El Che Guevara también era africano
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El 25 de mayo se celebra el Día Mundial de África como homenaje a ese continente. Este día, hace 54 años, se fundó la Organización para la Unidad Africana. Desde el triunfo de la Revolución en 1959, Cuba ha estado ligada de manera especial a esa región del planeta. La solidaridad de la nación caribeña con África se expande en todas las esferas, desde el apoyo en la salud y la educación, hasta la ayuda en varias guerras de liberación. Uno de los primeros pasos que estrechó estos vínculos eternos, fue la presencia en el Congo durante 1965 de Ernesto Che Guevara como combatiente internacionalista junto a otros guerrilleros cubanos.“Che Guevara, argentino de pasaporte, se convirtió en cubano de adopción por la sangre y el sudor que derramó por el pueblo cubano. Y sobre todo era ciudadano del mundo libre, ese mundo que juntos estamos construyendo. Por eso decimos que el Che Guevara también era africano. […] Che Guevara llamaba a su boina ‘la boïna’. Un poco por todas partes África conoció esa boina y su estrella. De norte a sur, África recuerda al Che Guevara.”Thomas Sankara, Uagadugú, 8 de octubre de 1987, una semana antes de su muerte durante el golpe de Estado
Esta experiencia marcó la vida del Comandante revolucionario y el futuro de África. El Che plantó una semilla en el continente, que pese a no germinar a corto plazo, tuvo posteriores frutos. La presencia de la guerrilla cubana liderada por Guevara impactó en la lucha contra el neocolonialismo internacional.
El Che fue al Congo para apoyar al movimiento revolucionario congoleño en su lucha contra el gobierno de Moise Tshombe, a quien respaldaban las potencias occidentales y los mercenarios belgas, franceses, americanos, rodesianos, británicos, etc. ¿Qué pasó durante los meses de la presencia del Che en territorio africano? ¿Cómo vivió su lucha contra el neocolonialismo de la época? ¿Cuáles fueron sus relaciones con los combatientes congoleños y ruandeses que lucharon a su lado?
Intentamos aclarar un poco más sobre ese año 1965 que, además del hecho de que el Che combatió en las tierras africanas, vio en otras latitudes los asesinatos de Mehdi Ben Barka y Malcolm X.
África, una preocupación del Che Guevara
Al amanecer del 1 de abril de 1965 en Cuba, Ernesto Guevara, acompañado de dos convencidos revolucionarios cubanos: Víctor Dreke y José Martínez Tamayo, partió en un avión hacia Moscú. Después de un largo periplo que pasó por varias capitales de la Europa del Este y del norte de África, los tres hombres aterrizaron de incógnito en Dar es Salaam, ciudad de la recién unificada Tanzania. Su presencia era secreta; el Che iba camuflado, maquillado por los servicios secretos cubanos y naturalmente viajaba con una identidad falsa. Incluso, sus antiguos camaradas de lucha en Cuba no lo reconocieron bajo aquel disfraz.El Che contaba con varios recursos: su interés por África, donde numerosos países luchaban entonces contra las potencias neocolonialistas, su conocimiento del francés -hablado y escrito- que le servirá y será fundamental para su nueva lucha y, sobre todo, su experiencia en la guerra de guerrillas.
Aunque el presidente tanzano, Julius Nyerere, había dado el visto bueno a la participación cubana y la utilización de su territorio para el transporte de combatientes, armas, víveres y diversos materiales para ayudar a la lucha en el Congo, no estaba informado de la presencia del Comandante Guevara. El embajador cubano en Dar es Salaam, Pablo Rivalta, hizo todo lo posible para mantener en secreto la presencia del revolucionario de origen argentino.
Su presencia en el territorio congoleño duró hasta el 21 de noviembre. En el libro titulado Pasajes de la guerra revolucionaria, que el Che redactó, Guevara dio pruebas de lucidez y autocrítica; he aquí las primeras líneas:
“Esta es la historia de un fracaso. Va hasta el detalle anecdótico en los episodios de la guerra, pero hay que matizarla de observación y espíritu crítico ya que considero que si el relato puede tener una determinada importancia, será la de permitirnos extraer una serie de experiencias útiles para otros movimientos revolucionarios. La victoria es una gran fuente de experiencias positivas, pero la derrota también lo es y todavía más según creo cuando, como es el caso aquí, los protagonistas y los informadores son extranjeros que llegaron para arriesgar su vida en un país desconocido, donde se habla otra lengua y al que están unidos solamente por los vínculos del internacionalismo proletario. […] Esta historia es, más exactamente, la de una descomposición”.Pero antes de llegar a esta conclusión, ¿cuál fue la implicación del Che en las luchas de liberación africanas?
El asesinato de Lumumba impactó al Che
Antes de poner el pie en el Congo, el Che ya había demostrado su solidaridad con África en lucha contra el colonialismo y el neocolonialismo de la época. Numerosos discursos y escritos lo demuestran. El más destacado es un discurso que expuso personalmente en la Asamblea General de las Naciones Unidas del 11 de diciembre de 1964 donde dice exactamente:“Los pueblos de África están obligados a soportar que todavía sea oficial en el continente la superioridad de una raza sobre otras y que se asesine impunemente en nombre de esta superioridad ¿Las Naciones Unidas no van a hacer nada para impedirlo? Quiero hablar muy especialmente del doloroso caso del Congo, único caso en la historia mundial que demuestra cómo se pueden atropellar los derechos del pueblo con la impunidad más absoluta y el cinismo más insolente. Las inmensas riquezas que posee el Congo y que las naciones imperialistas quieren conservar bajo su control son los motivos directos. […] Pero la filosofía del saqueo no ha cesado; incluso es más salvaje que nunca y por eso los mismos que utilizaron el nombre de las Naciones Unidas para perpetrar el asesinato de Lumumba asesinan en nombre de la raza blanca a millares de congoleños. ¿Cómo podremos olvidar la forma en que se ha traicionado la esperanza que Patrice Lumumba depositó en las Naciones Unidas? […] Es necesario vengar el crimen del Congo. […] Un animal carnicero que se alimenta de los pueblos indefensos, […] ésta es la definición del ‘blanco’ imperial”.Durante esa estancia en Nueva York es cuando el Che se entrevistó con Malcom X y al final, por razones obvias de seguridad, renunció a participar en una reunión con el líder negro estadounidense en Harlem. Escribió un mensaje que Malcom leyó en aquella reunión. Las relaciones entre los dos hombres se llevaron a cabo a través del intermediario Babu, revolucionario de Zanzíbar y ministro de Tanzania.
Según Pierre Kalfon, autor de una biografía del guerrillero, durante esa estancia “Malcolm X habló al Che de su proyecto de crear una brigada de voluntarios negros afroamericanos para ayudar a los congoleños”. Con la perspectiva, parece más que probable que los contactos entre los dos revolucionarios asustasen a las autoridades estadounidenses y que el FBI de John Edgar Hoover decidiera entonces que Malcom X tenía que morir dos meses después.
Se inician diferentes contactos
Más allá de las palabras están los actos. Cuando el Che decidió llevar su ayuda a las “otras tierras del mundo que reclaman la contribución de mis modestos esfuerzos” como escribió en su carta a Fidel Castro de la que después hablaremos más, empieza a establecer numerosos contactos con los dirigentes progresistas africanos, para lo que efectuó varios viajes a diferentes países del continente.Así, de diciembre de 1964 a febrero de 1965, Ernesto Guevara realizó una “gira africana” que le llevó a Argelia (varias veces), Malí, Brazzaville (actual capital de la República del Congo), Guinea, Ghana, Dahomey (actual Benín) y Tanzania, con un paréntesis en China a principios del mes de febrero, y finalmente a Egipto. Además de ver a Ahmed Ben Bella, Modibo Keita, Alphonse Massemba-Debat, Sékou Touré, Kwame Nkrumah, Julius Nyerere y Gamal Abdel Nasser, los presidentes respectivos de estos países, aprovechó su viaje para entrevistarse con varios dirigentes revolucionarios del continente como por ejemplo Amilcar Cabral en Conakry (capital de Guinea), Samora Machel, Marcelino Dos Santos, Agostinho Neto en Brazzaville, y también con algunos dirigentes del movimiento revolucionario congoleño (Soumaliot, Kabila, Muyumba y Tchamlesso) en Dar es Salaam.
Apenas dos meses después el Che regresó, esta vez de incógnito, a la capital tanzana. Estos encuentros le sirvieron para escribir algunas notas que resultaron premonitorias a la vista de las consecuencias:
“La visita a Dar es Salaam se reveló especialmente instructiva. Una cantidad considerable de “Freedom Fighters” (guerrilleros mercenarios, N. de T.) allí residentes que, en su mayoría, viven convenientemente instalados en hoteles e hicieron de su situación una verdadera profesión, un empleo a veces lucrativo y casi siempre fácil, […] solicitaron generalmente un entrenamiento en Cuba y una ayuda económica; ese era el leitmotiv de casi todos”.
El “discurso de Argel”
Es también durante este viaje cuando pronunció el famoso “discurso de Argel”, un verdadero alegato por el Tercer Mundo y su libertad. He aquí algunos fragmentos de este discurso histórico:“La práctica del internacionalismo proletario no sólo es un deber para los pueblos que luchan por un futuro mejor, también es una necesidad ineludible. […] Tenemos que sacar una conclusión de todo esto: el desarrollo de los países que se comprometen en la vía de la liberación debe ser pagado por los países socialistas. […] Creemos que es con este espíritu como se debe asumir la responsabilidad de ayudar a los países dependientes y que ya no se trata de desarrollar un comercio para el beneficio mutuo sobre la base de precios amañados a costa de los países subdesarrollados por la ley del valor; […] debemos reconocer que los países socialistas son, en una determinada medida, cómplices de la explotación imperialista. […] Se puede alegar que el volumen del comercio con los países subdesarrollados supone un porcentaje muy pequeño del comercio exterior de esos países. Es verdad, pero eso no cambia en absoluto el carácter inmoral de este comercio. Los países socialistas tienen el deber moral de zanjar su complicidad tácita con los países explotadores del Oeste”.Queda claro hoy que lo que se podría calificar como pensamiento guevarista o “guevarismo” estaba dirigido al Tercer Mundo. El Che en ese momento tomó conciencia de que la lucha por la independencia total del continente africano (y también de América del Sur y Asia) estaba en la vanguardia del combate contra el imperialismo.
Algunos días más tarde, Ernesto Guevara, se encontró de nuevo con el presidente egipcio Nasser en El Cairo. Le expuso su proyecto de ir a ayudar al movimiento revolucionario congoleño. El Rais, le confesó sus dudas al comandante cubano: “Usted me asombra ¿Quiere convertirse en un nuevo Tarzán, un blanco que va a instalarse entre los negros para guiarlos y protegerlos? […] Eso no saldrá bien. Como blanco se le situará fácilmente […] y proporcionará a los imperialistas la ocasión de decir que no hay diferencia entre ustedes y los mercenarios”.
Llegada a Tanzania y salida para Kigoma
El Che Guevara llegó a Tanzania el 11 de abril. Cuba envió al Congo, a través de este país, a los combatientes cubanos negros que se reunieron poco a poco y se agruparon en la embajada de la Isla en Dar es Salaam antes de entrar en el Congo. Armado con un diccionario francés-swahili, el Che se convierte en “Tatu”, Leonard Dreke es “Moja” y se bautiza a José Martínez Tamayo como “Mbili”, aunque el verdadero “número uno” sin duda es el Che. Todos los cubanos fueron bautizados con un nombre de guerra en swaili.El 20 de abril un primer grupo de catorce cubanos, incluido el Che, partió de Dar es Salaam para el Congo acompañado de dos conductores, Godefroid Tchamlesso Diur y un policía tanzano para pasar más fácilmente el control de carretera. El viaje era largo, de casi mil 800 kilómetros. El 22 de abril el pequeño grupo llegó a Kigoma, sobre el lago Tanganica.
El Che escribió en su diario que “la ciudad es un lugar tranquilo donde los desafortunados pueden vivir al margen de los avatares de la guerra. La dirección revolucionaria nunca tendrá bastante en cuenta el papel de Kigoma con sus burdeles, sus bares y sobre todo el hecho de que es un lugar innegable de refugio”.
El Che Guevara llega al Congo
Cuando el Che llegó a Tanzania el 11 de abril su optimismo estaba justificado. Cuba había enviado al Congo, a través de este país, a los combatientes cubanos negros, por una parte “para confundir al enemigo” y por otra para sensibilizar a estos combatientes hacia una lucha que debía desafiarlos por “solidaridad internacionalista” ya que África era su continente de origen. El Che era entonces el único blanco que participaba en esta lucha. Para encubrir su identidad -y su importancia- hicieron de todo para volverlo invisible a los ojos y oídos de los servicios secretos imperialistas. Desde que llegó a Tanzania el Che se convirtió en “Tatu”.Después de pasar una noche en la residencia del gobernador de Kigoma hizo por fin la travesía del lago Tanganica para llegar a Kibamba (Congo). Fue una travesía peligrosa, el viento arreció y las barcas prestadas a los 13 combatientes cubanos y el Che estaban en mal estado. Una vez en Kibamba el Che anotó que entre los combatientes congoleños: “Al lado de personas muy poco preparadas, sin duda campesinos, se observan otras más cultivadas, vestidas de otra manera y que conocen mejor el francés; entre ambos grupos hay una distancia evidente”. Otro de los soldados cubanos presentes, Emilio Mena tambiénescribió: “Experimentamos una frialdad […] y nos preguntamos: ¿Será porque hay blancos entre nosotros? ¿O simplemente por el hecho de que seamos todos extranjeros?”
Durante los primeros días Ernesto Guevara chocó con la realidad congoleña. Descubrió que entre los combatientes congoleños y su estado mayor o sus dirigentes existía una clara hostilidad. En efecto, los dirigentes pasaban casi todo su tiempo en Kigoma o Dar es Salaam y por eso eran criticados por los hombres que en el frente no vivían tan confortablemente. Además las visitas prometidas por Kabila a menudo, no se cumplían. La comida era escasa y los cubanos descubrieron el “bucali” (ugali) y el “zombe” (isombe).
Pero lo que más preocupaba al Che era la práctica de la “dawa”, un jugo elaborado por un “muganga” a partir de diferentes plantas con el que se regaban los combatientes porque creían que los protegía de las balas enemigas. “Siempre estoy temiendo que esta superstición se vuelva contra nosotros y nos haga responsables del fracaso de un combate en el que habría muchas muertes”, escribe. “Por eso intento hablar con diferentes responsables para ver si consigo convencerlos de que abandonen esa práctica. Pero es imposible, es una verdadera profesión de fe”, añade. Los días pasaban. Mientras esperaba a Kabila, el Che, que tenía orden de no moverse antes de encontrarse con él, organizó la vida en la base de Kibamba instaurando formaciones militares para los congoleños y cursos de francés o swahili para los cubanos y construyó aulas de clases y un hospital rudimentario.
Tchamlesso volvió a Dar es Salaam para informar a Kabila de la llegada de los cubanos y de la presencia del Che. Después dijo: “Fui a Dar es Salaam y hablé con Kabila. Estaba tan asustado como yo, todo el mundo estaba asustado […] pero aceptó el desafío y pidió silencio, que no dijésemos nada a los tanzanos”.
Mientras, el Che volvió a ejercer la medicina y comenzó a tratar a los campesinos y a los combatientes congoleños. Observó que entre estos últimos muchos estaban infectados de enfermedades venéreas adquiridas en los burdeles de Kigoma. También se ocupó de muchas intoxicaciones producidas por el “pombe” mal preparado. Los aldeanos, con quienes el Che consiguió establecer buenas relaciones, le pusieron el apodo de “Tatu Muganga”.
Mientras esperaba a que Raúl Castro Ruz, enviase un segundo grupo de un centenar de soldados cubanos al Congo, el Che aprendió cosas todos los días y descubrió a los ruandeses que vivían en el Congo y se dedicaban a criar ganado: “Esta comunidad nos permitía recurrir a la preciosa carne de buey que lo cura todo, hasta la nostalgia”, escribió Guevara en su diario.
El Che descubrió también que existían numerosas disensiones entre combatientes ruandeses y congoleños, lo que no facilitará la lucha.
El 2 de mayo el Che se enteró de la llegada de un segundo grupo de 18 cubanos y con gran sorpresa encontró entre ellos a Osmany Cienfuegos. El hermano de Camilo le comunicó la muerte de su madre, que él sabía enferma. Entonces escribió: “En lo que me concierne personalmente, Osmany me ha dado la noticia más triste de la guerra”.
Los guerrilleros cubanos llegaron a continuación de manera escalonada, lo que hizo subir su personal a poco más de 120 hombres.
Acciones contra el enemigo
Lo que podría levantar la moral de los guerrilleros serían las acciones contra el enemigo imperialista. El Che envió soldados cubanos a diferentes frentes (Kibamba, central eléctrica de Bendera y Fizi Baraka) para ayudar a una organización más eficaz de la rebelión o en misiones exploratorias.Las noticias del extranjero no eran buenas. Las disensiones en el seno del estado mayor de la rebelión congoleña se hacían cada día más evidentes.
Por fin Mitoudidi llegó al frente. Leonard Mitoudidi, que había luchado en otro frente junto a Pierre Mulele, fue probablemente la persona en la que Che puso más esperanzas para ayudar a reorganizar la rebelión. Mitoudidi reorganizó el campo de base de Kibamba exigiendo más disciplina, prohibió el alcohol y suprimió la distribución de armas y municiones a diestro y siniestro. Unos días después se ahogó al cruzar el lago.
El Che escribe en su Diario: “Así, estúpidamente, se murió el hombre que había empezado a poner orden en el terrible caos que era la base de Kibamba. […] La única persona que tenía autoridad ha desaparecido en el lago”.
El testimonio del Che de sus primeras semanas en el Congo es amargo; según él, faltaba “una autoridad central única” y los “mandos carecen del nivel cultural apropiado y de la fidelidad absoluta a la causa de la Revolución”; además las armas pesadas se dispersan demasiado y no hay disciplina en las unidades, que “carecen completamente de preparación”.
Llega Kabila
Por fin el 7 de julio, acompañado de Massengo, Kabila llegó a Kibamba y se encontró con el Che a quien comunicó su deseo de ir personalmente al frente. Feliz de poder compartir por fin sus planes con un dirigente congoleño, Guevara encontró a Kabila “cordial pero huidizo […] Kabila demostró que conocía la mentalidad de sus hombres; vivo y agradable, […] hizo hablar a los campesinos, dio respuestas rápidas que satisfacían a la gente. […] desplegaba una intensa actividad, daba la impresión de que quería recuperar el tiempo perdido. Propuso organizar la defensa de la base y pareció devolver el valor a todo el mundo”.Pero eso no duró. Cinco días después Kabila anunció al Che que debía volver a Kigoma para encontrarse con Soumaliot y solucionar algunos problemas.
El Che se mueve por los distintos frentes
El comandante Guevara por fin tenía luz verde para moverse por los diferentes teatros de operaciones. Lo que vio confirmó sus temores. La falta de organización y coordinación entre los distintos grupos era obvia.El 23 de julio un grupo de veinticinco cubanos y veinticinco ruandeses tendieron una emboscada en la carretera de Front de Force a un convoy de camiones de transporte del ejército congoleño. El éxito fue fácil y los camiones contenían víveres, cigarrillos, cajas de botellas de cerveza y whisky…
El Che analiza esta victoria pero se plantea algunas cuestiones:
“Esta primera victoria habría podido reducir un poco la amargura que nos dejaron las primeras operaciones. Pero hay tantas cosas por hacer que estoy empezando a revisar mis previsiones; cinco años para llevar a término la revolución congoleña es una previsión muy optimista, hay que contar con el desarrollo de estos grupos armados antes de poder considerarlos un ejército de liberación digno de este nombre y, a menos que las cosas cambien en el ámbito de la dirección de la guerra, esto parece cada vez más lejano”.El guerrillero no podía estar más acertado. Los tres meses siguientes fueron en la misma línea y a los problemas que ya había sobre el terreno se añadieron los factores externos de las disensiones en el seno de la dirección (de las direcciones, habría que decir) de la rebelión congoleña.
La guerrilla consiguió varios éxitos sobre el terreno como emboscadas en Front de Force o en Katenga. Pero no tenían servicios secretos mientras que el ejército gubernamental congoleño parecía disponer de toda la información que deseaba sobre las actividades de la rebelión.
Contraofensiva gubernamental
Hacia finales del mes de septiembre el gobierno congoleño, con el apoyo de los Estados Unidos y las potencias europeas, lanzó una contraofensiva a la vez militar y política. Los aviones enviados al este del país servían al mismo tiempo para espiar la lucha de la guerrilla y para “bombardear” de octavillas a la población. Estos instrumentos de propaganda repetían fotos (borrosas) de muertos y heridos atribuidos a los guerrilleros, acusaban a Cuba y China de enriquecerse rapiñando las riquezas del Congo y prometían una vida segura y la libertad a todos los portadores de estas octavillas que se alistasen en el ejército de Tschombe.A finales de septiembre los mercenarios tomaron Baraka, después Fizi, alrededor del 15 de octubre. Lubondja, Lulimba, Front de Force y Kabimba también fueron cayendo uno tras otro durante este mes.
A eso se añadió un nuevo factor. El 13 de octubre Kasavubu decretó en Leopoldville el final del “mandato transitorio” de Tschombe. Evariste Kimba se encargó de formar un gobierno de reconciliación nacional. Para muchos hombres alistados en las fuerzas revolucionarias la lucha ya no tenía justificación porque ellos estaban combatiendo contra quien consideraban el asesino de Patrice Lumumba.
En noviembre comenzó el plan de retirada. Los combatientes cubanos volvieron a Cuba o fueron a apoyar los movimientos de liberación de las antiguas colonias portuguesas (Angola, Mozambique y Guinea-Bissau).
El Che pasó cuatro meses en Dar es Salaam, en la embajada de Cuba, clandestinamente. Durante esos cuatro meses trabajó de nuevo en su diario e hizo el análisis de su experiencia en el Congo. Pasó otros cuatro meses en Praga antes de volver a entrar clandestinamente en Cuba.
