CHILE: Comunidades preparan asamblea constituyente mapuche
Rodrigo Fuentes |Domingo 20 de noviembre 2016 18:24 hrs.
El
anuncio lo hizo el werken de Todas las Tierras. La idea es encabezar un
proyecto que se aleje del proceso constituyente impulsado por el
Ejecutivo, el que califican de "confuso". El pueblo mapuche se organiza
para dar los primeros pasos para lograr su ansiado gobierno
independiente.
El dirigente indicó que pese a la negativa del gobierno se reunirán con comunidades indígenas de la zona con el objetivo de avanzar en una propia Constitución y dar los primeros pasos tendientes a formar un gobierno en La Araucanía.
En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, Aucán Huilcamán reconoció la lejanía que existe entre esta determinación y lo que dicta la actual Constitución de la República y su ordenamiento jurídico, sin embargo, aseveró que existe un derecho internacional más importante y avanzado que reconoce los derechos de los pueblos indígenas de todo el mundo.
“Esta es la primera sesión de la Asamblea Constituyente Mapuche que se realiza al amparo del derecho internacional, específicamente a la declaración de Naciones Unidas sobre derecho de los pueblos indígenas que establece un derecho a la libre determinación y en virtud de eso, determinan libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural”.
El werkén del Consejo de Todas las Tierras recalcó que comparado los preceptos internacionales, el Gobierno se ha mantenido estancado, aplicando una doctrina de la negación de la existencia del pueblo mapuche. “Nos vamos a alejar del proceso constituyente chileno que ha ofrecido este gobierno, que es una confusión a la chilena sin destino y vamos a ofrecer una ruta de la libre determinación al pueblo mapuche”.
Aucán Huilcamán criticó a la presidenta Michelle Bachelet por no cumplir sus promesas de campaña con el pueblo mapuche.
Principalmente al aplicar la ley antiterrorista; desconocer la existencia de derechos de los pueblos originarios y militarizar la región en beneficio de las grandes empresas y consorcios.
“La señora Bachelet se comprometió con el pueblo mapuche a no aplicar la ley antiterrorista, sin embargo lo ha hecho, y esa es una de las causas de la tensiones no solamente con el pueblo mapuche, sino que también los temas con el país que ofreció electoralmente se han incumplido o si se han cumplido ha sido todo a medias y a raíz de eso es el gran descontento y las grandes movilizaciones”.
El dirigente Mapuche anunció que viajará en los próximos días a Colombia invitado por organizaciones indígenas, para revisar la renegociación de los acuerdos de paz entre el gobierno y las FARC, en lo referido a los pueblos originarios.
Además, indicó que hará una exposición en el país cafetero sobre la libre determinación de los pueblos originarios y su llamado a constituir esta Asamblea Constituyente Mapuche.
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Empresa vinculada a proyecto hidroeléctrico en Cunco es expulsada del territorio Mapuche de Werere
La Empresa CONPAX (intereses sobre
desarrollo energético y minero), fue expulsada de la comunidad de
HUERERE (Werere), zona pre cordillerana en la comuna de Cunco, quien ha
venido promoviendo reuniones con comunidades relacionados al ante
proyecto hidroeléctrico “Santa Olga”.
Desde la comunidad y colectivos de
apoyo, se ha señalado que esta es la empresa que pretende instalar la
represa Santa Olga, proyecto que ha sido rechazado por la comunidad Juan
Quidel por el gran impacto destructivo que causaría al ecosistema y
cultura que se vive en la ribera del rio allipen.
El sábado 19 de noviembre la empresa
Conpax intentó realizar una reunión encabezada por el gerente de energía
y concesiones Cristian Pérez Rossi, el antropólogo Claudio Contreras de
Conversa Chile, entre otros, “quienes venían con el objetivo de
juntarse con la comunidad para informar sobre el proyecto y negociar,
objetivo que no se logró concretar gracias al rechazo de los miembros de
la comunidad expulsándolos de la sede diciéndoles que no quieren el
proyecto y que defenderán el río del territorio”.
La localidad de Cunco ha sido
progresivamente avasallada por forestales, pisciculturas, centrales
hidroeléctricas y tendido eléctrico que poco a poco han ido destruyendo
el ecosistema y biodiversidad, además han afectado el desarrollo
espiritual, cultural y productivo de las personas de diversas
comunidades, razón por la cual este proyecto es ampliamente rechazado,
exigiéndose poner freno a este tipo de invasiones. En efecto, el domingo
16 de octubre, una marcha superó largamente las mil personas por las
calles de Cunco y que fue encabezada por esta comunidad Mapuche de
Werere, en rechazo absoluto a este intento de proyecto que busca
represar el río Allipen.
Cunco por la defensa del río Allipen
Pailahueque: Obstrucción y hostigamiento policial militarizado en acceso público a saltos de agua
Una muestra de la situación de
militarización que enfrentan diversas zonas del Bio Bio, la Araucanía e
incluso algunas en Los Ríos, es la que queda en el registro que se
comparte más abajo. Un grupo, en un plano familiar, se traslada desde
Collipulli hasta la zona de Pailahueque, comuna de Ercilla, para acceder
al Salto Dumo, sin embargo, agentes estatales de las fuerzas represivas
de Carabineros de Chile está obstruyendo el acceso a las personas que
quieren disfrutar de este paisaje natural, quedando en evidencia no
solamente la obstrucción, sino el hostigamiento policial.
La información fue emitida en el día de
ayer, sábado 19 de noviembre, a eso del mediodía, que involucró, entre
otras personas a Jonathán Orellana, Presidente del Comité “Agua y
Bosque” y miembro de la Red por la defensa de los territorios, quien
señalaba lo siguiente: “Hoy junto a las personas que están luchando para
recuperar el libre acceso al Salto Dumo en Pailahueque nos reunimos
para bajar a dicho salto y desde el momento que pusimos un pie en la
plaza de Pailahueque comenzó el hostigamiento policial y culminó con
carabineros armados apostados en el salto”.
Cabe señalar que en la localidad de Pailahueque, comuna de Ercilla, Región de la Araucanía, se encuentra una base de policía militarizada,
cuya infraestructura fue anteriormente un liceo agrícola con gran
número de estudiantes mapuches, al que el Estado lo dejó de subsidiar,
quedando en abandono y ahora es un nuevo y moderno centro de operaciones
de policía militarizada, a un costado de la carretera 5 sur.
VER REGISTROS SOBRE LA SITUACIÓN DE AYER
VER IMÁGENES
Tercer Tribunal Ambiental anuló Resolución de Calificación Ambiental favorable de “Central de pasada Mediterráneo”
El
Tercer Tribunal Ambiental concluyó que tanto la COEVA como el Comité de
Ministros estuvieron imposibilitados de resolver sobre la participación
indígena debido a la incertidumbre de las conclusiones del informe
antropológico proporcionado por la empresa.
Fuente: tercertribunalambienta
Tras un exhaustivo análisis del Estudio Antropológico y su posterior Ampliación realizado por “Mediterráneo S.A.”,
utilizado por la Comisión de Evaluación Ambiental de Los Lagos y por el
Comité de Ministros para evaluar las características culturales de las
familias del sector y la pertinencia de realizar un proceso de consulta
indígena, los ministros del Tercer Tribunal Ambiental decidieron acoger
la reclamación y anular la Resolución de Calificación Ambiental del
proyecto “Central de Pasada Mediterráneo” (RCA Nª128/2014) y su
posterior ratificación por ese Comité. En este sentido, el Tribunal
afirmó haber “llegado a la convicción de que las conclusiones a las
que arribó el Estudio Antropológico Original y su Ampliación fueron
inciertas e inconcluyentes, debido a las múltiples falencias
metodológicas”.
La primera
de dos reclamaciones, acumuladas bajo el Rol R-30-2016, fue presentada
por el Sr. José Cayún Quiroz, miembro de la comunidad Mapuche Domingo
Cayún Panicheo, “por falta de consideración de las observaciones
reclamadas ante el Comité de Ministros, al omitir pronunciamiento de
fondo, respecto de las infracciones normativas alegadas y rechazadas
totalmente”.
En su
reclamación, el Sr. Cayún Quiroz señaló que sus observaciones sobre el
estudio antropológico, los efectos sobre la comunidad y la falta de un
adecuado proceso de consulta fueron respondidas únicamente con los
antecedentes y conclusiones “aportados por el titular respecto de la línea de base antropológica”. El Comité de Ministros, representados por el director del SEA, señaló al respecto que “los
arts. 29 y 30 bis LBGMA en relación con el art. 20 de igual norma,
constituían una herramienta recursiva amplia, que permitía al Comité de
Ministros revisar tanto la legalidad, como también aspectos de mérito,
oportunidad y conveniencia. A su juicio, esta conclusión se encuentra en
plena concordancia con el art. 59 LBPA. De lo anterior se seguiría que
las competencias del Comité de Ministros eran amplias, pudiendo
inclusive imponer nuevas condiciones o exigencias o nuevas medidas de
mitigación, compensación y reparación, si fuere necesario”.
La sentencia del Tercer Tribunal Ambiental señala al respecto que “no
constituye ilegalidad que la Autoridad Ambiental motive su decisión en
los argumentos de alguno de los intervinientes en el procedimiento
administrativo y haga referencia ad relationem a los escritos o
instrumentos presentados por ellos. Con todo, esto no la libera de
entregar las razones fundadas en hechos de por qué desechó los
argumentos de los demás intervinientes”.
En la
sentencia, los ministros fueron de la opinión que de los antecedentes
ponderados en el procedimiento de evaluación ambiental del proyecto
Mediterráneo “no se podía concluir sobre la susceptibilidad de
afectación directa y la necesidad de haber mediado consulta indígena
previa. Estos sentenciadores, en consecuencia, se encuentran impedidos
de pronunciarse sobre este asunto por carecer de evidencia”.
En
consecuencia los ministros Sr. Michael Hantke Domas, presidente, Sr.
Roberto Pastén Carrasco y Sr. Pablo Miranda Nigro acogieron la
reclamación y anularon las resoluciones de la COEVA de Los Lagos
(Nº128/2014) y del SEA, que ejecuta el acuerdo del Comité de Ministros
(Nº16/2015). La sentencia acordada contó con el voto concurrente del
Ministro Sr. Roberto Pastén Carrasco, quien estuvo asimismo por acoger
la reclamación, pero estimando que, “en lo que respecta a la falta
de motivo, debió hacerse referencia al estándar de convicción exigible a
la Administración al valorar la prueba”.
Antecedentes del Proyecto
El proyecto Central de pasada Mediterráneo corresponde a una central hidroeléctrica de pasada de 210 MW de capacidad instalada. Esta se ubicaría en el sector de «La Junta»,
donde confluyen los ríos Torrentoso y Manso, desembocando este último
aguas abajo al Lago Tagua Tagua, el que posteriormente da origen al río
Puelo, sector rural de la Comuna de Cochamó, Región de Los Lagos. Las
aguas serían captadas del río Torrentoso, y conducidas por medio de
tuberías a una sala de máquinas subterránea, las que serán devueltas
aguas abajo de la central.
