Honduras, Tegucigalpa: Estudiantes protestan contra fraude electoral
Represión a estudiantes hondureños, 20 heridos
Por chernandez fecha noviembre 26, 2013@caesar3_0
TEGUCIGALPA,Honduras Estudiantes
universitarios salieron este martes a la calle en Tegucigalpa para
protestar contra los resultados de las elecciones generales, que dan
como triunfador al candidato del Partido Nacional, Juan Orlando
Hernández.
El grupo recorrió el bulevar Suyapa,
a inmediaciones de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH),
donde provocó caos vehicular.
Los manifestantes se pronunciaron a
favor de los candidatos del partido Anticorrupción (PAC), Salvador
Nasralla, y de Libertad y Refundación (Libre) Xiomara Castro.
El lunes, miembros de la resistencia
marcharon en el bulevar Juan Pablo de la capital hondureña, en atención
a un llamado que hizo el lunes el coordinador general de Libre , Manuel
Zelaya, de defender en las calles los resultados que según ellos
favorecen a la candidata Xiomara Castro.
Estudiantes de Honduras toman las calles para exigir recuento de votos
- Martes, noviembre 26, 2013, 23:31 - LIBRERED
Los estudiantes hondureños realizaron una manifestación este martes para denunciar lo que consideran un fraude electoral cometido en las elecciones presidenciales celebradas este domingo y pidieron a las autoridades del Tribunal Supremo Electoral (TSE) el recuento de los votos.
Pedimos al TSE ”conteo y comparación de actas, que el TSE sea investigado” es decir”, sus cuentas bancarias en Miami sus cuentas bancarias en suiza” denunció un estudiante que participaba en la manifestación realizada en la Universidad Autónoma en la ciudad de Tegucigalpa.
Por otro lado, otro estudiante de sociología indicó que en esta manifestación los estudiantes exigen que se respete el derecho soberano, el derecho a la democracia”.
Asimismo, acotó que ” el domingo el pueblo tomó una decisión” y ”Xiomara Castro es la presidenta de Honduras pero como siempre la oligarquía sigue atacando al pueblo” pero ”vamos a defender la decisión del pueblo”.
Represión y detenciones
Al menos cinco estudiantes fueron detenidos durante las protestas que se mantienen en las calles.En los alrededores de la Universidad Autónoma los estudiantes se han defendido con palos y piedras ante la represión policial con gases lacrimógenos.
Los estudiantes se mantienen en las calles tras no aceptar los resultados emitidos por el Tribunal Supremo Electoral (TSE). Las autoridades de Honduras se han enfrentado con el sector estudiantil arrojándoles gases lacrimógenos desde tempranas horas de la mañana.
Mientras tanto, en otras de las calles de la ciudad, los estudiantes han dicho que la única manera de ser escuchados es mantenerse en las calles.
A las acciones de calle se le han sumado trabajadores del sector salud, quienes exigen de igual forma al TSE realizar un reconteo de los votos de las elecciones generales de este domingo.
LibreRed
Represión en protesta estudiantil en Honduras
26 noviembre 2013 Cubadebate
La policía reprimió este martes una manifestación de estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah) que protestaban contra lo que creen un fraude del Tribunal Supremo Electoral (TSE) que dio como irreversible el triunfo del candidato oficialista Juan Orlando Hernández en las elecciones presidenciales del domingo.
En la primera protesta de estudiantes universitarios en la capital hondureña después de los comicios, los manifestantes cortaban el bulevar Suyapa, frente a la UNAH, cuando un pelotón policial los desalojó con gases y una tanqueta con agua.
Los estudiantes también reclamaban por la victoria, a su juicio, de la candidata del izquierdista partido Libertad y Refundación (Libre), Xiomara Castro, fuerza que no reconoce los resultados dados por el TSE.
También el Partido Anticorrupción, que llevaba al presentador televisivo Salvador Nasralla como candidato presidencial, desconoce las actuales cifras del escrutinio y pide una revisión total de los votos.
Nasralla dijo que si Hernández se impone como presidente, los próximos cuatro años serán de “ingobernabilidad”, mientras la dirigencia de Libre advirtió que el triunfo de Xiomara será peleado incluso con protestas en las calles, reportaron las agencias ANSA y Prensa Latina.
Por su parte, el coordinador nacional de Libre y del Frente Nacional de Resistencia Popular, el expresidente Manuel Zeyala, denunció graves irregularidades en los comicios y rechazó los resultados informados por el TSE.
El también esposo de la candidata Castro insistió en que defenderán la voluntad popular por vías pacíficas y lo harán en cada diputación, cada alcaldía y cada urna.
Dijo que mientras el ente electoral no demuestre lo contrario, Libre se considerará triunfador y solicitó al TSE comparar los resultados y demostrar urna por urna y acta por acta lo contrario.
Añadió que, de ser necesario, la población volverá a manifestarse en las calles como lo hizo la resistencia popular después de la asonada militar que lo derrocó el 28 de junio de 2009.
(Con información de Agencias)
Honduras:
Universitarios protestan contra fraude electoral
Universitarios protestan contra fraude electoral
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| El estudiante, Percy Garcia de la carrera de Pedagogía de la UNAH fue herido por los entes represores del Estado de Honduras. |
Por: Ronnie Huete S.
Periodista
Fotografia: Ronnie Huete S.
Latinoamérica, 26 de nov. Los estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) protestaron hoy, frente a la UNAH en contra de los resultados que emitió el Tribunal Supremo Electoral (TSE).
Uno de los voceros de los estudiantes que participaron en esta manifestación denunció que estuvo como custodio en un centro de votación, y señaló que las credenciales de los miembros de las mesas electorales, fueron compradas por miembros del Partido Nacional.
Alan Alvarenga es uno de los estudiantes que protestó en la UNAH, y mencionó que los universitarios están exigiendo un conteo transparente de las actas y las urnas que fueron escrutadas.
Con gas lacrimógeno fabricado en Estados Unidos, los entes militares contaminaron toda la zona universitaria, poniendo en peligro la salud de los universitarios que fueron afectados con el gas lacrimógeno.
Debido a esta represión se reportó herido el estudiante de Pedagogía Percy García, quien recibió un impacto de bala del gas lacrimógeno, lo que le ocasionó una fractura en su pierna derecha, sin embargo un grupo de universitarios, rápidamente le dio la atención adecuada. Igualmente fueron detenidos por la Policía Preventiva alrededor de 20 estudiantes universitarios, que aun se desconoce su paradero.
La masa estudiantil afirmó que estaban insatisfechos con el proceso
electoral, catalogando esta actividad electoral como un fraude masivo
coordinado por el candidato oficialista Juan Orlando Hernández,
catalogado como una persona indeseable por los universitarios.
Los estudiantes pertenecían a los partidos políticos del Partido Anticorrupción y Libertad y Refundación Libre, y en una masiva asamblea aseguraron que seguirán protestando pacíficamente, hasta revertir el fraude del partido Nacional.
Honduras es una nación centroamericana que vive una dictadura desde hace cuatro años, después del golpe de Estado de 2009, y cuya herencia dictatorial a recaído en el actual gobierno de Porfirio Lobo Sosa, del Partido Nacional.
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Bombas lacrimógenas que reprimieron a los universitarios
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*Corresponsal voluntario de la revista Caros Amigos editada en São
Paulo (Brasil) para Centroamérica, de la agencia informativa
Latinoamericana Prensa Latina, Kaos en la red, del portal
http://desacato.info , editado en Florianópolis (Brasil) y de
hondudiario.com. Cualquier atentado o amenaza para el autor de este
artículo es responsabilidad de quienes representan el Estado de Honduras
y sus órganos paramilitares.
Publicado 4 hours ago por Ronnie Huete Salgado
Honduras: Del golpe de estado al golpe en las urnas
por Katu Arkonada
Servicio Informativo "Alai-amlatina"
ALAI AMLATINA, 26/11/2013.- Lo que hemos vivido los últimos días en Honduras merece un análisis mucho más profundo, pero a modo de reflexión preliminar y síntesis, podemos decir que la voluntad mayoritaria de refundar el país manifestada por el pueblo hondureño ha sido cercenada por las élites políticas y económicas. Todo ello además sufriendo un nivel de injerencia por parte de la Embajada de Estados Unidos nunca visto antes.
En estos momentos podemos hablar de una situación no resuelta en Honduras donde el Tribunal Supremo Electoral tiene 30 días para dar resultados definitivos y son ya 3 los candidatos que se han declarado ganadores de las elecciones. La diferencia entre Juan Orlando Hernández y Xiomara Castro, candidata de Libre, que comenzó siendo de 7 puntos a favor del Partido Nacional, ha bajado en estos momentos a 5 puntos mientras el recuento continua, y todo parece indicar que se va a dar un empate con una diferencia todavía no se sabe a favor de quien, de en torno a 1 punto de diferencia. La situación y el escenario que se vislumbra son de incertidumbre y no se descarta incluso la posibilidad de repetición de las elecciones.
Mientras tanto, en un Estado fallido como Honduras donde la institucionalidad es prácticamente inexistente, los representantes políticos de los grupos económicos y los representantes económicos de los grupos políticos, continúan negociando votos y diputaciones y se han acercado a candidatos de Libre para sugerir que si quieren que se confirme su elección debe abonar una cantidad de dinero o comprometerse a ciertos favores futuros.
Genealogía de un fraude
En las calles hondureñas no se tiene ninguna duda de que Libre ganó las elecciones y ha sido víctima de un fraude cometido mediante una estrategia perfectamente organizada y diseñada por JJ Rendón y la Embajada de Estados Unidos. Si en algún momento llegamos a creer en la victoria de Libre, este golpe de estado electoral dado el domingo y televisado en directo nos devuelve a la realidad y demuestra que a veces la izquierda peca de inocencia y la derecha está perfectamente articulada tanto a nivel de medios como en el plano internacional.
Son varios niveles de este fraude en el que el menos importante es la compra de votos en zonas populares y regiones más pobres mediante la entrega de bolsas con comida por parte de delegados del Partido Nacional el mismo día de las elecciones. Pero hay dos niveles en los que es preciso detenerse. Por un lado, uno más central y nuclear como es el propio Tribunal Supremo Electoral, cuyo presidente David Matamoros es militante y ex diputado del Partido Nacional. El Tribunal Supremo Electoral comenzó la noche del recuento publicando actas de zonas donde ganaba los cachurecos, como popularmente se conoce al PN, mientras al mismo tiempo mandaba a auditoría en torno a un 20% de las actas (que representan 400 mil votos) de territorios como el departamento de Santa Bárbara donde el voto mayoritario es para Libre. En el equipo de coordinación electoral del partido Libertad y Refundación se tiene la certeza de que en torno al 75% de las actas auditadas son ganadas por Xiomara. Todo lo anterior se realiza con el objetivo de crear la sensación de que el Partido Nacional estaba ganando las elecciones, sembrando descontento y desconfianza, e incitando a muchos fiscales de Libre a abandonar las mesas electorales después del recuento de los candidatos presidenciales, dejando vía libre para la manipulación de datos en el recuento de diputados y alcaldes.
El otro nivel es precisamente el territorial, en el que, desde lo local, se ha cometido fraude nacional. Los candidatos presidenciales eran 8 de 9 partidos diferentes y cada partido tenía 2 credenciales para sus representantes en cada una de las mesas electorales (16 mil en todo el país). Sin embargo, en centenares de mesas, como hemos podido comprobar personalmente en las actas escaneadas enviadas al TSE, el voto a 4 de estos candidatos era de 0 votos. Esto significa que ni siquiera los representantes de estos partidos en cada municipio han votado por su candidato, vendiendo sus credenciales al Partido Nacional. Los candidatos de estos 4 partidos, Democracia Cristiana, Alianza Patriótica del golpista Romeo Vásquez Velásquez, Unificación Democrática y PINU, ni siquiera alcanzan entre los 4 el 1% de los votos escrutados hasta el momento. Queda claro que se han presentado a las elecciones para hacer un negocio con las credenciales electorales otorgadas por el TSE.
Toda esta estrategia de fraude vino acompañada el domingo por una, hay que reconocer perfecta, estrategia mediática en la que el clímax fue la llamada de felicitación del Presidente de Colombia Juan Manuel Santos en mitad del discurso del candidato del Partido Nacional. Asimismo, el actual presidente de Honduras, Porfirio Lobo, también ha reconocido como vencedor al candidato de su mismo partido cuando aún falta 1 millón de votos por escrutar y la diferencia a pesar del fraude es de tan solo 100 mil votos.
Una mirada hacia delante
La posibilidad de 8 años continuados de gobierno del Partido Nacional aterra de solo pensarla, pero es más real que nunca. El pueblo hondureño ha hecho un esfuerzo inmenso, logrando construir una herramienta para la transformación y refundación de Honduras llamada Libre y el primer objetivo en estos momentos debe ser defender la victoria de la candidata Xiomara Castro voto por voto, pero quizás hay que empezar a plantearse que en un escenario en el que el Partido Liberal (20% de los votos) no se ha hundido a pesar del golpe de Estado, y el Partido Nacional tiene mucha fuerza a pesar del fraude cometido, la izquierda necesita recorrer aun el camino hasta la madurez política que le permita ganar las elecciones con un proyecto identificado con los sectores populares que pase por encima de cualquier tipo de fraude e injerencia. También en algún momento es necesario analizar el papel del Partido Anti Corrupción, que se ha convertido en la tercera fuerza de Honduras habiendo sido en un primer momento menospreciado por todos los partidos, incluido Libre. El PAC ha canalizado mejor que la izquierda el voto antisistema, con un discurso populista y de derecha, pero que ha calado en varios sectores, especialmente entre la juventud.
El objetivo más allá de la defensa del voto para la candidatura de Xiomara, debe ser asegurar un buen porcentaje de alcaldes y diputados de Libre, así como mantener la cohesión de un partido frágil ideológicamente, en el que la izquierda, los movimientos sociales y sectores provenientes del liberalismo se han unido con el objetivo de romper el tradicional bipartidismo.
Es el momento de comenzar a pensar en (re)construir el partido, fortalecerlo política, ideológica y organizativamente para convertirlo de una vez por todas en el proyecto político de todo un pueblo, de toda una nación, de una Honduras libre y soberana.
- Katu Arkonada se encuentra en Honduras como observador electoral y acompañante internacional de Libre.
Estudiantes de la UNAH protestan por resultados de elecciones en Honduras
Tegucigalpa, Honduras
Martes, 26 Noviembre 2013 13:36- Diario TIEMPO Honduras
Cientos de estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras
(UNAH) protestaron este martes en las instalaciones de dicho centro
estudiantil porque a su criterio lo que se dio el domingo "no revela la
voluntad popular del pueblo, sino un claro fraude que favorece al
candidato oficialista”.
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Los jóvenes se movilizaron desde el boulevard Suyapa de la capital
Tegucigalpa e iban por cada aula gritando consignas en contra de los
resultados arrojados por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) e invitando
a los demás a integrarse a la protesta.
Algunas de las pancartas de los universitarios rezaban mensajes de “¡Mi
dignidad no vale un fogón!, ¡JOH no sos mi presidente!”.
Entre los manifestantes también se encontraban simpatizantes del
Partido Libertad y Refundación (Libre), corriente política que no acepta
los resultados del TSE, por desconfiar de éstos y alega un fraude
electoral.
De la misma manera el presidenciable por el Partido Anticorrupción
(PAC), Salvador Nasralla, no acepta los resultados emitidos por el
Tribunal y pidió un conteo acta por acta. Incluso Nasralla, se declaró
la mañana de este martes en un programa televisivo, como el presidente
de Honduras.
De la misma forma estudiantes de la UNAH-VS convocaron a los
estudiantes de este centro a protestar en contra de los resultados de
los comicios.
por Katu Arkonada
Servicio Informativo "Alai-amlatina"
ALAI AMLATINA, 26/11/2013.- Lo que hemos vivido los últimos días en Honduras merece un análisis mucho más profundo, pero a modo de reflexión preliminar y síntesis, podemos decir que la voluntad mayoritaria de refundar el país manifestada por el pueblo hondureño ha sido cercenada por las élites políticas y económicas. Todo ello además sufriendo un nivel de injerencia por parte de la Embajada de Estados Unidos nunca visto antes.
En estos momentos podemos hablar de una situación no resuelta en Honduras donde el Tribunal Supremo Electoral tiene 30 días para dar resultados definitivos y son ya 3 los candidatos que se han declarado ganadores de las elecciones. La diferencia entre Juan Orlando Hernández y Xiomara Castro, candidata de Libre, que comenzó siendo de 7 puntos a favor del Partido Nacional, ha bajado en estos momentos a 5 puntos mientras el recuento continua, y todo parece indicar que se va a dar un empate con una diferencia todavía no se sabe a favor de quien, de en torno a 1 punto de diferencia. La situación y el escenario que se vislumbra son de incertidumbre y no se descarta incluso la posibilidad de repetición de las elecciones.
Mientras tanto, en un Estado fallido como Honduras donde la institucionalidad es prácticamente inexistente, los representantes políticos de los grupos económicos y los representantes económicos de los grupos políticos, continúan negociando votos y diputaciones y se han acercado a candidatos de Libre para sugerir que si quieren que se confirme su elección debe abonar una cantidad de dinero o comprometerse a ciertos favores futuros.
Genealogía de un fraude
En las calles hondureñas no se tiene ninguna duda de que Libre ganó las elecciones y ha sido víctima de un fraude cometido mediante una estrategia perfectamente organizada y diseñada por JJ Rendón y la Embajada de Estados Unidos. Si en algún momento llegamos a creer en la victoria de Libre, este golpe de estado electoral dado el domingo y televisado en directo nos devuelve a la realidad y demuestra que a veces la izquierda peca de inocencia y la derecha está perfectamente articulada tanto a nivel de medios como en el plano internacional.
Son varios niveles de este fraude en el que el menos importante es la compra de votos en zonas populares y regiones más pobres mediante la entrega de bolsas con comida por parte de delegados del Partido Nacional el mismo día de las elecciones. Pero hay dos niveles en los que es preciso detenerse. Por un lado, uno más central y nuclear como es el propio Tribunal Supremo Electoral, cuyo presidente David Matamoros es militante y ex diputado del Partido Nacional. El Tribunal Supremo Electoral comenzó la noche del recuento publicando actas de zonas donde ganaba los cachurecos, como popularmente se conoce al PN, mientras al mismo tiempo mandaba a auditoría en torno a un 20% de las actas (que representan 400 mil votos) de territorios como el departamento de Santa Bárbara donde el voto mayoritario es para Libre. En el equipo de coordinación electoral del partido Libertad y Refundación se tiene la certeza de que en torno al 75% de las actas auditadas son ganadas por Xiomara. Todo lo anterior se realiza con el objetivo de crear la sensación de que el Partido Nacional estaba ganando las elecciones, sembrando descontento y desconfianza, e incitando a muchos fiscales de Libre a abandonar las mesas electorales después del recuento de los candidatos presidenciales, dejando vía libre para la manipulación de datos en el recuento de diputados y alcaldes.
El otro nivel es precisamente el territorial, en el que, desde lo local, se ha cometido fraude nacional. Los candidatos presidenciales eran 8 de 9 partidos diferentes y cada partido tenía 2 credenciales para sus representantes en cada una de las mesas electorales (16 mil en todo el país). Sin embargo, en centenares de mesas, como hemos podido comprobar personalmente en las actas escaneadas enviadas al TSE, el voto a 4 de estos candidatos era de 0 votos. Esto significa que ni siquiera los representantes de estos partidos en cada municipio han votado por su candidato, vendiendo sus credenciales al Partido Nacional. Los candidatos de estos 4 partidos, Democracia Cristiana, Alianza Patriótica del golpista Romeo Vásquez Velásquez, Unificación Democrática y PINU, ni siquiera alcanzan entre los 4 el 1% de los votos escrutados hasta el momento. Queda claro que se han presentado a las elecciones para hacer un negocio con las credenciales electorales otorgadas por el TSE.
Toda esta estrategia de fraude vino acompañada el domingo por una, hay que reconocer perfecta, estrategia mediática en la que el clímax fue la llamada de felicitación del Presidente de Colombia Juan Manuel Santos en mitad del discurso del candidato del Partido Nacional. Asimismo, el actual presidente de Honduras, Porfirio Lobo, también ha reconocido como vencedor al candidato de su mismo partido cuando aún falta 1 millón de votos por escrutar y la diferencia a pesar del fraude es de tan solo 100 mil votos.
Una mirada hacia delante
La posibilidad de 8 años continuados de gobierno del Partido Nacional aterra de solo pensarla, pero es más real que nunca. El pueblo hondureño ha hecho un esfuerzo inmenso, logrando construir una herramienta para la transformación y refundación de Honduras llamada Libre y el primer objetivo en estos momentos debe ser defender la victoria de la candidata Xiomara Castro voto por voto, pero quizás hay que empezar a plantearse que en un escenario en el que el Partido Liberal (20% de los votos) no se ha hundido a pesar del golpe de Estado, y el Partido Nacional tiene mucha fuerza a pesar del fraude cometido, la izquierda necesita recorrer aun el camino hasta la madurez política que le permita ganar las elecciones con un proyecto identificado con los sectores populares que pase por encima de cualquier tipo de fraude e injerencia. También en algún momento es necesario analizar el papel del Partido Anti Corrupción, que se ha convertido en la tercera fuerza de Honduras habiendo sido en un primer momento menospreciado por todos los partidos, incluido Libre. El PAC ha canalizado mejor que la izquierda el voto antisistema, con un discurso populista y de derecha, pero que ha calado en varios sectores, especialmente entre la juventud.
El objetivo más allá de la defensa del voto para la candidatura de Xiomara, debe ser asegurar un buen porcentaje de alcaldes y diputados de Libre, así como mantener la cohesión de un partido frágil ideológicamente, en el que la izquierda, los movimientos sociales y sectores provenientes del liberalismo se han unido con el objetivo de romper el tradicional bipartidismo.
Es el momento de comenzar a pensar en (re)construir el partido, fortalecerlo política, ideológica y organizativamente para convertirlo de una vez por todas en el proyecto político de todo un pueblo, de toda una nación, de una Honduras libre y soberana.
- Katu Arkonada se encuentra en Honduras como observador electoral y acompañante internacional de Libre.
HONDURAS:
¿Y Ahora?... Sin llanto... A las calles... A luchar!!
- Lunes, 25 Noviembre 2013 20:11
Por Ricardo Velásquez
Después de
4 años de martirio del pueblo hondureño, todo el nivel de conciencia de
lucha que se generó con el golpe de estado se canalizó hacia el proceso
electoral. El sector golpista se consolidó y el Partido Nacional –en el
poder- copó todas las instituciones del Estado como la Corte Suprema de
Justicia, la Fiscalía, el Tribunal Supremo Electoral, la policía, el
ejército, etc. La política impuesta por el régimen Lobo-Hernández fue de
eliminar las conquistas sociales y económicas de la clase trabajadora,
así como reprimir violentamente cualquier indicio de lucha, hasta llegar
al asesinato como sucedió con la Maestra Ilse Ivania Velásquez.
A nivel de
seguridad Honduras pasó a ser el país más violento del mundo, la
criminalidad aumentó exageradamente, los asesinatos se dan en cualquier
rincón del país y las colonias pasaron a ser enormes fortificaciones
para evitar la delincuencia. Paradójicamente el candidato oficialista,
ofreció terminar con la delincuencia en el país, y ha estado 4 años al
frente del Congreso Nacional.
La
resistencia en contra del golpe de estado fue derrotada y con la firma
de los Acuerdos de Cartagena solo se oficializó la derrota, desde ahí la
dinámica de la dirigencia zelayista y del movimiento popular se dedicó a
la creación del nuevo partido Libre y la creación de sus estructuras
organizativas. Esta dirigencia priorizó la actividad electoral sobre la
lucha social, fue así como el régimen de Lobo nadó en aguas tranquilas
en estos dos últimos años, y cuando algún sector pretendía levantarse en
lucha, simplemente lo aplastaban administrativa o militarmente.
Debido a
la profunda crisis que se ha vivido desde el golpe, estas elecciones han
sido las más observadas por la comunidad internacional y la Misión
Internacional de Derechos Humanos.
El deseo de lucha de las masas se desvió a la ilusión democrática
La crisis
económica ocasionada por el golpe de estado ha sido fatal para la
economía de las familias, el buen nivel económico que se había alcanzado
hasta el 2009, fue absorbido y sobrepasado por el alto índice
inflacionario, el estancamiento de los salarios, los aumentos constantes
a los combustibles y servicios públicos, la devaluación de la moneda y
el incremento al precio de la canasta básica. Los programas de
asistencialismo otorgados por el partido en el poder son insignificantes
en comparación con las familias afectadas por 7 paquetes fiscales. Pero
todo este malestar de rechazo al gobierno en turno, fue diluido a la
ilusión de que con las elecciones se resolvería todo.
Sin duda
alguna que estas elecciones han sido de las más votadas, cuando en el
2009 ganó el abstencionismo y el TSE infló la votación para no quedar en
ridículo, la inscripción de 4 nuevos partidos ha presentado una gama de
opciones para que se encantaran todos lo que no creen en los procesos
electorales, este nuevo caudal electoral benefició principalmente a los
partidos Libre y Anticorrupción (PAC), tal como lo manifestara la
Rectora de la Universidad Nacional Autónoma, Julieta Castellanos,
“…estamos frente a un panorama donde probablemente el bipartidismo ya
quede una vez por todo superado…ojalá que los políticos hayan aprendido
las lecciones de la crisis que el país ha vivido, que no se repitan
más…” Hondudiario (22/11/2013).
A las
declaraciones de Julieta Castellanos se sumó las de Adolfo Facussé –uno
de los principales defensores del golpe de estado y representante de la
empresa privada-, quien declaró que prefería que ganara Xiomara a JOH,
porque había escuchado el Plan de Gobierno de la candidata de Libre.
Maniobras de último momento y toda la maquinaria oficial amedrentando a la población
El partido
en el poder y su candidato Juan Orlando Hernández, han hecho todo a su
alcance para imponerse en estas elecciones, con toda la
institucionalidad a su favor se han volcado en una ofensiva campaña
utilizando diverso medios como llamadas telefónicas, mensajes de texto,
internet, medios de comunicación identificados con el golpe de estado,
medios escritos, etc. En esta campaña dejaban entrever por un lado,
denigrar a la candidata de Libre y por el otro embellecer a JOH con su
policía militar. La militarización de la población ha sido visible por
todos lados, los carros sin placa y uniformados con pasamontañas pasean
por todo el país, los cateos ilegales a hoteles, restaurantes y sedes
del partido Libre lo hicieron a diestra y siniestra. Toda esta lista de
interminables denuncias ha hecho que la comunidad internacional diera un
seguimiento de cerca al proceso electoral.