El Che sembró en África una semilla
¿Qué queda hoy? No mucho, tratarán de decirnos; pero la ayuda cubana a Angola consiguió frenar a la Sudáfrica del apartheid y a la UNITA (Unión Nacional para la Independencia Total de Angola, N. de T.) de Savimbi. Las colonias portuguesas accedieron a su vez a una tardía independencia. TKabila finalmente derrotó a Mobutu en 1997, aunque fue asesinado tres años después. Además, los lazos de solidaridad históricos entre África y Cuba.
En cuanto al Che, permaneció en la lucha hasta su asesinato el 9 de octubre de 1967 en La Higuera, Bolivia.
Testimonio de Godefroid Tchamlesso Diur*
Durante la estadía del Che en el Congo que culmina hacia finales de noviembre al colapsar la rebelión lumumbista de Laurent-Desiré Kabila, el Che había dejado huellas imborrables en los corazones de los habitantes de las montañas y llanuras por el cual condujo a sus hombres en acciones armadas. El cariño, la admiración y el respeto de todos esos poblados perduraron largos años y aún nos llegan ecos sonoros del paso de este gigante siempre al servicio de los humildes.Cinco cubanos anegaron con su sangre el suelo congolés. Todos ellos con armas frente a un enemigo mejor pertrechado con aviación moderna, marina y fuerzas terrestres apoyadas por batallones de mercenarios blancos, reclutados en Europa, Estados Unidos y África del Sur, bajo la férula del régimen del Apartheid.
Al comandante Che Guevara le juramos fidelidad desde el principio y le dimos las gracias por su sacrificio, enseñanzas y el ejemplo que inspiraron a Mzee Laurent-Désiré Kabila a continuar la lucha guerrillera hasta el triunfo, décadas después que el ilustre hijo de Argentina y Cuba se hubiera marchado de las praderas y montañas de la selva congolesa.
Kabila, cuyo busto se yergue en el parque de los próceres de la independencia del África, que Cuba ha honra en un sitio céntrico de La Habana, había heredado del Che la intransigencia frente al enemigo, la perseverancia y el amor al pueblo.
Fue vilmente asesinado el 17 de enero de 2001, con apenas tres años en la presidencia de la República Democrática del Congo, al culminar con su sacrificio supremo una larga trayectoria de lucha sin tregua contra la dictadura de Joseph Mobutu, al servicio de Estados Unidos, Bélgica y otras naciones de Europa que hasta hoy NO cejan en su sed de reconquistar el África.
*Godefroid Tchamlesso Diur, combatiente congoleño junto al Ché Guevara y Laurent Desiré Kabila, estudió periodismo en Cuba, donde vivió 32 años, 26 de los cuales trabajó en la agencia de noticias Prensa Latina, cumpliendo varias misiones en el exterior. Cuando en 1997 Laurent Desiré Kabila derrotó a Joseph Mobutu, Tchamlesso regresó a su país donde fue Ministro de Defensa y Seguridad y al ser asesinado su ex compañero Kabila, fue Embajador en Angola. Hoy radica entre Kinshasa y La Habana.(Este artículo es una versión del original publicado en el n° 44 de 1999 de Rwanda-Libération, revista mensual independiente publicada en Kigali. Fue traducido por Caty R. y Ferrán Muñios Ballester para Rebelión y tomado del original en francés de Rwanda Net)
VENEZUELA
Análisis del esquema de la ofensiva paramilitar
Por: Marco Teruggi
Publicado 24 mayo 2017 TELESUR
El
proceso, acelerado a partir del 2011, fue el siguiente: detectar a los
líderes de bandas criminales -como el caso de El Picure-, darles
formación, tecnificar el armamento, cambiar los métodos de combate, de
crimen, brindar logística, retaguardia, incorporarlos a una estructura.
Para afuera hampa común.
Una unidad de
veinte paramilitares ingresó desde Colombia a Guasdualito, y otros
elementos fueron movilizados desde Aragua a la ciudad de San Fernando.
Así denunció Orlando Zambrano, diputado a la Asamblea Nacional. Apure,
hasta el momento en relativa tranquilidad -exceptuando la quema de
bancos en diciembre- pasó a ser un territorio priorizado en el plan de
violencia insurreccional.
El objetivo, con el ingreso de esos grupos, es generar destrozos, ataques focalizados, y asesinatos de líderes chavistas. Su inserción desde fuera responde a la imposibilidad encontrada hasta el momento de desarrollar esas acciones con grupos ya instalados, debido al desarrollo chavista en el territorio. Ante eso se reforzó con la siguiente ecuación: cada paramilitar pasará coordinar un grupo propio, veinte paramilitares se transforman en veinte células desplegadas con armas de guerra, entrenamiento y estructura militar. Con Apure se densifica el despliegue paramilitar que tiene como objetivo final Caracas, centro del poder político.
El diseño tiene como retaguardia profunda Táchira. Ese estado se transformó en centro de acciones paramilitares desde el 2014. Ahí está gran parte del acumulado, la infraestructura -en marzo fue desmantelado un campamento- y la experiencia práctica. Desde el inicio de este ciclo allí se agudizaron las amenazas sobre la población, los comerciantes, los transportistas, los toques de queda, el cierre prolongado de acceso a zonas -como al Municipio Andrés Bello, durante dos semanas- y los ataques sobre cuarteles militares y de la policía. Concentración de fuerza y de simbólica: la “épica gocha” debe servir como incentivo para el resto del país, como un efecto moralizados. Para eso los videos, las declaraciones, las imágenes.
Táchira como retaguardia, ejemplo, y punto desde donde agudizar el saboteo de alimentos para el país, como se vio en las imágenes de ataques a camiones transportando comida. La táctica ha sido atacar sobre la troncal 5 que sale desde San Cristobal hacia Caracas -con agresiones a altura de La Pedrera y de Socopó, por ejemplo-, y la troncal 1, que parte desde San Cristobal hacia El Vigía. Atacar la distribución y abastecimiento de comida ha sido una constante desde hace años que ha generado desgaste en la gente. Intentan profundizarlo en esta fase insurreccional.
Además de en la retaguardia, se han multiplicado los puntos de despliegue paramilitar en el país. Trazando una línea desde San Cristóbal hacia Caracas se puede construir un eje que pasa por Mérida -El Vigía, Tovar, por ejemplo-, Barquisimeto, Valencia, hasta llegar a Los Teques y San Antonio de Los Altos. También una línea que une a través de Socopó, Barinas, Guanare, hasta Valencia. Sobre esos ejes se han desplegado -o están en preparación- acciones similares: ataques a instituciones públicas, incendios de transportes, locales del Psuv, territorios populares/chavistas, destrozos y robos a comercios, terror sobre la población, barricadas prolongadas, ataques con armas de fuego a policías, guardias, cuarteles, asesinatos de chavistas y de los propios manifestantes de la derecha.
En ese plan entra la inserción de paramilitares en Apure, el incendio de autobuses en el estado Bolívar, el intento de mostrar territorios liberados y bajo control, como San Antonio de Los Altos. Se trata de un plan insurreccional que multiplica los focos en varios puntos del país, se desplaza sobre el territorio con fuerzas de choque, busca cercar Caracas, el oeste, el Palacio de Miraflores. La guerra no está por venir, la guerra está en desarrollo. No hay que esperar el desembarco: los elementos militares ya están desplegados sobre el territorio.
***
Las guerras se preparan. El desarrollo del entramado paramilitar también. Lo explica Zambrano, militante de la Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora: entre los paramilitares del año 2002 o 2008 y estos que ahora están en acción existe diferencias. Ya no se ven pintadas de la Autodefensas Unidas de Venezuela, ni se trata -exceptuando casos como el de Guasdualito- de fuerzas traídas desde fuera. Ha existido un proceso de enraizamiento en el territorio, principalmente a través de la captación de bandas criminales.
El proceso, acelerado a partir del 2011, fue el siguiente: detectar a los líderes de bandas criminales -como el caso de El Picure-, darles formación, tecnificar el armamento, cambiar los métodos de combate, de crimen, brindar logística, retaguardia, incorporarlos a una estructura. Para afuera hampa común. En lo invisible, parte del entramado paramilitar, con jerarquías, tareas. El proceso de formación también se dio con jóvenes de partidos políticos, como Lorent Saleh, enviado a Colombia a recibir entrenamiento para luego aplicarlo en Venezuela.
Por eso resulta difícil identificarlos. No usan nombres, ni insignias, ni asumen la responsabilidad de los actos. Al contrario: atacan, queman, matan, y acusan al chavismo de la responsabilidad de los hechos, como se vio en varios videos -como en Carrizal. La disputa es por el sentido de las cosas. Luego de amenazar a los comerciantes con quemarles los negocios en caso de abrir, filman las santamarías bajas afirmando el carácter “patriótico” de los comerciantes quienes se abrían sumado espontáneamente al paro. El paramilitarismo es entre otras cosas un método. Se ha multiplicado por todo el territorio. Este lunes llegó, por ejemplo, al municipio Baruta.
¿Quiénes actúan en cada caso? ¿Son paramilitares, bandas criminales con dirigente que son parte de una estructura paramilitar, hampa común reclutada y pagada para confrontar, gente que espontáneamente se suma? ¿Dónde empieza uno y dónde termina el otro? En la confusión está la táctica. No se dejan ver, pero matan, queman, disparan, disputan territorios. Como el truco del diablo, como decía Charles Baudelaire: logró persuadir que no existía.
¿A quiénes responden? La estructura de confrontación callejera, de paramilitarismo venezolano, está dirigida centralmente por Voluntad Popular. Junto a Primero Justicia, son los dos partidos que tomaron la dirección de la escalada insurreccional. Las alianzas en los estados llaneros son centralmente con los ganaderos, quienes financian parte de las acciones. La última retaguardia está del otro lado de la frontera: en Colombia.
***
¿Hasta dónde? Lo que está en marcha son acciones de carácter militar, con logística, infraestructura, armamento, y preparación acorde para eso, apoyadas y potenciadas por un andamiaje comunicacional que genera confusión, miedo, rumor. Se han multiplicado por el país, y, por lo que indican los últimos acontecimientos, van a continuar sucediendo. Serán reforzados desde fuera en caso de ser necesario, como en Guasdualito. El ejemplo del lunes en Barinas muestra la magnitud y potencia de lo que está en desarrollo: ataque y quema a seis estaciones de policía, local del Psuv, Cne, Inces, Invi, centros comerciales, más de diez trancas en zonas populares, intento de penetrar en el destacamento de la Gnb.
Los ataques apuntan centralmente a los flancos del chavismo que la derecha define como fuertes: la unidad institucional -defensoría, Tsj, Fanb etc.-, la estructura de dirección -con acoso y escarnio a familiares-, los barrios populares -como en el caso de El Valle o Barinas- y ahora la toma de instalaciones militares. En esa lógica se puede seguir el hilo de los acontecimientos.
Es parte del plan que presiona, intenta inundar de una violencia cada vez más fuerte, como el caso del joven que fue linchado y prendido fuego en Altamira, o el número de víctimas que se incrementa a cada nueva acción callejera de la derecha. Lo necesitan para fracturar la sociedad de odio, para escalar en la insurrección, y para su frente exterior, del cual esperan una intervención mayor. ¿Qué tipo de intervención? Tal vez la lógica de esperar el gran acontecimiento sea equivocada, y la intervención ya está en marcha y es, como el paramilitarismo, invisible.
Este artículo fue publicado en https://hastaelnocau.wordpr ess.com/2017/05/24/analisis-de l-esquema-de-la-ofensiva-param ilitar/
El objetivo, con el ingreso de esos grupos, es generar destrozos, ataques focalizados, y asesinatos de líderes chavistas. Su inserción desde fuera responde a la imposibilidad encontrada hasta el momento de desarrollar esas acciones con grupos ya instalados, debido al desarrollo chavista en el territorio. Ante eso se reforzó con la siguiente ecuación: cada paramilitar pasará coordinar un grupo propio, veinte paramilitares se transforman en veinte células desplegadas con armas de guerra, entrenamiento y estructura militar. Con Apure se densifica el despliegue paramilitar que tiene como objetivo final Caracas, centro del poder político.
El diseño tiene como retaguardia profunda Táchira. Ese estado se transformó en centro de acciones paramilitares desde el 2014. Ahí está gran parte del acumulado, la infraestructura -en marzo fue desmantelado un campamento- y la experiencia práctica. Desde el inicio de este ciclo allí se agudizaron las amenazas sobre la población, los comerciantes, los transportistas, los toques de queda, el cierre prolongado de acceso a zonas -como al Municipio Andrés Bello, durante dos semanas- y los ataques sobre cuarteles militares y de la policía. Concentración de fuerza y de simbólica: la “épica gocha” debe servir como incentivo para el resto del país, como un efecto moralizados. Para eso los videos, las declaraciones, las imágenes.
Táchira como retaguardia, ejemplo, y punto desde donde agudizar el saboteo de alimentos para el país, como se vio en las imágenes de ataques a camiones transportando comida. La táctica ha sido atacar sobre la troncal 5 que sale desde San Cristobal hacia Caracas -con agresiones a altura de La Pedrera y de Socopó, por ejemplo-, y la troncal 1, que parte desde San Cristobal hacia El Vigía. Atacar la distribución y abastecimiento de comida ha sido una constante desde hace años que ha generado desgaste en la gente. Intentan profundizarlo en esta fase insurreccional.
Además de en la retaguardia, se han multiplicado los puntos de despliegue paramilitar en el país. Trazando una línea desde San Cristóbal hacia Caracas se puede construir un eje que pasa por Mérida -El Vigía, Tovar, por ejemplo-, Barquisimeto, Valencia, hasta llegar a Los Teques y San Antonio de Los Altos. También una línea que une a través de Socopó, Barinas, Guanare, hasta Valencia. Sobre esos ejes se han desplegado -o están en preparación- acciones similares: ataques a instituciones públicas, incendios de transportes, locales del Psuv, territorios populares/chavistas, destrozos y robos a comercios, terror sobre la población, barricadas prolongadas, ataques con armas de fuego a policías, guardias, cuarteles, asesinatos de chavistas y de los propios manifestantes de la derecha.
En ese plan entra la inserción de paramilitares en Apure, el incendio de autobuses en el estado Bolívar, el intento de mostrar territorios liberados y bajo control, como San Antonio de Los Altos. Se trata de un plan insurreccional que multiplica los focos en varios puntos del país, se desplaza sobre el territorio con fuerzas de choque, busca cercar Caracas, el oeste, el Palacio de Miraflores. La guerra no está por venir, la guerra está en desarrollo. No hay que esperar el desembarco: los elementos militares ya están desplegados sobre el territorio.
***
Las guerras se preparan. El desarrollo del entramado paramilitar también. Lo explica Zambrano, militante de la Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora: entre los paramilitares del año 2002 o 2008 y estos que ahora están en acción existe diferencias. Ya no se ven pintadas de la Autodefensas Unidas de Venezuela, ni se trata -exceptuando casos como el de Guasdualito- de fuerzas traídas desde fuera. Ha existido un proceso de enraizamiento en el territorio, principalmente a través de la captación de bandas criminales.
El proceso, acelerado a partir del 2011, fue el siguiente: detectar a los líderes de bandas criminales -como el caso de El Picure-, darles formación, tecnificar el armamento, cambiar los métodos de combate, de crimen, brindar logística, retaguardia, incorporarlos a una estructura. Para afuera hampa común. En lo invisible, parte del entramado paramilitar, con jerarquías, tareas. El proceso de formación también se dio con jóvenes de partidos políticos, como Lorent Saleh, enviado a Colombia a recibir entrenamiento para luego aplicarlo en Venezuela.
Por eso resulta difícil identificarlos. No usan nombres, ni insignias, ni asumen la responsabilidad de los actos. Al contrario: atacan, queman, matan, y acusan al chavismo de la responsabilidad de los hechos, como se vio en varios videos -como en Carrizal. La disputa es por el sentido de las cosas. Luego de amenazar a los comerciantes con quemarles los negocios en caso de abrir, filman las santamarías bajas afirmando el carácter “patriótico” de los comerciantes quienes se abrían sumado espontáneamente al paro. El paramilitarismo es entre otras cosas un método. Se ha multiplicado por todo el territorio. Este lunes llegó, por ejemplo, al municipio Baruta.
¿Quiénes actúan en cada caso? ¿Son paramilitares, bandas criminales con dirigente que son parte de una estructura paramilitar, hampa común reclutada y pagada para confrontar, gente que espontáneamente se suma? ¿Dónde empieza uno y dónde termina el otro? En la confusión está la táctica. No se dejan ver, pero matan, queman, disparan, disputan territorios. Como el truco del diablo, como decía Charles Baudelaire: logró persuadir que no existía.
¿A quiénes responden? La estructura de confrontación callejera, de paramilitarismo venezolano, está dirigida centralmente por Voluntad Popular. Junto a Primero Justicia, son los dos partidos que tomaron la dirección de la escalada insurreccional. Las alianzas en los estados llaneros son centralmente con los ganaderos, quienes financian parte de las acciones. La última retaguardia está del otro lado de la frontera: en Colombia.
***
¿Hasta dónde? Lo que está en marcha son acciones de carácter militar, con logística, infraestructura, armamento, y preparación acorde para eso, apoyadas y potenciadas por un andamiaje comunicacional que genera confusión, miedo, rumor. Se han multiplicado por el país, y, por lo que indican los últimos acontecimientos, van a continuar sucediendo. Serán reforzados desde fuera en caso de ser necesario, como en Guasdualito. El ejemplo del lunes en Barinas muestra la magnitud y potencia de lo que está en desarrollo: ataque y quema a seis estaciones de policía, local del Psuv, Cne, Inces, Invi, centros comerciales, más de diez trancas en zonas populares, intento de penetrar en el destacamento de la Gnb.
Los ataques apuntan centralmente a los flancos del chavismo que la derecha define como fuertes: la unidad institucional -defensoría, Tsj, Fanb etc.-, la estructura de dirección -con acoso y escarnio a familiares-, los barrios populares -como en el caso de El Valle o Barinas- y ahora la toma de instalaciones militares. En esa lógica se puede seguir el hilo de los acontecimientos.
Es parte del plan que presiona, intenta inundar de una violencia cada vez más fuerte, como el caso del joven que fue linchado y prendido fuego en Altamira, o el número de víctimas que se incrementa a cada nueva acción callejera de la derecha. Lo necesitan para fracturar la sociedad de odio, para escalar en la insurrección, y para su frente exterior, del cual esperan una intervención mayor. ¿Qué tipo de intervención? Tal vez la lógica de esperar el gran acontecimiento sea equivocada, y la intervención ya está en marcha y es, como el paramilitarismo, invisible.
Este artículo fue publicado en https://hastaelnocau.wordpr
"La oposición venezolana intenta conseguir con el paramilitarismo lo que no puede con votos"
Publicado: 24 may 2017 22:47 GMT - RT
Un fenómeno nacido en Colombia ha encontrado
espacios en Venezuela de la mano de partidos políticos opositores, ha
denunciado el Gobierno venezolano.
Durante los 54 días de protestas violentas convocadas por el antichavismo, en reiteradas oportunidades se ha señalado la actuación de grupos paramilitares. Una de ellas tuvo lugar el pasado 18 mayo cuando el propio presidente Maduro denunció el ataque a una unidad militar ubicada muy cerca de la frontera con Colombia.
Primeras apariciones
La actuación de estos grupos criminales en territorio venezolano datan de 1997, según una investigación titulada 'Historia del paramilitarismo en Venezuela', del académico y escritor Raúl Ramírez, difundida por el portal Aporrea.En diciembre de ese año, apunta Ramírez, "siete paramilitares son detenidos en Apure bajo la sospecha de participación en secuestros". Un oficial venezolano de nombre Enrique Medina Gómez aparecerá señalado de cooperar con los irregulares. En 2002, ese mismo militar será uno de los protagonistas del golpe de Estado contra Hugo Chávez.
Aunque la investigación ubica otros episodios con paramilitares colombianos en Venezuela en 2002 y 2003, será el 09 de mayo de 2004 cuando ocurra un evento importante.
Oficiales militares y de inteligencia desmantelaron, ese día, un campamento paramilitar que operaba en la 'Finca Daktari', a pocos kilómetros de Caracas, recuerda un reporte de AVN.
Fueron apresados 153 paramilitares, algunos pertenecientes a la reserva militar colombiana y otros a los llamados grupos de autodefensa.
"Tenían un objetivo claro: asesinar al Presidente Hugo Chávez", dice el texto.
Otras denuncias
El 9 de junio de 2013, el presidente Nicolás Maduro anunció la captura de dos bandas paramilitares en diferentes estados del país.Más recientemente, el 22 de marzo de 2017, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) presentó imágenes de un operativo realizado, para desmantelar un campamento de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, donde se hallaban 120 paramilitares, informó Telesur.
En el sitio se encontraron uniformes de los ejércitos colombiano, venezolano y estadounidense, agrega la nota.
Origen
El paramilitarismo en Venezuela es un fenómeno criminal con intereses económicos y políticos, afines a grupos o partidos de la derecha del espectro político, según ha denunciado el Gobierno de forma reiterada.Nacidas en Colombia y asociada su expansión a la presidencia de Álvaro Uribe Vélez, las fuerzas paramilitares durante muchos años se dedicaron a enfrentar a las guerrillas colombianas, en disputa por el control del territorio en donde operaban ambas organizaciones.
En Venezuela
Entrevistado por RT, el documentalista colombiano Fredy Muñoz Altamiranda precisa que "el paramilitarismo se utiliza en Venezuela como una de las herramientas de confrontación y de agresión al chavismo".Pero, a diferencia de lo que ocurre en Colombia, en tierras venezolanas estos grupos "tienen una particularidad", dice el documentalista.
"No hacen gala de su presencia de forma abierta. No le conviene a la derecha opositora, en este momento político, mostrar al paramilitarismo actuando. Los utilizan para cometer los actos más crueles, como los asesinatos selectivos, la quema de jóvenes o la destrucción de infraestructura estatal".
El también periodista está seguro de que "el paramilitarismo que opera en Venezuela es el colombiano".
Trama paramilitar
No se trata de un fenómeno exclusivamente armado, explica Fredy Muñoz. El paramilitarismo usa la violencia para imponerse, luego emplea otras formas para sustentarse como "el narcotráfico o el microtráfico, lavado de dinero, redes de extorsión, relaciones con representantes políticos, sicariatos y empleo de mercenarios".Además, este fenómeno que se filtró a Venezuela a través de su frontera con Colombia "siempre aparece vinculado a la protección de actividades productivas de los sectores dominantes en una región específica", indicó el periodista e investigador venezolano Víctor Hugo Majano.