Adicionalmente,
la central hidroeléctrica proyectada se conectaría al Sistema
Interconectado Central, mediante la construcción de una línea de
transmisión de energía eléctrica, de doble circuito y tensión nominal de
220 KV. Esta línea se extendería por 63 kms desde la central
(subestación Alto Reloncaví) y hasta la central Canutillar (subestación
Reloncaví). En su extensión, dicha línea correría a lo largo de los ríos
Manso, Puelo, y del lago Tagua Tagua, cruzando por el aire la bahía de
Cochamó.
Según
datos aportados por el Comité de Ministros (fs. 75), la producción media
anual estimada de la central sería de 1.190 GWh, lo que contribuiría a
reducir cerca de 476.000 toneladas equivalentes de CO2 al año. La
inversión aproximada del Proyecto ascendería a unos cuatrocientos
millones de dólares.
Antecedentes de la Causa R 30 – 2016 en el siguiente ENLACE:
Realizarán transmisión continental radial por la libertad de Machi Fransica Linconao y pres@s políticos Mapuche
Hacemos un llamado urgente a todos los
medios libres, alternativos de comunicación. A todas las mujeres, que
llenaron las calles del continente para decir ni una menos, para
movilizarse y unirse desde el aire en el transmisión continental por la
libertad de la Machi Francisca Linconao, por justicia para Lorenza
Cayuhan y Marcarena Valdés.
Basta de violencia capitalista y patriarcal hacia nuestra madre tierra y nuestro pueblo ancestral Mapuche.
Hazte parte de este esfuerzo, uniéndote a
la transmisión radial continental, en el horario que puedas, que se
transmitirá de 9 a 11 horas, colgándote o sintonizando desde tu radio
libre www.radiokurruf.wordpress.com/
También puedes aportar a esta
programación especial, enviándonos piezas de audio que visibilicen la
justa lucha que llevan las comunidades ancestrales de nuestro continente
y la cruda violencia machista y racista que sufren las mujeres que se
levantan por defender la tierra . Enviado Programas de radios, cuñas
radiales, podcast, microreportajes, reportajes, mensajes de apoyo al
correo Radiokurruf@gmail.com.
Además sintoniza en tu parrilla y viraliza la cuña radial de difusión al llamado a Movilización Nacional e Internacional por la Libertad de la Machi Francisca Linconao este 21 de noviembre: https://archive.org/details/C
Materialicemos la sororidad entre
comunicadoras y comunicadores. Construyamos y aportemos entre todas a
tomarnos el aire y gritar…Kiñe zomo nu rume!
EE.UU.: Trump valora situar a “Perro rabioso” al frente del Pentágono
El futuro presidente de EE.UU., Donald Trump, ha confirmado a través de su cuenta de Twitter que contempla la candidatura del general James Mattis para encabezar el Departamento de Defensa de este país.
‘Chaos’ (caos), ‘Warrior Monk’ (monje de guerra) y ‘Mad Dog Mattis’ (el perro rabioso Mattis) son algunos de los apodos de Mattis, general retirado del Cuerpo de Marines de EE.UU.
“El general James ‘Mad Dog’ Mattis, que está siendo considerado como secretario de Defensa, estuvo ayer impresionante. ¡Un verdadero general de generales!”, reza la publicación de Trump.
A la espera de que el equipo del presidente electo aún anuncie oficialmente el candidato a encabezar el Pentágono, Trump se reunió este sábado con Mattis. Interpelado por los periodistas sobre su candidatura a este puesto, Trump no dijo nada concreto, y se limitó a afirmar: “ya veremos” y “él es el verdadero negocio”.
(Tomado de Russia Today)
El equipo de Trump: racistas y nacionalistas en sintonía con Israel
El común denominador de la nueva administración de Trump y de Israel pasa por consolidar definitivamente la ocupación y humillar a Irán. Los nombramientos van en esa dirección, lo que sin duda llevará más inestabilidad a Oriente Próximo.
EUGENIO GARCÍA GASCÓN - PÚBLICO - Publicado: 20.11.2016 16:03
JERUSALÉN – Israel no tiene más amigos que racistas y nacionalistas, ha escrito este domingo en su última columna en Haaretz el periodista israelí Gideon Levy.
La sentencia puede parecer una paradoja pero responde fielmente a este
nuevo mundo que nació con las elecciones del 8 de noviembre y que está
dominado por amistades y aliados extraños, como ocurre entre Israel y
los nombramientos del presidente electo Donald Trump.
El equipo de Trump tiene todas las papeletas para incrementar la inestabilidad en el mundo, especialmente en Oriente Próximo
En distintos actos de la larga campaña electoral, las
masas gritaron alto y claro cantos y consignas antisemitas, como la de
“JEW-S-A”, un juego de palabras formado sobre la sigla USA mediante el
que se señala que Estados Unidos está dominado por los judíos. Esto
prácticamente no había ocurrido en ese país hasta ahora con la
frecuencia que ha ocurrido durante la campaña electoral de los
republicanos.
Y, sin embargo, en Israel existe una euforia a duras penas contenida con la victoria de Trump que hasta el primer ministro Benjamín Netanyahu
trata de calmar, por ejemplo ordenando a sus ministros que no hagan
declaraciones públicas sobre lo que está sucediendo en Estados Unidos.
Según Gideon Levy, los recientes
nombramientos responden a una política racista, especialmente
islamófoba, que es bien recibida por Israel y sus aliados. “Los racistas
(que Trump ha nombrado) aman a Israel porque Israel está ejecutando sus sueños,
oprime a los árabes, abusa de los musulmanes, les despoja de sus
tierras, los expulsa, los mata, demuele sus casas y pisotea su honor”,
ha escrito Gideon Levy.
Algunos de los nombramientos hablan por sí mismos, como el de Steve Bannon, que será el jefe de estrategia en la Casa Blanca y que es bien conocido por su ideología de nacionalista blanco; o Michael Flynn, un reputado islamófobo que será consejero para la seguridad nacional; o Jeff Sessions, un controvertido racista a quien Trump ha designado fiscal general (equivalente a un ministro de Justicia).
Soldados
israelíes al lado de una parada de autobús con carteles de la rama
israelí del Partido Republicano de EEUU a favor de Donald Trump, cerca
del asentamiento judío de Ariel en Cisjordania. REUTERS / Baz Ratner
Estos y otros nombramientos comparten otro
denominador común, pues su odio africano contra los musulmanes incluye
muy especialmente a Irán, lo que a su vez es otra coincidencia con el
Estado judío. Varios de ellos, como el propio Flynn de una manera
destacada, ya se han manifestado a favor de cancelar el acuerdo nuclear con Teherán o/y a favor de imponer duras sanciones económicas y políticas sobre Teherán que en la práctica pondrán fin al acuerdo negociado por Barack Obama.
Otro nombramiento significativo del que se ha hablado estos días es el del gobernador Mike Huckabee como embajador de Estados Unidos en Tel Aviv.
Aunque Huckabee ha negado que se le haya ofrecido el cargo, el mismo
hecho de que su nombre suene es toda una señal. Huckabee niega la
existencia de los palestinos, rechaza que Israel deba evacuar los
territorios ocupados y cree en la segunda e inminente venida del mesías.Cargos acusados de antisemitismo
A varios de los nuevos altos cargos que ha
nombrado Donald Trump se les ha acusado de antisemitismo en el pasado,
pero esto no parece incordiar al primer ministro Netanyahu. Los dos
principales objetivos de Netanyahu son consolidar definitivamente la ocupación de los territorios palestinos y aislar a Irán y provocar la caída del régimen islamista
para sustituirlo por un régimen fantoche a su servicio. Estos dos
objetivos prioritarios de Netanyahu son compartidos por los cargos
recién nombrados en Estados Unidos.
El 9 de noviembre, el mismo día que las papeletas confirmaron la victoria de Trump, Netanyahu lanzó su primer ataque directo contra Teherán,
algo que no ocurría en los últimos meses pero que con anterioridad
había sido moneda corriente. El furor de Netanyahu contra Obama por el
acuerdo con Irán lo condujo al Congreso de Estados Unidos para atacar
desde su podio la política de Obama.
En estas circunstancias las palabras de Gideon Levy cobran sentido. Los amigos de Israel ya solo se definen por el apoyo que dan a la ocupación y por el grado de islamofobia que presentan. Son, en palabras del periodista israelí, unos amigos racistas y nacionalistas que admiran todo lo que Israel está haciendo a los palestinos y a los musulmanes.
Cuando la administración de Trump entre en la Casa Blanca el 20 de enero se iniciará una nueva época. Algunos analistas sugieren que Trump acabará siendo domado por la realidad mientras que otros creen que comenzará una época muy distinta de la que ha sido el gobierno de Obama. No obstante, está claro que el equipo de Trump tiene todas las papeletas para incrementar la inestabilidad en el mundo y particularmente en Oriente Próximo.
Obama miente con respecto al caso Snowden, asegura WikiLeaks
WikiLeaks ha acusado al presidente saliente de EE.UU. Barack Obama de mentir en relación a su eventual amnistía de Edward Snowden. “Cuando Obama dice que ‘no puede’ perdonar a Snowden, no dice la verdad y sabe que no dice la verdad”, reza el tuit de la organización en su cuenta oficial de Twitter.
WikiLeaks adjunta a su publicación un enlace al portal TechDirt, donde se recoge el comentario de Obama en una entrevista a la revista alemana ‘Der Spiegel’. Interpelado sobre una eventual amnistía a Snowden, Obama dijo que “no puede amnistiar a los que no han acudido al tribunal”, refiriéndose a que a Snowden aún no ha sido condenado.
Sin embargo, el portal recuerda otro caso en la historia de EE.UU. cuando Gerald Ford perdonó a Richard Nixon antes de la formulación de cargos, siendo poco probable que Obama no sepa ya que, según destacan los promotores de la campaña ‘Pardon Edward Snowden’, este año el presidente amnistió a tres estadounidenses iraníes antes de que acudieran al tribunal.
Edward Snowden, exempleado de la CIA y de la NSA, se hizo mundialmente famoso por una serie de revelaciones sobre el espionaje electrónico masivo de Washigton, por lo que fue tachado de ‘traidor’ en EE.UU. El 16 de julio de 2013 Snowden pidió asilo temporal en Rusia que se lo concedió, prolongándoselo en 2014 por tres años.
(Tomado de Russia Today)
Estado español
"Que no nos jodan la vida": IU lanza una campaña para combatir la precariedad laboral
La organización de Alberto Garzón fija como eje principal la articulación de una red política y social para denunciar la mala calidad del mercado laboral que afecta a todos los niveles de la vida y que sirva de "vacuna" contra la extrema derecha que crece en Europa
JAIRO VARGAS - PÙBLICO - Publicado: 21.11.2016 13:25
MADRID.- "Que no nos jodan la vida" es
el provocador lema de una campaña que va marchar la hoja de ruta de
Izquierda Unida durante todo el año. Se trata de una campaña para
combatir la precariedad laboral que, desde la crisis económica, va en aumento en todo el país a
gran velocidad, deteriorando las condiciones laborales, salariales y,
por consiguiente, de todos los aspectos de la vida de gente, según han
explicado en rueda de prensa el coordinador federal de IU, Alberto
Garzón, la secretaria federal de Comunicación, Clara Alonso, y la
responsable de Estrategias para el conflicto, Sira Rego.
