kaos. Andalucía
Lunes, 11 de Noviembre de 2013 15:43
Diego Cañamero, acompañado por José Caballero, Responsable de
Organización y Mari García, Responsable de Acción Sindical, han
presentado esta mañana en rueda prensa el juicio que afectará el próximo
lunes ante el TSJA a 54 sindicalistas del SAT.
El parlamentario andaluz de IU y alcalde
de Marinaleda (Sevilla), Juan Manuel Sánchez Gordillo, el secretario
general del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), Diego Cañamero, se
han negado este lunes a asistir al juicio que se ha celebrado en el
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
(TSJA) por la ocupación en el verano de 2012 de la finca 'Las
Turquillas' en Osuna (Sevilla), donde se ubica la Yeguada Militar del
ejército, pero, a su llegada, han negado los delitos que les atribuye
tanto la Fiscalía Superior como la Abogacía del Estado.
Así, se han quedado en Plaza Nueva, a la entrada del Alto Tribunal andaluz, con varios centenares de simpatizantes y militantes del SAT, donde han incidido en el carácter "político" de la vista. Cañamero ha indicado que, tal y como lo permite la ley, no se presentarían ante el tribunal como modo de "protesta" a la representación que, según asegura, sufre el sindicato, del que ha defendido su movilización "pacífica".
"No es un juicio contra una actuación ilegal, es una actuación política del Gobierno contra el movimiento sindical y social más consecuente", ha señalado el sindicalista, para quien el Ejecutivo del PP "quiere anular los movimientos sociales que critican su política".
Minutos más tarde ha llegado a Plaza Nueva, también arropado por simpatizantes del SAT, Sánchez Gordillo, que ha vuelto a reiterar que las personas que ocuparon la finca se marcharon "sin resistencia" y de forma "pacífica", y que no llegaron a traspasar los límites de acceso a la zona militar. En su opinión, el juicio contra él, Cañamero y otros 52 procesados es un juicio "político", ya que en el "fondo" hay una "consigna de los fiscales de represión a un sindicato que no se calla y que es rebelde".
Quienes sí han comparecido han sido tres de los 54 procesados, que han declarado mientras en la sala, presidida por Lorenzo del Río, máximo responsable del TSJA, se escuchaban las consignas que los militantes del SAT hacían desde el exterior, megáfono en mano. Han coincidido en defender el carácter pacífico de su reivindicación, y han negado que se causaran daños a la finca.
El primero de ellos, actualmente concejal en el Ayuntamiento de Osuna, José R.N., ha admitido que no tenían autorización para ocupar la finca, pero ha negado que forzaran candados para acceder a ella o que causaran daño alguno. Asimismo, ha incidido en que esa misma finca ya la habían ocupado en años anteriores, desde 2001, y que siempre esa protesta, para reclamar su uso agrícola, se ha desarrollado sin incidentes. De hecho, ha negado que se causara un riesgo para el ganado caballar de la finca, o para la seguridad del acuartelamiento.
La segunda en declarar, Libertad S.M., se ha negado a responder a las preguntas de la Fiscalía Superior y a la Abogacía del Estado, pero a respuesta de preguntas de su abogado ha incidido en que sólo llegó a la finca un día antes de su desalojo, el 8 de agosto de 2012, y que desconoce si Sánchez Gordillo estaba allí.
El tercero en comparecer, cuya declaración ha sido más prolongada, ha sostenido que no sólo no causaron daños durante la ocupación, sino que mejoraron la finca, podando incluso algunos olivos de la misma. "Si es del Estado, es de todos", ha mantenido el inculpado, José Antonio M.M., quien además ha señalado que los que se presentaron en la finca, que "iban y venían", no son personas "de tener enfrentamientos con las Fuerzas de Seguridad" y ha mantenido su relación "cordial" con los militares. "Creemos en la titularidad social de las tierras", ha defendido el acusado, quien ha resaltado que otras fincas aledañas dan mucho más trabajo que Las Turquillas.
"Lo único que pretendíamos conseguir es dar trabajo en una comarca con un 40 por ciento de paro", ha afirmado, indicando que Las Turquillas podría generar 50.000 jornales al año. Sobre la presencia de Sánchez Gordillo ha dicho que él "iba y venía" y, por otra parte, ha asegurado que recogieron "hasta la última colilla" cuando decidieron en asamblea atender a la orden llevada a la finca por la Guardia Civil para el desalojo. También ha explicado que la intención era ocupar la finca durante el menor tiempo posible, a la espera de que se llegara a un acuerdo con el Ministerio de Defensa.
Tras la comparecencia de estos tres únicos acusados, el tribunal ha visionado un vídeo sin sonido de la ocupación, en el que Sánchez Gordillo aparece en varias ocasiones, dándose así por finalizada la sesión. Continuará este martes, con la declaración de un total de seis testigos, cuatro de ellos propuestos por la Fiscalía y dos por las defensas, y la lectura de las conclusiones y los informes, con lo que el juicio quedará previsiblemente visto para sentencia.
La Fiscalía Superior de Andalucía solicita para Juan Manuel Sánchez Gordillo, Diego Cañamero y otro dos acusados en este procedimiento, ambos militantes del SAT, un total de siete meses de prisión por un delito de desobediencia grave.
Asimismo, el Ministerio Público pide para Sánchez Gordillo, Cañamero y el resto de los acusados --un total de 52 entre militantes y simpatizantes del SAT-- el pago de una multa de 1.200 euros por un delito de usurpación de inmueble, y 100 euros de multa por una falta de daños.
Igualmente, pide que todos los imputados paguen una indemnización de 1.075,64 euros a favor del Ministerio de Defensa y de 337 euros al Ayuntamiento de Osuna por los daños ocasionados, "sin una intención directa, a consecuencia de la ocupación", que tuvo lugar entre el 24 de julio y el 9 de agosto de 2012.
La petición del fiscal se conoció después de que el Alto Tribunal andaluz emitiera un auto el pasado mes de mayo en el que procesaba por tres presuntos delitos de usurpación, daños y desobediencia y una falta de hurto a los acusados, cifrando los daños causados en 794,14 euros y en 281,50 euros el valor de los objetos sustraídos.
El magistrado instructor relataba en ese auto que fue el 23 de julio de 2012 cuando se recibió la información de que el SAT había decidido ocupar Las Turquillas. Así, sobre las 10,00 horas del 24 de julio de 2012 se concentraron en las inmediaciones de la finca unas 500 personas encabezadas por una pancarta con el lema 'Andaluces levantaos. Pedid tierra y libertad. ¡Movilízate!. Las Turquillas para los trabajadores', con banderas de Andalucía con el anagrama del SAT.
Los manifestantes se dirigieron desde allí hasta la portada lateral de la finca, "rompiendo con un hierro el candado y la cadena" que cerraba las dos hojas metálicas, de malla, de la puerta de entrada al camino, "fracturando igualmente" el bastidor de la misma y accediendo seguidamente a la finca todos los concentrados, "a cuyo frente" figuraban Sánchez Gordillo, Cañamero y otros dos militantes del SAT.
Fue el 7 de agosto de 2012 cuando el Juzgado de Instrucción número 1 de Osuna ordenó el "inmediato" desalojo de Las Turquillas, lo que fue notificado personalmente a los imputados por el capitán de la Guardia Civil al día siguiente, pero los mismos se negaron y le dijeron que "no abandonarían el recinto si no era a través del empleo de la fuerza". Finalmente, el desalojo se produjo sin incidentes el 9 de agosto.
Noticia inicial:
La Fiscalía solicita para ambos siete meses de cárcel por la ocupación en el verano de 2012 de la finca 'Las Turquillas' en Osuna (Sevilla).
En este sentido, fuentes judiciales han informado a Europa Press de que la Sala de lo Civil y Penal del Alto Tribunal andaluz, con sede en Granada, enjuiciará durante esos dos días tanto a Sánchez Gordillo y Cañamero como a otros 52 acusados, todos ellos militantes y simpatizantes del SAT.
El juicio por estos hechos se celebrará en el TSJA debido a la condición de parlamentario andaluz del alcalde de Marinaleda.
En declaraciones a Europa Press, la responsable de Acción Sindical del SAT, Mari García, ha señalado que prevén el apoyo de sindicalistas de fuera de Andalucía y de gente de la cultura y ha apuntado que se están organizando autobuses de diversos pueblos para ir a Granada a la concentración convocada para las 10,00 horas ante el TSJA. Además, por la tarde habrá una manifestación "contra la persecución hacia el sindicato".
Cabe recordar que, en su escrito de acusación, la Fiscalía Superior de Andalucía solicitó para Juan Manuel Sánchez Gordillo, Diego Cañamero y otro dos acusados en este procedimiento, ambos militantes del SAT, un total de siete meses de prisión por un delito de desobediencia grave.
Asimismo, el Ministerio Público pide para Sánchez Gordillo, Cañamero y el conjunto de los acusados --un total de 52 entre militantes y simpatizantes del SAT-- el pago de una multa de 1.200 euros por un delito de usurpación de inmueble, y 100 euros de multa por una falta de daños.
Igualmente, la Fiscalía solicita que todos los imputados paguen una indemnización de 1.075,64 euros a favor del Ministerio de Defensa y de 337 euros al Ayuntamiento de Osuna por los daños ocasionados, "sin una intención directa, a consecuencia de la ocupación", que tuvo lugar entre el 24 de julio y el 9 de agosto de 2012.
La petición del fiscal se conoció después de que el Alto Tribunal andaluz emitiera un auto el pasado mes de mayo en el que procesaba por tres presuntos delitos de usurpación, daños y desobediencia y una falta de hurto a los acusados, cifrando los daños causados en 794,14 euros y en 281,50 euros el valor de los objetos sustraídos.
Según indica el magistrado instructor, los manifestantes se dirigieron desde allí hasta la portada lateral de la finca, "rompiendo con un hierro el candado y la cadena" que cerraba las dos hojas metálicas, de malla, de la puerta de entrada al camino, "fracturando igualmente" el bastidor de la misma y accediendo seguidamente a la finca todos los concentrados, "a cuyo frente" figuraban Sánchez Gordillo, Cañamero y otros dos militantes del SAT.
De este modo, y "preguntados" por el jefe del dispositivo montado en el lugar por la Guardia Civil, contestaron que "pretendían ocupar la finca para trabajar en ella y se dirigían a entrevistarse con los responsables de la yeguada militar para comunicárselo", siendo advertidos por el responsable de la Benemérita de que "podían cometer un delito de usurpación".
Una vez en el recinto militar, recorrieron unos tres kilómetros, "de los que la parte final del camino es de uso exclusivo del personal de la yeguada militar", y "destruyeron" un azulejo rústico colocado junto a la puerta de entrada al recinto con la leyenda 'Yeguada Militar', que sustituyeron por otro con el lema 'Igualdad y Tierra'.
Junto al camino, los "ocupantes" instalaron "una especie de campamento" formado por una choza de cañas y varias tiendas de campaña, "en el que se fueron relevando para pasar los días y las noches y 'trabajar' la tierra ocupada", asevera el magistrado, que indica también que los imputados "fracturaron" los sistemas de guarda y anclaje de un pozo cercano "e instalaron una especie de motobomba para extraer el agua".
De igual modo, "labraron un corto trozo de tierra y conectaron una goma de polietileno a una ventosa de la conducción de agua, de suministro de los bebederos del ganado, para usarla como ducha, y se apoderaron de utensilios de labranza y de materiales que se llevaron" cuando desalojaron la finca.
Al día siguiente, unas 35 personas rompieron un candado de la cancela del vallado e iniciaron el corte de ramajes de olivos y almendros, a lo que se suma que otras tres personas subieron a un depósito de agua y pintaron una bandera de Andalucía.
Fue el 7 de agosto de 2012 cuando el Juzgado de Instrucción número 1 de Osuna ordenó el "inmediato" desalojo de Las Turquillas, lo que fue notificado personalmente a los imputados por el capitán de la Guardia Civil al día siguiente, pero los mismos se negaron y le dijeron que "no abandonarían el recinto si no era a través del empleo de la fuerza". Finalmente, el desalojo se produjo sin incidentes el 9 de agosto.
Noticia original:
Diego Cañamero ha explicado en una rueda de prensa celebrada esta mañana en Sevilla, que el lunes 11 a las 10 de la mañana se concentrarán ante el TSJA miles de personas en solidaridad con los imputados e imputadas y que vendrán colectivos de todas las latitudes del Estado español y de Europa.
Por la tarde habrá una manifestación también en Granada contra la represión sindical y social.
"Nuestra lucha es por la dignidad. Porque te pueden despedir, te pueden quitar la casa, te pueden meter preso, pero lo que nunca podemos permitir es perder nuestra dignidad que es la lucha, que es la rebeldía, la desobediencia, siempre pacífica, contra las injusticias que cometen los poderosos contra los más débiles".
Más información:
Estimados-as compañeros-as,Queremos haceros partícipes de un nuevo episodio de represión contra el SAT que va a tener lugar el próximo 11 de noviembre. Ese día 54 compañeros y compañeras están citados ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en Granada por la ocupación de Las Turquillas en el verano de 2012.
Como sabréis "Las Turquillas" es una finca propiedad de Patrimonio del Estado que está cedida al Ministerio de Defensa donde se aloja parte de la Yeguada Militar. En esa finca de 1.200 ha. esta Yeguada, compuesta por unos 100 caballos y unos 20 borricos, ocupa no más de 20 ha. estando la inmensa mayoría de la finca infrautilizada. Esta finca se haya en una de las comarcas andaluzas, la Sierra Sur sevillana, con mayor índice de desempleo.
Por ello, todos los partidos, incluido el PP cuando estaba en la oposición, han demandado que esta finca pasara al Ayuntamiento de Osuna para darle un uso social a la tierra y pueda contribuir a mitigar la alta tasa de desempleo de la comarca.Sobre los 54 compañeros y compañeras, entre los que se encuentran Diego Cañamero y Juan Manuel Sánchez Gordillo, pesan imputaciones por delito de usurpación, daños y desobediencia grave y solicitudes colectivas de penas de 88 años de prisión y multa de 275.000 euros. Todo esto por exigir que la tierra tenga un uso social para crear empleo en una comarca azotada por el paro masivo.
Ante este nuevo macrojuicio queremos pediros vuestra solidaridad. Sería muy importante que ese día, en la puerta del Tribunal no sólo haya muchas personas sino también muchos colectivos sindicales, sociales y políticos mostrando la solidaridad que merecen los compañeros y compañeras imputados. Para mandarles una vez más un mensaje a los poderosos: "Vuestras cárceles no van a detener la justa lucha de los pueblos!"Os esperamos el 11 de noviembre en Granada.¡Basta de juicios contra el pueblo que lucha!¡Viva Andalucía Libre, viva la lucha de los pueblos, viva la lucha de la clase obrera!
Así, se han quedado en Plaza Nueva, a la entrada del Alto Tribunal andaluz, con varios centenares de simpatizantes y militantes del SAT, donde han incidido en el carácter "político" de la vista. Cañamero ha indicado que, tal y como lo permite la ley, no se presentarían ante el tribunal como modo de "protesta" a la representación que, según asegura, sufre el sindicato, del que ha defendido su movilización "pacífica".
"No es un juicio contra una actuación ilegal, es una actuación política del Gobierno contra el movimiento sindical y social más consecuente", ha señalado el sindicalista, para quien el Ejecutivo del PP "quiere anular los movimientos sociales que critican su política".
Minutos más tarde ha llegado a Plaza Nueva, también arropado por simpatizantes del SAT, Sánchez Gordillo, que ha vuelto a reiterar que las personas que ocuparon la finca se marcharon "sin resistencia" y de forma "pacífica", y que no llegaron a traspasar los límites de acceso a la zona militar. En su opinión, el juicio contra él, Cañamero y otros 52 procesados es un juicio "político", ya que en el "fondo" hay una "consigna de los fiscales de represión a un sindicato que no se calla y que es rebelde".
Quienes sí han comparecido han sido tres de los 54 procesados, que han declarado mientras en la sala, presidida por Lorenzo del Río, máximo responsable del TSJA, se escuchaban las consignas que los militantes del SAT hacían desde el exterior, megáfono en mano. Han coincidido en defender el carácter pacífico de su reivindicación, y han negado que se causaran daños a la finca.
El primero de ellos, actualmente concejal en el Ayuntamiento de Osuna, José R.N., ha admitido que no tenían autorización para ocupar la finca, pero ha negado que forzaran candados para acceder a ella o que causaran daño alguno. Asimismo, ha incidido en que esa misma finca ya la habían ocupado en años anteriores, desde 2001, y que siempre esa protesta, para reclamar su uso agrícola, se ha desarrollado sin incidentes. De hecho, ha negado que se causara un riesgo para el ganado caballar de la finca, o para la seguridad del acuartelamiento.
La segunda en declarar, Libertad S.M., se ha negado a responder a las preguntas de la Fiscalía Superior y a la Abogacía del Estado, pero a respuesta de preguntas de su abogado ha incidido en que sólo llegó a la finca un día antes de su desalojo, el 8 de agosto de 2012, y que desconoce si Sánchez Gordillo estaba allí.
El tercero en comparecer, cuya declaración ha sido más prolongada, ha sostenido que no sólo no causaron daños durante la ocupación, sino que mejoraron la finca, podando incluso algunos olivos de la misma. "Si es del Estado, es de todos", ha mantenido el inculpado, José Antonio M.M., quien además ha señalado que los que se presentaron en la finca, que "iban y venían", no son personas "de tener enfrentamientos con las Fuerzas de Seguridad" y ha mantenido su relación "cordial" con los militares. "Creemos en la titularidad social de las tierras", ha defendido el acusado, quien ha resaltado que otras fincas aledañas dan mucho más trabajo que Las Turquillas.
"Lo único que pretendíamos conseguir es dar trabajo en una comarca con un 40 por ciento de paro", ha afirmado, indicando que Las Turquillas podría generar 50.000 jornales al año. Sobre la presencia de Sánchez Gordillo ha dicho que él "iba y venía" y, por otra parte, ha asegurado que recogieron "hasta la última colilla" cuando decidieron en asamblea atender a la orden llevada a la finca por la Guardia Civil para el desalojo. También ha explicado que la intención era ocupar la finca durante el menor tiempo posible, a la espera de que se llegara a un acuerdo con el Ministerio de Defensa.
Tras la comparecencia de estos tres únicos acusados, el tribunal ha visionado un vídeo sin sonido de la ocupación, en el que Sánchez Gordillo aparece en varias ocasiones, dándose así por finalizada la sesión. Continuará este martes, con la declaración de un total de seis testigos, cuatro de ellos propuestos por la Fiscalía y dos por las defensas, y la lectura de las conclusiones y los informes, con lo que el juicio quedará previsiblemente visto para sentencia.
La Fiscalía Superior de Andalucía solicita para Juan Manuel Sánchez Gordillo, Diego Cañamero y otro dos acusados en este procedimiento, ambos militantes del SAT, un total de siete meses de prisión por un delito de desobediencia grave.
Asimismo, el Ministerio Público pide para Sánchez Gordillo, Cañamero y el resto de los acusados --un total de 52 entre militantes y simpatizantes del SAT-- el pago de una multa de 1.200 euros por un delito de usurpación de inmueble, y 100 euros de multa por una falta de daños.
Igualmente, pide que todos los imputados paguen una indemnización de 1.075,64 euros a favor del Ministerio de Defensa y de 337 euros al Ayuntamiento de Osuna por los daños ocasionados, "sin una intención directa, a consecuencia de la ocupación", que tuvo lugar entre el 24 de julio y el 9 de agosto de 2012.
La petición del fiscal se conoció después de que el Alto Tribunal andaluz emitiera un auto el pasado mes de mayo en el que procesaba por tres presuntos delitos de usurpación, daños y desobediencia y una falta de hurto a los acusados, cifrando los daños causados en 794,14 euros y en 281,50 euros el valor de los objetos sustraídos.
El magistrado instructor relataba en ese auto que fue el 23 de julio de 2012 cuando se recibió la información de que el SAT había decidido ocupar Las Turquillas. Así, sobre las 10,00 horas del 24 de julio de 2012 se concentraron en las inmediaciones de la finca unas 500 personas encabezadas por una pancarta con el lema 'Andaluces levantaos. Pedid tierra y libertad. ¡Movilízate!. Las Turquillas para los trabajadores', con banderas de Andalucía con el anagrama del SAT.
Los manifestantes se dirigieron desde allí hasta la portada lateral de la finca, "rompiendo con un hierro el candado y la cadena" que cerraba las dos hojas metálicas, de malla, de la puerta de entrada al camino, "fracturando igualmente" el bastidor de la misma y accediendo seguidamente a la finca todos los concentrados, "a cuyo frente" figuraban Sánchez Gordillo, Cañamero y otros dos militantes del SAT.
Fue el 7 de agosto de 2012 cuando el Juzgado de Instrucción número 1 de Osuna ordenó el "inmediato" desalojo de Las Turquillas, lo que fue notificado personalmente a los imputados por el capitán de la Guardia Civil al día siguiente, pero los mismos se negaron y le dijeron que "no abandonarían el recinto si no era a través del empleo de la fuerza". Finalmente, el desalojo se produjo sin incidentes el 9 de agosto.
Noticia inicial:
La Fiscalía solicita para ambos siete meses de cárcel por la ocupación en el verano de 2012 de la finca 'Las Turquillas' en Osuna (Sevilla).
En este sentido, fuentes judiciales han informado a Europa Press de que la Sala de lo Civil y Penal del Alto Tribunal andaluz, con sede en Granada, enjuiciará durante esos dos días tanto a Sánchez Gordillo y Cañamero como a otros 52 acusados, todos ellos militantes y simpatizantes del SAT.
El juicio por estos hechos se celebrará en el TSJA debido a la condición de parlamentario andaluz del alcalde de Marinaleda.
En declaraciones a Europa Press, la responsable de Acción Sindical del SAT, Mari García, ha señalado que prevén el apoyo de sindicalistas de fuera de Andalucía y de gente de la cultura y ha apuntado que se están organizando autobuses de diversos pueblos para ir a Granada a la concentración convocada para las 10,00 horas ante el TSJA. Además, por la tarde habrá una manifestación "contra la persecución hacia el sindicato".
Cabe recordar que, en su escrito de acusación, la Fiscalía Superior de Andalucía solicitó para Juan Manuel Sánchez Gordillo, Diego Cañamero y otro dos acusados en este procedimiento, ambos militantes del SAT, un total de siete meses de prisión por un delito de desobediencia grave.
Asimismo, el Ministerio Público pide para Sánchez Gordillo, Cañamero y el conjunto de los acusados --un total de 52 entre militantes y simpatizantes del SAT-- el pago de una multa de 1.200 euros por un delito de usurpación de inmueble, y 100 euros de multa por una falta de daños.
Igualmente, la Fiscalía solicita que todos los imputados paguen una indemnización de 1.075,64 euros a favor del Ministerio de Defensa y de 337 euros al Ayuntamiento de Osuna por los daños ocasionados, "sin una intención directa, a consecuencia de la ocupación", que tuvo lugar entre el 24 de julio y el 9 de agosto de 2012.
La petición del fiscal se conoció después de que el Alto Tribunal andaluz emitiera un auto el pasado mes de mayo en el que procesaba por tres presuntos delitos de usurpación, daños y desobediencia y una falta de hurto a los acusados, cifrando los daños causados en 794,14 euros y en 281,50 euros el valor de los objetos sustraídos.
LOS HECHOS
El magistrado instructor relataba en ese auto que fue el 23 de julio de 2012 cuando se recibió la información de que el SAT había decidido ocupar Las Turquillas. Así, sobre las 10,00 horas del 24 de julio de 2012 se concentraron en las inmediaciones de la finca unas 500 personas encabezadas por una pancarta con el lema 'Andaluces levantaos. Pedid tierra y libertad. ¡Movilízate!. Las Turquillas para los trabajadores', con banderas de Andalucía con el anagrama del SAT.Según indica el magistrado instructor, los manifestantes se dirigieron desde allí hasta la portada lateral de la finca, "rompiendo con un hierro el candado y la cadena" que cerraba las dos hojas metálicas, de malla, de la puerta de entrada al camino, "fracturando igualmente" el bastidor de la misma y accediendo seguidamente a la finca todos los concentrados, "a cuyo frente" figuraban Sánchez Gordillo, Cañamero y otros dos militantes del SAT.
De este modo, y "preguntados" por el jefe del dispositivo montado en el lugar por la Guardia Civil, contestaron que "pretendían ocupar la finca para trabajar en ella y se dirigían a entrevistarse con los responsables de la yeguada militar para comunicárselo", siendo advertidos por el responsable de la Benemérita de que "podían cometer un delito de usurpación".
Una vez en el recinto militar, recorrieron unos tres kilómetros, "de los que la parte final del camino es de uso exclusivo del personal de la yeguada militar", y "destruyeron" un azulejo rústico colocado junto a la puerta de entrada al recinto con la leyenda 'Yeguada Militar', que sustituyeron por otro con el lema 'Igualdad y Tierra'.
