EEUU: Proponen independencia de California por rechazo a Donald Trump
Si cumple los requisitos para aparecer en las boletas y los electores la aprueban, la propuesta podría considerarse para una votación futura en torno a si California debería separarse del país.
El secretario de gobierno, Alex Padilla, dijo que el grupo que impulsa la propuesta, Yes California Independence Campaign (Campaña por el Sí a la Independencia de California), fue autorizado para que empiece a recolectar las casi 600 mil firmas de electores requeridas para que el plan pueda aparecer en las boletas. La campaña debe presentar las firmas válidas a más tardar el 25 de julio.
Intentos previos de hacer de California una nación, o fragmentarla en múltiples estados, han fracasado. Pero la elección de Donald Trump en noviembre reavivó la conversación sobre la escisión de la Unión. La propuesta no menciona al presidente, que en las urnas californianas fue derrotado por Hillary Clinton con más de cuatro millones de sufragios de diferencia.
La enmienda constitucional propuesta, titulada Carácter de Nación para California, también le solicitaría a los votantes que rechacen la frase que afirma que la Constitución estadounidense es la ley suprema. Si es aprobada, pide programar un referendo en 2019 para preguntarle a los votantes: "¿California debería convertirse en un país libre, soberano e independiente?". Un obstáculo no menor sería la Constitución estadounidense, que carece de cláusulas que prevean la separación de algún estado.
Las amenazas para separarse de Estados Unidos han formado parte de la política estadounidense casi desde la fundación del país. El intento más grave ocurrió antes y durante la Guerra Civil, cuando 11 estados sureños se separaron y formaron la Confederación.
"EE.UU. odia a California": Independentistas californianos superan el primer obstáculo
Publicado: 27 ene 2017 23:54 GMT | Última actualización: 28 ene 2017 09:41 GMT - RT
El secretario de Estado de California
autorizó a los partidarios de la secesión para que empiecen a recolectar
las firmas requeridas para que la propuesta sobre el 'Calexit' se
someta a una votación.
"EE.UU. odia a California": Independentistas californianos superan el primer obstáculo
https://youtu.be/ftg2KaRqBv4
La propuesta correspondiente fue presentada a la Oficina del secretario de Estado de California, Alex Padilla, quien autorizó al movimiento independentista 'Yes, California' para que empiece a intentar recolectar las firmas requeridas para que el ambicioso plan pueda aparecer en las boletas electorales. La campaña debe presentar las firmas válidas antes del 25 de julio para que pueda ser sometida a una votación en noviembre de 2018.
Si la medida llega a la boleta electoral y obtiene la aprobación de la mayoría de los votantes, derogaría las cláusulas en la Constitución de California que estipulan que el estado es una "parte inseparable de EE.UU." y que la Constitución estadounidense es la "ley suprema".
Esto daría paso a un referéndum en marzo de 2019 para consultar a los estadounidenses si California debería convertirse "en un país libre, soberano e independiente".
"EE.UU. ya odia a California"
Incluso si la iniciativa propuesta llega a la votación y es aprobada por los votantes, una medida tan sin precedentes tendría que recibir la aprobación de por lo menos la mayoría de los estados, entre otros obstáculos legales.Sin embargo, según explicó al diario 'Los Angeles Times' Marcus Evans, vicepresidente del movimiento, "EE.UU. ya odia a California, y EE.UU. vota sobre las emociones", por lo que cree que "si lo celebráramos hoy, tendríamos los votos".
Por su parte, Juan Pablo Albán, vicepresidente de 'Yes, California' para asuntos latinos, sostiene que el descontento se debe al mal funcionamiento de Washington.
'Calexit' en EE.UU., ¿más posible que nunca?
Publicado: 12 nov 2016 22:28 GMT - RT
Para organizar un referéndum de
independencia hay que conseguir 400.000 firmas de californianos. Sin
embargo, no está claro si tal secesión es legal o no en EE.UU.
¿Cómo votó el estado de California?
La candidata demócrata a la Casa Blanca, Hillary Clinton, fue la ganadora en California con 61,5% de los votos frente al 33,3% de su rival republicano, según el diario 'The New York Times'.Ese estado, que supone 55 votos electorales, ha votado por candidatos del Partido Demócrata desde 1992. Sin embargo, la victoria de Clinton en California no influyó en el resultado de las presidenciales en EE.UU.
¿Cómo reaccionó California tras las elecciones?
Al conocerse el resultado de los comicios, varias ciudades californianas se vieron sacudidas por una ola de protestas protagonizadas por ciudadanos que rechazan la victoria de Trump. El miércoles posterior a las elecciones, en el centro de la ciudad de Santa Bárbara varias decenas de personas celebraron una marcha bajo la consigna 'Not my president' ('No es mi presidente'). Algunos manifestantes izaron incluso banderas mexicanas.En Oakland los participantes en una marcha rompieron las ventanas de la redacción de un periódico local, prendieron fuego a neumáticos y contenedores de basura y provocaron un incendio en una estación, lo que llevó a su cierre temporal. Varios centenares de ciudadanos participaron en protestas similares en San Diego y Los Ángeles. El #CalExit, una llamada a la salida de California de EE.UU., se convirtió en una de las tendencias más populares en las redes sociales.
¿Quién aboga por la secesión?
"Ser un estado de EE.UU. ya no corresponde a los intereses de California", según el sitio web del movimiento 'Yes, California', que lidera la campaña para salir de EE.UU. Louis J. Marinelli, el presidente de esta campaña por la independencia, aspira a conseguir las 400.000 firmas de californianos necesarias para organizar un referéndum de independencia en 2019.El presidente ejecutivo del 'startup' Hyperloop One, Shervin Pishevar, expresó su apoyo al 'Calexit' por medio de su cuenta de Twitter. "Si Trump gana, anunciaré y financiaré una campaña legítima para que California se convierta en una nación", escribió el día de las elecciones.
¿Es legal separarse de EE.UU.?
La Constitución de EE.UU. no menciona la posibilidad de secesión de un estado, y el último intento real de conseguirlo se remonta a los años de la Guerra Civil estadounidense (1861-1865). "La Guerra Civil desempeñó un papel muy importante en establecer los poderes del Gobierno federal y dejar claro que el Gobierno federal tiene la última palabra en estos asuntos", según Eric McDaniel, de la Universidad de Texas en Austin, citado por 'The Texas Tribune'.Sin embargo, existe una laguna jurídica que podría aplicarse en el caso de California, según una decisión de la Corte Suprema de EE.UU. de 1869, "cuando (...) Texas se convirtió en un miembro de Estados Unidos, entró en una relación indisoluble". Tras la unión, explica McDaniel, no quedó lugar para la reconsideración o la revocación, con una excepción: si se hacía "a través de una revolución o el consentimiento de los estados".
#Texit y #Calexit: El 'Brexit' inspira movimientos por la independencia en EE.UU.
Publicado: 5 jul 2016 07:06 GMT - RT
Tras el éxito del 'Brexit' se alzan voces en
Texas y California a favor de poner en marcha sus propios procesos de
independencia de Estados Unidos.
#Texit y #Texodus
Tras el éxito del 'Brexit', algunos usuarios de las redes sociales en Texas no tardaron en exigir un 'Texit': una separación de Texas de EE.UU. Para explicar por qué debe escindirse, ciertas personas mostraron en Twitter un mapa de la UE en donde estaba marcada el área que ocuparía ese estado en el viejo continente.Otros usuarios incluso sugirieron la etiqueta #Texodus, un acrónimo de 'Texas' y 'exodus' (éxodo), en referencia a la salida de los israelitas del antiguo Egipto.
Los partidarios del Movimiento Nacionalista de Texas (TNM, por sus siglas en inglés) especulan con que el estado podría dejar de pertenecer a EE.UU. ya en 2018. Su presidente, Daniel Miller, ha explicado a RT que "en la votación del 'Brexit', el pueblo del Reino Unido sintió que estaba pagando más en la UE que si saliera de ella" y que eso "es exactamente lo que sucede aquí, en Texas".
Jared
Texas is bigger than you think, it deserves it's independence. #Texit
Miller estima que si Texas, que tiene un PIB de 1,6 billones de dólares, se convirtiera en una nación independiente, estaría entre las 10 economías más importantes del mundo.
Texit
#Calexit y #Caleavefornia
Texas no está solo en su deseo de seguir el ejemplo del 'Brexit': muchos usuarios de California, el estado más poblado de EE.UU., también están listos para separarse. 'Yes, California', la comunidad en Twitter que lidera la campaña para salir de EE.UU., también ha comparado el tamaño de su estado con el de la UE.Yes California
Join us in the #CAindyref campaign. Get CA out of the US. #CaLEAVEfornia
Marinelli ha relatado que el movimiento ha realizado una encuesta informal preguntando a 9.000 californianos si su estado debería convertirse en un país independiente y el 41 % de esas personas ha respondido que sí, "por eso estamos tan entusiasmados después de lo sucedido en la votación del 'Brexit'".
Geostrat ME
El muro de Trump contra América Latina
Publicado el 26 Enero 2017
Escrito por Ilka Oliva Corado - El Clarín de Chile
Sin
ir tan lejos, el muro que pretende construir Trump no detendrá la
inmigración forzada de latinoamericanos, porque se debe a la política
externa de Estados Unidos y su injerencia en América Latina.
Primordialmente. El asedio constante, la intromisión en asuntos internos
de otros países que toma como propios. El saqueo despiadado en tierras
que siempre ha vulnerado a su antojo.
Si
especificamos la migración de centroamericanos y mexicanos hacia
Estados Unidos y nos adentramos un poco en la historia de los últimos 50
años en la región, veremos con detenimiento el papel que jugó el Plan
Cóndor y las dictaduras impuestas que dieron paso a la creación de
gobiernos neoliberales que responden a mandatos estadounidenses.
Las
personas no se van porque es un lujo vivir en Estados Unidos, se van
porque son obligadas a salir de sus países de origen. Las obligan los
gobiernos corruptos con políticas clientelares e impunes que benefician a
las grandes corporaciones de la oligarquía y del extranjero.
Estados
fallidos, las grandes mafias que pululan en el sistema de justicia, de
educación, de salud. La carencia de una infraestructura adecuada. La
nula oportunidad de desarrollo que ofrezca y respalde una vida saludable
e integral. Las razones están a flor de piel, son visibles y palpables,
no podemos ser inmunes a la tragedia de la migración forzada. Ni
nosotros como ciudadanos, ni la mediatización y mucho menos los
gobiernos del país de origen, traslado y llegada.
Trump
lo sabe, sabe que sí ayudaría y bastante eliminar la versión
renovada del Plan Cóndor. Terminar de tajo con el carácter injerencista
de las embajadas estadounidenses al sur del río Bravo. Devolver lo
robado. Dejar de promover, manipular y llevar a cabo golpes de Estado.
Sacar de los países latinoamericanos la bases militares estadounidenses que de misiones humanitarias no tienen nada.
Si
Trump realmente quiere terminar con la inmigración forzada de latinos
hacia Estados Unidos, debe cortar de tajo con el Plan Mérida, el Plan
Frontera Sur, el Plan Maya-Chortí , el Plan Alianza para la prosperidad,
más al sur el Plan Colombia. Eso para comenzar.
Terminar
con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el Tratado de
Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República
Dominicana. El Tratado de Libre Comercio Chile-Estados Unidos. El
Tratado de Libre Comercio Perú – Estados Unidos y, por supuesto dejar
de insistir en que Suramérica le dé el sí con el Área de Libre Comercio
de las Américas.
Porque
todos estos tratados son nada más renovaciones del Plan Cóndor
disfrazados de políticas de inclusión y hermandad entre países; son
injerencias aceptadas por los gobiernos de carácter corporativo que solo
benefician a las oligarquías y a Estados Unidos. Son maquinarias de
destrucción masiva de vidas humanas y del ecosistema de Latinoamérica.
Empobrecen más la región y la destruyen.
Mientras
Estados Unidos no deje su injerencia en América Latina, no habrá muro
que sea capaz de detener la migración forzada. Por más deportaciones
masivas, la gente necesita comer y a Estados Unidos viene a buscar el
sustento que le niega y le roba su país de origen.
Lo
triste de todo esto es que, mientras se firman Acciones Ejecutivas y
palabras van y palabras vienen, miles siguen muriendo en la frontera
de la muerte, miles siguen siendo secuestrados, torturados y
desparecidos, en su paso por Centroamérica y México buscando llegar a
Estados Unidos. ¿Qué gobierno firmará una Acción Ejecutiva para detener
ese genocidio de indocumentados? ¿Quién se indignará ante tanta
tragedia?
No es un muro, es la injerencia de Estados Unidos en Latinoamérica.
Posdata:
Ya que estamos en éstas, ¿cuándo firmará una Acción Ejecutiva para
eliminar el Decreto contra Venezuela? Digo, aprovechando lo de la feria
de firmas de Acciones Ejecutivas.
Ford, Airbnb y Silicon Valley se rebelan contra el decreto migratorio de Trump
Publicado: 31 ene 2017 11:01 GMT - RT
Un creciente número de multinacionales
desobedece la orden del nuevo presidente de EE.UU. sobre los refugiados e
inmigrantes en el país.
Ford
El segundo mayor fabricante de automóviles estadounidense ha rechazado el veto al afirmar que "están orgullosos de la rica diversidad" de la compañía. Ford ha enfatizado que sus valores centrales son "el respeto para todos" y "la inclusión en el trabajo"."No apoyamos esta política ni ninguna que vaya en contra de nuestros valores como compañía", reza un mensaje para los empleados de Ford enviado por el presidente ejecutivo Bill Ford y el consejero delegado Mark Fields.
Airbnb
El cofundador y director del portal Airbnb, Brian Chesky, expresó en su cuenta de Twitter que "las puertas abiertas unen a EE.UU. y las cerradas lo dividen más" e instó a "conectar a personas en vez de separarlas". Además, Chesky destacó que "no permitir a países o a refugiados entrar en EE.UU. no es correcto".Según anunció Chesky, el portal de alquiler de vivienda "está proporcionando alojamiento gratuito a refugiados y a cualquiera que no sea admitido en EE.UU.".
Según el presidente ejecutivo de Google, Sundar Pichai, la medida promovida por Trump afecta al menos a 187 empleados del gigante de Internet. Pichai manifestó la preocupación sobre "el impacto de esta orden y de cualquier propuesta que pueda imponer restricciones a funcionarios de Google y sus familias, o que pueda crear obstáculos para aportar grandes talentos a EE.UU.".
Microsoft
El presidente de Microsoft, Brad Smith, señaló en una carta que hasta 76 empleados de la compañía se están viendo afectados por el decreto firmado por el nuevo inquilino de la Casa Blanca. "Nuestra empresa les proporcionará apoyo legal y asistencia", aseguró Smith, indicando que "Microsoft cree en un sistema de inmigración fuerte, equilibrado y profesional".Según Smith, "las leyes de inmigración pueden y deberían proteger a la sociedad sin sacrificar la libertad de expresión o religión de personas".
Apple
El director de la firma de la manzana Tim Cook coincide con otras en su rechazo de la posición de la Casa Blanca al dejar claro que "no es la política que apoyamos". "Apple cree profundamente en la importancia de la inmigración", y que la empresa "no existiría" sin ella.Asimismo,Cook destacó que Apple "hará todo lo posible" para prestar apoyo a los empleados "afectados directamente" por el polémico veto.
Zuckerberg subrayó que "debemos mantener nuestras puertas abiertas para los refugiados y para los que necesitan ayuda. Eso es lo que somos nosotros".
Starbucks
La cadena de cafeterías estadounidense Starbucks anunció la contratación durante los próximos cinco años de 10.000 refugiados. "Hay más de 65 millones de personas en el mundo que las Naciones Unidas reconocen como refugiados y estamos elaborando planes para contratar a 10.000 de ellas durante los próximos cinco años en los 75 países donde opera Starbucks", declaró el director ejecutivo Howard Schultz.Asimismo, Schultz precisó que pretende comenzar a cerrar contratos en EE.UU. antes de llevarlo a cabo en el resto del mundo.