Según
Garzón y su equipo, la mala calidad del empleo que se está generando
mientras el Gobierno lanza el mensaje de que se está dejando atrás la
crisis "ha lanzado a la miseria absoluta a las clases populares y ha acabado con lo que llamaban clase media".
Un problema que afecta sobre todo a los jóvenes y a las mujeres y que "imposibilita tener un proyecto vital". El objetivo es "señalar a los culpables" de esta situación y revertir el discurso que "criminaliza y responsabiliza" a las propias "víctimas" de su situación.
La
precariedad fue uno de los grandes ejes aprobados por IU en su última
Asamblea Federal y, durante este curso político, la organización se
volcará para dar una respuesta "desde los valores de la izquierda" a la situación que las personas que no pueden llegar a fin de mes o cubrir sus necesidades básicas aun teniendo un empleo.Vacuna contra la extrema derecha
"La visión política de la gente nace de sus
condiciones materiales, y están empeorando. Uno de cada dos trabajadores
ingresa menos de 900 euros al mes", ha explicado Garzón, que hace
autocrítica y afirma que "los partidos de la izquierda no hemos sido
capaces de articular eso en un compromiso político de respuesta". Garzón
alerta del auge de la extrema derecha en Europa y del avance de concepciones "racistas, xenófobas, machistas y clasistas" que canalizan "a sectores populares frustrados y jodidos por la crisis".
Por eso, el coordinador federal de IU ha asegurado que la campaña también pretender ser una "vacuna contra la extrema derecha"
llegando a "personas que hoy día pasan de la política" pero que al
mismo tiempo son "víctimas de decisiones políticas". “La derecha liberal
sigue empeñada en aumentar la desigualdad y abonar el terreno a la
extrema derecha”, ha dicho Garzón.
Desde IU, han explicado Rego y Alonso, se estrecharán
aún más los lazos con los sindicatos y con los movimientos sociales, se
realizarán encuentro formativos y se facilitarán "guías de actuación" para denunciar conflictos laborales y situaciones de precariedad y actual contra ellos desde las instituciones pero "sobre todo desde las calles".
IU hace una llamamiento a toda su militancia a volcarse en este eje
haciendo de las calles y del entorno digital ─se creará una web de
conflictos laborales y precariedad─ un lugar de encuentro para "construir y reforzar el bloque histórico" de las clases populares y demostrar que "existe una alternativa real" a las políticas que se están llevando a cabo.“Queremos que la gente sepa que no hay soluciones individuales a un problemas colectivo. La solución es colectiva y hay que organizarse", ha asegurado Garzón, que llama a que la campaña trascienda los marcos organizativos de IU y sirva para "que la gente que quiere luchar contra la precariedad tenga herramientas para hacerlo".
Pequeños pasos de gigante hacia el gran salto adelante de las 'monedas locales'
El proyecto del Ayuntamiento de Barcelona de crear una moneda social junto a las experiencias de otras administraciones locales supone una apuesta por unas divisas que ya suman unos setenta casos en todo el Estado y que contribuyen a mejorar las economías locales.
MARC FONT - Público - Publicado: 19.11.2016 20:30
BARCELONA.- Todavía desconocidas para gran parte de la población, las monedas sociales han recibido un espaldarazo esta semana después que el Ayuntamiento de Barcelona anunciara este lunes su intención de poner una en marcha en 2019. El proyecto, que está en una fase muy preliminar, empezará el año que viene con una prueba piloto en
el eje Besòs -en los distritos de Nou Barris, Sant Martí y Sant
Andreu-, que cuenta con una financiación de 4,85 millones de euros de la
Unión Europea. En cualquier caso, la de Barcelona no será la primera
moneda social o local impulsada por una administración que existe en
España, ya que el Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache (Sevilla) creó la ossetana el año pasado y el de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) estrenará la suya en enero.
Paralelamente, desde hace aproximadamente una década de iniciativas
ciudadanas han surgido decenas de monedas sociales en todo el territorio
estatal, que en general se dirigen a comunidades pequeñas y abarcan a
varios miles de personas.
Ahora mismo existen alrededor de 70,
según los datos de Julio Gisbert, experto en monedas sociales y autor
del libro -y del blog homónimo- Vivir sin empleo. ¿Qué
características tienen y a qué se debe su proliferación? “Hay mucha
variedad entre ellas, pero la mayoría se dirigen a un ámbito muy
pequeño, como un barrio o una ciudad. Todavía es un movimiento muy
minoritario, pero se están haciendo más conocidas y más populares. Sus
ventajas son obvias, ya que son una herramienta más de apoyo al comercio local.
Contribuyen a qué el dinero se gaste precisamente en el ámbito local y,
de esta manera, ayudan a la generación de empleo”, resume Gisbert.
A pesar de qué cada moneda social tiene sus particularidades, muchas de ellas tienen un valor intercambiable al del euro, se deben gastar en un plazo determinado para evitar que pierdan valor y garantizar su movilidad -y
no la acumulación- y se pueden usar en los comercios y servicios
asociados. Como sólo son válidas en una determinada área geográfica,
este funcionamiento asegura que su uso beneficie al comercio local.
“Hay
un sentimiento cada vez más general que el movimiento económico,
financiero y monetario derivados del euro y el Banco Central Europeo
(BCE) no nos conviene y no nos va bien y buscamos alternativas”, apunta
Esteve Badia, miembro de la ecoxarxa (ecored) del Bages, un colectivo de
la Catalunya central que utiliza su propia moneda social, llamada hora.
Badia añade como ventajas de una moneda de este tipo, a parte del
fomento de la economía local, que al establecer un circuito de
producción local se contribuye a “reducir el transporte” y, por lo
tanto, la huella ecológica, “porque todo se hace en casa” y se “fomentan
relaciones más cercanas”.Fondos europeos
El previsible salto adelante de estas monedas llegará
con la implicación de varias administraciones locales. Más allá de los
proyectos ya en marcha o a punto de arrancar, muchos otros consistorios
las “tienen en la agenda”, recalca Julio Gisbert. En este sentido, el
experto prevé un “boom” de estas divisas, aunque matiza que “ya veremos si se mantienen en el tiempo”.
Y el apoyo de algunas administraciones públicas llega de la mano de la
financiación europea. Si Barcelona recibirá más de cuatro millones de
euros, a Santa Coloma de Gramenet han llegado más de 130.000 euros de
fondos comunitarios para implantar un sistema de pago virtual
complementario al euro.
En este caso el proyecto ya está muy
definido y según ha detallado la alcaldesa de esta ciudad del área
metropolitana de Barcelona, la socialista Núria Parlon, servirá para
“mejorar la economía local y multiplicar el gasto público en la ciudad”.
La moneda ya cuenta con su reglamento de uso, que ha sido aprobado por
el Banco de España, y en la primera fase se pondrá en circulación con el
pago de parte de las subvenciones a las entidades locales. Poco
después, también durante el primer semestre del 2017, los funcionarios
que quieran podrán recibir hasta un 30% de su salario en ella. De momento ya hay más de 100 comercios
que se han adherido a la campaña y la previsión es que pronto se supere
los 150. La ventaja, como en otras experiencias, es que el método de
pago se centrará sólo en la ciudad, lo que garantiza que el dinero se
gaste en ella.Transparencia y retorno al sentido original del dinero
A nivel internacional hay experiencias de monedas locales bastante consolidadas en lugares tan distintos como Bristol (Reino Unido), donde se pueden pagar impuestos con ella; Toulose o Nantes, en Francia; o Cerdeña, en Italia. En Catalunya, una de las más veteranas es la turuta, de Vilanova i la Geltrú, un municipio de cerca de 70.000 habitantes. Creada en 2010, está gestionada por la asociación Transició VNG y ahora mismo suma 350 socios y 35 comercios o ofertantes de servicios. Uno de sus fundadores y actual presidente de Transició VNG, Ton Dalmau, cuenta a Público que “la base monetaria la creamos con la regeneración de tierras. Cada hora de trabajo en ellas para mejorar el ecosistema equivale a un máximo de 10 turutas y a partir de aquí los socios ya pueden intercambiar lo que quieran con ellas”. También se pueden cambiar euros por turutas -no al revés- en la sede de cambio de la asociación, que está en la oficina de Triodos Bank.El pleno del Ayuntamiento de Vilanova aprobó en 2014 una moción para convertir la turuta en la moneda social de la localidad, un gesto simbólico pero a la vez una muestra de apoyo a la iniciativa. Dalmau recalca que estas monedas se convierten “un espacio de aprendizaje que permite ir avanzando hacia una sociedad de intercambio”. “Al final y al cabo, con ellas volvemos al sentido original del dinero, que era ser un instrumento para facilitar el intercambio de productos”, añade Dalmau, que se define como un partidario de la “glocalización”, en la que se complementen monedas globales, como el euro, con otras de locales, que permitan valorar y estimular el consumo y la producción de aquello cercano.
Otros ejemplos de monedas sociales son la res, que suma unos 1.000 usuarios en Girona, y el eco, de la Cooperativa Integral Catalana, con varios miles. La hora, de la ecoxarxa del Bages, tiene unos 400 y surgió en 2011. Para Esteve Badia, uno de sus usuarios, la mayoría de estas monedas tienen la virtud de la “transparencia”, hasta el punto de que en el caso de la hora el saldo de sus usuarios es público. Además al contar con soportes virtuales, dificultan la economía sumergida y existe “un mayor control sobre el flujo de la moneda”. Badia también subraya que a diferencia de lo que pasa con las monedas convencionales, en estos casos suele haber mecanismos fuertes de participación de los usuarios, que suelen decidir sus normas de funcionamiento en asambleas.
Badia participa en el espacio de coordinación de las monedas sociales, creado por la Xarxa (Red) de Economia Solidària (XES) de Catalunya, que ha permitido trabajar aspectos conjuntamente y que ahora se puedan intercambiar algunas de estas monedas y, además, ganar fuerza y tener un interlocutor más potente por ejemplo con la administración. Lejos de ser una cuestión anecdótica y menor, los espacios de intercambio de experiencias entre monedas locales se han consolidado y si en 2012 Vilanova i la Geltrú acogió el primer encuentro estatal, el año que viene Jerez de la Frontera será la sede del sexto. Pero más allá de la evolución de estas iniciativas ciudadanas, lo que suceda en lugares como Santa Coloma de Gramenet o Barcelona parece clave para saber si estas divisas, que permiten huir de la especulación, definitivamente se convierten en una alternativa o, al menos, en un complemento al euro.
Colau, Forcadell y entidades por la memoria
se comprometen a acabar con la impunidad del franquismo
Una amplia representación de las instituciones y de la sociedad civil catalana denuncian la ausencia de justicia reparadora para todos los que padecieron la represión de la dictadura franquista por su implicación en la lucha por las libertades.