'TRABAJAR' LA TIERRA OCUPADA
Sánchez Gordillo y Cañamero fueron recibidos por un capitán de la Guardia Civil, "que les advirtió que podían cometer un delito", pero ellos "insistieron en que iban a ocupar la finca", mientras que el oficial al mando del dispositivo, "que grabó videográficamente todo lo que estaba sucediendo e identificó a 53 de los ocupantes de la finca", ordenó a los agentes a sus órdenes "no intervenir para evitar una alteración del orden público".Junto al camino, los "ocupantes" instalaron "una especie de campamento" formado por una choza de cañas y varias tiendas de campaña, "en el que se fueron relevando para pasar los días y las noches y 'trabajar' la tierra ocupada", asevera el magistrado, que indica también que los imputados "fracturaron" los sistemas de guarda y anclaje de un pozo cercano "e instalaron una especie de motobomba para extraer el agua".
De igual modo, "labraron un corto trozo de tierra y conectaron una goma de polietileno a una ventosa de la conducción de agua, de suministro de los bebederos del ganado, para usarla como ducha, y se apoderaron de utensilios de labranza y de materiales que se llevaron" cuando desalojaron la finca.
RIESGO DE INCENDIO AL PRENDER FUEGO A 18 ALPACAS DE PAJA
Además, el 26 de julio prendieron fuego a 18 alpacas de paja, "con riesgo de incendio del rastrojo existente en la zona", un riesgo que "se incrementó durante los días de la ocupación, al circular constantemente sus vehículos por tierras de labor", habiendo desaparecido además la cadena que delimitaba el terreno cedido al Ayuntamiento de Osuna y que impedía el acceso a coches hacia el acuartelamiento.Al día siguiente, unas 35 personas rompieron un candado de la cancela del vallado e iniciaron el corte de ramajes de olivos y almendros, a lo que se suma que otras tres personas subieron a un depósito de agua y pintaron una bandera de Andalucía.
Fue el 7 de agosto de 2012 cuando el Juzgado de Instrucción número 1 de Osuna ordenó el "inmediato" desalojo de Las Turquillas, lo que fue notificado personalmente a los imputados por el capitán de la Guardia Civil al día siguiente, pero los mismos se negaron y le dijeron que "no abandonarían el recinto si no era a través del empleo de la fuerza". Finalmente, el desalojo se produjo sin incidentes el 9 de agosto.
Noticia original:
Diego Cañamero ha explicado en una rueda de prensa celebrada esta mañana en Sevilla, que el lunes 11 a las 10 de la mañana se concentrarán ante el TSJA miles de personas en solidaridad con los imputados e imputadas y que vendrán colectivos de todas las latitudes del Estado español y de Europa.
Por la tarde habrá una manifestación también en Granada contra la represión sindical y social.
"Nuestra lucha es por la dignidad. Porque te pueden despedir, te pueden quitar la casa, te pueden meter preso, pero lo que nunca podemos permitir es perder nuestra dignidad que es la lucha, que es la rebeldía, la desobediencia, siempre pacífica, contra las injusticias que cometen los poderosos contra los más débiles".
Más información:
Estimados-as compañeros-as,Queremos haceros partícipes de un nuevo episodio de represión contra el SAT que va a tener lugar el próximo 11 de noviembre. Ese día 54 compañeros y compañeras están citados ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en Granada por la ocupación de Las Turquillas en el verano de 2012.
Como sabréis "Las Turquillas" es una finca propiedad de Patrimonio del Estado que está cedida al Ministerio de Defensa donde se aloja parte de la Yeguada Militar. En esa finca de 1.200 ha. esta Yeguada, compuesta por unos 100 caballos y unos 20 borricos, ocupa no más de 20 ha. estando la inmensa mayoría de la finca infrautilizada. Esta finca se haya en una de las comarcas andaluzas, la Sierra Sur sevillana, con mayor índice de desempleo.
Por ello, todos los partidos, incluido el PP cuando estaba en la oposición, han demandado que esta finca pasara al Ayuntamiento de Osuna para darle un uso social a la tierra y pueda contribuir a mitigar la alta tasa de desempleo de la comarca.Sobre los 54 compañeros y compañeras, entre los que se encuentran Diego Cañamero y Juan Manuel Sánchez Gordillo, pesan imputaciones por delito de usurpación, daños y desobediencia grave y solicitudes colectivas de penas de 88 años de prisión y multa de 275.000 euros. Todo esto por exigir que la tierra tenga un uso social para crear empleo en una comarca azotada por el paro masivo.
Ante este nuevo macrojuicio queremos pediros vuestra solidaridad. Sería muy importante que ese día, en la puerta del Tribunal no sólo haya muchas personas sino también muchos colectivos sindicales, sociales y políticos mostrando la solidaridad que merecen los compañeros y compañeras imputados. Para mandarles una vez más un mensaje a los poderosos: "Vuestras cárceles no van a detener la justa lucha de los pueblos!"Os esperamos el 11 de noviembre en Granada.¡Basta de juicios contra el pueblo que lucha!¡Viva Andalucía Libre, viva la lucha de los pueblos, viva la lucha de la clase obrera!
El PP presenta la ley para liquidar RTVV mientras los trabajadores siguen sumando adhesiones
El comité de empresa llama a una multitudinaria manifestación este sábado para "defender el Estatuto de Autonomía y la identidad como pueblo"
AGENCIAS Valencia 08/11/2013 16:25 Actualizado: 08/11/2013 16:49 Público
concentración en la Plaza de la Virgen de Valencia el pasado miércoles.- Biel Aliño (EFE)
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En la proposición también se indica que la supresión de esos servicios producirá la extinción de los contratos de trabajo que afecten a la totalidad de la plantilla de la empresa, y que RTVV SAU asumirá las consecuencias económicas resultantes del proceso de disolución y liquidación, con cargo a la ley de Presupuestos de la Generalitat de 2014. La propia Generalitat será la que responda de las consecuencias económicas derivadas de la anulación del expediente de regulación de empleo (ERE) en RTVV, una vez dichas consecuencias económicas sean "líquidas, vencidas y exigibles", mientras que se faculta al Gobierno valenciano para cesar a los miembros del consejo de administración de la empresa pública. El PP ha pedido que, por su "naturaleza y simplicidad", se tramite por procedimiento de lectura única (que impide presentar enmiendas) este texto, compuesto por tres artículos y tres disposiciones.
La Generalitat se hará cargo de los costos derivados de la anulación del ERE El Gobierno valenciano descarta "rotundamente" la privatización de RTVV, pero todavía no ha estudiado otras posibilidades como recurrir a conciertos con TVE o con televisiones privadas para cubrir el servicio público que ejercía RTVV. Así lo ha asegurado en rueda de prensa el vicepresidente del ejecutivo valenciano, José Císcar, en la que ha advertido de que la Generalitat rechazó recomendaciones hechas desde el Gobierno para que hiciera lo que tuviera que hacer, incluso cerrar hospitales, para reducir el déficit. El vicepresidente no ha descartado exigir responsabilidades a la última dirección general, ni tampoco a las anteriores, y ha afirmado que no se siente responsable del cierre de RTVV y que dimitiría "si una dimisión arreglara la situación de 1.700 trabajadores".
Más allá de estas declaraciones, Císcar ha aprovechado para pedir "perdón" en nombre del Gobierno valenciano, por "las decisiones erróneas que han tomado gobiernos del Partido Popular" en RTVV. Además, ha rechazado dimitir: "Si una dimisión arreglase la situación de 1.700 trabajadores, no tengan la más mínima duda de que esa dimisión se produciría, pero desgraciadamente no es el caso".
José Ciscar, durante la rueda de prensa posterior al Pleno del Consell. - Juan Carlos Cárdenas (EFE)
El comité de empresa estudia si hay "alguna fórmula legal" para revertir el decreto-ley del Consell
El comité de empresa del ente público está analizando el decreto-ley publicado este jueves por el Consell para nombrar a los consejeros del ente sin pasar por las Corts Valencianes para ver si "hay alguna fórmula legal para revertirlo", dado que "hay cosas que, como mínimo, parecen cuestionables". Así lo ha indicado el vicepresidente del comité, Vicent Mifsud. Al respecto, ha cuestionado "de entrada, la urgencia" de la medida, "que hace que se haya de obviar la representación parlamentaria en una ley que rige un servicio esencial", ya que "cerrar la tele y sustituir a la dirección no era cosa que necesitaba hacerse por una orden ejecutiva". Para el representante sindical, esa urgencia "no estaría justificada" y se trata de una decisión política que, "si consideran que tienen el apoyo social, puede tomarse a través del Parlamento con toda la tranquilidad del mundo"."Cerrar la tele y sustituir a la dirección no era cosa que necesitaba hacerse por una orden ejecutiva"
Asimismo, Mifsud ha apuntado respecto a los nuevos consejeros designados y el director general, Ernesto Moreno, que "algunas de ellas parece que no reunirían los perfiles que por ley están exigidos para hacerse cargo de RTVV y podríamos encontrarnos con personas no cualificadas, al servicio del partido y no de la sociedad". "Durante el juicio ya se puso de manifiesto que habían nombrado un hombre de paja --en alusión a Alejandro Reig-- para que firmara los despidos y que él mismo reconoció ante el tribunal que no tenía ni idea del sector audiovisual y que le pusieron para firmar lo que le pusieran por delante", ha incidido el representante sindical.
A su juicio, esta "no es una forma seria de actuar de un Gobierno, que lo que debe hacer es dialogar", y ha insistido en que "si una cosa es buena para la sociedad se puede explicar con mucha facilidad, con luz y taquígrafos y ante el Parlamento valenciano". "Hacer decretos acelerados demuestra que tienen ganas de hacer las cosas rápidas, de escondido y sin ser sometidos al examen de la ciudadanía", ha apuntado. Por todo ello, ha reiterado que desde el comité intentarán "atacar" este decreto-ley por la vía legal "si ha habido errores" y tratar de "recuperar la justicia, como en la sentencia del ERE que demostró que se habían cometido tropelías".
"Defender la identidad como pueblo"
El comité también ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que salga a la calle este sábado y secunde las manifestaciones convocadas en las tres capitales de provincia valencianas contra el cierre del ente para "defender el Estatuto de Autonomía y la identidad como pueblo". Así lo ha indicado la presidenta del comité, Salut Alcover, en una rueda de prensa en la que se han presentado las movilizaciones, que bajo el lema RTVV no es tanca, és la teua (RTVV no se cierra, es la tuya), partirá a las 18.00 horas desde la Plaza de San Agustín (Valencia), la Plaza de las Aulas (Castellón) y la Avenida Aguilera (Alicante)."Una lengua que no tiene presencia en los medios está condenada a una muerte lenta"
Alcover ha destacado la importancia de la radiotelevisión pública "para la construcción de nuestra identidad como pueblo, de nuestra lengua y de nuestra cultura" y se ha preguntado "si no es que el Gobierno valenciano quiere precisamente que los valencianos no tengan lengua, que los valencianos no tengan cultura y que los valencianos no tengan identidad". Por ello, ha animado "a todas esas personas que han visto Babalà, que han seguido las victorias de los equipos valencianos en valenciano, a quienes ha llegado la información de proximidad y han sabido si iba a llover o no en su pueblo, a quienes han aprendido a escuchar que los medios de comunicación también hablaban en su lengua" a salir a la calle y "demostrar la importancia que tiene esta empresa".
En el manifiesto que se leerá en las manifestaciones, el comité de empresa reivindica la necesidad del servicio público que presta RTVV como "herramienta de vertebración, de participación democrática y encargada de impulsar el sector audiovisual". "Los valencianos tenemos una lengua propia, pero todos sabemos que una lengua que no tiene presencia en los medios de comunicación es una lengua condenada a una muerte lenta", señala el texto, en el que se reivindica una radiotelevisión pública en valenciano y de calidad. Así, incide: "son otros los que han pervertido los objetivos de RTVV y la han convertido en una herramienta de manipulación y propaganda; son otros los que la han llevado a la ruina con una gestión nefasta y los que han buscado el beneficio propio en lugar del beneficio social".
El manifiesto ha recibido el apoyo de unas 80 entidades del mundo de la política, la sociedad, el sindicalismo, la cultura, asociaciones del sector audiovisual, asociaciones de periodistas, universidades y los comités de empresa de otras radiotelevisiones públicas como TV3, Canal Sur, Telemadrid, TVG, IB3, CMTV, RTPA o RTVE. En el acto han estado presentes, entre otros, el diputado socialista Josep Moreno; el portavoz de Compromís en las Corts, Enric Morera, la coordinadora general de EUPV, Marga Sanz, y el diputado Ignacio Blanco; el presidente de la Unió de Periodistes Valencians, Sergi Pitarch; el secretario general de CCOO-PV, Paco Molina, el portavoz de Intersindical Valenciana, Vicent Maurí, o el humorista y presentador Eugeni Alemany.
Apartan del cuerpo e imputan a 8 mossos por la muerte del empresario en el Raval de Barcelona
La juez del caso ve delitos contra la integridad moral, contra la vida, obstrucción a la justicia y coacciones.
EUROPA PRESS Barcelona 04/11/2013 12:43 Actualizado: 04/11/2013 17:05
Mossos Antidisturbios durante la huelga en Barcelona.AMBO/ROSA
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El departamento de Interior ha apartado cautelarmente del cuerpo de
los Mossos d'Esquadra a los ocho agentes de la policía catalana que han
sido imputados por una juez por su actuación en la detención de un
empresario en el Raval, que murió tras ser golpeado por los policías, ha
anunciado este lunes el conseller Ramon Espadaler.
En declaraciones a los periodistas, Espadaler ha señalado que han acordado suspender cautelarmente las funciones de estos ocho agentes ante la gravedad de los delitos que les ha imputado la juez que investiga la muerte del empresario Juan Andrés Benítez, reducido por la fuerza por los mossos d'esquadra en una calle del Raval de Barcelona
La decisión de Interior llega poco después de que la juez que investiga la muerte del empresario del Gayxample haya imputado este lunes a varios de los agentes que participaron en su arresto, según han confirmado fuentes del Tribunal Superior de Justicia.
La titular del Juzgado de Instrucción número 20 de Barcelona ha decidido imputar a varios mossos d'esquadra por delitos contra la integridad moral, contra la vida, por obstrucción a la justicia y por coacciones.
La juez también ha decidido desimputar a El Yazid A., el hombre que se había peleado con el fallecido antes de la llegada de la policía, con lo que da credibilidad tanto a los testigos que han declarado hasta ahora como a los vídeos filmados por los vecinos en la que se ve a los mossos propinando patadas y puñetazos al detenido, que quedó desvanecido y falleció después en el hospital.
Ante la imputación de los agentes, el conseller de Interior, Ramon Espadaler, ha convocado una rueda de prensa urgente para explicar su postura, después de que la pasada semana pusiera en cuestión el informe que había hecho la Policía Nacional en el que hacía constar que el fallecido había recibido cinco puñetazos en la cabeza propinados por un agente de los Mossos d'Esquadra.
Espadaler hasta ahora ha defendido a los mossos d'esquadra que redujeron en el Raval a Juan Andrés Benítez y retó a la Policía Nacional a acreditar que los agentes le golpearon en la cabeza y no en el tronco superior, ya que cree que no queda demostrado.
La Conselleria de Interior no ha apartado hasta ahora ni ha adoptado ninguna medida cautelar contra los agentes que intervinieron el pasado día 6 de octubre en la reducción del empresario del Gayxample, que acabó falleciendo, aunque advirtió que si se acaba demostrando que le golpearon en la cabeza o si son imputados les aplicarán medidas disciplinarias.
La imputación de los agentes se ha producido después de que dos testigos explicaran a la juez que vieron un charco de sangre de 50 centímetros de diámetro en el lugar donde Benítez había sido reducido por los Mossos y que antes de la intervención policial el fallecido no presentaba heridas abiertas visibles.
En declaraciones a los periodistas, Espadaler ha señalado que han acordado suspender cautelarmente las funciones de estos ocho agentes ante la gravedad de los delitos que les ha imputado la juez que investiga la muerte del empresario Juan Andrés Benítez, reducido por la fuerza por los mossos d'esquadra en una calle del Raval de Barcelona
La decisión de Interior llega poco después de que la juez que investiga la muerte del empresario del Gayxample haya imputado este lunes a varios de los agentes que participaron en su arresto, según han confirmado fuentes del Tribunal Superior de Justicia.
La titular del Juzgado de Instrucción número 20 de Barcelona ha decidido imputar a varios mossos d'esquadra por delitos contra la integridad moral, contra la vida, por obstrucción a la justicia y por coacciones.
La juez también ha decidido desimputar a El Yazid A., el hombre que se había peleado con el fallecido antes de la llegada de la policía, con lo que da credibilidad tanto a los testigos que han declarado hasta ahora como a los vídeos filmados por los vecinos en la que se ve a los mossos propinando patadas y puñetazos al detenido, que quedó desvanecido y falleció después en el hospital.
Ante la imputación de los agentes, el conseller de Interior, Ramon Espadaler, ha convocado una rueda de prensa urgente para explicar su postura, después de que la pasada semana pusiera en cuestión el informe que había hecho la Policía Nacional en el que hacía constar que el fallecido había recibido cinco puñetazos en la cabeza propinados por un agente de los Mossos d'Esquadra.
Espadaler hasta ahora ha defendido a los mossos d'esquadra que redujeron en el Raval a Juan Andrés Benítez y retó a la Policía Nacional a acreditar que los agentes le golpearon en la cabeza y no en el tronco superior, ya que cree que no queda demostrado.
La Conselleria de Interior no ha apartado hasta ahora ni ha adoptado ninguna medida cautelar contra los agentes que intervinieron el pasado día 6 de octubre en la reducción del empresario del Gayxample, que acabó falleciendo, aunque advirtió que si se acaba demostrando que le golpearon en la cabeza o si son imputados les aplicarán medidas disciplinarias.
La imputación de los agentes se ha producido después de que dos testigos explicaran a la juez que vieron un charco de sangre de 50 centímetros de diámetro en el lugar donde Benítez había sido reducido por los Mossos y que antes de la intervención policial el fallecido no presentaba heridas abiertas visibles.
Más de 2,5 millones de niños españoles, en riesgo de pobreza
Mensajeros de la Paz alimenta en nuestro país a más de 30.000 chavales expuestos a la malnutrición gracias a programas que subsisten con donaciones
ATLAS 09/11/2013 22:12 Actualizado: 09/11/2013 22:51 Público
Son las principales víctimas de la situación económica. Desde que empezó la crisis, los niños que viven en riesgo de pobreza en España
han superado la cifra de dos millones y medio. La falta de alimentos
en sus casas les esta provocando una malnutrición. Y lo más alarmante es
que es una tendencia en aumento. "Hay niños que toman el desayuno pero
no comen más hasta que vienen a La Merienda. Tenemos tantos
dramas multiplicados por tres y por cuatro en cada familia", comenta
Lucía Antolín, directora del centro para la infancia de Mensajeros de la Paz.
Conscientes de esta situación, esta ONG trabaja para reforzar sus programas en el Aula Cuna y en La Merienda. Espacios donde se atiende a pequeños que viven en familias con escasos recursos económicos. "Y lo vemos en la falta de recursos a la hora de pagar los típicos recibos de luz y agua o pagar el alquiler", explica María Romacho, la responsable de este espacio para los más pequeños.
Proyectos de vida como éste sobreviven gracias a las donaciones. "El año pasado hicimos la campaña de recaudar un euro y resultó magnífica", indica Lucía. "Gracias a ese euro hemos mantenido las instalaciones abiertas durante todo el año". Campaña Un euro, un grano de arena. Y grano a grano, Mensajeros de la Paz consiguen alimentar a mas de 30.000 niños en toda España.
Conscientes de esta situación, esta ONG trabaja para reforzar sus programas en el Aula Cuna y en La Merienda. Espacios donde se atiende a pequeños que viven en familias con escasos recursos económicos. "Y lo vemos en la falta de recursos a la hora de pagar los típicos recibos de luz y agua o pagar el alquiler", explica María Romacho, la responsable de este espacio para los más pequeños.
Proyectos de vida como éste sobreviven gracias a las donaciones. "El año pasado hicimos la campaña de recaudar un euro y resultó magnífica", indica Lucía. "Gracias a ese euro hemos mantenido las instalaciones abiertas durante todo el año". Campaña Un euro, un grano de arena. Y grano a grano, Mensajeros de la Paz consiguen alimentar a mas de 30.000 niños en toda España.
La Haine entrevista a CNT-Madrid: "El otoño libertario es un referente de debate entre anarquistas"
por
La Haine - Madrid
Arturo, secretario de Prensa y Propaganda de
CNT-AIT Madrid, nos habla del Otoño Libertario 2013 y analiza el
trabajo de CNT frente a la crisis capitalista.
La Haine.- Son muchos los temas que se abordan este Otoño Libertario 2013,
desde el feminismo, anticlericalismo, represión, precariedad laboral,
el papel del anarcosindicalismo... ¿Podéis contarnos cuáles son los ejes
temáticos que entendéis son primordiales este año y por qué?
CNT-Madrid.- Los temas tratados en cada Otoño Libertario son aquellos que los militantes de los distintos Sindicatos de la Federación Local de CNT-AIT Madrid proponen en las asambleas de sus Sindicatos. Después, entre todos, organizamos y acoplamos las charlas mediante el consenso común de todos los Sindicatos. Los ejes temáticos hilan análisis libertarios sobre problemáticas comunes a la clase trabajadora en el contexto social y político en el que se desarrollan y la difusión de las ideas y prácticas anarquistas y anarcosindicalistas. Así, podemos ver charlas que analizan diversas luchas emprendidas por nuestro Sindicato tanto en Madrid como en otros lugares del Estado; problemáticas como la represión y la cárcel como herramientas de dominación para mantener el orden establecido; cuestiones como la enseñanza y la cultura; la lucha contra formas de autoritarismos que adquieren cariz de género, etc. Todo ello haciendo hincapié en la idea base de estas jornadas: la lucha sindical va fuertemente atada a la lucha anarquista y, en consecuencia, es esencial la difusión de la cultura y la autocapacitación de los y las trabajadoras que haga de nosotros/as seres capacitados para la lucha sin necesidades de líderes ni jerarquías de ningún tipo.
LH.- ¿Representa el Otoño Libertario un espacio de encuentro del movimiento anarquista madrileño?
CNT-Madrid.- Por la regularidad con la que se vienen celebrando estos últimos años tanto el Otoño Libertario como el Encuentro del Libro anarquista (el cual empieza a las pocas semanas de acabar el Otoño) podrían considerarse ambos como referentes de encuentro y de debate entre anarquistas y toda persona simpatizante de las ideas antiautoritarias. La proporción cada vez mayor de asistencia de gente tanto al Otoño Libertario como al Encuentro constatan que el anarquismo en Madrid tiene un gran potencial de desarrollo cualitativo y cuantitativo.
LH.- Aprovechamos para tocar un tema más general, el gobierno del PP está lanzando últimamente mensajes de una supuesta “recuperación económica”, ¿qué análisis hace CNT de la situación actual de esta crisis capitalista?
CNT-Madrid.- El mundo de la política y de los mass media se ha caracterizado por la capacidad de intentar generar realidades que nada se corresponden con la vida cotidiana de la clase trabajadora. Lo empaquetan y nos lo venden como verdad incuestionable que justifique así las necesidades del Poder del momento. Ahora toca que a través del concepto “recuperación económica” obviemos las durísimas condiciones reajustadas de nuestra explotación: recortes, privatizaciones y mercantilizaciones de los servicios públicos, condiciones laborales que cada día se aproximan más a las del siglo XIX, despido libre, desahucios, paro, más paro, represión, control social, reformas de las pensiones...
Desde CNT-AIT entendemos que lo que ha venido y lo que está por venir no son sino vueltas de tuerca en las condiciones de miseria material y humana a la que se tiene sometida por parte de las clases dirigentes a los explotados y oprimidos de todo el planeta. Nosotros no creemos que se deba mirar al pasado y las mentiras del “bienestar”, pues ya sabemos que fue un modelo económico y social que obedecía a las necesidades del Poder de burocratizar e integrar al movimiento obrero en el propio Sistema. Nosotros, hoy igual que ayer, creemos necesaria la autoorganización de la clase trabajadora, sin líderes ni jerarquías, que de forma solidaria y colectiva solucione sin delegar en nadie sus problemáticas y se enfrente a las injusticias cotidianas no esperando nada de liberados sindicales, policía, jueces o políticos. La organización horizontal en barrios y centros de trabajo y de estudio es hoy más que nunca una necesidad si queremos plantar cara de una vez y recuperar las riendas de nuestras vidas.
LH.- Frente a este panorama, ¿qué balance hace CNT de su propio proceso de acumulación de fuerzas en el último año?
CNT-Madrid.- CNT-AIT ha estado activamente presente en muchas luchas a nivel laboral y social. En concreto en Madrid se han mantenido conflictos en distintos ramos como el del metal (conflicto de Erion, mantenimiento ferroviario), la hostelería y el comercio (El Imperfecto, Foster´s Hollywood), los servicios públicos (Biblioteca Nacional), la enseñanza (conflicto en la Universidad Carlos III), el sector de las Artes Gráficas (La librería) o la informática (ISBAN-Banco Santander) entre otros muchos. De igual manera, los trabajadores y estudiantes de CNT-AIT han estado fuertemente involucrados en importantes luchas laborales que se han llevado a cabo en el último año, como en RTVE, Iberia, las huelgas en la enseñanza contra la LOMCE y las subidas de tasas en la Universidad entre otras, donde se ha intentado con todas nuestras fuerzas llevar al resto de trabajadores, trabajadoras y estudiantes las ideas y prácticas anarcosindicalistas.