Llamadas gratuitas
La compañía de mensajería instantánea Viber aseguró ofrecer llamadas gratuitas de usuarios de la aplicación de EE.UU. a teléfonos fijos en los siete países mencionados en el decreto de Trump.
MILES A LA CALLE
Terrorista ultranacionalista de Quebec era partidario de Trump
Miles
de manifestantes homenajearon a las víctimas asesinadas en una mezquita
de esa ciudad. El asesino fue un ciudadano francés-canadiense,
ultranacionalista y partidario de Trump.
Miles de habitantes de Quebec salieron a la
calles para homenajear a las víctimas del atentado perpetrado por un
ciudadano francés-canadiense en una mezquita de esa ciudad canadiense.
Los quebecos decidieron hacer frente al frío intenso que azota ese país y reunirse en un punto neurálgico de la ciudad.
Repartieron volantes en francés, inglés y árabe, donde se decía que estaban allí para recordar que eran parte de una nación unida e indivisible y que “nuestra diversidad es nuestra fuerza”.
El terrorista, Alexandre Bissonnette, de 27 años, disparó contra los concurrentes a una mezquita, terminando con la vida de seis personas y dejando a varios malheridos.
Bissonnette, que expresó públicamente su admiración por Donald Trump y su odio por la izquierda, estudiaba política y antropología en la universidad de Laval. Según sus conocidos era un “ultranacionalista y defendía la supremacía blanca”.
Según ha trascendido, el hombre estaba recluido desde hacía un mes aproximadamente, y no atendía el teléfono ni se comunicaba con su círculo de amistades por Facebook, tal como solía hacerlo.
Su amigo Jean-Michel Allard-Prus expresó que Boissonnette es “de derecha, anti israelí, anti musulmán y anti inmigración”, dejando entrever que lo de el asesino era de ideología nazi, “aunque nunca me mencionó la violencia como medio político”.
Ante la agresión a los inmigrantes en territorio canadiense, los manifestantes reclamaron acciones concretas para contrarrestar el odio y la violencia.
Uno de los concurrentes manifestó a la prensa su indignación porque algunos políticos y columnistas “tienen un discurso tendiente a legitimar el racismo”, y agregó: “Esta es una prueba de que Quebec no es el ataque del domingo. Quebec es todas las personas que se han reunido aquí”.
Otro manifestante, Jaggi Singh, conocido por su actividad anarquista, llamó a la multitud a gritar “musulmanes, bienvenidos”, siendo coreado por el resto.
Los quebecos decidieron hacer frente al frío intenso que azota ese país y reunirse en un punto neurálgico de la ciudad.
Repartieron volantes en francés, inglés y árabe, donde se decía que estaban allí para recordar que eran parte de una nación unida e indivisible y que “nuestra diversidad es nuestra fuerza”.
El terrorista, Alexandre Bissonnette, de 27 años, disparó contra los concurrentes a una mezquita, terminando con la vida de seis personas y dejando a varios malheridos.
Bissonnette, que expresó públicamente su admiración por Donald Trump y su odio por la izquierda, estudiaba política y antropología en la universidad de Laval. Según sus conocidos era un “ultranacionalista y defendía la supremacía blanca”.
Según ha trascendido, el hombre estaba recluido desde hacía un mes aproximadamente, y no atendía el teléfono ni se comunicaba con su círculo de amistades por Facebook, tal como solía hacerlo.
Su amigo Jean-Michel Allard-Prus expresó que Boissonnette es “de derecha, anti israelí, anti musulmán y anti inmigración”, dejando entrever que lo de el asesino era de ideología nazi, “aunque nunca me mencionó la violencia como medio político”.
Ante la agresión a los inmigrantes en territorio canadiense, los manifestantes reclamaron acciones concretas para contrarrestar el odio y la violencia.
Uno de los concurrentes manifestó a la prensa su indignación porque algunos políticos y columnistas “tienen un discurso tendiente a legitimar el racismo”, y agregó: “Esta es una prueba de que Quebec no es el ataque del domingo. Quebec es todas las personas que se han reunido aquí”.
Otro manifestante, Jaggi Singh, conocido por su actividad anarquista, llamó a la multitud a gritar “musulmanes, bienvenidos”, siendo coreado por el resto.
Nadie habla de Quebec
Han pasado casi dos días desde el atentado en Quebec, donde seis personas murieron tiroreadas en una mezquita y casi diecinueve fueron heridas, y la noticia apenas ha manchado de sangre los medios. No ha abierto telediarios ni portadas de periódico, no ha inquietado a los diarios digitales -incluido éste-, no ha levantado oleadas de indignación ni apasionadas discusiones en las redes sociales. Prácticamente nadie ha colgado la bandera canadiense (la hoja de arce, para mi gusto, la más hermosa y estética de todas las banderas) en su perfil de facebook, quizá porque Canadá pilla un poco lejos, quizá porque las víctimas, además de canadienses, eran musulmanas.Me imagino la que se habría montado si un lunático hubiera asesinado a balazos a media docena de personas en una iglesia de Nueva York, de Tokio o, por qué no, de Quebec. La ingente cantidad de titulares y de negritas movilizadas si en lugar de haber diezmado una mezquita, el criminal hubiera atacado una sinanoga. No habríamos dejado de oír, y con razón, el viejo mantra, antisemitismo, puesto que no cabría la menor duda de que se trata de un delito de odio contra los judíos. La islamofobia -el odio a los musulmanes- carece todavía del triste prestigio secular que da al antisemitismo el horror de una palabra sagrada. Sin embargo, está claro que hay una única razón por la que el homicida, la cara cubierta con una máscara de esquí, entró en la mezquita del Centro Cultural Islámico de Quebec y empezó a disparar a sangre fría contra la multitud. Y es que eran musulmanes.
Alexandre Bissonnette, un joven de 27 años, fue detenido después de que, según algunos medios locales, llamara a la policía para entregarse. Las autoridades, no obstante, han preferido no dar detalles sobre el sospechoso ni menos aún sobre las motivaciones del atentado, un silencio extendido hasta el punto de que todavía no se ha aclarado si actúo solo o acompañado. En cambio, desde algunos medios alternativos empezaba a filtrarse algo de más información. Un compañero de estudios afirma que Bissonnette es un ferviente derechista, pro-israelí, anti-inmigración y simpatizante de Trump, mientras un testigo afirma que gritó varias veces “Allahu akbar” (Alá es grande) durante el tiroteo. No hace falta indagar mucho en las escasas crónicas que se hicieron eco de la noticia para descubrir que en junio pasado alguien había arrojado al suelo de la misma mezquita una cabeza de cerdo.
Al mismo tiempo que Donald Trump sigue clamando al miedo contra los musulmanes, el primer ministro canadiense Justin Trudeau lanzó un mensaje de paz: “La diversidad es nuestra fuerza y, como canadienses, la tolerancia religiosa es un valor que apreciamos”. A su vez Phillipe Couillard, primer ministro de Quebec declaró después de la masacre: “Quiero decir unas palabras a nuestros compatriotas musulmanes de Quebec. Estamos con vosotros. Estáis en casa. Sois bienvenidos a vuestro hogar. Sois quebequeses”. O mucho me equivoco o el atentado de Quebec, igual que sucedió con la masacre del ultra cristiano Anders Breivik en Noruega, va a contemplarse, como un hecho aislado, el acto criminal de un lunático no motivado tanto por el odio religioso o las ideas xenófobas como por algún tornillo suelto en la cabeza.
La lección de Justin Trudeau / Robert Fisk
La lección de Justin Trudeau
por Robert Fisk
Lleva meses convertirse en un verdadero malvado, volverse contra toda una raza de personas, alardear de su falta de compasión, fustigar hasta a los aliados más cobardes para hundirlos en un silencio servil mientras se enloda al nombre de su propio país. En cambio se necesitaron apenas unos segundos para que Justin Trudeau humillara a Donald Trump el fin de semana. Todo lo que dijo fue:
Bienvenidos a Canadá, y su propio país helado, gruñón y glorioso se convirtió en la Tierra de los Libres.
Entonces, apropiémonos del tuit que ella debió haber enviado después de su reunión con el presidente estadunidense, con quien ella desea una
relación especial:
A quienes huyen de la persecución, el terror y la guerra, los británicos les damos la bienvenida, sea cual sea la fe que profesen. Incluso tiene cierto toque de agallas británicas, como las que unas cuantas almas buenas demostraron cuando trajeron a los hijos judíos del Kindertransport.
Pero para Theresa May era demasiado. El mensaje no fue enviado a las masas que ansían respirar en libertad por una orgullosa Albión, sino por un Canadá unido y pleno de confianza en sí mismo. Será Canadá el que abra sus puertas
a quienes huyen de la persecución, el terror y la guerra, no una Gran Bretaña cuya lastimera primera ministra anda implorando tratados comerciales que rescaten nuestro orgullo a un hombre a quien nada le importa (igual que a ella) si los musulmanes británicos también quieren visitar Estados Unidos.
La repetición que hizo Trudeau de una foto en la que se le muestra saludando a un niño sirio en el aeropuerto de Toronto, hace poco más de un año –el primero de 39 mil refugiados en llegar a Canadá– valió por mil palabras. En vez de esconderse detrás del duro enfoque de
al césar lo que es del césarde May, Trudeau simplemente hizo saber que
esperaba tener la oportunidad de comentar con Trump el éxito de la política canadiense de inmigración y refugiados.
No, Trudeau no condenó a Trump. No era necesario. No sólo porque 75 por ciento de las exportaciones de Canadá van a Estados Unidos. No porque más de 20 por ciento de la población canadiense esté formada por inmigrantes nacidos en el extranjero. No porque el propio ministro de inmigración de Trudeau sea un hombre de doble nacionalidad que llegó a Canadá como refugiado somalí –de uno de los siete países cuyos refugiados han sido puestos
temporalmenteen la lista negra de Trump. Tampoco necesitó restregárselo en la cara a Stephen Harper, el conservador primer ministro derechista antinmigrante y antimusulmán al que venció decisivamente en las elecciones nacionales de octubre de 2015. Harper quería establecer una línea de emergencia para reportar a la policía
prácticas culturales bárbaras.
Y no todos los inmigrantes de Canadá están en un lecho de rosas. En algunas partes de Toronto existe una mentalidad de gueto. En el oeste de la capital se puede pintar el Misisipi de color verde musulmán. Hay bandas tribales en las grandes ciudades. La diversidad no siempre significa fortaleza, como tuiteó Trudeau. Pero para el caso se puede pintar de verde Dearborn, Michigan. A algunos inmigrantes canadienses les va mejor que a otros. A los afganos les cuesta trabajo asimilarse.
Pero Canadá quiere que los inmigrantes mantengan viva su cultura en su nuevo hogar. El gobierno estimula estaciones de radio y periódicos en lenguas extranjeras. Empresas canadienses han aprendido a colocar a sus mejores empleados paquistaníes, chinos o árabes como directivos de sus filiales en sus países de origen.
Y por tanto, el gobierno de Trudeau ha incluso asegurado que sus ciudadanos de doble nacionalidad no serán acosados por el Departamento de Seguridad Interior cuando visiten Estados Unidos. ¿Acaso May hizo eso? Olvídenlo. No son esos los ciudadanos británicos que le interesan.
Trump no es un Roosevelt o un Kennedy… ni siquiera un Bush, por lo que valga. Pero May tampoco es Churchill. Ni siquiera una Attlee o Macmillan o incluso un John Major. Carece de lo que muchos partidarios del Brexit no pueden encontrar en su alma. No es sólo que les falte compasión… ni siquiera por los propios musulmanes británicos. Ella no tiene lo que Churchill mencionaba con mucha frecuencia y lo que más valoraba: magnanimidad. Pero para poseer esa cualidad hay que ser valiente. Como ese arrogante, altanero, pagado de sí mismo pero valeroso joven que es el primer ministro de Canadá.
© The Independent
Traducción: Jorge Anaya
Bombardeo de EU en Yemen deja 57 muertos, entre ellos 16 civiles
|
domingo, 29 ene 2017
08:51 - La Jornada
Adén. Al menos 41 presuntos
milicianos de Al Qaeda y 16 civiles, ocho mujeres y ocho niños, murieron
este domingo en Yemen, en el primer ataque aéreo de gran envergadura
atribuido a Estados Unidos en este país desde la llegada de Donald Trump
a la Casa Blanca.
El bombardeo fue realizado a primera hora de la mañana por drones y helicópteros Apache en Yakla, en la provincia de Baida, en el centro de Yemen, indicó un responsable provincial.
Fuentes tribales confirmaron este balance de 57 muertos, entre los que figuran saudíes y egipcios, y precisaron que algunas personas seguían bajo los escombros de casas alcanzadas por el bombardeo.
Drones y helicópteros Apache, armados con ametralladoras pesadas, atacaron objetivos de Al Qaeda en una escuela, una mezquita y un dispensario, precisó este responsable que requirió el anonimato.
Por su parte, las fuentes tribales dieron cuenta de la participación de comandos y soldados estadunidenses en tierra.
El jefe local de Al Qaeda, identificado como Abu Barazan y de nacionalidad extranjera, figura entre las personas muertas en la operación, precisó el responsable provincial.
En el ataque también murieron tres jefes tribales vinculados a Al Qaeda: los hermanos Abdelrauf y Soltan al Zahab y Saïf Alawai al Jawfi, informaron fuentes tribales y locales.
Más de 100 muertos en combates entre rebeldes y ejército en el oeste
Más de 100 personas murieron en 24 horas en Yemen en ataques aéreos y combates entre las fuerzas progubernamentales y los rebeldes hutíes por el control de zonas costeras del mar Rojo, informaron este domingo fuentes militares y médicas.
Los rebeldes y sus aliados perdieron 90 hombres, informaron dichas fuentes, precisando que los combates en la región de Moca, en el suroeste del país, costaron la vida a por lo menos 19 soldados leales al régimen.
Las tropas leales al presidente Abd Rabbo Mansur Hadi, respaldadas por una coalición árabe bajo mando saudí, intentan reconquistar la ciudad de Moca donde se enfrentan a una fuerte resistencia de los rebeldes.
El bombardeo fue realizado a primera hora de la mañana por drones y helicópteros Apache en Yakla, en la provincia de Baida, en el centro de Yemen, indicó un responsable provincial.
Fuentes tribales confirmaron este balance de 57 muertos, entre los que figuran saudíes y egipcios, y precisaron que algunas personas seguían bajo los escombros de casas alcanzadas por el bombardeo.
Drones y helicópteros Apache, armados con ametralladoras pesadas, atacaron objetivos de Al Qaeda en una escuela, una mezquita y un dispensario, precisó este responsable que requirió el anonimato.
Por su parte, las fuentes tribales dieron cuenta de la participación de comandos y soldados estadunidenses en tierra.
El jefe local de Al Qaeda, identificado como Abu Barazan y de nacionalidad extranjera, figura entre las personas muertas en la operación, precisó el responsable provincial.
En el ataque también murieron tres jefes tribales vinculados a Al Qaeda: los hermanos Abdelrauf y Soltan al Zahab y Saïf Alawai al Jawfi, informaron fuentes tribales y locales.
Más de 100 muertos en combates entre rebeldes y ejército en el oeste
Más de 100 personas murieron en 24 horas en Yemen en ataques aéreos y combates entre las fuerzas progubernamentales y los rebeldes hutíes por el control de zonas costeras del mar Rojo, informaron este domingo fuentes militares y médicas.
Los rebeldes y sus aliados perdieron 90 hombres, informaron dichas fuentes, precisando que los combates en la región de Moca, en el suroeste del país, costaron la vida a por lo menos 19 soldados leales al régimen.
Las tropas leales al presidente Abd Rabbo Mansur Hadi, respaldadas por una coalición árabe bajo mando saudí, intentan reconquistar la ciudad de Moca donde se enfrentan a una fuerte resistencia de los rebeldes.
