Cientos de miles de personas llenan Caracas en apoyo a la reelección de Hugo Chávez
Ciudadanos provenientes de diversas regiones de la nación suramericana llenaron las avenidas Bolívar, Universidad, México, Lecuna, Fuerzas Armadas, Urdaneta y Baralt, situadas en el centro de la ciudad.
Chávez afirmó ante la multitud que “hay un solo grito por toda Venezuela, ganar el 7 de octubre”.
Ante una multitud de seguidores, que catalogó como “avalancha roja”, el candidato del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) llamó al pueblo venezolano a votar bien temprano este domingo para que al mediodía la victoria sea indiscutible.
“Esta avalancha boliviariana que viene recorriendo el país en las últimas semanas ahora tenemos que convertirla en una avalancha de votos el próximo domingo. Que no se nos quede ni un solo voto por fuera. Todo el mundo a votar por el 7 de octubre”, expresó el candidato.
Chávez afirmó que el 7 de octubre “nos estamos jugando la vida de Venezuela” y apuntó que “en nuestras manos no se va a perder la vida de la patria, no se va a perder el futuro de la patria”.
“En estos años hemos logrado salvar la Patria y hemos dado las bases del futuro, hoy ya no hay hambre en Venezuela”, resaltó.
Recordó que en estos 14 años que han pasado “hemos logrado algo verdaderamente maravilloso”, así como también “hemos echado las bases del futuro”.
“Venezuela era un país hambriento, hoy ya no hay hambre en Venezuela. ¡Gracias a la Revolución, ya todo el pueblo se alimenta de manera digna!”, aseveró.
También le dijo a todos los presentes que en los últimos 10 años la pobreza se ha reducido a casi la mitad, pero aseguró que en los próximos seis “esa cifra debe reducirse a cero”.
Mencionando los programas sociales, que desde que iniciaron han sido orientados a las necesidades de los más pobres, el candidato presidencial mencionó los logros educativos, la construcción de 22 universidades, el acceso a la salud y la soberanía alimentaria.
Ratificó además su “compromiso con el futuro”, y le aseguró a toda la juventud que aclamaba su nombre que siempre le será fiel al pueblo de Venezuela.
“En nuestras manos no se va a perder la vida de la patria, estoy completamente seguro, y sobre todo en las manos de la juventud venezolana”, manifestó.
Chávez cerró su discurso instando al voto masivo, y luego, al son de la música y de fuegos artificiales, emprendió una masiva caravana acompañada de los miles de simpatizantes que se movilizaron y que este miércoles desbordaron las calles para expresarle su apoyo.
“Mi voto es para Chávez porque es el hombre que nos garantiza igualdad, beneficios sociales y mucho más”, aseguró Guillermo García, asistente a la concentración.
“El amor por Chávez y el entusiasmo que transmite al pueblo venezolano se extenderá hasta las elecciones presidenciales” dijo Estefani Oropeza.
LibreRed / AVN / Telesur
Especiales, Manuel E. Yepe,
Qué se juega en las elecciones de Venezuela
1 Octubre 2012
Cubadebate
Un documento publicado en septiembre de 2012 por la oficina de prensa del Consejo de Relaciones Externas de Estados Unidos, identificado como Contingency Planning Memorandum No. 16, con la firma del profesor Patrick D. Duddy, de la Universidad de Duke, revela las opciones que maneja Washington acerca de las próximas elecciones presidenciales en Venezuela:
“Si Chávez resulta relecto en un proceso aceptablemente libre y justo, Estados Unidos debe tratar de restablecer las relaciones bilaterales con vistas a una eventual renovación de la comunicación a alto nivel en áreas de mutuo interés. Si la elección pareciera fraudulenta, o los resultados legítimos fueran anulados, Estados Unidos debe promover una presión para restaurar la democracia y suspender las relaciones de negocios, como es habitual, hasta que un gobierno legítimo sea restaurado”.
A la luz de la evidencia que deriva de las muchas encuestas que pronostican un amplio triunfo de Chávez y de testimonios como el del expresidente James Carter, que se mostró admirado con la transparencia que imperará en esos sufragios al constatar sobre al terreno la base material dispuesta para controlar la eficiencia del acto comicial, todo indica que Washington prepara algún tipo de gran manipulación en relación con este evento electoral y un guion mentiroso para justificar una agresión contra Venezuela.
El gobierno de Hugo Chávez ha significado, para la mayoría de los venezolanos, la recuperación de la dignidad nacional. Un pueblo postrado por la desesperanza y la indolencia con un sistema social diseñado para proteger a los opulentos y reprimir a los humildes, lo acogió como su salvador y guía hacia la construcción de un país de bienestar para todos. Chávez demostró a ese pueblo que Bolívar enseñara a andar el valor de la unidad y la solidaridad como herramientas para lograr, contando con la
riqueza de un país privilegiado por la naturaleza, que Venezuela ocupe el sitial que le corresponde en la comunidad mundial de naciones; un lugar al que debe acceder sin altanería ni desprecio por los países menos privilegiados, por el contrario, como paladín de la solidaridad.
Grandes han sido también los logros económicos del gobierno bolivariano desde su llegada al poder. Al recuperar la riqueza petrolera nacional y consolidar la soberanía
energética del país, Venezuela se ha confirmado como gran potencia petrolera y energética mundial con reservas probadas que ubican al país entre las principales del mundo.
La Ley de Hidrocarburos de 2006, la recuperación en 2007 del control sobre todas las operaciones de la Faja Petrolífera del Río Orinoco -el reservorio de hidrocarburos más grande del planeta- y las medidas de justicia fiscal dictadas por Chávez han significado ingentes ingresos que ahora se revierten para el pueblo.
Más allá de los números y la economía, lo que más se admira en Chávez es la consecuencia que ha demostrado su gobierno para mantener su vocación de inclusión y pluralidad pese a las acciones hostiles con que responde el imperio a cada medida revolucionaria de beneficio popular o de solidaridad latinoamericana que afecta su hegemonía o a los intereses de los remanentes de la oligarquía que son sus aliados incondicionales.
Venezuela tiene hoy los más bajos registros de desempleo, pobreza general, pobreza extrema, mortalidad infantil y mortalidad materna en toda su historia.
Cuando se piensa que tantos logros económicos y sociales se han estado logrando en medio de constantes amenazas, presiones políticas, chantajes y campañas mediáticas difamatorias, crece la admiración por el talento político de Chávez y la determinación revolucionaria del pueblo venezolano. Y si además se toma en cuenta que el líder bolivariano ha protagonizado en el campo de las relaciones internacionales hechos trascendentales que han aportado a su nación un gran prestigio, se comprende porqué Chávez representa la recuperación la identidad para Venezuela y el papel bolivariano que a ella le corresponde en este continente.
El candidato de la oligarquía y el imperialismo que enfrentará a Chávez formuló recientemente promesas de mantener las misiones sociales como recurso desesperado por lograr algún voto popular. ¿Qué modelo alternativo al neoliberalismo será el que él propugna? Porque en todo el mundo -desarrollado y subdesarrollado- el capitalismo lo primero que hace cuando hay crisis es precisamente cortar los gastos públicos para fines sociales.
Se percibe que los pueblos latinoamericanos y caribeños confían plenamente en el pueblo venezolano y su capacidad de no dejarse robar el futuro propio y del continente, así como comprender lo que representa Hugo Chávez para la causa de la democracia, el socialismo y el bienestar de los pueblos en todo el mundo. Y que así lo demostrarán el 7 de octubre los venezolanos y las venezolanas.
Septiembre de 2012
(Tomado de La Jornada)
Montevideo, 4 de octubre de 2012
Eleuterio Fernández Huidobro: DEBE IRSE
La MESA PERMANENTE CONTRA LA IMPUNIDAD hace saber de su preocupación ante la inminente Conferencia de Ministros de Defensa a realizarse en Punta del Este los días 7 a 10 de octubre.
En dicho contexto, vale recordar, la actitud política que tiene el ministro de defensa de nuestro país, Eleuterio Fernández Huidobro, acariciando sostenidamente a las Fuerzas Armadas en su conjunto. Sin disimulo alguno, el ministro ex tupamaro no posee un ápice de vergüenza en cuanto a declaraciones públicas y actitudes que distan mucho de una cartera que tiene como lastre la sistemática violación de los derechos humanos. A modo de ejemplo, véase el caso Haití de amplia repercusión política y mediática. La Justicia envió a la cárcel a cuatro marinos por la agresión contra el joven haitiano por el delito de Violencia Privada. La otra perla, es la muerte del alférez Olivera en el Batallón 14 de Paracaidistas de la ciudad de Toledo mientras efectuaba un ejercicio de entrenamiento ocurrido en el transcurso del año 2009 que por entonces, el ministro de defensa, era el Dr. Gonzalo Fernández. Estos dos hechos, son claros indicios que los Derechos Humanos en las Fuerzas Armadas no se han reciclado ni mucho menos; están y siguen actuando las mismas directivas de antaño, eso sí, bajo otra denominación.
Precisamente, Adolfo Pérez Esquivel sostuvo hace unos pocos días atrás que “la Doctrina de Seguridad Nacional, que tanto daño hizo al continente y a nuestro país (refiere a la Argentina), hoy vuelve a parecer con otro ropaje”. En efecto, la reunión a desarrollarse en Uruguay, apunta a que los Estados Unidos busquen imponer un control y adecuarse a nuevas realidades. Eleuterio Fernández Huidobro omite decir públicamente que el gobierno de los EE. UU. no firmó el pacto de San José de Costa Rica, de esta manera, elude a la Comisión y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ni este ministro ni sus antecesores dijeron nada al respecto. Cabe precisar, que tampoco dijeron nada, ni blancos ni colorados.
El ministro se preocupa y se ocupa del tema salarial, su antecesor Luis Rosadilla también lo hizo. El ministro, parecería dejar en el baúl de los recuerdos las torturas, violaciones, desapariciones aún no aclaradas, para con la sociedad de un país, que aguardó de él y de todos sus antecesores mayor diligencia y preocupación ante tanta miseria humana que demostraron las Fuerzas Armadas todas, sin excepción.
El ministro dice verdades a medias. El ministro dice lo que le conviene con la venia del presidente Mujica y con la anuencia de una clase política que olvida sistemáticamente –salvo excepciones – que Uruguay aún no superó el huracán que arrasó en la década de los 60, 70, y 80. Está en mente del ministro dejar vía libre a una Base Militar de los EE. UU. El ministro se preocupa en descalificar a otros componentes del Estado, en demérito de su cartera que en vez de zanjar las diferencias, las acrecienta con sus insistentes declaraciones fuera de tono.
Eleuterio Fernández, seguramente, le dará la bienvenida en octubre al Brigadier Mayor ® Richard Goetze. Este militar estadounidense es especialista en seguridad Nacional en Guerras No Convencionales y Operaciones de Información. Dicho militar instruyó hace un par de semanas a docenas de funcionarios civiles del ministerio de defensa de la Argentina, y en su currículum tiene en su foja de servicio, haber sido el agregado militar en el país vecino durante los peores años del terrorismo de Estado.
Casi al mismo tiempo, visitaba nuestro país el subsecretario de Defensa del gobierno de los Estados Unidos para retomar el “diálogo estratégico” en materia militar, Frank Mora, que se entrevistó con el ministro de defensa Fernández y otras autoridades. Mora ya había estado en Uruguay en el año 2011 y se reunió con el entonces ministro de la cartera Luis Rosadilla. Ambas visitas perfectamente planificadas y perfectamente bajo una estrategia común, dejó claramente establecido ultimar detalles de la reunión de los ministros de defensa de América.
La política llevada adelante por este gobierno en materia de derechos humanos, raya la hipocresía. No solo no se ha avanzado en cuanto a esclarecer hechos del pasado, sino que la justicia ve afectado su accionar ante cuestionamientos constantes por parte del ministro de defensa. Fernández se coloca un escalón por encima del resto de la sociedad, sabe de todo y tiene solución para todo, excepto para ordenarles a sus subordinados que proporcionen la información que aún poseen sobre desapariciones y enterramientos clandestinos.
“La independencia de las Fuerzas Armadas es garantía del cumplimiento de las leyes”, afirmó el ministro de defensa ante la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, en referencia a que los ascensos del Jefe del Estado Mayor de Defensa, Daniel Castellá y Pedro Aguerre, comandante del Ejército, habían sido (sus ascensos) políticos. Llama poderosamente la atención para la MESA PERMANENTE, que el ministro tome cartas en el asunto ante dichos de la senadora Topolansky a un medio de prensa argentino. Fue rápido y eficaz en trasmitir su opinión discrepante con la senadora por los dos militares antes mencionados.
Sin embargo, a la hora, de señalar el tema de los Derechos Humanos, no es tan diligente ni discrepante, es más, hay clara sintonía con Topolansky en que, ni uno ni otro, tienen la voluntad política de resolver el tema de los DD. HH. A ello sumémosle, el silencio del Parlamento Nacional, nadie alza la voz en esta materia, parecería que ya está todo laudado. Sin embargo, la realidad es muy otra: NADA ESTA SALDADO.
La Constitución en su Artículo Nº 8, dice: Todas las personas son iguales ante la ley no reconociéndose otra distinción entre ellas sino la de los talentos o las virtudes. Si profundizamos la realidad que transita nuestra país, esté artículo se desvanece por sí mismo; en efecto, todos los procesados con prisión de rango militar y/o policial, tienen un trato diferente por el solo hecho de tener una cárcel en exclusivo.
Concomitantemente, a la fecha hay denunciados 175 desaparecidos, tres más de la investigación que realizará Álvaro Rico. Se han encontrado restos óseos de seis militantes entre el período de los años 2002 y 2012.
Decía el general retirado Víctor Licandro que él no podía reencontrarse con la institución militar hasta tanto “no se produzca una depuración”. Efectivamente es así. “Todos los días se producen hechos en que uno ve que estas Fuerzas Armadas son la prolongación de la dictadura”; expresiones vertidas al semanario Crónicas. Licandro, sostuvo que “cambiaron los nombres pero que hay una gran presencia de hijos y nietos de aquellos, de aquella época. Y aquellos siguen hablando en los centros (militares) y diciendo que fueron salvadores de la patria y reclamando el reconocimiento de la sociedad. No han captado que la sociedad los ha rechazado una y otra vez. Yo no veo el camino para integrarlas a la sociedad hoy”. Los dichos del Gral. ® Víctor Licandro se oponían a la intención que ha repetido una y otra vez el presidente Mujica, pues el presidente mece la cuna y cuando él no lo hace, su esposa se encarga de ello.
La MESA PERMANENTE CONTRA LA IMPUNIDAD rechaza la política emprendida por este Poder Ejecutivo en todos los planos en materia de Derechos Humanos. El ministro de defensa, Fernández, es un claro obstáculo que impide sistemáticamente alcanzar la verdad. Lamentablemente, lo apaña todo el sistema político, amparado en el silencio más profundo y tergiversando la historia como si nada hubiera pasado. La Mesa Permanente, quiere dejar bien claro, que la Memoria, la Verdad, y la Justicia, son valores inquebrantables e irrenunciables. Nos dirigimos a toda la ciudadanía –sin excepciones- aún hay desaparecidos, que se impide la información que está en manos de los militares. Nada está laudado.
Por lo expresado aquí, rechazamos profundamente la reunión a celebrarse en Punta del Este de parte de los ministros de defensa con la excusa del control social. Así como, exigimos la inmediata remoción del ministro de defensa Fernández.
Llega a Uruguay secretario de Defensa de Estados Unidos
Hombres fuertes
04.10.2012 20:2
Leon Panetta, secretario de Defensa de Estados Unidos, llegará a nuestro país el sábado. Panetta se entrevistará con el presidente José Mujica y el ministro Eleuterio Fernández Huidobro, y participará de la X Conferencia de Ministros de Defensa de América, que tratará "una propuesta para coordinar la asistencia humanitaria en caso de desastres naturales".El secretario de Defensa de Estados Unidos, Leon Panetta, visitará Perú y Uruguay, en su segundo viaje a América Latina, en el que expondrá la estrategia estadounidense para la región, informó el jueves el portavoz del Pentágono, George Little.
Panetta partirá este viernes hacia Perú, donde se reunirá con el presidente Ollanta Humala y con el ministro de defensa de ese país, Pedro Cateriano, informó Little en rueda de prensa.
El secretario partirá el sábado a Uruguay, donde participará en la X Conferencia de Ministros de Defensa de América, que se celebrará en Punta del Este y en la que se estudiará "una propuesta para coordinar la asistencia humanitaria en caso de desastres naturales".
Panetta mantendrá además reuniones con el presidente José Mujica, y el ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro.
Little señaló que el secretario aprovechará el viaje para presentar a los aliados en la región la nueva política de defensa hacia América Latina, que define la forma en que EE.UU. está estableciendo sus relaciones con el continente.
El documento, dijo, "reconoce que los países de la región no sólo tienen la voluntad sino la capacidad de contribuir a la seguridad regional y global".
La estrategia se compromete a fortalecer la capacidad de respuesta y "mejorar la interoperabilidad" contra la delincuencia organizada, el terrorismo y el cibercrimen.
El Pentágono apunta "al narcotráfico y otras formas de tráfico ilícito, las pandillas y terrorismo" como las amenazas actuales a la estabilidad y la paz regionales y destaca la colaboración con países como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, República Dominicana, Ecuador, El Salvador Guatemala, Honduras, Paraguay, Perú y Uruguay para enfrentar estos retos en materia de defensa en el hemisferio.
Asimismo destaca la aportación de algunos de estos países a misiones internacionales como Colombia, cuyas fuerzas de seguridad comparten conocimientos técnicos en materia de aviación, antisecuestro y lucha contra el narcotráfico con otros países del continente y de África.
Little aseguró que es "una oportunidad histórica de renovar y afianzar nuestra colaboración".
El lunes Panetta partirá a Bruselas para participar en una reunión con los aliados de la OTAN y regresará el miércoles a Washington.
(Fuente: EFE)
Fernández Huidobro acusó de "provocación" embargo a fragata argentina
Ocho marinos uruguayos forman parte de la tripulación de la fragata
Argentina Libertad detenida en el puerto de Ghana. El ministro de
Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro tildó de "provocación" el embargo
impuesto por acreedores al buque escuela argentino.