De allí que aparezca "ligado a intereses agrícolas y ganaderos en las zonas fronterizas y en las zonas urbanas, como expresión de algunos sectores comerciales o relacionados al lavado de capitales".
Consultado por RT sobre la vinculación de estos grupos armados y sectores de la política nacional, Majano expresó que "el paramilitarismo es el mecanismo que han encontrado ciertas capas de la burguesía venezolana para afectar los esfuerzos de inclusión del Estado. Indudablemente que en Venezuela la oposición emplea al paramilitarismo para conseguir por la fuerza lo que no puede con los votos".
Estado español
El 27 de Mayo ocuparemos las calles de Madrid
Por CGT CatalunyaKAOS EN LA RED - Publicado en: 17 Mayo, 2017
Este espacio de confluencias para la movilización que son las Marchas de la Dignidad, vuelve a ocupar las calles de Madrid, como ya lo hiciera el 22 de Marzo de 2014,
La CGT junto a las Marchas de la Dignidad han convocado una gran Manifestación de carácter estatal en Madrid el día 27 de Mayo para defender su ya clásico “Pan, Trabajo, Techo e Igualdad”, porque la Estafa Social, eufemísticamente llamada crisis, continúa.
Este espacio de confluencias para la movilización que son las Marchas de la Dignidad, vuelve a ocupar las calles de Madrid, como ya lo hiciera el 22 de Marzo de 2014, para expresar nuevamente, con rotundidad y firmeza, que ya no aguantamos más esta situación de emergencia social a la que han conducido a la mayoría social desde hace ocho años.
Las “milongas” que nos cuentan sobre “el crecimiento”, “la recuperación económica”, la “buena marcha de las cuentas”, no son más que falacias e insultos a la colectividad que sigue atrapada en cifras escandalosas de pobreza generalizada, de desempleo masivo, de precariedad laboral y social, de falta de servicios públicos, de pérdida de derechos y libertades, de recortes de salarios y pensiones, de represión policial, patronal y jurídica, de abandono a las personas dependientes, de víctimas de violencia machista sin apoyo público suficiente, de desahucios permanentes de sus casas a las personas más vulnerables, de despidos colectivos en empresas con grandes beneficios, sin salida laboral para las personas jóvenes que siguen teniendo que “exilarse”, en definitiva, sin la posibilidad de que la mayoría de la sociedad pueda tener un proyecto de vida digno.
Más grave resulta, si cabe, el extenso e intenso paisaje de la Corrupción política y empresarial que campa a sus anchas a lo largo del estado, evidenciando el saqueo que han llevado a cabo contra toda la población, de forma mafiosa y organizada en “tramas criminales”, ostentando niveles de propiedad y de consumo, (cuentas en paraísos fiscales, mansiones, lujos, fiestas…) totalmente insultantes, a cuenta de la miseria y la precariedad de vida de la clase trabajadora.
La Manifestación del 27 M saldrá de la Plaza de Neptuno a las 17,00 horas y discurrirá por Cibeles y Gran Vía hasta finalizar a la altura de la Plaza de España. Previamente, la semana anterior, se han convocado multitud de actos de protesta en la ciudad (Concentraciones, Ocupaciones…) sobre diversas luchas, que servirán de prólogo y llamamiento a la Gran Manifestación del 27 M.
La CGT llama a todos sus sindicatos, secciones sindicales y personas afiliadas, a participar masivamente en esta Manifestación, a la vez que llama también a toda la clase trabajadora, a las personas migrantes, estudiantes, desahuciadas, pensionistas, desempleadas, represaliadas policial y laboralmente, a las mujeres y hombres en general que están sufriendo en sus carnes el ataque despiadado de este sistema injusto, inmoral, corrupto, represivo y autoritario, para que se incorporen el 27 de Mayo a esta Manifestación, desde todas las ciudades y pueblos del estado, pero especialmente a las personas de Madrid y su área metropolitana, para que juntas expresemos pacífica, pero firmemente, nuestra indignación y nuestra voluntad decidida de transformar la sociedad a través de la unificación de las luchas porque:
“LA LUCHA ES EL ÚNICO CAMINO”
Marchas de la Dignidad: “Los derechos se consiguen y se mantienen en la calle. Ningún gobierno podrá amordazar la voz del pueblo”
Por CGT
KAOS EN LA RED - Publicado en: 26 Mayo, 2017
Alrededor
de 200 autobuses llegarán a Madrid desde todos los puntos del Estado
español para pedir “Pan, Trabajo, Techo e Igualdad” el 27 de mayo,
porque la situación en la que nos encontramos es insostenible
Las
Marchas de la Dignidad se han dirigido hoy a la ciudadanía desde
Neptuno para realizar un último llamamiento antes de la movilización del
sábado 27 en Madrid.
Silvia
Salamanca y Víctor Jiménez, miembros de la coordinadora estatal de las
Marchas, han explicado la organización de las columnas y la necesidad de
acudir en masa a Madrid este sábado. “Desde las Marchas sabemos que los
derechos se consiguen y se mantienen en la calle. Ningún gobierno podrá
amordazar la voz del pueblo. Llamamos a toda la clase trabajadora, a
todas las mareas y colectivos en lucha y a la ciudadanía en general a
que se una el 27 en la movilización de Madrid”.
Existirán cuatro
columnas correspondientes con los puntos cardinales, a las que se irán
uniendo colectivos, organizaciones y ciudadanas de todos los territorios
del Estado español. Además de estas cuatro columnas, Libertad (sur),
Igualdad (este), Unidad (oeste) y Solidaridad (norte), estarán las
columnas del Bloque Combativo de Clase integrada por sindicatos y
colectivos alternativos, y la de Memoria Histórica y Pensiones.
Víctor Jiménez ha explicado que la realidad social por la que atraviesa
el país actualmente no es tan idílica y el sábado la población se lo
hará saber al gobierno de Mariano Rajoy.
Silvia Salamanca ha recordado que el recorte de derechos que sufrimos solo persigue tener un pueblo cada vez más pobre y oprimido, algo que estamos constatando con el engaño de la recuperación económica y la creación de empleo. Además, ha recalcado que la situación de semi-esclavitud que padece la clase trabajadora es consecuencia directa de las dos reformas laborales.
Silvia Salamanca ha recordado que el recorte de derechos que sufrimos solo persigue tener un pueblo cada vez más pobre y oprimido, algo que estamos constatando con el engaño de la recuperación económica y la creación de empleo. Además, ha recalcado que la situación de semi-esclavitud que padece la clase trabajadora es consecuencia directa de las dos reformas laborales.
Las Marchas de la Dignidad defenderán también los Servicios Públicos,
atacados directamente por la reforma del artículo 135 de la Constitución
Española que prioriza el pago de una deuda que no es del pueblo. Del
mismo modo, reivindican la igualdad de las mujeres y el fin de la
Violencias Machistas con la creación de un pacto de Estado, la
derogación de las Leyes Mordazas y la Amnistía Social y el fin de la
permisividad con la corrupción política y empresarial.
Vídeo rueda de prensa Marchas de la Dignidad: https://www.youtube. com/watch?v=IBk7_CubRg4
El 27 de Mayo volvemos a Madrid
LA LUCHA ES EL ÚNICO CAMINO
Tras un periodo plagado de citas electorales que a mucha gente le hicieron concebir esperanzas de que mediante nuevos gobiernos sus problemas pudieran solucionarse, hemos comprobado que esto no ha sido así. Al contrario, nos encontramos ante una situación extremadamente difícil, de emergencia social, que nos convoca a dar una respuesta colectiva y masiva de la clase trabajadora, la ciudadanía y los pueblos, como perspectiva para todas y todos aquellos que están luchando y que sufren las contradicciones de este sistema que solo genera paro, precariedad, pobreza y violencia.
Millones de trabajadores y trabajadoras se encuentran sin empleo. Tener unas manos para trabajar, disponer de tu capacidad tanto manual como intelectual y no encontrar un trabajo digno es humillante. Se está desperdiciando el talento colectivo de una sociedad, hipotecando indefinidamente su futuro. Los trabajadores y trabajadoras no nos merecemos este atropello a nuestra dignidad colectiva.
Cientos de miles de familias han perdido su casa. No hay nada más inhumano que desalojar a una familia de su hogar solo para alimentar la voracidad insaciable de unos banqueros sin escrúpulos. Banqueros a los que los estados siervos de la Troika alimentan a costa de empobrecer aún más a la clase trabajadora y a las personas más indefensas.
Mientras, la patronal, aprovechando el drama del paro masivo, aprieta las tuercas a la baja de los salarios y de las condiciones de trabajo a las personas que aún tienen un empleo. La juventud trabajadora ha sido sometida a una doble escala salarial generalizada. Trabajadores y trabajadoras, sobre todo inmigrantes, que, ante la difícil situación, no pueden siquiera cuestionar su papel de meros explotados/as por el capital. Hoy más que nunca es preciso estrechar lazos y reafirmar que “nativa o extranjera, todos somos la misma clase obrera”.
A su vez, un millón de personas han emigrado en los últimos años. La inmensa mayoría jóvenes a quienes se les niega la posibilidad de forjar un proyecto de vida digno y se ven abocados a buscarse la vida en el extranjero como antes hicieron nuestros padres y abuelos. No podemos por ello señalar a las personas migrantes como responsables de la crisis, sino como sus primeras víctimas.
El patriarcado. Un modelo de sometimiento para la mitad de la población
Las mujeres decimos no a un sistema patriarcal que nos arrastra a épocas del pasado y que nos impide avanzar en igualdad,quitándonos el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, extendiendo los crímenes machistas, intensificando la desigualdad como refleja la creciente brecha salarial, y provocando la vuelta a los hogares para dedicarnos a la crianza y los cuidados, sin reconocimiento ni remuneración. Asimismo, nuestras madres se ven abocadas a la pobreza con pensiones míseras cuando es su trabajo el que ha mantenido y mantiene la vida y la economía productiva.
Reclamamos, Pan, Trabajo, Techo, e IGUALDAD.
Contra la tenaza de la Deuda impuesta por la UE y el FMI.
El gobierno del PP y demás gobiernos de todos los colores, ejecutan al dictado de la Troika (Fondo Monetario Internacional, Banco Central Europeo y Comisión Europea), políticas consistentes en el robo de derechos y el empobrecimiento generalizado de la mayoría social. Estas políticas que se fundamentan en el pago de una Deuda ilegítima que no han contraído los ciudadanos y ciudadanas, son producto de la especulación bancaria y los excesos de los distintos gobiernos. La degradación de los derechos sociales y medioambientales se degradará, aún más, con el CETA (Tratado de Libre Comercio entre la UE y Canadá).
Tras la modificación del artículo 135 de la Constitución por el gobierno del PSOE, con el apoyo del PP, la aplicación del Tratado de la Zona Euro de 2012, impone a todas las administraciones públicas, incluida la Seguridad Social, objetivos de Déficit destinados a adelgazar sin límites el gasto público en servicios sociales y las pensiones públicas.
La reducción del gasto en servicios públicos junto con la privatización de todo lo rentable (el último eslabón es AENA) y la subcontratación de la prestación de servicios públicos con empresas privadas que obtienen sus infames beneficios precarizando al máximo las condiciones laborales, sirven al mismo gran objetivo: poner a disposición del capitalismo en crisis los mejores pedazos de la tarta de los presupuestos públicos. El resultado es el desmantelamiento de la sanidad y la educación públicas, así como de los servicios sociales, a mayor gloria de la empresa privada. El aumento escandaloso de los gastos militares al servicio de las guerras imperiales refuerza nuestra reivindicación de salir de la OTAN y desmantelar las Bases.
Con una mayoría de pensiones públicas que no aseguran el mínimo necesario para sobrevivir – más de la mitad de los pensionistas cobra por debajo del salario mínimo y cerca del 40% de las familias dependen de una pensión -, con el vergonzoso copago de medicamentos para los pensionistas y el atraco a nuestra “hucha de las pensiones”, se preparan nuevos ataques contra las pensiones públicas, al amparo del infame “Pacto de Toledo”, en beneficio de los planes de pensiones privados.
El drama del pueblo griego y la aceptación por el gobierno de Syriza de todas las imposiciones de la Troika, incluso con la victoria del NO en el referéndum, muestra con toda claridad cómo la UE y el Euro actúan como camisa de fuerza para ahogar la soberanía popular. En su contra es preciso promover la lucha y la unión de la clase obrera y de los pueblos de Europa.
Ruptura con el Régimen del 78
Al capitalismo le estorban las libertades y los derechos de la mayoría social. Es un sistema que busca exclusivamente el beneficio privado de unos pocos y que nos lleva inexorablemente a una catástrofe social y medioambiental de alcance incalculable.
Y cuando se protesta, siempre obtenemos la misma respuesta: la represión y criminalización del sindicalismo de clase y de los movimientos sociales. Es un sistema que necesita la represión, que genera leyes como la Ley Mordaza para mantenerse y que debe ser superado con la lucha en la calle. Una ley que demuestra a las claras que mientras las y los que luchan son multados, detenidos y condenados a prisión, los que especulan con nuestras vidas se van a vivir a Suiza, como el caso de Urdangarín.
Ahora, la aprobación de leyes que dejan las manos libres al esquirolaje y limitan el derecho de huelga, que aceleran el desalojo de viviendas ocupadas, o el nuevo pacto social que se está cocinando con la complicidad de las burocracias sindicales para un nuevo Estatuto de los Trabajadores, son nuevas vueltas de tuerca que nos atenazan y a las que hay que enfrentar con organización y lucha obrera y popular.
La descomposición del régimen surgido de la Constitución del 78 se hace evidente. Nació contra el pueblo, está corroído por la corrupción y no tiene ninguna legitimidad. A los capitalistas herederos del franquismo, se les han sumado los nuevos ricos del PSOE y de otros partidos en los diferentes gobiernos – que amasaron sus fortunas con las privatizaciones y la escandalosa corrupción. Esta corrupción generalizada que, no lo olvidemos, está en el código genético del sistema capitalista, actúa con total impunidad precisamente por la supervivencia de todas las estructuras de poder herederas de la Dictadura: monarquía borbónica, justicia, fuerzas armadas, policías de todo tipo, iglesia católica, altos cargos de la administración, etc.
Es este Régimen podrido el que se vio sacudido por la movilización popular y el que pretende asentarse sobre la miseria de la inmensa mayoría de la clase obrera, la precariedad laboral y social, la represión de la lucha social y de los derechos nacionales de los pueblos del Estado español.
Las Marchas de la Dignidad, al tiempo que reconocemos la legitimidad del derecho de los pueblos a decidir soberanamente su destino, les llamamos a luchar unidos contra ese régimen corrupto, estrechando los lazos de clase que nos permitan avanzar, aquí y ahora, en la lucha contra el capitalismo y su puño de hierro: la UE y la OTAN.
Al tiempo que exigimos la libertad para Alfon, Bódalo, y para todas las presas y presos encarcelados por luchar, planteamos que la Ley Mordaza y el conjunto de la legislación antiterrorista deben ser derogadas.
Las Marchas de la Dignidad tienen como método fundamental de trabajo unificar las luchas.
A su alrededor se van agrupando,y llamamos a agruparse a pensionistas, desempleados y desempleadas, mujeres en lucha por la igualdad y contra las violencias machistas, las trabajadoras y los trabajadores en conflicto – incluidas las personas que están luchando por el retorno a la gestión pública -, a las que luchan por una educación y sanidad públicas gratuitas y de calidad, a quienes denuncian a las empresas que depredan el medio ambiente, etc. Llamamos a sumarse en fin, a todas aquellas personas que creen que otro mundo, más justo y solidario, además de posible, es necesario.
En la lucha difícil que hemos emprendido por un cambio real, no un simple cambio de gobierno, necesitamos que quienes estemos dispuestos a pelear nos unamos. La construcción de poder popular exige pasos pacientes y firmes que no se dejen seducir por los cantos de sirena de falsas soluciones institucionales que tan caro pagamos en la Transición y que hoy, en el marco de la Unión Europea, son más engañosos que nunca.
TODOS Y TODAS A MADRID EL 27 DE MAYO
En ese camino, de construcción paciente y firme de la fuerza necesaria para cambiar de verdad las cosas y construir una sociedad a favor y de las y los trabajadores, para el que sabemos que la huelga general es una herramienta muy importante de conciencia y organización, llamamos a llenar de dignidad y rebeldía la capital del Estado español, Madrid, el 27 de mayo de 2017.
Ese día llegaremos columnas de todos los pueblos y naciones del estado a Madrid y también desde la emigración. Al tiempo que convocamos a la clase obrera y a todos los pueblos del Estado español a movilizarse, hacemos un llamamiento especial al pueblo de Madrid, antifascista y solidario, a incorporarse a esta gran movilización.
PAN, TRABAJO, TECHO E IGUALDAD:
En defensa de pensiones públicas dignas y a cargo de los Presupuestos. No al Pacto de Toledo
Por el empleo estable, salarios dignos y la renta básica: Derogación de las reformas laborales
Por la libertad de las personas presas y procesadas por luchar. Amnistía.
Por el no pago de la deuda. UE y FMI fuera ya de aquí
Por la defensa de los Servicios Públicos como derechos esenciales.
Contra el feminicidio: Nos queremos vivas, ni una menos
Entrevista exclusiva a 'Público' Andrés Bódalo:
"Volveré a la política en Andalucía pese a quien le pese"
El exconcejal de Jaén en Común denuncia que el
proceso que terminó con su entrada en la cárcel "está lleno de
mentiras". "Me espera la vuelta a prisión y una condena en firme que
puede tenerme encerrado hasta octubre del año 2019", añade.
A sus 43 años, Andrés Bódalo, exconcejal de Jaén en Común, ha conseguido un permiso de tan solo 72 horas para salir de la prisión provincial de Jaén tras 14 meses de cumplimiento de su condena.
El proceso que terminó con su entrada en la cárcel "está lleno de
mentiras", según cuenta el sindicalista en una entrevista exclusiva a Público.
La Justicia lo acusa de haber agredido en el año 2012 a un concejal
socialista de Jódar (Jaén) durante una protesta del SAT. "Me espera la
vuelta a prisión y una condena en firme que puede tenerme encerrado
hasta octubre del año 2019".
Cuarenta y dos meses que pesan mucho a su
familia y a su lucha política y sindical. Sin embargo, Bódalo se
reafirma cuando aclara que al salir de la cárcel seguirá en la lucha
"pese a quien le pese".
¿Cuál ha sido su primera sensación al salir de la cárcel tras 419 días de encierro?
La verdad que estoy muy contento y feliz de
ver tanto apoyo. Aunque no puedo mentir cuando digo que es muy duro
estar ahí, saber que todo el mundo te conoce y que mis ocho hermanos, mi
compañera, mi madre, mis hijos, mi nieto y cientos de compañeros del
sindicato siguen pidiendo justicia a pesar que yo personalmente tengo la
esperanza algo perdida. Ya llevo demasiado tiempo en esta prisión de
Jaén y a pesar de que llegan cientos de cartas, casi quince diarias, hay
días que cuesta mantener el ánimo.
¿Recuerda aún el día que le comunicaron su ingreso en prisión?
Fue un día muy duro para todos. Me cambiaba la vida a mí, pero se la cambiaba también a la gente que me quiere, a mi familia, a mi compañera Rosi, a mis vecinos que tanto han luchado para pedir mi libertad y un posible indulto.
¿Cómo es su día a día en la cárcel Andrés?
Intento estar muy ocupado para que los días
se pasen pronto. Organizamos muchas actividades culturales con los de mi
módulo que es el nueve, aunque en total en la cárcel somos casi
quinientos presos. Hay mucho respeto en cada una de las condenas que
tenemos cada uno y los compañeros nos respetamos para hacernos la vida
más fácil. Hay un día a la semana donde tenemos la visita de un grupo de
teatro; otras semanas vienen grupos de cante y todo se hace más
llevadero.
"Llevo demasiado tiempo en esta
prisión de Jaén y a pesar de que llegan cientos de cartas, casi quince
diarias, hay días que cuesta mantener el ánimo"
Durante
las tardes me dedico más al estudio. Leo mucho sobre la historia del
sindicato y de cómo ha sido la lucha jornalera en Andalucía y todo lo
que nos queda por hacer que realmente es mucho. También me dedico a leer
la obra de Lorca, Miguel Hernández o Saramago. Al final del día estoy
bastante cansado por las clases de spinning y cuento los días
para que llegue el sábado y vea a mi familia aunque sea entre cristales.
Solo una vez al mes los puedo abrazar.
¿Qué tipo de apoyos recibe dentro de la cárcel?
Mi compañera me enseña vídeos de las
marchas, de los miles de personas que se manifiestan y eso alegra mucho.
Luego tengo la correspondencia de casi quince cartas diarias. Me vienen
sobre todo de Andalucía pero me sorprende mucho que me lleguen mensajes
desde la CGT francesa y de simpatizantes de Suiza, incluso de Vietnam o
Kosovo. Impacta mucho saber que gente de todo el mundo conoce tu
historia y que le importa. También me han llegado cartas desde América
Latina, Colombia, Ecuador o Chile.
¿Cuándo inició su lucha sindical? ¿Qué recuerda de aquellos principios?
Yo siempre he sido muy activo desde niño
por vivir en un pueblo tan castigado como Jódar, con 11.000 habitantes
censados y altos índices de paro agrario. Con nueve años, ya en los años
ochenta, mi madre me puso a trabajar en un cortijo y vi las primeras
huelgas. Mis padres se unieron para que a los niños se les diera el
mismo jornal que a los mayores porque hacían el mismo trabajo. A los
niños solo nos daban 1.500 pesetas (9 euros) por ocho horas al sol. Era
duro ver todo aquello, pasar tantas horas en el cortijo del Pichón, de
uno de los señoritos del pueblo.
En el año 1999 empecé a militar en el SAT
pero, como cuento, mi lucha viene desde niño sin ir a la escuela y
viviendo injusticias desde que tengo uso de razón.
¿Qué esperanzas tiene en el indulto que le ha sido ya denegado en varias ocasiones?
La verdad, muy pocas. Confía más mi familia
que yo porque sé que es un trámite político y no creo que el Partido
Popular ceda en esta ocasión, y más si se trata de alguien del SAT
cuando la justicia española ha condenado con multas o cárcel a más de
400 miembros del sindicato. ¿Qué podemos esperar entonces?