Conatel
(empresa que dirige las telecomunicaciones) fue militarizada con el
pretexto de evitar un foco de infección gripal, a los empleados les
dieron asueto hasta el día martes, el funcionamiento de la institución
fue asumido por la unidad militar especialista en comunicaciones.
La
importancia de estas elecciones en Honduras también provocó que el
Secretario de Estado norteamericano John Kerry, exhortara a América
Latina a garantizar “…que las elecciones en Honduras sean transparentes,
incluyentes, pacíficas y justas…” LT (19/11/2013).
Estas
declaraciones causaron malestar en la clase política en el poder. El
plan estratégico para cumplir con el fraude incluyó diversas
actividades, de nada sirvió que los medios Radio Globo, TV Globo y
Cholusat Sur presionaran al TSE para que no anunciara una tendencia del
que iba ganando cuando se escrutara menos del 20 % de la votación, la
comunidad internacional, por medio de la OEA se llegó a un acuerdo con
los medios de comunicación independientes que podían transmitir
resultados de urna desde el momento en que se comenzaran a dar los
resultados, esto fue infructífero por que el fraude consistió en las
transmisión digital de las actas hacia el TSE y en las que ganaba Libre,
simplemente las hicieron a un lado, mientras que las actas de las urnas
donde ganaba Juan Orlando, las contabilizaban inmediatamente.
De esta
forma con el primer informe que dio el TSE y con menos del 5 %, ya se
daba por ganador al candidato oficialista. Mientras las actas que se
llenaban al finalizar el conteo de la votación para la presidencia,
arrojaban -en la mayoría- como ganadora a Xiomara. Con el primer dato
dado por los magistrados del TSE ya se vislumbró lo del gigantesco
fraude que se venía.
El día de las elecciones
En la
última semana, los medios de comunicación prácticamente solo le dieron
cobertura al Partido Libre y Nacional, las fricciones y denuncias se
dieron de uno y de otro lado, la campaña de miedo fue asfixiante, a tal
forma que los supermercados fueron atiborrados de ciudadanos
provisionándose de alimentos, circuló una nota atribuida a la embajada
de EUA donde daban recomendaciones de seguridad para más de una semana,
esta circular fue negada por la embajada. En las iglesias evangélicas y
católicas le daban las mismas instrucciones a la feligresía, al igual
que en muchas de las empresas privadas. La militarización fue más que
evidente, militares y policías con pasamontañas y en carros sin placa
recorrían todo el territorio nacional. El día sábado por la noche, dos
militantes de Libre que regresaban a su casa después de estar en una
capacitación para servir en mesas electorales, fueron asesinados en la
zona de Cantarranas, cerca de la capital. El oficialismo tomando en
cuenta el fraude que tenía preparado; preparaba la población ante una
probable agitación popular de rechazo al fraude, sin embargo, el domingo
por la noche las calles de la capital lucían solitarias, nadie celebró,
ni Libre ni el Partido Nacional.
En el
informe dado por el TSE el lunes por la tarde, se dijo que la votación
había andado en el 60 %, la ubicación de los primeros 4 lugares
corresponden al Partido Nacional, Libre, Partido Liberal y Pac, los
otros 5 partidos obtenían una votación insignificante. Salvador
Nasralla, candidato del Pac y Libre desconocen los resultados hasta
ahora dados, informan de hasta un 20% de actas inconsistentes que son
las que le estarían ando el triunfo al PN.
Pero el
partido en el poder fue más lejos del fraude, y también lo ejecutan en
las diputaciones al Congreso Nacional. La derecha de la comunidad
internacional inmediatamente felicitó al candidato oficialista.
Solo una movilización nacional del FNRP, Libre y el Sector Popular podrá revertir el fraude
El lunes
el coordinador general de Libre, Manuel Zelaya, convocó a conferencia y
dijo que no reconocían las elecciones, aunque no dejó claro si se
llamaría a movilización nacional para defender el triunfo de Xiomara, al
terminar la conferencia, de forma espontánea un grupo de más de 500
personas se movilizó hacia el TSE, sin embargo, las calles ya se
encontraban bloqueadas por la policía. El grupo sin dirección, cambió el
rumbo al edificio donde funciona Radio y Tv Globo. La dirigencia debe
ponerse al frente y llamar a movilización nacional para defender el
triunfo de Libre.
El FNRP
fue derrotado en las calles cuando lo desmovilizaron con os acuerdos de
Cartagena, nuevamente mediante un gigantesco fraude electoral es
derrotado en la democracia burguesa. Aunque el Partido Libre pasa a ser
la segunda fuerza política del país, la burguesía y la oligarquía no
descansarán mientras el nuevo partido represente un peligro para sus
intereses. La ilusión democrática que se generó en la resistencia
culminó el domingo. La única forma de derrotar a la clase política que
conforma el bipartidismo, los que ejecutaron el golpe del 2009, los que
hicieron el fraude en las internas del 2012 y los mismos que se han
puesto de acuerdo para hacer el fraude que le arrebató la victoria a
Xiomara Castro, es movilizando a la militancia de la resistencia.
Página principal
GLOBOTVHONDURAS - TELESUR EN VIVO
26 de Noviembre 2013 2:25 p.m.
LO QUE SE OBTIENE POR LA FUERZA SOLO SE MANTIENE
2:25
P.M. ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS EN PROTESTA PACÍFICA FRENTA AL ALMA
MATER LA UNAH, FUERON REPRIMIDOS Y GASEADOS JUNTO CON BESSY MARIN
PERIODISTA DE RADIO GLOBO Y GLOBO TV. LAS TANQUETAS ENTRARON A LA
UNIVERSIDAD SIN RESPETAR LA AUTONOMIA DEL PRIMER CENTRO DE ESTUDIOS
SUPERIORES.LO QUE SE OBTIENE POR LA FUERZA SOLO SE MANTIENE
TODOS EN LA MIRA
1:30 pm. TVGloboHonduras Lic. David Romero acaba de mostrar dos personas muertas con acta de defunción que votaron. Los familiares tienen las actas defunción. Siguen
mostrando en TV Globo 1:32 p.m. cómo los votos de Xiomara se los ponen a
Juan Orlando, o se es un gane al reves con votos ajenos. Sobran pruebas
del FRAUDE GIGANTESCO QUE MONTARON LOS NACIONALISTAS
Muestran en TVGLOBO Vuélvase estúpido en cinco días.
Nasralla
entrega a LIBRE copia del acta No. 13 Escuela Arturo Alvarez del
Picachito XIOMARA obtiene 84 votos y solo le digitan 4 en el TSE. En el
computador del TS3 se ve claramente que digitan 4 aunque siempre
aparecen los 84.
Reportan
también por Radio Globo que hay alrededor de 66,000 votos nulos y la
mayoría son de XIOMARA Como el Partido Nacional colocó miembros de su
partido representando partidos pequeños como Alianza Patriótica
y otros (Democracia Cristiana, UD, FAPER, PINU), a la hora de votar si
se anula un voto gana la mayoría, puesto que LIBRE Y PAC quedan en
desventaja COMO 5 o 6 contra dos.
25 de Noviembre 2013
25 nov 2013 Ultima hora Tv Globo miembros de LIBRE rodeados de militares después de conferencia de Prensa Hotel Clarion
A 24 horas de elecciones generales Suspenden actividades y refuerzan la seguridad en el Ministerio Público. http://www.proceso.hn
FRAUDE DESDE EL TRIBUNAL NACIONAL DE ELECCCIONES!!!
Según
denuncia de Esdras Amado López, las actas del MER no llegaron
directamente al TSE sino que pasaron por un punto intermedio en el 6o.
piso de una torre
Policía Militar reprime en el barrio El Chile
Latinoamérica, 24 de nov. Nick Madrid candidato a suplente de Araceli Flores del Partido Libertad y refundación (LIBRE), denuncia que en el barrio el Chile de la capital hondureña, elementos de la Policía Militar están reprimiendo a militantes de Libre. e hace un llamado a la comunidad internacional, derechos humanos y demás entes amantes de la humanidad para que se hagan presentes.
El fantasma del fraude electoral planea sobre Honduras
La mayoría de los candidatos acusan al Tribunal Electoral de ofrecer unos resultados falsos, con los que el oficialismo se habría impuesto a la candidata de la izquierda. IU critica al Gobierno de "legitimar" desde España la supuesta manipulación
PÚBLICO / AGENCIAS 26/11/2013 21:44 Actualizado: 26/11/2013 22:34 Público
Un simpatizante del partido de Xiomara Castro, la candidata de la izquierda.- REUTERS
Los resultados de las elecciones en Honduras están en el
punto de mira. La gran mayoría de los candidatos presidenciales han
denunciado que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) ha ofrecido unos
falsos resultados y han acusado al oficialismo de imponer un proceso electoral sin garantías de limpieza. Según el TSE, es "irreversible" el triunfo del candidato oficialista, Juan Orlando Hernández,
al que otorga el 34,08% de los votos, seguido de Xiomara Castro, mujer
de del expresidente Manuel Zelaya y candidata de la izquierda, con el
28,92%.
El exmandatario, expulsado del poder en junio de 2009 por un golpe de Estado, ha hablado directamente de "fraude". El representante del Partido Libertad y Refundación (LIBRE)- pedía al oficialismo que demuestre "urna por urna" que su candidato es el vencedor de las elecciones. Mientras, el antiguo dirigente señalaba que, "hasta que no se demuestre lo contrario", la vencedora es su mujer.
Desde España, Izquierda Unida también ha apuntado a la teoría del "fraude electoral". "Tal y como ha quedado plasmado en distintos informes de observadores de misiones internacionales independientes y ha advertido la oposición política del país, en Honduras se ha producido un fraude electoral", ha afirmado el responsable de Derechos Humanos y Solidaridad Internacional de IU, Francisco Pérez Esteban, que ha explicado que han recibido informes de varias misiones de observación internacional que "advierten y constatan múltiples irregularidades en el proceso electoral".
Pérez Esteban ha acusado asimismo al Gobierno de Mariano Rajoy de "legitimar" los datos electorales. "Resulta escandaloso que el Gobierno del PP, que hace unos meses apoyó decididamente al venezolano Capriles Radonski hasta mucho tiempo después de su derrota y reclamó de forma vehemente que se revisara hasta el último voto en su disputa con Nicolás Maduro, se haya precipitado ahora y le faltara tiempo para reconocer la victoria de Juan Orlando Hernández", ha apuntado el responsable de IU.
El Gobierno de Rajoy felicitó ayer a Honduras por las elecciones celebradas el domingo en un "clima de normalidad, tranquilidad y alta participación ciudadana" y a Hernández por su victoria. "IU no puede reconocer al candidato del partido conservador, quien se proclamó presidente al llegar al 54% del recuento y así también fue proclamado por el Tribunal Electoral sin esperar al escrutinio final, lo que es en sí mismo una irregularidad", ha precisado Pérez Esteban.
Entretanto, la Unión Europea (UE) y la Organización de Estados Americanos (OEA) han destacado el "ambiente pacífico" y "transparente" de las elecciones, aunque han reconocido que la campaña ha sido "opaca y desigual". "La jornada electoral se desarrolló en un ambiente pacífico, a pesar de serios indicios de tráfico de credenciales y algunas otras irregularidades", indicó la jefa de la Misión de la UE, Ulrike Lunacek, al presentar en Tegucigalpa el primer informe sobre los comicios en Honduras. Lo irregular, según el mismo informe presentado en rueda de prensa, "no tuvo un impacto en el voto o en los procesos de cómputo en las mesas electorales observadas por la Misión de la UE".
El jefe de la misión de la OEA, el chileno Enrique Correa, subrayó que "consideramos los resultados parciales confiables" e hizo un llamamiento a los líderes de los partidos políticos para que esperen "pacientemente" los resultados del escrutinio y a "respetar los resultados oficiales".
La victoria de Hernández garantiza la continuidad de la derecha en el poder, así como de las políticas económicas neoliberales iniciadas por el presidente saliente, Porfirio Lobo. De la misma forma, durante la campaña, Hernández prometió trabajar para controlar la violencia de los cárteles de drogas que operan en el país y que han convertido Honduras en el país con la tasa de homicidios más alta del mundo.
Por su parte, Zelaya dijo que su grupo no se "rinde", ya que cuenta con datos propios que atribuyen la victoria a la candidata de LIBRE. "No queremos ninguna negociación, sólo que se respeten los resultados", subrayó. En este sentido, advirtió de que seguirán defendiendo "los resultados que se dieron en las urnas".
El exmandatario, expulsado del poder en junio de 2009 por un golpe de Estado, ha hablado directamente de "fraude". El representante del Partido Libertad y Refundación (LIBRE)- pedía al oficialismo que demuestre "urna por urna" que su candidato es el vencedor de las elecciones. Mientras, el antiguo dirigente señalaba que, "hasta que no se demuestre lo contrario", la vencedora es su mujer.
Desde España, Izquierda Unida también ha apuntado a la teoría del "fraude electoral". "Tal y como ha quedado plasmado en distintos informes de observadores de misiones internacionales independientes y ha advertido la oposición política del país, en Honduras se ha producido un fraude electoral", ha afirmado el responsable de Derechos Humanos y Solidaridad Internacional de IU, Francisco Pérez Esteban, que ha explicado que han recibido informes de varias misiones de observación internacional que "advierten y constatan múltiples irregularidades en el proceso electoral".
Pérez Esteban ha acusado asimismo al Gobierno de Mariano Rajoy de "legitimar" los datos electorales. "Resulta escandaloso que el Gobierno del PP, que hace unos meses apoyó decididamente al venezolano Capriles Radonski hasta mucho tiempo después de su derrota y reclamó de forma vehemente que se revisara hasta el último voto en su disputa con Nicolás Maduro, se haya precipitado ahora y le faltara tiempo para reconocer la victoria de Juan Orlando Hernández", ha apuntado el responsable de IU.
El Gobierno de Rajoy felicitó ayer a Honduras por las elecciones celebradas el domingo en un "clima de normalidad, tranquilidad y alta participación ciudadana" y a Hernández por su victoria. "IU no puede reconocer al candidato del partido conservador, quien se proclamó presidente al llegar al 54% del recuento y así también fue proclamado por el Tribunal Electoral sin esperar al escrutinio final, lo que es en sí mismo una irregularidad", ha precisado Pérez Esteban.
Entretanto, la Unión Europea (UE) y la Organización de Estados Americanos (OEA) han destacado el "ambiente pacífico" y "transparente" de las elecciones, aunque han reconocido que la campaña ha sido "opaca y desigual". "La jornada electoral se desarrolló en un ambiente pacífico, a pesar de serios indicios de tráfico de credenciales y algunas otras irregularidades", indicó la jefa de la Misión de la UE, Ulrike Lunacek, al presentar en Tegucigalpa el primer informe sobre los comicios en Honduras. Lo irregular, según el mismo informe presentado en rueda de prensa, "no tuvo un impacto en el voto o en los procesos de cómputo en las mesas electorales observadas por la Misión de la UE".
El jefe de la misión de la OEA, el chileno Enrique Correa, subrayó que "consideramos los resultados parciales confiables" e hizo un llamamiento a los líderes de los partidos políticos para que esperen "pacientemente" los resultados del escrutinio y a "respetar los resultados oficiales".
La victoria de Hernández garantiza la continuidad de la derecha en el poder, así como de las políticas económicas neoliberales iniciadas por el presidente saliente, Porfirio Lobo. De la misma forma, durante la campaña, Hernández prometió trabajar para controlar la violencia de los cárteles de drogas que operan en el país y que han convertido Honduras en el país con la tasa de homicidios más alta del mundo.
Por su parte, Zelaya dijo que su grupo no se "rinde", ya que cuenta con datos propios que atribuyen la victoria a la candidata de LIBRE. "No queremos ninguna negociación, sólo que se respeten los resultados", subrayó. En este sentido, advirtió de que seguirán defendiendo "los resultados que se dieron en las urnas".
Honduras: ¿Fraude electoral?
La
Jornada- México
El
Tribunal Superior de Elecciones (TSE) de Honduras quedó rebasado por las
reivindicaciones de triunfo expresadas por los aspirantes punteros en la
elección presidencial realizada el domingo pasado: el derechista Juan Hernández,
del Partido Nacional, y la abanderada de la agrupación progresista Libertad y
Refundación (Libre), Xiomara Castro.
Tras
el anuncio oficial de supuestas tendencias favorables al primero, los
dirigentes de Libre, encabezados por el ex mandatario de ese país Manuel
Zelaya, derrocado por un golpe militar en junio de 2009 y esposo de la
candidata de Libre, denunciaron que la autoridad electoral busca distorsionar
el sentido del veredicto ciudadano por medio de la transmisión irregular de
resultados.
Los
opositores mencionaron prácticas dolosas, como la exclusión de 400 mil
sufragios de los resultados preliminares anunciados por el TSE y la inclusión
mayoritaria de actas que dan la ventaja al aspirante oficialista, 20 por ciento
de las cuales exhibe serias inconsistencias.
Un
precedente que ha de tenerse en cuenta es el reparto ilegal de credenciales
para la votación realizado por el Partido Nacional en vísperas de las
elecciones primarias del año pasado. En esa ocasión, los propios precandidatos
de esa organización se quejaron porque Juan Hernández realizaba esa práctica,
que fue documentada cuando el Ministerio Público incautó millares de documentos
de identidad en una de las casas de campaña del oficialismo.
Por
lo demás, la denuncia de fraude formulada por Libre obliga a recordar el origen
ilegítimo y antidemocrático del actual régimen, surgido del golpe de estado que
interrumpió la normalidad democrática en Honduras, expulsó del poder al
entonces presidente constitucional, Manuel Zelaya, y emprendió una represión
implacable contra las disidencias.
Es
claro, por lo demás, que en los comicios celebrados antier en la nación
centroamericana se enfrentaron dos proyectos contrapuestos de país: el de la
continuidad oligárquica y antidemocrática, representado por Hernández, y la
propuesta social moderada de Xiomara Castro.
Si la
oligarquía hondureña fue capaz de emprender un cuartelazo –apoyado por la
entonces secretaria de Estado estadunidense Hillary Clinton– con tal de
mantener intactos sus privilegios y su alineamiento incondicional con
Washington, no parece improbable que ahora haya optado por el fraude electoral
como una manera de defender sus intereses y su permanencia en el poder.
En las horas y días próximos
será posible saber si las facciones oligárquicas son capaces de mantener la
cohesión, si la organización política fundada el año pasado por el espectro
progresista de Honduras tiene la solidez suficiente para librar con éxito,
mediante las vías jurídicas y las movilizaciones, la batalla poselectoral y, en
caso de que la denuncia de fraude se consolide y compruebe, si la comunidad
latinoamericana logra colocarse a la altura de las circunstancias y de aislar a
un régimen que ha ratificado su ilegitimidad de muchas formas y en diversas
ocasiones.
Enviado por Sandra Sanchez
fraude en Honduras
HONDURAS: LA DEMOCRACIA DEL DOBLE RASERO AL GUSTO KERRY.
He estado observando toda la semana las finales de las elecciones en Honduras, y este evento me revuelve en el mismo saco de la memoria, a John Kerry el USA Secretario de Estado y a una salsa de cocina, porque son homófonos y hasta homofuncionales: suenan igual y tienen la función de modificar los sabores y percepciones. Eso pasa con la salsa al curry y con John Kerry, el canciller imperial del estado forajido, que hace 4 años apoyó el golpe de estado desde su base de Palmerola, con el cual sacaron del poder al presidente electo en las urnas, Manuel Zelaya Rosales, quien cometió el "delito" de acudir al constituyente primario, es decir, al pueblo, para hacer reformas a una constitución hecha en la época dorada de las USA invasiones e imposiciones de dictaduras anti comunistas en Honduras - y en Centro América- desde 1954, cuando tumbaron a un presidente militar como Jacobo Arbens, que también cometió el pecado de querer aplicar las ideas del USA presidente Alexander Hamilton en su país, medida que promovía al pequeño y mediano propietario del campo.
Precisamente, no hace más de una semana el USA canciller del estado forajido, el señor John Kerry había anunciado con el esquema del cuento del gallo capón que la doctrina Monroe, que prohijó dictaduras "buenas" y desembarcos de marines para "corregir a pueblos que habían elegido mal"- como decían los USA presidentes Johnson y Nixon - al referirse a República Dominicana en 1965 y Chile 1973. Había dicho el canciller Kerry sin embargo, que si bien la Doctrina Monroe no va más - is over- nunca dejarían de pronunciarse, cuando se presentaran hechos que alteraran la "democracia" y el "equilibrio de poderes" al sur de sus fronteras. ¿Por qué hago estas reminiscencias en estos momentos, en donde la SIP y los medios empresariales que venden noticias y opiniones rociadas guardan silencios, emanando un fuerte olor ya no a salsa al curri, sino a salsa al Kerry?
Porque en Honduras, a lo largo de esta campaña presidencial y como marco institucional- sí es que a esto se le puede llamar como tal- se han presentado hechos que debieran por lo menos escandalizar, a los Caifaces del USA estado forajido como el señor Kerry, sobre todo en ese tema que tanto han empleado como excusa para la injerencia en Venezuela, como el de la famosa "independencia de poderes" o de los tan nombrados "pesos y contrapesos" de la democracia liberal, excusa para que desde Washington ese estado forajido, hayan puesto a leer declaraciones al respecto sobre Venezuela a la cándida señorita Psaky, en relación con la ley habilitante y la guerra contra la estafa y la usura que lidera el presidente Nicolás Maduro: ratificó la Casa Blanca, el respaldo de USA a los estafadores empresariales e importadores de Venezuela, grandes acaparadores y especuladores.
Pero volviendo al tema de Honduras, si se habla de independencia de poderes, y de los pesos y contrapesos, no entiende uno como el señor Kerry mantiene su lengua metida en salva sea su parte, porque lo que pasa en ese país centroamericano es grave: en Honduras, como telón de fondo reciente y teniendo como capo de las mayorías parlamentarias, el actual candidato oficialista Juan Orlando Hernández, hizo parte del entramado de poder con Michelleti a la cabeza, cuando se dio el golpe de estado contra Mel Zelaya.
En ese momento el candidato que marcha en la cabeza de los datos oficiales a la presidencia actual, a través de su partido Nacional, que ejerce el poder hasta el día de hoy con Porfirio Lobo, fue Juan Orlando Hernández de los que desplegó todos los recursos del estado con descaro y a pesar de la prohibición constitucional en la materia, que lo prohíbe...Y ni el señor Kerry, ni la señorita Psaki, tampoco CNN, cabeza más visible del grupo de dueños de empresas vendedoras de noticias reunidos en la SIP, se han quejado por las descaradas transacciones electorales en dinero y en especie, fuera de asesinatos y amenazas a la oposición. A ninguno de ellos, se les ha ocurrido cantar en Honduras "ventajismo," ese pecado venial entre muchos otros, que suceden bajo el gobierno de Porfirio Lobo.
Tampoco dijeron nada sobre el candidato del gobierno, quien tiene en su pasado, el haber promovido la destitución de cuatro de los cinco representantes del tribunal constitucional - equivalente a la Corte Constitucional en Colombia- porque habían tumbado el proyecto pionero en la entrega de soberanía, que ellos llamaban con el lacayo nombre de "ciudades modelos", un proyecto experimental que impulsaban los señores Hernández y Lobo, argumentado que "van a impulsar el desarrollo" y el crecimiento en zonas despobladas. ¿Pero en qué consisten las famosas ciudades modelos? En la entrega de territorio del estado Hondureño a empresarios internacionales de USA y Europa, quienes crean ciudades estados dotadas de una propia legislación propia, al margen de las leyes hondureñas.
Pero esta entrega de soberanía por parte del estado, no sería peor, a no ser que el estado pretenda también expropiar a poblaciones enteras hondureñas, hasta en poder de patrimonio intangible como la iglesia representativa donde descansa la patrona de Honduras, que pasaría a manos de las famosas ciudades modelo, las cuales el señor Juan Orlando Hernández ahora intenta pasar con el nombre de "Zonas Especiales de Desarrollo", empresa que no han podido concretar porque el pueblo ha resistido hasta ahora y como siempre, poniendo los muertos y heridos, gracias a la importación de paramilitares colombianos, que ahora masacran con el plan pistola a líderes sociales en zonas como las de Olancho.
Pero el señor Kerry, ante un congreso catracho que destituye presidentes, destituye a la magistrados de la Corte Constitucional, no le parece para nada que haya en Honduras un "desequilibrio de poderes", el mismo que sin embargo corre a achacárselo a la Venezuela bolivariana, donde la oposición goza hasta del derecho a rebelión y a dar golpe de estado; y en lugar de tener muertos, es ella la que masacra, cada vez que quiere drenar su arrechera, así ese drenado incluya el asesinato de menores de edad o fiscales como Danilo Anderson. ¿Pero son estos los únicos hechos escandalosos que USA trata de hacer tragables con su "salsa al Kerry"? Pues no, hay todavía hechos peores, que en otras ocasiones hubieran escandalizado a la OEA y a su famosa corte de fariseos llamada CIDH: ayer por ejemplo, las fuerzas de inmigración del estado hondureño con poses de matones de películas de Stallone o Steven Seagal, allanaron "por error" el hotel donde se hospedaban observadores y acompañantes internacionales.
¿Y el señor Vivanco de Human Right Watch; o Amnistía Internacional? Hasta ahora y muy seguramente como sucedió durante el golpe de estado contra Mel Zelaya, seguirán con esa curiosa mezcla de sordera, mudez y ceguera, para no mirar este tipo de violaciones "buenas de los derechos humanos". Cuando son las 11:33 de la noche en Colombia, hay un estercolero en las elecciones de Honduras, que emiten un olor nauseabundo que no soportaría ni el mismos Obama con todo lo cerduna de su ética política. ¿Pero por qué huele tan mal en el plato al Kerry de los comicios catrachos?
Porque en estas elecciones hondureñas, han aparecido muertos votando, vivos que son declarados muertos por el Consejo Nacional Electoral de Honduras (CNE), en zonas de dominio del partido LIBRE que ejerce la oposición real; a pesar de las urnas de votación abiertas durante el mismo proceso electoral violando el más mínimo decoro y apariencia de elecciones "justas"; a pesar de los desequilibrios numéricos en los testigos de votación; de la retención de actas que reconoce el mismo vocero del CNE ante las cámaras con apenas el 24% de las mesas escrutadas, mientras da como ganador parcial al señor Hernández, que ya hizo su primer discurso presidencial, con la bendición evangélica de su mujer, para santificar su insantificable campaña electoral, con esta suerte de salsa el Kerry con aleluyas, la situación empeora y nada bueno se puede esperar de esta fetidez a azufre.
