EE.UU.: Masivas protestas contra orden de inmigración de Trump
Las protestas estallaron el domingo en Estados Unidos tras la orden ejecutiva del presidente Donald Trump, que prohibió a los refugiados y a las personas de siete países de mayoría musulmana entrar en el país por períodos de tiempo determinados.
Los legisladores se reunieron el domingo con miles de personas que se manifestaron en varios estados para protestar por la orden del presidente.
Miles de personas se reunieron el domingo en la Plaza Copley de Boston para protestar contra la prohibición de inmigración, según USA Today.
Los manifestantes se unieron a la senadora Elizabeth Warren, junto con otros legisladores de Massachusetts como el alcalde de Boston Marty Walsh y el senador Ed Markey.
La gente también salió en la ciudad de Nueva York el domingo por la tarde para protestar en Battery Park. El Líder de la Mayoría del Senado, Charles Schumer, twitteó que se dirigía a allí para “protestar por estas terribles acciones”.
La senadora Kirsten Gillibrand también dijo que se mantendría con los miles de “neoyorquinos preocupados por la vergonzosa orden ejecutiva de Trump”.
En Washington, DC, los legisladores se unieron a los manifestantes en la Casa Blanca para hacer frente a la orden, con la recién elegida Senadora Kamala Harris.
Las protestas también están programadas durante todo el día en Filadelfia, Atlanta, Los Ángeles, Seattle y Chicago, según CNN.
El presidente firmó el viernes una orden ejecutiva que prohíbe a los refugiados sirios por tiempo indefinido y suspende el programa de reasentamiento de refugiados durante cuatro meses.
También niega la entrada durante 90 días a personas de siete países mayoritariamente musulmanes: Irán, Irak, Siria, Yemen, Somalia, Sudán y Libia.
Las protestas estallaron el sábado en los aeropuertos de todo el país en contra de la prohibición de inmigración, con gente pidiendo al país que diera la bienvenida a inmigrantes y refugiados, y abogados reunidos para ofrecer ayuda a las personas detenidas.
Un juez federal en Nueva York el sábado por la noche concedió una suspensión de emergencia para detener temporalmente la remoción de personas detenidas tras la orden de Trump.
El movimiento parece marcar el primer desafío legal exitoso al gobierno de Trump y afecta a aquellos que han llegado a los Estados Unidos con solicitudes de refugio previamente aprobadas o estaban en tránsito con visas válidas. Sentencias similares fueron emitidas posteriormente en Virginia, Massachusetts y el estado de Washington.
Schumer dijo el domingo que los demócratas están considerando una legislación para revocar las acciones del presidente.
(Tomado y traducido de The Hill)
Los legisladores se reunieron el domingo con miles de personas que se manifestaron en varios estados para protestar por la orden del presidente.
Miles de personas se reunieron el domingo en la Plaza Copley de Boston para protestar contra la prohibición de inmigración, según USA Today.
Los manifestantes se unieron a la senadora Elizabeth Warren, junto con otros legisladores de Massachusetts como el alcalde de Boston Marty Walsh y el senador Ed Markey.
La gente también salió en la ciudad de Nueva York el domingo por la tarde para protestar en Battery Park. El Líder de la Mayoría del Senado, Charles Schumer, twitteó que se dirigía a allí para “protestar por estas terribles acciones”.
La senadora Kirsten Gillibrand también dijo que se mantendría con los miles de “neoyorquinos preocupados por la vergonzosa orden ejecutiva de Trump”.
En Washington, DC, los legisladores se unieron a los manifestantes en la Casa Blanca para hacer frente a la orden, con la recién elegida Senadora Kamala Harris.
Las protestas también están programadas durante todo el día en Filadelfia, Atlanta, Los Ángeles, Seattle y Chicago, según CNN.
El presidente firmó el viernes una orden ejecutiva que prohíbe a los refugiados sirios por tiempo indefinido y suspende el programa de reasentamiento de refugiados durante cuatro meses.
También niega la entrada durante 90 días a personas de siete países mayoritariamente musulmanes: Irán, Irak, Siria, Yemen, Somalia, Sudán y Libia.
Las protestas estallaron el sábado en los aeropuertos de todo el país en contra de la prohibición de inmigración, con gente pidiendo al país que diera la bienvenida a inmigrantes y refugiados, y abogados reunidos para ofrecer ayuda a las personas detenidas.
Un juez federal en Nueva York el sábado por la noche concedió una suspensión de emergencia para detener temporalmente la remoción de personas detenidas tras la orden de Trump.
El movimiento parece marcar el primer desafío legal exitoso al gobierno de Trump y afecta a aquellos que han llegado a los Estados Unidos con solicitudes de refugio previamente aprobadas o estaban en tránsito con visas válidas. Sentencias similares fueron emitidas posteriormente en Virginia, Massachusetts y el estado de Washington.
Schumer dijo el domingo que los demócratas están considerando una legislación para revocar las acciones del presidente.
(Tomado y traducido de The Hill)
Masivo repudio a veto migratorio de Trump
|
domingo, 29 ene 2017
15:39 - LA JORNADA
Washington. Manifestaciones,
condenas internacionales y políticas: nueve días después de su llegada
al poder, Donald Trump se enfrenta este domingo a una avalancha de
críticas tras su decisión de cerrar las fronteras a todos los refugiados
y a ciudadanos de siete países musulmanes.
Miles de manifestantes se reunieron este domingo ante la Casa Blanca en Washington, en Nueva York en un parque a la vista de la Estatua de la Libertad, en Boston y en otras ciudades y aeropuertos del país.
Ver galería fotográfica
El presidente no hace sino aplicar sus promesas de campaña, señaló su portavoz, Sean Spicer, aludiendo a la firma durante toda la semana de decretos sobre la salud, la inmigración clandestina, la lucha contra el yihadismo o el petróleo.
Pero la decisión de Trump de cerrar las fronteras de forma selectiva, pese a no ser tan amplia como su promesa de campaña de prohibir la entrada a todos los musulmanes, ha provocado la mayor conmoción desde su investidura.
El decreto, que entró en vigor el viernes, prohíbe el ingreso durante 120 días en Estados Unidos de todos los refugiados, sea cual sea su origen, y durante 90 días a ciudadanos de siete países de mayoría musulmana: Irak, Irán, Libia, Somalia, Sudán, Siria y Yemen.
Como resultado, 109 personas han sido detenidas desde el viernes a su llegada a Estados Unidos, aunque tuvieran una visa válida. Tras la intervención el sábado de una jueza federal de Nueva York, la mayor parte de ellos fue autorizada a entrar al territorio, pero la constitucionalidad del decreto aún no ha sido cuestionada.
Pero el decreto sigue en vigor en el resto del mundo, y las aerolíneas rehúsan embarcar a los ciudadanos de los siete países alcanzados por la medida, aunque posean una visa en regla.
Críticas políticas
En Estados Unidos, la oposición demócrata pidió que se retire el decreto antinmigración y denunció su carácter contrario a los valores estadounidenses y su ineficacia en la lucha contra la amenaza yihadista.
No hará sino "estimular a quienes pretenden perjudicarnos", advirtió el jefe de los demócratas del Senado, Chuck Schumer.
En el partido Republicano, mayoritario en el Congreso, pocos legisladores se han expresado espontáneamente para defender al presidente. Un puñado de legisladores de ese partido ha condenado total o parcialmente el decreto de Trump, entre ellos los senadores conservadores John McCain y Lindsey Graham.
"Desgraciadamente, tememos que este decreto nos debilite en la lucha contra el terrorismo", indicaron ambos conservadores, que advierten además que los aliados de Washington en la lucha contra el grupo Estado Islámico son mayoritariamente musulmanes.
"Los tribunales juzgarán si (Trump) ha ido demasiado lejos", comentó por su parte con prudencia este domingo Mitch McConnell, jefe de la mayoría del Senado en la cadena ABC.
Será en efecto ante la justicia donde se decidirá la suerte del decreto. El fallo de urgencia dictado por la jueza de Nueva York se añadió a otros tres que bloquean las expulsiones, si bien ninguno hace referencia a la constitucionalidad o no de la decisión presidencial.
"Esto acabará probablemente ante el Tribunal Supremo", predice Anthony Romero, director de la poderosa Unión estadunidense de Libertades Civiles (ACLU), en la cadena CNN.
Por su parte la Casa Blanca defiende que se trata de un acto para "no dejar que se infiltre gente que pretenda perjudicarnos", afirmó el portavoz Spicer.
El ejecutivo tendrá que defenderse también de una acusación de discriminación religiosa. Tras el periodo de 120 días el decreto estipula que se dará prioridad a los refugiados perseguidos a causa de su religión, una frase que apunta implícitamente a proteger a los cristianos de Siria y de Irak.
El presidente no ha dejado ninguna duda respecto a esta preferencia. "Los cristianos de Oriente Medio han sido ejecutados en masa. ¡No podemos permitir que ese horror se perpetúe!", escribió este domingo en Twitter.
Indignación internacional
Irán es hasta ahora uno de los países más afectados por la gran cantidad de iraníes que tienen visas de trabajo o de estudios de Estados Unidos. Teherán, en respuesta, ha instaurado medidas similares contra los estadounidenses, y el cineasta iraní Asghar Farhadi, nominado a los Oscares, anunció que no acudirá a la ceremonia que se celebra en febrero en Los Ángeles y denunció las restricciones impuestas por Trump.
Entretanto, las oleadas de indignación atraviesan el mundo musulmán, y la Liga Árabe denunció este domingo como "restricciones injustificadas" las prohibiciones impuestas por la administración estadounidense.
En Europa, el presidente francés François Hollande y la canciller alemana Angela Merkel se sumaron a las críticas. Según un portavoz, Merkel explicó al presidente Trump las obligaciones que marca la Convención de Ginebra sobre la acogida de refugiados, en su conversación telefónica del sábado.
Canadá, por su parte, indicó que había recibido garantías de Washington de que los ciudadanos canadienses que tengan también algunas de las nacionalidades de los países incluidos en el decreto, no quedan afectados por la prohibición, según la oficina del primer ministro Justin Trudeau.
Miles de manifestantes se reunieron este domingo ante la Casa Blanca en Washington, en Nueva York en un parque a la vista de la Estatua de la Libertad, en Boston y en otras ciudades y aeropuertos del país.
Ver galería fotográfica
El presidente no hace sino aplicar sus promesas de campaña, señaló su portavoz, Sean Spicer, aludiendo a la firma durante toda la semana de decretos sobre la salud, la inmigración clandestina, la lucha contra el yihadismo o el petróleo.
Pero la decisión de Trump de cerrar las fronteras de forma selectiva, pese a no ser tan amplia como su promesa de campaña de prohibir la entrada a todos los musulmanes, ha provocado la mayor conmoción desde su investidura.
El decreto, que entró en vigor el viernes, prohíbe el ingreso durante 120 días en Estados Unidos de todos los refugiados, sea cual sea su origen, y durante 90 días a ciudadanos de siete países de mayoría musulmana: Irak, Irán, Libia, Somalia, Sudán, Siria y Yemen.
Como resultado, 109 personas han sido detenidas desde el viernes a su llegada a Estados Unidos, aunque tuvieran una visa válida. Tras la intervención el sábado de una jueza federal de Nueva York, la mayor parte de ellos fue autorizada a entrar al territorio, pero la constitucionalidad del decreto aún no ha sido cuestionada.
Pero el decreto sigue en vigor en el resto del mundo, y las aerolíneas rehúsan embarcar a los ciudadanos de los siete países alcanzados por la medida, aunque posean una visa en regla.
Críticas políticas
En Estados Unidos, la oposición demócrata pidió que se retire el decreto antinmigración y denunció su carácter contrario a los valores estadounidenses y su ineficacia en la lucha contra la amenaza yihadista.
No hará sino "estimular a quienes pretenden perjudicarnos", advirtió el jefe de los demócratas del Senado, Chuck Schumer.
En el partido Republicano, mayoritario en el Congreso, pocos legisladores se han expresado espontáneamente para defender al presidente. Un puñado de legisladores de ese partido ha condenado total o parcialmente el decreto de Trump, entre ellos los senadores conservadores John McCain y Lindsey Graham.
"Desgraciadamente, tememos que este decreto nos debilite en la lucha contra el terrorismo", indicaron ambos conservadores, que advierten además que los aliados de Washington en la lucha contra el grupo Estado Islámico son mayoritariamente musulmanes.
"Los tribunales juzgarán si (Trump) ha ido demasiado lejos", comentó por su parte con prudencia este domingo Mitch McConnell, jefe de la mayoría del Senado en la cadena ABC.
Será en efecto ante la justicia donde se decidirá la suerte del decreto. El fallo de urgencia dictado por la jueza de Nueva York se añadió a otros tres que bloquean las expulsiones, si bien ninguno hace referencia a la constitucionalidad o no de la decisión presidencial.
"Esto acabará probablemente ante el Tribunal Supremo", predice Anthony Romero, director de la poderosa Unión estadunidense de Libertades Civiles (ACLU), en la cadena CNN.
Por su parte la Casa Blanca defiende que se trata de un acto para "no dejar que se infiltre gente que pretenda perjudicarnos", afirmó el portavoz Spicer.
El ejecutivo tendrá que defenderse también de una acusación de discriminación religiosa. Tras el periodo de 120 días el decreto estipula que se dará prioridad a los refugiados perseguidos a causa de su religión, una frase que apunta implícitamente a proteger a los cristianos de Siria y de Irak.