"Nadie vio un gesto de sobrepasarme con nadie. Tampoco el día de aquella protesta en mi pueblo. Ha sido todo una gran confusión"
Si
el proceso se basara en los informes, el Juez de Vigilancia ha emitido
varios a favor de mi conducta excelente en el centro, lo que ha
permitido que me den el permiso. La Junta de Tratamiento de la prisión
que la forman psicólogos, director, jefa de servicio y juez de
vigilancia saben realmente de todo mi caso y pueden informar para el
indulto y para el tercer grado, que sería una de las medidas que me
permitiría poder estar en mejores condiciones y estar cerca de los míos.
¿Qué piensa de que le hayan tachado como un hombre violento tanta gente?
La verdad que no intento prestar atención a
todo lo que digan. He ido a miles de manifestaciones, a huelgas con
compañeros que me conocen, con mi compañera con la que llevo desde los
17 años, a muchos cortijos a enfrentarme con señoritos y no ha habido
incidentes. Nadie vio un gesto de sobrepasarme con nadie. Tampoco el día
de aquella protesta en mi pueblo. Ha sido todo una gran confusión y
solo espero, como me dijo Pablo Iglesias el día de su visita a la cárcel que los partidos de izquierda luchen para que todo esto se aclare. Al menos el grupo de Podemos que tanto apoyo me ha brindado.
¿Qué planes tiene cuando esté en libertad en octubre de 2019?
Tendré 45 años ya pero no menos fuerza de dedicarme a un proyecto político como el que tenía antes como concejal en Jaén en Común y con la lucha sindical a pie de calle. Voy a seguir denunciado la corrupción y sobre todo en Andalucía que está tan castigada por ella. También quiero dedicarle mucho tiempo a los míos porque todo en la vida no es la política, pero iré por los dos caminos a la par y seguiré en paralelo la lucha política pese a quien le pese.PSOE: Adiós a la vieja guardia (y sucesores)
Ella, que presumía de ser una ganadora, se ha estrellado con todo el equipo. La candidatura de Pedro Sánchez la ha pasado por encima con más de 10 puntos de diferencia. Y digo la candidatura porque no ha sido Sánchez por sí solo, sino con la militancia, esa de la que Díaz sólo se acuerda cuando precisa sus votos. Esa militancia a la que no quiso escuchar cuando ella orquestó un golpe de Estado en el PSOE y después diseñó una gestora a su medida. Aquel fue el principio de su fin, porque aquel golpe de Estado que desplazó al que era el secretario general, lo que hizo fue empoderar a Pedro Sánchez.
Desde entonces, nunca se ha jugado limpio. Se han utilizado recursos del partido para su campaña, se han puesto obstáculos a nuevas militancias, se ha intentado cerrar el grifo a la financiación… Y nada de eso ha servido, porque el juicio de la militancia ha sido contundente: Susana, no te queremos. Y lo más significativo en el fracaso de Díaz: cerca de 1.200 votos menos que avales (mientras que sánchez tuvo 21.000 votos más que avales). ¿Qué significa eso? Que durante la recogida de avales hubo presiones, coacciones, prácticas a lo ‘cosa nostra’ que cuando ha llegado la hora de voto secreto, no han tenido efecto.
Y no es sólo el fracaso de Díaz, sino de toda la vieja guardia. Adiós a los Felipe González, a los Alfonso Guerra, a los Pérez-Rubalcaba, a los Rodríguez Zapatero… a todos esos que todavía se creen legitimados para tener un peso específico en las decisiones de un partido de cuyo día a día ya no participan. Pero no sólo a esa vieja guardia con tufo a naftalina, la militancia también ha dicho NO a sus sucesores, a los Javier Fernández, los Emiliano García-Page, los Javier Lambán y los Guillermo Fernández Vara… todos los que sí siguen en el partido y le fueron desleales.
También es el fracaso, la derrota de Cebrián, de todo PRISA, de la derecha y de una larga lista de personas que se subieron al carro del que creían equipo ganador (incluid@s polític@s locales que también quedan ahora desautorizad@s)…
¿Y ahora? Ahora tod@s es@s derrotad@s, castigados por su deslealtad, por haber ninguneado a la militancia, por propiciar los Presupuestos Generales de Rajoy, no pueden esperar que se cosa sin más el partido, como decía la hija del fontanero que ni siquiera supo hacer una lectura correcta del 15-M y tiene su Comunidad Autónoma de capa caída. Ahora tienen que ganarse la confianza que han perdido por parte del nuevo secretario general y de la militancia, no pueden esperar que la vida siga igual.
Susana Díaz no ha empezado bien: su penoso discurso de anoche volvió a retratarla como una líder indigna del PSOE: hipócrita, cínica, soberbia… sin mencionar a quien la ha derrotado, sin ni siquiera esperarse a escuchar el discurso de su nuevo secretario general. Tocan días de soledad para Díaz, porque muchos de los que la palmearon, por ser de su misma calaña, es posible que hoy ya no estén a su lado. Comienza el sálvese quien pueda; espero que la nueva ejecutiva en ciernes sea estricta y vea venir de lejos a tod@s es@s zascandiles.
VEA EL VIDEO, DEBATE ENTRE CUATRO PANELISTAS:
En Clave Tuerka PSOE: resucitar sin oler a cadáver
http://www.publico.es/publico-La resaca de las primarias socialistas: Los juguetes rotos del PSOE
Nadie del equipo de Sánchez cuenta con que se
retiren, sino con que se alejen o, en el peor de los casos, se alíen con
Díaz para abortar el proyecto del nuevo secretario general, empezando
por el XXXIX Congreso de junio. En cualquier caso, hoy están
descompuestos, desorientados y frustrados, del líder socialista depende
recomponerlos o neutralizarlos para siempre.
Felipe González: Cargó
contra Sánchez con inesperada dureza, la que nunca cabría esperar del
primer expresidente del Gobierno socialista (1982-1996) y exsecretario
general ídem de la democracia. Respaldó una gran coalición gratuita para
el PP, dio el pistoletazo de salida al 'golpe en Ferraz' de octubre y
avaló a Susana Díaz blandiendo la bandera del miedo sin ser consciente
de que el monstruo de la militancia del PSOE habita, precisamente, del
lado que él ocupa: el de los privilegios y las puertas giratorias.
José Luis Rodríguez Zapatero: Completamente
entregado a Susana Díaz, aunque ni en su entorno se expliquen la razón
de tanta "fascinación", el otro expresidente del Gobierno socialista
(2004-2011) rompió también el principio de neutralidad que se le
presupone a una figura emblemática del partido y confirmó las sospechas
de muchos dirigentes del PSOE: "Zapatero sigue sin ver sus errores, cómo
va a ver los de los demás".
Alfredo Pérez Rubalcaba: Nunca se fue
y, además, tomó posiciones de poder como consejero de El País, desde
donde trata de indicar al PSOE lo que tiene que hacer, sin mucho éxito,
pues la campaña pro Díaz resultó sonrojante hasta para el periodismo. El
editorial del periódico de Prisa este lunes, al día siguiente de la
contundente victoria de Sánchez, es la prueba de que Rubalcaba sangra a
borbotones por la herida de la pérdida de predicamento entre las bases
socialistas desde que apostó por poner un muro a Chacón y erigirse como
secretario general del PSOE. "Hasta que Rubalcaba se retire, no habrá
paz en el PSOE", dicen sus detractores.
Eduardo Madina: El diputado vasco es
una de las grandes incógnitas y de los mayores damnificados de este
proceso, en el que quizás le pudo más el rechazo personal a Pedro
Sánchez que su criterio político. Madina, que fue candidato a liderar el
PSOE y perdió contra Sánchez por obra y gracia de Díaz y el aparato
socialista, se alió esta vez con la presidenta andaluza y la vieja
guardia y ocupó la posición de número dos y mano derecha de la gran
derrotada. Fue, en palabras de otro diputado, "la coartada de Díaz para
blanquear su candidatura permisiva con Rajoy", pero no funcionó. Madina
ha llegado a asegurar en varios foros que si Sánchez volvía a ganar,
abandonaría la política.
Micaela Navarro: La presidenta del
PSOE, lejos de velar por la neutralidad del proceso de primarias y el
bienestar de las bases, se alineró con Díaz y el presunto poder fáctico
de Ferraz, que hoy se ha demostrado agónico. Nadie en Andalucía se
explica el giro de Navarro si no es por pura querencia al poder
orgánico. La presidenta del PSOE, discípula mimada e incondicional de
Chaves, no dudó en cambiarse al lado de Díaz cuando la guerra interna
andaluza de ésta contra sus 'padres políticos' acabó de marginar al
también expresidente del PSOE, vicepresidente, ministro y presidente
andaluz, acuciado además por la corrupción del socialismo andaluz.
Javier Fernández: El presidente de la
Gestora socialista y jefe del Ejecutivo asturiano abordó su
responsabilidad transitoria al frente de Ferraz con visible hastío desde
el principio. Su candidata era la presidenta andaluza, pese a tratar de
aparentar una neutralidad en determinadas ocasiones (no acudió a la
oficialización de Díaz como aspirante, aunque ésta lo citó) que caía
fulminada cuando hablaba de Sánchez por un rechazo indisimulable. Ahora,
ni está ni se le espera en Ferraz.
José Bono: Fue el principal valedor
en la sombra de Pedro Sánchez, su padrino político en la primera
Secretaría General del PSOE. Las simpatías por el hoy de nuevo
secretario general se esfumaron cuando confirmó lo que Díaz o González:
Pedro Sánchez no era el líder maleable que querían para poner a la
presidenta andaluza al frente de Ferraz cuando a ella le viniera bien.
Bono es de los pocos que ha salido hoy del escondite de perdedores para
confesar el impacto de esta derrota y admitir que le hará falta tiempo
para recomponerse y asumir el liderazgo de quien calificó de "bluf" hace
pocos días.
Los barones: Guillermo Fernández Vara
(Extremadura), Emiliano García Page (Castilla-La Mancha) y Ximo Puig
(Comunitat Valenciana) se posicionaron del lado de Susana Díaz al más
puro estilo de Felipe González, enarbolando la bandera del miedo y
amenazando con irse o, incluso, no obedecer a Sánchez si resultaba se
nuevo elegido secretario general. Los tres barones, que gobiernan sus
comunidades gracias a Podemos, han perdido el apoyo territorial de las
bases, que en estas primarias apoyaron la candidatura contra la que los
tres hicieron campaña.
Los examigos: César Luena, Óscar
López y Antonio Hernando han sido los del papel sonrojante por
excelencia en estas primarias. Amigos personales de Pedro Sánchez, que
les dio posiciones de mucho poder en su primera Ejecutiva, lo dejaron
tirado en cuanto Díaz y el aparato dieron el golpe de octubre en Ferraz y
descabezaron la dirección sanchista. Pero mo se mantuvieron neutrales,
sino que se aliaron con Díaz o con Patxi López. Hernando ya se ha
retirado del liderazgo del grupo parlamentario, antes de que lo echaran,
aunque no consta que ninguno de los tres vaya a abandonar los escaños
ganados con Sánchez al frente del PSOE.
Manifiesto contra el desalojo de 19 familias
KAOS EN LA RED - Publicado en: 17 Mayo, 2017
Los colectivos abajo firmantes manifestamos nuestra total solidaridad y apoyo a los vecinos de los Barracones de Juan Grande.
Los colectivos abajo firmantes manifestamos nuestra total solidaridad y apoyo a los vecinos de los Barracones de Juan Grande.
Exigimos a los herederos del conde que se detengan en sus pretensiones de expulsar a estas familias sabiendo que no tienen más opciones de vivienda.
Exigimos a las distintas administraciones que no se inhiban primando los caprichos de los herederos por encima de los derechos y necesidades de familias obreras y sin recursos. Les exigimos también que antes de que pueda producirse desahucio alguno, usen los recursos públicos que tienen en sus manos para realojar a estas familias en viviendas dignas, teniendo en cuenta siempre sus mermados ingresos.
Sin alternativa habitacional digna y asequible estas familias no abandonarán sus casas. Y nosotras lucharemos a su lado para evitarlo.
Firman:
Sindicato de Inquilinas de Gran Canaria
Comunidad “La Esperanza”
Federación Anarquista de Gran Canaria (FAGC)
Asamblea de Firgas
ARGENTINA
Derechos humanos
“Ustedes no me matan”
Viernes 26 de mayo de 2017, por *
Presentaron una denuncia para que
se investigue la muerte de María Victoria, hija de Rodolfo Walsh,
durante un operativo represivo en 1976. Entrevista a Patricia Walsh
Patricia Walsh presentó una denuncia en el juzgado del Daniel Rafecas,
con el objetivo de constituirse como querellante en la causa que
investiga el crimen de su hermana mayor, María Victoria Walsh, ocurrida
durante un feroz operativo del Ejército el 29 de septiembre de 1976, en
la casa de la calle porteña de Corro 105.
La investigación es un desprendimiento de la causa que el magistrado tiene desde 2015 por los crímenes del “Primer Cuerpo de Ejército”, pero ahora con el impulso de la nueva prueba aportada y de la acusación de un familiar directo, buscará llegar por primera vez a juicio para determinar la responsabilidades de los genocidas implicados y reconstruir la escena de lo que ocurrió en esa propiedad, en la que estaba reunida parte de la Secretaría Política de Montoneros.
La acusación, como en otros casos de juicios por delitos de lesa humanidad, intentará correr del centro de la escena el minuto final de la final de María Victoria, Oficial Segundo de la guerrilla peronista, que según contó su padre Rodolfo Walsh en una carta abierta se quitó la vida después de resistir al embate del terrorismo de Estado para no ser secuestrada. El objetivo de la querella será demostrar que la muerte se produjo en el marco del genocidio que azotó nuestro país entre 1976 y 1983, y como consecuencia directa de un operativo criminal.
En la casa estaban Alberto Molina Beluzzi, Ismael Salame, José Coronel e Ignacio Bertrán, junto a otros militantes de la agrupación peronista.
La iniciativa judicial se da a poco de cumplirse 40 años del secuestro y desaparición de Rodolfo Walsh, a 60 años de la publicación de su obra máxima Operación Masacre y a casi 41 años del crimen de su hija. Los abogados que patrocinan esta querella son Myriam Bregman, Liliana Mazea, Matías Aufieri y Lilén Reyes, todos con una reconocida trayectoria en juicios de derechos humanos.
La ex diputada Patricia Walsh, hija del escritor montonero y hermana de “Vicky”, responde a Canal Abierto sobre los detalles de la denuncia presentada ayer.
-Además de la recopilación de todos estos años, ¿qué nuevo material probatorio incluye esta presentación?
Las nuevas pruebas surgen de declaraciones prestadas en causas importantes, como La Perla en Córdoba y el juicio de “La Cacha” en La Plata, además de testimonios de la “Causa 13”, de la década del ’80. Pero se ha logrado establecer la asignación de responsabilidad de represores que ya fueron condenados en otros juicios como Héctor Vergéz, sobre quien existen testimonios que lo señalan como un represor del Centro Clandestino de La Perla, pero además el escribió un libro, que fue muy mencionado en ese juicio, que se llama “Yo fui Vargas”, que es el nombre que él cuenta que utilizaba en los operativos en los que participaba, que hoy sabemos que se trata de operativos ilegales, con secuestros y asesinatos y actuaciones en centros de exterminio, y en ese libro cuenta que trajo a una detenida del campo de La Perla a la ciudad de Buenos Aires porque ella le aportó el dato de la calle Corro 105, eso esta contado por él mismo en este libro. Esa detenida desaparecida es María Magdalena Mainer, que tiene una historia tremenda, porque la información era obtenida a través de torturas terribles, era hija de la señora que alquilaba la casa de la calle Corro
– ¿Qué otros genocidas reconocidos participaron en el operativo?
Participaron cerca de 150 efectivos que fueron movilizados desde Ciudadela, muchos de ellos eran soldados conscriptos, y ahora sabemos quiénes fueron con nombre y apellido. Algunos ya declararon y esperamos que sean más. Y otros de los testimonios importantes es el de una sobreviviente, en el juicio de La Cacha, que declara que estando desaparecida el “Nabo” Barreiro, la interrogaba y le contaba que él había participado personalmente en el operativo de la calle Corro. Guillermo “Nabo” Barreiro es un genocida, jefe de torturadores de La Perla, el fundador del Comando Libertadores de América, y además vocero del alzamiento Carapintada
– Además de los testimonios, ¿existen pruebas documentales?
El certificado de defunción de mi hermana, que tengo en mi poder hace muchos años, firmado por un médico de apellido Figueroa (Mario Alberto), que en el año 2015 fue denunciado por la agrupación HIJOS Capital como el médico que no quiso recibir el cuerpo del Mayor Alberte (edecán de Perón, asesinado por la dictadura el mismo 24 marzo 1976), que en el año 2015 era jefe de Hematología del Sanatorio Otamendi de la ciudad de Buenos Aires, que además fraguó otros certificados de defunción de asesinados por la dictadura
-¿Qué valor tiene la “Carta Abierta a mis amigos”, en la que su padre narra el operativo de la calle Corro?
Es un texto valioso, pero se trata de un borrador que difundimos entre un grupo de compañeros y familiares luego de su desaparición, que no toma en cuenta algunas cosas, porque mi padre lo ignoraba pero que ahora las sabemos, como que en esa casa hubo 4 sobrevivientes que fueron llevados a centros clandestinos, dos niñas, una de 9 años y mi sobrina, que durante una semana permaneció en un domicilio desconocido para la familia, pero perfectamente conocido para el Cuerpo 1 de Ejército y el Batallón 601. Mi sobrina pudo ser recuperada solamente porque su abuelo paterno era un militar retirado
Fragmento de la Carta Abierta en la que Rodolfo Walsh recuerda a su hija María Victoria, y describe el ataque en el que finalmente murió junto a sus compañeros:
"El comunicado del Ejército que publicaron los diarios no difiere demasiado, en esta oportunidad, de los hechos. Efectivamente, Vicki era oficial 2° de la Organización Montoneros, responsable de la prensa sindical, y su nombre de guerra era Hilda. Efectivamente estaba reunida ese día con cuatro miembros de la Secretaría Política que combatieron y murieron como ella.
"La forma en que ingresó a Montoneros no la conozco en detalle. A los 22 años, edad de su posible ingreso, se distinguía por decisiones firmes y claras. Por esa época comenzó a trabajar en el diario “La Opinión” y en un tiempo muy breve se convirtió en periodista. El periodismo en sí no le interesaba. Sus compañeros la eligieron delegada sindical. Cómo tal debió enfrentar en un conflicto difícil al director del diario, Jacobo Timerman, a quien despreciaba profundamente. El conflicto se perdió y cuando Timerman empezó a denunciar como guerrilleros a sus propios periodistas, ella pidió licencia y no volvió más.
"Fue a militar a una villa miseria. Era su primer contacto con la pobreza extrema en cuyo nombre combatía. Salió de esa experiencia convertida a un ascetismo que impresionaba. Su marido, Emiliano Costa, fue detenido a principios de 1975 y no lo vio más. La hija de ambos nació poco después. El último año de vida de mi hija fue muy duro. En las últimas semanas varios de sus compañeros fueron muertos: no pudo detenerse a llorarIos. La embargaba una terrible urgencia por crear medios de comunicación en el Frente Sindical que era su responsabilidad.
"Mi hija no estaba dispuesta a entregarse con vida. Era una decisión madurada, razonada. Conocía, por infinidad de testimonios, el trato que dispensan los militares y marinos a quienes tienen la desgracia de caer prisioneros: el despellejamiento en vida, la mutilación de miembros, la tortura sin límite en el tiempo ni en el método, que procura al mismo tiempo la degradación moral, la delación. Sabía perfectamente que en una guerra de esas características, el pecado no era hablar, sino caer. Llevaba siempre encima una pastilla de cianuro, la misma con que se mató nuestro amigo Paco Urondo, con la que tantos otros han obtenido una última victoria sobre la barbarie.
"El 28 de setiembre, cuando entró en la casa de la calle Corro, cumplía 26 años. Llevaba en brazos a su hija porque a último momento no encontró con quién dejada. Se acostó con ella, en camisón. Usaba unos absurdos camisones blancos que siempre le quedaban grandes.
"A las siete del 29 la despertaron los altavoces del Ejército, los primeros tiros. Siguiendo el plan de defensa acordado, subió a la terraza con el secretario político, Molina, mientras Coronel, Salame y Beltrán respondían al fuego desde la planta baja. He visto la escena con sus ojos: la terraza sobre las casas bajas, el cielo amanecido, y el cerco. El cerco de 150 hombres, los FAP emplazados, el tanque. Me ha llegado el testimonio de uno de esos hombres, un conscripto.
“El combate duró más de una hora y media. Un hombre y una muchacha tiraban desde arriba. Nos llamó la atención la muchacha porque cada vez que tiraba una ráfaga y nosotros nos zambullíamos, ella se reía.”
"He tratado de entender esa risa. La metralleta era una Halcón y mi hija nunca había tirado con ella, aunque conociera su manejo por las clases de instrucción. Las cosas nuevas, sorprendentes, siempre la hicieron reír. Sin duda era nuevo y sorprendente para ella que ante una simple pulsación del dedo brotara una ráfaga y que ante esa ráfaga 150 hombres se zambulleran sobre los adoquines, empezando por el coronel Roualdes, jefe del operativo.
"A los camiones y el tanque se sumó un helicóptero que giraba alrededor de la terraza, contenido por el fuego. “De pronto, dice el soldado, hubo un silencio. La muchacha dejó la metralleta, se asomó de pie sobre el parapeto y abrió los brazos. Dejamos de tirar sin que nadie lo ordenara y pudimos verla bien. Era flaquita, tenía el pelo corto y estaba en camisón. Empezó a hablamos en voz alta pero muy tranquila. No recuerdo todo lo que dijo. ‘Ustedes no nos matan, nosotros elegimos morir’ dijo el hombre. Entonces se llevaron una pistola a la sien y se mataron enfrente de todos nosotros.”
