Mi padre y el Che
Por Susana Aulet
Para quienes solo habíamos visto imágenes del dirigente, el guerrillero, el tribuno, el operador de combinadas cañeras, el ministro que reparte diplomas con sonrisa cálida mientras estrecha las manos callosas de sus obreros vanguardias, el albañil, el operario de una hilandería, el estadista-orador en Naciones Unidas, en fin, para quienes cantábamos Pionero Soy sin saber que el comandante Ernesto Guevara se nos marchaba al Congo, las imágenes vistas recientemente en el programa La Pupila Asombrada han sido muy emocionantes. Fueron más de 40 minutos de fragmentos de la entrevista que la periodista norteamericana Lisa Howard le hiciera al Che para la cadena televisiva norteamericana ABC, el 22 de febrero de 1964. Dichos fragmentos fueron rescatados en la maraña de Internet gracias a la perseverancia del investigador Elier Ramírez.
Veíamos (y escuchábamos) por primera vez al hombre natural, muy cercano y nuestro, como se escucha a un padre que nos deja reflexiones de una extraordinaria vigencia. Veíamos a un Che relajado y sereno, envuelto en el humo de su tabaco, ora sonriente, ora concentrado y serio, caballeroso, afable y brillante -todo a la vez. Esta vez no solo era el mito, el tribuno, el héroe querido estampado en el mármol. Era también el hombre que reflexionaba en voz baja, sonreía, escuchaba, fumaba despacio y observaba a su interlocutora con mirada-taladro mientras respondía sus preguntas, sin dejar de rebatirle afirmaciones tendenciosas con argumentos que se instalaban en el territorio de lo irrefutable.
Pero en el caso mío y de mi familia, la emoción fue doble: el traductor de esa entrevista fue mi padre, Roberto Aulet, quien falleciera en 1991. Trabajaba a la sazón en la Dirección de Prensa e Información del MINREX, y atendió a Lisa Howard durante su estancia en Cuba. Y justo eso quería compartir aquí: las memorias que mi padre atesoró de ese día. Escuchándolas una y otra vez a lo largo de los años, no podíamos imaginar que un buen día escucharíamos su voz, y la entrevista misma.
Para nosotros fue algo tremendo ver el material audiovisual y saber a mi padre sentado allí donde las cámaras no lo muestran pero hacia donde el Che mira una y otra vez, llegando incluso a conminarlo en un momento determinado -cuando le dice con guevariana picardía: “traduce, chico”. Tampoco podíamos imaginar que, entre las muchas fotografías de aquella jornada, apareciera una donde vemos a mi padre parado frente al Che con su eterna libretica de taquígrafo, tal como la colocó Cubadebate al publicar el texto de la entrevista en su edición del 10/10/2016 según la versión de 22 minutos doblada al inglés que transmitiera ABC.
Entonces evoco a mi padre contándonos su asombro al llegar allí y ver que las botas del Che estaban a medio anudar, llevaba la camisa verde olivo por fuera y tenía un botón desabrochado. Las ojeras delataban el poco dormir. Mi padre nunca olvidaría esa primera impresión. Aquel hombre sencillo y desgarbado no era precisamente la idea que él tenía de un ministro. Mientras el equipo de ABC aprontaba sus luces y cámaras y la periodista revisaba sus notas, mi padre aprovechó para decirle en voz baja:
-Comandante, esta entrevista será trasmitida de costa a costa en los EU y la verán millones de norteamericanos. ¿No cree que debería abrocharse el botón de la camisa?
El Che alzó los hombros, suspiró y, mientras se abrochaba el botón, le dijo un tanto resignado:
-Y bueno…¿Qué más da un botón más, un botón menos?
Esa fue la primera lección. Ciertamente, ¿qué importaba un botón desabrochado en la mente de un hombre que se había echado un pueblo entero a la espalda para hacerlo avanzar por un bosque desconocido y lleno de desafíos? De alguna manera, mi padre intuyó ese día que en la mente del Che no quedaba mucho espacio para los botones de su camisa. El tiempo tampoco le sobraba para anudarse hasta arriba los laaaaaaargos cordones de las botas, y acaso los años y privaciones del aventurero primero y del guerrillero después, le sembraron la manía de subestimar la importancia de la imagen y del aspecto personal.
Luego vimos esa escena donde mi padre interrumpe la filmación justo cuando el Che ya empezaba a responder una pregunta. Al acordar previamente la misma, Lisa Howard había dicho “bloqueo”, pero cuando la formuló ante cámara dijo “embargo”, deslizando así el término que suaviza y oculta los daños reales de la política de su gobierno. Ajeno al cambio que había hecho Lisa Howard, el Che empezaba a responderla ante cámara cuando fue interrumpido por mi padre. Después de un corte evidente, vemos cómo Lisa Howard se disculpa y repite correctamente la pregunta. (La “mecánica” de la entrevista consistía en acordar primero cada pregunta -traducción mediante-, y posteriormente filmar el “diálogo”, con la pregunta en inglés de Lisa Howard y la respuesta en español del Che).
Segunda lección: en vez de mostrarse contrariado por el gazapo posiblemente intencional de la periodista, el Che la miró y sonrió. Era muy paciente, pero también era magnánimo. Se sabía vencedor.
Aquellas pocas horas con el Che marcaron a mi padre para siempre. Le conmovió mucho su austeridad, rayana en el estoicismo. El Che fue un ministro implacable y justo que se hizo querer de todos como un padre. En octubre de 1967 yo tenía doce años. Mi padre me llevó con él a la Velada Solemne en la Plaza de la Revolución. Fue la única vez en mi vida que le vi asomar una lágrima dura.
Jamás olvidaré el silencio, la infinita tristeza de aquella multitud.
Ese día aprendí que la Patria era –además del dulce de guayaba y el combate de Mal Tiempo, como decía Cintio Vitier en frase memorable-, algo que podía hacer llorar a mi padre. Y en el centro de gravedad de aquella lágrima, pesaba el Che.
Es sabido que en el otoño de 1964, mientras trataba de impulsar una agenda de reconciliación entre los gobiernos de Cuba y los EEUU, Lisa Howard fue despedida de la cadena ABC. Y que el 4 de julio del año siguiente se suicidó con una sobredosis de barbitúricos.
Mi padre siempre tuvo la convicción de que ambos eventos estaban oscuramente conectados. “Algún día se sabrá todo”, decía.
Agradezco infinitamente el hallazgo del material y su transmisión en la TV cubana. No solo por el premio que ha sido ver, 53 años después, a este Che tan nuestro, tan de todos y tan actual, sino también porque le devolvió a mi familia los relatos de mi padre, esta vez en su propia voz.
(Tomado del blog La Pupila Insomne)
Entrevista al Comandante Che Guevara por Lisa Howard de la cadena ABC (47 minutos)
Publicado el 31 jan. 2017
Amigos de #LaPupilaTv
El 22 de febrero de 1964 la periodista norteamericana Lisa Howard de la
cadena ABC entrevistó al Comandante Che Guevara en su despacho del
Ministerio de Industrias de #Cuba.
Estos son 47 minutos de lo filmado entonces de los que solo se
transmitieron 22 minutos doblados al inglés el 22 de marzo de 1964.
Tribunal de Apelaciones rechaza recurso de Donald Trump sobre veto migratorio ¿qué pasa ahora?
| CUBADEBATE
Para los tres jueces del Noveno Tribunal Federal de Apelaciones, el
gobierno no explicó por qué la prohibición de Donald Trump apuntaba
contra una amenaza de seguridad nacional urgente y por qué era necesario
levantar la suspensión temporal.
Los abogados que representan a la Casa Blanca insistieron en que la prohibición se daba en “ejercicio legal” de la autoridad presidencial.
Y no convencieron: los jueces rechazaron este jueves por unanimidad levantar la suspensión judicial a la orden ejecutiva del presidente estadounidense que vetaba la entrada a refugiados por 120 días y por 90 días a ciudadanos de Iraq, Siria, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen, países donde la mayoría profesa la fe musulmana.
Es decir, desestimaron la apelación del Departamento de Justicia contra la suspensión del decreto de Trump impuesta por el juez federal James Robart.
Y Trump no tardó en responder, y lo hizo inicialmente en Twitter: “Nos vemos en la corte. ¡Está en juego la seguridad de la nación!”.
La prohibición, dictada por Trump el pasado 27 de enero, provocó protestas masivas y confusión en los aeropuertos estadounidenses.
Hubo otras manifestaciones el sábado en Washington, Miami y otras ciudades de Estados Unidos, así como en varias capitales europeas, mientras los partidarios del presidente organizaron algunas contraprotestas. De acuerdo con datos del gobierno, unas 60 mil personas se vieron afectadas.
Fue entonces cuando el estado de Washington presentó la demanda que llevó al juez Robart a decretar la suspensión temporal de la vigencia de la orden presidencial. Y entonces vino la apelación del Departamento de Justicia resuelta este jueves.
Mientras los letrados de la Casa Blancia insistieron en que es competencia del presidente decidir si se veta la entrada a ciudadanos de un país por interés de seguridad nacional, los de los estados de Washington y Minesota, que se oponen a la orden ejecutiva, alegaron que el veto daña a individuos, negocios y universidades.
Además defendieron que se trata de una forma de prohibición a la entrada de musulmanes, como había prometido Trump en campaña, discriminación por razón de religión que va contra la Constitución de Estados Unidos.
Los jueces descartaron que la orden estuviera motivada por temor a acciones terroristas al tiempo que pusieron en duda el argumento de que estuviera orientada a musulmanes por razón de su religión.
“Por un lado, el público tiene un poderoso interés en la seguridad nacional y en la capacidad de un presidente electo para promulgar políticas”, dijeron los jueces en su fallo. “Y por otro lado, el público también tiene interés en la libre circulación al viajar, en evitar la separación de las familias y en la no discriminación”.
El presidente Trump dijo más tarde a los periodistas que se agolparon fuera de la oficina de su secretario de prensa: “Los veremos en los tribunales. Es una decisión política”, criticó el mandatario. “Es sólo una decisión en contra, pero vamos a ganar el caso”.
El gobierno de Trump asegura que el veto migratorio era esencial para mantener fuera del país a militantes del autodenominado Estado Islámico y Al Qaeda. Por su parte, el Fiscal General de Washington, Bob Ferguson, respondió al tuit de Trump: “Lo hemos visto en tribunales dos veces. Estamos dos a dos”.
El gobierno de Trump tiene dos alternativas para hacer un nuevo reclamo y lograr que su veto pueda volver a ser efectivo.
“Puede presentar una apelación a la Corte Suprema de Justicia y pedir que se deshaga esta orden de restricción temporal a la espera del juicio”, explicó Sam Erman, experto jurista de la Universidad del Sur de California (USC).
“O puede seguir acumulando más evidencia en tribunales menores y respetar la orden temporal de restricción por ahora para luego empezar a convencer a la corte” de que el fallo debe ser contrario.
Si el gobierno decide presentar más pruebas en los tribunales menores podría tener demoras. “Juntar evidencia toma tiempo pero las cortes pueden demandar a las dos partes que se muevan rápido para resolver un caso”, agregó Erman.
Pero si opta por recurrir a la Corte Suprema para apelar, el gobierno de Trump puede presentar una “moción de emergencia” que puede tener un resultado en un muy corto plazo, incluso “podría votarse en pocos días”, añadió el especialista.
Preguntada por periodistas, Kellyanne Conway, una de las principales asesoras de Trump, no quiso responder si el gobierno optará por acudir a la Corte Suprema. “No puedo comentar eso… (el presidente Trump) se va a reunir con los abogados para tomar una decisión”.
Una apelación en la Corte Suprema parece ser la opción más probable. En el caso de que el gobierno de Estados Unidos presente la apelación en la Corte Suprema y esta arroje un resultado de empate (4-4), “la decisión del Tribunal de Apelaciones queda firme y es como que la Corte Suprema nunca hizo nada en el caso”, aclaró Erman.
Protestas en los aeropuertos contra orden ejecutiva de Donald Trump. Foto: AFP.
Los abogados que representan a la Casa Blanca insistieron en que la prohibición se daba en “ejercicio legal” de la autoridad presidencial.
Y no convencieron: los jueces rechazaron este jueves por unanimidad levantar la suspensión judicial a la orden ejecutiva del presidente estadounidense que vetaba la entrada a refugiados por 120 días y por 90 días a ciudadanos de Iraq, Siria, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen, países donde la mayoría profesa la fe musulmana.
Es decir, desestimaron la apelación del Departamento de Justicia contra la suspensión del decreto de Trump impuesta por el juez federal James Robart.
Y Trump no tardó en responder, y lo hizo inicialmente en Twitter: “Nos vemos en la corte. ¡Está en juego la seguridad de la nación!”.
La prohibición, dictada por Trump el pasado 27 de enero, provocó protestas masivas y confusión en los aeropuertos estadounidenses.
Hubo otras manifestaciones el sábado en Washington, Miami y otras ciudades de Estados Unidos, así como en varias capitales europeas, mientras los partidarios del presidente organizaron algunas contraprotestas. De acuerdo con datos del gobierno, unas 60 mil personas se vieron afectadas.
Fue entonces cuando el estado de Washington presentó la demanda que llevó al juez Robart a decretar la suspensión temporal de la vigencia de la orden presidencial. Y entonces vino la apelación del Departamento de Justicia resuelta este jueves.
Mientras los letrados de la Casa Blancia insistieron en que es competencia del presidente decidir si se veta la entrada a ciudadanos de un país por interés de seguridad nacional, los de los estados de Washington y Minesota, que se oponen a la orden ejecutiva, alegaron que el veto daña a individuos, negocios y universidades.
Además defendieron que se trata de una forma de prohibición a la entrada de musulmanes, como había prometido Trump en campaña, discriminación por razón de religión que va contra la Constitución de Estados Unidos.
Los jueces descartaron que la orden estuviera motivada por temor a acciones terroristas al tiempo que pusieron en duda el argumento de que estuviera orientada a musulmanes por razón de su religión.
“Por un lado, el público tiene un poderoso interés en la seguridad nacional y en la capacidad de un presidente electo para promulgar políticas”, dijeron los jueces en su fallo. “Y por otro lado, el público también tiene interés en la libre circulación al viajar, en evitar la separación de las familias y en la no discriminación”.
Donald Trump insiste: “Vamos a ganar el caso”
Tras conocer que había perdido la apelación, Trump ofreció una conferencia de prensa. Foto: Reuters.
El gobierno de Trump asegura que el veto migratorio era esencial para mantener fuera del país a militantes del autodenominado Estado Islámico y Al Qaeda. Por su parte, el Fiscal General de Washington, Bob Ferguson, respondió al tuit de Trump: “Lo hemos visto en tribunales dos veces. Estamos dos a dos”.
¿Y qué pasa ahora?
Los
yemeníes Saleh Alambri, Samar Alwahiri y su hija Laila Alambri pudieron
llegar a EE.UU. tras permanecer varados en Yibuti por la orden
presidencial. Foto: AFP.