Paralelamente a esto se ha mantenido un buen ritmo de piquetes y acciones solidarias con otros conflictos que la Confederación mantiene en otras localidades, así como acciones propias contra las últimas agresiones de Gobierno y Patronal contra los derechos de la clase trabajadora.
El balance de fuerzas que hacemos a nivel local es bueno, con las autocríticas y análisis de todos nuestros aciertos y errores, buscando hacer de las tácticas anarcosindicalistas (la huelga, la acción directa, el sabotaje, la solidaridad…) una realidad efectiva y con capacidad de golpear al Estado y el Capital allí donde más les duela.
CNT-Madrid.- Los temas tratados en cada Otoño Libertario son aquellos que los militantes de los distintos Sindicatos de la Federación Local de CNT-AIT Madrid proponen en las asambleas de sus Sindicatos. Después, entre todos, organizamos y acoplamos las charlas mediante el consenso común de todos los Sindicatos. Los ejes temáticos hilan análisis libertarios sobre problemáticas comunes a la clase trabajadora en el contexto social y político en el que se desarrollan y la difusión de las ideas y prácticas anarquistas y anarcosindicalistas. Así, podemos ver charlas que analizan diversas luchas emprendidas por nuestro Sindicato tanto en Madrid como en otros lugares del Estado; problemáticas como la represión y la cárcel como herramientas de dominación para mantener el orden establecido; cuestiones como la enseñanza y la cultura; la lucha contra formas de autoritarismos que adquieren cariz de género, etc. Todo ello haciendo hincapié en la idea base de estas jornadas: la lucha sindical va fuertemente atada a la lucha anarquista y, en consecuencia, es esencial la difusión de la cultura y la autocapacitación de los y las trabajadoras que haga de nosotros/as seres capacitados para la lucha sin necesidades de líderes ni jerarquías de ningún tipo.
LH.- ¿Representa el Otoño Libertario un espacio de encuentro del movimiento anarquista madrileño?
CNT-Madrid.- Por la regularidad con la que se vienen celebrando estos últimos años tanto el Otoño Libertario como el Encuentro del Libro anarquista (el cual empieza a las pocas semanas de acabar el Otoño) podrían considerarse ambos como referentes de encuentro y de debate entre anarquistas y toda persona simpatizante de las ideas antiautoritarias. La proporción cada vez mayor de asistencia de gente tanto al Otoño Libertario como al Encuentro constatan que el anarquismo en Madrid tiene un gran potencial de desarrollo cualitativo y cuantitativo.
LH.- Aprovechamos para tocar un tema más general, el gobierno del PP está lanzando últimamente mensajes de una supuesta “recuperación económica”, ¿qué análisis hace CNT de la situación actual de esta crisis capitalista?
CNT-Madrid.- El mundo de la política y de los mass media se ha caracterizado por la capacidad de intentar generar realidades que nada se corresponden con la vida cotidiana de la clase trabajadora. Lo empaquetan y nos lo venden como verdad incuestionable que justifique así las necesidades del Poder del momento. Ahora toca que a través del concepto “recuperación económica” obviemos las durísimas condiciones reajustadas de nuestra explotación: recortes, privatizaciones y mercantilizaciones de los servicios públicos, condiciones laborales que cada día se aproximan más a las del siglo XIX, despido libre, desahucios, paro, más paro, represión, control social, reformas de las pensiones...
Desde CNT-AIT entendemos que lo que ha venido y lo que está por venir no son sino vueltas de tuerca en las condiciones de miseria material y humana a la que se tiene sometida por parte de las clases dirigentes a los explotados y oprimidos de todo el planeta. Nosotros no creemos que se deba mirar al pasado y las mentiras del “bienestar”, pues ya sabemos que fue un modelo económico y social que obedecía a las necesidades del Poder de burocratizar e integrar al movimiento obrero en el propio Sistema. Nosotros, hoy igual que ayer, creemos necesaria la autoorganización de la clase trabajadora, sin líderes ni jerarquías, que de forma solidaria y colectiva solucione sin delegar en nadie sus problemáticas y se enfrente a las injusticias cotidianas no esperando nada de liberados sindicales, policía, jueces o políticos. La organización horizontal en barrios y centros de trabajo y de estudio es hoy más que nunca una necesidad si queremos plantar cara de una vez y recuperar las riendas de nuestras vidas.
LH.- Frente a este panorama, ¿qué balance hace CNT de su propio proceso de acumulación de fuerzas en el último año?
CNT-Madrid.- CNT-AIT ha estado activamente presente en muchas luchas a nivel laboral y social. En concreto en Madrid se han mantenido conflictos en distintos ramos como el del metal (conflicto de Erion, mantenimiento ferroviario), la hostelería y el comercio (El Imperfecto, Foster´s Hollywood), los servicios públicos (Biblioteca Nacional), la enseñanza (conflicto en la Universidad Carlos III), el sector de las Artes Gráficas (La librería) o la informática (ISBAN-Banco Santander) entre otros muchos. De igual manera, los trabajadores y estudiantes de CNT-AIT han estado fuertemente involucrados en importantes luchas laborales que se han llevado a cabo en el último año, como en RTVE, Iberia, las huelgas en la enseñanza contra la LOMCE y las subidas de tasas en la Universidad entre otras, donde se ha intentado con todas nuestras fuerzas llevar al resto de trabajadores, trabajadoras y estudiantes las ideas y prácticas anarcosindicalistas.
Paralelamente a esto se ha mantenido un buen ritmo de piquetes y acciones solidarias con otros conflictos que la Confederación mantiene en otras localidades, así como acciones propias contra las últimas agresiones de Gobierno y Patronal contra los derechos de la clase trabajadora.
El balance de fuerzas que hacemos a nivel local es bueno, con las autocríticas y análisis de todos nuestros aciertos y errores, buscando hacer de las tácticas anarcosindicalistas (la huelga, la acción directa, el sabotaje, la solidaridad…) una realidad efectiva y con capacidad de golpear al Estado y el Capital allí donde más les duela.
Memoria Pública
"España ni investiga ni deja investigar los crímenes franquistas"
Ignacio Jovtis, investigador de Amnistía Internacional, denuncia la falta de investigación y las trabas que pone el Gobierno español para reconocer el derecho a honrar a todas las víctimas del franquismo
ARANTZA DE CASTRO / ALEJANDRO TORRÚS Madrid 06/11/2013 07:00 Actualizado: 06/11/2013 11:36 Público
Ignacio Jovti, investigador sobre España de Amnistía Internacional.-IGNACIO JOVTI
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Amnistía Internacional (AI) ha presentado este martes en Ginebra ante el Comité de la ONU un informe en el que exponen su opinión acerca del cumplimiento, por parte de España, de la Convención Internacional sobre Desapariciones Forzadas en relación a la investigación de los crímenes del franquismo.
"Queremos despejar una serie de preocupaciones que tenemos desde hace años y que todavía continúan", ha declarado Ignacio Jovtis, investigador de AI sobre España, a Público tras salir de la reunión con el Comité en el primer día del proceso que tendrá su segunda parte este miércoles.
AI presenta y defiende este informe antes de que se examine el de España, en el que se explica la adopción de medidas tendientes a dar satisfacción a las obligaciones derivadas de la Convención. Para Amnistía, lo que "más preocupa" es que en España "la desaparición forzada no es un delito". Jovtis ha expresado que "lo que más preocupa" de esto es que en la nueva reforma del Código Penal que se está llevando a cabo "no se contempla la inclusión de este crimen", según insta la Convención de la que España es parte.
Por otro lado, entre las preocupaciones de la ONG se encuentra la de la actual aplicación del régimen de detención incomunicada por el que una persona puede estar aislada hasta 13 días y, en ese tiempo, no tener acceso a contactar con su familia o un abogado que esa persona decida, algo que está en contra de la Convención Internacional anteriormente nombrada.
Y la tercera preocupación de la organización es "la falta" de investigación por parte de la Justicia española de los crímenes cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo. "La Convención obliga y reconoce el derecho a honrar a todas las víctimas", ha manifestado Jovtis, "y el Estado debe tomar todas las medidas necesarias para hacer realidad este derecho que España está incumpliendo manifiestamente".
"En España está garantizada la impunidad para las víctimas del franquismo"
"Nos preocupa que España ni investiga ni deja investigar", ha declarado Ignacio Jovtis. Y es que, la Convención también obliga a que los estados miembros cooperen judicialmente y colaboren en las investigaciones sobre desapariciones forzadas que se lleven a cabo en otros países. "España no lo está haciendo y el caso claro es el de Argentina ".
Uno de los ejemplos a los que se refiere el miembro de AI es la petición de detención internacional por parte de la Justicia argentina de cuatro supuestos torturadores del franquismo. La jueza María Servini de Cubría pidió la extradición de altos funcionarios policiales y de la Guardia Civil, en la causa abierta en el país para juzgar sus crímenes. Sin embargo, según Jovtis, "no hay novedades sobre ello".
"La impunidad va a seguir avergonzando al Gobierno español"
"Está claro que en España está garantizada la impunidad para las víctimas del franquismo", ha manifestado el miembro de AI, "y esta impunidad va a seguir viva y avergonzando al Gobierno español". Para ello, desde la ONG recomiendan que se investiguen los crímenes y "si no lo hacen, que dejen investigar y colaboren con otras justicias que si lo hagan".
Jovtis se ha referido al momento en el que la Justicia "envía preguntas" al Ejecutivo español y la Fiscalía General del Estado y " responde de manera inexacta o falsa", algo que han podido demostrar con sus informes.
Aún no hay reacciones del Comité de la ONU, que se conocerán el próximo 15 de noviembre. Sin embargo, Jovtis ha afirmado que han podido "conocer sus preocupaciones por las preguntas realizadas durante la exposición". "Ante todo", ha explicado el investigador, "les preocupa la aplicación de la Ley de Amnistía a la hora de investigar o archivar casos del franquismo y también los temas de la extradición", aunque aún queda la sesión del miércoles para conocer qué más preocupa a los miembros que encabezan el comité.
"Queremos despejar una serie de preocupaciones que tenemos desde hace años y que todavía continúan", ha declarado Ignacio Jovtis, investigador de AI sobre España, a Público tras salir de la reunión con el Comité en el primer día del proceso que tendrá su segunda parte este miércoles.
AI presenta y defiende este informe antes de que se examine el de España, en el que se explica la adopción de medidas tendientes a dar satisfacción a las obligaciones derivadas de la Convención. Para Amnistía, lo que "más preocupa" es que en España "la desaparición forzada no es un delito". Jovtis ha expresado que "lo que más preocupa" de esto es que en la nueva reforma del Código Penal que se está llevando a cabo "no se contempla la inclusión de este crimen", según insta la Convención de la que España es parte.
Por otro lado, entre las preocupaciones de la ONG se encuentra la de la actual aplicación del régimen de detención incomunicada por el que una persona puede estar aislada hasta 13 días y, en ese tiempo, no tener acceso a contactar con su familia o un abogado que esa persona decida, algo que está en contra de la Convención Internacional anteriormente nombrada.
Y la tercera preocupación de la organización es "la falta" de investigación por parte de la Justicia española de los crímenes cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo. "La Convención obliga y reconoce el derecho a honrar a todas las víctimas", ha manifestado Jovtis, "y el Estado debe tomar todas las medidas necesarias para hacer realidad este derecho que España está incumpliendo manifiestamente".
"En España está garantizada la impunidad para las víctimas del franquismo"
"Nos preocupa que España ni investiga ni deja investigar", ha declarado Ignacio Jovtis. Y es que, la Convención también obliga a que los estados miembros cooperen judicialmente y colaboren en las investigaciones sobre desapariciones forzadas que se lleven a cabo en otros países. "España no lo está haciendo y el caso claro es el de Argentina ".
Uno de los ejemplos a los que se refiere el miembro de AI es la petición de detención internacional por parte de la Justicia argentina de cuatro supuestos torturadores del franquismo. La jueza María Servini de Cubría pidió la extradición de altos funcionarios policiales y de la Guardia Civil, en la causa abierta en el país para juzgar sus crímenes. Sin embargo, según Jovtis, "no hay novedades sobre ello".
"La impunidad va a seguir avergonzando al Gobierno español"
"Está claro que en España está garantizada la impunidad para las víctimas del franquismo", ha manifestado el miembro de AI, "y esta impunidad va a seguir viva y avergonzando al Gobierno español". Para ello, desde la ONG recomiendan que se investiguen los crímenes y "si no lo hacen, que dejen investigar y colaboren con otras justicias que si lo hagan".
Jovtis se ha referido al momento en el que la Justicia "envía preguntas" al Ejecutivo español y la Fiscalía General del Estado y " responde de manera inexacta o falsa", algo que han podido demostrar con sus informes.
Aún no hay reacciones del Comité de la ONU, que se conocerán el próximo 15 de noviembre. Sin embargo, Jovtis ha afirmado que han podido "conocer sus preocupaciones por las preguntas realizadas durante la exposición". "Ante todo", ha explicado el investigador, "les preocupa la aplicación de la Ley de Amnistía a la hora de investigar o archivar casos del franquismo y también los temas de la extradición", aunque aún queda la sesión del miércoles para conocer qué más preocupa a los miembros que encabezan el comité.
Memoria Pública
El Gobierno le dice a la ONU que no revisará la amnistía de 1977 para investigar las desapariciones del franquismo
La embajadora en Ginebra defiende que la convención de la ONU de 2010 sobre desapariciones forzadas es "un instrumento y mecanismo de futuro" que no debe aplicarse al pasado
REUTERS / EP Ginebra 06/11/2013 23:33 Actualizado: 06/11/2013 23:36 PúblicoNoticias relacionadas
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Las autoridades españolas se han pronunciado de esta forma ante el Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU dos días después de que el exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón y grupos de derechos humanos pidieran que se investigara las desapariciones de este periodo de tiempo, emprendiendo para ello las reformas necesarias para salvar la Ley de Amnistía de 1977.
"Las medidas adoptadas por el Gobierno español no serán revisadas", ha expuesto la embajadora de España en Ginebra, Ana Menéndez Pérez, ante el comité formado por once expertos legales independientes.
Organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional también han pedido que España abra una investigación que dé respuesta a las desapariciones del franquismo ya que son miles las víctimas que todavía están enterradas en fosas comunes.
Ante la posición del Gobierno de España, familiares de víctimas del franquismo han recurrido a la legislación de países como Argentina, al fin de encontrar a sus seres queridos. El Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU se encarga de vigilar el cumplimiento de la convención de la ONU de 2010 sobre desapariciones forzadas, ratificado por 40 países y del que España fue uno de los primeros firmantes.
Según la representante española, esta convención era "un instrumento y mecanismo de futuro" que no debe aplicarse al pasado ya que la ley de amnistía obtuvo el apoyo popular cuando fue aprobada, se aplicó a los dos bandos del conflicto y era "parte de un intento por ir más allá de la época de la Guerra Civil".
Entrevista a Nación Andaluza (N.A.) en La Voz de Lanzarote, medio soberanista canario
Martes, 05 de Noviembre de 2013 01:03
Nación Andaluza (N.A.): "Nuestro objetivo es la constitución de una Andalucía Soberana e Independiente"
NACIÓN ANDALUZA considera que
Andalucía es "un pueblo colonizado y ocupado militarmente desde hace 800
años...". ¿Cuáles son los objetivos de este Grupo Soberanista?
Nación Andaluza es una organización
política que nace en el año 90 del pasado siglo. Es una organización
política independentista y socialista, cuya meta es lograr la liberación
nacional de nuestro País y la liberación social de nuestro Pueblo. En
nuestro seno trabajamos conjuntamente marxistas-leninistas, militantes
de influencias libertarias, sindicalistas, activistas por los derechos
humanos... Retomamos la forma de acción política de Blas Infante, que
trabajaba conjuntamente con libertarios y socialistas andaluces con el
objetivo común de la liberación de Andalucía.
Nosotros aspiramos a la constitución
de una Andalucía soberana e independiente. Entendemos que la
independencia de Andalucía es un paso imprescindible en la resolución de
los problemas económicos y sociales que estructuralmente azotan a l@s andaluces/zas.
Especialmente como cuando, en estos momentos, aparece una crisis
económica capitalista. Luchamos por una Andalucía en la que las clases
populares, en particular el Pueblo Trabajador Andaluz, sean dueños
reales de su tierra, las riquezas que contienen y los medios de
producción para obtenerlas. Una Andalucía dirigida por la mayoría de l@s andaluces/zas,
en la que el pueblo andaluz pueda tomar las riendas de su destino
individual y colectivo en todos los ámbitos de la existencia.
- España ha falseado la Historia y la Cultura de Andalucía
"Las señas de identidad del
pueblo andaluz son ocultadas y agredidas por la imposición de una
castellanización socio-cultural que discrimina a la lengua andaluza".
¿Son muchos los ejemplos de este atentado cultural?
Lamentablemente, sí. No podía ser de
otra forma si tenemos en cuenta el carácter colonial de nuestro país.
Este fenómeno posee una doble vertiente que hay que analizar. Por una
parte, el ocultamiento de nuestra cultura y, por otra, la folklorización
de la misma.
Se ha producido la negación, por
ejemplo, de nuestra historia. Se han ocultado sistemáticamente aquellos
momentos de nuestra historia que l@s andaluces/zas
podemos tomar como referentes positivos. En contraste con la situación
actual de dependencia política, subdesarrollo económico y alienación
cultural brutal que interesa a Madrid, Bruselas y Washington. Es
sintomático que desde la primera civilización existente en el solar
andaluz hace más de tres mil años, Tartessos, hacer un recorrido por la
historia de Andalucía es encontrarse con teorías que siempre asocian
etapas brillantes de nuestra historia con la influencia determinante de
pueblos foráneos. En nuestra tierra, cuando ha existido una época de
esplendor siempre hay historiadores del oficialismo que lo achacan a
elementos externos. Se produce una negación, nada inocente, de la
capacidad de los habitantes de esta tierra para generar por si mismos
estadíos de desarrollo material y humano por encima de los que nos ha
ofrecido históricamente el estado español en cualquiera de sus formas.
Eso explica que hechos como el ejercicio de resistencia continuada
planteado por los moriscos tras la conquista de Granada en 1492 hayan
querido ser neutralizados por el españolismo diciéndole a l@s
andaluces/zas que nosotros somos descendientes de los pueblos del norte.
Negando así un episodio de resistencia popular andaluza que durante
tres años (1568-1571) puso en jaque al ejército más poderoso de la
época, el de Felipe II.
Tomemos otro caso concreto: la
Constitución Andaluza de 1883, también conocida como Constitución de
Antequera por ser en esta ciudad donde se firmó, de la que celebramos su
130º aniversario en estos días. Este proyecto de Constitución que se
fundamentaba en la soberanía política plena de Andalucía y fue aprobado
por los federales andaluces es totalmente desconocido en las facultades
de derecho y ciencias políticas de nuestro país. En la propia ciudad de
Antequera este texto constitucional tenía una efigie levantada en su
memoria que ha sido sustituida por la estatua de un militar conservador
español del siglo XIX. Eso es lo que se hace con nuestra historia.
Hablaba hace un momento de un proceso
de folklorización de la cultura andaluza. Nuestra cultura ha sido
víctima de una deformación interesada de algunos de sus elementos para
generar una pretendida “culturilla” o “cultura española”. El carácter
plurinacional del estado español requería de algunos elementos comunes
que ejercieran de unificadores de todos los pueblos bajo su yugo y
muchos de estos elementos se cogieron de la cultura popular andaluza,
deformándolos. Esta deformación, especialmente practicada durante el
régimen franquista, se origina con la necesidad de construir un modelo
de estado-nación burgués en el siglo XIX. Durante la II República
Española ya comenzó a despegar una industria cinematográfica en la que
el andaluz aparecía tipificado conforme a los tópicos al uso. Y fue el
franquismo quien desarrolló esta práctica en toda su amplitud, primero
como una forma de ofrecer algo de espectáculo que mitigara los dolores
producidos por la carnicería del nacionalismo español durante la Guerra
Civil, luego como una forma de atraer al turismo y sus divisas que el
ministro Fraga supo utilizar hábilmente.
Si nos referimos a la modalidad
lingüística andaluza, observaremos que se producen los dos fenómenos,
ocultamiento y folklorización. Hablar andaluz es objeto de marginación
por parte de los poderes establecidos, que lo identifican con gentes
poco instruidas, en una evidente asociación de andalú con Pueblo
Trabajador Andaluz y por consiguiente con las condiciones de
supeditación en las que Andalucía se inserta en el conjunto estatal y
mundial. Es frecuente que cuando vemos en los medios a alguien que habla
en andaluz, éste ocupe un rol folklorico (en el caso de hablantes que
sesean) y/o de supeditación al detentador de poder en ese contexto.
Por otra parte se produce un
ocultamiento. Expresiones lingüísticas andaluzas como el ceceo o el
heheo sufren una estigmatización brutal que los hacen prácticamente
desaparecer no solo de los medios de comunicación estatales sino, lo que
es más grave, de los medios de comunicación autonómicos. Medios pagados
con el dinero de tod@s l@s andaluces/zas
en los que se sigue identificando hablar andaluz con personas incultas o
poco instruidas. Tal marginación que hoy se produce por medio de
mecanismos muy sofisticados, antaño se hacía de forma mucho más
expeditiva. La antigua lengua romance andalusí, el aljamía, fue
prohibida bajo pena de galeras en el siglo XVI, tras la conquista de
Andalucía por Castilla, hasta hacerla desaparecer. En el pasado siglo
XX, el 23 de noviembre de 1925, se celebró en Andalucía «la cruzada del
bien hablar», por nuestra resistencia lingüística inconsciente a hablar
lo que se considera «lengua española» . Esto no tienen mayor
justificación que nuestra situación como pueblo colonizado.
En este sentido podemos hablar también
del Flamenco. Una expresión cultural andaluza completa, a través de la
cual se pueden seguir los hábitos, vivencias, ideologías o hechos
históricos de nuestro pueblo y que ha sido manoseada y folklorizada
hasta la náusea por el nacionalismo español para vender el “Spain is
different” del franquismo tardío.
En cuanto a la castellanización,
podemos hablar del caso de las “Tomas”. Unas celebraciones que se han
impuesto en pueblos y ciudades de toda Andalucía donde el hecho a
festejar es la conquista de nuestra tierra por parte de las tropas
castellanas. Estas fiestas, impuestas por el poder constituyen una
ostentación de Andalucía como nación ocupada militarmente por el imperio
español. Se pasea y ondea el pendón de los reyes de Castilla y Aragón,
se jura por España y por sus «reyes católicos». Llevamos años luchando
contra estas “celebraciones” porque creemos que ningún pueblo debe
celebrar su propia derrota ante la apatía de la izquierda estatalista,
que prefiere mirar para otro lado porque su modelo de estado es en
esencia similar al de la derecha: un estado español.
Desde 2004, NACIÓN ANDALUZA no ha concurrido a ningún proceso electoral, defendiendo siempre la ABSTENCIÓN. ¿Por qué?
No es del todo cierto que no hayamos
concurrido a ningún proceso electoral. Desde la creación de Nación
Andaluza en el año 90 del pasado siglo se realiza una apuesta por la
participación en las elecciones como una forma de dar a conocer un
proyecto nuevo, en el que se habían aglutinado sectores radicalizados
del nacionalismo andaluz así como gente que venía de las organizaciones
de la extrema izquierda (PTE-PTA, ORT, MCE-MCA...). Un proyecto que
reclamaba la independencia y el socialismo para Andalucía. A principios
del siglo XXI y tras la experiencia fallida de Asamblea de Andalucía se
comienza a hacer una reflexión sobre esta consideración táctica y se
llega a la conclusión de que está agotada en sí misma y por las
condiciones en que el proceso electoral se da en la “democracia”
española.
A partir de entonces nos planteamos
que el proceso debe pasar por crear poder popular desde abajo, desde los
barrios y los pueblos y, a partir de ahí, participar en principio
solamente en los comicios municipales como una nueva forma de abordar
nuestra intervención en la política institucional.
- El objetivo es la República Andaluza de Trabajadores
La creación del Movimiento
Andaluz de la Izquierda Soberanista (MAIS), ¿es un paso más hacia la
constitución de la República Andaluza?
El MAIS es el órgano de coordinación
de la izquierda soberanista vigente en la actualidad. Creado hace un par
de años, es un nuevo intento de coordinar las organizaciones que
luchamos por la liberación de Andalucía. No es la primera experiencia en
este sentido pero está siendo la más estable y la más madurada.