Estado español
ATOCHA, cuarenta años después
Se cumplen 40 años. Aunque nunca ha pasado inadvertido el aniversario
de la matanza de Atocha, en esta ocasión se multiplican los artículos
en prensa, los homenajes. Es necesario recordar, no olvidar, honrar la
memoria de los Abogados de Atocha, como se denomina la Fundación que,
creada por el sindicato de CCOO, se dedica a mantener vivo el recuerdo
de aquellos hombres y mujeres. Que nadie olvide lo que fueron, lo que
soñaron, su imborrable testimonio de dignidad, como ha escrito en un
emocionado tweet Gerardo Pisarello.
Tuve la suerte de entablar amistad con Lola González Ruiz, a través de Joaquín Aparicio, y me une una buena relación de camaradería y de cariño con Alejandro Ruiz Huerta que se ha convertido en el último superviviente de la matanza. En ellos pienso siempre que se recuerdan estos terribles siete días de enero de 1977, un tiempo de furia y de temor, pero también de esperanza y de sueños de un cambio material e importante de las condiciones de existencia social de este país, de la lucha por la democracia para salir de esa larga noche de piedra que constituyó el franquismo. Formé parte, con otros amigos –Nieves San Vicente, Joaquín Aparicio, Enrique Lillo, Mamen Cañedo –del Patronato de la Fundación, y durante un tiempo compartí deliberaciones en el jurado del premio “Abogados de Atocha” que otorgaba cada año la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, a una personalidad relevante que había sobresalido en la defensa de los derechos humanos y laborales. Hasta que tras las elecciones de mayo del 2011, la llegada al gobierno regional del Partido Popular supuso la cancelación del premio “por motivos presupuestarios”. Ha sido CCOO de Castilla La Mancha la que ha recuperado ese premio como homenaje unilateral a los abogados del PCE y de CCOO, que fueron asesinados aquel 24 de enero de 1977 a los que la derecha política de esa región había negado su reconocimiento.
Un reconocimiento por parte de las autoridades públicas que ha tardado y ha sido difícil. Ningún presidente de Gobierno –ni González ni Aznar– tuvieron a bien recibir al Patronato de la Fundación Abogados de Atocha hasta que lo hiciera Jose Luis Rodriguez Zapatero en el 2007, con un discurso fuertemente autocrítico respecto a la insensibilidad del poder público respecto de la memoria de este hecho terrible, relacionándolo con las iniciativas, sostenidas desde la izquierda, para la recuperación de la memoria histórica que, sin embargo y como se sabe, fue incapaz de superar las tremendas resistencias al despliegue de sus efectos.
Este es un dato importante para retener, porque la matanza de Atocha fue obra de un grupo de pistoleros fascistas, sin duda comandados y ordenados por fuerzas económicas y políticas muy importantes que los tribunales –un aparato judicial que había sido conformado por el franquismo como legitimador de sus políticas represivas y que se hallaba intacto en su composición antidemocrática– impidieron investigar. Se definiría hoy como un acto terrorista, pero la derecha de este país representada por el Partido Popular, sitúa este hecho en el mismo espacio que las violaciones continuas de derechos ciudadanos –detenciones, malos tratos, torturas y muertes– provocadas por las fuerzas de seguridad del franquismo, y por tanto cancelado de la memoria histórica, como el resto de las violaciones de derechos y sufrimiento de las personas que originó la dictadura. Por eso recordar la matanza de Atocha es “remover viejas heridas”, y su homenaje, como mantuvo el alcalde del pueblo que vio nacer a Angel Rodríguez Leal, el administrativo del despacho que fue asesinado junto a sus camaradas abogados, no puede tener lugar “para no herir sensibilidades”. La incomodidad del Partido Popular frente a unas muertes que no son “las suyas”, negando implícitamente que la lucha por la democracia y el sacrificio de aquellas personas integren el patrimonio de las referencias históricas ineludibles para cualquier partido que quiera definirse como democrático, y que forme parte del consenso ciudadano que dio origen a la Constitución de 1978.
Entender de qué se trata, por tanto, cuando hablamos de la matanza de Atocha y por qué hoy 40 años después es importante elaborar reflexiones sobre este hecho tan doloroso. No sólo, como correctamente mantiene la Fundación Abogados de Atocha, tomando el verso de Éluard, porque “si el eco de su voz se debilita, perecemos”, sino porque el asesinato de nuestros camaradas es un símbolo del sufrimiento y del dolor que una gran parte de la sociedad española hubo de pasar para obtener el goce de los derechos democráticos, que permite entender cómo se materializó el sueño de la libertad, gracias precisamente a esos sacrificios, en un marco real de preservación de derechos ciudadanos. Que puede ser sin embargo restringido y limitado, como está sucediendo en nuestro país con especial incidencia a partir de la crisis. La insatisfacción ante una democracia de baja intensidad no debe proyectarse hacia atrás, descargando en el pasado la impotencia de la izquierda de hoy para cambiar el mundo revocando el estado de cosas existentes.
CHILE
Tuve la suerte de entablar amistad con Lola González Ruiz, a través de Joaquín Aparicio, y me une una buena relación de camaradería y de cariño con Alejandro Ruiz Huerta que se ha convertido en el último superviviente de la matanza. En ellos pienso siempre que se recuerdan estos terribles siete días de enero de 1977, un tiempo de furia y de temor, pero también de esperanza y de sueños de un cambio material e importante de las condiciones de existencia social de este país, de la lucha por la democracia para salir de esa larga noche de piedra que constituyó el franquismo. Formé parte, con otros amigos –Nieves San Vicente, Joaquín Aparicio, Enrique Lillo, Mamen Cañedo –del Patronato de la Fundación, y durante un tiempo compartí deliberaciones en el jurado del premio “Abogados de Atocha” que otorgaba cada año la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, a una personalidad relevante que había sobresalido en la defensa de los derechos humanos y laborales. Hasta que tras las elecciones de mayo del 2011, la llegada al gobierno regional del Partido Popular supuso la cancelación del premio “por motivos presupuestarios”. Ha sido CCOO de Castilla La Mancha la que ha recuperado ese premio como homenaje unilateral a los abogados del PCE y de CCOO, que fueron asesinados aquel 24 de enero de 1977 a los que la derecha política de esa región había negado su reconocimiento.
Un reconocimiento por parte de las autoridades públicas que ha tardado y ha sido difícil. Ningún presidente de Gobierno –ni González ni Aznar– tuvieron a bien recibir al Patronato de la Fundación Abogados de Atocha hasta que lo hiciera Jose Luis Rodriguez Zapatero en el 2007, con un discurso fuertemente autocrítico respecto a la insensibilidad del poder público respecto de la memoria de este hecho terrible, relacionándolo con las iniciativas, sostenidas desde la izquierda, para la recuperación de la memoria histórica que, sin embargo y como se sabe, fue incapaz de superar las tremendas resistencias al despliegue de sus efectos.
Este es un dato importante para retener, porque la matanza de Atocha fue obra de un grupo de pistoleros fascistas, sin duda comandados y ordenados por fuerzas económicas y políticas muy importantes que los tribunales –un aparato judicial que había sido conformado por el franquismo como legitimador de sus políticas represivas y que se hallaba intacto en su composición antidemocrática– impidieron investigar. Se definiría hoy como un acto terrorista, pero la derecha de este país representada por el Partido Popular, sitúa este hecho en el mismo espacio que las violaciones continuas de derechos ciudadanos –detenciones, malos tratos, torturas y muertes– provocadas por las fuerzas de seguridad del franquismo, y por tanto cancelado de la memoria histórica, como el resto de las violaciones de derechos y sufrimiento de las personas que originó la dictadura. Por eso recordar la matanza de Atocha es “remover viejas heridas”, y su homenaje, como mantuvo el alcalde del pueblo que vio nacer a Angel Rodríguez Leal, el administrativo del despacho que fue asesinado junto a sus camaradas abogados, no puede tener lugar “para no herir sensibilidades”. La incomodidad del Partido Popular frente a unas muertes que no son “las suyas”, negando implícitamente que la lucha por la democracia y el sacrificio de aquellas personas integren el patrimonio de las referencias históricas ineludibles para cualquier partido que quiera definirse como democrático, y que forme parte del consenso ciudadano que dio origen a la Constitución de 1978.
Atocha, cuarenta años después, es un momento importante en la consolidación de una memoria histórica que, como sucede en España, es siempre incómoda.Y Atocha cuarenta años después ha sido, asimismo, un dato importante para un debate en curso que se prolonga desde hace un tiempo y que se adentra en un cierto revisionismo de la posición del PCE y de CCOO en la transición. A favor y en contra, sin demasiados matices, como resultan hoy en día los debates políticos, transcritos en titulares de periódicos o en caracteres de un tweet. La izquierda domesticada, la Santa Transición, la rendición del PCE, son afirmaciones que tienen que ser contextualizadas y discutidas con más rigor, de manera que cada una de las imágenes que se ofrecen –ineludible, claudicante, victoriosa– se pueda problematizar y comprender en su complejidad. En esa discusión el asesinato de los abogados del PCE y CCOO se inscriben en un proceso en el que la conquista de la democracia y las libertades son un resultado ineludible que no admite dudas. Porque es indudable que el esquema de la transición diseñado por una amplia gama de sujetos “reformistas”, que incluían a sectores socialdemócratas y liberales muy hostiles a una ruptura democrática como la que se había producido en Portugal en 1974, discurría por parámetros excluyentes del PCE y de CCOO, cuya presencia política fue obtenida a partir de la lucha y de la movilización, y que marcó de forma muy importante el catálogo de derechos sociales incorporado a la Constitución, junto con la amnistía política y laboral y la plena implantación de las libertades civiles y políticas que implicaba que los ciudadanos no fueran reprimidos por su ejercicio. Un ejercicio que fue plenamente utilizado por cierto, en un período de ebullición cultural y social extremadamente rico que fue en cierta medida abortado por el golpe militar de 1981, y reconducido a los moldes de la “modernización” que el PSOE pondrá en práctica a partir de su mayoría absoluta obtenida en octubre de 1982, un proceso político que no coincide –y en cierto modo se opone – al de la democratización que impulsó el movimiento obrero y la lucha de los comunistas entre los cuales los abogados de Atocha constituyen un símbolo concluyente.
El asesinato de nuestros camaradas es un símbolo del sufrimiento y del dolor que una gran parte de la sociedad española hubo de pasar para obtener el goce de los derechos democráticos.Atocha, por tanto, cuarenta años después es un momento importante en la consolidación de una memoria histórica que, como sucede en España, es siempre incómoda. Implica la refutación de un discurso que sitúa la transición como un proceso hegemonizado por la derecha y el franquismo, porque demuestra el carácter criminal y autoritario de un régimen que quería perpetuarse y la capacidad de la movilización social para situar el centro de sus reivindicaciones en la consecución de las libertades democráticas y en la reconciliación nacional, como bien simboliza El abrazo, el maravilloso cuadro de Juan Genovés que simboliza la imagen y el homenaje que lo sostiene de Abogados de Atocha. La decepción democrática es un acto muy posterior a aquel período en el que se produce el asesinato de estos luchadores por la libertad. Cualquiera que recuerde el clima político y cultural entre 1977 y 1981 podrá constatar la euforia por la democracia y los derechos, el amplio debate sobre el sentido de la democracia y su alcance, los proyectos tan diversos sobre el modelo de sociedad y de relaciones laborales que se debía poner en marcha, la discusión abierta y el áspero contraste sobre la división sindical, el marco autonómico, el papel de los jueces, la elaboración teórica y la creación de una opinión pública libre. Nadie tendrá –espero– ninguna objeción a esta sensación que atraviesa los años y se hace presente aún hoy.
Entender de qué se trata, por tanto, cuando hablamos de la matanza de Atocha y por qué hoy 40 años después es importante elaborar reflexiones sobre este hecho tan doloroso. No sólo, como correctamente mantiene la Fundación Abogados de Atocha, tomando el verso de Éluard, porque “si el eco de su voz se debilita, perecemos”, sino porque el asesinato de nuestros camaradas es un símbolo del sufrimiento y del dolor que una gran parte de la sociedad española hubo de pasar para obtener el goce de los derechos democráticos, que permite entender cómo se materializó el sueño de la libertad, gracias precisamente a esos sacrificios, en un marco real de preservación de derechos ciudadanos. Que puede ser sin embargo restringido y limitado, como está sucediendo en nuestro país con especial incidencia a partir de la crisis. La insatisfacción ante una democracia de baja intensidad no debe proyectarse hacia atrás, descargando en el pasado la impotencia de la izquierda de hoy para cambiar el mundo revocando el estado de cosas existentes.
La justicia nos da la razón en Almería
La Audiencia provincial archiva la denuncia penal contra el SAT
La Audiencia Provincial de Almería, en Auto 363/16, ha desestimado el recurso de apelación interpuesto por el ex-portavoz del SAT Almería y denunciante, Mariano Junco González, confirmando así el Auto del Juzgado de Instrucción nº3 de Almería, por el que se acuerda el archivo de las actuaciones, por “no aparecer justificada la perpetración de infracción penal,…” y que “se han practicado diligencias suficientes para desmentir el relato de hechos de la denuncia;….”. El Juzgado, en correspondencia con los informes del Ministerio Fiscal, considera que “del examen de la denuncia, documental con ella aportada y contenido de las diligencias de instrucción practicadas, …. no ha quedado acreditada, no existiendo siquiera indicios de su comisión -frente a lo sostenido por los denunciantes-, la concurrencia de ninguno de los elementos necesarios para configurar ninguno de los delitos por los que se procede ….”.
Se denunciaba al sindicato de apropiación indebida por desviación de fondos de indemnizaciones de trabajadores, provenientes del FOGASA. Esto quedó totalmente desmentido al constatarse que “ninguno de los trabajadores a los que correspondía la indemnización son firmantes de la denuncia presentada y, aún más, ha quedado constatada la imposibilidad de su localización por la Policía Nacional, lo que confirma la versión de los hechos ofrecida por la denunciada Dª Laura Góngora Pérez, que se reduce a que no se les ha podido entregar la indemnización por no haber podido ser localizados con los datos prestados por ellos mismos, siendo, en consecuencia, inexistente la denunciada apropiaciónn indebida”. Asimismo se habían entregado los extractos bancarios acreditativos de que las cuentas correspondientes del sindicato tienen saldo más que suficiente para entregar las indemnizaciones en cuestión una vez que se reclamen por los susodichos trabajadores. Para el SOC-SAT es muy importante que se haya despejado cualquier duda sobre el funcionamiento de su Asesoría Laboral y Social, ya que constituye una herramienta fundamental de orientación, denuncia y restitución de derecho para miles de trabajadores/as del campo almeriense.
Por otra parte, las acusaciones sobre utilización fraudulenta de subvenciones, falta de transparencia financiera o empleo de trabajadores sin dar de alta, también fueron rechazadas, en virtud de informes de la Brigada Provincial de Policía Judicial y de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, así como de la aportación de documentación justificativa suficiente de que los cursos en cuestión fueron celebrados. Mariano Junco y el resto de ex-militantes, abusando de sus cargos sindicales, habían denunciado al sindicato ante la Inspección de Trabajo, y aportaron al juzgado un informe de una auditoría privada de cuentas encargada a espaldas de la dirección del sindicato y la grabación de una asamblea territorial, realizada de manera oculta, sin consentimiento de los participantes.
Este grupo de denunciantes, encabezados por Mariano Junco González, José Antonio Pélaez y Laroussi El Morabiti – apartados oportunamente del SAT por decisión de una Asamblea Nacional-, no lograron su objetivo de destruir y desmovilizar desde dentro al sindicato, pero sí afectaron gravemente su labor, así como luchas muy importantes como las de la ocupación de los invernaderos de Simón Sabio, entre otras. Dos años después el SOC-SAT de Almería se ha recuperado de estos ataques antisindicales y reafirma diariamente su compromiso con los colectivos más excluidos de Almería y de Andalucía entera. Una vez acreditada judicialmente la falsedad de las acusaciones, no se descarta actuar contra estas personas por las difamaciones realizadas, así como por la sustracción de dinero, de ordenadores y documentación interna de la entidad, y otras acciónes vandálicas cometidas.