Ayer se conoció que la fragata Libertad, el buque escuela de la Armada argentina, fue detenido en el puerto de Ghana debido a una orden judicial empredendida por acreedores de títulos de la deuda de Argentina que piden el embargo de la nave como forma de pago.
Los acreedores son tenedores de bonos argentinos que nunca recibieron un pago desde la cesación de pagos de argentina en 2002. En 2010 el 90 % de los acreedores fueron reestructurados por una decisión unilateral del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.
Muchos de estos tenedores se negaron a la quita y desde entonces tratan de cobrar lo adeudado a Argentina.
En la fragata detenida en Ghana viajaban 8 marinos uruguayos como parte de la colaboración de militar entre ambos países. El vocero de la Armada Sergio Bique, indicó que todos los marinos se encuentran en perfectas condiciones y que se trata de un incidente "exclusivamente argentino".
Los marinos no han descendido del barco por "razones de seguridad" agregó.
El ministerio del Defensa viene siguiendo de cerca la situación. En declaraciones al diario La República el titular de la cartera, Eleuterio Fernández Huidobro expresó que "están secuestrados por deudas, un buque escuela que, con cadetes que no tienen ninguna capacidad bélica, que lleva jóvenes uruguayos. Esto es una provocación".
Ayer se conoció que la fragata Libertad, el buque escuela de la Armada argentina, fue detenido en el puerto de Ghana debido a una orden judicial empredendida por acreedores de títulos de la deuda de Argentina que piden el embargo de la nave como forma de pago.
Los acreedores son tenedores de bonos argentinos que nunca recibieron un pago desde la cesación de pagos de argentina en 2002. En 2010 el 90 % de los acreedores fueron reestructurados por una decisión unilateral del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.
Muchos de estos tenedores se negaron a la quita y desde entonces tratan de cobrar lo adeudado a Argentina.
En la fragata detenida en Ghana viajaban 8 marinos uruguayos como parte de la colaboración de militar entre ambos países. El vocero de la Armada Sergio Bique, indicó que todos los marinos se encuentran en perfectas condiciones y que se trata de un incidente "exclusivamente argentino".
Los marinos no han descendido del barco por "razones de seguridad" agregó.
El ministerio del Defensa viene siguiendo de cerca la situación. En declaraciones al diario La República el titular de la cartera, Eleuterio Fernández Huidobro expresó que "están secuestrados por deudas, un buque escuela que, con cadetes que no tienen ninguna capacidad bélica, que lleva jóvenes uruguayos. Esto es una provocación".
El País Digital
URGENTE: No aparece un testigo de la causa Mariano Ferreyra
Destacado por Agencia Walsh
Jueves, 04 de Octubre de 2012 18:13
Desde anoche a las 22.30 se desconoce donde estaría Alfonso Severo, ferroviario y testigo que debe declarar hoy jueves 4 a mediodía en el juicio que investiga el asesinato de Mariano Ferreyra. Se federalizó su búsqueda. Iba en un auto Renault Clío Negro patente HGA137.
Una fuerte preocupación acoge a la familia de Alfonso Severo, ferroviario, testigo que debe declarar hoy jueves 4 a mediodía en el juicio que investiga el asesinato de Mariano Ferreyra. Desde anoche se desconoce su paradero.
"Anoche habló con la mamá de mi hijo, que había sido operado, y le dijo que lo iría a visitar y lo mismo le dijo a mi mamá. Eran las diez y media. Nunca llegó a destino y desde las once que llamamos a su celular y da directamente el contestador", cuenta Gastón, hijo del testigo. Alfonso Severo es un ferroviario, trabajador de Ferrobaires -con sede en Constitución- que fue desalojado de su puesto de trabajo en Mantenimiento por una patota armada en 2009. El acontecimiento fue una de las primeras muestras de la degradación violenta que había copado el ferrocarril. Severo partió de su hogar a bordo de un Renault Clío negro placa HGA-137. "Recorrimos hospitales e hicimos denuncias en las comisarías 4° y 6° de Avellaneda, incluso recorrimos con un patrullero el trayecto hasta la casa de mi hijo para ver si había algún rastro, pero no encontramos nada -continúa Gastón-. A la tarde lo habían llamado al celular y se escuchaba el sonido de la tele y de una radio, según me contó. ‘¿Qué se piensan, que me van a intimidar?', me dijo ".
El testimonio de Alfonso Severo cobra vital importancia en este tramo del juicio que se desarrolla en Comodoro Py. Este cronista se entrevistó recientemente con Severo para recabar datos sobre los posibles vínculos de la patota de Constitución con Favale y la trama que envuelve el destino de las armas que se usaron en el ataque que costó la vida a Mariano Ferreyra e hirió gravemente a Elsa Rodríguez. El testigo conoce de primera mano los vínculos entre las patotas delictivas de Constitución y la dirección sindical de la Unión Ferroviaria.
Plazademayo.com pudo comprobar que el ministerio de Seguridad, a través de la subsecretaria Cristina Caamaño, ha tomado cartas en el asunto. Alfonso Severo debe presentarse en Comodoro Py a mediodía. En estos momentos no hay rastros de su paradero. Esta nota expresa la profunda preocupación de su familia ante la alarmante circunstancia, que no se puede desvincular de las recientes amenazas que profirió la patota de Pedraza a testigos de esta causa.
Jueves, 04 de Octubre de 2012
APARICIÒN INMEDIATA DE ALFONSO SEVERO
(AW) POR LA APARICIÓN INMEDIATA DE ALFONSO SEVERO, TESTIGO CLAVE DEL ASESINATO DE MARIANO FERREYRA, DESAPARECIDO ANOCHE.
Todos a Plaza de Mayo desde las 17 hs..
La Plata: Plaza San Martín, frente a la Gobernación provincial (A las 19hs)
Mar del Plata: Municipalidad (A las 18hs)
Bahia Blanca: Plaza Rivadavia (A las 17.30hs
Formosa: local del P.O. (Eva Perón 57) (A las 16hs)
Rosario: Plaza de Mayo, frente a la Municipalidad (A las 17hs)
Neuquén: Monumento a San Martín (A las 18hs)
Mendoza: Garibaldi y San Martín (A las 18.30hs)
San Miguel de Tucumán: Mendoza y Muñecas (A las 19hs)
Movilización y repudio por la desaparición de Alfonso Severo, testigo en la causa por la muerte de Mariano Ferreyra!!!
Movilización y repudio por la desaparición de Alfonso Severo, testigo en la causa por la muerte de Mariano Ferreyra!!!
HOY 17 hs en Plaza de Mayo y en diferentes plazas del país, nos solidarizamos con los familiares y compañerxs de Alfonso Severo y exigimos su aparición inmediata y con vida!!
HOY 17 hs en Plaza de Mayo y en diferentes plazas del país, nos solidarizamos con los familiares y compañerxs de Alfonso Severo y exigimos su aparición inmediata y con vida!!
El estado es responsable por la desaparición de Alfonso Severo!!
En el día de ayer por la noche desaparecieron a Alfonso Severo, uno de los testigos claves en la causa por la muerte de Mariano Ferreyra que incrimina a José Pedraza y las patotas sindicales del ferrocarril.
El 20 de octubre de 2010 la burocracia sindical, las patotas del ferrocarril y el estado mataron a Mariano Ferreira uno de los tantos luchadores sociales que ese día repudiaban, los despidos, la precarización y la persecución de las patotas y la burocracia sindical y exigían por lograr sus derechos. Desde ese día, Alfonso Severo, testigo de todo lo ocurrido, solía recibir intimidaciones, amenazas, agresiones, apedreos y balazos en la fachada de su casa. Alfonso debía declarar hoy, pero salió de su casa ayer por la noche y ya no regresó.
Una vez más la persecución, las intimidaciones, y la violencia institucional, operan a favor de los que nos dominan, nos someten y nos roban dia a dia la libertad y nuestros derechos, para mantener impune las responsabilidades materiales y políticas del asesinato de Mariano Ferreira y la reciente desaparición de Alfonso Severo.
Desde la Federación de Organizaciones de Base nos solidarizamos y exigimos la aparición inmediata y con vida de Alfonso Severo y el esclarecimiento del asesinato de Mariano Ferreyra. Como forma de construcción sin políticos, sin patrones, desde abajo y por fuera del estado, como nunca esperamos ni esperaremos nada de lxs de arriba, sabemos que la justicia la exigimos y la logramos en la calle y con presión de los sectores organizados que NO nos callamos, ni les tenemos miedo!! Solo de este modo empujamos y obligamos al estado y sus instituciones a cumplir con nuestras exigencias!!
En el día de ayer por la noche desaparecieron a Alfonso Severo, uno de los testigos claves en la causa por la muerte de Mariano Ferreyra que incrimina a José Pedraza y las patotas sindicales del ferrocarril.
El 20 de octubre de 2010 la burocracia sindical, las patotas del ferrocarril y el estado mataron a Mariano Ferreira uno de los tantos luchadores sociales que ese día repudiaban, los despidos, la precarización y la persecución de las patotas y la burocracia sindical y exigían por lograr sus derechos. Desde ese día, Alfonso Severo, testigo de todo lo ocurrido, solía recibir intimidaciones, amenazas, agresiones, apedreos y balazos en la fachada de su casa. Alfonso debía declarar hoy, pero salió de su casa ayer por la noche y ya no regresó.
Una vez más la persecución, las intimidaciones, y la violencia institucional, operan a favor de los que nos dominan, nos someten y nos roban dia a dia la libertad y nuestros derechos, para mantener impune las responsabilidades materiales y políticas del asesinato de Mariano Ferreira y la reciente desaparición de Alfonso Severo.
Desde la Federación de Organizaciones de Base nos solidarizamos y exigimos la aparición inmediata y con vida de Alfonso Severo y el esclarecimiento del asesinato de Mariano Ferreyra. Como forma de construcción sin políticos, sin patrones, desde abajo y por fuera del estado, como nunca esperamos ni esperaremos nada de lxs de arriba, sabemos que la justicia la exigimos y la logramos en la calle y con presión de los sectores organizados que NO nos callamos, ni les tenemos miedo!! Solo de este modo empujamos y obligamos al estado y sus instituciones a cumplir con nuestras exigencias!!
El estado es responsable por la desaparición de Alfonso Severo!!
Basta de perseguir, reprimir, criminalizar y matar a lxs luchadores sociales!!!
Los políticos no sirven organízate y lucha!!
Por la libertad!!!
Por la libertad!!!
APARICION INMEDIATA Y CON VIDA DE ALFONSO SEVERO!!
FOB
Federación de Organizaciones de BaseFOB regional Córdoba
Espacio Social y Cultural Caracol
FOB regional Chaco
Movimiento Onatanaxanaxaipy -Trabajadores Qom (Barrio Santiago III, Resistencia), Movimiento Casique Bainolec (Barrio Toba, Resistencia), Centro Social y Cultural José Peloso (Resistencia)
FOB regional Buenos Aires y CABAMTD - Movimiento de Trabajadores Desocupados "Oscar Barrios" (San Miguel, Moreno, José C Paz), FUP - Frente de Unidad Popular (Berazategui, Almirante Brown, Florencio Varela), CSDA - Centro Social Desde Abajo (San Cristobal, CABA), Movimiento Arriba Los que Luchan (Lanus), MTD "Lucha y Libertad" (Villa Celina, Villa 20 de Lugano, CABA), MTD - Movimiento de Trabajadores Desocupados Ezeiza (Ezeiza)
FOB Regional Rosario
MSI - Movimiento Solidario Independiente (Perez,Gran Rosario), VEL - Movimiento Vecinos en Lucha (Molino Blanco, San Martín Sur, Villa Itatí y Las Flores, Rosario), MILO - Movimiento Independiente “Los Olvidados” (Belgrano, Rosario), MI27Movimiento Independiente 27 de Febrero (27 de Febrero y Santa Lucía, Rosario)
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jueves, 4 de octubre de 2012
Argentina: Desclasados, nunca trabajadores
CORREPI repudia la asonada del aparato represivo del Estado.El conflicto por la paga de los prefectos y gendarmes, que se ha extendido por todo el país, y que amenaza con extenderse a otras fuerzas represivas, pone en evidencia la verdadera naturaleza de su despreciable función.
Con este motín, una falsedad queda al descubierto: no existe la profesionalización ni la democratización de las fuerzas represivas como garantía de paz social. La represión es, antes que nada, expresión del monopolio de la violencia del Estado, en una sociedad con privilegios de clase.
La naturaleza del reclamo (estrictamente monetario) pone también en evidencia otra falsedad: no es sindicalizando a las fuerzas de represión como se logra desbaratar su enorme capacidad de violencia sobre el pueblo pobre. La sindicalización, sólo mejora su relación con el Estado, pero no cambia la perversa naturaleza de su razón de ser.
Los prefectos, gendarmes, y el resto de los represores, no son trabajadores; no se trata de una huelga, sino un motín o asonada. La obtención de sus objetivos, más que acercarlos al pueblo, los envalentonará aún más para ejercer la función para la que existen: reprimirlo.
El hecho de que los policías provengan en gran medida del pueblo no significa nada. Es la existencia la que determina la conciencia. Y la existencia no se encuentra determinada por la percepción de un salario sino por la función social que se ejerce. Aquél que, perteneciendo por origen a la clase trabajadora, se vuelve policía, es un policía de la burguesía y no un trabajador. Todo policía está entrenado para reprimir al pueblo cuando éste se moviliza por sus justas reivindicaciones. Además, saben que los gobiernos cambian, pero la policía permanece.
La relación entre la clase dominante y el pueblo pobre es la de una guerra de clases, algunas veces más evidentes, otras, más larvada. Aunque se la disfrace mediante discursos que apelan a la paz social o a la justicia social, a la igualdad de oportunidades o de derechos, a la naturalidad del dominio de un ser humano por sobre otros, no significa que, porque las fuerzas represivas encaren un reclamo salarial, hayan abandonado, por un segundo, su función de perro guardián. Morder y cumplir la función del perro, no implica ser el amo. El perro le pertenece al amo, le obedece, cumple.
Es la naturaleza misma de su despreciable función, la que torna insostenible el argumento de "si los ganamos, si los aparateamos, si conseguimos que se autodepuren y defiendan organizados, como trabajadores, entonces quebramos al sistema opresor".
Casi la misma "lógica-absurda" que los quiere profesionales y democráticos.
Estamos ante quienes postulan el posibilismo, esa despreciable posición para legitimar al capitalismo desde posiciones presuntamente progresistas; es decir, de quienes no se atreven a ser abiertamente capitalistas.
Todas las experiencias de sindicalización (en Argentina existen varias agrupaciones o asociaciones de policías y miembros del aparato represivo del Estado) conducen inexorablemente a mejorar la capacidad de fuego, y las condiciones en las que ejercen la represión.
El sistema capitalista no se concibe sin trabajadores disciplinados para tolerar los niveles de explotación y alienación. Cualquier atisbo de levantamiento provoca la suelta de la jauría. Porque no pueden prescindir de los trabajadores, necesitan todavía más de la policía, gendarmes, prefectos y todo pedigree por el estilo.
Los reclamos por la paga, son mostrados por derecha, y por alguna izquierda también, como un reclamo laboral más. Con esposas e hijos aplaudiendo a columnas de uniformados que entran vociferando mientras entorpecen el tráfico, el panorama se parece mucho al de los numerosos reclamos que se formulan los trabajadores.
La diferencia - entre otras- es que en estos reclamos no hay nadie legitimado con balas y gases amenazando con reprimir.
Los reclamos por la paga de prefectos y compañía, llevan a graves preocupaciones de funcionarios y legisladores, que intentan rápidamente disolver el conflicto cumpliendo con cada uno de los requerimientos, a diferencia de cuando el recorte se opera sobre los salarios de los empleados públicos.
Se trabaja en las fábricas y en los comercios, se trabaja en las obras y en el campo, en la montaña y en el agua, se trabaja en las oficinas y en los hospitales, en espacios públicos y privados.
Formando parte del aparato represivo, NO SE TRABAJA, SE CUMPLE LA FUNCIÓN DE DISCIPLINAR Y CONTROLAR A LOS QUE TRABAJAN, lo que impacta en la subjetividad de la clase trabajadora.
Eso se hace, con o sin profesionalismo, con o sin instrucción democrática, con o sin cursos de derechos humanos, con o sin sindicalización. En todos los casos, quienes cumplen esa función inherente al monopolio de la fuerza por parte del Estado, reciben también otros favores de parte del mismo Estado a la hora de examinar sus conductas (impunidad, ventajas, beneficios procesales, asistencia jurídica, etc). Y no es casual que salgan a exigir más beneficios cuando más visible se hace la necesidad que el gobierno de turno tiene de las que la ministra llama sus "fuerzas de confianza", las "profesionales", las "no corruptas", para invadir los barrios, patrullar las calles y prevenir, con la invasión uniformada, cualquier atisbo de más organización popular.
Lo que verdaderamente importa, es que esté garantizado ese monopolio del ejercicio de la fuerza para desplegarla contra las masas.
Recordamos que los que reclaman, son los mismos que hace poquitos días desalojaron salvajementela Panamericana y apalearon y metieron presos a 60 trabajadores en Campo de Mayo (por primera vez desde 1983), cuando se conmemoraba el día del detenido desaparecido, por orden de un ex carapintada, segundo de la ministra más "progre" del "gobierno de los derechos humanos"; los mismos que en 2005 y 2006 militarizaron y torturaron en Las Heras y reprimieron a los trabajadores pesqueros en Mar del Plata; los mismos que, en 2007, reprimieron a los trabajadores del Casino; los mismos que se infiltran y espían trabajadores con el "Proyecto X"; en fin, los mismos que, en 1999, asesinaron a Mauro Ojeda y Francisco Escobar en el puente de Corrientes, cuando la ministra más "progre" del "gobierno de los derechos humanos", era la viceministra del Interior del gobierno de la Alianza.
Los Cinco son víctimas de una injusticia, afirma prominente abogado
Por Enrique Torres de la Torre
Santiago de Chile, 28 sep (PL) Los cinco antiterroristas cubanos presos en Estados Unidos son víctimas de una justicia absurda e injusta, ejercida como mecanismo de dominación, consideró el prominente abogado paraguayo Martín Almada, descubridor de los Archivos del Terror del dictador Alfredo Stroessner.