“Puede presentar una apelación a la Corte Suprema de Justicia y pedir que se deshaga esta orden de restricción temporal a la espera del juicio”, explicó Sam Erman, experto jurista de la Universidad del Sur de California (USC).
“O puede seguir acumulando más evidencia en tribunales menores y respetar la orden temporal de restricción por ahora para luego empezar a convencer a la corte” de que el fallo debe ser contrario.
Si el gobierno decide presentar más pruebas en los tribunales menores podría tener demoras. “Juntar evidencia toma tiempo pero las cortes pueden demandar a las dos partes que se muevan rápido para resolver un caso”, agregó Erman.
Pero si opta por recurrir a la Corte Suprema para apelar, el gobierno de Trump puede presentar una “moción de emergencia” que puede tener un resultado en un muy corto plazo, incluso “podría votarse en pocos días”, añadió el especialista.
Preguntada por periodistas, Kellyanne Conway, una de las principales asesoras de Trump, no quiso responder si el gobierno optará por acudir a la Corte Suprema. “No puedo comentar eso… (el presidente Trump) se va a reunir con los abogados para tomar una decisión”.
Una apelación en la Corte Suprema parece ser la opción más probable. En el caso de que el gobierno de Estados Unidos presente la apelación en la Corte Suprema y esta arroje un resultado de empate (4-4), “la decisión del Tribunal de Apelaciones queda firme y es como que la Corte Suprema nunca hizo nada en el caso”, aclaró Erman.
Países a los que Donald Trump desea prohibir la entrada a los Estados Unidos. Fuente: BBC.
Trump critica duramente a jueces luego de ser rechazado veto migratorio
por El Mostrador 10 febrero, 2017
Trump declaró que “si fuiste un buen estudiante en la secundaria o un mal estudiante en la secundaria, podrías entender esto. Y es realmente increíble que este caso judicial esté tardando tanto (en resolverse). No podría estar redactado de forma más precisa. No es como si dijéramos: Dios, ojalá estuviera redactado de mejor manera. Está redactado de forma maravillosa”.
Estas fueron las palabras del presidente Trump desde Washington DC el miércoles en una conferencia de funcionarios policiales. Entre sus comentarios, también consideró que las deliberaciones eran “lamentables”.
El ataque de Trump se produjo luego de haber criticado en Twitter al juez federal James Robart, al que se refirió como un “supuesto juez” luego de que Robart aplicara una medida a nivel nacional para frenar la prohibición de Trump contra los musulmanes.
Trump anuncia inminentes medidas de "seguridad nacional" ante el rechazo de la Justicia a su veto migratorio
"Continuaremos el proceso en los tribunales (...) Y
no tengo duda de que ganaremos ese caso particular", afirma ante el
bloqueo en los tribunales de su veto a la entrada de refugiados
Trump, durante su rueda de prensa con el primer ministro japonés, Shinzo Abe. REUTERS/Joshua Roberts
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió hoy en que buscará ante la Justicia tumbar la decisión de un tribunal que este jueves mantuvo bloqueado su veto temporal
a la entrada de refugiados y ciudadanos de siete países musulmanes.
"Continuaremos el proceso en los tribunales (...) Y no tengo duda de que
ganaremos ese caso particular", afirmó Trump en una rueda de prensa
conjunta con el primer ministro japonés, Shinzo Abe, en la Casa Blanca.
"Vamos a mantener nuestro país seguro", indicó el presidente, al
subrayar que hará "lo que sea necesario" para lograr ese objetivo.
En ese sentido, el mandatario prometió nuevas medidas de "seguridad adicional" para Estados Unidos.
Adelantó que su Gobierno va a "hacer algo de manera muy rápida" para la
"seguridad adicional" del país. "Lo verán la próxima semana", agregó
Trump, sin aportar ningún detalle.
Un panel de tres jueces -dos demócratas y
uno republicano- del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito, con
sede en San Francisco (California), rechazó este jueves por unanimidad
que el bloqueo al veto ponga en peligro al país, como argumenta
el Gobierno. Antes de la rueda de prensa, Trump tildó hoy de
"vergonzosa" la decisión judicial en un mensaje en su cuenta de la red
social Twitter. "¡Una decisión vergonzosa!", exclamó el presidente, al
citar al blog de información judicial Lawfare, que critica el dictamen
del panel de tres jueces del tribunal, pero admite que la corte emitió
el fallo "correcto".
Pese a la unanimidad del fallo, Trump opinó
el jueves por la noche, en declaraciones a periodistas, que la decisión
fue "política". "NOS VEMOS EN LOS TRIBUNALES, ¡LA SEGURIDAD DE NUESTRO
PAÍS ESTÁ EN JUEGO!", remarcó, además, el presidente en un mensaje
publicado en letras mayúsculas en Twitter.
El Departamento de Justicia puede ahora bien
presentar un recurso ante el Tribunal Supremo, bien solicitar otra
revisión de la sentencia a una corte federal con un número más amplio de
jueces.
Hace dos semanas, Trump firmó una polémica
orden ejecutiva como herramienta para luchar contra el terrorismo
yihadista. Ese decreto suspendía durante 120 días el programa de acogida de refugiados
de Estados Unidos -o indefinidamente, en el caso de los refugiados
sirios- y frenaba durante 90 días la emisión de visados para ciudadanos
de siete países de mayoría musulmana: Libia, Sudán, Somalia, Siria,
Irak, Irán y Yemen. Dada la suspensión temporal del decreto, los
nacionales de los países afectados se han apresurado a viajar a Estados
Unidos con los visados que ya habían procesado.
Estado español
(Sigue la represión contra el SAT) El Tribunal Supremo abre causa a Diego Cañamero por su participación en un piquete sindical en noviembre de 2011
Por Kaos. Criminalización y represión
Publicado en: 10 febrero, 2017
El Tribunal Supremo ha abierto un procedimiento por delito contra
los derechos de los trabajadores, en su modalidad de coacción sobre el
derecho de huelga, al diputado de Unidos Podemos y ex Portavoz Nacional
del SAT Diego Cañamero.
Los hechos en los que está implicado sucedieron en La Rinconada
(Sevilla) en noviembre de 2011 y eran investigados por un juzgado de
Sevilla que, al tener noticia de que Cañamero fue elegido diputado en
junio de 2016, y por tanto aforado, envió una exposición razonada al
alto tribunal. Cañamero intentó renunciar a su condición de aforado por
todos los medios posibles, pero la ley se lo impidió.
En la causa seguida en Sevilla contra Cañamero -que entonces era el portavoz del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT)- y otras personas por los sucesos de la finca La Jarilla, se había dictado ya auto de apertura de juicio oral por el juez instructor, así como auto de admisión de pruebas y señalamiento de juicio oral por parte del Juzgado Penal 4.
El auto del Supremo recuerda que, “según el escrito de calificación provisional formulado en su día por el Fiscal ante el Juzgado de Instrucción de Sevilla, los días 25, 26 y 27 de noviembre de 2011, Diego Cañamero Valle, en unión de otras personas y actuando en grupo y conjuntamente, con la finalidad de presionar a los trabajadores de la finca para que iniciaran o continuaran una huelga se personaron en la finca “La Jarilla”.
La finca, situada en el término municipal de La Rinconada, está dedicada a la explotación de árboles frutales y es propiedad de la Sociedad Anónima de Transformación nº 5800 Alia.
“Una vez en el lugar -siempre según el relato del fiscal- insultaron a los trabajadores y a los empresarios, llamándolos entre otros epítetos “sinvergüenzas, fascistas, hijos de puta”.
Además, supuestamente causaron diversos destrozos, como partir candados, inutilizar cerraduras, desinflar las ruedas de un tractor, etc, todo ello para impedir el desarrollo de la producción y que los trabajadores que deseaban trabajar esos días no pudieran hacerlo. Los daños causados en la finca se tasaron en 1.797,97 euros.
Para el Supremo, los indicios que, según la Exposición Razonada, resultan de la investigación respecto a la participación en los hechos del diputado, acreditan que es competente el alto tribunal.
Por ello, acuerda la apertura del correspondiente procedimiento por presuntos delitos sobre los derechos de los trabajadores en su modalidad de coacciones sobre el derecho de huelga y de daños y el nombramiento de Instructor, con el fin de que pueda ser oído el diputado aforado, manifestando lo que estime procedente para su defensa, conforme a lo prevenido en el artículo 118 bis de la Ley Enjuiciamiento Criminal.
Agencias/Prensa
En la causa seguida en Sevilla contra Cañamero -que entonces era el portavoz del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT)- y otras personas por los sucesos de la finca La Jarilla, se había dictado ya auto de apertura de juicio oral por el juez instructor, así como auto de admisión de pruebas y señalamiento de juicio oral por parte del Juzgado Penal 4.
El auto del Supremo recuerda que, “según el escrito de calificación provisional formulado en su día por el Fiscal ante el Juzgado de Instrucción de Sevilla, los días 25, 26 y 27 de noviembre de 2011, Diego Cañamero Valle, en unión de otras personas y actuando en grupo y conjuntamente, con la finalidad de presionar a los trabajadores de la finca para que iniciaran o continuaran una huelga se personaron en la finca “La Jarilla”.
La finca, situada en el término municipal de La Rinconada, está dedicada a la explotación de árboles frutales y es propiedad de la Sociedad Anónima de Transformación nº 5800 Alia.
“Una vez en el lugar -siempre según el relato del fiscal- insultaron a los trabajadores y a los empresarios, llamándolos entre otros epítetos “sinvergüenzas, fascistas, hijos de puta”.
Además, supuestamente causaron diversos destrozos, como partir candados, inutilizar cerraduras, desinflar las ruedas de un tractor, etc, todo ello para impedir el desarrollo de la producción y que los trabajadores que deseaban trabajar esos días no pudieran hacerlo. Los daños causados en la finca se tasaron en 1.797,97 euros.
Para el Supremo, los indicios que, según la Exposición Razonada, resultan de la investigación respecto a la participación en los hechos del diputado, acreditan que es competente el alto tribunal.
Por ello, acuerda la apertura del correspondiente procedimiento por presuntos delitos sobre los derechos de los trabajadores en su modalidad de coacciones sobre el derecho de huelga y de daños y el nombramiento de Instructor, con el fin de que pueda ser oído el diputado aforado, manifestando lo que estime procedente para su defensa, conforme a lo prevenido en el artículo 118 bis de la Ley Enjuiciamiento Criminal.
Agencias/Prensa
Delito contra "los derechos de los trabajadores" El Supremo abre causa al diputado Diego Cañamero por "incitar a la huelga"
Se le acusa de un delito contra los derechos de los trabajadores, por unos hechos que ocurrieron en noviembre de 2011.
El
diputado de Unidos Podemos, Diego Cañamero, con una camiseta que dice
"Yo no voté a ningún rey" durante el acto de la Solemne Apertura de la
XII Legislatura en la Cámara Baja. EUROPA PRESS
El Tribunal Supremo ha abierto un procedimiento por delito contra los derechos de los trabajadores, en su modalidad de coacción sobre el derecho de huelga, al diputado de Unidos Podemos Diego Cañamero.
Los hechos en los que está implicado
sucedieron en La Rinconada (Sevilla) en noviembre de 2011, y eran
investigados por un juzgado de Sevilla que al tener noticia de que
Cañamero fue elegido diputado en junio de 2016, y por tanto aforado -aunque renunció simbólicamente a este privilegio- ha enviado una exposición razonada al alto tribunal.
En la causa seguida en Sevilla contra Cañamero -que entonces era el portavoz del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT)- y otras personas por los sucesos de la finca La Jarilla,
se había dictado ya auto de apertura de juicio oral por el juez
instructor, así como auto de admisión de pruebas y señalamiento de
juicio oral por parte del Juzgado Penal 4.
El auto del Supremo recuerda que, "según el
escrito de calificación provisional formulado en su día por el Fiscal
ante el Juzgado de Instrucción de Sevilla, los días 25, 26 y 27 de
noviembre de 2011, Diego Cañamero Valle, en unión de otras personas y
actuando en grupo y conjuntamente, con la finalidad de presionar a los
trabajadores de la finca para que iniciaran o continuaran una huelga, se personaron en la finca La Jarilla".
La finca, situada en el término municipal de
La Rinconada, está dedicada a la explotación de árboles frutales y es
propiedad de la Sociedad Anónima de Transformación nº 5800 Alia.
"Una vez en el lugar -siempre según el relato del fiscal- insultaron a los trabajadores y a los empresarios, llamándolos entre otros epítetos "sinvergüenzas, fascistas, hijos de puta".
Además, causaron diversos destrozos, como
partir candados, inutilizar cerraduras, desinflar las ruedas de un
tractor, etc, todo ello para impedir el desarrollo de la producción
y que los trabajadores que deseaban trabajar esos días no pudieran
hacerlo. Los daños causados en la finca se tasaron en 1.797,97 euros,
siempre según el fiscal.
Para el Supremo, los indicios que resultan
de la investigación respecto a la participación en los hechos del
diputado, acreditan que es competente el alto tribunal.
Por ello, acuerda la apertura del
correspondiente procedimiento por presuntos delitos sobre los derechos
de los trabajadores en su modalidad de coacciones sobre el derecho de
huelga y de daños y el nombramiento de Instructor, con el fin de que
pueda ser oído el diputado aforado, manifestando lo que estime
procedente para su defensa, conforme a lo prevenido en el artículo 118
bis de la Ley Enjuiciamiento Criminal.
ANTES DE VISTALEGRE
Cañamero avisa de que no irá a declarar ante el Supremo y se declara "insumiso judicial"
El Alto Tribunal abre un procedimiento al diputado de
Unidos Podemos por presuntos delitos sobre los derechos de los
trabajadores por unos hechos que tuvieron lugar en una finca de la
localidad sevillana de La Rinconada.
El diputado de Unidos Podemos Diego Cañamero tras renunciar ante notario al aforamiento. EFE/Chema Moya
El diputado de Unidos Podemos y antiguo portavoz nacional del SAT, Diego Cañamero, cree que es "un poco raro" el hecho de que el Tribunal Supremo (TS) ha acordado abrir procedimiento contra él un día antes de la asamblea de Podemos en Vistalegre, y ya ha anunciado que no acudirá a la vista o juicio que se celebre, al reafirmarse como "insumiso judicial".
El Supremo ha acordado abrir procedimiento al diputado de Unidos Podemos Diego Cañamero por presuntos delitos sobre los derechos de los trabajadores
(en su modalidad de coacciones sobre el derecho de huelga y de daños)
por unos hechos que tuvieron lugar en una finca de la localidad
sevillana de La Rinconada en noviembre de 2011, según el escrito del
fiscal.
Cañamero cree que "es un poco raro" el hecho
de que ese escrito se haya hecho público un viernes por la tarde, antes
de Vistalegre 2. "Puede que eso tenga alguna motivación, no lo sé, pero
es un poco raro", ha aseverado.