Porque en medio de estas podredumbres comunes en la región, como la compra y venta de votos, Kerry sigue regando la mudez de su salsa al Kerry sobre las elecciones santificadas de Honduras, donde las iglesias evangélicas gringas y las católicas del rito romano, que coinciden en los enfoques de la santa inquisición y de la cuerda paramiltar de un Pat Robertson y del Opus Dei, mientras todos ellos tratan de santificar unas elecciones fraudulentas, Xiomara de Zelaya se declara presidenta; mientras Salvador Nasrala del partido Anticorrupción, anuncia que no reconocerá unas elecciones espurias y grita fraude con su tonacho de pastor evangélico, elegido por Dios para salvar a Honduras. Eso dice él.
Honduras se convierte en este momento, en el escenario modelo de un esquema democrático para lacayos, elogiados con el doble rasero, que se adereza con la salsa al Kerry, cada vez que los medios de propaganda que debieran hacer periodismo, que debieran proteger la democracia y el derecho a la equidad y a la voz del pueblo se pierden en el papel infame de la complicidad con el delito, porque en lugar de proteger los valores más sagrados que nos hacen humanos, se han dedicado a proteger a los estafadores comerciales de Fedecámaras en Venezuela, o a promover candidatos como el señor de las sombras en Colombia, con todo y su oscuro pasado que lo relaciona con paramilitares, o mafiosos mondos y lirondos como los del Cartel de Medellín, o la masacre del Aro. Triste panorama oscuro el de un periodismo desvanecido, que deja una salsa al Kerry que huele a azufre.
Nicolás Ramón Contreras Hernández.
CC.92.226.628 de Tolú- Sucre. Ciudadano afroabiayalense de la Región Caribe en la República de Colombia. Red Independentista del Caribe Observatorio de medios y estudios académicos desde perspectiva de género y etnia.
Infografías:
http://proah.wordpress.com/- ORGANIZACIONES EUROPEAS DENUNCIAN AMENAZAS A OBSERVADORES Y ACOMPAÑANTES EN HONDURAS.
http://radio.uchile.cl/2013/
http://www.bbc.co.uk/mundo/
http://www.youtube.com/watch?
http://www.laprensa.hn/csp/
Griego incendia su casa y arroja el carro por un acantilado para no dárselos al banco
Por: RT.com | Miércoles, 20/11/2013 12:12 PM
Credito: RT.com
20-11-13.-Un griego de 50 años de la localidad de Naupacto, prefectura
de Etolia-Acarnania, cuyos bienes estaban a punto de ser embargados,
prefirió destruirlos a dárselos al banco.
Así, el desesperado hombre quemó su casa y lanzó el carro por un acantilado, informa el portal Nueva Mentes.
Diversas personas han afirmado que el hombre atravesaba una mala situación económica y tenía deudas con los bancos tras el fracaso de la tienda que tenía en la planta baja de su vivienda, de madera y de dos pisos.
Cuando llegaron los bomberos, lo encontraron sentado y observando las llamas con un cigarrillo en la boca. Algunos testigos afirman que el hombre, que fue entregado a la justicia, les dijo a los bomberos: "Esos hijos de perra no se van a llevar nada mío".
La política de austeridad del actual Gobierno heleno, emprendida para recibir ayudas de la Troika, provoca rechazo en una gran parte de la población y ha generado una ola de protestas y huelgas en el país.
Algunos encuentran la solución a su difícil situación en medidas drásticas como suicidio.
Así, el desesperado hombre quemó su casa y lanzó el carro por un acantilado, informa el portal Nueva Mentes.
Diversas personas han afirmado que el hombre atravesaba una mala situación económica y tenía deudas con los bancos tras el fracaso de la tienda que tenía en la planta baja de su vivienda, de madera y de dos pisos.
Cuando llegaron los bomberos, lo encontraron sentado y observando las llamas con un cigarrillo en la boca. Algunos testigos afirman que el hombre, que fue entregado a la justicia, les dijo a los bomberos: "Esos hijos de perra no se van a llevar nada mío".
La política de austeridad del actual Gobierno heleno, emprendida para recibir ayudas de la Troika, provoca rechazo en una gran parte de la población y ha generado una ola de protestas y huelgas en el país.
Algunos encuentran la solución a su difícil situación en medidas drásticas como suicidio.
El pueblo búlgaro se echa a las calles harto del gobierno
Publicado el 11/25/13 • en Contrainjerencia
Los manifestantes llevaban grandes pancartas con lemas como “Dejaos de miseria” y “No queremos trabajar toda la vida para pensiones miserables”.
La multitud pidió al Gobierno búlgaro aumentar los salarios en un 10 por ciento, proteger el derecho a la jubilación anticipada y hacer pagos regulares, ya que los trabajadores apenas son remunerados a tiempo.
A la marcha de los trabajadores se sumó una protesta de unos 1.000 estudiantes a las afueras del Parlamento.
Los estudiantes exigen la renuncia del Gobierno del primer ministro, Plamen Oresharski, pues a su juicio, sus políticas no responden a los intereses del pueblo si no de la oligarquía.
Durante las últimas cuatro semanas, Oresharski ha estado bajo presión continua ante constantes protestas debido al malestar generalizado entre la población.
Una encuesta de Gallup ha revelado esta semana que el 70 por ciento de los búlgaros es pesimista sobre el futuro y que un 50 por ciento quiere la dimisión del nuevo gabinete.
Bulgaria se unió a la Unión Europea (UE) hace seis años bajo una falsa idea de que este hecho conllevaría progreso y bienestar. Actualmente el país sigue siendo el Estado miembro más pobre del bloque de 28 naciones, con altos índices de corrupción y una enorme injerencia de la oligarquía en la política.
Press TV
Escocia anuncia la fecha de su posible independencia
Publicado: 25 nov 2013 | 9:50 GMT
Última actualización: 25 nov 2013 | 9:51 GMT RT
Escocia podría convertirse en un país independiente
el 24 de marzo de 2016 si triunfa el 'sí' en el referéndum que está
previsto que se celebre el 18 de septiembre de 2014, según anunció el
primer ministro del país, Alex Salmond.
Esa es la fecha señalada en el Libro Blanco sobre la independencia,
una 'hoja de ruta' que pretende responder a todas las preguntas que se
susciten en torno a esta cuestión y que el Gobierno autónomo escocés
presentará el próximo martes día 26 en Glasgow, informa el diario
estadounidense 'El Nuevo Herald'.
El documento, de 670 páginas, constituye una 'guía' sobre la independencia de Escocia en la que se establecen "los argumentos económicos, sociales y democráticos a favor de la independencia", explica la viceministra principal escocesa, Nicola Sturgeon.
Sturgeon señaló además que el Libro Blanco "demostrará la fortaleza financiera de Escocia y los detalles de cómo se declararía la independencia, las negociaciones, las preparaciones y los acuerdos que serán necesarios en el período de transición desde el voto del próximo septiembre".
Los escoceses mayores de 16 años podrán votar el 18 de septiembre de 2014 en un referéndum sobre el que se planteará una pregunta con un enunciado muy concreto: "¿Debería Escocia ser un país independiente? ¿Sí o no?".
De ganar la opción de la independencia, el 24 de marzo de 2016 Escocia se declararía un Estado independiente un día después de disolver su Parlamento, para convocar en mayo de ese mismo año las que serían las primeras elecciones de su existencia como unidad nacional independiente.
La fecha del referéndum suponía hasta ahora un recuerdo desagradable para Escocia: el 24 de marzo del año 1707 se firmó el Acta de Unión con Inglaterra, que supuso el inicio de más de 306 años de dependencia. Sin embargo, la fecha coincide también con un momento simbólico: se cumplen 700 años de la batalla de Bannockburn, la victoria más importante de las tropas escocesas sobre las inglesas en las guerras de independencia.
El documento, de 670 páginas, constituye una 'guía' sobre la independencia de Escocia en la que se establecen "los argumentos económicos, sociales y democráticos a favor de la independencia", explica la viceministra principal escocesa, Nicola Sturgeon.
Sturgeon señaló además que el Libro Blanco "demostrará la fortaleza financiera de Escocia y los detalles de cómo se declararía la independencia, las negociaciones, las preparaciones y los acuerdos que serán necesarios en el período de transición desde el voto del próximo septiembre".
Los escoceses mayores de 16 años podrán votar el 18 de septiembre de 2014 en un referéndum sobre el que se planteará una pregunta con un enunciado muy concreto: "¿Debería Escocia ser un país independiente? ¿Sí o no?".
De ganar la opción de la independencia, el 24 de marzo de 2016 Escocia se declararía un Estado independiente un día después de disolver su Parlamento, para convocar en mayo de ese mismo año las que serían las primeras elecciones de su existencia como unidad nacional independiente.
La fecha del referéndum suponía hasta ahora un recuerdo desagradable para Escocia: el 24 de marzo del año 1707 se firmó el Acta de Unión con Inglaterra, que supuso el inicio de más de 306 años de dependencia. Sin embargo, la fecha coincide también con un momento simbólico: se cumplen 700 años de la batalla de Bannockburn, la victoria más importante de las tropas escocesas sobre las inglesas en las guerras de independencia.
Texto completo en: http://actualidad.rt.com/
Escocia, pensar en la Independencia desde un enfoque radical
por SORTU
Viernes, 22 de Noviembre de 2013 16:57
Artículo del delegado para Euopa de SORTU Igor Zulaika sobre la situaión actual y el futuro de Escocia.
El 23 de noviembre
2013 SORTU participará en Glasgown en la Conferencia de la Independencia
Radical RIC. El año pasado la Izquierda Abertzale participó en la
primera sesión de esta conferencia.
Antes que nada, quisiera dejar clara una
idea sobre la situación actual en Escocia y el referéndum que se
celebrará el próximo año: los ciudadanos escoceses van a decidir su
futuro de una manera acordada y ordenada sin ningún problema, según un
mecanismo aceptado por los gobiernos de Escocia y el Reino Unido.
El mecanismo para
celebrar el referéndum se basa en el Acuerdo de Edimburgo, acordado
entre los presidentes de Escocia: Alex Salmond, y del reino Unido: David
Cameron. (Agreement between the United
Firmado el 15 de octubre
de 2012, el objetivo del acuerdo, es garantizar la legalidad del
referendum. El gobierno del Reino Unido se comprometió a adoptar una ley
mediante la que se concedía al Parlamento escocés el poder de hacer un
referendum con una única pregunta, y que sería vinculante. Eso es lo que
ha hecho el Parlamento escocés por unanimidad en los últimos días, y
además ha acordado conceder el derecho de voto a los mayores de 16 años.
Dejando a un lado la
legitimidad y la legalidad del proceso, las encuestas, por el momento,
apuntan a que ganará el no, pero todavía queda mucho tiempo. Mientras la
campaña por el SI gana apoyos, la campaña por el NO ha perdido apoyo de
manera pública; algunos históricos laboristas han expresado su apoyo al
Si, al igual que varios escritores y otras personalidades conocidas.
Mientras tanto, la
campaña del NO se basa en el miedo. En vez de mensajes favorables a la
unidad del Reino Unido no habla más que de los peligros de la
independencia. Por lo que comentan dentro del Better- Together (mejor
juntos), llaman Project Fear (proyecto terror) a su campaña .
La campaña por el sí,
sin embargo, ha hecho aportaciones en positivo, por ejemplo el documento
“The Common Weal” de la fundación de prestigio Reid Foundation. El
documento habla de la posibilidad de ejercer un nuevo sistema económico
en la nueva Escocia. Habla de las posibilidades de un futuro diferente y
ha sido presentado en numerosas universidades y pueblos. Como dato,
decir que el director de Reid Foundation, Robin MacAlpine firma el libro
publicado recientemente por la red Independentistak.
La situación económica,
las políticas que impulsan servicios sociales y universidades gratuitas,
entre otras, y la involución ideológica que se da en el Reino Unido
junto al aumento del euroescepticismo (aumento del UKIP en el Reino
Unido) son argumentos de peso para votar a favor del SI.
Aunque el SNP ha
cambiado su actitud histórica en contra de la OTAN, mantiene su postura
en contra de las armas nucleares y ha prometido que si conseguirían la
independencia declararían a Escocia, un estado libre de armas nucleares.
Como resultado de esto el el Reino Unido perdería la única base de
submarinos nucleares que tiene.
Dentro de todo este
proceso, la izquierda radical ha confluido en la RIC. Superando años de
división y enfrentamiento han comenzando a discutir sobre las opciones
que se abrirían con la Independencia. Consideran que la Independencia,
es una oportunidad de repensar y cambiar el sistema además de atraer al
debate político a ciudadanos y trabajadores que antes se quedaban al
margen del mismo.
El año pasado, la Izquierda
Abertzale tuvo la oportunidad de presentar la proposición
socioeconómica de EH Bildu, este año hablaremos de austeridad y de
solidaridad. Junto a nosotros estarán miembros de Syriza y del
movimiento catalán "Independència por Canviar-ho tot". La conferencia se
completará con nueve seminarios y diversas conferencias, cuyo objetivo
será promover una nueva Escocia desde un enfoque radical.
A Euskal Herria también le llegará la hora de emprender su viaje, el tiempo de dar pasos en la Vía Vasca.
Igor Zulaika, Delegado para Europa de Sortu.
Portugal aprueba un presupuesto restrictivo entre protestas multitudinarias
El tercer presupuesto del Gobierno del conservador Pedro Passos Coelho no afloja en nada la política de ajustes y recortes adoptada en los dos anteriores
Los diputados discutían y aprobaban esta mañana en la Cámara el que
será el tercer presupuesto ultra-restrictivo de la reciente historia de Portugal,
el de 2014, repitiendo, en muchos casos, los mismos argumentos que
llevan esgrimiendo mucho tiempo. Mientras, en la calle, al pie del
Parlamento, miles de portugueses, llegados de muchas ciudades del país,
protestaban a voz en grito contra esta nueva receta de austeridad que
les hará la vida más difícil y empobrecerá aún más su día a día. La
hermosa plaza que se extiende bajo el edificio de la Asamblea de la
República se fue llenando según avanzaba la mañana. Al final, la
multitud desbordó por las calles y callejuelas adyacentes. Había muchos
funcionarios: enfermeros, profesores, médicos, administrativos, y
operarios de la limpieza, pero también acudieron a gritar contra el
presupuesto muchos jubilados que ven cómo su pensión se encoge año a
año. Abuchearon cada vez que un orador se refería al presidente de la República, Aníbal Cavaco Silva,
a cualquier miembro del Gobierno, a la troika o al FMI. Y se refirieron
a ellos, casi exclusivamente, con el simple adjetivo de "ladrones".
El tercer presupuesto del Gobierno del conservador Pedro Passos Coelho no afloja en nada la política de ajustes y recortes adoptada en los dos anteriores. Así, a la retirada de pagas extras y rebajas de salarios del primero, el de 2012, y a la subida de impuestos del segundo, el de 2013, acumula un nuevo recorte en el sueldo de todo funcionario portugués que gane más allá de 675 euros. Al principio, el límite se encontraba en los 600 euros pero el Gobierno ha accedido a elevar el tope, a una cifra que la oposición cifra ridícula. Esto no evita que la inmensa mayoría de los funcionarios portugueses se sienta estafada al ver cómo su nómina se encoge año a año sin que nadie les indique dónde está el final de la pesadilla.
La protesta de hoy, organizada por los sindicatos, se produce después de un mes convulso en Portugal, trufado de manifestaciones, huelgas y paros. El pasado 8 de noviembre hubo una huelga de funcionarios que afectó las escuelas y a los hospitales; el jueves, una manifestación insólita de policías, que reunió, también de una manera inaudita, a miles de agentes de todo tipo; ayer, fueron los magistrados los que se pusieron en huelga y los que paralizaron sus tribunales. La razón es siempre la misma: los recortes, las bajadas de salario, la subida de impuestos, el desmantelamiento pieza a pieza de los servicios públicos...
Al final de la mañana, el presupuesto fue aprobado por la cómoda mayoría del centro derecha portugués; antes, la diputada del Bloco de Esquerda Catarina Martins había pronunciado una frase terrible que aludía al hundimiento de la clase media portuguesa a base de impuestos y retirada de derechos adquiridos y al hundimiento paralelo de la natalidad en Portugal: "Ahora mismo tener hijos es sinónimo de ser pobre". La oposición insistió en que la fórmula de austeridad repetida, oleada tras aleada, no sirve, y para ello recordó los magros resultados de crecimiento económico (un 0,1% en el último trimestre) y de paro (un 16%).
La ministra de Finanzas, Maria Luís Albuquerque repitió los argumentos del Gobierno para justificar el presupuesto, basados sobre todo en el mal menor y en lo necesario de estas políticas para evitar un segundo rescate "catastrófico" para el país y un nuevo colapso financiero. Y añadió que todas estas medidas son provisionales, derivadas de la situación de excepción en que vive el país.
El tercer presupuesto del Gobierno del conservador Pedro Passos Coelho no afloja en nada la política de ajustes y recortes adoptada en los dos anteriores. Así, a la retirada de pagas extras y rebajas de salarios del primero, el de 2012, y a la subida de impuestos del segundo, el de 2013, acumula un nuevo recorte en el sueldo de todo funcionario portugués que gane más allá de 675 euros. Al principio, el límite se encontraba en los 600 euros pero el Gobierno ha accedido a elevar el tope, a una cifra que la oposición cifra ridícula. Esto no evita que la inmensa mayoría de los funcionarios portugueses se sienta estafada al ver cómo su nómina se encoge año a año sin que nadie les indique dónde está el final de la pesadilla.
La protesta de hoy, organizada por los sindicatos, se produce después de un mes convulso en Portugal, trufado de manifestaciones, huelgas y paros. El pasado 8 de noviembre hubo una huelga de funcionarios que afectó las escuelas y a los hospitales; el jueves, una manifestación insólita de policías, que reunió, también de una manera inaudita, a miles de agentes de todo tipo; ayer, fueron los magistrados los que se pusieron en huelga y los que paralizaron sus tribunales. La razón es siempre la misma: los recortes, las bajadas de salario, la subida de impuestos, el desmantelamiento pieza a pieza de los servicios públicos...
Al final de la mañana, el presupuesto fue aprobado por la cómoda mayoría del centro derecha portugués; antes, la diputada del Bloco de Esquerda Catarina Martins había pronunciado una frase terrible que aludía al hundimiento de la clase media portuguesa a base de impuestos y retirada de derechos adquiridos y al hundimiento paralelo de la natalidad en Portugal: "Ahora mismo tener hijos es sinónimo de ser pobre". La oposición insistió en que la fórmula de austeridad repetida, oleada tras aleada, no sirve, y para ello recordó los magros resultados de crecimiento económico (un 0,1% en el último trimestre) y de paro (un 16%).
La ministra de Finanzas, Maria Luís Albuquerque repitió los argumentos del Gobierno para justificar el presupuesto, basados sobre todo en el mal menor y en lo necesario de estas políticas para evitar un segundo rescate "catastrófico" para el país y un nuevo colapso financiero. Y añadió que todas estas medidas son provisionales, derivadas de la situación de excepción en que vive el país.
España
El Gobierno aprueba el viernes un 'regalo' de 30.000 millones para la banca
Guindos anuncia que el Ejecutivo va a reconocer créditos fiscales a las entidades financieras por las cantidades provisionadas para cubrir la pérdida del valor de sus activos inmobiliarios.
P.G. / AGENCIAS Madrid 26/11/2013 16:24 Actualizado: 26/11/2013 21:29 Público
El ministro de Economía, Luis de Guindos, con la presidenta del ABC, Catalina Luca de Tena, y el presidente de la Mutua Madrileña, Ignacio Garralda, antes del almuerzo informativo.EFE/J. J. Guillén
Concretamente, según ha anunciado el ministro de Economía, Luis de Guindos, el Ejecutivo aprobará en su reunión semanal el proyecto de ley para la trasposición de una directiva europea sobre solvencia, y, a la vez, un decreto ley para aprobar las cuestiones más urgentes de dicha directiva. Entre ello, el tratamiento de los llamados activos fiscales diferidos, conocidos como DTA's. Estos activos son unos créditos fiscales, unas cantidades que la banca no pudo restarse en su factura fiscal, pero que funcionan como un derecho futuro contra la Hacienda pública. Se generaron fundamentalmente con las provisiones a las que les obliga la regulación bancaria (cantidades que se reservan para hacer frente a la pérdida de valor de sus activos o a la morosidad), que tienen impacto en las cuentas de los bancos, como si fuera otro gasto más, pero no se pueden deducir en la base imponible del Impuesto de Sociedades.
Ahora, con la norma que aprobará el Gobierno, que se ha venido negociando con el sector en los últimos meses, el Gobierno reconocerá que parte de esos DTA's podrán reconocerse como capital de primera calidad (en la línea de medidas similares de países como Italia.), y, por tanto, reforzará los balances de las entidades, especialmente de cara al examen que realizará el BCE en 2014 (y que se hará con las cifras de los bancos a cierre de 2013). Guindos, que ha participado en un almuerzo organizado por Deloitte, Mutua Madrileña y ABC, ha estimado que esta normativa reforzará el capital de las entidades financieras españolas entre 25.000 y 30.000 millones de euros.
La banca tiene unos 51.000 millones en DTA's y el Gobierno le va a reconocer algo más de la mitad
La
cantidad que se les va a reconocer, no obstante, no llega a la mitad de
lo que reclaman las entidades españolas. La banca tienen unos 51.000
millones de euros en activos fiscales diferidos y llevan meses
peleando con Hacienda y el Banco de Epaña para preservar una parte como
capital antes de las revisiones de calidad de activos y pruebas de
estrés al sector en Europa previstas para el primer trimestre.Según algunos medios, Bankia y el Banco Sabadell destacan entre las las entidades más beneficiadas por la nueva normativa que aprobará el Gobierno. Estas entidades generaron DTAs en 2012 por las medidas aprobadas en aquel año que obligaron a las entidades a incrementar notablemente la cobertura de los activos inmobiliarios mediante las correspondientes provisiones. Bankia cuenta con unos 8.000 millones en estos activos, y Sabadell, con unos 4.600 millones. Según un informe de Ahorro Corporación, por volumen, el Santander es el que más DTA's tiene, unos 17.621 millones, aunque con menor peso sobre sus actuales ratios de capital. En el caso de BBVA, estos activos ascienden a 6.741 millones, y en CaixaBank, 6.735 millones. Entre la banca mediana, el Popular tiene 2.861 millones y Bankinter apenas 15 millones.
Bankia va a tener "mucho valor"
El titular de Economía no ha entrado en si el Gobierno iniciará la privatización de Bankia el próximo año y se ha limitado a señalar que se tienen que elegir los tiempos "más adecuados" desde el punto de vista de venta parcial o total para recuperar el máximo de las ayudas públicas. Guindos ha confiado en que Bankia ofrecerá "noticias buenas" en lo que se refiere al regreso de la rentabilidad y ha afirmado que esta entidad es la "pieza importante" para culminar el proceso de reestructuración financiera.
Igualmente, el ministro de Economía ha anunciado que el Gobierno aprobará en las próximas semanas una reducción media del 30% sobre las comisiones máximas que aplican las gestoras de planes de pensiones. Esta decisión, según ha explicado el titular de la cartera de Economía, afectará a 4,6 millones de partícipes de fondos de pensiones.
Los cambios de la reforma laboral no afectarán a las prestaciones del paro
El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha asegurado que los cambios que incorporará el Gobierno a la reforma laboral no afectarán a las prestaciones por desempleo, pero sí a la contratación. Guindos ha recordado que la OCDE sigue analizando el impacto de la reforma y publicará sus resultados en los próximos días. "Esperamos que sean positivos", ha dicho el ministro, tras reconocer, sin embargo, que habrá que seguir tomando medidas para mejorar el mercado laboral, que afectará sobre todo a la simplificación de contratos, al contrato a tiempo parcial y a la negociación colectiva.En cambio, Guindos ha descartado la posibilidad de que estos cambios afecten a las prestaciones por desempleo, aunque sí habrá nuevas medidas para mejorar las políticas activas de empleo y mejorar el acceso al mercado de trabajo.
Preguntado por la ley de servicios mínimos en la que trabaja el Ministerio de Empleo, Guindos ha afirmado que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha hecho este encargo "con buen criterio". "Yo creo que es absolutamente correcto", ha señalado el ministro, tras recordar lo sucedido con experiencias recientes, en una clara referencia a la huelga de recogida de basuras en la Comunidad de Madrid.
Durante su intervención, el ministro ha resaltado la importancia de seguir con las reformas y con la consolidación fiscal para fortalecer la recuperación, ya que existen las bases para que 2014 sea el primer año de la recuperación.
Sobre las reformas pendientes, Guindos ha recordado que en un par de semanas se aprobarán de forma definitiva algunas normas como la unidad de mercado, la ley de cajas de ahorros o la nueva ley financiera para mejorar la financiación. De la misma forma, el Gobierno llevará al Congreso en las próximas semanas la ley de colegios profesionales y todo que tenga que ver con el perfeccionamiento de la reforma laboral.
Guindos anuncia en el Eurogrupo una "segunda ronda" de la reforma laboral
Los ministros de economía de la Eurozona instan a seguir con las reformas programadas para cumplir con el objetivo de déficit para 2014, el 5,8% del PIB
AGENCIAS Bruselas 22/11/2013 20:19 Actualizado: 22/11/2013 22:14 Público
El ministro de Economía, Luis de Guindos, conversa con el comisario de Asuntos Económicos, Olli Rehn, antes del comienzo de la reunión del Eurogrupo.REUTERS
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Báñez fía las bondades de su reforma laboral al crecimiento de la economía
El Eurogrupo pidió a España y a los otros tres países de la eurozona cuyos planes presupuestarios corren el riesgo de incumplimiento de los objetivos de déficit en 2014 o de deuda que "tomen las medidas apropiadas en su proceso presupuestario nacional o, en paralelo, hagan frente a los riesgos identificados por la Comisión Europea" para garantizar su pleno cumplimiento. En este sentido y según Dijsselbloem , los ministros de España, Italia, Malta y Finlandia mostraron su "pleno compromiso con hacer frente a los riesgos y explicaron sus planes sobre cómo pretenden respetar las reglas presupuestarias" sobre el déficit y deuda, momento en el que el titular español, Luis De Guindos, les informó de "la segunda ronda de reforma del mercado laboral".