En entrevista con Prensa Latina, el jurista insistió en subrayar lo injusto del proceso contra los Cinco, como son conocidos en las campañas internacionales por su liberación, ya que él también fue condenado a prisión y torturado por delitos que jamás cometió.
Gerardo Hernández, Ramón Labañino, Antonio Guerrero, Fernando González y René González fueron detenidos en septiembre de 1998, y encarcelados en los siguientes 17 meses en solitario, en celdas de castigo.
Recibieron condenas en 2001 que van desde 15 años hasta doble cadena perpetua más 15 años, esta última impuesta a Gerardo. En el caso de René, cumplió su sentencia pero está obligado a permanecer tres años más en suelo estadounidense bajo el régimen de libertad supervisada.
La causa del arresto, tal como reconocieron los fiscales y el juez desde el acta acusatoria hasta el último día del juicio, fue que habían, pacíficamente, sin armas, penetrado los grupos terroristas anticubanos que tienen refugio en Estados Unidos, con el objetivo de informarle a Cuba sobre sus planes criminales.
"Sabemos que la justicia siempre ha sido instrumento de dominación, y para mí está muy claro que los Cinco cubanos son víctimas de la justicia estadounidense, como instrumento de dominación, cuando en realidad la justicia debe ser un instrumento de liberación", afirmó Almada, cuya pesquisa durante más de 15 años reveló muchos de los secretos de la Operación Condor.
El abogado, que asiste aquí a un seminario de la Asociación Americana de Juristas, calificó de burdas las argumentaciones del Gobierno norteamericano contra ellos, y aseguró que más temprano que tarde, tal como ocurrió con la guerra de Vietnam, será el propio pueblo de Estados Unidos el que va a exigir a su gobierno la libertad de esos patriotas, "porque son patriotas", enfatizó.
Tan insostenibles fueron los alegatos, que la propia fiscalía dijo en el juicio que: "arrestamos a estos cinco hombres e incautamos 20 mil páginas de documentos de sus computadoras, pero, señoras y señores del jurado, de esas 20 mil páginas no podemos presentarles una página de información clasificada".
En opinión de Almada, la injusticia está a flor de piel en todo ese proceso, y él sabe muy bien lo que es una injusticia, pues pasó tres años en las cárceles de Stroessner solo por haber defendido una tesis doctoral en la Universidad de la Plata, en Argentina, inspirado en la corriente educativa de Paulo Freire, sobre la educación liberadora.
"Ese estudio me costó tres años de cárcel, me costó la muerte de mi esposa, la confiscación de nuestros bienes, y 15 años de exilio, de manera que yo sé lo que estar en prisión, y estar en prisión por una injusticia, al igual que son víctimas los cinco cubanos", expresó Almada.
Por tal razón, señaló, no se puede concebir que ellos, que lucharon contra el terrorismo, que lucharon por la paz, que es el objetivo de las Naciones Unidas, sean blanco de esa justica absurda, que está siendo observada por la conciencia mundial.
"Tal es así que se ha logrado articular una movilización a favor de los Cinco a nivel internacional, pues ya su caso no es un caso cubano, es un caso latinoamericano, el caso ya es europeo, el caso es internacional", apostilló el abogado.
Y en ese sentido, aseguró, mientras Washington no los libere no tendrá ninguna autoridad moral para integrar alguna comisión de derechos humanos, a pesar de que el nacimiento de Estados Unidos como nación tuvo como base anhelos de democracia, libertad y justicia.
"Y hay que bregar por el camino de la justicia, porque en el camino de la justicia está la vida", indicó.
Hace casi 20 años, el 22 de diciembre de 1992, Almada encontró en Asunción tres toneladas de documentos vinculados a la dictadura de Stroessner, entre los cuales descubrió un texto titulado Reunión de Inteligencia, considerado el acta de nacimiento de la Operación Condor.
El acta recogía toda la filosofía, la estrategia política y la práctica de cómo debería funcionar esa cruzada, que entre 1975 y 1985 provocó en el subcontinente más de 100 mil víctimas fatales entre dirigentes sindicales y de otras organizaciones sociales y políticas, estudiantes, profesores, religiosos, intelectuales, artistas, abogados y médicos.
"En fin, se trató de eliminar a la clase pensante de América Latina, teniendo como herramienta el abuso del poder como instrumento de dominación, tal como ahora se hace con los cinco cubanos", concluyó el abogado.
Caso de antiterroristas cubanos en foro continental de juristas.
Santiago de Chile, 27 sep (PL) El caso de los cinco antiterroristas cubanos presos en Estados Unidos desde 1998 fue expuesto hoy aquí ante la Asociación Americana de Juristas (AAJ), en particular el pago a periodistas en Miami para crear un ambiente de histeria y odio irracional en su contra.
Al intervenir en el Seminario Continental La Justicia Universal y los Derechos Humanos, el vicepresidente de la AAJ, Antonio Raudilio Martín, destacó la batalla jurídica librada por la defensa de los cinco cubanos, emprendida desde los primeros momentos del arresto hace 14 años.
El jurista explicó que uno de los grandes desafíos en la actualidad es la petición de habeas corpus a favor de Gerardo Hernández a partir de la declaración jurada de su abogado, Martin Garbus.
Dicha solicitud desenmascara el rol desempeñado por periodistas en Miami pagados por el gobierno norteamericano para crear una campaña que influyera en el jurado y condenar severamente a los encausados.
En su presentación ante la AAJ, el letrado cubano precisó que el efecto de la campaña fue tal que los cinco antiterroristas fueron declarados culpables a pesar de que la Fiscalía no presentó prueba alguna.
Gerardo Hernández, Ramón Labañino, Antonio Guerrero, Fernando González y René González fueron detenidos por, pacíficamente, sin armas, haber penetrado los grupos terroristas anticubanos en Estados Unidos con el objetivo de informarle a Cuba sobre sus planes criminales.
Recibieron condenas que van desde 15 años hasta doble cadena perpetua más 15 años, esta última impuesta a Gerardo. En el caso de René, cumplió su sentencia pero está obligado a permanecer tres años más en suelo estadounidense bajo el régimen de libertad supervisada.
La operación periodística articulada en Miami por la Fiscalía no solo violó la Constitución de Estados Unidos, sino también el debido proceso, según el abogado.
Señaló además que los reporteros utilizados en la campaña eran personas vinculadas en esa ciudad a organizaciones que fomentan acciones criminales contra Cuba.
"Por esa y otras razones Miami no podía ser una sede para un juicio justo", enfatizó Martín, también profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana.
En su ponencia, el jurista destacó el importante papel que viene desempeñando la solidaridad internacional en sus campañas a favor de la excarcelación de los cinco cubanos.
"Ese es el frente político de batalla y se está haciendo sentir cada vez con más fuerza dentro de los propios Estados Unidos, donde son muchas las voces que se levantan y le piden al presidente Barack Obama que ponga fin a la injusticia y devuelva los cubanos a su tierra", enfatizó.
La embajadora de Cuba en Chile, Ileana Díaz-Arguelles, agradeció la combatividad de la AAJ siempre a favor de Cuba, tanto en su lucha frente el bloqueo de Estados Unidos contra la isla como, en el caso de Los Cinco, siempre con resoluciones a favor de que se imponga la justicia y sean excarcelados.
Díaz-Arguelles reconoció no solo el papel de la AAJ en el sentido continental, sino además el desempeñado por la rama de la organización en Chile.
El seminario de la AAJ, al que asisten destacados juristas de Latinoamérica, el Caribe, Canadá y Estados Unidos, será clausurado mañana en la sede del Congreso Nacional de Santiago.
Juristas de América reafirman compromisos con derechos humanos
Santiago de Chile, 28 sep (PL) La Asociación Americana de Juristas (AAJ) reafirmó hoy entre sus postulados la lucha por la autodeterminación de los pueblos y la defensa y promoción de los derechos humanos, entre ellos los de cinco antiterroristas cubanos presos en Estados Unidos.
Al término de dos días de reuniones en esta capital, en el Seminario Continental "La Justicia Universal y los Derechos Humanos", el presidente del Consejo Consultivo de la AAJ, Beinusz Szmukler, abogó por la libertad de los cubanos, encarcelados desde hace más de 14 años.
"Y están presos por tratar de evitar actos terroristas contra su país y en otros países, como en los propios Estados Unidos, pero mantienen una entereza que justifica plenamente la denominación de héroes", expresó el jurista.
Ellos están sometidos a presiones para que realicen algún acto que le venga bien al imperio y con promesas seguramente de recuperación de libertad, comentó Szmukler, tras recordar el caso de los esposos Rossemberg, quienes en la década de los 50 fueron acusados por Washington de ser espías de la ex Unión Soviética.
"A ellos se les prometió la libertad si reconocían ser espías, cosa que no se había podido probar, y prefirieron aceptar la condena a muerte y mantener su dignidad antes que ceder al chantaje", expresó el letrado, al significar que igual actitud mantienen los cinco cubanos.
Gerardo Hernández, Ramón Labañino, Antonio Guerrero, Fernando González y René González fueron detenidos en septiembre de 1998, y en 2001 condenados a penas que van desde 15 años hasta doble cadena perpetua más 15 años.
La causa del arresto fue que habían, pacíficamente, sin armas, penetrado los grupos terroristas anticubanos que tienen refugio en Estados Unidos, con el objetivo de informarle a Cuba sobre sus planes criminales.
Como AAJ, "tenemos el compromiso desde hace años de luchar por su libertad, y lo estamos ratificando en este seminario", enfatizó Szmukler.
La asociación defendió además el derecho de Puerto Rico a su independencia, así como otras reivindicaciones de los pueblos por alcanzar un mundo y una sociedad nacional en cada uno de los países sobre la base de la verdad, la justicia y la memoria.
También respaldó la lucha popular por una sociedad sin impunidad y solidaria, que haga realidad los pactos internacionales de derechos humanos.
A la sesión de clausura del seminario fue invitado el joven chileno Camilo Ballesteros, expresidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Santiago y uno de los líderes de la cadena de movilizaciones del pasado.
Ballesteros señaló que la explosión estudiantil de 2011 no constituye un hecho espontáneo y no responde solo a problemas de la educación, sino que es resultado de la inequidad y la desigualdad existente en Chile.
Pero estalla en la educación porque bajo la dinámica que tenemos de mercantilización afectaba tanto a los sectores de más bajos como a los sectores medios.
El joven precisó que hubo abusos excesivos, al punto de que una carrera en una universidad pública podía llegar a costar a un estudiante y su familia 10 mil dólares, lo cual no ocurre en ningún país del mundo.
Al seminario asistieron destacados juristas de Latinoamérica, el Caribe, Canadá y Estados Unidos.
ocs/et
Activistas del mundo consideran cruel el trato a luchadores cubanos
Ottawa, 25 sep (PL) Los participantes en un evento internacional de solidaridad en Canadá consideraron cruel e injusto el tratamiento dado en las cárceles de Estados Unidos a cinco cubanos presos desde septiembre de 1998 por combatir acciones terroristas.
Pacifistas, miembros de movimientos sociales y sindicalistas de varios países cerraron una asamblea y un tribunal popular en Toronto (sureste) con un dictamen de 12 artículos que concluyó que Washington politizó el proceso legal contra Gerardo Hernández, Ramón Labañino, Antonio Guerrero, Fernando González y René González.
Cuatro de esos hombres enfrentan severas sanciones por dar seguimiento a grupos violentos radicados en Miami, desde donde planifican acciones como las que en los últimos 53 años han ocasionado más de tres mil 400 víctimas en Cuba.
Mientras, René González salió de la prisión el 7 de octubre último después de 13 años de cárcel, y ahora enfrenta un castigo adicional de tres años bajo libertad supervisada en esa misma ciudad, morada de la extrema derecha anticubana.
El texto, publicado en el sitio web del evento, reconoció la existencia de pruebas contundentes sobre el accionar contra Cuba de los sectores terroristas asentados en el sur de Florida y la ineficacia de la Casa Blanca para detenerlos.
Respaldó el derecho de la nación antillana a defenderse de dichos actos y, en ese contexto, la labor de Los Cinco para evitarlos de manera pacífica y sin poner en riesgo la seguridad nacional de Estados Unidos.
También consideró inverosímiles las evidencias que sustentan el cargo de conspiración para cometer asesinato impuesto a Gerardo Hernández.
Respecto al pago de periodistas, el fallo determinó que el Gobierno norteamericano interfirió en el juicio contra ellos con la entrega de grandes sumas de dinero a medios periodísticos con el único objetivo de formar una opinión adversa entre los ciudadanos del país.
"Por todo lo antes expuesto concluimos que los Cinco fueron detenidos, procesados y sentenciados de forma injusta y opuesta a las leyes internacionales y de Estados Unidos", precisó el documento, al proponer la anulación de las penas impuestas a los antiterroristas.
Finalmente, urgió al presidente Barack Obama hacer usos de sus prerrogativas constitucionales para que conceda la libertad inmediata e incondicional de esos hombres y autorice su regreso a Cuba.
El tribunal y la asamblea popular sesionó durante el fin de semana pasado en el ayuntamiento de Toronto como parte de la campaña global de solidaridad prevista hasta el mes próximo en 31 países, a propósito del aniversario 14 del encierro de esos luchadores en cárceles estadounidenses.
Familiares de Los Cinco, el escritor cubano Miguel Barnet; Lemelin Denis (presidente del Sindicato Canadiense de Trabajadores Postales); el sindicalista británico Tony Woodley y las activistas Cindy Sheehan, Alicia Japko y Gloria La Riva, entre otros, participaron en ambas citas.
Entre sus patrocinadores estuvieron la Red Canadiense de solidaridad con Cuba, la Asociación de Amistad Cubano-Canadiense de Toronto, el Sindicato Canadiense de Empleados Públicos y el Consejo Internacional de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe LATIN@S.
lac/ymr
350 intentan asaltar el Ministerio de Defensa griego
Una unidad de antidisturbios de la policía griega intervino ayer contra unos 350 obreros de astilleros que trataban de penetrar en el Ministerio de Defensa, para reclamar una reunión con el ministro y plantear sus quejas sobre el atraso en el pago de sus salarios.
La protesta comenzó el jueves por la mañana cuando los obreros lograron entrar en el recinto que rodea el complejo ministerial e intentaron acceder al edificio principal.
Esto fue impedido cuando llegaron los antidisturbios que reprimieron la protesta con gases lacrimógenos y porrazos.
Según las imágenes mostradas por la televisión Skaï, al menos hay una persona herida con una brecha en la cabeza, y varios trabajadores -que no han cobrado durante seis meses- han sido retenidos por la Policía.
Los trabajadores del astillero privado Skaramangas se negaron a abandonar el recinto y el jefe del Estado Mayor del Ejército, Mijalis Kostarakis, tuvo que dirigirse a los obreros por megáfono para tratar de aplacar los ánimos.
14 de Noviembre: Huelga General en Portugal
El mayor sindicato portugués, la Confederación General de Trabajadores de Portugal (CGTP, comunista) convocó este miércoles una huelga general, la tercera en 16 meses de Gobierno conservador, el próximo 14 de noviembre. Una fecha señalada ya que los sindicatos españoles estan barajando convocar la huelga general coincidiendo con la portuguesa.
El otro gran sindicato luso, la Unión General de Trabajadores (UGT, vinculado al PS) no se ha pronunciado oficialmente sobre la convocatoria pero su líder Joao Proença, se opuso a su realización en declaraciones a medios lusos, horas antes del anuncio.
La convocatoria de la huelga, contra las medidas de austeridad y los problemas sociales que vive Portugal, sigue a las dos jornadas de manifestaciones multitudinarias celebradas el mes pasado para reclamar un cambio de política al primer ministro, Pedro Passos Coelho.
La divulgación del paro coincidió con las nuevas medidas de austeridad anunciadas por el Gobierno luso, que reconoció un “enorme” aumento de impuestos para 2013 con la meta de cumplir con las metas de déficit fiscal exigidas por Bruselas -5 % este año y 4,5 % en el 2013-.
Desde que la crisis de la deuda soberana europea se agudizó en Portugal a finales de 2010, el país ha vivido ya tres huelgas generales, la primera de ellas, el 24 de noviembre de 2010, contra el entonces jefe del Ejecutivo socialista José Sócrates.
La huelga general ya tiene fecha probable: el 14 de noviembre
Ese día hay convocado un paro similar en Portugal. Toni Ferrer (UGT) dice que la convocatoria "no es prematura".
Los sindicatos estudian convocar la huelga general el 14 de noviembre
Para ese día está convocado un paro general en Portugal contra los recortes derivados del rescate. Este domingo habrá movilizaciones contra los Presupuestos para 2013 en todas las capitales de provincia
ELENA HERRERA Madrid 04/10/2012 14:00 Actualizado: 04/10/2012 15:35 Público
Pancarta a favor de la huelga general, exhibida por uno de los asistentes a la asamblea de delegados de CCOO en febrero de 2012.EFE/Manuel Bruque
Tras meses de especulaciones, la convocatoria de la segunda huelga general a la que se enfrentará el Gobierno de Mariano Rajoy parece ir perfilándose. CCOO y UGT estudian convocarla para el próximo 14 de noviembre, cuando también está previsto un paro general en Portugal.
"No vemos que sea en absoluto una fecha prematura", ha señalado a Público el secretario de Acción Sindical de UGT, Toni Ferrer, aunque ha recalcado que esta fecha "no es definitiva", aunque sí "probable". No obstante, ha indicado que la definición final de esta huelga tendrá que salir del consenso en el seno de la Cumbre Social y de las propias organizaciones sindicales.
En los mismos términos se ha expresado, en declaraciones a Europa Press, el responsable de Comunicación de CCOO, Fernando Lezcano, que ha recordado que las más de 150 organizaciones que conforman la Cumbre Social se han dado una plazo de dos semanas para reflexionar sobre la posibilidad de convocar una huelga general contra la política de recortes del Gobierno y los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2013.
Ferrer ha recordado que el pasado 25 de septiembre, en un encuentro europeo de sindicalistas celebrado en Madrid, los líderes de estas organizaciones plantearon la necesidad de "vertebrar las respuestas a las políticas de recorte" y de "llevar a cabo acciones coordinadas para plantear soluciones a estas medidas".