Cañamero considera algo "lógico" que el
Supremo dé el visto bueno a su procesamiento, toda vez que "estábamos
implicados unos 40 o 50 compañeros, por lo que estoy a favor de no tener privilegios por ser diputado;
si somos procesados, lo debemos ser o todos, o ninguno; no hubiera
permitido que procesaran a los demás y a mí no por ser diputado, eso no
tendría sentido".
"Insumiso judicial"
Sí apunta que la fecha en que se haga
público dicha apertura de la causa es un día antes de Vistalegre 2 "y
eso me parece un poco raro, simplemente". Precisamente ha apuntado que
sí acudirá a dicha asamblea este fin de semana.
Asimismo, ha dejado claro que él mantiene su consideración de "insumiso judicial", por lo que ha anunciado que no irá al juicio o la vista que se celebre.
Cañamero recuerda que el procesamiento "es por una lucha sindical, una huelga de La Jarilla en 2011 donde habíamos pedido la readmisión de tres cuadrillas y decidimos paralizar el trabajo en el tajo", algo que "no tiene nada que ver con la parte política".
Considera que el motivo del procesamiento "es injusto, porque fue un paro normal en un cortijo donde existe mucha eventualidad, por lo que no es de recibo que se nos procese por una huelga del campo donde todos eran eventuales".
Los estibadores españoles irán a la huelga contra la privatización del sector
La convocatoria de huelga de los 6.155 estibadores en los 46
puertos españoles podría bloquear el comercio por mar de toda España.
Dicha situación está provocando preocupación en el sector de la
exportación, que supone más del 30% del Producto Interior Bruto del
país.
“Eso puede causar muchos problemas no solo para el puerto sino también para las empresas”, asegura una fuente del puerto de Valencia, el primer puerto en carga y descarga en España, por dónde entran cada día cerca de 5.000 camiones y unos 11.000 contenedores.
Los estibadores han convocado tres días de huelga para el 20, 22 y 24 de febrero en las horas impares de estos días contra los planes del Ministerio de Fomento de privatizar el sector de la estiba en cumplimiento de con una resolución comunitaria.
Bruselas condenó España a finales de 2014 por las restricciones a la competencia en este sector y le impuso una multa diaria de cerca de 28.000 euros hasta que se produjese la privatización.
Fomento aseguró que esta sanción, que suma ya más de 21 millones de euros a lo largo de los últimos dos años, podría elevarse en breve a 134.000 euros al día.
Pero los expertos advierten de que hay mucho más en juego para la economía española. “En España, el 80% de las importaciones y el 65% de las exportaciones pasa por los puertos y un paro afectaría a prácticamente todos los sectores de la economía desde la automoción hasta la exportación de verduras y frutas”, señala una fuente del Gobierno.
En el caso del fabricante de coches Seat, que usa el puerto de Barcelona para exportar unos 170.000 coches, ha comenzado el aprovisionamiento de componentes para garantizar la producción y se están planificando medidas para la distribución de los coches que no se podrán enviar por barco durante esos días.
“Si la huelga durará tres días hay que planificar a tiempo, pero no causará grandes contratiempos”, aseguró un portavoz de Seat, la filial española de Volkswagen.
Cada día salen más de 7.800 vehículos de las plantas españolas, el segundo fabricante de coches en Europa. Más de 80% de la producción se envía al extranjero y los puertos son junto con las carreteras las principales vías de transporte.
Un portavoz sindical dijo que los estibadores están dispuestos a negociar una solución con el Gobierno, pero criticó la propuesta de Fomento porque supondría el reemplazo de los estribadores actuales por nuevas contrataciones en condiciones laborales más precarias.
El lobby PIPE (Plataforma de Inversores de Puertos Españoles) dijo que la reforma permitiría aumentar la competitividad de los puertos españoles, elevar el tráfico de mercancías un 5% y crear 18.000 nuevos empleos.
Un informe de PriceWaterhouseCoopers señaló que la regulación actual impide a las compañías portuarias contratar a su propio personal de estiba, al verse obligadas a recurrir a las sociedades de gestión de estribadores, cuyos asociados cuentan con un salario medio de 70.000 euros al año.
Pero la Federación Internacional de Trabajadores Transporte (ITF en sus siglas en inglés) dijo que el plan reventaría las normas que gobiernan los puertos españoles.
“El decreto propuesto ignora los acuerdos alcanzados hace pocas semanas entre la organización de la patronal, ANESCO, y los sindicatos, e inflige un daño y agresividad innecesarios”, asegura la ITF. - Reuters
“Eso puede causar muchos problemas no solo para el puerto sino también para las empresas”, asegura una fuente del puerto de Valencia, el primer puerto en carga y descarga en España, por dónde entran cada día cerca de 5.000 camiones y unos 11.000 contenedores.
Los estibadores han convocado tres días de huelga para el 20, 22 y 24 de febrero en las horas impares de estos días contra los planes del Ministerio de Fomento de privatizar el sector de la estiba en cumplimiento de con una resolución comunitaria.
Bruselas condenó España a finales de 2014 por las restricciones a la competencia en este sector y le impuso una multa diaria de cerca de 28.000 euros hasta que se produjese la privatización.
Fomento aseguró que esta sanción, que suma ya más de 21 millones de euros a lo largo de los últimos dos años, podría elevarse en breve a 134.000 euros al día.
Pero los expertos advierten de que hay mucho más en juego para la economía española. “En España, el 80% de las importaciones y el 65% de las exportaciones pasa por los puertos y un paro afectaría a prácticamente todos los sectores de la economía desde la automoción hasta la exportación de verduras y frutas”, señala una fuente del Gobierno.
En el caso del fabricante de coches Seat, que usa el puerto de Barcelona para exportar unos 170.000 coches, ha comenzado el aprovisionamiento de componentes para garantizar la producción y se están planificando medidas para la distribución de los coches que no se podrán enviar por barco durante esos días.
“Si la huelga durará tres días hay que planificar a tiempo, pero no causará grandes contratiempos”, aseguró un portavoz de Seat, la filial española de Volkswagen.
Parada de las cadenas de producción
No obstante, fuentes del sector del automóvil dijeron que, en caso de que se prolongue el conflicto laboral, el cierre de los puertos podría parar las cadenas de producción ya que los componentes que se importan vía barco dejarían de llegar a tiempo.Cada día salen más de 7.800 vehículos de las plantas españolas, el segundo fabricante de coches en Europa. Más de 80% de la producción se envía al extranjero y los puertos son junto con las carreteras las principales vías de transporte.
Un portavoz sindical dijo que los estibadores están dispuestos a negociar una solución con el Gobierno, pero criticó la propuesta de Fomento porque supondría el reemplazo de los estribadores actuales por nuevas contrataciones en condiciones laborales más precarias.
El lobby PIPE (Plataforma de Inversores de Puertos Españoles) dijo que la reforma permitiría aumentar la competitividad de los puertos españoles, elevar el tráfico de mercancías un 5% y crear 18.000 nuevos empleos.
Un informe de PriceWaterhouseCoopers señaló que la regulación actual impide a las compañías portuarias contratar a su propio personal de estiba, al verse obligadas a recurrir a las sociedades de gestión de estribadores, cuyos asociados cuentan con un salario medio de 70.000 euros al año.
Pero la Federación Internacional de Trabajadores Transporte (ITF en sus siglas en inglés) dijo que el plan reventaría las normas que gobiernan los puertos españoles.
“El decreto propuesto ignora los acuerdos alcanzados hace pocas semanas entre la organización de la patronal, ANESCO, y los sindicatos, e inflige un daño y agresividad innecesarios”, asegura la ITF. - Reuters
ANÁLISIS
Cerca de 10 millones de familias viven de la pensión y el paro
El incierto futuro del sistema
público de protección social y la propaganda para animar la contratación
de fondos privados coincide con un histórico desplome del valor y la
rentabilidad de estos productos, que han perdido casi un tercio en diez
meses
Eduardo Bayona
PEDRIPOL
1 de
Febrero de
2017
¿A quién le sirve un Estado atribulado por cumplir unos burocráticos objetivos de déficit y
preocupado por promocionar sistemas de protección social privados? La
duda surge al ver cómo el recorte de las prestaciones por desempleo y el
desplome de su cobertura a mínimos históricos coincide en el tiempo con el debate sobre el futuro del sistema de pensiones y su menguante evolución como consecuencia de la precarización laboral, dos polémicas que llegan cuando, según constata el Banco de España en su última Encuesta Financiera de las Familias(EFF),
la prestación y el subsidio de desempleo y las pensiones han sido el
ingreso que ha permitido resistir a la crisis a más de la mitad de las
familias españolas.
Los datos del informe resultan reveladores: en tres
años, de 2011 a 2014, el porcentaje de hogares españoles cuyo miembro de
referencia era jubilado, parado o inactivo pasó del 46% al 51,9%; del
24% al 26,8% en el caso de los pensionistas y del 22% al 25,1% en el de
los desempleados. Es decir, que más de 9,5 millones de familias
dependían de esos ingresos para salir adelante. ¿Qué consecuencias
sociales tendría un nuevo crack con esos dos instrumentos de supervivencia desmantelados?
La factura de las pensiones ha seguido creciendo hasta
alcanzar los 145.026 millones el año pasado. Entre otros motivos,
porque los efectos del precariado poscrisis apenas se dejan sentir en
las vidas laborales de los jubilados puesto que el periodo de cotización
que la Seguridad Social tiene en cuenta para calcular sus pensiones
comenzaba en 1996 e incluía los veinte últimos años. Por otro lado, un
26% de esa cifra es ingresada por menores de 65 años.
Sube el ahorro, bajan los planes de pensiones
Los ingresos procedentes de esas pensiones,
prestaciones y subsidios resultaron fundamentales para capear la crisis.
Sin embargo, las economías familiares desconfían de que esos
instrumentos vayan a estar` de nuevo presentes cuando llegue el próximo
cataclismo financiero. Y, movidos por el miedo, han disparado su
tendencia al ahorro en cuanto les ha sido posible: los depósitos de las
familias en los bancos han crecido este año en
casi 17.000 millones de euros –de 754.300 a 771.200-- después de dos
ejercicios de estancamiento en la primera cifra y tras un aumento de más
de 27.000 en los primeros años de la crisis, entre 2010 --727.300-- y
2013 --758.500--.
Los depósitos de las familias en los bancos han crecido este año en casi 17.000 millones de euros
¿Cómo es posible ese aumento del ahorro en un escenario de reducción de los ingresos familiares y empobrecimiento generalizado
por efecto de la precarización? Resulta llamativo que esa cifra se
acerque a la pérdida de valor de 14.700 millones que experimentaron a lo
largo del año pasado --16.100 desde febrero-- los seguros y los fondos
de pensiones que gestionan las entidades financieras españolas, que
pasaron de 52.100 a 37.300 cuando en toda la década no habían bajado de
50.000. ¿Desobediencia a las consignas del Gobierno para contratarlos o
mero sentido común ante el desplome de su rentabilidad por
debajo de los dos puntos anuales? En cualquier caso, la devaluación
supera el 28% en un año y se acerca al 31% en diez meses.
Hace tres años, cuando seguían al alza, invertían en
ellos el mismo 26% de hogares que seis años antes, aunque con una
diferencia notable: se reducían las familias con menos ingresos –las que
no llegan al percentil 40-- y crecían las de las clases económicas
media y alta.
El empobrecimiento provoca cambios sociales
La evolución del mercado laboral y el sistema de protección
social está provocando cambios sociales. En más de la mitad de los 4,6
millones de hogares en los que vive una sola persona –el 53%-- vive
alguien que ha cumplido los 65 mientras que ni siquiera en la sexta
parte de ellos --16%-- lo hace alguien que no llega a los 45. El país
sigue envejeciendo al mismo tiempo que sus niveles de emancipación se
estancan, tendencia que se ve refrendada por la pérdida de peso
demográfico de las unidades de menos de 35 años –solo son el 9% tras
perder cuatro puntos en seis años--, por el parón en la creación de
familias y por hechos como que “entre finales de 2011 y finales de 2014,
un 4,2 % de los hogares con hijos viviendo fuera del hogar paterno
vieron retornar a alguno de ellos al mismo”, anota la EFF.
Los años anteriores habían resultado devastadores para
las economías familiares: su renta media se redujo un 12,1% entre 2011 y
2014 para quedarse en 30.400 euros mientras la renta mediana caía un
9,7%, con descensos más acusados en la franja de menores de 35 años y
aumentos en la de mayores de 65, para situarse en 22.700. Es decir, que
la mitad de los hogares españoles --9,2 millones-- no alcanzaban esos
ingresos.
La renta media de las familias se redujo un 12,1% entre 2011 y 2014 para quedarse en 30.400 euros. Ese descenso es aún más acusado en hogares de menores de 35 años
Esa reducción de las rentas corrió paralela a un
desplome de la riqueza neta iniciado en 2008 y que, tras una devaluación
media de los activos –ahorros, inversiones, vivienda-- del 16%, redujo
la valoración media del patrimonio de las familias de asalariados de
242.000 euros a 165.000 --31--25%-- mientras el de aquellas cuyo miembro
de referencia estaba en el paro pasaban de 197.100 a 150.300 --23,8%--.
El proceso fue más acusado en los hogares cuyo cabeza de familia tenía
menos de 35 años y en los de menores rentas, indica el informe.
Activos familiares a la baja mientras sube la Bolsa
Este fenómeno de desvalorización tuvo
particularidades. Por un lado, el valor de las viviendas caía un 37,2%
entre el otoño de 2007 y la primavera de 2014; por otro, la Bolsa subía:
“El IBEX 35, a excepción del período de máxima tensión financiera que
tuvo lugar durante la primera mitad de 2012 y de los ligeros descensos
en los primeros meses de 2013, acumuló una ganancia del 20% entre
finales de 2011 y de 2014. Así, mientras que el patrimonio inmobiliario
comenzó a recuperar valor solo a lo largo de 2014 --y por primera vez en
seis años-- la riqueza financiera se fue revalorizando gradualmente” a
lo largo de todo el trienio, según un informe del Banco de España.
Ese análisis viene a poner, negro sobre blanco, algo
que en la calle resulta más que obvio: la gente se gastó buena parte de
los ahorros para superar la crisis --perdieron peso las cuentas, los
planes de pensiones y las inversiones en renta fija--, en un proceso
especialmente acusado en los hogares de menores ingresos y en aquellos
cuyo cabeza de familia estaba parado o inactivo o tenía más de 54 años.
Este fenómeno, para rematar, convivió con otro factor
como es el hecho de que más de nueve millones de familias estuvieran
endeudadas, la mitad de ellas con más de 45.000 euros pendientes de pago
en 2014. El endeudamiento supera el valor del 75% de su patrimonio casi
en uno de cada cuatro casos --22,5%--, una situación que tres años
antes solo afectaba a una de cada seis --16,9%--.
