CATALUNYA: Miles de personas celebran la declaración de independencia en Barcelona // Rajoy cesa al Govern, disuelve el Parlament y convoca elecciones para el 21 de diciembre // ¿Tiene España capacidad militar para intervenir en Cataluña? por Luis Gonzalo Segura // Garzón (Izquierda Unida (IU) rechaza la independencia catalana y llama a trabajar por una República FederalCrisis económica: // Rajoy ha generado 222 millones de déficit público cada día, a pesar de los recortes // Declaraciòn Conjunta - CGT - CNT - Solidaridad Obrera: Ante la situación en catalunya // URUGUAY: La verdad sobre la privatización educativa en Uruguay
CATALUNYA
Catalunya: Miles de personas celebran la declaración de independencia en Barcelona
Unas 17.000 personas, según la Guardia Urbana, se han
concentrado esta tarde en la plaza de Sant Jaume, sede del gobierno
catalán bajo lemas como: "Llibertat Jordis".
Personas
concentradas esta viernes en la Plaza de Sant Jaume de Barcelona, para
festejar que el Parlament ha declarado de forma unilateral la
independencia de Cataluña. /EFE
Unas 17.000
personas, según la Guardia Urbana, se han concentrado esta tarde en la
plaza de Sant Jaume de Barcelona, sede del gobierno catalán, y sus
aledaños para festejar la declaración unilateral de independencia aprobada por el Parlament de Catalunya.
La Asamblea Nacional Catalana (ANC) ha
instalado un escenario en una de las esquinas de la plaza, frente al
Palau de la Generalitat, y una pantalla gigante con el lema: "Festa de Proclamació de la República", donde han actuado grupos musicales, como "Germà negre", que ha cantado la canción "passiu-be", muy coreada por los asistentes.
Los congregados enarbolan banderas esteladas
y pancartas con el lema "Llibertat Jordis" y han coreado en varias
ocasiones "¡Libertad! !Libertad!", para reclamar la excarcelación de
Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, en prisión acusados de sedición.
Dos voluntarias de la ANC han subido al escenario y han pedido un minuto de silencio "por las personas que han luchado por esta causa y ahora no están aquí y un especial recuerdo para Muriel Casals", la que fue presidenta de Òmnium Cultural.
Tras prorrumpir en un largo aplauso, algunos
de los asistentes han tirado cohetes y han entonado el himno catalán
"Els segadors".
Tiempo después, han sido las mismas voluntarias las encargadas en anunciar desde el escenario que el Gobierno ya había publicado en el BOE la aplicación del artículo 155,
anuncio que ha sido respondido por un abucheo general de la plaza,
cuyos asistentes han coreado: "No tenim por" (No tenemos miedo)
Acto seguido han declarado: "Ahora empieza el trabajo de defendernos y defender nuestro territorio. Ellos pierden el poder si no tenemos miedo".
Unas 40 personas han extendido frente a la
Jefatura de la Policía Nacional de la Vía Laietana una bandera estelada
gigante mientras gritaban: "¡Fora, fora la bandera espanyola!".
Celebración por todo lo alto de la 'Fiesta de la República'
Las miles de personas que rodeaban el
Parlament han reaccionado a la declaración de independencia celebrándolo
por todo lo alto. La euforia se ha desbordado con gritos de
independencia en medio de un mar de esteladas. Algunos hasta han llorado
de la emoción. Convocada por la Asamblea Nacional Catalana, la 'Fiesta
de la República', como la llaman, se ha trasladado hasta la sede de la
Generalitat.
-Redacción-
Rajoy cesa al Govern, disuelve el Parlament y convoca elecciones para el 21 de diciembre
El Gobierno destituye a Puigdemont, Junqueras y el resto de consellers de la Generalitat.
El
presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, durante la rueda de prensa
ofrecida esta tarde en el Palacio de la Moncloa tras la declaración
unilateral de independencia en el Parlament de Catalunya. - EFE
Con toda la premura posible. Así ha reaccionado el Gobierno a la declaración de independencia de Catalunya votada este viernes en el Parlament. El pleno del Senado aprobó, apenas una hora después, las medidas de aplicación del artículo 155 de la Constitución,
que autoriza al Ejecutivo central a cesar a todo el Govern catalán. “El
ejercicio de dichas funciones corresponderá al Gobierno de la Nación o a
los órganos o las autoridades que cree a tal efecto o designe el
Gobierno de la Nación”, reza el acuerdo votado.
Esa fue, precisamente, la primera medida tomada en el
Consejo de Ministros extraordinario que Mariano Rajoy convocó para las
18.00 horas. No sólo han aprobado recurrir ante el Tribunal
Constitucional (TC) la citada declaración de independencia, sino que en
cuanto, este sábado, los nuevos decretos sean publicados en el Boletín
Oficial del Estado (BOE), el president, Carles Puigdemont; el vicepresident, Oriol Junqueras; y el resto de consellers estarán oficialmente destituidos,
sus carteras quedarán en manos de los ministerios y desparecerán,
incluso, otros organismos de la Generalitat como las embajadas.
Además, Rajoy ha sorprendido al anunciar la convocatoria de elecciones anticipadas para el próximo 21 de diciembre. En
un intento de demostrar que "el 155 no es una suspensión de la
Autonomía de Catalunya", así como de argumentar que no quiere "prolongar
la situación de excepcionalidad", el presidente anunció la inmediata disolución de Parlament
con el fin de convocar "lo antes posible" unos comicios que, según sus
palabras, permitan a Catalunya "reconciliarse con la verdad, la ley y
consigo misma". "Es urgente devolver la voz a los catalanes, a todos, y
en condiciones democráticas", sentenció tras arremeter contra
Puigdemont: "Tuvo la oportunidad de volver a la legalidad y convocar
elecciones y no lo hizo. Por eso el Gobierno de España toma estas
medidas", espetó.
El PP había aceptado ─ya el jueves en la Comisión
específica del Senado para tal fin─ una modificación de su texto inicial
a propuesta de los socialistas. Las medidas que desarrollan el 155 de
la Constitución serán aplicadas de manera "proporcionada y responsable"
y se podrá, además, "modular su aplicación si se produjeran cambios en
la situación u otras circunstancias que así lo aconsejen". Sin embargo,
lejos de "moderar" su actuación, Rajoy decidió empezar con la ejecución
del 155 con plato fuerte, aunque sea por poco tiempo.
Así, todas las competencias de las consellerías
quedarán en manos de sus correspondientes ministerios. Especial atención
ha merecido el departamento de Interior, donde tanto el secretario
general, Cèsar Puig, como el director general de los Mossos d'Esquadra, Pere Soler,
serán también destituidos. De ser "necesario", según el acuerdo
aprobado en el Senado, Rajoy podrá enviar un "despliegue de Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad en Cataluña", así como sustituir a los Mossos por
miembros de la Policía Nacional y la Guardia Civil.
Las cuentas catalanas, que ya fueron intervenidas por Cristóbal Montoro el 15 de septiembre,
verán incrementado el control sobre las mismas al incluirse el de "los
ingresos que corresponde recaudar o recibir por cualquier título a la
Comunidad Autónoma, sus organismos, entes y entidades vinculadas o
dependientes de la misma y de su sector público empresarial".
Eliminado ha quedado, en su trámite en el pleno del Senado, el control de los medios de comunicación públicos catalanes. El
PP, tras horas debatiendo con sus socios, aceptó finalmente la enmienda
del PSOE que pedía eliminar esa medida de la propuesta inicial y que
tanto TV3 como RAC siguiesen sólo vigiladas por el propio Parlament de Catalunya,
como hasta ahora. No obstante, Madrid sí controlará el Centro de
Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información y el Centro de la
Seguridad de la Información de Catalunya.
Además, al haberse convocado ya las elecciones, la
Junta Electoral Central sí controlará ─como siempre que hay comicios─
parte de las emisiones de la televisión y radio catalanas. Los anuncios
de campaña, las apariciones de cada formación en los informativos y el
control de los debates electorales quedarán, así, de todas todas, en manos del Ejecutivo central.
La Cámara catalana, que iba a ver sus verá limitadas
sus funciones limitadas (no podría proponer un candidato a la
presidenciat, ni celebrar debates de investidura, ni promover mociones
de censura ni celebrar sesiones de control al Govern ni aprobar nada en
contra de la Constitución o el propio 155), ya no tendrá ninguna al
quedar disuelta por completo.
En total, el BOE publicará este sábado cinco reales
decretos distribuidos de la siguiente manera: uno con el cese de
Puigdemont, otro con la destitución de Junqueras y el resto de
conselleres y un tercero con las correspondencias y equivalencias entre
consellerias y los ministerios que han de asumir sus competencias.