Para Nación Andaluza el MAIS es un
paso necesario, imprescindible, para conseguir la libertad de Andalucía,
que sólo se plasmará en una República Andaluza de Trabajadores/as. No
es previsible, ni conocemos muchos casos en la historia, que una sola
organización de la izquierda soberanista pueda por sí misma conseguir la
liberación de un pueblo. Para ir construyendo contrapoder popular hemos
de ir estableciendo alianzas. En primera instancia, entre las
organizaciones y militantes independentistas y soberanistas
andaluces/zas como primer núcleo que continúe aglutinando gentes en pos
de la república andaluza. En este sentido el MAIS es fundamental.
Otra cosa son los ritmos del proceso.
Desde Nación Andaluza observamos que el MAIS va demasiado despacio
mientras España y el Capital continúan avanzando y hundiéndo al Pueblo
trabajador Andaluz cada día un poco más. Pero en este caso el MAIS es un
proyecto colectivo que debe de adecuarse a los ritmos políticos de
todas las organizaciones participantes y Nación Andaluza está dispuesta a
esperar. Aunque nuestra voluntad sería avanzar más rápido.
- Canarias y Andalucía son dos pueblos brutalmente conquistados
Relaciones con el Soberanismo Canario.
Las relaciones orgánicas con el
soberanismo canario han sido puntuales. Con organizaciones como el
F-SOC, Azarug, UP... Ha habido contactos, pero faltos de estabilidad.
Sin embargo, para la izquierda
soberanista andaluza el caso canario es, salvando las distancias, muy
parecido al andaluz, ya que hemos sido dos pueblos conquistados,
sometidos a una alienación cultural brutal, nos han robado nuestra
lengua, se nos ha negado como pueblos -argumentando que nuestras
poblaciones originarias fueron expulsadas o asesinadas- y en la
actualidad sufrimos una terciarización económica brutal asociada a la
destrucción de nuestro medio natural. También hay elementos comunes,
como la celebración de la conquista de nuestros pueblos y ciudades, en
los que observamos la experiencia de lucha contra estos festejos de la
izquierda soberanista canaria como una referencia válida para la
oposicióna estas celebraciones en Andalucía..
Fecha fatídica: el 12 de octubre... Conquista primero de Andalucía, luego de Canarias, y finalmente el genocidio de América
En Andalucía tenemos un 12 de octubre
particular, el 2 de enero. Este día se toma la ciudad de Granada,
rendida a las tropas castellanas, culminando así la conquista de
Andalucía. A partir de entonces las puertas estaban abiertas al proceso
que comienza con el 12 de octubre. De una forma general, Marx se refería
al periodo inmediatamente posterior a la conquista peninsular por parte
de la nobleza castellana así: “El descubrimiento de los yacimientos de
oro y plata en América, el exterminio, la esclavización y el
sepultamiento de la población indígena en las minas... Estos momentos
idílicos constituyen los momentos fundamentales de la acumulación
originaria.” Desde el punto de vista geopolítico, difícilmente el
imperio castellano hubiera podido tomar por asalto el continente
americano sin la conquista del territorio andaluz y canario. Desde el
punto de vista económico y poblacional tampoco, sin los contingentes que
aportaban los territorios recién conquistados de Andalucía y Canarias y
cuya población había que expatriar. Para comprender estos “momentos
fundamentales de la acumulación originaria” capitalista que señala K.
Marx deberíamos añadir una fase previa y necesaria: la fase que ocupó la
conquista de Canarias y Andalucía, con los consabidos sometimiento y
esclavización de estos pueblos.
El 2 de enero Andalucía perdió su
último estado soberano. Recordemos que Granada fue entregada a Castilla
en virtud de un pacto (las llamadas Capitulaciones) entre dos estados,
el castellano y el granadino. Esas capitulaciones no se respetaron y lo
que vino después fue el aplastamiento y la desvertebración
económico-social. Hoy se empeñan en decirnos que somos españoles y
europeos a pesar de que las cifras de desempleo, precariedad laboral...,
nos sitúan más cerca de la Franja de Gaza que de Euskal Herria, por
ejemplo. Andalucía no forma parte de España ni de Europa, supuestas
realidades colectivas igualmente inexistentes e impuestas, concebidas
con el propósito de salvaguardar los intereses capitalistas. La
geografía y el ecosistema andaluz se enmarcan dentro de un conjunto muy
determinado, el mediterráneo occidental, y ésa es también la tipología y
fronteras de afinidad histórica y étnico-cultural que siempre ha
mantenido el Pueblo Andaluz, la dirección de interrelación social
natural que ha conformado con otros pueblos.
Por último y con tu permiso, quisiera
saludar al pueblo trabajador canario en el que ha sido el día de su
bandera nacional, este 26 de octubre.
Argentina admite querella de Esquerra Republicana de Catalunya contra España por caso del presidente Companys
Publicado el 25 Octubre 2013
Escrito por Colaboradores
La
justicia argentina da inicio a la querella presentada por Esquerra
Republicana de Catalunya (ERC) contra el Estado español por el
fusilamiento de su fundador, Lluís Companys, durante la dictadura
franquista.
El
diputado de ERC, Joan Tardá, en su cuenta Twitter anunció que la jueza
argentina Maria Servini había admitido a trámite la querella de ERC
contra el Estado español por el fusilamiento en 1940 de su fundador y
presidente de la Generalitat Lluís Companys por el régimen franquista.
La querella, presentada por Tardá el pasado 15 de octubre en el Juzgado Nacional Criminal y Correccional Federal número 1 de Buenos Aires, se refiere también al fusilamiento de 47 cargos republicanos asesinados por el franquismo poco después de acabar la guerra civil (1936-39); los crímenes que tuvieron como víctimas a 45 alcaldes, dos diputados, además del caso de Companys.
La justicia universal permite juzgar crímenes contra la humanidad en cualquier país, independientemente de dónde se produjeran los hechos; cientos de españoles acudieron a Argentina en busca de justicia por los crímenes cometidos durante la dictadura de Francisco Franco (1939-1975). El partido Republicano propuso a Servini la posibilidad de desplazarse a Barcelona para poder tomar declaración de testigos, ya que son personas de avanzada edad, y acelerar el proceso.
Companys fue ministro del Gobierno español en los años 30 y Presidente de la Generalitat de Catalunya entre 1934 y 1940; tras el triunfo franquista en la guerra civil, Companys fue exiliado, luego capturado en Francia por la policía militar alemana y trasladado a España, donde fue juzgado y fusilado en el Castillo de Montjuich el 15 de octubre de 1940; la investigación sobre su muerte implica además de España a Francia y Alemania.
La querella, presentada por Tardá el pasado 15 de octubre en el Juzgado Nacional Criminal y Correccional Federal número 1 de Buenos Aires, se refiere también al fusilamiento de 47 cargos republicanos asesinados por el franquismo poco después de acabar la guerra civil (1936-39); los crímenes que tuvieron como víctimas a 45 alcaldes, dos diputados, además del caso de Companys.
La justicia universal permite juzgar crímenes contra la humanidad en cualquier país, independientemente de dónde se produjeran los hechos; cientos de españoles acudieron a Argentina en busca de justicia por los crímenes cometidos durante la dictadura de Francisco Franco (1939-1975). El partido Republicano propuso a Servini la posibilidad de desplazarse a Barcelona para poder tomar declaración de testigos, ya que son personas de avanzada edad, y acelerar el proceso.
Companys fue ministro del Gobierno español en los años 30 y Presidente de la Generalitat de Catalunya entre 1934 y 1940; tras el triunfo franquista en la guerra civil, Companys fue exiliado, luego capturado en Francia por la policía militar alemana y trasladado a España, donde fue juzgado y fusilado en el Castillo de Montjuich el 15 de octubre de 1940; la investigación sobre su muerte implica además de España a Francia y Alemania.
Noemí Molfino, la Madre de Plaza de Mayo traicionada por Baltasar Garzón
21 de julio de 1980, pleno verano en España. En un departamento de alquiler temporario del madrileño barrio de Princesa sale un feo olor. Los encargados del edificio avisan a la Policía que una mujer que había sido acompañada por dos hombres de acento argentino llevaba tres días sin salir. Era el cuerpo sin vida de Noemí Gianotti, madre de Gustavo Molfino, que había sido secuestrada en Lima un mes antes. Para el exilio argentino residente en Madrid, y para el Partido Comunista español, que llevó el caso al parlamento, estaba claro: el crimen había sido ejecutado por miembros de las Fuerzas Armadas argentinas, pero había una complicidad española que ni el juzgado que tramitó aquella causa ni el gobierno español querían aclarar[1].
Según destapó la revista española Interviú el pasado 24 de mayo[2], cuatro meses antes de este crimen, el embajador de la dictadura ante el gobierno del entonces presidente español Adolfo Suárez, Jorge Washington Ferreira, se entrevistó con el que fue el canciller de su gobierno José-Pedro Pérez Llorca, ya que había intereses compartidos: por un lado, la dictadura militar estaba interesada en que España intermediara en un "blanqueamiento" internacional del gobierno de facto y respaldara una eventual acción argentina en Mavinas [3]; por otro, el CESID (equivalente a la SIDE) estaba muy interesado en las prácticas de "lucha antisubversiva" empleadas por la dictadura, con una posible aplicación en lo que en España se llamó "guerra sucia" contra ETA y contra otras organizaciones político-militares del momento.
La cercanía política de la derecha española con la dictadura militar era una evidencia en 1980, momento en que en España había una disputa muy grande entre las facciones del Estado: las que planteaban una restauración franquista frente a las que planteaban una "modernización democrática", previa liquidación de la oposición interior mediante las tácticas ilegales que vinieron a llamarse "estrategia de la tensión".
Tras el fin de la dictadura, los miembros de los grupos de tareas del gobierno de facto pasaron a cobijarse entre los ultras españoles, que les aseguraron protección de las fuerzas de seguridad ibéricas y respaldo político. Los casos emblemáticos de esta protección son los de Jorge Cesarsky, quien asesinó en 1977 a al joven español Arturo Ruiz, del sindicato Comisiones Obreras (CCOO) en una marcha pro amnistía y a quien el ultra español Ricardo Sáenz de Ynestrillas dedicó unas emotivas palabras a su muerte en Madrid [4], el propio comisario Morales, presunto autor del asesinato de Noemí, o Rodolfo Almirón, quien fuera jefe de seguridad del líder del Partido Popular y ex ministro franquista Manuel Fraga [5].
El accionar de Garzón
Tras varias denuncias frustradas, el ex juez de la Audiencia Nacional acepta a trámite en 1996 una querella presentada por la familia de Noemí que éste agrega a la investigación por los desaparecidos en Argentina. En este caso existía una particularidad evidente: la mayoría de las personas que podían dar testimonio o ser imputadas por este crimen residían en España, y todas ellas gozaban de buen trato del aparato de seguridad español; el propio Juan Ramón Morales seguía trabajando para el dirigente del PP Fraga, que en ese momento ocupaba el cargo de Presidente del Partido en Galicia, según explicó el abogado Carlos Pipino a consultas de la Iniciativa "Garzón en Argentina".
Todos estos datos constan en el expediente y en las diligencias solicitadas por la familia Molfino a Garzón, que nunca las aceptó. Sin embargo, se dedicó a remitir órdenes "de información" al gobierno argentino, al gobierno peruano y al gobierno de EEUU [6], diluyendo de esa manera las responsabilidades penales que correspondían a los funcionarios españoles que tuvieron contacto o estuvieron involucrados de alguna manera en el asesinato de Noemí. No fue citado ni como testigo el propio Morales, quien había sido señalado por el personal del departamento donde apareció el cuerpo sin vida como la persona que la había acompañado. No fue remitida requisitoria alguna a la empresa Varig, que transportó a Noemí y a sus captores de Rio de Janeiro a Madrid para saber los nombres de las personas que la acompañaron. No fue citado el personal de Vigilancia Aduanera, para que remita copia de las actas de entrada al país. No fue citado tampoco el propio canciller del gobierno de Suárez, de fluida relación con la embajada argentina. Tampoco se practicaron diligencias respecto al posible conocimiento del CESID o del Gobierno español, respecto a si el Estado argentino solicitó autorización al gobierno de Suárez para operar en España. En sí mismo, los previsibles autores de la muerte de Noemí no fueron ni molestados en sus lugares de trabajo, donde desarrollaban su actividad con sus nombres reales y con sus datos debidamente acreditados ante la Agencia Tributaria española, con absoluta impunidad que la defensa de Noemí le hizo saber a Garzón.
Y es que el afamado juez siempre rechazó profundizar las responsabilidades españolas en la complicidad con la dictadura argentina. Como recuerda Danilo Albin para la revista Hincapié: ” la prensa española aseguró más de una vez que el rey había hecho gestiones por los desaparecidos de origen español, jamás contaron que el rey condecoró a Videla y a unos cuantos represores argentinos. Estas condecoraciones fueron publicadas en su momento por el Boletín Oficial del Estado, pero pasaron desapercibidas” [7]. Todo bien con investigar crímenes lejanos, pero solamente si estos no involucran a la estructura política, económica y militar de España, aunque las evidencias sean abrumadoras.
Rechazos del dirigente de la UCR Hipólito Solari Yrigoyen
El ex senador radical y referente de la ONG Nuevos Derechos del Hombre (NDH) cuestionó la designación de Garzón como asesor del Estado Nacional en materia de derechos humanos. El histórico abogado recuerda "su responsabilidad para impedir que se haya podido avanzar en la investigación de muchos crímenes y atentados de la organización terrorista Triple A y de las múltiples y graves violaciones a los derechos humanos, que se cometieron en la presidencia de María Estela Martínez de Perón. Cuando el juez federal Oyarbide pidió la extradición a España de la ex presidenta el entonces juez Garzón se opuso y evitó así que pudiera declarar". [8]
Y es que la organización ultraderechista argentina se involucró con la guerra sucia en España. Varios miembros del terrorismo de Estado iniciado durante el gobierno de Maria Estela Martínez de Perón fundarían en España otra "Triple A", la "Alianza Apostólica Anticomunista" y otras tantas siglas de grupos ultras, que con la misma operatoria de sus pares argentinos, organizarían asesinatos selectivos y atentados en la España tardofranquista con el beneplácito de las fuerzas de seguridad del país y que, tras su puesta en "stand by", terminaron protegidos por el Estado español, lo que incluía a los argentinos participantes. Jorge Cesarsky, Almirón y Morales fueron casos paradigmáticos de esta protección que Garzón ratificó en la causa Triple A.[9]
1-http://es.scribd.com/doc/
2-http://www.interviu.es/
3-http://elpais.com/diario/
4-http://ynestrillas.blogspot.
5-http://edant.clarin.com/
6-http://edant.clarin.com/
7-http://www.revistahincapie.
8-http://www.ucrcapital.org.
9-http://www.eka-
Espacio sobre Argentina
coordinado por Abel Bo
coordinado por Abel Bo
Justicia argentina solicita acceso a actas secretas de la dictadura
11 noviembre 2013
Cubadebate
Documentos secretos de la dictadura militar argentina fueron revelados recientementeDe hecho, el juez Julián Ercolini, responsable de esta causa, ya solicitó al gobierno los documentos originales hallados en el Edificio Cóndor, revelados la semana pasada por el ministro de Defensa, Agustín Rossi, coincidieron en reportar varios medios.
Además, confirmaron, un equipo de esa cartera se encuentra trabajando para responder los requerimientos del magistrado.
Los propietarios originales de esa gran compañía, la famila Graiver, más sus allegados en la administración de la misma fueron todos arrestados por la jerarquía militar, que expropiaron la empresa y esta terminó principalmente en manos del consorcio Clarín, que dirige Héctor Magneto, aunque participan también los diarios La Nación y La Razón.
Papel Prensa S.A. es la mayor industria productora de papel para periódicos y revistas de Argentina. Fue fundada en 1972 por el banquero David Graiver en la localidad bonaerense de San Pedro.
Tras su muerte en un accidente aéreo en 1976, el 2 de noviembre de ese año se firmó el traspaso de las acciones del difunto Graiver a los diarios Clarín, La Nación y La Razón.
Miembros de la familia Graiver, así como asociados de entonces presentaron una demanda ante la justicia para reclamar la recuperación de esa industria de la cual fueron privados forzosamente, según denunciaron ante la justicia.
El exaccionista de Papel Prensa Rafael Ianover consideró este lunes que la documentación sobre la empresa encontrada “podrá acelerar la investigación y el consiguiente fallo judicial a fin de determinar la responsabilidad que le cabe a los acusados”.
En su opinión, el proceso de esta causa judicial ha venido muy lento hasta ahora, por lo que considera que estas actas ahora sacadas a la luz podrán acelerar la investigación y el consiguiente fallo judicial.
“Esos documentos seguramente confirmarán lo que ya sabemos. Me siento optimista en el sentido de que se convierta en una investigación clara y definitiva sobre los hechos aberrantes que ocurrieron en esa época”, remarcó Ianover.
“Mi expectativa consiste en que la justicia, a través de esas actas, confirme la asociación ilícita entre los tres diarios -Clarín, La Nación y La Razón- y el gobierno de facto para quedarse con Papel Prensa”, sostuvo el exaccionista.
Argentina. Cuando la justicia no tiene fronteras Scilingo no se inmutó al escuchar su condena por Victoria Ginzberg
Lunes, 11 de Noviembre de 2013 15:30
Por primera vez un tribunal extranjero condenó a un represor
argentino con el acusado presente y aplicó la jurisdicción universal.
Fue sentenciado en base a su confesión y al relato de víctimas,
familiares y sobrevivientes. Cumplirá 30 de los 640 años.
El ex marino Adolfo Scilingo fue
condenado en Madrid a 640 años de prisión. Se trata de la primera
sentencia con el acusado presente de un tribunal extranjero contra un
represor argentino por violaciones a los derechos humanos durante la
última dictadura. También es la primera vez que en estos casos se aplica
la jurisdicción universal. Esto implica que no sólo se investigaron los
crímenes cometidos contra ciudadanos españoles sino, en base a los
principios del derecho internacional, el plan militar para eliminar todo
aquel considerado “subversivo”. “Esta es la culminación de un proceso
que se inició gracias a que el pueblo argentino salió a la calle”,
aseguró Graciela Daleo, sobreviviente de la Escuela de Mecánica de la
Armada (ESMA), en referencia a que la denuncia original fue realizada
por el fiscal español Carlos Castresana luego de ver por televisión la
masiva movilización que se hizo en Buenos Aires el 24 de marzo de 1996, a
los 20 años del golpe de Estado.
Los miembros de la Asociación de Ex
Detenidos Desaparecidos siguieron la lectura de la sentencia desde una
pantalla colocada en el microcine de ATC. Muchos de los que habían sido
testigos del juicio pudieron ver cuando el juez ponente del tribunal,
José Ricardo De Prada, anunció que Scilingo era condenado a 30 penas de
21 años –una por cada persona que arrojó al mar en los Vuelos de la
Muerte– más cinco años por un caso de torturas y otros cinco por una
detención ilegal.
No hubo aplausos inmediatos. Quienes
estaban en la sala sintieron la ausencia de la palabra “genocidio”. A
diferencia del juez Baltasar Garzón, el tribunal oral que juzgó a
Scilingo no calificó los hechos investigados de esa manera, sino como
“crímenes de lesa humanidad”, que es más genérico. Sin embargo, los
integrantes de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos enseguida se
percataron de la importancia de haber llegado a esta primera condena en
España, en un juicio iniciado hace nueve años y sostenido en base al
esfuerzo de las víctimas y los familiares argentinos, que atravesaron el
océano cada vez que hizo falta para dar su testimonio. Entonces sí se
escucharon los aplausos y el ya clásico “Como a los nazis, les va a
pasar, adonde vayan los iremos a buscar”.
La misma frase se cantó en la puerta de
la Audiencia Nacional española, donde integrantes de HIJOS (Hijos por la
Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio) y otros
familiares de desaparecidos y exiliados festejaron la condena. Hasta
ahora, los antecedentes más cercanos fueron los juicios contra Alfredo
Astiz en Francia y Santiago Omar Riveros y Carlos Guillermo Suárez Mason
en Italia. Pero esos procesos se realizaron en ausencia y esos
represores siguieron en libertad hasta que la Justicia argentina decidió
reabrir las causas sobre las violaciones a los derechos humanos
cometidas durante la dictadura.
En Madrid la sala estaba llena. Estela
Carlotto y Rosa Roisinblit, de Abuelas de Plaza de Mayo, la actriz
Cecilia Rossetto y el actor Juan Diego Boto, cuyo padre está
desaparecido y estuvo secuestrado en la ESMA, fueron algunos que los que
presenciaron la audiencia y compartieron la emoción con los abogados
que sostuvieron la acusación.
A Scilingo se lo había visto tranquilo,
sentado en una silla en primera fila frente a los tres jueces del
tribunal y delante de un micrófono que no usó. De pantalón y saco
oscuros y suéter rojo, el represor hojeó unos papeles que había traído
consigo y no se inmutó al escuchar su condena.
Antes, el juez De Prada había narrado
los hechos que el tribunal dio por probados, parte de los 209 folios que
componen la sentencia. Entre otras cosas, los magistrados señalaron que
a fines de 1976, al ser destinado en la ESMA, el ex marino había
querido formar parte del grupo de tareas 332, pero que tuvo que
conformarse con ser el jefe de Electricidad y Automotores. Agregó que
desde ese puesto pudo hacer tareas complementarias y de apoyo a la
represión, además de estar al tanto de la cantidad de crímenes que se
cometían allí y la metodología que se empleaba. Los jueces armaron parte
del fallo en base a las declaraciones del propio acusado. Describieron
los dos vuelos de la muerte en los que participó el condenado: las
palabras de Jorge “El Tigre” Acosta intentando convencer a quienes iban a
ser arrojados vivos al mar de que tenían que festejar porque iban a ser
llevados al Sur y el pánico de Scilingo cuando en uno de los viajes,
después de desvestir a las víctimas que habían recibido la inyección de
pentotal, casi se cae al vacío. En fin, tanto su confesión relatada en
el libro El Vuelo como sus primeros testimonios judiciales tenidos por
válidos. Su posterior desmentida, cuando el encierro en España ya era un
hecho, tuvo la misma credibilidad que los desmayos fingidos en el
juicio oral.
Los 640 años de prisión para Scilingo
están lejos de los 9138 que había reclamado la fiscal Dolores Delgado o
los 6626 años de la Acusación Popular y particulares. “Lo que ocurrió es
que solo lo condenaron por los vuelos de la muerte y un caso de
torturas y una privación ilegal en los que participó, pero nosotros
habíamos pedido que fuera condenado por los 193 desaparecidos y los 93
casos de torturas que hay registrados en la ESMA durante el período que
él estuvo allí, por eso vamos a recurrir el fallo”, aseguró el abogado
Carlos Slepoy. De todas formas, Scilingo cumplirá efectivamente una pena
de 30 años, la máxima prevista en la práctica por la legislación
española.
El letrado de la Acusación Popular restó
importancia al hecho de que los jueces no condenaran a Scilingo por
genocidio porque –señaló– de la lectura del fallo se desprende que lo
que ocurrió en Argentina durante la dictadura fue un genocidio. De
hecho, en la sentencia se señaló que quienes dieron el golpe de Estado
del 24 de marzo de 1976 “estimaban como necesaria la eliminación física
del grupo nacional opositor a su ideología y a sus proyectos”. Daleo
consideró importante la inclusión del genocidio porque esa calificación
“implica no sólo que hay intencionalidad de comisión de múltiples
delitos, sino el exterminio de un grupo por lo que es, por su cultura,
por el proyecto que porta”. Enrique Fukman, otro sobreviviente de la
ESMA, señaló: “Creo que esta sentencia, a diez mil kilómetros, nos
debería hacer reflexionar a todos los argentinos, todos desearíamos que
se hubiera dado en nuestra país”.