LAURA SAFONT - Pùblico - Publicado: 20.11.2016 22:06
BARCELONA.- Òmnium Cultural y
otras entidades de la sociedad civil catalana han elegido uno de los
inmuebles más significativos de la represión, la cárcel Modelo de
Barcelona, para reclamar justicia por los crímenes de la dictadura.
Pero
en ese mismo acto, y en otros que han tenido lugar en el aniversario de
la muerte del dictador, dirigentes políticos y personas que padecieron
directamente la represión franquista han puesto el acento en el déficit democrático que trajo consigo el llamado régimen del Transición.
Se trata, probablemente, de la última vez que la prisión Modelo abre sus puertas
para un acto público, porque este centro penitenciario, obsoleto,
situado en el centro de la ciudad y de infausto recuerdo para tanta
gente, debería estar cerrado desde hace tiempo.
Ada Colau, alcaldesa de Barcelona, ha anunciado que pronto, con la Generalitat, podrán hacer del terreno que hoy ocupa la Modelo un espacio para la memoria
y para equipamientos al servicio de la ciudadanía. “La lucha contra los
crímenes del franquismo sigue viva entre todos los pueblos del Estado”.
“Nuestro anhelo es gritar justicia y reparación”, ha dicho al
tiempo que recordaba que el Ayuntamiento se ha personado en dos causas y
“colidera una red de ciudades contra la impunidad”.
Se trata, probablemente, de la última vez que la prisión Modelo abre sus puertas para un acto público
Colau, que ha concluido su discurso con una
reivindicación de la República, ha señalado la necesidad de que la lucha
contra la impunidad sea universal, debido al “rebrote del fascismo” en diferentes países.
Criticas a la Ley de Amnistía
La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, por su
parte, ha insistido en que esa impunidad debería “indignar a todos los
ámbitos judiciales y políticos de este país” y se ha mostrado orgullosa
por el paso que dio la cámara que preside a favor de la reparación
jurídica para las víctimas. Y el Conseller de Justicia de la
Generalitat, Carles Mundó, ha afirmado que cada día “tenemos muestras de que el franquismo no ha muerto del todo”.
“El
Estado español es todavía cómplice de los crímenes del franquismo”, ha
dicho el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart. “No permitiremos nunca más que el 20N sea un día de exaltación del franquismo”, “la ley de Amnistía sirvió para que fueran ministros los que antes habían firmado penas de muerte”, ha añadido.Entre los asistentes se encontraban, entre otros, los tenientes de Alcalde de Barcelona Gerardo Pisarello y Jaume Asens; el representante del PDECAT en el mismo ayuntamiento, Xavier Trias; el exdiputado de la CUP David Fernández; la alcaldesa de Berga, Montserrat Venturós; el exdirigente de ERC Josep Lluis Carod Rovira; la hermana de Salvador Puig Antich, Montserrat; la abogada Magda Oranich, así como dirigentes de los sindicatos y de las principales organizaciones soberanistas.
Òmnium Cultural reclama que el espacio que hoy ocupa la cárcel Modelo se convierta en un centro para la memoria de la represión durante el franquismo. Por la mañana, en el Paraninfo de la Universitat de Barcelona, ha tenido lugar otro acto de homenaje a las personas represaliadas por su implicación en la lucha contra la dictadura y a favor de las libertades.
El historiador Josep Fontana ha explicado que "la Transición fue un pacto para tirar hacia delante sin pasar cuentas
El historiador Josep Fontana ha explicado que
"la Transición fue un pacto para tirar hacia delante sin pasar cuentas
de los crímenes de franquismo ni compensar a las víctimas", y en la
misma línea, Borja de Riquer, ha señalado que los gobiernos de izquierda
que ha tenido España durante los últimos cuarenta años no han sabido
solventar, por sus "prudencias excesivas", los problemas derivados del
cierre en falso del período del período de la dictadura.
.En este acto, organizado por la Generalitat, el Conseller de Asuntos Exteriores y Relaciones Institucionales, Raül Romeva,
ha recordado las causas abiertas hoy en día contra cargos electos
independentistas y ha indicado que el proceso soberanista "entronca con
la lucha contra el franquismo, por la libertad, los derechos y la
democracia. “El miedo fue el instrumento de control del franquismo”, ha
explicado el Conseller.Un estudio de 1970 muestra que sólo el 20,8% de los españoles quería una monarquía "después de Franco"
El abogado Joan Garcés rescató en la obra 'Soberanos e intervenidos' una encuesta del informe Foessa 1970 sobre la situación social en el España en el que se recoge las preferencias de los ciudadanos para el futuro. El 49% de los españoles apostaba por una república.
ALEJANDRO TORRÚS - Público -
Publicado: 20.11.2016 23:15
MADRID.- El expresidente del Gobierno Adolfo Suárez
dijo en 1995 a la periodista Victoria Prego que durante la Transición
manejaba encuestas que pronosticaban que, en caso de referéndum, los
españoles elegirían la opción repúblicana. La confesión ha levantado un
sinfín de reacciones, entre las que se encuentran los que han alegado
que en aquella época Suárez ya padecía alzheimer. "Lo que dice ni se ajusta a la verdad ni al sentido común", escribió el director de El Mundo Pedro G. Cuartango, que alegó que el expresidente "ya estaba muy afectado por el deterioro mental que le produjo el mal neurodegenerativo que padeció hasta su muerte"
Más allá de que las afirmaciones de Cuartango entran en contradicción con la biografía del propio Suárez, la Fundación Foessa ya había realizado en 1970 una encuesta en España sobre sus preferencias para "después de Franco". Fue en el Informe sociológico sobre la situación social en España, 1970 que rescató el abogado Joan Garcés para la obra Soberanos e intervenidos. Estrategias globales, americanos y españoles (Siglo XXI de España Editores).
Encuesta recogida en la obra 'Soberanos e intervenidos' de Joan Garcés
La encuesta pregunta a los españoles por el "sistema preferido para después de Franco" y la respuesta es clara: el 49,4% apuesta por la República,
mientras que la monarquía cosecha el 20,8% de los apoyos. Un 29,8%
decía que prefería un sistema "como el actual", es decir, la continuidad
del franquismo.
La misma encuesta desgranaba el apoyo a cada opción por sectores. El 76% de los estudiantes preferían una república,
también el 53% de los abogados, el 45% de los empleados, el 43% de los
médicos y el 30% de los obreros. Por su parte, la opción de la monarquía
borbónica conseguía el apoyo del 1% de los estudiantes, el 23% de los
abogados, el 5% de los empleados y el 5% de los obreros.
Sorprendentemente, la opción mayoritaria en el grupo de "obreros" es la continuidad del régimen franquista, con un 55% de apoyo. Perpetuar la subordinación de los republicanos
Joan Garcés, que ha sido asesor de Salvador
Allende, explica que la revelación de la confesión de Suárez a Victoria
Prego "no revela nada que no fuera conocido por quien quisiera
conocerlo". "Algunas de las encuestas hechas en los años setenta son de
libre acceso, como las publicadas por la Fundación Foessa, o por otras instituciones, españolas y extranjeras, que corroboran lo que Adolfo Suárez dijo en 1995, el amplio y continuado respaldo a la forma republicana de gobierno entre los españoles", señala en declaraciones a Público.
El abogado explica que el "cambio de régimen fue pensado para perpetuar la subordinación de los republicanos españoles"
El abogado, que en 1974 formó parte del equipo personal de François Mitterrand
en las elecciones a la Presidencia de la República francesa, explica
que con estas encuestas en la mano "el cambio de régimen de partido
único (la Falange fascista) al del pluripartidismo entre 1975 y 1977 fue
pensado para perpetuar la subordinación/discriminación de los
republicanos españoles" por lo que las "instituciones creadas a partir
de 1975 buscaron tener bajo control al electorado antes de que se
abrieran las urnas por primera vez desde las elecciones de febrero de
1936".
Así, Garcés, ganador en 1999 del conocido como Premio Nobel Alternativo, defiende que "la ley electoral fue
y se mantiene hoy para primar el voto rural (más conservador) sobre el
resultado del voto de los grandes centros urbanos". Además, explica, "el
distrito provincial (en vez del unipersonal existente antes de 1939), las listas cerradas y bloqueadas,
tuvieron, y tienen, como finalidad que los diputados/senadores elegidos
estén subordinados a quien les pone en (y les quita de) las listas
electorales, más que a sus electores, etc.". Felipe González, en el punto de mira
El control de las élites sobre el proceso de
democratización del Estado para conseguir establecer una monarquía
parlamentaria se ratifica en el hecho de que los partidos republicanos no fueron legalizados
hasta después de las primeras elecciones generales el 15 de junio de
1977. Isabelo Herreros, exsecretario general de Izquierda Republicana
durante la Transición, señala en un reportaje de Público lo siguiente:
"Primero hubo un encuentro con Manuel Fraga,
ministro de la Gobernación hasta julio de 1976, donde nos dijo que
hasta que no quitásemos la 'R' no se nos legalizaría, ni con ese
gobierno ni con ninguno de la Monarquía. Con el gobierno de Suárez
apenas hubo contactos, pues la única interlocución era a través de Juan
José Rosón, gobernador civil de Madrid entre 1976 y 1980, y siempre dijo
que el obstáculo era el PSOE. Nos animaba a convencer a Felipe
González, Javier Solana o Enrique Múgica, al parecer los más
intransigentes con nuestra legalización. Presentamos los papeles cuando
se abrieron los plazos. Martín Villa remitió al Tribunal Supremo
la documentación, pero no para que nos legalizasen si no para que vieran
si en nuestra actuación había hechos delictivos y así proceder contra nosotros". Los líderes de Unidos Podemos comparan las revelaciones de Suárez a Prego con la situación actual
Pablo Iglesias, Alberto Garzón e Íñigo Errejón manifestaron su sorpresa con que las declaraciones del ex presidente, Adolfo Suárez, hayan estado guardadas durante 21 años.
PÚBLICO - Publicado: 19.11.2016 17:44
MADRID-. Pablo Iglesias fue el primer en describir lo que horas más tardes los ciudadanos conoceríamos por ese extracto de entrevista realiza por Victoria Prego al ex presidente del Gobierno, Adolfo Suárez, en 1995, y que venía a reconocer cómo se esquivó la consulta a los ciudadanos sobre Monarquía o República en España.
Fue
durante un acto en Toledo la tarde del viernes donde el líder de Unidos
Podemos advirtió que: "Este viernes La Sexta columna saca un documento
que estaba perdido por ahí, por los archivos de Antena 3 en el que
Suárez reconoce una cosa que todos sabíamos pero que escuchársela
decir es tremenda, que había que meter con calzador lo de la Monarquía
en la Constitución porque si no había que votarlo y si se votaba no estaba claro lo que podría ocurrir".
Y añadió: "Empieza a convertirse en un objeto de culto lo de hace 40 años porque de alguna forma sirve para comprender algunas cosas que están pasando ahora".
Reacciones en Twitter
Durante la emisión Iglesias no hizo ningún comentario pero sí retuiteó mensajes de sus seguidores en el que se podía leer: "Victoria Prego que ocultó el video de Suarez acusa a Pablo Iglesias de poner en peligro la libertad de prensa! Cínica!.