Bruselas cifra los recortes de 2014 que pide a Rajoy en 2.500 millones
Las
reformas en cuestión que tiene que poner en marcha el Gobierno de Rajoy
para cumplir con el objetivo de déficit deben generar un ahorro
estructural permanente de 2.500 millones de euros desde 2014, según ha
dicho el vicepresidente de la Comisión y responsable de Asuntos
Económicos, Olli Rehn. El Ejecutivo comunitario dictaminó la semana
pasada que el proyecto de presupuesto de España para 2014 no garantiza
que se cumpla el déficit del 5,8% y podría vulnerar el Pacto de
Estabilidad y Crecimiento (PEC). Por ello pidió al Ejecutivo que
adoptara medidas adicionales.Rehn indicó subrayó que necesita "ver sustanciadas las medidas" españolas, basadas en el programa de reformas en preparación. "No hablamos de que sea necesario un impacto estructural enorme. Hablamos de entorno a un cuarto de punto del PIB, con efectos estructurales", explicó. Entre las reformas que Rehn pide acelerar destacó la reforma tributaria.
Para Rehn es "esencial" que las medidas planeadas o en preparación sean sustanciadas y presentadas en breve en términos concretos para que las pueda evaluar la Comisión e informar al Eurogrupo. También Rehn afirmó que está al tanto de los planes del Gobierno español en el marco de la reforma laboral. "En cuanto a la reforma del mercado laboral, estamos al tanto de que el Gobierno español está contemplando esa reforma y estamos esperando que presente elementos adicionales y concretos en el presente periodo", sostuvo.
De Guindos: "No habrá modificación en la política económica"
Por su parte, el ministro de Economía, Luis de Guindos, aseguró que las conclusiones del Eurogrupo no suponen ningún ajuste adicional en el presupuesto de 2014 ni "ninguna modificación del planteamiento de la política económica española", puesto que las reformas ya están previstas en los planes del Gobierno. "Yo lo que he hecho es ratificar el compromiso de España con el objetivo del 5,8% para el año que viene", dijo Guindos a la salida de la reunión."El plan nacional de reformas tiene implicaciones presupuestarias que garantizan no sólo un incremento del crecimiento potencial a medio plazo sino también el cumplimiento de los objetivos presupuestarios", insistió el ministro de Economía.
La única ley de huelga, la que no existe
Enviado por prensa el Vie, 22/11/2013 - 10:47.
La CNT se opone a
cualquier limitación o restricción del derecho a huelga. Rechazamos
el anuncio realizado por Rajoy de llevar a cabo una ley de servicios
mínimos.
El
grado de cinismo e hipocresía de los políticos insulta a la
inteligencia, al hacernos creer que defienden el derecho a la
libertad y al trabajo de la población implantando una ley de
servicios mínimos, siendo ésta en realidad una excusa para
controlar y limitar la huelga como herramienta de lucha de los
trabajadores.
Al no poder soportar que
un colectivo de trabajadores haya realizado una huelga indefinida,
mediática y, sobre todo, con éxito en gran parte de sus
reivindicaciones (la reciente huelga de limpieza de Madrid), y para
evitar que se siga su ejemplo, nos vienen con esto, demostrándonos
su verdadera intención: conseguir dejar sin efecto cualquier proceso
huelguístico. Es una estrategia recurrente cada vez que los
trabajadores deciden luchar por sus derechos, especialmente si ganan
el conflicto o evitan que las pretensiones de la patronal se cumplan
en su totalidad: de inmediato el gobierno, las organizaciones
patronales y los medios de comunicación ponen en marcha un estudiado
discurso basado en el "civismo" para criminalizar y tachar
de anacrónica y antisocial la huelga. Tratan así de convencer a la
población que es más importante su comodidad que la solidaridad con
los trabajadores.
Dicen respetar el derecho
de huelga, a la vez que sostienen que por nuestro bien como sociedad
es necesario limitarlo. Dicho de otra manera, cercenan la mayor
herramienta de lucha de los trabajadores con leyes represivas y
cantos al civismo: el discurso democrático siempre al servicio de
los de arriba.
La mayor prueba de su
hipocresía son los servicios mínimos: nunca la administración (el Estado) es neutral. Repetidamente se fijan servicios mínimos
abusivos (haciendo incluso que en un hospital en huelga haya más
personal que un día normal de trabajo); de esta manera privan de
facto a los trabajadores del derecho a huelga. Cuando estos servicios
mínimos son recurridos ante los tribunales, la administración es
reiteradamente condenada por imponer servicios mínimos ilegales y
abusivos, pero el daño ya está hecho.
Los servicios mínimos
deberían ser aplicados exclusivamente en los sectores básicos de
atención a la población (servicios sociosanitarios, emergencias y poco más), y no para
asegurar el funcionamiento de las empresas y para boicotear el éxito
de las huelgas. Se fijan servicios mínimos hasta para la venta de
pipas, por si quieres ver la huelga pasar por tu lado.
Si esta realidad se da
sin una ley específica, ¿a dónde pretenden llegar ahora? La
administración actúa de rompehuelgas y fomenta el esquirolaje
organizado (empresas externas, policías y militares; hemos
visto al gobierno militarizar trabajadores en huelga, pero no han
aplicado el mismo rasero con la banca o la bolsa). Con esta
nueva ley pretenden seguir haciendo lo mismo de forma "democrática".
Si a los sindicatos
oficiales les queda algo de lo que su nombre indica, deberían
rechazar de forma rotunda incluso la posibilidad de sentarse a hablar
de este tema, y dejarse de tímidas declaraciones y de andar
mendigando que se cuente con ellos.
En defensa de la huelga,
en todas sus formas, la CNT se opondrá con toda su capacidad a que
se despoje a los trabajadores de sus herramientas de lucha.
Secretariado Permanente del
Comité Confederal
El PP instaura con su 'ley mordaza' el "derecho administrativo del enemigo"
Juristas, policías y movimientos sociales se han posicionado contra el anteproyecto de la nueva Ley de Seguridad Ciudadana
LUIS GIMÉNEZ SAN MIGUEL Madrid 19/11/2013 15:34 Actualizado: 20/11/2013 12:20 Público
Un manifestante se agarra a la pierna de un antidisturbios durante unas cargas en Cibeles.- JAIRO VARGAS
"Para el Gobierno del PP el ciudadano que protesta es el enemigo", afirma Joaquim Bosch,
portavoz de Jueces para la Democracia. Así lo ponía de manifiesto el
propio Jefe Superior de la Policía valenciana, Antonio Moreno, cuando
mandó cargar duramente contra "el enemigo", que en ese momento para él
eran los jóvenes que protestaban en defensa de la Educación Pública
durante la llamada Primavera Valenciana. Según Bosch, con la nueva Ley de Seguridad Ciudadana
que se anunció este lunes y que el ministro de Interior Jorge
Fernández Díaz llevará al Congreso, el ejecutivo está recurriendo al derecho penal del enemigo,
aquél que en pos de la seguridad castiga al autor por el hecho de ser
peligroso, es el enemigo, el que está fuera de la ciudadanía que sí se
rige por las normas ordinarias. Pero la mayoría de personas que
protestan no cometen delitos penales, por eso, para ellos, "se impone ahora el derecho administrativo del enemigo".
Los temores de muchos se han cumplido. Según establece el anteproyecto, los escraches de la PAH frente a las viviendas de representantes políticas, las concentraciones no comunicadas cerca de instituciones tales como el Congreso de los Diputados o la grabación y difusión de imágenes de agentes de las fuerzas de seguridad en el ejercicio de sus funciones serán consideradas infracciones muy graves y, por tanto, podrán ser castigadas con una multa de entre 30.001 a 600.000 euros. Ya empezado a denominarse como "ley mordaza". O #LeyAnti15M, como ha sido bautizada en Twitter por miles de usuarios.
No ha tardado en despertar un aluvión de reacciones en contra. Margarita Robles, magistrada del Tribunal Supremo y vocal del Consejo General del Poder Judicial, entiende que esta ley queda dentro de la línea de "restricción de derechos" que lleva siguiendo el Gobierno conservador desde que ganó las elecciones hace dos años, éste sería "sólo un eslabón más". De este modo, entiende que "hay que ponerla en el mismo rango del nuevo código penal, rezuma una gran demagogia populista". Añade que lo que está intentando el PP es "poner el foco en ese tema y obviar otras cuestiones como los recortes en Educación y Sanidad".
Margarita Robles (TS): "Esta ley rezuma una gran demagogia populista" Bosch es más rotundo: "Con el pretexto de la seguridad, y según una perspectiva autoritaria, el Gobierno criminaliza determinadas formas de protesta social que los ciudadanos usan para expresar su malestar con los recortes sociales". El portavoz de Jueces para la Democracia explica, en declaraciones a Público, que el PP estaría intentando castigar a los ciudadanos que protestan fuera de las leyes penales, pues los tribunales no son tan contundentes como le gustaría, y utilizar para ello las faltas administrativas.
Un ejemplo serían los escraches, que el presidente del Tribunal Supremo llegó a describir como "un ejemplo de la libertad de manifestación". Así, "el Gobierno saca de un espacio donde hay tribunales independientes la valoración de estas conductas y las lleva al ámbito administrativo. Además, cuando el ciudadano quiera defenderse ahí deberá pagar unas tasas desorbitadas", que muchos no podrán pagar.
También entiende que en las medidas sancionadoras "hay claros elementos de desproporción". Aunque valora que, efectivamente, hay una obvia situación de conflictividad social en el país en estos momentos, en su opinión un gobierno democrático debería convencer con argumentos en vez de castigar a quienes protestan. Y para él el argumento de la seguridad es sólo un pretexto "para restringir derechos", pues "en nuestro país no hay ningún problema de seguridad. Las encuestas revelan que a la gente le preocupa la situación económica, el paro, la corrupción, pero no la seguridad ciudadana".
La tasa de criminalidad no ha parado de bajar durante los últimos años
De hecho, la criminalidad no ha parado de bajar durante los últimos años. Los delitos y faltas registrados en España en 2012 se han reducido un 0,7% con respecto al año anterior, lo que mantiene el índice de criminalidad en nuestro país como uno de los más bajos de la Unión Europea, según cifras del propio Ministerio de Interior. En cuanto al aumento de la conflictividad social, sí ha habido un aumento cualitativo y cuantitativo de las protestas. Sin embargo, en otros países de Europa en situaciones similares a la nuestra, como Grecia o Italia, hay una mayor cultura de confrontación en las calles con las autoridades. Si de algo ha sido símbolo el 15-M en España ha sido precisamente de la protesta pacífica y la desobediencia civil.
José María Benito (SUP): "El Gobierno sólo quiere proteger a la casta política"Los diferentes colectivos y organizaciones de la órbita del movimiento 15-M consideran que con la nueva ley orgánica el Gobierno "criminalizar cualquier acto de protesta". "Es una vuelta de tuerca. Intentan amedrentarnos e imponer la ley del miedo. Es una salida autoritaria. El PP tiene un problema con la democracia y los Derechos Humanos y lo están acreditando en la legislación. Es una ley mordaza para callarnos la boca", ha asegurado en declaraciones a Europa Press el asesor jurídico de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Rafa Mayoral. Según este letrado, se trata de "una ley escándalo para cualquier persona que se considere democrática".
En este sentido, el miembro de Democracia Real Ya Kike Castelló ha denunciado que la norma "recuerda a las peores épocas de la represión franquista" así como que supone "un ataque directo" a los modus operandi y las nuevas formas de protesta puesta en práctica por los movimientos sociales surgidos a raíz del 15-M hace dos años y medio, como es, por ejemplo, el uso que hacen de las redes sociales o las protestas en torno al Congreso. "Se criminaliza no solo la protesta sino también la difusión. Podría atentar incluso contra el derecho de manifestación. Quieren cambiar las leyes para que cualquier cosas que no sea votar al PP sea radical y violento", ha sentenciado Castelló.
En esta misma línea, la Comisión Legal de la Acampada Sol, cree que la futura ley es una "muestra evidente del aumento de las políticas represivas para la ciudadanía", así como una norma "hecha a medida de las protestas que han surgido desde el 15-M". Y añade: "Plantea todas las protestas como ilegítimas".
También desde la arena política han llegado las críticas. En una referencia a la actual Ley de Seguridad, de 1992 y conocida como Ley Corcuera, Joan Coscubiela y José Luis Centella, portavoces del grupo parlamentario de la Izquierda Plural, han bautizado al anteproyecto de Fernández Díaz como "ley de la patada en la boca a la democracia". Para ellos, ésta es una "evidencia que confirma que el PP está a punto de empezar una ofensiva brutal contra los derechos civiles". Y, en nombre de los socialistas, Soraya Rodríguez la ha tildado de "un proyecto de represión ciudadana".
Artículo 21
1. Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de este derecho no necesitará autorización previa.
2. En los casos de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones se dará comunicación previa a la autoridad, que sólo podrá prohibirlas cuando existan razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas o bienes.
Artículo 104
1. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, bajo la dependencia del Gobierno, tendrán como misión proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana.
2. Una ley orgánica determinará las funciones, principios básicos de actuación y estatutos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del derecho de reunión
Preámbulo
La Constitución española de 1978 recoge, entre su diverso contenido, el reconocimiento y garantía de los derechos fundamentales y libertades públicas, como uno de los pilares básicos, en el que se asienta el Estado social y democrático de Derecho.
El derecho de reunión, manifestación primordial de los derechos fundamentales, como derecho público subjetivo.
Artículo 1
2. A los efectos de la presente Ley, se entiende por reunión la concurrencia concertada y temporal de más de 20 personas, con finalidad determinada.
Artículo 4
1. Las reuniones, sometidas a la presente Ley, sólo podrán ser promovidas y convocadas por personas que se hallen en el pleno ejercicio de sus derechos civiles.
2. Del buen orden de las reuniones y manifestaciones serán responsables sus organizadores, quienes deberán adoptar las medidas para el adecuado desarrollo de las mismas.
3. Los participantes en reuniones o manifestaciones, que causen un daño a terceros responderán directamente de él. Subsidiariamente, las personas naturales o jurídicas organizadoras o promotoras de reuniones o manifestaciones responderán de los daños que los participantes causen a terceros, sin perjuicio de que puedan repetir contra aquéllos, a menos que hayan puesto todos los medios razonables a su alcance para evitarlos.
Artículo 5
La autoridad gubernativa suspenderá y, en su caso, procederá a disolver las reuniones y manifestaciones en los siguientes supuestos:
a) Cuando se consideren ilícitas de conformidad con las leyes penales.
b) Cuando se produzcan alteraciones del orden público, con peligro para personas o bienes.
c) Cuando se hiciere uso de uniformes paramilitares por los asistentes.
Artículo 10
Si la autoridad gubernativa considerase que existen razones fundadas de que puedan producirse alteraciones del orden público, con peligro para personas o bienes, podrá prohibir la reunión o manifestación o, en su caso, proponer la modificación de la fecha, lugar, duración o itinerario de la reunión o manifestación. La resolución deberá adoptarse en forma motivada y notificarse en el plazo máximo de setenta y dos horas desde la comunicación prevista en el artículo 8, de acuerdo con los requisitos establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Los temores de muchos se han cumplido. Según establece el anteproyecto, los escraches de la PAH frente a las viviendas de representantes políticas, las concentraciones no comunicadas cerca de instituciones tales como el Congreso de los Diputados o la grabación y difusión de imágenes de agentes de las fuerzas de seguridad en el ejercicio de sus funciones serán consideradas infracciones muy graves y, por tanto, podrán ser castigadas con una multa de entre 30.001 a 600.000 euros. Ya empezado a denominarse como "ley mordaza". O #LeyAnti15M, como ha sido bautizada en Twitter por miles de usuarios.
No ha tardado en despertar un aluvión de reacciones en contra. Margarita Robles, magistrada del Tribunal Supremo y vocal del Consejo General del Poder Judicial, entiende que esta ley queda dentro de la línea de "restricción de derechos" que lleva siguiendo el Gobierno conservador desde que ganó las elecciones hace dos años, éste sería "sólo un eslabón más". De este modo, entiende que "hay que ponerla en el mismo rango del nuevo código penal, rezuma una gran demagogia populista". Añade que lo que está intentando el PP es "poner el foco en ese tema y obviar otras cuestiones como los recortes en Educación y Sanidad".
Margarita Robles (TS): "Esta ley rezuma una gran demagogia populista" Bosch es más rotundo: "Con el pretexto de la seguridad, y según una perspectiva autoritaria, el Gobierno criminaliza determinadas formas de protesta social que los ciudadanos usan para expresar su malestar con los recortes sociales". El portavoz de Jueces para la Democracia explica, en declaraciones a Público, que el PP estaría intentando castigar a los ciudadanos que protestan fuera de las leyes penales, pues los tribunales no son tan contundentes como le gustaría, y utilizar para ello las faltas administrativas.
Un ejemplo serían los escraches, que el presidente del Tribunal Supremo llegó a describir como "un ejemplo de la libertad de manifestación". Así, "el Gobierno saca de un espacio donde hay tribunales independientes la valoración de estas conductas y las lleva al ámbito administrativo. Además, cuando el ciudadano quiera defenderse ahí deberá pagar unas tasas desorbitadas", que muchos no podrán pagar.
También entiende que en las medidas sancionadoras "hay claros elementos de desproporción". Aunque valora que, efectivamente, hay una obvia situación de conflictividad social en el país en estos momentos, en su opinión un gobierno democrático debería convencer con argumentos en vez de castigar a quienes protestan. Y para él el argumento de la seguridad es sólo un pretexto "para restringir derechos", pues "en nuestro país no hay ningún problema de seguridad. Las encuestas revelan que a la gente le preocupa la situación económica, el paro, la corrupción, pero no la seguridad ciudadana".
La tasa de criminalidad no ha parado de bajar durante los últimos años
De hecho, la criminalidad no ha parado de bajar durante los últimos años. Los delitos y faltas registrados en España en 2012 se han reducido un 0,7% con respecto al año anterior, lo que mantiene el índice de criminalidad en nuestro país como uno de los más bajos de la Unión Europea, según cifras del propio Ministerio de Interior. En cuanto al aumento de la conflictividad social, sí ha habido un aumento cualitativo y cuantitativo de las protestas. Sin embargo, en otros países de Europa en situaciones similares a la nuestra, como Grecia o Italia, hay una mayor cultura de confrontación en las calles con las autoridades. Si de algo ha sido símbolo el 15-M en España ha sido precisamente de la protesta pacífica y la desobediencia civil.
Policías y activistas, también en contra
José María Benito, secretario de Comunicación del Sindicato Unficado de Policía (SUP), el mayoritario en el cuerpo, ha negado que esta legislación vaya a mejorar la protección a los policías, ya que las agresiones o amenazas a los agentes ya estaban penadas en el Código Penal y la Ley reguladora del derecho de reunión y manifestación, informa Europa Press. Así, ha recordado que el Código Penal contempla incluso penas de prisión para algunas de las conductas ahora incluidas en la Ley de Seguridad Ciudadana. A su juicio, "bajo la apariencia de proteger a los policías", el Gobierno sólo quiere proteger a "la casta política" y evitar los escraches en sus domicilios o las manifestaciones frente al Congreso de los Diputados.José María Benito (SUP): "El Gobierno sólo quiere proteger a la casta política"Los diferentes colectivos y organizaciones de la órbita del movimiento 15-M consideran que con la nueva ley orgánica el Gobierno "criminalizar cualquier acto de protesta". "Es una vuelta de tuerca. Intentan amedrentarnos e imponer la ley del miedo. Es una salida autoritaria. El PP tiene un problema con la democracia y los Derechos Humanos y lo están acreditando en la legislación. Es una ley mordaza para callarnos la boca", ha asegurado en declaraciones a Europa Press el asesor jurídico de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Rafa Mayoral. Según este letrado, se trata de "una ley escándalo para cualquier persona que se considere democrática".
En este sentido, el miembro de Democracia Real Ya Kike Castelló ha denunciado que la norma "recuerda a las peores épocas de la represión franquista" así como que supone "un ataque directo" a los modus operandi y las nuevas formas de protesta puesta en práctica por los movimientos sociales surgidos a raíz del 15-M hace dos años y medio, como es, por ejemplo, el uso que hacen de las redes sociales o las protestas en torno al Congreso. "Se criminaliza no solo la protesta sino también la difusión. Podría atentar incluso contra el derecho de manifestación. Quieren cambiar las leyes para que cualquier cosas que no sea votar al PP sea radical y violento", ha sentenciado Castelló.
En esta misma línea, la Comisión Legal de la Acampada Sol, cree que la futura ley es una "muestra evidente del aumento de las políticas represivas para la ciudadanía", así como una norma "hecha a medida de las protestas que han surgido desde el 15-M". Y añade: "Plantea todas las protestas como ilegítimas".
También desde la arena política han llegado las críticas. En una referencia a la actual Ley de Seguridad, de 1992 y conocida como Ley Corcuera, Joan Coscubiela y José Luis Centella, portavoces del grupo parlamentario de la Izquierda Plural, han bautizado al anteproyecto de Fernández Díaz como "ley de la patada en la boca a la democracia". Para ellos, ésta es una "evidencia que confirma que el PP está a punto de empezar una ofensiva brutal contra los derechos civiles". Y, en nombre de los socialistas, Soraya Rodríguez la ha tildado de "un proyecto de represión ciudadana".
Lo que dicen las leyes
Constitución EspañolaArtículo 21
1. Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de este derecho no necesitará autorización previa.
2. En los casos de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones se dará comunicación previa a la autoridad, que sólo podrá prohibirlas cuando existan razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas o bienes.
Artículo 104
1. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, bajo la dependencia del Gobierno, tendrán como misión proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana.
2. Una ley orgánica determinará las funciones, principios básicos de actuación y estatutos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del derecho de reunión
Preámbulo
La Constitución española de 1978 recoge, entre su diverso contenido, el reconocimiento y garantía de los derechos fundamentales y libertades públicas, como uno de los pilares básicos, en el que se asienta el Estado social y democrático de Derecho.
El derecho de reunión, manifestación primordial de los derechos fundamentales, como derecho público subjetivo.
Artículo 1
2. A los efectos de la presente Ley, se entiende por reunión la concurrencia concertada y temporal de más de 20 personas, con finalidad determinada.
Artículo 4
1. Las reuniones, sometidas a la presente Ley, sólo podrán ser promovidas y convocadas por personas que se hallen en el pleno ejercicio de sus derechos civiles.
2. Del buen orden de las reuniones y manifestaciones serán responsables sus organizadores, quienes deberán adoptar las medidas para el adecuado desarrollo de las mismas.
3. Los participantes en reuniones o manifestaciones, que causen un daño a terceros responderán directamente de él. Subsidiariamente, las personas naturales o jurídicas organizadoras o promotoras de reuniones o manifestaciones responderán de los daños que los participantes causen a terceros, sin perjuicio de que puedan repetir contra aquéllos, a menos que hayan puesto todos los medios razonables a su alcance para evitarlos.
Artículo 5
La autoridad gubernativa suspenderá y, en su caso, procederá a disolver las reuniones y manifestaciones en los siguientes supuestos:
a) Cuando se consideren ilícitas de conformidad con las leyes penales.
b) Cuando se produzcan alteraciones del orden público, con peligro para personas o bienes.
c) Cuando se hiciere uso de uniformes paramilitares por los asistentes.
Artículo 10
Si la autoridad gubernativa considerase que existen razones fundadas de que puedan producirse alteraciones del orden público, con peligro para personas o bienes, podrá prohibir la reunión o manifestación o, en su caso, proponer la modificación de la fecha, lugar, duración o itinerario de la reunión o manifestación. La resolución deberá adoptarse en forma motivada y notificarse en el plazo máximo de setenta y dos horas desde la comunicación prevista en el artículo 8, de acuerdo con los requisitos establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
La ley de Seguridad Ciudadana, "una mordaza para los que protestan"
El anteproyecto de ley que anunció Fernández Díaz en el Congreso supone el endurecimiento de una represión contra los movimientos ya denunciada por organismos internacionales, juristas y partidos políticos
LUIS GIMÉNEZ SAN MIGUEL Madrid 14/11/2013 16:46 Actualizado: 14/11/2013 23:44 Público
Agentes de la UIP retiran a la fuerza a un activista antidesahucios.- EFE
Esto supone una nueva vuelta de tuerca y un blindaje a la acción del Gobierno y la Policía contra los movimientos sociales, una acción que el propio Consejo de Europa ya condenaba recientemente. El pasado mes de octubre el comisario europeo de Derechos Humanos, Nils Muiznieks, llamó la atención al Gobierno de Rajoy después de constatar que las autoridades recurren a un "uso excesivo de la fuerza" contra las manifestaciones ciudadanas, importantes violaciones de los derechos humanos como la tortura o el racismo institucional siguen siendo practicadas por funcionarios públicos y el Gobierno favorece la impunidad policial indultando a agentes condenados en casos de malos tratos y torturas.
Sixto (IU): "Por encima de la voluntad del ministro está la garantía de los derechos constitucionales"
Ricardo Sixto, diputado de Izquierda Unida en el Congreso, asegura que el objetivo del PP con esta nueva legislación es "dar naturaleza legal" a las actuaciones de las autoridades que han sido denunciadas por los organismos internacionales. En declaraciones a Público, asegura que, ante todo, "lo que tiene que quedar claro es que por encima de la voluntad de cualquier ministro de dificultar y perseguir la protesta ciudadana está la garantía de los derechos constitucionales", porque "manifestarse es un derecho y no está justificada la represión desmedida sólo porque no esté comunicada a Delegación de Gobierno". De esta forma, Sixto recuerda que los propios tribunales españoles dijeron que los escraches son una manifestación como otra cualquiera y, por lo tanto, no cabe castigarlos como un delito. "El ministro quiere poner una mordaza en la boca de cada español que protesta".
Los activistas de los movimientos sociales vienen denunciado esta situación desde hace tiempo. Hasta el momento, desde que comenzaron las movilizaciones en mayo de 2011 se han puesto 1.136 multas administrativas a manifestantes que habían sido identificados por participar en protestas, 230 sólo entre enero y abril de 2012, según los abogados del movimiento. Además, desde la Asamblea de Vivienda, estiman que sólo en Madrid hay un total de 40.000 euros en multas por escraches. El centro de las críticas ha sido la delegada de Gobierno Cristina Cifuentes. Hasta en cuatro ocasiones, los juzgados han desautorizado las multas que imponía la institución que ella dirige al considerar que vulnera el derecho fundamental a la presunción de inocencia del manifestante.