El presidente no ha dejado ninguna duda respecto a esta preferencia. "Los cristianos de Oriente Medio han sido ejecutados en masa. ¡No podemos permitir que ese horror se perpetúe!", escribió este domingo en Twitter.
Indignación internacional
Irán es hasta ahora uno de los países más afectados por la gran cantidad de iraníes que tienen visas de trabajo o de estudios de Estados Unidos. Teherán, en respuesta, ha instaurado medidas similares contra los estadounidenses, y el cineasta iraní Asghar Farhadi, nominado a los Oscares, anunció que no acudirá a la ceremonia que se celebra en febrero en Los Ángeles y denunció las restricciones impuestas por Trump.
Entretanto, las oleadas de indignación atraviesan el mundo musulmán, y la Liga Árabe denunció este domingo como "restricciones injustificadas" las prohibiciones impuestas por la administración estadounidense.
En Europa, el presidente francés François Hollande y la canciller alemana Angela Merkel se sumaron a las críticas. Según un portavoz, Merkel explicó al presidente Trump las obligaciones que marca la Convención de Ginebra sobre la acogida de refugiados, en su conversación telefónica del sábado.
Canadá, por su parte, indicó que había recibido garantías de Washington de que los ciudadanos canadienses que tengan también algunas de las nacionalidades de los países incluidos en el decreto, no quedan afectados por la prohibición, según la oficina del primer ministro Justin Trudeau.
El estado de Washington demanda a Donald Trump
|
lunes, 30 ene 2017
13:02 - LA JORNADA
Seattle. El estado de Washington está
demandando al gobierno del presidente Donald Trump por la orden
ejecutiva que le prohíbe la entrada a ciudadanos de siete países de
mayoría musulmana, una decisión que ha desatado protestas a nivel
nacional.
El fiscal general del estado, Bob Ferguson, anunció el lunes la medida judicial, siendo el primer fiscal de un estado en desafiar judicialmente la orden ejecutiva.
Ferguson es uno de 16 fiscales generales de estados que el domingo emitieron un comunicado calificando el decreto de Trump como "antiamericano e ilegal".
El fiscal general del estado, Bob Ferguson, anunció el lunes la medida judicial, siendo el primer fiscal de un estado en desafiar judicialmente la orden ejecutiva.
Ferguson es uno de 16 fiscales generales de estados que el domingo emitieron un comunicado calificando el decreto de Trump como "antiamericano e ilegal".
Cien alcaldes de EE.UU se rebelan contra Trump y defienden a inmigrantes
Hoy viernes se cumple una semana de la asunción de Trump al poder, y aunque ha querido hacer tan rápido como sea posible todo lo que prometió en campaña, el escenario se va poniendo complicado para el mandatario ultraconservador cuyas políticas proteccionistas afectarán a millones de inmigrantes con distintos estatus migratorios
“Las órdenes ejecutivas de hoy no cambian quiénes somos ni cómo gobernamos nuestras ciudades y lucharemos contra los intentos de socavar nuestros valores y la seguridad de nuestras ciudades”, señaló la coalición Ciudades en Acción en un comunicado.
Tras el anuncio por parte de la administración Trump de que el muro fronterizo con México se construirá “inmediatamente”, y del retiro de fondos a las llamadas “ciudades santuario” se hizo este anuncio que probablemente le guste poco al presidente Trump.
El término “ciudad santuario” no es un concepto legal, sino que se le empezó a acuñar popularmente a las ciudades estadounidenses que ponen en práctica políticas para limitar su colaboración con las autoridades federales de inmigración. En cada una de estas, las políticas o formas de implementación de estas pueden variar, pues no están amparados a ninguna legislación federal sino más bien a leyes estatales o locales.
Varias grandes urbes estadounidenses se han comprometido a proteger a los inmigrantes indocumentados de las avanzadas de Trump en su contra.
Rechazo a la retórica
Decenas de organizaciones civiles y sociales se han sumado al rechazo a la retórica xenófoba y racista de Trump. A estos grupos se agregaron alcaldes de varias de las principales ciudades estadounidenses como Nueva York, Los Ángeles, Chicago o Miami.El alcalde neoyorquino, Bill De Blasio, dijo la tarde de este jueves que recurrirá “de inmediato” a la Justicia si la administración Trump decide poner en práctica la orden ejecutiva de cortar los fondos a su ciudad y a todas las demás “ciudades santuario”.
“Defenderemos a nuestra gente no importa de dónde provengan ni su estatus legal”, afirmó De Blasio en conferencia de prensa, solo horas después de que Trump firmara la orden.
La orden, dice De Blasio, “no cambia lo que somos, una ciudad de inmigrantes”, al tiempo que decenas de miles de neoyorquinos se manifestaban en distintos puntos de la ciudad, entre los que se destacó la Torre Trump, centro de operaciones del multimillonario neoyorquino, ahora convertido en presidente.
En 2003, el Consejo de la ciudad aprobó una resolución en la que declaraba a Nueva York “ciudad santuario”, lo que implica que reserva y protege toda información confidencia que pueda poner en riesgo a un inmigrante, y no se comparte a menos que haya una orden de un juez. Aunado a estos, se ofrecen distintos servicios a esta colectividad, entre ellos asistencia legal.
“No vamos a deportar neoyorquinos, no vamos a separar familias, no dejaremos a niños sin padres, no vamos a quitar el sostén económico a esas familias, dijo De Blasio de forma enfática.
La Policía de Nueva York también se suma a esta posición, pues el jefe policial, James O’Neill, dijo que continuarán trabajando igual que hasta ahora, colaborando en lo que sea necesario con las agencias federales, pero sin poner en riesgo la confianza de las comunidades.
La ONG “Se Hace Camino Nueva York” también rechazó la xenofobia de la administración Trump. “Tenemos un mensaje para el Presidente: estamos aquí para quedarnos y nos mantendremos firmes en nuestro esfuerzo para mantener las familias juntas”, afirmó Javier Valdez, copresidente de la organización.
Primera demanda de defensores de los derechos civiles contra Trump
Un grupo de abogados de Nueva York considera inconstitucional la orden del presidente estadounidense para frenar la llegada de refugiados a EEUU.
EFE - Publicado: 28.01.2017 20:37PÙBLICO -
NUEVA YORK.- Un grupo de
abogados presentó hoy en Nueva York una primera demanda contra la orden
aprobada este viernes por el presidente de EEUU, Donald Trump,
para frenar la entrada en el país de refugiados y de ciudadanos de
ciertos países de mayoría musulmana al considerarla anticonstitucional.
La acción, promovida por varios grupos de derechos civiles, está impulsada
en nombre de dos iraquíes que habían obtenido visados para viajar a
Estados Unidos y que fueron retenidos a su llegada a un aeropuerto de
Nueva York, apenas unas horas después de la aprobación de la orden.
La demanda, de 20 páginas, insiste en que no
hay ningún motivo para la detención de los dos hombres, que tenían
todos sus papeles en regla y denuncia la nueva política como contraria a la Constitución.
Además de a estos dos ciudadanos iraquíes,
los abogados solicitan que la acción represente de forma colectiva a
otras personas que se puedan encontrar en su misma situación.
"Es una orden basada en la intolerancia, no en la realidad"
"La guerra contra la igualdad del presidente
Trump ya está teniendo un terrible peaje humano. No puede permitirse
que este veto continúe", dijo en un comunicado Omar Jadwat, el director
para Derechos de Inmigrantes de la Unión para las Libertades Civiles en América (ACLU), una de las organizaciones de este tipo más importantes del país.
La ACLU es uno de los grupos que está detrás de la demanda presentada en Nueva York, que busca
que el juez ordene a las autoridades que no detengan "a ningún
individuo sólo en base a la orden ejecutiva" aprobada por Trump.
Además, suspende durante 90 días la concesión de visados
a todos los ciudadanos de varios países de mayoría musulmana hasta que
se adopten procesos de "escrutinio extremo", algo que es visto por
algunas organizaciones como un paso hacia la prohibición de la migración
musulmana.
El veto afecta también a quienes tengan doble nacionalidad con cualquier otro país no estadounidense
En principio los países afectados son Libia,
Sudán, Somalia, Siria, Irak, Yemen e Irán, aunque el veto de Trump
afecta también a aquellos que tengan al mismo tiempo pasaporte de otra
nación, informó hoy "The Wall Street Journal".
El diario, que cita un comunicado que supuestamente publicará próximamente el Departamento de Estado,
dice que la prohibición temporal de entrada afecta además a cualquier
ciudadano originario de esos países, aunque cuente también con un
pasaporte de otra nación.Por ejemplo un iraquí con segunda nacionalidad británica no podrá ingresar en EEUU aunque utilice su pasaporte del Reino Unido, que hasta ahora le permitía viajar sin visado, explica el periódico.
El veto, de momento, no se aplicará a ciudadanos estadounidenses que también tengan la nacionalidad de uno de los siete países en cuestión.
"Esta es una orden basada en la intolerancia, no en la realidad", señaló el Consejo de Relaciones Islámicas-Estadounidenses
en un comunicado, al tiempo que insistió en que no hay ninguna prueba
de que los refugiados supongan una amenaza a la seguridad nacional.
Por ahora se desconoce con exactitud cuántos refugiados y migrantes han sido retenidos a su llegada a EEUU en las últimas horas, pero la medida ha provocado una gran conmoción dentro y fuera del país.
Donnelly, la juez que plantó cara a Trump
Fue fiscal especializada en bandas organizadas y abuso infantil. Nombrada juez federal por Obama en 2015, es la juez que ha prohibido las deportaciones de los detenidos en los aeropuertos de EEUU. Juzgará el caso "Darweesh y otros contra Trump"
J. P. - PÙBLICO - Publicado: 29.01.2017 14:06
MADRID.- “Su reputación es legendaria”, aseguró al entonces presidente norteamericano, Barak Obama, un senador cuando recomendó a Ann Donnelley como juez federal, en 2015.
Y se ha cumplido esta promesa del político Chuck Schumer.
Y se ha cumplido esta promesa del político Chuck Schumer.
Anna M. Donnelly (Royal Oak, Michigan, 1959) es la juez federal del distrito neoyorquino de Brooklyn que ha dictado una resolución histórica: suspende de forma temporal la orden ejecutiva dictada por el presidente norteamericano, Donald Trump, que prohíbe la entrada al país de ciudadanos de siete países de mayoría musulmana con problemas de terrorismo.
Su resolución ampara a aquellas personas que
habían llegado a los aeropuertos y puertos de Estados Unidos y que
estaban siendo deportadas en aplicación del decreto de Trump. La juez
federal ha prohibido estas expulsiones ante el “daño irreparable” que iba a causarles.
A sus 57 años de edad, esta jurista se ha erigido en símbolo de la defensa de los derechos civiles,
tras una jornada donde cientos de personas se presentaron en la
terminal internacional del aeropuerto de Nueva York para protestar por
las deportaciones.
Definida como una persona justa, amable y de mente abierta, Anna M. Donnelly es una jurista de profundas convicciones, que dedica su tiempo libre a formar estudiantes y abogados jóvenes, con la realización de juicios simulados.
Durante 25 años fue fiscal de la oficina de Manhattan, donde trabajó para Robert Morgenthau, y se especializó en la lucha contra las bandas organizadas.
Uno de los casos más famosos fue su colaboración en el procesamiento de Dennis Kozlowski, el ex CEO de Tyco International,
condenado por apropiarse de 81 millones de dólares en forma de bonus de
la empresa, así como por gastar más de 14 millones en obras de arte.
Donnelly fue fiscal jefe de la Oficina de la lucha contra la violencia familiar y el abuso infantil, hasta que en octubre de 2015 fue elegida juez federal.
Formada en la Universidad de Michigan,
Donnelly consiguió su graduado en la Escuela de Derecho de la
Universidad Estatal de Ohio.
El caso Darweesh contra Trump
Las copias de la resolución de Donnelly son exhibidas por los refugiados, inmigrantes, y turistas de los países afectados ante la policía y los agentes de aduanas de los aeropuertos, mientras abogados voluntarios les ayudan para solicitar el amparo.
Al más puro estilo norteamericano, Donnelly juzgará el caso 'Darweesh vs. Trump'. Los derechos constitucionales están en juego.
El caso es una demanda que presentaron este sábado dos ciudadanos iraquíes, en su nombre y en nombre de quienes se encuentren en una situación similar, contra el propio Donald Trump y otras autoridades e instituciones de seguridad nacional y aduanas.
La juez entrará en el fondo del asunto en una vista que se celebrará el 21 de febrero. El primer firmante de la demanda es Hameed Khalid Darweesh, quien colaboró durante años con el ejército norteamericano en Irak.
Se calcula que hay entre 100 y 200
personas detenidas, procedentes de Libia, Sudán, Somalia, Siria, Irak,
Yemen e Irán. Pero las asociaciones de derechos civiles aún no saben la
cifra exacta mientras exigen al Gobierno que facilite la lista de
afectados.
Darweesh v Trump Order by Público.es on Scribd
Trump despide a la fiscal general en funciones por negarse a cumplir el decreto antimigratorio
Publicado: 31 ene 2017 02:31 GMT | Última actualización: 31 ene 2017 03:00 GMT - RT
Sally Yates desobedeció la orden del
presidente estadounidense según cual se restringe la entrada y
permanencia en EE.UU. de los ciudadanos de siete países musulmanes.
"La fiscal general en funciones, Sally Yates, ha traicionado el Departamento de Justicia al negarse a llevar a cabo la orden legal que busca proteger a los ciudadanos de Estados Unidos", según un comunicado de la Casa Blanca.
