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Colombia:
Gobierno y FARC llegan a un acuerdo, AQUI el texto
Uruguay:
Instituciones de DD.HH. denuncian escalada represiva
Obama dijo a sus asistentes que él era "muy bueno para asesinar personas"
Por: Business Insider | Domingo, 03/11/2013 10:22 PM
Barack Obama: "muy bueno para asesinar personas"
Credito: web
Business Insider, Traducción por Ivana Cardinale para el Correo del Orinoco
Según el nuevo libro "Double Down", en el que los periodistas Marcos Halperin y John Heilemann registran la elección presidencial de 2012, el presidente Barack Obama le dijo a sus asistentes que él es "muy bueno para asesinar personas" mientras discutía ataques de aviones no tripulados.
Peter Hamby, periodista del diario The Washington Post, informó la perla en su reseña del libro.
La afirmación del comandante en jefe de EE. UU. es tan indiscutible como sombría.
Obama supervisó la escalada en el 2009 en Afganistán, 145 ataques de drones Predator en las operaciones de la OTAN contra Libia en 2011, el supuesto allanamiento que mató a Osama bin Laden en mayo de 2012, y ataques de drones que asesinaron al líder del talibán paquistaní y un alto miembro del grupo militante al Shabab con base en Somalia esta semana.
Su gobierno también expandió la guerra de drones: Han habido 326 ataques con aviones no tripulados en Paquistán, 93 en Yémen y varios en Somalia, en comparación con un total de 52 ataques bajo el gobierno de George W. Bush.
En el gobierno de Obama, operadores estadounidenses de aviones no tripulados comenzaron a practicar "ataques distintivos", una táctica en la que se eligen los objetivos sobre la base de patrones de conducta sospechosa y las identidades de aquellos que deben ser asesinados no se conocen necesariamente. (El gobierno considera a todos los "hombres en edad militar" en una zona de ataque como combatientes).
Además, la preocupante tendencia del "doble disparo" - bombardeando el mismo lugar en rápida sucesión y frecuentemente atacando a socorristas - se ha convertido en una práctica común.
No hace falta decir que ha sido asesinada mucha gente inocente.
Obama también ha abrazado la expansión de misiones de captura/asesinato por el Comando Conjunto de Operaciones Especiales (JSOC por sus siglas en inglés) después de que se convirtió en la herramienta principal de "la lucha contra el terrorismo" del gobierno de Bush.
Un operador del JSOC dijo al periodista de investigación Jeremy Scahill, autor de "Guerras Sucias: El Mundo es un Campo de Batalla" (Dirty Wars: The World Is A Battlefield), que las operaciones se convirtieron "más duras, más rápidas, más ágiles con el total apoyo de la Casa Blanca" bajo el gobierno de Obama.
Scahill, que también hizo un documental de "Guerras Sucias", le expresó a la NBC News que Obama "pasará a la historia como el presidente que legitimó y sistematizó un proceso mediante el cual Estados Unidos impone el derecho de conducir operaciones de asesinato en todo el mundo".
Así que es cierto que el presidente Obama es "muy bueno para matar gente", pero ha demostrado que no es necesariamente noble.
Traducción por Ivana Cardinale para el Correo del Orinoco
Al Gore: Evidencia revelada por Snowden prueba crímenes contra la Constitución de los EEUU
7 noviembre 2013
Cubadebate
Al Gore habla en la Universidad de McGill el martes. Foto: Ryan Remiorz / APGore, quien habló la noche del martes en la Universidad de McGill en Montreal, añadió que estaba a favor de la utilización de la vigilancia para garantizar la seguridad nacional, pero las revelaciones de Snowden mostraron que esas medidas han ido demasiado lejos.
“Lo digo como alguien que fue miembro del Consejo de Seguridad Nacional que trabajó en la Casa Blanca y obtuvo informes diarios de la CIA”, dijo Gore, en declaraciones recogidas por la prensa canadiense .
Gore había dicho previamente que creía que la práctica de la NSA de recolectar registros telefónicos de los ciudadanos estadounidenses, es ilegal, pero sus comentarios el martes fueron más críticos aún.
Al preguntarle por Snowden, Gore afirmó que las filtraciones han revelado prácticas inconstitucionales.
“Él ha revelado evidencia de lo que parece ser delitos contra la Constitución de los Estados Unidos”, dijo Gore.
Snowden enfrenta cargos penales por filtrar información a The Guardian y otros medios de comunicación. Él permanece en el exilio en Rusia.
Gore, ex vicepresidente, candidato presidencial demócrata en el 2000 y Premio Nobel de la Paz en el 2007 , dijo que los esfuerzos de la NSA para vigilar las comunicaciones eran “absurdas”, informó la prensa canadiense . ”Si usted está buscando una aguja en un pajar, no siempre es aconsejable acumular más heno en el pajar”, dijo.
(Tomado de The Guardian. Traducido por Cubadebate)
Nuevas revelaciones apuntan a que Obama sabía que espiaban a Merkel
El dominical del diario 'Bild' desvela que la NSA encargó un dossier exhaustivo sobre la canciller
El presidente de EE UU, Barack Obama, charla con la canciller alemana, Angela Merkel en junio en Berlín. / WOLFGANG RATTAY (REUTERS)
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, conocía desde 2010 el espionaje al que estaba siendo sometida la canciller federal alemana Angela Merkel. Según publicó el dominical del diario Bild,
Obama encargó además un dossier exhaustivo sobre Merkel a la Agencia de
Seguridad Nacional (NSA). Asegura Bild que Keith Alexander, jefe de la
Agencia que vigila las comunicaciones mundiales para Washington,
puso a Obama al corriente en persona del espionaje al móvil de la jefa
del Gobierno alemán. Medios alemanes publicaron que, cuando Merkel llamó
a Obama para protestar por la presunta vigilancia de su móvil, el
estadounidense se disculpó y le aseguró que él no sabía nada. Pero de
acuerdo con la información que Bild dice haber obtenido de
“trabajadores de los servicios secretos”, los espías no notificaban sus
actividades a la central de la NSA en Fort Meade, sino directamente a la
Casa Blanca.
La NSA desmintió por escrito la información. “Alexander no discutió con el presidente Obama en 2010 una supuesta operación de espionaje sobre Angela Merkel, ni nunca ha discutido supuestas operaciones sobre la canciller”, dice la nota. Una portavoz de la NSA, según Reuters, no comentó si Obama conocía o no estas supuestas actividades.
Los agentes de la NSA colaboran con la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en una unidad de élite llamada Servicio Especial de Captación (SCS), que en Berlín opera desde el ático de la Embajada estadounidense, en pleno corazón de la capital de Alemania. Según recoge el semanario Der Spiegel, la planta más alta de la sede diplomática ofrece algo más que vistas privilegiadas sobre la vecina Puerta de Brandeburgo y el parque de Tiergarten. El SCS intercepta desde allí miles de señales de teléfono móvil, wi-fi y otras comunicaciones inalámbricas de todo el distrito gubernamental berlinés. Cuenta el semanario de Hamburgo que unidades similares operan en otras 18 grandes ciudades europeas, entre ellas Madrid, Fráncfort, Ginebra o París. Cuentan con aparatos muy sofisticados, a menudo disimulados bajo considerable secreto en las dependencias diplomáticas de Estados Unidos.
El ministro de Exteriores en funciones, Guido Westerwelle, recordó este fin de semana que “en suelo alemán rige la ley alemana”, tanto para diplomáticos como para ciudadanos comunes de cualquier país. Westerwelle, que dejará el cargo en cuestión de semanas cuando la democristiana Merkel forme su nueva coalición de Gobierno con los socialdemócratas, alertó de que las prácticas de los espías estadounidenses son “muy perjudícales” para las relaciones entre países aliados. Entiende el ministro que las presuntas escuchas amenazan con “socavar los vínculos” que unen a Europa con su principal aliado trasatlántico. Las escuchas al móvil de Merkel se prolongaron durante casi diez años hasta el verano pasado.
Las informaciones sobre el espionaje de Merkel por parte de la NSA se basan en documentos filtrados por el exempleado de la NSA Edward Snowden, que empezaron a publicarse este verano en diversos medios. Der Spiegel reveló la enorme dimensión de la vigilancia de las comunicaciones internacionales por parte de Washington y de sus aliados más estrechos, en primer término Reino Unido. Se supo así que los espías documentan millones de llamadas telefónicas y contactos por Internet. Merkel, su ministro de interior Hans-Peter Friedrich y su coordinador de servicios de inteligencia, Ronald Pofalla, quitaron entonces importancia al asunto, que llegaron a dar por resuelto. Pero la drástica reacción política y diplomática de Berlín se puede interpretar como el reconocimiento de un error o, para sus críticos, como la demostración de que Berlín mide con un doble rasero. Sea como sea, ha supuesto un punto de inflexión en la actitud de Alemania ante las escuchas.
Tanto el Partido Socialdemócrata SPD como La Izquierda (Die Linke) y Los Verdes quiere formar una Comisión de Investigación parlamentaria sobre el asunto. Los democristianos de Merkel se resisten por ahora. Los tres partidos de centroizquierda han propuesto estos días que Snowden sea invitado a testificar en Alemania sobre el espionaje a ciudadanos y gobernantes del país.
La NSA desmintió por escrito la información. “Alexander no discutió con el presidente Obama en 2010 una supuesta operación de espionaje sobre Angela Merkel, ni nunca ha discutido supuestas operaciones sobre la canciller”, dice la nota. Una portavoz de la NSA, según Reuters, no comentó si Obama conocía o no estas supuestas actividades.
Los agentes de la NSA colaboran con la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en una unidad de élite llamada Servicio Especial de Captación (SCS), que en Berlín opera desde el ático de la Embajada estadounidense, en pleno corazón de la capital de Alemania. Según recoge el semanario Der Spiegel, la planta más alta de la sede diplomática ofrece algo más que vistas privilegiadas sobre la vecina Puerta de Brandeburgo y el parque de Tiergarten. El SCS intercepta desde allí miles de señales de teléfono móvil, wi-fi y otras comunicaciones inalámbricas de todo el distrito gubernamental berlinés. Cuenta el semanario de Hamburgo que unidades similares operan en otras 18 grandes ciudades europeas, entre ellas Madrid, Fráncfort, Ginebra o París. Cuentan con aparatos muy sofisticados, a menudo disimulados bajo considerable secreto en las dependencias diplomáticas de Estados Unidos.
El ministro de Exteriores en funciones, Guido Westerwelle, recordó este fin de semana que “en suelo alemán rige la ley alemana”, tanto para diplomáticos como para ciudadanos comunes de cualquier país. Westerwelle, que dejará el cargo en cuestión de semanas cuando la democristiana Merkel forme su nueva coalición de Gobierno con los socialdemócratas, alertó de que las prácticas de los espías estadounidenses son “muy perjudícales” para las relaciones entre países aliados. Entiende el ministro que las presuntas escuchas amenazan con “socavar los vínculos” que unen a Europa con su principal aliado trasatlántico. Las escuchas al móvil de Merkel se prolongaron durante casi diez años hasta el verano pasado.
Las informaciones sobre el espionaje de Merkel por parte de la NSA se basan en documentos filtrados por el exempleado de la NSA Edward Snowden, que empezaron a publicarse este verano en diversos medios. Der Spiegel reveló la enorme dimensión de la vigilancia de las comunicaciones internacionales por parte de Washington y de sus aliados más estrechos, en primer término Reino Unido. Se supo así que los espías documentan millones de llamadas telefónicas y contactos por Internet. Merkel, su ministro de interior Hans-Peter Friedrich y su coordinador de servicios de inteligencia, Ronald Pofalla, quitaron entonces importancia al asunto, que llegaron a dar por resuelto. Pero la drástica reacción política y diplomática de Berlín se puede interpretar como el reconocimiento de un error o, para sus críticos, como la demostración de que Berlín mide con un doble rasero. Sea como sea, ha supuesto un punto de inflexión en la actitud de Alemania ante las escuchas.
Tanto el Partido Socialdemócrata SPD como La Izquierda (Die Linke) y Los Verdes quiere formar una Comisión de Investigación parlamentaria sobre el asunto. Los democristianos de Merkel se resisten por ahora. Los tres partidos de centroizquierda han propuesto estos días que Snowden sea invitado a testificar en Alemania sobre el espionaje a ciudadanos y gobernantes del país.
Ramonet: La oposición venezolana busca un golpe institucional
Publicado el 11/07/13 • en Contrainjerencia
Ramonet, que vino a presentar en Argentina su libro sobre Chávez
aseguró en entrevista con Télam que “los enemigos de la Revolución
Bolivariana y la oposición venezolana, pensaban que una vez desaparecido
(el expresidente), desaparecía el problema, y el poder iba a caer
automáticamente en sus manos”.
“La oposición está haciendo ahora lo que yo llamo un golpe de Estado a
cámara lenta, con sabotajes de la electricidad, desabastecimiento,
cortes de agua; creando una atmósfera de malestar social para tratar de
dar un golpe de Estado institucional”, porque, precisó, no se pueden
“apoyar en las fuerzas armadas”.
Sostuvo que esa estrategia es igual a la que precedió al golpe militar contra Salvador Allende en Chile, “de quien decían que era incompetente para gobernar, lo mismo que dicen ahora de Maduro, que las cosas no funcionan en Venezuela”.
“Tras la llegada al poder de Chávez en 1999 hubo una serie de gobiernos neoprogresistas, en Brasil, Argentina, Uruguay, Bolivia, Ecuador. Ninguno de esos gobiernos, que llegaron al poder hace 15 años, ha perdido una elección decisiva”, enfatizó.
Agregó que entre noviembre y febrero hay elecciones presidenciales en Chile, Honduras y El Salvador, y “todos los sondeos indican que quienes van a ganar son candidatos que representan esa línea” neoprogresista.
Excluyó los recientes comicios legislativos en Argentina, por no considerarlos decisivos, y concluyó que “el péndulo no está yendo hacia el otro lado (la derecha), sino al contrario”.
A juicio del periodista, tampoco hay oposiciones políticas importantes en la región, ya que los partidos que adversan a los gobiernos neoprogresistas “son inconsistentes”.
La verdadera oposición, aseguró, la ejercen “los medios de comunicación monopólicos” de América Latina, que “están aliados a la oligarquía dominante que ha explotado y dominado a casi todos estos países durante mucho tiempo”.
Sin embargo, reconoció que la constitución de la “Alianza del Pacífico es una de las pruebas de que la dinámica integradora no funciona tan bien como antes”.
“La ausencia de Chávez se nota”, agregó, por contraposición al rol decisivo que jugó en rechazar el ALCA (Área de Libre Comercio de las Américas) en 2005 junto a Néstor Kirchner y Luiz Inácio Lula da Silva.
Recordó que además de ese bloque está “la firma del Tratado Trans Pacífico, y eso sí que es un ALCA, y de eso se habla poco”, pero muchos países, como Uruguay, se preguntan “legítimamente” si el eje económico y de poder del mundo no se está trasladando al Pacífico, por lo que señaló que no considera ese interés como “una traición”.
Ramonet, quien reconoció que su anterior libro de conversaciones con Fidel Castro fue el que entusiasmó a Chávez para hacer algo parecido, pero no como aquel “balance”, sino como el surgimiento de un liderazgo, disparó que a Europa le falta un dirigente como el líder venezolano.
Porque “Chávez es la voluntad política” frente “al código de la banca y las finanzas internacionales”, del FMI y el Banco Central Europeo, que mantienen “en piloto automático” a Europa, ya sea que ganen las elecciones “un conservador o un socialdemócrata”.
“Eso es lo que los dirigentes políticos europeos tienen que hacer si no quieren desesperar a sus ciudadanos, que ahora van a votar por la extrema derecha”, advirtió.
Reconoció, luego, los problemas que supone el control de cambios en Venezuela y en cualquier país, pero consideró que la especulación que genera es el mal menor “para evitar la fuga de todos los capitales”, ya que el 60 por ciento de la economía bolivariana, excluyendo el sector petróleo, “está en manos privadas”.
A eso sumó el clima desestabilizador que genera la oposición interna y destacó que la importancia que Estados Unidos otorga a la Revolución Bolivariana queda en evidencia con las revelaciones del ex agente de inteligencia Edward Snowden, que muestran que “Venezuela era uno de los tres o cuatro países del mundo más vigilados por la NSA (Agencia Nacional de Seguridad)” junto a “Corea del Norte, Irán o Irak”.
Sostuvo que esa estrategia es igual a la que precedió al golpe militar contra Salvador Allende en Chile, “de quien decían que era incompetente para gobernar, lo mismo que dicen ahora de Maduro, que las cosas no funcionan en Venezuela”.
“La ausencia de Chávez se nota, por contraposición al rol decisivo que jugó en rechazar el ALCA en 2005 junto a Néstor Kirchner y Luiz Inácio Lula da Silva”Ramonet también afirmó que “no está apareciendo ningún signo” en América Latina que indique una “involución política”, como sí la hubo tras los golpes en Honduras y Paraguay, dijo.
“Tras la llegada al poder de Chávez en 1999 hubo una serie de gobiernos neoprogresistas, en Brasil, Argentina, Uruguay, Bolivia, Ecuador. Ninguno de esos gobiernos, que llegaron al poder hace 15 años, ha perdido una elección decisiva”, enfatizó.
Agregó que entre noviembre y febrero hay elecciones presidenciales en Chile, Honduras y El Salvador, y “todos los sondeos indican que quienes van a ganar son candidatos que representan esa línea” neoprogresista.
Excluyó los recientes comicios legislativos en Argentina, por no considerarlos decisivos, y concluyó que “el péndulo no está yendo hacia el otro lado (la derecha), sino al contrario”.
A juicio del periodista, tampoco hay oposiciones políticas importantes en la región, ya que los partidos que adversan a los gobiernos neoprogresistas “son inconsistentes”.
La verdadera oposición, aseguró, la ejercen “los medios de comunicación monopólicos” de América Latina, que “están aliados a la oligarquía dominante que ha explotado y dominado a casi todos estos países durante mucho tiempo”.
Sin embargo, reconoció que la constitución de la “Alianza del Pacífico es una de las pruebas de que la dinámica integradora no funciona tan bien como antes”.
“La ausencia de Chávez se nota”, agregó, por contraposición al rol decisivo que jugó en rechazar el ALCA (Área de Libre Comercio de las Américas) en 2005 junto a Néstor Kirchner y Luiz Inácio Lula da Silva.
Según Ramonet, tampoco hay oposiciones políticas importantes en la región, ya que los partidos que adversan a los gobiernos neoprogresistas “son inconsistentes”El autor del libro de conversaciones con el fallecido mandatario venezolano, explicó que “esa Alianza del Pacífico no se hubiese hecho si Chávez hubiese podido negociar con los presidentes que están tentados” con integrarla, pero aclaró que “no es el ALCA”.
Recordó que además de ese bloque está “la firma del Tratado Trans Pacífico, y eso sí que es un ALCA, y de eso se habla poco”, pero muchos países, como Uruguay, se preguntan “legítimamente” si el eje económico y de poder del mundo no se está trasladando al Pacífico, por lo que señaló que no considera ese interés como “una traición”.
Ramonet, quien reconoció que su anterior libro de conversaciones con Fidel Castro fue el que entusiasmó a Chávez para hacer algo parecido, pero no como aquel “balance”, sino como el surgimiento de un liderazgo, disparó que a Europa le falta un dirigente como el líder venezolano.
Porque “Chávez es la voluntad política” frente “al código de la banca y las finanzas internacionales”, del FMI y el Banco Central Europeo, que mantienen “en piloto automático” a Europa, ya sea que ganen las elecciones “un conservador o un socialdemócrata”.
“Eso es lo que los dirigentes políticos europeos tienen que hacer si no quieren desesperar a sus ciudadanos, que ahora van a votar por la extrema derecha”, advirtió.
Reconoció, luego, los problemas que supone el control de cambios en Venezuela y en cualquier país, pero consideró que la especulación que genera es el mal menor “para evitar la fuga de todos los capitales”, ya que el 60 por ciento de la economía bolivariana, excluyendo el sector petróleo, “está en manos privadas”.
A eso sumó el clima desestabilizador que genera la oposición interna y destacó que la importancia que Estados Unidos otorga a la Revolución Bolivariana queda en evidencia con las revelaciones del ex agente de inteligencia Edward Snowden, que muestran que “Venezuela era uno de los tres o cuatro países del mundo más vigilados por la NSA (Agencia Nacional de Seguridad)” junto a “Corea del Norte, Irán o Irak”.
Colombia: Gobierno y FARC llegan a un acuerdo, AQUI el texto
Publicado el 11/06/13 • en Contrainjerencia
COMUNICADO CONJUNTO # 27
La Habana, Noviembre 6 de 2013
Las Delegaciones del Gobierno y las FARC-EP informan que:
Hemos llegado a un acuerdo fundamental sobre el segundo punto de la Agenda contenida en el “Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”, denominado Participación Política.
En el próximo ciclo de conversaciones, presentaremos el segundo informe periódico conjunto de la Mesa.
De acuerdo con dicha Agenda, hemos logrado consensos sobre los siguientes temas:
Hemos llegado a un acuerdo fundamental sobre el segundo punto de la Agenda contenida en el “Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”, denominado Participación Política.
En el próximo ciclo de conversaciones, presentaremos el segundo informe periódico conjunto de la Mesa.
De acuerdo con dicha Agenda, hemos logrado consensos sobre los siguientes temas:
- Derechos y garantías para el ejercicio de la Oposición política en general, y en particular para los nuevos movimientos que surjan luego de la firma del Acuerdo Final. Acceso a medios de comunicación.
- Mecanismos democráticos de participación ciudadana, incluidos los de participación directa, en los diferentes niveles y diversos temas.
- Medidas efectivas para promover mayor participación en la política nacional, regional y local de todos los sectores, incluyendo la población más vulnerable, en igualdad de condiciones y con garantías de seguridad.
Lo que hemos convenido, en su desarrollo, profundiza y robustece
nuestra democracia, ampliando los derechos y garantías para el ejercicio
de la oposición, al igual que espacios de participación política y
ciudadana. Promueve el pluralismo y la inclusión política, la
participación y la transparencia en los procesos electorales y el
robustecimiento de una cultura política democrática.
Constituye una apertura democrática en el marco del fin conflicto. La construcción de la paz requiere de participación ciudadana en los asuntos de interés público, en especial en los territorios más afectados por la violencia y, también, en los mecanismos de implementación del presente Acuerdo.
El ejercicio de la oposición política es fundamental para la construcción de una democracia amplia. Ello cobra mayor relevancia luego de la firma de un Acuerdo Final, que abrirá espacios para que surjan nuevos movimientos políticos que requerirán garantías para el ejercicio de la política.
Se establece que, se convocará en un evento nacional a los voceros de partidos y movimientos políticos para integrar una Comisión que defina los lineamientos del estatuto de garantías para los partidos que se declaren en oposición. La línea de tiempo se convendrá en el sexto punto de la Agenda.
Se acordó que esta Comisión, mediante la realización de un foro, facilitará la participación de voceros de organizaciones y movimientos sociales, expertos y académicos para que hagan sus propuestas sobre el Estatuto de la Oposición. Y sobre estos lineamientos, se elaborará la normatividad correspondiente.
Se impulsará igualmente una legislación de garantías y promoción de la participación ciudadana democrática y de otras actividades que puedan realizar las organizaciones sociales, con base en los lineamientos establecidos en este acuerdo y escuchando las propuestas de los voceros de los movimientos sociales en otro evento de carácter nacional. Al respecto, en el texto se dice que las organizaciones y movimientos sociales, incluyendo los que surjan de la firma del presente Acuerdo, están llamados a ejercer los derechos y cumplir con los deberes de participación ciudadana. Se busca empoderar a los ciudadanos a través de la participación.
En el escenario del fin del conflicto, el acuerdo recoge un conjunto de garantías para canalizar las demandas ciudadanas, incluyendo garantías para la movilización, la protesta y la convivencia pacífica dentro de un contexto de democracia ampliada.
Se abrirán espacios adicionales para que las fuerzas políticas, las organizaciones y movimientos sociales y las comunidades en general, en especial aquellas que trabajan en la construcción de la paz, puedan dar a conocer sus propuestas y proyectos en medios institucionales y regionales. Y además se acordó darle un fortalecimiento especial a los medios comunitarios para impulsar la participación ciudadana.
Así mismo, se acordó establecer medidas para garantizar y promover una cultura de reconciliación, convivencia, tolerancia y no estigmatización lo que implica un lenguaje y comportamiento de respeto por las ideas, tanto de los opositores políticos como de las organizaciones sociales y de derechos humanos.
Para tal efecto, se prevé el establecimiento de Consejos para la Reconciliación y la Convivencia tanto en el nivel nacional como en los territoriales con el fin de asesorar y acompañar a las autoridades en la implementación de lo convenido.
Se convino que se establecerá un plan de apoyo a la promoción de veedurías ciudadanas y observatorios de transparencia, con especial énfasis en la implementación del presente Acuerdo. Un mayor control por parte de los ciudadanos de la administración y la gestión pública contribuye a la transparencia y la lucha contra la corrupción.
Se acordó una revisión integral del sistema de planeación participativa para asegurar la efectividad de la participación ciudadana en la construcción y el seguimiento a los planes de desarrollo, que será un instrumento fundamental en la etapa de la construcción de la paz. Por esa misma razón, se acordaron una serie de medidas para fortalecer los consejos territoriales de planeación y, nuevamente, garantizar la incidencia de la participación ciudadana.
En el sub punto de promoción del pluralismo político, se acordó que en el marco del fin del conflicto y con el objetivo de consolidar la paz, se harán cambios institucionales para facilitar la constitución de partidos políticos y el tránsito de organizaciones y movimientos sociales con vocación política para su constitución como partidos o movimiento políticos.
En el caso de nuevos movimientos, se acordaron unas condiciones especiales, en una fase de transición, para dar apoyos especiales a los nuevos movimientos y partidos políticos y de esa manera asegurar el necesario pluralismo político en la construcción de la paz.
Se acordaron, dentro del marco de fortalecimiento de la democracia y el pluralismo político, medidas para asegurar la transparencia en los procesos electorales en especial en las zonas de mayor riesgo de fraude y la promoción de la participación electoral de los ciudadanos, principalmente los que habitan en las regiones de más difícil acceso.
Adicionalmente, tras la firma del Acuerdo Final, se pondrá en marcha una Misión de Expertos para hacer una revisión integral de la organización y el régimen electoral y, sobre la base de las mejores prácticas nacionales e internacionales, presentar recomendaciones para hacer los ajustes normativos e institucionales correspondientes.
Se acordó la creación de Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz para promover la integración territorial y la inclusión política de zonas especialmente afectadas por el conflicto y el abandono, de manera que durante un periodo de transición estas poblaciones tengan una representación especial de sus intereses en la Cámara de Representantes, sin perjuicio de su participación en las elecciones ordinarias. Estas circunscripciones transitorias serian adicionales a las circunscripciones ordinarias existentes. Contarían con las garantías de acompañamiento para asegurar la transparencia del proceso electoral y la libertad del voto de los electores. Esta se pondrá en marcha en el marco del fin del conflicto, en democracia y luego de la firma del Acuerdo Final.
Se acordó un sistema integral de seguridad para el ejercicio de la política. Dicho sistema se concibe en un marco de garantías de derechos, deberes y libertades, y busca asegurar la protección de quienes ejercen la política sobre la base el respeto por la vida y la libertad de pensamiento y de opinión, para así fortalecer y profundizar la democracia y contribuir a crear un clima de convivencia y tolerancia, y de manera especial del nuevo movimiento que surja de las FARC – EP a la actividad política legal.
Las condiciones particulares para el nuevo movimiento que surja del tránsito de las FARC-EP a la activad política legal, serán discutidas en el marco del punto 3 de la Agenda.
La firma e implementación del Acuerdo Final contribuirá a la ampliación y profundización de la democracia, en cuanto implicará la dejación de las armas y la proscripción de la violencia como método de acción política para todos los colombianos, a fin de transitar a un escenario en el que impere la democracia, con garantías plenas para quienes participen en política, y de esa manera abrirán nuevos espacios para la participación.
Finalmente se acordó que todo lo referente al punto de participación política incluyendo su implementación se llevara a cabo tomando en cuenta un enfoque de género y asegurando la participación de la mujer.
Lo convenido hasta ahora forma parte de un acuerdo más amplio que esperamos lograr prontamente el cual contiene seis puntos. A partir del siguiente ciclo de conversaciones comenzaremos la discusión del cuarto punto de la Agenda (tercero en discusión) denominado “Solución al Problema de las Drogas Ilícitas”.
Queremos recordar que uno de los principios que guían estas conversaciones es que “Nada está acordado hasta que todo esté acordado”. Esto quiere decir que los acuerdos que hemos ido construyendo, están condicionados a que lleguemos a un pacto sobre la totalidad de la Agenda y, también, que en la medida en que se avance en la discusión, se puedan ajustar y complementar los acuerdos sobre cada uno de los sub puntos.
Por otra parte, las Delegaciones dispusieron de una oficina en la edificación donde sesiona La Mesa de Conversaciones, para poner los distintos objetos y materiales que enviaron las víctimas del conflicto a través de las Comisiones de Paz del Congreso de la República. Con esto, quieren mostrar su respeto a todas las víctimas del conflicto sin distingo, tema que debe ser abordado dentro del punto quinto de la Agenda de conversaciones.
Resaltamos el aporte de la Oficina de Naciones Unidas en Colombia y el Centro de Pensamiento Para la paz de la Universidad Nacional en la organización de los foros que se han realizado sobre los temas de Participación Política y cultivos ilícitos. También incorporamos los aportes de las mesas regionales organizadas por las Comisiones de Paz del Senado y la Cámara de Representantes de Colombia.