"En el tiempo transcurrido he reflexionado sobre esa muerte. Me he preguntado si mi hija, si todos los que mueren como ella, tenían otro camino. La respuesta brota de lo más profundo de mi corazón y quiero que mis amigos la conozcan. Vicki pudo elegir otros caminos que eran distintos sin ser deshonrosos, pero el que eligió era el más justo, el más generoso, el más razonado. Su lúcida muerte es una síntesis de su corta, hermosa vida. No vivió para ella: vivió para otros, y esos otros son millones.
"Su muerte sí, su muerte fue gloriosamente suya, y en ese orgullo me afirmo y soy yo quien renace de ella".
Fuente: www.canalabierto.com.ar
La investigación es un desprendimiento de la causa que el magistrado tiene desde 2015 por los crímenes del “Primer Cuerpo de Ejército”, pero ahora con el impulso de la nueva prueba aportada y de la acusación de un familiar directo, buscará llegar por primera vez a juicio para determinar la responsabilidades de los genocidas implicados y reconstruir la escena de lo que ocurrió en esa propiedad, en la que estaba reunida parte de la Secretaría Política de Montoneros.
La acusación, como en otros casos de juicios por delitos de lesa humanidad, intentará correr del centro de la escena el minuto final de la final de María Victoria, Oficial Segundo de la guerrilla peronista, que según contó su padre Rodolfo Walsh en una carta abierta se quitó la vida después de resistir al embate del terrorismo de Estado para no ser secuestrada. El objetivo de la querella será demostrar que la muerte se produjo en el marco del genocidio que azotó nuestro país entre 1976 y 1983, y como consecuencia directa de un operativo criminal.
En la casa estaban Alberto Molina Beluzzi, Ismael Salame, José Coronel e Ignacio Bertrán, junto a otros militantes de la agrupación peronista.
La iniciativa judicial se da a poco de cumplirse 40 años del secuestro y desaparición de Rodolfo Walsh, a 60 años de la publicación de su obra máxima Operación Masacre y a casi 41 años del crimen de su hija. Los abogados que patrocinan esta querella son Myriam Bregman, Liliana Mazea, Matías Aufieri y Lilén Reyes, todos con una reconocida trayectoria en juicios de derechos humanos.
La ex diputada Patricia Walsh, hija del escritor montonero y hermana de “Vicky”, responde a Canal Abierto sobre los detalles de la denuncia presentada ayer.
-Además de la recopilación de todos estos años, ¿qué nuevo material probatorio incluye esta presentación?
Las nuevas pruebas surgen de declaraciones prestadas en causas importantes, como La Perla en Córdoba y el juicio de “La Cacha” en La Plata, además de testimonios de la “Causa 13”, de la década del ’80. Pero se ha logrado establecer la asignación de responsabilidad de represores que ya fueron condenados en otros juicios como Héctor Vergéz, sobre quien existen testimonios que lo señalan como un represor del Centro Clandestino de La Perla, pero además el escribió un libro, que fue muy mencionado en ese juicio, que se llama “Yo fui Vargas”, que es el nombre que él cuenta que utilizaba en los operativos en los que participaba, que hoy sabemos que se trata de operativos ilegales, con secuestros y asesinatos y actuaciones en centros de exterminio, y en ese libro cuenta que trajo a una detenida del campo de La Perla a la ciudad de Buenos Aires porque ella le aportó el dato de la calle Corro 105, eso esta contado por él mismo en este libro. Esa detenida desaparecida es María Magdalena Mainer, que tiene una historia tremenda, porque la información era obtenida a través de torturas terribles, era hija de la señora que alquilaba la casa de la calle Corro
– ¿Qué otros genocidas reconocidos participaron en el operativo?
Participaron cerca de 150 efectivos que fueron movilizados desde Ciudadela, muchos de ellos eran soldados conscriptos, y ahora sabemos quiénes fueron con nombre y apellido. Algunos ya declararon y esperamos que sean más. Y otros de los testimonios importantes es el de una sobreviviente, en el juicio de La Cacha, que declara que estando desaparecida el “Nabo” Barreiro, la interrogaba y le contaba que él había participado personalmente en el operativo de la calle Corro. Guillermo “Nabo” Barreiro es un genocida, jefe de torturadores de La Perla, el fundador del Comando Libertadores de América, y además vocero del alzamiento Carapintada
– Además de los testimonios, ¿existen pruebas documentales?
El certificado de defunción de mi hermana, que tengo en mi poder hace muchos años, firmado por un médico de apellido Figueroa (Mario Alberto), que en el año 2015 fue denunciado por la agrupación HIJOS Capital como el médico que no quiso recibir el cuerpo del Mayor Alberte (edecán de Perón, asesinado por la dictadura el mismo 24 marzo 1976), que en el año 2015 era jefe de Hematología del Sanatorio Otamendi de la ciudad de Buenos Aires, que además fraguó otros certificados de defunción de asesinados por la dictadura
-¿Qué valor tiene la “Carta Abierta a mis amigos”, en la que su padre narra el operativo de la calle Corro?
Es un texto valioso, pero se trata de un borrador que difundimos entre un grupo de compañeros y familiares luego de su desaparición, que no toma en cuenta algunas cosas, porque mi padre lo ignoraba pero que ahora las sabemos, como que en esa casa hubo 4 sobrevivientes que fueron llevados a centros clandestinos, dos niñas, una de 9 años y mi sobrina, que durante una semana permaneció en un domicilio desconocido para la familia, pero perfectamente conocido para el Cuerpo 1 de Ejército y el Batallón 601. Mi sobrina pudo ser recuperada solamente porque su abuelo paterno era un militar retirado
Fragmento de la Carta Abierta en la que Rodolfo Walsh recuerda a su hija María Victoria, y describe el ataque en el que finalmente murió junto a sus compañeros:
"El comunicado del Ejército que publicaron los diarios no difiere demasiado, en esta oportunidad, de los hechos. Efectivamente, Vicki era oficial 2° de la Organización Montoneros, responsable de la prensa sindical, y su nombre de guerra era Hilda. Efectivamente estaba reunida ese día con cuatro miembros de la Secretaría Política que combatieron y murieron como ella.
"La forma en que ingresó a Montoneros no la conozco en detalle. A los 22 años, edad de su posible ingreso, se distinguía por decisiones firmes y claras. Por esa época comenzó a trabajar en el diario “La Opinión” y en un tiempo muy breve se convirtió en periodista. El periodismo en sí no le interesaba. Sus compañeros la eligieron delegada sindical. Cómo tal debió enfrentar en un conflicto difícil al director del diario, Jacobo Timerman, a quien despreciaba profundamente. El conflicto se perdió y cuando Timerman empezó a denunciar como guerrilleros a sus propios periodistas, ella pidió licencia y no volvió más.
"Fue a militar a una villa miseria. Era su primer contacto con la pobreza extrema en cuyo nombre combatía. Salió de esa experiencia convertida a un ascetismo que impresionaba. Su marido, Emiliano Costa, fue detenido a principios de 1975 y no lo vio más. La hija de ambos nació poco después. El último año de vida de mi hija fue muy duro. En las últimas semanas varios de sus compañeros fueron muertos: no pudo detenerse a llorarIos. La embargaba una terrible urgencia por crear medios de comunicación en el Frente Sindical que era su responsabilidad.
"Mi hija no estaba dispuesta a entregarse con vida. Era una decisión madurada, razonada. Conocía, por infinidad de testimonios, el trato que dispensan los militares y marinos a quienes tienen la desgracia de caer prisioneros: el despellejamiento en vida, la mutilación de miembros, la tortura sin límite en el tiempo ni en el método, que procura al mismo tiempo la degradación moral, la delación. Sabía perfectamente que en una guerra de esas características, el pecado no era hablar, sino caer. Llevaba siempre encima una pastilla de cianuro, la misma con que se mató nuestro amigo Paco Urondo, con la que tantos otros han obtenido una última victoria sobre la barbarie.
"El 28 de setiembre, cuando entró en la casa de la calle Corro, cumplía 26 años. Llevaba en brazos a su hija porque a último momento no encontró con quién dejada. Se acostó con ella, en camisón. Usaba unos absurdos camisones blancos que siempre le quedaban grandes.
"A las siete del 29 la despertaron los altavoces del Ejército, los primeros tiros. Siguiendo el plan de defensa acordado, subió a la terraza con el secretario político, Molina, mientras Coronel, Salame y Beltrán respondían al fuego desde la planta baja. He visto la escena con sus ojos: la terraza sobre las casas bajas, el cielo amanecido, y el cerco. El cerco de 150 hombres, los FAP emplazados, el tanque. Me ha llegado el testimonio de uno de esos hombres, un conscripto.
“El combate duró más de una hora y media. Un hombre y una muchacha tiraban desde arriba. Nos llamó la atención la muchacha porque cada vez que tiraba una ráfaga y nosotros nos zambullíamos, ella se reía.”
"He tratado de entender esa risa. La metralleta era una Halcón y mi hija nunca había tirado con ella, aunque conociera su manejo por las clases de instrucción. Las cosas nuevas, sorprendentes, siempre la hicieron reír. Sin duda era nuevo y sorprendente para ella que ante una simple pulsación del dedo brotara una ráfaga y que ante esa ráfaga 150 hombres se zambulleran sobre los adoquines, empezando por el coronel Roualdes, jefe del operativo.
"A los camiones y el tanque se sumó un helicóptero que giraba alrededor de la terraza, contenido por el fuego. “De pronto, dice el soldado, hubo un silencio. La muchacha dejó la metralleta, se asomó de pie sobre el parapeto y abrió los brazos. Dejamos de tirar sin que nadie lo ordenara y pudimos verla bien. Era flaquita, tenía el pelo corto y estaba en camisón. Empezó a hablamos en voz alta pero muy tranquila. No recuerdo todo lo que dijo. ‘Ustedes no nos matan, nosotros elegimos morir’ dijo el hombre. Entonces se llevaron una pistola a la sien y se mataron enfrente de todos nosotros.”
"En el tiempo transcurrido he reflexionado sobre esa muerte. Me he preguntado si mi hija, si todos los que mueren como ella, tenían otro camino. La respuesta brota de lo más profundo de mi corazón y quiero que mis amigos la conozcan. Vicki pudo elegir otros caminos que eran distintos sin ser deshonrosos, pero el que eligió era el más justo, el más generoso, el más razonado. Su lúcida muerte es una síntesis de su corta, hermosa vida. No vivió para ella: vivió para otros, y esos otros son millones.
"Su muerte sí, su muerte fue gloriosamente suya, y en ese orgullo me afirmo y soy yo quien renace de ella".
Fuente: www.canalabierto.com.ar
El Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la ONU concluyó su visita al país con un duro diagnóstico sobre el sistema judicial penal.
"El sistema judicial penal de Argentina trata marcadamente
diferente a los sectores humildes y a quienes están involucrados en la
protesta social. Y esto debe ser abordado como una cuestión
prioritaria." La frase es una de las conclusiones preliminares del Grupo
de Trabajo sobre Detención Arbitraria de Naciones Unidas que el jueves
18 concluyó su visita al país. No trataron la detención arbitraria de
Milagro Sala porque eso ya está resuelto. Pero en su informe preliminar
los expertos incluyeron un apartado sobre la selectividad del sistema
penal en la aplicación de la prisión preventiva que incluyó a los
gremios, movimientos sociales y políticos y pueblos indígenas, como
víctimas de esa práctica en el contexto de protestas sociales y
públicas.
Algo de eso hallaron en Jujuy los expertos independientes del Grupo de Trabajo, la letona Elina Steinerte y el beninés Sètondji Roland Adjovi, cuando se reunieron con unas 30 personas integrantes de organismos de derechos humanos, organizaciones sociales, políticas y gremiales. Uno de esos reclamos lo escucharon de boca del secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados del Ingenio Ledesma (SOEIL), Rafael Vargas, quien advirtió sobre la celeridad que tomaron las causas judiciales sobre los dirigentes de los gremios azucareros, que, solo en Jujuy, tiene 8 dirigentes, 2 asesores legales y 6 trabajadores procesados. "Eso ocurre en sintonía con el gobierno que nos impone multas, que nosotros tenemos recurridas", dijo Vargas a Tiempo.
Las multas al gremio suman 2,5 millones de pesos. Las acusaciones son por delitos varios y todas en el marco de protestas. El propio Vargas está cumpliendo una probation por una manifestación en la puerta del Ingenio Ledesma por el que la empresa de la familia Blaquier lo acusó de usurpación. Además, tiene iniciadas otras dos causas. Según la Federación Azucarera Regional, que reúne los seis gremios de Salta y Jujuy, hay unos 30 trabajadores procesados y se trata de un "ataque coordinado" de los ingenios, el gobierno nacional y el provincial de Gerardo Morales.
En su visita a Argentina el GTDA viajó a Jujuy, Chubut, ciudad y provincia de Buenos Aires, recorrieron 19 cárceles y se entrevistaron con dos centenares de personas. En el norte se reunieron con organizaciones de la sociedad civil en la que recibieron denuncias sobre la utilización de la justicia como herramienta de persecución gremial. "En el informe preliminar realizamos una mención especial a las organizaciones gremiales como parte de grupos que están expuestos a la selectividad de la justicia penal", respondió Adjovi a Tiempo.
En su anterior visita al país, el GTDA advirtió sobre la responsabilidad del Estado para garantizar el derecho a la protesta y a reclamar a las autoridades. "Es desafortunadamente cierto que algunas de las cuestiones que nuestros colegas advirtieron en 2003 siguen estando presentes", agregó Steinerte. Su colega completó la idea: "En cuanto a las protestas sociales vemos que siguen siendo criminalizadas y reprimidas."
Los expertos independientes brindarán su informe final ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en septiembre de 2018, y se estima que las conclusiones serán negativas para el gobierno nacional. En los hallazgos preliminares presentados luego de diez días de visita señalaron que desde 1994 la legislación le da carácter excepcional a la prisión preventiva, pero alertaron que ese marco legal no se refleja en las prácticas del Poder Judicial, que mantiene el 60% de la población carcelaria en esa situación. «
Algo de eso hallaron en Jujuy los expertos independientes del Grupo de Trabajo, la letona Elina Steinerte y el beninés Sètondji Roland Adjovi, cuando se reunieron con unas 30 personas integrantes de organismos de derechos humanos, organizaciones sociales, políticas y gremiales. Uno de esos reclamos lo escucharon de boca del secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados del Ingenio Ledesma (SOEIL), Rafael Vargas, quien advirtió sobre la celeridad que tomaron las causas judiciales sobre los dirigentes de los gremios azucareros, que, solo en Jujuy, tiene 8 dirigentes, 2 asesores legales y 6 trabajadores procesados. "Eso ocurre en sintonía con el gobierno que nos impone multas, que nosotros tenemos recurridas", dijo Vargas a Tiempo.
Las multas al gremio suman 2,5 millones de pesos. Las acusaciones son por delitos varios y todas en el marco de protestas. El propio Vargas está cumpliendo una probation por una manifestación en la puerta del Ingenio Ledesma por el que la empresa de la familia Blaquier lo acusó de usurpación. Además, tiene iniciadas otras dos causas. Según la Federación Azucarera Regional, que reúne los seis gremios de Salta y Jujuy, hay unos 30 trabajadores procesados y se trata de un "ataque coordinado" de los ingenios, el gobierno nacional y el provincial de Gerardo Morales.
En su visita a Argentina el GTDA viajó a Jujuy, Chubut, ciudad y provincia de Buenos Aires, recorrieron 19 cárceles y se entrevistaron con dos centenares de personas. En el norte se reunieron con organizaciones de la sociedad civil en la que recibieron denuncias sobre la utilización de la justicia como herramienta de persecución gremial. "En el informe preliminar realizamos una mención especial a las organizaciones gremiales como parte de grupos que están expuestos a la selectividad de la justicia penal", respondió Adjovi a Tiempo.
En su anterior visita al país, el GTDA advirtió sobre la responsabilidad del Estado para garantizar el derecho a la protesta y a reclamar a las autoridades. "Es desafortunadamente cierto que algunas de las cuestiones que nuestros colegas advirtieron en 2003 siguen estando presentes", agregó Steinerte. Su colega completó la idea: "En cuanto a las protestas sociales vemos que siguen siendo criminalizadas y reprimidas."
Los expertos independientes brindarán su informe final ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en septiembre de 2018, y se estima que las conclusiones serán negativas para el gobierno nacional. En los hallazgos preliminares presentados luego de diez días de visita señalaron que desde 1994 la legislación le da carácter excepcional a la prisión preventiva, pero alertaron que ese marco legal no se refleja en las prácticas del Poder Judicial, que mantiene el 60% de la población carcelaria en esa situación. «
Miles de personas se movilizaron del Congreso de la Nación a Plaza de Mayo convocadas por el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia (EMVyJ), partidos de izquierda y organizaciones sociales.
La nutrida columna, integrada por unas 10 mil personas según cálculos de los organizadores, estuvo encabezada por el premio Nóbel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel y Mirta Baravalle, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, entre otros referentes de las organizaciones de Derechos Humanos. También estuvieron presentes dirigentes de partidos políticos de izquierda y de organizaciones populares y sociales.
Al llegar a Plaza de Mayo, los organizadores leyeron un documento en el que señalaron que “Macri y todos los gobernadores intentan disciplinar al pueblo para hacer pasar el ajuste y desarticular a las organizaciones populares”, y detallaron una serie de hechos represivos ordenados tanto por el gobierno nacional como por los provinciales en el Gran Buenos Aires, Capital Federal, Santa Cruz, Jujuy y Formosa.
Al respecto, el EMVyJ anunció el inicio de “una campaña nacional” para exigir: “No a la represión de Macri y los gobernadores”; “Abajo toda la legislación represiva, desde las leyes ‘antiterroristas’ del kirchnerismo hasta el protocolo antipiquetes de la ministra Bullrich”; “Libertad a Milagro Sala y los 5 detenidos de Jujuy”; “Libertad a Agustín Santillán y los tres hermanos wichí detenidos en Formosa”; “Absolución de los petroleros de Las Heras condenados a cadena perpetua en 2013”.
Respecto del fallo de la Corte Suprema del “2 x 1”, el documento lo calificó de “aberrante” y “es funcional a la política del gobierno macrista que niega los 30.000 desaparecidos y el terrorismo de Estado”. También apiuntó contra la Iglesia que “llama al pueblo a reconciliarse con los que secuestraron, torturaron, asesinaron y se apropiaron de bebés durante la última dictadura cívico-militar.” Y afirmó que “esa política de reconciliación, hay que decirlo, la inició el gobierno de Cristina Kirchner al designar al genocida Milani como jefe del Ejército”.
El texto señaló que “El gobierno macrista promueve el olvido y la impunidad porque pretende reinsertar a las Fuerzas Armadas en tareas de represión interna a fin de imponer los despidos, el ajuste y la entrega”.
Por la libertad de Milagro Sala: conmovedora marcha de antorchas ante la CIDH
Contundente reclamo para que la Corte Suprema resuelva a la brevedad los recursos extraordinarios que reclaman por la liberación de la líder de la Tupac Amaru. Un multitud se congregó en la Plaza San Martín.
Una columna
de más de 15 mil personas atravesó la ciudad, desde la intersección de
la avenida 9 de Julio con Santa Fe hasta el Hotel Sheraton de Retiro,
para exigir la liberación de Milagro Sala y reunirse con la delegación
de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), alojada en ese
lugar.
La marcha, que comenzó por la tarde y terminó ya en la noche del martes, alteró el paisaje habitual de esa zona porteña: miles de velas y latitas que contenían líquido inflamable se transformaron en antorchas al llegar a la explanada de la Plaza San Martín. Los oficinistas y el resto de los trabajadores que caminaban hacia las terminales ferroviarias para regresar a sus hogares observaron el paso de una movilización que, al clásico retumbar de los bombos, sumó la escena de las luces flameando en el viento.
La marcha había sido convocada por el Frente por el Trabajo y Dignidad Milagro Sala, una coordinadora de agrupaciones en la que tiene un rol central la propia Organización Territorial Túpac Amaru, que encabeza la dirigente jujeña presa en el penal de Alto Comedero. Entre las antorchas encendidas se vieron, además, banderas de La Cámpora, ATE Capital, Solidaridad e Igualdad, Los Irrompibles, Sindicato de Curtidores de Cuero, Quebracho, CTA de los Trabajadores, Movimiento Territorial de Liberación (MTL), Descamisados, Militancia Popular y PCCE, entre otros espacios políticos y sindicales.
Al llegar al Sheraton, los manifestantes aguardaron frente al acceso principal, sobre la calle San Martín al 1200, mientras que un grupo reducido de dirigentes y miembros del Comité por la Libertad de Milagro Sala –que tiene 60 sedes en el país y 10 a lo largo del mundo- ingresó al hotel para entrevistarse con las autoridades de la CIDH.
A solas con la CIDH La reunión, en un primer momento, estaba pautada para durar 30 minutos: al final se extendió por una hora. En representación de la CIDH estuvo su secretario ejecutivo, el abogado brasileño Paulo Abrão. Con un doctorado en Derecho en la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro y un posgrado en DDHH y Democratización en la Universidad de Chile, Abrão señaló a sus interlocutores que las denuncias que le hicieron llegar a la Comisión por el encarcelamiento a Sala exhiben “consistencia, contundencia y coherencia”. También aseguró a los delegados de los manifestantes que la CIDH tiene “absolutamente presente” la situación de la líder de la Túpac.
“El secretario ejecutivo de la CIDH (por Abrão) hizo también una reflexión política respecto a los contextos socioeconómicos y de determinados contextos represivos”, relató a Tiempo Estela Díaz, secretaria de Género e Igualdad de la CTA de los Trabajadores e integrante del Comité por la Libertad de la dirigente jujeña. Junto a Díaz estuvo también el coordinador nacional de la Túpac, Alejandro “Coco” Garfagnini, quien al término de la entrevista habló con la multitud desde un escenario montado sobre la calle. Dentro de las instalaciones del Sheraton, Abrão recibió a los representantes del Frente por Trabajo y Dignidad Milagro Sala junto a otros tres funcionarios de la CIDH: los responsables de las áreas Legal, Prensa y Relación con las Organizaciones de la Sociedad Civil del organismo hemisférico que depende de la OEA.