"Soy el responsable de garantizar que las posturas que tomamos en el tribunal son coherentes con la solemne obligación de esta institución de buscar siempre la justicia y abogar por lo que es correcto", escribió en una carta citada por el periódico 'The New York Times'. "En estos momentos no estoy convencida de que la defensa de la orden ejecutiva sea coherente con esas responsabilidades ni estoy convencida de que la orden ejecutiva sea legal".
- El mandatario estadounidense firmó la orden ejecutiva para regular el flujo de entrada de inmigrantes en EE.UU. el pasado 27 de enero. Esa medida contempla la restricción durante 90 días del acceso a territorio norteamericano de personas procedentes de Irak, Irán, Libia, Somalia, Sudán, Siria y Yemen.
- La orden provocó fuertes protestas y críticas tanto dentro de EE.UU. como más allá de sus fronteras. Numerosos actos de protesta se registraron en los aeropuertos internacionales de EE.UU. y en torno a la Casa Blanca.
Más jueces de EEUU paralizan el portazo de Trump a los inmigrantes
Jueces de Massachusetts, Virginia y Washington siguieron el ejemplo de Ann Donnelly y paralizaron momentáneamente la retención de extranjeros en los aeropuertos, aunque aún siguen activas más de 100 demandas.
AGENCIAS - PÙBLICO - Publicado: 29.01.2017 20:42
WASHINGTON.- Jueces de al menos cuatro estados de EEUU han emitido órdenes para bloquear la restricción impuesta por Donald Trump para impedir la entrada de inmigrantes de siete países de mayoría musulmana en el país.
En concreto, jueces del Massachusetts, Virginia y Washington han
emitido este fin de semana sus correspondientes sentencias para
paralizar las detenciones que se estaban llevando a cabo en los
principales aeropuertos de sus estados. Aprovecharon, para ello, el precedente sentado por la jueza Ann Donnelly en Nueva York, que falló a favor de dos iraquíes que permanecían retenidos en el aeropuerto JFK.
Ninguno de estos fallos judiciales tiene
poder para derogar la orden ejecutiva emitida por Trump el pasado
viernes y que suspende durante 90 días los visados y durante 120 la
entrada de refugiados. La orden afecta, de momento, a personas
procedentes de países de mayoría musulmana como Libia, Sudán, Somalia, Siria, Irak, Yemen e Irán.
El nuevo presidente norteamericano alegó que
se trata de una medida de protección antiterrorista, pero las
sentencias judiciales, resueltas después de que varias organizaciones que luchan por los derechos civiles se rebelaran contra las primeras detenciones, denunciaron que estas acciones policiales eran "discriminatorias".
En todo Estados Unidos, varios
abogados trabajaron durante toda la noche para ayudar a los viajeros
internacionales confundidos en los aeropuertos. Y es que, según
denuncian los activistas, hay patrullas fronterizas que todavía ignoran
las citadas órdenes judiciales que paralizan, al menos, momentáneamente
la orden de Trump para aquellos que ya se encuentran ''presos' en los aeropuertos norteamericanos.
Por ello, se han presentado demandas en nombre de más de 100 viajeros en todo el país, según han estimado algunos activistas y abogados.
Una jueza de Boston prohíbe a los policías detener a quienes ya hayan entrado con visado en el país
En Boston, la jueza de distrito estadounidense Allison Burroughs ha
sido una de las que ha emitido este domingo una orden de restricción
temporal para bloquear la retención de dos iraníes que trabajaron en la
Universidad de Massachusetts y que habían sido detenidos en el
aeropuerto internacional de Logan.
Dicha orden duraría siete días y parecía ir más allá de la de Donnelly al prohibir a los funcionarios detener, así como expulsar a los refugiados ya aprobados,
a los titulares de visados y a los residentes permanentes de los
Estados Unidos que entran desde los siete países restringidos por Trump
(Libia, Sudán, Somalia, Siria, Irak, Yemen e Irán). La orden de Donnelly prohibía sólo la deportación a sus países de origen.
En la ciudad de Alexandria (Virginia), la jueza de distrito Leonie Brinkema también
prohibió el sábado a la Agencia de Seguridad Nacional retirar a unos 50
a 60 residentes legales permanentes que habían sido detenidos en el
aeropuerto internacional de Dulles, que sirve al área de Washington DC.
Y en Seattle, el juez de distrito Thomas
Zilly prohibió al Gobierno deportar a dos personas que no fueron
identificadas por su nombre en documentos judiciales.
La 'rebelión' del Departamento de Seguridad
Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de EEUU insistió hoy en que aplicará la polémica orden del presidente Donald Trump.
Ese veto provisional provocó ayer el caos y la indignación en medio mundo,
mientras numerosos viajeros veían bloqueado su acceso a territorio
estadounidense y se producían protestas en varios aeropuertos del país. - PÙBLICO
Pese a ello, el DHS, que si bien aseguró
que "cumplirá los mandatos judiciales", también incidió en que las
órdenes ejecutivas de Trump continúan vigentes, de modo que "los viajes prohibidos seguirán prohibidos".
"El Gobierno de EEUU se reserva el derecho de revocar visados en cualquier momento si es necesario por la seguridad nacional"
"El Gobierno de EEUU se reserva el derecho de revocar visados en cualquier momento si es necesario por la seguridad nacional", subrayó el comunicado.
El polémico decreto de Trump, argumenta el
DHS en la nota, "afecta a una pequeña porción de los viajeros
internacionales y es un primer paso hacia el restablecimiento del control sobre las fronteras de EEUU y la seguridad nacional".
"Ningún extranjero sin vínculo con Estados
Unidos tiene derecho sin restricciones para pedir la entrada en Estados
Unidos o prestaciones por inmigración en Estados Unidos", concluyó la
nota oficial del equipo de Trump.
Van 109 detenidos en fronteras de EU: Casa Blanca
|
domingo, 29 ene 2017
11:32 - LA JORNADA
El portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, informó de que, de los 325.000 extranjeros llegados a Estados Unidos el sábado, "109 personas" pasaron por procedimientos de control reforzados para "garantizar que las personas a las que dejamos entran en nuestro país vengan con intenciones pacíficas", declaró este domingo a la cadena ABC.
"No queremos dejar que se infiltre alguien que quiere perjudicarnos. Eso es todo. Sé que en algunos casos eso va a provocar inconvenientes", añadió.
Una "veintena de personas" seguían retenidas este domingo por la mañana por los servicios de inmigración para "controles más estrictos", en virtud del decreto, indicó el secretario general de la Casa Blanca, Reince Priebus.
"Creo que estas personas serán liberadas si no presentan peligro y quizás algunas continúan retenidas si son consideradas peligrosas para el país", dijo este domingo en la cadena CBS. A otras 200 personas se les impidió embarcar hacia Estados Unidos, dijo la consejera de Donald Trump Kellyanne Conway a la emisión Fox News Sunday.
Spicer justificó la ausencia de anuncio previo, que condujo a una situación de caos en los aeropuertos, sobre todo en Nueva York, por la necesidad de "garantizar que la gente no llegue en masa antes de que (el decreto) entre en vigor".
Según el diario The New York Times, el sábado por la noche 81 personas obtuvieron la autorización de entrar en territorio estadunidense tras esas "verificaciones extremas" reclamadas por Trump para los nacionales de siete países de mayoría musulmana: Irán, Irak, Siria, Libia, Sudán, Somalia y Yemen.
Secretario General de la ONU critica a Trump: “Va contra los valores fundamentales”
El secretario general de la ONU, António Guterres, y el presidente del Consejo Europeo, el polaco Donald Tusk, han coincidido este martes en criticar el veto y otras decisiones polémicas del nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Desde Naciones Unidas, Guterres ha afirmado que la el decreto migratorio del magnate “va contra los principios y valores fundamentales en los que se basa la sociedad”. Por su parte, Tursk ha incluido a Trump como una de las “amenazas” actuales de la Unión Europea.
Guterres ha reconocido que los países tienen el derecho -“e incluso la obligación”- de gestionar el flujo de personas en sus fronteras, para evitar, entre otras cosas, la entrada de miembros de organizaciones terroristas. Sin embargo, ha advertido de que hay límites, según un comunicado de su portavoz.
En este sentido, ha subrayado que “cualquier forma de discriminación” contraviene principios básicos y genera “ansiedad y enfado” que puede actuar a su vez como “propaganda” de los grupos terroristas a los que se quiere combatir. Además, ha puesto en duda la eficacia de medidas de este tipo, si bien no ha hecho referencia directa a la orden de Trump.
Guterres también ha aprovechado para expresar su preocupación por las decisiones que pueden perjudicar la “integridad” del régimen internacional de protección para los refugiados, en la medida en que estas personas en situación vulnerable cada vez se encuentran “con las fronteras más cerradas”.
En ese contexto ha incluido las declaraciones “preocupantes” de la nueva Administración norteamericana y ha avisado de las consecuencias “impredecibles” que todo ello puede tener para la Unión Europea. “Por primera vez en nuestra historia, en un mundo cada vez más multipolar, muchos se están volviendo antieuropeos o euroescépticos”, ha lamentado Tusk, para quien los mejores momentos de Europa han sido cuando se ha mantenido unida y ha pedido no olvidar las “trágicas lecciones” aprendidas de una Europa dividida.
“Mostremos nuestro orgullo europeo. Si hacemos ver que no oímos las declaraciones y no nos damos cuenta de las decisiones tomadas contra la UE y nuestro futuro, la gente dejará de ver Europa como su gran patria. E igualmente peligroso, los socios mundiales dejarán de respetarnos”, ha asegurado Tusk.
El exprimer ministro polaco ha subrayado que no existen razones “objetivas” para que los países de la Unión Europea se muestren complacientes con los líderes de potencias extranjeras, por lo que ha reclamado una UE unida y “digna”.
“Sé que en la política, no se debe abusar del argumento de la dignidad, porque puede llevar a conflictos y emociones negativas, pero hoy en día hay que levantarse con firmeza por la dignidad de una Europa unida”, ha insistido.
La desintegración de la UE, ha añadido, no llevará a “restaurar el mito de una soberanía plena” de sus Estados miembros, sino a su “dependencia real y de facto” de grandes superpotencias como Estados Unidos, Rusia y China. “Sólo juntos seremos plenamente independientes”, ha zanjado.
Otra de las claves que Tusk aspira a discutir con los líderes europeos en Malta es la oportunidad que ofrece el giro de la política comercial de Estados Unidos hacia el proteccionismo, para que la UE muestre que está “abierta a los demás” e intensifique sus vínculos con otros socios.
(Con información de Europa Press)
Guterres ha reconocido que los países tienen el derecho -“e incluso la obligación”- de gestionar el flujo de personas en sus fronteras, para evitar, entre otras cosas, la entrada de miembros de organizaciones terroristas. Sin embargo, ha advertido de que hay límites, según un comunicado de su portavoz.
En este sentido, ha subrayado que “cualquier forma de discriminación” contraviene principios básicos y genera “ansiedad y enfado” que puede actuar a su vez como “propaganda” de los grupos terroristas a los que se quiere combatir. Además, ha puesto en duda la eficacia de medidas de este tipo, si bien no ha hecho referencia directa a la orden de Trump.
Guterres también ha aprovechado para expresar su preocupación por las decisiones que pueden perjudicar la “integridad” del régimen internacional de protección para los refugiados, en la medida en que estas personas en situación vulnerable cada vez se encuentran “con las fronteras más cerradas”.
Una “amenaza” para Europa
“El cambio en Washington pone a la Unión Europea en una situación difícil, con una nueva administración que parece poner en duda los últimos 70 años de política exterior americana”, ha resumido Tusk, en su carta de invitación a los jefes de Estado y de Gobierno de la UE a la cumbre de este viernes en Malta. El presidente del Consejo Europeo ha señalado tres “amenazas” a su juicio claves para el bloque comunitario y que exigen una mayor unidad.En ese contexto ha incluido las declaraciones “preocupantes” de la nueva Administración norteamericana y ha avisado de las consecuencias “impredecibles” que todo ello puede tener para la Unión Europea. “Por primera vez en nuestra historia, en un mundo cada vez más multipolar, muchos se están volviendo antieuropeos o euroescépticos”, ha lamentado Tusk, para quien los mejores momentos de Europa han sido cuando se ha mantenido unida y ha pedido no olvidar las “trágicas lecciones” aprendidas de una Europa dividida.
“Mostremos nuestro orgullo europeo. Si hacemos ver que no oímos las declaraciones y no nos damos cuenta de las decisiones tomadas contra la UE y nuestro futuro, la gente dejará de ver Europa como su gran patria. E igualmente peligroso, los socios mundiales dejarán de respetarnos”, ha asegurado Tusk.
El exprimer ministro polaco ha subrayado que no existen razones “objetivas” para que los países de la Unión Europea se muestren complacientes con los líderes de potencias extranjeras, por lo que ha reclamado una UE unida y “digna”.
“Sé que en la política, no se debe abusar del argumento de la dignidad, porque puede llevar a conflictos y emociones negativas, pero hoy en día hay que levantarse con firmeza por la dignidad de una Europa unida”, ha insistido.
La desintegración de la UE, ha añadido, no llevará a “restaurar el mito de una soberanía plena” de sus Estados miembros, sino a su “dependencia real y de facto” de grandes superpotencias como Estados Unidos, Rusia y China. “Sólo juntos seremos plenamente independientes”, ha zanjado.
Otra de las claves que Tusk aspira a discutir con los líderes europeos en Malta es la oportunidad que ofrece el giro de la política comercial de Estados Unidos hacia el proteccionismo, para que la UE muestre que está “abierta a los demás” e intensifique sus vínculos con otros socios.