El cuarto hace referencia a la extinción de organismos catalanes ─las
'embajadas', el patronato del Diplocat, y el Consell Asesor para la
Transiciò Nacional─, así como al cese de los delegados de la Generalitat
en Bruselas y Madrid, el de los citados cargos de Interior y el de
hasta 141 cargos que pertenecen al personal eventual que fue nombrado
directamente por los cargos destituidos (jefes de gabinete, de prensa,
etc.). El quinto es ya el de la convocatoria electoral.
"Es inadmisible que Mariano Rajoy convoque elecciones en Cataluña cuando quiera"
Joan Tardà (ERC)
Publicado: 26 oct 2017 16:09 GMT | Última actualización: 26 oct 2017 16:12 GMT - RT
"El independentismo catalán ha crecido por
la incapacidad del Estado español de reconocerse como un estado
plurinacional", opina Joan Tardà, portavoz de Esquerra Republicana de
Catalunya en el Congreso de España. ¿Qué supone para Cataluña la
aplicación del artículo 155 de la Constitución española? ¿Cuál sería la
reacción de los dirigentes europeos si Carles Puigdemont es encarcelado?
Lo cuenta en Entrevista, de RT, portavoz de ERC en el Congreso de
España.
El
portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) en el Congreso de
los Diputados de España, Joan Tardà, ha compartido con RT su visión de
la situación en Cataluña y de su conflicto con Madrid. En
su opinión, "el conflicto histórico entre España y Cataluña solo se
puede resolver mediante una negociación", algo que buscaba la carta del
presidente catalán, Carles Puigdemont, a Mariano Rajoy.
"Una gran oportunidad perdida"
"La
sorpresa nuestra ha sido comprobar que ante esta voluntad de buscar un
escenario de negociación, la Administración española ha respondido con
el artículo 155", afirma Tardà, quien compara este artículo con "un
folio en blanco" en que se puede escribir "lo que uno quiera". "Yo creo que es una gran oportunidad perdida por parte de la Administración española", agrega el portavoz de ERC. En este escenario, "una mayor represión" no ayudará a buscar fórmulas de negociación, sino todo lo contrario: lo que hará es "profundizar un abismo de la fractura emocional
entre el reino de España y Cataluña", advierte Tardà, quien insiste en
que, tras la votación del 1 de octubre, Cataluña "está legitimada para
reclamar la independencia".
"La aparición de un nuevo Estado siempre es un dolor de cabeza"
En
relación a la reacción de la comunidad internacional, el portavoz
explica que para todos los Estados, la aparición de uno nuevo es, "como
mínimo, un dolor de cabeza", con lo cual, es "muy normal" que en este momento "no se mojen". Además,
apunta que, de momento, los catalanes "no han hecho nada" para ser
reconocidos aparte de multitudinarias manifestaciones, que califica de
"grandes ejercicios de gimnasia soberanista".
"La aplicación del artículo 155 es una gran derrota para el Estado español"
Por
otro lado, Tardà asevera que la aplicación del artículo 155 de la
Constitución española es "una gran derrota para el Estado español", y
afirma que "es inadmisible que Mariano Rajoy convoque elecciones en
Cataluña cuando quiera". "Sufriremos, es posible que suframos", pero estamos convencidos de que la democracia "siempre acaba ganando", asegura.
Catalunya: La Fiscalía se querellará este lunes contra la Mesa y el Govern por declarar la independencia de Catalunya
La intención es juzgar en el Tribunal Supremo a
Puigdemont, los miembros de su gobierno y la Mesa del Parlament ya que
son parlamentarios aforados allí si sus decisiones afectan al interés
general.
El
presidente Carles Puigdemont con el fiscal general del Estado, José
Manuel Maza, en un encuentro en el Palau de la Generalitat. EFE
La Fiscalía General del Estado presentará este lunes la querella contra los miembros de la Mesa del Parlamento de Catalunya y del Govern por un delito de rebelión tras la declaración unilateral de independencia, han informado fuentes fiscales.
El Ministerio Público anunció la pasada semana la
preparación de una querella inicialmente contra el presidente de la
Generalitat, Carles Puigdemont, si bien incluirá en la misma al vicepresidente Oriol Junqueras
y al resto de miembros del gobierno autonómico tras la votación de este
viernes en el Pleno del Parlamento catalán que ha declarado constituida
la República catalana.
La querella podría incluir la petición de detención
de los máximos responsables, como Carles Puigdemont, de situar a
Catalunya como comunidad autónoma en rebeldía.
Además del delito de rebelión, se están investigando otras calificaciones como la sedición,
pero las imputaciones se concretarán una vez se valore la votación de
la propuesta de resolución de Junts Pel Sí, explican las citadas
fuentes.
El punto que la Fiscalía aún no ha confirmado oficialmente es el de la instancia al que se presentaría esta querella, que dependerá de la interpretación que se dé a la condición de aforado del presidente de la Generalitat y de los miembros de su Gobierno.
Según los artículos 57.2 y 70.2 del Estatuto de
Catalunya corresponde al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya
(TSJCat) decidir sobre la inculpación, el procesamiento y el
enjuiciamiento del presidente o de los consejeros, si bien "fuera del territorio" la responsabilidad penal "es exigible en los mismos términos ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo".
Este aspecto de la norma es el que está siendo
motivo de debate en el seno del Ministerio Público, ya que podría
entenderse que parte del delito se ha cometido fuera de Cataluña en
relación con algunas actuaciones del Govern como la ubicación de las
webs que se pusieron en marcha con ocasión del 1-O o las intervenciones
de algunos de sus miembros en foros extranjeros. También se analizan los
efectos del delito, que se extienden a todo el territorio nacional.
En la Fiscalía prevalece el criterio de que una DUI
afecta a toda España, como es la soberanía nacional y las consecuencias
económicas y sociales, con el traslado de sedes de bancos y la caída de
la confianza en España, que afecta al interés general.
Lo que parece descartable es una querella ante la
Audiencia Nacional, a quien podría corresponder la instrucción de la
rebelión en el caso de que los supuestos responsables no fueran
aforados. Existen muchas dudas de que Puigdemont acabe siendo
investigado en dicho órgano pese a ser suspendido en sus funciones,
porque no está claro si dicha suspensión afectaría a su fuero como
presidente y conservaría en todo caso dicha condición como diputado
autonómico.
La Fiscalía reconoció este viernes que tiene decidido la querella si el Parlament realizaba una Declaración Unilateral de Independencia (DUI). La querella por rebelión se interpondrá contra "todos quienes hayan participado" en esta declaración y en concreto la extenderá a la presidenta de la cámara, Carmen Forcadell, los miembros de la Mesa, además del presidente del Govern.
El delito de rebelión se castiga con hasta 30 años de cárcel, y el Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, tiene intención de presentar la querella ante el Tribunal Supremo.
Ahora bien, la querella se podría extender a los parlamentarios que aprueben la DUI como cooperadores necesarios del delito de rebelión.
Además, la Fiscalía baraja solicitar la
acumulación en el Supremo de las querellas que se tramitan en
el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJCat) contra todos
ellos por aprobar la Ley de Transitoriedad y las normas para la
convocatoria del referéndum, a pesar de las suspensiones dictadas por el
TC.
Tanto Puigdemont, como su ejecutivo y los integrantes del Parlamento autónomo están aforados ante el TSJCat. Así lo dispone el Estatut, que establece que estos aforados serán juzgados en el Tribunal Supremo por hechos que afecten fuera del territorio catalán (artículos 57.2 y 70.2).
José Manuel Maza ha mantenido en estos días diversas reuniones para unificar criterios con los fiscales del Tribunal Supremo, los de la Audiencia Nacional y los fiscales responsables en Catalunya
con el fin de analizar la actuación del ministerio público en el caso
de una DUI y los centenares de denuncias interpuestas en los distintos
tribunales en relación con la organización del referéndum y las
estructuras que montó el Govern, así como las agresiones ocurridas
durante el referéndum del 1 de octubre, suspendido por el TC y
declarado ilegalm después.
Alzamiento violento y público
La rebelión está regulada en el artículo 472 del Código Penal y castiga con hasta 30 años de prisión a quienes "se alzaren violenta y públicamente"
para "derogar, suspender o modificar total o parcialmente la
Constitución"; destituir o despojar de sus facultades al rey; impedir la
libre celebración de elecciones; disolver las cámaras o "impedir que se
reúnan, deliberen o resuelvan" o sustraerles alguna de sus
atribuciones; declarar la independencia de una parte del territorio nacional;
sustituir el Gobierno central o el autónomo, ejercer o despojar de sus
facultades a los miembros de estos ejecutivos, así como "sustraer
cualquier clase de fuerza armada" a la obediencia del Gobierno.