MALVINAS ARGENTINAS Sábado, 02 de Noviembre de 2013 10:27 |
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ENCUENTRO NACIONAL DE PUEBLOS FUMIGADOS (AW Agencia Walsh) En apoyo al corte y al acampe para impedir la instalación de la planta de Monsanto en el Barrio Malvinas Argentinas, la UAC (Unión de Asambleas Ciudadanas), las Madres de Ituzaingo, el colectivo “Paren de Fumigarnos” Santa Fé y otros, convocan a un encuentro nacional de pueblos afectados por la fumigaciones. El mismo se llevará a cabo, hoy sábado y mañana domingo, en la ruta 188, Km 9,5, frente a la planta en construcción.  Prensa UAC Para uniondeasambleas@googlegroups. nov1 a las 10:44 A.M. Prensa Unión de Asambleas Ciudadanas Informa 01 de Noviembre de 2013 Malvinas Argentinas: Encuentro Nacional de Pueblos Fumigados Córdoba, 31 de Octubre de 2013 En apoyo al Corte y Acampe a la construcción de la planta de Monsanto en Malvinas Argentinas. Sobre Ruta A188 km 9,5 km, en las puertas de la obra y a metros de la escuela Candelaria de Malvinas Argentinas. Sábado 2 de Noviembre de 14 a 18hs. Domingo 3 de Noviembre de 9 a 12hs. Ante la paralización total de las obras de construcción de la planta de MONSANTO en la localidad de Malvinas Argentinas, los pueblos fumigados de Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires y Córdoba nos reunimos en apoyo a la heroica lucha del pueblo que resiste en defensa de la salud de nuestros hijos y el derecho a un ambiente sano y para concertar acciones contra el modelo de agricultura tóxica impuesto desde los centros financieros mundiales que afectan gravemente la salud y el ambiente, como lo revelan científicos y universidades de nuestro país, con trascendencia mundial. La empresa MONSANTO, emblema de un modelo planetario destructivo que atenta contra la misma supervivencia humana pretende erigirse en un suprapoder sobre las leyes y poblaciones argentinas avanzando ilegítimamente por encima del derecho de los habitantes a vivir en un ambiente sano y apto para el desarrollo, como manda el artículo 41 de nuestra Constitución Nacional, el cual, como habitantes, tenemos el deber de preservar para las generaciones futuras. La pretensión de continuar con la construcción a pesar de existir acciones judiciales pendientes por falta de aprobación de informe de impacto ambiental, licencia social previa y flagrantes violaciones legales en el procedimiento ante la Secretaría de Ambiente de la provincia de Córdoba, entre otras, deja claro que la empresa norteamericana está dispuesta a hacer tabla rasa aun con las tibias regulaciones locales. Rechazamos no solo un nuevo foco contaminante en un ambiente ya viciado por millones de litros de agrotóxicos con tasas de enfermedades y muertes por cáncer disparadas sino la pretensión de convertir esta pequeña población en un aguantadero desde el cual MONSANTO seguirá intoxicando a Argentina y el mundo con sus experimentos transgénicos para satisfacer objetivos meramente financieros y geopolíticos. Malvinas Argentinas resiste, fuera MONSANTO de Córdoba. Llevar carpas y bolsas de dormir. ¡No te dejes fumigar! FUERA MONSANTO DE MALVINAS Y DE AMÈRICA LATINA Convocan: Madres de Ituzaingó, Asamblea Malvinas Lucha por la Vida, Colectivo PAREN DE FUMIGAR Córdoba, Colectivo Paren de Fumigarnos Santa Fe, CEPRONAT, Asamblea CASA (Colectivo de Asambleas Socio Ambientales). Comisión Prensa y Comunicación UAC Unión de Asambleas Ciudadanas UAC Unión de Asambleas Ciudadanas Contra el Saqueo y la Contaminación www.asambleasciudadanas.org.ar facebook.com/ http://twitter.com/prensauac |
Argentina: Elección histórica del Partido Obrero en Salta
Jorge Altamira (especial para ARGENPRESS.info)
El Partido Obrero ha obtenido un triunfo extraordinario en las elecciones de la provincia de Salta, el domingo 10, al vencer en todas las categorías en disputa en la ciudad capital, por una diferencia que llega a 14 puntos en el caso del Concejo Deliberante. Si se tiene en cuenta que el PJ nos superó por 7 puntos en las Paso, asistimos a un trasvasamiento de 20 puntos en dos meses. Un nuevo sector muy amplio del peronismo se volcó al Partido Obrero, en una tendencia de crecimiento del 30% en cada una de las cuatro elecciones que tuvieron lugar desde agosto.
El PO pasó del 11%, en 2011, al 30%, el domingo, lo cual representa un aumento de casi el 200%. En octubre pasado consagró un diputado nacional. Con estos guarismos capitalinos (el 45% del electorado de la provincia), nuestro partido pelea el primer lugar a nivel de la provincia. Se han logrado numerosos concejales en Irigoyen, Orán, Colonia Santa Rosa, Mosconi, Aguaray y otras localidades. Estos resultados profundizan de un modo contundente la gran elección del Frente de Izquierda y los Trabajadores a escala nacional.
Estamos frente a una enorme derrota política del gobierno de la provincia y del gobierno nacional, ambos kirchneristas, y se ha cortado de cuajo la prédica reaccionaria de la camarilla sojera de Olmedo. Este derrota es la consecuencia de una confrontación política sin concesiones entre el oficialismo de la provincia, por un lado, y el Partido Obrero, por el otro. Es asimismo una expresión de la fragmentación política del peronismo y del kirchnerismo, que en el plano de la provincia adquiere características aún más agudas. Los aparatos políticos de la clase capitalista se disgregan bajo la presión de los grandes desequilibrios económicos que caracterizan el momento actual y del temor a la convulsión social que provocará un ajuste que hará pagar esta crisis! a los trabajadores. Urtubey, Romero y Olmedo han sucumbido ante una tasa de desocupación del 15% y el trabajo precario y en negro que afecta a más de la mitad de los trabajadores, y a un mínimo salarial muy inferior incluso al misérrimo salario mínimo nacional. Han sucumbido ante la impunidad hacia el gatillo fácil y la violación de derechos humanos. En la capital provincial, la fragmentación se manifestó incluso en la lucha de camarillas al interior del partido del gobierno. Una enorme porción del electorado saltó el cerco del voto tradicional al peronismo hacia el Partido Obrero. Se van reuniendo las condiciones para el surgimiento de un nuevo movimiento popular bajo las banderas del socialismo
En el ámbito municipal, la confrontación adquirió características más agudas aún ante la descarada malversación del presupuesto, un impuestazo reciente repudiado por la mayoría de la población y una alevosa confiscación de terrenos fiscales en favor de desarrolladores inmobiliarios, en perjuicio del pueblo sin vivienda. El choque entre el gobierno local y el PO en estos asuntos, decidió definitivamente un nuevo traslado de votos hacia nuestro partido. Pasamos a una situación virtualmente mayoritaria en el Concejo, lo cual significa que estableceremos su agenda de aquí en más, en primer lugar la anulación del impuestazo, la auditoría de los contratos de obras y servicios , y medidas inmediatas de construcción de viviendas de acceso social en el casco urbano. La elección de Gabriela Cerrano como senadora, la primera vez en la historia del PO, está vinculada a su actuación descollante como concejala en todos los temas señalados.
La victoria histórica del PO ha tenido lugar luego de una feroz campaña clerical empeñada por el gobierno, Romero, Olmedo y el Opus Dei, con la participación activa del obispo de Salta, contra la defensa de los derechos de la mujer por parte del Partido Obrero: educación sexual, anticonceptivos, derecho al aborto. Se sembró la ciudad de volantes apócrifos y una agitación radial y televisiva de la peor calaña. La victoria del PO es una muestra de la elevada conciencia política del pueblo de Salta. El ataque clerical contra el PO disimuló un ataque feroz contra la mujer y sus derechos por parte de la reacción política. Fracasaron.
De aquí en más, en forma coordinada con el Frente de Izquierda en todo el país, el Partido Obrero de Salta impulsará en forma enérgica el mandato recibido por los trabajadores obreros y medios de la provincia.
Publicado por ARGENPRESS
El Partido Obrero ha obtenido un triunfo extraordinario en las elecciones de la provincia de Salta, el domingo 10, al vencer en todas las categorías en disputa en la ciudad capital, por una diferencia que llega a 14 puntos en el caso del Concejo Deliberante. Si se tiene en cuenta que el PJ nos superó por 7 puntos en las Paso, asistimos a un trasvasamiento de 20 puntos en dos meses. Un nuevo sector muy amplio del peronismo se volcó al Partido Obrero, en una tendencia de crecimiento del 30% en cada una de las cuatro elecciones que tuvieron lugar desde agosto.
El PO pasó del 11%, en 2011, al 30%, el domingo, lo cual representa un aumento de casi el 200%. En octubre pasado consagró un diputado nacional. Con estos guarismos capitalinos (el 45% del electorado de la provincia), nuestro partido pelea el primer lugar a nivel de la provincia. Se han logrado numerosos concejales en Irigoyen, Orán, Colonia Santa Rosa, Mosconi, Aguaray y otras localidades. Estos resultados profundizan de un modo contundente la gran elección del Frente de Izquierda y los Trabajadores a escala nacional.
Estamos frente a una enorme derrota política del gobierno de la provincia y del gobierno nacional, ambos kirchneristas, y se ha cortado de cuajo la prédica reaccionaria de la camarilla sojera de Olmedo. Este derrota es la consecuencia de una confrontación política sin concesiones entre el oficialismo de la provincia, por un lado, y el Partido Obrero, por el otro. Es asimismo una expresión de la fragmentación política del peronismo y del kirchnerismo, que en el plano de la provincia adquiere características aún más agudas. Los aparatos políticos de la clase capitalista se disgregan bajo la presión de los grandes desequilibrios económicos que caracterizan el momento actual y del temor a la convulsión social que provocará un ajuste que hará pagar esta crisis! a los trabajadores. Urtubey, Romero y Olmedo han sucumbido ante una tasa de desocupación del 15% y el trabajo precario y en negro que afecta a más de la mitad de los trabajadores, y a un mínimo salarial muy inferior incluso al misérrimo salario mínimo nacional. Han sucumbido ante la impunidad hacia el gatillo fácil y la violación de derechos humanos. En la capital provincial, la fragmentación se manifestó incluso en la lucha de camarillas al interior del partido del gobierno. Una enorme porción del electorado saltó el cerco del voto tradicional al peronismo hacia el Partido Obrero. Se van reuniendo las condiciones para el surgimiento de un nuevo movimiento popular bajo las banderas del socialismo
En el ámbito municipal, la confrontación adquirió características más agudas aún ante la descarada malversación del presupuesto, un impuestazo reciente repudiado por la mayoría de la población y una alevosa confiscación de terrenos fiscales en favor de desarrolladores inmobiliarios, en perjuicio del pueblo sin vivienda. El choque entre el gobierno local y el PO en estos asuntos, decidió definitivamente un nuevo traslado de votos hacia nuestro partido. Pasamos a una situación virtualmente mayoritaria en el Concejo, lo cual significa que estableceremos su agenda de aquí en más, en primer lugar la anulación del impuestazo, la auditoría de los contratos de obras y servicios , y medidas inmediatas de construcción de viviendas de acceso social en el casco urbano. La elección de Gabriela Cerrano como senadora, la primera vez en la historia del PO, está vinculada a su actuación descollante como concejala en todos los temas señalados.
La victoria histórica del PO ha tenido lugar luego de una feroz campaña clerical empeñada por el gobierno, Romero, Olmedo y el Opus Dei, con la participación activa del obispo de Salta, contra la defensa de los derechos de la mujer por parte del Partido Obrero: educación sexual, anticonceptivos, derecho al aborto. Se sembró la ciudad de volantes apócrifos y una agitación radial y televisiva de la peor calaña. La victoria del PO es una muestra de la elevada conciencia política del pueblo de Salta. El ataque clerical contra el PO disimuló un ataque feroz contra la mujer y sus derechos por parte de la reacción política. Fracasaron.
De aquí en más, en forma coordinada con el Frente de Izquierda en todo el país, el Partido Obrero de Salta impulsará en forma enérgica el mandato recibido por los trabajadores obreros y medios de la provincia.
Publicado por ARGENPRESS
Lo que dejan las elecciones y los desafíos de la izquierda
3 de noviembre 2013
En el marco de
la ronda de debates del Centro Cultural El Avispero, realizamos una
entrevista en profundidad con Jorge Orovitz Sanmartino, sociólogo de la
UBA-IEALC, integrante del EDI (Economistas de Izquierda) e integrante de
la Junta Comunal N° 7 en la CABA.
EA: Bueno Jorge, la política
argentina va toda velocidad, no terminaron las elecciones que se vino el
vendaval del fallo de la Corte declarando constitucional la ley de
medios…
JOS: Si es verdad, parece parte de
la cultura política argentina, vivimos en la montaña rusa…, con la
economía sucede algo similar, a diferencia de Brasil o Uruguay, nos
caracterizamos por ciclos polarizados de depresión o altísimo
crecimiento, somos de todo menos lineales. Pero en fin, los espasmos y
las contorsiones de la vida nacional dan para largo…
EA: Si te parece me gustaría que analizáramos cómo queda la política nacional después de las elecciones.
JOS: Yo no creo en el tan
difundido “fin de ciclo”. No por lo menos tal como lo presentan muchos
periodistas de la oposición, que expresan más sus deseos que un análisis
juicioso sobre las correlaciones de fuerza políticas. Es evidente que
el kirchnerismo atraviesa una situación de desgaste no sólo político
sino también de pérdida de seguridad en el manejo de la política
económica, que muestra un deterioro de ciertas variables como las
reservas o el superávit comercial, que evidentemente está repercutiendo
en el humor de algunos sectores sociales. Políticamente, el retroceso
electoral es fuerte. Obviamente, el oficialismo lo compara con las
legislativas del 2009, apuntalando el argumento de que mantienen el
quórum legislativo en las dos cámaras, y en parte este argumento es
cierto, no hay un derrumbe político, no de gobernabilidad, y lo más
probable es que, como sucedió en el 2009 luego de la derrota abrumadora,
sobre todo en provincia de Buenos Aires, el kirchnerismo intente una
contraofensiva política en base a una agenda de tipo popular, claro que
las condiciones económicas le ha achicado los márgenes para un intento
de este tipo, pero para nada es imposible, lo creo lo más probable, aún a
costa de sufrir el desgaste que implica la persistente inflación o
incluso alcanzando acuerdos con los organismos de crédito internacional
que les permita tomar nuevamente créditos en el exterior. En este
sentido el “fin de ciclo” es más un deseo que una realidad. Pero es
evidente también que el oficialismo sufrió una merma de credibilidad y
de apoyos populares que son insoslayables. El resultado electoral,
sumado a la imposible reelección de Cristina son los datos centrales que
marcarán el dinamismo de los movimientos políticos en el futuro. ¿Podrá
colocar, como hizo Lula con Dilma, un candidato propio que le de
continuidad a su gobierno o tendrá que negociar con Scioli un recambio
pactado? Está claro que un gobierno Scioli no será un gobierno propio, y
representará un giro a derecha de la misma magnitud que un gobierno
Massa, Macri, De La Sota y Das Neves, para no hablar del casi improbable
gobierno Cobos o Carrió. La irrupción de Massa en Buenos Aires, el
triunfo de Cobos y el macrismo en Capital, de Schiaretti en Córdoba
muestran el fortalecimiento de alternativas conservadoras al
kirchnerismo. Si podemos hablar de un “fin de ciclo” es sólo en el
sentido de que el péndulo comenzó a moverse en el sentido opuesto. El
kirchnerismo tiene chances de sobrevivir al 2015 como una minoría
fuerte, podría sostenerse como la nueva centroizquierda nacional, no con
el apoyo de gobernadores e intendentes que hoy tiene, pero si como
corriente ideológica y política del progresismo afín al peronismo,
dándole chances a Cristina de volver en 2019, pero claro, en nuestro
país hablar de 4 o 6 años es hablar casi en lenguaje astronómico. Lo que
quiero decir con el movimiento pendular es que hubo un corrimiento a la
derecha del que participó no sólo la oposición conservadora sino
también los candidatos del gobierno. Martín Insaurralde pretendió
robarle la carta de la seguridad a Sergio Massa con la baja de edad de
imputabilidad, copiando los gestos del populismo conservador. Ya tiene
planes para entrar al gabinete de Scioli y trabajar con él por la
gobernación. El multimillonario De Narváez, cuyo slogan de campaña fue
“un crimen un castigo” lo felicitó, aunque aseguró que “no le creía”.
Este giro se evidencia en la gestión de gobierno como las tratativas con
los organismos de crédito internacionales, el blanqueo de capitales, la
aceptación y el acuerdo con el CIADI, la asociación con Chevron. El
kirchnerismo pretende resolver por derecha los enormes problemas
estructurales que su modelo neodesarrollista no pudo corregir o incluso
agravó, como la crisis energética. Aún así, se equivocan los que esperan
del kirchnerismo un “ajuste salvaje”. Como lo mencioné en muchos de mis
artículos, el kirchnerismo asumió el gobierno sostenido en una relación
de fuerzas que nació como subproducto del argentinazo del 2001, y si
logró encauzar las instituciones de la república y recuperar la
gobernabilidad para un nuevo ciclo de reproducción ampliada del capital
fue gracias a que supo tributar a ella e, incluso, la asumió como sello
de origen de su gobierno. El kirchnerismo se forjó como corriente de
centroizquierda en el gobierno y un ajustazo antipopular sería un
fenómeno contradictorio con su trayectoria. Nunca se puede descartar
pero ahí sí, cambiaría el carácter de “compromiso” que ha tenido el
Estado conducido por el kirchnerismo durante los últimos 10 años.
EA: Muchos analistas creen que un ajuste es inevitable en la economía.
JOS: Vamos por partes. Hay
sectores conservadores, liberales, que despotrican contra la “falta de
libertad” para comprar y vender dólares, o por las barreras a la
importación. Ellos impulsan un ajuste. Durante las elecciones los
escuchamos decir que parar la inflación es cosa de 3 meses, como los
casos de Prat Gay o Melconian. La verdad es que Argentina regresó a lo
que se creía superado, la restricción de divisas. Hay una contradicción
en países de alto desarrollo de consumo y diversificación económica como
el nuestro que al mismo tiempo tienen una baja productividad
industrial. El consumo y la sofisticación en las ramas de bienes de
consumo impulsan la importación que sólo sostiene la exportación
agropecuaria, porque la industria no sólo no compensa ese déficit sino
que es la más deficitaria de todas, como la industria automotriz. Ahora
se sumó el déficit de divisas por la crisis energética, que es pura
responsabilidad del kirchnerismo, sin atenuantes, pues sostuvo el modelo
de negocio de Repsol e incluso lo profundizó, cuando permitió la
desinversión a cambio de la venta de una porción del paquete accionario a
los Eskenazi, bajo la doctrina de la “buena burguesía nacional”. En
definitiva, el problema de la inflación sólo se puede resolver en 3
meses mediante la políticas ortodoxas, un shock anti obrero como el que
proponen economistas del establishment, que proponen subir las tasas de
interés, ajustar los gastos del estado, devaluar sin contemplación, en
fin, las recetas de siempre. El problema inflacionario es un problema
también en países como Venezuela, con sus propias características, que
ha impulsado el consumo interno pero no ha logrado una nueva matriz
industrial que le permita reemplazar al petróleo como eje de la economía
y fuente de divisas. La corrida al dólar blue refleja un desbalance, no
es una conspiración política orquestada por Clarín, Cobos y De La Sota,
con el apoyo de la embajada de EEUU. El incremento de la demanda de
sectores populares es una medida keynesiana, pero más keynesiana es la
inversión pública, que es la que se deterioró como lo demuestra el caso
ferrocarriles y caminos, y que crea empleo al mismo tiempo que eleva la
productividad del trabajo. El recalentamiento de demanda sin aumento de
inversión (que sólo podía encarar el estado) explica un componente de
inflación y del que se toma la derecha para proponer un freno al gasto
fiscal. También es un hecho que el aumento de la demanda no fue sólo a
los sectores populares sino a sectores medios altos, como el subsidio a
las tarifas de agua y luz para countries con piscina y cosas parecidas.
Por otro lado, el aumento del salario real que fue impulsado por el
crecimiento fenomenal de los primeros años, hasta el 2008, fue achicando
la tasa de ganancia del capital, y la inflación fue creciendo como
respuesta empresaria a esa tendencia. Estos aumentos fueron compensados
por el aumento de productividad, pero me parece que hay un fenómeno
cultural que se repite de utilizar momentos de inflación para descargar
el aumento de salarios en los precios, en la creencia de que la demanda
no disminuirá y que genera una profecía autocumplida. Habría que
estudiar más este punto. Un tercer elemento es el hecho de que Argentina
exporta bienes salarios, es decir, alimentos, que implican una
importación de inflación. Un entramado industrial exportador fuerte
podría compensar con creces este desbalance. Pero parece que el “mal
holandés”, el ingreso de divisas por la exportación de algún recurso
natural que desplaza a la producción industrial, ha hecho su trabajo, en
toda América latina. El único que podría contrapesar esa tendencia
secular del mercado es la inversión y planificación estatal, el único
con capacidad para ir a contracorriente. Llegado a este punto el fracaso
del gobierno es el fracaso de los métodos de mercado para controlar
esas variables. El programa ortodoxo de ajuste parece más realista que
los gritos destemplados y las gesticulaciones teatrales de Moreno. La
otra variante es la de avanzar en el control estatal del comercio
exterior, la reforma financiera, la auditoría de la deuda y un plan
serio de industrialización y sustitución de importaciones de largo
plazo, donde el estado debe cumplir un papel central en la orientación
de la inversión, y la profundización de la integración regional. Este
camino, denunciado como chavización radical, podría ser una alternativa
que el kirchnerismo ha rechazado siempre. Así, no le queda otra que
“negociar” con 5 formadores de precios, apurar a casa Piano los lunes de
8 a 9 de la mañana mientras se está duchando para que el dólar blue no
pase los 10 pesos, acordar con Chevron una asociación leonina que vende
como una “patriada” por la soberanía energética, o “cantarle las
cuarenta” a los fondos buitres mientras acepta los términos del CIADI
con el fin de que entren unos modestos 3 mil millones en los próximos
dos años y cosas por el estilo. Este “programa” es el que desbroza el
camino para las recetas ortodoxas. Es su bandeja de plata. Mientras
sigan altos los precios de los bienes exportables como la soja o no se
derrumbe la economía brasilera, el gobierno podrá pilotearla, pero
acumulará problemas estructurales de largo plazo. Argentina perdió la
posibilidad de relanzar un proceso de industrialización y de movilidad
social ascendente porque resignó al mercado las palancas fundamentales
de la inversión y la planificación económica.
EA: ¿Qué relación ves entre este impasse económico y el plano político?
JOS: La relación entre economía y
política jamás es lineal. Por un lado veo que las alianzas
liberal-conservadoras se han hecho fuertes tomando el tema de la
inflación y la seguridad. Massa, por ejemplo, insistió con que se podía
detener la inflación llevando seguridad jurídica a los empresarios, como
si la burguesía no hubiera sido beneficiada por las más altas tasas de
ganancias que se recuerde. El caso de UNEN es el más llamativo, Prat Gay
piensa igual que Massa, Carrió dice que todo se resuelve llevando a
juicio a los corruptos, que todo es un tema de corrupción, y sale
corriendo cada dos por tres para Washington a hacer sus denuncias en el
país más libre y transparente del mundo, donde todo se alcanza por
consenso y en paz, tanto que por un pelito los republicanos no
alcanzaron su objetivo de empujar hacia el abismo a Obama, que evitó
caer en default en el décimo round y donde toda la industria de
armamentos y petrolera está acusada de beneficios por el lobby
corporativo, actos de corrupción dentro y fuera del país, igual que la
industria farmacéutica o financiera. Por último está Pino Solanas, que
piensa que la cosa pasa por nacionalizar el petróleo y reconstruir los
ferrocarriles. Pino, que viene del nacionalismo, del peronismo de
izquierda, siempre conservó ese alma liberal republicana. Esas dos caras
pudieron convivir mientras se dirigió a un electorado que podía
entender que un programa nacionalista, liberador, debía hacerse mediante
procedimientos transparentes, democráticos y respetando una ética
pública. Pero en la medida en que las movilizaciones del 8N y las que le
precedieron impusieron una agenda de defensa de la “libertad de
expresión” contra la “dictadura kirchnerista”, y denunciaron la “muerte
de la república” a manos de Moreno y D’Elía, Pino se perdió. Podría
haber quedado como una minoría activa fuerte, un bloque nacional popular
a la izquierda del kirchnerismo del 13 o 15% de los votos, o haber
crecido al 17-20% confluyendo con la izquierda, pero los resignó para
alcanzar con sus actuales aliados una banca del senado, para lo cual
debía representar a los caceroleros enfurecidos. Su portavoz más natural
era, lógicamente, la extravagante Elisa Carrió, que terminó siendo,
como era previsible, la vedette de UNEN y gran protagonista de la grilla
central de TN. El otro gran fenómeno, el que más me importa desde el
punto de vista político, lo digo antes que me tires la pregunta cantada,
es el crecimiento de los votos de la izquierda.
EA: Si, fue un fenómeno que muchos no se lo esperaban, aunque la izquierda vino creciendo en los últimos 2 años.