(Con información de Europa Press)
Arrecia en el mundo crítica a medidas migratorias de Trump
|
domingo, 29 ene 2017
11:02 - LA JORNADA
Bagdad/El Cairo. Las críticas
contra las restricciones migratorias del presidente de Donald Trump se
multiplicaban el domingo, luego que numerosos países, incluyendo a
aliados tradicionales de Estados Unidos, describieron las prohibiciones
como divisivas y discriminatorias.
Gobiernos desde Londres a Teherán censuraron el decreto de Trump, que suspendió por cuatro meses el ingreso de refugiados a Estados Unidos y prohibió temporalmente la llegada de viajeros de Siria y de otros seis países de mayoría musulmana para, dijo Washington, proteger a los estadunidenses de atentados terroristas.
En Alemania, que ha recibido a gran cantidad de personas que huyen de la guerra en Siria, la canciller Angela Merkel dijo que la lucha global contra el terrorismo no era excusa para las restricciones y "no justifica poner a personas bajo una sospecha generalizada sólo por su origen o su fe (religiosa)", dijo su portavoz.
Merkel expresó esa preocupación a Trump durante un llamado telefónico el sábado y le recordó que la Convención de Ginebra requiere que la comunidad internacional acepte a refugiados de guerra por razones humanitarias, añadió el portavoz.
La posición de Merkel coincidió con la opinión de gobiernos en París y Londres. "El terrorismo no conoce nacionalidades. La discriminación no es una respuesta", dijo el ministro de Exteriores francés, Jean-Marc Ayrault, mientras que su par británico, Boris Johnson, afirmó en Twitter: "Es divisivo y equivocado estigmatizar a alguien por su nacionalidad".
Junto con Siria, la prohibición estadunidense afecta a viajeros con pasaportes de Irán, Irak, Libia, Somalia, Sudán, Siria y Yemen.
Trump dijo que su decreto, que veta indefinidamente el ingreso de refugiados de Siria, no es "una prohibición contra los musulmanes", pero añadió que buscaría dar prioridad a cristianos que estén intentando escapar del país asediado por la guerra.
Algunos guardan silencio
Los aliados árabes de Washington, como los estados del Golfo Pérsico y Egipto, optaron por permanecer en silencio.
El Gobierno de Irak, que es aliado de Estados Unidos en la batalla contra los fundamentalistas del Estado Islámico y tiene desplegados en su territorio a más de 5 mil agentes estadunidenses, tampoco hizo comentarios sobre el decreto.
Pero algunos miembros del Parlamento iraquí dijeron que el país debía tomar medidas similares contra ciudadanos estadounidenses, tal como anunció Irán.
El decreto de Trump firmado el viernes entró en vigencia de inmediato, lo que desató enojo y confusión entre los viajeros con pasaportes de los siete países afectados y hundió en el caos al sistema migratorio de Estados Unidos. Grupos activistas y de derechos humanos, junto con políticos demócratas en el país, dijeron que pelearían contra las medidas.
En Teherán, el Gobierno dijo que tomaría acciones en represalia, pero el domingo el ministro de Relaciones Exteriores Mohammad Javad Zarif dijo en Twitter que los estadunidenses que ya contaban con visas de la república islámica podrían entrar sin problemas a Irán.
Trump, un empresario que capitalizó el temor de los estadounidenses por la violencia insurgente durante su campaña, había prometido lo que denominó como "vetos radicales" contra inmigrantes y refugiados procedentes de países que la Casa Blanca y el Congreso consideran riesgosos.
El presidente dijo el sábado que su decreto "está funcionando muy bien. Puedes verlo en los aeropuertos, los problemas han terminado".
Gobiernos desde Londres a Teherán censuraron el decreto de Trump, que suspendió por cuatro meses el ingreso de refugiados a Estados Unidos y prohibió temporalmente la llegada de viajeros de Siria y de otros seis países de mayoría musulmana para, dijo Washington, proteger a los estadunidenses de atentados terroristas.
En Alemania, que ha recibido a gran cantidad de personas que huyen de la guerra en Siria, la canciller Angela Merkel dijo que la lucha global contra el terrorismo no era excusa para las restricciones y "no justifica poner a personas bajo una sospecha generalizada sólo por su origen o su fe (religiosa)", dijo su portavoz.
Merkel expresó esa preocupación a Trump durante un llamado telefónico el sábado y le recordó que la Convención de Ginebra requiere que la comunidad internacional acepte a refugiados de guerra por razones humanitarias, añadió el portavoz.
La posición de Merkel coincidió con la opinión de gobiernos en París y Londres. "El terrorismo no conoce nacionalidades. La discriminación no es una respuesta", dijo el ministro de Exteriores francés, Jean-Marc Ayrault, mientras que su par británico, Boris Johnson, afirmó en Twitter: "Es divisivo y equivocado estigmatizar a alguien por su nacionalidad".
Junto con Siria, la prohibición estadunidense afecta a viajeros con pasaportes de Irán, Irak, Libia, Somalia, Sudán, Siria y Yemen.
Trump dijo que su decreto, que veta indefinidamente el ingreso de refugiados de Siria, no es "una prohibición contra los musulmanes", pero añadió que buscaría dar prioridad a cristianos que estén intentando escapar del país asediado por la guerra.
Algunos guardan silencio
Los aliados árabes de Washington, como los estados del Golfo Pérsico y Egipto, optaron por permanecer en silencio.
El Gobierno de Irak, que es aliado de Estados Unidos en la batalla contra los fundamentalistas del Estado Islámico y tiene desplegados en su territorio a más de 5 mil agentes estadunidenses, tampoco hizo comentarios sobre el decreto.
Pero algunos miembros del Parlamento iraquí dijeron que el país debía tomar medidas similares contra ciudadanos estadounidenses, tal como anunció Irán.
El decreto de Trump firmado el viernes entró en vigencia de inmediato, lo que desató enojo y confusión entre los viajeros con pasaportes de los siete países afectados y hundió en el caos al sistema migratorio de Estados Unidos. Grupos activistas y de derechos humanos, junto con políticos demócratas en el país, dijeron que pelearían contra las medidas.
En Teherán, el Gobierno dijo que tomaría acciones en represalia, pero el domingo el ministro de Relaciones Exteriores Mohammad Javad Zarif dijo en Twitter que los estadunidenses que ya contaban con visas de la república islámica podrían entrar sin problemas a Irán.
Trump, un empresario que capitalizó el temor de los estadounidenses por la violencia insurgente durante su campaña, había prometido lo que denominó como "vetos radicales" contra inmigrantes y refugiados procedentes de países que la Casa Blanca y el Congreso consideran riesgosos.
El presidente dijo el sábado que su decreto "está funcionando muy bien. Puedes verlo en los aeropuertos, los problemas han terminado".
Irán aplicará medidas recíprocas a la decisión de EE.UU. de prohibir la entrada a sus ciudadanos
Publicado: 28 ene 2017 16:20 GMT | Última actualización: 28 ene 2017 17:52 GMT - RT
La cancillería iraní tomará medidas
similares contra los estadounidenses hasta que "termine por completo el
humillante trato" contra sus ciudadanos.
Síguenos en Facebook
"La decisión de las autoridades estadounidenses de prohibir el ingreso a EE.UU. a los musulmanes, a pesar de ser temporal y válido por 3 meses, constituye una clara ofensa al mundo islámico y en especial a Irán", señala el comunicado emitido por la Cancillería iraní.
"Contrario al objetivo de la lucha contra el terrorismo y la seguridad del pueblo estadounidense, esta decisión es un gran regalo para los extremistas y sus seguidores", reza el comunicado, que confirma que la decisión de tomar medidas recíprocas por parte de Irán se tomará hasta que "termine por completo el humillante trato" contra sus ciudadanos.
Un decreto controversial
El presidente estadounidense Donald Trump firmó un decreto oficial que prohíbe indefinidamente la entrada al país de refugiados sirios y suspende por un lapso de 90 días la llegada de inmigrantes provenientes de siete países con mayoría musulmana: Irak, Siria, Irán, Sudán, Libia, Somalia y Yemen.Las reacciones a esta medida del presidente estadounidense no se hicieron esperar. El presidente iraní, Hasán Rohaní, criticó la decisión del mandatario de EE.UU. al destacar que "no es tiempo para construir muros entre las naciones" y consideró incluso que "si existen muros entre los países, estos deben ser derribados".
El periodista iraní Saeed Kamali Dehghan, quien trabaja para el diario británico 'The Guardian', considera que los inmigrantes iraníes son uno de los grupos con mayor éxito en EE.UU., que han ocupado altos cargos en prestigiosas compañías e instituciones como la Nasa, Apple, eBay —cuyo fundador es iraní—, Dropbox y Facebook.
Medidas más duras
Además, la medida establece que a partir de ahora se prestará mayor atención a la revisión de los antecedentes de aquellas personas indocumentadas y de los solicitantes de visado estadounidense que provengan de países y de regiones donde proliferan las organizaciones terroristas islamistas.Asimismo, las autoridades estadounidenses anunciaron que se aplicarán pesquisas "extremas", con el fin de analizar de manera exhaustiva si los extranjeros de esta parte de Oriente Medio cuentan con antecedentes penales o mantienen vínculos con organizaciones terroristas.
Starbucks, Google, Facebook, Apple, Netflix... las multinacionales que plantan cara a Donald Trump
La cadena de cafeterías anuncia que contratará a 10.000 refugiados, mientras que el buscador donará cuatro millones a organizaciones defensoras de los inmigrantes. Airbnb también se suma y ofrece alojamiento gratis a los afectados por el decreto del magnate.
PÚBLICO - Publicado: 30.01.2017 15:07
MADRID.- El mundo contra Trump. Y también el empresarial. En las últimas horas, diferentes multinacionales han anunciado diversas medidas con las que pretenden plantar cara al recién nombrado presidente de Estados Unidos y su cruzada antiinmigración. Asimismo, más de tres millones de personas han firmado una carta abierta contra el mandatario y sus últimas medidas.
Starbucks ha anunciado que planea contratar a 10.000 refugiados en los próximos cinco años
en los 75 países donde la cadena de cafeterías está presente, según ha
comunicado el director general de la empresa, Howard Schultz, que
asegura que la última orden ejecutiva del magnate le ha dejado
“apesadumbrado”.
Starbucks asegura que seguirá invirtiendo en la economía mexicana "construyendo puentes en vez de muros"
El pasado viernes Trump firmó un decreto
con el que suspende la admisión de refugiados en EEUU durante 120 días,
prohíbe indefinidamente la acogida de refugiados sirios y endurece las
reglas de entrada en EEUU. Además, el decreto prohíbe por 90 días el
ingreso en territorio estadounidense a los ciudadanos de Irak, Irán,
Siria, Sudán, Yemen, Libia y Somalia.
El representante de Starbucks ha señalado
que, en primer lugar, la medida comenzará en EEUU y se centrará al
principio en la contratación de personas que trabajaron con el Ejército
como traductores y personal de apoyo. Schultz también ha prometido que
su seguirá invirtiendo en la economía mexicana "construyendo puentes en vez de muros".
Como la cadena de cafeterías, las grandes tecnológicas se han unido para criticar y plantar cara a Trump. Google ha anunciado que donará cuatro millones de dólares a
cuatro organizaciones defensoras de los derechos de los
inmigrantes: Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), el
Immigrant Legal Resource Center, el Comité Internacional de Rescate
(IRC) y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
(ACNUR/UNHCR). La mitad del dinero será aportado por el gigante
tecnológico, que estima que al menos 187 de sus trabajadores podrían
verse afectados por la medida del magnate, y la otra mitad a través de
donaciones de empleados, según informa USA Today.
En correos electrónicos enviados a sus
empleados y en mensajes en las redes, los líderes de Apple, Facebook,
Uber o Netfi, además de Google, se han posicionado en contra de la orden
ejecutiva de Trump y han recordado el enorme valor que los inmigrantes aportan a sus empresas. "Apple
no existiría sin la inmigración", ha asegurado el máximo responsable de
la compañía de la manzana, Tim Cook, en un mensaje a la plantilla, en
el que expresó su preocupación por el impacto que la orden puede tener
para varios de sus empleados.
Ya el pasado viernes, el fundador de Facebook, Mark Zuckerberg,
atacó la orden de Trump y defendió la necesidad de mantener las puertas
abiertas a inmigrantes y refugiados. El primer ejecutivo de Netflix,
Reed Hastings, también ha afirmado en su cuenta de la red social que la
política de Trump "hará de EEUU un país menos seguro" y que "ahora ha
llegado el tiempo de unir nuestras manos y proteger los valores de la libertad y de oportunidad".
Todas las empresas coinciden en que las posturas sobre inmigración del
nuevo presidente estadounidense atacan directamente su capacidad para
fichar y retener a empleados de otros países.
"Apple no existiría sin la inmigración", declara Tim Cook, máximo responsable de la compañía en un mensaje a sus empleados
Airbnb también ha anunciado medidas. El máximo responsable de la compañía, Brian Chesky, ha comunicado que la empresa dará alojamiento gratuito para los afectados por el veto de Trump,
tanto refugiados como pasajeros, que se encuentres bloqueados en
aeropuertos. "Airbnb ofrece alojamiento gratuito a los refugiados y a
toda persona a la que se ha prohibido la entrada en EEUU", ha señalado
Chesky en su cuenta de Twitter. La empresa pretende relanzar su programa
de desastres naturales, con el que insta a quienes dan hospedaje
habitualmente a través de la plataforma, ofrezcan sus viviendas para
poder alojar a personas desplazadas.