Sin embargo, diversos juristas discrepan de que
exista el delito rebelión ante una DUI ya que el tipo penal exige un
alzamiento violento y público.
"¿Qué pinta el derecho penal en un conflicto que
viene de lejos?"; "Desde cuándo un acto parlamentario es
criminalizado?", se ha preguntado en Cuatro el magistrado emérito del
Tribunal Supremo José Manuel Martín Pallín.
Martín Pallín destaca que el delito de rebelión se
incluye dentro de los estados de excepción y en algunos casos de estado
de sitio, que se encomienda a los militares. "Implica violencia y un acto parlamentario no es violencia", ha apostillado.
Pero si la Fiscalía se inclina por interponer esta
querella, tendría que dirigirse "contra todos los que voten a favor de
la república, no de la mesa, para ser coherentes" ha destacado.
Sedición
Otro de los delitos que baraja la Fiscalía es interponer una querella por sedición,
penado para los autoridades públicas con hasta 15 años de cárcel y que
supone una horquilla de cuatro a ocho años de cárcel para cualquier
ciudadano.
Ahora bien, diversos juristas consultados
consideran que no cabría el delito de sedición en este caso porque una
declaración de independencia no afecta por sí misma al orden público, ni
comportaría ningún alzamiento de masas o en forma de tumulto.
La idea de la Fiscalía en el caso de que considere
que se cometa una sedición es interponer la querella en la Audiencia
Nacional. Allí, el Juzgado Central de Instrucción 3 ya se investiga por
sedición al mayor de los Mossos, Josep Lluìs Trapero, y los líderes de la Asamblea Nacional Catalana y de Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, estos últimos en prisión preventiva desde el pasado 16 de octubre.
Trapero y los Jordis son investigados por
las protestas ocurridas el 20 y 21 de octubre, cuando el juez de
instrucción 13 de Barcelona ordenó 14 detenciones y diversos registros
contra la organización del referéndum -suspendido entonces por el TC- y
el uso del censo electoral. En especial, por la multitud -40.000 personas- que bloqueó la vicepresidencia de Economía mientras una comisión judicial practicaba un registro.
En el caso de sedición, Puigdemont y los miembros del Govern serían juzgados ante el TSJCat, donde están aforados.
El delito de sedición está destinado en el Código Penal (artículo 544) a quienes se alcen "pública y tumultuariamente” para
“impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de
las leyes o para “impedir a cualquier autoridad, corporación oficial o
funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el
cumplimiento de sus acuerdos, o de las resoluciones administrativas o
judiciales”.
En el año 1995 se suprimió del Código Penal el delito de sedición impropia que penaba la proclamación de la independencia de un territorio sin necesidad de violencia. El castigo era de 6 a 12 años de cárcel.
Crisis económica: Rajoy ha generado 222 millones de déficit público cada día, a pesar de los recortes
El agujero de las cuentas del Estado durante su
mandato se acerca al medio billón de euros. En este tiempo, la deuda ha
subido un 53%.
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en su escaño del Congreso / Imagen de archivo EFE
"No se debe gastar lo que no
se tiene". Ése fue uno de los eslóganes más repetidos por Mariano Rajoy
en la campaña previa a las elecciones que le abrieron las puertas de la
Moncloa en noviembre de 2011. La recesión estaba en su momento más álgido,
y la principal receta del líder del PP para combatirla consistía en
aplicar recortes adicionales a los ya decididos por José Luis Rodríguez
Zapatero, tendentes a embridar el galopante déficit público.
La controvertida política de austeridad llegó incluso a los servicios de mayor repercusión social (sanidad, educación, pensiones, desempleo),
algunos de los cuales se quedaron sin financiación estatal
(dependencia). Pero no por eso se resolvió el problema del déficit, como
había prometido Rajoy antes de su primer gran triunfo electoral; entre
otras cosas porque se cruzó en el camino la crisis financiera, que sería
atajada a base de dinero público de difícil recuperación.
Debido en buena medida a ello, la diferencia entre ingresos y gastos arrojó en 2012 un saldo negativo de 108.847 millones de euros,
equivalentes al 10,5% del Producto Interior Bruto (PIB) y aún mayor del
registrado en el último año de Zapatero, que tantas críticas recibió
por su gestión económica. A partir de entonces, el déficit empezó a
descender, aunque aún hoy continúa siendo el más alto de toda la Unión
Europea: el 4,5% frente a una media del 1,5%.
Desde que el PP volvió a gobernar hasta el cierre del primer semestre de 2017, el desfase acumulado era de 447.020 millones de euros, lo que supone una media de 81.276 millones anuales,
claramente por encima de los 74.223 de la segunda legislatura de
Zapatero. A pesar del eslogan de que “no se debe gastar lo que no se
tiene”, con Rajoy en la Moncloa se generan cada día 222 millones de
euros de déficit.
Eso ha tenido una repercusión directa en la deuda
pública, que ha alcanzado un nivel impensable antes de que estallara la
crisis. El último gobierno socialista la dejó en 743.530 millones de
euros y a 30 de junio estaba ya en 1.137.853 millones. Es decir, que en cinco años y medio ha crecido nada menos que un 53%. La cifra per cápita, por su parte, ha pasado de 15.881 a 24.455 euros.
Uno de los problemas que debió afrontar Rajoy fue la
prima de riesgo, que determina el coste de la deuda y que contribuyó a
engordarla durante los primeros compases de su mandato. Cuando tocó techo en 2012, poniendo a España al borde del recate, llegó a los 650 puntos básicos.
Pero ahora está en torno a los 116 y ha habido momentos en que el país
se ha financiado gratis, por lo que ya no es de recibo imputarle el
ingente volumen del déficit y de la deuda.
¿Tiene España capacidad militar para intervenir en Cataluña?
Publicado: 27 oct 2017 16:52 GMT - RT
por Luis Gonzalo Segura
exteniente del Ejército de Tierra de España
Estos días, el periodista Rubén Amón planteaba, con mucho acierto, las dificultades
que conllevaría al Estado español llevar a la práctica la aplicación
del artículo 155 de la Constitución en caso de declararse la
independencia de Cataluña. Para ello, se basaba en la escasa estructura
estatal catalana y la oposición generalizada que se encontraría. Por
ejemplo, ya se está hablando de bajas médicas en determinados cuerpos o
la resistencia explícita de otros. Es en este momento cuando surgen una inmensidad de preguntas:
¿Sería posible administrar Cataluña sin que colapsara si una inmensa
mayoría de funcionarios causase baja médica? ¿Si los ciudadanos se
lanzan a las calles para protestar por quiénes les van a controlar? ¿Qué
sucederá si los Mossos d'Esquadra se oponen de forma generalizada a los
cuerpos policiales estatales cuando pretendan aplicar las medidas que
se deriven del artículo 155? ¿Se enfrentarían con ellos los policías y
los guardias civiles? Obviamente, la incertidumbre es tan
elevada como la amplísima variedad de preguntas que no tienen
respuesta a día de hoy o la frivolidad y el desconocimiento de los que
jaleaban la aplicación de ese 'martillo' llamado 155.
Agentes de la Policía Nacional y los Mossos d'Esquadra, 2 de octubre de 2017
/ Eloy Alonso/File Photo
/ Reuters
Si el artículo 155 es inaplicable o puede encontrar resistencia ciudadana, ¿cuál es el siguiente paso? Como explicaba en una publicación anterior, salvo conejo en la chistera o giro de última hora serían los artículos 116 y 8 de la Constitución: estado de sitio e intervención de las Fuerzas Armadas. Ni
que decir tiene, este escenario sería absolutamente apocalíptico por
las imprevisibles consecuencias que se pudieran derivar, desde revueltas
y protestas ciudadanas hasta un conflicto armado o una intervención
internacional. Si sucediera, ¿tienen nuestras Fuerzas Armadas capacidad
para intervenir militarmente Cataluña de forma efectiva?
Situación actual
En la actualidad, en Cataluña habría algo más de 30.000 agentes: unos 12.000 policías nacionales y guardias civiles desplegados desde el Estado español —a los que habría que sumar aquellos que se encuentran destinados allí— y unos 16.783 Mossos,
según datos del Institut d'Estadística de Catalunya en 2016. Por tanto,
podríamos calificar la situación como equilibrada en términos
policiales. Sin tener en cuenta el apoyo ciudadano, ese equilibrio
terminaría por hacer impracticable la imposición de la fuerza a corto
plazo. Ante la duda, solo habría que recordar lo
imposible que resultó cumplir la misión encomendada el 1-O o las
lamentables condiciones en las que se encuentran desplegados los
agentes, con el consiguiente desgaste psicológico y físico que están
sufriendo a medida que pasan los días.