El FMI pide a España endurecer la reforma laboral y aplicar nuevos recortes
El FMI ha ratificado sus últimas previsiones de crecimiento para la economía española, que después de crecer un 3,2% en 2016, se expandirá a un ritmo del 2,3% este año y del 2,1% en 2018, aunque ha advertido de que los riesgos para estas perspectivas “se inclinan a la baja”, principalmente por el impacto potencial de factores externos, incluyendo el débil crecimiento de las economías desarrolladas, una significativa desaceleración de los emergentes o la incertidumbre que rodea las negociaciones sobre el Brexit y el auge del proteccionismo.
El Fondo plantea la necesidad de simplificar “el menú” de contratos a disposición del empresario, al mismo tiempo que se reduce de forma efectiva la brecha de protección a los distintos tipos de empleo. De este modo, propone la introducción de un contrato único de duración indefinida, cuya indemnización por despido se incremente gradualmente a lo largo del tiempo y que podría coexistir con otros contratos que darían respuesta a las necesidades específicas y costes de formación de sectores con elevada temporalidad, como el turismo o la agricultura.
Como alternativa a este contrato único, el FMI plantea la introducción gradual en el mercado laboral del modelo de mochila austriaca, que permitiría a los trabajadores trasladar de un empleo a otro los derechos de indemnización por despido independientemente de los tipos de contrato bajo los que se preste servicio. También aboga por reducir las incertidumbres administrativas y reclama simplificar las causas de anulación de los despidos, algo que considera que actúa como desincentivo de la contratación indefinida.
El FMI apuesta por priorizar las medidas de aumento de la recaudación con menos efecto distorsionador, señalando en primer lugar el déficit de tres puntos porcentuales de España en la recaudación por IVA respecto a la media de la UE, lo que se explica en gran parte por las excepciones y los efectos acogidos a un tratamiento preferencial. Reducir esta brecha en la recaudación del IVA permitiría a España elevar sus ingresos más de un 2% del PIB, unos 20.000 millones de euros, algo que podría lograrse subiendo de forma gradual los tipos inferiores del IVA en línea con las necesidades de consolidación a medio plazo.
En cuanto a la racionalización del gasto, la institución considera que analizar las necesidades en áreas como educación y sanidad debe ser una prioridad, apuntando que la introducción de copagos para los servicios públicos salud, con excepciones o salvaguardas para los más vulnerables, podría contribuir a la reducción de los costes fiscales.
Asimismo, la institución apunta que una mejor orientación de los subsidios a la contratación, así como la racionalización de varios incentivos a la contratación, que rebajaran la cuña fiscal para los trabajadores más jóvenes y de menores ingresos, proporcionaría un respaldo más eficaz a la generación de empleo para aquellos con mayores dificultades para incorporarse al mercado laboral.
Según el Fondo, España ha cumplido con suficiencia el objetivo de déficit del 4,6% del PIB pactado con Bruselas para 2016 y es factible que logre cumplir también la meta del 3,1% prevista para este año sin necesidad de ajustes adicionales en caso de materializarse el aumento de recaudación previsto por el Gobierno gracias a las medidas planteadas para 2017, aunque la institución echa en falta una estrategia “creíble” de consolidación fiscal a medio plazo, para lo que recomienda subir el IVA, así como los impuestos indirectos y medioambientales, además de acometer una reforma de la financiación autonómica.
El FMI ratifica sus previsiones de crecimiento de la economía española, pero advierte del efecto negativo que podrían producir el menor empuje de las economías desarrolladas, la desaceleración de los emergentes, el Brexit y el auge del proteccionismo
Según el FMI, el marco de financiación de las CCAA continuará representando un riesgo para que se cumplan los objetivos de déficit en ausencia de “reformas audaces”. Por ello, plantea la necesidad de acometer reformas que aumenten la transparencia y eficacia, así como para mejorar la capacidad de recaudación y elevar la rendición de cuentas, además de mejorar el sistema intergubernamental de liquidación de transferencias reduciendo las discrepancias de volumen y los plazos entre pagos anticipados y derechos legales. Asimismo, propone eliminar gradualmente el uso de mecanismos de liquidez para fines no relacionados con emergencias.
Los últimos pronósticos para España de la institución dirigida por Christine Lagarde, recogidos en el informe anual del FMI sobre la economía española, prevén que el déficit del país cierre 2016 en el 4,5%, una décima menos que el objetivo pactado con Bruselas, mientras que en 2017 alcanzará el 3,2%, frente a la meta del 3,1%, algo que la jefa de la misión del FMI para España, Andrea Schaechter, atribuye en gran medida al pronóstico de crecimiento ligeramente menos optimista de la institución (2,3%) que el del Gobierno (2,5%).
“El ajuste es incompleto”
“El directorio ejecutivo saludó la impresionante recuperación económica, fuerte creación de empleo y rápida corrección de los desequilibrios de España”, señala la institución en su informe anual sobre España, que ratifica las conclusiones preliminares de la misión que visitó el país a finales de octubre y advierte de que “el ajuste es incompleto”, mientras persisten debilidades estructurales como un elevado desempleo y deuda pública, así como un débil incremento de la productividad.De este modo, a pesar de que España seguirá creciendo a mayor ritmo que la zona euro durante los próximos años, el FMI augura que la expansión del PIB en 2017 y 2018 se moderará en parte por la menor contribución de elementos como la política monetaria y el precio del crudo, además de un previsible, aunque moderado, endurecimiento de la posición fiscal.
Las bondades de la moderación salarial
La moderación salarial alentada por la reforma del mercado laboral en 2012 evitó la pérdida de casi otro millón de empleos, una cifra prácticamente equivalente a la de los puestos de trabajo generados por la economía española entre 2014 y 2015, según la institución, que insiste en la necesidad de no dar marcha atrás en las medidas ya aplicadas y perseverar en la corrección de desequilibrios como la dualidad del mercado de trabajo y las altas tasas de desempleo, principalmente entre jóvenes y parados de larga duración.Si una flexibilidad salarial similar a la apreciada tras la reforma hubiese prevalecido entre 2008 y 2012, explica el FMI, “podría haberse evitado” la pérdida de dos millones de empleos y el aumento de ocho puntos porcentuales de la tasa de paro.
El FMI defiende que la evidencia empírica sugiere que la reforma del mercado laboral “ha apoyado la moderación salarial y contribuido al repunte de la creación de empleo”. Asimismo, considera que dicha reforma ha estimulado la contratación al elevar la probabilidad de pasar del paro a un empleo indefinido y reduciendo la probabilidad de despido de los trabajadores con contrato temporal, aunque admite que su efecto sobre la dualidad del mercado de trabajo ha sido marginal en el corto plazo.
Y reconoce que gran parte de los nuevos empleos corresponde a contratos temporales, cuya incidencia en el total de empleo se ha mantenido sin cambios en torno al 25% desde 2008, una de las mayores tasas de temporalidad de Europa. - EFE | Reuters
CHILE
Precio tocó nivel más alto desde junio 2015
BHP declara “Fuerza Mayor” sobre envíos de cobre de minera Escondida y desata pánico en el mercado
por El Mostrador Mercados 10 febrero, 2017
Los precios del cobre se dispararon en la Bolsa de Metales de Londres por la noticia y llegaron a subir hasta 4,1 por ciento a 6.083 dólares la tonelada, el mayor nivel desde junio del 2015.
Los trabajadores iniciaron su segundo día de paralización en la que es la mayor mina de cobre del mundo y que representa 18% de la producción chilena. El sindicato advirtió que huelga podría durar hasta dos meses.
Escondida produce alrededor de un millón de toneladas métricas al año. La huelga, de acuerdo a Bloomberg, retira del mercado 2,700 toneladas diarias.
“Fuerza mayor” es una cláusula de contrato en la que el proveedor no puede cumplir con sus obligaciones por circunstancias fuera de su control.
El polémico vocero del sindicato, Carlos Allendes, dijo que los inventarios no alcanzaran a durar más de una semana.
Ayer el presidente del sindicato advirtió que están preparados a que la huelga dure dos meses.
Tanto Barclays, Goldman Sachs y City estiman que si la huelga dura un mes, el mercado entrará en déficit de oferta.
Cabe recordara que este año se vienen negociaciones colectivas en las minas de Chile, que representan el 14% de la producción mundial, de acuerdo a datos de Bloomberg.
Para la economía chilena, la huelga de Minera Escondida es una pesadilla. Se anticipa que el crecimiento en febrero será negativo a raíz del paro.
Huelga de Escondida y los precedentes para futuras negociaciones colectivas
Rodrigo Fuentes |Viernes 10 de febrero 2017 18:05 hrs.
Los
dirigentes del Sindicato Número 1 de Minera Escondida, que actualmente
desarrollan una paralización legal de actividades, realizaron un llamado
a los directivos de la compañía para mejorar las condiciones de
habitabilidad y seguridad de la empresa. Esto, debido a que la madrugada
de este viernes se produjo un incendio en un campamento que alberga a
unos 200 funcionarios contratistas pertenecientes a El Sauce y Salfa,
incidente que dejó a siete personas lesionadas.
El vocero del sindicato representante de los más de 2 mil 500 trabajadores en huelga, Carlos Allendes, precisó que los albergues siniestrados están dentro de la compañía, pero alejados del campamento donde permanece pernoctando el personal movilizado.“Esas instalaciones hace más de un año que no se ocupaban. Ahora nosotros alegamos porque no hay seguridad, porque si se incendió un ala, es que los sistemas de seguridad no están funcionando y ahí está viviendo viejos. Entonces, la empresa va a tener que responder por la situación que ahí está pasando y cuál es el riesgo que está corriendo el resto de la gente”, precisó.
En su segundo día de paralización, Carlos Allendes recalcó que el resultado de la negociación colectiva será un referente para el resto de la industria agrupada en el Consejo Minero.
En este sentido, el vocero del Sindicato Número 1 de Escondida señaló que los obstáculos para llegar a un acuerdo en la negociación no son de carácter monetario, sino que están dirigidos a impedir que lo solicitado por los trabajadores no se escape a otras empresas por los beneficios obtenidos.
Allendes preció que desde la australiana BHP Billiton estarían dispuestos a perder 20 millones de dólares diarios por el paro con el objetivo de cambiar los contratos laborales para la minería por las próximas décadas.“El señor Marchuk, que es el presidente de BHP, está participando en las reuniones del Consejo Minero. Entonces, claramente hay una intervención de dicha instancia y, seguramente, la apuesta es que los trabajadores entreguen parte de sus incrementos mensuales para dar más rentabilidad a los inversionistas. Lo que produce Minera Escondida son 100 mil toneladas de cobre fino al año con un costo de un dólar por libra, lo que significa que en un año gana más de 7 mil millones de dólares. Al precio actual del cobre, eso cuantifica la cantidad de dinero que están dispuestos a perder”, argumentó.
Al respecto, la ex directora del trabajo, María Ester Feres, indicó que desde el Consejo Minero y su departamento de recursos humanos, donde se reúnen los distintos gerentes de las empresas privadas, coordinan las políticas de personal, esta vez dirigidas a reducir los beneficios de base, para conseguir un estándar más bajo que desencadena en menores costos para las firmas.
Ferez agregó que la actitud de los directivos de la Minera Escondida también está influida por la entrada en vigencia de la Reforma Laboral a contar del 1 de abril, donde se estipula que las propuestas dentro de una negociación colectiva parten desde los beneficios adquiridos en el proceso previo.
Cabe destacar que el convenio colectivo de los trabajadores de Minera Escondida es la primera de más de 15 negociaciones que ocurrirán en el rubro este 2017.
El vocero del sindicato representante de los más de 2 mil 500 trabajadores en huelga, Carlos Allendes, precisó que los albergues siniestrados están dentro de la compañía, pero alejados del campamento donde permanece pernoctando el personal movilizado.“Esas instalaciones hace más de un año que no se ocupaban. Ahora nosotros alegamos porque no hay seguridad, porque si se incendió un ala, es que los sistemas de seguridad no están funcionando y ahí está viviendo viejos. Entonces, la empresa va a tener que responder por la situación que ahí está pasando y cuál es el riesgo que está corriendo el resto de la gente”, precisó.
En su segundo día de paralización, Carlos Allendes recalcó que el resultado de la negociación colectiva será un referente para el resto de la industria agrupada en el Consejo Minero.
En este sentido, el vocero del Sindicato Número 1 de Escondida señaló que los obstáculos para llegar a un acuerdo en la negociación no son de carácter monetario, sino que están dirigidos a impedir que lo solicitado por los trabajadores no se escape a otras empresas por los beneficios obtenidos.
Allendes preció que desde la australiana BHP Billiton estarían dispuestos a perder 20 millones de dólares diarios por el paro con el objetivo de cambiar los contratos laborales para la minería por las próximas décadas.“El señor Marchuk, que es el presidente de BHP, está participando en las reuniones del Consejo Minero. Entonces, claramente hay una intervención de dicha instancia y, seguramente, la apuesta es que los trabajadores entreguen parte de sus incrementos mensuales para dar más rentabilidad a los inversionistas. Lo que produce Minera Escondida son 100 mil toneladas de cobre fino al año con un costo de un dólar por libra, lo que significa que en un año gana más de 7 mil millones de dólares. Al precio actual del cobre, eso cuantifica la cantidad de dinero que están dispuestos a perder”, argumentó.
Al respecto, la ex directora del trabajo, María Ester Feres, indicó que desde el Consejo Minero y su departamento de recursos humanos, donde se reúnen los distintos gerentes de las empresas privadas, coordinan las políticas de personal, esta vez dirigidas a reducir los beneficios de base, para conseguir un estándar más bajo que desencadena en menores costos para las firmas.
Ferez agregó que la actitud de los directivos de la Minera Escondida también está influida por la entrada en vigencia de la Reforma Laboral a contar del 1 de abril, donde se estipula que las propuestas dentro de una negociación colectiva parten desde los beneficios adquiridos en el proceso previo.
Cabe destacar que el convenio colectivo de los trabajadores de Minera Escondida es la primera de más de 15 negociaciones que ocurrirán en el rubro este 2017.
Presidente de los funcionarios de la salud municipal
Esteban Maturana: “La CUT sigue siendo un espacio para el ejercicio de la afición política partidaria”
El Ciudadano
El congreso extraordinario realizado por
la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) dejó disconformes a gremios
como el Colegio de Profesores y la Confederación Nacional de
Funcionarios de la Salud Municipal (Confusam). De hecho, representantes
de esta organización acudieron a la Dirección del Trabajo (DT) para
solicitar la anulación de las resoluciones de la instancia
multisindical.
En conversación con El Ciudadano,
Esteban Maturana, presidente de la Confusam, señaló que el rechazo al
voto universal para las elecciones de abril próximo fue una de las
causas que motivó la acción ante el órgano fiscalizador.
«Se resuelve una propuesta que señala
crear una comisión técnica, para que estudie la factibilidad de una
votación universal del año 2020. En el intertanto, y también eso nos
parece bastante poco presentable, se haría una nueva elección solo de
directiva nacional, cosa que ya transgrede los estatutos, porque tambien
hay que elegir provinciales y esta elección sería a voto indirecto, es
decir, el mismo fraude que ya se produjo en las elecciones anteriores»,
afirmó.