Mientras tanto, Uber, también crítico con
la deriva de la administración estadounidense, protagonizó una curiosa
polémica en la noche del sábado al cancelar en Nueva York las subidas de
precios que aplica cuando sus coches tienen mucha demanda en medio de
una huelga de taxistas. Muchos clientes consideraron que la acción era una forma de aprovecharse del paro
y rápidamente las redes sociales se llenaron de llamamientos a
boicotear a la compañía, cuyo consejero delegado, Travis Kalanick, forma
parte de un grupo que asesora a Trump sobre economía.
La empresa, mientras, insistió en que su
movimiento fue malinterpretado, pues buscaba únicamente facilitar el
transporte desde y hasta el aeropuerto de Nueva York, donde miles de
personas acudieron a protestar contra la orden de Trump. Kalanick, de
hecho, publicó un mensaje que había enviado a sus empleados criticando
la medida y ofreciendo apoyo a los posibles afectados. "Este veto impactará a mucha gente inocente", lamentó el empresario, que dijo que trasladará esas críticas a Trump en una reunión la próxima semana.
Llaman a "rescatar a México" en asamblea de las resistencias
|
sábado, 21 ene 2017
12:27 - LA JORNADA
Ciudad de México. Con un llamado a
"rescatar a México", inició la primera Asamblea Nacional de las
Resistencias Ciudadanas y Sociales en el Monumento a la Revolución donde
se elaborará un plan de acción que impulsarán diversas organizaciones.
Durante la inauguración de los trabajos, el padre Alejandro Solalinde convocó a los representantes de grupos y colectivos sociales a reconocer que "somos un esfuerzo y nicho de esperanza, entre muchos otros, que se están integrando en el país, por lo que debemos estar dispuestos a sumar, pero también a sumarnos en esta lucha".
El defensor de los derechos de migrantes destacó que es importante "ir sumando a más personas para construir un eje, no protagonista, que logre integrar todas las voces porque tenemos que avanzar hacia una lucha común".
Enfatizó que es necesario "ir bajando nuestras banderas individuales para enarbolar una común, que es México, y donde caben todos. Campesinos, indígenas, obreros y estudiantes. Tenemos que tener esperanza y mucho ánimo".
Al respecto, Juan Melchor, integrante de la dirección política de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), señaló que el magisterio disidente "nos hemos sumado a las acciones contra el gasolinazo en muchos estados, pero también tenemos el acuerdo desde el pasado 7 de enero de llamar a una gran asamblea nacional que permite una mayor articulación entre los distintos referentes sociales".
Recordó que los maestros disidentes están convocado a realizar acciones de protesta contra el gasolinazo y las reformas estructurales este 30 de enero, acciones que, dijo, podría darse en los estados, mientras que el 5 de febrero "será una protesta en la que llamaremos a los cuidamos a impulsar un boicot, como el no pago de impuestos ese día".
La asamblea nacional se realiza a un costado de la explanada central del Monumento a la Revolución en cuatro mesas de trabajo en las que se realizarán un balance del contexto que enfrenta México, los mecanismos de coordinación social, los objetivos que se persiguen y la elaboración de un plan de acción.
Durante la inauguración de los trabajos, el padre Alejandro Solalinde convocó a los representantes de grupos y colectivos sociales a reconocer que "somos un esfuerzo y nicho de esperanza, entre muchos otros, que se están integrando en el país, por lo que debemos estar dispuestos a sumar, pero también a sumarnos en esta lucha".
El defensor de los derechos de migrantes destacó que es importante "ir sumando a más personas para construir un eje, no protagonista, que logre integrar todas las voces porque tenemos que avanzar hacia una lucha común".
Enfatizó que es necesario "ir bajando nuestras banderas individuales para enarbolar una común, que es México, y donde caben todos. Campesinos, indígenas, obreros y estudiantes. Tenemos que tener esperanza y mucho ánimo".
Al respecto, Juan Melchor, integrante de la dirección política de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), señaló que el magisterio disidente "nos hemos sumado a las acciones contra el gasolinazo en muchos estados, pero también tenemos el acuerdo desde el pasado 7 de enero de llamar a una gran asamblea nacional que permite una mayor articulación entre los distintos referentes sociales".
Recordó que los maestros disidentes están convocado a realizar acciones de protesta contra el gasolinazo y las reformas estructurales este 30 de enero, acciones que, dijo, podría darse en los estados, mientras que el 5 de febrero "será una protesta en la que llamaremos a los cuidamos a impulsar un boicot, como el no pago de impuestos ese día".
La asamblea nacional se realiza a un costado de la explanada central del Monumento a la Revolución en cuatro mesas de trabajo en las que se realizarán un balance del contexto que enfrenta México, los mecanismos de coordinación social, los objetivos que se persiguen y la elaboración de un plan de acción.
Estado español
¡Qué vergüenza!
Declaración del SAT tras conocerse la denegación del tercer grado a Andrés Bódalo
La resolución de la Audiencia de Jaén por la que se
deniega el tercer grado a Andrés Bódalo sólo nos transmite vergüenza.
Vergüenza ajena por ver cómo está politizada esta justicia que siempre
se muestra rigurosa con los de abajo y muy benevolente con los
corruptos. Porque Andrés Bódalo es un preso de conciencia, un preso
político, una víctima.
Andrés Bódalo es inocente como demuestran los videos
grabados por la Guardia Civil y que el juez en el juicio no admitió como
prueba. El juez justificó la sentencia condenatoria basándose
exclusivamente en un testimonio de un policía local que era familiar
cercano del Alcalde de Jódar, el denunciante. Dicho testimonio es falso
como el visionado de los videos demuestra.
Andrés está cumpliendo una condena de tres años y
seis meses de cárcel por una supuesta agresión no probada que produjo,
según el propio auto judicial, “un hematoma incipiente que no necesitó
ningún tipo de tratamiento”.
Hace poco la justicia ha conmutado la pena de cuatro
años de cárcel por diez meses de trabajos comunitarios a un neonazi que
tenía un arsenal en su casa: tres escopetas, dos carabinas, cuatro
rifles, fusiles, pistolas, revólveres, cintas ametralladoras, más de 500
cartuchos de distintos calibres, 261 gramos del potente explosivo
(pentrita), 17 machetes, numerosas armas blancas y una catana con una
hoja 50 cm de largo.
Conmutar la pena a un nazi violento y negar el tercer grado a un inocente sólo muestra que esta justicia no es justa.
Tenemos que recordar una vez más que la propia
Audiencia Provincial de Jaén se manifestó en su día por el indulto
parcial y que el Pleno del Ayuntamiento de Jódar, por unanimidad,
incluidos los denunciantes, pidieron el indulto, así como el Premio
Nobel Adolfo Pérez Esquivel y más de 13.000 personas, Ada Colau, Alberto
San Juan, Benito Zambrano, Juan Diego Botto, entre ellos.
Lo que se está cometiendo contra Andrés Bódalo es un
ejercicio de escarmiento colectivo contra las personas que se atreven a
luchar por los derechos sociales. Una represalia política para impedir
que haya muchos Andrés Bódalo, un niño yuntero desde los nueve años, que
siempre se ha dejado la piel por los derechos de los trabajadores y
trabajadoras, sin distinción de nacionalidad de origen o situación
administrativa.
Es una injusticia lo que se está cometiendo contra
Andrés Bódalo, una injustica que nos llena de vergüenza ajena, una
infamia en toda regla. Desde aquí anunciamos que vamos a salir a la
calle y nos vamos a manifestar en las calles de Jaén por la libertad de
Andrés el próximo 19 de febrero. Invitamos a toda la población a unirse a
esta manifestación y demostrar que no se puede aceptar sin más la
infamia y la injusticia.
Ada Colau defiende la necesidad de ir más allá de la lucha municipal
La alcaldesa ha garantizado la implicación de 'Els Comuns' en la consulta soberanista, pero también ha subrayado que desde el nuevo espacio político trabajarán para revertir los "recortes criminales" del Govern, algo que "no puede esperar".
LAURA SAFONT - PÙBLICO - Publicado: 29.01.2017 12:59
BARCELONA. Como en los
mejores tiempos de Barcelona en Comú en la carrera hacia las elecciones
municipales, que llevaron a la alcaldía a Ada Colau, la construcción del
nuevo partido, 'Els Comuns', ha dado un golpe de efecto en su primera
presentación pública .
Miles de personas se han reunido este domingo
en las Cotxeres de Sants de Barcelona, lugar simbólico de las
izquierdas, para dar la bienvenida al nuevo partido que provisionalmente
se conoce como 'Els Comuns', para ganar la Generalitat.
No todo el que ha querido ha podido acceder al
recinto: cientos de personas se han quedado en la calle y han seguido
el acto a través de pantallas exteriores. La alcaldesa Colau ha
reaparecido para recordar que sigue detrás de este nuevo proyecto
porque, según ha dicho, "desde el municipalismo no se puede hacer todo".
"Es necesario que este espacio político, que ha llegado ya a muchas
alcaldías y concejalías, dé un paso más y vertebre un nuevo modelo de país para Catalunya".
Aunque ha defendido que "el municipalismo era y
es la clave" porque "un proyecto que quiere ir lejos debía comenzar por
la política de proximidad", ahora "se trata de avanzar como un proyecto
de transformación real".
Implicación en el referéndum
La alcaldesa ha destacado los puntos
ideológicos de arranque del nuevo partido, empezando por la defensa del
referéndum: "hemos trabajado siempre por el referéndum y seguiremos
trabajando por el referéndum: esto debe resolverse en las urnas".
También ha asegurado que el nuevo partido
luchará por "revertir los recortes brutales que se han hecho en
Catalunya en los servicios públicos", por "una fiscalidad justa que
tampoco puede esperar" y que haga pagar a los que más tienen, por la
defensa de la pagesia, para detener las privatizaciones, y para avanzar hacia las soberanías económica, energética, alimentaria, entre otros.
La alcaldesa, recibida al grito de "sí se puede",
ha pedido una serie de condiciones para la construcción del nuevo
partido que los haga diferentes de los partidos tradicionales y los
salve de las limitaciones institucionales. "Los objetivos deben ir por
delante de las siglas. La gente debe creer que este espacio es para
todos ", ha defendido apostando por una política "que no se conforme con
la suma de cargos". También ha pedido "no dejar que los tiempos electorales primen por encima de la política que se quiere construir"
-aunque las próximas elecciones tendrán lugar antes de 2018- y, con la
vista puesta en las luchas globales como las de EEUU . Ha expresado el
deseo de "que éste no sea nunca un espacio que se mire el ombligo: que
sea un espacio lo más abierto posible, lo más internacionalista". Por
último, ha recordado que el espacio "debe ser lo más feminista posible"
donde "todas las mujeres hagan su sin pedir permiso".
Las caras más visibles de los partidos que
integran el nuevo sujeto político, BComú, Podemos, ICV y EUiA, como
otras confluencias como En Comú Podem, se han reunido en una
demostración de fuerza y voluntad política para dar vida al nuevo
partido que quiere disputar este año la hegemonía a la antigua
Convergencia o, mejor dicho, al conservadurismo catalán.
Xavier Domènech, Marta Sibina, Lucía Martín, Gerardo Pisarello, Albano Dante hecho, Ernest Urtasun o Joan Josep Nuet,
entre otros cargos de otras confluencias de los comunes, han compartido
sillas para apoyar el proceso de construcción del nuevo partido, que
hoy comienza a caminar a través de un proceso de participación ciudadana
que debe cristalizar en una asamblea de fundación del partido el
próximo mes de abril.
Más de 70 encuentros por toda Catalunya
Domènech, como único portavoz reconocido
del nuevo partido, ha cerrado el acto recordando la necesidad de que el
nuevo espacio político sea lo más abierto posible: “donde el nombre de
miembros sea ilimitado”.
Para el historiador, su espacio político es el único “en disposición de abrir un diálogo real con la ciudadanía”
en toda Catalunya. “El futuro, sin lugar a dudas, es nuestro”, ha
dicho, para transmitir confianza en la posibilidad de ganar las próximas
elecciones y “acabar de una vez con la hegemonía convergente”.Por eso, ha anunciado que se desplegarán más de 70 encuentros por los territorios de toda Catalunya a lo largo de los próximos meses. “Un espacio político se construye con el país, no sólo con debates internos como hacen otros partidos”. “No podemos esperar”, ha dicho para recordar a todas aquellas personas que continúan sufriendo la desigualdad, la pobreza y los recortes sociales después de años de restricciones económicas.
CHILE
Manifestaciones en Santiago y Temuco
Más de 110 organizaciones solicitan al CDE investigar responsabilidad de empresas forestales en incendios
Agrupaciones entregaron una carta en donde exigen, además, el fin del Decreto Ley 710. "Nos moviliza esclarecer la manera de cómo el modelo forestal privatizador está afectando los territorios y la gestión del agua", señaló una de las dirigentas.Fiscalía de O’Higgins atribuye responsabilidad de incendios de Pumanque y Navidad a Compañía de Electricidad
De RESUMEN DE CHILE (Concepción)
31 enero 2017
[resumen.cl] La Fiscalía
de Alta Complejidad de la región de O’Higgins solicitó al Juzgado de
Garantía de Peralillo una audiencia para formalizar al ejecutivo de la
Compañía General de Electricidad (CGE), Pedro Yáñez, debido a la
responsabilidad de la empresa en el incendio de Pumanque. La misma
Fiscalía pidió la formalización de 6 subcontratistas de CGE por la
supuesta responsabilidad de los trabajadores en el inicio del incendio
de la comuna de Navidad.