España no tiene efectivos militares suficientes para controlar
Cataluña en un escenario de conflicto, lo que se debe en gran medida,
para bien o para mal, a las decisiones tomadas en las últimas décadas
por parte de la cúpula militar y los ministros de Defensa.
Luis Gonzalo Segura, exteniente del Ejército de Tierra de España
Así pues, sería en ese
momento cuando la intervención militar pretendería desequilibrar la
balanza hacia el Estado español. Eso es, al menos, lo que sostienen los
altos mandos militares, tal y como se podía leer recientemente en 'El País':
"Si se produjera una escalada de violencia que desbordara a las Fuerzas
de Seguridad del Estado, el Ejército tendría que hacer valer su
superioridad". ¿Es posible? ¿Realmente las Fuerzas Armadas de España
podrían hacer valer su superioridad?
Intervención militar
Intentemos
profundizar en una cuestión fundamental para acometer la intervención
militar en Cataluña: el número de efectivos. Redondeando, nuestras
Fuerzas Armadas disponen de algo más de 70.000 militares de tropa y unos
50.000 oficiales y suboficiales. A tenor de las cifras anteriores, se
puede constatar una alarmante macrocefalia o excedente de cuadros de
mando. Esto se agravaría todavía más al comprobar que, de los 70.000 militares de tropa, solo 41.000 son soldados. Es decir, solo un tercio del total de efectivos son soldados (en la Guardia Civil, más del 80 % de los componentes tienen el rango equivalente a soldado). Por
tanto, como la cúpula militar se ha preocupado durante las últimas
décadas en asegurar el puesto de trabajo de sus vástagos —es más o menos
similar que cuando teníamos casi 400.000 reclutas—, ahora el Ejército
español tendría serias dificultades para desplegar soldados. Para más
información, se puede consultar 'El libro negro del Ejército español'.
Mossos d'Esquadra en el exterior del Parlamento de Cataluña
/ Yves Herman
/ Reuters
Desgraciada
o afortunadamente, según se mire, la situación sería todavía peor para
el Estado español de lo que inicialmente las cifras podrían aparentar,
ya que las mismas se verían mermadas por diferentes motivos. En
primer lugar, habría que tener en cuenta que entre 6.000 y 9.000
efectivos son desplegados fuera de nuestro territorio anualmente (3.000 en cada rotación).
En segundo lugar, habría que considerar que los efectivos del Ejército
del Aire y de la Armada, así como los cuerpos comunes, serían ineficaces
en este escenario o no tendrían plena capacidad para
intervenir en caso de ser necesario, más allá del control del espacio
aéreo y la costa catalana. Estamos hablando de un total de 45.000
efectivos, que tendrían que ser restados al total de 120.000 militares.
En tercer y último lugar, habría que tener en cuenta que los miembros de
la Unidad Militar de Emergencias (unos 5.000) no deberían utilizarse,
pues son indispensables o pueden serlo en cualquier momento. Por
tanto, España podría desplegar de forma óptima un máximo de 20.000
efectivos y, de forma extrema, unos 30.000 efectivos, siempre y cuando
se conserven los compromisos internacionales, se mantengan unos mínimos
de Defensa Nacional y no se disuelva la UME (en cuyo caso, podría
aumentarse dicha cantidad). Dicho despliegue no sería inmediato —no
existe capacidad para ello, salvo en una cantidad mínima— y, por otra
parte, el coste económico sería elevadísimo. Además, de estos efectivos,
solo un tercio serían soldados y, en muchos casos, no se trataría de
militares de combate. Cifras, a la vista está, que se antojan completamente insuficientes;
tanto, que sería necesario un mayor despliegue de policías y guardias
civiles, cuyo número es superior, aunque dichos efectivos realizan un
trabajo diario para la ciudadanía que se vería interrumpido.
Conclusión: misión imposible
Siempre
y cuando hubiera obediencia, dicha intervención podría dar resultado.
Sin embargo, ante cualquier tipo de desobediencia, rebeldía o
resistencia pacífica o violenta, para las Fuerzas Armadas no sería
posible mantener el orden o, al menos, sería muy complejo. Ello
se debe a lo ya mencionado: el contexto actual, el amplio y complejo
espacio territorial a controlar, el volumen de ciudadanos (más de siete
millones) y su distribución geográfica, factores que harían que la
enorme carencia numérica de efectivos para acometer dicho control
militar hiciera, a buen seguro, fracasar la intervención. Por
tanto, España no tiene efectivos militares suficientes para controlar
Cataluña en un escenario de conflicto, lo que se debe en gran medida,
para bien o para mal, a las decisiones tomadas en las últimas décadas
por parte de la cúpula militar y los ministros de Defensa. Sea como fuere, una intervención militar en Cataluña sería un abismo que espero que no se produzca jamás.
Las
declaraciones y opiniones expresadas en este artículo son de exclusiva
responsabilidad de su autor y no representan necesariamente el punto de
vista de RT.
Garzón (Izquierda Unida (IU) rechaza la independencia catalana y llama a trabajar por una República Federal
El coordinador general de IU ha declarado que el PP,
el PSOE y Ciudadanos buscan una "salida reformista y autoritaria" a base
de "represión policial, judicial y administrativa" que llevará a "un
país menos democrático y más centralista".
Alberto Garzón. Archivo/José Camó/Europa Press
El coordinador general de Izquierda Unida (IU), Alberto Garzón, rechaza la declaración de independencia de Catalunya al considerar que se
produce "al margen de la mitad de la población" y que "ahonda más en
las carencias de la hoja de ruta" de los separatistas, y quiere que IU
trabaje por una reforma constitucional que permita proclamar una República Federal en España que reconozca la plurinacionalidad y que permita el derecho de autodeterminación a los catalanes.
Así lo explica Garzón en el borrador de
resolución política sobre Catalunya que se debatirá y votará este sábado
en la Asamblea Política y Social de IU, el máximo órgano de la
formación. Eso sí, el texto aún no es definitivo y está sujeto a enmiendas.
La declaración comienza reiterando el
rechazo frontal de IU a la aplicación del artículo 155 de la
Constitución, que a su juicio "es una medida desproporcionada y antidemocrática",
supone "una extralimitación de las facultades reconocidas al Gobierno
que contribuye a poner fin a la propia legalidad constitucional que dice
restaurar" y que sólo servirá para "elevar la tensión en Catalunya y en
el conjunto de España, persistiendo en un grave error político que
además da alas a las posiciones intransigentes".
Pero también cuestiona la declaración
unilateral de independencia porque sostiene que la movilización del 1 de
octubre no la legitima y que se produce "al margen de la mitad de la
población catalana, ahondando aún más las carencias de contenidos
sociales y de regeneración democrática de la hoja de ruta de Junts pel
Sí y la CUP".
"Bloque reaccionario y monárquico"
A su juicio, el PP, el PSOE y Ciudadanos han formado un "bloque reaccionario y monárquico"
que busca una "salida reformista y autoritaria" a base de "represión
policial, judicial y administrativa" que llevaría a "un país menos
democrático y más centralista".
En ese bloque incluye al Rey, al que acusa
de desempeñar un "papel partidista y no neutral" para "agitar aún más
los ánimos del nacionalismo español", lo que en su opinión "compromete
necesariamente el futuro de la monarquía en España al futuro del bloque
reaccionario y monárquico".
Así las cosas, Garzón opina que ni ese
"bloque reaccionario y monárquico" ni el independentismo son útiles para
aportar soluciones, y apuesta, como "la mejor solución", por un proceso constituyente que incluya "una nueva Constitución Republicana y Federal" que reconozca el derecho de autodeterminación de los pueblos.
Según indica, "no debería ignorarse que el
80% de la sociedad catalana ha manifestado su interés en ejercer el
derecho a decidir" y por ello entiende que "la única forma de resolver
el presente conflicto político es a través de un proceso dialogado y
negociado que garantice el ejercicio del derecho a decidir e incorpore
como mecanismo democrático un referéndum pactado, que facilite la
participación masiva de la sociedad catalana con posible expresión de
las diferentes opciones y que implique un debate serio y profundo sobre
el modelo de Estado".
Mediación internacional
Para conseguirlo, Garzón admite ahora que
"es posible que sea necesaria la mediación de actores nacionales o
internacionales a fin de habilitar cauces políticos para una solución al
conflicto", y lo justifica en "la reacción del bloque reaccionario y
monárquico".
En todo caso, enmarca la autodeterminación
en esa reforma constitucional: "Defendemos el derecho a decidir de
Catalunya como una cuestión democrática dentro de nuestra propuesta de
una España plurinacional -se recoge en el texto-. La crisis de régimen
debe finalizar con el inicio de una nueva etapa para España marcada por
el respeto a la plurinacionalidad y la garantía de cumplimiento de los
derechos humanos".