Por otro lado, la Confusam, junto a
sindicatos del mundo privado y representantes del sector público,
denunció presiones desde la cúpula dirigencial de la CUT. ¿A qué se
refieren los denunciantes? Maturana explicó que «cuando se estaba en
pleno congreso, se estaba debatiendo la fecha de la votación universal y
cuando la mesa que preside el congreso se dio cuenta que la cosa se
estaba poniendo un poco difícil, forzaron un receso y los operadores
políticos empezaron a convencer a los díscolos».
En este sentido, añadió: «La central hoy
en día sigue siendo, desgraciadamente, un espacio para el ejercicio de
la afición política partidaria. Hay tres partidos que controlan la CUT
históricamente –PC, PS, DC–, que tienen mucho interés, a nombre del
Gobierno, en mantener un estado de situación en que la CUT es un apoyo a
las políticas de Gobierno, más que un opositor».
El dirigente sostiene que si la DT anula
las resoluciones del congreso, la CUT debería llamar a un nuevo congreso
extraordinario, «con todas las garantías de que las decisiones que se
tomen, nos van a permitir avanzar a construir una central democrática,
transparente y autónoma».
Por último, el médico adelantó que en
marzo propondrán al interior de la Confusam el debate sobre la
participación de la organización en la CUT. La decisión podría
definirse en un congreso extraordinario, durante el mes de agosto.
El Ciudadano
miércoles, 8 de febrero de 2017
Cómo operó la "máquina" de la CUT para evitar el voto universal
El Congreso tenía por objeto reformar los Estatutos de la Central para establecer un sistema eleccionario que estuviera exento de los vicios que propiciaron el fraude en las pasadas elecciones de directiva y, sin embargo, no estuvo libre de episodios cuestionables que nos dejan un sabor amargo.
En la primera parte del Congreso se debía debatir y resolver una a una las propuestas de modificación al Estatuto, aquellas que el mismo día viernes por la tarde serían sometidas en paquete a votación de aprobación o rechazo de reforma propiamente tal. Para adoptar acuerdos en esta etapa previa, el Estatuto de la CUT y el Reglamento del Congreso exigen mayoría simple y establecen que el voto de los delegados será siempre ponderado, y cuando no exista amplio consenso, la votación será además secreta. En tanto, de acuerdo a los estatutos publicados en la página de la CUT, para la aprobación de reforma se requiere un 3/5 de los votos ponderados.
Durante la etapa inicial, el voto universal –promesa incumplida por las dirigencias de la Central desde el 2008– fue el centro de la discusión y su incorporación como propuesta de reforma se aprobó por unanimidad. Sin embargo, la definición de “cuándo” implementarlo gatilló la controversia y el ruido que hasta hoy se siente en redes sociales.
Quienes defendíamos la realización de elecciones universales durante el 2017, lo hacíamos pensando en que ningún sistema distinto puede devolverles la credibilidad a dirigencias que han normalizado prácticas oscuras para mantenerse en el poder y que hoy aparecen rasgando vestiduras; que la única forma de legitimar alguna nueva conducción es mediante la participación de todos los trabajadores representados. Esta alternativa era abrazada por organizaciones como la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), la Confederación de Funcionarios de la Salud Municipalizada (CONFUSAM), la mayoría del Colegio de Profesores, la Federación Nacional de Profesionales Universitarios de los Servicios de Salud (FENPRUSS) y varios sectores del mundo privado. ¡Teníamos quórum para ganar el voto universal 2017, no éramos “disidencia” esta vez!
A su vez, quienes se oponían al voto universal hoy y preferían postergarlo para el 2020, lo hacían bajo los clásicos argumentos que se han escuchado por décadas: que los camioneros están en diversos lugares y no pueden votar, que los mineros no pueden bajar de la mina, quedando imposibilitados para el sufragio, que el voto no puede ser electrónico porque la clase trabajadora está digitalmente analfabetizada, y un largo etcétera. Contradictoriamente, todos ellos concordaban en que para el 2020 dichas condiciones no iban a ser un problema.
El cierre de las palabras lo tuvo la presidenta, Bárbara Figueroa. “Muchos quieren voto universal ahora, pero nadie hace una propuesta”, dijo Figueroa, desconociendo la alternativa presentada por quien suscribe estas líneas y su sector (un proceso electoral electrónico mixto, con posibilidad de votar remotamente y de manera presencial en locales de votación a lo largo de todo Chile). Lo cierto es que no hay nada que no debamos solucionar para los comicios supuestamente universales del 2020 que no hubiésemos podido resolver durante el 2017, si existiese la voluntad política.
Luego de 2,5 horas de intenso debate y un indiscutible nivel de disenso en torno al año en que debía implementarse el voto universal, el secretario de Organización procedió a definir la controversia a mano alzada y sin ponderado alguno, pese a nuestros reparos y los de varias compañeras de la ANEF. Es decir, se contravinieron expresamente las normas de votación, implementando “un delegado, un voto”, con el objeto de asegurar una mayoría relativa a quienes querían posponer el voto universal para el año 2020 (tenían más delegados, pero que representaban muchos menos trabajadores). Gracias a ello, por 209 votos contra 144 ganó la idea de postergar para 3 años más la democratización universal de la Central (o eso creíamos). Si se hubiera respetado el Estatuto, habríamos tenido voto universal este año.
Por supuesto, nos quejamos sobre esta irregularidad el mismo 27 de enero, pero se ignoró el reclamo. De hecho, las propuestas restantes se resolvieron todas a mano alzada y sin debate alguno. Nos volvimos a quejar el día 28, pero el reclamo tampoco fue atendido.
Con las propuestas de reforma zanjadas de esta manera, minutos después, pasadas las 22 horas, se llevó a cabo la votación de reforma de estatutos, esta vez en votación secreta y ante Ministro de Fe. Pero se votaba por el “paquete completo”, aprobación o rechazo; no había término medio. Por eso defiendo la decisión de todos aquellos que se abstuvieron de votar, por considerar que avalaban un paquete de reformas cuya discusión fue ilegítimamente direccionada para obtener el resultado que las actuales dirigencias esperaban ante el próximo escenario presidencial (una CUT afín al bloque de la Nueva Mayoría). El 37,1% de los delegados acreditados se negó a participar de la votación, equivalente a un 44% de los votos ponderados.
Este alto nivel de abstención es relevante, ya que significa que tampoco se alcanzó el quórum de 3/5 de los votos ponderados que todos creíamos necesarios para aprobar la modificación de Estatutos. Sin embargo, al día siguiente, sábado 28 de enero, la reforma se dio por aprobada. ¿Cómo es eso posible? En pleno Congreso se nos informó que los estatutos que los presentes conocíamos y que estaban publicados en la página web de la CUT eran distintos a los que estaban depositados en la Dirección del Trabajo, y estos últimos permitirían reformar los Estatutos por un quórum inferior.
¿La guinda de la torta? Ninguno de los asistentes votó conociendo la redacción de los estatutos. En efecto, al momento de iniciarse la votación de reforma –tan solo minutos después que se zanjaran las propuestas– no había minuta de modificaciones al estatuto y no existían copias para revisar el contenido, ¿todo ello avalado por un Inspector del Trabajo? Gracias a ello, nos enteramos este viernes 3 de febrero, cuando los estatutos aparecieron publicados en la página de la CUT, que el nuevo documento no garantiza la elección universal para el 2020, apenas se limita a establecer la creación de una “Comisión para la Elección Directa”, cuya obligación será emitir un informe técnico para la implementación de comicios universales que podrá ser aprobado o rechazado (artículo 42). Esta cláusula jamás fue discutida ni aprobada.
Un resumen digno de las mejores películas conspirativas: nos cambiaron el sistema ponderado del Congreso para impedir que el voto universal durante el 2017 fuera incorporado en el paquete de reformas al estatuto; se hizo votar a ciegas a todos los participantes, creyendo que aprobaban lo que habían discutido; ante la falta de quórum, apareció un estatuto distinto del que se conocía y que curiosamente rebajó los requisitos a mayoría simple; y el gran final, se nos entregó un texto a la medida de los operadores políticos de siempre –los del fraude electoral, los amigos del Gobierno–, donde el voto universal sigue siendo un ideal inalcanzable y las mismas dirigencias se perpetúan.
La máquina CUT nos pasó por encima; y no solo a nosotros, sino a todos los trabajadores de Chile.
RADIO 1 DE MAYO
Jueves, 9 de febrero de 2017
Urgente
Violencia del Estado chileno al Pueblo Mapuche :Momento de la detención
de Vanessa Queipul y sus hijos en Temucuicui mientras comunidad se
preparaba para nguillatun.
Seguiremos informando.DIFUNDIR!!!!!
Fotos: Radio Primero de mayo
DIFUNDIR!!!!!
RADIO 1 DE MAYO
lunes, 30 de enero de 2017
Lonko Juana Calfunao estuvo detenida y hieren con disparo a su hijo Waikilaf Cadin Calfunao
La lonko Juana Calfunao fue detenida con violencia según
denuncia que presentó en contra de agentes estatales de la policía de
carabineros y el hijo Waikilaf Cadin Calfunao fue herido con un disparo
en la pierna.
En horas de la tarde de este sábado 28 de enero de 2017, la comunidad Juan Paillalef a través de las redes sociales señalaba: “Atención Ahora!!!!: Detienen a Lonko Juana Calfunao, tambien se informa que su hijo Waikilaf Cadin, habría sido herido por un disparo de Carabineros. Todo esto, luego que la comunidad se manifestara durante la mañana (…) La Lonko se encuentra detenida en la 3era comisaría de Padre de Las Casas y Waikilaf en Hospital de Cunco”
A eso de las 20 horas se informaba: “Lonko Juana Calfunao en libertad desde comisaria padre de las casas. 28 de enero 2017. Denunciamos públicamente la falta de respeto, el abuso de la fuerza pública y la violencia desproporcionada del sargento 1° O. Mora M. de Cunco”.
Por su parte Waikilaf Cadin fue herido en una pierna informaba radio bio-bio "al defender a su madre en el marco de un allanamiento", mientras la lonko señala ser objeto de constantes hostigamientos y actos de amedrentamientos.
La situación es explicada por Calfunao en el video que se acompaña a continuación. En seguida, las impresiones del coordinador del INDH, Federico Aguirre. Registros desde la comunidad Juan Paillalef.
En horas de la tarde de este sábado 28 de enero de 2017, la comunidad Juan Paillalef a través de las redes sociales señalaba: “Atención Ahora!!!!: Detienen a Lonko Juana Calfunao, tambien se informa que su hijo Waikilaf Cadin, habría sido herido por un disparo de Carabineros. Todo esto, luego que la comunidad se manifestara durante la mañana (…) La Lonko se encuentra detenida en la 3era comisaría de Padre de Las Casas y Waikilaf en Hospital de Cunco”
A eso de las 20 horas se informaba: “Lonko Juana Calfunao en libertad desde comisaria padre de las casas. 28 de enero 2017. Denunciamos públicamente la falta de respeto, el abuso de la fuerza pública y la violencia desproporcionada del sargento 1° O. Mora M. de Cunco”.
Por su parte Waikilaf Cadin fue herido en una pierna informaba radio bio-bio "al defender a su madre en el marco de un allanamiento", mientras la lonko señala ser objeto de constantes hostigamientos y actos de amedrentamientos.
La situación es explicada por Calfunao en el video que se acompaña a continuación. En seguida, las impresiones del coordinador del INDH, Federico Aguirre. Registros desde la comunidad Juan Paillalef.
Comuneros mapuche: “Se busca amedrentar e implantar terror en las comunidades”
Tania González |Viernes 3 de febrero 2017 18:22 hrs.
En
el contexto del Estado de Catástrofe decretado en algunas regiones del
país, comunidades mapuche solicitaron una cita con el Ministro del
Interior, Mario Fernández, para que explique la irrupción violenta de
militares, premunidos de armamento de guerra, en zonas sin daños
ocasionados por incendios. "Aquí se ha sobrepasado todo límite",
señalaron.
Temucuicui, Coñoemil Epuleo, Pancho Curamil y Huañaco Millao fueron las comunidades afectadas por este despliegue de uniformados en zonas donde no existiría incendios.
El lonko de la comunidad Autónoma de Temucuicui, Víctor Queipul, aseguró que los militares irrumpieron en su territorio con tres vehículos, fuertemente armados y apuntando a personas que andaban en el camino público, además habrían disparado a un caballo. En efecto, recurrieron a una comisaria de la ciudad de Ercilla para denunciar los hechos.
“Ellos no podían intervenir la operación que tenían los militares dentro de las comunidades porque eran instituciones distintas, creo que eso fue una mentira de Carabineros porque ellos tienen una coordinación. Nosotros llegamos a la comisaria y nos quedamos hasta que logramos conversar con el gobernador de Malleco”.
Según Queipul, los miembros del Ejército se encontraron con los habitantes trabajando, es decir, sin lamentar los efectos de los incendios forestales. En esa línea, los dirigentes mapuches solicitaron al gobernador que interviniera para que el Ministro del Interior, Mario Fernández, visite la Provincia de Malleco y aclare el último acontecimiento de intimidación.
En tanto, el werkén de la Comunidad Autónoma de Temucuicui, Jorge Huenchullán, exigió que se diferencie el conflicto histórico del accionar policial ante una eventualidad como la de los incendios: “Aquí se ha sobrepasado todo límite porque no estamos en un periodo de guerra, el tema mapuche es otro. No hay ninguna preocupación de parte de las comunidades por los incendios puesto que los bosques aledaños son de su propiedad y no hay posibilidad de que se produzca una catástrofe de esa naturaleza. Aquí lo que se busca es silenciar, amedrentar, implantar terror en las comunidades mapuches”.
Los dirigentes de las comunidades advirtieron que si el Secretario de Estado no responde a las denuncias, este fin de semana se organizarán para realizar manifestaciones.
Mientras, en Santiago ya hay una convocatoria a movilización para el lunes 6 de febrero a las 19 horas en Paseo Ahumada.
Pedro Cayuqueo: “Gremios empresariales presionan para dirigir la agenda del Estado en materia indígena”
Durante el inicio de este año los incendios forestales han obligado a los militares a atender la emergencia e intervenir en distintos territorios, no obstante, para el periodista y activista mapuche, Pedro Cayuqueo, la región de La Araucanía debe tener un trato particular.Los incursiones de uniformados al interior de las comunidades mapuches se dan en el marco de conflictos territoriales con las empresas forestales y latifundistas.
En ese sentido, Pedro Cayuqueo, en conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, apuntó a la historia de los atentados en la región y la asociación traumática que tienen los pueblos originarios de los militares.
“Las Fuerzas Armadas tienen que cumplir un rol importante a nivel de emergencia por desastres naturales, en eso no puedo estar en desacuerdo. Sin embargo, hay que tener mucho tino respecto de las atribuciones de las Fuerzas Armadas en territorio indígena porque existe una mala historia, esto podría derivar en abusos o provocaciones gratuitas y finalmente en enfrentamientos o hechos de violencia”.