La campaña antisindical emprendida desde Almería contra el SAT, se inicia a mediados de 2013 cuando el ex-portavoz, Mariano Junco, elegido en marzo junto a un equipo y con un documento de trabajo comienza a desarrollar una estrategia de ataques personales y acoso contra el resto de miembros del Comité Territorial y a realizar críticas generalizadas sobre ocultamientos, conspiraciones e irregularidades sin dar información de los casos concretos. Al mismo tiempo entran militantes nuev@s (algunos provenientes del PAL de Enciso) que comienzan a ocupar cargos en el sindicato, se presionan a otros para que tomen partido contra el anterior equipo del Soc-Sat, al que se difama ante los afiliad@s. Asimismo se comienza a quitar salarios, teléfonos y gastos de desplazamientos a los asesores/as sindicales que realizan la acción sindical en el campo y el manipulado, y se intenta intervenir las uniones locales, boicotear asambleas y destruir luchas laborales.
Una campaña orquestada para desactivar desde dentro a una organización que no se ha doblegado ante la represión indiscriminada ni las multas millonarias, ni ante las amenazas y persecución que sufrimos a diario en los invernaderos, las chabolas y las comisarías cuando damos la cara por los jornaler@s inmigrantes y denunciamos su explotación sistemática en beneficio de los capitalistas de la agroindustria y del poder económico en general. Cuando sus estrategias fracasan ante la presión de los trabajadores inmigrantes y la intervención de los órganos nacionales, siendo sancionados por las irregularidades financieras y organizativas cometidas, el ex-portavoz y su grupo comienzan a atacar al SAT desde fuera, a través de difamaciones en la prensa y redes sociales, una denuncia ante la Inspección de Trabajo y la denuncia penal que ha sido rechazada y archivada por el Juzgado y la Audiencia Provincial.
Elementos infiltrados, junto a compañer@s que traicionaron sus compromisos militantes, pretendieron poner en jaque a la historia, las luchas y el compromiso revolucionario del Soc y del Sat de Almería y de toda Andalucía. Hoy, los tribunales los han puesto en su lugar, pero se debe permanecer atentos y unidas para mantener el SAT como instrumento sindical de organización y lucha. Los jornaler@s inmigrantes y andaluces de Almería y de todos los tajos de Andalucía seguirán rebelándonos contra la explotación, el racismo y la marginación, contra la corrupción, la represión y la injusticia social. Y junto a los miles de compañer@s que forman el SAT y los movimientos sociales y políticos de izquierda en Andalucía, seguirán avanzando en la construcción de una alternativa sindical, social y política en beneficio de un mundo más justo y más humano.
(Comunicado de la Unión Territorial de Almería)
Se confirma la
falsedad de las acusaciones realizadas por parte de personas que
intentaban atacar al SAT por desvío de indemnizaciones de Fogasa
En octubre de 2014, un grupo de miembros del SAT de Almería
presentaron una denuncia penal contra su propio sindicato y contra l@s
dirigentes sindicales Diego Cañamero Valle, Laura Góngora Pérez y
Federico Pacheco Frías. La maniobra se basó en una serie de acusaciones
falsas -lo que ha sido confirmado por las instancias judiciales de
Almería- y su difusión tanto a nivel local como internacional, a fin de
deslegitimar a las personas denunciadas y destruir la imagen de una
organización que ha defendido y representado ejemplarmente los intereses
de los trabajadores/as, en especial de los jornaleros/as inmigrantes
del campo y del manipulado de la provincia.La Audiencia Provincial de Almería, en Auto 363/16, ha desestimado el recurso de apelación interpuesto por el ex-portavoz del SAT Almería y denunciante, Mariano Junco González, confirmando así el Auto del Juzgado de Instrucción nº3 de Almería, por el que se acuerda el archivo de las actuaciones, por “no aparecer justificada la perpetración de infracción penal,…” y que “se han practicado diligencias suficientes para desmentir el relato de hechos de la denuncia;….”. El Juzgado, en correspondencia con los informes del Ministerio Fiscal, considera que “del examen de la denuncia, documental con ella aportada y contenido de las diligencias de instrucción practicadas, …. no ha quedado acreditada, no existiendo siquiera indicios de su comisión -frente a lo sostenido por los denunciantes-, la concurrencia de ninguno de los elementos necesarios para configurar ninguno de los delitos por los que se procede ….”.
Se denunciaba al sindicato de apropiación indebida por desviación de fondos de indemnizaciones de trabajadores, provenientes del FOGASA. Esto quedó totalmente desmentido al constatarse que “ninguno de los trabajadores a los que correspondía la indemnización son firmantes de la denuncia presentada y, aún más, ha quedado constatada la imposibilidad de su localización por la Policía Nacional, lo que confirma la versión de los hechos ofrecida por la denunciada Dª Laura Góngora Pérez, que se reduce a que no se les ha podido entregar la indemnización por no haber podido ser localizados con los datos prestados por ellos mismos, siendo, en consecuencia, inexistente la denunciada apropiaciónn indebida”. Asimismo se habían entregado los extractos bancarios acreditativos de que las cuentas correspondientes del sindicato tienen saldo más que suficiente para entregar las indemnizaciones en cuestión una vez que se reclamen por los susodichos trabajadores. Para el SOC-SAT es muy importante que se haya despejado cualquier duda sobre el funcionamiento de su Asesoría Laboral y Social, ya que constituye una herramienta fundamental de orientación, denuncia y restitución de derecho para miles de trabajadores/as del campo almeriense.
Por otra parte, las acusaciones sobre utilización fraudulenta de subvenciones, falta de transparencia financiera o empleo de trabajadores sin dar de alta, también fueron rechazadas, en virtud de informes de la Brigada Provincial de Policía Judicial y de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, así como de la aportación de documentación justificativa suficiente de que los cursos en cuestión fueron celebrados. Mariano Junco y el resto de ex-militantes, abusando de sus cargos sindicales, habían denunciado al sindicato ante la Inspección de Trabajo, y aportaron al juzgado un informe de una auditoría privada de cuentas encargada a espaldas de la dirección del sindicato y la grabación de una asamblea territorial, realizada de manera oculta, sin consentimiento de los participantes.
Este grupo de denunciantes, encabezados por Mariano Junco González, José Antonio Pélaez y Laroussi El Morabiti – apartados oportunamente del SAT por decisión de una Asamblea Nacional-, no lograron su objetivo de destruir y desmovilizar desde dentro al sindicato, pero sí afectaron gravemente su labor, así como luchas muy importantes como las de la ocupación de los invernaderos de Simón Sabio, entre otras. Dos años después el SOC-SAT de Almería se ha recuperado de estos ataques antisindicales y reafirma diariamente su compromiso con los colectivos más excluidos de Almería y de Andalucía entera. Una vez acreditada judicialmente la falsedad de las acusaciones, no se descarta actuar contra estas personas por las difamaciones realizadas, así como por la sustracción de dinero, de ordenadores y documentación interna de la entidad, y otras acciónes vandálicas cometidas.
La campaña antisindical emprendida desde Almería contra el SAT, se inicia a mediados de 2013 cuando el ex-portavoz, Mariano Junco, elegido en marzo junto a un equipo y con un documento de trabajo comienza a desarrollar una estrategia de ataques personales y acoso contra el resto de miembros del Comité Territorial y a realizar críticas generalizadas sobre ocultamientos, conspiraciones e irregularidades sin dar información de los casos concretos. Al mismo tiempo entran militantes nuev@s (algunos provenientes del PAL de Enciso) que comienzan a ocupar cargos en el sindicato, se presionan a otros para que tomen partido contra el anterior equipo del Soc-Sat, al que se difama ante los afiliad@s. Asimismo se comienza a quitar salarios, teléfonos y gastos de desplazamientos a los asesores/as sindicales que realizan la acción sindical en el campo y el manipulado, y se intenta intervenir las uniones locales, boicotear asambleas y destruir luchas laborales.
Una campaña orquestada para desactivar desde dentro a una organización que no se ha doblegado ante la represión indiscriminada ni las multas millonarias, ni ante las amenazas y persecución que sufrimos a diario en los invernaderos, las chabolas y las comisarías cuando damos la cara por los jornaler@s inmigrantes y denunciamos su explotación sistemática en beneficio de los capitalistas de la agroindustria y del poder económico en general. Cuando sus estrategias fracasan ante la presión de los trabajadores inmigrantes y la intervención de los órganos nacionales, siendo sancionados por las irregularidades financieras y organizativas cometidas, el ex-portavoz y su grupo comienzan a atacar al SAT desde fuera, a través de difamaciones en la prensa y redes sociales, una denuncia ante la Inspección de Trabajo y la denuncia penal que ha sido rechazada y archivada por el Juzgado y la Audiencia Provincial.
Elementos infiltrados, junto a compañer@s que traicionaron sus compromisos militantes, pretendieron poner en jaque a la historia, las luchas y el compromiso revolucionario del Soc y del Sat de Almería y de toda Andalucía. Hoy, los tribunales los han puesto en su lugar, pero se debe permanecer atentos y unidas para mantener el SAT como instrumento sindical de organización y lucha. Los jornaler@s inmigrantes y andaluces de Almería y de todos los tajos de Andalucía seguirán rebelándonos contra la explotación, el racismo y la marginación, contra la corrupción, la represión y la injusticia social. Y junto a los miles de compañer@s que forman el SAT y los movimientos sociales y políticos de izquierda en Andalucía, seguirán avanzando en la construcción de una alternativa sindical, social y política en beneficio de un mundo más justo y más humano.
(Comunicado de la Unión Territorial de Almería)
16 de Enero de 2017 (21:48 h.)
La trágica
situación en España fue iniciada con el pretexto de crisis económica
por la gran oligarquía, cuando realmente era y sigue siendo crisis del
sistema capitalista en su ofensiva más neocolonial.
Este discurso ha sido analizado –para mí con gran acierto político- por Beto Vázquez, Luis Juverías, Pedro Antonio Honrubia Hurtado y Laura Arrollo;
militantes de Podemos. –Publicado por Kaos en la Red el 31-12-16-.
Coinciden en que el contenido de continuidad de la política que pretende
consolidar durante toda la legislatura, mantenida con la triple alianza PP-C’s-PSOE
dando por buenos los recortes y estos en aumento, que condenan -según
mi interpretación- “a la sociedad civil sin privilegios” a vivir -según
FOESSA- en estado de riego de pobreza al 28,6% como el año pasado (…)
Esta trágica situación fue iniciada con el pretexto de crisis económica por la gran oligarquía,
cuando realmente era y sigue siendo, crisis del sistema capitalista en
su ofensiva más neocolonial, promovida por el imperio USA –en declive
por sus errores- y por sus serviles aliados, al no encontrar resistencia
después de “haberse cargado a la URSS” –Asunto este para otro artículo,
al cumplirse el centenario de la revolución de Octubre- (…)
Sobre esta interminable “crisis”
–permítanme un breve resumen, con escaso margen de error en el
comentario, por disponer de informaciones no manipuladas- fue
planificada con la globalización e iniciada con el auto golpe de las
torres gemelas el 11-9-2001. Es rigurosamente cierto que se produjo así,
aunque sigan engañando al mundo con su monopólica y miserable -des-información, como les ocurre en el Estado español a quienes por su incívica ignorancia, incluso pérfida, voten a dicha triple alianza- (…)
La raíz estaba en el bipartidismo mantenido con los posibles votos al servicio de la más corrupta oligarquía apoyada por el Estado, de la dependencia de la Troica y de la 2ª “dama de hierro” Merkel
Con esta genocida manipulación, el
presidente Bush hijo, con el apoyo –entre otros muchos- de Aznar,
indujeron a todo Occidente a luchar contra el terrorismo de gran barbarie,
declarando la guerra a Irak con el pretexto de otra gran mentira, la de
poseer armas de destrucción masiva, como es públicamente conocido.
Lógicamente lo hicieron, por el interés de saquear sus inmensos recursos
sin importarles el magnicidio de Sadam Husein, ni el sufrimiento del
pueblo con la pérdida de gran cantidad de vidas humanas. España también
perdió 9 militares y mataron a 10 iraquíes, más el costo de 260 millones
€. ¡¡Haber si se enteran quienes “con su peligrosa amnesia” siguen
negando su participación…!!!
Siguiendo con las catástrofes de la
Primavera Árabe, fue Obama -“blindado con el premio nobel de la paz”-
el máximo responsable “ensalzado e impune” por el saqueo a Libia, el
magnicidio de Gadafi, e incalculables víctimas mortales, más las
producidas posteriormente por los terroríficos atentados, como sucede en
Irak y seguirán en Siria. Lo más grave, fue la trama mafiosa del
Consejo de –in- seguridad de la ONU, permitiendo el bombardeo de la
OTAN, sabiendo que las acusaciones a Gadafi eran absolutamente falsas,
como es comprobable –Esperemos que el nuevo Secretario General
Guterres, siga condenando los asentamientos de Israel en Palestina-
Pero el Pentágono, apoyado por los vasallos aliados, especialmente por
el ejército español que costó 25 millones, se ganó el título de
“carnicero de Libia”…!!!
Para terminar con la ruta genocida
árabe, Obama, también es el máximo responsable de la terrorífica
destrucción de Siria, con la muerte entre 400.000 y 470.000 personas,
cerca de 9.000 niñ@s y sobre 5 millones de refugiad@s -comparable a los
de la 2ª guerra mundial-. Much@s son alimento de los tiburones en el
Mediterráneo. Sólo en 2016 más de 5.000 y en 20 años superan l@s 20.000.
Y ¿Qué decir del canallesco trato recibido en Europa y confirmada ya la
falacia solidaria española, habiendo acogido hasta Octubre pasado a 481
de los 17.680 asignad@s? ¡¡“Viva la egoísta versión solidaria
española, prestigio de su conocida marca”!! (…)
Retomando la crisis en el Estado
español, hay materia para la reflexión. –Permítanme que recuerde a
quienes no quieren enterarse- que fue causada por el mega/proyecto de la construcción urbanística y de infraestructuras,
algunas cargadas al erario público por infrautilizadas. -¡¡“Haciendo
honor reiteradamente a la impresentable marca española por su ancestral
diferencia”!!- dicho mega… era infinitamente superior a los de la UE.
¿Cómo concebir semejante desmadre? La raíz estaba, en gran medida, en el
bipartidismo mantenido con los posibles votos antes mencionados, al
servicio de la más corrupta oligarquía apoyada por el Estado ¡¡“tal
para cual”!!, de la dependencia de la Troica y de la 2ª “dama de hierro”
Merkel; porque cuando Zapatero fue a La UE “a por lana volvió
trasquilado”(…)
A partir de entonces, se agudizó la crisis con el inicio de los recortes, para que Rajoy con actitud “carroñera”
ofreciera, mediante estrategia de ingeniería político/económica
especuladora, para consolidar los recortes, todo lo contrario a lo que
después hizo en el gobierno, incluyendo el año “de prórroga” Ante esta
alarmante situación, el PSOE por jactarse de izquierda y hacer política
oligárquica, incluso al final de la legislatura, Zapatero con Rajoy
reformaron la constitución -ilegítimamente- cargando a la deuda pública
el infame rescate de la banca privada. Por todo ello y no haber
aceptado formar gobierno de progreso con Podemos, sus convergencias e
IU, el PSOE está en caída libre “con el agua al cuello” añorando el
bipartidismo –“esperemos que nunca se restaure- Sin embargo para no
hundirse pide apoyo –contradictorio- al PP, apoyando su gobierno e
intentando encabezar la oposición. Esto ocurre cuando se intenta dar
“gato por liebre”…!!
Dado el atraso social que arrastramos, surgen polémicas como la provocada por el magistrado del Supremo Antonio Salas,
relacionada con la violencia de sexo, quitándole importancia al
machismo, en cierta medida estoy de acuerdo, porque hay sociedades,
entre otras, la cubana, donde existirá el ancestral machismo pero no
dicha violencia, siendo eliminada con la cultura humanista, de justicia
social y de sexo igualitaria. Aunque estemos culturalmente más lejos de
Cuba que territorialmente, para evitar tantas muertes, habrá que tomar
nota social y jurídicamente (…)
CHILE
Frente Amplio entra en etapa de definiciones
Martín Espinoza |Martes 31 de enero 2017 20:34 hrs.