A tal fin, propone a IU iniciar una campaña
para promover por toda España el debate de ese nuevo marco
constitucional: "Llevaremos nuestra propuesta por una España republicana
y federal a todas las partes del país, haciendo partícipe a todos los
actores sociales que compartan tal proyecto y garantizando que el
resultado final sea un borrador de Constitución Federal ampliamente
debatido y discutido", avanza.
Por último, la resolución "condena
rotundamente la represión policial aplicada por el gobierno del PP" y
rechaza "el encarcelamiento incondicional" de los responsables de ANC y Ómnium "bajo injustificadas acusación de sedición y por un tribunal no competente para ello".
Lo que está en juego
Hemos dado las banderas a los protagonistas
equivocados. Rajoy y Puigdemont no son los que quieren construir un país
sin injusticias, que acabe con la corrupción y los corruptos, que
rescate personas, que garantice derechos, que amplíe democracia
por Mónica Oltra
JR Mora
16 de
Octubre de
2017 - ctxt
¿Qué está en juego? Esa es la pregunta que deberíamos
hacernos ante cada proceso político. En realidad, ante cada disyuntiva
humana.
¿Qué está en juego en el “procés” catalán?
Probablemente para contestar a esta pregunta sería útil enfocar con gran
angular el conflicto. Un conflicto complejo y profundo que los actores
principales quieren solucionar con la contestación propia de un sistema
binario: un sí o no tan reduccionista como eficaz para sus intereses. Y
digo enfocar con gran angular, con una visión amplia, que es la manera
en que solemos enfocar las mujeres cuando no nos situamos en el calco de
las formas masculinas de actuar, es decir, cuando nos situamos en la
feminidad.
Enfocar con gran angular significa, para empezar,
analizar cómo las distintas pulsiones de cambio se han canalizado en los
diferentes territorios de España. La contestación a la perversa gestión
de la crisis económica que tuvo múltiples expresiones sociales --la más
conocida la del 15-M en 2011, pero hubo otras como los movimientos
contra los desahucios, las asambleas de barrios, las asociaciones de
resistencia para las personas que lo habían perdido todo, etc.-- que
tuvieron su eclosión electoral en los comicios europeos de 2014 y los
municipales y autonómicos de 2015, especialmente en ciudades tan
significadas como Madrid, Barcelona o Valencia. La amenaza para el
antiguo sistema, sin duda, fue el resultado de 2015. El bipartidismo,
garante de esa confortable alternancia de partidos políticos que a
fuerza de sucederse se parecen cada vez más, había de ceder el paso a
una explosión de multipartidismo y de opciones políticas dispuestas no
solo a cuestionar las respuestas sino, ¡qué osadía!, dispuestas a
cuestionar las mismísimas preguntas.
Quedaba claro lo que estaba en juego. En juego estaba
un sistema que abandonaba personas mientras rescataba bancos. En juego
estaba evidenciar u ocultar que el cambio climático y el colapso
económico asociado al mismo y al hecho de que las energías fósiles se
acaban, estaba determinando la estrategia de la oligarquía de acumular
poder, capital y recursos naturales mientras desposeían a las clases
medias y bajas. En juego estaba que había que frenar la deriva hacia una
democracia autoritaria --permítanme el oxímoron-- que había de
garantizar la impunidad de aquellos que de manera legal y, muchas veces
ilegal, se dedicaban precisamente al saqueo y desposesión de la gente
sencilla.
Y así se conformó el cambio político de 2015. Y
algunos se preocuparon. Sin embargo en Catalunya esa pulsión de cambio
no se canalizó a través de esta lógica o, al menos, no de manera
fundamental. Se canalizó a través de la aspiración de construir un país
nuevo, de cero, recién nacido, que acabara con todo lo que no gustara
del país en el que vivimos hoy. Para eso se necesitaba la independencia
del estado matriz. Es una reivindicación épica y emocionalmente muy
potente. Es más cinematográfico independizarse de un territorio que de
la banca. Es más eficaz agitar banderas reconocibles que inventar nuevos
colores. Puede resultar ilusionante pensar que vas a poder construir un
país desde el principio, sin injusticias, sin desigualdades, sin
corrupción, sin abuso de poder, sin machismo, sin yugos y a, ser
posible, sin flechas. Todo lo que siempre soñamos a tiro, simplemente,
de una DUI.
Partiendo de esta visión creo que hay que preguntarse:
¿qué está en juego? ¿Está en juego la unidad de España? No, no lo está.
Nunca lo estuvo. Solo así se entiende el desconcierto del Gobierno de
Rajoy después de haberse abortado la Declaración Unilateral de
Independencia. Si hubiese estado en juego la unidad territorial habrían
sentido alivio, no desconcierto. Solo así se entiende el discurso del
Jefe de Estado, tan implacable e indolente en el fondo como en las
formas.
No, lo que está en juego es precisamente la idea de
país que muchas personas en Catalunya quieren construir partiendo de
cero y muchas personas en el resto de España queremos construir aunque
sea reseteando lo que tenemos.
Las aspiraciones, pues, no parecen tan distintas. Sin
embargo me parece que hemos dado las banderas a los protagonistas
equivocados. Rajoy y Puigdemont no son precisamente los que quieren
construir un país sin injusticias, que acabe con la corrupción y los
corruptos, que rescate personas, que garantice derechos, que amplíe
democracia. Han demostrado en cada ocasión que han tenido que están en
el mismo bando: cuando votaron juntos la reforma laboral contra la gente
trabajadora o la amnistía fiscal de los poderosos defraudadores, a
favor de los suyos. Es más, mientras sigan enarbolando banderas cada vez
más grandes, más tela tendrán para taparse las miserias y las
vergüenzas. Y así estamos, en una escalada de testosterona al mismo
ritmo que el tamaño de las banderas que se van colgando de los edificios
privados y públicos. De tamaños anda la cosa.
nunca estuvo en juego la independencia o no de
Catalunya. Lo que siempre estuvo en juego es acabar con el cambio
político que pueda poner en duda sus privilegios
De todo esto, lo que a mí particularmente me resulta
más dramático es que en esta tesitura las aspiraciones de una sociedad y
un país o países más justos, habitables y amables de uno y otro lado se
anulan mutuamente. Porque, para los poderosos que manejan esta
situación y sus tiempos, nunca estuvo en juego la independencia o no de
Catalunya. Lo que siempre estuvo en juego es acabar con el cambio
político que pueda poner en duda sus privilegios. Eso es lo que quieren
tapar con las banderas aunque para ello tengan que abrir heridas de
pronóstico reservado en la sociedad.
¿Y cómo salir de esta? A mi juicio hace falta primero
ser conscientes de lo que nos jugamos, sentarnos a hablar, tejer redes,
volver al origen. ¿Recuerdan? Nadie saldrá de esta si no salimos todos,
si no salimos todas. No se salvará ninguna persona, familia o país en
solitario y menos si para salvarse unos sacrificamos a los otros.
Para salir de esta hay que abordar las reformas
políticas, constitucionales y territoriales que den respuesta a las
aspiraciones de los diferentes territorios, entre ellos el valenciano,
con diferencia el más injustamente tratado en términos de financiación o
inversiones.
En el caso concreto de Catalunya, la respuesta pasa
por canalizar las aspiraciones legítimas de miles de catalanes y
catalanas a través de un proceso de diálogo y negociación que concluya
en que puedan expresarse a través de un proceso pactado y democrático.
Para eso hace falta feminizar este proceso, dialogar,
escuchar, transigir. Hace falta empatía y generosidad. Si me permiten,
hace falta más cariño y menos violencia.
Llegados aquí, me queda una pregunta. ¿Pueden Rajoy y
Puigdemont y el resto de protagonistas actuales llevar a cabo un proceso
de estas características? Lo dudo.
En ese caso tendríamos que plantearnos colectivamente si no merecería
la pena cambiar de interlocutores. Lo que nos jugamos merece el
intento. --------- Mónica Oltra es vicepresidenta y consejera de Igualdad y Política Inclusiva de la Generalitat Valenciana por Compromís.
Autor: Mónica Oltra
elecciones catalunya: La llamada
Rajoy y Puigdemont han conseguido lo que ambos
buscaban, por más que los dos se empeñen en echar la culpa al otro de
sus decisiones límite. Rajoy tiene su 155 y Puigdemont, su DUI. Y la
sociedad, por los suelos.
Concentración este viernes en la Plaza de Sant Jaume de Barcelona, para festejar la independencia de Cataluña. /EFE
por ana pardo de vera
En el momento en que
escribo estas líneas -con la sensación de que no hay nada nuevo que
decir, pero de que está casi todo por contar-, el BOE acaba de publicar las medidas salidas del Senado para la aplicación del artículo 155, horas antes de lo previsto, y Mariano Rajoy ha convocado las elecciones que tenía que haber convocado Carles Puigdemont ayer.