Cayuqueo además consideró una acción negligente de parte del Ministro del Interior, Mario Fernández, al utilizar el concepto de terrorismo en su reciente interpelación parlamentaria, pues en su opinión, esa declaración y otras políticas de Gobierno, demuestran que no hay cambios en la forma de abordar el tema indígena.
“Claramente hay una presión desde gremios empresariales, desde grupos de agricultores, por dirigir la agenda del Estado en materia indígena hacia el ámbito de la seguridad pública. Lo pudimos comprobar incluso en las conclusiones de la Comisión Asesora Presidencial de la Araucanía orientadas hacia la paz social y el control de lo que llaman ´violencia rural´”.
El periodista concluyó que estarán atentos a las iniciativas y propuestas de candidatos al Parlamento y a la Presidencia para abordar el conflicto en La Araucanía.
NEWEN MAPUCHE - DOCUMENTAL COMPLETO
https://youtu.be/ijz5NLllTvM
27 mars 2014
El documental Newen Mapuche: la fuerza de la gente de la tierra, relata la lucha de las comunidades Mapuches por recuperar sus tierras y los costos que han tenido que enfrentar frente a las políticas de represión del Estado Chileno, a través de la aplicación de la ley antiterrorista a sus líderes. En este contexto y ante el asesinato del joven mapuche Alex Lemun, la cineasta Elena Varela emprende un viaje de investigación con el fin de contar la historia de los 10 últimos años de resistencia de este Pueblo. Recopila distintos antecedentes, conoce de cerca a algunos de sus líderes, presos políticos y comuneros clandestinos, quienes relatan las razones de su lucha. El Estado chileno implementa distintas estrategias para detener este movimiento social y Elena va registrando este proceso, pero NO advierte que estaba siendo investigada y perseguida por agentes de inteligencia del Estado. Hasta que el 07 de mayo del año 2008 es detenida bajo montaje judicial en proceso de filmación y le es requisado todo su material fílmico. La documentalista narra esta historia desde su propia vida y experiencia de persecución política.
Un Films de Elena Varela
Año: 2011
ARGENTINA
Paro bancario: de las paritarias con techo a las paritarias a la intemperie
" A pesar de que hay una orden judicial, no están pagando el anticipo salarial comprometido en los acuerdos de noviembre, acuerdos que fueron suscriptos por las Cámaras en forma mayoritaria y que debían extenderse a toda la actividad de acuerdo a la Ley 23.546. Estamos señalando que hay una grave falencia por parte del Ministerio de Trabajo, que habiendo participado de la redacción del acuerdo luego lo desconoce y ahora va contra un fallo judicial en un hecho de inusitada gravedad", comenzó Berrozpe en diálogo con el programa que conduce Luis Angió por Radio La Retaguardia.
—Otras Voces... Otras Propuestas: En negociaciones salariales, ningún Gobierno antes dio marcha atrás con lo que ellos mismos se sentaron a charlar y aceptar.
—Eduardo Berrozpe: Es una barbaridad desde el punto de vista político, jurídico, institucional que el propio Ministerio, en representación prácticamente de la cámara de bancos extranjeros, salga a apelar una decisión judicial. La apelación no implica efectos suspensivos sobre la orden de pagar, y no han pagado, el plazo vencía ayer. (por el lunes). Nos obligan a ir a tomar medidas de acción directa que comenzaremos el jueves 9, preparatorias de un paro nacional. En este acuerdo —que es parte por reapertura de paritarias del año 2016 y en parte por reapertura de este año 2017— de cuatro puntos, están cumplidos tres: bono compensatorio reparatorio de la pérdida de poder adquisitivo de 2016, incremento salarial a partir del 1 de enero como reparación del poder adquisitivo perdido, bono compensatorio por el preacuerdo salarial 2017. Y ahora lo que se están negando a pagar no es un aumento, es un anticipo, que está inscripto y que cuando se suscriba el acuerdo definitivo, lo descuentan. Estamos ante un auténtico idiota, en el sentido etimológico de la palabra: su carencia de idoneidad para gobernar.
—OVOP: Lo que se llegó a un acuerdo como anticipo ni siquiera roza la oferta que le hizo María Eugenia Vidal a los docentes en provincia. De Buenos Aires
—EB: Eso es lo que pretenden imponernos a nosotros, el 18 % en cuatro cuotas. De ninguna manera, menos con la rentabilidad que tiene esta actividad.
—OVOP: ¿Qué significaba lo que se había acordado en el salario del trabajador?
—EB: Primero, se cobraron dos bonos entre el 23 de diciembre ($ 8.000) y el 5 de enero ($ 7.000) , que para el escalón inicial suman 15.000 pesos; un 4 % de incremento de incremento salarial. Y un anticipo salarial para el escalón inicial, que está cobrando alrededor de 21.000 pesos, de 4.130 pesos.
—OVOP: ¿Cuáles son las medidas que están definiendo para responder a esta decisión de las cámaras patronales y el Gobierno?
—Ante el desacato de una orden judicial de pagar este anticipo y de nueva interferencia del ministro de Trabajo, a partir del jueves 9, dando el plazo de mañana para pagar, estamos iniciando asambleas de tipo sorpresivo en todo el país con suspensión de la atención al público. Lo mismo va a suceder el viernes. El lunes fijamos la fecha del paro nacional, que seguramente va a ser la semana que viene. Otro camino no nos queda. No hay seguridad jurídica con este Gobierno para la sociedad, tampoco lo hay para el usuario del sistema financiero. Recientemente ha salido una circular del Banco Central que advierte que pueden disponer para asistir al tesoro nacional de los depósitos en moneda extranjera de los clientes. ¿Qué hubiera pasado si esta decisión se hubiera tomado durante el Gobierno anterior? Esto nos hace acordar al corralito del 2001. Estamos en problemas, está en problema la sociedad. No hay seguridad jurídica.
Nosotros siempre hemos contamos y esperamos seguir contando con la solidaridad de la clientela bancaria, que sabe de la justicia de nuestros reclamos.
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10 de febrero de 2017
Múltiples cortes para la reincorporación de los trabajadores de AGR-Clarín
Ayer se realizaron múltiples cortes en toda la Argentina para la reincorporación de los trabajadores de AGR-Clarín e intentar romper el cerco mediático de los grandes medios. Por Ana Laura Caruso para ANRed
Continúa el cerco mediático que pretende ocultar el conflicto que ya lleva varias semanas en una de las empresas del Grupo Clarín. Trabajadores que rechazan los despidos y el cierre de la gráfica que pertenece al Grupo Clarín, junto con organizaciones sociales, agrupaciones sindicales y estudiantiles cortaron este mediodia accesos principales de la Argentina. Se realizaron cortes a los accesos de la ciudad de CABA en Puente Pierre y donde, en Gran Buenos Aires en Panamericana y 202y el acceso a Autopista Oeste sumados a diversos cortes que también se dieron en simultáneo en el interior. Los manifestantes rechazan los despidos y el cierre de la gráfica del grupo Clarín y exigen la reincorporación de todos sus trabajadores.
El día de ayer el Ministerio de Trabajo recibió a la comisión interna y el sindicato, pero dijo “el problema nos excede”. Por su parte el secretario general de la Comisión Interna de AGR, Pablo Viñas explicó en sus declaraciones a La Izquierda Diario que: "el hecho de juntar a las partes es un avance con respecto a nuestra última movilización al Ministerio donde en lugar de ser recibidos con una mesa de diálogo nos encontramos con las puertas cerradas y custodiadas por un cordón de Infantería".
También afirmó que "esperamos que el Ministerio intervenga para dar soluciones: que se reabra en forma inmediata la planta y que los trabajadores podamos volver a trabajar. El cierre de AGR es fraudulento y los despidos ilegales, el Ministerio debe actuar para que Clarín se adecue a la ley y, además, que pague los salarios adeudados de la primera quincena de enero".
Los trabajadores decidieron cortar los accesos a la Ciudad de Buenos Aires y en el interior para hacerce escuchar e intentar romper el cerco mediático y la censura que los grandes medios ejercen con está causa, los mismos que siguen ausente ya que las únicas cámaras que habían, en los cortes, eran las de gendarmeria que utiliza para identificar a los manifestantes y algunos escasos medios independientes. Los cortes se dieron sin disturbios y dieron como resultado una nueva reunión en el ministerio de trabajo donde los atenderá esta vez con el vice ministro de Trabajo, mientras Triaca se niega a recibir los trabajadores.
AGR-Clarín: Gran jornada de lucha
Hubo cortes en el Puente Pueyrredón, en Panamericana y 202 y en el acceso a la Autopista del Oeste que finalizaron con una reunión en el ministerio de trabajo.
A partir de las once de la mañana, diferentes
organizaciones políticas, sindicales y sociales, comenzamos a concentrar
en apoyo a la lucha que llevan adelante los trabajadores y trabajadoras
de AGR-Clarín. Llegado el mediodía, y en el marco de un importante
operativo de gendarmería, comenzamos a marchar hasta concretar los
cortes en el Puente Pueyrredón, en Panamericana y 202 y en el acceso a
la Autopista del Oeste. Ésta jornada de lucha, que contó con nutridas
columnas en los tres puntos del área metropolitana, estuvo además,
acompañada por actividades en diferentes puntos del país.
A pesar del “caos" de tránsito y de las visibles acciones, los medios masivos de comunicación mostraron una vez más su capacidad de blindar y manipular la información, la actividad no tuvo eco en los medios concentrados, socios de Clarín. Sin embargo, mientras las organizaciones se retiraban de los cortes cerca de las 16:30hs. una delegación de los despedidos de AGR- Clarín ingresó a una nueva reunión en el Ministerio de Trabajo.
Pablo Viñas, de la Comisión Interna, dijo: "Estamos enfrentando despidos ilegales por parte de Clarín. Queremos que reabra la fábrica, pero no con trabajadores flexibilizados". Los despidos y el cierre trucho en AGR-Clarín expresan la política general que pretende llevar adelante el gobierno de Macri sobre toda la clase trabajadora argentina. El Objetivo es atacar al activismo combativo y allanar el camino para avanzar con más flexibilización laboral en detrimento de los derechos conquistados por los trabajadores, destruir convenios históricos para remplazarlos por trabajo precario. Es por eso que ésta lucha es de gran importancia para todas y todos los trabajadores y es imprescindible acompañarla y potenciarla.
¡Reincorporación ya de los trabajadores de AGR-Clarin!
A pesar del “caos" de tránsito y de las visibles acciones, los medios masivos de comunicación mostraron una vez más su capacidad de blindar y manipular la información, la actividad no tuvo eco en los medios concentrados, socios de Clarín. Sin embargo, mientras las organizaciones se retiraban de los cortes cerca de las 16:30hs. una delegación de los despedidos de AGR- Clarín ingresó a una nueva reunión en el Ministerio de Trabajo.
Pablo Viñas, de la Comisión Interna, dijo: "Estamos enfrentando despidos ilegales por parte de Clarín. Queremos que reabra la fábrica, pero no con trabajadores flexibilizados". Los despidos y el cierre trucho en AGR-Clarín expresan la política general que pretende llevar adelante el gobierno de Macri sobre toda la clase trabajadora argentina. El Objetivo es atacar al activismo combativo y allanar el camino para avanzar con más flexibilización laboral en detrimento de los derechos conquistados por los trabajadores, destruir convenios históricos para remplazarlos por trabajo precario. Es por eso que ésta lucha es de gran importancia para todas y todos los trabajadores y es imprescindible acompañarla y potenciarla.
¡Reincorporación ya de los trabajadores de AGR-Clarin!
CONADU Histórica rechaza el tope salarial y reclama inmediata convocatoria a la paritaria
CONADU Histórica rechaza el tope salarial y reclama inmediata convocatoria a la paritaria
En el día de la fecha, 08 de febrero, se reunió en la Ciudad de Buenos Aires la Mesa Ejecutiva de la Federación Nacional de Docentes, Investigadores y Creadores Universitarios –CONADU Histórica-, la cual evaluó la situación política y sindical actual de cara a la negociación salarial.En este sentido, la Mesa Ejecutiva manifiesta su absoluto rechazo al tope salarial del 18% que el gobierno nacional pretende imponer a las paritarias. Asimismo, denuncia la actitud del Ministerio de Educación de desconocer lo resuelto en el último acta paritaria que establecía la actualización por inflación del porcentaje acordado y al no aportar el presupuesto para las problemáticas de los docentes ad honoren y adicional por exclusividad.
En un contexto de una política gubernamental que implica ajuste, precarización, despidos, cierre de empresas y flexibilización con ataques a los Convenios Colectivos de Trabajo, CONADU Histórica ratifica el pliego de reivindicaciones en defensa de los derechos de la docencia universitaria y preuniversitaria reiterando la necesidad de un urgente paro nacional que unifique todas las luchas en curso.
El próximo 16 febrero se reunirá en la ciudad de Córdoba el Plenario de Secretarios Generales de la Federación, el cual definirá las medidas de acción sindical a seguir.
CONTACTOS
Luis Tiscornia, Sec. General / 11 1567331863
Antonio Rosselló, Sec. Adjunto / 11 156905340
Se realizó el jueves 9 de diciembre la primera reunión de la
Comisión Mixta de Seguimiento del acta acuerdo firmada el 23 de
diciembre entre los funcionarios del CONICET y los representantes de las
organizaciones gremiales firmantes, entre ellos la CONADU Histórica.
En ese contexto se realizó una masiva concentración en el playón del
Polo Científico y Tecnológico, así como concentraciones en todo el país.
Los funcionarios anunciaron que han modificado el listado de personas incluidas en el acta, retirando a 19 compañeros y compañeras por errores previos del organismo en la confección de la lista publicada en diciembre. Esto resulta inaceptable y se exigió que sean incorporados.
Sobre la inserción en el ámbito de la investigación pública, se ratificó el reclamo de que ingresen en el CONICET y que en el caso de ingresar en otros organismos (por voluntad propia) esto ocurra bajo las mismas condiciones laborales.
La próxima reunión será el 15, por lo que convocamos a movilizar nuevamente al CONICET y los centros científicos tecnológicos provinciales en todo el país para seguir enfrentando el ajuste en Ciencia y Técnica.
Luis Tiscornia, Sec. General / 11 1567331863
Antonio Rosselló, Sec. Adjunto / 11 156905340
Sigue la lucha de los becarios de CONICET
Sigue la lucha de los becarios de CONICET
Los funcionarios anunciaron que han modificado el listado de personas incluidas en el acta, retirando a 19 compañeros y compañeras por errores previos del organismo en la confección de la lista publicada en diciembre. Esto resulta inaceptable y se exigió que sean incorporados.
Sobre la inserción en el ámbito de la investigación pública, se ratificó el reclamo de que ingresen en el CONICET y que en el caso de ingresar en otros organismos (por voluntad propia) esto ocurra bajo las mismas condiciones laborales.