JOS: El FIT sacó casi 1,2 millones
de votos, creciendo con respecto a las PASO. En agosto, con las
internas abiertas, el FIT había sacado 900 mil de 1,4 millones de votos
de toda la izquierda. ¡Este crecimiento de la izquierda es una excelente
noticia! El voto a la izquierda fue muy alto y de ese proceso el FIT es
quien logró capitalizarlo. Las PASO la favorecieron y le permitieron
crecer un 25% más. Cuando se conformó en 2011 para las presidenciales y
como respuesta a la nueva ley electoral, sus componentes, que se
presentaban separados, ya sumaban unos 400 mil votos, y la unidad la
potenció hasta los 500 mil. Fue una elección histórica. Superior a la
experiencia de IU y del MAS. No tanto por la cantidad de votos en
porcentaje en algunos distritos, donde la izquierda supo conquistar más
votos todavía, como CABA y Buenos Aires, sino por su dimensión nacional,
destacando la elección de Salta, donde salió primero en la Capital con
28% para diputados y tercero con el 20 % a nivel provincial, Mendoza con
el 14%, Santa Cruz con el 11% y otras provincias también. Me parece que
hay varios factores que lo explican. En primer lugar el debilitamiento
de la atracción que ejercía el FPV. Esto quiere decir que hubo un sector
del electorado que optó por la izquierda. Se trata de un fenómeno que
coloca a la izquierda como protagonista de la política nacional y de
muchas provincias y le permite pensar en nuevos desafíos de manera audaz
y ofensiva. No se trata de “la ruptura” de la base peronista ni de un
voto de clase. En Salta Capital, por ejemplo, el PO obtuvo el doble o
triple de votos que en concentraciones de tradición obrera como Mosconi o
Tartagal. Lo mismo puede decirse en Mendoza, CABA o Buenos Aires. Pero
está claro que un sector del electoral que antes optaba por otras
variantes encontró en la izquierda un instrumento para expresar o su
descontento o la exigencia de voces disidentes en el parlamento. El
retroceso del FPV es parte también del segundo fenómeno que lo explica,
el retroceso o la desaparición de las variantes de centroizquierda o de
izquierda nacional, por ejemplo de Proyecto Sur, el giro a derecha de
Libres del Sur o el acuerdo del socialismo con los radicales a nivel
nacional. Estos movimientos hacia la derecha dejaron una vacancia de
alternativas que el FIT logró capitalizar, en parte porque sus
candidatos o sus siglas vienen manteniendo una perseverancia y
conocimiento desde hace décadas. En el interior del país el fenómeno de
ausencia de variantes de centroizquierda se dio de manera más aguda, y
se combinó con la crisis de los partidos provinciales, como el de los
Demócratas en Mendoza. La cuestión de los representantes tiene su
importancia. Jorge Altamira y Luis Zamora, por ejemplo, se presentan
desde el retorno a la democracia como candidatos a presidente y a
diputados. Se hicieron conocidos por un amplio sector de la población.
Instalar figuras no se hace de un día para el otro y para el PO es un
premio a la constancia. Ese déficit es el que tuvo el NPA (Nuevo Partido
Anticapitalista) en Francia, cuyo candidato Olivier Besancenot, un
joven cartero muy popular, renunció a ser candidato por segunda vez
basado en la necesidad de la rotación y la renovación, en mi opinión un
error basista incomprensible para más del 5% del electorado francés que
le había dado su apoyo. El lustre del gran éxito del FIT, del esfuerzo
de su militancia, no debe ocultar los problemas y desafíos que tiene la
izquierda por delante. En Capital sobre todo, pero también en provincia
de Buenos Aires, la unidad de la izquierda hubiera permitido el ingreso
de uno o dos diputados en el primer caso y de otro diputado nacional en
el segundo, además de diputados provinciales y concejales. Es una tarea
pendiente. Yo espero que el éxito no se le suba a la cabeza, porque si
te embriagas perdes las proporciones y subestimas los peligros que
acechan. En ese sentido el FIT todavía debe abandonar el sectarismo para
con otras tradiciones o experiencias de izquierda, democráticas,
populares, saber construir en la diversidad. Sin ir más lejos, el FIT al
comienzo se formó por un impulso externo más que por convicción
interna, más por la necesidad imperiosa de sobrevivir a la nueva ley
electoral antes que al impulso de sus componentes a la confluencia, y
eso que son 3 corrientes trotskistas que tiene acuerdo en un 95% de las
cosas. Ojo, que la práctica misma te lleva a abandonar viejas ideas y
adoptar nuevas perspectivas. Hoy en día en el FIT nadie pondría en duda
la conveniencia de la unidad, pero fue el fruto de la experiencia. Esto
significa que la materialidad de las prácticas te va imponiendo nuevas
formas de hacer la política.
EA: Quiere decir que dentro de tus críticas sos optimista.
JOS: Sí, por qué no. Te doy un
ejemplo. En Salta el próximo domingo se elegirán concejales. Es probable
que el PO sea primero y cumpla un rol clave en el Consejo Deliberante.
Ojalá pueda repetir esta formidable elección en dos años cuando se vote
cargos ejecutivos. Grupos revolucionarios han tenido experiencias
ejecutivas en algunas municipalidades e intendencias en el mundo, como
la experiencia en Liverpool, para mencionar alguna. Ahí se te plantea
cómo administrar el municipio y al mismo tiempo impulsar una política
anticapitalista, se te plantea la exigencia de negociaciones para hacer
avanzar ciertas causas populares, en fin, aplicar los principios del
“reformismo revolucionario”, de un verdadero programa transicional, pues
este nivel de votos no se da en el medio de algún proceso
revolucionario ni mucho menos. El programa de transición sólo tiene
sentido desde esta perspectiva y no desde la lógica maximalista, para
decirte algo que puede sonar provocador es “keynesiano”, no en el
sentido de rescatar al capitalismo, que es lo que pretendía Lord Keynes,
sino al revés, en el sentido de que la conquista de nuevos derechos
sociales, de empleo, de seguridad social, de participación en las
ganancia, en los directorios, los convenios colectivos, son todas
potencialmente funcionales al capitalismo pero también potenciales
desestabilizadoras del mismo, conquistas sociales sin las cuales, como
decía Trotsky, no se puede conquistar lo nuevo, todo depende entonces de
la lucha de clases. Conquistas institucionalizadas y lucha de clases es
una dialéctica compleja, riesgosa, difícil pero inevitable. Volviendo a
la hipótesis de que el PO en Salta conquista la mayoría de consejales o
incluso más, alguna intendencia, esto te obliga a plantear propuestas
viables, a mantener el impulso movilizador con el realismo político que
te permita acumular poder. Un municipio debe ser gestionado, no puede
vivir en asamblea permanente ni expulsar a la policía en un período de
normalidad capitalista. Lo que sí puede hacer y que ha sido tildado de
“reformista” es impulsar la participación popular en todos los asuntos
de la administración, el presupuesto participativo, la revocabilidad de
mandatos, los foros o cabildos de participación popular, el control de
la gestión, etc. En el Consejo Deliberante de Salta el PO, además de
utilizarlo como tribuna revolucionaria deberá meditar cómo votar si
llegara a ser la primera minoría, pues si utilizara el recurso al
bloqueo permanente podría ser sometido a un desgaste acelerado, no
frente al sistema político sino frente a quienes los votaron. En fin,
creo que se abre una muy buena experiencia donde todos estos problemas
estarán candentes y la izquierda será sometida a prueba.
EA: Pero vos sos crítico de la experiencia del FIT, por ejemplo en temas como la ley de medios o la nacionalización de las AFJP.
JOS: Sí, soy crítico, pero no creo
que nada en el mundo se cosifique de tal forma que la práctica, la
experiencia concreta no te lleve a evolucionar y a sacar buenas
conclusiones. Soy crítico en algunos aspectos que están relacionados con
lo que te decía antes. Por ejemplo el posicionamiento de los
integrantes del FIT con respecto al proceso latinoamericano, a procesos
como los de Venezuela o Bolivia, de ser oposición cerrada, de no
participar de ninguna instancia política que empuje a esos procesos más
allá de donde hoy están. Y me parece que esa postura es teórica, una
manera de encarar su estrategia, la misma que se refleja en la política
argentina. Te doy un ejemplo con las medidas que se han votado en el
Congreso Nacional, por ejemplo la ley de nacionalización de las AFJP, o
de YPF o la ley de medios. Ellos se opusieron a la ley de medios, la
rechazan. Se trata de un rechazo que para mi nace de una perspectiva
maximalista y no marxista. La crítica por izquierda es, naturalmente,
que sin socialización de los medios de comunicación no hay verdadera
libertad de expresión. Yo coincido, sin el decreto de Lenin de 1917
ofreciendo a cada grupo de obreros que lo reclamen las imprentas del
estado para publicar lo que quieran, es decir, sin la libertad material
de expresión, no hay libertad real de expresión. Pero adoptar ese
planteo como condición de un voto afirmativo en el Congreso es
maximalismo. Porque no reconoce que la libertad formal, es decir, un
cuadro legal de desmonopolización y de entrega del 30% del espectro a
los medios comunitarios y alternativos, constituye la mejor plataforma
desde la cual extraer la consecuencia lógica de la socialización. De
hecho los medios comunitarios ya han presentado proyectos para la
entrega de subsidios, escuelas de formación y presionan cada vez más
para que se haga “material” un derecho formal. Como lo menciona Etienne
Balibar a propósito de la proposición de la “igualibertad”, sólo la
conquista de la libertad formal y de la igualdad de todos ante la ley
que ese principio implica, es que pudo germinar el ideal igualitario que
luego emergerá con la aparición del movimiento socialista. Lo mismo te
puedo decir del sufragio universal, del derecho a voto de la mujer, de
los derechos civiles, que implicaron unas luchas fenomenales por la
democratización y la ciudadanización del proletariado. Es lo mismo que
expresó Marx en 1844 su libro La Cuestión Judía, cuando sostuvo
que la emancipación política no equivale a la emancipación humana pero
es un enorme paso adelante y la condición de la emancipación humana. Lo
que quiero decir es que esas conquistas formales (y algunas, menores, no
tan formales, como los cupos para los artistas nacionales y otras) como
la ley de medios nunca son entendidas por el maximalismo como una
conquista sino como un engaño y un instrumento de dominación. Claro, en
la sociedad capitalista, como lo mencioné hace un rato, cualquier medida
social, económica, política puede ser funcional a la reproducción del
capital, por ejemplo, las medidas keynesianas de gasto público o la
participación obrera en el directorio de empresas, como ocurre desde la
revolución de 1918 hasta el día de hoy en Alemania. Pero no te podés
olvidar que también son un potencial elemento de de desmercantilización,
de desalienación, de liberación. Insisto, depende de la lucha de
clases. Son la plataforma desde la que el movimiento popular real puede
apoyarse para avanzar hacia derechos sociales materiales cada vez más
radicales. Me parece que en el fondo hay un debate sobre el concepto de
estado y de la política. El marxismo tradicional sigue viendo al estado
como una institución externa a la sociedad y a la lucha de clases,
homogéneo, policial, como lo era la Rusia zarista en 1917. Pero la
morfología del Estado 100 años después es muy diferente. Como había
sostenido Poulantzas la lucha de clases atraviesa constantemente al
Estado, lo fragmenta, lo hace heterogéneo, lo tensiona. El carácter de
los gobiernos es expresión también de esa lucha de clases, por eso es
distinto el menemismo del kirchnerismo. Cuando veo que algunas
corrientes hacen malabares para no apoyar medidas legislativas que han
sido y son parte constitutiva de un programa de izquierda, como las
retenciones a las exportaciones, siento que se imaginan enarbolando la
bandera de “ningún apoyo al gobierno provisional de Kerensky”, se trata
de un dogma, puro doctrinarismo, que no tiene ninguna relación ni por el
contexto ni por los actores, ni por la situación con aquella
circunstancia. Cuando se reclama y se apoya medidas democratizadoras, al
mismo tiempo se apuesta al poder constituyente de la lucha de clases, a
la no cosificación de esa conquista en la normalización mortal de la
rutina burguesa, sino en su radicalización, en el movimiento que genera
su carácter contradictorio, incompleto, incluso esquizofrénico. El
movimiento socialista siempre partió de la distancia entre la
inscripción formal de la igualdad ante la ley y la desigualdad material
que implicaba (así por ejemplo el movimiento feminista tomó la igualdad
ante al ley para reclamar primero su derecho al voto, pero también su
derecho material a participar de manera activa en el demos). En el caso
de la ley de medios, la diferencia entre la ley formal y lo real no es
un escándalo que habría que abolir desenmascarando las tentativas
formales por encubrir una realidad oculta, esa diferencia es el núcleo
de la política, es, al decir de Ranciere, el “mínimo de igualdad” sobre
el que descansa la posibilidad de la igualdad material. El objetivo no
es desmentir la apariencia sino confirmarla desde ese mínimo común de
igualdad que considera a la palabra como un bien común y no una
mercancía. Sólo la ley de medios, que reclama el interés público sobre
el privado, puede desmentir la apariencia ilusoria de la ley de medios
en su formalidad, ya que sólo su letra hace visible el carácter
contradictorio entre libertad de expresión y propiedad privada de los
medios de comunicación. Y sólo desde la conquista de la ley de medios se
puede poner en el banquillo de los acusados a quienes pretendan
alimentar otros monopolios o beneficiar a otros grupos afines o utilizar
de manera incorrecta la pauta oficial. Hoy el gobierno está más
expuesto que antes a cumplir con los requisitos de igualdad en la
distribución y administración de pauta y de medios y más expuesto al
incumplimiento a la aplicación de la ley en su totalidad como viene
sucediendo hasta ahora. Lo mismo vale para los derechos
constitucionales, la democracia o la declaración universal de los
derechos del hombre. Como lo dijo Arthur Rosemberg, uno de los más
lúcidos marxistas de principios del siglo XX, la democracia como cosa en
sí, como abstracción formal no existe en la vida histórica, la
democracia es siempre un movimiento político determinado, apoyado por
determinadas fuerzas y clases que luchan por determinados fines.
En definitiva, se trata de un debate
estratégico que abarca no tal o cual medida sino una forma de comprender
el carácter del estado y la política hoy en día. Pero ese debate
debemos hacerlo, no sólo en escritos o conferencias, debemos hacerlo en
la práctica, en la colaboración, en unidad, una unidad diversa, que es
otro de los puntos importantes de divergencia, por lo menos con lo que
vi de sus planteos.
EA: Por ejemplo un partido común, un frente electoral, ¿algo así?
JOS: El problema de la unidad, para mí,
no es sólo de eficacia electoral, que la hay, obviamente, sino de una
confluencia de distintas tradiciones y perspectivas. Esto haría visible
un bloque político nacional más rico y más fuerte, lo venimos planteando
desde hace tiempo, la izquierda socialista debería poder empalmar con
la mejor tradición del progresismo y el democratismo, con la izquierda
nacionalista, peronista o no, que reivindica a Jauretche y Scalabrini
Ortiz. Sólo así se puede penetrar en el tejido cultural y societario de
la nación. Recuerdo que Gramsci decía que el buen sentido nace desde el
seno mismo del sentido común y no como un brote espontáneo independiente
del sentimiento y la pasión popular. Esta penetración es todavía una
tarea pendiente, nadie debería confundirse con la distancia que existe
entre más de un millón de votos y la construcción de un movimiento
político y social de grandes mayorías. Esa es la importancia estratégica
del concepto de hegemonía acuñado por Gramsci frente a las versiones
estrechas de “frentes trotskistas” que carecen de voluntad de poder. Es
una tarea pendiente en todo el mundo, en un período de dificultades para
la izquierda, aunque la crisis europea y mundial, las transformaciones
en curso han creado condiciones más amigables para el desarrollo de
proyectos masivos de izquierda. Yo creo que experiencias como las de
Siryza en Grecia, conformado por una coalición de 12 partidos que han
venido confluyendo es una experiencia muy interesante. No se trata de
copiar, cada experiencia es diferente. Está también, a menor escala, la
experiencia del PSOL en Brasil, que creó su propia dinámica y donde se
convive en un partido común y los diversos grupos luchan con lealtad por
la conducción del partido. Está el Bloque de Izquierda en Portugal que
comenzó como un frente electoral. En Argentina falta una experiencia de
este tipo. Leí por ahí que el diputado electo por la provincia de Buenos
Aires y dirigente del PTS, el amigo Christian Castillo, decía que van a
utilizar el resultado electoral para hacer crecer su militancia. Está
bien, es natural, es una tarea fundamental, pero no puede ser la única.
El FIT tiene la responsabilidad de no cometer el error de IU que no
logró abrirse a la sociedad, ni siquiera se pusieron de acuerdo en abrir
locales que no sean de sus propios partidos, es decir, no le dieron
cabida a la gran mayoría que simpatizaba pero no se encuadraba en los
dos partidos que lo constituían. El FIT no logrará por sí mismo agrupar
en el seno de sus 3 partidos a la vasta y abigarrada red de movimientos,
grupos, la militancia agrupada en la galaxia de grupos que conforma la
llamada izquierda independiente, intelectuales, artistas, corrientes
estudiantiles, cátedras, revistas de izquierda, movimientos ecologistas
de diverso tipo. Pero sí tiene la responsabilidad de convocar de manera
amplia y sin condiciones a un movimiento que logre articularlos. También
podría avanzarse mediante la propuesta de un frente electoral a las
demás tendencias política de izquierda, a Nueva Izquierda, a Zamora, a
Camino Popular, a Patria Grande, en definitiva, mi intención no es
proponer una fórmula sino indicar la responsabilidad que para mí tiene
el FIT en avanzar por este camino. Lo sintetizaría de esta manera: O
autoproclamación sectaria, hoy enriquecida por una excelente cosecha
electoral, o convocatoria amplia y plural para la conformación de un
amplio movimiento nacional, popular, democrático y de la izquierda sobre
sólidas bases anticapitalistas.
URUGUAY
radicales reclaman "libertad de expresión"
Procesados por asonada presentan recurso de inconstitucionalidad
Si este recurso tiene andamiento, la
acusación contra los radicales cae, según explicó el abogado que
defiende a los radicales, Juan Fagúndez.
Foto: Archivo / Ariel Colmegna
lun nov 11 2013 20:17 El País uy
Los siete procesados sin prisión por la
asonada ocurrida en febrero pasado a la Suprema Corte de Justicia
presentaron un un recurso de inconstitucionalidad en la tarde de este
lunes.
A la salida del juzgado, el abogado Juan Fagúndez dijo que si el recurso tiene andamiento, la acusación contra los siete radicales caía.
Los radicales justificaron su accionar basándose en la libertad de expresión.
Irma Leites fue procesada sin prisión por la jueza Gabriela Merialdo junto al exdirigente tupamaro Jorge Zabalza, a la profesora Patricia Borda, al secretario general de Adeom Aníbal Varela y a los activistas Álvaro, Diego y Eduardo Jaume por la "asonada" a la sede de la SCJ del pasado 15 de febrero en una manifestación realizada por unas 150 personas que rechazaban el traslado de la jueza Mariana Mota (que tenía a su cargo buena parte de los casos por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura) de una sede penal a una civil.
En la apelación hay "cuestionamientos a (fiscal Gustavo) Zubía, Merialdo, la Suprema Corte de Justicia y el rechazo al procesamiento", dijo Leites ayer a El País.
El miércoles a su vez está prevista para las 19 horas una concentración con caceroleada en la plaza Libertad ubicada junto a la Suprema Corte de Justicia en protesta al fallo.
El fiscal Zubía también prevé apelar el fallo insistiendo en que a Zabalza, Leites, Borda y Álvaro Jaume se les impongan medidas “privativas de libertad” al considerar que fueron los “instigadores” de los incidentes.
A la salida del juzgado, el abogado Juan Fagúndez dijo que si el recurso tiene andamiento, la acusación contra los siete radicales caía.
Los radicales justificaron su accionar basándose en la libertad de expresión.
Irma Leites fue procesada sin prisión por la jueza Gabriela Merialdo junto al exdirigente tupamaro Jorge Zabalza, a la profesora Patricia Borda, al secretario general de Adeom Aníbal Varela y a los activistas Álvaro, Diego y Eduardo Jaume por la "asonada" a la sede de la SCJ del pasado 15 de febrero en una manifestación realizada por unas 150 personas que rechazaban el traslado de la jueza Mariana Mota (que tenía a su cargo buena parte de los casos por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura) de una sede penal a una civil.
En la apelación hay "cuestionamientos a (fiscal Gustavo) Zubía, Merialdo, la Suprema Corte de Justicia y el rechazo al procesamiento", dijo Leites ayer a El País.
El miércoles a su vez está prevista para las 19 horas una concentración con caceroleada en la plaza Libertad ubicada junto a la Suprema Corte de Justicia en protesta al fallo.
El fiscal Zubía también prevé apelar el fallo insistiendo en que a Zabalza, Leites, Borda y Álvaro Jaume se les impongan medidas “privativas de libertad” al considerar que fueron los “instigadores” de los incidentes.
INCIDENTES EN santa catalina
Familia de Sergio Lemos demandará a Ministerio del Interior
La abogada de la familia del joven
asesinado por un policía anunció a El País que presentará "lo antes
posible" un reclamo civil para resarcir a los padres y hermanos.
lun nov 11 2013 10:43 - El País uy
La familia de Sergio Lemos, de 19 años,
asesinado por un policía el pasado lunes 4 de noviembre, en el marco de
un operativo en el barrio Santa Catalina ante una denuncia por un robo
en un almacén, presentará una demanda civil contra el Ministerio del
Interior, anunció a El País Mariel Fajián, abogada de la familia.La abogada aún está evaluando el monto que tendrá el reclamo y para eso considerará que "era un chico joven, de 19 años, que recién empezaba a trabajar, tiene dos hermanos (uno de 8 años y otro de 20 años), abuelos y bisabuelos. Y el reclamo sería por toda la familia", explicó Fajián.
“La madre está muy mal y el hermano de 8 años no duerme, entonces ahora estamos procurándole un psicólogo. La novia de Sergio Lemos, que vivía con él hacía dos años, también está mal, vamos a ver si le conseguimos un psicólogo, que sus honorarios los cobre después del juicio o ver si se puede conseguir a través de esas asociaciones civiles sin fines de lucro que se han presentado”, agregó la abogada.
Lemos había empezado a trabajar hacía poco tiempo en una importante empresa procesadora de pescado. Su familia tiene una barraca en el barrio.
Por otra parte, la abogada espera un cambio de carátula en el juicio penal, para que el policía no sea procesado por homicidio simple sino por homicidio agravado o muy especialmente agravado para después presentar la demanda civil.
El jueves pasado, el mismo día del procesamiento con prisión del policía, “presenté una lista de testigos que se van a citar en el correr de esta semana y lo que yo espero es el cambio de carátula de homicidio simple a homicidio agravado o muy especialmente agravado porque es un funcionario policial que dispara por la espalda, que dispara en más de una oportunidad, que no da un solo tiro sino que da tres y erra no sé cuántos”, concluyó Fajián.
derechos humanos
Organizaciones sienten "desamparo legal" ante la Suprema Corte
Diferentes organizaciones de Derechos
Humanos emitieron una declaración contraria a los procesamientos sin
prisión de siete personas por la asonada ocurrida en febrero pasado.
vie nov 8 2013 10:30 El País uy
Organizaciones de derechos humanos emitieron
hoy una declaración contraria a los siete procesamientos sin prisión por
la asonada en la Suprema Corte de Justicia ocurrida en febrero pasado;
"nos parece un disparate desde el punto de vista jurídico, ahí no hubo
delito alguno. La mayoría de los que están procesados estaban sentados",
aseguró a El País Edgardo Oyenart, secretario de Derechos Humanos del
Pit-Cnt.
Además aseguran sentir "una sensación de desprotección como ciudadanos ante una Suprema Corte de Justicia, que es la que instala la denuncia; dicen que se sintieron secuestrados y la mayoría de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia ha violado la jurisprudencia internacional, no ha reconocido el carácter de delitos de lesa humanidad a los delitos cometidos durante el período de la dictadura para que queden impunes y sigan en la calle hoy quienes han efectivamente secuestrado, asesinado, violado. Sentimos una sensación de desamparo legal", afirmó Oyenart.
Esta mañana en conferencia de prensa se emitió la declaración, firmada por distintas organizaciones de derechos humanos, entre otras: Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos, HIJOS Uruguay, Crysol, Asociación de Ex Presos Políticos, Mesa Ejecutiva del Pit Cnt, Mesa Permanente Contra la Impunidad, Asociación de Amigas y Amigos del MUME, Fundación Mario Benedetti, Serpaj Uruguay, la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay y la Coordinadora de Estudiantes de Enseñanza Media.
Además aseguran sentir "una sensación de desprotección como ciudadanos ante una Suprema Corte de Justicia, que es la que instala la denuncia; dicen que se sintieron secuestrados y la mayoría de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia ha violado la jurisprudencia internacional, no ha reconocido el carácter de delitos de lesa humanidad a los delitos cometidos durante el período de la dictadura para que queden impunes y sigan en la calle hoy quienes han efectivamente secuestrado, asesinado, violado. Sentimos una sensación de desamparo legal", afirmó Oyenart.
Esta mañana en conferencia de prensa se emitió la declaración, firmada por distintas organizaciones de derechos humanos, entre otras: Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos, HIJOS Uruguay, Crysol, Asociación de Ex Presos Políticos, Mesa Ejecutiva del Pit Cnt, Mesa Permanente Contra la Impunidad, Asociación de Amigas y Amigos del MUME, Fundación Mario Benedetti, Serpaj Uruguay, la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay y la Coordinadora de Estudiantes de Enseñanza Media.
Procesan a asesino de oficial que liberó a 68 presos políticos extranjeros en 1973
Publicado el 10 Noviembre 2013
Escrito por Red Digital
El
juez Mario Carroza procesó al ex teniente coronel del Ejército, David
Reyes Farías, quién –días después del golpe cívico-militar, de 1973–
asesinó de un tiro en la cabeza a otro oficial, que había liberado a 68
prisioneros políticos uruguayos y bolivianos recluidos en el Estadio
Nacional, el mayor Mario Lavanderos Lataste.
La
resolución fue dictada por el juez especial Mario Carroza, de la Corte
de Apelaciones de Santiago, que sometió a proceso al teniente coronel
retirado David Reyes Farías, quien –en octubre de 1973– asesinó de un
balazo al mayor Mario Lavanderos Lataste.