En la misma horquilla de fechas (20-24 de diciembre), para dar la
puntilla: serán el 21 de diciembre (jueves). Para ejecutarlo, Rajoy ha
optado por el camino más cuestionado por los constitucionalistas de
entre las medidas contempladas en el 155: ha disuelto el Parlament, la sede de la soberanía popular, desde su despacho de La Moncloa. A pelo y sumada a la destitución íntegra del Govern, todo muy del disgusto de la "resistencia" independentista ("No pasarán")
Empezamos dos meses complicados (más), con
un artículo 155 que se ha empezado a aplicar en cuestión de horas tras
aprobarse en el Senado. No hay, pues, marcha atrás: Rajoy y Puigdemont
han conseguido lo que ambos buscaban, por más que los dos se empeñen en
echar la culpa al otro de sus decisiones límite. Rajoy tiene su 155 y Puigdemont, su DUI. Y la sociedad, por los suelos.
El
presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el presidente de la
Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, tras los atentados de agosto
en Barcelona / EFE
Para convocar elecciones, Rajoy
opta por el camino más cuestionado por los constitucionalistas: ha
disuelto el Parlament, sede de la soberanía popular, desde su despacho
de Moncloa
Ahora, Rajoy se juega el
prestigio de España en el exterior con el uso que haga de la "fuerza"
contra la que le ha advertido ya Donald Tusk (otra vez) y la desaparición del PP en el Parlament al convocar unas elecciones que, sí, pueden ser convocadas, pero no legitimadas si las fuerzas independentistas mantienen su intención de no aceptar que se las convoque el presidente de España (recuerden
que actuarán como República Independiente) Celebrar unos comicios sin
los partidos independentistas sería como votar sólo en la mitad del
territorio.
Por otro lado, la ejecución exprés del 155 es difícil que se desarrolle por la vía pacífica de la rendición "diez a cero" que pretende, por ejemplo, la vicepresidenta Sáenz de Santamaría. Las imágenes de la celebración social en las calles catalanas -y en los balcones de los ayuntamientos, arriando la bandera española
en cuestión de segundos tras declararse la DUI- ofrecen también claves
muy elocuentes sobre por dónde van a ir los independentistas, los del
pueblo y los cesados (en Madrid) de las instituciones suspendidas.
"Resistencia", "resistencia" y "resistencia" son las palabras que más se han oído entre dirigentes y militantes, por ejemplo, de la CUP, sin duda, triunfadora única de este fracaso colectivo junto a Ciudadanos,
que tiene ya su artículo 155 y sus elecciones intrusas. Los antisistema
y anticapitalistas llegaron al Parlament con el único objetivo de
alcanzar la independencia, se aliaron con el partido tradicional de la
burguesía catalana, del 3% y de los recortes sociales, exigieron (y
consiguieron) la salida del Artur Mas del Govern y apoyaron el
nombramiento de Carles Puigdemont, cuyo perfil no es el de un convergente al uso, como Mas, sino el de un independentista convencido y decidido a llegar hasta el final de su promesa. En eso estamos.
Mariano Rajoy e Iñigo Urkullu, durante una reunión en La Moncloa.
Hubo momentos de incertidumbre cuando
Puigdemont dejó la DUI en suspenso, pidiendo diálogo a Rajoy y topando
con un muro. El intermediario por excelencia (hubo más), el lehendakari Iñigo Urkullu, ya estaba en conversaciones con president y
Gobierno, éstas que se aceleraron esta semana -sobre todo a través de
mensajes, la comunicación política del presente- y alcanzaron su máxima
intensidad el jueves con la posibilidad de un adelanto electoral en
Catalunya. "Estuvimos muy cerca", admitió Urkullu visiblemente decepcionado y rotas ya las negociaciones.
¿Qué falló? En primer lugar, la desconfianza mutua entre Rajoy y Puigdemont:
- "Si tú convocas elecciones, yo iré disolviendo el 155" - "Dame garantías de que el 155 no se aplicará". - "No; convoca..." - "Garantías..."
Este diálogo es ficticio, naturalmente, porque lo segundo que falló, y sin duda, lo más importante fue la llamada que nunca se hizo.
Pese a los esfuerzos de los mediadores (se ha citado a Pastor o a
Montilla, al dimitido Vila, al propio Mas,...), la petición explícita a
ambos del lehendakari para que hablaran sin intermediarios, no
hubo llamada Rajoy-Puigdemont ni viceversa. Da igual que el país esté
partido en dos, la economía tambaleante, la #MarcaEspaña por los suelos, las empresas en modo espantada, el
pueblo catalán en la calle reclamando lo suyo, la ultraderecha
desatada, las instituciones catalanas anuladas y sus cargos cesados; la
sede de la soberanía popular, el Parlament, intervenido; los medios públicosvigilados (de eso no los libran siete enmiendas del PSOE, que se lo digan a los trabajadores de RTVE); los productos catalanes (¿?) boicoteados, y un largo etcétera, incluido un Puigdemont detenido más pronto que tarde.
La convocatoria de elecciones por sorpresa
que ha hecho Rajoy a última hora del viernes ha sido una jugada hábil,
sin duda, que los suyos aplaudirán con el mismo entusiasmo que el 155 en
el Senado: es otra humillación para el (ex) president y los independentistas.
Por eso cambia poco el deprimente escenario, porque la convocatoria
implica una aplicación acelerada del 155 y una votación convocada en
Madrid y controlada desde Moncloa. Catalunya es desde este
jueves una República Independiente, y en esa realidad paralela, ¿quién
se cree que es el presidente de España para convocar las elecciones de otro país?
Esa llamada rogada casi por Urkullu. Ese cara a cara. Esa altura de miras...
P.D.: Siempre me pregunto qué habría pasado si Rajoy y Puigdemont fueran mujeres no testosteronizadas.
Ante la situación en catalunya
Las organizaciones firmantes,
sindicatos de ámbito estatal, compartimos nuestra preocupación por la
situación en Catalunya, por la represión que el Estado ha desatado, por
la merma de derechos y libertades que esto supone y va a suponer y por
el auge de un nacionalismo rancio que está apareciendo de nuevo en
gran parte del Estado.
CGT - CNT - Solidaridad Obrera
Defendemos la emancipación de todas las personas
trabajadoras de Catalunya y del resto del mundo. Tal vez, en este
contexto, sea necesario recordar que no entendemos el derecho a la
autodeterminación en clave estatista, como proclaman los partidos y
organizaciones nacionalistas, sino como el derecho a la autogestión de
nuestra clase en un territorio determinado. Así entendida, la
autodeterminación pasa más por el control de la producción y el consumo
por parte de trabajadores y trabajadoras y por una democracia directa de
abajo a arriba, organizada según los principios federalistas, que por
el establecimiento de una nueva frontera o la creación de un nuevo
Estado. Como internacionalistas, entendemos que la solidaridad entre las
personas trabajadoras no debe verse limitada a las fronteras estatales,
por lo que nos preocupa poco dónde se dibujen éstas. Lo que sí nos parece muy preocupante es la reacción que se está
viviendo en muchas partes del resto del Estado, con la exaltación de un
españolismo rancio, que más recuerda a épocas pasadas, jaleado desde
los medios de comunicación y en sintonía con la deriva autoritaria del
gobierno, patente tras el encarcelamiento de personas por convocar actos
de desobediencia o la aplicación del artículo 155 de la Constitución.
No se nos escapa que este brote nacionalista sienta las bases para
posteriores recortes de derechos y libertades, contra los que nos
debemos prevenir. La bochornosa unidad de las llamadas “fuerzas
democráticas” en la justificación de la represión, augura un panorama
sombrío para todas las disidencias futuras. Pareciera que el régimen
posfranquista que nos gobierna desde hace 40 años, cerrara filas para
asegurar su continuidad. Dicho régimen, que ha existido y existe en Catalunya tanto como en el
resto del Estado español, siente que su propia supervivencia está en
juego. Cuestionado ampliamente y sumido en una profunda crisis de
legitimidad, observa alarmado cómo se le acumulan los frentes abiertos.
La amenaza a la integridad territorial del Estado se suma a los
escándalos por corrupción, al desprestigio de la monarquía, al
cuestionamiento de los rescates y recortes que se han aplicado sobre la
población, al descontento por el esclavismo en el puesto de trabajo
derivado de las últimas reformas laborales, por el alargamiento de la
edad de jubilación y la minoración económica de las pensiones, etc… Las
constantes llamadas a defender la constitución se deben entender como
toques a rebato para atajar esta verdadera crisis existencial que le
asedia. El peligro es que en el proceso se sancionen y se vuelvan norma
comportamientos represivos como los que se han visto recientemente en
muchas ciudades catalanas. O peores… Evidentemente, no sabemos en qué sentido se decantarán los
acontecimientos. Permaneceremos atentas a lo que ocurra, dispuestas a
defender los intereses de las personas trabajadoras de todo el Estado.