Sí parece posible la convocatoria de algún tipo de movilización a nivel europeo. Aunque ya se han establecido los primeros contactos, la respuesta unitaria de los países periféricos a las políticas de austeridad que marca la UE podría concretarse en la próxima reunión de la Confederación Europea de Sindicatos (CES), que tendrá lugar el 17 de octubre. Fuentes sinficales aseguran que serán los sindicatos portugueses los que probablemente "llevarán la iniciativa" de estas movilizaciones.
La convocatoria portuguesa para el 14 de noviembre casa también con la voluntad expresada por los sindicatos españoles de hacer coincidir el paro con la tramitación parlamentaria de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2013. Además, en esa fecha, con el dato del IPC de octubre encima de la mesa, se estará más cerca de saber si el Gobierno actualizará o las pensiones, algo que los sindicatos ven poco probable.
"No vemos que sea en absoluto una fecha prematura", ha señalado a Público el secretario de Acción Sindical de UGT, Toni Ferrer, aunque ha recalcado que esta fecha "no es definitiva", aunque sí "probable". No obstante, ha indicado que la definición final de esta huelga tendrá que salir del consenso en el seno de la Cumbre Social y de las propias organizaciones sindicales.
En los mismos términos se ha expresado, en declaraciones a Europa Press, el responsable de Comunicación de CCOO, Fernando Lezcano, que ha recordado que las más de 150 organizaciones que conforman la Cumbre Social se han dado una plazo de dos semanas para reflexionar sobre la posibilidad de convocar una huelga general contra la política de recortes del Gobierno y los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2013.
Ferrer ha recordado que el pasado 25 de septiembre, en un encuentro europeo de sindicalistas celebrado en Madrid, los líderes de estas organizaciones plantearon la necesidad de "vertebrar las respuestas a las políticas de recorte" y de "llevar a cabo acciones coordinadas para plantear soluciones a estas medidas".
Sí parece posible la convocatoria de algún tipo de movilización a nivel europeo. Aunque ya se han establecido los primeros contactos, la respuesta unitaria de los países periféricos a las políticas de austeridad que marca la UE podría concretarse en la próxima reunión de la Confederación Europea de Sindicatos (CES), que tendrá lugar el 17 de octubre. Fuentes sinficales aseguran que serán los sindicatos portugueses los que probablemente "llevarán la iniciativa" de estas movilizaciones.
La convocatoria portuguesa para el 14 de noviembre casa también con la voluntad expresada por los sindicatos españoles de hacer coincidir el paro con la tramitación parlamentaria de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2013. Además, en esa fecha, con el dato del IPC de octubre encima de la mesa, se estará más cerca de saber si el Gobierno actualizará o las pensiones, algo que los sindicatos ven poco probable.
Tras el #25S, la Coordinadora pone rumbo al #25O
Feli Velázquez, una de las portavoces de la Coordinadora, ha asegurado que, a pesar de que la primera convocatoria del 25-S se saldó con 35 detenidos y más de 60 heridos, no tienen “miedo ninguno” y seguirán pidiendo la dimisión del Gobierno y el inicio de un proceso constituyente en los alrededores del Congreso.
“Desde luego, la gente estará perdiendo derechos sociales pero también está perdiendo el miedo y eso se ha demostrado con la cantidad de gente que ha salido a la calle”, ha afirmado, para añadir que su intención es seguir demostrándolo en posteriores convocatorias.
Sobre los detalles de la convocatoria tales como la fecha y la hora, Feli Velázquez ha explicado que la Coordinadora seguirá profundizando en la asamblea que tiene previsto celebrar este domingo 7 de octubre en el parque de El Retiro, junto al Palacio de Cristal a las 11.00 horas.
No obstante, la portavoz de la Coordinadora ha confirmado que su intención es repetir el formato de las protestas del 25, el 26 y el 29 de septiembre, es decir, convocar en Neptuno (plaza de Cánovas del Castillo), donde comienza la carrera de San Jerónimo en la que se ubica el Congreso, y una vez allí, tratar de rodearlo.
25-s rodea el congreso
La imputada Benegas: “Es un salto en la represión de los movimientos sociales”
Ocho imputados por delitos contra las instituciones por el 25-S declaran hoy ante el juez
Un activista antidesahucios, un profesor de instituto y un veterinario son otros de los procesados
La abogada Doris Benegas. / JESÚS URIARTE
“Yo llevo muchos años en la lucha. Pero lo que no había visto nunca
es que te lleven a la Audiencia Nacional por reunirte en El Retiro”. La
abogada Doris Benegas, de 60 años, declarará hoy ante el juez Santiago Pedraz como imputada por un delito contra las instituciones del Estado por su participación en el 25-S. Benegas, dirigente del partido independentista Izquierda Castellana y curtida en las movilizaciones obreras de la Transición, es una de las ocho personas imputadas antes de celebrarse la manifestación.
La policía la identificó en una reunión preparatoria de la protesta en
el parque de El Retiro el 16 de septiembre. Junto a otros activistas,
presentó una denuncia contra la Delegación del Gobierno por vulneración
de su derecho de reunión y de su intimidad. “Esto es un salto
cualitativo en la represión de los movimientos sociales”, defiende.
“El delito que se nos imputa requiere una alteración del normal funcionamiento de las instituciones. ¿Cómo podía saber el 20 de septiembre el señor juez si había una alteración del funcionamiento del Congreso?”, inquiere Benegas. La abogada explica que ha participado en la protesta porque comparte sus objetivos —entre los que están la dimisión del Gobierno, la disolución de las Cortes y la apertura de un nuevo proceso constituyente—, pero recalca que nunca se habló de intentar entrar en el Parlamento. “Una cosa es ocupar o tomar y otra rodear el Congreso, y se dijo rodear”, zanja.
Además de Benegas, deberán comparecer hoy ante el juez un militante del PCE y activista contra los desahucios (Chema Ruiz, 38 años),
un profesor de instituto de Granada (Rafael Tejero, 57 años), un
veterinario e indignado de la asamblea 15-M (Daniel García, 45 años), un
abogado habitual del 15-M (Ramón, 44 años), un militante del Sindicato
Andaluz de Trabajadores (Antonio López, 52 años), el administrador de la
web Iniciativa debate,
que ayudó a coordinar algunos de los autobuses que viajaron a Madrid el
25-S (Paco Bello) y la activista de Izquierda Castellana Elena Martínez
(33 años, administrativa).
“No se alteró el funcionamiento de la Cámara, como el juez habrá corroborado en el Diario de Sesiones. Esto no es más que una persecución política, pero por mucho que presionen, los jueces juzgan conforme a las leyes”, opina Chema Ruiz. “Es una locura”, aporta Daniel García. “Es un juicio político y un esperpento”, añade Elena Martínez.
“El delito que se nos imputa requiere una alteración del normal funcionamiento de las instituciones. ¿Cómo podía saber el 20 de septiembre el señor juez si había una alteración del funcionamiento del Congreso?”, inquiere Benegas. La abogada explica que ha participado en la protesta porque comparte sus objetivos —entre los que están la dimisión del Gobierno, la disolución de las Cortes y la apertura de un nuevo proceso constituyente—, pero recalca que nunca se habló de intentar entrar en el Parlamento. “Una cosa es ocupar o tomar y otra rodear el Congreso, y se dijo rodear”, zanja.
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El juez Pedraz archiva el 25-S y critica a Interior por la gravedad de su denuncia
El objetivo de lograr la dimisión del Gobierno "está protegido por la libertad de expresión"
Interior intenta hasta esta misma mañana trasladar el caso a la Audiencia Nacional
La convocatoria de la manifestación del pasado 25 de septiembre bajo el lema Rodea el Congreso
no supone la comisión de delito alguno. Así lo estima el juez de la
Audiencia Nacional Santiago Pedraz que esta mañana ha dado carpetazo al
caso abierto contra ocho organizadores de la marcha por un presunto
delito contra las Instituciones del Estado. El juez mantiene que los
promotores imputados en ningún caso trataron de invadir el Congreso, como mantenía la policía ni alteraron el normal funcionamiento de la Cámara
y recuerda que los fines de la protesta -exigir la dimisión del
Gobierno, la disolución de las Cortes e iniciar un proceso
constituyente- están protegidos por el derecho fundamental a la libertad
de expresión.
Pedraz inicia su resolución subrayando la gravedad de la denuncia que presentó la policía el pasado 14 de agosto. En ese escrito, los agentes le indicaban que la intención de los convocantes de la marcha era "ocupar una de las instituciones públicas más importantes del Estado", el Congreso de los Diputados. La policía advertía además que la convocatoria había movilizado hasta ese momento a 42.162 personas y que los invitados a la marcha ascendían a 608.983 personas.
El juez relata cómo, "dada la gravedad de lo expuesto por la Unidad
de Delincuencia Económica y Financiera" de la policía, ordenó
identificar a los promotores en Facebook y Google, así como a los titulares de las dos cuentas abiertas para financiar el acto
y los desplazamientos a Madrid de los manifestantes así como de las
personas que ingresaron dinero en ellas. Esto último lo ordenó ante la
advertencia de los titulares de esas cuentas "desempeñan un papel activo
en la organización de los hechos presuntamente delictivos objeto de
investigación y cabiendo ser consideradas las aportaciones económicas a
las mismas como colaboración en dichos actos".
Inicialmente, la policía identificó a 30 promotores de la marcha, pero Pedraz solo llamó a declarar como imputados a ocho de ellos, que estaban citados a declarar hoy. Siete de ellos han comparecido ante el juez y tras negar todos ellos que tuvieran la intención de entrar en la Cámara, han quedado en libertad. El octavo imputado, Antonio López, un jornalero de Jerez de los Caballeros (Granada) se ha negado a comparecer en el juzgado acogiéndose a la "objeción de conciencia" y a que no compartía los hechos que se le achacaban, según contó él mismo a las puertas del tribunal. El juez considera que el hecho de que no se haya presentado "resulta indiferente, por cuanto citado en forma el mismo habría renunciado a declarar lo que tuviera por conveniente", por lo que también archiva el caso respecto a él.
El magistrado recuerda también, cómo, a pesar de la gravedad de los hechos denunciados inicialmente por la policía, la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, autorizó la manifestación. En su acuerdo, Cifuentes contaba que, realmente, "la convocatoria no pretendía ocupar el Congreso, sino que "la verdadera intención de la convocatoria" era "permanecer de forma indefinida en el Paseo del Prado, en las inmediaciones" de la Cámara. Por tanto, concluye Pedraz, "la gravedad aventurada por la policía no era tal" por lo que decidió no imputar a ninguna otra persona a pesar de las múltiples identificaciones de promotores presentadas por los agentes.
El auto señala cómo la manifestación no alteró en ningún caso la actividad del Congreso como lo demuestra las manifestaciones de uno de los diputados, que llegó a señalar que la cámara había podido "mantener su actividad hasta el momento con absoluta normalidad". "La normalidad más allá de la esquina del paseo del Prado no es así, se han producido algunas detenciones y algunos alborotos, pero por lo que sabemos, todos los diputados han podido acceder a la cámara sin ningún problema", señaló ese mismo diputado.
HUELLAS DE LAS PROTESTAS. En
la concentración de apoyo a los imputados del 25-S ha habido también
heridos en las manifestaciones, como David R., de 35 años. Las marcas de
la porra son visibles en su cuerpo. "Seguiré manifestándome, pero me
tiemblan las piernas". / E. GARCÍA DE BLAS
La resolución también detalla cómo hasta hoy mismo, Interior ha
intentado llevar el caso a la Audiencia Nacional. El juez cuenta cómo
esta misma mañana, se ha recibido un informe de la Brigada Provincial de
Información de la policía señalando a cinco de los detenidos el pasado
25 de septiembre como posibles autores de un delito contra las
Instituciones. Pedraz asegura que no es a los agentes a los que
corresponde apreciar el delito concreto que hayan cometido, sino que
debe ser el propio juzgado de Instrucción Madrid que lleva el caso, el
número 8, el que, en caso de que aprecie delitos que competen a la
Audiencia, los ponga en conocimiento de esta.
Por último, el juez descarta uno a uno los delitos contra las Instituciones que apreciaba la policía. Matiene, en primer lugar que "no existe indicio alguno" de que los promotores imputados tuvieran "intencionalidad de invadir" el Congreso. Después subraya que, en ningún momento se alteró su "normal funcionamiento" y que el objetivo de conseguir la dimisión de Gobierno y la apertura de un proceso constituyente con el que se presentó la protesta, no solo no es delictivo, sino que está protegido por el derecho a la libertad de expresión.
Pero, además, adelanta la decisión que tomará respecto de la inhibición de los 35 detenidos por los disturbios durante la protesta que acordó la juez de Instrucción 8 de Madrid en favor de la Audiencia. Pedraz recuerda que el perímetro de seguridad instalado en torno a la Cámara "está alejado de la sede, sin que pueda considerarse como parte del edificio del Congreso". "No cabe deducir que intentar rebasar el perímetro implique querer entrar en el edificio", dice. "Puede pensarse también que solo quisiera llegar a las puertas o simplemente rodearlo o cercarlo, como expresaba la convocatoria". Tampoco consta que "a algún diputado se le hubiera impedido salir del hemiciclo".
Pedraz inicia su resolución subrayando la gravedad de la denuncia que presentó la policía el pasado 14 de agosto. En ese escrito, los agentes le indicaban que la intención de los convocantes de la marcha era "ocupar una de las instituciones públicas más importantes del Estado", el Congreso de los Diputados. La policía advertía además que la convocatoria había movilizado hasta ese momento a 42.162 personas y que los invitados a la marcha ascendían a 608.983 personas.
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Inicialmente, la policía identificó a 30 promotores de la marcha, pero Pedraz solo llamó a declarar como imputados a ocho de ellos, que estaban citados a declarar hoy. Siete de ellos han comparecido ante el juez y tras negar todos ellos que tuvieran la intención de entrar en la Cámara, han quedado en libertad. El octavo imputado, Antonio López, un jornalero de Jerez de los Caballeros (Granada) se ha negado a comparecer en el juzgado acogiéndose a la "objeción de conciencia" y a que no compartía los hechos que se le achacaban, según contó él mismo a las puertas del tribunal. El juez considera que el hecho de que no se haya presentado "resulta indiferente, por cuanto citado en forma el mismo habría renunciado a declarar lo que tuviera por conveniente", por lo que también archiva el caso respecto a él.
El magistrado recuerda también, cómo, a pesar de la gravedad de los hechos denunciados inicialmente por la policía, la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, autorizó la manifestación. En su acuerdo, Cifuentes contaba que, realmente, "la convocatoria no pretendía ocupar el Congreso, sino que "la verdadera intención de la convocatoria" era "permanecer de forma indefinida en el Paseo del Prado, en las inmediaciones" de la Cámara. Por tanto, concluye Pedraz, "la gravedad aventurada por la policía no era tal" por lo que decidió no imputar a ninguna otra persona a pesar de las múltiples identificaciones de promotores presentadas por los agentes.
El auto señala cómo la manifestación no alteró en ningún caso la actividad del Congreso como lo demuestra las manifestaciones de uno de los diputados, que llegó a señalar que la cámara había podido "mantener su actividad hasta el momento con absoluta normalidad". "La normalidad más allá de la esquina del paseo del Prado no es así, se han producido algunas detenciones y algunos alborotos, pero por lo que sabemos, todos los diputados han podido acceder a la cámara sin ningún problema", señaló ese mismo diputado.
HUELLAS DE LAS PROTESTAS. En
la concentración de apoyo a los imputados del 25-S ha habido también
heridos en las manifestaciones, como David R., de 35 años. Las marcas de
la porra son visibles en su cuerpo. "Seguiré manifestándome, pero me
tiemblan las piernas". / E. GARCÍA DE BLASPor último, el juez descarta uno a uno los delitos contra las Instituciones que apreciaba la policía. Matiene, en primer lugar que "no existe indicio alguno" de que los promotores imputados tuvieran "intencionalidad de invadir" el Congreso. Después subraya que, en ningún momento se alteró su "normal funcionamiento" y que el objetivo de conseguir la dimisión de Gobierno y la apertura de un proceso constituyente con el que se presentó la protesta, no solo no es delictivo, sino que está protegido por el derecho a la libertad de expresión.
Pero, además, adelanta la decisión que tomará respecto de la inhibición de los 35 detenidos por los disturbios durante la protesta que acordó la juez de Instrucción 8 de Madrid en favor de la Audiencia. Pedraz recuerda que el perímetro de seguridad instalado en torno a la Cámara "está alejado de la sede, sin que pueda considerarse como parte del edificio del Congreso". "No cabe deducir que intentar rebasar el perímetro implique querer entrar en el edificio", dice. "Puede pensarse también que solo quisiera llegar a las puertas o simplemente rodearlo o cercarlo, como expresaba la convocatoria". Tampoco consta que "a algún diputado se le hubiera impedido salir del hemiciclo".
Pedraz alude a la "convenida decadencia de la clase política"
El juez Santiago Pedraz argumenta que la convocatoria Rodea el Congreso se enmarca en el derecho a la libertad de expresión, "máxime ante la convenida decadencia de la denominada clase política". El auto dice textualmente: "El hecho de convocar bajo los lemas de rodear, permanecer de forma indefinida …, exigir un proceso de destitución y ruptura del régimen vigente, mediante la dimisión del Gobierno en pleno, disolución de las Cortes y de la Jefatura del Estado, abolición de la actual Constitución e iniciar un proceso de constitución de un nuevo sistema de organización política, económica o social en modo alguno puede ser constitutivo de delito, ya no solo porque no existe tal delito en nuestra legislación penal, sino porque de existir atentaría claramente al derecho fundamental de libertad de expresión, pues hay que convenir que no cabe prohibir el elogio o la defensa de ideas o doctrinas, por más que éstas se alejen o incluso pongan en cuestión el marco constitucional, ni,menos aún, de prohibir la expresión de opiniones subjetivas sobre acontecimientos históricos o de actualidad, máxime ante la convenida decadencia de la denominada clase política".Rafael Hernando (PP) llama "pijo ácrata" al juez Pedraz y le acusa de "demagogia indecente"
Diputados de PSOE y UPyD se unen a las críticas al magistrado por justificar el 25-S en la "decadencia de la clase política"
EP Madrid 04/10/2012 17:57 Actualizado: 04/10/2012 21:36
El diputado del PP Rafael Hernando, en la tribuna del Congreso
El portavoz adjunto del Grupo Popular en el Congreso, Rafael
Hernando, ha digerido mal las críticas del juez Santiago Pedraz a "la
decadencia de la clase política", y ha reaccionado llamando "pijo
ácrata" al magistrado y calificando de "demagogia indecente" sus
reflexiones, contenidas en el auto de archivo de la causa abierta a ocho
promotores del 25-S.