Agradecemos a los miles de colombianos y colombianas, y organizaciones sociales que nos han hecho llegar sus propuestas y opiniones sobre los puntos de la Agenda a través de los foros, la Página Web o los formularios que están disponibles en alcaldías y gobernaciones. Todas y cada una de estas propuestas han sido recibidas por las delegaciones en La Habana.
Queremos agradecer de manera especial a Cuba y Noruega, países garantes de este proceso, por su apoyo y por el ambiente de confianza que propician. Igualmente agradecemos a Chile y Venezuela, países acompañantes, a quienes las delegaciones informan periódicamente sobre la marcha de los diálogos.
Estos cuatro países conforman un grupo de naciones amigas del proceso que valoramos de manera especial, al igual que agradecemos las expresiones de apoyo de otras naciones, organismos y líderes internacionales que fortalecen la confianza en el camino que estamos transitando.
Estos acuerdos fundamentales son el resultado del intenso trabajo realizado a fondo por ambas Delegaciones, pensando siempre en el anhelo de paz de los colombianos.
Constituye una apertura democrática en el marco del fin conflicto. La construcción de la paz requiere de participación ciudadana en los asuntos de interés público, en especial en los territorios más afectados por la violencia y, también, en los mecanismos de implementación del presente Acuerdo.
El ejercicio de la oposición política es fundamental para la construcción de una democracia amplia. Ello cobra mayor relevancia luego de la firma de un Acuerdo Final, que abrirá espacios para que surjan nuevos movimientos políticos que requerirán garantías para el ejercicio de la política.
Se establece que, se convocará en un evento nacional a los voceros de partidos y movimientos políticos para integrar una Comisión que defina los lineamientos del estatuto de garantías para los partidos que se declaren en oposición. La línea de tiempo se convendrá en el sexto punto de la Agenda.
Se acordó que esta Comisión, mediante la realización de un foro, facilitará la participación de voceros de organizaciones y movimientos sociales, expertos y académicos para que hagan sus propuestas sobre el Estatuto de la Oposición. Y sobre estos lineamientos, se elaborará la normatividad correspondiente.
Se impulsará igualmente una legislación de garantías y promoción de la participación ciudadana democrática y de otras actividades que puedan realizar las organizaciones sociales, con base en los lineamientos establecidos en este acuerdo y escuchando las propuestas de los voceros de los movimientos sociales en otro evento de carácter nacional. Al respecto, en el texto se dice que las organizaciones y movimientos sociales, incluyendo los que surjan de la firma del presente Acuerdo, están llamados a ejercer los derechos y cumplir con los deberes de participación ciudadana. Se busca empoderar a los ciudadanos a través de la participación.
En el escenario del fin del conflicto, el acuerdo recoge un conjunto de garantías para canalizar las demandas ciudadanas, incluyendo garantías para la movilización, la protesta y la convivencia pacífica dentro de un contexto de democracia ampliada.
Se abrirán espacios adicionales para que las fuerzas políticas, las organizaciones y movimientos sociales y las comunidades en general, en especial aquellas que trabajan en la construcción de la paz, puedan dar a conocer sus propuestas y proyectos en medios institucionales y regionales. Y además se acordó darle un fortalecimiento especial a los medios comunitarios para impulsar la participación ciudadana.
Así mismo, se acordó establecer medidas para garantizar y promover una cultura de reconciliación, convivencia, tolerancia y no estigmatización lo que implica un lenguaje y comportamiento de respeto por las ideas, tanto de los opositores políticos como de las organizaciones sociales y de derechos humanos.
Para tal efecto, se prevé el establecimiento de Consejos para la Reconciliación y la Convivencia tanto en el nivel nacional como en los territoriales con el fin de asesorar y acompañar a las autoridades en la implementación de lo convenido.
Se convino que se establecerá un plan de apoyo a la promoción de veedurías ciudadanas y observatorios de transparencia, con especial énfasis en la implementación del presente Acuerdo. Un mayor control por parte de los ciudadanos de la administración y la gestión pública contribuye a la transparencia y la lucha contra la corrupción.
Se acordó una revisión integral del sistema de planeación participativa para asegurar la efectividad de la participación ciudadana en la construcción y el seguimiento a los planes de desarrollo, que será un instrumento fundamental en la etapa de la construcción de la paz. Por esa misma razón, se acordaron una serie de medidas para fortalecer los consejos territoriales de planeación y, nuevamente, garantizar la incidencia de la participación ciudadana.
En el sub punto de promoción del pluralismo político, se acordó que en el marco del fin del conflicto y con el objetivo de consolidar la paz, se harán cambios institucionales para facilitar la constitución de partidos políticos y el tránsito de organizaciones y movimientos sociales con vocación política para su constitución como partidos o movimiento políticos.
En el caso de nuevos movimientos, se acordaron unas condiciones especiales, en una fase de transición, para dar apoyos especiales a los nuevos movimientos y partidos políticos y de esa manera asegurar el necesario pluralismo político en la construcción de la paz.
Se acordaron, dentro del marco de fortalecimiento de la democracia y el pluralismo político, medidas para asegurar la transparencia en los procesos electorales en especial en las zonas de mayor riesgo de fraude y la promoción de la participación electoral de los ciudadanos, principalmente los que habitan en las regiones de más difícil acceso.
Adicionalmente, tras la firma del Acuerdo Final, se pondrá en marcha una Misión de Expertos para hacer una revisión integral de la organización y el régimen electoral y, sobre la base de las mejores prácticas nacionales e internacionales, presentar recomendaciones para hacer los ajustes normativos e institucionales correspondientes.
Se acordó la creación de Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz para promover la integración territorial y la inclusión política de zonas especialmente afectadas por el conflicto y el abandono, de manera que durante un periodo de transición estas poblaciones tengan una representación especial de sus intereses en la Cámara de Representantes, sin perjuicio de su participación en las elecciones ordinarias. Estas circunscripciones transitorias serian adicionales a las circunscripciones ordinarias existentes. Contarían con las garantías de acompañamiento para asegurar la transparencia del proceso electoral y la libertad del voto de los electores. Esta se pondrá en marcha en el marco del fin del conflicto, en democracia y luego de la firma del Acuerdo Final.
Se acordó un sistema integral de seguridad para el ejercicio de la política. Dicho sistema se concibe en un marco de garantías de derechos, deberes y libertades, y busca asegurar la protección de quienes ejercen la política sobre la base el respeto por la vida y la libertad de pensamiento y de opinión, para así fortalecer y profundizar la democracia y contribuir a crear un clima de convivencia y tolerancia, y de manera especial del nuevo movimiento que surja de las FARC – EP a la actividad política legal.
Las condiciones particulares para el nuevo movimiento que surja del tránsito de las FARC-EP a la activad política legal, serán discutidas en el marco del punto 3 de la Agenda.
La firma e implementación del Acuerdo Final contribuirá a la ampliación y profundización de la democracia, en cuanto implicará la dejación de las armas y la proscripción de la violencia como método de acción política para todos los colombianos, a fin de transitar a un escenario en el que impere la democracia, con garantías plenas para quienes participen en política, y de esa manera abrirán nuevos espacios para la participación.
Finalmente se acordó que todo lo referente al punto de participación política incluyendo su implementación se llevara a cabo tomando en cuenta un enfoque de género y asegurando la participación de la mujer.
Lo convenido hasta ahora forma parte de un acuerdo más amplio que esperamos lograr prontamente el cual contiene seis puntos. A partir del siguiente ciclo de conversaciones comenzaremos la discusión del cuarto punto de la Agenda (tercero en discusión) denominado “Solución al Problema de las Drogas Ilícitas”.
Queremos recordar que uno de los principios que guían estas conversaciones es que “Nada está acordado hasta que todo esté acordado”. Esto quiere decir que los acuerdos que hemos ido construyendo, están condicionados a que lleguemos a un pacto sobre la totalidad de la Agenda y, también, que en la medida en que se avance en la discusión, se puedan ajustar y complementar los acuerdos sobre cada uno de los sub puntos.
Por otra parte, las Delegaciones dispusieron de una oficina en la edificación donde sesiona La Mesa de Conversaciones, para poner los distintos objetos y materiales que enviaron las víctimas del conflicto a través de las Comisiones de Paz del Congreso de la República. Con esto, quieren mostrar su respeto a todas las víctimas del conflicto sin distingo, tema que debe ser abordado dentro del punto quinto de la Agenda de conversaciones.
Resaltamos el aporte de la Oficina de Naciones Unidas en Colombia y el Centro de Pensamiento Para la paz de la Universidad Nacional en la organización de los foros que se han realizado sobre los temas de Participación Política y cultivos ilícitos. También incorporamos los aportes de las mesas regionales organizadas por las Comisiones de Paz del Senado y la Cámara de Representantes de Colombia.
Agradecemos a los miles de colombianos y colombianas, y organizaciones sociales que nos han hecho llegar sus propuestas y opiniones sobre los puntos de la Agenda a través de los foros, la Página Web o los formularios que están disponibles en alcaldías y gobernaciones. Todas y cada una de estas propuestas han sido recibidas por las delegaciones en La Habana.
Queremos agradecer de manera especial a Cuba y Noruega, países garantes de este proceso, por su apoyo y por el ambiente de confianza que propician. Igualmente agradecemos a Chile y Venezuela, países acompañantes, a quienes las delegaciones informan periódicamente sobre la marcha de los diálogos.
Estos cuatro países conforman un grupo de naciones amigas del proceso que valoramos de manera especial, al igual que agradecemos las expresiones de apoyo de otras naciones, organismos y líderes internacionales que fortalecen la confianza en el camino que estamos transitando.
Estos acuerdos fundamentales son el resultado del intenso trabajo realizado a fondo por ambas Delegaciones, pensando siempre en el anhelo de paz de los colombianos.
Colombia: gobierno y las FARC llegan a acuerdo sobre participación política
“Hay que seguir dialogando en busca de la paz porque no hacerlo sería traicionar al país”, afirmó el presidente Juan Manuel Santos
El acuerdo "promueve el pluralismo y la inclusión política", coincidieron el Gobierno y las FARC. (Reuters)
Bogotá (EFE). Los poderes del Estado colombiano, con el presidente Juan Manuel Santos a la cabeza, celebraron hoy el acuerdo sobre participación política al que llegaron el Gobierno y las FARC en Cuba como parte de las negociaciones de paz.
A este acuerdo en el segundo de los cinco puntos de la agenda de negociación se llega después de casi un año de diálogos en la capital cubana y en un momento crucial por el desencanto de buena parte de la sociedad con el proceso por la falta de avances.
“Lo que hemos convenido profundiza y robustece nuestra democracia, ampliando los derechos y garantías para el ejercicio de la oposición, al igual que espacios de participación política y ciudadana” señalaron los delegados del Gobierno y las FARC en un comunicado conjunto.
Igualmente destacaron que lo pactado “promueve el pluralismo y la inclusión política, la participación y la transparencia en los procesos electorales y el robustecimiento de una cultura política democrática”.
SANTOS DESTACÓ AVANCES EN DIÁLOGOS DE PAZ
El presidente Santos, en una alocución al país en cadena de radio y televisión, dijo que avances como el logrado hoy muestran que hay que seguir dialogando en busca de la paz porque no hacerlo sería “traicionar” al país.
“Debemos continuar. Debemos perseverar. No hacerlo sería traicionar la esperanza de millones de colombianos y de las futuras generaciones”, dijo el mandatario.
Santos se refirió a los críticos del proceso, que sugieren a diario romper las conversaciones o hacer una pausa por la demora en llegar a acuerdos y aseguró que eso “sería irresponsable”.
“Cuando avanzamos, cuando se ven resultados, no es momento de parar, sino todo lo contrario: de acelerar, de continuar con más ánimo y con más entusiasmo para lograr ponerle fin al conflicto en forma definitiva”, expresó.
El Congreso, por boca de legisladores de distinto espectro político, también saludó el anuncio de los delegados del Gobierno y las FARC con la convicción de que supone un paso más hacia la paz y blinda el proceso frente a los mismos críticos mencionados por el presidente.
“Así sea un acuerdo de carácter parcial, lo que se anunció hoy representa una derrota para quienes han querido opacar o acabar con el proceso de paz y constituye un fundamento fuerte para creer que podemos llegar a la paz definitiva”, manifestó el representante a la Cámara Iván Cepeda, del partido izquierdista Polo Democrático Alternativo (PDA).
PIEDAD CÓRDOBA: ES UN ACUERDO HISTÓRICO
Por su parte el senador Roy Barreras, del oficialista Partido de la U, aseguró que este acuerdo “marca un punto de inflexión irreversible hacia la paz”.
Según Barreras, las partes incluidas en el acuerdo “son todas decisiones de fondo y trascendentales”.
La exsenadora Piedad Córdoba, líder del movimiento político Marcha Patriótica, definió el anuncio como “la puerta más grande de esperanza que se ha abierto” en el último medio siglo en el país.
Córdoba, que fue inhabilitada políticamente en el año 2010 por la Procuraduría (Ministerio Público) por supuestos vínculos con las FARC, consideró “histórico” el acuerdo porque “crea escenarios para nuevos actores políticos”, “amplía los espacios de participación” y deja sin discurso a los halcones de la política colombiana.
También el fiscal general, Eduardo Montealegre, expresó su respaldo a lo pactado y consideró “indispensable” abrirle “caminos democráticos” a la guerrilla para lograr una paz duradera.
“Si va a existir una solución negociada al conflicto es indispensable abrirle a las FARC los canales democráticos, que puedan tener acceso a las corporaciones públicas, que puedan tener acceso a las alcaldías y a las gobernaciones”, dijo Montealegre en un comunicado.
La oficina de la ONU en Colombia se sumó al optimismo generado por el acuerdo y por medio de su representante, Fabrizio Hochschild, expresó su respaldo a este pacto parcial al tiempo que reiteró “su plena disposición para seguir apoyando el proceso de paz”.
A este acuerdo en el segundo de los cinco puntos de la agenda de negociación se llega después de casi un año de diálogos en la capital cubana y en un momento crucial por el desencanto de buena parte de la sociedad con el proceso por la falta de avances.
“Lo que hemos convenido profundiza y robustece nuestra democracia, ampliando los derechos y garantías para el ejercicio de la oposición, al igual que espacios de participación política y ciudadana” señalaron los delegados del Gobierno y las FARC en un comunicado conjunto.
Igualmente destacaron que lo pactado “promueve el pluralismo y la inclusión política, la participación y la transparencia en los procesos electorales y el robustecimiento de una cultura política democrática”.
SANTOS DESTACÓ AVANCES EN DIÁLOGOS DE PAZ
El presidente Santos, en una alocución al país en cadena de radio y televisión, dijo que avances como el logrado hoy muestran que hay que seguir dialogando en busca de la paz porque no hacerlo sería “traicionar” al país.
“Debemos continuar. Debemos perseverar. No hacerlo sería traicionar la esperanza de millones de colombianos y de las futuras generaciones”, dijo el mandatario.
Santos se refirió a los críticos del proceso, que sugieren a diario romper las conversaciones o hacer una pausa por la demora en llegar a acuerdos y aseguró que eso “sería irresponsable”.
“Cuando avanzamos, cuando se ven resultados, no es momento de parar, sino todo lo contrario: de acelerar, de continuar con más ánimo y con más entusiasmo para lograr ponerle fin al conflicto en forma definitiva”, expresó.
El Congreso, por boca de legisladores de distinto espectro político, también saludó el anuncio de los delegados del Gobierno y las FARC con la convicción de que supone un paso más hacia la paz y blinda el proceso frente a los mismos críticos mencionados por el presidente.
“Así sea un acuerdo de carácter parcial, lo que se anunció hoy representa una derrota para quienes han querido opacar o acabar con el proceso de paz y constituye un fundamento fuerte para creer que podemos llegar a la paz definitiva”, manifestó el representante a la Cámara Iván Cepeda, del partido izquierdista Polo Democrático Alternativo (PDA).
PIEDAD CÓRDOBA: ES UN ACUERDO HISTÓRICO
Por su parte el senador Roy Barreras, del oficialista Partido de la U, aseguró que este acuerdo “marca un punto de inflexión irreversible hacia la paz”.
Según Barreras, las partes incluidas en el acuerdo “son todas decisiones de fondo y trascendentales”.
La exsenadora Piedad Córdoba, líder del movimiento político Marcha Patriótica, definió el anuncio como “la puerta más grande de esperanza que se ha abierto” en el último medio siglo en el país.
Córdoba, que fue inhabilitada políticamente en el año 2010 por la Procuraduría (Ministerio Público) por supuestos vínculos con las FARC, consideró “histórico” el acuerdo porque “crea escenarios para nuevos actores políticos”, “amplía los espacios de participación” y deja sin discurso a los halcones de la política colombiana.
También el fiscal general, Eduardo Montealegre, expresó su respaldo a lo pactado y consideró “indispensable” abrirle “caminos democráticos” a la guerrilla para lograr una paz duradera.
“Si va a existir una solución negociada al conflicto es indispensable abrirle a las FARC los canales democráticos, que puedan tener acceso a las corporaciones públicas, que puedan tener acceso a las alcaldías y a las gobernaciones”, dijo Montealegre en un comunicado.
La oficina de la ONU en Colombia se sumó al optimismo generado por el acuerdo y por medio de su representante, Fabrizio Hochschild, expresó su respaldo a este pacto parcial al tiempo que reiteró “su plena disposición para seguir apoyando el proceso de paz”.
Júbilo en Colombia por acuerdos entre Gobierno y Guerrilla
7 noviembre 2013
Cubadebate
Piedad Córdoba.En un comunicado difundido en internet, la organización social y política reiteró su total respaldo al proceso de paz, que dentro de dos semanas cumplirá un año, e invitó nuevamente al presidente Juan Manuel Santos a incorporar a los diálogos al Ejército de Liberación Nacional (ELN).
“Ninguna solución al conflicto armado será integral si se desconoce a este movimiento alzado en armas, que ha reiterado su disposición de conversar, delegando a sus voceros para tal fin”, señala en el texto la organización, que ratificó su deseo de seguir aportando con sus propuestas al proceso.
Tras expresar su alegría por los acuerdos parciales logrados la víspera entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), el movimiento señaló que con estos esfuerzos se percibe la posibilidad de llegar a la paz.
Si es posible lograr la solución del conflicto armado a mediante el diálogo sostenido con la voluntad, la generosidad de las partes, para que nunca más la guerra sea el sino de nuestra realidad, señaló.
La organización, que agrupa a distintos sectores sociales, subrayó que se esperan nuevos tiempos de tensiones en medio del debate electoral que se aproxima de cara a los comicios de 2014.
“Muchos quieren usar la mentira, proyectar odios sobre personas, continuar la guerra sucia con asesinatos y con un discurso que niegue a los colombianos la posibilidad de vivir en otro tipo de sociedad”, manifestó.
Colombianos por la paz insistió en una propuesta de acuerdo parcial entre las partes por un tiempo regulado que posibilite un cese de hostilidades, unilaterales o bilaterales durante los diálogos.
El 10 de octubre pasado ese colectivo anunció que propondrían a la guerrilla un cese unilateral del fuego como lo hicieron el pasado año en la época de navidad.
El Gobierno y las FARC-EP dieron a conocer ayer un “acuerdo fundamental” sobre el tema de la participación política, que incluye subpuntos como el de derechos y garantías para el ejercicio de la oposición política, en particular para los nuevos movimientos que surjan luego de un acuerdo final.
Este es el segundo punto que logra resultados en la mesa tras la firma de acuerdos en el tema del desarrollo agrario integral, en mayo último.
(Con información de Prensa Latina)
EE. UU. a cinco años del colapso de Lehman
EE.UU., la mayor economía
mundial, proporciona en estos días ejemplos elocuentes de a los extremo
que lleva el fundamentalismo económico. La administración federal y los
servicios públicos se vieron obligados a cerrar sus puertas el primero
de octubre, día en que debía entrar a regir el presupuesto fiscal 2014.
El proyecto de ley para aprobarlo quedó entrampado en el Congreso.
Peor aún, ni siquiera se autorizó a que se prorrogasen los gastos. Los
republicanos lo bloquearon en la Cámara de Representantes, poniendo como
condición que se dejase sin efecto la reforma sanitaria aprobada el año
2010 o, a lo menos, se postergase su vigencia hasta el año 2014. Ello
acontece cuando se han cumplido cinco años desde que la quiebra del
banco de inversiones Lehman Brothers agravó la crisis económica
mundial. Las grandes instituciones financieras estadounidenses,
responsables en un alto porcentaje de la mayor crisis económica global
después de la Gran Depresión, fueron masivamente rescatados y hoy son
más poderosos que ayer. Con el agravante que siguen utilizando los
mismos mecanismos estimuladores de la crisis. Los bancos demasiados
grandes para quebrar y el proceso de securitización, expresó el
economista norteamericano Barry Eichengreen, factores que contribuyen a
la crisis continúan vigentes. Sus efectos negativos volverán a
expresarse, lo que no se puede precisar es el “cuándo”. De otra parte,
por la parálisis fiscal, de tocarse el techo de la deuda se pronostica
una nueva recesión, ahora como consecuencia de un shock político.
En septiembre se cumplieron cinco
años de la traumática quiebra del banco de inversiones Lehman Brothers,
un momento emblemático en la crisis experimentada por el sistema
financiero estadounidense. “El colapso del banco –como escribió Martín
Wolf- no era más que un síntoma de la crisis que se avecinaba. (…) de
todas maneras, la crisis financiera ya estaba en camino” (23/09/13). La
Reserva Federal y la Casa Blanca efectuaron grandes esfuerzos en salvar
a los demás grandes bancos en dificultades. La Fed cifra en US$12
billones, más de un 80% del PIB norteamericano del año 2007, los
recursos utilizados para detener la caída y contribuir a la recuperación
del sistema financiero incluyendo grandes instituciones de otros países
como el germano Deutsche Bank y los franceses BNP Paribas y la Societé
Générale.
¿Qué ha pasado desde entonces? Se
reconstruyó y se amplió el poder de los grandes bancos causantes en gran
parte al finalizar la década pasada de la primera recesión planetaria.
Estos rescates en la forma como se efectuaron crearon condiciones para
que amplíen aún más su riqueza, que la consideran algo natural. Las
grandes empresas bancarias rescatadas continuaron cancelando primas
astronómicas a sus ejecutivos. Uno de los salvatajes más gigantescos,
efectuado inmediatamente después de la quiebra de Lehman Brothers, fue
el de la aseguradora American International Group (AIG), actor muy
importante en la dimensión alcanzada por la crisis financiera al
comercializar garantías por el incumplimiento de deudas, las cuales por
la magnitud del colapso fueron incapaces de cumplir. “Durante un
tiempo –denunció Paul Krugman-, AIG fue en esencia una empresa tutelada
por el Gobierno federal, que poseía la mayoría de sus activos, pero
seguía pagando unas primas astronómicas a sus ejecutivos” (28/09/13).
Su consejero delegado, Robert Benmosche, comparó el poner fin a este
escándalo de las primas millonarias, en una entrevista concedida a The
Wall Street Journal, con los linchamientos en el Sur de EE.UU,
señalando que ponerle fin es “igual de terrible e igual de erróneo”
(29/09/13).
“El problema –concluyó el Premio
Nobel- es que, en general, los ricos se han salido con la suya. Se
rescató a Wall Street, pero no a los obreros ni a quienes tenían casa (y
que las perdieron con el estallido de la burbuja inmobiliaria).
Nuestra supuesta recuperación -añadió Krugman- no ha hecho mucho por
los trabajadores corrientes, pero los ingresos de los que ganan más se
han disparado (…). Entonces –se preguntó- (…) ¿por qué lloriquean?
Pero el dinero da poder y, gracias al aumento de la desigualdad, estas
personas tan mezquinas tienen mucho dinero. Así que sus lloriqueos (…)
pueden tener consecuencias políticas reales. ¡Sientan la cólera del
0,01%!”
“Hemos hecho –constató el académico
de la Universidad de California Barry Eichengreen consultado sobre que
había acontecido con los factores que causaron la crisis- un pequeño
avance en el fortalecimiento del sistema financiero. La Ley Dodd-Frank
-añadió- les exige a los bancos tener más capital. El perímetro
regulatorio se ha ampliado. Más allá de esto –detalló-,
desafortunadamente es difícil ver más progresos significativos. Muchos
de los problemas que condujeron a la crisis están todavía vigentes. El
gran fracaso ha sido la incapacidad de dividir a los grandes bancos.
Vemos que los valores derivados opacos están de vuelta. (…) los bancos
demasiados grandes para quebrar (…) y el proceso de securitización,
fueron los dos factores más importantes que contribuyeron a la crisis Y
todavía están con nosotros. Podemos decir con certeza –concluyó- que
habrá otra crisis. Solamente no podemos decir cuándo” (15/09/13).
Los economistas Thomas Pihelty y
Emmanuel Sáez, utilizando cifras del Tesoro norteamericano, calcularon
la concentración de las rentas anuales en el 1% o 0,1% de ingresos más
elevados. Constataron la caída que registraron producida la Gran
Recesión y el crecimiento que experimentaron posteriormente,
concluyendo que a partir de 2009 el 95% de los ingresos consecuencia de
la recuperación económica fueron captados por el 1% y más del 60% quedó
en manos del 0,1%, cuyas rentas anuales superan los US$1,9 millones.
“¿A que se deben estos astronómicos ingresos?” se preguntó Krugman,
luego de citar las conclusiones de Pihelty y Sáez. “(…) una gran parte
de esas rentas super altas –se contestó- proceden del sector financiero
después que su inminente quiebra amenazase con arrastrar al fondo a todo
la economía” (15/09/13).
Los grandes bancos son hoy más
poderosos que cuando se produjo la quiebra de Lehman Brothers. J.P.
Morgan, actualmente el banco norteamericano más grande, posee activos
superiores a los US$2,5 billones, unas nueve veces el producto chileno.
Las cuatro mayores empresas financieras son un 30% más grandes que el
período previo al derrumbe de Lehman. Mientras tanto, el costo promedio
para cada familia de las consecuencias de la Gran Recesión, según
estimaciones de la Reserva Federal de Dallas, va a ser de US$120.000, lo
que equivale a una pérdida adquisitiva casi similar al producto anual
de EE.UU. Nada de raro tiene entonces que las fortunas de los
cuatrocientos estadounidenses más ricos alcanzasen, según el ranking
Forbes del año 2013, a US$2,02 billones, con un incremento de US$300.000
millones, si se compara con el 2012, algo más que el producto chileno,
duplicando el monto que reunían hace una década. Una cantidad similar
se había alcanzado en los listados de la publicación norteamericana
previos al estallido de las burbujas inmobiliarias y bursátiles en 2007 y
2008.
Desde luego que el crecimiento de
las fortunas y su impacto en la distribución del ingreso no se expresa
solo en grandes economías industrializadas, con poderosas instituciones
financieras, sino también, en países en vías de desarrollo. Un ejemplo
relevante lo proporciona América Central, como lo constató el Informe
Mundial de la Ultra Riqueza 2012/2013, confeccionado por Wealth K de
Singapur, con apoyo de la poderosa institución financiera suiza UBS. En
su listado el estudio incluye a 245 multimillonarios de Guatemala, 215
de Honduras, 200 de Nicaragua, 150 de El Salvador y 115 de Panamá, cuyas
riquezas en el último año crecieron en US$9.000 millones. En estos
países, escribió Carmen Rosa Escribano de León, directora ejecutiva del
Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible de Guatemala, “hay
históricas familias millonarias que han mantenido privilegios y
negocios. Empezaron por tierras, siguieron por bancos y ahora
pertenecen a grandes consorcios de extracción de bienes primarios, como
azúcar” (29/09/13)
Este número reducido de ricos,
destaca Escribano de León, existe en una zona del mundo en que ni
siquiera “el capitalismo está desarrollado. Existe una visión feudal y
monopólica comercial, económica y financiera, centrada en familias con
incidencia directa en las decisiones gubernamentales: con su poder
económico, influyen en las decisiones políticas”. Paralelamente, en
estos países subsisten cuadros agudos de miseria y grandes capas de la
población que viven en la marginalidad, al igual como acontece en la
generalidad de los países latinoamericanos. En Guatemala, destaca el
informe de Ultra Riqueza, el número de personas constatadas en el
documento, constituyen el 0,06% de la población del país, en Honduras
son el 0,036% de la población, en Nicaragua el 0,029%, en El Salvador el
0,041% y en Panamá el 0,031%. En todos los casos es un porcentaje aún
inferior al 0,1%. O sea la concentración alcanza expresiones extremas.
Al mismo tiempo, la mala
distribución de los ingresos se produce en Alemania, presentada como un
ejemplo a tener en cuenta de “buena conducción” económica. Es la mayor
economía europea y la cuarta a nivel mundial por la magnitud de su
producto. “En plena campaña electoral –destacó la agencia DPA poco
antes de las elecciones germanas en que fue primera mayoría Angela
Merkel-, el lado oscuro del milagro económico alemán vuelve a salir a
luz para dejar patente que no es oro todo lo que reluce en la mayor
economía de Europa. El ‘niño enfermo de Europa’ –añadió- fue curado con
un medicamento con fuertes efectos secundarios” (19/09/13). ¿Cuáles
son estos “efectos” en una economía en la que Angela Merkel
constantemente destaca que tiene la tasa de desempleo más baja desde la
absorción de la República Demócrata Alemana? La explicación reside en
el masivo trabajo precario consecuencia de una reforma laboral impuesta
en la década pasada por el Partido Socialdemócrata (SPD). Ello explica
que en 2013 siete millones de personas tengan un “miniempleo”, por el
que reciben una retribución extraordinariamente pequeña, 6,1 millones de
personas deben sobrevivir con ayuda social, ocho millones apenas pueden
cubrir los gastos más básicos con su sueldo, 1,3 millones de
trabajadores son sobreexplotados al percibir menos que la ayuda social.
Los rescates de instituciones
financieras en EE.UU. no pueden confundirse con las políticas de
estímulo económico llevadas adelante para enfrentar la Gran Recesión.