Este
último estaba a cargo de la sección Extranjería, del Estadio Nacional,
que en los primeros meses de la dictadura de Augusto Pinochet fue
utilizado para encerrar a millares de partidarios del derrocado gobierno
de Salvador Allende.
En ese contexto, el 17 de octubre, Lavanderos liberó a 55 ciudadanos uruguayos y a trece bolivianos que estaban detenidos en el recinto deportivo, a quienes puso bajo la protección de la embajada de Suecia, en calidad de refugiados. En la noche siguiente, Lavanderos fue increpado en la Academia de Guerra del Ejército por Reyes Farías, quien, al cabo de una discusión, le descerrajó un disparo al mayor, con el cañón de su pistola apoyado sobre el lado izquierdo del labio superior, según señala la resolución. El herido, de 37 años, fue trasladado al hospital Militar de Santiago, donde falleció durante la madrugada.
Según el informe de la Comisión Rettig, que en 1991 certificó las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la Dictadura, el mayor Mario Lavanderos Lataste fue víctima de violación de derechos humanos, cometida por agentes del Estado.
En ese contexto, el 17 de octubre, Lavanderos liberó a 55 ciudadanos uruguayos y a trece bolivianos que estaban detenidos en el recinto deportivo, a quienes puso bajo la protección de la embajada de Suecia, en calidad de refugiados. En la noche siguiente, Lavanderos fue increpado en la Academia de Guerra del Ejército por Reyes Farías, quien, al cabo de una discusión, le descerrajó un disparo al mayor, con el cañón de su pistola apoyado sobre el lado izquierdo del labio superior, según señala la resolución. El herido, de 37 años, fue trasladado al hospital Militar de Santiago, donde falleció durante la madrugada.
Según el informe de la Comisión Rettig, que en 1991 certificó las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la Dictadura, el mayor Mario Lavanderos Lataste fue víctima de violación de derechos humanos, cometida por agentes del Estado.
Lunes negro
En
un solo día, el lunes 4, los derechos humanos bajaron en Uruguay unos
cuantos escalones. Por la tarde, la Justicia aplicó una lectura perversa
del Código Penal para procesar, a instancias de la Suprema Corte de
Justicia (SCJ), a siete opositores por participar en una protesta. Esa
misma noche, tres balas policiales, dos de ellas por la espalda, se
cobraron la vida de Sergio Lemos, de 19 años, mientras paseaba en moto
por el barrio montevideano de Santa Catalina.
Ambas noticias echaron nueva luz sobre errores en la defensa estatal de los derechos humanos. El lunes pasado, en cuestión de horas y por distintos motivos, fueron la Policía y la Justicia las instituciones que tropezaron, confirmando una prolongada tendencia a la degradación.
Esta azarosa simultaneidad ilustra cómo afianzar las impunidades del pasado e incita a quienes aspiran a la impunidad en el presente. La falta en el Estado de una política de derechos humanos firme, clara, coherente y homogénea abre fallas por las que se cuelan la intimidación y las provocaciones de funcionarios armados contra civiles desarmados y la criminalización de la protesta, la pobreza y la juventud, entre otros problemones.
La actitud de la SCJ hace peligrar la condena del puñado de militares y civiles presos por crímenes de la dictadura y otras causas que se remontan a esa época, las cuales avanzan cuesta arriba y siempre al borde del risco. A pesar de las nuevas leyes relativas a la “nueva agenda de derechos”, este país está lejos de ser el paraíso de las libertades, y el lunes bajó unos escalones hacia el infierno.
La inteligencia policial se infiltra en manifestaciones. En barrios empobrecidos son frecuentes las razias. El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, advirtió hace dos años que existen en la Policía nichos de corrupción que conspiran contra la reforma de la fuerza. Pero él mismo suele apresurarse a darles la razón a sus subordinados que manchan el uniforme reprimiendo festejos deportivos, protestas y motines carcelarios, mostrando desidia en el incendio de la cárcel de Rocha o abusando y asesinando en Santa Catalina, por ejemplo. A veces termina retractándose, como en el caso Lemos.
Esas demostraciones de fuerza denominadas “megaoperativos” tienen resultados muy magros: muchos arrestos, pocos procesamientos. Pero inspiran a la sociedad a identificar al pobre y al distinto con el enemigo en esta deshumanizada guerra televisada contra el crimen: 49,83% de los encuestados para un estudio de la Facultad de Ciencias Sociales creen que la Policía debería actuar al margen de la ley contra la delincuencia. Instituciones de derechos humanos tan prudentes como Serpaj y Ielsur dieron cuenta la semana pasada de una “escalada represiva” y del “aumento de la gradación de la violencia estatal en procedimientos policiales”.
Mientras, el Poder Judicial aprovecha las contradicciones del Poder Ejecutivo para reafirmar la impunidad de los crímenes de la dictadura, contrariando el derecho internacional. “¿Está la Corte Suprema uruguaya a la altura de la misión de custodiar el templo de la democracia? Con todo respeto, mi respuesta es que no”, alertó en mayo en París el ex juez supremo francés y ex alto funcionario de la Organización de las Naciones Unidas Louis Joinet.
La SCJ declaró inconstitucional la Ley 18.831, con la que el Parlamento pretendió en 2011 desactivar la Ley de Caducidad, y trasladó del fuero penal al civil a la jueza Mariana Mota cuando analizaba 55 causas sobre de crímenes de la dictadura. La SCJ tuerce la verdad al argumentar que la motivaron “razones de mejor servicio”, porque lo empeoró. Retrasó esos procesos. Además, el “traslado a un cargo no conceptuado como ascenso” es una sanción, según la Ley Orgánica de la Judicatura.
La mitad de las 300 personas que el 15 de febrero criticaban el traslado de Mota frente al Palacio Piria ingresaron en el edificio y fueron expulsadas de allí luego de tres horas de un torpe operativo acordado entre la SCJ y la Policía de Montevideo. La cúpula judicial derivó de inmediato los incidentes a la jueza Gabriela Merialdo.
La magistrada calificó de “asonada” el ingreso espontáneo de manifestantes y los forcejeos que, sin lesiones ni daños, siguieron a la ejecución policial de una supuesta “orden judicial” de desalojo (golpes, codazos y patadas leves, cánticos, aplausos, agresiones verbales y una bofetada aislada a un agente). De los 150 “asonadores”, fueron procesados sólo siete porque hablaban con la prensa y parecían liderar a otros, según declaraciones policiales. Los acusados coinciden en cierta exposición pública, su militancia contra la impunidad y su pertenencia a una izquierda crítica hacia el gobierno. ¿Llegará el día en que la Justicia uruguaya vuelva a penar con cárcel el ejercicio de la libertad de expresión? ¿Cuánto falta?
Los supremos “temieron por su seguridad” y se sintieron “secuestrados” y “privados de su libertad”, según testimoniaron. Ni se percataron de que patrocinaron sin vergüenza el procesamiento de víctimas de secuestros reales y atroces, como Álvaro Jaume, torturado en Boiso Lanza, y su hijo Eduardo, que siendo niño fue obligado a presenciar una de esas sesiones en los años 70. Ayer y hoy, dos supremas injusticias.
Ambas noticias echaron nueva luz sobre errores en la defensa estatal de los derechos humanos. El lunes pasado, en cuestión de horas y por distintos motivos, fueron la Policía y la Justicia las instituciones que tropezaron, confirmando una prolongada tendencia a la degradación.
Esta azarosa simultaneidad ilustra cómo afianzar las impunidades del pasado e incita a quienes aspiran a la impunidad en el presente. La falta en el Estado de una política de derechos humanos firme, clara, coherente y homogénea abre fallas por las que se cuelan la intimidación y las provocaciones de funcionarios armados contra civiles desarmados y la criminalización de la protesta, la pobreza y la juventud, entre otros problemones.
La actitud de la SCJ hace peligrar la condena del puñado de militares y civiles presos por crímenes de la dictadura y otras causas que se remontan a esa época, las cuales avanzan cuesta arriba y siempre al borde del risco. A pesar de las nuevas leyes relativas a la “nueva agenda de derechos”, este país está lejos de ser el paraíso de las libertades, y el lunes bajó unos escalones hacia el infierno.
La inteligencia policial se infiltra en manifestaciones. En barrios empobrecidos son frecuentes las razias. El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, advirtió hace dos años que existen en la Policía nichos de corrupción que conspiran contra la reforma de la fuerza. Pero él mismo suele apresurarse a darles la razón a sus subordinados que manchan el uniforme reprimiendo festejos deportivos, protestas y motines carcelarios, mostrando desidia en el incendio de la cárcel de Rocha o abusando y asesinando en Santa Catalina, por ejemplo. A veces termina retractándose, como en el caso Lemos.
Esas demostraciones de fuerza denominadas “megaoperativos” tienen resultados muy magros: muchos arrestos, pocos procesamientos. Pero inspiran a la sociedad a identificar al pobre y al distinto con el enemigo en esta deshumanizada guerra televisada contra el crimen: 49,83% de los encuestados para un estudio de la Facultad de Ciencias Sociales creen que la Policía debería actuar al margen de la ley contra la delincuencia. Instituciones de derechos humanos tan prudentes como Serpaj y Ielsur dieron cuenta la semana pasada de una “escalada represiva” y del “aumento de la gradación de la violencia estatal en procedimientos policiales”.
Mientras, el Poder Judicial aprovecha las contradicciones del Poder Ejecutivo para reafirmar la impunidad de los crímenes de la dictadura, contrariando el derecho internacional. “¿Está la Corte Suprema uruguaya a la altura de la misión de custodiar el templo de la democracia? Con todo respeto, mi respuesta es que no”, alertó en mayo en París el ex juez supremo francés y ex alto funcionario de la Organización de las Naciones Unidas Louis Joinet.
La SCJ declaró inconstitucional la Ley 18.831, con la que el Parlamento pretendió en 2011 desactivar la Ley de Caducidad, y trasladó del fuero penal al civil a la jueza Mariana Mota cuando analizaba 55 causas sobre de crímenes de la dictadura. La SCJ tuerce la verdad al argumentar que la motivaron “razones de mejor servicio”, porque lo empeoró. Retrasó esos procesos. Además, el “traslado a un cargo no conceptuado como ascenso” es una sanción, según la Ley Orgánica de la Judicatura.
La mitad de las 300 personas que el 15 de febrero criticaban el traslado de Mota frente al Palacio Piria ingresaron en el edificio y fueron expulsadas de allí luego de tres horas de un torpe operativo acordado entre la SCJ y la Policía de Montevideo. La cúpula judicial derivó de inmediato los incidentes a la jueza Gabriela Merialdo.
La magistrada calificó de “asonada” el ingreso espontáneo de manifestantes y los forcejeos que, sin lesiones ni daños, siguieron a la ejecución policial de una supuesta “orden judicial” de desalojo (golpes, codazos y patadas leves, cánticos, aplausos, agresiones verbales y una bofetada aislada a un agente). De los 150 “asonadores”, fueron procesados sólo siete porque hablaban con la prensa y parecían liderar a otros, según declaraciones policiales. Los acusados coinciden en cierta exposición pública, su militancia contra la impunidad y su pertenencia a una izquierda crítica hacia el gobierno. ¿Llegará el día en que la Justicia uruguaya vuelva a penar con cárcel el ejercicio de la libertad de expresión? ¿Cuánto falta?
Los supremos “temieron por su seguridad” y se sintieron “secuestrados” y “privados de su libertad”, según testimoniaron. Ni se percataron de que patrocinaron sin vergüenza el procesamiento de víctimas de secuestros reales y atroces, como Álvaro Jaume, torturado en Boiso Lanza, y su hijo Eduardo, que siendo niño fue obligado a presenciar una de esas sesiones en los años 70. Ayer y hoy, dos supremas injusticias.
Marcelo Jelen
Los gráficos de Gabriel "Saracho" Carbajales
Política 11.11.13
En reiteración real
Institución Nacional de Derechos Humanos presentó denuncia penal por golpiza policial a una joven de Santa Catalina.
Lorena Fagúndez tiene 20 años. Era amiga de Sergio
Lemos, el joven asesinado por un policía en el barrio Santa Catalina el
lunes 4. Como otros jóvenes y vecinos del barrio, ese lunes fue hasta el
Centro de Salud del Cerro a reclamar información sobre Lemos. Al llegar
no sabían si el joven estaba vivo o muerto; cuando se enteraron de que
había fallecido, exigieron que les mostraran a los padres su cuerpo.
Según relataron a la diaria varias personas que estuvieron presentes allí ese día, en el lugar había varios patrulleros, una camioneta de la Guardia Republicana y dos autos de policías de Investigaciones de la Seccional 19ª vestidos de particular. Se formó un cordón policial para impedir el ingreso al centro de salud. En determinado momento, una mujer que los vecinos no conocían rompió un vidrio del policlínico. Esto determinó que la Guardia Republicana y los oficiales actuaran y empezaran a golpear a varios de los jóvenes que estaban en el lugar.
Un policía vestido de particular, que los presentes identifican como perteneciente a Investigaciones de la Seccional 19ª, le pegó un puñetazo a Lorena en el ojo. Cuando caía, otro policía le pegó un palazo que le abrió la nuca. Cayó desmayada, y tres policías siguieron golpeándola en el piso. La esposaron y querían llevarla a la comisaría, mientras otros jóvenes intentaban impedirlo. Una mujer embarazada agarró de los tobillos a Lorena para impedir que se la llevaran, y les avisó a los policías que estaba embarazada. “Mejor, un pichi menos”, comentaron los funcionarios. “Llevá a esta perra al calabozo”, comentó otro.
En ese momento intervino una doctora del centro de salud y les reclamó a los policías que la dejaran, que Lorena no había hecho nada. Los policías le dijeron que la joven estaba detenida. La doctora continuó exigiendo que le sacaran las esposas y la dejaran allí, para que pudiera curarla. “Ahora es mi paciente”, les remarcó a los oficiales. “Si no se la sacaban, la mataban ahí en el suelo”, aseguró una mujer que presenció el hecho.
En el Centro le cosieron la nuca y la atendieron por el traumatismo en el ojo; luego la joven fue atendida en el Hospital Maciel. Pese a que los policías habían afirmado que estaba detenida, en ningún momento intentaron localizarla luego para proceder a su detención.
Los jóvenes que concurrieron al centro de salud no tenían armas, no arrojaron piedras ni atacaron de ningún modo a los policías, según relataron los presentes. Investigaciones de la Seccional 19ª también fue protagonista de los abusos policiales a jóvenes en el mismo barrio a principios de setiembre. Un policía de la Guardia Republicana fue el que asesinó a Sergio Lemos el lunes.
El viernes, la familia y vecinos de Lorena presentaron la denuncia ante la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH), con el apoyo de Ielsur. Lorena Fagúndez tiene un traumatismo en el rostro, varios golpes en la cabeza y un tajo en la nuca. Hasta hoy sufre mareos y dolores de cabeza. El mismo viernes, autoridades de la INDDHH se presentaron ante el Juzgado Penal de 14º Turno, a cargo de la jueza María Helena Mainard -la misma que falló en el caso de Sergio Lemos-, y presentaron una denuncia. El escrito está firmado por la presidenta de la INDDHH, Mariana González Guyer, y por la ex fiscal Mirtha Guianze, también integrante de la institución, según confirmaron ambas jerarcas a la diaria. “Intentamos facilitar que la gente tenga acceso a la Justicia”, explicó Guianze. A Lorena la vio el forense y también la jueza que estudiará el caso.
El viernes, la INDDHH se comunicó con el Ministerio del Interior (MI) para informarle que formularía la denuncia. Fernando Gil, director de la Unidad de Comunicación de la cartera, dijo a la diaria que todavía no manejan una versión de la Policía de lo que pasó el lunes en el Cerro. Consultado respecto de si se instruirá una investigación interna, respondió que esta semana se tomará una decisión al respecto.
Otros seis jóvenes que recibieron golpes ese día se presentarán probablemente hoy ante la INDDH para concretar la denuncia. Los agredidos no concurren a la Justicia ni a la Policía por desconfianza y miedo, y optan por acudir a las organizaciones de derechos humanos. “Hay algunos gurises que tienen miedo a represalias”, admitió un vecino. La presidenta de la INDDHH informó que todavía no recibieron una respuesta por escrito del MI sobre lo acontecido en Santa Catalina, aunque algunas preguntas ya fueron respondidas públicamente. Con estos elementos y las nuevas denuncias, la institución “seguramente” formulará recomendaciones, señaló González Guyer.
Según relataron a la diaria varias personas que estuvieron presentes allí ese día, en el lugar había varios patrulleros, una camioneta de la Guardia Republicana y dos autos de policías de Investigaciones de la Seccional 19ª vestidos de particular. Se formó un cordón policial para impedir el ingreso al centro de salud. En determinado momento, una mujer que los vecinos no conocían rompió un vidrio del policlínico. Esto determinó que la Guardia Republicana y los oficiales actuaran y empezaran a golpear a varios de los jóvenes que estaban en el lugar.
Un policía vestido de particular, que los presentes identifican como perteneciente a Investigaciones de la Seccional 19ª, le pegó un puñetazo a Lorena en el ojo. Cuando caía, otro policía le pegó un palazo que le abrió la nuca. Cayó desmayada, y tres policías siguieron golpeándola en el piso. La esposaron y querían llevarla a la comisaría, mientras otros jóvenes intentaban impedirlo. Una mujer embarazada agarró de los tobillos a Lorena para impedir que se la llevaran, y les avisó a los policías que estaba embarazada. “Mejor, un pichi menos”, comentaron los funcionarios. “Llevá a esta perra al calabozo”, comentó otro.
En ese momento intervino una doctora del centro de salud y les reclamó a los policías que la dejaran, que Lorena no había hecho nada. Los policías le dijeron que la joven estaba detenida. La doctora continuó exigiendo que le sacaran las esposas y la dejaran allí, para que pudiera curarla. “Ahora es mi paciente”, les remarcó a los oficiales. “Si no se la sacaban, la mataban ahí en el suelo”, aseguró una mujer que presenció el hecho.
En el Centro le cosieron la nuca y la atendieron por el traumatismo en el ojo; luego la joven fue atendida en el Hospital Maciel. Pese a que los policías habían afirmado que estaba detenida, en ningún momento intentaron localizarla luego para proceder a su detención.
Los jóvenes que concurrieron al centro de salud no tenían armas, no arrojaron piedras ni atacaron de ningún modo a los policías, según relataron los presentes. Investigaciones de la Seccional 19ª también fue protagonista de los abusos policiales a jóvenes en el mismo barrio a principios de setiembre. Un policía de la Guardia Republicana fue el que asesinó a Sergio Lemos el lunes.
El viernes, la familia y vecinos de Lorena presentaron la denuncia ante la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH), con el apoyo de Ielsur. Lorena Fagúndez tiene un traumatismo en el rostro, varios golpes en la cabeza y un tajo en la nuca. Hasta hoy sufre mareos y dolores de cabeza. El mismo viernes, autoridades de la INDDHH se presentaron ante el Juzgado Penal de 14º Turno, a cargo de la jueza María Helena Mainard -la misma que falló en el caso de Sergio Lemos-, y presentaron una denuncia. El escrito está firmado por la presidenta de la INDDHH, Mariana González Guyer, y por la ex fiscal Mirtha Guianze, también integrante de la institución, según confirmaron ambas jerarcas a la diaria. “Intentamos facilitar que la gente tenga acceso a la Justicia”, explicó Guianze. A Lorena la vio el forense y también la jueza que estudiará el caso.
El viernes, la INDDHH se comunicó con el Ministerio del Interior (MI) para informarle que formularía la denuncia. Fernando Gil, director de la Unidad de Comunicación de la cartera, dijo a la diaria que todavía no manejan una versión de la Policía de lo que pasó el lunes en el Cerro. Consultado respecto de si se instruirá una investigación interna, respondió que esta semana se tomará una decisión al respecto.
Otros seis jóvenes que recibieron golpes ese día se presentarán probablemente hoy ante la INDDH para concretar la denuncia. Los agredidos no concurren a la Justicia ni a la Policía por desconfianza y miedo, y optan por acudir a las organizaciones de derechos humanos. “Hay algunos gurises que tienen miedo a represalias”, admitió un vecino. La presidenta de la INDDHH informó que todavía no recibieron una respuesta por escrito del MI sobre lo acontecido en Santa Catalina, aunque algunas preguntas ya fueron respondidas públicamente. Con estos elementos y las nuevas denuncias, la institución “seguramente” formulará recomendaciones, señaló González Guyer.
Natalia Uval
Absolutos y relativos
La Mesa Política del
Frente Amplio expresó el viernes el “más absoluto respaldo político” al
ministro del Interior, Eduardo Bonomi, ante lo sucedido en Santa
Catalina y en el Comcar, así como su “apoyo” al proceso de reestructura
policial que está llevando adelante la cartera. Al mismo tiempo, expresó
su “confianza” en que las autoridades del ministerio “seguirán
trabajando para velar por el celoso cumplimiento de los marcos de
actuación policial”. “En tal sentido, manifestamos nuestra preocupación
por el accionar por fuera de los protocolos establecidos de algunos
integrantes de las fuerzas policiales y sus lamentables consecuencias”,
indicó el órgano de conducción de la coalición de izquierda. La Mesa
Política también expresó su “preocupación” por el procesamiento por
asonada de siete de quienes se manifestaron en la Suprema Corte de
Justicia (SCJ) contra el traslado de la jueza Mariana Mota, en el
entendido de que “este tipo de dictámenes podría llegar a lesionar el
legítimo derecho a manifestarse que debe ser garantizado en una sociedad
democrática”. Esta última declaración no fue votada por el Frente Liber
Seregni ni por el Partido Socialista.
Argumentaron que precisaban “tiempo” para consultar con sus sectores antes de votar una resolución de este tipo, y que todo el proceso les dejaba “dudas”.
Hoy a las 17.00 los abogados de los siete procesados por la jueza Gabriela Merialdo -Jorge Zabalza, Irma Leites, Aníbal Varela, Patricia Borda, Diego, Eduardo y Álvaro Jaume- presentarán en el juzgado de la calle Misiones los escritos de apelación y un recurso de inconstitucionalidad ante la SCJ del artículo 145 del Código Penal, que tipifica el delito de “asonada”. Los abogados de los procesados argumentan que ese delito es inconstitucional porque “afecta la libertad de expresión”, explicó a la diaria Juan Fagúndez, abogado de Zabalza.
El viernes, un conjunto de organizaciones sociales -entre ellas, Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, Hijos Uruguay, la asociación de ex presos políticos Crysol, la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay y Serpaj- rechazaron “enfáticamente” los procesamientos, que calificaron como “desmesurados”, “gravísimos” y que “vulneran la libertad de expresión”. “La democracia se fortalece con la participación de cada uno de sus ciudadanos y el derecho a manifestarse. Cualquier acción que persiga y condene ese derecho va en su contra”, señalaron las organizaciones. Culminan el comunicado recomendando al sistema judicial que “dedique su tiempo y esfuerzo a lograr los cambios necesarios para que los ciudadanos confiemos en él” y a buscar “la manera de resolver las demandas del pueblo que necesita más y mejor justicia”.
Argumentaron que precisaban “tiempo” para consultar con sus sectores antes de votar una resolución de este tipo, y que todo el proceso les dejaba “dudas”.
Hoy a las 17.00 los abogados de los siete procesados por la jueza Gabriela Merialdo -Jorge Zabalza, Irma Leites, Aníbal Varela, Patricia Borda, Diego, Eduardo y Álvaro Jaume- presentarán en el juzgado de la calle Misiones los escritos de apelación y un recurso de inconstitucionalidad ante la SCJ del artículo 145 del Código Penal, que tipifica el delito de “asonada”. Los abogados de los procesados argumentan que ese delito es inconstitucional porque “afecta la libertad de expresión”, explicó a la diaria Juan Fagúndez, abogado de Zabalza.
El viernes, un conjunto de organizaciones sociales -entre ellas, Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, Hijos Uruguay, la asociación de ex presos políticos Crysol, la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay y Serpaj- rechazaron “enfáticamente” los procesamientos, que calificaron como “desmesurados”, “gravísimos” y que “vulneran la libertad de expresión”. “La democracia se fortalece con la participación de cada uno de sus ciudadanos y el derecho a manifestarse. Cualquier acción que persiga y condene ese derecho va en su contra”, señalaron las organizaciones. Culminan el comunicado recomendando al sistema judicial que “dedique su tiempo y esfuerzo a lograr los cambios necesarios para que los ciudadanos confiemos en él” y a buscar “la manera de resolver las demandas del pueblo que necesita más y mejor justicia”.
La Diaria
Fuera de la ley
Santa Catalina: policía que ejecutó a Lemos fue procesado con prisión por homicidio simple.
La
jueza María Helena Mainard procesó con prisión, por el delito de
homicidio simple, al policía de la Guardia Nacional Republicana que
efectuó los tres disparos que le quitaron la vida a Sergio Lemos, el
joven de 19 años de Santa Catalina que murió el lunes, poco después de
que hubiera ocurrido una rapiña en un almacén.