El diputado del PP ha acusado al juez Pedraz utilizar "las togas" y la Audiencia Nacional para hacer una "demagogia política" que calificó de "indecente". Tras considerar "cuestionable" su capacidad jurídica, Hernando advirtió que hacía responsable al magistrado de cualquier acto de acoso o agresión a los representantes de la soberanía nacional y recordó al juez que "aunque pretenda ir de pijo ácrata, en realidad es un juez con toda la responsabilidad que eso conlleva".
Rafael Hernando ha realizado estas declaraciones a Europa Press, tras conocer que el magis
El diputado del PP ha acusado al juez Pedraz utilizar "las togas" y la Audiencia Nacional para hacer una "demagogia política" que calificó de "indecente". Tras considerar "cuestionable" su capacidad jurídica, Hernando advirtió que hacía responsable al magistrado de cualquier acto de acoso o agresión a los representantes de la soberanía nacional y recordó al juez que "aunque pretenda ir de pijo ácrata, en realidad es un juez con toda la responsabilidad que eso conlleva".
Rafael Hernando ha realizado estas declaraciones a Europa Press, tras conocer que el magis
Esta crónica y advertencia viene de los cumpas de RESUMEN LATINOAMERICANO. Es muy parecido a lo que ocurrió en Ecuador hace bien poco.
Tambero
ARGENTINA
CONTINUA
LA PELIGROSA INSUBORDINACION MILITAR
A NUESTROS LECTORES
ES GRAVE LO QUE ESTÁ OCURRIENDO
EN ARGENTINA A PARTIR DE LA ABIERTA INSURBORDINACIÓN DE EFECTIVOS DE
PREFECTURA, GENDARMERÍA Y ALGUNOS SECTORES DE LA POLICÍA BONAERENSE Y LA
ARMADA.
ESTOS SON PRECISAMENTE LOS
UNIFORMADOS QUE HABITUALMENTE REPRIMEN LAS PROTESTAS DE LOS TRABAJADORES Y
ESTUDIANTES, Y QUE AHORA RECLAMAN POR TEMAS SALARIALES Y LO HACEN GENERANDO UNA
SITUACIÓN SUMAMENTE PELIGROSA PARA LA TAN VAPULEADA INSTITUCIONALIDAD.
CON GRITOS Y CONSIGNAS CLARAMENTE
REACCIONARIAS Y AMENAZANTES, ESTOS REPRESORES NO PIDEN, SINO EXIGEN CON
AMENAZAS, AUMENTOS SALARIALES, Y VAN POR MAS, CON EL CONCURSO DEL TERRORISMO
MEDIÁTICO QUE SE HA SUBIDO A ESTE CONFLICTO EN DEFENSA DE SUS INTERESES
MONOPÓLICOS.
NO NOS ENGAÑEMOS, ESTO NO TIENE
NADA QUE VER CON DEMANDAS LEGÍTIMAS DE TRABAJADORES SINO QUE ES PARTE DE UNA
ESTRATEGIA DE PRESIÓN QUE LOS SECTORES MÁS INTIMAMENTE LIGADOS AL IMPERIO,
UTILIZAN (APROVECHANDO LOS FLANCOS DÉBILES DE CIERTOS GOBIERNOS DEL CONTINENTE)
PARA GENERAR CONDICIONES DESESTABILIZANTES.
LO ACABAMOS DE VER EN PARAGUAY Y
EN HONDURAS, PERO TAMBIÉN HEMOS ESCUCHADO Y VISTO EN LAS PROPIAS CALLES DE LAS
PRINCIPALES CIUDADES ARGENTINAS, EXPRESIONES NOSTÁLGICAS E INVOLUCIONISTAS, AL
SON DE LAS CACEROLAS.
FRENTE A ESTE ESCENARIO, MÁS ALLÁ
DE LAS DISTINTAS POSICIONES Y CRÍTICAS QUE SE PUEDEN ESGRIMIR HACIA LOS ACTOS
DEL GOBIERNO, LA MAYORÍA DE LAS FUERZAS POLÍTICAS Y LOS ORGANISMOS DE DERECHOS
HUMANOS HAN SALIDO A ENFRENTAR ESTA INSUBORDINACIÓN, ADVIRTIENDO SOBRE EL
PELIGRO QUE ENCIERRA ESTA SALIDA DE FUERZAS MILITARIZADAS, OTRA VEZ A LA
CALLE, EN UN PAÍS DONDE HACE MUY POCOS AÑOS FUERON ASESINADOS MILES DE
PERSONAS.
NO VALEN CONFUSIONES NI
OPORTUNISMOS, ESTOS UNIFORMADOS NO SON NI PUEDEN SER COMPAÑEROS DE RUTA DE
NINGUNA FUERZA POPULAR, SON PARTE DE LOS APARATOS REPRESIVOS, Y DE ALLI EN MÁS,
MERECER TODO NUESTRO REPUDIO EN CUALQUIERA DE SUS ACTITUDES PROVOCADORAS
E INVOLUCIONISTAS. LA LUCHA POPULAR DE LOS QUE REALMENTE SALEN A LA CALLE
POR DEMANDAS SALARIALES LEGÍTIMAS ES OTRA COSA MUY DISTINTA A ESTA MANIOBRA
ACTUAL DE GENDARMES, PREFECTOS Y POLICÍAS AMENAZANTES.
NUESTRA SOLIDARIDAD ES CON LOS
QUE LUCHAN Y NO CON LOS QUE REPRIMEN!
RESUMEN LATINOAMERICANO
______________________________
ARGENTINA
Berni
firmó el petitorio de gendarmes y prefectos, pero continúa la protesta
Lo
hizo esta madrugada, pero advirtió que no tendría una respuesta antes del
martes. Entre los 10 puntos, reclaman un básico de $7.000 y que no haya
sanciones.
04/10/12 -
Representantes del
cuerpo de efectivos de Prefectura y Gendarmería se reunieron esta madrugada con
el secretario de Seguridad, Sergio Berni, a quien le presentaron un petitorio
de diez puntos con el fin de destrabar el conflicto salarial que mantienen
desde hace tres días.
Berni, firmó el
petitorio simbólicamente, pero les comunicó a los asistentes a la reunión que
recién el martes tendría una respuesta a los reclamos.
Los efectivos
volvieron al edificio Guardacostas con la respuesta Berni que pusieron a
voluntad del resto de los miembros de la fuerza, que aguardaban en las
escalinatas del edificio, y estos determinaron
continuar con la protesta.
Así, los efectivos en
conflicto cumplen con el tercer día de protesta.
Ayer,
los gendarmes se sumaron desde temprano y luego se plegó un sector de la
Armada.
Los rebeldes
siguieron cada movimiento de la Casa Rosada y no se conformaron con el anuncio
de que se diera marcha atrás con el decreto que fijó recortes en sus salarios de entre el 30 y el 60 por ciento.
La protesta no pudo
ser destrabada esta madrugada en Prefectura: representantes de gendarmes y
prefectos presentaron el petitorio
de las fuerzas al secretario de
Seguridad, Sergio Berni, que firmó como recibido a las 5 am, pero con la
advertencia de que no tendría una respuesta a dichos puntos antes del martes.
Prefectos y gendarmes exigen que se atiendan varios puntos: que se les reconozca un básico de $ 7 mil;
que no haya sanciones; una cobertura social en todo el país y equiparación de
sueldos para los jubilados.
Por la insubordinación de varias
fuerzas de seguridad
La ministra de Seguridad Nilda Garré relevó a las
cúpulas de Prefectura y Gendarmería
La ministra de Seguridad, Nilda Garré, junto al secretario de la cartera nacional, Sergio Berni, anunciaron el nombramiento del comandante general Enrique Zach en reemplazo de Héctor Schenone al frente de Gendarmería, mientras que en Prefectura designaron al prefecto general Luis Alberto Heiler en reemplazo de Oscar Arce. Luego de la conferencia, desde el edificio Centinela, los gendarmes celebraron los relevamientos y pidieron una solución inmediata al reclamo por un sueldo básico de 7 mil pesos. "El reclamo se termina cuando tengamos un decreto otorgándonos el aumento salarial y la garantía de que no habrá represalías", aseguró un vocero de Gendarmería. Los integrantes de la fuerza presentaron un petitorio de siete puntos para resolver el conflicto.
La ministra de Seguridad, Nilda Garré, junto al secretario de la cartera nacional, Sergio Berni, anunciaron el nombramiento del comandante general Enrique Zach en reemplazo de Héctor Schenone al frente de Gendarmería, mientras que en Prefectura designaron al prefecto general Luis Alberto Heiler en reemplazo de Oscar Arce. Luego de la conferencia, desde el edificio Centinela, los gendarmes celebraron los relevamientos y pidieron una solución inmediata al reclamo por un sueldo básico de 7 mil pesos. "El reclamo se termina cuando tengamos un decreto otorgándonos el aumento salarial y la garantía de que no habrá represalías", aseguró un vocero de Gendarmería. Los integrantes de la fuerza presentaron un petitorio de siete puntos para resolver el conflicto.
tardecita del miércoles 3 de octubre. Un gendarme en asamblea en puerta de
fábrica...digo del edificio Centinela (sede central de Gendarmería), le da
ultimátum de 2 hs. a la presidenta.En el edificio Guardacostas (sede central de
Prefectura), cientos de uniformados llevan más de un ía concentrados y en
asamblea. El gobierno ca-tras-ca.Dos horas después del ultimátum,
silencio. Un rato antes, una compañera de laburo, muy muy k me dice
"¿Quién la asesora a Cristina, el enemigo"?; la tropa se rebela
contra sus jefes, llevan a sus familias, hacen todo lo posible de aparecer como
ciudadanos,pero a algunos se les va la lengua hablando por radios (uno dijo que
cómo van a estar subordinados a un gobierno cuyo integrantes son los
delincuentes subvsersivos que ellos antes tenían que reprimir); siguen las
asambleas que - miradas de lejos y sin escucharlas - parecerían de
trabajadores; cuando se escucha a la tropa dedicada a reprimir reclamando por
sus sueldos insólitamente rebajados y un básico de 7000$, se ponen en envidencia
todas las cuestiones al mismo tiempo; aparecen familias de policías y amagan
con sumarse suboficiales de la Marina;policías bonaerenses anuncian que mañana
harán lo mismo; Moyano, el capo camionero de la CGt ahora no oficialista,
se reúne con algunos de los huelguistas/represores.Y un sector de las 62
peronistas les da apoyo público. La CGT oficialista asume su mandato
y parece que no pueden ni festejar;el metalúrgico Caló que es el nuevo comodín,
dice que no apoya a los uniformados, el jefe de Gabinete acusa a los jefes
de Prefectura y Gendarmería y relevan a los mandos de ambas tropas y dice que
les pagarán como antes; después de mucho tiempo, diputados oficialistas y
opositores hacen un pronunciamiento conjunto, pero detrás de la insubordinación
de la tropa se frotan las manos peronistas No K, macristas y afines.Macri (el
facho-liberal jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires) habla en
cadena y dice...no a los fantasmas.
El siguiente mensaje lo recibí
anoche de un compañero argentino
Tambero
Las horas que pasaron son
suficientes para que el gobierno pierda una autoridad que difícilmente pueda
recuperar.¿Qué hará? ¿sofocar a los insubordinados? Imposible: Gendarmería y
Prefectura han sido sus fuerzas predilectas para reprimir obreros, desocupados,
ambientalistas; las asambleas de uniformados siguen y se transmiten por TV.Se
reproducen en varias ciudades del país. Debaten entre ellos como si fuera una
asamblea estudiantil. Parece que los nuevos mandos les piden tiempo. No le dan tiempo.
¿Hasta cuándo durará? Está
todo fuera de control. Los uniformados hacen juramentos masivos, invocaciones a
la patria y muestran emblemas de vírgenes y carteles de Seineldín (el fallecido
jefe carapintada). Dice un carteltito prolijón como hecho a propósito por una
agencia de (publicidad?): "Vivan nuestras Fuerzas Armadas y de seguridad...
Un gendarme le responde a una diputada oficialista que los manda a laburar. Le dice que ellos no llegan a fin de mes y los diputados cobran dietas fabulosas.
Un gendarme le responde a una diputada oficialista que los manda a laburar. Le dice que ellos no llegan a fin de mes y los diputados cobran dietas fabulosas.
Si en 24 hs. no hay una respuesta popular y la insubordinación
genera cierta adhesión popular ante un reclamo salarial que se presenta como
legítimo, entramos en un período de turbulencia peligroso.
A las 9 y media de la noche está por empezar nada menos que el
partido Argentina-Brasil que se juega en el norteño Chaco...¿qué pasará después
que termine el partido?
EL PAIS › LOS ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS DIJERON QUE SE BUSCA DESESTABILIZAR
Por Laura Vales
Página 12
Un llamado a estar alerta
“Expresamos nuestra preocupación frente al oportunismo de ciertos sectores que intentan imponer sus propios intereses por fuera de la vía constitucional”, señalaron en un documento. Recordaron otras situaciones similares que hubo en otros países de la región.
Los dirigentes de los principales organismos de derechos humanos ayer en la sede de Abuelas.
Imagen: Guadalupe Lombardo Por Laura ValesPágina 12
Los
organismos de derechos humanos se reunieron en la sede de Abuelas de
Plaza de Mayo, donde dieron una conferencia de prensa en la que
advirtieron que el reclamo salarial de los prefectos y gendarmes fue
aprovechado por sectores que buscan desestabilizar al Gobierno creando
un clima de alteración política. “El reclamo es legítimo y tuvo una
respuesta de la Presidenta. Por eso pedimos a las Fuerzas Armadas y de
seguridad que, dado que el conflicto inicial ha sido resuelto, regresen a
sus lugares de trabajo y normalicen sus actividades”, planteó Estela de
Carlotto. Horacio Verbitsky, del Centro de Estudios Legales y Sociales,
llamó a “no estar distraídos”, porque hay antecedentes de situaciones
de este estilo en los países de la región. “Está claro que ésta no es
época de golpes militares, pero no debemos admitir nada que implique un
menoscabo de la autoridad democráticamente electa.”
En un salón de la sede de Abuelas se apretaron integrantes de H.I.J.O.S, Madres Línea Fundadora, Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas, Abuelas y el CELS, los cinco consensuaron un documento. Carlotto lo leyó para abrir la rueda. “Los organismos de derechos humanos e instituciones aquí presentes expresamos nuestra preocupación frente al oportunismo de ciertos sectores que intentan imponer sus propios intereses por fuera de la vía constitucional”, señaló el comunicado. El texto recordó además “antecedentes recientes de intentos desestabilizadores en países vecinos como Honduras, Ecuador, Bolivia y Paraguay que en algunos casos lograron su objetivo”.
Estos intentos de desestabilización mediante protestas de las fuerzas de seguridad y la próxima entrada en vigencia (completa) de la ley de medios fueron los dos ejes de las lecturas sobre la magnitud que tomó el conflicto. Verbitsky recordó que la situación “comenzó con un reclamo gremial por un decreto que modificó escalas salariales, que fue respondido inmediatamente por el gobierno nacional”. “El decreto ha sido suspendido –resumió–, de modo que no hay ninguna motivación racional y objetiva para ningún apartamiento de la legalidad.” Más adelante, enumeró hechos como el alzamiento en Honduras, el juicio político instantáneo al ex presidente Fernando Lugo en Paraguay, el arresto de Hugo Chávez en Venezuela y el alzamiento contra Evo Morales en Santa Cruz de la Sierra, que tuvo el apoyo de algunos militares carapintadas argentinos. “Todo esto marca una tendencia de la cual nadie puede estar distraído”, alertó.
Julio Morresi, de Familiares, vinculó el fogoneo televisivo que logró la protesta con la ley de medios. Entre otros, estuvo también el titular de una de las dos CTA, Hugo Yasky, quien contó que desde su CTA hubo conversaciones con la CGT de Antonio Caló y otros sectores del movimiento sindical. “Sabemos que son muchos los canales y las marionetas del poder económico y que, por lo tanto, como trabajadores tenemos que respaldar la continuidad de este proceso”, señaló
En un salón de la sede de Abuelas se apretaron integrantes de H.I.J.O.S, Madres Línea Fundadora, Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas, Abuelas y el CELS, los cinco consensuaron un documento. Carlotto lo leyó para abrir la rueda. “Los organismos de derechos humanos e instituciones aquí presentes expresamos nuestra preocupación frente al oportunismo de ciertos sectores que intentan imponer sus propios intereses por fuera de la vía constitucional”, señaló el comunicado. El texto recordó además “antecedentes recientes de intentos desestabilizadores en países vecinos como Honduras, Ecuador, Bolivia y Paraguay que en algunos casos lograron su objetivo”.
Estos intentos de desestabilización mediante protestas de las fuerzas de seguridad y la próxima entrada en vigencia (completa) de la ley de medios fueron los dos ejes de las lecturas sobre la magnitud que tomó el conflicto. Verbitsky recordó que la situación “comenzó con un reclamo gremial por un decreto que modificó escalas salariales, que fue respondido inmediatamente por el gobierno nacional”. “El decreto ha sido suspendido –resumió–, de modo que no hay ninguna motivación racional y objetiva para ningún apartamiento de la legalidad.” Más adelante, enumeró hechos como el alzamiento en Honduras, el juicio político instantáneo al ex presidente Fernando Lugo en Paraguay, el arresto de Hugo Chávez en Venezuela y el alzamiento contra Evo Morales en Santa Cruz de la Sierra, que tuvo el apoyo de algunos militares carapintadas argentinos. “Todo esto marca una tendencia de la cual nadie puede estar distraído”, alertó.