Ellas salvaron a la economía estadounidense de una segunda Gran
Depresión, pero fueron insuficientes. Se necesitaba, señaló
Eichengreen, “un estímulo más grande, junto con un acuerdo bipartidista
de llevar a cabo la consolidación fiscal en el mediano plazo (…) una vez
terminada la recesión y después de la crisis. Más relajamiento
cuantitativo por parte de la Fed (…) También una acción más rápida para
recapitalizar a los bancos y una reforma financiera de verdad para
generar confianza de que no va a ocurrir otra vez lo mismo”.
En su reunión de septiembre, el
Comité del Mercado Abierto de la Fed mantuvo la magnitud del
relajamiento cuantitativo establecido desde diciembre de 2012 ascendente
a US$85.000 millones mensuales en compra de bonos hipotecarios y del
Tesoro. La tercera fase del relajamiento se había iniciado en
septiembre del año pasado adquiriendo US$40.000 millones en títulos
hipotecarios. En ese momento la Fed acumulaba activos financieros por
un monto de US$2,8 billones, superando actualmente los US$3,6 billones.
“Hacemos –dijo Ben Bernanke en conferencia de prensa- lo que creemos
que es mejor para la economía, no podemos dejar que las expectativas de
mercado dicten nuestra política” (19/09/13), haciendo así referencias a
las presiones del mercado para que la reducción del estímulo se iniciase
rápidamente. La fundamentación de la decisión residió en que aún el
crecimiento económico es “moderado” y las tasas de desempleo siguen
siendo “elevadas”. Se debe “aguardar más por indicios –recalcó
Bernanke- de que el progreso será sostenido. Las políticas de la Fed
no están diseñadas para estimular la economía por si solas depende de lo
que resuelva el Congreso”, cuya parálisis en los días siguientes se
profundizó.
La Fed considera que un 2013 el
crecimiento promedio de la economía estadounidense será de 2,1% -nivel
menor que su estimación anterior- y la tasa de desocupación estaría al
finalizar el año en un escenarios medio de 7,1%, para alcanzar el 6,5%
de la población activa en el curso de 2014. Estos porcentajes provienen
de una fuerza laboral que ha disminuido. Si se considera la tasa de
desempleo real la reducción de los estímulos resulta entonces claramente
prematura. “(…) ese descenso del desempleo –escribió Paul Krugman- no
es lo que parece a simple vista. El desempleo no ha disminuido
–argumentó- porque un porcentaje más elevado de adultos haya encontrado
trabajo, ha disminuido casi exclusivamente porque un porcentaje cada vez
menor de adultos forma parte de la población activa. Y al menos una
parte de los estadounidenses que abandonaron la fuerza laboral después
de 2007 volverán a medida que mejore la economía, lo que significa que
tenemos que recuperarnos más de lo que esa cifra de desempleo da a
entender” (18/09/13).
Un desafío clave para la Fed –no
logrado- es convencer a los mercados financieros y a los protagonistas
de la economía real de que modificará su política de estímulos cuando
claramente la economía salga adelante y se cuente con políticas fiscales
adecuadas. De no conseguirlo subsistirá el cuadro de incertidumbre
existente desde que Bernanke efectuó por primera vez su anuncio de
flexibilización a futuro. Las expectativas tienen una incidencia en la
economía real muchas veces muy poderoso, llevan en no pocas
oportunidades a que determinen la evolución en el corto.
En septiembre las divergencias en
materia presupuestaria entre la Casa Blanca y los republicanos en el
Congreso alcanzaron niveles de irracionalidad al tenerse que prorrogar
el gasto presupuestario en el nuevo año fiscal iniciado el primero de
octubre y enfrentarse al hecho que nuevamente en octubre se tocará el
techo de la deuda. “Nunca en la historia de este país –manifestó Obama-
hemos visto que se utilice la negociación sobre el techo de la deuda
para extorsionar a un presidente o al partido en el gobierno”
(19/09/13). Los republicanos lo hicieron al condicionar la prórroga del
presupuesto a la vigencia de la reforma sanitaria.
El presidente estadounidense
advirtió tajantemente que no aceptará el chantaje de negociar temas
económicos vitales –como el presupuesto fiscal y elevar el techo de la
deuda pública- a cambio de la reforma sanitaria. No aumentar el techo
de la deuda tendría, recalcó Obama, “un efecto profundamente
desestabilizador en (…) la economía mundial, porque América es el
referente de la inversión mundial. El dólar es la moneda de reserva.
La deuda que establece el Tesoro es la base de nuestro mercado de
capitales. Por eso –concluyó- no se juega con estas cosas” (28/09/13).
“La suspensión de pagos –recalcó a su turno el Departamento del Tesoro-
puede ser catastrófica: los mercados de créditos se pueden paralizar,
el dólar se puede desplomar, los tipos de interés en EE.UU. pueden subir
a las nubes. Podemos encontrarnos en una crisis financiera y en un
recesión similar o peor a los sucesos de 2008” (04/10/13).
Sin embargo, la irracionalidad se
impuso. El primero de octubre amaneció con un cierre indefinido en la
mayor economía del mundo de servicios públicos e instituciones de la
administración federal. Para los fundamentalistas republicanos la
reforma sanitaria, al demandar gasto público, es inadmisible y su
eliminación o la suspensión de su entrada en vigor, lo colocaron como
condición para que los servicios públicos pudiesen seguir atendiendo
normalmente.
Producido el cierre, Obama señaló
que el país era rehén de “una cruzada ideológica” y que la “reforma
sanitaria está aquí para quedarse”. Ese mismo día comenzó la opción
para personas que no cuentan con seguros para que escojan la institución
privada obligada a ofrecerlos. Aquellas personas con ingresos
inferiores a los US$28.000 anuales percibirán subsidios públicos para
cancelar los seguros, a lo que se oponen los sectores republicanos
fundamentalistas. “Cuanto más dure este cierre –alertó Obama- peores
serán sus consecuencias” (02/10/13). Desde luego, afectará las cifras
de crecimiento del cuarto trimestre.
El escenario sería aún más grave de
no aumentarse el techo de la deuda. Obama responsabilizó directamente
al presidente de la Cámara de Representantes, John Boehner, de la
paralización producida y del peligro de que no se aumente el techo, dado
que si propusiese una ley para extender el presupuesto y ampliar el
monto del endeudamiento público sin condiciones existiría mayoría para
aprobarlo. A su turno, Boehner la calificó como “una batalla épica” en
la que no habrá “marcha atrás”
Por Hugo FazioEl Ciudadano
¿Quién está detrás de la presión sobre los bancos de EE.UU.?
Publicado: 6 nov 2013 | 15:04 GMT
Última actualización: 6 nov 2013 | 15:07 GMT RT
Corbis / RT
El analista ruso Valentín Kasatónov
destaca que las medidas contra el sector bancario de EE.UU. no se
limitan a las numerosas investigaciones en curso lanzadas por las
autoridades y a las sentencias judiciales desfavorables.
Aparte del aspecto jurídico, surgen también otros dos tipos de presión.
Uno es legislativo, ya que desde el Congreso se intentan promover
normativas destinadas a intensificar el control sobre Wall Street. Y el
segundo es informativo: después de la crisis de 2008, el número de
publicaciones críticas con este sector se ha multiplicado.
Pero no solo han aumentado los reportajes y artículos que denuncian el lavado de dinero, las manipulaciones hipotecarias, la evasión de impuestos y las tergiversaciones de informes financieros, sino que además ha surgido el apoyo a los movimientos del tipo Occupy Wall Street. Según Kasatónov, las críticas de ahora son equiparables a las de los años 1930, la época de la Gran Depresión. Existen diferentes versiones acerca del aumento de la presión sobre la banca estadounidense.
Cientos de miles de personas acusan a la banca de abuso y han llevado sus casos ante la justicia. Se presentan en los tribunales también inversores, más precisamente, los tenedores de títulos hipotecarios 'tóxicos'. Resurgió el término 'banksters', de 'banqueros' y 'gangsters', inventado por la revista estadounidense 'Time' en 1930. "El Gobierno del dinero organizado es tan peligroso como el Gobierno del crimen organizado", decía Roosevelt, pero ni siquiera en su época había tantas demandas contra banqueros como hoy en día. El rencor ha penetrado en totas las capas de la sociedad y los políticos no tienen otra opción que tomarlo en cuenta.
Pero no solo han aumentado los reportajes y artículos que denuncian el lavado de dinero, las manipulaciones hipotecarias, la evasión de impuestos y las tergiversaciones de informes financieros, sino que además ha surgido el apoyo a los movimientos del tipo Occupy Wall Street. Según Kasatónov, las críticas de ahora son equiparables a las de los años 1930, la época de la Gran Depresión. Existen diferentes versiones acerca del aumento de la presión sobre la banca estadounidense.
Víctimas de desahucios
De acuerdo con la cifra del analista ruso, entre los años 2005 y 2010 en EE.UU. hubo unos 9,3 millones de desahucios, lo que significa que unos 35 millones de personas —equivalente a la población de Canadá— tuvieron que abandonar sus hogares. Se estima que en el año 2014 habrá unos 5 millones de desahucios más.Cientos de miles de personas acusan a la banca de abuso y han llevado sus casos ante la justicia. Se presentan en los tribunales también inversores, más precisamente, los tenedores de títulos hipotecarios 'tóxicos'. Resurgió el término 'banksters', de 'banqueros' y 'gangsters', inventado por la revista estadounidense 'Time' en 1930. "El Gobierno del dinero organizado es tan peligroso como el Gobierno del crimen organizado", decía Roosevelt, pero ni siquiera en su época había tantas demandas contra banqueros como hoy en día. El rencor ha penetrado en totas las capas de la sociedad y los políticos no tienen otra opción que tomarlo en cuenta.
La 'elite' que se levanta contra Wall Street
Parte de los políticos republicanos y de la cúpula del Pentágono demandan una reforma radical del sistema financiero del país. Según este sector, el poder en EE.UU. no está hoy en día en manos del pueblo ni de los políticos que este elige para que lo represente en el Congreso, sino en manos de los accionistas del Sistema de la Reserva Federal. Los así llamados 'aislacionistas' culpan a esta particular estructura público-privada dentro del Gobierno encargada de guardar todos los fondos de los bancos estadounidenses de desindustrializar el país, polarizar socialmente la nación, destruir la clase media e involucrar el Estado en campañas militares por todo el mundo.Juristas
Según una de las versiones, detrás de la creciente presión contra Wall Street están las compañías jurídicas. Hoy en día existen unas 50.000 en EE.UU., y son las principales beneficiadas de la presión antibancaria por varios motivos. Primero, porque los bancos necesitan juristas para luchar entre sí. Segundo: también los necesitan para 'extraer' créditos y otros activos de sus clientes. Tercero, las entidades recurren a los abogados para defenderse de las numerosas demandas en su contra. Cuarto, los demandantes, sean personas físicas o reguladores financieros, también necesitan asistencia jurídica.La Casa Blanca, para resolver el problema de la deuda estatal
El Gobierno finalmente decidió lanzar una ofensiva contra la banca, ya que quiere resolver el problema de la billonaria deuda estatal con las multas multimillonarias que impone a Wall Street.Lucha clandestina entre los Rockefeller y los Rothschild
Otra teoría sostiene que la situación actual de la banca estadounidense es el resultado de la lucha clandestina entre los Rockefeller y los Rothschild. Según esta hipótesis, los Rockefeller y sus simpatizantes ocupan los puestos claves dentro del Sistema de Reserva Federal, mientras que los Rothschild actúan según el principio 'cuanto peor, mejor' e intentan desequilibrar el sistema bancario de EE.UU.Texto completo en: http://actualidad.rt.com/
Informe denuncia la participación forzada de médicos en las torturas de la CIA
Publicado el 11/04/13 • en Contrainjerencia
El documento, titulado Ethics Abandoned: Medical Professionalism and Detainee Abuse in the “War on Terror” (Ética abandonada: Profesionalidad médica y abuso a detenidos en la guerra contra el terror) y que consta de 156 páginas, fue redactado por 19 expertos estadounidenses, entre médicos, militares, abogados y especialistas en ética. Los miembros de la comisión estudiaron durante dos años fuentes abiertas sobre el trato a los presos en los centros de detención de Guantánamo, Afganistán e Irak.
“El Departamento de Defensa y la CIA obligaban ilegalmente al personal médico a participar en los procedimientos para obtener información de tal manera que esos profesionales causaban graves sufrimientos a los detenidos”, afirma el informe.
En una primera reacción, un portavoz del Pentágono, el teniente coronel J. Todd Breasseale, tildó de “totalmente absurdas” las acusaciones de la comisión.
“Ninguno de los integrantes de la comisión ha tenido acceso directo a los detenidos, sus partes médicos o la descripción de los procedimientos”, aseveró el militar. Dejó entender asimismo que la información en la que se basa el informe procede de los abogados de los presos, circunstancia que no pudo dejar de influir en la objetividad del documento.
El portavoz del Pentágono aseguró además que los internos de las prisiones de la CIA recibían en realidad una atención médica mejor que antes de ser detenidos.
Vuelos de la CIA
Solicitada la imputación de cuatro españoles por los vuelos de la CIA
La acción popular se opone el archivo del caso y asegura que la instrucción no está agotada
Uno de los supuestos vuelos de la CIA en el aeropuerto de Palma el 23 de enero de 2004. / JOSEP MANCHADO
La acción popular en el caso de los vuelos de la CIA
se ha opuesto al archivo provisional de la causa propuesto por el
fiscal Vicente González Mota, asegura que la instrucción no está agotada
y pide la imputación de cuatro funcionarios de Defensa y Exteriores por
su supuesta participación en la perpetración de los delitos de
detención ilegal y torturas, según el escrito de alegaciones presentado
al juez Ismael Moreno, titular del Juzgado de Instrucción número dos de
la Audiencia Nacional. La fiscalía ha solicitado el archivo provisional
al no acreditar la identidad de los 13 agentes secretos de la CIA que en
enero de 2004 hicieron escala en Palma de Mallorca en un avión civil en el que permaneció secuestrado Jaled el Masri,
un ciudadano alemán de origen libanés, que posteriormente fue traslado a
una cárcel de Kabul (Afganistán) donde sufrió toda clase de torturas
hasta su liberación cuando se comprobó que nada tenía que ver con Al
Qaeda.
Los presuntos espías exhibieron pasaportes falsos y telefonearon desde el hotel Marriot Son Antem a sus familias a direcciones próximas al cuartel general de la CIA en Langley, en el estado norteamericano de Virgina. La fiscalía asegura que en España no se practicaron detenciones ni torturas por parte de agentes extranjeros a personas sospechosas de participar en actividades terroristas, pero insiste que se arreste a los 13 espías que hicieron escala en Palma de Mallorca si en el futuro se les localiza.
La Asociación Libre de Abogados, Izquierda Unida y la Asociación pro Derechos Humanos de España, que ejercen la acción popular, afirma que hay diligencias de prueba pendientes de cumplimentar entre las que destaca el supuesto incumplimiento de Interpol en la identificación de la identidad de los 13 agentes de la CIA que recalaron en Palma de Mallorca y la declaración testifical de Sthepen Grey en el Reino Unido acordadas por el Juzgado. Asimismo asegura que en la causa obran cuatro comunicaciones oficiales “que pondrían de manifiesto el conocimiento y la participación en los hechos criminales investigados de distintos funcionarios” españoles.
Se trata de Miguel Aguirre de Cárcer, entonces director general de Política exterior para América del Norte y Seguridad y Desarme; Javier Jiménez-Ugarte, secretario general de Política de Defensa del Ministerio de Defensa; Miguel Nadal Segalá, Secretario de estado de Política exterior del Ministerio de Asuntos Exteriores; y Ramón Gil-Casares Satrústegui, director del gabinete de Política Exterior de Presidencia.
Aguirre de Cárcer elaboró un informe fechado el 10 de enero de 2002 en el que relata “que el consejero político-militar de la Embajada de EE UU en Madrid ha solicitado verme con urgencia (…) para llevar a cabo la siguiente gestión: Los EE UU van a iniciar muy próximamente vuelos para trasladar prisioneros talibanes y de Al Qaida desde Afganistán hasta la base de Guantánamo, en Cuba.. El Gobierno de EE UU quisiera disponer de autorización del Gobierno español para utilizar algún aeropuerto español de nuestro país..” “He señalado que sería preferible, en todo caso, utilizar aeropuertos civiles..”
La acción popular destaca que en otro documento con membrete del Comité Permanente Hispano-norteamericano Sección española, de fecha 11 de enero del mismo año, se indica “que el aeropuerto más discreto es de la Base de Morón y alternativo Rota” y añade: “considero que debe tenerse en cuenta la posibilidad de que alguna de las personas transportadas tengan nacionalidad europea y sopesar consecuencias legales”. Está comunicación sugiere utilizar un aeropuerto más discreto. Del análisis de las cartas e informes emitidos por estos funcionarios los letrados de la acción popular concluyen que “ha existido cooperación para la realización de tales delitos en nuestro territorio al menos por los siguientes funcionarios públicos dado que se reunieron, discutieron el asunto y adoptaron la decisión de poner instalaciones aeroportuarias españolas a disposición de quienes estaban cometiendo dichos delitos de detenciones ilegales y torturas, decisión que adoptaron conscientemente conocedores de su ilegalidad”. Las citadas misivas acreditan que tanto Piqué, ministro de Exteriores de la época, como Federico Trillo, ministro de Defensa, estuvieron al tanto de la autorización de los citados vuelos en los que se trasladaron a Guantánamo a presos detenidos ilegalmente.
El escrito presentado al juzgado por los letrados Enrique Santiago Romero, José Luis Galán, Manuel Ollé y Endika Zulueta, pide al juez se practiquen numerosas pruebas para identificar a los 13 espías de la CIA, entre ellas que se tome declaración al ex presidente de la Agencia Central de Inteligencia, George Tenet. Asimismo solicitan que testifique Trillo, hoy embajador de España en Londres.
Los presuntos espías exhibieron pasaportes falsos y telefonearon desde el hotel Marriot Son Antem a sus familias a direcciones próximas al cuartel general de la CIA en Langley, en el estado norteamericano de Virgina. La fiscalía asegura que en España no se practicaron detenciones ni torturas por parte de agentes extranjeros a personas sospechosas de participar en actividades terroristas, pero insiste que se arreste a los 13 espías que hicieron escala en Palma de Mallorca si en el futuro se les localiza.
La Asociación Libre de Abogados, Izquierda Unida y la Asociación pro Derechos Humanos de España, que ejercen la acción popular, afirma que hay diligencias de prueba pendientes de cumplimentar entre las que destaca el supuesto incumplimiento de Interpol en la identificación de la identidad de los 13 agentes de la CIA que recalaron en Palma de Mallorca y la declaración testifical de Sthepen Grey en el Reino Unido acordadas por el Juzgado. Asimismo asegura que en la causa obran cuatro comunicaciones oficiales “que pondrían de manifiesto el conocimiento y la participación en los hechos criminales investigados de distintos funcionarios” españoles.
Se trata de Miguel Aguirre de Cárcer, entonces director general de Política exterior para América del Norte y Seguridad y Desarme; Javier Jiménez-Ugarte, secretario general de Política de Defensa del Ministerio de Defensa; Miguel Nadal Segalá, Secretario de estado de Política exterior del Ministerio de Asuntos Exteriores; y Ramón Gil-Casares Satrústegui, director del gabinete de Política Exterior de Presidencia.
Aguirre de Cárcer elaboró un informe fechado el 10 de enero de 2002 en el que relata “que el consejero político-militar de la Embajada de EE UU en Madrid ha solicitado verme con urgencia (…) para llevar a cabo la siguiente gestión: Los EE UU van a iniciar muy próximamente vuelos para trasladar prisioneros talibanes y de Al Qaida desde Afganistán hasta la base de Guantánamo, en Cuba.. El Gobierno de EE UU quisiera disponer de autorización del Gobierno español para utilizar algún aeropuerto español de nuestro país..” “He señalado que sería preferible, en todo caso, utilizar aeropuertos civiles..”
La acción popular destaca que en otro documento con membrete del Comité Permanente Hispano-norteamericano Sección española, de fecha 11 de enero del mismo año, se indica “que el aeropuerto más discreto es de la Base de Morón y alternativo Rota” y añade: “considero que debe tenerse en cuenta la posibilidad de que alguna de las personas transportadas tengan nacionalidad europea y sopesar consecuencias legales”. Está comunicación sugiere utilizar un aeropuerto más discreto. Del análisis de las cartas e informes emitidos por estos funcionarios los letrados de la acción popular concluyen que “ha existido cooperación para la realización de tales delitos en nuestro territorio al menos por los siguientes funcionarios públicos dado que se reunieron, discutieron el asunto y adoptaron la decisión de poner instalaciones aeroportuarias españolas a disposición de quienes estaban cometiendo dichos delitos de detenciones ilegales y torturas, decisión que adoptaron conscientemente conocedores de su ilegalidad”. Las citadas misivas acreditan que tanto Piqué, ministro de Exteriores de la época, como Federico Trillo, ministro de Defensa, estuvieron al tanto de la autorización de los citados vuelos en los que se trasladaron a Guantánamo a presos detenidos ilegalmente.
El escrito presentado al juzgado por los letrados Enrique Santiago Romero, José Luis Galán, Manuel Ollé y Endika Zulueta, pide al juez se practiquen numerosas pruebas para identificar a los 13 espías de la CIA, entre ellas que se tome declaración al ex presidente de la Agencia Central de Inteligencia, George Tenet. Asimismo solicitan que testifique Trillo, hoy embajador de España en Londres.
Ante el cierre de la Televisión Valenciana: Los trabajadores y trabajadoras de TVV asumen el control de la programación y triplican la audiencia
por Kaos. Paisos Catalans
Jueves, 07 de Noviembre de 2013 02:50
De hecho, la que estaba prevista emitir durante la jornada quedó
suspendida. En su lugar, Canal 9 abrió la puerta para que sus
trabajadores y trabajadoras expresaran su disconformidad con la decisión
del Gobierno valenciano. Convocadas manifestaciones para Alacant,
Castelló y Valencia.
#RTVVnoestanca: SEÑAL EN DIRECTO
En Grecia,
como decíamos ayer, también se intentó cerrar la televisión pública.
Tres meses después de haber decretado el cierre, la televisión griega ha
vuelto a emitir. Eso sí, ha sufrido una reducción drástica de la
plantilla (de 2200 a 580 trabajadorxs) y eso es lo que hay que tener en
cuenta para mantenerse firmes. La TVV no se cierra, pero tampoco se
despiden trabajadorxs.
Durante el
día de hoy muchas personas se han manifestado de esta forma "Nunca he
visto una mejor programación que la que hoy han hecho posible los
trabajadores de RTVV: libre y sincera". Coincidimos!
Se ha lanzado una petición de firmas contra el cierre de la televisión pública valenciana: Puedes adherir aquí
Ante el despido, rebelión
Parte de la nota publicada por JUAN CARLOS FERRIOL | VALENCIA
Los informativos dedicaron
buena parte de su espacio a abordar la decisión adoptada por el Consell,
a las valoraciones que la oposición y los sindicatos del ente público
habían hecho de la misma, así como de la comparecencia a primera hora de
la mañana del presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, para
justificar las razones de su decisión. Durante toda la tarde, TVV emitió
un programa especial en el que distintos representantes de
asociaciones, entidades y periodistas fueron valorando la decisión de
cerrar la sociedad tras la decisión del TSJ valenciano de anular el ERE
que despedía a un millar de trabajadores.
El programa, que arrancó con
un llamamiento a todos los valencianos y valencianas a salir a la calle
para mostrar su rechazo a la decisión del Consell, culminó una jornada
en la que los profesionales hicieron visible su rechazo a la decisión
del Gobierno valenciano. El comité de empresa asumió el control de la
parrilla que durante toda la jornada dejó ver el hashtag #RTVVnoestanca y
enseñó en diversas ocasiones imágenes de los chalecos rojos del comité
de empresa, con la inscripción que defiende una televisión pública y de
calidad y sin corrupción. Ni la dirección general que encabeza Rosa
Vidal ni la responsable de informativos, Esmeralda Velasco, mostraron su
disconformidad con el control de la programación asumido por los
trabajadores, a pesar de que uno de los más estrechos colaboradores de
Vidal se desmarcó -y también a la propia directora general- de lo que
estaba ofreciendo la programación de TVV. «Ahora mismo, el control lo
tiene el comité de empresa», se aseguró.
En el informativo del
mediodía, con las imágenes también de las protestas que se habían
producido a las puertas del Palau de la Generalitat y las
concentraciones de trabajadores en Burjassot, la presentadora se hacía
eco de los gritos de «Fabra dimisión» y «No es un Palau, es una cova» de
los asistentes a esas protestas. Uno de los periodistas, en directo
desde la calle Caballeros, subrayó que Fabra en su comparecencia no
había hecho alusión ni al exalto cargo procesado por acoso sexual (en
referencia a Vicente Sanz), ni al imputado en Gürtel (en alusión a Pedro
García). «Que no les engañen, esta televisión se cierra porque un juez
ha declarado ilegal un ERE por una deuda de 1.300 millones que ustedes
tendrán que pagar y del que los trabajadores no tenemos la culpa». En
otro momento, se refirió a las palabras del presidente y a que los
valencianos se quedaban si su televisión. «Y él se ha quedado tan
ancho».
Tras recordar las peticiones
de la oposición de dimisión del presidente del Consell y de convocatoria
de elecciones anticipadas, otro de los periodistas desplazado hasta Les
Corts aludió a que esa Cámara sería la encargada de tramitar la
iniciativa legal para tumbar la ley de RTVV, procedimiento legal que
propiciaría la disolución de la sociedad. El trabajador de Canal 9, uno
de los veteranos de la casa, recordó que Fabra había hecho alusión al
lujo que suponía mantener una televisión autonómica, mientras mantenía
en su grupo parlamentario a varios diputados imputados. «Todo un lujo».
En el informativo aparecieron
diversas informaciones en las que, por ejemplo, se comparó la deuda de
TVV bajo etapa socialista (32 millones de euros) y con el PP (1.300
millones). Una deuda, se explicó, no generada por los sueldos de los
trabajadores, «sino por contratar con empresas externas» o por los
acuerdos millonarios de clubes de fútbol. Una de las últimas imágenes
del informativo fue, tal y como ocurrió el día anterior, la de los
presentadores respaldados por medio centenar de trabajadores, expresando
así su rechazo a la decisión planteada.
En el programa de por la
tarde, alguno de los asistentes reprochó a los empleados que fuera ahora
que ven peligrar su puesto de trabajo el momento elegido para poner en
cuestión lo ocurrido con el ente.
Durante buena parte de la
programación, las pantallas del estudio de informativos de RTVV
permitieron leer un eslogan en el que se proclamaba «El Consell vol
tancar RTVV». Por la tarde, la frase elegida para las pantallas fue
«RTVV és dels valencians». Ese mismo eslogan fue el que presidió un
debate a cuatro bandas, con representación de todas las fuerzas
políticas parlamentarias, en el que los grupos de la oposición cargaron
contra el PP por el anuncio del cierre de la empresa.
La cadena pública también ha
emitido imágenes de las tradiciones, fiestas y deportes que dejarán de
verse si se cierran las emisiones, bajo el mensaje «Sin RTVV esto no lo
verás».
CGT s’oposa a les pretensions del president Fabra de tancar RTVV, a més considera il · legal el tancament de RTVV després de l'anul · lació de l'ERO per sentència del TSJCV.
- CGT exigeix la readmisió dels treballadors de forma immediata.
Considerem per tant, que el govern de la Generalitat ha
d’actar la sentència i apostar per una RTVV pública, en valencià i de
qualitalt i no per tancar-la.
Si optaren per executar l'amenaça del tancament que han posat damunt la taula en el comunicat emès ahir pel Consell, es posarà de manifest, un cop més, el que CGT ve denunciant, que darrere d'aquest ERO no hi havia més que motivació política del PP i per descomptat, s'enfrontarà de nou a les accions tant de la plantilla com de la ciutadania.
Aquesta sentència obre una porta per acabar d'una vegada per totes amb les agressions als mitjans públics de comunicació i a les condicions laborals del seu personal.
CGT fa una crida a tota la societat a mobilitzar-se de manera massiva per impedir aquest cop a la llibertat d’expressió, als drets de les treballadores i treballadors de RTVV i del conjunt de la societat.
NO AL TANCAMENT DE RTVV
NO ALS ACOMIADAMENTS
CGT-Valencia
EL TSJ DECLARA LA NUL.LITAT DE L’ERO DE RTVV (La sentència Online.)
Comunicat íntegre dels treballadors de RTVV
'Els treballadors de RTVV volem mostrar el nostre rebuig a la decisió unilateral del govern valencià de tancar la ràdio i televisió pública dels valencians; un mitjà que, durant 24 anys de servei, ha treballat per la vertebració del nostre territori i per la difusió de la nostra història, cultura i llengua.
'Ni els valencians ni els treballadors no són responsables de la mala gestió política i econòmica que ha afonat aquest mitjà. Considerem una vilesa i un acte de covardia la decisió del tancament com a única solució dels problemes econòmics de l'empresa, problemes que tenen un origen polític i que exigeixen responsabilitats polítiques.
'Els treballadors de RTVV denunciem que ex-directius d'aquesta empresa són implicats en casos de corrupció lligats al cas Gürtel; ex-directius d'aquesta empresa són encausats per casos d'abusos sexuals a treballadors d'aquesta casa. Ex-directius d'aquesta televisió han elaborat un ERO il·legal… I ara els treballadors hem de pagar els plats trencats i renunciar a un servei públic. Cinc milions de valencians es queden sense la seua ràdio i televisió.'