La
plataforma que reúne a partidos y movimientos que buscan ser una
alternativa al duopolio trabajará intensamente durante febrero para
reunir voluntades que quieran hacerse cargo de generar los diagnósticos
para las posibles candidaturas. Además, existe consenso en la proyección
del Frente más allá de las elecciones. La definición de candidaturas
parlamentarias y presidenciales se dejaría para abril.
El
Frente Amplio comienza su articulación de cara a las elecciones
parlamentarias y presidenciales de mediados de noviembre. Las distintas
fuerzas que convergen dentro de la plataforma pavimentan las primeras
definiciones que ayudarán a darle cara a un año trascendental para las
proyecciones y aspiraciones del frente.
Dentro de las principales discusiones que se han sostenido se encuentra la de ver al Frente Amplio como una coalición de fines electorales o una unión de fuerzas con un objetivo programático alternativo. Sobre este debate, la línea de las declaraciones del Frente ha ido en el sentido de postular que sería un error medir el éxito en términos meramente electorales. Así lo afirma Karol Morales, militante de Izquierda Libertaria y vocera del lanzamiento del Frente Amplio en Valparaíso.
“El éxito del Frente Amplio va a estar mediado por nuestra capacidad de ganar elecciones, pero no exclusivamente. El Frente Amplio tiene que ser más que una coalición electoral si lo que realmente nos interesa es construir una alternativa política para las mayorías, dado que la institución juega un rol en las transformaciones estructurales del país, pero no basta. De todas maneras, es innegable que sería un triunfo que la mayoría de las regiones cuenten con representación parlamentaria o con representación a nivel de Cores”.
Existe común acuerdo entre las distintas organizaciones y partidos del Frente Amplio en que los resultados electorales no constituyen el eje del trabajo de la plataforma. No obstante, sí han subrayado la importancia que tendría contar con una fuerza trascendente y de peso dentro del Congreso a partir del próximo año. Francisco Figueroa, militante de Izquierda Autónoma y ex vicepresidente de la FECh, hace la distinción entre los objetivos a corto y largo plazo.
“Respecto a la discusión sobre si esta es una alianza electoral o un proyecto histórico con más futuro, la verdad es que estas cosas no se decretan. Ambas cosas están en juego al mismo tiempo. Es decir, uno de los objetivos a corto plazo es que esta alianza logre tener un triunfo electoral contundente en el sentido de garantizar, como mínimo, una bancada parlamentaria que actúe con unidad en el ciclo que se abre para incidir en reformas democráticas y, por otro lado, que siente las bases de una coalición nueva desde 2018 en adelante”.
Está claro que las elecciones constituyen un eje dentro de la conformación del Frente Amplio, pero ¿cuáles son las aspiraciones reales en el proceso eleccionario? Sebastián Depolo, presidente de Revolución Democrática, señala que los cupos parlamentarios no son la única pretensión de la convergencia.
“Para nosotros sería un éxito ampliar nuestra presencia en el parlamento y llegar a lugares donde no hemos llegado como, por ejemplo, a los Consejos Regionales. Incluso también estamos pensando en hacer una apuesta al Senado y estamos llevando la discusión presidencial. Entonces nuestros objetivos son básicamente ampliar la representación y que la ciudadanía sienta que hay gente disponible para revolucionar las instituciones”.
El dirigente de RD también ha asomado como una de las alternativas presidenciales de la unión. Ante dicho escenario Depolo es cauto. Dice que en caso de primarias del Frente Amplio, Revolución Democrática llevará un candidato y, en el escenario de que el partido lo determine a él como su carta, señala que cumplirá con la voluntad de la colectividad.
Febrero y marzo son meses de acción intensa por parte del Frente. La plataforma se encuentra aún sistematizando los acuerdos y conclusiones que se obtuvieron durante el encuentro del 21 de enero y actualmente están en periodo de reclutamiento de voluntarios para comenzar el trabajo territorial durante el mes de marzo.
Octavio González, coordinador del Frente Amplio desde el Partido Humanista así lo explica. Según afirma, febrero es un mes de articulación y de inclusión para construir las bases de lo que será el trabajo de marzo.
“Estamos generando las condiciones de cómo se van sumando nuevos ingresos, ya sea partidos o movimientos y organizaciones sociales. Estamos buscando cómo generar el espacio de coordinación para que se sumen todas las fuerzas que se quieren sumar y, por supuesto, que se desarrolle el Frente Amplio desde la base”.
Mañana se realizará el segundo cónclave que reunirá a todas las fuerzas. El Frente Amplio está todavía en proceso de construcción y el llamado que hacen es a inscribirse para, desde las inquietudes locales, empezar a levantar propuestas durante marzo. El proceso llevado a cabo por la organización detrás de la alcaldía de Jorge Sharp, en Valparaíso, sería un ejemplo a seguir para la convergencia de fuerzas. Abril sería el mes para definir las candidaturas.
Dentro de las principales discusiones que se han sostenido se encuentra la de ver al Frente Amplio como una coalición de fines electorales o una unión de fuerzas con un objetivo programático alternativo. Sobre este debate, la línea de las declaraciones del Frente ha ido en el sentido de postular que sería un error medir el éxito en términos meramente electorales. Así lo afirma Karol Morales, militante de Izquierda Libertaria y vocera del lanzamiento del Frente Amplio en Valparaíso.
“El éxito del Frente Amplio va a estar mediado por nuestra capacidad de ganar elecciones, pero no exclusivamente. El Frente Amplio tiene que ser más que una coalición electoral si lo que realmente nos interesa es construir una alternativa política para las mayorías, dado que la institución juega un rol en las transformaciones estructurales del país, pero no basta. De todas maneras, es innegable que sería un triunfo que la mayoría de las regiones cuenten con representación parlamentaria o con representación a nivel de Cores”.
Existe común acuerdo entre las distintas organizaciones y partidos del Frente Amplio en que los resultados electorales no constituyen el eje del trabajo de la plataforma. No obstante, sí han subrayado la importancia que tendría contar con una fuerza trascendente y de peso dentro del Congreso a partir del próximo año. Francisco Figueroa, militante de Izquierda Autónoma y ex vicepresidente de la FECh, hace la distinción entre los objetivos a corto y largo plazo.
“Respecto a la discusión sobre si esta es una alianza electoral o un proyecto histórico con más futuro, la verdad es que estas cosas no se decretan. Ambas cosas están en juego al mismo tiempo. Es decir, uno de los objetivos a corto plazo es que esta alianza logre tener un triunfo electoral contundente en el sentido de garantizar, como mínimo, una bancada parlamentaria que actúe con unidad en el ciclo que se abre para incidir en reformas democráticas y, por otro lado, que siente las bases de una coalición nueva desde 2018 en adelante”.
Está claro que las elecciones constituyen un eje dentro de la conformación del Frente Amplio, pero ¿cuáles son las aspiraciones reales en el proceso eleccionario? Sebastián Depolo, presidente de Revolución Democrática, señala que los cupos parlamentarios no son la única pretensión de la convergencia.
“Para nosotros sería un éxito ampliar nuestra presencia en el parlamento y llegar a lugares donde no hemos llegado como, por ejemplo, a los Consejos Regionales. Incluso también estamos pensando en hacer una apuesta al Senado y estamos llevando la discusión presidencial. Entonces nuestros objetivos son básicamente ampliar la representación y que la ciudadanía sienta que hay gente disponible para revolucionar las instituciones”.
El dirigente de RD también ha asomado como una de las alternativas presidenciales de la unión. Ante dicho escenario Depolo es cauto. Dice que en caso de primarias del Frente Amplio, Revolución Democrática llevará un candidato y, en el escenario de que el partido lo determine a él como su carta, señala que cumplirá con la voluntad de la colectividad.
Febrero y marzo son meses de acción intensa por parte del Frente. La plataforma se encuentra aún sistematizando los acuerdos y conclusiones que se obtuvieron durante el encuentro del 21 de enero y actualmente están en periodo de reclutamiento de voluntarios para comenzar el trabajo territorial durante el mes de marzo.
Octavio González, coordinador del Frente Amplio desde el Partido Humanista así lo explica. Según afirma, febrero es un mes de articulación y de inclusión para construir las bases de lo que será el trabajo de marzo.
“Estamos generando las condiciones de cómo se van sumando nuevos ingresos, ya sea partidos o movimientos y organizaciones sociales. Estamos buscando cómo generar el espacio de coordinación para que se sumen todas las fuerzas que se quieren sumar y, por supuesto, que se desarrolle el Frente Amplio desde la base”.
Mañana se realizará el segundo cónclave que reunirá a todas las fuerzas. El Frente Amplio está todavía en proceso de construcción y el llamado que hacen es a inscribirse para, desde las inquietudes locales, empezar a levantar propuestas durante marzo. El proceso llevado a cabo por la organización detrás de la alcaldía de Jorge Sharp, en Valparaíso, sería un ejemplo a seguir para la convergencia de fuerzas. Abril sería el mes para definir las candidaturas.
Frente Amplio: Superarse a sí mismo
por Bruno Sommer
El Ciudadano
#Editorial
Hace años se añora que una fuerza política emergente logre derrotar por la vía democrática al duopolio que pactó una transición para su status quo.
Hoy la maduración de un proceso social de largos aprendizajes ha desembocado en una convergencia de ciudadan@s, fuerzas políticas, partidos y otros en formación, que deben vencer el miedo al qué dirán, pues deben crecer, sumar en su diversidad.En todo proceso de unión de fuerzas y que no le teme a la diferencia y prefiere el diálogo y los acuerdos de multitudes en base a un programa, donde siempre habrá detractores, pero el prinicipio que debe moverlos es la Unidad y tres veces Unidad.
Estar atentos a no enfrascarse en luchas que lleven a la división, no caer la mezquindad, ser coherentes con que en la democracia si queremos alcanzarla como ideal, es para que el pueblo decida en plebiscito, más allá de los pasos previos de una primaria parlamentaria y una presidencial que logren elevar a quienes serán los “ungidos” para re abrir las grandes Alamedas.
No queremos que esto se transforme en un recambio generacional de la clase política, es algo mucho más profundo que dotar de sabia joven el parlamento nacional lo que está en juego y el Frente Amplio tiene un desafío gigante por delante y son muchas las personas que confían en que sabrán actuar con sabiduría.
Bruno Sommer El Ciudadano
Carta abierta del Partido Pirata al Frente Amplio
URUGUAY
LEY DE NEGOCIACIÓN COLECTIVA
Empresarios dan por cerradas las negociaciones y vuelven a la OIT
31
Ene
Resurge riesgo que Uruguay integre la llamada “lista negra” del organismo
Una extensa tregua de dos años llegó a su fin. Las cámaras de Comercio e Industria se reunieron ayer y formalizaron lo que desde comienzo de 2017 era un secreto a voces. Ante la falta de avances en las negociaciones con el gobierno y el PIT- CNT para modificar la ley de Negociación Colectiva, las gremiales seguirán adelante con la queja ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Los empleadores habían abierto un impasse en dos oportunidades, primero en 2015 y luego en 2016, por el que se habían comprometido a no impulsar que Uruguay estuviera en la llamada “lista negra” de la Comisión de Aplicación de Normas de la OIT, mientras se buscaba una salida. Esa lista la integran países que no respetan leyes laborales y otros observados por no respetar las libertades sindicales.
“Yo entendí que hace dos años cuando acordamos una prórroga había una madurez sindical que iba a permitir llevar a buen puerto esta nave, pero veo que todavía no es la suficiente que debería exhibir un país como Uruguay. (…) Pusimos 24 meses de esfuerzo total y no logramos nada. Presentamos propuestas, el gobierno también hizo su esfuerzo, pero el PIT-CNT no presentó nada. Tenemos que volver a apelar a formar el sentido común que no está y para eso hay que reavivar la queja”, dijo a El Observador, el presidente de la Cámara de Industrias, Washington Corallo.
Hoy las cámaras empresariales insisten en la negativa del gobierno a regular el procedimiento para garantizar la libertad de trabajo de los no huelguistas y el derecho de los empresarios a ingresar en sus instalaciones durante las ocupaciones.
La queja original que los empresarios realizaron en 2009 se hizo en base al decreto 165/06 que reglamenta las ocupaciones y que se entiende debe derogarse. Ello porque el articulado sobre el tema fue eliminado de la ley de Negociación Colectiva cuando el presidente Tabaré Vázquez envió la iniciativa al Parlamento en 2008. Desde el sector empleador se sostiene que la ocupación no está incluida dentro del derecho de huelga. Aunque la Constitución reconoce este derecho, no admite la ocupación de una empresa como medida de acción gremial.
Otro punto de peso todavía no atendido se centra en la competencia de los Consejos de Salarios. La recomendación de la OIT sostiene que los Consejos de Salarios (órganos tripartitos) solo tienen competencia para fijar salarios mínimos y su régimen de actualización. El resto de las condiciones de trabajo, por ejemplo, las actualizaciones de los salarios superiores a los mínimos por categorías, beneficios laborales, licencia sindical, prevención y solución de conflictos colectivos, debería ser materia de la negociación colectiva bipartita, sin injerencia del gobierno.
“El acuerdo terminó. No sé cómo vamos a seguir. Lo que queda es la posición triste de que el sector sindical nos tomó el pelo. Faltando ocho días pidieron una reunión para el 25 de enero y no trajeron nada por escrito”, añadió el empresario.
Ya en el 2013 la OIT estuvo a punto de incluir a Uruguay en la llamada “lista negra”. Esa vez el gobierno logró frenar esa posibilidad bajo el argumento que Uruguay tiene “un alto nivel de diálogo social”.
De hecho en está ocasión, las autoridades del Ministerio de Trabajo (Mtss) volvieron a apostar por esa virtud y concentraron todas sus baterías en tratar de alcanzar un entendimiento entre empresarios y trabajadores que atendiera lo planteado en la queja, pero no tuvieron éxito.
“Ahora cada parte tiene las manos libres. Si el PIT-CNT o el ministerio dice lo que va a hacer y es satisfactorio la marcha atrás siempre existe, levantamos la queja y ya está. Yo no me voy a sentar a negociar por ahora. Dimos dos años y no llegamos a ningún acuerdo. ¿Qué más tenemos que dar?”, se preguntó Perera.
Durante la última reunión que tuvieron las partes el martes pasado en el Mtss, la delegación del PIT-CNT manifestó su disposición a discutir uno de los planteos que las cámaras empresariales presentaron en diciembre pasado y que refiere a un sistema de prevención de conflictos entre empresas y trabajadores. Pero también reflotó su voluntad de avanzar en la creación de un fondo de garantía de los créditos laborales para casos de insolvencia patronal.
La introducción de modificaciones en la ley de Negociación Colectiva no forma parte de la agenda del PIT-CNT, más allá de alguna. En diálogo con El Observador, el director del Instituto Cuesta Duarte, Milton Castellano, dijo que es “una buena ley” que se defenderá en la OIT cuando sea necesario.
Con las cartas a la vista, todo hace indicar que ahora el MTSS pondrá a consideración del Parlamento una modificación normativa. Así lo había adelantado en diciembre el ministro de Trabajo, Ernesto Murro para el caso que no se llegara a un acuerdo. Eso no resguardaría enteramente al país de que el caso uruguayo vuelva a ser considerado por la OIT a mitad de año en su asamblea anual, pero serviría para quedar en una mejor posición. Eso es así porque los informes del organismo tomarían nota de la conducta proactiva del gobierno al poner el tema en manos del Parlamento, había dicho semanas atrás un experto consultado por El Observador.
Una extensa tregua de dos años llegó a su fin. Las cámaras de Comercio e Industria se reunieron ayer y formalizaron lo que desde comienzo de 2017 era un secreto a voces. Ante la falta de avances en las negociaciones con el gobierno y el PIT- CNT para modificar la ley de Negociación Colectiva, las gremiales seguirán adelante con la queja ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Los empleadores habían abierto un impasse en dos oportunidades, primero en 2015 y luego en 2016, por el que se habían comprometido a no impulsar que Uruguay estuviera en la llamada “lista negra” de la Comisión de Aplicación de Normas de la OIT, mientras se buscaba una salida. Esa lista la integran países que no respetan leyes laborales y otros observados por no respetar las libertades sindicales.