Sólo en Madrid hay más de 40.000 euros de multas por participar en escraches
La comisión de abogados del 15-M ha denunciado en diversas ocasiones que "la práctica de sanciones indiscriminadas contra la ciudadanía que se moviliza obedece a una política de represión de baja intensidad orientada a desincentivar la protesta social". Más multas y menos detenidos ante el juez. Y es que en la inmensa mayoría de los casos los jueces no dan por válidas las acusaciones presentadas por la Policía y los arrestados suelen quedar en libertad sin cargos. De hecho, hasta el pasado verano, ninguno de los 447 detenidos en movilizaciones por los agentes de Policía había sido condenado.
"En los últimos tiempos ha habido un cambio en la forma de represión", explica Ignacio Martín, abogado con experiencia en este tipo de casos, "ahora está más basada en el proceso administrativo, porque han visto que el proceso penal es más garantista y los detenidos siempre quedan absueltos". En este sentido, asegura que "en este momento de paro y precariedad poner muchas multas es más lesivo que una condena de cárcel que nunca se cumple". En cuanto a los efectos que tienen en los activistas detenidos, Martín asegura que las multas generan "miedo a la deuda, una sensación de control del Estado y de indefensión". "El proceso penal asusta más pero el administrativo genera un control más sutil, más basado en el miedo, un control menos espectacular pero más constante" asegura el letrado.
En enero, Amnistía Internacional entregó en el Ministerio de Interior entregar más de 60.000 firmas para pedir al Gobierno que investigue los abusos cometidos en las cargas policiales que se produjeron al final de la manifestación del 25 de septiembre de 2012 en los alrededores del Congreso de los Diputados. En el comunicado, AI también denunciaba que el director general de la Policía, Ignacio Cosidó pretendía prohibir la difusión de imágenes de agentes de Policía en ejercicio de sus funciones en la próxima Ley de Seguridad Ciudadana. Dado que el texto aún no se ha hecho público, se desconoce si Fernández Díaz ha incluido finalmente este punto, puesto que el miércoles no hizo referencia al respecto.
"Las multas son represión de baja intensidad orientada a desincentivar la protesta"
Sin embargo, para el ministro "el objetivo primordial es garantizar de forma más eficiente la seguridad pública y a su vez proteger mejor a quienes tienen la misión constitucional de velar por el libre y pacífico ejercicio de los derechos fundamentales de los ciudadanos, es decir, Guardia Civil Policía y fuerzas de seguridad". En cuanto a la criminalización de las protestas pacíficas, se justificó aduciendo que "no estaba contemplado, por ejemplo, las manifestaciones no autorizadas o los intentos de acoso a sedes de centros de instituciones como puede ser el Congreso, el Senado el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional, el CGPJ y determinados actos que puedan realizarse al margen de la ley y que puedan ser una amenaza y que no están tipificados como delitos".
Tal es el empeño del Gobierno que, mientras todas las partidas presupuestarias han ido descendiendo, la destinada a Interior no ha parado de subir. El presupuesto para el Ministerio de Fernández Díaz asciende a 8.028 millones de euros, cifra que supone un incremento del 1,3% respecto a los del presente ejercicio, en un momento en el que el conjunto de las partidas generales del Estado ha experimentado un descenso del 4,7%. Para él, esto es una forma de salvaguarda de la seguridad "en todas sus dimensiones".
Ley Corcuera
La nueva Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana viene a sustituir a la anterior, la conocida como Ley Corcuera, aprobada el 21 de febrero de 1992, y que en su día ya fue criticada duramente por todos los grupos políticos de la oposición, los sindicatos y la sociedad civil. Fue esta legislación la que sentó las bases sobre las que actualmente se basa la actuación de las fuerzas de seguridad. El propio Tribunal Constitucional declaró nulo el apartado segundo del artículo 21, que daba a cada agente la facultad de decidir entrar en una vivienda bajo sospecha de que ahí se estaban produciendo hechos delictivos relacionados con estupefacientes.En 1992, tanto el líder conservador, José María Aznar, como el de IU, Julio Anguita, se opusieron a la Ley Corcuera. Aunque Aznar luego la aplicó sin cuartel durante su mandato. En 1991 Anguita ya afirmó que la democracia española "está adquiriendo rasgos de régimen autoritario". Esta ley se está actualizando en la actualidad para multar a manifestantes con sanciones de 1.500 euros, como convocantes de una concentración no comunicada.
Las acciones que el Gobierno quiere multar con hasta 600.000 euros
Tomar y difundir imágenes de los agentes mientras trabajan, participar en escraches o negarse a ser identificado serán acciones consideradas como infracciones graves para cortar de raíz las protestas ciudadanas
ALEJANDRO LÓPEZ DE MIGUEL Madrid 19/11/2013 12:00 Actualizado: 19/11/2013 16:40 Público
El Consejo de Ministros aprobará este viernes el anteproyecto
de la Ley de Seguridad Ciudadana: un texto redactado en paralelo a la
reforma del Código Penal con el que el Gobierno quiere acabar con las
protestas ciudadanas, la grabación de excesos policiales y otras
realidades que restan credibilidad al Ejecutivo, a sus recortes y a la Marca España.
Estas son algunas de las actuaciones que pasan a ser consideradas como infracciones muy graves, por las que el Gobierno prevé multas de entre 30.000 y 600.000 euros:
-La grabación y difusión de imágenes de agentes de seguridad en el ejercicio de sus funciones "que atenten contra el derecho a su honor o su imagen y que puedan poner en peligro su seguridad o la de la intervención policial correspondiente". A pesar de que el anteproyecto de ley lleva por nombre Ley de Seguridad Ciudadana, multa la grabación de los agentes, dificultando probar cuándo están extralimitándose los agentes. ¿Ejemplos de lo que el Gobierno quiere censurar?:
La paliza que ocho Mossos d'Esquadra propinaron a Juan Andrés Benítez, empresario del Gaixample de Barcelona, que falleció poco después/ La manifestación ante la sede del PP Barbacoa de Chorizos, (julio de 2013) / Las cargas en la Estación de Atocha tras la convocatoria Rodea el Congreso.
-La nueva norma del Ejecutivo de Rajoy combatirá las concentraciones no comunicadas formalmente cerca de instituciones como el Congreso de los Diputados o el Senado, multando su convocatoria, dirección y participación.
Rodea el Congreso, 25 de septiembre de 2012 /
- Obligatoriedad de identificarse ante las Fuerzas de Seguridad, que podrán inmovilizar a una persona hasta que se compruebe su identidad y que el documento que porta no es falso. La multa de hasta 600.000 por negarse a ser identificado no incluirá a los agentes, que podrán seguir evitando revelar su identidad, respaldados por la norma que impide grabarlos en vídeo.
Un joven exige a los policías que se identifiquen tras agredirle y siguen pegándole, en la manifestación en respuesta a las cargas del 25-S , 26 de septiembre de 2013
-Escraches frente a domicilios de políticos. La delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, calificó a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca como "grupo filoterrorista" por los escraches, motivo por el que su líder, Ada Colau, presentó una denuncia ante un juzgado de Barcelona , que ya ha sido admitida a trámite. Ejemplos de la "violencia ciudadana" en los escraches:
Escrache feminista (julio de 2013) / Escrache frente a la casa de Soraya Sáenz de Santamaría (abril 2013) .
-La perturbación del orden público en espectáculos, acontecimientos deportivos, oficios religiosos y demás actos públicos también se considerará "muy grave" tras la aprobación de la nueva ley.
Violenta represión de una manifestación laica durante las Jornadas Mundiales de la Juventud (JMJ) de la Iglesia Católica, en agosto de 2011 / Cuatro detenidos por una performance de protesta en una capilla de la Universidad Complutense, en marzo de 2011.
Además, la nueva normativa desarrollada por Interior establece un nueva lista de infracciones graves. Entre las acciones penadas con multas de entre 1.001 y 30.000 euros: Alterar el orden público con elementos que dificulten la identificación, amenazar, coaccionar o vejar a los agentes, el ofrecimiento, la solicitud, la negociación y la aceptación de los servicios de prostitución junto a zonas infantiles o en aquellas en las que peligre la seguridad vial, los botellones no autorizados, los daños al mobiliario urbano...
Sin embargo, en la lista de infracciones penadas con hasta 30.000 euros, el Ministerio que preside Fernández Díaz ha logrado incluir acciones que cuadran con otras recientes protestas en la capital.
- Obstaculizar la vía pública con neumáticos u otros enseres que impidan la normal circulación de vehículos y personas.
Huelga de basuras en Madrid, noviembre de 2013 (imágenes) / Marcha negra de los mineros del carbón, junio de 2012
-Escalar como acción de protesta edificios públicos o precipitarse desde los mismos.
Protesta de Greenpeace contra la ley de costas en el tejado del Congreso (mayo de 2013)
El borrador de la nueva normativa será debatido este miércoles, en la Comisión de Secretarios de Estado y Subsecretarios. Tras obtener su visto bueno, pasará por el Consejo de Ministros (este viernes) y continuará con su tramitación, para sustituir a la actual ley, establecida en 1992 por el ministro socialista José Luis Corcuera. Teniendo en cuenta la mayoría absoluta del Partido Popular en el Congreso, la Ley de Seguridad Ciudadana y la reforma del Código Penal no tardarán muchos meses en ser aprobadas, y el Gobierno podrá pasar de la criminalización verbal de las protestas a contar con nuevas herramientas legales para cortarlas de raíz.
Estas son algunas de las actuaciones que pasan a ser consideradas como infracciones muy graves, por las que el Gobierno prevé multas de entre 30.000 y 600.000 euros:
-La grabación y difusión de imágenes de agentes de seguridad en el ejercicio de sus funciones "que atenten contra el derecho a su honor o su imagen y que puedan poner en peligro su seguridad o la de la intervención policial correspondiente". A pesar de que el anteproyecto de ley lleva por nombre Ley de Seguridad Ciudadana, multa la grabación de los agentes, dificultando probar cuándo están extralimitándose los agentes. ¿Ejemplos de lo que el Gobierno quiere censurar?:
La paliza que ocho Mossos d'Esquadra propinaron a Juan Andrés Benítez, empresario del Gaixample de Barcelona, que falleció poco después/ La manifestación ante la sede del PP Barbacoa de Chorizos, (julio de 2013) / Las cargas en la Estación de Atocha tras la convocatoria Rodea el Congreso.
-La nueva norma del Ejecutivo de Rajoy combatirá las concentraciones no comunicadas formalmente cerca de instituciones como el Congreso de los Diputados o el Senado, multando su convocatoria, dirección y participación.
Rodea el Congreso, 25 de septiembre de 2012 /
- Obligatoriedad de identificarse ante las Fuerzas de Seguridad, que podrán inmovilizar a una persona hasta que se compruebe su identidad y que el documento que porta no es falso. La multa de hasta 600.000 por negarse a ser identificado no incluirá a los agentes, que podrán seguir evitando revelar su identidad, respaldados por la norma que impide grabarlos en vídeo.
Un joven exige a los policías que se identifiquen tras agredirle y siguen pegándole, en la manifestación en respuesta a las cargas del 25-S , 26 de septiembre de 2013
-Escraches frente a domicilios de políticos. La delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, calificó a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca como "grupo filoterrorista" por los escraches, motivo por el que su líder, Ada Colau, presentó una denuncia ante un juzgado de Barcelona , que ya ha sido admitida a trámite. Ejemplos de la "violencia ciudadana" en los escraches:
Escrache feminista (julio de 2013) / Escrache frente a la casa de Soraya Sáenz de Santamaría (abril 2013) .
-La perturbación del orden público en espectáculos, acontecimientos deportivos, oficios religiosos y demás actos públicos también se considerará "muy grave" tras la aprobación de la nueva ley.
Violenta represión de una manifestación laica durante las Jornadas Mundiales de la Juventud (JMJ) de la Iglesia Católica, en agosto de 2011 / Cuatro detenidos por una performance de protesta en una capilla de la Universidad Complutense, en marzo de 2011.
Además, la nueva normativa desarrollada por Interior establece un nueva lista de infracciones graves. Entre las acciones penadas con multas de entre 1.001 y 30.000 euros: Alterar el orden público con elementos que dificulten la identificación, amenazar, coaccionar o vejar a los agentes, el ofrecimiento, la solicitud, la negociación y la aceptación de los servicios de prostitución junto a zonas infantiles o en aquellas en las que peligre la seguridad vial, los botellones no autorizados, los daños al mobiliario urbano...
Sin embargo, en la lista de infracciones penadas con hasta 30.000 euros, el Ministerio que preside Fernández Díaz ha logrado incluir acciones que cuadran con otras recientes protestas en la capital.
- Obstaculizar la vía pública con neumáticos u otros enseres que impidan la normal circulación de vehículos y personas.
Huelga de basuras en Madrid, noviembre de 2013 (imágenes) / Marcha negra de los mineros del carbón, junio de 2012
-Escalar como acción de protesta edificios públicos o precipitarse desde los mismos.
Protesta de Greenpeace contra la ley de costas en el tejado del Congreso (mayo de 2013)
El borrador de la nueva normativa será debatido este miércoles, en la Comisión de Secretarios de Estado y Subsecretarios. Tras obtener su visto bueno, pasará por el Consejo de Ministros (este viernes) y continuará con su tramitación, para sustituir a la actual ley, establecida en 1992 por el ministro socialista José Luis Corcuera. Teniendo en cuenta la mayoría absoluta del Partido Popular en el Congreso, la Ley de Seguridad Ciudadana y la reforma del Código Penal no tardarán muchos meses en ser aprobadas, y el Gobierno podrá pasar de la criminalización verbal de las protestas a contar con nuevas herramientas legales para cortarlas de raíz.
Los escraches y protestas frente al Congreso se castigarán con hasta 600.000 euros
La nueva Ley de Seguridad Ciudadana endurece los castigos frente a las protestas sociales. Grabar la actuación de agentes de Policía también podrá ser considerado una infracción muy grave
PÚBLICO / AGENCIAS Madrid 19/11/2013 07:40 Actualizado: 19/11/2013 08:44 Público
Agentes de la UIP detienen a un estudiante durante las protestas de la 'Primavera Valenciana'.- EFE
Hacer un escrache frente a la casa de un políltico,
las concentraciones no comunicadas cerca de instituciones tales como el
Congreso de los Diputados o la grabación y difusión de imágenes de
agentes de las fuerzas de seguridad en el ejercicio de sus funciones
serán consideradas infracciones muy graves y, por tanto, podrán ser
castigadas con una multa de entre 30.001 a 600.000 euros, tal y como
recoge el anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana que ha hecho público el Ministerio de Interior. Sin duda, las medidas que recoge suponen el endurecimiento de una represión contra los movimientos ya denunciada por organismos internacionales, juristas y partidos políticos.
Veintiún años después de la llamada ley Corcuera, polémica por la conocida como "la patada en la puerta" que el Tribunal Constitucional tumbó, el Gobierno de Mariano Rajoy prepara un nueva Ley de Seguridad Ciudadana, cuyo anteproyecto verá previsiblemente el Consejo de Ministros el próximo viernes. Un texto redactado en paralelo a la reforma del Código Penal y que pretende compensar la eliminación de la mayoría de las infracciones penales tipificadas como faltas, que con la nueva Ley de Seguridad Ciudadana pasarían a considerarse infracciones administrativas de carácter muy grave, grave o leve.
El texto, que ha diseñado el departamento que dirige Jorge Fernández Díaz, tendrá que pasar el primer filtro de la comisión de subsecretarios, analizarse en el Consejo de Ministros, someterse al dictamen del Consejo de Estado y el Consejo General del Poder Judicial, volver a la mesa de Moncloa y debatirse, como ley orgánica, en las Cortes.Mientras tanto, la propuesta inicial de Interior incluye, entre otros supuestos, las siguientes infracciones muy graves y graves. Tendrá 55 artículos frente a los 39 de la todavía vigente y establece la obligatoria colaboración de la seguridad privada o de los detectives.
Los padres tendrán que pagar los desperfectos que ocasionen sus hijos menores
En cuanto a las "zonas de seguridad" para evitar los escraches es una medida que esbozó el ministro hace meses a partir de una iniciativa en este sentido de la Ertzaintza, que fijó ese perímetro en 300 metros. Aunque el anteproyecto no especifica distancias concretas, los responsables de Interior otorgan especial importancia al hecho de que este recurso de seguridad ya esté regulado formalmente.
En el redactado también se contempla como infracción "muy grave", sancionada con entre 30.001 y 600.000 euros, el uso y la distribución de imágenes de los policías, así como datos personales de los agentes con fines que puedan suponer un atentado contra su intimidad, su familia o que puedan poner en riesgo una operación. Con esto se pretende evitar hechos acontecidos tras algunas concentraciones en las que asistentes fotografiaban a antidisturbios y luego difundían las imágenes en redes sociales.
En total hay 21 infracciones consideradas "muy graves" y la mayoría de ellas destinadas a preservar el orden público. En este punto la ley recoge lo ya adelantado por el ministro en el Congreso de los Diputados: las concentraciones frente a las instituciones del Estado como la Cámara Baja cuando éstas no hayan sido debidamente comunicadas. Esto también estará sancionado con hasta 600.000 euros y en ello se incluye, además de a los participantes, a quienes las convoquen, dirijan o presidan.
La perturbación del orden público en espectáculos, acontecimientos deportivos u oficios religiosos y demás actos públicos también se considerará "muy grave", así como las manifestaciones sin autorización en torno a las consideradas infraestructuras críticas como, por ejemplo, una central nuclear -objetivo muchas veces de movimientos ecologistas- o un aeropuerto. Entre 30.001 y 600.000 euros se sancionará también como muy grave entorpecer con dispositivos luminosos como los clásicos punteros lasser vehículos u otros medios de transporte como aviones.
En el apartado del orden público, pero ya dentro de la infracciones graves, se contempla la participación en disturbios con capuchas, gorros, pañuelos o máscaras a efectos de dificultar la identificación por parte de las Fuerzas de Seguridad del Estado. Esto no quiere decir que no se pueda asistir a concentraciones autorizadas con este tipo de elementos, pero sí valerse de ellos para ocultarse cuando se produzcan enfrentamientos con la Policía.
Será infracción grave ofrecer o aceptar servicios de prostitución en la vía pública cerca de espacios de menoresAdemás, este anteproyecto de Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana aporta otras novedades como la consideración como infracción grave ofrecer o aceptar servicios de prostitución en la vía pública cerca de espacios de menores (colegios, guarderías, parques...) o en aquellos lugares que puedan afectar a la seguridad vial. El redactado del texto no entra a regular el acto de la prostitución, pero sí trata de impedir su práctica al menos en estos dos supuestos en los que serían sancionados tanto el cliente como la persona que ofrece los servicios sexuales.
Por su parte, las infracciones leves apenas experimentan variaciones con las actuales faltas leves y seguirán siendo sancionadas con multas contempladas entre los 100 y los 1.000 euros. La cuantía de las infracciones graves y las muy graves también es la misma que en la actual ley de Seguridad Ciudadana, lo que se ha modificado o se ha incluido son conductas que no estaban recogidas y tras más de 20 años era necesario regular, según Interior.
Otro campo que regula esta Ley es la obligatoriedad de identificarse ante las Fuerzas de Seguridad que podrán inmovilizar a una persona hasta que se compruebe su identidad y que el documento que porta no es falso. Ahora los agentes podrán hacer esa gestión en el mismo lugar de forma telefónica o telemática. Este articulado regula que los agentes puedan requisar el documento durante unos minutos afectos de esta comprobación. Por su parte, a los ciudadanos extranjeros no se les podrá desposeer de sus documentos de origen salvo mandato judicial.
- La grabación y difusión de imágenes de agentes de las fuerzas de seguridad en el ejercicio de su trabajo que atenten contra el derecho a su honor o su imagen y que puedan poner en peligro su seguridad o la de la intervención policial correspondiente.
- La perturbación grave del orden en actos públicos, religiosos, deportivos o espectáculos de otro tipo.
- Las concentraciones no comunicadas ante instituciones del Estado como el Congreso, el Senado, los parlamentos autonómicos o los altos tribunales, aunque en ese momento no tengan actividad.
- Las protestas no comunicadas o prohibidas ante infraestructuras críticas, como centrales nucleares o pistas de aeropuerto.
- Los escraches o actos de acoso a cargos públicos. La ley contemplará que la Policía pueda establecer un perímetro de seguridad que no deben sobrepasar los concentrados.
- Deslumbrar con dispositivos tipo láser a conductores de tren, metro o pilotos.
- Alterar el orden público encapuchado o con cualquier elemento que dificulte la identificación.
- Amenazar, coaccionar, vejar e injuriar a los agentes de las fuerzas de seguridad cuando estén velando por el mantenimiento del orden público, por ejemplo en manifestaciones u otro tipo de protestas.
- El ofrecimiento, la solicitud, la negociación y la aceptación de los servicios de prostitución en las proximidades de zonas infantiles, como parques o colegios, o en lugares donde se ponga en peligro la seguridad vial, como los arcenes. Lo que significa que podrán ser sancionados tanto los clientes como quien ejerza la prostitución.Interior deja claro que la prostitución como tal no se sanciona y que se multará en esos supuestos por la vulnerabilidad del lugar.
- La tenencia ilícita, el transporte, el abandono de la droga o de los útiles para su preparación, así como plantar y cultivar estupefacientes como la marihuana aunque no sea para traficar.
- El botellón cuando perturbe gravemente la tranquilidad ciudadana y cuando no esté autorizado por la administración correspondiente.
- La conducción de cundas o taxi de las drogas que trasladan a drogodependientes a los lugares de compra de estupefacientes.
- Los daños a mobiliario urbano como marquesinas, papeleras o contenedores, así como los actos vandálicos a servicios públicos.
- Obstaculizar la vía pública con neumáticos u otros enseres que impidan la normal circulación de vehículos y personas.
- Escalar como acción de protesta edificios públicos o precipitarse desde los mismos.
Veintiún años después de la llamada ley Corcuera, polémica por la conocida como "la patada en la puerta" que el Tribunal Constitucional tumbó, el Gobierno de Mariano Rajoy prepara un nueva Ley de Seguridad Ciudadana, cuyo anteproyecto verá previsiblemente el Consejo de Ministros el próximo viernes. Un texto redactado en paralelo a la reforma del Código Penal y que pretende compensar la eliminación de la mayoría de las infracciones penales tipificadas como faltas, que con la nueva Ley de Seguridad Ciudadana pasarían a considerarse infracciones administrativas de carácter muy grave, grave o leve.
El texto, que ha diseñado el departamento que dirige Jorge Fernández Díaz, tendrá que pasar el primer filtro de la comisión de subsecretarios, analizarse en el Consejo de Ministros, someterse al dictamen del Consejo de Estado y el Consejo General del Poder Judicial, volver a la mesa de Moncloa y debatirse, como ley orgánica, en las Cortes.Mientras tanto, la propuesta inicial de Interior incluye, entre otros supuestos, las siguientes infracciones muy graves y graves. Tendrá 55 artículos frente a los 39 de la todavía vigente y establece la obligatoria colaboración de la seguridad privada o de los detectives.
Unas medidas de inspiración vasca
Otra de las principales novedades es que los padres tendrán que hacerse cargo económicamente de los desperfectos que ocasionen sus hijos menores de edad en la vía pública y la Policía tendrá potestad para establecer "zonas de seguridad". El hecho de que los progenitores tengan que pagar los daños ocasionados por sus hijos es una medida que ya se puso en marcha hace años en el País Vasco en episodios de kale borroka. En función del grado de daño que produzcan al mobiliario urbano, también podría considerarse una infracción grave.Los padres tendrán que pagar los desperfectos que ocasionen sus hijos menores
En cuanto a las "zonas de seguridad" para evitar los escraches es una medida que esbozó el ministro hace meses a partir de una iniciativa en este sentido de la Ertzaintza, que fijó ese perímetro en 300 metros. Aunque el anteproyecto no especifica distancias concretas, los responsables de Interior otorgan especial importancia al hecho de que este recurso de seguridad ya esté regulado formalmente.
En el redactado también se contempla como infracción "muy grave", sancionada con entre 30.001 y 600.000 euros, el uso y la distribución de imágenes de los policías, así como datos personales de los agentes con fines que puedan suponer un atentado contra su intimidad, su familia o que puedan poner en riesgo una operación. Con esto se pretende evitar hechos acontecidos tras algunas concentraciones en las que asistentes fotografiaban a antidisturbios y luego difundían las imágenes en redes sociales.
En total hay 21 infracciones consideradas "muy graves" y la mayoría de ellas destinadas a preservar el orden público. En este punto la ley recoge lo ya adelantado por el ministro en el Congreso de los Diputados: las concentraciones frente a las instituciones del Estado como la Cámara Baja cuando éstas no hayan sido debidamente comunicadas. Esto también estará sancionado con hasta 600.000 euros y en ello se incluye, además de a los participantes, a quienes las convoquen, dirijan o presidan.
La perturbación del orden público en espectáculos, acontecimientos deportivos u oficios religiosos y demás actos públicos también se considerará "muy grave", así como las manifestaciones sin autorización en torno a las consideradas infraestructuras críticas como, por ejemplo, una central nuclear -objetivo muchas veces de movimientos ecologistas- o un aeropuerto. Entre 30.001 y 600.000 euros se sancionará también como muy grave entorpecer con dispositivos luminosos como los clásicos punteros lasser vehículos u otros medios de transporte como aviones.
En el apartado del orden público, pero ya dentro de la infracciones graves, se contempla la participación en disturbios con capuchas, gorros, pañuelos o máscaras a efectos de dificultar la identificación por parte de las Fuerzas de Seguridad del Estado. Esto no quiere decir que no se pueda asistir a concentraciones autorizadas con este tipo de elementos, pero sí valerse de ellos para ocultarse cuando se produzcan enfrentamientos con la Policía.
Será infracción grave ofrecer o aceptar servicios de prostitución en la vía pública cerca de espacios de menoresAdemás, este anteproyecto de Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana aporta otras novedades como la consideración como infracción grave ofrecer o aceptar servicios de prostitución en la vía pública cerca de espacios de menores (colegios, guarderías, parques...) o en aquellos lugares que puedan afectar a la seguridad vial. El redactado del texto no entra a regular el acto de la prostitución, pero sí trata de impedir su práctica al menos en estos dos supuestos en los que serían sancionados tanto el cliente como la persona que ofrece los servicios sexuales.