La oportunidad de la Corte Una vez que terminó la reunión, Garfagnini dirigió un mensaje a la multitud que esperaba. En sus palabras coló un fuerte reclamo a la Corte Suprema. Tras el enorme desgaste que le produjo el fallo por el ‘2x1’ aplicado a represores, el máximo tribunal tendrá que resolver –en un plazo no muy largo- sobre dos recursos extraordinarios vinculados a la detención de Sala. Garfagnini adelantó que en los próximos días el Comité por la Libertad de Sala iniciará una campaña ciudadana que consistirá en que 100 mil argentinos envíen cartas postales a la Corte Suprema, cuya sede está en el cuarto piso del Palacio de Tribunales, Talcahuano 550, para exigir la liberación de la diputada del Parlasur.
“A la Corte Suprema, a esta Corte que está tan desprestigiada, que tiene sobre sí tantos juicios políticos, vamos a pedirle que, por favor, no vuelva a cometer la misma barbaridad que cometió con el ‘2x1’. Que inmediatamente traten los dos recursos extraordinarios. Que dejen en libertad a Milagro y a los otros compañeros, y que vuelva a haber Estado de Derecho y democracia en la Argentina”, reclamó Garfagnini en medio de una ovación. Un momento antes, y flanqueado por el secretario general de la CTA Hugo Yasky, el ex jefe de gobierno porteño Aníbal Ibarra y los gremialistas Daniel “Tano” Catalano (ATE Capital) y Walter Correa (Curtidores-Corriente Federal de los Trabajadores), el coordinador de la Túpac había exigido la renuncia formal del secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Avruj.
“Hoy (por el martes), y formalmente, le pedimos la renuncia a ese canalla que está usurpando la Secretaría de Derechos Humanos (por Avruj). Porque no va a ser recordado jamás como secretario de Derechos Humanos de la Nación sino como un carcelero y un cómplice de las violaciones de los Derechos Humanos en la Argentina”, cargó Garfagnini entre aplausos, vítores y gritos de “Macri/ vos sos la dictadura”. En el palco, delante de una gran bandera de la principal organización convocante, también se pudo ver a Mara Brawer, secretaria de la Mujer del PJ porteño; al sacerdote Francisco “Paco” Olveira, párroco de la Isla Maciel y miembro del Grupo de Curas en Opción por los Pobres; al vicepresidente del Frente Grande Eduardo Sigal, entre otras personalidades.
“No podemos ser ingenuos. Acá hay condicionamientos sobre el Poder Judicial del poder político. No por casualidad hay tantos detenidos en Jujuy”, advirtió Sigal en diálogo con este diario. “Hoy estamos haciendo este pedido a la CIDH pero lo mismo hacemos a lo largo y a lo ancho del país porque, realmente, estamos frente a una obstinación por parte del macrismo, en su sociedad con Gerardo Morales en Jujuy, por perseguir a los movimientos populares”, completó el ex funcionario de la Cancillería durante el kirchnerismo. Entre los manifestantes también se vieron rostros conocidos del movimiento de Derechos Humanos y del ámbito de la cultura: eran Laura Conde, Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora, y Lola Berthet, actriz.
“Los argentinos estamos frente a un gobierno que ya no ejerce la prueba y el error, como algunos decían antes. Para mí tienen muy claro el camino. Y tienen muy claro hacia dónde van. Jujuy es un laboratorio de eso. Y Mendoza es el segundo laboratorio: porque entre ambas provincias ya tenemos 12 presos políticos tupaqueros”, remarcó Berthet ante la consulta de Tiempo. “Más allá de mi oficio, que es la actuación, yo conocí a la Túpac hace muchos años. Y gracias a Dios, y gracias al espacio de Milagro, pude dar mis talleres de cultura para los pibes. Yo me siento tupaquera, por eso hoy estoy acá y por eso estoy en todas las marchas de la Túpac”, contó Berthet.
La mirada desde Jujuy Algunos de los manifestantes que se acercaron hasta el Sheraton habían llegado desde la distante Jujuy. Era el caso de Humberto “Beto” Mogro, delegado de la Túpac en la localidad jujeña de Parapetí. “El gobierno argentino está haciendo oídos sordos, no sólo al pueblo, sino que además le está faltando el respeto a la ONU, a los organismos de Derechos Humanos a nivel internacional. En Jujuy, Gerardo Morales dice que él no va a liberar a Milagro. Que no la va a liberar por más que vengan de las Naciones Unidas o de lo que sea. Eso significa que él está llevando adelante todos los poderes públicos en la provincia, que las decisiones están en sus manos. Él tiene bronca, mucho odio dentro suyo, y le echa la bronca a Milagro por el huevo que se le tiró aquel día. Pero Milagro no mandó a nadie. La persona que la culpaba a ella ya ha salido a reconocer que ese día había un testigo falso. A Milagro la han metido presa por estar en un acampe en defensa del trabajo de todos”, planteó Mogro, conmovido y con fuerte acento del norte.
Una vez que finalizó el acto, todos los dirigentes del Frente por Trabajo y Dignidad felicitaron a Garfagnini y acordaron comenzar a diseñar los próximos pasos. Allí estaban Fernando Gómez (Descamisados), Eduardo Montes (FeTraEs) y Juan Pablo O’Dezaille (Militancia Popular). Cerca del escenario también estaba la ex legisladora porteña María Elena Naddeo, quien integra la ADPH y además es miembro del Comité por la Libertad de Milagro. Todos coincidían en que el encarcelamiento de Sala es un acto que busca generar un efecto disciplinador. Dirigente sindical del Cuero y miembro de la CGT, Correa atribuyó el endurecimiento represivo a la condición de clase del núcleo de Cambiemos. “El macrismo significa la democracia en su mínima expresión. Utilizan el aparato represivo y el poder de la oligarquía para, de una forma u otra, amedrentar y meter presión a los trabajadores. Para que no luchen, para que no reclamen y para que no hagan oposición. Tenemos que entender que la oligarquía está haciendo su primera experiencia dentro de un esquema democrático y para eso utiliza el aparato represivo con la complicidad de la Justicia en su máxima potencia”, advirtió.
Antes de desconcentrar hacia la plaza Fuerza Aérea Argentina, famosa por contener a la Torre de los Ingleses, Garfagnini ratificó en diálogo con Tiempo el reclamo dirigido a la Corte Suprema. “Espero que la Corte se expida. Y queremos que lo haga de modo urgente. Y que no siga profundizando la crisis y el desprestigio que ya se ha ganado con la línea del ‘2x1’. La Procuración General de la Nación ya se expidió. También se expidió el Grupo de Trabajo contra las Detenciones Arbitrarias de las Naciones Unidas. No hay fundamento para que la Corte siga dilatando la resolución de los dos recursos extraordinarios”, profundizó el referente de la Túpac.
Los integrantes del Observatorio Luz Ibarburu: Pablo Chargoñia,
Florencia Retamosa y Raúl Olivera, y los comisionados de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos: Luis Vargas, José Orozco, Francisco
Eguiguren y James Cavallaro, durante una audiencia, ayer, en Buenos
Aires. Foto: Pablo Vignali
Ser y estar
Desde que en 2015 el Observatorio Luz Ibarburu –Oli, nacido tres años antes para evaluar el estado de la persecución penal de los crímenes de la dictadura– se dotó de un equipo jurídico que comenzó a patrocinar causas, sus integrantes están convencidos de que algo empezó a cambiar en el panorama desolador que domina todo lo relacionado con justicia y derechos humanos en Uruguay.
Chiquito Perrini, el amigo de todos
Chiquito Perrini, el amigo de todos en Carmelo, hombre de familia bueno y servicial, de gran corazón, asesinado en la tortura durante la bárbara razzia de los infames milicos del cuartel de Colonia, justamente por intentar defender a una compañera que estaba siendo violada.
En ese antro de tortura que fue el cuartel de Colonia masacraron a todos y violaron a hombres y mujeres; no respetaron ni siquiera a madres de familia. Esos violadores, asesinos y torturadores andan paseándose hoy libremente por las calles. Ninguna sociedad civilizada puede sobrevivir sin justicia. Su falta sólo va a conducir a más dictaduras asesinas y a más respuestas como la Cárcel del Pueblo para establecer justicia popular. Pero la próxima vez les va a tocar perder a los verdugos porque el pueblo tiene que aprender de todo lo que pasó, so pena de no sobrevivir...
Ricardo Ferré
En términos generales, podemos decir que la noción de justicia es histórica, relativa a un modo de producción específico. La esclavitud no es injusta desde el punto de vista de una sociedad esclavista, ni la explotación sería injusta según las reglas contractuales propias de la producción mercantil generalizada.
El marxismo entiende al Estado como un órgano de dominación de una clase sobre otra. La división de poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) en las repúblicas burguesas compone un sistema de engranajes para mantener esta dominación sobre el pueblo trabajador, junto a otras instituciones, como las Fuerzas Armadas, la Iglesia, entre otras.
Ninguno de estos poderes es imparcial, sino que defienden a su clase, es decir la clase explotadora, aunque se disfracen como poderes independientes.
No obstante, dentro del propio derecho burgués es evidente que la justicia actúa de modo diferente con los pobres y los ricos.
Si un pobre comete un hurto, seguramente que usted no lo verá al poco tiempo paseando por Gorlero o viviendo en una chacra de José Ignacio. Sin embargo, un señor que fue el jefe de la banda que cometió la estafa más importante de los últimos 40 años, que en el año 2002 condenó a la pobreza a casi un millón de uruguayos, que provocó el suicidio de unas 500 personas y se quedó con unos 1.500 millones de dólares de ahorristas uruguayos, argentinos y paragüayos, apenas estuvo en la cárcel 5 años. Se llama Juan Peirano y lleva una apacible vida en Punta del Este.
Si usted es joven y pobre y comete un delito, seguramente dormirá tras las rejas por el tiempo que marca el código. Nadie lo verá por la rambla paseando a su perrito en brazos como lo hace un señor llamado Eugenio Figueredo, procesado por una causa internacional de corrupción, lavado de activos y estafa.
Alí Primera cantaba: “La policía es siempre eficiente cuando se trata de los pobres”. Y mucho antes el gaucho Martín Fierro afirmaba: “La ley es tela de araña, y en mi ignorancia lo explico, no la tema el hombre rico, no la tema el que mande, pues la rompe el bicho grande y sólo enrieda a los chicos”.
Hay una muy buena película argentina llamada Relatos Salvajes. En la misma, el actor Oscar Martínez compone a un millonario al que un día su hijo lo despierta llorando y diciéndole: “Atropellé a alguien con el coche”. A partir de ahí se desespera por evitar que ese hijo vaya a la cárcel, por más que para ello deba apelar a diversos ilícitos”.
Y el actor explica: “la ley no es igual para todo el mundo. Hay una Justicia para ricos y otra para pobres. Para empezar, una persona rica puede contratar un abogado que el de pocos recursos no. Amén de los vínculos y conexiones que tiene alguien así. Los que pueden hacer eso son una minoría”.
Y lo más interesante: “Mirá, no voy a decir dónde filmamos, por lo que te voy a contar. Nosotros rodábamos en un barrio muy caro, en una casa que sale más de US$ 10 millones. Las de por ahí ninguna bajaba de los US$ 3 o US$ 4 millones...Un señor muy amable se asomaba. Muy simpático. Un vecino lindante. Y resulta que ese vecino era un ex juez. Todos sabemos lo que cobra un juez. Con el sueldo de un juez no te podés comprar una casa de 3, 4 o 5 millones de dólares. Salvo que los haya heredado. Es imposible que con su sueldo se la haya comprado ”.
La marcha, que comenzó por la tarde y terminó ya en la noche del martes, alteró el paisaje habitual de esa zona porteña: miles de velas y latitas que contenían líquido inflamable se transformaron en antorchas al llegar a la explanada de la Plaza San Martín. Los oficinistas y el resto de los trabajadores que caminaban hacia las terminales ferroviarias para regresar a sus hogares observaron el paso de una movilización que, al clásico retumbar de los bombos, sumó la escena de las luces flameando en el viento.
La marcha había sido convocada por el Frente por el Trabajo y Dignidad Milagro Sala, una coordinadora de agrupaciones en la que tiene un rol central la propia Organización Territorial Túpac Amaru, que encabeza la dirigente jujeña presa en el penal de Alto Comedero. Entre las antorchas encendidas se vieron, además, banderas de La Cámpora, ATE Capital, Solidaridad e Igualdad, Los Irrompibles, Sindicato de Curtidores de Cuero, Quebracho, CTA de los Trabajadores, Movimiento Territorial de Liberación (MTL), Descamisados, Militancia Popular y PCCE, entre otros espacios políticos y sindicales.
Al llegar al Sheraton, los manifestantes aguardaron frente al acceso principal, sobre la calle San Martín al 1200, mientras que un grupo reducido de dirigentes y miembros del Comité por la Libertad de Milagro Sala –que tiene 60 sedes en el país y 10 a lo largo del mundo- ingresó al hotel para entrevistarse con las autoridades de la CIDH.
A solas con la CIDH La reunión, en un primer momento, estaba pautada para durar 30 minutos: al final se extendió por una hora. En representación de la CIDH estuvo su secretario ejecutivo, el abogado brasileño Paulo Abrão. Con un doctorado en Derecho en la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro y un posgrado en DDHH y Democratización en la Universidad de Chile, Abrão señaló a sus interlocutores que las denuncias que le hicieron llegar a la Comisión por el encarcelamiento a Sala exhiben “consistencia, contundencia y coherencia”. También aseguró a los delegados de los manifestantes que la CIDH tiene “absolutamente presente” la situación de la líder de la Túpac.
“El secretario ejecutivo de la CIDH (por Abrão) hizo también una reflexión política respecto a los contextos socioeconómicos y de determinados contextos represivos”, relató a Tiempo Estela Díaz, secretaria de Género e Igualdad de la CTA de los Trabajadores e integrante del Comité por la Libertad de la dirigente jujeña. Junto a Díaz estuvo también el coordinador nacional de la Túpac, Alejandro “Coco” Garfagnini, quien al término de la entrevista habló con la multitud desde un escenario montado sobre la calle. Dentro de las instalaciones del Sheraton, Abrão recibió a los representantes del Frente por Trabajo y Dignidad Milagro Sala junto a otros tres funcionarios de la CIDH: los responsables de las áreas Legal, Prensa y Relación con las Organizaciones de la Sociedad Civil del organismo hemisférico que depende de la OEA.
La oportunidad de la Corte Una vez que terminó la reunión, Garfagnini dirigió un mensaje a la multitud que esperaba. En sus palabras coló un fuerte reclamo a la Corte Suprema. Tras el enorme desgaste que le produjo el fallo por el ‘2x1’ aplicado a represores, el máximo tribunal tendrá que resolver –en un plazo no muy largo- sobre dos recursos extraordinarios vinculados a la detención de Sala. Garfagnini adelantó que en los próximos días el Comité por la Libertad de Sala iniciará una campaña ciudadana que consistirá en que 100 mil argentinos envíen cartas postales a la Corte Suprema, cuya sede está en el cuarto piso del Palacio de Tribunales, Talcahuano 550, para exigir la liberación de la diputada del Parlasur.
“A la Corte Suprema, a esta Corte que está tan desprestigiada, que tiene sobre sí tantos juicios políticos, vamos a pedirle que, por favor, no vuelva a cometer la misma barbaridad que cometió con el ‘2x1’. Que inmediatamente traten los dos recursos extraordinarios. Que dejen en libertad a Milagro y a los otros compañeros, y que vuelva a haber Estado de Derecho y democracia en la Argentina”, reclamó Garfagnini en medio de una ovación. Un momento antes, y flanqueado por el secretario general de la CTA Hugo Yasky, el ex jefe de gobierno porteño Aníbal Ibarra y los gremialistas Daniel “Tano” Catalano (ATE Capital) y Walter Correa (Curtidores-Corriente Federal de los Trabajadores), el coordinador de la Túpac había exigido la renuncia formal del secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Avruj.
“Hoy (por el martes), y formalmente, le pedimos la renuncia a ese canalla que está usurpando la Secretaría de Derechos Humanos (por Avruj). Porque no va a ser recordado jamás como secretario de Derechos Humanos de la Nación sino como un carcelero y un cómplice de las violaciones de los Derechos Humanos en la Argentina”, cargó Garfagnini entre aplausos, vítores y gritos de “Macri/ vos sos la dictadura”. En el palco, delante de una gran bandera de la principal organización convocante, también se pudo ver a Mara Brawer, secretaria de la Mujer del PJ porteño; al sacerdote Francisco “Paco” Olveira, párroco de la Isla Maciel y miembro del Grupo de Curas en Opción por los Pobres; al vicepresidente del Frente Grande Eduardo Sigal, entre otras personalidades.
“No podemos ser ingenuos. Acá hay condicionamientos sobre el Poder Judicial del poder político. No por casualidad hay tantos detenidos en Jujuy”, advirtió Sigal en diálogo con este diario. “Hoy estamos haciendo este pedido a la CIDH pero lo mismo hacemos a lo largo y a lo ancho del país porque, realmente, estamos frente a una obstinación por parte del macrismo, en su sociedad con Gerardo Morales en Jujuy, por perseguir a los movimientos populares”, completó el ex funcionario de la Cancillería durante el kirchnerismo. Entre los manifestantes también se vieron rostros conocidos del movimiento de Derechos Humanos y del ámbito de la cultura: eran Laura Conde, Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora, y Lola Berthet, actriz.
“Los argentinos estamos frente a un gobierno que ya no ejerce la prueba y el error, como algunos decían antes. Para mí tienen muy claro el camino. Y tienen muy claro hacia dónde van. Jujuy es un laboratorio de eso. Y Mendoza es el segundo laboratorio: porque entre ambas provincias ya tenemos 12 presos políticos tupaqueros”, remarcó Berthet ante la consulta de Tiempo. “Más allá de mi oficio, que es la actuación, yo conocí a la Túpac hace muchos años. Y gracias a Dios, y gracias al espacio de Milagro, pude dar mis talleres de cultura para los pibes. Yo me siento tupaquera, por eso hoy estoy acá y por eso estoy en todas las marchas de la Túpac”, contó Berthet.
La mirada desde Jujuy Algunos de los manifestantes que se acercaron hasta el Sheraton habían llegado desde la distante Jujuy. Era el caso de Humberto “Beto” Mogro, delegado de la Túpac en la localidad jujeña de Parapetí. “El gobierno argentino está haciendo oídos sordos, no sólo al pueblo, sino que además le está faltando el respeto a la ONU, a los organismos de Derechos Humanos a nivel internacional. En Jujuy, Gerardo Morales dice que él no va a liberar a Milagro. Que no la va a liberar por más que vengan de las Naciones Unidas o de lo que sea. Eso significa que él está llevando adelante todos los poderes públicos en la provincia, que las decisiones están en sus manos. Él tiene bronca, mucho odio dentro suyo, y le echa la bronca a Milagro por el huevo que se le tiró aquel día. Pero Milagro no mandó a nadie. La persona que la culpaba a ella ya ha salido a reconocer que ese día había un testigo falso. A Milagro la han metido presa por estar en un acampe en defensa del trabajo de todos”, planteó Mogro, conmovido y con fuerte acento del norte.
Una vez que finalizó el acto, todos los dirigentes del Frente por Trabajo y Dignidad felicitaron a Garfagnini y acordaron comenzar a diseñar los próximos pasos. Allí estaban Fernando Gómez (Descamisados), Eduardo Montes (FeTraEs) y Juan Pablo O’Dezaille (Militancia Popular). Cerca del escenario también estaba la ex legisladora porteña María Elena Naddeo, quien integra la ADPH y además es miembro del Comité por la Libertad de Milagro. Todos coincidían en que el encarcelamiento de Sala es un acto que busca generar un efecto disciplinador. Dirigente sindical del Cuero y miembro de la CGT, Correa atribuyó el endurecimiento represivo a la condición de clase del núcleo de Cambiemos. “El macrismo significa la democracia en su mínima expresión. Utilizan el aparato represivo y el poder de la oligarquía para, de una forma u otra, amedrentar y meter presión a los trabajadores. Para que no luchen, para que no reclamen y para que no hagan oposición. Tenemos que entender que la oligarquía está haciendo su primera experiencia dentro de un esquema democrático y para eso utiliza el aparato represivo con la complicidad de la Justicia en su máxima potencia”, advirtió.
Antes de desconcentrar hacia la plaza Fuerza Aérea Argentina, famosa por contener a la Torre de los Ingleses, Garfagnini ratificó en diálogo con Tiempo el reclamo dirigido a la Corte Suprema. “Espero que la Corte se expida. Y queremos que lo haga de modo urgente. Y que no siga profundizando la crisis y el desprestigio que ya se ha ganado con la línea del ‘2x1’. La Procuración General de la Nación ya se expidió. También se expidió el Grupo de Trabajo contra las Detenciones Arbitrarias de las Naciones Unidas. No hay fundamento para que la Corte siga dilatando la resolución de los dos recursos extraordinarios”, profundizó el referente de la Túpac.
Francisco se solidarizó con la dirigente social detenida en Jujuy. “La acompaño con mi oración y los deseos de que todo se resuelva bien y pronto”, sostuvo.
El Papa Francisco envió este miércoles una carta manuscrita a
Milagro Sala cuando se cumplen casi 500 días de su detención ilegal en
Jujuy.
Milagro recibió en su celda la carta en respuesta a otra enviada por ella antes, en la que le relató el constante y creciente hostigamiento del que es víctima en el penal de mujeres.
“Sé que el momento por el que está pasando no es fácil. Me he informado de algunas cosas y comprendo su dolor y su sufrimiento. Quiero asegurarle que la acompaño con mi oración y los deseos de que todo se resuelva bien y pronto”, escribió el Sumo Pontífice. Y agregó: “Le aseguro mi oración y mi cercanía y, por favor, les pido que no se olviden de rezar por mi”.
La dirigente social aseguró que se sintió muy emocionada al recibir la carta. “Me ha emocionado mucho, que nos tengan en cuenta. Jujuy es una provincia muy chiquita y la están teniendo en cuenta toda la Argentina, en todo latinoamerica por las cosas que están pasando. Con lo que sucede en Brasil, en Venezuela, y que el Papa piense aún así en nosotras es muy admirable”, expresó.
Si bien la misiva fue firmada el 5 de mayo, y enviada por correo diplomático, recién fue entregada este miércoles a la diputada del Parlasur.
Mirta Aizama, otra de las presas políticas en Jujuy, también recibió una carta firmada por Francisco.
URUGUAY
Este jueves 25 de mayo se realizaron dos audiencias ante la Corte
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Buenos Aires -en el marco
del 162 periodo extraordinario de sesiones-, en las que se analizaron
dos denuncias que presentaron organizaciones civiles uruguayas contra el
Estado de nuestro país.