Manel Márquez
Por su parte Alberto Garzón, de Izquierda Unida, también incidió en la comparativa al escribir en sus redes sociales que: "En 1977 las élites blidaron la monarquía porque el pueblo quería república. En 2014, PP y PSOE lo volvieron a hacer".
Alberto Garzón
En 1977 las élites blindaron la monarquía porque el pueblo quería república. En 2014 PP y PSOE lo volvieron a hacer:
Mientras que Íñigo Errejón se lo tomó con ironía y sólo difundió un tuit de un periodista conocido como Gerardo Tecé: "Victoria Prego les contó a sus hijos que los Reyes Magos eran los padres cuando el chico tenía 43 años".
URUGUAY
Lunes 21 • Noviembre • 2016
Todos los partidos acompañarán investigadora por espionaje militar
El Frente Amplio presentará hoy formalmente ante el presidente
de la Cámara de Representantes, Gerardo Amarilla, la solicitud para
conformar una comisión investigadora del espionaje militar en democracia
revelado por el archivo del coronel retirado, Elmar Castiglioni. El
semanario Brecha accedió a documentos del archivo que prueban
el espionaje a partidos políticos, sindicatos, organizaciones sociales y
medios de comunicación en democracia. Entre los vigilados hay figuras
relevantes de todos los partidos, como el actual presidente Tabaré
Vázquez, los ex presidentes Jorge Batlle y Julio María Sanguinetti,
y el dirigente histórico del Partido Nacional Wilson Ferreira Aldunate.
El diputado denunciante será el frenteamplista Luis Puig, que presentará hoy un documento de 150 páginas con las notas de prensa e informes de la historiadora Isabel Wschebor y del decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Álvaro Rico. Ambos oficiaron como peritos para la Justicia en el análisis del material del archivo Castiglioni, en el marco de la causa que investiga la desaparición forzada y asesinato en dictadura de Fernando Miranda.
Puig explicó que la denuncia se presenta “ante la presunción fundada de que en plena democracia los militares estaban llevando adelante operaciones clandestinas de espionaje a dirigentes políticos” y que existía “un ejército de infiltrados amparado por dineros públicos para armar todo un entramado de control y espionaje sobre aspectos fundamentales de la democracia”. El diputado frenteamplista consideró que es fundamental establecer las responsabilidades y llegar a determinar quiénes dictaron las órdenes y quiénes las ejecutaron, así como si estas operaciones de espionaje se detuvieron o continúan hoy. Remarcó que este tema “no debe ser preocupación exclusiva de las fuerzas de izquierda” sino “del conjunto de actores de la democracia”, de modo de dar “un mensaje muy claro de que no se van a permitir este tipo de acciones que atentan contra la democracia” y de que “no se está dispuesto a consagrar una nueva impunidad”.
La bancada del Frente Amplio (FA) resolvió acompañar la instalación de la investigadora, pese a la postura contraria del sector mayoritario de la coalición de izquierda, el Movimiento de Participación Popular (MPP). El Partido Colorado (PC), el Partido Nacional (PN) y el Partido Independiente también votarán a favor de conformar la investigadora. “El PN va a acompañar la propuesta. Parece claro que la situación lo justifica; está de por medio la institucionalidad del país. La eventualidad de que los servicios de inteligencia hayan funcionado de manera ilegítima, espiando a figuras públicas en forma contraria a las normas jurídicas y la ley es de por sí grave y está bien que se investigue”, señaló el diputado del PN Pablo Abdala.
El PC, en tanto, si bien resolverá formalmente sobre el tema cuando conozca la denuncia, acordó “de manera informal que está dispuesto a acompañar la investigadora”, dijo el diputado Conrado Rodríguez. “Todos los partidos políticos han estado a favor de investigar estos supuestos espionajes en democracia. De comprobarse, habrá que ver quiénes fueron los responsables”, afirmó Rodríguez.
Daniel Bianchi, Daniel Peña y Guillermo Facello, legisladores que abandonaron sus respectivos partidos para encolumnarse tras el líder del “Partido de la Gente”, Edgardo Novick, se reunirán hoy para definir su posición sobre este tema. Bianchi, electo por el Partido Colorado, dijo que no tiene una postura definida y aguardará a la instancia de hoy. Peña, electo por el PN, expresó su visión “positiva” sobre las investigadoras. “En general tengo a priori la posición de que todo lo que se quiera investigar se investigue, y que exista la menor cantidad de dudas al respecto. Pero estamos empezando a funcionar como bancada y seguramente lo resolvamos mañana [por hoy]”, aclaró. En cambio, el diputado electo por el PC Guillermo Facello mantiene su postura contraria a conformar una investigadora por este tema. “Mi posición personal es no acompañar esta investigación porque no tiene ningún sentido estar removiendo cosas del pasado cuando el FA se niega a investigar cosas del presente y sobre temas que le interesan mucho más a la gente que esto”, sostuvo.
Este jueves, en sesión especial, la Cámara de Representantes resolverá si habilita la investigadora.
Radiografía de un pensamiento
En el documento elaborado por Isabel Wschebor que será incluido en la denuncia y al que accedió la diaria, denominado “Informe de recomendaciones sobre el destino del archivo incautado”, la historiadora sostiene que el archivo constituye “un testimonio único en relación a las formas de reorganización de la inteligencia militar en un contexto de restauración de la democracia en el país”. De los documentos del archivo se desprende la “preocupación” de los militares “por establecer los estrictos mecanismos de reserva en relación a las acciones de ocultamiento sobre los crímenes cometidos en el período de facto”. “Una de las principales preocupaciones en dicho sentido, está asociada a la posible presencia de individuos adscriptos a organizaciones políticas como el Partido Comunista Uruguayo, buscando de este modo limitar, a la interna de la corporación militar, la presencia de individuos con ideologías políticas que pudiesen contrarrestar un proceso de silenciamiento en relación a las acciones del campo militar en el período inmediatamente anterior al restablecimiento pleno de la democracia”, indica Wschebor.
La historiadora detalla que el archivo contiene documentos personales de Castiglioni, fallecido en 2015, que refieren a sus tareas de inteligencia y estrategia militar; documentos de la vida privada del militar, como cartas o tarjetas personales; correspondencia; relevamiento de prensa, en particular una selección de entrevistas a Julio María Sanguinetti y al exministro de Defensa del gobierno de Luis Alberto Lacalle, Mariano Brito, donde ambos refieren a la necesidad de preservar la estabilidad de las Fuerzas Armadas, y expedientes de organismos de Inteligencia del Ministerio de Defensa Nacional referidos a asuntos diversos.
En el archivo hay un expediente relativo a la maestra desaparecida Elena Quinteros, cuya información ya fue procesada por los historiadores que trabajaron en convenio con Presidencia, así como una carpeta de seguimiento a Macarena Gelman tiempo después de haber sido identificada, señala el informe. También hay documentación “significativamente más voluminosa” que la que se conocía hasta el momento sobre las denuncias del ex soldado Sergio Ramón Pintado Otero, quien testificó en la causa de Quinteros. Wschebor señala que estos expedientes deberían ser cotejados con la documentación existente en el archivo de la Dirección Nacional de Inteligencia del Estado, donde Castiglioni ejerció como director, “a los efectos de comprobar si se trata de expedientes del organismo que fueron extraídos por él durante su función pública”, y si podía realizar investigaciones sobre personas sin una orden judicial.
Castiglioni también guardaba documentación sobre la masonería en Uruguay y en Argentina.
Wschebor recomienda reproducir “las informaciones que pueden ser consideradas probatorias de crímenes de lesa humanidad en dictadura” y entregarlas a la unidad especializada de la fiscalía que trabaja en el tema, así como transferir “de manera integral” el acervo al Archivo General de la Nación e inventariarlo. Luego, señala la historiadora, sería conveniente iniciar un proceso de desclasificación de los archivos para la investigación. Wschebor remarca que más allá del uso que le dé la Justicia al archivo, este debe ser abordado “desde diferentes enfoques y ciencias sociales, porque constituye el primer fondo documental integral que permite estudiar la mirada militar sobre el período de la transición”.
El diputado denunciante será el frenteamplista Luis Puig, que presentará hoy un documento de 150 páginas con las notas de prensa e informes de la historiadora Isabel Wschebor y del decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Álvaro Rico. Ambos oficiaron como peritos para la Justicia en el análisis del material del archivo Castiglioni, en el marco de la causa que investiga la desaparición forzada y asesinato en dictadura de Fernando Miranda.
Puig explicó que la denuncia se presenta “ante la presunción fundada de que en plena democracia los militares estaban llevando adelante operaciones clandestinas de espionaje a dirigentes políticos” y que existía “un ejército de infiltrados amparado por dineros públicos para armar todo un entramado de control y espionaje sobre aspectos fundamentales de la democracia”. El diputado frenteamplista consideró que es fundamental establecer las responsabilidades y llegar a determinar quiénes dictaron las órdenes y quiénes las ejecutaron, así como si estas operaciones de espionaje se detuvieron o continúan hoy. Remarcó que este tema “no debe ser preocupación exclusiva de las fuerzas de izquierda” sino “del conjunto de actores de la democracia”, de modo de dar “un mensaje muy claro de que no se van a permitir este tipo de acciones que atentan contra la democracia” y de que “no se está dispuesto a consagrar una nueva impunidad”.
La bancada del Frente Amplio (FA) resolvió acompañar la instalación de la investigadora, pese a la postura contraria del sector mayoritario de la coalición de izquierda, el Movimiento de Participación Popular (MPP). El Partido Colorado (PC), el Partido Nacional (PN) y el Partido Independiente también votarán a favor de conformar la investigadora. “El PN va a acompañar la propuesta. Parece claro que la situación lo justifica; está de por medio la institucionalidad del país. La eventualidad de que los servicios de inteligencia hayan funcionado de manera ilegítima, espiando a figuras públicas en forma contraria a las normas jurídicas y la ley es de por sí grave y está bien que se investigue”, señaló el diputado del PN Pablo Abdala.
El PC, en tanto, si bien resolverá formalmente sobre el tema cuando conozca la denuncia, acordó “de manera informal que está dispuesto a acompañar la investigadora”, dijo el diputado Conrado Rodríguez. “Todos los partidos políticos han estado a favor de investigar estos supuestos espionajes en democracia. De comprobarse, habrá que ver quiénes fueron los responsables”, afirmó Rodríguez.
Daniel Bianchi, Daniel Peña y Guillermo Facello, legisladores que abandonaron sus respectivos partidos para encolumnarse tras el líder del “Partido de la Gente”, Edgardo Novick, se reunirán hoy para definir su posición sobre este tema. Bianchi, electo por el Partido Colorado, dijo que no tiene una postura definida y aguardará a la instancia de hoy. Peña, electo por el PN, expresó su visión “positiva” sobre las investigadoras. “En general tengo a priori la posición de que todo lo que se quiera investigar se investigue, y que exista la menor cantidad de dudas al respecto. Pero estamos empezando a funcionar como bancada y seguramente lo resolvamos mañana [por hoy]”, aclaró. En cambio, el diputado electo por el PC Guillermo Facello mantiene su postura contraria a conformar una investigadora por este tema. “Mi posición personal es no acompañar esta investigación porque no tiene ningún sentido estar removiendo cosas del pasado cuando el FA se niega a investigar cosas del presente y sobre temas que le interesan mucho más a la gente que esto”, sostuvo.