Por su parte, las infracciones leves apenas experimentan variaciones con las actuales faltas leves y seguirán siendo sancionadas con multas contempladas entre los 100 y los 1.000 euros. La cuantía de las infracciones graves y las muy graves también es la misma que en la actual ley de Seguridad Ciudadana, lo que se ha modificado o se ha incluido son conductas que no estaban recogidas y tras más de 20 años era necesario regular, según Interior.
Otro campo que regula esta Ley es la obligatoriedad de identificarse ante las Fuerzas de Seguridad que podrán inmovilizar a una persona hasta que se compruebe su identidad y que el documento que porta no es falso. Ahora los agentes podrán hacer esa gestión en el mismo lugar de forma telefónica o telemática. Este articulado regula que los agentes puedan requisar el documento durante unos minutos afectos de esta comprobación. Por su parte, a los ciudadanos extranjeros no se les podrá desposeer de sus documentos de origen salvo mandato judicial.
Infracciones muy graves
(Multadas con entre 30.001 a 600.000 euros)- La grabación y difusión de imágenes de agentes de las fuerzas de seguridad en el ejercicio de su trabajo que atenten contra el derecho a su honor o su imagen y que puedan poner en peligro su seguridad o la de la intervención policial correspondiente.
- La perturbación grave del orden en actos públicos, religiosos, deportivos o espectáculos de otro tipo.
- Las concentraciones no comunicadas ante instituciones del Estado como el Congreso, el Senado, los parlamentos autonómicos o los altos tribunales, aunque en ese momento no tengan actividad.
- Las protestas no comunicadas o prohibidas ante infraestructuras críticas, como centrales nucleares o pistas de aeropuerto.
- Los escraches o actos de acoso a cargos públicos. La ley contemplará que la Policía pueda establecer un perímetro de seguridad que no deben sobrepasar los concentrados.
- Deslumbrar con dispositivos tipo láser a conductores de tren, metro o pilotos.
Infracciones graves
(Multadas con entre 1.001 a 30.000 euros)- Alterar el orden público encapuchado o con cualquier elemento que dificulte la identificación.
- Amenazar, coaccionar, vejar e injuriar a los agentes de las fuerzas de seguridad cuando estén velando por el mantenimiento del orden público, por ejemplo en manifestaciones u otro tipo de protestas.
- El ofrecimiento, la solicitud, la negociación y la aceptación de los servicios de prostitución en las proximidades de zonas infantiles, como parques o colegios, o en lugares donde se ponga en peligro la seguridad vial, como los arcenes. Lo que significa que podrán ser sancionados tanto los clientes como quien ejerza la prostitución.Interior deja claro que la prostitución como tal no se sanciona y que se multará en esos supuestos por la vulnerabilidad del lugar.
- La tenencia ilícita, el transporte, el abandono de la droga o de los útiles para su preparación, así como plantar y cultivar estupefacientes como la marihuana aunque no sea para traficar.
- El botellón cuando perturbe gravemente la tranquilidad ciudadana y cuando no esté autorizado por la administración correspondiente.
- La conducción de cundas o taxi de las drogas que trasladan a drogodependientes a los lugares de compra de estupefacientes.
- Los daños a mobiliario urbano como marquesinas, papeleras o contenedores, así como los actos vandálicos a servicios públicos.
- Obstaculizar la vía pública con neumáticos u otros enseres que impidan la normal circulación de vehículos y personas.
- Escalar como acción de protesta edificios públicos o precipitarse desde los mismos.
El Código Penal castigará enviar tuits que inciten a alterar el orden público
El proyecto del Gobierno introduce un nuevo delito que sanciona con hasta 1 año de cárcel la difusión de mensajes de ese tipo "a través de cualquier medio". También prevé prisión para quienes ocupen bancos
ANDRÉS MUÑIZ Madrid 25/09/2013 07:39 Actualizado: 25/09/2013 07:39 Público
Rajoy y Ruiz-Gallardón, este martes en el Pleno del Senado/Efe
Es el texto de un nuevo artículo introducido por el Gobierno en el Proyecto de Código Penal aprobado este viernes. La referencia a cualquier medio abarca desde Twitter a Facebook, o cualquier otra red social accesible en Internet.
Fuentes del Ministerio de Justicia aseguran que este nuevo tipo penal no supone la persecución de la difusión de convocatorias genéricas de manifestaciones, en las que, a posteriori, puedan registrarse actos violentos, sino que está vinculada al llamamiento a delitos concretos de alteración grave de orden público.
Sin embargo, otras fuentes judiciales piensan que puede dar cobertura a actuaciones policiales desproporcionadas, como las llevadas a cabo contra los promotores de la manifestación del 25-S del año pasado para cercar el Congreso de los Diputados, que fueron archivadas por el juez Santiago Pedraz.
La alteración grave de orden público será castigada con hasta 6 años de cárcel
Los
delitos de alteración del orden público especialmente graves, que el
proyecto propone castigar con entre 1 y 6 años de cárcel, pasan a ser
aquellos donde "alguno de los partícipes" porte un arma u otro
instrumento peligroso, o exhiba un arma de fuego simulada; o los
supuestos de lanzamientos de objetos contundentes o líquidos
inflamables, el incendio y la utilización de explosivos.Pero igualmente graves, y con posibilidad de la misma sanción, se califican las alteraciones que "se lleven a cabo en una manifestación o reunión numerosa, o con ocasión de alguna de ellas". Las otras dos agravantes son que se produzcan actos de pillaje, o que el autor se prevalga de su condición de autoridad, agente de ésta o de funcionario público.
Los mensajes en Internet que quedarán prohibidos serán los que inciten a la comisión de alguna de esas alteraciones graves de orden público, según el proyecto.
El tipo no agravado del delito de alteración de orden público, con pena máxima de tres años de cárcel, queda así en el proyecto, que pretende modificar el artículo 557 del Código: “1. Quienes actuando en grupo o individualmente pero amparados en él, alteraren la paz pública ejecutando actos de violencia sobre las personas o sobre las cosas, o amenazando a otros con llevarlos a cabo, serán castigados con una pena de seis meses a tres años de prisión. Estas penas serán impuestas sin perjuicio de las que pudieran corresponder a los actos concretos de violencia o de amenazas que se hubieran llevado a cabo".
Y "2.- Con las mismas penas se castigará a quienes actuaren sobre el grupo o sus individuos incitándoles a realizar las acciones descritas en el apartado anterior o reforzando su disposición a llevarlas a cabo.”
Desde la asociación progresista Jueces para la Democracia se considera que varios de estos artículos traslucen una voluntad del Gobierno por criminalizar algunas actuaciones típicas, no violentas, del movimiento de los indignados.
En ese sentido, recuerdan que el nuevo artículo 557.ter, de nuevo cuño, está claramente pensado para castigar --con penas de prisión de hasta seis meses-- a los ciudadanos que han llevado a cabo ocupaciones de bancos en protesta por los desahucios.
Ese artículo del proyecto dice: "Los que, actuando en grupo o individualmente, pero amparados en él, invadan u ocupen, contra la voluntad de su titular, el domicilio de una persona jurídica pública o privada, un despacho, oficina, establecimiento o local, aunque se encuentre abierto al público, y causen con ello una perturbación relevante de su actividad normal, serán castigados con una pena de prisión de tres a seis meses o multa de seis a doce meses".
Sin aclarar qué hará con la ley, Interior incrementa ya el gasto en seguridad ciudadana
Destinará 5.264 millones de euros a esta área en 2014, lo que supone un incremento del 1,38% respecto al año anterior, pero reduce la oferta pública de empleo. Más de dos millones irán para comprar nuevos chalecos
LUIS GIMÉNEZ SAN MIGUEL Madrid 26/11/2013 16:24 Actualizado: 26/11/2013 16:52 Público
Un agente antidisturbios de la UIP.- EFE
El secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, ha comparecido este martes en la Comisión de Presupuestos del Senado para exponer las líneas generales del presupuesto del Ministerio del Interior para el ejercicio 2014, según recoge una nota de prensa. En un momento en el que todas las partidas se ajustan a la aclamada austeridad que imponen los conservadores, el ministerio de Jorge Fernández Díaz dedicará 5.264 millones de euros a la seguridad ciudadana.
A esa cantidad hay que sumar 82,2 millones de euros del programa para actuaciones policiales en materia de droga. Para justificar estas medidas, Martínez ha dicho que la seguridad es una "prioridad del Gobierno", pese a que los índices de delincuencia no han parado de bajar durante los últimos años. Los delitos y faltas registrados en España en 2012 se han reducido un 0,7% con respecto al año anterior, lo que mantiene el índice de criminalidad en nuestro país como uno de los más bajos de la Unión Europea, según cifras del propio Ministerio de Interior.
Aumenta el presupuesto en seguridad pese a que se ha reducido drásticamente el gasto destinado a la lucha contra ETA
El presupuesto aumenta pese a que el gasto destinado a lucha contra el terrorismo y protección de personas amenazadas ha disminuido drásticamente desde que ETA anunciase el fin de su actividad armada. Frente a los 136 millones de euros que en 2009 se destinaban a labores de protección en el País Vasco y Navarra, en 2014 se prevea un gasto de unos 35 millones.
Por otra parte, la Policía Nacional gastará el próximo año dos millones de euros para dotar a unos 6.600 agentes de chalecos antibala y dedicará 13.000 euros en cambiar las divisas de los uniformes que distinguen las categorías de sus efectivos, con el objetivo de reforzar y diferenciar la identidad del cuerpo, según recoge la Agencia Efe.
Cosidó ha destacado el esfuerzo del Ministerio del Interior de dotar de chalecos antibala a todos los agentes que prestan sus servicios en seguridad ciudadana, un plan iniciado el pasado año, dotado con unos nueve millones de euros y que tiene como objetivo que más de 21.000 agentes tengan este elemento de protección. Así, ha recordado que en 2012 la Policía entregó más de 7.000 unidades, unos 6.600 este año y, el que viene, proporcionará otros 6.000.
El Ministerio aumenta el presupuesto pero recorta el número de plazas ofertadas para ser agente de Policía Nacional o Guardia Civil. Para justificar este hecho, Martínez se ha limitado a decir que la eficacia policial no se resiente con el menor número de agentes y por ello, a su parecer, hay que evaluar el modelo policial desde el punto de vista cualitativo y no cuantitativo. De todos modos, la ratio de policía pública en España se sitúa en términos ventajosos en Europa.
El Ministerio aumenta el presupuesto pero recorta el número de plazas ofertadas
En cuanto a la ley de Seguridad Ciudadana, este mismo martes Interior ya ha avanzado que "el texto aún está en proceso de elaboración y puede sufrir nuevas modificaciones antes de ser presentado en el Consejo de Ministros". Ricardo Sixto, el diputado de IU en la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados, ha confirmado a Público que el Gobierno aún no les ha remitido el texto y que ningún miembro de dicha comisión ha tenido detalle alguno sobre los planes de Fernández Díaz para esta ley.
El Sindicato Unificado de Policía (SUP) también está descontento con el juego mediático del PP, que anuncia reformas que luego no hace públicas y afirma que las modifica sin decir qué cambios impone. "El SUP está a favor de una reforma que solvente las debilidades de la norma anterior, pero desconfía del efecto propagandístico de quienes se preocupan más del a proyección mediática que del fondo del problema", afirmaban recientemente en un comunicado. En otro escrito, en el que dicen que "los medios están mejor informados" que ellos mismos sobre una legislación que, se supone, va dirigida a su protección, el SUP se pregunta que si "se va penalizar más severamente las agresiones e insultos a la policía", ¿por qué se sacan estos supuestos, al parecer, del código penal y se trasladan a infracciones administrativas?
El borrado de ley aún está en proceso de elaboración y puede sufrir modificaciones Hasta el pasado verano, todos los ciudadanos detenidos en los últimos años por las fuerzas de seguridad en manifestaciones del 15-M y movimientos similares habían quedado en libertad sin cargos por orden del juez, que nunca les condenó por los hechos de los que les acusaba la Policía. Sin embargo, ahora recurrir ante los tribunales las multas que el Gobierno prevé aprobar por participar en un escrache o manifestarse frente al Congreso de los Diputados costará entre 360 y 2.750 euros sólo en tasas, es decir, gastos de abogado y procurador aparte.
El secretario general del Grupo Socialista en el Congreso, Eduardo Madina, tiene previsto interpelar este miércoles durante la sesión de control al Gobierno a Fernández Díaz sobre las sanciones que piensa incluir en la ley de Seguridad Ciudadana, una norma que, según el primer partido de la oposición, persigue "la represión de los ciudadanos" y de las "nuevas formas de protesta" surgidas al calor de la redes sociales, según recoge Europa Press. Por su parte, Soraya Rodríguez ha vuelto a descalificar este martes los planes de Interior y ha acusado al Gobierno de querer pasar "de la mayoría silenciosa" a la que "tanto apela" a una "mayoría silenciada".
¡Solidaridad! Cinco activistas antidesahucios que luchan por nuestros derechos serán juzgados hoy en Madrid. ¡Estamos con vosotrxs!
Manuel San Pastor a la salida de la comisaría el 28 de enero Foto: Ana Miranda
por Kaos. Vivienda y Ocupación
Miércoles, 27 de Noviembre de 2013 01:38
Uno de los cinco acusados es el abogado de la plataforma de
afectados Manuel San Pastor, vecino de Alcorcón y colaborador del medio
Alcorcón Republicano. Desde las plataformas de afectados se pide apoyo
en la puerta de los juzgados de Plaza de Castilla a las 12:30.
Fuente: Alcorcón Republicano.
Activistas antidesahucios serán juzgados mañana a las 13:00 en Plaza de Castilla
Se les acusa de ocupar la sede
de la Empresa Municipal de Vivienda de Madrid (EMV). En la mañana del
pasado 28 de enero, cuatro familias afectadas por desahucios de la
EMVs, acudieron a la sede de la empresa en Palos de La Frontera nº 13
con la intención de negociar el pago de sus alquileres.
La cerrazón por parte de la EMVs fue total, sin querer recibir a los
afectados aun cuando varias de ellas pretendían devolver a deuda
pendiente.La visita se convirtió en encierro ante la actitud de la EMVs con la firme decisión de no irse sin ser recibidos por un responsable capaz de negociar. En torno a las 17:30 de la tarde los afectados y los activistas que les acompañaban fueron desalojados por la policía y cinco de ellos fueron denunciados por supuestas amenazas. La vista del juicio será mañana a las 13:00 en Plaza de Castilla.
Desde las plataformas de afectados se pide apoyo en la puerta de los juzgados a las 12:30.
http://alcorconrepublicano.es/
El fiscal pide tres años de cárcel por resistencia pasiva en un desahucio
por R. Sánchez
Lunes, 25 de Noviembre de 2013 11:14
En noviembre de 2011, Azucena perdió su hogar en el madrileño barrio
de Manoteras. Según su propio relato, la casa, propiedad de la Empresa
Municipal de la Vivienda de Madrid (EMVS), acumuló una deuda cuando
estaba a nombre de su madre.
En noviembre de 2011, Azucena perdió su hogar en el madrileño barrio
de Manoteras. Según su propio relato, la casa, propiedad de la Empresa
Municipal de la Vivienda de Madrid (EMVS), acumuló una deuda cuando
estaba a nombre de su madre. Tras hacerse cargo del importe pendiente,
en 2009 le anunciaron un recargo de cerca de 49.000 euros. Azucena, su
tres hijos, su madre y su abuela, de 87 años, fueron desahuciados aquel
día a pesar de la movilización de decenas de vecinos
como Patricia, que desde entonces también vive su propia pesadilla.
Esta joven de Hortaleza de 25 años acudió a la llamada de socorro de
Azucena. “Nos sentamos en el portal, la Policía Municipal nos pidió que
nos disolviéramos porque, si no, nos sacarían por la fuerza. Hicimos
resistencia pasiva. Me sacaron por las piernas cuatro agentes, a
rastras. Después me llevaron fuera del cordón policial y me pidieron el
DNI”.El desahucio ocurría dos días antes de las elecciones generales, lo que acercó a Manoteras a muchos medios de comunicación, incluso extranjeros, que ofrecieron un relato similar al de Patricia. Sin embargo, la Policía asegura que la joven agredió a un agente produciéndole una fractura en el brazo izquierdo. La Fiscalía pide tres años de prisión por atentado contra la autoridad y lesiones, el doble de la pena que pide la acusación.
“El caso está lleno de contradicciones”, apunta su abogado, Eric Sanz, de Legal Sol. “Hay vídeos donde se ve al agente supuestamente agredido sonarse la nariz con el brazo lesionado”. También resulta extraña la detención de Patricia, que tras la identificación pudo regresar a su casa. “A las siete de la tarde, llamaron al telefonillo dos policías nacionales. Creía que me iban a poner una multa”. La obligaron a acudir a comisaría a prestar declaración. “Allí me dijeron que me quedaba en el calabozo. Salí al día siguiente a las tres de la tarde. Como si fuera un castigo”, recuerda Patricia.
La lesión del policía tampoco está clara ni para los médicos. “Un traumatólogo afirma que es una fractura del coronoides, pero otro reduce la lesión a un esguince”, apunta el abogado. La diferencia de la gravedad de la lesión puede determinar que Patricia entre o no en prisión. Mientras la fractura es delito, el esguince lo reduce todo a una falta. “¿Qué necesidad tienen de mentir?”, se pregunta el letrado. Patricia tiene su propia explicación: “La motivación es clara, la indemnización que le tendría que pagar, 8.900 euros”.
En su barrio, los colectivos sociales ya se han movilizado para crear una caja de resistencia. Mientras llega la fecha del juicio, que se celebrará en 2014, Patricia intenta seguir con su vida, aunque la amenaza de cárcel la ha retirado de las calles por temor a otro problema con la policía. “El riesgo de que Patri vaya a prisión está ahí”, reconoce el abogado.
Vecinos de Murcia agrupados por el soterramiento denuncian represión y más
Miércoles, 27 de Noviembre de 2013 02:56
El objeto de esta rueda de prensa es denunciar el recrudecimiento de
la represión para con la Plataforma: vigilancias policiales en sus
lugares de reunión, envío de agentes de paisano a los lugares de
concentración grabando con imagen y sonido, así como el empleo de las
sanciones administrativas...
El proyecto de Ley de Seguridad
Ciudadana en gestión por el actual Ministro del Interior, Jorge
Fernández Díaz , se nos quiere vender como una medida que ataje los
desmanes públicos y que proteja a las personas y a los bienes de esas
“hordas” que se manifiestan haciendo uso de los derechos de reunión y
manifestación que les reconoce la Constitución para protestar y pedir lo
que consideran legítimo: esos “indeseables” del 15M, los desahuciados
del la PAH, los parados, los defensores de una sanidad pública, de la
educación, etc.
Juristas, organizaciones sociales,
incluso policías, ya se han posicionado en contra de lo que consideran
una Ley “mordaza”, que no tiene más objetivo que criminalizar a quien
ose defender sus derechos ante los ataques que están ocasionando la
pérdida de derechos laborales adquiridos por la clase trabajadora y de
los derechos sociales reconocidos en las sociedades democráticas de lo
que se ha dado en llamar el estado o sociedad del bienestar: sanidad,
educación, pensiones dignas, etc.
Una ley inspirada en el miedo y propia
del peor autoritarismo que la sociedad española no se merece, con multas
brutales para cortar de raíz cualquier intento de queja ciudadana.La
holgada mayoría con que cuenta el partido que nos gobierna le lleva a
imponer si ningún pudor sus tesis aunque sea con la oposición del resto
de los partidos y de la sociedad, como estamos viendo con la Ley de
Educación.
Pero en realidad, lo que esta Ley mal
llamada de Seguridad Ciudadana trata de conseguir es una protección y un
blindaje de la clase gobernante, de las autoridades, ante el descrédito
de que se han hecho merecedores por parte de la inmensa mayoría de la
sociedad que ve en la clase política en el poder, la clase política
dirigente, uno de los mayores problemas de la sociedad actual, por su
mala gestión, por el despilfarro de los recursos públicos, por la
corrupción, de la que ni nuestra región ni nuestro ayuntamiento están
libres, como es de todos conocido.
Pero siendo este un panorama bastante
generalizado, en Murcia toma unos tintes de especial gravedad. Pues la
sumisión, la docilidad y el servilismo hacia el Gobierno de la Nación
que hemos visto en el campo de las infraestructuras, como el
ferrocarril, se repite en el caso de las consignas del Ministerio del
Interior, que aquí se siguen con especial virulencia, sin esperar si
quiera a que sea Ley, lo que es aún un proyecto.
El ejemplo más reciente es el que ha
protagonizado el Delegado del Gobierno el fin de semana pasado tratando
de restringir el derecho de manifestación y queriendo reducir a tan sólo
dos las ocho mareas previstas en la Marcha de Mareas. Un verdadero
asalto a los derechos ciudadanos sin justificación alguna. Y ha tenido
que ser la Justicia quien le parara los pies ante tan disparatada
pretensión. Menos mal que todavía hay cosas que sí funcionan en este
país. Y la Justicia es una de ellas al margen de las críticas que,
puntualmente, le podamos hacer en cuanto a procedimientos, lentitud,
plazos, etc. Porque, aunque unamos nuestra voz a las que piden la
dimisión de Bascuñana, el problema de fondo no de una persona, sino del
estilo de gobernanza de quien en estos momentos dirige la nación y la
mayoría de las CC.AA. que recuerdan en Madrid y en Murcia aquella
tremenda frase de “la calle es mía” de autor de todos conocido.
Porque no puede entenderse si no, que un
colectivo ciudadano tan poco violento y tan respetuoso con las
instituciones y con las autoridades, en sus veintitantos años de
historia, la Plataforma Pro-Soterramiento, constituido por vecinos y
ciudadanos de a pie sin más intereses que la defensa de sus barrios,
haya sido objeto de una represión policial y judicial tan exagerada en
especial desde el pasado Bando de la Huerta, porque –podríamos resumirlo
así de sencillo- le estamos pidiendo al PP que cumpla su programa
electoral, por una parte, y el convenio de 2006 que despejaba nuestros
barrios de la razón primera y última de su subdesarrollo: levantar esa
cicatriz que impide incorporarnos a la ciudad de la que formamos parte,
el soterramiento de las vías.
El objeto de esta rueda de prensa es
denunciar el recrudecimiento de la represión para con la Plataforma:
vigilancias policiales en sus lugares de reunión, con envío de agentes
de paisano a los lugares de concentración grabando con imagen y sonido,
así como el empleo de las sanciones administrativas como objeto de
atemorizar a los vecinos.
Hemos invitado a todos los partidos con
representación en el Ayuntamiento de Murcia y en la Asamblea Regional
para que nos apoyen y pidan al Gobierno el levantamiento de esta
situación de pura represión, incluido el PP que ha decidido no estar
presente aquí y ahora, no respondiendo a nuestra petición de reunión
tanto con el grupo municipal como con el Alcalde.
Su ausencia es significativa y demuestra
cual está siendo su intención real: al margen de buenas palabras y de
expresiones de aparente apoyo a nuestra reivindicación, el PP prefiere
denunciar a sus vecinos en vez de exigir al gobierno central el
cumplimiento del compromiso contraído en 2006.
Podría haber hecho esto último; cuenta
con servicios jurídicos que podrían haberse empeñado en esta demanda,
pero expresamente se negaron a ello sin más razón que no podían exigirlo
a un gobierno central de los suyos. Ya hemos tenido un vecino
encausado, pero esta mañana mismo dos nuevos juicios van a sentar en el
banquillo de los acusados a dos vecinos cuyo único delito ha sido la
defensa pacífica de sus barrios.
Agradecimiento a:• Los partidos políticos aquí presentes
• Las aportaciones a la caja de resistencia
• Los abogados que están trabajando de manera altruista en el asesoramiento y en la defensa de las víctimas de esta represión.
http://soterramientomurcia.
Los jueces progresistas dicen que el Código Penal "retrotrae a tiempos anteriores a la Constitución"
Los magistrados conservadores creen por su parte que la reforma impulsada por Gallardón tiene "luces y sombras"
PÚBLICO / EFE Madrid 20/09/2013 16:45 Actualizado: 20/09/2013 17:18 Público
La reforma del Código Penal aprobada por el Gobierno ha
suscitado críticas entre el colectivo de jueces. El portavoz de la
asociación progresista Jueces para la Democracia (JpD), Joaquim Bosch,
afirmó este viernes que la reforma del Código Penal no se ajusta a las
necesidades de la sociedad y "nos retrotrae a tiempos anteriores a la Constitución".
"Alberto Ruiz-Gallardón, actúa a golpe de titular con iniciativas que consiguen llamar la atención, pero que no resuelven los problemas estructuales de la sociedad", añadió Bosch. Desde el punto de vista de Jueces para la Democracia, la reforma parte de una filosofía "autoritaria" sobre la función del Estado y del Derecho en la sociedad y pretende dar la apariencia de que se está haciendo algo.
Bosch señaló que la reforma apuesta por un endurecimiento injustificado de muchas penas, incluida la prisión permanente revisable, cuando "España se encuentra en los niveles más bajos de delincuencia en el ámbito europeo, cuenta con el mayor número de presos por habitante y se encuentra en los niveles más elevados de cumplimiento de las condenas".
La reforma "criminaliza determinadas formas de disidencia pacífica", apuntó Bosch. El portavoz de los jueces progresistas lamentó esta limitación de las libertades ciudadanas en un momento de conflictividad social en el que el Gobierno, a su juicio, debería convencer a la ciudadanía con argumentos de que sus medidas son acertadas, en lugar de utilizar el Código Penal para "reprimir determinadas formas de protesta".
Las medidas contra la corrupción, previstas en la reforma, son "una cortina de humo", en opinión del portavoz de JpD, quien criticó la ausencia de un estudio riguroso sobre el origen de la corrupción en España. Tras indicar que "la corrupción privada acaba creando corrupción pública", apostó por actuar antes de que se produzca el problema: reclamó una modificación de la discrecionalidad de la contratación pública y del amplio margen de maniobra de los partidos políticos, al tiempo que exigió actuaciones para impedir las donaciones millonarias de las grandes empresas y medios para que los juzgados puedan resolver los procedimientos por corrupción en unos plazos razonables.
Para González Armengol la prisión permanente revisable, que, en su opinión, es "constitucional" y puede permitir la reinserción y potenciar el arrepentimiento de los culpables de delitos de terrorismo y otros muy graves. El problema que se plantea es que la legislación actual "probablemente sea más dura" que la modificación de la cadena perpetua revisable, según el representante de la Asociación Francisco de Vitoria.