La magistrada dejó en libertad provisional a los otros tres policías involucrados, ordenó que se lleve adelante la reconstrucción del asesinato, y citó a cuatro testigos del caso, dos de los cuales se encontraban trabajando en el comercio en el momento de la rapiña. Estos testigos “no se hicieron presentes en la sede” judicial, porque hasta el miércoles el acceso al barrio había sido bloqueado por los vecinos.
El auto de procesamiento advierte también que la autopsia del cuerpo de Lemos revela que recibió tres disparos de atrás: en la pierna, en el glúteo y en la parte inferior de la espalda, siendo este último el que le causó la muerte por desangramiento.
El policía procesado fue el único que no vio el video registrado por las cámaras de seguridad del local. Sus tres compañeros salieron a recorrer la zona y vieron sobre una moto a un muchacho de campera negra y gorro blanco, que según los testigos coincidía con la descripción de uno de los autores de la rapiña. Era Sergio Lemos. Según relataron ante la jueza, los efectivos le dieron la voz de alto, pero él no obedeció y siguió de largo, rumbo al comercio, y alertaron al efectivo que había permanecido allí, junto a una descripción del joven. Mientras tanto, el vehículo policial en el que iban pinchó una de sus ruedas, por lo que le avisaron que seguirían con la persecución “hasta que pudieran”.
El policía que permaneció en el almacén declaró: “A unos 15 metros de la esquina veo venir hacia mí a una moto tripulada con la descripción aportada, doy la voz de alto, veo un fogonazo, me pongo a resguardo, ya que se venía hacia mi persona efectué varios disparos, dos o tres con mi arma hacia el sospechoso”, que cruzó hacia la calle 26 de Abril y “se fuga en moto, cayendo de la misma a unos 50 o 60 metros de la esquina”. Luego dijo que se acercó al herido, solicitando apoyo, y ante la pregunta de si le encontró un arma, dijo: “No tuve tiempo de nada, fue cuestión de tiempo que me rodearan”. Además dijo que fue golpeado y le sacaron el cargador de su arma.
Según la declaración que hicieron ante la jueza, el mismo equipo de policías concurrió una hora después al lugar donde fue hallado el cuerpo y después de un “rastrillaje” encontró un arma calibre 38 con proyectiles. La pericia balística de Policía Técnica conluyó que el arma se trataba de un revólver marca “Llama” a la que no se le pudo determinar indicios residuales de disparos debido a las “condiciones que se encontraba”. El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, había sostenido ayer que a Lemos los policías le habían “plantado” un arma, aunque la jueza no se expidió ayer sobre este tema.
Ayer, tanto la familia de Lemos como su abogada, Mariel Fajián, se mostraron desconformes con el fallo de la magistrada. Los padres de Lemos se presentaron en el juzgado a dialogar con Mainard, pero ésta no los recibió. En una nota con Subrayado, Graciela, su madre, dijo que el joven ya había sido amenazado por el policía que lo asesinó y por su novia.
Fajián, en tanto, dijo que ayer presentó una lista de 20 testigos del homicidio: “Seguramente en estos días vayan a ser citados los testigos. Ahora hay un auto de procesamiento, que no quiere decir que no se modifique con los días, cuando haya nuevas pruebas”. También confió en que la Fiscalía apelará el fallo. En tanto, el abogado defensor de los policías, Diego Pérez, volvió a declarar que los efectivos actuaron en función del protocolow, y dijo que el policía que ejecutó a Lemos antes había dado la voz de alto y había escuchado disparos. En cambio, otra persona que dijo haber sido testigo de los hechos fue consultado por Subrayado y sostuvo que el policía efectuó∫æ cinco disparos sin haber pedido que se detuviera.
Bonomi sostuvo ayer que en las protestas de Santa Catalina no sólo hubo indignación de los vecinos, sino también la actuación de “grupos radicales con móviles políticos” y organizaciones de narcotraficantes que buscan impedir el ingreso de la Policía al barrio.
La DiariaLa magistrada dejó en libertad provisional a los otros tres policías involucrados, ordenó que se lleve adelante la reconstrucción del asesinato, y citó a cuatro testigos del caso, dos de los cuales se encontraban trabajando en el comercio en el momento de la rapiña. Estos testigos “no se hicieron presentes en la sede” judicial, porque hasta el miércoles el acceso al barrio había sido bloqueado por los vecinos.
El auto de procesamiento advierte también que la autopsia del cuerpo de Lemos revela que recibió tres disparos de atrás: en la pierna, en el glúteo y en la parte inferior de la espalda, siendo este último el que le causó la muerte por desangramiento.
El policía procesado fue el único que no vio el video registrado por las cámaras de seguridad del local. Sus tres compañeros salieron a recorrer la zona y vieron sobre una moto a un muchacho de campera negra y gorro blanco, que según los testigos coincidía con la descripción de uno de los autores de la rapiña. Era Sergio Lemos. Según relataron ante la jueza, los efectivos le dieron la voz de alto, pero él no obedeció y siguió de largo, rumbo al comercio, y alertaron al efectivo que había permanecido allí, junto a una descripción del joven. Mientras tanto, el vehículo policial en el que iban pinchó una de sus ruedas, por lo que le avisaron que seguirían con la persecución “hasta que pudieran”.
El policía que permaneció en el almacén declaró: “A unos 15 metros de la esquina veo venir hacia mí a una moto tripulada con la descripción aportada, doy la voz de alto, veo un fogonazo, me pongo a resguardo, ya que se venía hacia mi persona efectué varios disparos, dos o tres con mi arma hacia el sospechoso”, que cruzó hacia la calle 26 de Abril y “se fuga en moto, cayendo de la misma a unos 50 o 60 metros de la esquina”. Luego dijo que se acercó al herido, solicitando apoyo, y ante la pregunta de si le encontró un arma, dijo: “No tuve tiempo de nada, fue cuestión de tiempo que me rodearan”. Además dijo que fue golpeado y le sacaron el cargador de su arma.
Según la declaración que hicieron ante la jueza, el mismo equipo de policías concurrió una hora después al lugar donde fue hallado el cuerpo y después de un “rastrillaje” encontró un arma calibre 38 con proyectiles. La pericia balística de Policía Técnica conluyó que el arma se trataba de un revólver marca “Llama” a la que no se le pudo determinar indicios residuales de disparos debido a las “condiciones que se encontraba”. El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, había sostenido ayer que a Lemos los policías le habían “plantado” un arma, aunque la jueza no se expidió ayer sobre este tema.
Ayer, tanto la familia de Lemos como su abogada, Mariel Fajián, se mostraron desconformes con el fallo de la magistrada. Los padres de Lemos se presentaron en el juzgado a dialogar con Mainard, pero ésta no los recibió. En una nota con Subrayado, Graciela, su madre, dijo que el joven ya había sido amenazado por el policía que lo asesinó y por su novia.
Fajián, en tanto, dijo que ayer presentó una lista de 20 testigos del homicidio: “Seguramente en estos días vayan a ser citados los testigos. Ahora hay un auto de procesamiento, que no quiere decir que no se modifique con los días, cuando haya nuevas pruebas”. También confió en que la Fiscalía apelará el fallo. En tanto, el abogado defensor de los policías, Diego Pérez, volvió a declarar que los efectivos actuaron en función del protocolow, y dijo que el policía que ejecutó a Lemos antes había dado la voz de alto y había escuchado disparos. En cambio, otra persona que dijo haber sido testigo de los hechos fue consultado por Subrayado y sostuvo que el policía efectuó∫æ cinco disparos sin haber pedido que se detuviera.
Bonomi sostuvo ayer que en las protestas de Santa Catalina no sólo hubo indignación de los vecinos, sino también la actuación de “grupos radicales con móviles políticos” y organizaciones de narcotraficantes que buscan impedir el ingreso de la Policía al barrio.
El gobierno cree que "radicales" usan caso de abuso policial en Santa Catalina con "móviles" políticos
BUSQUEDA
Algunos grupos "radicales" están aprovechando la "indignación" que provocó el asesinato de un joven a manos de la Policía en Santa Catalina para generar hechos de violencia en el barrio y así impulsar sus "móviles" políticos, según el gobierno.El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, dijo a Búsqueda que quienes adoptan esas actitudes pretenden transmitir la idea de que "la represión" que había antes de que el Frente Amplio llegara al poder "es la misma que ahora".
La gestión del gobierno en el combate a la delincuencia es objeto de controversia, incluso dentro de la propia izquierda.
En un libro que se presentará el próximo martes 12 en la sede del Frente Amplio, el ex director del Observatorio de Violencia y Criminalidad del Ministerio del Interior y asesor del Partido Socialista, Rafael Paternain, afirma que en los últimos tres años hubo "retrocesos ideológicos" en temas de seguridad.
Por su parte, el diputado del Movimiento de Participación Popular Alejandro Sánchez declaró a Búsqueda que la gestión de Bonomi tuvo que dar un "viraje radical" en la política del Ministerio porque en el primera administración frenteamplista no se hizo nada en esa área.
"Móvil político". El lunes 4 por la mañana tres delincuentes robaron un almacén en Santa Catalina. Mientras la Policía tomaba declaraciones a los testigos pasó por el lugar un joven que fue muerto a balazos por uno de los efectivos.
La primera versión que brindó ese día el ministro del Interior aseguraba que el joven había disparado primero, pero horas después tuvo que rectificar la información: los efectivos que estaban en el lugar le "plantaron" un arma al muerto para justificar el homicidio y evitar sanciones.
Se prevé que hoy jueves 7 la Justicia se pronuncie sobre la responsabilidad de los agentes involucrados; las autoridades creen que serán procesados, dijeron fuentes del gobierno.
El asesinato generó indignación en el barrio. El martes 5 algunos vecinos instalaron piquetes en calles de Santa Catalina, quemaron una casa prefabricada que utiliza la Policía para custodiar las instalaciones de la empresa Gas Sayago y un contenedor en el que antes funcionaba una comisaría móvil. También tiraron una bomba Molotov al almacén que había sido robado.
"La reacción de la mayoría de la gente es explicable" porque se trató de un abuso policial, afirmó Bonomi. Ayer miércoles en el programa "Código País" de canal 12 agregó que la Policía debe ofrecer disculpas por el episodio.
Sin embargo, en declaraciones a Búsqueda señaló que los desmanes fueron incitados por un grupo de "radicales" integrado, entre otros, por Jorge Zabalza, ex dirigente del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros.
Zabalza, que vive en Santa Catalina, dijo a radio Sarandí el martes 5 que fue testigo del homicidio. "Creo que el ministro Bonomi es también partícipe de la creación de un clima que tiene que ver con la impunidad y con un crecimiento de la violencia policial que no lo denuncia este ‘radical’", añadió.
Según Bonomi, "Zabalza esta constantemente buscando nódulos de radicalización en qué apoyarse". Con ese fin —agregó el ministro— "ha exagerado situaciones" y apuntala su "discurso trasnochado" y sus "móviles políticos".
Además, sostuvo que la quema de la garita de Gas Sayago se debe a otro "móvil político": la oposición que existe a la instalación de la regasificadora.
Pobladores de Punta Sayago, nucleados en la Coordinadora de Vecinos del Oeste han planteado su oposición al proyecto porque consideran que el emprendimiento es "muy riesgoso".
"Hay un grupo de personas que está en contra de la regasificadora en Punta Sayago y usa esto para poner piedras en el camino y generar un ambiente de resistencia a la obra", declaró el ministro a Búsqueda.
También opinó que los narcos fomentan hechos violentos porque quieren "evitar el ingreso de la Policía" a la zona.
Gatillo. Luego del homicidio del lunes, el Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (Ielsur) emitió un comunicado en el que solicita al gobierno que persiga "estos desbordes cotidianos" de la Policía. "¡Basta de gatillo fácil!", concluye.
Consultado al respecto por Búsqueda, el sociólogo y docente de la Universidad de la República Luis Eduardo Morás dijo que "resulta preocupante la sucesión de hechos donde se denuncian y comprueban procedimientos policiales caracterizados por el uso excesivo de la fuerza".
Recordó que en setiembre cuatro policías fueron acusados de golpear a unos jóvenes que habían sido detenidos sin motivo cuando estaban en una esquina de Santa Catalina.
Además, el miércoles 23 dos presos murieron mientras la Policía reprimía un motín en el Complejo Carcelario Santiago Vázquez. El comisionado parlamentario para el Sistema Carcelario, Álvaro Garcé, dijo que en el intento de control "existió riesgo de masacre".
Bonomi sostuvo que la denuncia de abuso de setiembre —que provocará la remoción de los involucrados— y las muertes durante el motín son producto del "boicot" que llevan adelante policías que se oponen a la reestructura que impulsa su gestión. Sin embargo, aclaró que no cree que el asesinato del joven ocurrido el lunes esté vinculado con esas resistencias internas.
El ministro opinó que no hay "gatillo fácil", aunque dijo que evalúa mantener una reunión con los mandos medios de la Policía para transmitirles que no pueden ocurrir nuevos incidentes como el de Santa Catalina.
La Policía dejó de ingresar a ese barrio en los últimos dos días, señalaron fuentes policiales.
Jorge Zabalza: “Mujica y sus secuaces tergiversan la historia reciente del pueblo uruguayo”
Entrevista de Resumen Latinoamericano a Jorge Zabalza, ex dirigente de los Tupamaros
por Carlos Aznárez/
Resumen Latinoamericano, 10 de noviembre.-
Jorge Zabalza tiene una larga historia de rebeldía en el Uruguay.Estuvo preso en calidad de rehén durante toda la dictadura que gobernó el país entre 1973 y 1985. Su hermano, Ricardo Zabalza, también tupamaro, cayó en combate durante la ocupación de la localidad de Pando, el 8 de octubre de 1969.
Actualmente, Zabalza es uno de los mayores críticos del gobierno de sus ex compañeros Mujica y Fernández Huidobro, a quienes endilga haberse olvidado de todo lo que fue el bagaje doctrinario de los Tupamaros de los 60-70. Recientemente, Zabalza junto a otros luchadores populares salieron en defensa de la jueza Mariana Motta, quien intentaba llevar adelante los juicios contra los militares genocidas. Por esa actitud, los jueces procesan a Zabalza y otros militantes, lo que ha despertado gran indignación en vastos sectores politizados de la sociedad uruguaya.
-Esta semana se conocieron varias órdenes de detención contra conocidos militantes populares uruguayos, entre los que estás tú mismo, a quienes se los acusa de haber participado en una protesta por el traslado de la jueza Mariana Motta. ¿Podés explicar quiénes están detrás de esta insólita medida y cuáles son las verdaderas razones de la misma?
-Es la Suprema corte de Justicia la responsable de nuestro procesamiento por el delito de asonada. La integran magistrados que fueron fiscales y jueces durante la dictadura y son responsables de haber sido omisos en investigar delitos de lesa humanidad y contribuir a ocultarlos, como, por ejemplo en el caso de la aparición de cadáveres en las playas del Río de la Plata.
-¿Considerás esta decisión judicial, avalada por el propio gobierno, como parte de una escalada que busca criminalizar la protesta en todos los niveles?
-El gobierno y el parlamento tendrían que haber dado su opinión públicamente sobre la in-justicia de estos procesamientos. Su silencio puede significar que se consiente este ataque a la libre manifestación de las ideas y las opiniones; lo mismo puede decirse de la tímida y vergonzante declaración de la Mesa Política del Frente Amplio. En cambio el movimiento popular se ha expresado con vehemencia en defensa del derecho social a protestar, tanto la central obrera como las organizaciones estudiantiles y de derechos humanos. Se percibe que la criminalización de la protesta está siendo una de las formas principales de dominación en toda América Latina y que, durante este 2013, en Uruguay hubieron varios incidentes que demuestran una decisión de marchar por el mismo camino.
-En varios artículos o entrevistas que te hicieron denuncias la apuesta a la impunidad que se hace desde distintos estamentos del gobierno de Mujica. ¿Esta decisión de no avanzar en el juicio y castigo a los culpables de la dictadura es parte de algún pacto anterior con los militares o sólo responde a una salida coyuntural del actual gobierno frenteamplista?
-La tesis del equipo represivo de gobierno de Mujica (Fernández Huidobro, Bonomi y otros) es colonizar políticamente el aparato policíaco-militar para transformarlo en palanca del desarrollo nacional. Se esgrimen abundantes argumentos, aunque el principal sea el rol que cumplen las fuerzas armadas venezolanas a partir de la influencia que tuvo el compañero Hugo Chávez sobre ellas. Se obvian las diferencias históricas y coyunturales que nos diferencian de lo que ocurre en la Venezuela Bolivariana, del mismo modo simplista que, cuarenta años atrás, se obviaron las diferencias entre los militares uruguayos y lo que ocurría en el Perú con los militares que obedecían a Velazco Alvarado. A partir de semejante falacia, resulta obvio que se deben olvidar los crímenes de lesa humanidad y perdonar a sus autores, pues de otra manera sería imposible “penetrar” las duras entendederas de los gorilas criollos. Claro que, con dicha finalidad, Mujica y sus secuaces deben tergiversar la historia reciente del pueblo uruguayo y, en particular, la de la guerrilla tupamara. Es un acto esencialmente inmoral porque ellas estuvieron abonada con mucha sangre de torturados, violados, asesinados y desparecidos. La inmoralidad los está llevando por una senda de degradación que la gente va percibiendo cada día más.
-Cada vez que desde organizaciones de familiares de desaparecidos u otros organismos de derechos humanos se plantea la necesidad de avanzar en el castigo a quienes cometieron crímenes de lesa humanidad, algunos funcionarios del gobierno actual y el anterior se argumenta que el propio pueblo uruguayo votó en su momento la ley de caducidad o se apela a la necesidad de la “reconciliación nacional”. ¿Cuál es tu opinión en ese sentido?
-El último plebiscito que intentó anular la inconstitucional ley de impunidad, recogió más del 48% de los votos efectuados. De hecho es la voluntad política de casi la mitad de los ciudadanos uruguayos, aunque no se haya alcanzado el mínimo requerido para derogarla. El gobierno optó por desconocer el mensaje que emitió el segmento más avanzado del pueblo y se ha apoyado en las opiniones de la derecha más reaccionaria. Esta es la definición ideológica más clara de Mujica y los suyos.
-¿Qué explicación racional encontrás para que Mujica, Fernández Huidobro, Bonomi, por nombrar a algunos de los hombres del actual gobierno, tiren por la borda toda su historia anterior de lucha en el MLNT, y hoy actúen con los mismos métodos represivos o con el desarrollo de similares políticas a los que en otras décadas utilizó la derecha uruguaya?
-No hay ninguna explicación racional. Hay varias de carácter irracional.
-No ignorarás que Mujica sigue contando con un alto nivel de apoyo interno y externo, incluso no pasa una semana sin que militantes de la izquierda latinoamericana o los propios gobiernos caracterizados como más de avanzada en el continente, lo reivindiquen como un dirigente excepcional “por su discurso y su forma de vida”. ¿Qué le diría Jorge Zabalza, militante tupamaro, ex rehén de la dictadura y actualmente perseguido por la Justicia oficial, a quienes piensan así?
-En Uruguay hay un millón de personas con ingresos menores a 14.000 pesos cuando la canasta básica anda cerca de los cincuenta mil pesos. Significa que no hubo una redistribución significativa del ingreso en diez años de gobierno frenteamplista, hecho que solamente se explica porque la política económica favorece el pago de los servicios de la Deuda y la acumulación de riqueza por las corporaciones transnacionales. El gobierno renegó de su pretendida definición “popular” y esa renuncia a los principios históricos del Frente Amplio marca su fracaso actual y el futuro desbarranque.
-¿La posibilidad de una nueva presidencia de Tabaré Vázquez va a acentuar las actuales formas de gobierno, o se puede esperar algún cambio?
-El propio futuro presidente del Uruguay ya lo dijo: “no habrá ningún viraje a la izquierda” y sostiene que favoreciendo el desarrollo del capitalismo se camina hacia el socialismo. Si ustedes no lo entienden, menos puedo entenderlo yo… pero la maquinaria electoral está marchando y la demagogia sigue siendo efectiva, al menos por el momento. De todas maneras uno siente gran confianza en las reservas subjetivas del pueblo uruguayo y esperamos su indignada reacción cuando la situación lo exija.
PLAN DE REBAJA DE UTE
COFE: gobierno "maniobra" con los salarios y "juega a la mosqueta"
El dirigente Joselo López dijo que la
medida de rebaja de UTE que impactará en la inflación y, por ende, en el
ajuste salarial que recibirán en enero es "muy preocupante" y harán
planteo al secretariado del PIT-CNT.
vie nov 8 2013 08:35 El País uy
El plan de rebaja de UTE, que se prevé que
incida en los precios de diciembre con una deflación de 0,95%, no cayó
bien entre los funcionarios públicos agrupados en la Confederación de
Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE).El dirigente Joselo López dijo que la medida es "muy preocupante" y remarcó que se trata de una "maniobra" que "no compartimos". Además dijo que si bien la gran mayoría de los funcionarios públicos ajusta su salario en base al 100% de la inflación, en esta oportunidad se había llegado a un acuerdo "para que algunos salarios tuvieran un punto o dos adicionales de recuperación", pero con la medida el gobierno "al final juega a la mosqueta porque por un lado te lo da y por otro lado te lo saca".
El año pasado, la bonificación de UTE hizo que se registrara una deflación de 0,73% en el Índice de Precios del Consumo (IPC) de diciembre, con lo que la inflación en 2012 se ubicó en 7,48%. Algunos analistas estimaron que sin su aplicación la inflación anual se habría ubicado levemente por debajo de 8,5% aproximadamente; esto es, 1 punto porcentual.
"Nos parecerían justas si se hicieran durante todo el año, pero no al final para controlar la inflación y limitar los aumentos salariales de los públicos", dijo López
El funcionario afirmó que tras el impacto que vieron el año pasado le propusieron al equipo económico una fórmula alternativa para no hacer un ajuste salarial por la inflación del año calendario sino del promedio del año. "Fue a (Andrés) Masoller y a (Martín) Valcorba y les pareció interesante; pero tan interesante fue que no contestaron", dijo López.
En este sentido, el representante de los trabajadores estatales afirmó que el próximo martes realizarán un planteo "con mucha fuerza" en el secretariado del PIT-CNT para ver cómo se plantan sobre este tema.
PLAN DE REBAJA DE UTE
COFE denuncia "maquillaje" de IPC y dice que perdió US$ 50 millones
Los funcionarios del Estado reclaman que
se postergue rebaja de UTE para enero y que el Ministerio de Economía
recalcule la meta de inflación que incide en los ajustes salariales.
lun nov 11 2013 07:49 El País uy
La Confederación de Organizaciones de
Funcionarios del Estado (COFE) emitió una declaración contra el
"maquillaje" del Índice de Precios al Consumidor a raíz de la campaña de
UTE que rebajará las tarifas.COFE denunció que "el gobierno se apresta a modificar los criterios para medir la inflación, lo que implicara que nuevamente se va a maquillar el resultado del Índice de Precios al Consumo (IPC) con el objetivo de reducir los egresos salariales a fin de bajar el déficit fiscal, como lo hizo en 2012, afectando de esta manera a todos los trabajadores del sector público y privado que ajustan sus salarios por el IPC del año calendario".
Más allá de su salario, los funcionarios advirtieron en un comunicado que la medida "también afecta a los pasivos en tanto incide sobre el Índice Medio de Salarios que se toma como base para la actualización de las pasividades".
En referencia a una nueva edición de la campaña UTE Premia, COFE sostiene que "este anuncio es muy grave, esta película ya la vimos, el año pasado el IPC cayó 0,73% en diciembre y aumentó 1,9% en enero de este año. El ajuste salarial aplicado por el gobierno se redujo en 25% el primer mes del año".
Los trabajadores del Estado proponen un cambio en la ley de ajuste de salarios para que “el cálculo de la inflación pasada se realice midiendo la diferencia entre los promedios de la inflación anualizada del último trimestre del período respecto al trimestre previo a la última actualización salarial”. Además plantean que la estimación de la inflación futura "se realice considerando criterios estadísticos y económicos”
Según cálculos de COFE en base a información de Economía, en 2012 se pagaron por retribuciones $ 61.524 millones que si se hubiesen actualizado por un 9,03%, que fue el IPC anualizado a noviembre, "su valor hubiera sido $ 67.080 millones, actualizado por 7,48% el valor es de $ 66.126 millones". Es decir, "la diferencia a favor de las cuentas públicas y en contra de los trabajadores públicos fue de $ 954 millones, equivalentes a US$ 50 millones".
"El gran negocio del gobierno con el maquillaje de la inflación pasada es la diferencia entre lo que pierden los trabajadores U$S 50 millones y el costo de los descuentos de UTE U$S 16 millones", denuncian.
Pero a esto se suma, según los funcionarios, que la inflación futura "arbitrariamente fijada en 5% genera pérdidas mayores aún" ya que "si el año pasado se hubieran actualizado por 7,5% la diferencia a favor de las cuentas públicas y en contra de los trabajadores fue de aproximadamente US$ 80 millones".
Por todo esto COFE critica la política del Estado y propone que se postergue para enero de forma de no incidir en los salarios y pasividades. Además reclama que el Comité de Coordinación Macroeconómica recalcule la meta de inflación.
Sueldos de SENADORES y de los CARGOS de CONFIANZA
10
nov