Nos opondremos con todas nuestras fuerzas a la represión y a la
normalización de actitudes ultraderechistas, que ya se percibe. Por
supuesto, tampoco nos dejaremos utilizar por las estrategias de los
partidos políticos cuyos objetivos nos son ajenos. A la vez, no
dejaremos de alentar las movilizaciones de la clase trabajadora cuando
ésta decida, por fi que ha llegado el momento de sacudirse el dictado de
unas élites políticas y económicas que llevan demasiado tiempo
gestionando el control del territorio para servir, en exclusiva, a sus
propios intereses. Como organizaciones sindicales de clase, libertarias y combativas,
estaremos a pie de calle, en las movilizaciones, como ya hemos
demostrado en muchas ocasiones, contra la represión, los recortes de
derechos y libertades y contra la corrupción. Puede que la crisis de Catalunya sea la puntilla de un modelo de
Estado que agoniza. Que este cambio se decante en un sentido u otro
dependerá de nuestra capacidad, como clase, de llevar el proceso en la
dirección opuesta a la represión y al auge de los nacionalismos.
Confiemos en lograr que el resultado final sean más libertades y
derechos y no al contrario. Nos jugamos mucho. ¡POR LOS DERECHOS Y LAS LIBERTADES! ¡CONTRA LA REPRESIÓN A LAS CLASES TRABAJADORAS! CONFEDERACIÓN GENERAL DEL TRABAJO CONFEDERACIÓN NACIONAL DEL TRABAJO SOLIDARIDAD OBRERA
Este es el primer país que no reconoce la independencia de Cataluña
Publicado: 27 oct 2017 15:50 GMT | Última actualización: 27 oct 2017 19:07 GMT - RT
La declaración unilateral de independencia
catalana se enfrenta a una ola de señalamientos internacionales.
Juan Medina / Reuters
Alemania ha sido la primera nación en no reconocer la independencia de Cataluña. Así lo confirma Steffen Seibert, portavoz del Gobierno de Angela Merkel, afirmando que su país apoya la "clara postura" del presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy. El vocero del Ejecutivo alemán agregó que Berlín aboga por la defensa del "orden constitucional", y enfatizó que "la soberanía y la integridad territorial de España son y se mantienen inviolables". "Esperamos que los afectados aprovechen todas las oportunidades para el diálogo y la distensión", añadió Seibert.
Previamente, el Consejo Europeo indicó tras la aprobación del artículo 155 que "para la Unión Europea, nada cambia", y que "España sigue siendo nuestro único interlocutor". En una votación muy controvertida por su falta de garantías legales y por la gravedad de sus consecuencias, el Parlamento catalán proclamó la
república independiente de Cataluña, con un resultado favorable al 'sí'
en una votación en la que no participaron tres partidos de la
oposición. Mientras tanto, en el Senado de España se aprobaba la aplicación del artículo 155 sobre Cataluña, que supone la intervención de la autonomía.
Los ultras salen a la calle en Barcelona: un grupo ataca la sede de Catalunya Ràdio
Una 1.000 personas con banderas españolas se manifiestan en la Diagonal.
Los ultras en la puerta de Catalunya Ràdio. EP
Los ultras salen a
la calle tras la declaración de independencia. Algunos de ellos han
llegado a atacar la sede de Catalunya Ràdio.
Unas 1.000 personas con banderas españolas
se manifiestan contra la independencia de Catalunya por la Diagonal de
Barcelona, donde se ha cortado el tráfico, y han marchado dirección
plaza Francesc Macià, han informado a fuentes de la Guardia Urbana.
La manifestación se ha iniciado
espontáneamente tras una concentración de jóvenes que rechazan la
independencia en la plaza Artós hacia las 18:00 horas.
Imagen de los cristales rotos por los ultras
Allí se han concentrado dos centenares de
personas que han iniciado una marcha por la Vía Augusta, a la que se han
ido sumando personas hasta llegar al millar y ahora se dirigen hacia la
plaza Espanya.
Según los Mossos d'Esquadra, la marcha ha afectado al tráfico de las calles por donde pasan.
Ultras contra Catalunya Ràdio
Un pequeño grupo de ultras se han dirigido a
la sede de Catalunya Ràdio con banderas españolas y han atacado la
sede, proferiendo insultos contra este medio y rompiendo algunos
vidrios, por lo que los Mossos se han visto obligados a desplegar un
dispositivo de seguridad y han apostado agentes ante las instalaciones
de esta emisora. Los trabajadores han permanecido dentro de las
instalaciones sin poder salir.
URUGUAY
CONGRESO DE LA UNTMRA VA HASTA ESTE SÁBADO
Metalúrgicos debaten sobre economía y trabajo
Oct 27, 2017 | LA REPÙBLICA UY
Con
la presencia de delegaciones sindicales de metalúrgicos de Argentina,
Brasil Chile, Venezuela y Cuba, y del ministro de Educación venezolano
Elías Jaua, inició este jueves 26 de octubre e irá hasta este sábado 28
inclusive el Congreso Nacional de la Unión Nacional de los Trabajadores
del Metal y Ramas Afines (Untmra) en el marco del aniversario N° 100 del
nacimiento de Gerardo Cuesta. La Untmra, uno de los sindicatos más fuertes del Uruguay, está
integrada por 8.000 afiliados con una proporción que ronda el 45 % del
sexo femenino. Las ramas de actividad que nuclea el sindicato son:
Metalurgia, Electrónica, Vidrio hueco, Autopartes, Plástico, Estaciones
de Servicio, Minería, Industria Naval, Ensambladoras Automotrices y de
Carrocerías, Talleres Mecánicos, Auxilio Automotriz. El eje central del congreso girará en torno a la situación económica y
política de Uruguay y el mundo, buscando los diferentes caminos y
formas para “Derrotar en Uruguay la contraofensiva del imperialismo y
las clases dominantes y despejar el camino para avanzar en democracia”,
sin dejar de lado además la situación del continente latinoamericano.
La verdad sobre la privatización educativa en Uruguay
Martes, 24 Octubre 2017 15:40 - PORTAL PIT-CNT
Los días 25, 26 y 27 de octubre, en el marco de la Campaña Mundial
contra la Privatización y el Comercio Educativo, se desarrollarán
distintas actividades en Montevideo donde se darán a conocer los
resultados de la investigación sobre privatización de la educación en
Uruguay. La misma fue realizada por un equipo de investigadores de la
Universidad Autónoma de Barcelona y de la Universidad de la República. José Olivera, secretario general de FeNaPES explicó que uno de los
aspectos centrales será visualizar la transformación de los sistemas
educativos, que por impulso de las grandes corporaciones
internacionales, "la educación deja de ser un derecho para ser
considerada una mercancía" aseguró. “El Banco Mundial y la OCDE van
lucrando con los sistemas educativos” sostuvo. El secretario general de FeNaPES recordó que a partir del congreso
mundial del 2015 se decidió comenzar una campaña mundial de lucha frente
al comercio y la privatización educativa y fue durante 2016 que un
grupo de académicos y de investigadores realizó un estudio focalizado en
la privatización educativa en América Latina. “Ese estudio demuestra
que en nuestro continente es donde más ha avanzado la privatización y
mercantilización” aseguró Olivera. Si bien Uruguay aparenta estar
alejado a ese fenómeno continental “una vez que se corre la cortina” y
se conocen los datos se puede comprobar que “hay una serie de elementos
que nos plantean un desafío” agregó. En la investigación que se
presentará a la población, a todo el sistema político y a los
trabajadores en el ámbito de un encuentro en el PIT-CNT, se exhibe que
en Uruguay se ha producido un avance del sector privado “no el
tradicional, sino el vinculado a las grandes corporaciones y
fundaciones, que defienden las agendas que promueven la OCDE y el Banco
Mundial” subrayó. La Universidad Autónoma de Barcelona y la Universidad de la República
(UdelaR) fueron las responsables del estudio focalizado en la situación
uruguaya que será presentado este miércoles ante la Comisión de
Educación y Cultura de la Cámara de Representantes, en sesión especial
convocada a tales efectos. El día jueves se desarrollará en la sede del IMPO una presentación
pública a la que fueron invitados actores representantes de todo el
espectro político nacional. “Esperemos que asistan ya que una de las
conclusiones de la investigación demuestran que hay un fuerte consenso
político partidario proclive a las tendencias promercados y
privatizadoras de la educación y sería bueno que escucharan qué
consecuencias ha traído esa privatización en el mundo”. La segunda mesa del encuentro que se desarrollará en el IMPO, será de
análisis y comentarios sobre los resultados de la investigación que
según adelantó Olivera, “demuestra que existe casi unanimidad en el
sistema político uruguayo sobre que lo privado es mejor que lo público”
por lo que se están habilitando la privatización educativa “con fondos
públicos, porque esa una constante mundial, que el privado se apodere de
los fondos públicos para desde allí obtener una ganancia”. En este
sentido, Olivera dijo que en Uruguay “hay sectores enteros que están en
esta lógica, como el caso de los niños de cero a tres años; el caso de
los liceos públicos de gestión privada que se benefician de
exoneraciones fiscales del Estado, pero además, con el papel muy activo
de algunas fundaciones que quieren construir sentido común en nuestra
sociedad como lo hace Ceres con el economista Ernesto Talvi, jugando un
papel clave hablando de privatizar el sistema educativo como algo
beneficioso para el Estado y la sociedad uruguaya, y también con el
planteo que promueve Eduy21, fundación que dirige entre otros, el
sociólogo Fernando Filgueira, que cuenta entre sus cuadros a connotados
tecnócratas que fueron brazos ejecutores de la reforma de Germán Rama en
la década del 90” y que hoy trabajan para organismos internacionales
“dependientes en muchos aspectos del Banco Mundial y de la propia OCDE”. Desde la perspectiva de los trabajadores, es importante que los datos
que revela la investigación que será presentada esta semana, sirvan
para abrir una discusión “seria y profunda” que permita alertar sobre la
situación que atraviesa el Uruguay. En este marco, tanto Ceres como
Eduy21 han sido invitadas a la participar de la presentación de la
investigación que será distribuida en formato libro, gratuitamente a los
participantes que asistan al IMPO el jueves y a quienes concurran al
evento en el PIT-CNT el día viernes.