Julio Morresi, de Familiares, vinculó el fogoneo televisivo que logró la protesta con la ley de medios. Entre otros, estuvo también el titular de una de las dos CTA, Hugo Yasky, quien contó que desde su CTA hubo conversaciones con la CGT de Antonio Caló y otros sectores del movimiento sindical. “Sabemos que son muchos los canales y las marionetas del poder económico y que, por lo tanto, como trabajadores tenemos que respaldar la continuidad de este proceso”, señaló
EL PAIS › OPINION
Por Mario Wainfeld
Página 12
Reflejos democráticos
Imagen: Leandro Teysseire
Por Mario WainfeldPágina 12
Gendarmes
y prefectos repetían que no estaban armados y que no son golpistas.
Sobre lo primero hay dudas (ver la crónica de la página 7). Lo segundo
puede ser cierto en la mayoría de los casos o acaso en todos. Aun así,
su conducta violó las reglas básicas del sistema democrático y las que
rigen a cualquier fuerza armada. No están legitimados para obrar así
quienes son armados por el Estado para ejercer el monopolio legítimo de
la fuerza física. Toda comparación con otros reclamos de trabajadores es
disparatada. Por añadidura hubo agresiones, golpizas, privaciones
transitorias de la libertad, uso de esposas para cerrar puertas o
accesos. La movida que tuvo en vilo a la ciudadanía quebranta principios
esenciales de convivencia y de obediencia jerárquica.
De ahí la firme respuesta de todo el arco político, de organizaciones sociales y de derechos humanos que fueron, en un contexto preocupante, la buena noticia del día de ayer.
La resolución firmada por todos los bloques de Diputados fue, seguramente, el punto más alto. Su propia presentación, con firmas aclaradas a mano, dio cuenta de la urgencia de la decisión que se adoptó sin exceso de chicanas ni demoras. Una señal republicana, incluyendo a sectores muy enfrentados al oficialismo, en la Cámara más pluralista, aquélla donde hay más fuerzas representadas. Supieron discernir lo sustancial respecto de las disputas cotidianas, en buena hora y con buena praxis republicana.
En el Senado la resolución se aprobó por amplia mayoría, pues defeccionaron radicales y peronistas federales. Privilegiaron diferenciarse sin reparar cuál era el eje principal de la jornada: se desmarcaron del conjunto sin gracia ni virtud.
La breve presentación del jefe de Gobierno Mauricio Macri, más allá de algún giro ladino que se comentará más adelante, tuvo como mensaje principal “vuelvan a sus casas”. O sea, estuvo en línea con un criterio general que primó en la jornada.
- - -
La protesta se salió de madre, aunque la demanda originaria era legítima y legal. La liquidación de los salarios con recortes imbancables e injustificables fue lógico detonante de broncas: nadie admite que le toquen el bolsillo, menos que menos sin asidero legal. Pero el Gobierno reaccionó rápidamente, reconoció el error, ofreció corregirlo de inmediato. El gesto fue ninguneado, doblando la apuesta y manteniendo el estado de insurrección que había perdido su sustento original.
La chispa que detonó la movilización fue superflua, un error feroz o algo peor. Jamás debió producirse y será forzoso investigar la génesis de la falla, más allá del drástico descabezamiento de las cúpulas de Prefectura y Gendarmería. Revisar en serio, en el Estado, supone buscar a los autores concretos del desquicio, a quienes los alentaron o condujeron (si los hubo). Y también a los que, por falta de diligencia o vigilancia, no lo impidieron debiendo o pudiendo hacerlo.
- - -
El malestar con los salarios no nació esta semana ni este año. Viene de lejos, comienza con el menemismo y se prolonga con gobiernos posteriores, incluyendo los kirchneristas.
Los aumentos otorgados con carácter no remunerativo distorsionan la retribución y mellan beneficios salariales y sociales. Un fallo de la Corte Suprema del año 2010, caratulado “Oriolo”, sancionó esa irregularidad. Las sentencias valen solo para el expediente en que se dictan. La consecuencia de cajón fue que se incrementaran amparos (ya los había, más vale) invocando la doctrina de la Corte. Muchos fueron admitidos. Entre ellos hubo numerosos con abusos en la liquidación, que llevaron los haberes a cifras exorbitantes. Tras algún zigzagueo, la Corte fijó un mecanismo de cálculo en la causa “Zanotti, Oscar”: el objetivo fue “evitar una indebida repotenciación de los aumentos otorgados”, esto es subsanar los efectos de sentencias exorbitantes.
Los uniformados tenían derecho a acudir a Tribunales, en defensa de sus derechos, la Corte así lo reconoció. Pero la dinámica del Foro, que atiende caso por caso, no puede resolver cuestiones atinentes al Ejecutivo, a quien le competen las decisiones de carácter general. Los abusos y trampas de muchos abogados litigantes, con la imaginable anuencia de magistrados “amigables”, empiojaron más el panorama.
La forma de equilibrar el desorden y las desigualdades (que en sesgo favorecen a los mandos altos) es regularizar todos los salarios. A esa tarea se abocaron hace ya un tiempo representantes del Gobierno y de las fuerzas. El decreto 1307/2012 procuraba ese objetivo, pero por graves fallas de implementación produjo el efecto inverso.
La regularización salarial con la supresión de abusos es, todavía, una tarea pendiente, de ardua ejecución. Forzoso es realizarla, imposible lograrlo en horas, menos bajo presiones o aprietes.
- - -
El Gobierno se mostró enérgico y resolutivo, sin caer en desbordes verbales que le agregaran adversarios en un trance tenso. La oposición, casi toda, estuvo a la altura de los acontecimientos y del desafío.
Macri “hizo política”, lo que puede resultar molesto pero tiene su lógica. Aprovechó para cuestionar la política kirchnerista en materia de seguridad, un presunto destrato al personal. Pero el eje de su mensaje fue democrático, el núcleo fue desautorizar la metodología elegida, enfatizar los severos deberes de quienes portan armas, pedirles que abandonaran su conducta. Una traducción posible del slogan que habrán imaginado sus creativos publicitarios sería: “Esto es una democracia, no hay alternativa. Para que esto cambie, esperen y vótenme en su momento”. Quiso sacar tajada, mostrarse solo como principal referente opositor, pero no desentonó con el núcleo expresado por la dirigencia en general.
- - -
Al cierre de esta nota, medianoche de un miércoles mayormente de miércoles, no había trazas de desconcentración. Escenarios de ese tipo son siempre riesgosos, en proporción creciente: el transcurso del tiempo, la fatiga enardecen más de lo que calman. Los discursos de muchos medios audiovisuales, exaltatorios sin tomar ninguna distancia ni hacerse cargo de la lógica democrática, arrojan su porción de nafta al fuego, de momento relativamente contenido. Es de esperar que pronto prime la sensatez y se encarrilen las cuestiones de intereses que son válidas.
Siempre es incómodo para un cronista terminar una nota escrita contrarreloj sin que se conozca el desenlace de los hechos. El sabor acre se multiplica por la gravedad de los sucesos que insumieron más de un día y que posibilitaron evocaciones de instancias terribles de nuestra historia. U otros sucedidos recientemente en Venezuela, Ecuador, Honduras o Paraguay. La sincronía siempre es una señal de alerta. Pero conviene no dejarse arrastrar por el temor, desconocer diferencias y soslayar cuánto ha avanzado el sistema democrático en la Argentina. Las instituciones son más consistentes de lo que se suele decir, casi 30 años de continuidad afirman sus cimientos, su piso es firme. Claro que jamás hay que bajar los brazos, nunca distraerse ni admitir ningún escenario que (a propósito o por falta de responsabilidad o límites) pueda favorecer conductas destituyentes.
Hay mayorías sólidas, organizadas, que concuerdan en defender con enjundia el sistema, ayer tuvieron los reflejos adecuados. Los golpistas, que los hay y siempre tratan de pescar en río revuelto, son minorías notorias. Su mayor potencial no es el número ni el consenso que pueden conseguir, sino su brutalidad y falta de escrúpulos. Los que con buena fe se enfurecieron por una privación injusta, ya subsanada, dicen no ser golpistas. Deben cuidarse también para no serles funcionales. Y obrar en consecuencia.
mwainfeld@pagina12.com.ar
De ahí la firme respuesta de todo el arco político, de organizaciones sociales y de derechos humanos que fueron, en un contexto preocupante, la buena noticia del día de ayer.
La resolución firmada por todos los bloques de Diputados fue, seguramente, el punto más alto. Su propia presentación, con firmas aclaradas a mano, dio cuenta de la urgencia de la decisión que se adoptó sin exceso de chicanas ni demoras. Una señal republicana, incluyendo a sectores muy enfrentados al oficialismo, en la Cámara más pluralista, aquélla donde hay más fuerzas representadas. Supieron discernir lo sustancial respecto de las disputas cotidianas, en buena hora y con buena praxis republicana.
En el Senado la resolución se aprobó por amplia mayoría, pues defeccionaron radicales y peronistas federales. Privilegiaron diferenciarse sin reparar cuál era el eje principal de la jornada: se desmarcaron del conjunto sin gracia ni virtud.
La breve presentación del jefe de Gobierno Mauricio Macri, más allá de algún giro ladino que se comentará más adelante, tuvo como mensaje principal “vuelvan a sus casas”. O sea, estuvo en línea con un criterio general que primó en la jornada.
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La protesta se salió de madre, aunque la demanda originaria era legítima y legal. La liquidación de los salarios con recortes imbancables e injustificables fue lógico detonante de broncas: nadie admite que le toquen el bolsillo, menos que menos sin asidero legal. Pero el Gobierno reaccionó rápidamente, reconoció el error, ofreció corregirlo de inmediato. El gesto fue ninguneado, doblando la apuesta y manteniendo el estado de insurrección que había perdido su sustento original.
La chispa que detonó la movilización fue superflua, un error feroz o algo peor. Jamás debió producirse y será forzoso investigar la génesis de la falla, más allá del drástico descabezamiento de las cúpulas de Prefectura y Gendarmería. Revisar en serio, en el Estado, supone buscar a los autores concretos del desquicio, a quienes los alentaron o condujeron (si los hubo). Y también a los que, por falta de diligencia o vigilancia, no lo impidieron debiendo o pudiendo hacerlo.
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El malestar con los salarios no nació esta semana ni este año. Viene de lejos, comienza con el menemismo y se prolonga con gobiernos posteriores, incluyendo los kirchneristas.
Los aumentos otorgados con carácter no remunerativo distorsionan la retribución y mellan beneficios salariales y sociales. Un fallo de la Corte Suprema del año 2010, caratulado “Oriolo”, sancionó esa irregularidad. Las sentencias valen solo para el expediente en que se dictan. La consecuencia de cajón fue que se incrementaran amparos (ya los había, más vale) invocando la doctrina de la Corte. Muchos fueron admitidos. Entre ellos hubo numerosos con abusos en la liquidación, que llevaron los haberes a cifras exorbitantes. Tras algún zigzagueo, la Corte fijó un mecanismo de cálculo en la causa “Zanotti, Oscar”: el objetivo fue “evitar una indebida repotenciación de los aumentos otorgados”, esto es subsanar los efectos de sentencias exorbitantes.
Los uniformados tenían derecho a acudir a Tribunales, en defensa de sus derechos, la Corte así lo reconoció. Pero la dinámica del Foro, que atiende caso por caso, no puede resolver cuestiones atinentes al Ejecutivo, a quien le competen las decisiones de carácter general. Los abusos y trampas de muchos abogados litigantes, con la imaginable anuencia de magistrados “amigables”, empiojaron más el panorama.
La forma de equilibrar el desorden y las desigualdades (que en sesgo favorecen a los mandos altos) es regularizar todos los salarios. A esa tarea se abocaron hace ya un tiempo representantes del Gobierno y de las fuerzas. El decreto 1307/2012 procuraba ese objetivo, pero por graves fallas de implementación produjo el efecto inverso.
La regularización salarial con la supresión de abusos es, todavía, una tarea pendiente, de ardua ejecución. Forzoso es realizarla, imposible lograrlo en horas, menos bajo presiones o aprietes.
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El Gobierno se mostró enérgico y resolutivo, sin caer en desbordes verbales que le agregaran adversarios en un trance tenso. La oposición, casi toda, estuvo a la altura de los acontecimientos y del desafío.
Macri “hizo política”, lo que puede resultar molesto pero tiene su lógica. Aprovechó para cuestionar la política kirchnerista en materia de seguridad, un presunto destrato al personal. Pero el eje de su mensaje fue democrático, el núcleo fue desautorizar la metodología elegida, enfatizar los severos deberes de quienes portan armas, pedirles que abandonaran su conducta. Una traducción posible del slogan que habrán imaginado sus creativos publicitarios sería: “Esto es una democracia, no hay alternativa. Para que esto cambie, esperen y vótenme en su momento”. Quiso sacar tajada, mostrarse solo como principal referente opositor, pero no desentonó con el núcleo expresado por la dirigencia en general.
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Al cierre de esta nota, medianoche de un miércoles mayormente de miércoles, no había trazas de desconcentración. Escenarios de ese tipo son siempre riesgosos, en proporción creciente: el transcurso del tiempo, la fatiga enardecen más de lo que calman. Los discursos de muchos medios audiovisuales, exaltatorios sin tomar ninguna distancia ni hacerse cargo de la lógica democrática, arrojan su porción de nafta al fuego, de momento relativamente contenido. Es de esperar que pronto prime la sensatez y se encarrilen las cuestiones de intereses que son válidas.
Siempre es incómodo para un cronista terminar una nota escrita contrarreloj sin que se conozca el desenlace de los hechos. El sabor acre se multiplica por la gravedad de los sucesos que insumieron más de un día y que posibilitaron evocaciones de instancias terribles de nuestra historia. U otros sucedidos recientemente en Venezuela, Ecuador, Honduras o Paraguay. La sincronía siempre es una señal de alerta. Pero conviene no dejarse arrastrar por el temor, desconocer diferencias y soslayar cuánto ha avanzado el sistema democrático en la Argentina. Las instituciones son más consistentes de lo que se suele decir, casi 30 años de continuidad afirman sus cimientos, su piso es firme. Claro que jamás hay que bajar los brazos, nunca distraerse ni admitir ningún escenario que (a propósito o por falta de responsabilidad o límites) pueda favorecer conductas destituyentes.
Hay mayorías sólidas, organizadas, que concuerdan en defender con enjundia el sistema, ayer tuvieron los reflejos adecuados. Los golpistas, que los hay y siempre tratan de pescar en río revuelto, son minorías notorias. Su mayor potencial no es el número ni el consenso que pueden conseguir, sino su brutalidad y falta de escrúpulos. Los que con buena fe se enfurecieron por una privación injusta, ya subsanada, dicen no ser golpistas. Deben cuidarse también para no serles funcionales. Y obrar en consecuencia.
mwainfeld@pagina12.com.ar
EL PAIS › EN DIPUTADOS Y EN EL SENADO APROBARON DECLARACIONES INSTANDO A LOS UNIFORMADOS A SUBORDINARSE A LAS AUTORIDADES
Por Miguel Jorquera y Sebastian Abrevaya
Página 12
El Congreso reaccionó en apoyo al sistema
En Diputados, el presidente de la Cámara reunió a todos los bloques y aprobaron una breve pero contundente declaración. En el Senado se discutió en sesión y el radicalismo decidió no firmar. También hubo disidentes en el FAP.
El presidente de la Cámara baja, Julián Domínguez, convocó a todos los bloques en su despacho.
Imagen: Télam
Por Miguel Jorquera y Sebastian AbrevayaPágina 12
El
Congreso reaccionó rápidamente frente a la rebelión de sectores de las
fuerzas de seguridad encabezados por Prefectura y Gendarmería. “Instamos
a los integrantes de las fuerzas de seguridad y otras a adecuar sus
acciones a pautas de funcionamiento democrático y subordinación a las
autoridades legalmente constituidas, en todo de acuerdo con la
Constitución nacional”, sostuvo el comunicado que firmaron en Diputados
los representantes del kirchnerismo, la UCR, el PS, Libres del Sur, el
Peronismo Federal y el PRO, pero al que no adhirieron ni el GEN, UP y
Proyecto Sur, que promueven la sindicalización de los uniformados. En el
Senado, la discusión se dio en el recinto. La declaración que instó a
las fuerzas de seguridad a “adecuar sus acciones a las pautas de
comportamiento democrático” cosechó el respaldo del kirchnerismo, el
Peronismo Federal y el FAP, mientras la UCR votó en contra porque pedía
interpelar al jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, y a la ministra
de Seguridad, Nilda Garré.
Después del intercambio de opiniones, la mayoría de los asistentes coincidió en un pronunciamiento rápido. El escueto pero contundente comunicado quedó reducido a un solo párrafo: “Los diputados nacionales representantes de los diferentes partidos políticos instamos a los integrantes de las fuerzas de seguridad y otras a adecuar sus acciones a pautas de funcionamiento democrático y subordinación a las autoridades legalmente constituidas, en todo de acuerdo con la Constitución nacional”. Desde el kirchnerismo luego sumaron otras opiniones. “Las fuerzas de seguridad son parte del pueblo trabajador y no se deben dejar engañar por los que no quieren sostener la democracia”, sostuvo la diputada Diana Conti. Heller instó a las fuerzas de seguridad “a adecuar sus acciones a pautas de funcionamiento democrático y subordinación a las autoridades legalmente constituidas”.
Entre quienes acudieron a la reunión, solo Stolbizer no firmó. Luego fijó su postura a través de un comunicado partidario. “No compartimos que el reclamo pueda encubrir ningún intento de desestabilización democrática ni ponga en riesgo las instituciones constitucionales”, sostiene la gacetilla del GEN, que también responsabiliza al Gobierno de “pretender socializar los costos de las malas decisiones y la impericia en el manejo de la crisis”.
Dentro del FAP, el GEN no fue la única fuerza que tomó distancia de sus socios socialistas. La Unidad Popular de Claudio Lozano y Víctor De Gennaro no asistió al encuentro. “UP no acompañará ninguna declaración que tienda a ilegalizar el reclamo salarial de los prefectos bajo la excusa oficial de que encubre un intento desestabilizador”, afirmó Lozano.