La próxima reunión será el 15, por lo que convocamos a movilizar nuevamente al CONICET y los centros científicos tecnológicos provinciales en todo el país para seguir enfrentando el ajuste en Ciencia y Técnica.
URUGUAY
Balearon a una periodista de Caras y Caretas tras denunciar maltrato policial
La periodista Isabel Prieto Fernández de la revista Caras y Caretas fue objeto de un atentado mientras conducía su automóvil. Le efectuaron un disparo con arma de fuego el que impactó en la parte superior de la puerta de su vehículo, la comunicadora sufrió heridas leves. La Asociación de la Prensa del Uruguay condenó el hecho y exigió las investigaciones del caso.
En la noche del martes 7 de febrero, la periodista Isabel Prieto Fernández sufrió un atentado mientras viajaba en su auto desde El Pinar hasta Montevideo.
Según informó la comunicadora, ella junto a su esposo regresaban a su casa por la calle 20 de Febrero cuando dos hombres en moto alcanzaron el auto y dispararon con una pistola Glock 9 milímetros a la altura de la cabeza.
Prieto Fernández logró acelerar. La bala impactó en la parte superior de la puerta del coche y ella sufrió heridas leves.
Según trascendió del relato del esposo de la periodista “no fue un intento de rapiña sino un atentado”.
Explicó que ambos volvían de un festejo familiar en El Pinar. Próximo a la hora 23 circulaban por camino Carrasco casi 20 de Febrero. La periodista iba al volante y su esposo como acompañante.
De pronto un auto sin luces se colocó detrás de ellos y de la oscuridad apareció una moto que se colocó junto al coche del lado de la conductora.
Su esposo vio que el acompañante de la moto portaba una pistola, tal vez una Glock 9 mm, y que apuntaba al auto.
El esposo le dijo a la periodista que acelerara el coche y de ese modo logró salvar su vida, ya que el disparo impactó en uno de los montantes de la puerta.
En avenida Centenario encontraron una patrulla policial a quienes pusieron al tanto de la situación la que tomó intervención inmediata.
El Ministerio del Interior dispuso que una guardia policial se instalara en la puerta del domicilio de la periodista.
Por su parte, la Asociación de la Prensa del Uruguay (APU) condenó en forma enérgica el hecho y exigió la investigación a fondo de lo acontecido.
Maltrato policial
Isabel Prieto Fernández había realizado una nota el día anterior, en la cual denunció que sufrió maltrato policial al intentar confirmar los datos del quinto femicidio que ocurrió en Montevideo.La crónica periodística que publicó Caras y Caretas el lunes 6 de febrero se tituló: “Otro femicidio, y maltrato policial a Caras y Caretas que quiso confirmar información”.
En dicho artículo, la periodista relata que pretendió confirmar la muerte de una mujer a manos de su pareja, hecho que ocurrió el pasado domingo en la proximidad de Verdisol.
El relato de lo que ocurrió tras la búsqueda de la información lo realizó la periodista en su crónica y es el siguiente:
“Hoy otra mujer ha muerto en Uruguay a causa de violencia doméstica. Busqué información, pero todo lo que había era del muro del colectivo. Alguna persona decía que había sido en Melilla, que todo comenzó por una discusión por dinero, que la mató con una azada, que se entregó en la Seccional 8ª, que iba cubierto de sangre y que se quiso matar. El asesino tiene 45 años, la víctima 42.
Datos que, para escribir una nota, había que confirmar. Así que comencé llamando a esa comisaría. El agente que me atendió me dijo que no tenía nada. Que llamara a Jefatura, de ahí a Investigaciones de la zona 3, que ignoraban el caso. Luego, de vuelta a Jefatura, que me derivaron a la zona 4. En los números que me dieron no atendió nadie, así que volví a llamar a Jefatura. Y el mismo agente me sugirió que, como yo le decía que el crimen había sido cometido en Melilla, me comunicara con la Seccional 22. El cabo que atendió la llamada, y que me trató con mucha diligencia, al igual que lo habían hecho hasta entonces sus colegas, dijo que se había enterado que en el complejo Verdisol mataron a una mujer. Su conocimiento era por comentarios de Facebook, “pero sí es cierto”. Y agregó: “¿Sabe dónde puede conseguir información? En la Seccional 19, que es jurisdicción de ellos, porque acá no tenemos ni idea. Allí le pueden informar algo”. Me dio el teléfono y llamé.
En la 19 me atendió la agente Montero. Y aquí transcribo el diálogo: ‘Buenas noches, mi nombre es Isabel Prieto Fernández, le hablo de la revista Caras y Caretas. Le llamo porque tengo información que en la tarde de ayer un señor mató a su pareja en el complejo Verdisol. Simplemente quería confirmar para subirlo a la web”. La respuesta fue inmediata: ‘Nosotros por teléfono información no le podemos dar’. ‘¿No puede decirme simplemente si es verdad eso?’. ‘Hubo homicidios, sí. Por teléfono no podemos dar información, señora, tendría que venir personalmente’. ‘Perfecto, muchas gracias’.
Eran casi las 2 de la madrugada. Y fui.
Primero me atendió un policía. Le di mi acreditación de prensa y le dije por qué estaba allí. Me dijo que esperara y se fue con el documento. Al poco rato volvió acompañado de otro uniformado, quien me informó que no podían dar información. Así de simple. Con modales que me preocupé que fueran correctos, le dije que no era lo que me habían dicho por teléfono, que había ido de lejos a esa hora porque estaba trabajando y que el caso lo ameritaba, que estaba cumpliendo mi labor de informar con responsabilidad. Me mandó a Relaciones Públicas del Ministerio del Interior, recalcando que eso, como periodista, debía saberlo, porque ‘es lo que se enseña en la escuela de periodismo’. El tono de voz, el talante del hombre, la mirada intimidatoria fue realmente violenta. Le expliqué que no cubría crónica roja, que quizá fuera como él decía, pero que estaba trabajando con el tema femicidio y que, por favor, sólo me confirmara la información, porque no quería desinformar. No sólo siguió en su actitud desafiante, sino que me aseguraba que nadie me podía haber dicho que allí me darían nada. En eso apareció, visiblemente insegura, una mujer. La encaré: ‘¿Fue contigo que hablé?’. Contestó que sí. ‘¿Para qué me dijiste que viniera?’. Su superior volvió a meterse: ‘Ella no le dijo eso’. ‘Sí, claro que sí. Me dijo que la información se daba personalmente’. La miré y le dije ‘yo no estoy mintiendo’. Lo admitió con un gesto, pero sus palabras fueron otras: ‘Acá no damos información, tiene que ir a Relaciones Públicas’. El hombre volvió a hablar: ‘Yo le dije que le dijera eso porque así le decíamos que tiene que ir a Relaciones Públicas’. No se dirigía a mí con buenos modales. Todo en él transmitía violencia contenida. Sabiendo que no llegaríamos a nada, le tendí la mano para saludarlo y marcharme. Quedó de brazos cruzados, criticando mi proceder, insistía con una escuela de periodismo que sólo existía en su imaginario, como le hice saber. Le dije que era grosero y que su falta de educación me alarmaba. ‘Yo le hablo bien. Acá se está grabando todo, lo que se dice y las cámaras’. Fue un alivio para mí. Realmente considero que esto lo tiene que ver un superior, porque ese señor que viste un uniforme, se supone que debe defendernos de las agresiones, no que tiene que ser el agresor. Quizá operativamente no podía decirme ‘sí hubo un femicidio’, pero podía ser amable, pedirme disculpas por haberme hecho ir a las dos de la mañana. Nada. Sólo una actitud soberbia. ¿Es esa la forma de tratar a la ciudadanía? ¿Es así como se frena el trabajo de la prensa que, responsablemente, quiere informar de un tema tan caro para los uruguayos como la muerte de sus compatriotas en manos de asesinos que dicen ser sus compañeros de vida? ¿Es así como nos protegen? Muy triste, suboficial mayor Hugo Coito. Ese me dijo que era su nombre. Una vergüenza que semejante ordinario esté al frente de algo, con métodos propios de tiempos amargos.
En fin. Hoy hay una quinta víctima. Y demasiados victimarios”.
Jueves 09 • Febrero • 2017
Periodistas nacionales e internacionales repudian el atentado de ayer contra una colega
Hay pocas cosas claras, pero las que están son las necesarias
para entender que alguien intentó matar a otro alguien; esta vez, a una
periodista. Isabel Prieto, que trabaja en Caras y Caretas, iba
manejando su auto por la calle 20 de Febrero, en Montevideo, cuando dos
desconocidos le dispararon desde una moto; la bala dio en el parante de
la puerta y le rozó la parte de atrás de la cabeza. Eso pasó el martes,
un día después de que Prieto denunciara maltrato por parte del personal
de la 19ª Seccional en el portal web de la revista. Lo sucedido hizo
sonar las alarmas de colegas de Uruguay y del exterior. La Asociación de
la Prensa Uruguaya (APU) denunció ayer públicamente la “gravedad” del
atentado casi fatal: “Es una situación que nos asombra e impacta
profundamente”, dijo su presidenta, Victoria Alfaro, en conferencia de
prensa.
Delegados de APU y Prieto se reunirán hoy a las 14.00 con el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, para manifestarle su preocupación y exigir “que el Estado investigue y llegue hasta el final para saber quiénes son los autores materiales e intelectuales de este hecho”. Aunque al cierre de esta edición el Ministerio del Interior (MI) aún no había emitido ningún comunicado oficial sobre lo sucedido, el encargado de la Unidad de Comunicación del MI, Fernando Gil, dijo a la diaria que “todo indica que [el hecho] fue un intento de rapiña”, y que “por ahora no se vincula” con la denuncia que Prieto realizó el día anterior, primero públicamente, y que después ratificó ante Asuntos Internos, dependencia del MI encargada de investigar y sancionar a los mismos policías. Prieto no puede “evitar” relacionar una cosa con otra, y APU tampoco. “En ningún momento sentí que me iban a robar, no intentaron pararme, nada”, dijo Prieto; tiraron a matar. “Isabel tiene todo nuestro apoyo para llegar hasta las últimas consecuencias de lo que sucedió aquí [...] según lo que amerite mañana en la reunión con el ministro, también [pensamos] convocar a la Suprema Corte de Justicia, y si no hay respuesta a nivel nacional, iremos a las instancias internacionales que sean necesarias”, aseguró Alfaro. “Este caso no puede quedar impune bajo ningún concepto [...] no sólo atenta contra la libertad de expresión, sino contra la democracia, en un país como el nuestro, que, con esta lamentable situación, se suma a la lista negra de países donde suceden hechos delictivos de esta naturaleza de forma frecuente”, agregó. En ese sentido, Alfaro contó que se pusieron en contacto con la Relatoría de Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos, que “brindó todo su apoyo y que va a hacer un seguimiento muy efectivo del tema”.
Por otro lado, la Red de Mujeres Periodistas (RMP) de Uruguay y la Federación Internacional de Periodistas (FIP) también condenaron el hecho. En un comunicado, la FIP repudió “toda forma de violencia contra el periodismo, especialmente cuando la misma pudiera provenir de móviles ligados al ejercicio de la profesión”, y pidió que las autoridades investiguen “a fondo las circunstancias de este grave atentado, sin descartar ninguna posibilidad”. A su vez, agregó: “Los ataques a la prensa no deben pasar desapercibidos, ya que su naturalización daña severamente el derecho de la sociedad a estar informada”. Por su parte, la RMP, también mediante un comunicado, condenó “enérgicamente” el “lamentable episodio” y expresó “toda su solidaridad con la colega”, además de aclarar que “si bien hasta el momento no hay elementos que vinculen ambos hechos [por la denuncia y el atentado], no podemos dejar de mencionarlo cuando ocurrieron con tan pocas horas de diferencia”.
Delegados de APU y Prieto se reunirán hoy a las 14.00 con el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, para manifestarle su preocupación y exigir “que el Estado investigue y llegue hasta el final para saber quiénes son los autores materiales e intelectuales de este hecho”. Aunque al cierre de esta edición el Ministerio del Interior (MI) aún no había emitido ningún comunicado oficial sobre lo sucedido, el encargado de la Unidad de Comunicación del MI, Fernando Gil, dijo a la diaria que “todo indica que [el hecho] fue un intento de rapiña”, y que “por ahora no se vincula” con la denuncia que Prieto realizó el día anterior, primero públicamente, y que después ratificó ante Asuntos Internos, dependencia del MI encargada de investigar y sancionar a los mismos policías. Prieto no puede “evitar” relacionar una cosa con otra, y APU tampoco. “En ningún momento sentí que me iban a robar, no intentaron pararme, nada”, dijo Prieto; tiraron a matar. “Isabel tiene todo nuestro apoyo para llegar hasta las últimas consecuencias de lo que sucedió aquí [...] según lo que amerite mañana en la reunión con el ministro, también [pensamos] convocar a la Suprema Corte de Justicia, y si no hay respuesta a nivel nacional, iremos a las instancias internacionales que sean necesarias”, aseguró Alfaro. “Este caso no puede quedar impune bajo ningún concepto [...] no sólo atenta contra la libertad de expresión, sino contra la democracia, en un país como el nuestro, que, con esta lamentable situación, se suma a la lista negra de países donde suceden hechos delictivos de esta naturaleza de forma frecuente”, agregó. En ese sentido, Alfaro contó que se pusieron en contacto con la Relatoría de Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos, que “brindó todo su apoyo y que va a hacer un seguimiento muy efectivo del tema”.
Por otro lado, la Red de Mujeres Periodistas (RMP) de Uruguay y la Federación Internacional de Periodistas (FIP) también condenaron el hecho. En un comunicado, la FIP repudió “toda forma de violencia contra el periodismo, especialmente cuando la misma pudiera provenir de móviles ligados al ejercicio de la profesión”, y pidió que las autoridades investiguen “a fondo las circunstancias de este grave atentado, sin descartar ninguna posibilidad”. A su vez, agregó: “Los ataques a la prensa no deben pasar desapercibidos, ya que su naturalización daña severamente el derecho de la sociedad a estar informada”. Por su parte, la RMP, también mediante un comunicado, condenó “enérgicamente” el “lamentable episodio” y expresó “toda su solidaridad con la colega”, además de aclarar que “si bien hasta el momento no hay elementos que vinculen ambos hechos [por la denuncia y el atentado], no podemos dejar de mencionarlo cuando ocurrieron con tan pocas horas de diferencia”.