«Me llegaba un texto y no se podía tocar»
Amalia Sebastián se ha erigido en «involuntaria portavoz» de los trabajadores de la televisión valenciana: «Nos vamos con la cabeza alta y las manos limpias»
Yolanda Veiga
Ni el peor temporal en sus
seis años como mujer del tiempo en Canal 9 le dejó a Amalia Sebastián
(Valencia, 37 años) tan fría como el anuncio del cierre de la RTVV. El
Gobierno de la Generalitat tomó esta decisión el martes, después de que
la Justicia declarara nulo el ERE que afectaba a más de mil empleados y
ordenara su readmisión. «La deuda de 1.500 millones no es culpa de los
trabajadores».
- ¿Cómo se enteraron del cierre?
- Por terceros, por un tuit, por los medios. Y luego por el comunicado de la Generalitat. Estábamos incrédulos y desconcertados.
- Dio la noticia del cierre arropada por todos sus compañeros.
- Me dio mucha fuerza, orgullo. La directora de Canal 9 y la jefa de informativos nos apoyaron.
-¿No lo sospechaban siquiera?
- La noticia del cierre nos ha
llegado por sorpresa. Esperábamos una sentencia favorable a los
trabajadores para dentro de dos semanas. No pensábamos en la drástica
decisión que ha tomado el presidente Fabra, clausurarla sin negociación.
Serafín Castellano, secretario general del PP de la Comunidad
Valenciana, había dicho que la televisión valenciana no se iba cerrar.
- Pero lo han hecho.
- No ha habido opción para
negociar. Lo han hecho con formas dictatoriales, a través de un
comunicado y sin dar explicaciones hasta hoy (por ayer). ¡Y menudas
explicaciones! Eso es un chantaje a la sociedad: 'O hospitales y
colegios o televisión', dicen. Eso no es así. Es demagogia. Los
valencianos no dan crédito, es un escándalo, un golpe de estado.
- La directora (que dimitió ayer con su equipo) les ha pedido que sigan al pie del cañón. ¿Y cobrar?
- No tenemos ni idea, nadie nos dice nada de hasta cuándo vamos a seguir. Ni la directora lo sabe.
- ¿Hasta cuándo van a seguir?
- Hasta que vengan a
cerrarnos. Hemos retransmitido la rueda de prensa de Fabra, el
informativo y a las tres y media hemos empezado un programa especial con
invitados en plató y directos para pulsar la opinión de personalidades,
alcaldes de ayuntamientos, gente de las Fallas... Todos nos están dando
su apoyo..
- ¿Qué ambiente de trabajo hay?
- Tristeza, muchas lágrimas,
pero mucho orgullo. Tenemos la tranquilidad de irnos con la cabeza alta y
las manos limpias. Los trabajadores no tenemos nada que ocultar, no
somos los culpables.
- ¿Hacen falta 1.700 personas en una tele autonómica?
- Esto es discutible. TV3
(Cataluña) tiene 2.400 trabajadores y nadie abre la boca. No soy
gestora, soy periodista. Pero las 1.700 personas no nos hemos llevado un
duro de más de lo que nos correspondía. La deuda de 1.500 millones no
es culpa nuestra.
«Gürtel, ininteligible»
-
Iolanda Marmol, extrabajadora de RTVV, ha dicho que les obligaban a
sacar el mejor perfil de Zaplana, que no pudieron contar lo del cheque
bebé de Zapatero...
- Cualquier persona que
pusiera la televisión y viera los informativos habrá comprobado que no
han sido como a nosotros nos hubieran gustado. Asumimos la
responsabilidad que nos toca, pero los responsables no somos nosotros,
éramos unos simples trabajadores que recibíamos órdenes de arriba.
- ¿Muchas órdenes?
- No sé cómo se cocinaban las
cosas. A mí me llegaba un texto que no se podía tocar y ya está. Las
noticias de Gürtel eran ininteligibles. Yo era una simple presentadora.
Es un sistema jerárquico en el que tenemos que obedecer las decisiones.
Si no, te vas a vender huevos. Pero la culpa no es nuestra, sino de
todos los que han robado durante tantos años y se han ido de rositas.
Ellos ahora mismo están en su casa tan ricamente y nosotros estamos en
el paro.
- ¿Y cómo se trabajaba así?
- Todos queremos trabajar en
libertad, pero la objetividad no existe. Lo que pasa es que hay casos
más flagrantes y otros menos, y nos ha tocado el más grave.
- ¿Cuál es su estado de ánimo?
- No lo he asimilado todavía, estoy sobrepasada con este protagonismo sobrevenido.
- ¿Esperan algún giro por parte del Gobierno?
- Estamos haciendo todo lo
posible para que cambien. Demostrando al Gobierno valenciano y a la
sociedad que hay cuatro que piden que cierren RTVV, pero el resto de la
gente reclama que sigamos abiertos.
[COMUNICADO] CNT-Valencia manifiesta su rechazo frente al cierre de Radio Televisión Valenciana
CNT-Valencia quiere mostrar su más firme
rechazo a la decisión del Gobierno de la Generalitat de cerrar la radio
y la televisión pública valenciana. Este cierre es la respuesta a la
sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana
(TSJCV), el cual ha declarado la nulidad del expediente de regulación de
empleo de Radiotelevisión Valenciana (RTVV) –aprobado en agosto de
2012- que afectó a más de un millar de trabajadores/as.
El cierre de RTVV es un duro golpe a los
derechos de los/as trabajadores/as, que no son responsables de la mala
gestión política y económica que ha arruinado a este medio de
comunicación.
CNT-Valencia, exige al Gobierno de la
Generalitat que acate la sentencia del TSJCV, por la cual se anulan los
despidos y se reconoce el derecho de readmisión en sus puestos de
trabajo de los/as 960 trabajadores/as despedidos/as, oponiéndose al
cierre de RTVV, que supondría el despido de otros/as 700
trabajadores/as.
¡Por la defensa de cada puesto de trabajo!
¡No al cierre de RTVV!
¡Readmisión inmediata de los/as trabajadores/as despedidos/as!
Valencia Abierta en canal
Carlos Torres
Es insólito, pero conozco unos chavales
de Albacete que entienden el valenciano gracias a que la emisión de
Doraemon o de la Bola del Drac traspasó las fronteras levantinas y llegó
hasta los pisos más altos de los bloques de la capital manchega.
Todavía recibo algún mensaje de vez en cuando con “mira a totes les
floretes” o “si vols descobrir”. Lo mismo pasó en las zonas castellano
parlantes del País valencià, como mi pueblo, donde hizo más Son Goku por
la normalización de la lengua que todos los señores diputados con su
escasa comprensión de la realidad valenciana. No es raro que uno se
sorprenda de vez en cuando canturreando las machaconas sintonías que
Xoni, Poti i Tiriti nos legaron, porque la tele dio la mano de pintura
necesaria a nuestra infancia para que comprendiéramos que nosotros
teníamos una lengua común que compartir y sentirla como propia. Más
crecido, recuerdo el olor a fútbol de los sábados en los que Canal 9,
con su “partit oferit per Bancaixa”, nos narraba a través de Paco Nadal
cosas sobre el Valencia (independientemente de que el partido lo jugaran
Sevilla y Barça).
Valencia ya es hemoreteca: hoy ya no
existe Bancaixa, ni Canal9, el Valencia tiene empeñado hasta al utillero
y Paco Nadal, al que vi hace poco micro en mano retransmitir las
fiestas populares de Segorbe (sense protecció, sense barreres), se irá
al paro como otros tantos miles de profesionales. Sería injusto decir
que la televisión valenciana estuvo a la altura de su pueblo y que no
hubo acólitos del ladrillismo por doquier que escaletaron la parrilla al
ritmo de Si, Buana. Pero por poner otro ejemplo, mis abuelos, que
nacieron y morirán con el castellano como lengua materna, nunca dejaron
de ver el Metropolità por aquello de saber qué pasaba en los pueblos de
“la contorná”. Y si ellos, octogenarios señores a los que la vida les
negó grandes recursos educativos se divertían viendo “la nueve” qué no
haría el gos del Babalà con cursos y cursos de niños que crecimos al
ritmo del Uh ah (el del programa infantil, no el de Chimo Bayo). Porque
Canal9 era una televisión politizada hasta las cejas (no hará falta
recordar el vergonzante papel los días posteriores al accidente del
metro de Valencia), el brazo armado del gobierno valenciano en el que se
negó la reivindicación de la música hecha en valenciano y de la que un
grupo nutrido de trabajadores fueron bastante sumisos con la línea
editorial hasta que empezaron los problemas laborales (véase el
telediario de ayer), claro que sí, pero los que han tomado la decisión
de cerrarla han mantenido la actitud hitleriana de matar a un enfermo
que puede recuperarse sólo porque nos cuesta dinero.
No se molesten en explicarlo, los
dirigentes que todavía mandan en nuestra tierra, y recemos que no por
mucho tiempo más, no entienden que el beneficio de un servicio público
no se puede medir en euros. Perdida la eficacia de la bandera del
anticatalanismo, que tantos votos les ha dado en las pasadas
legislaturas, Fabra, Císcar, Barberá y el resto de compinches de la
Banda se han instalado en el cinismo: “nuestra prioridad es centrarnos
en la sanidad y en la educación”, dicen sin dar la cara de pan de kilo
que tienen. ¿Sanidad? Cuando está toda privatizada y nuestros mayores,
como mi abuelo, se murieron en la época de bonanza esperando durante
años la ayuda de dependencia concedida. ¿Educación? Cuándo es la propia
escuela valenciana la que debe acudir al micromecenazgo para actuar de
urgencia. Eso sí, cuando en la universidad quieran explicar qué pasa en
Grecia ya no tendrán que viajar a Atenas, bastará con pasear por
Burjassot. Y yo me pregunto, ¿es que no nos merecemos los valencianos
que un President comparezca ni siquiera por plasma? ¿En serio? Ni
siquiera el mismo día que declaran nulo la chapuza de ERO que hicieron y
que ahora dicen no poder asumir (que parezca un accidente, chicos). Eso
sí, esta mañana ha tuiteado que la decisión de cerrar RTVV ha sido la
más difícil del Consell desde que él es President, pues oye, una vez
pasado el mal trago, convocar elecciones anticipadas debe ser mucho más
fácil.
Quién sabe, quizás si la tele se llamará
Fórmula Nou o Vuelta al mundo en canal autonómico hubieran perdido las
posaderas por hacerse una foto y rescatarla. Es nuestra la necesidad de
despertar de este mal sueño. En nosotros, los que vimos a Joan Monleón
girar una paella gigante, los que hemos visto a los alcoians bajar desde
el partidor con sus desfiles, los del Magdalena vítol, los del trau la
llengua, los del concierto de las bandas de Lliria ,… en definitiva, los
que siempre hemos soñado con una tele pública mucho mejor, en nosotros
está la obligación de recordar que Valencia ni se cierra, ni se vende.
Valencia, por mucho que les pese a los talibanes del blaverisme,
Valencia se defiende. Y eso es tan de justicia que lo saben hasta en
Albacete.
PAH de Navarra ocupa viviendas del gobierno de Pamplona para dos familias con necesidades urgentes
por Kaos. Vivienda y Ocupación
Jueves, 07 de Noviembre de 2013 03:52
La Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Navarra ha ocupado
este miércoles dos viviendas propiedad del Gobierno foral en el barrio
de San Jorge de Pamplona con el fin de "limpiarlas y rehabilitarlas"
para que vivan en ellas dos familias "con necesidades urgentes de
vivienda".
PAMPLONA. Así lo han explicado en rueda
de prensa los representantes de la PAH de Navarra Ángel Larrea, Ángel
Lag y Amaya Barrena, que han comparecido para presentar la campaña 'Ni
casas sin gente, ni gente sin casas', que incluye varios actos
programados durante el mes de noviembre.
El primero de ellos ha sido la ocupación
de dos viviendas en la calle Doctor Landa, donde hay 13 pisos vacíos en
los que residieron camineros, trabajadores de mantenimiento de las
carreteras para los que, en los años 60 y 70, la Diputación foral
construyó estas casas. Según la Plataforma, en Navarra existen 150
viviendas de camineros propiedad del Gobierno foral que están vacías.
Lag, que ha destacado que estas
viviendas llevan más de 15 años deshabitadas, ha detallado que con esta
ocupación también quieren criticar la "inacción" del Gobierno de
Navarra, que "no ha hecho nada para rehabilitar estos pisos de
camineros". "No le da la gana, le importan un bledo las personas sin
vivienda", ha asegurado.
Entre las acciones previstas por la PAH
en esta campaña, el próximo 14 de noviembre, a las 12 horas,
desarrollarán una "fila de la vergüenza" ante el servicio de Vivienda
del Gobierno de Navarra por "la permisividad ante los abusos de las
empresas inmobiliarias promotoras de viviendas de alquiler".
Además de actos informativos en otros
municipios, el 21 de noviembre, a las 18.30 horas, la PAH entregará a
cada entidad bancaria de la lista de sus clientes que exigen la dación
en pago y el alquiler social.
Finalmente, el 30 de noviembre, a las 12
horas, realizarán en el paseo de Sarasate de Pamplona una fiesta
cultural por el derecho a la vivienda. En ella desplegarán un gran rollo
de papel de váter desde el Parlamento hasta el monumento a los Fueros,
como crítica al Gobierno de Navarra por la "inacción" ante la ley foral
de medidas urgentes para garantizar el derecho a la vivienda y al
Gobierno central por haber recurrido dicha ley.
UN GOBIERNO "INSENSIBLE"
Por su parte, Angel Larrea ha criticado
que el Gobierno foral está siendo "insensible a los dramas humanos que
se están viviendo en Pamplona" y ha censurado también que "no ha hecho
nada para que la ley de medidas urgentes para garantizar el derecho a la
vivienda en Navarra se ponga en funcionamiento". Además, ha rechazado
el recurso presentado por el Ejecutivo central a esta norma.
Por último, ha criticado la política de
vivienda desarrollada por el Gobierno de Navarra en los últimos años.
Así, ha concretado que "se ha olvidado de las necesidades habitacionales
y está pensando en el dinero de los promotores y los constructores, no
en los ciudadanos".
EL GOBIERNO ABOGA POR EL DIÁLOGO
Por otro lado, según fuentes del
departamento de Fomento del Gobierno foral, el Ejecutivo ya está
trabajando en la recuperación de estas viviendas de camineros en Navarra
y ha mostrado su disposición a "seguir dialogando" con la PAH para
estudiar esta posibilidad de manera "consensuada y ordenada".
En este sentido, ha señalado que "la
invasión de una propiedad no es lo correcto". "La solución está en el
consenso y el orden", han asegurado las mismas fuentes, que han
insistido en que el Gobierno foral está "encima de este tema, analizando
el estado de estas viviendas".
Una campaña de las PAH denunciará que la Ley de Vivienda es "papel mojado"
Las plataformas de afectados por la hipoteca de Navarra van a desarrollar durante este mes de noviembre una campaña titulada "Ni casas sin gente, ni gente sin casa" con la que quieren denunciar que la ley foral del derecho a la vivienda es "papel mojado". El logo de la campaña representa un rollo de papel higiénico en el que está escrita la frase "Ley Foral 24/2013 de medidas urgentes para garantizar el derecho a la vivienda". Esta imagen, han informado hoy las PAH, "manifiesta el uso y la consideración" que los gobiernos foral y central "quieren hacer de ella y del derecho a la vivienda que se plasma" en esta normativa. "En 'papel de váter', papel mojado, quieren convertir la reivindicación de penalizar las cientos y cientos de viviendas deshabitadas que la banca tiene conseguidas por procesos de desahucios", explican las PAH en un comunicado.(Galería de fotos) Carabanchel: Centenares en mani de apoyo a Huelga Indefinida de la Limpieza y Jardinería. Tres personas retenidas
por Kaos. Madrid
Jueves, 07 de Noviembre de 2013 20:17
A partir de las 19:00h comenzó la marcha por el barrio apoyando a
los compañeros de Limpieza y Jardinería que están en Huelga Indefinida.
La policía acompaña y hostiga a lxs manifestantes. Hay 3 personas que
han sido retenidas. Finalmente ante presión policial se levanta el acto.
Cientos de personas apoyando a @barrenderosmad en Karabachel. La policía rodea la manifestación. Se ponen los cascos y hostigan a manifestantes.
Finalmente ante la persistencia de la
presencia represiva se decide levantar la manifestación. Dicen por
megafonía que queda desconvocado el acto mientras los UIP hacen una
bolsa a las personas que quedan. Aún no hay noticias de las tres
personas detenidas.
Gracias a @Danips, @Osec y @Pigarr por sus fotos y comentarios que nos permiten contaros lo que ha ido pasando.
Es difícil poder transmitir para quienes
no están allí, el alto nivel de represión y vulneración de los derechos
básicos existente actualmente en el Estado español.
@osec
@Danips
@Danips
@osecLa Huelga General paraliza a Grecia. Miles de personas marcharon en varias ciudades
por Kaos. Laboral y economía
Jueves, 07 de Noviembre de 2013 02:26
Una huelga general paralizó los servicios públicos y el transporte.
La huelga se produce mientras se mantienen las duras negociaciones entre
el gobierno y los inspectores del Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo y la Comisión Europea, conocidos como la troika.
Desafiando la lluvia torrencial,
unos 4.000 miembros del sindicato PAME, marcharon hasta la plaza central
Syntagma, dijo la policía .
Otros 1.000 manifestantes se reunieron frente a las oficinas del mayor sindicato, el GSEE, pero la manifestación principal fue suspendida debido a las condiciones meteorológicas.
"Es un hecho lamentable, que la protesta no se lleve a cabo debido a las condiciones climáticas", dijo un portavoz del GSEE .
Protestas similares se están llevando a cabo en Salónica, la segunda ciudad de Grecia, con la participación de unos 10.000 manifestantes, según la policía .
La huelga mas reciente de este año, convocada por los principales sindicatos del país cerró la función pública, así como los servicios de trenes y ferry en todo el país.
Los hospitales están funcionando con personal reducido y varios vuelos fueron cancelados debido a paros laborales por parte del personal de la aviación civil.
La huelga es contra una serie de medidas aprobadas por el gobierno del primer ministro Antonis Samaras.
El gobierno de Atenas, que está sujeto a un severo plan de austeridad impuesto por la troika para poder recibir financiamiento, ordenó los recortes de los derechos laborales, el despido o traslado forzoso de funcionarios y la privatización de empresas públicas.
Los representantes sindicales exigen también la derogación de la parte del impuesto sobre bienes inmuebles que se introdujo de forma temporal, pero que un proyecto de ley prevé establecer de modo permanente.
Otros 1.000 manifestantes se reunieron frente a las oficinas del mayor sindicato, el GSEE, pero la manifestación principal fue suspendida debido a las condiciones meteorológicas.
"Es un hecho lamentable, que la protesta no se lleve a cabo debido a las condiciones climáticas", dijo un portavoz del GSEE .
Protestas similares se están llevando a cabo en Salónica, la segunda ciudad de Grecia, con la participación de unos 10.000 manifestantes, según la policía .
La huelga mas reciente de este año, convocada por los principales sindicatos del país cerró la función pública, así como los servicios de trenes y ferry en todo el país.
Los hospitales están funcionando con personal reducido y varios vuelos fueron cancelados debido a paros laborales por parte del personal de la aviación civil.
La huelga es contra una serie de medidas aprobadas por el gobierno del primer ministro Antonis Samaras.
El gobierno de Atenas, que está sujeto a un severo plan de austeridad impuesto por la troika para poder recibir financiamiento, ordenó los recortes de los derechos laborales, el despido o traslado forzoso de funcionarios y la privatización de empresas públicas.
Los representantes sindicales exigen también la derogación de la parte del impuesto sobre bienes inmuebles que se introdujo de forma temporal, pero que un proyecto de ley prevé establecer de modo permanente.
Otras fuentes:
Los servicios públicos en Grecia permanecen cerrados este miércoles al iniciar la quinta huelga general del año en protesta por los nuevos recortes de austeridad en el país helénico. El paro de 24 horas interrumpió el transporte público, suspendió los servicios de ferry y tren, cerró las escuelas estatales y los hospitales estatales, además del funcionamiento de servicios de ambulancia, sólo está disponible el personal de emergencia. Decenas de vuelos fueron cancelados o reprogramados luego que los controladores de tráfico aéreo abandonarán el trabajo durante tres horas en apoyo de la acción laboral, mientras que el resto del personal aeroportuario prolongará 60 minutos más el paro.
El movimiento se produce durante las duras negociaciones entre el gobierno y los inspectores del Fondo Monetario Internacional,
el Banco Central Europeo y la Comisión Europea, conocidos como la
troika. Durante las tres horas que durará el paro de los controladores,
solo se despacharán los vuelos de emergencias de hospitales y los de
aviones militares que participan en maniobras ya programadas, reportó el
diario Ekathimerini.
Los hospitales solo ofrecen durante toda
la jornada servicios mínimos (urgencias y tratamientos oncológicos y de
diálisis) mientras que permanecen cerrados colegios y universidades,
juzgados y la mayoría de oficinas municipales. La huelga, convocada por
las dos principales confederaciones sindicales, GSEE, que representa al
sector privado, y ADEDY, representante de la función pública, se dirige
contra una serie de medidas aprobadas por el gobierno del primer
ministro Antonis Samaras. El gobierno de Atenas, que está sujeto a un
severo plan de austeridad impuesto por la troika para poder recibir
financiamiento, ordenó los recortes de los derechos laborales, el
despido o traslado forzoso de funcionarios y la privatización de
empresas públicas.
Los representantes sindicales exigen
también la derogación de la parte del impuesto sobre bienes inmuebles
que se introdujo de forma temporal, pero que un proyecto de ley prevé
establecer de modo permanente. El movimiento coincide con la nueva
visita de los representantes de la troika, que esta semana analizan el
cumplimiento del programa de reformas impuesto a Grecia y de cuyo
veredicto dependerá el desembolso de un nuevo tramo de ayuda por valor
de mil millones de euros.
Fuente: Agencias / FB/ SINEMBARGO.MX
Fuente: Agencias / FB/ SINEMBARGO.MX
La policía desaloja violentamente la TV pública griega ocupada por sus trabajadorxs
por Kaos. Internacional
Viernes, 08 de Noviembre de 2013 04:10
Fuerzas antidisturbios de la policía griega irrumpieron en la sede
central de la antigua cadena de televisión pública, ERT, ocupada por
trabajadores desde junio pasado en protesta por el cierre abrupto
ordenado por el gobierno de Antonis Samaras.
Utilizando gases lacrimógenos y
equipos antimotines, los agentes ingresaron por la madrugada en las
instalaciones de la antigua ERT, ubicada en el barrio de Aghia
Paraskevi, en el norte de Atenas, tras romper la cerradura de la
entrada, según informó la agencia estatal de noticias AMNA.
Policía antidisturbios desaloja la TV pública griega
La policía dijo que cuatro trabajadores fueron detenidos brevemente durante el operativo y que unos 50 fueron desalojados del edificio, que ahora será entregado a la nueva empresa de TV estatal creada tras el cierre de ERT, que está transmitiendo desde pequeños estudios ubicados en otra zona de Atenas.
El presidente de la asociación sindical de ERT, Panayotis Kalfayanis, uno de los detenidos, dijo que los agentes "no tenían orden de registro ni papeles oficiales, pero entraron igualmente para pedirnos que abandonáramos el edificio".
La delegada sindical de ERT, Maji Nikolara, informó que los trabajadores continuarán emitiendo sus informativos "pese al desalojo y gracias a un tercer canal ERT3" ubicado en la ciudad de Salónica.
Esta programación se emite por Internet, como se estuvo haciendo en los cinco meses que duró la ocupación, explicó la sindicalista.
La evacuación del edificio fue pacífica, pero horas después la policía tuvo que lanzar gases lacrimógenos contra unas 200 personas que acudieron a las puertas para apoyar a los trabajadores de ERT.
Unas 1.000 personas se congregaron más tarde frente al edificio para protestar pacíficamente contra el desalojo.
El cierre de ERT, el pasado 11 de junio por orden del gobierno del conservador Antonis Samaras, desató una crisis política y la escisión de la delicada coalición de gobierno, con la salida de Izquierda Democrática, además de gatillar una fuerte indignación popular que se expresó en continuas marchas de protesta. El cierre de ERT, el pasado 11 de junio por orden del Gobierno del conservador Antonis Samaras, desató una crisis política y la escisión de la delicada coalición de Gobierno
La policía dijo que cuatro trabajadores fueron detenidos brevemente durante el operativo y que unos 50 fueron desalojados del edificio, que ahora será entregado a la nueva empresa de TV estatal creada tras el cierre de ERT, que está transmitiendo desde pequeños estudios ubicados en otra zona de Atenas.
El presidente de la asociación sindical de ERT, Panayotis Kalfayanis, uno de los detenidos, dijo que los agentes "no tenían orden de registro ni papeles oficiales, pero entraron igualmente para pedirnos que abandonáramos el edificio".
La delegada sindical de ERT, Maji Nikolara, informó que los trabajadores continuarán emitiendo sus informativos "pese al desalojo y gracias a un tercer canal ERT3" ubicado en la ciudad de Salónica.
Esta programación se emite por Internet, como se estuvo haciendo en los cinco meses que duró la ocupación, explicó la sindicalista.
La evacuación del edificio fue pacífica, pero horas después la policía tuvo que lanzar gases lacrimógenos contra unas 200 personas que acudieron a las puertas para apoyar a los trabajadores de ERT.
Unas 1.000 personas se congregaron más tarde frente al edificio para protestar pacíficamente contra el desalojo.
El cierre de ERT, el pasado 11 de junio por orden del gobierno del conservador Antonis Samaras, desató una crisis política y la escisión de la delicada coalición de gobierno, con la salida de Izquierda Democrática, además de gatillar una fuerte indignación popular que se expresó en continuas marchas de protesta. El cierre de ERT, el pasado 11 de junio por orden del Gobierno del conservador Antonis Samaras, desató una crisis política y la escisión de la delicada coalición de Gobierno
El Ejecutivo dijo en ese entonces que el
cierre se encontraba dentro del paquete de recortes y ajustes acordados
por Grecia con la "troika", integrada por la Comisión Europea, el Banco
Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional (FMI), en el marco
de la severa crisis económica que golpea al país heleno.
Kalfayanis tachó de "ilegal" el desalojo por carecer de la orden de un juez y la calificó de obra de "un Gobierno fascista".
El portavoz del Gobierno, Simos Kedikoglu, sin embargo, justificó el desalojo, que tachó de necesario para "acabar con una ocupación ilegal".
"Esta fue la mejor manera de hacerlo, con el mayor cuidado" dijo el vocero, para quien sólo se trató de "aplicar la ley y devolver el edificio a su legítimo dueño".
Todo el arco político opositor así como los principales sindicatos y organizaciones sociales criticaron duramente la orden de desalojo, que fue tachada de "ilegal".
El principal partido de la oposición, el izquierdista Syriza, anunció que pedirá que el Parlamento vote una moción de censura contra el gobierno.
"Es inaceptable porque es inconstitucional", aseguro el greco-argentino Kostas Isijos, dirigente de Syriza, quien recordó que el cierre de ERT fue ordenado "por decreto y jamás votado por el Parlamento".
Isijos denunció asimismo que la policía no dejó ingresar al edificio de ERT a diputados de Syriza que querían verificar que no se haya dañado el material de la cadena pública.
Tras el cierre en junio, los tribunales calificaron de ilegal la desconexión de la señal y conminaron al Gobierno a restablecerla, pero en lugar de restablecer la antigua ERT, el Ejecutivo anunció la creación de un nuevo ente público, NERIT, con un equipo más reducido, pero que aún no se ha puesto en marcha.
Paralelamente, el gobierno recuperó las emisiones a través de una cadena transitoria, la DT, que emitió primero desde el estudio de una cadena privada y posteriormente desde otro edificio de la antigua ERT.
Al mismo tiempo, los trabajadores rebeldes de la ERT continuaron las emisiones, primero a través de la frecuencia analógica y después sólo por Internet; eso sí, sin ningún tipo de sueldo.
El desalojo se produce un día después de una jornada de huelgas que paralizaron gran parte de las instituciones estatales en rechazo a la visita de una misión de la troika para verificar si el gobierno cumple con los ajustes necesarios para que siga recibiendo el dinero del acordado "rescate" financiero.
La huelga -la número 35 desde iniciada la crisis económica griega, en 2010- se desarrolló bajo la convocatoria "No más despidos y recortes. Juntos podemos conseguirlo" y fue calificada de "exitosa" por los organizadores que llamaron a los acreedores a "tomar su programa de ajustes e irse".
Kalfayanis tachó de "ilegal" el desalojo por carecer de la orden de un juez y la calificó de obra de "un Gobierno fascista".
El portavoz del Gobierno, Simos Kedikoglu, sin embargo, justificó el desalojo, que tachó de necesario para "acabar con una ocupación ilegal".
"Esta fue la mejor manera de hacerlo, con el mayor cuidado" dijo el vocero, para quien sólo se trató de "aplicar la ley y devolver el edificio a su legítimo dueño".
Todo el arco político opositor así como los principales sindicatos y organizaciones sociales criticaron duramente la orden de desalojo, que fue tachada de "ilegal".
El principal partido de la oposición, el izquierdista Syriza, anunció que pedirá que el Parlamento vote una moción de censura contra el gobierno.
"Es inaceptable porque es inconstitucional", aseguro el greco-argentino Kostas Isijos, dirigente de Syriza, quien recordó que el cierre de ERT fue ordenado "por decreto y jamás votado por el Parlamento".
Isijos denunció asimismo que la policía no dejó ingresar al edificio de ERT a diputados de Syriza que querían verificar que no se haya dañado el material de la cadena pública.
Tras el cierre en junio, los tribunales calificaron de ilegal la desconexión de la señal y conminaron al Gobierno a restablecerla, pero en lugar de restablecer la antigua ERT, el Ejecutivo anunció la creación de un nuevo ente público, NERIT, con un equipo más reducido, pero que aún no se ha puesto en marcha.