“Yo entendí que hace dos años cuando acordamos una prórroga había una madurez sindical que iba a permitir llevar a buen puerto esta nave, pero veo que todavía no es la suficiente que debería exhibir un país como Uruguay. (…) Pusimos 24 meses de esfuerzo total y no logramos nada. Presentamos propuestas, el gobierno también hizo su esfuerzo, pero el PIT-CNT no presentó nada. Tenemos que volver a apelar a formar el sentido común que no está y para eso hay que reavivar la queja”, dijo a El Observador, el presidente de la Cámara de Industrias, Washington Corallo.
Lo que sigue pendiente
En 2010 el Comité de Libertad Sindical de la OIT realizó nueve recomendaciones para que se modificara la ley de Negociación Colectiva, entre las que hay dos que sobresalen.Hoy las cámaras empresariales insisten en la negativa del gobierno a regular el procedimiento para garantizar la libertad de trabajo de los no huelguistas y el derecho de los empresarios a ingresar en sus instalaciones durante las ocupaciones.
La queja original que los empresarios realizaron en 2009 se hizo en base al decreto 165/06 que reglamenta las ocupaciones y que se entiende debe derogarse. Ello porque el articulado sobre el tema fue eliminado de la ley de Negociación Colectiva cuando el presidente Tabaré Vázquez envió la iniciativa al Parlamento en 2008. Desde el sector empleador se sostiene que la ocupación no está incluida dentro del derecho de huelga. Aunque la Constitución reconoce este derecho, no admite la ocupación de una empresa como medida de acción gremial.
Otro punto de peso todavía no atendido se centra en la competencia de los Consejos de Salarios. La recomendación de la OIT sostiene que los Consejos de Salarios (órganos tripartitos) solo tienen competencia para fijar salarios mínimos y su régimen de actualización. El resto de las condiciones de trabajo, por ejemplo, las actualizaciones de los salarios superiores a los mínimos por categorías, beneficios laborales, licencia sindical, prevención y solución de conflictos colectivos, debería ser materia de la negociación colectiva bipartita, sin injerencia del gobierno.
Fin de las negociaciones
“La OIT le dijo al gobierno en 2010: ‘señores tienen que arreglar esto porque están fuera de los acuerdos que ustedes han firmado’. Si no se corrige la OIT va a seguir poniendo a Uruguay en una situación de demasiada rigidez sindical”, dijo a El Observador el presidente de la Cámara de Comercio, Carlos Perera.“El acuerdo terminó. No sé cómo vamos a seguir. Lo que queda es la posición triste de que el sector sindical nos tomó el pelo. Faltando ocho días pidieron una reunión para el 25 de enero y no trajeron nada por escrito”, añadió el empresario.
Ya en el 2013 la OIT estuvo a punto de incluir a Uruguay en la llamada “lista negra”. Esa vez el gobierno logró frenar esa posibilidad bajo el argumento que Uruguay tiene “un alto nivel de diálogo social”.
De hecho en está ocasión, las autoridades del Ministerio de Trabajo (Mtss) volvieron a apostar por esa virtud y concentraron todas sus baterías en tratar de alcanzar un entendimiento entre empresarios y trabajadores que atendiera lo planteado en la queja, pero no tuvieron éxito.
“Ahora cada parte tiene las manos libres. Si el PIT-CNT o el ministerio dice lo que va a hacer y es satisfactorio la marcha atrás siempre existe, levantamos la queja y ya está. Yo no me voy a sentar a negociar por ahora. Dimos dos años y no llegamos a ningún acuerdo. ¿Qué más tenemos que dar?”, se preguntó Perera.
Durante la última reunión que tuvieron las partes el martes pasado en el Mtss, la delegación del PIT-CNT manifestó su disposición a discutir uno de los planteos que las cámaras empresariales presentaron en diciembre pasado y que refiere a un sistema de prevención de conflictos entre empresas y trabajadores. Pero también reflotó su voluntad de avanzar en la creación de un fondo de garantía de los créditos laborales para casos de insolvencia patronal.
La introducción de modificaciones en la ley de Negociación Colectiva no forma parte de la agenda del PIT-CNT, más allá de alguna. En diálogo con El Observador, el director del Instituto Cuesta Duarte, Milton Castellano, dijo que es “una buena ley” que se defenderá en la OIT cuando sea necesario.
Con las cartas a la vista, todo hace indicar que ahora el MTSS pondrá a consideración del Parlamento una modificación normativa. Así lo había adelantado en diciembre el ministro de Trabajo, Ernesto Murro para el caso que no se llegara a un acuerdo. Eso no resguardaría enteramente al país de que el caso uruguayo vuelva a ser considerado por la OIT a mitad de año en su asamblea anual, pero serviría para quedar en una mejor posición. Eso es así porque los informes del organismo tomarían nota de la conducta proactiva del gobierno al poner el tema en manos del Parlamento, había dicho semanas atrás un experto consultado por El Observador.
Cómo se confecciona la llamada “lista negra”
En los meses previos a la asamblea anual, la Comisión de Aplicación de Normas de la OIT analiza el informe de la Comisión de Expertos sobre la situación de cada país. Luego se ofrece a los representantes de los gobiernos, empleadores y trabajadores la oportunidad de examinar la forma en que los estados cumplen con sus obligaciones establecidas en los convenios y recomendaciones. En base a las observaciones de los expertos se elabora una lista de los casos individuales que toma en cuenta la calidad de las respuestas proporcionadas por los gobiernos o la ausencia de estas, y la gravedad y persistencia de las faltas. Si bien la OIT no prevé sanciones directas, ingresar en la “lista negra” no es nada favorable para la imagen del país en el exterior. El criterio utilizado no establece categorías, por lo que Uruguay puede ser incluido en una misma lista junto a países que están observados, por ejemplo, por no respetar las libertades sindicales o porque registran asesinatos de dirigentes en su territorio.PELEA POR MÁS RECURSOS
El Pit-Cnt dará batalla por suba salarial en la Educación
La planificación para este año tiene como centro el debate presupuestal.
DANIEL ISGLEAS01 feb 2017 - El Paín uy
El secretariado ejecutivo del Pit-Cnt, como
parte de su plan de movilizaciones para el año en curso, puso el acento
en la negociación presupuestal con el gobierno. Fernando Pereira,
presidente de la central, anunció tras la primera reunión del año del
órgano ejecutivo, que se resolvió apoyar los planteos de la Coordinadora
de Sindicatos de la Educación (CSEU) en cuanto a su reclamo de mejora
salarial y la asignación del 6% del PIB.
Pidió que el gobierno negocie con los sindicatos de la
educación antes de discutir con el gabinete de ministros y la bancada de
legisladores oficialistas, al contrario de lo que se hizo en 2015 donde
no hubo tiempo para negociar un convenio en el sector.
Este pronunciamiento se da en el marco de un contexto
complejo para la economía y las metas previstas. Tras dos días de
análisis del presidente Tabaré Vázquez con su gabinete en Anchorena,
Presidencia emitió un comunicado donde señala que "nos proponemos seguir
cumpliendo con las metas del Programa de Gobierno, aprobado por la
ciudadanía en las últimas elecciones nacionales".
Pero el comunicado advierte que, como ha sido
mencionado en diversas ocasiones, los años 2015 y 2016 resultaron años
"complejos y difíciles", pero que pudieron ser resueltos al trabajar con
"seriedad, responsabilidad, coherencia y prudencia". Estos lineamientos
marcarán la Rendición de Cuentas y la nueva discusión presupuestal
prevista para este año.
Más impuestos.
Según Pereira, el gobierno se enfrenta a un panorama
sombrío en materia económica, a "un dilema": "con el crecimiento del
Producto que Uruguay va a tener, no va a poder alcanzar los objetivos
previstos como el 6% del PIB, el Sistema Nacional de Cuidados, la
vivienda, la inversión pública. Y entonces, o grava a los sectores que
más tienen, o alguno de esos objetivos no los va a poder cumplir", dijo,
tras la reunión de la central.
"A pesar de los avances un maestro hoy cobra $ 26.000
nominales y un funcionario $ 20.000. Es necesario aumentar esos
salarios para no generar multiempleo y acumulación horaria indebida que
después va en perjuicio de la propia educación", sostuvo.
Este fin de semana, en una entrevista con El País,
el presidente de la Asociación de Docentes de Secundaria (ADES)
Emiliano Mandacen, anunció que "hay una reivindicación histórica que es
la media canasta, o sea $ 30.000 por 20 horas de trabajo para un
profesor grado uno" anunció.
La nueva ronda de negociación presupuestal pondrá
sobre la mesa otra vez el tema de los salarios de los docentes, que
terminó en 2015 una declaración de esencialidad ordenada por el
presidente Tabaré Vázquez.
Tras la reunión del secretaria-do del Pit-Cnt se
supo que la central apoya este reclamo y que está del lado de crear
nuevas escuelas y liceos.
"El 6% es muy poco".
En la entrevista con El País, Mandacen hace
referencia a la necesidad de más recursos para el sistema, y también a
los requerimientos en materia de infraestructura, tal como sostiene
Pereira, del Pit Cnt.
"Creo que el 6% del PBI para la educación es una
consigna válida; ahora, también creo que para las necesidades reales del
sistema educativo uruguayo es muy poco. Hay problemas de
infraestructura", advirtió Mandacen.
Y protestó por las carencias en esa materia. "En
2013 algo se avanzó en arreglar liceos, aunque con una pésima
planificación y con un sistema de tercerizaciones que es nefasto, que
hace gastar a todos los uruguayos más plata que si tuviéramos un
departamento que se encargara de arreglar eso. El gobierno sabe esto,
porque ahora sale a licitar por proyectos de Participación Público
Privado (PPP) 200 centros educativos. Después hablan de los sindicatos,
que somos una corporación y toda la perorata, que solo pedimos plata. En
2016 se paró, pero nunca se hizo por temas salariales. Se paró, entre
otras cosas, por infraestructura", dijo el dirigente sindical de ADES en
la entrevista.
Habrá fondos solo para las áreas prioritarias.
El presidente Tabaré Vázquez marcó los lineamientos
centrales que quiere que estén plasmados en la estructuración del
Presupuesto. Dijo a sus ministros que es "muy optimista", que siente que
"conseguirán muchos logros" en el año, pero que los incrementos
presupuestales solo serán para las áreas definidas prioritarias por el
gobierno. Educación, Sistema de Cuidados, seguridad y vivienda. Solo en
esas áreas el Poder Ejecutivo está dispuesto a otorgar más dinero. Esos
aumentos estarán incluidos en el proyecto de ley de Rendición de Cuentas
que el gobierno deberá entregar al Parlamento antes del 30 de junio de
este año.
El Frente se pregunta de dónde sacar los recursos.
El Frente Amplio comenzará esta semana a discutir
las aspiraciones presupuestales de cara a la próxima Rendición de
Cuentas en el marco de la Comisión de Programa dirigida por la senadora
Constanza Moreira, según dijo a El País el secretario político de la
coalición Gonzalo Reboledo. La directiva que los senadores presentarán a
los diputados en la reunión del lunes 6 se basa en "no descartar de
antemano a nadie para negociar y una vez resuelta la posición del Frente
Amplio, más que nunca disciplina partidaria". Pero no será tan fácil
alinear a los legisladores ya que mientras la mayoría se inclina por
aumentar impuestos a los de mayores ingresos, los astoristas se niegan.
Martes 31 • Enero • 2017
Gonzalo Mujica le exige al FA que admita que no va a poder cumplir con el 6% del PIB para la educación
El diputado Gonzalo Mujica, disidente del Frente Amplio (FA),
le exigió al gobierno que se “anime a decir” que no podrá cumplir con
algunos de sus objetivos programáticos, como otorgar 6% del Producto
Interno Bruto a la educación e implementar a fondo el Sistema Nacional
de Cuidados.
En una entrevista con Radio Uruguay, Mujica dijo que “el gobierno se tiene que animar a decir que no puede llegar al 6% de [el PIB para] la educación cuando la economía va a crecer a la mitad de lo que se programó”, y que tampoco “puede desplegar el plan de cuidados cuando la base de recaudación va a ser la mitad de la planteada”.
Mujica dijo que espera poder reunirse con el presidente del FA, Javier Miranda, en los próximos días, para plantearle estas inquietudes. Además, dijo que es “imprescindible” que se abra una negociación con la oposición “desde ya”. “De lo contrario, [en el FA] van a estar tres meses discutiendo encerrados, entre ellos, para llegar a 49 votos”.
Mujica admitió que en los próximos días se reunirá con los senadores Luis Lacalle Pou y Pedro Bordaberry, del Partido Nacional y el Partido Colorado, respectivamente. Ayer lo hizo con el líder del Partido Independiente, Pablo Mieres.
En una entrevista con Radio Uruguay, Mujica dijo que “el gobierno se tiene que animar a decir que no puede llegar al 6% de [el PIB para] la educación cuando la economía va a crecer a la mitad de lo que se programó”, y que tampoco “puede desplegar el plan de cuidados cuando la base de recaudación va a ser la mitad de la planteada”.
Mujica dijo que espera poder reunirse con el presidente del FA, Javier Miranda, en los próximos días, para plantearle estas inquietudes. Además, dijo que es “imprescindible” que se abra una negociación con la oposición “desde ya”. “De lo contrario, [en el FA] van a estar tres meses discutiendo encerrados, entre ellos, para llegar a 49 votos”.
Mujica admitió que en los próximos días se reunirá con los senadores Luis Lacalle Pou y Pedro Bordaberry, del Partido Nacional y el Partido Colorado, respectivamente. Ayer lo hizo con el líder del Partido Independiente, Pablo Mieres.
Viernes 27 • Enero • 2017
UPM baja perfil a las negociaciones con el gobierno uruguayo por la instalación de la segunda planta
Ayer la empresa finlandesa UPM consideró necesario aclarar que
no ha resuelto todavía invertir en una segunda planta de celulosa en
Uruguay. En un comunicado público en idioma inglés, en el que se refiere
a “especulaciones de mercado acerca de una supuesta inversión en una
planta de celulosa en Uruguay”, la empresa afirma que “no está
involucrada en negociaciones con el gobierno uruguayo sobre una
inversión en una planta de celulosa”. En cambio, UPM sostiene que está
considerando “proyecciones y prerrequisitos para su desarrollo de largo
plazo” en el país. “Actualmente, UPM está involucrada en discusiones con
el gobierno uruguayo sobre el desarrollo de infraestructura”, agrega.
La compañía señala que las conversaciones con el gobierno uruguayo se han desarrollado con “espíritu positivo”, pero puntualiza que el comienzo de cualquier proyecto de inversión requerirá que se satisfagan “varios requerimientos”, entre ellos, el desarrollo de infraestructura. “Sin embargo, actualmente las discusiones no han concluido y varios asuntos no se han resuelto todavía”, acota. Y aunque al comienzo del comunicado sostiene que no está en negociaciones con el gobierno uruguayo, el comunicado concluye señalando que la empresa “no hará comentarios sobre ningún detalle de las negociaciones”.
Más tarde la empresa emitió otro comunicado, en el que aclaró su primer mensaje. “Hubo necesidad de aclarar a la comunidad financiera que las negociaciones por el acuerdo de inversión son una fase en el proceso”, señaló la empresa, y agregó que “nada ha cambiado en nuestro enfoque hacia el gobierno de Uruguay y sobre el actual proceso de negociación en infraestructura logística, entre otros prerrequisitos”.
El 18 de enero, el diario El País informó sobre la visita de una delegación de la empresa UPM a Uruguay. En los encuentros que mantuvo con el gobierno uruguayo, según el diario, la empresa expresó su preocupación por el estado de la infraestructura ferroviaria que permitiría que la producción de una eventual segunda planta se trasladara desde Durazno hasta Montevideo.