González Armengol ha calificado como "un brindis al sol" el endurecimiento de las penas contra la piratería por considerar que la protección de la propiedad intelectual se sustenta en potenciar las investigaciones policiales sobre las redes que actúan en este comercio ilícito.
En cuanto al consentimiento para mantener relaciones sexuales de los menores de 16 años, "si se toma al pie de la letra, tal como se recoge en el Código Penal, muy probablemente tengan que pasar por los Juzgados la mayoría de los jóvenes españoles", apuntó el portavoz de la AFV, quien ha estimado que estas son cuestiones "teóricas", que, en la práctica, quedarán "absolutamente en nada".
Otro "brindis al sol" es el paquete de medidas para luchar contra la corrupción, según González Armengol. "Lo que tiene que hacer el Ministerio de Justicia es proveer de los medios necesarios a los Juzgados para que puedan hacer unas buenas investiaciones contra la corrupción", ha afirmado el portavoz de AFV.
"Alberto Ruiz-Gallardón, actúa a golpe de titular con iniciativas que consiguen llamar la atención, pero que no resuelven los problemas estructuales de la sociedad", añadió Bosch. Desde el punto de vista de Jueces para la Democracia, la reforma parte de una filosofía "autoritaria" sobre la función del Estado y del Derecho en la sociedad y pretende dar la apariencia de que se está haciendo algo.
Bosch señaló que la reforma apuesta por un endurecimiento injustificado de muchas penas, incluida la prisión permanente revisable, cuando "España se encuentra en los niveles más bajos de delincuencia en el ámbito europeo, cuenta con el mayor número de presos por habitante y se encuentra en los niveles más elevados de cumplimiento de las condenas".
La reforma "criminaliza determinadas formas de disidencia pacífica", apuntó Bosch. El portavoz de los jueces progresistas lamentó esta limitación de las libertades ciudadanas en un momento de conflictividad social en el que el Gobierno, a su juicio, debería convencer a la ciudadanía con argumentos de que sus medidas son acertadas, en lugar de utilizar el Código Penal para "reprimir determinadas formas de protesta".
Las medidas contra la corrupción, previstas en la reforma, son "una cortina de humo", en opinión del portavoz de JpD, quien criticó la ausencia de un estudio riguroso sobre el origen de la corrupción en España. Tras indicar que "la corrupción privada acaba creando corrupción pública", apostó por actuar antes de que se produzca el problema: reclamó una modificación de la discrecionalidad de la contratación pública y del amplio margen de maniobra de los partidos políticos, al tiempo que exigió actuaciones para impedir las donaciones millonarias de las grandes empresas y medios para que los juzgados puedan resolver los procedimientos por corrupción en unos plazos razonables.
"Luces y sombras"
Más moderado en su crítica se mostró el portavoz de la Asociación de Jueces y Magistados Francisco de Vitoria (AFV), José Luis González Armengol, quien considera que la reforma del Código Penal "tiene luces y sombras". González Armengol estima que la reforma es "demasiado amplia" y, en muchos aspectos, "claramente innecesaria".Para González Armengol la prisión permanente revisable, que, en su opinión, es "constitucional" y puede permitir la reinserción y potenciar el arrepentimiento de los culpables de delitos de terrorismo y otros muy graves. El problema que se plantea es que la legislación actual "probablemente sea más dura" que la modificación de la cadena perpetua revisable, según el representante de la Asociación Francisco de Vitoria.
González Armengol ha calificado como "un brindis al sol" el endurecimiento de las penas contra la piratería por considerar que la protección de la propiedad intelectual se sustenta en potenciar las investigaciones policiales sobre las redes que actúan en este comercio ilícito.
En cuanto al consentimiento para mantener relaciones sexuales de los menores de 16 años, "si se toma al pie de la letra, tal como se recoge en el Código Penal, muy probablemente tengan que pasar por los Juzgados la mayoría de los jóvenes españoles", apuntó el portavoz de la AFV, quien ha estimado que estas son cuestiones "teóricas", que, en la práctica, quedarán "absolutamente en nada".
Otro "brindis al sol" es el paquete de medidas para luchar contra la corrupción, según González Armengol. "Lo que tiene que hacer el Ministerio de Justicia es proveer de los medios necesarios a los Juzgados para que puedan hacer unas buenas investiaciones contra la corrupción", ha afirmado el portavoz de AFV.
La izquierda denuncia que la de seguridad ciudadana es "la ley de la patada en la boca a la democracia"
El PSOE considera que se trata de un "proyecto de represión", mientras IU e ICV creen que el PP pretende llevar al país "a un sistema totalitario".
IÑIGO ADURIZ Madrid 19/11/2013 12:06 Actualizado: 19/11/2013 14:03 Público
Los portavoces de la Izquierda Plural, José Luis Centella (IU) y Joan Coscubiela (ICV).- EFE
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Si en 1992 la conocida como ley Corcuera fue "la de la patada en la puerta", la Izquierda Plural -grupo que aglutina a IU, ICV y Cha- considera ahora que la ley de seguridad ciudadana cuyo anteproyecto ha dado a conocer este martes el Ministerio del Interior será la "ley de la patada en la boca a la democracia".
Esa es la descriptiva valoración que ha hecho el coportavoz del grupo
Joan Coscubiela durante la rueda de prensa que ha ofrecido junto a José
Luis Centella tras la Junta de Portavoces del Congreso de los Diputados.
Para el PSOE, en cambio, más que un anteproyecto sobre la seguridad ciudadana es "un proyecto de represión ciudadana", y así lo ha recalcado la portavoz parlamentaria de los socialistas, Soraya Rodríguez, durante su intervención ante los medios. Su partido considera que la normativa "no es necesaria" y ha vaticinado que el grupo se opondrá a "restringir derechos", una actuación que se hace "en otros regímenes que no son democráticos".
Desde la Izquierda Plural consideran, por su parte, que las primeras medidas de la normativa que se han conocido y que suponen, entre otras, sanciones de hasta 600.000 euros por diferentes protestas, constituyen una "evidencia que confirma que el PP está a punto de empezar una ofensiva brutal contra los derechos civiles". Coscubiela ha asegurado que el anteproyecto supone "un nuevo intento del Gobierno por criminalizar a los movimientos sociales", una vez que ha comprobado que la ciudadanía "no se resigna" y sigue protestando.
A juicio del diputado de ICV "a este paso", el Ejecutivo que preside Mariano Rajoy va a llevar al país "de un régimen autoritario a un sistema totalitario", y por eso, su grupo hará "todo lo posible" para que el anteproyecto de Interior "nazca muerto". Para ello, la solución pasa por tomar las calles. "A quien quiere prohibir la movilización hay que responderle con movilizaciones preventivas", ha remachado Coscubiela.
El parlamentario de IU ha emplazado por ello al ministro de Defensa, Pedro Morenés, a limitarse a aplicar la legalidad vigente y a retirar dicha circular. Para ello, su grupo ha reclamado que el titular del ministerio comparezca en el Congreso para dar cuenta del contenido del escrito y de las instrucciones dadas a los mandos militares.
Según Herrera, el Ejecutivo central quiere poner una mordaza a los ciudadanos y evitar que la gente se movilice y proteste por el temor a ser sancionados: "Lo que quieren es un pueblo silenciado y callado", ha lamentado, informa EP. Entre las medidas que contempla nueva ley está sancionar con entre 1.001 euros y 30.000 euros de multa insultar, vejar, amenazar o coaccionar a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado durante una manifestación.
En el redactado también se contempla como infracción "muy grave", sancionada con entre 30.001 y 600.000 euros, el uso y la distribución de imágenes de los policías, así como datos personales de los agentes con fines que puedan suponer un atentado contra su intimidad, su familia o que puedan poner en riesgo una operación.
Para el PSOE, en cambio, más que un anteproyecto sobre la seguridad ciudadana es "un proyecto de represión ciudadana", y así lo ha recalcado la portavoz parlamentaria de los socialistas, Soraya Rodríguez, durante su intervención ante los medios. Su partido considera que la normativa "no es necesaria" y ha vaticinado que el grupo se opondrá a "restringir derechos", una actuación que se hace "en otros regímenes que no son democráticos".
Desde la Izquierda Plural consideran, por su parte, que las primeras medidas de la normativa que se han conocido y que suponen, entre otras, sanciones de hasta 600.000 euros por diferentes protestas, constituyen una "evidencia que confirma que el PP está a punto de empezar una ofensiva brutal contra los derechos civiles". Coscubiela ha asegurado que el anteproyecto supone "un nuevo intento del Gobierno por criminalizar a los movimientos sociales", una vez que ha comprobado que la ciudadanía "no se resigna" y sigue protestando.
A juicio del diputado de ICV "a este paso", el Ejecutivo que preside Mariano Rajoy va a llevar al país "de un régimen autoritario a un sistema totalitario", y por eso, su grupo hará "todo lo posible" para que el anteproyecto de Interior "nazca muerto". Para ello, la solución pasa por tomar las calles. "A quien quiere prohibir la movilización hay que responderle con movilizaciones preventivas", ha remachado Coscubiela.
"¿Qué entiende el Gobierno por radical?"
Desde la Izquierda Plural también han querido manifestar su "preocupación" por la información que recoge el diario El País y que apunta a la existencia de una circular en el Ministerio de Defensa que insta a los mandos militares a controlar a los subordinados que supuestamente profesan ideologías "radicales". Centella se ha preguntado "qué entiende el Gobierno por radical", y ha mostrado su temor por que se ponga en marcha toda una "caza de brujas" dentro del Ejército contra quien manifieste sus ideas.El parlamentario de IU ha emplazado por ello al ministro de Defensa, Pedro Morenés, a limitarse a aplicar la legalidad vigente y a retirar dicha circular. Para ello, su grupo ha reclamado que el titular del ministerio comparezca en el Congreso para dar cuenta del contenido del escrito y de las instrucciones dadas a los mandos militares.
Herrera emplaza a los partidos catalanes a que no acaten esta "ley mordaza"
El líder de ICV-EUiA en el Parlamento catalán, Joan Herrera, ha pedido este martes articular un frente común de los partidos y la sociedad catalana para desacatar "la mordaza" que supone el anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana que Interior prevé llevar este viernes al Consejo de Ministros. En rueda de prensa desde el Parlamento catalán, ha emplazado a todos los partidos catalanes a mostrar su rechazo a la reforma que impulsar el ministro del Interior, Jorge Fernández, y defender que en Cataluña no se aplique la nueva norma una vez aprobada.Según Herrera, el Ejecutivo central quiere poner una mordaza a los ciudadanos y evitar que la gente se movilice y proteste por el temor a ser sancionados: "Lo que quieren es un pueblo silenciado y callado", ha lamentado, informa EP. Entre las medidas que contempla nueva ley está sancionar con entre 1.001 euros y 30.000 euros de multa insultar, vejar, amenazar o coaccionar a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado durante una manifestación.
En el redactado también se contempla como infracción "muy grave", sancionada con entre 30.001 y 600.000 euros, el uso y la distribución de imágenes de los policías, así como datos personales de los agentes con fines que puedan suponer un atentado contra su intimidad, su familia o que puedan poner en riesgo una operación.
Ada Colau llama a la desobediencia frente a la Ley de Seguridad
La portavoz de la PAH de Barcelona aboga por responder con un "escrache virtual" a Fernández Díaz el día que el Gobierno apruebe la norma
EUROPA PRESS Madrid 20/11/2013 11:34 Actualizado: 20/11/2013 12:01 Público
La portavoz de la PPAH en Bruselas.- CRISTINA CUENCA
Ella misma fue una de las caras mas visibles de la plataforma que impulsó los escraches a políticos para que apoyaran la modificación de la Ley Hipotecaria y se paralizaran los desahucios y, en varias ocasiones, ha salido a defender estas acciones de protesta pacífica públicamente. Así, a través de la red social Twitter quiso mostrar su oposición al anteproyecto de ley anunciado por el Ministerio del Interior, tal y como ya han hecho juristas, movimientos sociales, activistas, políticos y policías.
En uno de esos mensajes Colau se refiere a la futura Ley de Seguridad Ciudadana como #leyanti15M, llama "corrupto" al Gobierno y le acusa de pretender "acabar con el derecho de manifestación y de libertad de expresión para seguir robando". "El día en que el Consejo de Ministros apruebe la ley anti 15-M queda convocada jornada de Desobediencia General: no tenemos miedo, Fuera La Mafia", ha escrito la portavoz de la PAH añadiendo la etiqueta "#holadictadura".
"Hoy desobedecer leyes injustas es una cuestión de supervivencia"
Y como "aperitivo" de esa protesta general, Colau ha abogado por responder con un "escrache virtual" a Fernández Díaz el día que el Gobierno apruebe la norma. "Hoy desobedecer leyes injustas es una cuestión de supervivencia. O nos empoderamos y desobedecemos, o aceptamos esclavitud".
También desde su cuenta de Twitter la PAH ha querido dejar claro que no teme la reforma. "Tenemos un mensaje para todos los que promueven la ley anti 15-M: no tenemos miedo. Sabemos el poder que tenemos nosotros, la gente", reza uno de sus mensajes. Para la plataforma, esta ley "es una muestra más de cómo el PP, en lugar de escuchar las demandas ciudadanas, prefiere asfixiar la democracia con represión".
Para CNT el “canon sindical” de Cándido Méndez es una vuelta al Sindicato Vertical del franquismo
por CNT Prensa
Martes, 26 de Noviembre de 2013 12:45
Para CNT el “canon sindical” de Cándido Méndez es una vuelta al Sindicato Vertical del franquismo.
Con esta propuesta UGT solo pretende mantener sus privilegios económicos a costa de los trabajadores, sin su respaldo.
Para CNT el “canon sindical” de Cándido Méndez es una vuelta al Sindicato Vertical del franquismo.
Con esta propuesta UGT solo pretende mantener sus privilegios económicos a costa de los trabajadores, sin su respaldo.
Cándido Méndez ha propuesto la imposición a los trabajadores de un canon para financiar a las organizaciones sindicales. La CNT se opone a esta propuesta por considerar que vulnera el derecho de libre sindicación. En caso de ser aprobada rechazamos recibir ni un solo céntimo de lo robado a los trabajadores.
Cándido Méndez realizó unas declaraciones a La Sexta en las que reconocía que se estaba planteando dimitir a causa de los graves casos de corrupción que salpican a su sindicato. Después de proponer la implantación de este canon a modo de “diezmo medieval”, desde la CNT y por el bien de los trabajadores le animamos a que haga efectiva su dimisión.
La central anarcosindicalista defiende que los sindicatos deben financiarse exclusivamente con la cuota de sus afiliados, como viene haciendo históricamente la CNT.
Con esta propuesta UGT solo pretende mantener sus privilegios económicos a costa de los trabajadores, sin su respaldo.
Cándido Méndez ha propuesto la imposición a los trabajadores de un canon para financiar a las organizaciones sindicales. La CNT se opone a esta propuesta por considerar que vulnera el derecho de libre sindicación. En caso de ser aprobada rechazamos recibir ni un solo céntimo de lo robado a los trabajadores.
Cándido Méndez realizó unas declaraciones a La Sexta en las que reconocía que se estaba planteando dimitir a causa de los graves casos de corrupción que salpican a su sindicato. Después de proponer la implantación de este canon a modo de “diezmo medieval”, desde la CNT y por el bien de los trabajadores le animamos a que haga efectiva su dimisión.
La central anarcosindicalista defiende que los sindicatos deben financiarse exclusivamente con la cuota de sus afiliados, como viene haciendo históricamente la CNT.
CNT, SIN LIBERADOS, SIN SUBVENCIONES.
¡¡MAS ASAMBLEAS Y MENOS COMITÉS!!
Secretariado Permanente del Comité Confederal CNT-AIT
[Manifestación Antifascista] Miles de personas en las calles. Frente al fascismo y la represión: Organización en los barrios (Seguimiento)
por Kaos. Madrid
Sábado, 23 de Noviembre de 2013 17:49
Sábado 23 de noviembre de 2013 a las 18:00h. Atocha - Sol
Convoca: Coordinadora Antifascista de Madrid que dice que "tenemos el
deber moral de demostrar que el fascismo, el racismo y la homofobia no
tienen cabida en nuestras calles".
Sigue la manifestación antifascista en la calle Carretas. Un millar de personas gritando nazis no
"Hoy como ayer. Resistencia antifascista" #23NAntifa
Nativa o extranjera, la misma clase obrera. La mani llegando a Jacinto Benavente. #23NAntifascista
Carlos, clement, pavlos. Víctimas de el fascismo. #23NAntifa
Dice @osec: "Llegada a anton martín. Debemos ser algo más de mil personas en #23NAntifa"
Se continúa avanzando con bengalas y a grito de fuera fascistas de nuestro barrio foto @shul_evolution
Mani #23NAntifa desde Atocha avanzando para Sol. Somos más que otros años dice Asamblea Majadahonda
Centenares de personas empiezan s subir atocha en el #23NAntifa
#23N ¡NoPasarán! #23NAntifa
Se corta atocha y ya centenares de personas listas para empezar
Sábado 23 de noviembre de 2013 a las 18:00h. Atocha - Sol
Convoca: Coordinadora Antifascista de Madrid
Convoca: Coordinadora Antifascista de Madrid
FRENTE AL FASCISMO Y LA REPRESIÓN, ORGANIZACIÓN EN LOS BARRIOS
De nuevo, 20 de noviembre. Una fecha que
nos acerca a esos tiempos pasados en los que el fascismo desmovilizó,
reprimió y asesinó a la clase obrera del Estado español.
Hoy, como cada 20 de noviembre desde
hace ya varios años, nos apropiamos de este día y lo hacemos nuestro,
tanto como para recordar y denunciar que el fascismo sigue presente en
las altas instituciones del Estado, como para mostrar que la lucha
antifascista sigue vigente e imparable.
El fascismo se enmascara y camufla bajo
proclamas y actos aparentemente sociales y atractivos cuando su único
objetivo es dividir y enfrentar a la clase obrera, para luego destruir
cualquier ápice de conciencia y organización. Es la herramienta que
utiliza el capitalismo cuando se ve incapaz de controlar a los
movimientos populares y, en esta etapa marcada por la crisis cíclica del
sistema, la tesitura es la idónea para sacarlo a pasear. Prueba de ello
son los recientes asesinatos de Clément y Pavlos, la complicidad entre
el Estado y las organizaciones fascistas y su intento de introducirse en
las movilizaciones populares para lanzar sus proclamas reaccionarias y
abiertamente racistas. El fascismo es una amenaza real y presente y sólo
podremos combatirlo si somos conscientes de ello.
Desde la Coordinadora Antifascista de
Madrid vemos cómo la extrema derecha se organiza y avanza mientras la
clase trabajadora y el pueblo son machacados día a día por las políticas
y medidas del sistema. La segregación xenófoba sanitaria, el expolio de
los servicios públicos conquistados por la clase obrera, la complicidad
entre el fascismo y la Policía, el crecimiento económico de las grandes
fortunas y la burguesía financiera, las redadas racistas o la fuerte
represión que sufrimos en cada movilización, son tan sólo un ejemplo de
lo que tenemos y de todo lo que seguirá viniendo si no pasamos a la
ofensiva y plantamos cara.
Capitalismo y fascismo son las dos caras
de un sistema ideado para mantener los privilegios de una minoría a
costa de la explotación y opresión del resto y, puesto que son las
clases populares las que sufren los ataques directos del sistema, la
organización y la respuesta han de surgir de ellas, de los barrios
obreros y de sus gentes. Sabemos que el enemigo es de clase, no de raza o
género; por ello, el antifascismo debe trabajar y luchar unido, codo a
codo, día a día y barrio a barrio. Únicamente así conseguiremos ser
imparables.
Asimismo, por el símbolo que representa
nuestra ciudad debido a la heroica resistencia que plantó durante tres
años, las y los madrileños tenemos el deber moral de demostrar que el
fascismo, el racismo y la homofobia no tienen cabida en nuestras calles.
FRENTE AL FASCISMO Y LA REPRESIÓN, ORGANIZACIÓN EN LOS BARRIOS
MADRID SERÁ LA TUMBA DEL FASCISMO
¡NO PASARÁN!
COORDINADORA ANTIFASCISTA DE MADRIDMADRID SERÁ LA TUMBA DEL FASCISMO
¡NO PASARÁN!
URUGUAY
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URUGUAY
Criminalización de los ex presos de la dictadura después de las protestas contra la impunidad |
| Domingo 17 de Noviembre de 2013 00:00 |
por Ute Löhning 
(Berlín, 17 de noviembre de 2013, poonal La Diaria-Comcosur) -. Uruguay
está luchando con la investigación de violaciónes de derechos humanos
de la época de la dictadura militar de 1973 hasta 1985. Esto se hace evidente en el momento. Para los desarrollos en torno a la destitución del juez Mariana Mota
Aquí Uruguay es un país cuyo presidente José Mujica fue torturado
durante la dictadura de los militares y detenidos en condiciones
degradantes, y en cuyo gobierno más ex guerrilla de las Tupamaros
sentarse. Las protestas pacíficas contra la destitución del juez Mota 
El Juez Mariana Mota, quien había encontrado consistentemente en varios
casos de terrorismo de Estado y condenado como el ex dictador Juan
María Bordaberry a prisión era por la Corte Suprema de Justicia (SCJ) a
principios de 2013 en contra de su voluntad y sin previo aviso de un
tribunal penal transferido a un tribunal civil sido.
El mecanizado de sus casos fueron bloqueados por el tratamiento legal
de los delitos de derechos humanos Total retrasado y lento. Organizaciones de derechos humanos, ex presos y sus familiares tuvieron luego de 15 02 2013 llamó a realizar protestas ante el Tribunal Supremo. Cientos de personas vinieron. Ellos protestaron en voz alta, pero pacíficamente , cantaron, aplaudieron, gritaron consignas, exigiendo información y el castigo de los delitos contra los derechos humanos de la dictadura y, más concretamente, exigieron a no permitir que el Juez Mariana Mota. 100 a 200 manifestantes entraron en el edificio de la Corte Suprema de Justicia, a la que se discutió el desplazamiento de la jueza Mota en una reunión pública y aprobado. Aunque el evento fue pacífico, los manifestantes fueron empujados por una unidad especial del edificio. Las acusaciones de "montaje" El mismo día, el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Jorge Ruibal Pino, cargos contra siete participantes de estas protestas a causa de "asamblea" (asonada) reembolsado - siete, como presuntos líderes de las personas no percibidos de un grupo de más de un centenar de participantes, presumiblemente los que había hablado con la prensa. El Juez Penal Gabriela Merialdo tiene pasado 4 Noviembre ya formuló cargos contra Irma Leites, Jorge Zabalza, Alvaro Jaume, Patricia Borda, Aníbal Varela, Eduardo Jaume, Jaume Diego. Como una "asamblea" o "cazuela" es verdadero si "reunirse por lo menos cuatro personas, motín, incitar a la población, (...) con gritos o amenazas eventos públicos o ceremonias religiosas molestar (...)". Después de la legislación uruguaya es "asamblea" o "cazuela" una violación del orden político interno del Estado. Participantes una "asamblea" puede ser castigado con pena de prisión de ocho y cincuenta y siete montanos. Condiciones cínicos buscando 
Algunos de los acusados (Irma Leites, Jorge Zabalza, Alvaro Jaume),
han pasado varios años como preso político en las mazmorras de la
dictadura.
Irma Leite desempeña un papel prominente en la plataforma para la
memoria y la justicia (Plenaria Memoria y Justicia), Jorge Zabalza fue
una figura destacada de los Tupamaros. El fiscal en este caso es Gustavo Zubia, hijo de Eduardo Putschistengenerals Zubia y guardias de prisiones acusados de ahora Jorge Zabalza. Muchos de protesta contra las acciones del poder judicial La central sindical PIT-CNT habla en un comunicado del director Marcelo Abdala Fernando Pereira contra la acusación y pide el derecho de todos los ciudadanos uruguayos a la libertad de expresión y la protesta como un derecho garantizado por la Constitución. Varias organizaciones de derechos humanos han acusado a una conferencia de prensa conjunta sobre este tema Asimismo, la filial uruguaya de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias AMARC (Asociación Mundial de Radios Comunitarias) rechaza la confirmación de los cargos por el juez Merialdo en una declaración pública. La legítima protesta fue pacífica. De esta manera, van a protestar criminalizado, restringido el derecho de todos los ciudadanos a la libertad de expresión y la expresión pública de opinión y pisoteado. El Outsmart judicial uruguayo no es independiente y para disfrazar el camino en la búsqueda de la verdad y la justicia, por lo que considera que puede mantener la impunidad de los responsables de crímenes contra los derechos humanos de la dictadura. Seis de los acusados (Irma Leites, Jorge Zabalza, Alvaro Jaume, Aníbal Varela, Eduardo Jaume, Diego JAUM) terminar en una declaración pública pasos legales para con los que quieren lograr, que la propia Corte Suprema, en la Declaración de la jueza Merialdo inconstitucional explicar. Y de nuevo, Mariana Mota ... Mismo Mariana Mota había expresado públicamente las críticas al auto de procesamiento debido a los disturbios en septiembre de 2013. En el diario El País le había explicado que ella vio ninguna base para ello, porque no hubo heridos y no se ha bloqueado el acto público de su propio desplazamiento. Los manifestantes se habían hecho más que ejercer su derecho a la libertad de expresión en completarse. Ahora, a su vez, requiere de la Corte Suprema de Mota una declaración en sus declaraciones públicas. Si tienen estas declaraciones a El País hizo realmente y por qué han elegido esta forma. Según el autor Natalia Aval por el diario uruguayo "La Diaria" esto podría ser el primer paso para volver a investigaciones administrativas contra Mota. Re-turn - resultado incierto 
Mientras tanto, un nuevo giro ha tenido lugar: Cuatro días después de
un procedimiento civil contra los siete activistas, el Tribunal Supremo
ha decidido ahora también juzgar Gabriela Merialdo su puesto para
aliviar la Corte Penal y colocarlos en un tribunal civil. La información sobre el desplazamiento a corto plazo volver a las declaraciones hechas por los empleados de la Corte Suprema, en declaraciones al diario "El País". Formal es el desplazamiento en el contexto de una exhibición de la Asociación de empleados de Justicia (Asociación de Funcionários Judiciales) contra Merialdo debido a las quejas sobre el trato con el personal en su lugar de trabajo. El actual Juez Suplente Cecilia Schroeder asumirá el cargo de Merialdo. |
En un año mueren 27 uruguayas por causa de violencia doméstica
En Uruguay fallecieron, en el último año, 27 mujeres por causa de violencia doméstica, asimismo se ha dispuesto la instalación de 75 tobilleras electrónicas para personas de alto riesgo de violencia, de las cuales 43 están operativas, los datos se conocieron este lunes en el marco del Día Internacional de Lucha contra la Violencia hacia la Mujer.
