LIBERTAD A LOS PRESOS POLITICOS EN URUGUAY !!
A COMBATIR EL FASCISMO !!
La
Policía esta deteniendo a los siete rehenes elegidos por el Ministerio
del Interior, es decir por el Gobierno de Mujica, como represalia por el
apoyo a la Jueza Mariana Mota asi como el rechazo a su traslado hecho
este condenado internacionalmente y aún por el Observador de la ONU. Los
siete rehenes son todos militantes sociales, sindicales y de los DDHH.
No hay equívocos: el Gobierno pretende aplastar al movimiento de los
DDHH con el fin de aplicar la promesa de Mujica cuando asumió la
Presidencia, liberar a "los viejitos", es decir a los criminales de lesa
humanidad ya condenados.
Sacaron a la Jueza Mota para frenar el que se dieran nuevas
sentencias entre los 55 casos que ya estaban listos. En todas las
instancias internacionales se entendió lo de Mota como una agresión a
los DDHH para mantener la impunidad. Acto seguido la Suprema Corte de
Injusticia decreta el que los crimenes de lesa humanidad son "delitos
comunes" y que por lo tanto prescriben, lo que se enfrenta abiertamente a
toda la legislación internacional en la materia, asi como también se
enfrenta a diversas Convenciones Internacionales de la ONU como ser la
contra la tortura y contra la desaparición forzada de personas.
Uruguay vuelve a tener PRESOS POLITICOS ya que los "elegidos" por el
Ministerio de Interior irán presos por razones POLÍTICAS, no
politiqueras SINO POLÍTICAS como lo es el reclamo de Verdad y Justicia y
castigo a los criminales de lesa humanidad. El que Uruguay tenga hoy en
día presos políticos será una mancha más, que permanecerá indeleble
sobre todos los responsables en primer lugar el Gobierno y por lo tanto
el Frente Amplio.
Las tareas de la hora implican:
- SOLIDARIDAD CON LOS PRESOS POLITICOS URUGUAYOS,
- RECLAMO INTERNACIONAL POR SU INMEDIATA LIBERACION
-
DENUNCIA DEL CONTUBERNIO SINIESTRO PARA VIOLAR LA LEGALIDAD
INTERNACIONAL EN MATERIA DE DDHH llevada adelante tanto por la Suprema
Corte como por el Gobierno.
LA SOLIDARIDAD DEBE DE COMENZAR DIVULGANDO AL MAXIMO, NACIONAL E
INTERNACIONALMENTE LA EXISTENCIA DE PRESOS POLITICOS EN URUGUAY,
solicitando pronunciamientos y protestas. Las manifestaciones solidarias
en el país deberían de ser coordinadas al nivel mas amplio posible. Las
organizaciones sindicales, populares, sociales,solidarias,estudiantes,ecologistas,
etc deberían cada uno por su lado expresar su solidaridad concreta,
difundir al máximo esta situación y coordinar con el resto del
movimiento popular.
EL FASCISMO NO PASARA !!
BLOG EL MUERTO
BLOG NOTICIAS URUGUAYAS
En el marco de esta causa judicial, el fiscal de la misma pidió que se
procesara con prisión a Leites, al ex tupamaro, Jorge Zabalza, a Borda y
al ex futbolista Diego Jaume.
Por su parte, también pidió que se procesara sin prisión a Varela y a dos familiares de Diego Jaume.
“Yo
estoy en la calle, yo me estoy dirigiendo a mi casa no sé si los voy a
tener ahí esperándome”, manifestó Leites a UNoticias.
Según
dijo la integrante de Plenaria Memoria y Justicia, el plazo que tenía la
jueza del caso para fallar, venció el pasado sábado.
Montevideo, Uruguay
"Patricia Borda"
Buenos días, soy Valentin el hijo de Patricia, y sin hacer uso excesivo
de las palabras les cuento, que hace aproximadamente una media hora,
policías golpearon la puerta, y se llevaron detenida a mama en un auto
blanco. Saludos."
Es docente de química hay que difundir
.
lun nov 4 2013 12:46
Hoy se espera que la jueza penal Gabriela
Merialdo resuelva si procesa a las siete personas que el fiscal Gustavo
Zubía acusó por el delito de "atentado" por la asonada a la Suprema
Corte de Justicia ocurrida en febrero. Esto es, debido a que el sábado
pasado venció el plazo de 45 días de la jueza para fallar sobre el caso.
La docente Patricia Borda fue detenida esta mañana,
según informó la activista de Plenario Memoria y Justicia, Irma Leites,
que sostuvo que no tienen mayor información sobre el porqué. "No sabemos
nada, no sé si vamos todos presos", dijo.
Según supo El País, Merialdo ordenó que la Policía
conduzca a todos los implicados a su sede para comunicarles su decisión.
El extupamaro, Jorge Zabalza, llegó por sus propios medios a la sede
ubicada en Misiones y 25 de Mayo, en el que a esta hora se dispuso la
instalación de un vallado policial.
Zubía, en un dictamen que presentó el 16 de septiembre,
pidió los procesamientos con "medidas privativas de libertad" de la
líder de Plenaria Memoria y Justicia, Irma Leites, Zabalza, del
activista y ex preso político Álvaro Jaume y de la docente Patricia
Borda. El fiscal sostiene que los cuatro fueron los "instigadores" de
los incidentes del pasado 15 de febrero.
El representante del Ministerio Público también pidió
los procesamientos pero sin medidas privativas de libertad de los
hermanos Diego y Eduardo Jaume (hijos de Álvaro) y del secretario
general del gremio de funcionarios de la Intendencia de Montevideo
(Adeom), Aníbal Varela.
04.11.2013, 13:01 hs
- ACTUALIZADO 13:24
Texto:
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La jueza Gabriela Merialdo dio la orden de detener a
la dirigente de Plenaria Memoria y Justicia, Irma Leites, al extupamaro
Jorge Zabalza y a la dirigente de Fenapes, Patricia Borda, para
comunicarles si los procesa como solicitó el fiscal Gustavo Zubía había
pedido procesar con prisión.
El abogado de Borda, Pablo Donnángelo, confirmó a El Observador que
su defendida está en el DOE y que desde allí será llevada al juzgado
para comunicarle el fallo.
Zubía había pedido prisión para los
tres activistas y procesamientos sin prisión para otros cuatro, por
cometer, según expresa en la requisitoria, un “atentado con agravantes”
contra los ministros de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) el pasado 15
de febrero, durante el acto de traslado de un juzgado penal a uno civil
de la jueza Mariana Mota.
El pedido de procesamiento incluía a
Leites, al extupamaro Jorge Zabalza, el expreso político Álvaro Jaume y a
Patricia Borda, integrante de Fenapes, el gremio de los profesores de
Secundaria. Además, pidió el procesamiento sin prisión para Aníbal
Varela, sindicalista de Adeom el gremio de los municipales, y para Diego
y Eduardo Jaume, hijos de Álvaro.
Según el artículo 171 del
Código Penal comete ese delito quien usando violencia o amenaza contra
un funcionario público pretende impedir al funcionario asumir la función
o tomar posesión del cargo o lograr el odio o el menosprecio. La pena
va de tres meses de prisión a tres años de penitenciaría y se ve
agravada si la ejercen más de tres personas, o si la violencia se
ejecuta contra más de dos funcionarios o contra un cuerpo judicial, como
fue en este caso, ya que repudiaron a los ministros de la Suprema
Corte. De hecho, los magistrados de la corporación presentaron la
denuncia penal ese día.
Leites había declarado que si la jueza le imponía prisión domiciliaria no acataría esa medida de privación de libertad.
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Patricia Borda