Según las indagatorias llevadas por el
Fiscal Emiliano Arias, éstas lo han llevado a concluir que la empresa
CGE es responsable del inicio del incendio de Pumanque, ya que las ramas
de un eucaliptus harbían tocado los cables del tendido eléctrico dando
origen al siniestro que consumió cerca de 40 mil hectáreas, según
determminó el peritaje del OS-5 de Carabineros.
Al gerente zonal de CGE se le formalizaría por infringir la ley de bosques.
No es primera vez que se le atribuye la
responsabilidad del origen de los incendios a la compañía eléctrica. En
diciembre pasado, la Sociedad Agrícola Santa Magdalena se querelló
contra la empresa debido a un incendio que afectó a sus terrenos y que
se generó debido a la no mantención por 2 años de la franja de seguridad
entre el tendido eléctrico y los árboles.
En otro caso similar, la misma Fiscalía
formalizó a 6 subcontratistas de CGE a los que se les atribuye la
responsabilidad de haber iniciado el incendio que afecta actualmente a
la comuna de Navidad. Según declara la institución en su portal “De
acuerdo a los antecedentes, vecinos del sector alertaron a cerca de
ramas de árboles que estaban en contacto con el tendido eléctrico siendo
inminente la generación de un incendio. Es así como un grupo de
trabajadores de una empresa subcontratista eléctrica de CGE, se
encontraba realizando faenas en la zona respecto a la mantención de las
líneas eléctricas de distribución y tala de árboles que estaban cerca
del tendido. Fue en ese entonces, producto de un descuido, que una rama
cayó sobre las líneas provocando con ello el corte de energía y las
llamas que finalmente desataron el siniestro.
Tras diversas diligencias que
oportunamente realizó la Fuerza de Tarea Regional de la PDI en
coordinación con la Unidad de Alta Complejidad de la Fiscalía de
O’Higgins, se logró identificar a los 6 trabajadores presuntos
responsables de este incendio, quienes de acuerdo a versión de testigos
una vez iniciado el fuego huyeron del lugar.”
En la Región se ha hablado bastante
de la responsabilidad de la propagación de los incendios de parte de la
industria forestal. Pero también le cabe responsabilidad en el origen de
los mismos a la negligencia de las compañías electricas, como se puede
apreciar en el siguiente video del incendio del Cerro Colorado, en
Arauco, el día 30 de enero. (Video de ICE Bío Bío)
Organizaciones llaman a marchar contra el modelo forestal
Diario UChile |Domingo 29 de enero 2017 18:10 hrs.
La
concentración tendrá lugar a las afueras de la Intendencia de La
Araucanía, en Temuco a las 11 horas, y se espera que en cada región se
replique la iniciativa.
Distintas
organizaciones sociales y ambientales convocaron, para este martes 31
de enero, a manifestarse contra el modelo forestal sindicado como el
principal responsable de los focos de incendios que afectan la zona
centro- sur del país.
La concentración tendrá lugar a las afueras de la Intendencia de La Araucanía, en Temuco a las 11 horas, y se espera que en cada región se replique la iniciativa.
El monocultivo forestal, principalmente de pino y eucaliptus, ocupa una extensión de setecientas mil hectáreas en el país dependientes de la Forestal Mininco del grupo Matte, y mil doscientos millones de propiedad de la Forestal Celco Arauco del grupo Angelini.
Desde la Red por la Defensa de los Territorios, Nelson Reyes dijo que la plantación indiscriminada de estas especies exógenas ha desatado una catástrofe que se preveía pero que el Estado nunca reguló.
Bajo este contexto de emergencia, el también integrante del movimiento Salud para Todos afirmó que es el momento indicado para que el Ejecutivo derogue el decreto de Ley 701 que data de la Dictadura y que otorga una bonificación a las empresas forestales.
En 1998, se prorrogó este decreto sin embargo durante el gobierno de Sebastián Piñera se renovó por dos años más y su aprobación quedó pendiente en el Congreso.
Luego, en 2015, la presidenta Michelle Bachelet anunció nuevamente una prórroga pero al año siguiente se anunció que CMPC y Arauco no serían beneficiados con la normativa. Sin embargo, su tramitación sigue pendiente.
La concentración tendrá lugar a las afueras de la Intendencia de La Araucanía, en Temuco a las 11 horas, y se espera que en cada región se replique la iniciativa.
El monocultivo forestal, principalmente de pino y eucaliptus, ocupa una extensión de setecientas mil hectáreas en el país dependientes de la Forestal Mininco del grupo Matte, y mil doscientos millones de propiedad de la Forestal Celco Arauco del grupo Angelini.
Desde la Red por la Defensa de los Territorios, Nelson Reyes dijo que la plantación indiscriminada de estas especies exógenas ha desatado una catástrofe que se preveía pero que el Estado nunca reguló.
Bajo este contexto de emergencia, el también integrante del movimiento Salud para Todos afirmó que es el momento indicado para que el Ejecutivo derogue el decreto de Ley 701 que data de la Dictadura y que otorga una bonificación a las empresas forestales.
En 1998, se prorrogó este decreto sin embargo durante el gobierno de Sebastián Piñera se renovó por dos años más y su aprobación quedó pendiente en el Congreso.
Luego, en 2015, la presidenta Michelle Bachelet anunció nuevamente una prórroga pero al año siguiente se anunció que CMPC y Arauco no serían beneficiados con la normativa. Sin embargo, su tramitación sigue pendiente.
Lunes 30 • Enero • 2017
Organizaciones sociales de Juan Lacaze conformaron mesa de diálogo para atender emergencia laboral
Es difícil establecer cuánta gente había el viernes de
tarde sobre la calle José Salvo, la principal del centro de Juan Lacaze.
Los organizadores estiman que eran unas 3.000 personas, otros dicen que
en realidad eran un poco menos y tampoco faltó alguna queja de quienes
esperaban una concurrencia todavía mayor, más acorde a las expectativas
que se habían generado en la previa. Pero alguna cosa se puede sacar en
limpio: era muchísima gente movilizada en relación a la población de
Juan Lacaze (unas 13.000 personas), nadie en el pueblo quedó indiferente
frente a los asuntos que se pusieron sobre la mesa (las discusiones, de
hecho, siguieron en otros ámbitos durante todo el fin de semana) y, en
general, hay confianza en que puedan surgir nuevos emprendimientos
laborales, como para compensar la crisis que atraviesan los 260
trabajadores de la empresa papelera Fanapel, que sigue cerrada, en medio
de una gran incertidumbre. Otra conclusión posible de la asamblea: pese
a todo, algo empezó a cambiar en el estado de ánimo de los sabaleros.
Los oradores designados por el plenario intersindical fueron
tres: José Gómez, del Sindicato Único Nacional de la Construcción y
Anexos (SUNCA), Camila Pedreira, de la filial local de la Federación
Nacional de Profesores de Educación Secundaria, y Marcelo Olaverry,
presidente del Centro Unión Obreros Papeleros y Celulosa (CUOPYC), el
gremio de Fanapel.
El representante del SUNCA comenzó saludando el compromiso de los pequeños y medianos comerciantes, que apoyaron la convocatoria cerrando sus locales unas horas antes de lo habitual. Gómez repasó algunas “batallas” sindicales de Juan Lacaze de la historia reciente: habló de la resistencia a la dictadura, de los destituidos de Campomar y Soulas durante la huelga general de 1973, de los 117 despedidos de Fanapel de 1990 y del histórico compromiso de los sindicatos con las luchas populares. En un momento planteó: “Este pueblo ha dado batallas, pero estamos cansados de las promesas”.
Gómez también mencionó algunos conflictos sindicales recientes con otras empresas de la zona, como Pressur, Ecolat, Sudamtex y algunos mataderos, que han cerrado; pero luego volvió a la problemática de Juan Lacaze, que “ya tiene muchos años”. “El pueblo está envejecido, hay que analizar las circunstancias en las que llegamos, y los trabajadores también tenemos nuestras responsabilidades, en las que habrá que pensar. Los cierres de las fábricas tienen efectos inmediatos: los primeros que lo van a ver son los quioscos, los almacenes, las carnicerías, los pequeños boliches de barrio”, manifestó Gómez.
El delegado del SUNCA propuso agilitar los contactos con la Universidad de la República, el Instituto Nacional de Empleo y Formación y el instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT. “Tenemos que generar las condiciones para que los gurises no tengan que irse y para que Juan Lacaze no se transforme en una ciudad dormitorio. Queremos que esta asamblea no sea un último mojón, sino que sea el comienzo de todo un proceso que queremos impulsar”, continuó.
Hay que actuar
Luego habló Pedreira, la delegada de Fenapes. “Esta gran convocatoria enaltece los valores de lucha que han caracterizado a Juan Lacaze”, dijo, al comienzo de su oratoria. En el caso concreto de los centros educativos locales, advirtió por una creciente situación de “precarización”. “No hay recursos para infraestuctura y materiales en los centros educativos; hay cada vez menos grupos y los docentes locales cada vez se ven más obligados a viajar a otras localidades a buscar trabajo”, alertó. Luego continuó: “No hay respuestas o soluciones mágicas, pero hay que acompañarse. En nuestro caso tenemos la obligación de acompañar más que nunca a los alumnos, a sus familias, a los ex alumnos y a sus familiares. Hay que acompañarse, contenerse y proyectarse como comunidad, para superar la incertidumbre. Más que nunca los liceos deberían seguir siendo un lugar de referencia para toda la comunidad de Juan Lacaze”.
Pedreira planteó que hoy, indudablemente, la situación de esta ciudad coloniense “amerita un tono de alerta”. “Pero es importante que ese tono no nos acorrale en la individualidad y el egoísmo, sino que nos invite a redoblar las ganas de resistir y de cambiar. Necesitamos un Juan Lacaze en el que la seguridad laboral deje de ser un desvelo. Necesitamos a los trabajadores, a los estudiantes y a los jubilados todos en el mismo barco y con el mismo compromiso. Acá no hay diferencia de poder y capital cuando se trata de hacer resurgir un pueblo; la conciencia de cambio es de todos. Pero hay que actuar, porque sin trabajo no hay futuro”, dijo la joven sindicalista, en medio de aplausos.
Hora de refundar
La oratoria la cerró Olaverry, dirigente del sindicato papelero, que comenzó con una actualización del conflicto. “Hoy tenemos una Fanapel cerrada, cerrada por empresarios que en los últimos diez años dieron ganancias. Al primer trimestre en que no le cierran los números, deciden bajar la palanca y poner como condición un subsidio del Estado. A estos empresarios no les importa Juan Lacaze y no les importan los trabajadores. Hace unos días tuvimos que escuchar a un gerente general de Fanapel decir “nosotros le damos la vida a Juan Lacaze”; se equivoca el señor gerente: la vida de Juan Lacaze se la dan sus trabajadores, sus jubilados y su gente organizada; no se la dan sus gerentes y menos todavía los malos gerentes”.
De todas maneras, Olaverry reconoció que la empresa atraviesa dificultades, que fueron “oportunamente” advertidas por los trabajadores durante todo 2016 y también antes. “Nosotros no venimos acá a hacer política, pero cuando en 2009 ya denunciábamos que íbamos a tener estos problemas, nadie nos tuvo en cuenta; hoy, cuando tenemos el agua al cuello, sí hemos tenido respuestas, que valoramos, defendemos y abrazamos.
Hoy podemos decir que el Poder Ejecutivo tiene el mismo interés que nosotros en reabrir la fábrica. Es más, el Ejecutivo tiene hasta más interés que nosotros en que reabra la fábrica: porque los trabajadores papeleros hemos planteado que queremos la reapertura pero con un plan viable, con una seguridad de futuro”, manifestó Olaverry.
Y luego profundizó en ese razonamiento: “Los trabajadores papeleros no queremos pedirle 400.000 o 500.000 dólares mensuales al Poder Ejecutivo para que dentro de un año esta misma gerencia diga que precisa 600.000 dólares, porque el problema sigue ahí sin solucionarse. Los papeleros queremos soluciones de fondo. Ni la sociedad de Juan Lacaze ni los papeleros merecemos soluciones que duren dos o tres meses. Cuando Fanapel vea esta imagen, con toda esta gente, va a tratar de usarla para conseguir los beneficios del Estado, pero repito: los trabajadores papeleros no pedimos plata para los empresarios, los trabajadores queremos trabajar en proyectos viables”.
Según dijo, el CUOPYC tiene resuelto en sus asambleas cuál es su posición para salir de este conflicto: el plan A sería la reapertura de Fanapel y que empiecen a trabajar los 260 empleados, con un plan sustentable para el futuro. “Pero somos conscientes de que tenemos que tener un plan B y un plan C, y de que hay que elaborarlos entre todos los habitantes de Juan Lacaze, los actores sociales, los actores políticos y los comerciantes”.
Para lograrlo, según Olaverry, es importante “dejar de pelearnos entre nosotros”. “Acá en el pueblo lamentablemente pasa mucho de que si convoca tal sindicato voy o dejo de ir, o si convoca la alcaldía o el CUOPYC o tal sector político o tal grupo de empresarios. Y mientras tanto, hemos perdido unas 600 fuentes de trabajo en cinco años, la matrícula estudiantil baja cada año y tenemos unos 700 compañeros que viajan todos los días a otras ciudades porque acá no tienen laburo”, se lamentó Olaverry, quien también advirtió sobre el impacto que podría tener esta situación sobre las mutualistas locales.