Paralelamente, el gobierno recuperó las emisiones a través de una cadena transitoria, la DT, que emitió primero desde el estudio de una cadena privada y posteriormente desde otro edificio de la antigua ERT.
Al mismo tiempo, los trabajadores rebeldes de la ERT continuaron las emisiones, primero a través de la frecuencia analógica y después sólo por Internet; eso sí, sin ningún tipo de sueldo.
El desalojo se produce un día después de una jornada de huelgas que paralizaron gran parte de las instituciones estatales en rechazo a la visita de una misión de la troika para verificar si el gobierno cumple con los ajustes necesarios para que siga recibiendo el dinero del acordado "rescate" financiero.
La huelga -la número 35 desde iniciada la crisis económica griega, en 2010- se desarrolló bajo la convocatoria "No más despidos y recortes. Juntos podemos conseguirlo" y fue calificada de "exitosa" por los organizadores que llamaron a los acreedores a "tomar su programa de ajustes e irse".
La huelga de las fuerzas clasistas fue dinámica y masiva
Las movilizaciones que organizó el PAME, el 6 de noviembre, en el marco de la huelga, tanto en Atenas como en decenas de ciudades en todo el país, fueron particularmente masivas y exitosas. Trabajadores, jubilados, jóvenes, estudiantes, mujeres y desempleados denunciaron las medidas antiobreras-antipopulares votadas y expresan su determinación de confrontar las que están por venir.
La movilización en Atenas fue masiva y dinámica a pesar de la lluvia. A la cabeza de la marcha había una pancarta del PAME con la consigna “Levántense la cabeza, la fuerza viene de la organización, la esperanza de la lucha”.
Varios centros de trabajo como por ejemplo en grandes fábricas, en puertos, en los ferrocarriles, en los aeropuertos, paralizaron. Desde la madrugada se dio una batalla dura en las guardias de huelga en conflicto con el intento del gobierno y de los empleadores a utilizar el ataque asesino reciente contra dos miembros del Amanecer Dorado fascista, que funciona de modo provocativo creando un clima de miedo e intimidación, de la no participación en la lucha obrera y popular.
La clase obrera del país, contra estos planos, participó masivamente en la huelga contra las nuevas reducciones en los salarios, las pensiones, las indemnizaciones por despido ya reducidos, contra los convenios individuales de trabajo. Han exigido el aumento de las prestaciones por desempleo, servicios de educación y sanidad exclusivamente públicos y gratuitos, la abolición de los altos impuestos, las ejecuciones hipotecarias y las subastas de las casas del pueblo trabajador. Han expresado su oposición a la liberalización de los despidos, las privatizaciones, el nuevo ataque fiscal que prevé el nuevo presupuesto, la liberalización de los horarios de trabajo, la abolición del domingo como día festivo. En la concentración tomaron la palabra algunos sindicalistas del PAME y cuadros de sindicatos en la industria láctea y cuadros de sindicatos en la industria láctea EVGA y en la empresa embotelladora de Coca-Cola, que en este período están en conflicto con la patronal en importantes huelgas.
Esta imagen estaba en pleno contraste con el papel de zapa del sindicalismo amarrillo. Estas fuerzas que tienen la mayoría en la confederación de trabajadores en el sector privado (GSEE) y público (ADEDY) guardaron silencio sobre la huelga, no hicieron nada para su éxito. En muchos casos, apoyaron la patronal en la intimidación de los trabajadores y para romper la huelga. Su degeneración se manifestó en Atenas donde en la concentración organizada por la mayoría de GSEE-ADEDY se anunció la cancelación de la concentración de huelga utilizando como pretexto la lluvia. En realidad, no había gente en su protesta; los huelguistas les habían dado la espalda. Este fue el panorama en todo el país. Su papel se ve confirmado por el hecho de que los grandes centros de trabajo, en el sector público y privado, no participaron en la huelga a pesar de los problemas particularmente agudos.
Estudiantes de decenas de escuelas de Atenas realizaron anteriormente una manifestación. Además, en la concentración tomaron parte delegaciones de la Unión General de Obreros Palestinos, de Cuba, de Senegal, de Sudáfrica. En la plaza Omonia en la concentración del PAME se pronunció además un comunicado para los 4 héroes cubanos que están siendo encarcelados en EE.UU.
En la concentración de huelga tomó parte una amplia delegación del CC del KKE encabezada por el Secretario General del Comité Central del KKE, Dimitris Koutsoumpas, quien dijo:
“Estamos luchando para la protección de los desempleados, los derechos de seguridad social y las pensiones, los convenios colectivos de trabajo, para detener la intimidación en los centros de trabajo, para impedir el robo fiscal de nuestro pueblo, para el reagrupamiento del movimiento obrero y popular, la Alianza Popular, para que cambie en fin la clase que está en el poder.”
Manifestaciones masivas del PAME: sin miedo, sin ilusiones
Miles de manifestantes, trabajadores, jóvenes, desempleados y
jubilados inundaron el sábado 5 de octubre el centro de Atenas, así
como de decenas ciudades en todo el país, en las concentraciones y
marchas militantes multitudinarias organizadas por el Frente Militante
de Todos los Trabajadores (PAME).
En Atenas la marcha masiva militante del PAME llegó a la plaza Sintagma, frente al parlamento. Estas manifestaciones se organizaron en contra de la política gubernamental de la ND y del PASOK, bajo las demandas:
Comentario del Secretario General del CC del KKE, Dimitris Koutsoumpas
El Secretario General del CC del KKE, Dimitris Koutsoumpas, en la manifestación del PAME en la plaza Omonia, hizo el siguiente comentario:
“La única esperanza y perspectiva es el reagrupamiento rápido del movimiento obrero y popular, la organización de la lucha popular, la promoción de la alianza popular entre la clase obrera, los empleados, los desempleados, los trabajadores autónomos de la ciudad, los campesinos pobres, los jóvenes, las mujeres. Es la unión de fuerzas con el movimiento sindical de clase, con el PAME, con las demás agrupaciones, la acción común con el KKE, con la perspectiva del poder popular, en la dirección de la lucha contra los monopolios, contra el sistema capitalista podrido.
La condición previa para que el pueblo realmente tenga el poder es la socialización de los monopolios, la retirada de la Unión Europea, la cancelación unilateral de la deuda. Por supuesto, este poder planificará a nivel central la economía, desarrollará el potencial productivo del país a favor de la clase obrera, a favor de nuestro pueblo”.
PAME: No existe una gestión del capitalismo favorable al pueblo
Giorgos Skiadiotis, miembro del Secretariado Ejecutivo del PAME, al iniciar su discurso en la manifestación del PAME, comentó que el movimiento obrero y popular, el movimiento de la juventud tiene la fuerza de aislar, de aplastar y erradicar de la faz de la tierra la formación fascista del Amanecer Dorado. Dijo característicamente que: “La formación asesina fascista se puede quebrantar si cada trabajador que sufre se da cuenta de que el Amanecer Dorado no tiene nada que ver con las preocupaciones y los problemas del pueblo. Es una fuerza preparada y entrenada para llevar a cabo actos violentos, para intimidar, para actuar de modo criminal. Es una organización racista y mafiosa. Fue creada por el capital y es esto que la financia y la utiliza. (…)
El Amanecer Dorado se esfuerza precisamente por contrario de por que luchamos nosotros y los trabajadores en general. Nosotros luchamos por salarios dignos mientras que ellos están al lado de los patrones para disminuir los salarios. Nosotros luchamos para que los sindicatos estén libres de la influencia de la patronal y del Estado y ellos están en su servicio como un mecanismo de matones. Nosotros luchamos para unir a los trabajadores, independientemente del color de la piel, de la religión, de las relaciones laborales, contra el capital mientras que ellos están sembrando el racismo, el odio racial y religioso. Nosotros tratamos de modo organizado resistir a la violencia patronal y estatal mientras que ellos son parte de la violencia patronal y estatal contra el movimiento obrero. Nosotros luchamos para abolir el sistema de explotación y ellos son una de las herramientas asesinas del sistema contra nosotros con el fin de mantener su poder. (…)
Además, estamos aquí en esta concentración masiva que proclamó y organizó el PAME para romper y responder al clima de miedo por un lado y a las falsas esperanzas e ilusiones por otro lado que pretenden imponer el gobierno y las fuerzas del capital.
Contra el temor que si las medidas no se implementan, vendrán aun peores. Contra el temor debido al autoritarismo y la represión. Contra las esperanzas que estas medidas supuestamente son las últimas. Contra las esperanzas que a través de estas medidas tendremos desarrollo y que habrá días mejores para los trabajadores. Sin miedo y sin ilusiones. (…)
Estamos aquí:
Algunos pretenden supuestamente con huelgas de larga duración impedir las medidas y derrocar el gobierno. Sin la discusión con los trabajadores, sin la preparación necesaria, sin alianzas. En pocos días llevan las movilizaciones a la degeneración y por supuesto los trabajadores a la desilusión y a la desmovilización y a la mayor consolidación del gobierno y de la coalición gubernamental.
Se trata de los títeres de ayer que constituyen la mayoría de la Confederación de trabajadores en el sector privado (GSEE) y público (ADEDY), la “Intervención Autónoma” y ANTARSYA, cuyo aventurismo y su furia contra el PAME no tienen límites.
Nosotros queremos discutir hasta la realización de la huelga, si es posible, con todos los trabajadores, con todo el pueblo. Queremos integrar a miles de trabajadores en los sindicatos y que miles tomen parte en sus asambleas generales y decidan. Queremos que aquel día paralicen las fábricas, con los propios trabajadores a las puertas. Que se inunden las calles por los trabajadores de las fábricas y de las oficinas. Que estén con nosotros en las calles millones de desempleados, mujeres e inmigrantes. Que estén con nosotros los trabajadores autónomos que sufren sin sueldo, sin ingreso, los campesinos pobres que tienen nuevos lazos envueltos alrededor de sus cuellos.
Si lo logramos todo esto, si la huelga es un paso hacia esta dirección, entonces los tiranos locales y extranjeros perderán su sueños.”
El representante del PAME subrayó que solamente entonces se crearán las condiciones previas para que se vaya el gobierno. No solamente para que se vaya el gobierno pero además para que no venga otra con otros argumentos y consignas que continuará la política antipopular.
En Atenas la marcha masiva militante del PAME llegó a la plaza Sintagma, frente al parlamento. Estas manifestaciones se organizaron en contra de la política gubernamental de la ND y del PASOK, bajo las demandas:
- Firma de Convenios Colectivos de Trabajo junto con el Convenio de Trabajo Colectivo Nacional y abolición de las leyes antilaborales en materia de convenios.
- Protección de los desempleados, prestación por desempleo y asistencia farmacéutica.
- Abolición de las leyes contra la seguridad social, abolición de los recortes y retorno de la 13ª y 14ª pensiones, el retorno de los fondos de pensiones robados por el Estado y los empleadores.
- Reversión de los despidos en el sector público, cese de los despidos en el sector privado.
- Fondos para cubrir las necesidades básicas en la Educación, la Salud y el Bienestar.
- Abolición de los impuestos altos, prevención de las ejecuciones hipotecarias y las subastas, a expensas de las familias populares.
Comentario del Secretario General del CC del KKE, Dimitris Koutsoumpas
El Secretario General del CC del KKE, Dimitris Koutsoumpas, en la manifestación del PAME en la plaza Omonia, hizo el siguiente comentario:
“La única esperanza y perspectiva es el reagrupamiento rápido del movimiento obrero y popular, la organización de la lucha popular, la promoción de la alianza popular entre la clase obrera, los empleados, los desempleados, los trabajadores autónomos de la ciudad, los campesinos pobres, los jóvenes, las mujeres. Es la unión de fuerzas con el movimiento sindical de clase, con el PAME, con las demás agrupaciones, la acción común con el KKE, con la perspectiva del poder popular, en la dirección de la lucha contra los monopolios, contra el sistema capitalista podrido.
La condición previa para que el pueblo realmente tenga el poder es la socialización de los monopolios, la retirada de la Unión Europea, la cancelación unilateral de la deuda. Por supuesto, este poder planificará a nivel central la economía, desarrollará el potencial productivo del país a favor de la clase obrera, a favor de nuestro pueblo”.
PAME: No existe una gestión del capitalismo favorable al pueblo
Giorgos Skiadiotis, miembro del Secretariado Ejecutivo del PAME, al iniciar su discurso en la manifestación del PAME, comentó que el movimiento obrero y popular, el movimiento de la juventud tiene la fuerza de aislar, de aplastar y erradicar de la faz de la tierra la formación fascista del Amanecer Dorado. Dijo característicamente que: “La formación asesina fascista se puede quebrantar si cada trabajador que sufre se da cuenta de que el Amanecer Dorado no tiene nada que ver con las preocupaciones y los problemas del pueblo. Es una fuerza preparada y entrenada para llevar a cabo actos violentos, para intimidar, para actuar de modo criminal. Es una organización racista y mafiosa. Fue creada por el capital y es esto que la financia y la utiliza. (…)
El Amanecer Dorado se esfuerza precisamente por contrario de por que luchamos nosotros y los trabajadores en general. Nosotros luchamos por salarios dignos mientras que ellos están al lado de los patrones para disminuir los salarios. Nosotros luchamos para que los sindicatos estén libres de la influencia de la patronal y del Estado y ellos están en su servicio como un mecanismo de matones. Nosotros luchamos para unir a los trabajadores, independientemente del color de la piel, de la religión, de las relaciones laborales, contra el capital mientras que ellos están sembrando el racismo, el odio racial y religioso. Nosotros tratamos de modo organizado resistir a la violencia patronal y estatal mientras que ellos son parte de la violencia patronal y estatal contra el movimiento obrero. Nosotros luchamos para abolir el sistema de explotación y ellos son una de las herramientas asesinas del sistema contra nosotros con el fin de mantener su poder. (…)
Además, estamos aquí en esta concentración masiva que proclamó y organizó el PAME para romper y responder al clima de miedo por un lado y a las falsas esperanzas e ilusiones por otro lado que pretenden imponer el gobierno y las fuerzas del capital.
Contra el temor que si las medidas no se implementan, vendrán aun peores. Contra el temor debido al autoritarismo y la represión. Contra las esperanzas que estas medidas supuestamente son las últimas. Contra las esperanzas que a través de estas medidas tendremos desarrollo y que habrá días mejores para los trabajadores. Sin miedo y sin ilusiones. (…)
Estamos aquí:
- Por que el movimiento sindical, el movimiento popular, no puede tener otra línea de lucha aparte de la unidad contra el capital, las multinacionales, que son la fuente del mal, el tirano común de todos los sectores populares. Su línea no puede ser la de la colaboración de clases. Su línea no puede ser otra aparte de la de rechazo de todos los administradores del capitalismo.
- Porque la vida lo ha confirmado muchas veces: la gestión del capitalismo no puede ser favorable al pueblo.
- Porque no queremos vivir con las mentiras, con la utopía de un desarrollo más justo, de una distribución supuestamente más justa de la riqueza que producimos nosotros y nos lo prometen el gobierno y SYRIZA. No puede haber una distribución equitativa entre los que producen la riqueza y que pertenece a ellos, y los ladrones que se apropian de esta.
Algunos pretenden supuestamente con huelgas de larga duración impedir las medidas y derrocar el gobierno. Sin la discusión con los trabajadores, sin la preparación necesaria, sin alianzas. En pocos días llevan las movilizaciones a la degeneración y por supuesto los trabajadores a la desilusión y a la desmovilización y a la mayor consolidación del gobierno y de la coalición gubernamental.
Se trata de los títeres de ayer que constituyen la mayoría de la Confederación de trabajadores en el sector privado (GSEE) y público (ADEDY), la “Intervención Autónoma” y ANTARSYA, cuyo aventurismo y su furia contra el PAME no tienen límites.
Nosotros queremos discutir hasta la realización de la huelga, si es posible, con todos los trabajadores, con todo el pueblo. Queremos integrar a miles de trabajadores en los sindicatos y que miles tomen parte en sus asambleas generales y decidan. Queremos que aquel día paralicen las fábricas, con los propios trabajadores a las puertas. Que se inunden las calles por los trabajadores de las fábricas y de las oficinas. Que estén con nosotros en las calles millones de desempleados, mujeres e inmigrantes. Que estén con nosotros los trabajadores autónomos que sufren sin sueldo, sin ingreso, los campesinos pobres que tienen nuevos lazos envueltos alrededor de sus cuellos.
Si lo logramos todo esto, si la huelga es un paso hacia esta dirección, entonces los tiranos locales y extranjeros perderán su sueños.”
El representante del PAME subrayó que solamente entonces se crearán las condiciones previas para que se vaya el gobierno. No solamente para que se vaya el gobierno pero además para que no venga otra con otros argumentos y consignas que continuará la política antipopular.
(VIDEO) Franceses reclaman al gobierno un cambio de política
Por: Prensa Latina / Actualidad RT | Domingo, 03/11/2013 12:48 PM
Credito: Actualidad RT
La muestra fue realizada por el Instituto Francés de Opinión Pública (Ifop) y señala que apenas nueve de cada 100 personas juzgan conveniente el accionar del ejecutivo.
De acuerdo con el sondeo, 43 por ciento rechazan el rumbo seguido por el gobierno, 30 desean un cambio en el método y otros 18 piden una reorganización del gabinete.
Sin embargo, entre las personalidades sugeridas en la encuesta para incorporarse al equipo de trabajo, como Martine Aubry, Claude Bartolone y Ségolÿne Royal, ninguna rebasa los 37 puntos de aprobación entre los interrogados.
A pesar de las victorias electorales de 2012 en los comicios presidenciales y los legislativos, Hollande ha sufrido un acelerado desgaste ante la opinión pública y ocupa en la actualidad el sitio más bajo de un presidente en los últimos 55 años.
Entre las principales causas de este fenómeno figuran la crisis económica heredada de su predecesor, Nicolás Sarkozy, la continua alza del desempleo, el acatamiento de las políticas de austeridad impuestas por la Unión Europea, el alza del costo de la vida y la aplicación de nuevos impuestos.
Cuando faltan cinco meses para los comicios locales de marzo del año venidero, la aceptación del gobierno sigue en baja, según todas las empresas dedicadas a realizar sondeos.
Los analistas estiman que un resultado negativo en estas elecciones comprometería la reelección de Hollande en 2017, cuando estará de nuevo en juego el Palacio del Elíseo.
Disturbios tras las multitudinarias manifestaciones en Francia contra la 'ecotasa'
Cientos de manifestantes se enfrentaron a la Policía en la ciudad francesa de Quimper el pasado sábado, después de que miles de personas tomaran las calles para exigir el fin del impuesto ecológico del país.
Las fuerzas de seguridad emplearon mangueras de agua y gases lacrimógenos, para dispersar a la multitud, mientras que los manifestantes lanzaron piedras, botellas y pequeños explosivos de fabricación casera.
http://youtu.be/R2zj_69nvhg
Los franceses pierden la paciencia con Hollande
Recortes, paro e impuestos, sumado a las pulsiones racistas en la sociedad, marcan el punto más bajo del líder socialista
Protestas contra la ecotasa en la Bretaña francesa. / JEAN-SEBASTIEN EVRARD (AFP )
La crispación y frustración de la derecha francesa después de sus dos derrotas electorales de 2012
lleva meses agitando las aguas políticas francesas. Poco a poco, ese
estado de ánimo se ha ido contagiando, y la exasperación ha alcanzado de
lleno a las clases medias y a muchos votantes de izquierda. La rica y
envidiada Francia, quizá el último paraíso del viejo Estado de bienestar
europeo, vive tiempos convulsos: la economía sigue estancada, el paro
ronda ya el 10,5%, la industria pierde cada semana miles de trabajadores
—los penúltimos, 1.800 empleados de la filial de Fagor—, mientras el
Gobierno y la mayoría socialista no reaccionan y el presidente François Hollande permanece mudo en el Elíseo.
El presidente normal llegó al poder prometiendo un cambio tranquilo, una Europa distinta y más justicia social para dejar atrás el voluntarismo y la ineficacia de su detestado antecesor, Nicolas Sarkozy. Año y medio después, la sociedad francesa emite señales cada vez más inquietantes.
La revuelta de los bonnets rouges (gorros rojos) —una alianza de agricultores, obreros y empresarios— en Bretaña contra la ecotasa, finalmente suspendida sine die; la detención de la niña gitana Leonarda Dibrani en plena excursión escolar y las posteriores manifestaciones de estudiantes en París, y la barbarie de un grupo de extrema derecha en Angers, donde unos niños llamaron mono a la ministra de Justicia, Christiane Taubira, son los últimos síntomas del desgarro que vive la segunda potencia del euro.
En su primer año en el poder, el Gobierno socialista vendió un programa que parecía socialdemócrata. Recortes moderados del gasto, combinados con un 10% de subidas de impuestos —solo para uno de cada 10 ciudadanos, los más ricos y las empresas—, refuerzo de la inversión en educación, corrección de la mini-reforma de pensiones de Sarkozy, y ley del matrimonio gay.
Hollande no era especialmente amado, pero todo parecía ir razonablemente bien. Hasta que en marzo de este año, todo cambió, y los índices de popularidad del presidente se hundieron.
Las encuestas revelaban que los franceses de clase media se ven cada vez más pobres. Y, por primera vez desde 1984, los datos confirmaban que la ciudadanía ha perdido poder adquisitivo: cuatro décimas en 2012. Al mismo tiempo, presionado por el exceso de déficit que tanto alarma a Bruselas y a Berlín, el equipo económico de Hollande anunciaba recortes de 18.000 millones para 2014 y más impuestos para todos; un millón de personas con bajos ingresos tendrá que pagar renta el año que viene. Y mientras, las estimaciones afirman que los paraísos fiscales esconden al fisco francés entre 60.000 y 80.000 millones..
Además de los datos, la improvisación y la ausencia de credibilidad del Gabinete socialista parecen hoy incontestables. En septiembre, el ministro de Economía, Pierre Moscovici, reconocía que su política había producido un “hartazgo fiscal” entre los franceses. Poco después, Hollande prometía en televisión una “pausa fiscal para 2014”. Al día siguiente, el primer ministro, Jean-Marc Ayrault, la retrasaba hasta 2015.
Las críticas a la voracidad impositiva socialista se extendieron entonces desde la patronal, las pymes y el millar de millonarios que iban a pagar el célebre impuesto del 75% —limitado hoy, tras muchas fatigas, a los 12 clubes más ricos de la Liga de fútbol— al resto de la población. Y hace un par de semanas, la izquierda empezó a hervir donde menos se esperaba: en el feudo socialista y europeísta bretón, y contra una tasa que ni siquiera se aplica, pues debe entrar en vigor en 2014.
“Detrás del movimiento de descontento generalizado hay dudas muy profundas sobre la perennidad del modelo francés”, explicaba ayer en Le Monde Jérôme Fourquet, del instituto sociológico IFOP. “Hemos pasado de un clima social átono a una resignación rabiosa”, enfatizaban Michèle Rescourio-Gilabert y Jean-Pierre Basilien, autores de un estudio que pulsa la opinión entre directivos y asalariados. “Es como si la Francia de abajo se rebelara contra el Estado central”, añade François Miquet-Marty, presidente de la casa de sondeos Viavoice.
El malestar, la cerrazón y la desconfianza en la clase política son cada vez más palpables en la calle. Pero lo más alarmante es que la xenofobia y el racismo vuelan libremente desde los cafés y los medios hasta los pasillos del poder, aunque las últimas cifras de Eurostat nieguen de plano que Francia esté sufriendo una invasión de inmigrantes: entre los 65,7 millones de franceses, viven 2,5 millones de extracomunitarios, un 3,8% del total.
La oleada de rechazo a los gitanos, lanzada por la derecha en verano e incitada más tarde desde la cúpula del Estado —con la excusa de intentar frenar el avance del Frente Nacional— por el ministro del Interior, el barcelonés de nacimiento Manuel Valls, que acusó a los 17.000 romaníes europeos —la mitad de ellos, niños— de tener una cultura muy distinta y de no querer integrarse, ha tenido un efecto multiplicador y legitimador.
La única réplica desde arriba a ese racismo de Estado ha sido la de su compañera de Gobierno Christiane Taubira, nacida en la Guayana y una de las personas más cultas y refinadas del orbe político francés, acostumbrada a ser llamada “gorila” desde los escaños de la derecha populista.
“Las inhibiciones están desapareciendo y los diques caen”, ha alertado Taubira, recordando que “los ataques racistas van contra el corazón de la República”.
Abandonada a su suerte por Hollande, que se ha limitado a hablar ante el Consejo de Ministros, la ministra ha culpado de esa deriva a la derecha (“menos republicana de lo que fue”) y, sin citarlos, a Valls y al propio jefe del Estado: “Durante el último quinquenio, construimos un enemigo interior. Hoy, los que son incapaces de trazar un horizonte pasan su tiempo diciendo al pueblo francés que está acosado, asediado, en peligro”. “¡Hace un año que se habla de los gitanos casi cada día! Y se sigue diciendo a los franceses: ‘Seguid con el escudo en la cabeza porque estáis rodeados’, en lugar de dar respuestas eficaces. ¡Basta ya de manipulación!”.
¿Es hoy Francia más racista que ayer? Solo bastaba echar un vistazo a las televisiones y a las redes sociales durante el caso Leonarda para pensar que sí. Los únicos datos disponibles, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, afirman que, en 2012, se registraron 1.530 actos racistas, un 23% más que en 2011.
Aurélie, de 30 años, diplomada en la Escuela Nacional de Comercio, directiva en una pujante empresa de I+D y votante de la derecha, da una visión poco esperanzadora. “La ilusión por la capacidad de la política para cambiar las cosas se ha acabado. Las generaciones de nuestros padres diseñaron un sistema que no puede durar eternamente. Y los franceses somos unos niños mimados. Tenemos una calidad de vida muy alta y más vacaciones que nadie, pero no paramos de quejarnos. Aunque luego nos resistimos a reformar nada. Somos un país poco acogedor, y entre nosotros la relación es rara, poco sana. Nos movemos en círculos casi impermeables”.
El presidente normal llegó al poder prometiendo un cambio tranquilo, una Europa distinta y más justicia social para dejar atrás el voluntarismo y la ineficacia de su detestado antecesor, Nicolas Sarkozy. Año y medio después, la sociedad francesa emite señales cada vez más inquietantes.
La revuelta de los bonnets rouges (gorros rojos) —una alianza de agricultores, obreros y empresarios— en Bretaña contra la ecotasa, finalmente suspendida sine die; la detención de la niña gitana Leonarda Dibrani en plena excursión escolar y las posteriores manifestaciones de estudiantes en París, y la barbarie de un grupo de extrema derecha en Angers, donde unos niños llamaron mono a la ministra de Justicia, Christiane Taubira, son los últimos síntomas del desgarro que vive la segunda potencia del euro.
En su primer año en el poder, el Gobierno socialista vendió un programa que parecía socialdemócrata. Recortes moderados del gasto, combinados con un 10% de subidas de impuestos —solo para uno de cada 10 ciudadanos, los más ricos y las empresas—, refuerzo de la inversión en educación, corrección de la mini-reforma de pensiones de Sarkozy, y ley del matrimonio gay.
Hollande no era especialmente amado, pero todo parecía ir razonablemente bien. Hasta que en marzo de este año, todo cambió, y los índices de popularidad del presidente se hundieron.
Las encuestas revelaban que los franceses de clase media se ven cada vez más pobres. Y, por primera vez desde 1984, los datos confirmaban que la ciudadanía ha perdido poder adquisitivo: cuatro décimas en 2012. Al mismo tiempo, presionado por el exceso de déficit que tanto alarma a Bruselas y a Berlín, el equipo económico de Hollande anunciaba recortes de 18.000 millones para 2014 y más impuestos para todos; un millón de personas con bajos ingresos tendrá que pagar renta el año que viene. Y mientras, las estimaciones afirman que los paraísos fiscales esconden al fisco francés entre 60.000 y 80.000 millones..
Además de los datos, la improvisación y la ausencia de credibilidad del Gabinete socialista parecen hoy incontestables. En septiembre, el ministro de Economía, Pierre Moscovici, reconocía que su política había producido un “hartazgo fiscal” entre los franceses. Poco después, Hollande prometía en televisión una “pausa fiscal para 2014”. Al día siguiente, el primer ministro, Jean-Marc Ayrault, la retrasaba hasta 2015.
Las críticas a la voracidad impositiva socialista se extendieron entonces desde la patronal, las pymes y el millar de millonarios que iban a pagar el célebre impuesto del 75% —limitado hoy, tras muchas fatigas, a los 12 clubes más ricos de la Liga de fútbol— al resto de la población. Y hace un par de semanas, la izquierda empezó a hervir donde menos se esperaba: en el feudo socialista y europeísta bretón, y contra una tasa que ni siquiera se aplica, pues debe entrar en vigor en 2014.
“Detrás del movimiento de descontento generalizado hay dudas muy profundas sobre la perennidad del modelo francés”, explicaba ayer en Le Monde Jérôme Fourquet, del instituto sociológico IFOP. “Hemos pasado de un clima social átono a una resignación rabiosa”, enfatizaban Michèle Rescourio-Gilabert y Jean-Pierre Basilien, autores de un estudio que pulsa la opinión entre directivos y asalariados. “Es como si la Francia de abajo se rebelara contra el Estado central”, añade François Miquet-Marty, presidente de la casa de sondeos Viavoice.
El malestar, la cerrazón y la desconfianza en la clase política son cada vez más palpables en la calle. Pero lo más alarmante es que la xenofobia y el racismo vuelan libremente desde los cafés y los medios hasta los pasillos del poder, aunque las últimas cifras de Eurostat nieguen de plano que Francia esté sufriendo una invasión de inmigrantes: entre los 65,7 millones de franceses, viven 2,5 millones de extracomunitarios, un 3,8% del total.