Una de ellas, la presentó el Observatorio Luz Ibarburu, que realiza en Uruguay el seguimiento de 306 expedientes referidos a violaciones a los derechos humanos durante el terrorismo de Estado y patrocina cerca de medio centenar de ellas.
Dicha denuncia se trata de la situación general de “los operadores de justicia y defensores de derechos humanos del proceso de justicia transicional en nuestro país”.
El Observatorio también solicitó la audiencia a los efectos de informar a la CIDH sobre las amenazas del llamado comando Barneix a operadores del sistema judicial -entre ellas a defensores de los derechos humanos vinculados a la actividad del Observatorio-, y las dificultades que atraviesa el cumplimiento de la sentencia de condena al Uruguay en el caso Gelman relativo al proceso de justicia.
En ese marco, la Comisión citó tanto al Observatorio como al Estado uruguayo para que respondieran y analizaran en conjunto tales denuncias.
Sin embargo, el Estado uruguayo no asistió al encuentro y en su lugar envió una misiva a través de la cual expresó la imposibilidad de asistir a la citación.
Si bien en la carta el Estado se manifestó abierto al diálogo, de todos modos no argumentó qué elementos le imposibilitaban estar representado.
A raíz de ello, la instancia de debate y análisis no pudo realizarse.
En las audiencias, las organizaciones que realizan la petición presentan sus denuncias, luego se da paso al Estado, y la CIDH realiza interrogantes a las partes.
Olivera dijo que “salvo Dolnald Trump, todos los estados asisten a las audiencias”, por lo que consideró la ausencia del Estado uruguayo como “un desaire”, y calificó tal actitud como “un error político”.
Desde la Comisión Interamericana también se manifestó “asombro” por la inasistencia de Uruguay.
AFUSEC
Milagro recibió en su celda la carta en respuesta a otra enviada por ella antes, en la que le relató el constante y creciente hostigamiento del que es víctima en el penal de mujeres.
“Sé que el momento por el que está pasando no es fácil. Me he informado de algunas cosas y comprendo su dolor y su sufrimiento. Quiero asegurarle que la acompaño con mi oración y los deseos de que todo se resuelva bien y pronto”, escribió el Sumo Pontífice. Y agregó: “Le aseguro mi oración y mi cercanía y, por favor, les pido que no se olviden de rezar por mi”.
La dirigente social aseguró que se sintió muy emocionada al recibir la carta. “Me ha emocionado mucho, que nos tengan en cuenta. Jujuy es una provincia muy chiquita y la están teniendo en cuenta toda la Argentina, en todo latinoamerica por las cosas que están pasando. Con lo que sucede en Brasil, en Venezuela, y que el Papa piense aún así en nosotras es muy admirable”, expresó.
Si bien la misiva fue firmada el 5 de mayo, y enviada por correo diplomático, recién fue entregada este miércoles a la diputada del Parlasur.
Mirta Aizama, otra de las presas políticas en Jujuy, también recibió una carta firmada por Francisco.
URUGUAY
Estado uruguayo no se presentó a la Corte Interamericana de DDHH por denuncia de Observatorio Luz Ibarburu
El Estado uruguayo no asistió ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos donde se pretendía analizar la denuncia que presentó el Observatorio Luz Ibarburu por el escaso avance en las investigaciones sobre los 306 expedientes referidos a violaciones a los derechos humanos en dictadura, y por las amenazas del comando Barneix a operadores del sistema judicial.
Una de ellas, la presentó el Observatorio Luz Ibarburu, que realiza en Uruguay el seguimiento de 306 expedientes referidos a violaciones a los derechos humanos durante el terrorismo de Estado y patrocina cerca de medio centenar de ellas.
Dicha denuncia se trata de la situación general de “los operadores de justicia y defensores de derechos humanos del proceso de justicia transicional en nuestro país”.
El Observatorio también solicitó la audiencia a los efectos de informar a la CIDH sobre las amenazas del llamado comando Barneix a operadores del sistema judicial -entre ellas a defensores de los derechos humanos vinculados a la actividad del Observatorio-, y las dificultades que atraviesa el cumplimiento de la sentencia de condena al Uruguay en el caso Gelman relativo al proceso de justicia.
En ese marco, la Comisión citó tanto al Observatorio como al Estado uruguayo para que respondieran y analizaran en conjunto tales denuncias.
Sin embargo, el Estado uruguayo no asistió al encuentro y en su lugar envió una misiva a través de la cual expresó la imposibilidad de asistir a la citación.
Si bien en la carta el Estado se manifestó abierto al diálogo, de todos modos no argumentó qué elementos le imposibilitaban estar representado.
A raíz de ello, la instancia de debate y análisis no pudo realizarse.
Desaire
El coordinador ejecutivo, del Observatorio, Raúl Olivera, explicó a LARED21 que debido a la ausencia del Estado uruguayo ante la CIDH, se realizó el planteo, pero no el análisis de la denuncia.En las audiencias, las organizaciones que realizan la petición presentan sus denuncias, luego se da paso al Estado, y la CIDH realiza interrogantes a las partes.
Olivera dijo que “salvo Dolnald Trump, todos los estados asisten a las audiencias”, por lo que consideró la ausencia del Estado uruguayo como “un desaire”, y calificó tal actitud como “un error político”.
Desde la Comisión Interamericana también se manifestó “asombro” por la inasistencia de Uruguay.
Sin dar la cara
26
May
Los estados en general no se ausentan en las audiencias que realiza
periódicamente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de
la Organización de Estados Americanos (OEA). El presidente de la CIDH y
relator especial para Uruguay, Francisco Eguiguren, recordó la falta de
Estados Unidos cuando se discutieron temas migratorios, así como las
ausencias de Cuba y de Nicaragua, pero señaló no es habitual en el caso
de los demás países.
La silla vacía del Estado uruguayo fue una alusión recurrente en los discursos de las dos audiencias sobre casos uruguayos que se celebraron en la mañana de ayer en el hotel Sheraton en Buenos Aires. El Estado se limitó a enviar una nota en la que comunicaba que no le sería posible participar “de modo presencial”, y que en cambio enviaba un documento para entregar a las organizaciones sociales. “Quiero expresar mi preocupación y sorpresa por esta situación. Estamos seguros de que recibiremos mayores explicaciones [por parte del Estado uruguayo], porque las audiencias de la CIDH son un foro, una vitrina para el esclarecimiento de temas”, señaló Eguiguren.
El comisionado de la CIDH James Cavallaro dijo no entender por qué las autoridades uruguayas no participaron en la audiencia, cuando están “tan cerca” de Buenos Aires. José de Jesús Orozco, comisionado de la CIDH, advirtió que la ausencia del Estado uruguayo “impide o dificulta de manera severa” que la comisión “pueda cumplir con su mandato de proteger los derechos humanos [DDHH] en la región”.
Las organizaciones de la sociedad civil que pidieron las audiencias también cuestionaron la ausencia de representantes del Estado y evaluaron que constituye “un vacío inesperado” de Uruguay al sistema interamericano de DDHH, que da “vergüenza ajena”.
Tras bambalinas
La primera audiencia se convocó a solicitud de una coalición de 130 organizaciones, que reclaman mayor transparencia en el proceso de selección de los ministros de la Suprema Corte de Justicia (SCJ). Marina Morelli, integrante de la organización Mujer Ahora, sostuvo que el proceso actual “tiene como núcleo duro la negociación político partidaria” y “se desarrolla entre cuatro paredes, en el más absoluto secretismo, sin participación ciudadana, sin transparencia, sin rendición de cuentas posterior que nos permita saber los criterios objetivos por los cuales se entiende que determinada persona es la más capaz” para ocupar el cargo de ministro de la SCJ.
Agregó que este secretismo es “inaceptable” y que las organizaciones ni siquiera obtienen respuestas a preguntas “tan simples como de dónde parten las candidaturas, ante quién se presentan las propuestas, cuáles son los criterios objetivos que se manejan para la elección”.
Tania da Rosa, del Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAinfo), recordó que en junio de 2015 se presentó una petición al Parlamento, que ya se había presentado en la legislatura pasada, para que los legisladores definieran un proceso transparente de selección de los ministros. Afirmó que hasta el momento los parlamentarios no se han expedido ni han brindado respuesta formal a las organizaciones. Remarcó que esta actitud “desconoce los estándares interamericanos para fortalecer la independencia judicial” y “vulnera de manera inadmisible el derecho de acceso a la información pública”.
Finalmente, las organizaciones instaron al Estado uruguayo a garantizar un proceso “transparente y participativo” en la selección de los ministros de la SCJ. En su respuesta por escrito, el Estado uruguayo, por intermedio del presidente de la Asamblea General, el vicepresidente Raúl Sendic, manifestó que el tema planteado por las organizaciones es “atendible y prioritario”. “Es una preocupación de la Asamblea General fortalecer la transparencia en sus procesos, sobre todo en aquellos que comprometen los aspectos fundamentales de nuestro sistema democrático”, indica el escrito. Recuerda que la petición de la organización está a estudio de la Comisión de Constitución y Legislación de la Asamblea General, y que el 8 de mayo se presentó un borrador de reglamento para el proceso de designación de los ministros que está a estudio de los partidos políticos. “Surge entonces que la Asamblea General se encuentra comprometida con el mejoramiento de las prácticas institucionales que hacen al objeto de la petición”, concluye el documento.
Por su parte, el presidente de la CIDH evaluó que todos los sistemas de designación de jueces son distintos en cada país. De todos modos, coincidió en que estos procesos “tienen que transparentarse”, que debe estar regulado cómo se presentan las iniciativas y que deben difundirse las hojas de vida de los candidatos para que las organizaciones puedan pronunciarse. “Estoy totalmente de acuerdo con la idea de mayor acceso a la información”, afirmó. Otros comisionados de la CIDH coincidieron en la importancia de la transparencia en estos procesos.
Todavía esperamos
Una hora después, el tema fue la “política de impunidad” del Estado uruguayo. La delegación de la sociedad civil en este caso fue más numerosa, lo que acentuó el contraste con las sillas vacías a su frente. Además de los tres peticionantes, integrantes del Observatorio Luz Ibarburu –los abogados Pablo Chargoñia y Florencia Retamosa, y el coordinador ejecutivo del Observatorio, Raúl Olivera–, se sumaron en un gesto simbólico de respaldo, detrás de ellos, la directora de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo Mirtha Guianze, la académica Francesca Lessa y el integrante del Movimiento de Justicia y Derechos Humanos de Brasil Jair Krischke. Tanto ellos tres como Chargoñia fueron amenazados de muerte este año por el autodenominado “comando Barneix”, en un episodio que aún no fue esclarecido por la Justicia.
Precisamente, este fue uno de los hechos que mencionó Retamosa, junto al robo al Grupo de Investigación en Arqueología Forense (GIAF), para sostener que hay indicios de la persistencia de “un aparato de inteligencia militar ilícita que opera desde las estructuras del Estado” con las lógicas de la dictadura. Informó que como resultado concreto de las amenazas, la Universidad de Oxford le solicitó a Lessa que no viajara a Uruguay. Retamosa recordó que el robo al GIAF incluyó el señalamiento de los domicilios de los investigadores, “dando una señal inequívocamente amenazante”, y que tampoco fue esclarecido por la Justicia.
Olivera sostuvo que el proceso de cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Justicia de la OEA para el caso Gelman “se ha visto afectado por la persistencia de la impunidad”. Mencionó las amenazas a las organizaciones de DDHH, la “responsabilidad de las instituciones estatales en el empantanamiento de las causas”, la persistencia del espionaje militar en democracia, “sin que el Estado tenga una conducta activa y ponga en funcionamiento una institucionalidad adecuada y eficaz”.
Chargoñia recordó que antes se esgrimía la Ley de Caducidad como “el único obstáculo para el juzgamiento” de los violadores de los DDHH durante la dictadura, y sin embargo, pese a que se restableció la pretensión punitiva del Estado en 2011, el resultado “es muy decepcionante”. Señaló que sólo hay 19 personas cumpliendo condenas por estas causas, sólo una enjuiciada por tortura, y 70% de los expedientes penales no superó la indagatoria presumarial. Consideró que no es posible prever un cambio en este panorama, debido a la “demora en la tramitación de las causas judiciales”. Afirmó que los represores “han sido beneficiados por la Justicia” a raíz de la conducta “omisa o negligente” de esta, habilitando todo tipo de recursos dilatorios presentados por los abogados de los represores.
Chargoñia sostuvo también que el Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia “no aparece como una herramienta eficaz” y “no ha logrado superar los discursos”, ya sea “por falta de recursos o por falta de coordinación”. Recordó que los militares retirados mantienen el estado militar y no han sido juzgados por tribunales de honor; “y no se advierte que esta absurda e insultante protección militar esté por concluir”, afirmó. Dijo que en la Justicia hay “descoordinación” en las causas y que no se la ha dotado de “los recursos necesarios” para afrontar estos casos.
Concluyó que en Uruguay hay “un diseño institucional despreocupado de la protección de las víctimas” y una “impunidad institucionalizada”. Sostuvo que el Parlamento no ejerce su función de contralor del Ejecutivo en este tema y que hay una “evidente falta de voluntad política” de un Estado “desinteresado” por las violaciones a los DDHH durante la dictadura. “La política de impunidad es una política de Estado en Uruguay”, sentenció.
Finalmente, Chargoñia pidió al Estado que tome medidas para el descongestionamiento de los juzgados penales que abordan asuntos de violaciones a los DDHH en la última dictadura, y llamó a “revisar” la decisión del Parlamento, que ya tiene media sanción, de crear una fiscalía especializada en DDHH. “No aparece como una solución para atender más de 300 causas penales”, advirtió. También solicitó al Estado que adopte “medidas protectoras de la integridad física” de los abogados y activistas de DDHH amenazados –ya que hasta el momento no hubo “siquiera declaraciones” que expresaran “alguna preocupación” por parte del gobierno–, así como para establecer las responsabilidades materiales e intelectuales “que corresponden” por estos hechos. Dijo que la investigación judicial sobre las amenazas da la impresión de ser “superficial, simple”. Concluyó que la “sorpresiva, preocupante, lamentable” ausencia del Estado en la audiencia “es la confirmación simbólica de la crítica que estamos formulando”.
Todos los comisionados expresaron su preocupación por las denuncias formuladas. El comisionado Jesús Orozco llamó a investigar “con la debida diligencia y [a] castigar a los responsables” de las amenazas, porque esta situación “no sólo afecta a la persona involucrada, sino también a los defendidos”, y tiene un “efecto intimidatorio” hacia la comunidad de defensores de los DDHH.
En su respuesta por escrito a las organizaciones, el Estado uruguayo hace un balance del cumplimiento de la sentencia del caso Gelman. Sobre la búsqueda de los restos de María Claudia García menciona que se han continuado las tareas de excavación en los predios del Batallón No 13 “sin que, hasta el momento, se hayan producido resultados al respecto”. Agrega que “de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente de Uruguay, la calificación jurídica de una conducta con apariencia delictiva le compete exclusivamente a la Justicia Penal”.
El gobierno evalúa que “desde el punto de vista de la jurisprudencia de la SCJ, no existe ningún obstáculo legal que impida investigar, perseguir y castigar los delitos que se hayan cometido” durante la dictadura. Menciona la creación de la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos, a estudio del Parlamento, y la capacitación de los fiscales en temas de DDHH.
Sobre las amenazas del comando Barneix, el gobierno menciona un informe que pidió a la jueza Julia Staricco, que está a cargo de la causa. La jueza explica que no ha podido rastrearse el origen del correo electrónico desde el que se enviaron las amenazas. Sólo se sabe que la IP de origen es de Estados Unidos. El 19 de mayo, la jueza dispuso que se librara un exhorto a una empresa de comunicaciones en Estados Unidos para determinar quién dispuso de la IP en el día y horario en que se mandó el correo electrónico.
Hoy se realiza la última audiencia por un caso uruguayo. A pedido de la Coalición por una Comunicación Democrática, se analizará la responsabilidad del Estado por no haber aplicado la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. En esta ocasión el Estado sí estará representado, por autoridades de la Unidad Reguladora de los Servicios de Comunicaciones y del Ministerio de Industria.
Explicación de la ausencia
Con el presidente de la CIDH, Francisco Eguiguren
–¿Es habitual que los estados se ausenten en este tipo de audiencias?
–No, no es lo frecuente. Pasó con Estados Unidos. Con Cuba es una constante. Y el que lo ha venido haciendo también es Nicaragua. Con los demás no ocurre, es muy extraño. Estados Unidos explicó que las razones por las cuales no fue a dos audiencias fue porque eran temas que estaban judicializados dentro de su país, criterio que obviamente no compartimos. Resulta muy difícil entender esto [la ausencia de Uruguay]. Como se ha mencionado, el país está cerca y esto está anunciado hace mucho tiempo. A todos nos ha generado una profunda sorpresa, pero quisiera saber cuáles son las razones que nos dicen.
Con el embajador de Uruguay en Argentina, Héctor Lescano
–¿Por qué no estuvo presente el Estado uruguayo en las audiencias de la CIDH?
–Se trata de una decisión soberana del gobierno relativa a estos temas. Es evidente que tenemos algunas visiones distintas respecto de los pasos a dar. Yo personalmente creo que Uruguay viene cumpliendo en términos programáticos con su compromiso de hacer todo lo posible en el terreno de los DDHH, respetando mucho también las otras opiniones. Nos ubicamos entre todos aquellos que tratamos de luchar por temas en los que hemos tenido una gran sensibilidad. Yo todos los 20 de mayo estoy frente al hotel Liberty con los uruguayos que se juntan para rendir homenaje a Zelmar Michelini y a los otros compañeros, muchas veces discrepando con los contenidos de una proclama que me parece que no reconoce la voluntad política del gobierno uruguayo.
–Hoy hubo cuestionamientos a lo que se denominó una “política de impunidad” del Estado, pero también hubo críticas a Uruguay por no participar en la audiencia; se dijo que esto minaba la actuación de la CIDH.
–Comprendo y lamento que se establezca una situación así, pero creo que Uruguay ha estado abierto al diálogo y que son innegables los avances que se han registrado. Uruguay tiene sus institutos propios, tiene hoy en Presidencia de la República un grupo de trabajo en DDHH, y se está trabajando en diversos ámbitos.
La silla vacía del Estado uruguayo fue una alusión recurrente en los discursos de las dos audiencias sobre casos uruguayos que se celebraron en la mañana de ayer en el hotel Sheraton en Buenos Aires. El Estado se limitó a enviar una nota en la que comunicaba que no le sería posible participar “de modo presencial”, y que en cambio enviaba un documento para entregar a las organizaciones sociales. “Quiero expresar mi preocupación y sorpresa por esta situación. Estamos seguros de que recibiremos mayores explicaciones [por parte del Estado uruguayo], porque las audiencias de la CIDH son un foro, una vitrina para el esclarecimiento de temas”, señaló Eguiguren.
El comisionado de la CIDH James Cavallaro dijo no entender por qué las autoridades uruguayas no participaron en la audiencia, cuando están “tan cerca” de Buenos Aires. José de Jesús Orozco, comisionado de la CIDH, advirtió que la ausencia del Estado uruguayo “impide o dificulta de manera severa” que la comisión “pueda cumplir con su mandato de proteger los derechos humanos [DDHH] en la región”.
Las organizaciones de la sociedad civil que pidieron las audiencias también cuestionaron la ausencia de representantes del Estado y evaluaron que constituye “un vacío inesperado” de Uruguay al sistema interamericano de DDHH, que da “vergüenza ajena”.
Tras bambalinas
La primera audiencia se convocó a solicitud de una coalición de 130 organizaciones, que reclaman mayor transparencia en el proceso de selección de los ministros de la Suprema Corte de Justicia (SCJ). Marina Morelli, integrante de la organización Mujer Ahora, sostuvo que el proceso actual “tiene como núcleo duro la negociación político partidaria” y “se desarrolla entre cuatro paredes, en el más absoluto secretismo, sin participación ciudadana, sin transparencia, sin rendición de cuentas posterior que nos permita saber los criterios objetivos por los cuales se entiende que determinada persona es la más capaz” para ocupar el cargo de ministro de la SCJ.
Agregó que este secretismo es “inaceptable” y que las organizaciones ni siquiera obtienen respuestas a preguntas “tan simples como de dónde parten las candidaturas, ante quién se presentan las propuestas, cuáles son los criterios objetivos que se manejan para la elección”.
Tania da Rosa, del Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAinfo), recordó que en junio de 2015 se presentó una petición al Parlamento, que ya se había presentado en la legislatura pasada, para que los legisladores definieran un proceso transparente de selección de los ministros. Afirmó que hasta el momento los parlamentarios no se han expedido ni han brindado respuesta formal a las organizaciones. Remarcó que esta actitud “desconoce los estándares interamericanos para fortalecer la independencia judicial” y “vulnera de manera inadmisible el derecho de acceso a la información pública”.
Finalmente, las organizaciones instaron al Estado uruguayo a garantizar un proceso “transparente y participativo” en la selección de los ministros de la SCJ. En su respuesta por escrito, el Estado uruguayo, por intermedio del presidente de la Asamblea General, el vicepresidente Raúl Sendic, manifestó que el tema planteado por las organizaciones es “atendible y prioritario”. “Es una preocupación de la Asamblea General fortalecer la transparencia en sus procesos, sobre todo en aquellos que comprometen los aspectos fundamentales de nuestro sistema democrático”, indica el escrito. Recuerda que la petición de la organización está a estudio de la Comisión de Constitución y Legislación de la Asamblea General, y que el 8 de mayo se presentó un borrador de reglamento para el proceso de designación de los ministros que está a estudio de los partidos políticos. “Surge entonces que la Asamblea General se encuentra comprometida con el mejoramiento de las prácticas institucionales que hacen al objeto de la petición”, concluye el documento.
Por su parte, el presidente de la CIDH evaluó que todos los sistemas de designación de jueces son distintos en cada país. De todos modos, coincidió en que estos procesos “tienen que transparentarse”, que debe estar regulado cómo se presentan las iniciativas y que deben difundirse las hojas de vida de los candidatos para que las organizaciones puedan pronunciarse. “Estoy totalmente de acuerdo con la idea de mayor acceso a la información”, afirmó. Otros comisionados de la CIDH coincidieron en la importancia de la transparencia en estos procesos.