Para terminar, Olaverry propuso la creación de una mesa local de diálogo interinstitucional, que empiece a analizar propuestas concretas para la generación de empleo. “Como dirigente sindical sería sencillo venir a decir acá que vamos a ocupar la fábrica y que nos vamos a sacar la foto, pero en realidad, como dirigentes sindicales, el mayor compromiso que tenemos es pensar en el día de mañana y en buscar soluciones. Juan Lacaze va a existir si trabajamos todos juntos, sin mirar qué camiseta tiene puesta el otro. Trabajo sobre lo que coincidimos; para discutir de política ya tenemos tiempo, podemos organizar asados y discutir de política. Vamos a pelearnos por política en los asados y vamos a buscar soluciones laborales en los ámbitos que podemos hacerlo. Pero antes tenemos que refundar Juan Lacaze, y hay que hacerlo desde el pie, como decía Zitarrosa”.
El representante del SUNCA comenzó saludando el compromiso de los pequeños y medianos comerciantes, que apoyaron la convocatoria cerrando sus locales unas horas antes de lo habitual. Gómez repasó algunas “batallas” sindicales de Juan Lacaze de la historia reciente: habló de la resistencia a la dictadura, de los destituidos de Campomar y Soulas durante la huelga general de 1973, de los 117 despedidos de Fanapel de 1990 y del histórico compromiso de los sindicatos con las luchas populares. En un momento planteó: “Este pueblo ha dado batallas, pero estamos cansados de las promesas”.
Gómez también mencionó algunos conflictos sindicales recientes con otras empresas de la zona, como Pressur, Ecolat, Sudamtex y algunos mataderos, que han cerrado; pero luego volvió a la problemática de Juan Lacaze, que “ya tiene muchos años”. “El pueblo está envejecido, hay que analizar las circunstancias en las que llegamos, y los trabajadores también tenemos nuestras responsabilidades, en las que habrá que pensar. Los cierres de las fábricas tienen efectos inmediatos: los primeros que lo van a ver son los quioscos, los almacenes, las carnicerías, los pequeños boliches de barrio”, manifestó Gómez.
El delegado del SUNCA propuso agilitar los contactos con la Universidad de la República, el Instituto Nacional de Empleo y Formación y el instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT. “Tenemos que generar las condiciones para que los gurises no tengan que irse y para que Juan Lacaze no se transforme en una ciudad dormitorio. Queremos que esta asamblea no sea un último mojón, sino que sea el comienzo de todo un proceso que queremos impulsar”, continuó.
Hay que actuar
Luego habló Pedreira, la delegada de Fenapes. “Esta gran convocatoria enaltece los valores de lucha que han caracterizado a Juan Lacaze”, dijo, al comienzo de su oratoria. En el caso concreto de los centros educativos locales, advirtió por una creciente situación de “precarización”. “No hay recursos para infraestuctura y materiales en los centros educativos; hay cada vez menos grupos y los docentes locales cada vez se ven más obligados a viajar a otras localidades a buscar trabajo”, alertó. Luego continuó: “No hay respuestas o soluciones mágicas, pero hay que acompañarse. En nuestro caso tenemos la obligación de acompañar más que nunca a los alumnos, a sus familias, a los ex alumnos y a sus familiares. Hay que acompañarse, contenerse y proyectarse como comunidad, para superar la incertidumbre. Más que nunca los liceos deberían seguir siendo un lugar de referencia para toda la comunidad de Juan Lacaze”.
Pedreira planteó que hoy, indudablemente, la situación de esta ciudad coloniense “amerita un tono de alerta”. “Pero es importante que ese tono no nos acorrale en la individualidad y el egoísmo, sino que nos invite a redoblar las ganas de resistir y de cambiar. Necesitamos un Juan Lacaze en el que la seguridad laboral deje de ser un desvelo. Necesitamos a los trabajadores, a los estudiantes y a los jubilados todos en el mismo barco y con el mismo compromiso. Acá no hay diferencia de poder y capital cuando se trata de hacer resurgir un pueblo; la conciencia de cambio es de todos. Pero hay que actuar, porque sin trabajo no hay futuro”, dijo la joven sindicalista, en medio de aplausos.
Hora de refundar
La oratoria la cerró Olaverry, dirigente del sindicato papelero, que comenzó con una actualización del conflicto. “Hoy tenemos una Fanapel cerrada, cerrada por empresarios que en los últimos diez años dieron ganancias. Al primer trimestre en que no le cierran los números, deciden bajar la palanca y poner como condición un subsidio del Estado. A estos empresarios no les importa Juan Lacaze y no les importan los trabajadores. Hace unos días tuvimos que escuchar a un gerente general de Fanapel decir “nosotros le damos la vida a Juan Lacaze”; se equivoca el señor gerente: la vida de Juan Lacaze se la dan sus trabajadores, sus jubilados y su gente organizada; no se la dan sus gerentes y menos todavía los malos gerentes”.
De todas maneras, Olaverry reconoció que la empresa atraviesa dificultades, que fueron “oportunamente” advertidas por los trabajadores durante todo 2016 y también antes. “Nosotros no venimos acá a hacer política, pero cuando en 2009 ya denunciábamos que íbamos a tener estos problemas, nadie nos tuvo en cuenta; hoy, cuando tenemos el agua al cuello, sí hemos tenido respuestas, que valoramos, defendemos y abrazamos.
Hoy podemos decir que el Poder Ejecutivo tiene el mismo interés que nosotros en reabrir la fábrica. Es más, el Ejecutivo tiene hasta más interés que nosotros en que reabra la fábrica: porque los trabajadores papeleros hemos planteado que queremos la reapertura pero con un plan viable, con una seguridad de futuro”, manifestó Olaverry.
Y luego profundizó en ese razonamiento: “Los trabajadores papeleros no queremos pedirle 400.000 o 500.000 dólares mensuales al Poder Ejecutivo para que dentro de un año esta misma gerencia diga que precisa 600.000 dólares, porque el problema sigue ahí sin solucionarse. Los papeleros queremos soluciones de fondo. Ni la sociedad de Juan Lacaze ni los papeleros merecemos soluciones que duren dos o tres meses. Cuando Fanapel vea esta imagen, con toda esta gente, va a tratar de usarla para conseguir los beneficios del Estado, pero repito: los trabajadores papeleros no pedimos plata para los empresarios, los trabajadores queremos trabajar en proyectos viables”.
Según dijo, el CUOPYC tiene resuelto en sus asambleas cuál es su posición para salir de este conflicto: el plan A sería la reapertura de Fanapel y que empiecen a trabajar los 260 empleados, con un plan sustentable para el futuro. “Pero somos conscientes de que tenemos que tener un plan B y un plan C, y de que hay que elaborarlos entre todos los habitantes de Juan Lacaze, los actores sociales, los actores políticos y los comerciantes”.
Para lograrlo, según Olaverry, es importante “dejar de pelearnos entre nosotros”. “Acá en el pueblo lamentablemente pasa mucho de que si convoca tal sindicato voy o dejo de ir, o si convoca la alcaldía o el CUOPYC o tal sector político o tal grupo de empresarios. Y mientras tanto, hemos perdido unas 600 fuentes de trabajo en cinco años, la matrícula estudiantil baja cada año y tenemos unos 700 compañeros que viajan todos los días a otras ciudades porque acá no tienen laburo”, se lamentó Olaverry, quien también advirtió sobre el impacto que podría tener esta situación sobre las mutualistas locales.
Para terminar, Olaverry propuso la creación de una mesa local de diálogo interinstitucional, que empiece a analizar propuestas concretas para la generación de empleo. “Como dirigente sindical sería sencillo venir a decir acá que vamos a ocupar la fábrica y que nos vamos a sacar la foto, pero en realidad, como dirigentes sindicales, el mayor compromiso que tenemos es pensar en el día de mañana y en buscar soluciones. Juan Lacaze va a existir si trabajamos todos juntos, sin mirar qué camiseta tiene puesta el otro. Trabajo sobre lo que coincidimos; para discutir de política ya tenemos tiempo, podemos organizar asados y discutir de política. Vamos a pelearnos por política en los asados y vamos a buscar soluciones laborales en los ámbitos que podemos hacerlo. Pero antes tenemos que refundar Juan Lacaze, y hay que hacerlo desde el pie, como decía Zitarrosa”.
Para Sindicato de Profesores el 6% del PBI para educación “es muy poco”
Emiliano Mandacen criticó además la postura del gobierno en tratar de eliminar materias en secundaria "que hacen a la formación integral del individuo" y se trate de domesticar a los jóvenes "hacia el sistema capitalista".
El líder de la Asociación de Docentes de Educación Secundaria
(ADES-Montevideo), Emiliano Mandacen, aseguró que a pesar “que el 6% del
PBI para la educación es una consigna válida, (…) para las necesidades
reales del sistema educativo uruguayo es muy poco”.
La razón de sus dichos se debe a los “problemas de infraestructura” de los centros educativos. Si bien han existido avances en reparaciones edilicias, manifestó que han sido “con una pésima planificación y con un sistema de tercerizaciones que es nefasto, que hace gastar a todos los uruguayos más plata que si tuviéramos un departamento que se encargara de arreglar eso”.
“El gobierno sabe esto, porque ahora sale a licitar por proyectos de Participación Público Privado (PPP) 200 centros educativos”, comentó para El País. El líder de ADES afirmó que ésta fue la principal razón de los paros realizados en 2016, y no “por temas salariales. Se paró entre otras cosas, por infraestructura”.
Mandacen consideró que “la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes) y todos los sindicatos de la enseñanza tienen que presentar un proyecto integral. Esto tiene que tener una pata que implique desde la infraestructura a la creación de cargos; y después vienen las condiciones de trabajo, que incluyen entre otras cosas el salario”.
Criticó además que se quiera “sacar materias (…) como filosofía o historia que hacen a la formación integral del individuo”. Mandacen explicó que con este sistema “se quiere tener son jóvenes emprendedores que sean adoctrinados y domesticados hacia el sistema capitalista”.
“Se podrá discutir que no existe más la izquierda o la derecha, que lo que manda es la globalización. La verdad es que sí, manda la globalización, pero lo hace en el marco del imperialismo y el capitalismo”, señaló.
La razón de sus dichos se debe a los “problemas de infraestructura” de los centros educativos. Si bien han existido avances en reparaciones edilicias, manifestó que han sido “con una pésima planificación y con un sistema de tercerizaciones que es nefasto, que hace gastar a todos los uruguayos más plata que si tuviéramos un departamento que se encargara de arreglar eso”.
“El gobierno sabe esto, porque ahora sale a licitar por proyectos de Participación Público Privado (PPP) 200 centros educativos”, comentó para El País. El líder de ADES afirmó que ésta fue la principal razón de los paros realizados en 2016, y no “por temas salariales. Se paró entre otras cosas, por infraestructura”.
Sueldos insuficientes
El objetivo para los docentes será alcanzar un salario mínimo de $ 30.000 por 20 horas de trabajo para aquellos profesores que recién se egresen, aunque apuntó que “plantear sólo el salario” sería “un error garrafal”.Mandacen consideró que “la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes) y todos los sindicatos de la enseñanza tienen que presentar un proyecto integral. Esto tiene que tener una pata que implique desde la infraestructura a la creación de cargos; y después vienen las condiciones de trabajo, que incluyen entre otras cosas el salario”.
Jóvenes domesticados
Para el líder de ADES, los lineamientos que lleva el gobierno en materia de educación “es la pauperización neta de los contenidos educativos y la pronta salida al mercado laboral de determinados sectores de la población”.Criticó además que se quiera “sacar materias (…) como filosofía o historia que hacen a la formación integral del individuo”. Mandacen explicó que con este sistema “se quiere tener son jóvenes emprendedores que sean adoctrinados y domesticados hacia el sistema capitalista”.
“Se podrá discutir que no existe más la izquierda o la derecha, que lo que manda es la globalización. La verdad es que sí, manda la globalización, pero lo hace en el marco del imperialismo y el capitalismo”, señaló.
ENTREVISTA
Fenapes va por un salario mínimo de $ 30.000 por 20 horas
El líder de la Asociación de Docentes de
Educación Secundaria (ADES-Montevideo), Emiliano Mandacen, sabe que 2017
va a ser un año conflictivo a nivel sindical.
30 ene 2017Carlos Tapia - El Paìs uy
La nueva ronda de negociación presupuestal
pondrá sobre la mesa otra vez el tema de los salarios de los docentes,
que terminó en 2015 una declaración de esencialidad ordenada por el
presidente Tabaré Vázquez. Mandacen piden negociar más allá del salario y
reclama una mejora a nivel integral, que incluya también avances en
infraestructura para los liceos, entre otras cosas. Y ya adelanta que
aunque se llegue al 6% del PBI para la educación, este dinero será poco.
—José Mujica dijo que el gobierno se equivocó en
dividir en dos la discusión presupuestal, porque cada vez que ésta se
da, "la barra", en referencia a los sindicatos, "sale a pedir la de él".
¿Qué opinión le merece lo dicho por el expresidente?
—También creo que los presupuestos se hacen a cinco
años, pero esto lo eligió el gobierno. Después el análisis
táctico-político que hace Mujica es previendo dificultades con lo que va
a venir a mediados de año con la Rendición de Cuentas, y esto también
se da por un desgaste muy grande que hay entre los educadores y el
gobierno, que tuvo su auge con el decreto de esencialidad en agosto de
2015. Así que es cierto, se viene un año que parece que va a ser
conflictivo.