Este jueves, en sesión especial, la Cámara de Representantes resolverá si habilita la investigadora.
Radiografía de un pensamiento
En el documento elaborado por Isabel Wschebor que será incluido en la denuncia y al que accedió la diaria, denominado “Informe de recomendaciones sobre el destino del archivo incautado”, la historiadora sostiene que el archivo constituye “un testimonio único en relación a las formas de reorganización de la inteligencia militar en un contexto de restauración de la democracia en el país”. De los documentos del archivo se desprende la “preocupación” de los militares “por establecer los estrictos mecanismos de reserva en relación a las acciones de ocultamiento sobre los crímenes cometidos en el período de facto”. “Una de las principales preocupaciones en dicho sentido, está asociada a la posible presencia de individuos adscriptos a organizaciones políticas como el Partido Comunista Uruguayo, buscando de este modo limitar, a la interna de la corporación militar, la presencia de individuos con ideologías políticas que pudiesen contrarrestar un proceso de silenciamiento en relación a las acciones del campo militar en el período inmediatamente anterior al restablecimiento pleno de la democracia”, indica Wschebor.
La historiadora detalla que el archivo contiene documentos personales de Castiglioni, fallecido en 2015, que refieren a sus tareas de inteligencia y estrategia militar; documentos de la vida privada del militar, como cartas o tarjetas personales; correspondencia; relevamiento de prensa, en particular una selección de entrevistas a Julio María Sanguinetti y al exministro de Defensa del gobierno de Luis Alberto Lacalle, Mariano Brito, donde ambos refieren a la necesidad de preservar la estabilidad de las Fuerzas Armadas, y expedientes de organismos de Inteligencia del Ministerio de Defensa Nacional referidos a asuntos diversos.
En el archivo hay un expediente relativo a la maestra desaparecida Elena Quinteros, cuya información ya fue procesada por los historiadores que trabajaron en convenio con Presidencia, así como una carpeta de seguimiento a Macarena Gelman tiempo después de haber sido identificada, señala el informe. También hay documentación “significativamente más voluminosa” que la que se conocía hasta el momento sobre las denuncias del ex soldado Sergio Ramón Pintado Otero, quien testificó en la causa de Quinteros. Wschebor señala que estos expedientes deberían ser cotejados con la documentación existente en el archivo de la Dirección Nacional de Inteligencia del Estado, donde Castiglioni ejerció como director, “a los efectos de comprobar si se trata de expedientes del organismo que fueron extraídos por él durante su función pública”, y si podía realizar investigaciones sobre personas sin una orden judicial.
Castiglioni también guardaba documentación sobre la masonería en Uruguay y en Argentina.
Wschebor recomienda reproducir “las informaciones que pueden ser consideradas probatorias de crímenes de lesa humanidad en dictadura” y entregarlas a la unidad especializada de la fiscalía que trabaja en el tema, así como transferir “de manera integral” el acervo al Archivo General de la Nación e inventariarlo. Luego, señala la historiadora, sería conveniente iniciar un proceso de desclasificación de los archivos para la investigación. Wschebor remarca que más allá del uso que le dé la Justicia al archivo, este debe ser abordado “desde diferentes enfoques y ciencias sociales, porque constituye el primer fondo documental integral que permite estudiar la mirada militar sobre el período de la transición”.
Preocupación actual
Los documentos del archivo Castiglioni permiten concluir que el coronel
retirado estaba preocupado por la posibilidad de que OSE realizara obras
en la zona del Grupo de Artillería de Defensa Antiaérea Nº 1, en
Canelones, sujeto actualmente a medidas cautelares por el Juzgado de
Pando porque se presume que allí podrían estar enterrados los cuerpos de
cinco detenidos desaparecidos. En esa zona se están realizando
excavaciones, y el viernes 18 la Justicia resolvió ampliar el área de
excavación, al constatarse “algunas anomalías en el terreno que no
serían naturales”, explicó el abogado Óscar López Goldaracena, quien en
2008 recibió de forma anónima un croquis señalando enterramientos en ese
lugar.
La democracia vigilada
21
Nov
Este
lunes la sede del PIT-CNT será el ámbito de análisis y discusión sobre
la actuación de los servicios de inteligencia en un encuentro denominado
“La democracia vigilada”.
A las 18 horas de este lunes 21, figuras destacadas de la sociedad provenientes del Derecho, periodismo de investigación y DDHH, brindarán una charla en la sede central del PIT-CNT.
La responsable de la Secretaria de DDHH de la central, Fernanda Aguirre, adelantó al Portal que el encuentro es considerado por el PIT-CNT como “altamente relevante” por las características del panel y especialmente, el tema de los archivos revelados.
“Desde la Secretaría de DDHH del PIT-CNT entendemos que es de vital importancia no dejar pasar por alto hechos graves que atentan contra el ejercicio de actividades democráticas como lo son la actividad sindical y política”.
El encuentro del lunes 21 a las 18 horas, participarán como panelistas Samuel Blixen, “periodista comprometido que nos ha acercado este material”, Mirtha Guiaze, “exfiscal integrante de la Institución de DDHH”, Isabel Wschebor, “que entre otras cosas ha sido analista de parte de los archivos” y Pablo Chagoñia “como responsable del equipo jurídico del Observatorio Luz Ibarburu”. Según explicó Aguirre, el encuentro “La democracia vigilada” del próximo lunes, “es importante especialmente para que los trabajadores organizados nos interioricemos y encontremos elementos para tomar posición activa frente al avasallamiento de nuestros derechos por parte de las instituciones del Estado”. En este sentido, la integrante del Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT sostuvo que el Estado “debería velar por garantizar los derechos y no coartarlos, vigilándonos”.
Desde la Secretaria de DDHH de la central se entiende que “los hechos ilícitos que hay que juzgar no son solamente los del periodo de la dictadura, sino también los que se hayan ejercido en periodo democrático, como en principio ha quedado demostrado a la luz a través de estos documentos”.
A las 18 horas de este lunes 21, figuras destacadas de la sociedad provenientes del Derecho, periodismo de investigación y DDHH, brindarán una charla en la sede central del PIT-CNT.
La responsable de la Secretaria de DDHH de la central, Fernanda Aguirre, adelantó al Portal que el encuentro es considerado por el PIT-CNT como “altamente relevante” por las características del panel y especialmente, el tema de los archivos revelados.
“Desde la Secretaría de DDHH del PIT-CNT entendemos que es de vital importancia no dejar pasar por alto hechos graves que atentan contra el ejercicio de actividades democráticas como lo son la actividad sindical y política”.
El encuentro del lunes 21 a las 18 horas, participarán como panelistas Samuel Blixen, “periodista comprometido que nos ha acercado este material”, Mirtha Guiaze, “exfiscal integrante de la Institución de DDHH”, Isabel Wschebor, “que entre otras cosas ha sido analista de parte de los archivos” y Pablo Chagoñia “como responsable del equipo jurídico del Observatorio Luz Ibarburu”. Según explicó Aguirre, el encuentro “La democracia vigilada” del próximo lunes, “es importante especialmente para que los trabajadores organizados nos interioricemos y encontremos elementos para tomar posición activa frente al avasallamiento de nuestros derechos por parte de las instituciones del Estado”. En este sentido, la integrante del Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT sostuvo que el Estado “debería velar por garantizar los derechos y no coartarlos, vigilándonos”.
Desde la Secretaria de DDHH de la central se entiende que “los hechos ilícitos que hay que juzgar no son solamente los del periodo de la dictadura, sino también los que se hayan ejercido en periodo democrático, como en principio ha quedado demostrado a la luz a través de estos documentos”.
Los gráficos de Gabriel "Saracho" Carbajales
Lunes 21 • Noviembre • 2016
El abogado Ramadori dijo que Tróccoli fue tratado en Italia “como un ser humano” y que “él no hizo lo mismo con sus víctimas”
En la audiencia pública del juicio por la Operación Cóndor del
18 de noviembre se presentaron ante la Tercera Corte de Asís de Roma las
declaraciones finales de los abogados Alessia Liistro, Alicia Mejía,
Martina Felicori y Andrea Ramadori para los casos de siete
desaparecidos: los uruguayos Célica Gómez, Aída Sanz, Elsa Fernández y
Guillermo Sobrino, los ítaloargentinos Luis Stamponi y Horacio Campiglia
y el ítalochileno Jaime Donato.
La abogada Alessia Liistro empezó su intervención con el caso de Célica Gómez, por cuyo secuestro y desaparición está acusado el marino uruguayo Jorge Néstor Tróccoli, en razón de su pertenencia al cuerpo de Fusileros Navales, de su rol de oficial de conexión con el Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas y del S2 del Fusna (Departamento de Inteligencia). Liistro evidenció la brutalidad de las operaciones que involucraron a Célica Gómez, que se inscriben en la gran ofensiva en contra de los Grupos de Acción Unificadora y del Partido Comunista Revolucionario (PCR), ofensiva que se volcó con violencia “sobre los militantes y sobre quienes tenían relaciones parentales, de amistad y de afecto hacia ellos”. La abogada mostró a la Corte las pruebas exhibidas durante las audiencias y enumeró los testimonios que permiten una reconstrucción de los acontecimientos que han llevado a la desaparición de Gómez. Célica fue secuestrada en Buenos Aires el 3 de enero de 1978 a las 17.30, cuando salía de su trabajo en la agencia de noticias Télam. Era hermana de Néstor Gómez, militante del PCR, refugiado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en París, y recibía cartas de él que luego entregaba a Carlos Cabezudo. Liistro recordó a la Corte el testimonio de Néstor Gómez, quien relató “todas las tentativas de encontrar a su hermana y de saber algo sobre su paradero” y rememoró el dolor que le impidió hablar de lo que descubrió años después, dejando ese relato a Ángel Gallero, otro militante del PCR, que vio a Célica en el centro de detención clandestino de La Tablada, en Montevideo. Liistro detalló el testimonio de Gallero, las torturas que él mismo sufrió y las reiteradas torturas y violaciones que soportó Célica. La abogada se dirigió a la Corte con una exhortación: “Hemos escuchado una cantidad impresionante de testimonios sobre torturas en este juicio y hemos aprendido a anestesiarnos respecto de eso. ¡Yo les pido que ahora se despierten!”. Liistro especificó los testimonios que prueban la responsabilidad de Tróccoli en la desaparición y el homicidio de la joven uruguaya: “Martín Ponce de León, quien en un documento, construido sobre la base de documentos oficiales y entregado a la Corte, esquematiza y cruza secuestros, víctimas y grupos de militancia con los viajes de Tróccoli a Argentina; Mirtha Guianze, quien aporta elementos definitivos para evaluar la responsabilidad de Tróccoli; Cristina Fynn, quien reconoció en Tróccoli a Federico, uno de sus torturadores y vio la cara de Tróccoli cuando le bajaron la venda para que firmara la confesión; Rosa Barreix, quien confirma el seudónimo de Tróccoli y cuenta que él le hablaba de los compañeros secuestrados en Buenos Aires; Roger Rodríguez, quien muestra un documento desclasificado en el que el embajador de Estados Unidos en Buenos Aires hace referencia al Departamento de Estado [de Estados Unidos] sobre un traslado de ciudadanos uruguayos de Buenos Aires a Montevideo: en el listado está el nombre de Célica”. En sus conclusiones, sobre la base de las pruebas presentadas, la abogada dejó constancia del secuestro de Célica, de su detención en el centro clandestino de detención, tortura y exterminio conocido como Pozo de Banfield y en La Tablada, de la colaboración entre la marina uruguaya y la argentina, de los viajes de Tróccoli y de su rol como parte del S2, de las mismas palabras de Tróccoli con las que admitió haber utilizado la violencia para conseguir información. “De todo eso resulta evidente la responsabilidad de Tróccoli como autor moral y material del delito de secuestro, tortura y homicidio de Célica Gómez”, concluyó.