Lunes 06 • Febrero • 2017
Lanzaron petitorio que condena el fallo del Tribunal de Roma
Desde el sábado viene acumulando firmas un petitorio que
condena el fallo de la Tercera Corte de Asís del Tribunal de Roma en el
juicio por el Plan Cóndor. Es impulsado por Victoria Moyano Artigas,
hija de Asunción Artigas y Alfredo Moyano, desaparecidos durante las
dictaduras de Uruguay y Argentina. En el texto se manifiesta el
"repudio" a la sentencia dictada por la corte del Tribunal de Roma, ya
que "quedaron absueltos e impunes casi todos los imputados". "De un
total de 27 represores de Uruguay, Bolivia, Chile y Paraguay, sólo ocho
fueron condenados". El petitorio enfatiza particularmente el caso de
Uruguay, en el que 14 militares fueron implicados, pero fue condenado
sólo el ex canciller Juan Carlos Blanco. Seguidamente, se asegura que la
"búsqueda de Justicia y Verdad" no ha avanzado lo suficiente en el
"Cono Sur" porque "esa ha sido la voluntad de estos estados", y que en
el caso de Uruguay, "se han conseguido unas pocas condenas con diversos
privilegios como la cárcel vip o la prisión domiciliaria, pero todavía
hay cientos de represores que no han sido llevados a la justicia local,
gracias a la legislación de ese país". Finalmente, se sostiene que los
firmantes de la declaración exigen "el juicio y la debida condena a
todos los represores, civiles y militares que actuaron en las dictaduras
de nuestros países". El petitorio ya fue firmado por más de 140
personalidades del mundo político, cultural, sindical y de los derechos
humanos, y los interesados pueden adherirse enviando un correo
electrónico a petitorioadhesion@gmail. com. Sebastián Artigas, vocero de
esta iniciativa, dijo a la diaria que la colecta de firmas
busca dos objetivos: "generar la conciencia acerca de la impunidad que
todavía hay en Sudamérica por los crímenes del Plan Cóndor" y "que
exista la posibilidad de que nuestros abogados presenten esto como una
muestra de la indignación que ha generado el fallo que absolvió a la
mayoría de los militares".
Martes 07 • Febrero • 2017
Se reavivan las resistencias a la posible utilización del fracking
Se publicó el informe de impacto ambiental para las
perforaciones en busca de petróleo en el norte del país, y se reactivó
la alarma respecto del posible uso del fracking. Repasemos
detalles. En enero de 2015 la empresa Petrel Energy, accionista de
Schuepbach Energy, la empresa con la que ANCAP tiene contratos de
exploración y explotación de hidrocarburos, certificó los recursos
prospectivos existentes. Según el estudio, habría unos 5.637 barriles en
el subsuelo. Esta certificación se hizo con la información acumulada
por Schuepbach Energy Uruguay durante el año 2014, y fue evaluada por la
empresa como “suficientemente positiva y estimulante para seguir una
nueva etapa de inversión”. Esto no era un descubrimiento, sino
estimaciones a descubrir, con los riesgos y costos que eso implica.
Ahora transcurre el segundo período del contrato de exploración, que ya
había sido anunciado en aquel momento. En esta etapa se requiere la
perforación de cuatro pozos exploratorios en la zona norte del país, más
precisamente en los departamentos de Tacuarembó, Paysandú y Salto. En
ese mismo comunicado de 2015, la empresa asegura que está considerando
únicamente recursos convencionales. Es decir, que no se utilizaría la
largamente cuestionada técnica de la fractura hidráulica, conocida como fracking.
Sospechas
Pero la duda persiste. Hoy, a las 14.00, las organizaciones que se oponen al fracking entregarán en la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) los comentarios técnicos y las posiciones respecto del proyecto, junto con la solicitud de que se convoquen Audiencias Públicas en las localidades cercanas a las perforaciones, para que sea escuchada la población del lugar, opción contemplada ante este tipo de proyectos. Víctor Bachetta, periodista e integrante del movimiento Uruguay Libre de Megaminería, una de las organizaciones convocantes, explicó a la diaria que presentarán tres informes con análisis crítico sobre el proyecto. El primero es un informe desde el punto de vista geológico de la doctora y docente de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República Graciela Piñeiro; otro es un informe del técnico petrolero argentino Roberto Ochandío con las carencias que las organizaciones ven en el informe de Schuepbach, y el tercero es un comentario sobre aspectos jurídicos. La Dinama clasificó estos proyectos en la categoría B. Esto significa: “Proyectos cuya ejecución pueda tener impactos ambientales significativos moderados, cuyos efectos negativos pueden ser eliminados o minimizados”. Por eso se requiere un estudio de impacto ambiental. Uno de los aspectos que generan más dudas en las organizaciones es que este estudio dedica un espacio a criticar, de forma un tanto solapada, las normativas departamentales que prohíben la aplicación del fracking en Salto y Paysandú.
Primero advierten que el código de Minería “declara de interés nacional a los yacimientos de la Clase I (combustibles fósiles que incluye petróleo, gas natural, hulla, lignito, turba, rocas pirobituminosas y arenas petrolíferas, otros yacimientos de sustancias minerales o elementos aptos para generar industrialmente energía)” y por lo tanto “estaría excluida de la competencia departamental la regulación sobre estas actividades”. Lo advierten aunque dicen que “no corresponde considerar este tema pues se trata de actividades de exploración y no de explotación, y sobre objetivos convencionales”. Sin embargo, párrafo abajo, la empresa insiste: “Desde el punto de vista legal, el Parlamento se ha expresado en relación a la inconstitucionalidad de decretar prohibiciones por parte de las Juntas Departamentales sobre tecnologías de uso en el sector petrolero, al emitir una resolución sobre un decreto similar de prohibición del fracking generado por la Junta Departamental de Tacuarembó”. Ignacio Sarli, de los movimientos Paysandú Nuestro y el Grupo Ecológico Naturista Sanducero (Gensa) -que participan en la convocataria de hoy- pregunta: “¿Si no van a buscar petróleo por medio de fracking, por qué lo mencionan en el informe?”. Bachetta suma otro elemento: “El 31 de enero, Petrel, la socia de Schuepbach, emitió un comunicado dirigido a los accionistas e inversores en el que contempla la posibilidad de hidrocarburos convencionales y no convencionales”. No es la primera vez. Según publicó Sudestada en enero de 2015, cuando en 2013 se iniciaban los trabajos de exploración, Petrel dijo en el portal Proactive Investors Australia que “los pozos representan la primer exploración profunda de petróleo en tierra en Uruguay por más de 30 años y la primera que se centra en los objetivos ‘no convencionales’”. En el propio informe de la empresa en 2015 sobre la certificación, según informó también Sudestada, ANCAP omitió en su comunicado la parte en que el gerente de la empresa habla sobre los no convencionales. En la propia página web de Petrel, hasta hoy, la explicación del proyecto habla de este tipo de recurso: “En octubre de 2012 Petrel adquirió una participación en un proyecto de petróleo convencional y no convencional grande en Uruguay.” ANCAP ha negado que se piense en la técnica del fracking, y la empresa, en voz de su presidente, Martin Schuepbach, dijo a El País en 2015 que no piensan en utilizar esta técnica, pero básicamente porque no lo creen necesario: “No hemos encontrado ninguna roca que necesite fracking. Las rocas que hemos encontrado en el yacimiento hasta la fecha son convencionales con altas permeabilidades y porosidades, por lo tanto el fracking no es necesario”. Para Sarli, como fracking es una “mala palabra”, ahora “han cambiado el discurso, y lo están ocultando”. Para Bachetta, “con estos elementos queda en evidencia que Schuepbach no le está diciendo claramente a las autoridades cuáles son sus objetivos con este plan y estas perforaciones, y esto es una falta grave. Una empresa no puede presentar un proyecto diciendo esto, y después hacer otra cosa”.
O se la queda el pueblo
“La primera amenaza es sobre el acuífero Guaraní. No hay absolutamente ninguna garantía de que incluso en esta etapa no se contamine”, dice Sarli, y agrega que “sería nefasto hacer fracking en la segunda reserva de agua dulce del mundo”. Bachetta dice que el plan de perforaciones de Schuepbach, según todos los datos que tienen, es “sumamente peligroso e implica serios riesgos para el acuífero Guaraní”: “Para nosotros esto implica poner en riesgo nuestro recurso vital por una actividad de exploración que, por cierto, es muy improbable que arroje que hay petróleo convencional ahí”. Sin embargo, dice, estas empresas “buscan especular, ponen sus acciones en las bolsas, y generan expectativas para atraer inversionistas, aunque no encuentren o finalmente no exploten nada”, pero en “medio de ese proceso están arriesgando y generando impactos que no les interesan”. Ochandío, que es geógrafo y trabajó con la técnica del fracking, estuvo en Uruguay en mayo de 2015, alertando sobre los riesgos de la técnica, y dijo que no hay formas seguras de utilizarla. Lo dijo en todos los lugares donde fue posible. Hasta en Piedra Sola, localidad ubicada en el límite entre Paysandú y Tacuarembó y cercana a una de los pozos a realizar este año. Allí, en conversación con Radio Pedal, dejó clara la dicotomía: “O tenés agua pura o tenés petróleo. Las dos cosas no pueden coexistir. En este momento, considerando que el petróleo convencional se está acabando, si queremos seguir dependiendo de él la única manera es sacar los petróleos no convencionales. El petróleo no convencional requiere agua, y el agua la necesitamos nosotros. Entonces, es una puja en continuo; o se la quedan las petroleras, o se la queda el pueblo”.
Sospechas
Pero la duda persiste. Hoy, a las 14.00, las organizaciones que se oponen al fracking entregarán en la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) los comentarios técnicos y las posiciones respecto del proyecto, junto con la solicitud de que se convoquen Audiencias Públicas en las localidades cercanas a las perforaciones, para que sea escuchada la población del lugar, opción contemplada ante este tipo de proyectos. Víctor Bachetta, periodista e integrante del movimiento Uruguay Libre de Megaminería, una de las organizaciones convocantes, explicó a la diaria que presentarán tres informes con análisis crítico sobre el proyecto. El primero es un informe desde el punto de vista geológico de la doctora y docente de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República Graciela Piñeiro; otro es un informe del técnico petrolero argentino Roberto Ochandío con las carencias que las organizaciones ven en el informe de Schuepbach, y el tercero es un comentario sobre aspectos jurídicos. La Dinama clasificó estos proyectos en la categoría B. Esto significa: “Proyectos cuya ejecución pueda tener impactos ambientales significativos moderados, cuyos efectos negativos pueden ser eliminados o minimizados”. Por eso se requiere un estudio de impacto ambiental. Uno de los aspectos que generan más dudas en las organizaciones es que este estudio dedica un espacio a criticar, de forma un tanto solapada, las normativas departamentales que prohíben la aplicación del fracking en Salto y Paysandú.
Primero advierten que el código de Minería “declara de interés nacional a los yacimientos de la Clase I (combustibles fósiles que incluye petróleo, gas natural, hulla, lignito, turba, rocas pirobituminosas y arenas petrolíferas, otros yacimientos de sustancias minerales o elementos aptos para generar industrialmente energía)” y por lo tanto “estaría excluida de la competencia departamental la regulación sobre estas actividades”. Lo advierten aunque dicen que “no corresponde considerar este tema pues se trata de actividades de exploración y no de explotación, y sobre objetivos convencionales”. Sin embargo, párrafo abajo, la empresa insiste: “Desde el punto de vista legal, el Parlamento se ha expresado en relación a la inconstitucionalidad de decretar prohibiciones por parte de las Juntas Departamentales sobre tecnologías de uso en el sector petrolero, al emitir una resolución sobre un decreto similar de prohibición del fracking generado por la Junta Departamental de Tacuarembó”. Ignacio Sarli, de los movimientos Paysandú Nuestro y el Grupo Ecológico Naturista Sanducero (Gensa) -que participan en la convocataria de hoy- pregunta: “¿Si no van a buscar petróleo por medio de fracking, por qué lo mencionan en el informe?”. Bachetta suma otro elemento: “El 31 de enero, Petrel, la socia de Schuepbach, emitió un comunicado dirigido a los accionistas e inversores en el que contempla la posibilidad de hidrocarburos convencionales y no convencionales”. No es la primera vez. Según publicó Sudestada en enero de 2015, cuando en 2013 se iniciaban los trabajos de exploración, Petrel dijo en el portal Proactive Investors Australia que “los pozos representan la primer exploración profunda de petróleo en tierra en Uruguay por más de 30 años y la primera que se centra en los objetivos ‘no convencionales’”. En el propio informe de la empresa en 2015 sobre la certificación, según informó también Sudestada, ANCAP omitió en su comunicado la parte en que el gerente de la empresa habla sobre los no convencionales. En la propia página web de Petrel, hasta hoy, la explicación del proyecto habla de este tipo de recurso: “En octubre de 2012 Petrel adquirió una participación en un proyecto de petróleo convencional y no convencional grande en Uruguay.” ANCAP ha negado que se piense en la técnica del fracking, y la empresa, en voz de su presidente, Martin Schuepbach, dijo a El País en 2015 que no piensan en utilizar esta técnica, pero básicamente porque no lo creen necesario: “No hemos encontrado ninguna roca que necesite fracking. Las rocas que hemos encontrado en el yacimiento hasta la fecha son convencionales con altas permeabilidades y porosidades, por lo tanto el fracking no es necesario”. Para Sarli, como fracking es una “mala palabra”, ahora “han cambiado el discurso, y lo están ocultando”. Para Bachetta, “con estos elementos queda en evidencia que Schuepbach no le está diciendo claramente a las autoridades cuáles son sus objetivos con este plan y estas perforaciones, y esto es una falta grave. Una empresa no puede presentar un proyecto diciendo esto, y después hacer otra cosa”.
O se la queda el pueblo
“La primera amenaza es sobre el acuífero Guaraní. No hay absolutamente ninguna garantía de que incluso en esta etapa no se contamine”, dice Sarli, y agrega que “sería nefasto hacer fracking en la segunda reserva de agua dulce del mundo”. Bachetta dice que el plan de perforaciones de Schuepbach, según todos los datos que tienen, es “sumamente peligroso e implica serios riesgos para el acuífero Guaraní”: “Para nosotros esto implica poner en riesgo nuestro recurso vital por una actividad de exploración que, por cierto, es muy improbable que arroje que hay petróleo convencional ahí”. Sin embargo, dice, estas empresas “buscan especular, ponen sus acciones en las bolsas, y generan expectativas para atraer inversionistas, aunque no encuentren o finalmente no exploten nada”, pero en “medio de ese proceso están arriesgando y generando impactos que no les interesan”. Ochandío, que es geógrafo y trabajó con la técnica del fracking, estuvo en Uruguay en mayo de 2015, alertando sobre los riesgos de la técnica, y dijo que no hay formas seguras de utilizarla. Lo dijo en todos los lugares donde fue posible. Hasta en Piedra Sola, localidad ubicada en el límite entre Paysandú y Tacuarembó y cercana a una de los pozos a realizar este año. Allí, en conversación con Radio Pedal, dejó clara la dicotomía: “O tenés agua pura o tenés petróleo. Las dos cosas no pueden coexistir. En este momento, considerando que el petróleo convencional se está acabando, si queremos seguir dependiendo de él la única manera es sacar los petróleos no convencionales. El petróleo no convencional requiere agua, y el agua la necesitamos nosotros. Entonces, es una puja en continuo; o se la quedan las petroleras, o se la queda el pueblo”.