La oleada de rechazo a los gitanos, lanzada por la derecha en verano e incitada más tarde desde la cúpula del Estado —con la excusa de intentar frenar el avance del Frente Nacional— por el ministro del Interior, el barcelonés de nacimiento Manuel Valls, que acusó a los 17.000 romaníes europeos —la mitad de ellos, niños— de tener una cultura muy distinta y de no querer integrarse, ha tenido un efecto multiplicador y legitimador.
La única réplica desde arriba a ese racismo de Estado ha sido la de su compañera de Gobierno Christiane Taubira, nacida en la Guayana y una de las personas más cultas y refinadas del orbe político francés, acostumbrada a ser llamada “gorila” desde los escaños de la derecha populista.
“Las inhibiciones están desapareciendo y los diques caen”, ha alertado Taubira, recordando que “los ataques racistas van contra el corazón de la República”.
Abandonada a su suerte por Hollande, que se ha limitado a hablar ante el Consejo de Ministros, la ministra ha culpado de esa deriva a la derecha (“menos republicana de lo que fue”) y, sin citarlos, a Valls y al propio jefe del Estado: “Durante el último quinquenio, construimos un enemigo interior. Hoy, los que son incapaces de trazar un horizonte pasan su tiempo diciendo al pueblo francés que está acosado, asediado, en peligro”. “¡Hace un año que se habla de los gitanos casi cada día! Y se sigue diciendo a los franceses: ‘Seguid con el escudo en la cabeza porque estáis rodeados’, en lugar de dar respuestas eficaces. ¡Basta ya de manipulación!”.
¿Es hoy Francia más racista que ayer? Solo bastaba echar un vistazo a las televisiones y a las redes sociales durante el caso Leonarda para pensar que sí. Los únicos datos disponibles, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, afirman que, en 2012, se registraron 1.530 actos racistas, un 23% más que en 2011.
Aurélie, de 30 años, diplomada en la Escuela Nacional de Comercio, directiva en una pujante empresa de I+D y votante de la derecha, da una visión poco esperanzadora. “La ilusión por la capacidad de la política para cambiar las cosas se ha acabado. Las generaciones de nuestros padres diseñaron un sistema que no puede durar eternamente. Y los franceses somos unos niños mimados. Tenemos una calidad de vida muy alta y más vacaciones que nadie, pero no paramos de quejarnos. Aunque luego nos resistimos a reformar nada. Somos un país poco acogedor, y entre nosotros la relación es rara, poco sana. Nos movemos en círculos casi impermeables”.
URUGUAY
VIOLENCIA BARRIAL
Jorge Zabalza
Zabalza entendió que Bonomi se equivocó cuando aceptó
lo que le dijo la policía y salió a la prensa a darlo por un hecho. “La
versión de que este chico había cometido el asalto y disparado primero, y
después aceptar la verdad, hace que la gente de Santa Catalina y todos los que viven en barrios periféricos se den cuenta que tienen un estigma”.
Para Zabalza, la muerte del joven Lemos aún no está aclarada, ya que “el policía hacia un servicio 222 en la panadería de Santa Catalina, o sea que estaba seis horas por día en el barrio, trabajaba allá. Y el asesinado y sus amigos siempre están ahí en la placita en la terminal de Cutcsa porque, como en todos los barrios de la periferia de Montevideo, no hay donde jugar a a algo, un lugar donde estar, donde hacer algo. Ellos están ahí y ya habían tenido problemas porque el policía que se creía dueño de la terminal los había desalojado varias veces: él no tiró a una moto sospechosa que pasaba, él conocía a la víctima. Y si sospechaba, sabe quien es la víctima, vivía a una cuadra de ahí”.
Apuntó también sobre el procedimiento cumplido porque “fueron a aterrorizar a la gente: eso no es forma de investigar un delito”.
En cuanto a las decenas de adolescentes que participaron de la quema de cubiertas y bloquearon la calles, explicó que “estos gurises participaron cuando eran niños en la ocupación de terrenos, en la construcción del barrio, cuando hubo que pedir el agua, la luz, vieron hacer barricadas para pedirla. Hoy tienen de 15 a 19 años y participaron en la construcción de cada una de las viviendas, con su padre y su madre, con los parientes, los vecinos. Tienen una cohesión”, aseguró aunque entendió que eso está surgiendo en “todos los barrios de Montevideo”.
Zabalza reconoció que gracias a la prensa, “cuando la policía avanzó sobre las barricadas si no hubieran estado las cámaras de televisión había otro muerto” y descartó de plano quienes acusan al barrio de ser un “feudo de Zabalza”, lo que calificó de “falta de respeto por la gente”.
Enfatizó finalmente que los problemas seguirán en aumento ya que “desde 2008 con el nuevo Código de Procedimiento Policial, desde que se empezó a militarizar la policía, desde que se empezó a entrenar y aprendieron de la policía israelí -que no es el mejor ejemplo del que aprender- se ha transformado en Palestina a toda la periferia. Y la guerra a la delincuencia se transforma en la guerra a su medio social, a los barrios, eso hay que reflexionarlo”.
Recordó en tal sentido los conceptos de SERPAJ “que son muy moderados y mesurados: hay un crecimiento de la violencia policial en los operativos y en la actitud de la policía frente a cada situación en particular, frente a los pibes que están en la esquina”.
Concluyó apuntando que “esto tiene responsabilidades políticas porque eso es una concepción que se está imponiendo y eso es político. Y si hay un ejecutor que es el policía, también hay un ejecutor mediato, que es el que crea las políticas que ambientan este tipo de cosas”.
Destacó que si no cambia la actitud general y se “pone freno a la policía” la situación empeorará.
Zabalza: “Han convertido a Santa Catalina en Palestina” y eso “tiene responsabilidades políticas”
El ex dirigente tupamaro Jorge Zabalza acusó al ministro del Interior por haber “convertido a Santa Catalina en Palestina” y dijo que más allá del constante abuso policial de sus potestades, hay “responsabilidades políticas” por la muerte de un inocente.
Jueves 07 de noviembre de 2013 | 15:00 La República uy
Jorge ZabalzaPara Zabalza, la muerte del joven Lemos aún no está aclarada, ya que “el policía hacia un servicio 222 en la panadería de Santa Catalina, o sea que estaba seis horas por día en el barrio, trabajaba allá. Y el asesinado y sus amigos siempre están ahí en la placita en la terminal de Cutcsa porque, como en todos los barrios de la periferia de Montevideo, no hay donde jugar a a algo, un lugar donde estar, donde hacer algo. Ellos están ahí y ya habían tenido problemas porque el policía que se creía dueño de la terminal los había desalojado varias veces: él no tiró a una moto sospechosa que pasaba, él conocía a la víctima. Y si sospechaba, sabe quien es la víctima, vivía a una cuadra de ahí”.
La conducta política y el rumbo de la policía
“Si hay algo que le reprocho al Ministro del Interior es que dio por bueno el informe de la policía y salió a decirlo públicamente, lo cual sesga a la opinión publica cuando tenia que haber tenido mucha más prudencia… y a la larga son los vecinos los que tienen la razón”, detalló en declaraciones a Radio Uruguay del SODRE.Apuntó también sobre el procedimiento cumplido porque “fueron a aterrorizar a la gente: eso no es forma de investigar un delito”.
En cuanto a las decenas de adolescentes que participaron de la quema de cubiertas y bloquearon la calles, explicó que “estos gurises participaron cuando eran niños en la ocupación de terrenos, en la construcción del barrio, cuando hubo que pedir el agua, la luz, vieron hacer barricadas para pedirla. Hoy tienen de 15 a 19 años y participaron en la construcción de cada una de las viviendas, con su padre y su madre, con los parientes, los vecinos. Tienen una cohesión”, aseguró aunque entendió que eso está surgiendo en “todos los barrios de Montevideo”.
Zabalza reconoció que gracias a la prensa, “cuando la policía avanzó sobre las barricadas si no hubieran estado las cámaras de televisión había otro muerto” y descartó de plano quienes acusan al barrio de ser un “feudo de Zabalza”, lo que calificó de “falta de respeto por la gente”.
Enfatizó finalmente que los problemas seguirán en aumento ya que “desde 2008 con el nuevo Código de Procedimiento Policial, desde que se empezó a militarizar la policía, desde que se empezó a entrenar y aprendieron de la policía israelí -que no es el mejor ejemplo del que aprender- se ha transformado en Palestina a toda la periferia. Y la guerra a la delincuencia se transforma en la guerra a su medio social, a los barrios, eso hay que reflexionarlo”.
Recordó en tal sentido los conceptos de SERPAJ “que son muy moderados y mesurados: hay un crecimiento de la violencia policial en los operativos y en la actitud de la policía frente a cada situación en particular, frente a los pibes que están en la esquina”.
Concluyó apuntando que “esto tiene responsabilidades políticas porque eso es una concepción que se está imponiendo y eso es político. Y si hay un ejecutor que es el policía, también hay un ejecutor mediato, que es el que crea las políticas que ambientan este tipo de cosas”.
Destacó que si no cambia la actitud general y se “pone freno a la policía” la situación empeorará.
Nacional - SANTA CATALINA
Bonomi sobre Zabalza: “Está con su cabeza luchando equivocadamente”
Además, dijo que las afirmaciones del comisionado parlamentario sobre lo sucedido en el Comcar son un “disparate”
+ - 07.11.2013, 09:45 hs
- ACTUALIZADO 16:25
Texto: El Observador
Las declaraciones fueron realizadas a Telebuendía. Allí habló extensamente de la situación ocurrida en Santa Catalina, de la muerte del joven Sergio Lemos y de muertes de criminales en manos de la Policía, que Bonomi se encargó de diferenciar.
Zabalza, que vive en Santa Catalina, fue uno de los primeros en criticar el actuar policial en su barrio. Criticó duramente a Bonomi, y dijo que él ha acrecentado la actitud de impunidad de la Policía. El ministro se defendió: “eso no lo ve nadie, eso lo ve él y lo creerán algunos más. Pero si usted va a todo el espectro político hay gente que dice que la Policía tiene una situación de debilidad y que no actúa. Hay dos visiones completamente distintas y ninguna de las dos son objetivas”. Afirmó a raíz de esto que hay gente que cree que “cuanto peor, mejor”.
En referencia a un post del blog del encargado de Comunicación del Ministerio del Interior, Fernando Gil, que tituló una columna: “A barrio revuelto, ganancia de incitadores”, que refiere al interés político que hay por detrás de los disturbios, Bonomi dijo que cree que en Santa Catalina “hay una indignación legítima, pero por ejemplo, el otro día, quemar la oficina de Gas Sayago, no tiene nada que ver con lo que pasó. Hay intereses políticos radicales y no radicales”.
“Zabalza se alejó de la organización que integrábamos juntos porque discrepaba con la caracterización del momento, con la política de alianza y entonces lo que hoy hace es consecuencia de esa diferencia”, sentenció.
Comisionado parlamentario “dijo un disparate”
Por otra parte, el ministro calificó de “disparate” lo que dijo el comisionado parlamentario, Álvaro Garcé de que lo sucedido en el Comcar en donde murieron dos reclusos, pudo haber sido una masacre.
Explicó que “al informe de lo sucedido le pone elementos subjetivos equivocados. Parte de la base de que desde el módulo 2 del techo se tiraron 65 cartuchos de munición letal, él multiplica los balines que tiene cada cartucho y dice que fueron 1.500 disparos. No fueron 1.500, fueron 65, y de esos 65 tiran 25 municiones a la vez. Es imposible esquivarlo cuando le están tirando de 15 metros a 150 personas, entonces, la explicación de por qué no hubo una masacre fue porque de los 65 disparos la inmensa mayoría fueron al aire. Porque si le tiran a 150 de 10 o 15 metros, hay una masacre”.
"Habrá más muertes", vaticinó
El
ex dirigente del Movimiento de Liberación Nacional - Tupamaros (MLN-T),
Jorge Zabalza, al reflexionar sobre el accionar policial en el barrio
Santa Catalina que tuvo la trágica consecuencia de un joven asesinado,
afirmó que “se van a pasar más de la raya” y “habrá más muertes”.Zabalza: “Se van a pasar más de la raya”
Publicado el 7/11/2013 - 13:09 El Observador
Al dialogar con el programa “Primera Voz” de La Catorce 10, Zabalza calificó de “exceso” el procedimiento de los efectivos al considerar que “la Policía no tiene derecho a tomar un barrio como si fuera una zona de guerra”.
Discrepó con la solución que propone el nacionalista Jorge Saravia de “sacar a los soldados a la calle, porque eso ya lo vivimos”. A su entender, “Bonomi es responsable político” y compartió la apreciación del presidente José Mujica respecto a que “se pasaron de la raya”.
Sin embargo, Zabalza señaló que “hace tiempo que se vienen pasando de la raya. Acá no hay nada que se vea en las declaraciones del ministro en el reportaje que le hicieron en la revista Voces, no hay nada que se vea de alguna intención de cambiar”.
“Yo lo que veo, y a veces parezco un poco bruto porque los veo venir, es que se van a pasar cada vez más de la raya. Ahora, se pasaron de la raya, y van a seguir para adelante”, indicó.
Para Zabalza, “no hay una solución inmediata” y, como política de fondo, manifestó que “en algún país que conviví, el delito se controló porque había una organización de los vecinos, una organización popular y el pueblo estaba organizado de manera de poder controlar el territorio donde vivía”, especificando que se refería a la Revolución Cubana.
Estimó que “esta política represiva va a llevar a más muertes”.
Sostuvo que no han existido cambios en los diferentes Ministerios del Interior, elogiando la gestión de José Díaz a quien no lo dejaron hacer.
Un buen titular escandaloso para los señores feudales del
“periodismo” amarillo
por Gabriel –Saracho- Carbajales
por Gabriel –Saracho- Carbajales
En una nueva exhibición de estupidez nada
ingenua ni original, el diario “El País” –primero siempre- subtitula una nota
de tapa del 6 de noviembre referida a los acontecimientos en Santa Catalina, farfullando
que todo ha venido ocurriendo “En el feudo de Zabalza”… Y en la nota misma, se
afirma –palabras más, palabras menos- que “el fenómeno Santa catalina” es fruto
de la acción planificada y organizada extramuros por gente que ha hecho de los
jóvenes “soliviantados” del oeste su “carne de cañón” radical y desestabilizadora…
(Se alude, obviamente, al mismo vecino “radical”
entrevistado intermitentemente por algunos medios, al que cuando la crisis del
2002 estos mismos medios le atribuyeron estar organizando y conduciendo a los desacatados
menesterosos de ese año dramático, a los mil copamientos de supermercados que
protagonizaría salvajemente una horda humana que iría desparramándose como
reguero de pólvora desde la falda del Cerro hasta el Paso Molino y más lejos;
eso sí, dirigiéndolos este hechicero de la lucha de clases, desde su casa, con mágicas
señales de humo y algún milagroso teclado morse, claro, porque aún no funcionaban
como hoy las famosas “redes sociales” virtuales).
Anticipando esta ingeniosa primera plana del
diario caganchero, algunas radios y algunos canales trataron de pintarnos desde
la noche misma del brutal asesinato de Sergio Lemos, un panorama de barrio
copado por “grupos extremistas” que nada tienen que ver con el lugar, y,
también, diciendo tonterías como que “Santa Catalina es como un barrio
privado”, en el que al que llega de afuera, la gente lo hace sentir “como sapo
de otro pozo”, algo así como si “el Santa” fuera la emulación tugurizada,
maloliente y contaminada de los opulentos y señoriales “Beverly Hill” de
Carrasco y Punta Gorda, en los que nadie es sapo de otro pozo sencillamente
porque ahí no entra nadie más que la crema privilegiada de nuestra desvencijada
“tacita de plata”…
Ya cuando ocurrió la golpiza policial y la arbitraria
detención de tres chiquilines de hace un par de meses frente a la casa de una
vecina “catalinense” comprometida en la lucha por los DD.HH., la prensa
estúpida pintó un panorama de “zona roja” manipulada desde lejos por no se sabe
qué agentes diabólicos del mal pretendiendo prevalecerse de su supuesto
“profesionalismo militante” para utilizar a la muchachada del cercano Oeste
como si fuesen tontos nenes de pecho esperando a los salvadores ilustrados que
vendrán a librarlos de las fuerzas del bien, y enrolarlos en las filas de la
temible caterva ultra que desea voltear a toda costa al gobierno y ejecutar de
parado al sistema.
La técnica mediática imperante, si así puede
llamársele, responde a su misma razón de ser: preservar el statu quo,
garantizar la existencia de una sociedad profundamente polarizada entre pobres
y ricos, prolongar relaciones sociales fundadas en el sometimiento de la
inmensa mayoría laboriosa por una ínfima minoría parasitaria; en fin, eternizar
perversamente opresiones y desigualdades a través de una prédica incesante y
una versión de la realidad, que son, de hecho, el complemento “cultural” de la
función coercitivo-represiva del Estado y su caballito de batalla de siempre,
el “principio de autoridad”, eufemismo grosero tras del cual se mimetiza el
“principio del autoritarismo”.
Por supuesto que del primero al último de los
dueños de estos medios prácticamente monopolizados por la clase dominante, cuenta
con disponibilidad de preparación educativa e informativa como para ser
plenamente conscientes de la obra magníficamente mentirosa que desarrollan sin
que haya “ley de medios” que los frene. Son, en verdad, los dueños de la mentira
industrializada y empaquetada con que día y noche los poderosos siembran en la
población semillas de ignorancia y engaño colectivo al por mayor, sin atenerse
en lo más mínimo a una objetividad con la que se llenan la boca muy buena parte
de quienes se autoconsideran periodistas e informativistas, al servicio de los
que sí sin exageración hay que identificar como los señores feudales de la
prensa burguesa.
Es probable que fuera del Oeste de
Montevideo, haya una considerable masa poblacional a la que esta fábrica de
falsedad cotidiana pueda hacerle creer, por el momento, que lo que viene
ocurriendo en Santa Catalina es el fruto camuflado de la acción disolvente del
“profesionalismo militante” o de alguna gente con superpoderes mentales que lo
hagan ser el satánico “señor feudal” del barrio capaz de encender una llamarada
de odio y de dolor sin consuelo como la que sigue irradiándose sobre todo desde
los corazones y la voluntad herida de quienes no son solamente un porcentaje
demográfico del país sumergido: los jóvenes, esa franja etarea que en realidad
va desde la media infancia hasta por lo menos los treinta años.
Pero en Santa Catalina, nadie, absolutamente
nadie, podrá creerse tamaña fantasía mediático-burguesa. Hasta quienes son
tremendamente cuestionadores de lo que se ha dado en llamar ligeramente
“radicales”; ni el más flechado en este sentido, habrá de morfarse esta pastilla.
Por otra parte, lo que “El País” llama feudo,
es, ni más ni menos, que un barrio humilde en el que el compañero Zabalza,
entre muchos otros que saben cómo comportarse como buenos vecinos, es apreciado
y respetado por esa simple condición, pero no por ninguna otra cualidad
politiquera en la que los dueños de este diario son especialistas.
“El País” y los demás pasquines y canales y
emisoras de radio, hay que decirlo en honor a la verdad y para no andar con
gre-gre o disimulando orígenes y explicaciones “sociológicas”, si quieren
cargar las tintas en el carácter “rojo” de este oeste cargado de furia,
deberían señalar un aspecto que está en el fondo más profundo de la
idiosincracia de esta juventud valiente y justiciera que hoy levanta los puños
con orgullo y que no necesita que nadie venga a decirle qué debe hacer y cómo:
Estas muchachitas y estos muchachitos que no
toleran un segundo más de prepotencia y atropello de asesinos uniformados o sin
uniforme, son los hijos y los nietos de miles y miles de mujeres y hombres
resueltos a no vivir en situación de calle o penando en pensiones de baja
estofa, y que en sucesivas y masivas acciones directas, muchas veces
resistiendo matoneadas diversas de milicos visibles y no visibles, durante más
de 20 años, han venido ocupando estas tierras que no eran barrios, sino,
sencillamente, predios baldíos estatales reservados para lo que hoy está en
marcha en torno a la base militar naval que se trasladó de la Aduana al Oeste,
por orden de las multinacionales saqueadoras, las zonas francas del
narco-comercio, las amenazantes regasificadoras y cada gobierno asesino de los
EE.UU.
La juventud del oeste de Montevideo es la
heredera natural y enaltecedora de un conjunto social de miles y miles de
familias laburantes, impelido por la miseria y el honor a una pequeña pero
dignísima rebelión popular expresada a través de lo más elemental que debería
mover a cada ser humano: el ejercicio del derecho natural a vivir bajo un techo
que nos de cobijo y abrigo y sobre una tierra que nos pertenece y que nos
alimenta no para destruirla, sino para enriquecerla y cuidarla de los que han
hecho suya la imbecilidad mercantilista.
Los jóvenes y los no jóvenes de Santa
Catalina ni necesitan ni toleran que de “extramuros” o de “intramuros”, se les diga
desde alguna cabeza iluminada cómo deben seguir siendo respetuosos y celosos
cuidadores de su propia dignidad heredada. Con aciertos y con errores, esta
barriada es, como potencialmente podrían serlo todas las barriadas del
territorio, un conjunto de individualidades capaces de hermanarse sin
condicionamientos frente a los ataques de quien sea, y de discutir y valorar
cómo seguir desarrollando una urdimbre de vida social lo más solidaria posible,
sin que la ley sea el atropello, la prepotencia y el gatillo fácil, sino el
respeto entre todos, sin menospreciar a nadie a pesar de una cultura que quiere
hacer de nosotros ovejas obedientes y mezquinas.
Si “El País” y los demás esbirros mediáticos
quieren un titular bien escandaloso, ya lo tienen servido: “El barrio SERGIO LEMOS/Sta. Catalina no tolera ni un solo abuso
policial más, ni tampoco ningún abuso extra-policial que pretenda corrernos de
nuestros hogares para que los ocupantes del oeste sean los gerentes de las
multinacionales y la oficialidad de fuerzas armadas locales o combinadas con
mercenarios extranjeros”.
(Medio largo, es cierto, pero entra
perfectamente en el formato de cualquier primera plana o “telenoticiero” y en
el entendimiento de cualquier iluso o distraído que sueñe con que el pueblo
trabajador costero del Plata es territorio mesiánico de iluminados inventados
en el teclado de los espupidizados o zona franca en la que cualquier ministrito
mentiroso lleva a la gente de las narices al engaño y el matadero).
Gabriel –Saracho- Carbajales, Montevideo, 7
de noviembre de 2013.-
Perfil del joven muerto en santa catalina
¿Quién era Sergio Lemos?
Tenía 19 años, cursó hasta segundo año del
liceo y luego comenzó a trabajar con su padre como albañil. Tres días
antes de morir había empezado a desempeñarse en una pescadería.
jue nov 7 2013 07:56 El País uy
Sergio Lemos era un muchacho muy querido en
Santa Catalina, un barrio de Montevideo donde todos se conocen. Cursó la
Escuela 309, ubicada a unos 80 metros de donde murió (24 de Octubre y
Tajamar).Según amigos del joven de 19 años, Sergio cursó hasta segundo año del Liceo 38 (La Teja) y después comenzó a trabajar con su padre como albañil y en una pequeña barraca que tenía su familia al costado de su casa (calles Liza y Clavel), a unas cinco cuadras de donde fue ultimado.
En ocasiones, Sergio realizaba repartos para una pizzería de la zona.
Desde hace dos años estaba de novio con una chica del barrio, cuentan sus amigos.
Tres días antes de morir, había comenzado a trabajar en una conocida empresa procesadora de pescado.
"Era un chico de trabajo. La Policía le erró. El muchacho se asustó y aceleró la moto. Después lo quisieron transformar en rapiñero. Queremos Justicia", dijo su abuelo Luis Alberto Lemos.
Madres y
Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos - HIJOS Uruguay
Crysol
Asociación de Ex Presos Políticos - Mesa Ejecutiva del Pit Cnt
FEUU -
Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay
Coordinadora
de Estudiantes de Enseñanza Media
Mesa
Permanente Contra la Impunidad - Asociación de Amigas y Amigos del
MUME
Fundación
Mario Benedetti - SERPAJ Uruguay
Invitan a la
Conferencia de Prensa a realizarse el viernes 8 de noviembre,
a las
11 horas, en la Sala de Actos del Pit Cnt (Jackson 1283)
ante el
procesamiento de un grupo de manifestantes en la Suprema Corte de
Justicia
Conferencia de prensa
COMUNICADO
8 DE NOVIEMBRE DE 2013
MADRES Y FAMILIARES DE URUGUAYOS DESAPARECIDOS
HIJOS URUGUAY-CRYSOL ASOCIACIÓN DE EX PRESOS POLÍTICOS
MESA EJECUTIVA DEL PIT CNT -FEUU
CORDINADORA DE ESTUDIANTES DE ESEÑANZA MEDIA
MESA PERMANENTE CONTRA LA IMPUNIDAD
ASOCIACIÓN DE AMIGAS Y AMIGOS DEL MUME
FUNDACIÓN MARIO BENEDETTI- SERPAJ URUGUAY
Las organizaciones firmantes manifestamos nuestra profunda preocupación y rechazamos enfáticamente el procesamiento de ciudadanos que, en el uso legítimo de sus derechos, se hicieron presentes el pasado 15 de febrero ante la Suprema Corte de Justicia, en apoyo a la Jueza Mariana Mota.
La democracia se fortalece con la participación de cada uno de sus ciudadanos y el derecho a manifestarse. Cualquier acción que persiga y condene ese derecho va en su contra.
Consideramos desmesurados y gravísimos los procesamientos por episodios que no sólo no constituyen delito, sino que interpretándolos jurídicamente de esta manera se vulnera la libertad de expresión.
El derecho de protesta está expresamente reconocido por los tratados Internacionales universales y regionales de Derechos Humanos, ya que necesariamente está implícito en la libertad de pensamiento, de conciencia Y de religión (art.18, Declaración Universal de Derechos Humanos), en la Libertad de opinión y de expresión (art.19) y en la libertad a de reunión y de asociación pacifica (art.20), lo cual impone a todos os Estados el deber de respetar el derecho de disentir y a reclamar públicamente por los derechos De sus ciudadanos, así como a expresar públicamente los disensos y
reclamos.
Madres y Familiares manifestó, la preocupación por los hechos gravísimos, sucedidos en el populoso barrio de Santa Catalina.
COMUNICADO
8 DE NOVIEMBRE DE 2013
MADRES Y FAMILIARES DE URUGUAYOS DESAPARECIDOS
HIJOS URUGUAY-CRYSOL ASOCIACIÓN DE EX PRESOS POLÍTICOS
MESA EJECUTIVA DEL PIT CNT -FEUU
CORDINADORA DE ESTUDIANTES DE ESEÑANZA MEDIA
MESA PERMANENTE CONTRA LA IMPUNIDAD
ASOCIACIÓN DE AMIGAS Y AMIGOS DEL MUME
FUNDACIÓN MARIO BENEDETTI- SERPAJ URUGUAY
Las organizaciones firmantes manifestamos nuestra profunda preocupación y rechazamos enfáticamente el procesamiento de ciudadanos que, en el uso legítimo de sus derechos, se hicieron presentes el pasado 15 de febrero ante la Suprema Corte de Justicia, en apoyo a la Jueza Mariana Mota.
La democracia se fortalece con la participación de cada uno de sus ciudadanos y el derecho a manifestarse. Cualquier acción que persiga y condene ese derecho va en su contra.
Consideramos desmesurados y gravísimos los procesamientos por episodios que no sólo no constituyen delito, sino que interpretándolos jurídicamente de esta manera se vulnera la libertad de expresión.
El derecho de protesta está expresamente reconocido por los tratados Internacionales universales y regionales de Derechos Humanos, ya que necesariamente está implícito en la libertad de pensamiento, de conciencia Y de religión (art.18, Declaración Universal de Derechos Humanos), en la Libertad de opinión y de expresión (art.19) y en la libertad a de reunión y de asociación pacifica (art.20), lo cual impone a todos os Estados el deber de respetar el derecho de disentir y a reclamar públicamente por los derechos De sus ciudadanos, así como a expresar públicamente los disensos y
reclamos.
Madres y Familiares manifestó, la preocupación por los hechos gravísimos, sucedidos en el populoso barrio de Santa Catalina.
Instituciones de DD.HH. denuncian escalada represiva; LA oposición descontrol
Cuatro muertos por descontrol policial
En las últimas dos semanas distintos
procedimientos policiales terminaron con cuatro muertes. La oposición
habla de descontrol en la policía y el Instituto de Estudios Legales y
Sociales del Uruguay denuncia sistemáticos abusos en Santa Catalina.
Juan Pablo Correa - El País uy
La represión de un motín en el Comcar y
actuaciones policiales en el departamento de Canelones y en Santa
Catalina derivaron en cuatro muertes en menos de un mes que llevaron a
que estén siendo investigados diez agentes.
El lunes el joven Sergio Lemos, de 18 años, fue muerto por un agente policial de la Guardia Republicana que le disparó nueve veces. El efectivo investigaba una rapiña en el "Almacén 28" y disparó luego que el joven, que se desplazaba en moto, no hiciera caso de su voz de alto. El joven estaba desarmado y no había participado en la rapiña.
Por otro lado, el martes 5, un policía dio muerte a un delincuente que huía en una camioneta robada. El agente fue enviado a prisión por la Justicia de Pando. El fallecido es un joven de 20 años que el domingo 3 junto a otros dos hombres, habría robado a mano armada a un hombre una camioneta, una notebook y algo de dinero, dijeron a El País fuentes policiales. Este joven muerto tampoco estaba armado
El 22 de octubre murieron dos reclusos del Comcar por disparos hechos por siete miembros de la Brigada de Traslados de la Guardia Republicana. Los funcionarios son investigados por la Justicia. El comisionado parlamentario, Álvaro Garcé, dijo que "pudo ser una masacre".
En el caso de Santa Catalina y en el del Comcar el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, debió modificar su versión inicial de los hechos.