Martes 26 de noviembre de 2013 | 01:00 La República
Marcha por 18 de julio contra la violencia física y sexual en el Día Internacional contra la Violencia hacia la Mujer.El Instituto Nacional de las Mujeres del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), el Ministerio de Salud Pública, y el Instituto del Niño y el Adolescente de Uruguay (INAU) realizaron su “rendición de cuentas” anual con motivo de la conmemoración del Día Internacional de Lucha contra la Violencia hacia la Mujer.
En ese marco se conocieron los datos de la primera encuesta de prevalencia de violencia doméstica de la población asistida en los servicios de salud.
El estudio fue realizado a 1.200 mujeres mayores de 15 años entre noviembre de 2012 a noviembre de 2013.
Según el sondeo, el 27.7 % de las encuestadas “vivieron situaciones de violencia doméstica en el último año, 6.3 % de violencia física y 6.2%, sexual”.
El 34 % de estos casos “se detectaron en la zona de la frontera seca”, en 7 de cada 10 casos la mujer declaró “convivir con el agresor”, y en 8 de cada 10 situaciones, el agresor es varón.
En el 60 % del total de los casos, “el agresor es su pareja actual o pasada y el 14 % de las situaciones ocurrieron cuando la mujer estaba embarazada”.
La ministra de Salud Pública, Susana Muñiz, remarcó que desde la promulgación del decreto que reglamentó la Ley de Violencia Doméstica en 2006, “fue posible identificar importantes avances respecto a la respuesta que brindan los servicios de salud”.
Muñiz agregó que en cuanto al fortalecimiento de la atención especializada a situaciones de mayor riesgo, “se incrementó el número de centros de salud de referencia, especialmente en zonas de frontera seca y el centro del país”.
Por su parte, el ministro Daniel Olesker dijo que la violencia doméstica es un tema de “larga data, en el que las respuestas han sido muy pocas históricamente, ya que en 2004 había sólo un servicio sobre violencia aplicado a género a cargo del gobierno departamental de Montevideo y algunas acciones muy aisladas”.
Resaltó que en la actualidad “hay servicios en 16 departamentos y que a mediados del año próximo habrá 19, uno en cada departamento del país”.
“En sociedad que mejora económicamente, pero mantiene ciertos niveles de desigualdad genera incremento de la violencia. La violencia no está asociada a la pobreza, es algo que ya está más que demostrado, pero sí está asociada a la desigualdad y a la frustración que muchas veces genera la desigualdad y a la relación de poder, diferente, entre mujer y varón”, dijo Olesker.
La directora de Inmujeres y presidenta del Sistema Integral de Protección a la Infancia y Adolescencia contra la Violencia, Beatriz Ramírez, expresó que “se trabaja en un proyecto, con el apoyo de la Cooperación Española y Naciones Unidas, que ha permitido profundizar en el análisis del combate a la violencia basada en género”.
Por su parte, el presidente del INAU, Javier Salsamendi, expresó que el instituto, “desde el 1º de enero al 24 de octubre de este año, atendió 785 situaciones de niños, niñas y adolescentes; formó a 150 operadores en abordajes psicosociales y situación de trauma, y 67 en la temática de trata de personas”.
Tobilleras y cambios al Código Penal
Asimismo, el Ministerio del Interior informó este lunes que, se encuentran operativas 43 tobilleras electrónicas.En el marco del Día Mundial por la Eliminación de Todas las Formas de Violencia hacía las Mujeres, el Ministerio del Interior publicó una entrevista a la directora de la División Políticas de Género, Marisa Lindner.
La jerarca informó que “se ha dispuesto la instalación de 75 tobilleras electrónicas para personas de alto riesgo de violencia doméstica, de las cuales 43 están operativas”.
Lindner se refirió a la posibilidad de extender el sistema de tobilleras a otros lugares del país.
Por otro lado, la diputada colorada, Graciela Matiaude presentó un proyecto de Ley a través del cual propone derogar el artículo 36 del Código Penal, que exonera de pena a los responsables de homicidio o lesiones si estas se comenten debido a “la pasión provocada por el adulterio”.
La legisladora considera que se trata de una normativa “inadmisible” en el ordenamiento jurídico de nuestro país.
En tanto, el colectivo Mujeres de Negro realizó su tradicional marcha, de cada 25 de noviembre, contra la violencia doméstica.
La convocatoria fue a la hora 18:30 horas en la plaza Independencia y una hora después comenzó la marcha.
Movilización en el marco del Día Internacional de Lucha contra la Violencia hacia la Mujer, ayer, en la explanada de la Intendencia de Montevideo. Foto: Nicolás Celaya
Codo a codo
Unas 6.000 personas, entre jóvenes, hombres y mujeres, marcharon ayer por 18 de Julio en el Día de Lucha Contra la Violencia hacia la Mujer.Voceros del Consejo Nacional Consultivo de Lucha contra la Violencia Doméstica y del Sistema Integral de Protección a la Infancia y Adolescencia contra la Violencia (Sipiav) hicieron una puesta a punto de lo actuado en el último año en materia de violencia de género. Además de las acciones desarrolladas, se reflexionó sobre la demanda de los servicios para quienes son víctimas de violencia doméstica y se remarcaron las dificultades que existen para que se produzcan cambios culturales en la sociedad uruguaya.
La
agenda durante el Día Internacional de Lucha contra la Violencia hacia
la Mujer fue extensa y variada. En las propuestas oficiales primaron los
datos y las rendiciones de cuentas. En tanto, desde las organizaciones
de la sociedad civil las intervenciones se volcaron más bien hacia lo
artístico y la reflexión. La más destacada, por la cantidad de gente que
convocó, fue la intervención de Mujeres de Negro, que desde mucho antes
de llegado el día anunciaban: “No se suspende por lluvia”. Mujeres y
familias marcharon en silencio por 18 de Julio desde la plaza
Independencia hacia la Intendencia de Montevideo, mientras que “jóvenes
de diferentes estratos sociales e ideales; estudiantes, obreros y
activistas de diferentes sitios” lo hicieron desde la explanada de la
Universidad de la República, también hacia la comuna.
Por otra parte, se conocieron datos del Observatorio Nacional sobre Violencia y Criminalidad. En los primeros diez meses del año se registraron 68 denuncias por violencia doméstica diarias (una cada 21 minutos). La cifra implica un incremento de 5% respecto del año pasado, al tiempo que da cuenta de las mejoras en la captación y el registro de las situaciones. Además, durante los últimos 12 meses en todo el país fueron asesinadas 51 mujeres, 49% a manos de sus parejas o ex parejas.
La exposición
estuvo a cargo de Beatriz Ramírez, del Instituto Nacional de las Mujeres
del Ministerio de Desarrollo Social (Mides); Javier Salsamendi, del
Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU); Susana Muñiz,
ministra de Salud Pública; y el titular del Mides, Daniel Olesker.
Prácticamente sin salirse del guion, leyeron una amplia lista de
iniciativas y programas que se están llevando a cabo. Revisión de
protocolos, propuestas legislativas de actualización de normas vigentes y
elaboración de guías de consulta y de orientación fueron algunas de las
tantas acciones que se mencionaron.
Durante su exposición Salsamendi reflexionó sobre la complejidad que implican los cambios culturales, pero en seguida volvió al tema por el que había sido convocado: la rendición de cuentas. Entre otras cosas, señaló que desde el 1º de enero hasta el 24 de octubre, entre las medidas implementadas hacia un país libre de violencia de género en el plan Estrategia por la Vida y la Convivencia, brindaron atención a 785 niños y adolescentes. Además, capacitaron a unos 150 operadores responsables de asistir a esos niños y adolescentes que están expuestos a situaciones de violencia.
Todos los oradores destacaron la importancia del trabajo interinstitucional y de la capacitación de los equipos técnicos de todo el país para que dispongan de herramientas y autonomía para trabajar en los distintos territorios. Muñiz se refirió a este punto a partir de los resultados obtenidos mediante la primera encuesta de prevalencia en violencia doméstica a la población asistida en los servicios de salud. Comenzó explicando que entre noviembre de 2012 y enero de este año fueron consultadas unas 1.200 mujeres de 15 años en adelante que concurrieron a los servicios de salud públicos y privados en localidades de más de 5.000 habitantes. De la encuesta se desprende que 27,7% había sufrido violencia doméstica en el último año. A su vez, 6,3% señaló haber sufrido violencia física y 6,2% haber sido víctima de violencia sexual. La ministra comentó que 34% de las mujeres que declararon ser víctimas de violencia doméstica viven en la zona de frontera cercana a Brasil. “Es ahí donde se están reforzando las acciones y colocando más equipos de referencia”, destacó. Los equipos técnicos territoriales cumplen un rol fundamental, de ahí la importancia de la capacitación y de la delegación de responsabilidades, tanto en el ámbito público como en el privado.
Además, según revela la encuesta, siete de cada diez mujeres declaró vivir con su agresor, mientras que en ocho de cada diez casos el agresor fue varón. En 60% de los casos el agresor fue la pareja actual o ex pareja de la mujer. El 14% de las situaciones de violencia doméstica tuvo lugar cuando la mujer estaba embarazada.
Finalmente, Olesker se encargó de retomar la idea que Salsamendi evitó ampliar, respaldado por el argumento de que todos sus antecesores habían hablado de las “muchas medidas ya encaminadas”. Indicó que en la actualidad “la oferta de los servicios crece mucho más lento que la demanda”. Consideró que se trataba de una demanda invisibilizada que estaba “sin respuesta”, a la que se le sumaron nuevas demandas, porque “frente a la eventualidad de una respuesta hay un aumento de la denuncia”. Dicha respuesta debe dar soluciones no sólo a los efectos de la violencia sino también a las causas.
Por otra parte, se refirió a la prosperidad económica que está viviendo el país, hecho que podría haber revertido las situaciones de violencia intrafamiliar; pero se trata de una mejora que mantuvo ciertos niveles de desigualdad, y, justamente, “la desigualdad genera violencia”, señaló.
Por último, analizó sobre la falta de presupuesto específico asignado para hacer frente al problema. Al igual que Muñiz y Salsamendi consideró que es un desafío que queda planteado para futuros gobiernos. Mientras tanto, los programas sociales de formación y trabajo que implementa el Mides en forma continua seguirán siendo los ámbitos principales para detectar casos de vulnerabilidad en la materia.
Tarea compartida
La cifra que más resonó fue la de 27 mujeres muertas por esta causa en Uruguay en lo que va del año, un número que por momentos parecía muy alto teniendo en cuenta la lista de acciones que detallaron las autoridades nacionales durante la rendición de cuentas del Consejo Consultivo y del Sipiav.Al pie
Aunque los equipos técnicos del Ministerio del Interior no han hecho una evaluación formal de la implementación de las tobilleras electrónicas, porque aún no se cumplió un año de su utilización, Marisa Lindner, directora de Políticas de Género del organismo, indicó que se tiene “una valoración altamente positiva porque la tecnología cumplió con el objetivo para el que estaba encomendada”. Desde el 1º de febrero hasta el 21 de noviembre se colocaron 77 dispositivos electrónicos, de los cuales 42 están operativos.Por otra parte, se conocieron datos del Observatorio Nacional sobre Violencia y Criminalidad. En los primeros diez meses del año se registraron 68 denuncias por violencia doméstica diarias (una cada 21 minutos). La cifra implica un incremento de 5% respecto del año pasado, al tiempo que da cuenta de las mejoras en la captación y el registro de las situaciones. Además, durante los últimos 12 meses en todo el país fueron asesinadas 51 mujeres, 49% a manos de sus parejas o ex parejas.
Durante su exposición Salsamendi reflexionó sobre la complejidad que implican los cambios culturales, pero en seguida volvió al tema por el que había sido convocado: la rendición de cuentas. Entre otras cosas, señaló que desde el 1º de enero hasta el 24 de octubre, entre las medidas implementadas hacia un país libre de violencia de género en el plan Estrategia por la Vida y la Convivencia, brindaron atención a 785 niños y adolescentes. Además, capacitaron a unos 150 operadores responsables de asistir a esos niños y adolescentes que están expuestos a situaciones de violencia.
Todos los oradores destacaron la importancia del trabajo interinstitucional y de la capacitación de los equipos técnicos de todo el país para que dispongan de herramientas y autonomía para trabajar en los distintos territorios. Muñiz se refirió a este punto a partir de los resultados obtenidos mediante la primera encuesta de prevalencia en violencia doméstica a la población asistida en los servicios de salud. Comenzó explicando que entre noviembre de 2012 y enero de este año fueron consultadas unas 1.200 mujeres de 15 años en adelante que concurrieron a los servicios de salud públicos y privados en localidades de más de 5.000 habitantes. De la encuesta se desprende que 27,7% había sufrido violencia doméstica en el último año. A su vez, 6,3% señaló haber sufrido violencia física y 6,2% haber sido víctima de violencia sexual. La ministra comentó que 34% de las mujeres que declararon ser víctimas de violencia doméstica viven en la zona de frontera cercana a Brasil. “Es ahí donde se están reforzando las acciones y colocando más equipos de referencia”, destacó. Los equipos técnicos territoriales cumplen un rol fundamental, de ahí la importancia de la capacitación y de la delegación de responsabilidades, tanto en el ámbito público como en el privado.
Además, según revela la encuesta, siete de cada diez mujeres declaró vivir con su agresor, mientras que en ocho de cada diez casos el agresor fue varón. En 60% de los casos el agresor fue la pareja actual o ex pareja de la mujer. El 14% de las situaciones de violencia doméstica tuvo lugar cuando la mujer estaba embarazada.
Finalmente, Olesker se encargó de retomar la idea que Salsamendi evitó ampliar, respaldado por el argumento de que todos sus antecesores habían hablado de las “muchas medidas ya encaminadas”. Indicó que en la actualidad “la oferta de los servicios crece mucho más lento que la demanda”. Consideró que se trataba de una demanda invisibilizada que estaba “sin respuesta”, a la que se le sumaron nuevas demandas, porque “frente a la eventualidad de una respuesta hay un aumento de la denuncia”. Dicha respuesta debe dar soluciones no sólo a los efectos de la violencia sino también a las causas.
Por otra parte, se refirió a la prosperidad económica que está viviendo el país, hecho que podría haber revertido las situaciones de violencia intrafamiliar; pero se trata de una mejora que mantuvo ciertos niveles de desigualdad, y, justamente, “la desigualdad genera violencia”, señaló.
Por último, analizó sobre la falta de presupuesto específico asignado para hacer frente al problema. Al igual que Muñiz y Salsamendi consideró que es un desafío que queda planteado para futuros gobiernos. Mientras tanto, los programas sociales de formación y trabajo que implementa el Mides en forma continua seguirán siendo los ámbitos principales para detectar casos de vulnerabilidad en la materia.
Genoveva Malcuori- La Diaria
REGASIFICADORA
Un
asunto que pinta cada vez peor
Autor:
William Yohai
25
de noviembre de 2013
Hemos
demostrado en una serie de trabajos escritos junto a la red de economistas de
izquierda y al colectivo de lucha por la tierra[1] la
inviabilidad económica, de acuerdo a la información conocida hasta ahora, de la
regasificadora cuyo contrato se ha firmado recientemente entre la estatal Gas
Sayago y la trasnacional GDF-SUEZ.
Simplemente
la demanda de energía eléctrica térmica y gas natural domiciliario e industrial
que existirá hacia 2015-16 cuando, según se afirma, la planta estará operativa
no supera el 6% de su capacidad de producción. Si se agregan las necesidades del
proyecto Aratirí dicha demanda no superará el 15% de aquella. Resulta obvio que
ningún proyecto industrial se puede justificar económicamente con tan bajos
índices de utilización de la capacidad instalada. A nadie se le pasa por la
cabeza estudiar siquiera un proyecto industrial cuya utilización proyectada baje
del 75% de su potencial.
Desde
el gobierno se ha sostenido, aparte de intentar falsear las cifras que hemos
utilizado y que provienen de fuentes oficiales, que el hueco en la demanda de
gas natural lo suplirá la compra de gas por Argentina. Se plantea que dicha
demanda alcanzará los 5 millones de m3 de gas diarios que es la capacidad del
gasoducto Cruz del Sur.
Argentina
ha venido aumentando su déficit energético a partir de 2011 cuando se volvió
importadora neta. Ya en ese año el gobierno tomó la decisión, visto este hecho,
de re estatizar YPF tomando el control de las acciones que poseía la española
REPSOL en ésta.
Desde
entonces el gobierno e YPF han ido tomando medidas activas para recomponer la
situación. Ejemplos de ello son: 1) el cambio de las regulaciones para
el sector energía. Por un lado se aumentó el precio que deben pagar las
industrias por el gas natural desde el entorno de los U$S 2 a los U$S
7,5 por MMBTU. Por el otro se legisló cambiando las reglas del juego. En
adelante las empresas privadas que inviertan más de U$S 1.000 millones en
desarrollos para explotar petróleo y gas natural adquirirán el derecho a
exportar libremente hasta un 20% de su producción al cabo de algunos
años. 2) estrechamente unido a lo anterior se lanza una política de
asociaciones con capitales extranjeros, particularmente el que firman con
Chevron (de triste memoria por su accionar depredador
en Ecuador) para explotar una parte de los yacimientos de petróleo y
gas no convencionales de Vaca Muerta. 3) la propia YPF activa la
exploración y explotación de viejos y nuevos yacimientos. 4) uno de los
anuncios emitidos tras los recientes cambios en el gabinete ministerial refieren
a un tema estrechamente vinculado: se reducirán los subsidios a la
energía. En efecto, sabemos que los precios que se pagan por la electricidad
y el gas en Argentina son extraordinariamente bajos. Hace 2 años la presidente
Cristina Fernández lanzó una iniciativa para reducir los subsidios en forma
voluntaria. No tuvo éxito. Ahora se plantea reducirlos obligatoriamente, por lo
menos para los sectores de ingresos medios o altos. Es esperable que la
reducción de los subsidios redunde en una reducción o cese del aumento del
consumo.
Todo
esto, más las el flojo nivel de crecimiento de la economía argentina en
2012 (menos de 2%) con perspectivas algo mejores para 2013 y
2014 pero aún lejos de aquellos 8 a 9% que predominaron hace algunos
años, explican el contenido sustantivo del diálogo[2] con
José Coya, flamante presidente de ANCAP.
“Luego
de un primer acercamiento con YPF con la firma de un memorándum, ¿se avanzó en
la negociación para exportar el excedente de 5 millones de metros cúbicos de gas
que tendrá la regasificadora?
Estamos trabajando firme. Hay un intercambio bueno entre ANCAP e YPF, pero aún no hemos arribado a un acuerdo. Es un proceso que incluye muchas variantes. El excedente de 5 millones de metros cúbicos no es menor por el volumen, pero sobre todo por la logística que debería llevar a cabo Gas Sayago para satisfacer ese consumo. La logística de los barcos que podrían ingresar (a Puntas de Sayago) y la continuidad para coordinar la compra no es una tarea sencilla. Por tanto, no solamente tenemos que ver la oportunidad de negocio que nos da colocar el excedente de gas, sino también todos los problemas que esto nos podría traer. Podemos hablar de 5 millones de metros cúbicos en un año, pero que quizá podrían ser 3 millones promedio porque la actividad en Argentina no les va a permitir comprar el mismo volumen todos los días del año. En fin, hay un montón de variantes que hay que definir. Por ahora, seguimos conversando con YPF pero sin una resolución.
Estamos trabajando firme. Hay un intercambio bueno entre ANCAP e YPF, pero aún no hemos arribado a un acuerdo. Es un proceso que incluye muchas variantes. El excedente de 5 millones de metros cúbicos no es menor por el volumen, pero sobre todo por la logística que debería llevar a cabo Gas Sayago para satisfacer ese consumo. La logística de los barcos que podrían ingresar (a Puntas de Sayago) y la continuidad para coordinar la compra no es una tarea sencilla. Por tanto, no solamente tenemos que ver la oportunidad de negocio que nos da colocar el excedente de gas, sino también todos los problemas que esto nos podría traer. Podemos hablar de 5 millones de metros cúbicos en un año, pero que quizá podrían ser 3 millones promedio porque la actividad en Argentina no les va a permitir comprar el mismo volumen todos los días del año. En fin, hay un montón de variantes que hay que definir. Por ahora, seguimos conversando con YPF pero sin una resolución.
¿La
empresa está trabajando en la implementación de una política para promover y
extender el consumo de gas natural una vez que esté operativa la planta
regasificadora?
ANCAP
ya tiene en su estructura al gas natural como una unidad de negocio. Obviamente
ahora va a tener un desarrollo por la regasificadora donde el ente va a tener
una participación directa en Conecta y MontevideoGas en la comercialización. Eso
nos va a dar la posibilidad de ampliar el consumo de gas natural. Por eso
estamos previendo intervenir en MontevideoGas aunque aún no está cerrado el
negocio final, pese a que hay un acuerdo con Petrobras en que será 50% y 50%,
pero aún quedan aspectos para incorporar a ANCAP a este
negocio”.
Dos comentarios merece este fragmento de la entrevista: resulta
completamente lógica la renuencia de YPF (más allá de la fanfarria que acompañó
la inauguración de la desulfurizadora de ANCAP el 27 de agosto cuando se anunció
la firma del documento entre ANCAP e YPF) a comprometerse a adquirir volúmenes
fijos de gas. La lectura de este trabajo dejará al lector convencido de las
razones para dicha reticencia. El segundo comentario refiere al tema del “gas
domiciliario barato”. En efecto: el precio del gas natural licuado que
paga Argentina es de casi U$S 16 el MMBTU. Y nos vende el gas natural
a U$S 23 la unidad. El precio que cobra Montevideo-gas a sus consumidores es
superior a la última cifra pero apenas alcanza para cubrir los costos operativos
de ésta. El ahorro total anual por concepto de diferencia entre
el precio a que nos vende Argentina y el del gas natural
licuado que podríamos obtener sumaría U$S 16 millones anuales.
Comparémoslo con el costo de 15 millones de dólares
mensuales que cuesta la regasificadora. Todo esto no está seguramente
desligado de la frase que cierra la cita: Por
eso estamos previendo intervenir en MontevideoGas aunque aún no está cerrado el
negocio final, pese a que hay un acuerdo con Petrobras en que será 50% y 50%,
pero aún quedan aspectos para incorporar a ANCAP a este
negocio”. Frase
que nos sorprendió porque ya hace varios meses se había informado que el acuerdo
con PETROBRAS (actual dueña de Montevideo Gas) era un hecho.
Para
abundar en el tema, y completar el panorama transcribimos un par de
informaciones[3]:
“Buenos
Aires. Total Austral, junto con sus socios Wintershall Energía y Pan American
Energy, ha tomado la decisión de inversión para poner en marcha el desarrollo
del yacimiento offshore de gas y condensados Vega Pléyade.
El yacimiento Vega Pléyade será producido a través de tres pozos horizontales y aportará en un comienzo seis millones de metros cúbicos por día hasta llegar a un máximo de diez. Su producción, junto con la de otros yacimientos operados por Total Austral en la zona, permitirá optimizar el abastecimiento de las plantas de tratamiento que ya se encuentran en operación allí y asegurar una producción diaria superior a 18 millones de metros cúbicos de gas natural.”
El yacimiento Vega Pléyade será producido a través de tres pozos horizontales y aportará en un comienzo seis millones de metros cúbicos por día hasta llegar a un máximo de diez. Su producción, junto con la de otros yacimientos operados por Total Austral en la zona, permitirá optimizar el abastecimiento de las plantas de tratamiento que ya se encuentran en operación allí y asegurar una producción diaria superior a 18 millones de metros cúbicos de gas natural.”
O
esta otra[4]:
“La
producción de petróleo de YPF durante octubre de este año fue de 1.048.879
metros cúbicos, lo que equivale a un incremento de 6,6 por ciento respecto de
igual mes del año anterior, según informó ayer la compañía. En lo que respecta
al gas, la producción fue de 916.453 millones, con una suba interanual de 5,3
por ciento. “Este crecimiento sostenido en la producción de hidrocarburos
refleja el intenso trabajo realizado por YPF en los yacimientos que opera, tanto
de hidrocarburos convencionales como no convencionales”, aseguró la firma
conducida por Miguel Galuccio a través de un comunicado.
La
mejora en la producción viene siendo sostenida en los últimos meses. En el caso
del crudo, subió 2 por ciento en junio, 4,7 en julio, 1,9 en agosto, 5 en
septiembre y ahora 6,6 por ciento, siempre en términos interanuales. En gas, en
tanto, trepó 0,4 en junio, 0,2 en julio, 2,4 en agosto, 3,6 en septiembre y 5,3
por ciento en octubre. Esta progresión permite anticipar que 2013
mostrará un crecimiento anual tanto en crudo como en gas. En este último
caso la mejora será muy leve, pero alcanzará para revertir la tendencia
declinante de los últimos años.”
La
suma de factores que hemos mencionado apuntan, entonces, a que Argentina alcance
entre 2013 y 2014 el punto más álgido en referencia a sus necesidades de
importar gas natural. Si todo se sigue desarrollando como hasta ahora las mismas
descenderán para 2015-16, cuando esté operativa la regasificadora. Hasta ahora
Argentina ha cubierto perfectamente sus necesidades de importación por las dos
vías de que dispone: los barcos regasificadores de Bahía Blanca y Ensenada y el
suministro por cañería desde Bolivia.
El
mayor peligro desde el punto de vista de la racionalidad de la regasificadora se
plantea para el futuro algo más lejano.
No
es imposible que hacia 2020 Argentina alcance la autosuficiencia en el
suministro de gas y se plantee exportar. Para ese entonces el costosísimo barco
dejará de tener sentido por completo. Será más barato el gas que nos podrá
vender Argentina a través de los 2 gasoductos actualmente operativos (Cruz del
Sur y Casablanca).
Si
esto sucede la regasificadora de Puntas de Sayago podrá transformarse en
atracción turística: la única planta regasificadora ociosa en el
mundo.
Seguiremos,
no obstante, pagando hasta 2030 más de 15 millones de dólares mensuales por
ella.
[1] Se
pueden consultar en www.resonandoenfenix.
[2] http://www.elobservador.
[3] http://www.