La abogada Liistro también hizo declaraciones finales sobre el caso de Luis Stamponi, militante del Ejercito de Liberación Nacional de Bolivia, detenido en ese país en 1976 y trasladado a Argentina, donde desapareció junto a su madre, Mafalda Corinaldesi, quien, tras enterarse de su secuestro, lo estaba buscando.
La abogada Alicia Mejía dejó el análisis puntual de los casos a sus colegas y se focalizó en el examen de la Operación Cóndor: “Creo que es necesario enmarcar todos esos acontecimientos en un ámbito histórico y político. América Latina es un continente que soportó una pesada influencia estadounidense en razón de intereses políticos y económicos”. Luego explicó la denominación “cóndor” mediante una analogía con el ave de rapiña que da nombre al plan de coordinación represiva: “El cóndor es un animal típico de América, un animal real, un ave de presa que vive en la parte más alta de las montañas y controla todo lo que sucede en los llanos. Desde allí identifica a su víctima, baja, la atrapa y la lleva a las alturas, donde la destruye completamente. Este es el nombre de una operación policial y es la imagen de lo que ocurrió en América Latina. Fue una operación puesta en marcha por el mismo Estado y, por lo tanto, más odiosa, ya que el Estado está llamado a proteger y defender a sus ciudadanos. Por eso se merece una condena ejemplar”.
Sobre el tema de las pruebas y de la evaluación de estas, que la Corte será llamada a verificar, focalizó su atención en la credibilidad de los testigos: “¿Qué intereses pueden tener, sino la verdad, personas que viajaron desde lugares lejanos para contar una realidad que vivieron en primera persona como familiares o como sobrevivientes? Es gente que fue víctima de acciones represivas, que experimentó la represión en su propia carne, y por eso tiene una credibilidad absoluta”. Mejía enumeró también la enorme cantidad de documentación oficial utilizada en el juicio, proveniente de archivos oficiales, de la desclasificación de material de diferentes agencias gubernamentales, y de informes elaborados por diferentes comisiones para la paz. Prosiguió: “La Operación Cóndor determinó la muerte de muchísimos ciudadanos; una de las consecuencias, además de la pérdida de individuos, es la desaparición de una generación entera de dirigentes políticos, de estudiantes, de profesores, de obreros, de religiosos. Se trata de la parte más sana de la sociedad, personas que tenían ideas y propuestas valiosas; se interrumpió el desarrollo social de la región entera”.
Para concluir su declaración, la abogada Mejía persistió en la responsabilidad de Tróccoli poniendo en duda las pruebas a su favor y los testigos que el imputado llevó a la audiencia: “Estamos hablando de viajes entre Uruguay y Argentina, países que son vecinos, separados por un río que, en ese entonces, se atravesaba en una hora y 40 minutos en barco. Un viaje que demoraba una hora de avión. La presencia de Tróccoli en Uruguay en las fiestas de Navidad no se puede justificar mediante declaraciones genéricas de sus familiares. Las fiestas de Navidad empiezan el 24 de diciembre; la operación en Argentina se desarrolló entre el 20 y el 22 de diciembre. Tróccoli pudo quedarse tranquilamente en Buenos Aires hasta el 22 de diciembre y comer panettone en Uruguay con su familia el 24. Las fotografías exhibidas son genéricas y no tienen una fecha; por lo tanto, no tienen validez como prueba”.
La abogada Martina Felicori presentó su alegato para el caso del ciudadano ítaloargentino Horacio Campiglia, dirigente de Montoneros secuestrado en Brasil en 1980 y trasladado a Argentina, donde se pierden sus rastros.
El abogado Andrea Ramadori habló sobre Aída Celia Sanz Fernández, Elsa Haydée Fernández Lanzani de Sanz y Guillermo Manuel Sobrino Berardi. “Son tres de la víctimas de la oleada represiva que se extendió entre diciembre de 1977 y enero de 1978, y trataré los casos conjuntamente para la contextualización de los acontecimientos y de la responsabilidad”. Ramadori reconstruyó las circunstancias del secuestro y de la desaparición de los tres; por medio de los testimonios escuchados, recompuso lo que vivieron en los calabozos del Pozo de Banfield. Relató el parto en cautiverio de Aída Sanz y subrayó la fuerza de esa mujer, que logró avisar a su compañero de encarcelamiento, Washington Rodríguez, de la presencia de 22 uruguayos en aquel lugar y le pidió que denunciara el hecho ante la ONU en caso de ser liberado. “Gracias a esa denuncia, que se cruza con los habeas corpus presentados por los familiares, hoy sabemos dónde fueron llevados esos ciudadanos y podemos imaginar lo que pasó con ellos”, dijo Ramadori. Para concluir, el abogado agradeció a la Corte subrayando la dificultad de ese proceso que pide un juicio sobre “hechos acontecidos en lugares lejanos y en tiempos lejanos”. “El compendio probatorio a cargo del imputado Tróccoli es notable, y creo que son inaceptables sus palabras, durante la declaración espontánea, sobre el maltrato recibido en la cárcel italiana de Regina Coeli. En Italia fue tratado como un ser humano; él no hizo lo mismo con sus víctimas”, finalizó.
La abogada Alessia Liistro empezó su intervención con el caso de Célica Gómez, por cuyo secuestro y desaparición está acusado el marino uruguayo Jorge Néstor Tróccoli, en razón de su pertenencia al cuerpo de Fusileros Navales, de su rol de oficial de conexión con el Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas y del S2 del Fusna (Departamento de Inteligencia). Liistro evidenció la brutalidad de las operaciones que involucraron a Célica Gómez, que se inscriben en la gran ofensiva en contra de los Grupos de Acción Unificadora y del Partido Comunista Revolucionario (PCR), ofensiva que se volcó con violencia “sobre los militantes y sobre quienes tenían relaciones parentales, de amistad y de afecto hacia ellos”. La abogada mostró a la Corte las pruebas exhibidas durante las audiencias y enumeró los testimonios que permiten una reconstrucción de los acontecimientos que han llevado a la desaparición de Gómez. Célica fue secuestrada en Buenos Aires el 3 de enero de 1978 a las 17.30, cuando salía de su trabajo en la agencia de noticias Télam. Era hermana de Néstor Gómez, militante del PCR, refugiado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en París, y recibía cartas de él que luego entregaba a Carlos Cabezudo. Liistro recordó a la Corte el testimonio de Néstor Gómez, quien relató “todas las tentativas de encontrar a su hermana y de saber algo sobre su paradero” y rememoró el dolor que le impidió hablar de lo que descubrió años después, dejando ese relato a Ángel Gallero, otro militante del PCR, que vio a Célica en el centro de detención clandestino de La Tablada, en Montevideo. Liistro detalló el testimonio de Gallero, las torturas que él mismo sufrió y las reiteradas torturas y violaciones que soportó Célica. La abogada se dirigió a la Corte con una exhortación: “Hemos escuchado una cantidad impresionante de testimonios sobre torturas en este juicio y hemos aprendido a anestesiarnos respecto de eso. ¡Yo les pido que ahora se despierten!”. Liistro especificó los testimonios que prueban la responsabilidad de Tróccoli en la desaparición y el homicidio de la joven uruguaya: “Martín Ponce de León, quien en un documento, construido sobre la base de documentos oficiales y entregado a la Corte, esquematiza y cruza secuestros, víctimas y grupos de militancia con los viajes de Tróccoli a Argentina; Mirtha Guianze, quien aporta elementos definitivos para evaluar la responsabilidad de Tróccoli; Cristina Fynn, quien reconoció en Tróccoli a Federico, uno de sus torturadores y vio la cara de Tróccoli cuando le bajaron la venda para que firmara la confesión; Rosa Barreix, quien confirma el seudónimo de Tróccoli y cuenta que él le hablaba de los compañeros secuestrados en Buenos Aires; Roger Rodríguez, quien muestra un documento desclasificado en el que el embajador de Estados Unidos en Buenos Aires hace referencia al Departamento de Estado [de Estados Unidos] sobre un traslado de ciudadanos uruguayos de Buenos Aires a Montevideo: en el listado está el nombre de Célica”. En sus conclusiones, sobre la base de las pruebas presentadas, la abogada dejó constancia del secuestro de Célica, de su detención en el centro clandestino de detención, tortura y exterminio conocido como Pozo de Banfield y en La Tablada, de la colaboración entre la marina uruguaya y la argentina, de los viajes de Tróccoli y de su rol como parte del S2, de las mismas palabras de Tróccoli con las que admitió haber utilizado la violencia para conseguir información. “De todo eso resulta evidente la responsabilidad de Tróccoli como autor moral y material del delito de secuestro, tortura y homicidio de Célica Gómez”, concluyó.
La abogada Liistro también hizo declaraciones finales sobre el caso de Luis Stamponi, militante del Ejercito de Liberación Nacional de Bolivia, detenido en ese país en 1976 y trasladado a Argentina, donde desapareció junto a su madre, Mafalda Corinaldesi, quien, tras enterarse de su secuestro, lo estaba buscando.
La abogada Alicia Mejía dejó el análisis puntual de los casos a sus colegas y se focalizó en el examen de la Operación Cóndor: “Creo que es necesario enmarcar todos esos acontecimientos en un ámbito histórico y político. América Latina es un continente que soportó una pesada influencia estadounidense en razón de intereses políticos y económicos”. Luego explicó la denominación “cóndor” mediante una analogía con el ave de rapiña que da nombre al plan de coordinación represiva: “El cóndor es un animal típico de América, un animal real, un ave de presa que vive en la parte más alta de las montañas y controla todo lo que sucede en los llanos. Desde allí identifica a su víctima, baja, la atrapa y la lleva a las alturas, donde la destruye completamente. Este es el nombre de una operación policial y es la imagen de lo que ocurrió en América Latina. Fue una operación puesta en marcha por el mismo Estado y, por lo tanto, más odiosa, ya que el Estado está llamado a proteger y defender a sus ciudadanos. Por eso se merece una condena ejemplar”.