La salida de UPM coincide con el hecho de que algunos asuntos que se están negociando tomaron estado público esta semana. El presidente Tabaré Vázquez convocó a los intendentes de los departamentos de Montevideo, Canelones, Florida y Durazno a reunirse con él por la posible inversión. Los encuentros se hicieron públicos por anuncios de los propios intendentes en las redes sociales, y además, se oficializó la propuesta de las intendencias de Montevideo y Canelones de realizar un trazado férreo alternativo al actual tendido de las vías para el tránsito del tren por Canelones y el ingreso al puerto de Montevideo.
Ayer Vázquez se reunió en la residencia presidencial de Suárez y Reyes con los intendentes de Florida y de Durazno, los nacionalistas Carlos Enciso y Carmelo Vidalín, para intercambiar visiones sobre la posibilidad de que se instale la segunda planta de UPM y evaluar el estado de la infraestructura ferroviaria en esos departamentos. Los intendentes le proporcionaron información sobre proyectos en curso en el departamento, por ejemplo en materia de acopio de granos y lechería, que podrían utilizar la infraestructura ferroviaria a reconstruir.
“Le manifestamos al presidente la voluntad de estar a su lado para demostrarle a estos empresarios que este no es un proyecto de un sector político, sino de todos los uruguayos”, contó Vidalín a la prensa. El intendente de Durazno dijo luego a la diaria que “fue una reunión muy amable y productiva”. “Vimos a un presidente entusiasmado con el emprendimiento de UPM, escuchando sobre las realidades de nuestros departamentos, sobre la caminería y las vías férreas”, declaró. Señaló que desde Durazno a Montevideo “ha habido una inversión por parte del gobierno” en vías férreas, aunque “indudablemente va a haber que realizar inversión para mejorar lo que tenemos”. Vidalín dijo que el presidente no hizo comentarios sobre el comunicado de UPM e insistió en que se veía “muy entusiasmado” con la posibilidad de la inversión.
El intendente de Durazno expresó la voluntad del gobierno de su departamento en “acompañar en todos sus términos el emprendimiento”, si bien acotó que “personalmente, siempre” tuvo claro que “estamos ante una posibilidad”. “Nosotros, como país, debemos demostrar interés y también poner lo mejor de nosotros para que este emprendimiento se instale en Uruguay”, afirmó.
El intendente de Durazno dijo que tiene “la ilusión” de que el viaje de Vázquez a Finlandia sea “oportuno para despejar dudas” respecto de si UPM invertirá nuevamente en el país. Vázquez comenzará el 7 de febrero una gira en la que visitará Alemania, Finlandia y Rusia, acompañado de autoridades de gobierno y de una nutrida comitiva empresarial. En Helsinki, Vázquez se reunirá con el presidente de Finlandia, Sauli Niinistö, y con autoridades de la empresa UPM, al tiempo que intentará concretar las inversiones en infraestructura necesarias para la instalación de la segunda pastera finlandesa.
El Ejército participa de la construcción de una escuela privada modelo en Punta del Este que se promociona internacionalmente como una de las más innovadoras del mundo, la International College, cuyo director y socio inversor es el empresario de la construcción, Rolando Rozemblum, quien hasta hace poco presidió la Cipemu (Comunidad Israelita de Maldonado).
Vecinos de la zona, donde se levanta la importante construcción, señalaron a LA REPÚBLICA que los trabajos cuentan incluso con vigilancia de 24 horas del personal de la fuerza.
El empresario a cargo del proyecto tiene también participación en otros ámbitos con la Intendencia de Maldonado ya que, como presidente de la Cipemu, impulsó y actuó meses atrás como “catalizador” del contrato que la empresa israelí Elbit Security Systems Limited (Elsec) firmó con el intendente Enrique Antía, para la instalación de cámaras de seguridad en la ciudad.
LA REPÚBLICA recibió llamados de vecinos de Punta del Este que se vieron sorprendidos por la participación de militares en una millonaria obra privada.
Una consulta realizada por este diario al Ministerio de Defensa derivó en un “urgente pedido de informes” que el Ejército deberá responder en las próximas horas como paso previo a una investigación más profunda.
Si bien existe un decreto que avala la firma de convenios con organismos públicos o privados, éstos deben ser rubricados por el Ministerio de Defensa (ver nota aparte) lo que no ocurrió en este caso y motivó el pedido de informes.
Excelencia y descontracturación
Rolando Rozemblum, explicó recientemente en una entrevista concedida al portal AJN que la estrategia del International College, que abrirá sus puertas en marzo, apunta a brindar un nivel educacional “no percibido en esta zona”, en el que se pondrá especial atención en la descontracturación del clima académico.
Los directivos de la escuela señalaron que se utilizarán programas internacionales evaluados a nivel de Cambridge o de International Baccalaureate. “El mismo paquete que se da en Budapest, se puede tener acá”, explicaron.
En cuanto al tipo de familias al que apuntan señalaron que “un 10 o un 12% de ellas no viven en Punta del Este, pero se están mudando. Tenemos familias de España, Estados Unidos, Argentina, Francia. Les dimos un poco de lo que querían y esperaban”, mencionaron.
Las autoridades del International College explicaron que las obras se llevan adelante en una propiedad de 50 mil metros cuadrados de las que actualmente se están construyendo cerca de 10 mil metros cuadrados donde se van a encontrar las aulas.
250 estacionamientos
“Tenemos una capacidad de 250 estacionamientos para parking dentro del edificio, cercado con una infraestructura de cámaras. Es muy importante que la familia se sienta controlada y que pueda tener acceso a esas informaciones. Además tenemos un sport center, como un club dentro del colegio, que va a tener un gimnasio, un fitness center con salas de prácticas de spinning, zumba; canchas exteriores sintéticas, una pista de atletismo y una cancha oficial FIFA, una de hockey y una de rugby. Nuestro objetivo es darle mucho énfasis a la parte deportiva, queremos que sea un semillero de atletas”, agregaron.
Agradecimiento a Antía por su apoyo y celeridad
Las autoridades del International College, agradecieron al intendente Enrique Antía, por responder con “celeridad” a los requerimientos que le realizaron.
“El gobierno local nos ha recibido muy bien, ha sido muy ágil y ha respondido a los requerimientos de la institución. No es fácil realizar este proyecto en menos de un año de construcción. Cuando uno encara un proyecto de este tipo se necesita que haya incondicionalidad y confianza, y saber que el gobierno te puede responder con la velocidad que uno necesita para realizar este emprendimiento. Algo que hizo este gobierno. Ha respondido con seriedad, transparencia y actitud. Nos respalda y sabe que es muy importante para la ciudad”, explicaron al portal AJN.
¿Puede el Ejército participar de la construcción de una obra privada?
Si bien existe una reglamentación que habilita la participación de las fuerzas armadas en obras de apoyo a la comunidad, estas deben ser ejecutadas bajo convenio firmado por el Ministerio de Defensa, algo que, según la información recabada oficialmente por LA REPÚBLICA, no sucedió en este caso.
En el Registro Nacional de Leyes y Decretos Tomo: 1, semestre: 2 correspondiente al año 2007, en su página489 figura el artículo 135 que expresamente establece que: “El Ministerio de Defensa Nacional, con la finalidad del mejor aprovechamiento de su capacidad técnica, material y humana, podrá celebrar convenios con personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras, para la prestación de servicios o colaboración
en actividades que, por su especialidad, relevancia social o conveniencia pública le sean requeridas, percibiendo los precios correspondientes”.
Sin embargo, desde ese Ministerio se informó que no suscribió convenio alguno con International College, por lo que se solicitó urgentes informes al Ejército el cual cuenta con un plazo de 72 horas para presentarlos.
Los vecinos que advirtieron a LA REPÚBLICA de los trabajos del Ejército en esta institución privada, señalaron que desde hace varios meses se observa la participación de personal del Ejército en los trabajos de construcción que se llevan adelante, empleo de maquinarias, así como en la vigilancia del predio.
Como muestra la fotografía tomada hace cuatro días que ilustra esta nota, en el mismo se colocó un cartel que dice: “Ejercito Nacional, en apoyo a la comunidad”.
Artículo 135
A continuación se transcribe el artículo 135 que detalla los requisitos para la suscripción de convenios por parte de las fuerzas armadas:
“El Ministerio de Defensa Nacional, con la finalidad del mejor aprovechamiento de su capacidad técnica, material y humana, podrá celebra convenios con personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras, para la prestación de servicios o colaboración en actividades que, por su especialidad, relevancia social o Conveniencia pública le sean requeridas, percibiendo los precios correspondientes. En
todo caso ello no deberá implicar detrimento en la capacidad operativa de las Fuerzas”.
“Facúltase al Poder Ejecutivo, en acuerdo con los Ministerios de Defensa Nacional y de Economía y Finanzas, a reglamentar las condiciones de prestación de servicios, los criterios para la fijación de precios y las formas de pago. Si en aplicación de los convenios que se celebren al amparo de la presente autorización, correspondiere abonar compensaciones extraordinarias, gasto o inversiones del Inciso, el Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la Contaduría General de la Nación, habilitará los créditos correspondientes, en la medida en que los mismos no superen los recursos generados en cada convenio, dando cuenta en la siguiente instancia presupuestal”.
“El titular del Ministerio de Defensa Nacional suscribirá, por su parte, los convenios a los que se hace referencia en los incisos precedentes, sin perjuicio de las facultades delegatorias que le son inherentes, caso por caso. Los actos dictados en contravención a lo dispuesto, serán nulos de pleno derecho”. Rozenblum y las cámaras de seguridad
Rolando Rozenblum, actuando como presidente de Cipemu (Comunidad Israelita de Punta del Este y Maldonado), concedió una entrevista a FM Gente el año pasado en la que aseguró que la instalación de las cámaras en Maldonado, que impulsó la entidad que orienta, superó el tema de la seguridad, aunque este es su objetivo primario.
Rozenblum recordó que Cipemu actuó como “catalizador” e impulsor del proyecto que culminó con el contrato firmado con la empresa israelí Elbit, para poner en marcha el proyecto “Maldonado, ciudades inteligentes” a través de la instalación de cámaras de seguridad.
Dijo que el ahora intendente Enrique Antía, ya tenía “un plan muy claro en materia de seguridad. Y había identificado que la seguridad era el primer puntos de necesidad de la familia”.
“Hubo un apoyo incondicional de la gestión de Antía al proyecto”, añadió. Después que resultó electo Cipemu pasó a ser parte integrante del desarrollo del proyecto y empezó a dar apoyo logístico”, apuntó.
Rozemblum señaló a FM Gente que este sistema de cámaras de última generación a nivel internacional, será un valioso aporte a la seguridad, porque “va a mejorar la posibilidad de aportar pruebas a la justicia ante un delito”. Características del proyecto
-50 mil metros cuadrados
-250 estacionamientos
-Fitness center
-Pista de atletismo
-Cancha oficial FIFA
-Cancha de hockey
-Cancha de Rugby
El lobby con la Intendencia
Según publicó Brecha en noviembre del año pasado, a pedido de la comunidad israelita de Punta del Este (Cipemu), el intendente de Maldonado, Enrique Antía, negó a la Asociación de Profesores de Historia del Uruguay (APHU) la posibilidad de realizar su segundo congreso anual, titulado “Encrucijada de caminos. Oriente Medio en la mira”, en el quinto piso del edificio comunal. Otro tanto hizo el museo Ralli, al anular la decisión por la que accedía a prestar sus instalaciones para una conferencia enmarcada en este evento.
Brecha afirma que “el lobby de la comunidad se hizo sentir. Les cayó particularmente grueso notar que en la grilla de expositores figuran el profesor magíster Armando Miraldi, exguerrillero del MLN y preso político, y la periodista freelance Eugenia Rodríguez Cattáneo”.
El semanario recuerda que el empresario Rolando Rozemblum, quien en ese momento presidía la Cipemu propició la contratación de la empresa israelí Elbit Security Systems Limited (Elsec) por 18,5 millones para proveer el hardware y software del plan Maldonado, Ciudades Inteligentes.
LA FRASE
“El titular del Ministerio de Defensa Nacional suscribirá, por su parte, los convenios a los que se hace referencia en los incisos precedentes, sin perjuicio de las facultades delegatorias que le son inherentes, caso por
caso. Los actos dictados en contravención a lo dispuesto, serán nulos de pleno derecho”.
La compañía señala que las conversaciones con el gobierno uruguayo se han desarrollado con “espíritu positivo”, pero puntualiza que el comienzo de cualquier proyecto de inversión requerirá que se satisfagan “varios requerimientos”, entre ellos, el desarrollo de infraestructura. “Sin embargo, actualmente las discusiones no han concluido y varios asuntos no se han resuelto todavía”, acota. Y aunque al comienzo del comunicado sostiene que no está en negociaciones con el gobierno uruguayo, el comunicado concluye señalando que la empresa “no hará comentarios sobre ningún detalle de las negociaciones”.
Más tarde la empresa emitió otro comunicado, en el que aclaró su primer mensaje. “Hubo necesidad de aclarar a la comunidad financiera que las negociaciones por el acuerdo de inversión son una fase en el proceso”, señaló la empresa, y agregó que “nada ha cambiado en nuestro enfoque hacia el gobierno de Uruguay y sobre el actual proceso de negociación en infraestructura logística, entre otros prerrequisitos”.
El 18 de enero, el diario El País informó sobre la visita de una delegación de la empresa UPM a Uruguay. En los encuentros que mantuvo con el gobierno uruguayo, según el diario, la empresa expresó su preocupación por el estado de la infraestructura ferroviaria que permitiría que la producción de una eventual segunda planta se trasladara desde Durazno hasta Montevideo.
La salida de UPM coincide con el hecho de que algunos asuntos que se están negociando tomaron estado público esta semana. El presidente Tabaré Vázquez convocó a los intendentes de los departamentos de Montevideo, Canelones, Florida y Durazno a reunirse con él por la posible inversión. Los encuentros se hicieron públicos por anuncios de los propios intendentes en las redes sociales, y además, se oficializó la propuesta de las intendencias de Montevideo y Canelones de realizar un trazado férreo alternativo al actual tendido de las vías para el tránsito del tren por Canelones y el ingreso al puerto de Montevideo.
Ayer Vázquez se reunió en la residencia presidencial de Suárez y Reyes con los intendentes de Florida y de Durazno, los nacionalistas Carlos Enciso y Carmelo Vidalín, para intercambiar visiones sobre la posibilidad de que se instale la segunda planta de UPM y evaluar el estado de la infraestructura ferroviaria en esos departamentos. Los intendentes le proporcionaron información sobre proyectos en curso en el departamento, por ejemplo en materia de acopio de granos y lechería, que podrían utilizar la infraestructura ferroviaria a reconstruir.
“Le manifestamos al presidente la voluntad de estar a su lado para demostrarle a estos empresarios que este no es un proyecto de un sector político, sino de todos los uruguayos”, contó Vidalín a la prensa. El intendente de Durazno dijo luego a la diaria que “fue una reunión muy amable y productiva”. “Vimos a un presidente entusiasmado con el emprendimiento de UPM, escuchando sobre las realidades de nuestros departamentos, sobre la caminería y las vías férreas”, declaró. Señaló que desde Durazno a Montevideo “ha habido una inversión por parte del gobierno” en vías férreas, aunque “indudablemente va a haber que realizar inversión para mejorar lo que tenemos”. Vidalín dijo que el presidente no hizo comentarios sobre el comunicado de UPM e insistió en que se veía “muy entusiasmado” con la posibilidad de la inversión.
El intendente de Durazno expresó la voluntad del gobierno de su departamento en “acompañar en todos sus términos el emprendimiento”, si bien acotó que “personalmente, siempre” tuvo claro que “estamos ante una posibilidad”. “Nosotros, como país, debemos demostrar interés y también poner lo mejor de nosotros para que este emprendimiento se instale en Uruguay”, afirmó.