—¿Cómo ve el sindicato las señales que se han dado
hasta ahora desde el Ministerio de Economía, donde se habla hacer un
esfuerzo para darle más recursos a la educación?
—Si me dicen que va a haber más plata, está bien; pero
el tema es saber bien para qué. Yo creo que la Federación Nacional de
Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes) y todos los sindicatos de
la enseñanza tienen que presentar un proyecto integral. Esto tiene que
tener una pata que implique desde la infraestructura a la creación de
cargos; y después vienen las condiciones de trabajo, que incluyen entre
otras cosas el salario. Sería un error táctico de los sindicatos de la
enseñanza plantear solo el salario. Un error garrafal.
—¿Cuál es el salario base que van a pedir?
—Hay una reivindicación histórica que es la media canasta, o sea $ 30.000.
—¿Son $ 30.000 por cuántas horas de trabajo?
—20 horas.
—¿Para un profesor que recién egresa?
—Sí, para un profesor grado 1.
—¿Y un 6% del PBI para la educación?
—Creo que el 6% del PBI para la educación es una
consigna válida; ahora, también creo que para las necesidades reales del
sistema educativo uruguayo es muy poco. Hay problemas de
infraestructura.
—Secundaria sostiene que hubo una mejora en la infraestructura en los últimos años. ¿Esto no es cierto?
—En 2013 algo se avanzó en arreglar liceos, aunque
con una pésima planificación y con un sistema de tercerizaciones que es
nefasto, que hace gastar a todos los uruguayos más plata que si
tuviéramos un departamento que se encargara de arreglar eso. El gobierno
sabe esto, porque ahora sale a licitar por proyectos de Participación
Público Privado (PPP) 200 centros educativos. Después hablan de los
sindicatos, que somos una corporación y toda la perorata, que solo
pedimos plata. En 2016 se paró, pero nunca se hizo por temas salariales.
Se paró, entre otras cosas, por infraestructura.
—También es verdad que no podían parar por temas
salariales, pues así lo establece el convenio de paz sindical que el
sindicato firmó y vence en abril de 2017…
—Se podía. Si hay una dificultad salarial importante
se renuncia al convenio y listo... Pero lo importante acá es que ni los
medios ni la clase política pueden decir que los sindicatos paran solo
por salario. En 2013 el sindicato llevó una lucha adelante que no era
por salario, sino por infraestructura, y ahora lo que nosotros
visualizamos es un debate muy profundo que tiene que ver con las
políticas educativas, que no implica solo el salario.
—¿Cómo cayó en el sindicato lo que escribió en
Facebook el presidente del Pit-Cnt, Fernando Pereira, sobre que hay que
reconocer los avances en materia salarial en la educación?
—Es que hay un avance en materia salarial, pero es
totalmente insuficiente. Lo debatiré con Fernando en los ámbitos que
correspondan, pero yo no presentaría el debate salarial como lo
presentó, porque el tema es parte de una integridad que tiene que ver
con la profesionalización docente, las condiciones laborales, etc.
—Y ese plan integral de educación que el sindicato quiere, ¿se puede hacer con estas autoridades educativas?
—Creo que determinadas jerarquías de la educación
compraron un paquete, una receta, que son los lineamientos de la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Nosotros no
compartimos esto, porque lo que se plantea es la pauperización neta de
los contenidos educativos y la pronta salida al mercado laboral de
determinados sectores de la población. Yo no veo que en el liceo Alemán
estén hablando de sacar materias, pero para el sistema público sí.
Materias como filosofía o historia que hacen a la formación integral del
individuo. Lo que pasa es que lo que se quiere tener son jóvenes
emprendedores que sean adoctrinados y domesticados hacia el sistema
capitalista. No hay otra. Se podrá discutir que no existe más la
izquierda o la derecha, que lo que manda es la globalización. La verdad
es que sí, manda la globalización, pero lo hace en el marco del
imperialismo y el capitalismo.
—¿Esperaba algo distinto de un gobierno de izquierda?
—Este en realidad es un gobierno que llegó al poder
de la mano de una fuerza de izquierda, pero tomó una orientación —por
ejemplo en su política económica— que no se aproxima al programa que
históricamente la izquierda uruguaya pensaba usar.
—En 2016 estuvieron casi medio año sin diálogo con la directora de Secundaria, Celsa Puente. ¿Cómo está esa situación ahora?
—Ella estaba en las últimas bipartitas que se
desarrollaron y se ha trabajado. Pero lo que creo es que hay que
despersonalizar, el problema no es la política sino la política que se
impulsa.
—¿Quién manda más en la educación secundaria:
Puente; el presidente de la Administración Nacional de Educación Pública
(ANEP), Wilson Netto; o la ministra María Julia Muñoz?
—Los tres obedecen a lineamientos de políticas educativas que yo no comparto.
Lunes 30 • Enero • 2017
FUECYS y AEBU avanzan hacia una Federación Nacional de Trabajadores del Servicio
Si bien la idea flota en el aire desde hace unos años,
el desarrollo de las nuevas tecnologías y el traslado de muchas de las
tareas que hacían empresas del sistema financiero a otras del sector
servicios apuraron la necesidad de bajarla a tierra. Para eso, hay
conversaciones entre algunos dirigentes de la Federación Uruguaya de
Empleados de Comercio y Servicios (FUECYS) y la Asociación de Bancarios
del Uruguay (AEBU). Sea en forma de una confederación que reúna a ambos
sindicatos o como coordinación conjunta en instancias de negociación,
autoridades sindicales consultadas por la diaria coincidieron en que “es
hora de aunar esfuerzos”.
La promulgación de la Ley de Inclusión Financiera habilitó el
pasaje de tareas desde los bancos a empresas del sector servicios. Un
ejemplo es el de los trabajadores en las cajas de supermercados, que
realizan tareas financieras, como la emisión de préstamos. Otro caso es
el de la Asociación Nacional de Afiliados (ANDA), cuyo sindicato, que se
fundó dentro de FUECYS, a fines del año pasado votó su traspaso a AEBU,
en una migración que involucró a unos 800 trabajadores. “La realidad es
que la empresa hoy está más vinculada al sistema financiero que a los
servicios”, reconoció Ismael Fuentes, integrante del Secretariado
Ejecutivo de FUECYS.
Por su parte, Gonzalo Pérez, presidente del Consejo de Banca Oficial de AEBU, dijo en diálogo con Radio Nacional que su sindicato se está enfrentando a “una transformación de la realidad propia”. “Hoy tenemos más trabajadores del sistema financiero no bancarios que bancarios, lo que implica atender esta realidad con las propias estructuras que tenemos previstas en el estatuto de nuestro sindicato”, explicó. También indicó que “allí donde se traslade la operativa bancaria, tiene que estar presente el sindicato bancario”, y que esto “va a implicar juntarnos con la gente de FUECYS y analizar actividades comunes, con el objetivo de ir a una federación que nos reúna a todos”, lo que “va a dotar de mayor poder a los propios sindicatos, mediante su potenciación”.
El cruce de tareas y la instalación de problemáticas en común generan “cada vez más la necesidad de coordinar acciones y pensar en una estructura que nos abarque a todos como una confederación”, coincidió Fuentes. Sin embargo, los pasos hacia la concreción de una estructura de estas características se dan con precaución. “Al principio apareció como una idea, nomás, pero con el tiempo fue tomando cuerpo, en la medida en que van apareciendo nuevos elementos en común y que, con toda seguridad, con el tiempo se van a ir fortaleciendo cada vez más”. Fuentes sostuvo que “el año pasado y el anterior hubo algunas reuniones entre ambas directivas”, y aseguró que “vamos a seguir conversando sobre este tema”. No obstante, advirtió que “vamos lento porque estamos recorriendo un camino nuevo”.
Por su parte, Ernesto Palomeque, integrante del Consejo Central de AEBU, dijo que la posibilidad está “muy en pañales” aún. “Es una idea que se ha analizado, pero en la que nunca se avanzó demasiado y que hoy aparece de nuevo como algo que podría permitir enfrentar mejor la transformación que se está dando”, aclaró.
Aun así, consideró que para avanzar en el fortalecimiento de ambos gremios “no sería imprescindible” la conformación de una confederación, sino que con una “simple coordinación” bastaría, al menos en principio. “El punto clave es coordinar planteos a hacer en la mesa de negociación colectiva para encarar mejor esta pelea que se está dando a través de ese instrumento de las corresponsalías, que implica que los bancos hagan acuerdos contractuales con los supermercados o con las redes de cobranza -donde la sindicalización es muy difícil, porque están muy atomizadas-, para que estas pasen a hacer tareas que antes eran realizadas por trabajadores del sistema financiero”, explicó.
“En los hechos, hemos conversado y coincidimos con FUECYS en que los pasajes de tareas a trabajadores de los servicios son un argumento más para mejorar la negociación en los Consejos de Salarios, para alcanzar mejores salarios y condiciones de trabajo en empresas como los supermercados, que dan salarios muy bajos y, a su vez, tienen grandes ganancias. Sin duda, hay empresas de servicios cuyos balances son más ajustados, pero no es el caso de supermercados o grandes superficies”, agregó. También sostuvo que “se verá en el camino si es necesario o no concretar o formalizar la concreción de una confederación”.
Los institutos de capacitación de FUECYS y AEBU ya están avanzando en la combinación de acciones “en función de ir sistematizando los problemas comunes y de ir encontrando respuestas acordes”, dijo Fuentes, quien además recordó que “en muchas movilizaciones de FUECYS los compañeros de AEBU han estado presentes, sobre todo durante la etapa de negociación en Consejos de Salarios”, como símbolo de reunión. “Se trata de ir generando acciones hacia la consolidación de una herramienta que fortalezca a las dos instituciones; después, la estructura y demás se van a ir analizando paso a paso, para ver hasta dónde podemos ir llegando”, coincidió. “El primer paso es la coordinación. En los hechos, conversaciones como las que se están dando”, explicó.
Por su parte, Gonzalo Pérez, presidente del Consejo de Banca Oficial de AEBU, dijo en diálogo con Radio Nacional que su sindicato se está enfrentando a “una transformación de la realidad propia”. “Hoy tenemos más trabajadores del sistema financiero no bancarios que bancarios, lo que implica atender esta realidad con las propias estructuras que tenemos previstas en el estatuto de nuestro sindicato”, explicó. También indicó que “allí donde se traslade la operativa bancaria, tiene que estar presente el sindicato bancario”, y que esto “va a implicar juntarnos con la gente de FUECYS y analizar actividades comunes, con el objetivo de ir a una federación que nos reúna a todos”, lo que “va a dotar de mayor poder a los propios sindicatos, mediante su potenciación”.
El cruce de tareas y la instalación de problemáticas en común generan “cada vez más la necesidad de coordinar acciones y pensar en una estructura que nos abarque a todos como una confederación”, coincidió Fuentes. Sin embargo, los pasos hacia la concreción de una estructura de estas características se dan con precaución. “Al principio apareció como una idea, nomás, pero con el tiempo fue tomando cuerpo, en la medida en que van apareciendo nuevos elementos en común y que, con toda seguridad, con el tiempo se van a ir fortaleciendo cada vez más”. Fuentes sostuvo que “el año pasado y el anterior hubo algunas reuniones entre ambas directivas”, y aseguró que “vamos a seguir conversando sobre este tema”. No obstante, advirtió que “vamos lento porque estamos recorriendo un camino nuevo”.
Por su parte, Ernesto Palomeque, integrante del Consejo Central de AEBU, dijo que la posibilidad está “muy en pañales” aún. “Es una idea que se ha analizado, pero en la que nunca se avanzó demasiado y que hoy aparece de nuevo como algo que podría permitir enfrentar mejor la transformación que se está dando”, aclaró.
Aun así, consideró que para avanzar en el fortalecimiento de ambos gremios “no sería imprescindible” la conformación de una confederación, sino que con una “simple coordinación” bastaría, al menos en principio. “El punto clave es coordinar planteos a hacer en la mesa de negociación colectiva para encarar mejor esta pelea que se está dando a través de ese instrumento de las corresponsalías, que implica que los bancos hagan acuerdos contractuales con los supermercados o con las redes de cobranza -donde la sindicalización es muy difícil, porque están muy atomizadas-, para que estas pasen a hacer tareas que antes eran realizadas por trabajadores del sistema financiero”, explicó.
“En los hechos, hemos conversado y coincidimos con FUECYS en que los pasajes de tareas a trabajadores de los servicios son un argumento más para mejorar la negociación en los Consejos de Salarios, para alcanzar mejores salarios y condiciones de trabajo en empresas como los supermercados, que dan salarios muy bajos y, a su vez, tienen grandes ganancias. Sin duda, hay empresas de servicios cuyos balances son más ajustados, pero no es el caso de supermercados o grandes superficies”, agregó. También sostuvo que “se verá en el camino si es necesario o no concretar o formalizar la concreción de una confederación”.
Los institutos de capacitación de FUECYS y AEBU ya están avanzando en la combinación de acciones “en función de ir sistematizando los problemas comunes y de ir encontrando respuestas acordes”, dijo Fuentes, quien además recordó que “en muchas movilizaciones de FUECYS los compañeros de AEBU han estado presentes, sobre todo durante la etapa de negociación en Consejos de Salarios”, como símbolo de reunión. “Se trata de ir generando acciones hacia la consolidación de una herramienta que fortalezca a las dos instituciones; después, la estructura y demás se van a ir analizando paso a paso, para ver hasta dónde podemos ir llegando”, coincidió. “El primer paso es la coordinación. En los hechos, conversaciones como las que se están dando”, explicó.