En el primero de los casos manejó inicialmente que Lemos estaba armado y disparó al policía que lo mató. Luego admitió que estaba desarmado y que los policías "plantaron" un arma, aunque la Justicia, si bien el revólver existe, no confirma aún que hubiera una intención por parte de los policías (ver nota página A7).
Y en el caso del Comcar la primera versión desde la Policía aseguraba que las muertes de los presos se debían a "ajustes de cuentas" entre los reclusos. Luego se demostró que las muertes fueron causadas por munición policial.
Instituciones que defienden los derechos humanos hablan de un "estado policial desbocado". El Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (Ielsur) emitió un comunicado en el que afirmó que el operativo policial en Santa Catalina se caracterizó "por la desproporción" y alertó sobre "lo paradigmático que resulta este procedimiento realizado en un barrio montevideano que denunció y demostró abuso policial recientemente". La institución consideró "una ejecución" la muerte el lunes por la noche de Lemos. Luis Pedernera, de Ielsur, dijo a El País que en agosto fueron detenidos tres jóvenes por la policía, conducidos a la seccional y sometidos a malos tratos. Uno de los jóvenes recurrió a Ielsur y presentó una denuncia penal. El forense confirmó que había sido golpeado. El Ministerio del Interior aún no terminó con el sumario correspondiente y la investigación administrativa, pero trasladó a otras tareas a los policías involucrados.
"Ese no fue el único caso que involucra a policías en abuso hacia vecinos. También está el caso de unos vecinos que prestaban asistencia a accidentados en una moto e intervino la Policía, disparando e hiriendo a una niña que recibió un impacto en una pierna. La familia denunció a los policías y desde ese momento ha recibido amenazas muy graves. Son casos que demuestran un accionar policial basado en el abuso", sostuvo Pedernera.
"Siempre la versión policial difiere de lo que luego los hechos demuestran. En el caso de los muchachos golpeados se había tratado de desacreditar su versión y hacer pesar la oficial. Lo más grave es que todavía, en el fondo, subyace la idea de que si es un delincuente les está todo permitido. La Policía no puede ejercer la violencia como se le antoje", advirtió.
El integrante de Ielsur dijo que es llamativo que el asesinato de Lemos ocurre "en la misma comunidad que hace dos meses denunció el maltrato policial". "Esto lo encadenamos con una lógica represiva que pide mano dura, y detrás de la mano dura se legitiman ciertas prácticas policiales como estas que terminan con una persona muerta", agregó el activista.
Enfatizó en que el rol de la policía "debe estar subordinado al control civil y político" y señaló que la sociedad "debe debatir cómo debe gestionarse la seguridad pública".
Ielsur había sostenido en un comunicado conjunto con el Servicio Paz y Justicia que "algunos errores legislativos y de gestión en el Ministerio del Interior son los que han fortalecido las bases de este estado policial desbocado al que asistimos".
En la oposición, algunos líderes consultados hablan de una situación de descontrol en la policía. El diputado nacionalista y precandidato presidencial Luis Lacalle Pou pidió "serenidad" al gobierno, "respeto al dolor de los familiares" y que el ministro Bonomi "actúe profesionalmente y no siembre dudas dando versiones que cambian". También pidió investigar "al máximo", la actuación policial y separar a quienes protestan legítimamente "de otros grupos ajenos a reclamos legítimos". "Hay que actuar con mano firme contra la delincuencia pero la mano debe ser justa y hay que tratar de evitar excesos", sostuvo el legislador.
El senador Jorge Larrañaga, también precandidato blanco dijo que quiere "delincuentes presos y no inocentes muertos" y atribuyó lo ocurrido a que la policía "no ha sido profesionalizada, está mal pagada y sin contralor". Y el gobierno "no tiene ideas, no sabe buscar el orden con rigor y con la Constitución en la mano".
"Al presidente le pasa que habla apresuradamente y también eso le pasa al ministro. Esto no va precisamente en la línea de calmar los ánimos", comentó. Pero se abstuvo de pedir la dimisión de Bonomi. "Queremos cambiar al gobierno, que no sabe conducir la seguridad pública y que se vaya un ministro no es enteramente relevante", explicó. Pero lo acusó de "hablar sin conocer exactamente los hechos".
Otro precandidato blanco, el senador Sergio Abreu, consideró que "hay un problema interno fuerte en la policía porque hay una ruptura de la cadena de mando". En su opinión, "sería bueno" que el ministro Bonomi dejara su cargo para "oxigenar" el gabinete y "porque está muy desgastada la situación interna".
"Falta capacitación adecuada y la policía actúa sin mucha orientación y sin mucho control. La policía debe tener respaldo pero también exigencia", consideró. Y advirtió que en Santa Catalina "hay elementos que potencian la confrontación y se había preparado una situación de enfrentamiento". Atribuyó responsabilidad al ex dirigente tupamaro Jorge Zabalza.
El senador colorado Ope Pasquet, dijo que "se puso de manifiesto un exceso inadmisible y alarmante de la fuerza pública que terminó en un ataque alevoso a una persona desarmada" y pidió al Poder Judicial una investigación "completa". "Esto, junto con el motín en el Comcar debe suponer una luz roja muy fuerte para el Ministerio del Interior porque se está actuando de manera absolutamente reñida con la ley, lesionando el primero de los derechos, que es el derecho a la vida", advirtió.
Y agregó que Bonomi "no sabe exactamente lo que pasa" en su ministerio por lo que da información "distorsionada y errónea". "Esto no se resuelve con exhortaciones a la policía para que cambie su forma de actuar, sino con más ahínco en su formación", opinó.
Los legisladores esperan ahora la comparecencia de Bonomi la próxima semana en el Parlamento.
El senador colorado, José Amorín, pidió que se deje actuar a la Justicia y envió un mensaje en su cuenta de Twit-ter: "La indignación en Uruguay: policías se abusan de la pobreza; Santa Catalina es zona liberada, Bonomi primero arroja dudas sobre la víctima". Y en otro mensaje el legislador y precandidato presidencial escribió: "Al joven asesinado en Santa Catalina se le plantó un arma. Si Bonomi fuera blanco o colorado, ¿ Cuánto duraba en el cargo? Lamentable".
El diputado oficialista Daniel Caggiani defendió al ministro y escribió en la misma red social: "Mi total apoyo al ministro Bonomi y su equipo en la gestión del Ministerio del Interior. Se debe investigar y sancionar a los culpables".
El presidente del Partido Independiente, Pablo Mieres, dijo estar "muy sorprendido por el nivel de incertidumbre y las versiones contrapuestas" y que si "se comprueba una situación irregular debe caer todo el peso de la ley". Mieres cuestionó al presidente José Mujica "por hablar demasiado, debería tomar más distancia" y consideró que "hay en el Ministerio del Interior una pulseada interna muy importante porque hay resistencias a la transformación institucional de quienes tienen malas costumbres".
"Yo siento que le faltan piezas al puzzle. Si se fuera el ministro habría motivo de festejo de sectores que se portan mal", advirtió. También apuntó a que hay sectores radicales "que quieren patear el tablero".
En una concentración de unos 300 vecinos portando velas encendidas frente a la Terminal de Santa Catalina, López señaló que esa era la única forma que se podía hacer justicia.
La madre del Sergio Lemos, Graciela López reiteró los dichos de su esposo. "Queremos que entre la Policía para que se resuelve toda y los testigos sean notificados. Están diciendo cosas que no son. A mi hijo le pegaron un tiro y dice que él disparó primero", dijo.
La manifestación aplaudió a la madre y luego corearon la palabra Justicia por unos minutos.
El lunes el joven Sergio Lemos, de 18 años, fue muerto por un agente policial de la Guardia Republicana que le disparó nueve veces. El efectivo investigaba una rapiña en el "Almacén 28" y disparó luego que el joven, que se desplazaba en moto, no hiciera caso de su voz de alto. El joven estaba desarmado y no había participado en la rapiña.
Por otro lado, el martes 5, un policía dio muerte a un delincuente que huía en una camioneta robada. El agente fue enviado a prisión por la Justicia de Pando. El fallecido es un joven de 20 años que el domingo 3 junto a otros dos hombres, habría robado a mano armada a un hombre una camioneta, una notebook y algo de dinero, dijeron a El País fuentes policiales. Este joven muerto tampoco estaba armado
El 22 de octubre murieron dos reclusos del Comcar por disparos hechos por siete miembros de la Brigada de Traslados de la Guardia Republicana. Los funcionarios son investigados por la Justicia. El comisionado parlamentario, Álvaro Garcé, dijo que "pudo ser una masacre".
En el caso de Santa Catalina y en el del Comcar el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, debió modificar su versión inicial de los hechos.
En el primero de los casos manejó inicialmente que Lemos estaba armado y disparó al policía que lo mató. Luego admitió que estaba desarmado y que los policías "plantaron" un arma, aunque la Justicia, si bien el revólver existe, no confirma aún que hubiera una intención por parte de los policías (ver nota página A7).
Y en el caso del Comcar la primera versión desde la Policía aseguraba que las muertes de los presos se debían a "ajustes de cuentas" entre los reclusos. Luego se demostró que las muertes fueron causadas por munición policial.
Instituciones que defienden los derechos humanos hablan de un "estado policial desbocado". El Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (Ielsur) emitió un comunicado en el que afirmó que el operativo policial en Santa Catalina se caracterizó "por la desproporción" y alertó sobre "lo paradigmático que resulta este procedimiento realizado en un barrio montevideano que denunció y demostró abuso policial recientemente". La institución consideró "una ejecución" la muerte el lunes por la noche de Lemos. Luis Pedernera, de Ielsur, dijo a El País que en agosto fueron detenidos tres jóvenes por la policía, conducidos a la seccional y sometidos a malos tratos. Uno de los jóvenes recurrió a Ielsur y presentó una denuncia penal. El forense confirmó que había sido golpeado. El Ministerio del Interior aún no terminó con el sumario correspondiente y la investigación administrativa, pero trasladó a otras tareas a los policías involucrados.
"Ese no fue el único caso que involucra a policías en abuso hacia vecinos. También está el caso de unos vecinos que prestaban asistencia a accidentados en una moto e intervino la Policía, disparando e hiriendo a una niña que recibió un impacto en una pierna. La familia denunció a los policías y desde ese momento ha recibido amenazas muy graves. Son casos que demuestran un accionar policial basado en el abuso", sostuvo Pedernera.
"Siempre la versión policial difiere de lo que luego los hechos demuestran. En el caso de los muchachos golpeados se había tratado de desacreditar su versión y hacer pesar la oficial. Lo más grave es que todavía, en el fondo, subyace la idea de que si es un delincuente les está todo permitido. La Policía no puede ejercer la violencia como se le antoje", advirtió.
El integrante de Ielsur dijo que es llamativo que el asesinato de Lemos ocurre "en la misma comunidad que hace dos meses denunció el maltrato policial". "Esto lo encadenamos con una lógica represiva que pide mano dura, y detrás de la mano dura se legitiman ciertas prácticas policiales como estas que terminan con una persona muerta", agregó el activista.
Enfatizó en que el rol de la policía "debe estar subordinado al control civil y político" y señaló que la sociedad "debe debatir cómo debe gestionarse la seguridad pública".
Ielsur había sostenido en un comunicado conjunto con el Servicio Paz y Justicia que "algunos errores legislativos y de gestión en el Ministerio del Interior son los que han fortalecido las bases de este estado policial desbocado al que asistimos".
En la oposición, algunos líderes consultados hablan de una situación de descontrol en la policía. El diputado nacionalista y precandidato presidencial Luis Lacalle Pou pidió "serenidad" al gobierno, "respeto al dolor de los familiares" y que el ministro Bonomi "actúe profesionalmente y no siembre dudas dando versiones que cambian". También pidió investigar "al máximo", la actuación policial y separar a quienes protestan legítimamente "de otros grupos ajenos a reclamos legítimos". "Hay que actuar con mano firme contra la delincuencia pero la mano debe ser justa y hay que tratar de evitar excesos", sostuvo el legislador.
El senador Jorge Larrañaga, también precandidato blanco dijo que quiere "delincuentes presos y no inocentes muertos" y atribuyó lo ocurrido a que la policía "no ha sido profesionalizada, está mal pagada y sin contralor". Y el gobierno "no tiene ideas, no sabe buscar el orden con rigor y con la Constitución en la mano".
"Al presidente le pasa que habla apresuradamente y también eso le pasa al ministro. Esto no va precisamente en la línea de calmar los ánimos", comentó. Pero se abstuvo de pedir la dimisión de Bonomi. "Queremos cambiar al gobierno, que no sabe conducir la seguridad pública y que se vaya un ministro no es enteramente relevante", explicó. Pero lo acusó de "hablar sin conocer exactamente los hechos".
Otro precandidato blanco, el senador Sergio Abreu, consideró que "hay un problema interno fuerte en la policía porque hay una ruptura de la cadena de mando". En su opinión, "sería bueno" que el ministro Bonomi dejara su cargo para "oxigenar" el gabinete y "porque está muy desgastada la situación interna".
"Falta capacitación adecuada y la policía actúa sin mucha orientación y sin mucho control. La policía debe tener respaldo pero también exigencia", consideró. Y advirtió que en Santa Catalina "hay elementos que potencian la confrontación y se había preparado una situación de enfrentamiento". Atribuyó responsabilidad al ex dirigente tupamaro Jorge Zabalza.
El senador colorado Ope Pasquet, dijo que "se puso de manifiesto un exceso inadmisible y alarmante de la fuerza pública que terminó en un ataque alevoso a una persona desarmada" y pidió al Poder Judicial una investigación "completa". "Esto, junto con el motín en el Comcar debe suponer una luz roja muy fuerte para el Ministerio del Interior porque se está actuando de manera absolutamente reñida con la ley, lesionando el primero de los derechos, que es el derecho a la vida", advirtió.
Y agregó que Bonomi "no sabe exactamente lo que pasa" en su ministerio por lo que da información "distorsionada y errónea". "Esto no se resuelve con exhortaciones a la policía para que cambie su forma de actuar, sino con más ahínco en su formación", opinó.
Los legisladores esperan ahora la comparecencia de Bonomi la próxima semana en el Parlamento.
El senador colorado, José Amorín, pidió que se deje actuar a la Justicia y envió un mensaje en su cuenta de Twit-ter: "La indignación en Uruguay: policías se abusan de la pobreza; Santa Catalina es zona liberada, Bonomi primero arroja dudas sobre la víctima". Y en otro mensaje el legislador y precandidato presidencial escribió: "Al joven asesinado en Santa Catalina se le plantó un arma. Si Bonomi fuera blanco o colorado, ¿ Cuánto duraba en el cargo? Lamentable".
El diputado oficialista Daniel Caggiani defendió al ministro y escribió en la misma red social: "Mi total apoyo al ministro Bonomi y su equipo en la gestión del Ministerio del Interior. Se debe investigar y sancionar a los culpables".
El presidente del Partido Independiente, Pablo Mieres, dijo estar "muy sorprendido por el nivel de incertidumbre y las versiones contrapuestas" y que si "se comprueba una situación irregular debe caer todo el peso de la ley". Mieres cuestionó al presidente José Mujica "por hablar demasiado, debería tomar más distancia" y consideró que "hay en el Ministerio del Interior una pulseada interna muy importante porque hay resistencias a la transformación institucional de quienes tienen malas costumbres".
"Yo siento que le faltan piezas al puzzle. Si se fuera el ministro habría motivo de festejo de sectores que se portan mal", advirtió. También apuntó a que hay sectores radicales "que quieren patear el tablero".
"Que dejen entrar a la Policía"
"Queremos pedirle al barrio que para mañana (por hoy) dejen entrar a la Policía para que realice la reconstrucción y se aclare lo que le hicieron a mi hijo", pidió ayer Enrique Lemos, padre del joven ultimado en Santa Catalina por un agente.En una concentración de unos 300 vecinos portando velas encendidas frente a la Terminal de Santa Catalina, López señaló que esa era la única forma que se podía hacer justicia.
La madre del Sergio Lemos, Graciela López reiteró los dichos de su esposo. "Queremos que entre la Policía para que se resuelve toda y los testigos sean notificados. Están diciendo cosas que no son. A mi hijo le pegaron un tiro y dice que él disparó primero", dijo.
La manifestación aplaudió a la madre y luego corearon la palabra Justicia por unos minutos.
Ante el aumento de la gradación de la violencia estatal en Procedimientos Policiales
07-11-13
AMPARADO en la Ley de Procedimientos Policiales -aprobada en el año 2008-, el Estado viene desarrollando, operaciones y procedimientos que exacerban el poder punitivo y la violencia institucional, limitando y anulando garantías establecidas en la Constitución, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana de Derechos Humanos.
La expansión de la vigilancia policial –simbólica e instrumentalmente-, se materializó en las manifestaciones políticas realizadas el 14 de agosto y 24 de agosto, y también en los hechos ocurridos recientemente en el barrio Santa Catalina.
Estos hechos se integran a una construcción en movimiento de políticas más punitivas y represivas, entre las cuales se cuentan la aprobación de la ley 19.120 (que modifica las faltas establecidas en el Código Penal), el aumento de mínimos de privación de libertad para delitos gravísimos y nuevas tipificaciones en la Justicia Penal Juvenil, y los anteproyectos de Internación Compulsiva y Código Infraccional Juvenil, la aplicación de las medidas de seguridad curativas y educativas previstas en el art. 92 del Código Penal en casos de consumo de alcohol en espacios públicos.”
Algunos errores legislativos y de gestión en el Ministerio del Interior son los que han fortalecido las bases de este estado policial desbocado al que venimos asistiendo.
Sin embargo, también asistimos a duros golpes contra espacios históricos de corrupción policial (Cayma) lo que evidentemente afecta muchos de sus intereses y quizás sea una más de las razones de esta escalada represiva.
Todos estos mecanismos solo refuerzan e instalan la nueva economía política del miedo surgida en los años noventa, y por ende, del castigo.
Controlar a los “peligrosos”, contribuye –junto a otros factores- a sostener el discurso perverso del poder punitivo y por consiguiente el de la seguridad, donde se exige y consigue que sus controlados (nosotros) demanden mayor control y que, cuanto más discriminatorio, arbitrario y brutal sea el poder que sufrimos por parte de los delincuentes, más poder sea el que reclamemos en contra de ellos (los otros).
Esta lógica coloca a la víctima en el lugar del victimario, invirtiendo los papeles, convenciendo incluso a los victimarios como causantes de su desgracia, y por lo tanto, de la legitimidad que se actué sobre ellos, para corregirlos y castigarlos.
La construcción de una sociedad, basada en el pleno acceso a los derechos, supone un proyecto común a todos y todas. Para lograr esto no se debería aplicar una política de amortiguación.
Por un lado se aprueban y promueven políticas de inclusión y derechos ( d e s p e n a l i z a c i ó n del aborto, matrimonio igualitario, y media sanción de ley de regulación de la marihuana), y por otro lado, se continúa criminalizando a los grupos y poblaciones más vulneradas (en particular a los adolescentes y jóvenes).
Convocamos a la reflexión y discusión de todos estos acontecimientos.
De ello dependerá de que nos acerquemos a un Estado Social, evitando que el Estado Policial se siga expandiendo.
COMUNICADO DE IELSUR -SERPAJ
07-11-13
AMPARADO en la Ley de Procedimientos Policiales -aprobada en el año 2008-, el Estado viene desarrollando, operaciones y procedimientos que exacerban el poder punitivo y la violencia institucional, limitando y anulando garantías establecidas en la Constitución, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana de Derechos Humanos.
La expansión de la vigilancia policial –simbólica e instrumentalmente-, se materializó en las manifestaciones políticas realizadas el 14 de agosto y 24 de agosto, y también en los hechos ocurridos recientemente en el barrio Santa Catalina.
Estos hechos se integran a una construcción en movimiento de políticas más punitivas y represivas, entre las cuales se cuentan la aprobación de la ley 19.120 (que modifica las faltas establecidas en el Código Penal), el aumento de mínimos de privación de libertad para delitos gravísimos y nuevas tipificaciones en la Justicia Penal Juvenil, y los anteproyectos de Internación Compulsiva y Código Infraccional Juvenil, la aplicación de las medidas de seguridad curativas y educativas previstas en el art. 92 del Código Penal en casos de consumo de alcohol en espacios públicos.”
Algunos errores legislativos y de gestión en el Ministerio del Interior son los que han fortalecido las bases de este estado policial desbocado al que venimos asistiendo.
Sin embargo, también asistimos a duros golpes contra espacios históricos de corrupción policial (Cayma) lo que evidentemente afecta muchos de sus intereses y quizás sea una más de las razones de esta escalada represiva.
Todos estos mecanismos solo refuerzan e instalan la nueva economía política del miedo surgida en los años noventa, y por ende, del castigo.
Controlar a los “peligrosos”, contribuye –junto a otros factores- a sostener el discurso perverso del poder punitivo y por consiguiente el de la seguridad, donde se exige y consigue que sus controlados (nosotros) demanden mayor control y que, cuanto más discriminatorio, arbitrario y brutal sea el poder que sufrimos por parte de los delincuentes, más poder sea el que reclamemos en contra de ellos (los otros).
Esta lógica coloca a la víctima en el lugar del victimario, invirtiendo los papeles, convenciendo incluso a los victimarios como causantes de su desgracia, y por lo tanto, de la legitimidad que se actué sobre ellos, para corregirlos y castigarlos.
La construcción de una sociedad, basada en el pleno acceso a los derechos, supone un proyecto común a todos y todas. Para lograr esto no se debería aplicar una política de amortiguación.
Por un lado se aprueban y promueven políticas de inclusión y derechos ( d e s p e n a l i z a c i ó n del aborto, matrimonio igualitario, y media sanción de ley de regulación de la marihuana), y por otro lado, se continúa criminalizando a los grupos y poblaciones más vulneradas (en particular a los adolescentes y jóvenes).
Convocamos a la reflexión y discusión de todos estos acontecimientos.
De ello dependerá de que nos acerquemos a un Estado Social, evitando que el Estado Policial se siga expandiendo.
COMUNICADO DE IELSUR -SERPAJ
Los gráficos de Gabriel "Saracho" Carbajales
Desmantelar el aparato policial de la dictadura
La familia de Sergio Lemos, el joven baleado en Santa
Catalina el pasado lunes, su novia Cintia y otros allegados a la
víctima dijeron a El Observador que consideran que el policía aprovechó
del momento propicio para ultimarlo, motivado por un altercado que había
tenido con la novia del oficial. Cuentan que ambos “le tenían rabia”.
La madre de Sergio contó que este no se llevaba bien con la chica que trabaja en la panadería del barrio y había tenido un altercado y esta le pidió a su pareja que tome reprimendas. Por su personalidad, contó la madre, el joven “a veces se zarpaba". "Le habrá dicho ‘gorda puta’”, explicó.
La novia de la víctima contó que por esto, la joven “dijo que quería que lo mataran a Sergio, porque se había pasado con ella”. Además contó que en el barrio le comentaron que ese policía ya contaba con antecedentes y fama de abusar en los procedimientos, “de pegarle a los gurises que están ahí quietos”.
Al ser cuestionada sobre por qué la joven le tenía tanta rabia a Sergio, Cintia exclamó: "¡Yo qué sé, porque gustaría de él!".Y agregó que ella le decía al oficial "vive en tal lado, hacé esto". La madre agregó que "nunca la bancó, ni ella ni él a ella".
Además, agregan que a los policías les caía mal porque andaba en la moto haciendo ruido.
Por otra parte, los amigos de Sergio mantuvieron la misma teoría que la familia, que el policía se la tenía jurada.
Para la familia de Lemos hubo intencionalidad en los disparos
Dicen que la novia del oficial “quería que matara a Sergio” por un altercado que había tenido con ella, y que aprovechó del momento propicio para disparar
La madre de Sergio contó que este no se llevaba bien con la chica que trabaja en la panadería del barrio y había tenido un altercado y esta le pidió a su pareja que tome reprimendas. Por su personalidad, contó la madre, el joven “a veces se zarpaba". "Le habrá dicho ‘gorda puta’”, explicó.
La novia de la víctima contó que por esto, la joven “dijo que quería que lo mataran a Sergio, porque se había pasado con ella”. Además contó que en el barrio le comentaron que ese policía ya contaba con antecedentes y fama de abusar en los procedimientos, “de pegarle a los gurises que están ahí quietos”.
Al ser cuestionada sobre por qué la joven le tenía tanta rabia a Sergio, Cintia exclamó: "¡Yo qué sé, porque gustaría de él!".Y agregó que ella le decía al oficial "vive en tal lado, hacé esto". La madre agregó que "nunca la bancó, ni ella ni él a ella".
Además, agregan que a los policías les caía mal porque andaba en la moto haciendo ruido.
Por otra parte, los amigos de Sergio mantuvieron la misma teoría que la familia, que el policía se la tenía jurada.
Barricada, el martes, en el barrio Santa Catalina. Foto: Nicolás Celaya
Todo dicho
Bonomi confirmó que Lemos estaba desarmado y le “plantaron” un arma; jueza aseguró que el caso “está resuelto” y se expresa hoy.
El
ministro del Interior, Eduardo Bonomi, confirmó ayer de mañana que a
Sergio Lemos, el joven asesinado el lunes por efectivos de la Guardia
Republicana en Santa Catalina, le “plantaron” un revólver calibre 38
pretendiendo justificar por qué dispararon contra él: tres tiros “de
atrás” que le ocasionaron la muerte, poco tiempo después de que un
almacén del barrio fuera asaltado. Bonomi coincidió de esta forma con la
tesis que sostenían los vecinos de Santa Catalina: el joven estaba
desarmado en el momento del hecho (por lo que no pudo haber participado
en el asalto) y los policías le adjudicaron un arma que no llevaba para
simular su protagonismo en éste.
En declaraciones a El Espectador, el jerarca explicó que “en la propia declaración del policía que decía que le había disparado [a Lemos], no decía que hubiera estado en la rapiña. Ahí está todo el problema”. Según dijo, “el policía estaba tomando declaración a la dueña del almacén cuando le avisan otros efectivos que hacia él van los que habían participado en la rapiña. [A Lemos] Se le da el alto, no para, le tiran de atrás. No hay ningún elemento que diga que el joven estaba armado o que haya tirado, entonces no sólo están estos disparos por parte de un policía, sino que se le planta un arma después. Eso también queda comprobado en la investigación”. El jerarca, que el martes de mañana había dicho, basándose en fuentes policiales, que Lemos estaba armado, resumió ayer que el accionar policial en Santa Catalina fue una “mala praxis”.
Los cuatro efectivos policiales, que estaban actuando en el programa Bus Seguro, declararon ayer ante la jueza María Helena Maynard. Se encuentran detenidos y se espera que vuelvan al juzgado, ya que la magistrada tiene tiempo hasta hoy para decidir su procesamiento. Anoche, al salir de la sede judicial, Maynard dijo a la prensa que no se trata de un caso complejo, que “ya está resuelto” y que se pronunciará hoy.
El abogado defensor de los efectivos, Diego Pérez, sostuvo que “no surge de ningún lado que se haya plantado el arma” y que los policías actuaron siempre “en el marco de la Ley de Procedimiento Policial”. “Ante una situación extrema los policías deben actuar en base a la racionalidad, progresividad y proporcionalidad, y en este caso los cuatro indagados actuaron con esos criterios”, afirmó.
Ayer también fue a declarar Susana Acuña, la propietaria del almacén cuyo asalto terminó en el asesinato de Lemos. Según declaraciones que hizo a Canal 4, Acuña afirmó que Lemos “no tenía nada que ver”. “Al muchacho yo lo conozco desde que está en el barrio y no tiene nada que ver”, agregó. También explicó por qué hizo la denuncia, algo por lo que recibió amenazas de algunos vecinos. Según dijo, hay gente que “no entiende que yo llevo loterías y quinielas, y necesitaba el papel de la denuncia para explicarle al banco por qué no depositaba el dinero”. El martes Acuña había aportado videos sobre el asalto ocurrido en el almacén, en los que, según ella aseguró, se aclaraba que Lemos no había tenido participación.
La situación también generó alarma en algunas organizaciones sociales vinculadas a la defensa de los derechos humanos. Al pedido de informes que la Institución Nacional de Derechos Humanos solicitó el martes al Ministerio del Interior (MI) se sumó un comunicado del Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (Ielsur). El documento destaca que “nuevamente muere otro joven a manos de las fuerzas policiales ante un procedimiento caracterizado por el abuso y la desproporción”. La institución alerta sobre “lo paradigmático que resulta este procedimiento realizado en un barrio montevideano que denunció y demostró abuso policial recientemente”, e insta a las autoridades a “no permitir un nuevo hecho de estas características y actuar con responsabilidad en la investigación, persecución y castigo de estos desbordes cotidianos de la Policía”. “¡Basta de gatillo fácil!”, culmina el comunicado.
Varios vecinos están preocupados por la infiltración de personas que, según dijeron, no son del barrio y tratan de “mezclar temas políticos” con la muerte de Lemos. “Esto se desvirtúa, se mezcla con lo de la regasificadora, y eso pasó ayer [el martes] y es probable que vuelva a pasar”, explicó un vecino, que dijo que en el barrio “todos nos conocemos y los que vienen de afuera están plenamente identificados”.
Esta versión también fue manejada por las autoridades del MI. Bonomi sostuvo en una entrevista con Radio Uruguay que en la “indignación” aparecen “situaciones contradictorias que responden a intereses diferentes”, y recordó que algunas personas incendiaron ayer una oficina de Gas Sayago (la empresa que llevará adelante la regasificadora) y trataron de hacer lo mismo con otros negocios.
Por su parte, Fernando Gil, de la Unidad de Comunicación del MI, escribió en su blog personal: “Hay cosas que no se entienden [...] ¿Qué tiene que ver el local incendiado de Gas Sayago con los hechos ocurridos? ¿Qué sentido tenía destrozar la obra de la guardería de la zona que estaba construyéndose?”. Según asegura, “se aprovechó de la situación para desnaturalizar un reclamo legítimo de justicia”.