Sobre el tema de las pruebas y de la evaluación de estas, que la Corte será llamada a verificar, focalizó su atención en la credibilidad de los testigos: “¿Qué intereses pueden tener, sino la verdad, personas que viajaron desde lugares lejanos para contar una realidad que vivieron en primera persona como familiares o como sobrevivientes? Es gente que fue víctima de acciones represivas, que experimentó la represión en su propia carne, y por eso tiene una credibilidad absoluta”. Mejía enumeró también la enorme cantidad de documentación oficial utilizada en el juicio, proveniente de archivos oficiales, de la desclasificación de material de diferentes agencias gubernamentales, y de informes elaborados por diferentes comisiones para la paz. Prosiguió: “La Operación Cóndor determinó la muerte de muchísimos ciudadanos; una de las consecuencias, además de la pérdida de individuos, es la desaparición de una generación entera de dirigentes políticos, de estudiantes, de profesores, de obreros, de religiosos. Se trata de la parte más sana de la sociedad, personas que tenían ideas y propuestas valiosas; se interrumpió el desarrollo social de la región entera”.
Para concluir su declaración, la abogada Mejía persistió en la responsabilidad de Tróccoli poniendo en duda las pruebas a su favor y los testigos que el imputado llevó a la audiencia: “Estamos hablando de viajes entre Uruguay y Argentina, países que son vecinos, separados por un río que, en ese entonces, se atravesaba en una hora y 40 minutos en barco. Un viaje que demoraba una hora de avión. La presencia de Tróccoli en Uruguay en las fiestas de Navidad no se puede justificar mediante declaraciones genéricas de sus familiares. Las fiestas de Navidad empiezan el 24 de diciembre; la operación en Argentina se desarrolló entre el 20 y el 22 de diciembre. Tróccoli pudo quedarse tranquilamente en Buenos Aires hasta el 22 de diciembre y comer panettone en Uruguay con su familia el 24. Las fotografías exhibidas son genéricas y no tienen una fecha; por lo tanto, no tienen validez como prueba”.
La abogada Martina Felicori presentó su alegato para el caso del ciudadano ítaloargentino Horacio Campiglia, dirigente de Montoneros secuestrado en Brasil en 1980 y trasladado a Argentina, donde se pierden sus rastros.
El abogado Andrea Ramadori habló sobre Aída Celia Sanz Fernández, Elsa Haydée Fernández Lanzani de Sanz y Guillermo Manuel Sobrino Berardi. “Son tres de la víctimas de la oleada represiva que se extendió entre diciembre de 1977 y enero de 1978, y trataré los casos conjuntamente para la contextualización de los acontecimientos y de la responsabilidad”. Ramadori reconstruyó las circunstancias del secuestro y de la desaparición de los tres; por medio de los testimonios escuchados, recompuso lo que vivieron en los calabozos del Pozo de Banfield. Relató el parto en cautiverio de Aída Sanz y subrayó la fuerza de esa mujer, que logró avisar a su compañero de encarcelamiento, Washington Rodríguez, de la presencia de 22 uruguayos en aquel lugar y le pidió que denunciara el hecho ante la ONU en caso de ser liberado. “Gracias a esa denuncia, que se cruza con los habeas corpus presentados por los familiares, hoy sabemos dónde fueron llevados esos ciudadanos y podemos imaginar lo que pasó con ellos”, dijo Ramadori. Para concluir, el abogado agradeció a la Corte subrayando la dificultad de ese proceso que pide un juicio sobre “hechos acontecidos en lugares lejanos y en tiempos lejanos”. “El compendio probatorio a cargo del imputado Tróccoli es notable, y creo que son inaceptables sus palabras, durante la declaración espontánea, sobre el maltrato recibido en la cárcel italiana de Regina Coeli. En Italia fue tratado como un ser humano; él no hizo lo mismo con sus víctimas”, finalizó.
Nadia Angelucci
desde Roma, Italia
AFUSEC
Trabajadores rurales: “será que creen que somos giles”
18
Nov
María
Flores, presidenta del Sindicato Único de Trabajadores del Tambo y
Afines (Sutta) y dirigente de la Unatra (Unión Nacional de Asalariados,
Trabajadores Rurales y Afines), sostuvo al Portal que la coyuntura
actual para el sector en la ronda de Consejos de Salarios está
“trancada” y denunció una serie de instransigencias que han venido
soportando. Incluso con cierta mirada de menosprecio por el trabajo que
desempeñan y la forma en la que se les paga.
En diálogo con el Portal del PIT-CNT, Flores admitió que teniendo en cuenta la realidad que se está viviendo, “los trabajadores achicamos la plataforma de doce puntos reivindicativos e incluso aceptamos que se nos catalogue como un sector en problemas, pero en esa reducción que hicimos de nuestra plataforma a seis puntos básicos llegamos a un punto que no podemos seguir rebajando nuestras reivindicaciones a menos que eso”. En ese sentido, Flores destacó que una pretendida rebaja de los planteos básicos de reivindicación “a costa del salario de los trabajadores no”. La dirigente reconoció al Portal que los trabajadores rurales han sido “suficientemente abiertos a entender las problemáticas que se plantean pero llegamos a un punto límite en el que nosotros hemos cedido y las patronales no nos contemplaron ninguno de nuestros reclamos”.
Según destacó la presidente del Sutta, “basados en un estudio realizado por el Instituto Cuesta Duarte, el sector de trabajadores rurales es el único que no cobra nada por antigüedad, nada, ni siquiera un día más”. Flores ejemplificó que cuando los estancieros mencionan su necesidad de contar con personal estable en sus establecimientos “entonces es lógico que les paguen con la antigüedad” por esos años de trabajo en ese mismo lugar. “No nos están regalando nada” enfatizó.
En materia comparativa con lo sucedido unos tres años atrás, en la anterior ronda de salarios, Flores recordó que a pesar que el sector estaba viviendo la crisis producto de la sequía a los trabajadores se les ofreció dos partidas de mil quinientos pesos. “Parece que el sector siempre está en crisis, pero si en aquella ocasión con sequía ofertaron dos partidas de mil quinientos pesos es inadmisible que ahora nos propongan dos partidas de quinientos pesos a pagar en marzo del 2017 y después de fin de año”. Para la dirigente del sector rural, la realidad que afrontan los trabajadores rurales es crítica “y a mi me daría vergüenza irme a veranear a Punta del Este sabiendo que a mis trabajadores les pago 1780 pesos por mes para alimentación y vivienda”.
Para la presidenta del Sutta, venir a participar de las conversaciones en los Consejos de Salarios implica plata. Pagar boletos, pasajes que rondan los 322 pesos desde Durazno hasta Montevideo más otro tanto de regreso. “Y encima un patrón te dice en la cara y no sé cómo no tienen vergüenza, frases del estilo te estoy dando 70 pesos por día para la comida, pero si me faltas un día de los 27 jornales, te lo descuento”.
Ante este complejo panorama, la posibilidad de movilizarse como lo hacen otros sindicatos, para los trabajadores rurales también es compleja dada la dispersión y en ocasiones, aislamiento de los unos y otros. “Y para traerlos a Montevideo hay que tener plata”. De todos modos desde el sindicato se está evaluando alguna acción concreta en coordinación con el PIT-CNT para denunciar la situación que afrontan los trabajadores rurales.
En diálogo con el Portal del PIT-CNT, Flores admitió que teniendo en cuenta la realidad que se está viviendo, “los trabajadores achicamos la plataforma de doce puntos reivindicativos e incluso aceptamos que se nos catalogue como un sector en problemas, pero en esa reducción que hicimos de nuestra plataforma a seis puntos básicos llegamos a un punto que no podemos seguir rebajando nuestras reivindicaciones a menos que eso”. En ese sentido, Flores destacó que una pretendida rebaja de los planteos básicos de reivindicación “a costa del salario de los trabajadores no”. La dirigente reconoció al Portal que los trabajadores rurales han sido “suficientemente abiertos a entender las problemáticas que se plantean pero llegamos a un punto límite en el que nosotros hemos cedido y las patronales no nos contemplaron ninguno de nuestros reclamos”.
Según destacó la presidente del Sutta, “basados en un estudio realizado por el Instituto Cuesta Duarte, el sector de trabajadores rurales es el único que no cobra nada por antigüedad, nada, ni siquiera un día más”. Flores ejemplificó que cuando los estancieros mencionan su necesidad de contar con personal estable en sus establecimientos “entonces es lógico que les paguen con la antigüedad” por esos años de trabajo en ese mismo lugar. “No nos están regalando nada” enfatizó.
En materia comparativa con lo sucedido unos tres años atrás, en la anterior ronda de salarios, Flores recordó que a pesar que el sector estaba viviendo la crisis producto de la sequía a los trabajadores se les ofreció dos partidas de mil quinientos pesos. “Parece que el sector siempre está en crisis, pero si en aquella ocasión con sequía ofertaron dos partidas de mil quinientos pesos es inadmisible que ahora nos propongan dos partidas de quinientos pesos a pagar en marzo del 2017 y después de fin de año”. Para la dirigente del sector rural, la realidad que afrontan los trabajadores rurales es crítica “y a mi me daría vergüenza irme a veranear a Punta del Este sabiendo que a mis trabajadores les pago 1780 pesos por mes para alimentación y vivienda”.
Próximas instancias
El martes 22 el sector de los trabajadores rurales tendrán otra instancia de negociación en el ámbito de los Consejos de Salarios. María Flores sostuvo al Portal que entienden que habrá que tener algo de luz en el camino “porque los trabajadores hemos negociado, hemos comprendido que hay que negociar, rebajamos la plataforma a la mitad, pero las ofertas que nos han puesto arriba de la mesa son irrisorias”. En este sentido, remarcó que “si esas son las propuestas entonces no nos hagan gastar plata en boletos ni perder tiempo ni días de trabajo y nos quedamos en el campo allá esperando que el Poder Ejecutivo laude”. Notoriamente molesta con la postura patronal, Flores dijo al Portal que “o nos vieron cara de descansados o de giles para que nos hagan una propuesta de quinientos pesos en dos partidas y con una serie de condicionantes para quinientos pesos!” subrayó.Para la presidenta del Sutta, venir a participar de las conversaciones en los Consejos de Salarios implica plata. Pagar boletos, pasajes que rondan los 322 pesos desde Durazno hasta Montevideo más otro tanto de regreso. “Y encima un patrón te dice en la cara y no sé cómo no tienen vergüenza, frases del estilo te estoy dando 70 pesos por día para la comida, pero si me faltas un día de los 27 jornales, te lo descuento”.
Ante este complejo panorama, la posibilidad de movilizarse como lo hacen otros sindicatos, para los trabajadores rurales también es compleja dada la dispersión y en ocasiones, aislamiento de los unos y otros. “Y para traerlos a Montevideo hay que tener plata”. De todos modos desde el sindicato se está evaluando alguna acción concreta en coordinación con el PIT-CNT para denunciar la situación que afrontan los trabajadores rurales.