Los partidos opositores que firmaron el documento también salieron a diferenciarse del Gobierno. El bloque de diputados radicales responsabilizó al Ejecutivo “por la inadecuada implementación de medidas salariales largamente reclamadas por los integrantes de dichos cuerpos”.
“Un reclamo salarial de este tipo no puede ser considerado como irregular ni antidemocrático, mucho menos como injusto, cuando han sido perjudicados por un decreto del Ejecutivo”, sostuvo Enrique Thomas, del Frente Peronista. Desde la Coalición Cívica, “reclamaron al gobierno nacional que reconozcan su error”, pero instaron “a las fuerzas en conflicto a deponer cualquier actitud confrontativa”. En tanto, el macrismo y sus aliados hicieron “un llamado a mantener operativos en todos los casos los servicios de seguridad, respetando la conducción institucional de cada fuerza”.
“Los senadores nacionales representantes de los diferentes partidos políticos instamos a los integrantes de las fuerzas de seguridad y otras a adecuar sus acciones a pautas de funcionamiento democrático y subordinación a las autoridades legalmente constituidas, en todo de acuerdo con la Constitución”, sostiene la declaración, aprobada por 49 votos a favor y 15 en contra. Además del FpV, acompañaron la propuesta el Peronismo Federal y el FAP, aunque en su primera votación como parte de ese interbloque Estenssoro se apartó de sus compañeros.
“La medida debió haber sido enfocada a la mejoría y no a la reducción del haber. Esta corrección que se va a hacer, ya fue anunciada por el jefe de Gabinete, debería haber determinado inmediatamente el cese de cualquier manifestación y eso no ocurrió”, sostuvo el titular de la bancada kirchnerista, Miguel Pichetto, quien rechazó los pedidos de la UCR para citar a Garré y a Abal Medina porque “tienen un tinte de oportunismo”.
También el senador Marcelo Fuentes, titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales, criticó a prefectos y gendarmes: “Las fuerzas de seguridad, por la gravedad de la función que tienen, porque son los que portan las armas de la democracia, tienen que sujetarse a un procedimiento muy estricto”, señaló.
Para el radical Gerardo Morales, “no alcanza con el mensaje del jefe de Gabinete, quien con su característica soberbia explica las acciones de un decreto mal hecho”. Desde el Peronismo Federal acompañaron las críticas a Abal Medina por sus declaraciones, pero aseguraron que van a repudiar “todo acto que afecte la vida institucional del país”. Por eso, resolvieron acompañar la iniciativa oficial.
Diputados
El presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, convocó a todos los bloques políticos para analizar el conflicto. Poco después del mediodía, en su despacho del primer piso ya se habían reunido diputados de casi todas las bancadas: Agustín Rossi, Juliana Di Tullio y María Teresa García (FpV); la vicepresidenta de la Cámara, María Abdala de Matarazzo (Frente Cívico santiagueño); Carlos Heller (NE); Ricardo Gil Lavedra (UCR); Juan Carlos Zabalza y Alicia Ciciliani (PS); Margarita Stolbizer (GEN); Victoria Donda (FAP); Eduardo Amadeo (Frente Peronista); Federico Pinedo (PRO); Patricia Bullrich (UpT) y Alfonso Prat Gay (CC).Después del intercambio de opiniones, la mayoría de los asistentes coincidió en un pronunciamiento rápido. El escueto pero contundente comunicado quedó reducido a un solo párrafo: “Los diputados nacionales representantes de los diferentes partidos políticos instamos a los integrantes de las fuerzas de seguridad y otras a adecuar sus acciones a pautas de funcionamiento democrático y subordinación a las autoridades legalmente constituidas, en todo de acuerdo con la Constitución nacional”. Desde el kirchnerismo luego sumaron otras opiniones. “Las fuerzas de seguridad son parte del pueblo trabajador y no se deben dejar engañar por los que no quieren sostener la democracia”, sostuvo la diputada Diana Conti. Heller instó a las fuerzas de seguridad “a adecuar sus acciones a pautas de funcionamiento democrático y subordinación a las autoridades legalmente constituidas”.
Entre quienes acudieron a la reunión, solo Stolbizer no firmó. Luego fijó su postura a través de un comunicado partidario. “No compartimos que el reclamo pueda encubrir ningún intento de desestabilización democrática ni ponga en riesgo las instituciones constitucionales”, sostiene la gacetilla del GEN, que también responsabiliza al Gobierno de “pretender socializar los costos de las malas decisiones y la impericia en el manejo de la crisis”.
Dentro del FAP, el GEN no fue la única fuerza que tomó distancia de sus socios socialistas. La Unidad Popular de Claudio Lozano y Víctor De Gennaro no asistió al encuentro. “UP no acompañará ninguna declaración que tienda a ilegalizar el reclamo salarial de los prefectos bajo la excusa oficial de que encubre un intento desestabilizador”, afirmó Lozano.
Los partidos opositores que firmaron el documento también salieron a diferenciarse del Gobierno. El bloque de diputados radicales responsabilizó al Ejecutivo “por la inadecuada implementación de medidas salariales largamente reclamadas por los integrantes de dichos cuerpos”.
“Un reclamo salarial de este tipo no puede ser considerado como irregular ni antidemocrático, mucho menos como injusto, cuando han sido perjudicados por un decreto del Ejecutivo”, sostuvo Enrique Thomas, del Frente Peronista. Desde la Coalición Cívica, “reclamaron al gobierno nacional que reconozcan su error”, pero instaron “a las fuerzas en conflicto a deponer cualquier actitud confrontativa”. En tanto, el macrismo y sus aliados hicieron “un llamado a mantener operativos en todos los casos los servicios de seguridad, respetando la conducción institucional de cada fuerza”.
Senado
La discusión en la Cámara alta se dio dentro y fuera del recinto. En la sesión, el Senado aprobó una declaración de rechazo a la metodología de protesta utilizada por las fuerzas de seguridad. Los presidentes de todas las bancadas se habían reunido para consensuar un texto común en el despacho del vicepresidente Amado Boudou, pero finalmente la UCR y la senadora de la CC, María Eugenia Estenssoro, votaron en contra.“Los senadores nacionales representantes de los diferentes partidos políticos instamos a los integrantes de las fuerzas de seguridad y otras a adecuar sus acciones a pautas de funcionamiento democrático y subordinación a las autoridades legalmente constituidas, en todo de acuerdo con la Constitución”, sostiene la declaración, aprobada por 49 votos a favor y 15 en contra. Además del FpV, acompañaron la propuesta el Peronismo Federal y el FAP, aunque en su primera votación como parte de ese interbloque Estenssoro se apartó de sus compañeros.
“La medida debió haber sido enfocada a la mejoría y no a la reducción del haber. Esta corrección que se va a hacer, ya fue anunciada por el jefe de Gabinete, debería haber determinado inmediatamente el cese de cualquier manifestación y eso no ocurrió”, sostuvo el titular de la bancada kirchnerista, Miguel Pichetto, quien rechazó los pedidos de la UCR para citar a Garré y a Abal Medina porque “tienen un tinte de oportunismo”.
También el senador Marcelo Fuentes, titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales, criticó a prefectos y gendarmes: “Las fuerzas de seguridad, por la gravedad de la función que tienen, porque son los que portan las armas de la democracia, tienen que sujetarse a un procedimiento muy estricto”, señaló.
Para el radical Gerardo Morales, “no alcanza con el mensaje del jefe de Gabinete, quien con su característica soberbia explica las acciones de un decreto mal hecho”. Desde el Peronismo Federal acompañaron las críticas a Abal Medina por sus declaraciones, pero aseguraron que van a repudiar “todo acto que afecte la vida institucional del país”. Por eso, resolvieron acompañar la iniciativa oficial.
EL PAIS › CIENTOS DE GENDARMES PASARON EL DIA DELANTE DEL EDIFICIO CENTINELA, EN RETIRO
Por Emilio Ruchansky
Página 12
Una protesta con las armas a la vista
Efectivos de Gendarmería se sumaron a los prefectos, pese a los anuncios del Gobierno y el recambio de la cúpula de la fuerza. A los reclamos originarios sumaron nuevas demandas. “Las fuerzas unidas jamás serán vencidas”, cantaron.
Durante la jornada se sucedieron los cánticos, sobre todo con las cámaras de tevé encendidas.
Imagen: Pablo Piovano
Por Emilio RuchanskyPágina 12
Los
agentes de la Gendarmería Nacional se sumaron a la protesta de sus
camaradas de la Prefectura Naval ayer por la madrugada, luego de ser
invocados por éstos desde las escalinatas del edificio Guardacostas.
Todavía no habían cobrado, tampoco sabían si tendrían descuentos, pero
uno de ellos, quien dijo llamarse Fernando, contó a los medios presentes
que la situación “ya no da para más”. “Hay cabos que están cobrando
3100 pesos”, aseguró. Con las horas fueron llegando más gendarmes al
edificio Centinela, en la avenida Antártida Argentina 1480, a dos
cuadras de la terminal de micros de Retiro. No los disuadió el anuncio
del gobierno nacional de dejarles intacto el sueldo ni el recambio de la
cúpula. Algunos fueron con sus familias, otros con su arma
reglamentaria a la vista y todos definieron la protesta como “pacífica” y
“democrática”.
A diferencia de lo ocurrido el martes en el edificio Guardacostas, sede de la Prefectura, las puertas giratorias de la Gendarmería estuvieron cerradas. En esa entrada, los familiares dejaron sus bolsas con agua, gaseosas y comida; lo mismo hicieron en la vereda de enfrente, contra los paredones de un supermercado, donde almorzaron, matearon y promediaron el día muchos gendarmes, sin quitarles atención a sus autos particulares, estacionados en triple fila. El espíritu de picnic se completó con músicos que tocaban chamamé y algunas parejas que bailaban.
Claro que no todos fueron a ver qué pasaba. Pasado el mediodía hubo una protoasamblea desde donde se fueron informando las adhesiones de algunas reparticiones de la Gendarmería en el país, de autodenominados sindicatos de la Policía Federal y la Bonaerense, de agentes retirados y en actividad de la Armada, el Ejército y la Fuerza Aérea. Y también de Aldo Rico. El anuncio del jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, pasó inadvertido. “Nos dicen que mañana (por hoy) vamos a cobrar de sueldo lo mismo que el mes anterior”, dijo alguien por el megáfono y fue saludado con chiflidos.
“Conseguir los 7000 mil pesos de base es la parte menos complicada. Seamos pacientes. Muchos esperaban una resolución judicial antes de venir acá”, dijo un gendarme en la escalinata, refiriéndose al pedido de una suba salarial que el día anterior los prefectos impusieron como requisito para desarmar la protesta. Abajo alguien respondió: “Que nadie se vaya tranquilo si no nos pagan 7000 pesos, no vamos a agarrar lo que ellos nos quieran dar”. El uniformado con megáfono arremetió: “Vamos a agarrar lo que se pueda agarrar”. Y le sacaron el aparato amplificador.
Mientras la discusión derivaba en torno de una respuesta inmediata a los reclamos, un uniformado enardeció a los presentes: “Mi señora que mira la tele dice que (el jefe de Gobierno porteño, Mauricio) Macri, Abal Medina y el Congreso Nacional están pidiendo nuestros datos para sancionarnos”. La respuesta fue contundente: “Hijos de puta”. Nada de eso era cierto. Pero la arenga siguió con otro gendarme: “Nosotros somos militares, ellos son los responsables. Queremos trabajar y llevar el pan a casa”.
A las 18 se lanzó un ultimátum desde las escalinatas: “Vamos a darles dos horas para que manden algún funcionario del gobierno nacional”. Abajo, los gendarmes más enfurecidos propusieron ir a la Casa Rosada después de ese lapso. Al rato, fueron vitoreados unos veinte integrantes de las policías Federal y Bonaerense que llegaron encolumnados tras una bandera argentina. El mismo cuadro se repitió con un grupo de jóvenes del Ejército Argentino. Todos se mezclaron entre los uniformes y se tomaron fotos.
Y en eso llegaron cuatro parlantes de un metro y medio. “Queremos agradecer la presencia de Canal 13, que fueron los primeros en venir y nos apoyaron”, dijo alguien con el megáfono. Otro aseguró que el sueldo actual los obliga a alquilar en zonas marginales y “convivir con delincuentes”, cuando deberían estar “cuidando la frontera” y cerca de sus familiares. Algunos oradores defendían la democracia, aclarando que esto “no es un golpe ni nada raro”, otros daban su nombre completo y responsabilizaban a la Presidenta si los despedían.
El tono de la arenga se iba enrareciendo mientras dos muchachos colocaban los parlantes. “Si no puede tomar una decisión que nos contemple, que se vaya a su casa”, aconsejó un gendarme a la Presidenta. “Yo soy suboficial y si me despiden por esto sé que voy a seguir trabajando”, apuró otro. Y enseguida un camarada salió al cruce. “Reclamemos tranquilos, muy tranquilos, que los jerarcas que vienen recibiendo 40 o 50 lucas no nos picoteen la cabeza”, dijo. El canto para los oficiales con más salario fue unánime: “¡Hijos de puta!”.
Nada de esto se repitió cuando se leyeron dos puntos del petitorio que benefician a esos altos mandos: la anulación del decreto presidencial y el respeto a las decisiones judiciales por las que cobran esas exorbitantes sumas. Los otros puntos fueron: escala salarial acorde con la jerarquía, las tareas y cargos con un piso de 7000 mil pesos; suplemento de riesgo a quienes trabajen en la ciudad de Buenos Aires y el conurbano; mesa laboral conciliatoria con personal activo, retirado y pensionado y participación de los suboficiales y la incorporación a una Aseguradora de Riesgo del Trabajo.
El último ítem y el más aplaudido fue la libre elección de una obra social. “El petitorio será entregado en conjunto con la Prefectura”, dijo el joven gendarme que lo leyó. Y arengó: “Muchos hemos sentido miedo, pero esto lo hacemos por nuestras familias”. La tribuna uniformada respondió con saltos y un cántico improvisado: “No se toca, la familia no se toca”. Con el sistema de sonido listo, a partir de las 19 se alternaron otras voces en el micrófono. Primero fue la viuda de un gendarme: “Cobro 1200 pesos de pensión y a mi marido lo tuve que sepultar en el cementerio de Villegas (en La Matanza). No me alcanzó para otra cosa”.
Luego pasó la esposa de un gendarme “que no pudo venir porque está recién operado”. “A mi marido le gusta ser gendarme, le gusta el uniforme, la disciplina, el orden, pero no soporta la barbarie, el abuso y la deshonestidad”, agregó. Luego vino un oficial retirado de la fuerza, quien aseguró que “nadie se acuerda del personal con discapacidad” en el norte del país. Y para cerrar, una madre: “Las fuerzas a lo único que tienen es a sus familiares, porque el resto de la sociedad no se acuerda que existen. Por eso, les pido a ustedes que busquen apoyo en sus familias”.
La parte emotiva la terminó un camarada de la Armada, que pidió a sus pares que se sumaran a la naciente protesta en la puerta del edificio Libertador y que comentó que ya cursaron un petitorio similar “con varios artículos específicos porque por cada día que se sale a navegar se pagan dos pesos con cincuenta”. Lo despidieron con el canto de cabecera: “Las fuerzas unidas, jamás serán vencidas”. La noche se fue entre himnos, chacareras y sonidos de pitos y el mensaje que pretendía ser pacificador de un camarada de la Fuerza Aérea: “Tengan presente que en una dictadura esto no lo podríamos hacer, así que quiénes más que agradecidos con la democracia que nosotros”.
emilioru@pagina12.com.ar
A diferencia de lo ocurrido el martes en el edificio Guardacostas, sede de la Prefectura, las puertas giratorias de la Gendarmería estuvieron cerradas. En esa entrada, los familiares dejaron sus bolsas con agua, gaseosas y comida; lo mismo hicieron en la vereda de enfrente, contra los paredones de un supermercado, donde almorzaron, matearon y promediaron el día muchos gendarmes, sin quitarles atención a sus autos particulares, estacionados en triple fila. El espíritu de picnic se completó con músicos que tocaban chamamé y algunas parejas que bailaban.
Claro que no todos fueron a ver qué pasaba. Pasado el mediodía hubo una protoasamblea desde donde se fueron informando las adhesiones de algunas reparticiones de la Gendarmería en el país, de autodenominados sindicatos de la Policía Federal y la Bonaerense, de agentes retirados y en actividad de la Armada, el Ejército y la Fuerza Aérea. Y también de Aldo Rico. El anuncio del jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, pasó inadvertido. “Nos dicen que mañana (por hoy) vamos a cobrar de sueldo lo mismo que el mes anterior”, dijo alguien por el megáfono y fue saludado con chiflidos.
“Conseguir los 7000 mil pesos de base es la parte menos complicada. Seamos pacientes. Muchos esperaban una resolución judicial antes de venir acá”, dijo un gendarme en la escalinata, refiriéndose al pedido de una suba salarial que el día anterior los prefectos impusieron como requisito para desarmar la protesta. Abajo alguien respondió: “Que nadie se vaya tranquilo si no nos pagan 7000 pesos, no vamos a agarrar lo que ellos nos quieran dar”. El uniformado con megáfono arremetió: “Vamos a agarrar lo que se pueda agarrar”. Y le sacaron el aparato amplificador.
Mientras la discusión derivaba en torno de una respuesta inmediata a los reclamos, un uniformado enardeció a los presentes: “Mi señora que mira la tele dice que (el jefe de Gobierno porteño, Mauricio) Macri, Abal Medina y el Congreso Nacional están pidiendo nuestros datos para sancionarnos”. La respuesta fue contundente: “Hijos de puta”. Nada de eso era cierto. Pero la arenga siguió con otro gendarme: “Nosotros somos militares, ellos son los responsables. Queremos trabajar y llevar el pan a casa”.
A las 18 se lanzó un ultimátum desde las escalinatas: “Vamos a darles dos horas para que manden algún funcionario del gobierno nacional”. Abajo, los gendarmes más enfurecidos propusieron ir a la Casa Rosada después de ese lapso. Al rato, fueron vitoreados unos veinte integrantes de las policías Federal y Bonaerense que llegaron encolumnados tras una bandera argentina. El mismo cuadro se repitió con un grupo de jóvenes del Ejército Argentino. Todos se mezclaron entre los uniformes y se tomaron fotos.