Por su parte, el presidente José Mujica se volvió a referir al tema, y al igual que ayer, dijo que la Policía “se pasó de la raya”. Tras una pregunta de los medios de comunicación sobre el pedido de “mano dura” de Jorge Larrañaga para enfrentar los problemas relacionados con la seguridad, el mandatario dijo: “Piden policía militarizada. Se creen que se arregla a tiros”.
La Diaria
En declaraciones a El Espectador, el jerarca explicó que “en la propia declaración del policía que decía que le había disparado [a Lemos], no decía que hubiera estado en la rapiña. Ahí está todo el problema”. Según dijo, “el policía estaba tomando declaración a la dueña del almacén cuando le avisan otros efectivos que hacia él van los que habían participado en la rapiña. [A Lemos] Se le da el alto, no para, le tiran de atrás. No hay ningún elemento que diga que el joven estaba armado o que haya tirado, entonces no sólo están estos disparos por parte de un policía, sino que se le planta un arma después. Eso también queda comprobado en la investigación”. El jerarca, que el martes de mañana había dicho, basándose en fuentes policiales, que Lemos estaba armado, resumió ayer que el accionar policial en Santa Catalina fue una “mala praxis”.
Los cuatro efectivos policiales, que estaban actuando en el programa Bus Seguro, declararon ayer ante la jueza María Helena Maynard. Se encuentran detenidos y se espera que vuelvan al juzgado, ya que la magistrada tiene tiempo hasta hoy para decidir su procesamiento. Anoche, al salir de la sede judicial, Maynard dijo a la prensa que no se trata de un caso complejo, que “ya está resuelto” y que se pronunciará hoy.
El abogado defensor de los efectivos, Diego Pérez, sostuvo que “no surge de ningún lado que se haya plantado el arma” y que los policías actuaron siempre “en el marco de la Ley de Procedimiento Policial”. “Ante una situación extrema los policías deben actuar en base a la racionalidad, progresividad y proporcionalidad, y en este caso los cuatro indagados actuaron con esos criterios”, afirmó.
Ayer también fue a declarar Susana Acuña, la propietaria del almacén cuyo asalto terminó en el asesinato de Lemos. Según declaraciones que hizo a Canal 4, Acuña afirmó que Lemos “no tenía nada que ver”. “Al muchacho yo lo conozco desde que está en el barrio y no tiene nada que ver”, agregó. También explicó por qué hizo la denuncia, algo por lo que recibió amenazas de algunos vecinos. Según dijo, hay gente que “no entiende que yo llevo loterías y quinielas, y necesitaba el papel de la denuncia para explicarle al banco por qué no depositaba el dinero”. El martes Acuña había aportado videos sobre el asalto ocurrido en el almacén, en los que, según ella aseguró, se aclaraba que Lemos no había tenido participación.
La situación también generó alarma en algunas organizaciones sociales vinculadas a la defensa de los derechos humanos. Al pedido de informes que la Institución Nacional de Derechos Humanos solicitó el martes al Ministerio del Interior (MI) se sumó un comunicado del Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (Ielsur). El documento destaca que “nuevamente muere otro joven a manos de las fuerzas policiales ante un procedimiento caracterizado por el abuso y la desproporción”. La institución alerta sobre “lo paradigmático que resulta este procedimiento realizado en un barrio montevideano que denunció y demostró abuso policial recientemente”, e insta a las autoridades a “no permitir un nuevo hecho de estas características y actuar con responsabilidad en la investigación, persecución y castigo de estos desbordes cotidianos de la Policía”. “¡Basta de gatillo fácil!”, culmina el comunicado.
El ritmo del barrio
Ayer de mañana, lentamente, el barrio comenzó a retomar la normalidad. Las llantas y ramas de árboles quemadas que impedían el ingreso al barrio fueron retiradas por los vecinos, a pesar de que habían permanecido prendidas hasta primeras horas de la mañana. En la noche, algunos vecinos intentaron prender fuego el almacén asaltado y también una panadería del barrio. “Por suerte se pudo controlar todo y no pasó nada”, dijo una vecina a la diaria. Anoche, varios vecinos realizaban una pacífica marcha en silencio y con velas en honor a Lemos.Varios vecinos están preocupados por la infiltración de personas que, según dijeron, no son del barrio y tratan de “mezclar temas políticos” con la muerte de Lemos. “Esto se desvirtúa, se mezcla con lo de la regasificadora, y eso pasó ayer [el martes] y es probable que vuelva a pasar”, explicó un vecino, que dijo que en el barrio “todos nos conocemos y los que vienen de afuera están plenamente identificados”.
Esta versión también fue manejada por las autoridades del MI. Bonomi sostuvo en una entrevista con Radio Uruguay que en la “indignación” aparecen “situaciones contradictorias que responden a intereses diferentes”, y recordó que algunas personas incendiaron ayer una oficina de Gas Sayago (la empresa que llevará adelante la regasificadora) y trataron de hacer lo mismo con otros negocios.
Por su parte, Fernando Gil, de la Unidad de Comunicación del MI, escribió en su blog personal: “Hay cosas que no se entienden [...] ¿Qué tiene que ver el local incendiado de Gas Sayago con los hechos ocurridos? ¿Qué sentido tenía destrozar la obra de la guardería de la zona que estaba construyéndose?”. Según asegura, “se aprovechó de la situación para desnaturalizar un reclamo legítimo de justicia”.
Por su parte, el presidente José Mujica se volvió a referir al tema, y al igual que ayer, dijo que la Policía “se pasó de la raya”. Tras una pregunta de los medios de comunicación sobre el pedido de “mano dura” de Jorge Larrañaga para enfrentar los problemas relacionados con la seguridad, el mandatario dijo: “Piden policía militarizada. Se creen que se arregla a tiros”.
La Diaria
LEA EL FALLO DE LA JUEZA
Abogado evalúa apelar procesamiento con prisión del policía
Uno de los cuatro policías involucrados en
el asesinato del joven Sergio Lemos, del barrio Santa Catalina, fue
procesado. Los otros tres quedaron en libertad aunque a disposición de
la magistrada.
La madre de Sergio Lemos en la puerta del Juzgado. Foto: Francisco Flores.
jue nov 7 2013 15:00
Varios testigos declararon esta mañana ante
la jueza penal de 14° turno María Elena Maynard acerca del caso de
Sergio Lemos, de 18 años, asesinado por un policía en la noche del lunes
en el barrio Santa Catalina, durante un operativo por la rapiña a un
almacén.
Finalmente, tras dos días de investigaciones, el policía fue procesado por homicidio simple y sus tres compañeros liberados aunque quedaron a disposición judicial. Se informó que Maynard aún tiene pendiente interrogar a varios testigos por lo que podría tomar otra decisión respecto de estos tres agentes.
El abogado del policía que fue procesado con prisión, Diego Pérez, dijo a la prensa que va a evaluar la apelación. Reiteró que su defendido "utilizó la ley de procedimiento policial" y que se apegó a ella. Por el momento el policía quedará en Cárcel Central hasta ser derivado.
En tanto los abogados de la familia de Lemos no están conformes con la decisión judicial por lo que apelarán. La madre del joven reclamó ser recibida por la jueza tras el fallo, pero la misma comunicó que no los va a recibir, supo El País.
Uno se quedó en el almacén tomando declaraciones mientras que los otros tres recorrían la zona. El policía fue alertado por un compañero que un joven en moto de gorro blanco y campera oscura iba hacia el lugar coincidiendo con la descripción de uno de los ladrones. Al verlo pasar dio la voz de alto pero el joven continuó la marcha.
"A unos 15 metros de la esquina veo venir hacia mí a una moto tripulada con la descripción aportada doy la voz de alto, veo un fogonazo, me pongo a resguardo, ya que se venía hacia mi persona efectué varios disparos, 2 o 3 con mi arma hacia el masculino en la moto se tira cruzando hacia 26 de abril y se da a la fuga en moto, cayendo de la misma a unos 50 o 60 metros en la esquina”, relató el policía.
El efectivo dijo que al acercarse vio que estaba consciente y solicitó apoyo siendo trasladado al Centro de Salud del Cerro. Consultado sobre si encontró algún arma dijo: “No tuve tiempo de nada, fue cuestión de tiempo que me rodearan”. También dijo que fue "golpeado" y que le sacaron el cargador.
Según surge de la declaración "después de un rastrillaje se encontró un arma, la que puede estar involucrada en el procedimiento".
El policía efectuó nueve disparos, acertando tres que provocaron la muerte del joven, dos de ellos ingresaron por la espalda.
Finalmente, tras dos días de investigaciones, el policía fue procesado por homicidio simple y sus tres compañeros liberados aunque quedaron a disposición judicial. Se informó que Maynard aún tiene pendiente interrogar a varios testigos por lo que podría tomar otra decisión respecto de estos tres agentes.
El abogado del policía que fue procesado con prisión, Diego Pérez, dijo a la prensa que va a evaluar la apelación. Reiteró que su defendido "utilizó la ley de procedimiento policial" y que se apegó a ella. Por el momento el policía quedará en Cárcel Central hasta ser derivado.
En tanto los abogados de la familia de Lemos no están conformes con la decisión judicial por lo que apelarán. La madre del joven reclamó ser recibida por la jueza tras el fallo, pero la misma comunicó que no los va a recibir, supo El País.
Los hechos
Según el auto de procesamiento ante la denuncia de rapiña hecha al 911 por la dueña del almacén, el equipo de cuatro coraceros fue llamado a actuar.Uno se quedó en el almacén tomando declaraciones mientras que los otros tres recorrían la zona. El policía fue alertado por un compañero que un joven en moto de gorro blanco y campera oscura iba hacia el lugar coincidiendo con la descripción de uno de los ladrones. Al verlo pasar dio la voz de alto pero el joven continuó la marcha.
"A unos 15 metros de la esquina veo venir hacia mí a una moto tripulada con la descripción aportada doy la voz de alto, veo un fogonazo, me pongo a resguardo, ya que se venía hacia mi persona efectué varios disparos, 2 o 3 con mi arma hacia el masculino en la moto se tira cruzando hacia 26 de abril y se da a la fuga en moto, cayendo de la misma a unos 50 o 60 metros en la esquina”, relató el policía.
El efectivo dijo que al acercarse vio que estaba consciente y solicitó apoyo siendo trasladado al Centro de Salud del Cerro. Consultado sobre si encontró algún arma dijo: “No tuve tiempo de nada, fue cuestión de tiempo que me rodearan”. También dijo que fue "golpeado" y que le sacaron el cargador.
Según surge de la declaración "después de un rastrillaje se encontró un arma, la que puede estar involucrada en el procedimiento".
El policía efectuó nueve disparos, acertando tres que provocaron la muerte del joven, dos de ellos ingresaron por la espalda.
Jorge Zabalza en la audición "De Ocho a Diez"
Zabalza: hay que decirle a la Policía que está mal ser prepotente
Tiene que haber un cambio de la actitud en general de la Policía, sostuvo el exdirigente del MLN Jorge Zabalza. En su opinión, asistimos a un "crecimiento de la violencia de la policía frente a los pibes". "Lo vivimos en la época de las razias", recordó y criticó: "Ahora no hay nadie que le diga a la Policía que está mal ser prepotente".
Para el extupamaro que vive en Santa Catalina, hay una gran decepción y escepticismo respecto a la policía. "La gente desconfía de que puede hacer lo que hizo", dijo en referencia al asesinato de un joven al que además se le plantó un revólver 38. Cuando dispara, el policía sabe a quién dispara, porque hacía 222 en el barrio y no lo desconocía, aseguró.
Hay un gesto autoritario y prepotente cotidiano por parte esa fuerza, insistió y opinó que el único ministro que quiso hacer algo diferente en Interior fue Jorge Díaz, y lo sacaron por eso.
Este miércoles hubo un acto "muy conmovedor", relató, donde estaban las familias y los heridos y en el que participaron unas 500 personas. "Después se marchó al lugar donde se cometió el homicidio y hubo otra forma de expresar la bronca y la frustración".
. http://www.4shared.com/mp3/f_D
Fenapes rechazó los procesamientos por la asonada
Paro en liceos y pedido a Mota
La Federación Nacional de Profesores de
Enseñanza Secundaria (Fenapes) realizará hoy un paro de 24 horas en
rechazo a los siete procesamientos sin prisión dispuestos por la jueza
Gabriela Merialdo por la asonada de febrero en la Suprema Corte de
Justicia. Fenapes convocó además a una asamblea a las 11 en el Liceo
Bauzá.
El País uy
El País uy
Una declaración de Fenapes responsabiliza a la
"acción provocadora del aparato represivo" los incidentes durante la
asonada a la SCJ de febrero, y acusa a efectivos del Departamento de
Operaciones Especiales (DOE), que interrogaron a los detenidos, de
someterlos "a una serie de preguntas de carácter político-ideológico,
las cuales pusieron de manifiesto la clara intencionalidad de reprimir a
integrantes de organizaciones sociales y a la estigmatización de las
mismas".
"No consideramos a este atropello como un hecho aislado, sino como una muestra más de los intentos que la cara visible del poder realiza por controlar y vigilar a una sociedad que se expresa y reclama justicia y verdad. Estas acciones políticas van en consonancia con los megaoperativos, decreto 354/010 -referido al desalojo de dependencias públicas, cuando hayan sido ocupadas por trabajadores-, la represión en el Liceo 70, la utilización de balas de goma en la marcha del 14 de febrero y, en las últimas horas, la muerte de un joven en Santa Catalina", dice la declaración de Fenapes.
Los incidentes en la corte se produjeron luego que manifestantes protestaran contra la decisión de la corporación de trasladar a la jueza Mariana Mota que participaba en la investigación de casos de violaciones de derechos humanos durante la dictadura militar.
Además, la Corte le pidió a Mota que le informe si cuestionó en declaraciones a El País la decisión del fiscal Gustavo Zubía de solicitar los procesamientos, informó La Diaria. El pedido puede ser el preludio de una investigación administrativa. "Yo no leí el pedido del fiscal, pero obviamente estuve todo el tiempo adentro de la Corte y la figura de atentado, por lo que vi, no se configuró porque no hubo impedimento para que se desarrollara el juramento. Es horrible que se criminalice algo que no generó resultado lesivo para nadie", había dicho Mota a El País.
"No consideramos a este atropello como un hecho aislado, sino como una muestra más de los intentos que la cara visible del poder realiza por controlar y vigilar a una sociedad que se expresa y reclama justicia y verdad. Estas acciones políticas van en consonancia con los megaoperativos, decreto 354/010 -referido al desalojo de dependencias públicas, cuando hayan sido ocupadas por trabajadores-, la represión en el Liceo 70, la utilización de balas de goma en la marcha del 14 de febrero y, en las últimas horas, la muerte de un joven en Santa Catalina", dice la declaración de Fenapes.
Los incidentes en la corte se produjeron luego que manifestantes protestaran contra la decisión de la corporación de trasladar a la jueza Mariana Mota que participaba en la investigación de casos de violaciones de derechos humanos durante la dictadura militar.
Además, la Corte le pidió a Mota que le informe si cuestionó en declaraciones a El País la decisión del fiscal Gustavo Zubía de solicitar los procesamientos, informó La Diaria. El pedido puede ser el preludio de una investigación administrativa. "Yo no leí el pedido del fiscal, pero obviamente estuve todo el tiempo adentro de la Corte y la figura de atentado, por lo que vi, no se configuró porque no hubo impedimento para que se desarrollara el juramento. Es horrible que se criminalice algo que no generó resultado lesivo para nadie", había dicho Mota a El País.
NI ASONADA NI DELITO
Comunicado / Montevideo, 06 de
noviembre de 2013
La Asociación Mundial de Radios
Comunitarias – Amarc Uruguay repudia el fallo de la jueza Gabriela
Merialdo, que termina con el procesamiento sin prision por el
delito de asonada de Patricia Borda, Irma Leites, Alvaro,
Eduardo y Diego Jaume, Anibal Varela y Jorge Zabalza, todos ellos
militantes sociales.
Estas acciones generan de hecho las
condiciones para criminalizar la protesta, cercenando el
derecho de los ciudadanos a manifestare públicamente y violando la
libertad de expresión.
Esta es una muestra más de que el
Poder Judicial en nuestro país está en un proceso donde no es tan
visible su caracater de actor independiente de los poderes y por
lo tanto perjudica la imagen de justicia, a través de estas
decisiones ciertamente discutibles y poco transparentes que alejan
al Poder Judicial de la búsqueda de verdad y justicia, manteniendo
la impunidad para los responsables de delitos de Lesa
humanidad.
El desplazamiento de la Jueza
Mariana Mota por supuestos motivos de mejor servicio, las
resoluciones de la Corte de Justicia sobre la vigencia de la
vergonzosa Ley de Caducidad y ahora la tipificación del
delito de Asonada, en relación a 7 militantes sociales
elegidos por el fiscal Gustavo Zubía, entre cientos que
participaron, sin que hubiera ni asonada ni delito alguno,
sino el más justo de los derechos, que es el de la indignación y
la protesta de los ciudadanos, cuando entendien que tienen razón.
Desde nuestro compromiso con la
comunicación comunitaria, levantamos nuestras voces apelando al
sentido común y al reconocimiento de que mas allá de todo lo que
hayan sentido los jueces de la Corte, no hubo ni asonada, ni
violencia, ni delito que explique esta decisión tan arbitraria y
selectiva para con siete ciudadanos que nada ocultaron sobre el
porque de su presencia y actitud frente a la Corte de Justicia.
Por AMARC Uruguay
María Belen Itza: Representatne NacionalCarlos Dardano: Área legislaciones
Carlos Casares: Área legislaciones
Alexis Espíndola: Área Comunicaciones
Contigo, con ustedes...(mensaje a Jorge Zabalza)
por Margarita MerklenMi querido Jorge: a veces me parece que está tan lejos Durazno... (pero no lo está)... porque aquí la vida es tan de campo, estando tan cerca del zoológico, tan quieta, que parece que no está pasando nada en ninguna parte... pero no es así, para nada...Mis queridos Tambero y Verónica... y los demás compañeros (aunque no conozco a algunos...)
Vecinos de Santa Catalina protestan y reclaman justicia. Foto: Julio Barcelos
URUGUAY: Repudiamos la escalada represiva que impulsa el gobierno
COMUNICADO
EN SOLIDARIDAD CON LOS MILITANTES POPULARES PERSEGUIDOS
En
Montevideo y en su barrio Santa Catalina se
lucieron las fuerzas de defensa del ex dirigente tupamaro Eleuterio Fernández
Huidobro devenido ideológicamente en nacionalista y actual Ministro de Defensa,
y la del otrora también tupamaro Eduardo Bonomi hoy Ministro del Interior,
ambos de la hermana República Oriental
del Uruguay.
En
noviembre del año pasado el Ministerio del interior declaraba que iban a entrar
a los barrios con la Policía Comunitaria ya que ellos “tiene un perfil de
trabajo distinto al del funcionario policial común… busca generar confianza en
los vecinos, tiene un perfil de comunicación, interactúa en el barrio para
resolver problemas, y sabe escuchar”, explicaban. El lunes 4 de noviembre de
este año la policía asesinó al adolescente Sergio Lemos, un muchacho
trabajador, conocido y querido por muchos en el barrio de Santa Catalina. Sergio
fue acribillado a balazos por el simple hecho, de pasar por el lugar donde se
había cometido una rapiña. Al grito de alto se asustó y no detuvo
inmediatamente la moto que conducía, motivo por el cual fue baleado en una
pierna y posteriormente le pegan varios tiros más por la espalda.
Por otro lado, como
parte de la escalada represiva, se ha lanzado la persecución política y librado
órdenes de detención a conocidos militantes populares críticos del gobierno de José
Pepe Mujica y a su poder judicial.
También ayer, 4 de
noviembre, la jueza Merialdo dictó el procesamiento de Jorge Zabalza, Irma Leites, Alvaro Jaume, Patricia Borda, Aníbal Varela, Eduardo y Diego
Jaume, por participar en una movilización contra el traslado
arbitrario de la jueza Motta (despromovida
por la Corte Suprema, debido a su insistencia en juzgar a los militares
genocida) y de reclamo de justicia
contra la impunidad de los asesinos que dirigieron la última dictadura.
Como
parte de la solidaridad con los militantes uruguayos perseguidos, damos a
conocer y repudiamos este accionar de las fuerzas represivas orientales.
Juventud Guevarista de Argentina
Más
información se puede encontrar en:
http://www.mro.nuevaradio.org/
Solidaridad de los humildes llega de lejos
URUGUAY Y LA BESTIA DE MANO DURA
ASESINAN A UN JOVEN
Uruguay- en Santa Catalina
Mano dura, pinta el muro
el candidato a presidente dice
mano dura y militarizar la policía
mano dura es la Orden
bestia de mano dura
atención,
un joven muerto a balas
las manos de la bestia obedecen al muro
hieren por la espalda
Santa Catalina
asesinan a un joven
el mismo día
Jorge Patricia
víctimas de la Suprema Injusticia
dos orientales que dicen libertad
Jorge Jesús
PREOCUPACIÓN EN ONU ANTE PROPUESTA DE BAJA DE
IMPUTABILIDAD
En
un informe del Comité de Derechos Humanos de la ONU,
dado a conocer la semana pasada, se asegura que
“inquieta” al organismo la “existencia de
iniciativas populares que plantean una rebaja de la edad
mínima de responsabilidad penal hasta los 16
años”.
El Comité recuerda en el
documento que el Estado “debe garantizar la existencia
de un régimen penal juvenil respetuoso de los
derechos protegidos” por la normativa internacional.
Lamentó además que el Estado uruguayo
“no haya proporcionado información concreta
sobre el resultado de las investigaciones penales y/o
disciplinarias abiertas contra oficiales del Instituto del
Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) por presuntos
abusos sexuales a varias menores internadas en un
centro”. El documento destaca las medidas que ha
tomado el gobierno para mejorar las condiciones de los
adolescentes privados de libertad, pero expresa
“preocupación” por la “persistencia
de problemas de hacinamiento” en algunos
centros.
En otro punto del documento, el
Comité de Derechos Humanos de la ONU sostiene que el
gobierno uruguayo tiene que “tomar medidas eficaces
para combatir el fenómeno de los niños de la
calle y la explotación de los niños en
general”. Señala además que el Estado
debe “organizar campañas” de
concientización ciudadana sobre los derechos del
niño.
Fuentes: Búsqueda /
Agencia Voz y Vos
COMCOSUR INFORMA Nº 1507 -
07/11/2013
negociación colectiva
Untmra impide cargar naftas en estaciones de servicio del país
Fray Bentos, Salto, Maldonado, Rocha,
Paysandú, Treinta y Tres, Rocha, Lavalleja, Maldonado y Montevideo.
Varias estaciones de estos departamentos se ven afectadas por medidas
sindicales.
Estación de Mercedes. Foto: Daniel Rojas
Daniel Rojas y redacción de El País uy jue nov 7 2013 03:00
Varias estaciones de servicio del país se
encuentran afectadas desde ayer por medidas sindicales en el marco de la
negociación colectiva. Hacia la noche varias estaciones de Fray Bentos,
Salto, Maldonado, Rocha, Paysandú, Treinta y Tres, Rocha, Lavalleja,
Maldonado y Montevideo se vieron afectadas por las medidas.
“Estamos de paro hasta hoy a las 12 de la noche”, dijo un trabajador de una estación de servicio de Rocha a Telenoche 4. Los trabajadores reclaman aumentos salariales en el marco de la negociación colectiva.
El presidente de la Unión de Vendedores de Nafta, Daniel Añón dijo a El País, que la Unión de Trabajores del Metal y de Ramas Afines (Untmra) toma estas medida “incorrectamente” ya que “nosotros no somos los que damos el aumento sino que negociamos en el consejo de salarios, nos remitimos a lo que pasa Ancap”.
La Unión de Vendedores de Nafta se levantó del consejo de salarios. “Dejamos en claro que si ocupaban una estación de servicio mientras estábamos negociando nos íbamos a retirar. Lo hicimos hace 15 días buscando la fórmula para que el Ministerio (de Trabajo) acercara las partes”.
Añón expresó que esperan que el Ministerio de Trabajo los convoque nuevamente para tener una reunión.
“Estamos de acuerdo que hagan el paro que quieran”, pero no que tomen la estación de servicio impidiéndole despachar a su dueño y al que quiera trabajar tampoco se lo permita”, añadió.
Puso el ejemplo de la estación de Mercedes “donde hay 40 empleados y diez afiliados (…) que no dejaron trabajar a los demás. Así ha pasado en varias lados. Tienen derecho a huelga, me parece bárbaro que reclamen. Equivocadamente porque no somos nosotros los que dan el aumento, los fija Ancap porque es quien marca la ganancia. Tenemos un precio regulado, que esta tarifado y dentro de nuestra ganancia es lo que le tenemos que dar al empleado”.
Añón dijo que es proclive a retomar el diálogo con los dirigentes del Untmra. Mañana por la mañana se comunicará con el director de Trabajo, Luis Romero.
La población de Mercedes se encuentra sin posibilidad de cargar combustible como consecuencia de un paro que se extenderá hasta mañana en la tarde siempre y cuando no se destrabe el conflicto, que amenaza con prolongarse por 36 horas.
Hugo Erosa, coordinador de Interior de Untmra, informó ayer a El País que actualmente hay cuatro estaciones cerradas en Florida, dos en Juan Lacaze (Colonia) y que está pasando lo mismo en otras ciudades del interior del país.
"Esta noche cerramos la estación de La Víbora en ruta 2 y 24", departamento de Río Negro, indicó el sindicalista que lamentó que los empresarios "dejaron llegar el agua a la nariz para empezar a negociar".
"Estaban plantados en que no querían dar nada y ahora pidieron urgente una reunión con el sindicato", señaló Erosa. Dijo que el encuentro se producirá mañana con varias estaciones ocupadas.
El sindicato entiende que el aumento por el Índice de Precios al Consumo (IPC) que ofrecen las empresas es "insignificante" y van tras un salario de $ 20.000 mensuales además del reconocimiento de insalubridad.
Actualmente el promedio percibe una remuneración de $ 12.700. "Quedan 15 días para que laude el gobierno, sabemos que precisan los votos pero tampoco nos van a tirar con flores. Mañana encontramos una salida o las medidas se van a profundizar", informó el dirigente de Untmra. De no alcanzarse un acuerdo, la primera decisión será prolongar el cierre de las estaciones por 36 horas.
“Estamos de paro hasta hoy a las 12 de la noche”, dijo un trabajador de una estación de servicio de Rocha a Telenoche 4. Los trabajadores reclaman aumentos salariales en el marco de la negociación colectiva.
El presidente de la Unión de Vendedores de Nafta, Daniel Añón dijo a El País, que la Unión de Trabajores del Metal y de Ramas Afines (Untmra) toma estas medida “incorrectamente” ya que “nosotros no somos los que damos el aumento sino que negociamos en el consejo de salarios, nos remitimos a lo que pasa Ancap”.
La Unión de Vendedores de Nafta se levantó del consejo de salarios. “Dejamos en claro que si ocupaban una estación de servicio mientras estábamos negociando nos íbamos a retirar. Lo hicimos hace 15 días buscando la fórmula para que el Ministerio (de Trabajo) acercara las partes”.
Añón expresó que esperan que el Ministerio de Trabajo los convoque nuevamente para tener una reunión.
“Estamos de acuerdo que hagan el paro que quieran”, pero no que tomen la estación de servicio impidiéndole despachar a su dueño y al que quiera trabajar tampoco se lo permita”, añadió.
Puso el ejemplo de la estación de Mercedes “donde hay 40 empleados y diez afiliados (…) que no dejaron trabajar a los demás. Así ha pasado en varias lados. Tienen derecho a huelga, me parece bárbaro que reclamen. Equivocadamente porque no somos nosotros los que dan el aumento, los fija Ancap porque es quien marca la ganancia. Tenemos un precio regulado, que esta tarifado y dentro de nuestra ganancia es lo que le tenemos que dar al empleado”.
Añón dijo que es proclive a retomar el diálogo con los dirigentes del Untmra. Mañana por la mañana se comunicará con el director de Trabajo, Luis Romero.
Soriano.
La totalidad de las estaciones de servicio de Mercedes se encuentran cerradas por medidas sindicales adoptadas por la Unión Nacional de Trabajadores Metalúrgicos (Untmra). El sector de las estaciones de servicio está incluido en el grupo 08 del Consejo de Salarios.La población de Mercedes se encuentra sin posibilidad de cargar combustible como consecuencia de un paro que se extenderá hasta mañana en la tarde siempre y cuando no se destrabe el conflicto, que amenaza con prolongarse por 36 horas.
Hugo Erosa, coordinador de Interior de Untmra, informó ayer a El País que actualmente hay cuatro estaciones cerradas en Florida, dos en Juan Lacaze (Colonia) y que está pasando lo mismo en otras ciudades del interior del país.
"Esta noche cerramos la estación de La Víbora en ruta 2 y 24", departamento de Río Negro, indicó el sindicalista que lamentó que los empresarios "dejaron llegar el agua a la nariz para empezar a negociar".
"Estaban plantados en que no querían dar nada y ahora pidieron urgente una reunión con el sindicato", señaló Erosa. Dijo que el encuentro se producirá mañana con varias estaciones ocupadas.
El sindicato entiende que el aumento por el Índice de Precios al Consumo (IPC) que ofrecen las empresas es "insignificante" y van tras un salario de $ 20.000 mensuales además del reconocimiento de insalubridad.
Actualmente el promedio percibe una remuneración de $ 12.700. "Quedan 15 días para que laude el gobierno, sabemos que precisan los votos pero tampoco nos van a tirar con flores. Mañana encontramos una salida o las medidas se van a profundizar", informó el dirigente de Untmra. De no alcanzarse un acuerdo, la primera decisión será prolongar el cierre de las estaciones por 36 horas.