El espacio de FeNaPES en el escenario nacional
La iniciativa de los trabajadores de la enseñanza para dialogar de
manera transversal sobre la realidad educativa, en base a un trabajo de
investigación desarrollado por un grupo de académicos internacionales,
desvirtúa la pretendida imagen que han insistentemente colocado desde
algunos grandes medios a los gremios y sindicatos de la enseñanza.
Olivera sostuvo que los intentos por desprestigiar a los trabajadores
“provienen de una estrategia mundial, y no lo decimos nosotros; hay que
leer algunos documentos, especialmente los que emergen del Banco Mundial
y la OCDE, responsables entre otras cosas de las Pruebas Pisa, donde le
dicen a los gobiernos y a los grupos de poder que avanzar en términos
de privatización implica en primer lugar desprestigiar la educación
pública y generar en nuestra sociedad la sensación que hay crisis; aquí
en Uruguay hay medios de comunicación que cada vez que informan sobre el
estado de situación o cualquier noticia vinculada a la educación,
invariablemente siempre colocan un colgado que dice crisis educativa,
(porque) es algo que ya está tomado como modelo a utilizar” subrayó.
Asimismo, Olivera explicó que “en el marco de ese ataque a la educación
usted debe atacar necesariamente a los trabajadores, en especial a sus
docentes, y muy especialmente porque hasta está en negrita en los
documentos del Banco Mundial, a las organizaciones que representan a los
trabajadores, a los sindicatos. Por lo tanto, ese ataque tiene un
fuerte componente político ideológico, más allá de algunos que pudiera
reclamar a nuestro sindicato que aporte propuestas y por ello es que
FeNaPES o nuestro sindicato hermano la FUM-TEP hemos venido participando
activamente en los últimos años en distintos espacios regionales e
internacionales donde hemos colocado sobre la mesa de discusión, cuál es
el papel de los sindicatos. Incluso desde el PIT-CNT ya hemos planteado
que estamos dispuestos a discutir un proyecto alternativo de educación
porque no tenemos la verdad absoluta y queremos discutir con el conjunto
de la ciudadanía porque no creemos en lo que se intenta imponer en que
la educación es algo exclusivamente para expertos porque además, muchos
de los expertos nunca pisaron un aula pública, una institución educativa
pública, porque se han formado en la educación privada y son los que
nos vienen a decir qué tipo de reforma tenemos que hacer en nuestro
país”. Olivera insistió en que los trabajadores de todas las ramas y
sectores plantearán abrir la discusión a nivel transversal de la
sociedad “porque no puede quedar en manos de cuatro expertos que
trabajan para organismos internacionales, decirnos qué hay que hacer con
la realidad educativa y cuáles son las posibles salidas”. En este
sentido, valoró la instancia planteada desde el gobierno hacia el
Congreso Nacional de Educación para analizar los problemas estructurales
“y a partir de un diagnóstico, poder construir una perspectiva de
salida”.
Privatización educativa en Uruguay: política, actores y posiciones
Mesa 1: Presentaciones
Presentación de la Campaña de Respuesta Global Frente al Comercio y la Privatización Educativa. Ángelo Gavrielatos, Director de la Campaña Mundial Contra el Comercio Educativo, Australia. Presentación de la investigación “Privatización educativa en Uruguay: política, actores y posiciones”. Mag. Mauro Moschetti, Universidad Autónoma de Barcelona
Mesa 2: Comentarios
Dr. Marcos Carámbula, Presidente de la Comisión de Educación de la Cámara de Senadores. Dr. Antonio Romano, Dirección Sectorial de Planeamiento Educativo, CoDiCen, ANEP.
COMCOSUR AL DÍA Víctimas del terrorismo de Estado piden activar causas por violación a DDHH
(Caras y Caretas)
Bajo el lema “La Justicia cuando tarda no es Justicia” decenas de
personas se reunieron en la Plaza de Cagancha para reclamar que se
aceleren las denuncias penales por violación de los derechos humanos
durante la dictadura.
Sobre un estrado levantado a pocos metros de la sede de la Suprema Corte
de Justicia (SCJ) se proyectó un video son testimonios de expresos
políticos y familiares de desaparecidos. Hubo actuación de cantores
populares y la lectura de una proclama. Dicho acto se realizó en el
marco del 165 Período Ordinario de Sesiones de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDDHH) que se realiza en
Montevideo.
Indican los organizadores que se trata de un conjunto de acciones y
medidas llevadas a cabo por diferentes grupos de víctimas desde la
apertura democrática que “hemos recorrido todos los caminos legales
posibles, en forma de testimonios, libros, acciones de organizaciones de
DDHH nacionales e internacionales ante las instituciones, frente a la
sociedad toda”.
“A lo largo de estos años, hemos logrado algunas leyes parciales de
reparación y restitución, instancias de memoria y reconocimiento;
traducidas en normas y agendas de derechos que se institucionalizaron”,
subrayan. No obstante, “es insuficiente, puesto que la cultura de la
impunidad sigue presente en el antes como en el ahora, y sigue
insatisfecha la demanda de justicia”.
De esta manera, aprovechando la reunión de la CIDDHH en Montevideo, es
que decidieron compartir “una gran preocupación”: “Esta se motiva en la
extraordinaria demora que sufre el trámite de 300 causas penales
iniciadas hace ya muchos años”.Recordaron que los crímenes de Lesa
Humanidad “se siguen perpetuando en el tiempo, y son una afrenta y
ofensa a la dignidad de las víctimas directas, a la sociedad uruguaya y a
la humanidad”.
Los demandantes reclaman que “se cite a quienes hemos acusado, queremos
que se den curso a los expedientes, queremos que se condene a aquellos
que los jueves encuentren culpables. Hay decenas de pedidos fiscales de
procesamiento por estos delitos, la justicia tiene que expedirse y no
permitir ser demorada por las chicanas y dilaciones que están
interponiendo los acusados”.
“Exigimos que el Estado uruguayo cumpla con las sentencias
internacionales, que cumpla con la Constitución de nuestra República,
que desarrolle una política pública de persecución penal a los delitos
de lesa humanidad, delitos que no son prescriptibles según el derecho
internacional”. “Queremos vivir en un país en el que haya justicia. Por
nosotros, que fuimos víctimas del terrorismo de Estado, pero,
especialmente, lo queremos por la sociedad uruguaya, la de hoy y la de
nuestros nietos”, termina la declaración leída en el acto de la Plaza de
Cagancha.
Si el artículo 155 es inaplicable o puede encontrar resistencia ciudadana, ¿cuál es el siguiente paso? Como explicaba en una publicación anterior, salvo conejo en la chistera o giro de última hora serían los artículos 116 y 8 de la Constitución: estado de sitio e intervención de las Fuerzas Armadas.
Desgraciada
o afortunadamente, según se mire, la situación sería todavía peor para
el Estado español de lo que inicialmente las cifras podrían aparentar,
ya que las mismas se verían mermadas por diferentes motivos.