El intendente de Durazno dijo que tiene “la ilusión” de que el viaje de Vázquez a Finlandia sea “oportuno para despejar dudas” respecto de si UPM invertirá nuevamente en el país. Vázquez comenzará el 7 de febrero una gira en la que visitará Alemania, Finlandia y Rusia, acompañado de autoridades de gobierno y de una nutrida comitiva empresarial. En Helsinki, Vázquez se reunirá con el presidente de Finlandia, Sauli Niinistö, y con autoridades de la empresa UPM, al tiempo que intentará concretar las inversiones en infraestructura necesarias para la instalación de la segunda pastera finlandesa.
UPM. EN CLAVE DE ENCLAVE
Primera quincena de febrero.
UPM. EN CLAVE DE ENCLAVE
UPM asesora al
gobierno uruguayo para la remodelación de la red de transporte local. La
instalación de una tercera planta de celulosa en Uruguay está
condicionada no solamente a creación de nuevas zonas francas sino además
a la construcción de una red logística al servicio de la empresa con un
costo a cargo del Estado uruguayo estimado oficialmente en 1000
millones de dólares.
Un reciente comunicado de UPMi
reitera que la posible instalación de la fábrica de celulosa en Uruguay
requiere previamente para su concreción, a largo plazo, de
infraestructura acorde a sus necesidades.
En las exigencias
de la empresa caminos, instalaciones, puertos “nacionales” deben
acondicionarse para facilitar el transporte de materia prima hacia su
potencialii
planta en la zona cercana a la ciudad de Paso de los Toros y de la
celulosa a Montevideo para su exportación. En particular la trayectoria
de las vías férreas, peso que deben soportar, velocidad de los trenes
son definidos por la empresa. El gobierno, no solamente es receptivo a
estos condicionamientos sino que además está procurando financiamientos
para la red logística al servicio prácticamente exclusivo de UPMiii.
La concepción es
absolutamente contradictoria con una visión popular del transporte, la
energía, el agua potable, de los puertos y hasta de la educación. En
lugar de ubicarse al servicio de las necesidades de la población, de la
integración de las diferentes zonas del país, de la preservación de la
naturaleza, de la promoción del uso del territorio para la producción de
alimentos se prioriza el fomento de monocultivos de eucaliptus para la
exportación de sus derivados.
El proyecto de
“enclave” en una de sus peores versiones. Grandes empresas extranjeras
poseedoras de las tierras, dueñas de las plantaciones, de las fábricas
transformadoras ubicadas en zonas francas. Verdaderos tentáculos del
grupo económico finés localizados en territorio uruguayo.
Fracasados el
proyecto de extracción de mineral a cielo abierto en Valentines para su
exportación por parte de Aratirí y los intentos de exploración de
petróleo por parte de la francesa Tootal en el océano Atlántico, el
gobierno se concentra en satisfacer las demandas de UPM. Las obras de
infraestructura las terminará pagando el pueblo uruguayo vía deuda
pública o en forma de canon para los grupos económicos constructores.
Si fracasan los
intentos de instalación de la fábrica de celulosa se habrán gastado
recursos presupuestales en un diseño logístico desestructurado de la
realidad local. Si se instaura la segunda planta de UPM, más allá de la
ocupación en la fase de construcción, y unos pocos empleos en la fase
fabril, se promoverán plantaciones de eucaliptus que expulsan mano de
obra del campo con un saldo laboral negativo debido a que la cadena
derivada de estos monocultivos genera menor ocupación que la mayor parte
de las opciones de uso de las tierrasiv.
También recaerán
sobre el pueblo oriental el costo del daño ambiental rural que provocan
los monocultivos de eucaliptus y sus derivados con consecuencias
tremendamente negativas para todo el territorio y en particular para el
río Negro y zonas aledañas.
Los cursos de agua,
el aire, el territorio recibirán los residuos del proceso de
transformación de los eucaliptus en pulpa de madera y su blanqueo. La
celulosa llevará en su seno el agua de los acuíferos locales y las
energías del suelo al exterior para convertirse generalmente en papel
para empaque.
El intenso
transporte hacía el puerto también alteraría de manera negativa el
quehacer urbano especialmente en Montevideo y Canelones.
Maldición de Malinche. Cuando dejarás mi tierra. Cuando harás libre a mi gentev
GOTITAS DE ECONOMIA
-
Una investigación realizada por Mauricio de Rosa, como monografía en la facultad de Ciencias Económicas indica que el 1% de la población uruguaya posee el 25% de la riquezavi. Una muestra más de la falta de equidad que genera el camino elegido por sucesivos gobiernos.
-
Trescientos cincuenta ex trabajadores de Aratirí continúan esperando que la empresa les pague deudas por despido. La confianza mata al hombre.
-
El Molino Dolores anuncia que enviará a sus trabajadores al seguro de paro. Uno más y van. La empresa propiedad de Cereoil y de capitales estadounidenses tiene deudas impagas con el BROU y medios de prensa informan de la venta del trigo que el Molino había prendado como garantía.
-
La filial mexicana de la empresa española Abengoa entró en Concurso de acreedores por suspensión de pagos. En España continúa el proceso de pre concurso y un fiscal pide la prisión por 5 años de su ex presidente Felipe Benjumea. El proyecto aprobado en Uruguay de participación público privada para diseño, construcción, mantenimiento y gestión de un presidio para 1500 reclusos es a cargo de la empresa Teyma e Instalaciones Inabensa filiales del mencionado grupo español. Casi casi como si Benjumea construyera una de sus casas.
-
La organización Oxfam evalúa en base a datos de Forbes, Fortune y diversas fuentes que 8 magnates poseen una riqueza equivalente a la de 3.600 millones de personas en el mundo. Seis de los afortunados son Estadounidenses, un mexicano un español. Datos de un mundo muy desigual.
-
En uno de sus primeros decretos Trump retiró a Estados Unidos de las reuniones para la implementación de un tratado de libre comercio transpacífico (TPP). Los objetivos estratégicos defendidos por Estados Unidos en esos ámbitos pasan esencialmente por la venta de servicios, impunidad para sus inversiones y mecanismos de resolución de pleitos por el Banco Mundial. Sin otorgar nada a cambio.
-
El gobierno argentino emitió nueva deuda por 7000 millones de dólares a una tasa de 6.3% paralelamente al foro de Davos. Las tasas internacionales rondan el 1%.
i26 de enero de 2017.
iiEn
ningún momento la empresa asegura su instalación. Por el contrario en
el mencionado comunicado niega estar involucrada en la construcción de
la planta.
iiiEl
diseño de la logística, la magnitud de la producción de celulosa de la
fábrica y sus necesidades de transporte minimizan o hacen inviable la
posibilidad que la infraestructura se utilice para otros fines.
ivAsí surge claramente de los censos agropecuarios. El tema lo hemos analizado en el libro Tierra, agua soberanía.
vGabino Palomares. Maldición de Malinche.
viEl concepto de riqueza excede el de ingreso, ya que además incluye patrimonio.
El Ejército participa de la construcción de una escuela privada modelo en Punta del Este que se promociona internacionalmente como una de las más innovadoras del mundo, la International College, cuyo director y socio inversor es el empresario de la construcción, Rolando Rozemblum, quien hasta hace poco presidió la Cipemu (Comunidad Israelita de Maldonado).
Vecinos de la zona, donde se levanta la importante construcción, señalaron a LA REPÚBLICA que los trabajos cuentan incluso con vigilancia de 24 horas del personal de la fuerza.
El empresario a cargo del proyecto tiene también participación en otros ámbitos con la Intendencia de Maldonado ya que, como presidente de la Cipemu, impulsó y actuó meses atrás como “catalizador” del contrato que la empresa israelí Elbit Security Systems Limited (Elsec) firmó con el intendente Enrique Antía, para la instalación de cámaras de seguridad en la ciudad.
LA REPÚBLICA recibió llamados de vecinos de Punta del Este que se vieron sorprendidos por la participación de militares en una millonaria obra privada.
Una consulta realizada por este diario al Ministerio de Defensa derivó en un “urgente pedido de informes” que el Ejército deberá responder en las próximas horas como paso previo a una investigación más profunda.
Si bien existe un decreto que avala la firma de convenios con organismos públicos o privados, éstos deben ser rubricados por el Ministerio de Defensa (ver nota aparte) lo que no ocurrió en este caso y motivó el pedido de informes.
Excelencia y descontracturación
Rolando Rozemblum, explicó recientemente en una entrevista concedida al portal AJN que la estrategia del International College, que abrirá sus puertas en marzo, apunta a brindar un nivel educacional “no percibido en esta zona”, en el que se pondrá especial atención en la descontracturación del clima académico.
Los directivos de la escuela señalaron que se utilizarán programas internacionales evaluados a nivel de Cambridge o de International Baccalaureate. “El mismo paquete que se da en Budapest, se puede tener acá”, explicaron.
En cuanto al tipo de familias al que apuntan señalaron que “un 10 o un 12% de ellas no viven en Punta del Este, pero se están mudando. Tenemos familias de España, Estados Unidos, Argentina, Francia. Les dimos un poco de lo que querían y esperaban”, mencionaron.
Las autoridades del International College explicaron que las obras se llevan adelante en una propiedad de 50 mil metros cuadrados de las que actualmente se están construyendo cerca de 10 mil metros cuadrados donde se van a encontrar las aulas.
250 estacionamientos
“Tenemos una capacidad de 250 estacionamientos para parking dentro del edificio, cercado con una infraestructura de cámaras. Es muy importante que la familia se sienta controlada y que pueda tener acceso a esas informaciones. Además tenemos un sport center, como un club dentro del colegio, que va a tener un gimnasio, un fitness center con salas de prácticas de spinning, zumba; canchas exteriores sintéticas, una pista de atletismo y una cancha oficial FIFA, una de hockey y una de rugby. Nuestro objetivo es darle mucho énfasis a la parte deportiva, queremos que sea un semillero de atletas”, agregaron.
Agradecimiento a Antía por su apoyo y celeridad
Las autoridades del International College, agradecieron al intendente Enrique Antía, por responder con “celeridad” a los requerimientos que le realizaron.
“El gobierno local nos ha recibido muy bien, ha sido muy ágil y ha respondido a los requerimientos de la institución. No es fácil realizar este proyecto en menos de un año de construcción. Cuando uno encara un proyecto de este tipo se necesita que haya incondicionalidad y confianza, y saber que el gobierno te puede responder con la velocidad que uno necesita para realizar este emprendimiento. Algo que hizo este gobierno. Ha respondido con seriedad, transparencia y actitud. Nos respalda y sabe que es muy importante para la ciudad”, explicaron al portal AJN.
¿Puede el Ejército participar de la construcción de una obra privada?
Si bien existe una reglamentación que habilita la participación de las fuerzas armadas en obras de apoyo a la comunidad, estas deben ser ejecutadas bajo convenio firmado por el Ministerio de Defensa, algo que, según la información recabada oficialmente por LA REPÚBLICA, no sucedió en este caso.
En el Registro Nacional de Leyes y Decretos Tomo: 1, semestre: 2 correspondiente al año 2007, en su página489 figura el artículo 135 que expresamente establece que: “El Ministerio de Defensa Nacional, con la finalidad del mejor aprovechamiento de su capacidad técnica, material y humana, podrá celebrar convenios con personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras, para la prestación de servicios o colaboración
en actividades que, por su especialidad, relevancia social o conveniencia pública le sean requeridas, percibiendo los precios correspondientes”.
Sin embargo, desde ese Ministerio se informó que no suscribió convenio alguno con International College, por lo que se solicitó urgentes informes al Ejército el cual cuenta con un plazo de 72 horas para presentarlos.
Los vecinos que advirtieron a LA REPÚBLICA de los trabajos del Ejército en esta institución privada, señalaron que desde hace varios meses se observa la participación de personal del Ejército en los trabajos de construcción que se llevan adelante, empleo de maquinarias, así como en la vigilancia del predio.
Como muestra la fotografía tomada hace cuatro días que ilustra esta nota, en el mismo se colocó un cartel que dice: “Ejercito Nacional, en apoyo a la comunidad”.
Artículo 135
A continuación se transcribe el artículo 135 que detalla los requisitos para la suscripción de convenios por parte de las fuerzas armadas:
“El Ministerio de Defensa Nacional, con la finalidad del mejor aprovechamiento de su capacidad técnica, material y humana, podrá celebra convenios con personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras, para la prestación de servicios o colaboración en actividades que, por su especialidad, relevancia social o Conveniencia pública le sean requeridas, percibiendo los precios correspondientes. En
todo caso ello no deberá implicar detrimento en la capacidad operativa de las Fuerzas”.
“Facúltase al Poder Ejecutivo, en acuerdo con los Ministerios de Defensa Nacional y de Economía y Finanzas, a reglamentar las condiciones de prestación de servicios, los criterios para la fijación de precios y las formas de pago. Si en aplicación de los convenios que se celebren al amparo de la presente autorización, correspondiere abonar compensaciones extraordinarias, gasto o inversiones del Inciso, el Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la Contaduría General de la Nación, habilitará los créditos correspondientes, en la medida en que los mismos no superen los recursos generados en cada convenio, dando cuenta en la siguiente instancia presupuestal”.
“El titular del Ministerio de Defensa Nacional suscribirá, por su parte, los convenios a los que se hace referencia en los incisos precedentes, sin perjuicio de las facultades delegatorias que le son inherentes, caso por caso. Los actos dictados en contravención a lo dispuesto, serán nulos de pleno derecho”. Rozenblum y las cámaras de seguridad
Rolando Rozenblum, actuando como presidente de Cipemu (Comunidad Israelita de Punta del Este y Maldonado), concedió una entrevista a FM Gente el año pasado en la que aseguró que la instalación de las cámaras en Maldonado, que impulsó la entidad que orienta, superó el tema de la seguridad, aunque este es su objetivo primario.
Rozenblum recordó que Cipemu actuó como “catalizador” e impulsor del proyecto que culminó con el contrato firmado con la empresa israelí Elbit, para poner en marcha el proyecto “Maldonado, ciudades inteligentes” a través de la instalación de cámaras de seguridad.
Dijo que el ahora intendente Enrique Antía, ya tenía “un plan muy claro en materia de seguridad. Y había identificado que la seguridad era el primer puntos de necesidad de la familia”.
“Hubo un apoyo incondicional de la gestión de Antía al proyecto”, añadió. Después que resultó electo Cipemu pasó a ser parte integrante del desarrollo del proyecto y empezó a dar apoyo logístico”, apuntó.
Rozemblum señaló a FM Gente que este sistema de cámaras de última generación a nivel internacional, será un valioso aporte a la seguridad, porque “va a mejorar la posibilidad de aportar pruebas a la justicia ante un delito”. Características del proyecto
-50 mil metros cuadrados
-250 estacionamientos
-Fitness center
-Pista de atletismo
-Cancha oficial FIFA
-Cancha de hockey
-Cancha de Rugby
El lobby con la Intendencia
Según publicó Brecha en noviembre del año pasado, a pedido de la comunidad israelita de Punta del Este (Cipemu), el intendente de Maldonado, Enrique Antía, negó a la Asociación de Profesores de Historia del Uruguay (APHU) la posibilidad de realizar su segundo congreso anual, titulado “Encrucijada de caminos. Oriente Medio en la mira”, en el quinto piso del edificio comunal. Otro tanto hizo el museo Ralli, al anular la decisión por la que accedía a prestar sus instalaciones para una conferencia enmarcada en este evento.
Brecha afirma que “el lobby de la comunidad se hizo sentir. Les cayó particularmente grueso notar que en la grilla de expositores figuran el profesor magíster Armando Miraldi, exguerrillero del MLN y preso político, y la periodista freelance Eugenia Rodríguez Cattáneo”.
El semanario recuerda que el empresario Rolando Rozemblum, quien en ese momento presidía la Cipemu propició la contratación de la empresa israelí Elbit Security Systems Limited (Elsec) por 18,5 millones para proveer el hardware y software del plan Maldonado, Ciudades Inteligentes.
LA FRASE
“El titular del Ministerio de Defensa Nacional suscribirá, por su parte, los convenios a los que se hace referencia en los incisos precedentes, sin perjuicio de las facultades delegatorias que le son inherentes, caso por
caso. Los actos dictados en contravención a lo dispuesto, serán nulos de pleno derecho”.