Y en eso llegaron cuatro parlantes de un metro y medio. “Queremos agradecer la presencia de Canal 13, que fueron los primeros en venir y nos apoyaron”, dijo alguien con el megáfono. Otro aseguró que el sueldo actual los obliga a alquilar en zonas marginales y “convivir con delincuentes”, cuando deberían estar “cuidando la frontera” y cerca de sus familiares. Algunos oradores defendían la democracia, aclarando que esto “no es un golpe ni nada raro”, otros daban su nombre completo y responsabilizaban a la Presidenta si los despedían.
El tono de la arenga se iba enrareciendo mientras dos muchachos colocaban los parlantes. “Si no puede tomar una decisión que nos contemple, que se vaya a su casa”, aconsejó un gendarme a la Presidenta. “Yo soy suboficial y si me despiden por esto sé que voy a seguir trabajando”, apuró otro. Y enseguida un camarada salió al cruce. “Reclamemos tranquilos, muy tranquilos, que los jerarcas que vienen recibiendo 40 o 50 lucas no nos picoteen la cabeza”, dijo. El canto para los oficiales con más salario fue unánime: “¡Hijos de puta!”.
Nada de esto se repitió cuando se leyeron dos puntos del petitorio que benefician a esos altos mandos: la anulación del decreto presidencial y el respeto a las decisiones judiciales por las que cobran esas exorbitantes sumas. Los otros puntos fueron: escala salarial acorde con la jerarquía, las tareas y cargos con un piso de 7000 mil pesos; suplemento de riesgo a quienes trabajen en la ciudad de Buenos Aires y el conurbano; mesa laboral conciliatoria con personal activo, retirado y pensionado y participación de los suboficiales y la incorporación a una Aseguradora de Riesgo del Trabajo.
El último ítem y el más aplaudido fue la libre elección de una obra social. “El petitorio será entregado en conjunto con la Prefectura”, dijo el joven gendarme que lo leyó. Y arengó: “Muchos hemos sentido miedo, pero esto lo hacemos por nuestras familias”. La tribuna uniformada respondió con saltos y un cántico improvisado: “No se toca, la familia no se toca”. Con el sistema de sonido listo, a partir de las 19 se alternaron otras voces en el micrófono. Primero fue la viuda de un gendarme: “Cobro 1200 pesos de pensión y a mi marido lo tuve que sepultar en el cementerio de Villegas (en La Matanza). No me alcanzó para otra cosa”.
Luego pasó la esposa de un gendarme “que no pudo venir porque está recién operado”. “A mi marido le gusta ser gendarme, le gusta el uniforme, la disciplina, el orden, pero no soporta la barbarie, el abuso y la deshonestidad”, agregó. Luego vino un oficial retirado de la fuerza, quien aseguró que “nadie se acuerda del personal con discapacidad” en el norte del país. Y para cerrar, una madre: “Las fuerzas a lo único que tienen es a sus familiares, porque el resto de la sociedad no se acuerda que existen. Por eso, les pido a ustedes que busquen apoyo en sus familias”.
La parte emotiva la terminó un camarada de la Armada, que pidió a sus pares que se sumaran a la naciente protesta en la puerta del edificio Libertador y que comentó que ya cursaron un petitorio similar “con varios artículos específicos porque por cada día que se sale a navegar se pagan dos pesos con cincuenta”. Lo despidieron con el canto de cabecera: “Las fuerzas unidas, jamás serán vencidas”. La noche se fue entre himnos, chacareras y sonidos de pitos y el mensaje que pretendía ser pacificador de un camarada de la Fuerza Aérea: “Tengan presente que en una dictadura esto no lo podríamos hacer, así que quiénes más que agradecidos con la democracia que nosotros”.
emilioru@pagina12.com.ar
EL PAIS › OPINION
Imagen: Pablo Piovano
Por Mempo Giardinelli
Página 12
Sobre el golpismo y la violencia
Imagen: Pablo Piovano
Por Mempo GiardinelliPágina 12
Si
esto no es un intento de golpe, que me digan el nombre. Y no hablo de
los prefectos y gendarmes que se sublevaron, y que son, desde luego,
trabajadores, y como tales tienen reivindicaciones y derechos. Admitamos
que las de ellos en esta ocasión fueron justas y atendibles. No es de
ellos que habla esta reflexión.
Pero sí de la impresionante histeria de los golpistas. De los viejos fragoteros, los profesionales y los nostálgicos con resurrecciones periodísticas como la del Sr. Aldo Rico. Como viejos lobos que salen a ladrar, desesperan por tumbar al gobierno constitucional a como dé lugar, a cualquier costo. Azuzados, desde atrás, por La Nación y Clarín, verdaderos interesados en la caída de un gobierno que los vuelve locos porque quiere que se cumplan ciertas leyes que afectan sus intereses.
Semejante animosidad, sólo vista hace más de medio siglo cuando se llegó a bombardear la Plaza de Mayo, es sencillamente absurda en esta etapa de la democracia.
Pero está sucediendo, y ya sabíamos muchos que algo así iban a intentar. Lo tengo escrito y los tiempos sombríos son el hoy de esta atormentada sociedad que somos los argentinos.
Desde ya que algunos van a decir que éstas son exageraciones y que el golpismo destituyente no existe. Pero ahí están las furias y puteadas que se escucharon últimamente, y los mails mentirosos e incendiarios que están circulando y que han venido haciendo efecto en cierta pobre inocencia de alguna gente. Minoritaria, pero sustantiva. Y atendible, como todo en democracia. Pero no determinante y, sobre todo, no válida como recurso de autoritarios y oportunistas.
Basta ver los comentarios de supuestos lectores en los diarios que los admiten, donde las amenazas son ya cotidianas. Así crean ese clima de miedo, presentándose como “defensores de libertades”. Falsos, desde luego.
Habrá que tener mucho cuidado, porque las espirales de violencia, cuanto más irracionales y negadas son, más peligrosas. Recuérdese no sólo aquel 16 de junio porteño sino también el Bogotazo cuando asesinaron a Jorge Eliécer Gaitán, y tanto más. Y que nadie diga que esto es exagerar. Ninguna exageración es mucha, en esta materia.
Curiosamente, lo que hay que hacer es ayudarlos. Paradójicamente hay que ayudarlos calmándolos. Serenando a quienes desde las sombras engañan a muchas buenas personas que no saben por qué están enojadas. Que “creen” que aspiran a una libertad que hoy es plena y que precisamente se les terminaría si –hipótesis imposible– acaso un golpe triunfara.
Y es que ahora mismo la Argentina está pasando por uno de sus mejores momentos en términos de democracia, igualitarismo, desarrollo e inclusión social. Nada menos. Y cuando eso pasa –se vio en Ecuador y en Bolivia últimamente–, algunos trogloditas se excitan y estimulan la violencia desde atrás y sin dar la cara.
Cierto que falta concretar muchísimas reivindicaciones, pero jamás en el último medio siglo les ha ido tan bien a los argentinos; jamás hemos tenido una soberanía económica como la actual; ni tienen nuestras clases medias mejores posibilidades para sus hijos, para crecer y educarse. Obvio que hay miles de problemas, pero hay que recordar cómo estaba este país hace unos años. Con Cavallo y sus corrales. Con los recortes del señor López Murphy a los jubilados y a la educación. Con los ricos que no pagaban impuestos; con los capitales que venían no a invertir sino a especular; y con los negociados fabulosos que era cada renegociación de una deuda interminable.
Hay que achicarles a todos el miedo absurdo que tienen: a los que echan leña al fuego e incluso a los que desde las sombras sueñan horribles revanchas. Primero comprenderlos, no devolverles los gritos. Resolver la cuestión de los salarios de los trabajadores de la seguridad y desarmar en el acto toda artimaña golpista. Denunciarlo internacionalmente y alertar a la ciudadanía para que se exprese, en todo momento, por la paz.
El Gobierno, además de despedir a los responsables de este uso político de estos trabajadores, debe hacer una tarea fenomenal con sus propios, con sus funcionarios, con sus jóvenes. Todos deben dar ejemplo de calma, de comprensión de los diferentes, de contención de los equivocados.
Y también hay que destacar el casi en ningún medio mencionado silencio del socialismo y el radicalismo. Que yo quiero leer como gesto de prudencia y sabiduría para no hacerle el juego a la perrada. Y ojalá no me equivoque.
Este episodio debe terminar siendo una gran oportunidad para la paz, porque la Argentina ya tuvo exceso de la perversa medicina de la violencia. Esta nación no puede suicidarse nuevamente. Ya votó a sus verdugos y/o los aplaudió más de una vez. Pero ahora nunca más, y hacerlo en paz. Sin violencia. Que es lo único que debe estar absolutamente prohibido y para siempre en esta tierra.
Pero sí de la impresionante histeria de los golpistas. De los viejos fragoteros, los profesionales y los nostálgicos con resurrecciones periodísticas como la del Sr. Aldo Rico. Como viejos lobos que salen a ladrar, desesperan por tumbar al gobierno constitucional a como dé lugar, a cualquier costo. Azuzados, desde atrás, por La Nación y Clarín, verdaderos interesados en la caída de un gobierno que los vuelve locos porque quiere que se cumplan ciertas leyes que afectan sus intereses.
Semejante animosidad, sólo vista hace más de medio siglo cuando se llegó a bombardear la Plaza de Mayo, es sencillamente absurda en esta etapa de la democracia.
Pero está sucediendo, y ya sabíamos muchos que algo así iban a intentar. Lo tengo escrito y los tiempos sombríos son el hoy de esta atormentada sociedad que somos los argentinos.
Desde ya que algunos van a decir que éstas son exageraciones y que el golpismo destituyente no existe. Pero ahí están las furias y puteadas que se escucharon últimamente, y los mails mentirosos e incendiarios que están circulando y que han venido haciendo efecto en cierta pobre inocencia de alguna gente. Minoritaria, pero sustantiva. Y atendible, como todo en democracia. Pero no determinante y, sobre todo, no válida como recurso de autoritarios y oportunistas.
Basta ver los comentarios de supuestos lectores en los diarios que los admiten, donde las amenazas son ya cotidianas. Así crean ese clima de miedo, presentándose como “defensores de libertades”. Falsos, desde luego.
Habrá que tener mucho cuidado, porque las espirales de violencia, cuanto más irracionales y negadas son, más peligrosas. Recuérdese no sólo aquel 16 de junio porteño sino también el Bogotazo cuando asesinaron a Jorge Eliécer Gaitán, y tanto más. Y que nadie diga que esto es exagerar. Ninguna exageración es mucha, en esta materia.
Curiosamente, lo que hay que hacer es ayudarlos. Paradójicamente hay que ayudarlos calmándolos. Serenando a quienes desde las sombras engañan a muchas buenas personas que no saben por qué están enojadas. Que “creen” que aspiran a una libertad que hoy es plena y que precisamente se les terminaría si –hipótesis imposible– acaso un golpe triunfara.
Y es que ahora mismo la Argentina está pasando por uno de sus mejores momentos en términos de democracia, igualitarismo, desarrollo e inclusión social. Nada menos. Y cuando eso pasa –se vio en Ecuador y en Bolivia últimamente–, algunos trogloditas se excitan y estimulan la violencia desde atrás y sin dar la cara.
Cierto que falta concretar muchísimas reivindicaciones, pero jamás en el último medio siglo les ha ido tan bien a los argentinos; jamás hemos tenido una soberanía económica como la actual; ni tienen nuestras clases medias mejores posibilidades para sus hijos, para crecer y educarse. Obvio que hay miles de problemas, pero hay que recordar cómo estaba este país hace unos años. Con Cavallo y sus corrales. Con los recortes del señor López Murphy a los jubilados y a la educación. Con los ricos que no pagaban impuestos; con los capitales que venían no a invertir sino a especular; y con los negociados fabulosos que era cada renegociación de una deuda interminable.
Hay que achicarles a todos el miedo absurdo que tienen: a los que echan leña al fuego e incluso a los que desde las sombras sueñan horribles revanchas. Primero comprenderlos, no devolverles los gritos. Resolver la cuestión de los salarios de los trabajadores de la seguridad y desarmar en el acto toda artimaña golpista. Denunciarlo internacionalmente y alertar a la ciudadanía para que se exprese, en todo momento, por la paz.
El Gobierno, además de despedir a los responsables de este uso político de estos trabajadores, debe hacer una tarea fenomenal con sus propios, con sus funcionarios, con sus jóvenes. Todos deben dar ejemplo de calma, de comprensión de los diferentes, de contención de los equivocados.
Y también hay que destacar el casi en ningún medio mencionado silencio del socialismo y el radicalismo. Que yo quiero leer como gesto de prudencia y sabiduría para no hacerle el juego a la perrada. Y ojalá no me equivoque.
Este episodio debe terminar siendo una gran oportunidad para la paz, porque la Argentina ya tuvo exceso de la perversa medicina de la violencia. Esta nación no puede suicidarse nuevamente. Ya votó a sus verdugos y/o los aplaudió más de una vez. Pero ahora nunca más, y hacerlo en paz. Sin violencia. Que es lo único que debe estar absolutamente prohibido y para siempre en esta tierra.
EL PAIS › COMUNICADO DE LOS PARTIDOS Y ORGANIZACIONES DE UNIDOS Y ORGANIZADOS
página 12
página 12
“Se esconde una maniobra destituyente”
“Detrás
de un reclamo gremial de orden salarial se esconde una maniobra
decididamente destituyente que no podemos permitir”, señalaron ayer los
partidos políticos que forman parte del espacio kirchnerista Unidos y
Organizados. A través de un comunicado, expresaron su “firme compromiso
con la democracia y con la vigencia del funcionamiento de las
instituciones del Estado de Derecho”. A su vez, las organizaciones
sociales que forman parte del mismo nucleamiento definieron la protesta
de los integrantes de las fuerzas de seguridad como una “intentona
destituyente y golpista”.
“El reclamo gremial de prefectos y gendarmes fue resuelto por el gobierno nacional, quedando en claro que todos cobrarán sus salarios sin cambio alguno. No obstante, el conflicto continúa sin causa alguna, habiéndose sumado suboficiales de la Marina que a su vez están llamando a los integrantes del Ejército y de la Fuerza Aérea a incorporarse”, afirmaron el Partido de la Victoria, Frente Grande, Partido Intransigente, Confederación Socialista, Partido Humanista, Nuevo Encuentro y Forja. “Los grupos que no se subordinan a la legalidad y que buscan eludir el cumplimiento de la ley de medios están fogoneando un conflicto con el claro objeto de desafiar a la democracia. Las imágenes que todos vimos parecen sacadas de un pasado oscuro que nunca más vamos a permitir que se repita en la Argentina”, afirmaron.
El Movimiento Evita, La Cámpora, Kolina, Frente Transversal, la Corriente Nacional de la Militancia, entre otras organizaciones, señalaron a los “medios monopólicos” por “fogonear con objetivos desestabilizadores” la protesta de los uniformados. También criticaron a “los mandos medios y altos de Prefectura y Gendarmería que cobran muchísimo más que el resto, los que atrás de las cacerolas esconden un profundo desprecio por la democracia”. Aseguraron que, en cambio, los efectivos de las fuerzas de seguridad “son parte del pueblo trabajador y humilde que no se debe dejar engañar por los que nos sometieron a humillaciones durante años, por los que asesinaron, torturaron y persiguieron a compatriotas para que unos pocos empresarios se llenen los bolsillos”.
Fernando “Chino” Navarro, referente del Movimiento Evita, dijo que “a partir de la convocatoria del jefe de Gabinete”, Juan Manuel Abal Medina, en la que anunció que se retrotraía la situación al mes pasado y se pagarían los mismos salarios, “al no deponer la medida de fuerza, deja de ser una iniciativa de carácter gremial y afecta las instituciones y la democracia”. El diputado socialista Jorge Rivas sostuvo que “las formas elegidas por los efectivos de Prefectura y Gendarmería para protestar por una mala aplicación del decreto 1307/12 en la liquidación de sus sueldos son absolutamente repudiables, a la vez que funcionales a los desestabilizadores de siempre”.
“El reclamo gremial de prefectos y gendarmes fue resuelto por el gobierno nacional, quedando en claro que todos cobrarán sus salarios sin cambio alguno. No obstante, el conflicto continúa sin causa alguna, habiéndose sumado suboficiales de la Marina que a su vez están llamando a los integrantes del Ejército y de la Fuerza Aérea a incorporarse”, afirmaron el Partido de la Victoria, Frente Grande, Partido Intransigente, Confederación Socialista, Partido Humanista, Nuevo Encuentro y Forja. “Los grupos que no se subordinan a la legalidad y que buscan eludir el cumplimiento de la ley de medios están fogoneando un conflicto con el claro objeto de desafiar a la democracia. Las imágenes que todos vimos parecen sacadas de un pasado oscuro que nunca más vamos a permitir que se repita en la Argentina”, afirmaron.
El Movimiento Evita, La Cámpora, Kolina, Frente Transversal, la Corriente Nacional de la Militancia, entre otras organizaciones, señalaron a los “medios monopólicos” por “fogonear con objetivos desestabilizadores” la protesta de los uniformados. También criticaron a “los mandos medios y altos de Prefectura y Gendarmería que cobran muchísimo más que el resto, los que atrás de las cacerolas esconden un profundo desprecio por la democracia”. Aseguraron que, en cambio, los efectivos de las fuerzas de seguridad “son parte del pueblo trabajador y humilde que no se debe dejar engañar por los que nos sometieron a humillaciones durante años, por los que asesinaron, torturaron y persiguieron a compatriotas para que unos pocos empresarios se llenen los bolsillos”.
Fernando “Chino” Navarro, referente del Movimiento Evita, dijo que “a partir de la convocatoria del jefe de Gabinete”, Juan Manuel Abal Medina, en la que anunció que se retrotraía la situación al mes pasado y se pagarían los mismos salarios, “al no deponer la medida de fuerza, deja de ser una iniciativa de carácter gremial y afecta las instituciones y la democracia”. El diputado socialista Jorge Rivas sostuvo que “las formas elegidas por los efectivos de Prefectura y Gendarmería para protestar por una mala aplicación del decreto 1307/12 en la liquidación de sus sueldos son absolutamente repudiables, a la vez que funcionales a los desestabilizadores de siempre”.