Todavía esperamos
Una hora después, el tema fue la “política de impunidad” del Estado uruguayo. La delegación de la sociedad civil en este caso fue más numerosa, lo que acentuó el contraste con las sillas vacías a su frente. Además de los tres peticionantes, integrantes del Observatorio Luz Ibarburu –los abogados Pablo Chargoñia y Florencia Retamosa, y el coordinador ejecutivo del Observatorio, Raúl Olivera–, se sumaron en un gesto simbólico de respaldo, detrás de ellos, la directora de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo Mirtha Guianze, la académica Francesca Lessa y el integrante del Movimiento de Justicia y Derechos Humanos de Brasil Jair Krischke. Tanto ellos tres como Chargoñia fueron amenazados de muerte este año por el autodenominado “comando Barneix”, en un episodio que aún no fue esclarecido por la Justicia.
Precisamente, este fue uno de los hechos que mencionó Retamosa, junto al robo al Grupo de Investigación en Arqueología Forense (GIAF), para sostener que hay indicios de la persistencia de “un aparato de inteligencia militar ilícita que opera desde las estructuras del Estado” con las lógicas de la dictadura. Informó que como resultado concreto de las amenazas, la Universidad de Oxford le solicitó a Lessa que no viajara a Uruguay. Retamosa recordó que el robo al GIAF incluyó el señalamiento de los domicilios de los investigadores, “dando una señal inequívocamente amenazante”, y que tampoco fue esclarecido por la Justicia.
Olivera sostuvo que el proceso de cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Justicia de la OEA para el caso Gelman “se ha visto afectado por la persistencia de la impunidad”. Mencionó las amenazas a las organizaciones de DDHH, la “responsabilidad de las instituciones estatales en el empantanamiento de las causas”, la persistencia del espionaje militar en democracia, “sin que el Estado tenga una conducta activa y ponga en funcionamiento una institucionalidad adecuada y eficaz”.
Chargoñia recordó que antes se esgrimía la Ley de Caducidad como “el único obstáculo para el juzgamiento” de los violadores de los DDHH durante la dictadura, y sin embargo, pese a que se restableció la pretensión punitiva del Estado en 2011, el resultado “es muy decepcionante”. Señaló que sólo hay 19 personas cumpliendo condenas por estas causas, sólo una enjuiciada por tortura, y 70% de los expedientes penales no superó la indagatoria presumarial. Consideró que no es posible prever un cambio en este panorama, debido a la “demora en la tramitación de las causas judiciales”. Afirmó que los represores “han sido beneficiados por la Justicia” a raíz de la conducta “omisa o negligente” de esta, habilitando todo tipo de recursos dilatorios presentados por los abogados de los represores.
Chargoñia sostuvo también que el Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia “no aparece como una herramienta eficaz” y “no ha logrado superar los discursos”, ya sea “por falta de recursos o por falta de coordinación”. Recordó que los militares retirados mantienen el estado militar y no han sido juzgados por tribunales de honor; “y no se advierte que esta absurda e insultante protección militar esté por concluir”, afirmó. Dijo que en la Justicia hay “descoordinación” en las causas y que no se la ha dotado de “los recursos necesarios” para afrontar estos casos.
Concluyó que en Uruguay hay “un diseño institucional despreocupado de la protección de las víctimas” y una “impunidad institucionalizada”. Sostuvo que el Parlamento no ejerce su función de contralor del Ejecutivo en este tema y que hay una “evidente falta de voluntad política” de un Estado “desinteresado” por las violaciones a los DDHH durante la dictadura. “La política de impunidad es una política de Estado en Uruguay”, sentenció.
Finalmente, Chargoñia pidió al Estado que tome medidas para el descongestionamiento de los juzgados penales que abordan asuntos de violaciones a los DDHH en la última dictadura, y llamó a “revisar” la decisión del Parlamento, que ya tiene media sanción, de crear una fiscalía especializada en DDHH. “No aparece como una solución para atender más de 300 causas penales”, advirtió. También solicitó al Estado que adopte “medidas protectoras de la integridad física” de los abogados y activistas de DDHH amenazados –ya que hasta el momento no hubo “siquiera declaraciones” que expresaran “alguna preocupación” por parte del gobierno–, así como para establecer las responsabilidades materiales e intelectuales “que corresponden” por estos hechos. Dijo que la investigación judicial sobre las amenazas da la impresión de ser “superficial, simple”. Concluyó que la “sorpresiva, preocupante, lamentable” ausencia del Estado en la audiencia “es la confirmación simbólica de la crítica que estamos formulando”.
Todos los comisionados expresaron su preocupación por las denuncias formuladas. El comisionado Jesús Orozco llamó a investigar “con la debida diligencia y [a] castigar a los responsables” de las amenazas, porque esta situación “no sólo afecta a la persona involucrada, sino también a los defendidos”, y tiene un “efecto intimidatorio” hacia la comunidad de defensores de los DDHH.
En su respuesta por escrito a las organizaciones, el Estado uruguayo hace un balance del cumplimiento de la sentencia del caso Gelman. Sobre la búsqueda de los restos de María Claudia García menciona que se han continuado las tareas de excavación en los predios del Batallón No 13 “sin que, hasta el momento, se hayan producido resultados al respecto”. Agrega que “de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente de Uruguay, la calificación jurídica de una conducta con apariencia delictiva le compete exclusivamente a la Justicia Penal”.
El gobierno evalúa que “desde el punto de vista de la jurisprudencia de la SCJ, no existe ningún obstáculo legal que impida investigar, perseguir y castigar los delitos que se hayan cometido” durante la dictadura. Menciona la creación de la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos, a estudio del Parlamento, y la capacitación de los fiscales en temas de DDHH.
Sobre las amenazas del comando Barneix, el gobierno menciona un informe que pidió a la jueza Julia Staricco, que está a cargo de la causa. La jueza explica que no ha podido rastrearse el origen del correo electrónico desde el que se enviaron las amenazas. Sólo se sabe que la IP de origen es de Estados Unidos. El 19 de mayo, la jueza dispuso que se librara un exhorto a una empresa de comunicaciones en Estados Unidos para determinar quién dispuso de la IP en el día y horario en que se mandó el correo electrónico.
Hoy se realiza la última audiencia por un caso uruguayo. A pedido de la Coalición por una Comunicación Democrática, se analizará la responsabilidad del Estado por no haber aplicado la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. En esta ocasión el Estado sí estará representado, por autoridades de la Unidad Reguladora de los Servicios de Comunicaciones y del Ministerio de Industria.
Explicación de la ausencia
Con el presidente de la CIDH, Francisco Eguiguren
–¿Es habitual que los estados se ausenten en este tipo de audiencias?
–No, no es lo frecuente. Pasó con Estados Unidos. Con Cuba es una constante. Y el que lo ha venido haciendo también es Nicaragua. Con los demás no ocurre, es muy extraño. Estados Unidos explicó que las razones por las cuales no fue a dos audiencias fue porque eran temas que estaban judicializados dentro de su país, criterio que obviamente no compartimos. Resulta muy difícil entender esto [la ausencia de Uruguay]. Como se ha mencionado, el país está cerca y esto está anunciado hace mucho tiempo. A todos nos ha generado una profunda sorpresa, pero quisiera saber cuáles son las razones que nos dicen.
Con el embajador de Uruguay en Argentina, Héctor Lescano
–¿Por qué no estuvo presente el Estado uruguayo en las audiencias de la CIDH?
–Se trata de una decisión soberana del gobierno relativa a estos temas. Es evidente que tenemos algunas visiones distintas respecto de los pasos a dar. Yo personalmente creo que Uruguay viene cumpliendo en términos programáticos con su compromiso de hacer todo lo posible en el terreno de los DDHH, respetando mucho también las otras opiniones. Nos ubicamos entre todos aquellos que tratamos de luchar por temas en los que hemos tenido una gran sensibilidad. Yo todos los 20 de mayo estoy frente al hotel Liberty con los uruguayos que se juntan para rendir homenaje a Zelmar Michelini y a los otros compañeros, muchas veces discrepando con los contenidos de una proclama que me parece que no reconoce la voluntad política del gobierno uruguayo.
–Hoy hubo cuestionamientos a lo que se denominó una “política de impunidad” del Estado, pero también hubo críticas a Uruguay por no participar en la audiencia; se dijo que esto minaba la actuación de la CIDH.
–Comprendo y lamento que se establezca una situación así, pero creo que Uruguay ha estado abierto al diálogo y que son innegables los avances que se han registrado. Uruguay tiene sus institutos propios, tiene hoy en Presidencia de la República un grupo de trabajo en DDHH, y se está trabajando en diversos ámbitos.
Ser y estar
Desde que en 2015 el Observatorio Luz Ibarburu –Oli, nacido tres años antes para evaluar el estado de la persecución penal de los crímenes de la dictadura– se dotó de un equipo jurídico que comenzó a patrocinar causas, sus integrantes están convencidos de que algo empezó a cambiar en el panorama desolador que domina todo lo relacionado con justicia y derechos humanos en Uruguay.
por Daniel Gatti
Leonardo di Césare, Florencia Retamosa, Natalia Jubin y Silvia Antúnez / Foto: Fernando Pena
“No es que hayamos generado una revolución ni
nada que se le parezca, pero el solo hecho de que nosotros tengamos una
presencia casi cotidiana en los juzgados, que insistamos para que se
muevan expedientes, hagamos el seguimiento de los casos, preguntemos, ha
provocado que algunos integrantes del Poder Judicial reaccionen,
presten más atención, den signos de una nueva actitud”, dijo a Brecha
la abogada Natalia Jubin, que junto a sus colegas Florencia Retamosa,
Silvia Antúnez y Leonardo di Césare, y a Silvia Ocaña en la secretaría
administrativa, dan forma al equipo jurídico del Oli (Ejoli), coordinado
por Pablo Chargoñia. “Pesadeamos, presionamos, estamos ahí y, bueno, eso se siente”, machaca el muy joven Di Césare.
No todos los funcionarios judiciales colaboran ni a todos el tema les interesa. Lejos de eso, dice Jubin: “No es que sean hostiles, sino que no les importa, simplemente, y lo tratan entre mates y bizcochos, como si nada. En cambio hay otros que se mueven mucho, que son sensibles, colaboran y hacen un trabajo excelente. Están concentrados en pocos juzgados, que son los que llevan la gran mayoría de estas causas, es cierto, pero mientras existan es una gran cosa”.
El hecho de que en setiembre-octubre de 2015 la justicia haya efectuado dos procesamientos (el de Héctor Amodio Pérez y el del capitán retirado Asencio Lucero, en el marco de una causa por torturas y abusos sexuales a 28 ex presas políticas), después de casi tres años de parálisis en la materia –los procesamientos precedentes eran de 2012–, “da cierto aliento y habilita a creer que algo puede cambiar”, apunta Jubin. “Puede que una lo piense como parte del microclima que vivimos. Entre nosotros nos alentamos, nos damos para adelante, es cierto. Igual, algo notamos.” “Cuando empezamos a trabajar todo estaba paralizado”, confirma Florencia Retamosa, que entre las causas que asumió a comienzos de 2015 figura la de un desaparecido cuyo expediente estaba “congelado” esperando la respuesta de un juzgado. La abogada del juzgado había pedido una información al que debía darla. No había comunicación entre ellos. “Hablé con las actuarias de uno, con las actuarias del otro, intentando desbloquear. Se nos va mucho tiempo en ese ir y venir constante que no debería suceder.” “Veremos a fin de año, cuando hagamos el balance y pasemos raya”, confía Natalia Jubin.
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Mientras en el equipo del Ejoli esperan que ese cambio que intuyen se concrete, lo que palpan todavía, de todas maneras, es el déficit. “A mí me resulta muy preocupante que no se haya avanzado más, en realidad que se haya avanzado muy poco en un tema tan emblemático como este. Habla de un déficit democrático muy fuerte en este país: pudiendo avanzar, la justicia no llega”, afirma Retamosa. “Es una batalla contra el tiempo. Se están muriendo de un lado y otro. Las víctimas y sus familiares. Los victimarios, zafando”, observa Di Césare, apuntando a lo obvio, a que el transcurrir de los años favorece a los represores, cuyos abogados multiplican las chicanas y las dilaciones. Actúan como en los años sesenta del siglo pasado actuaban los defensores de “los oficiales nazis en Alemania, reclamando el archivo de las denuncias por la prescripción de la acción penal”, decía a Brecha (8–I–16) Pablo Chargoñia, coordinador del Ejoli. Que ellos lo hagan, sugería el abogado, entra en de la lógica, pero cuando ven las trabas que se les plantean, un día sí y otro también, a quienes quieren hacer justicia, la cosa se convierte en más preocupante.
En su último informe sobre el estado de las causas por violaciones a los derechos humanos como consecuencia del terrorismo de Estado, difundido a inicios de este año, el observatorio relevó la existencia en Uruguay de “173 causas ‘activas’ (en etapa presumarial o sumarial), a las que se les anexan unos 16 expedientes”, y de 74 expedientes inactivos o archivados. Por tipo de delitos, la mayor parte de las causas son por tortura, muerte, privación de libertad, desaparición forzada, detención ilegítima y secuestro, en ese orden. En enero, Chargoñía decía que hasta entonces apenas 22 represores habían sido procesados o condenados. “Sólo un 14 por ciento de los casos de asesinatos de la dictadura tiene un expediente con procesados o condenados. Si se considera a las víctimas de desaparición, los casos judicializados no alcanzan al 42 por ciento. Y si se considera la tortura, el crimen de lesa humanidad que caracterizó a la dictadura uruguaya, que afectó a casi 6 mil personas, el porcentaje es cero”. Cero también es el número de procesados por secuestro de niños. Y cero el de procesados por violencia sexual, ni siquiera en el caso de Asencio Lucero, enviado a la cárcel en abril por la jueza Julia Staricco por “reiterados delitos de privación de libertad” contra 28 mujeres que en 2011 elevaron una denuncia colectiva por torturas y violencia sexual (véanse Brecha 7-VIII-15, 4-XI-11), delitos que no fueron recogidos en la sentencia.
De ese total de 173 expedientes “activos” el Ejoli se había hecho cargo, hasta fines de 2015, de 44, más del 25 por ciento del total, en los que aparecen involucradas 236 víctimas. Leonardo Di Césare dijo a Brecha que a esta altura los expedientes asumidos por el equipo jurídico del observatorio ya deben haber superado los 50.
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Salvo Florencia Retamosa, que tenía experiencia en problemáticas cercanas (trabajó en la ley 18.033 de reparación en derechos jubilatorios a presos, clandestinos y exiliados de la dictadura, y a pedido de Crysol, la asociación de ex presos políticos, ayudó a Pablo Chargoñia en el montaje de algunas causas por desapariciones antes del surgimiento del Oli), ninguno de los otros tres abogados pensó, unos años atrás, que iba a ocuparse de “estos temas”. Ni siquiera tenían antecedentes de militancia de izquierda o progre en sus familias, y, cuando los tenían, ellos mismos los desconocían, por esos avatares de la trasmisión generacional, o mejor dicho de su ausencia. “En mi caso –dice Natalia Jubin, treintañera larga– recién cuando llegué al observatorio me di cuenta de que no tenía ni idea de lo que había pasado en Uruguay en el pasado reciente. No había dimensionado el horror. Sabía de algunas historias, pero lo percibí realmente al leer los expedientes, hablando con las víctimas o sus familiares, o cuando me tocó ver en persona a ‘históricos’ de la represión, como José Gavazzo”, al que conoció en una audiencia en el Hospital Militar, donde el torturador de la eterna sonrisa, que hace unos meses fuera beneficiado por “viejito” con prisión domiciliaria, pasó gran parte del tiempo desde que se lo condenara. Natalia venía de años de trabajo, en el Mides, en “cuestiones ligadas con violencia o identidad de género, otro asunto de derechos humanos en el que hay una enormidad por hacer”, dice. “Pero con esto no tenía vínculo.”
Para Silvia Antúnez, la mayor del equipo, los “antecedentes familiares”, si algo pesaban, era para alejarla de estas temáticas. “Nací en Rocha –cuenta–, en una familia que veía con buenos ojos a la dictadura, y que cuando aparecieron cuerpos de desaparecidos en las costas, en 1976, traídos por las aguas, se tragó de buena gana la versión de los milicos de que se trataba de coreanos que se habían amotinado en un barco.” A fines de los noventa, cuando al ser estudiante hizo una pasantía en el Poder Judicial fue a parar a un despacho cuyo jefe era Raúl Olivera, integrante de la secretaría de Derechos Humanos del Pit–Cnt, militante del Pvp y otro de los actuales coordinadores del Oli, junto a Pablo Chargoñia. Tras trabajar durante años en violencia de género, Silvia se vincula con el Oli a pedido de Olivera. “Es como si hubiera hecho un curso intensivo sobre lo que pasó en este país”, afirma ahora. “Y me di cuenta de que estaba hecha para dedicarme a estas cosas.”
Leonardo di Césare no llega a los 25 años. Al Oli se acercó a principios de 2015, cuando el observatorio firmó un convenio de colaboración y participación con la Facultad de Derecho de la Udelar, de la que todavía era estudiante. “Me interesó esta problemática, sin estar concernido por nada personal y me presenté a la pasantía. Lo que aprendí fue enorme. Mucho no lo sabía”, dice.
Los cuatro coinciden en que poco hace el sistema educativo para desasnar a los jóvenes sobre el pasado reciente. “Los adolescentes de sexto año de Secundaria a los que les doy clase –dice Florencia Retamosa, que también es docente– tienen unos baches gigantescos sobre lo que sucedió aquí hace treinta o cuarenta años, y sobre derechos humanos ni qué hablar. Sobre ningún problema ligado a derechos humanos, de antes o de ahora, se les da nada. Yo siempre les hablo sobre esto, me parece básico.”
Tampoco hay formación “en serio” en derechos humanos en Facultad de Derecho. “Con los años se ha progresado, es verdad”, dice Di Césare, que para medir los avances toma en cuenta lo que sucedía cuando Silvia Antúnez era estudiante (“todavía seguíamos los planes de la dictadura, la temática no existía”), lo que sucedió la década siguiente (derechos humanos se convirtió en materia semestral opcional, Natalia ni siquiera la cursó), y su propia experiencia (materia semestral obligatoria). “Pero igual estamos lejísimos. En la Udelar no hay posgrados en derechos humanos. Si alguien acá quiere hacer uno tiene que ir a Argentina o a Chile”, observa Retamosa. “Cualquier cambio a futuro que uno piense en estos temas tiene que tener una base en el sistema educativo. Hay jóvenes que lo reclaman, que piden que se les dé una formación”, dice Antúnez. Florencia concluye: “Es fundamental que la presión en esto venga también desde la sociedad. Fue la sociedad civil la que impulsó todo lo relativo a los derechos humanos, desde la investigación hasta la búsqueda de justicia. También tiene que ser la sociedad civil la que impulse que el sistema educativo lo asuma desde su perspectiva pensando en el futuro”.
Hablando de futuro, precisamente, ¿cómo se imaginan estos abogados, cuyas edades oscilan entre los veintipico y los cuarenta y pocos, que “estos temas” seguirán cuando los protagonistas de aquellos años “ya no estén”? “Por el momento esa perspectiva no me la planteo. No estamos en eso”, dice Di Césare. “Hay muchas causas abiertas, y esas causas tienen un comienzo y deben tener también un final. No son todas las que deberían ser, pero si se hiciera justicia en ellas ya se habría avanzado mucho respecto a la actualidad.” Ni Retamosa ni Antúnez se imaginan que incluso cuando la biología haga su obra ese pasado, que tal vez haya dejado de ser reciente, deba desaparecer. “Aunque se lo quiera borrar, reaparece. Habrá que ver, llegado el momento, cómo se plantea. En España se están buscando cuerpos ahora, se intentan juicios ahora”, 80 años después de terminada la guerra civil y 40 después de la muerte de Francisco Franco.
No todos los funcionarios judiciales colaboran ni a todos el tema les interesa. Lejos de eso, dice Jubin: “No es que sean hostiles, sino que no les importa, simplemente, y lo tratan entre mates y bizcochos, como si nada. En cambio hay otros que se mueven mucho, que son sensibles, colaboran y hacen un trabajo excelente. Están concentrados en pocos juzgados, que son los que llevan la gran mayoría de estas causas, es cierto, pero mientras existan es una gran cosa”.
El hecho de que en setiembre-octubre de 2015 la justicia haya efectuado dos procesamientos (el de Héctor Amodio Pérez y el del capitán retirado Asencio Lucero, en el marco de una causa por torturas y abusos sexuales a 28 ex presas políticas), después de casi tres años de parálisis en la materia –los procesamientos precedentes eran de 2012–, “da cierto aliento y habilita a creer que algo puede cambiar”, apunta Jubin. “Puede que una lo piense como parte del microclima que vivimos. Entre nosotros nos alentamos, nos damos para adelante, es cierto. Igual, algo notamos.” “Cuando empezamos a trabajar todo estaba paralizado”, confirma Florencia Retamosa, que entre las causas que asumió a comienzos de 2015 figura la de un desaparecido cuyo expediente estaba “congelado” esperando la respuesta de un juzgado. La abogada del juzgado había pedido una información al que debía darla. No había comunicación entre ellos. “Hablé con las actuarias de uno, con las actuarias del otro, intentando desbloquear. Se nos va mucho tiempo en ese ir y venir constante que no debería suceder.” “Veremos a fin de año, cuando hagamos el balance y pasemos raya”, confía Natalia Jubin.
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Mientras en el equipo del Ejoli esperan que ese cambio que intuyen se concrete, lo que palpan todavía, de todas maneras, es el déficit. “A mí me resulta muy preocupante que no se haya avanzado más, en realidad que se haya avanzado muy poco en un tema tan emblemático como este. Habla de un déficit democrático muy fuerte en este país: pudiendo avanzar, la justicia no llega”, afirma Retamosa. “Es una batalla contra el tiempo. Se están muriendo de un lado y otro. Las víctimas y sus familiares. Los victimarios, zafando”, observa Di Césare, apuntando a lo obvio, a que el transcurrir de los años favorece a los represores, cuyos abogados multiplican las chicanas y las dilaciones. Actúan como en los años sesenta del siglo pasado actuaban los defensores de “los oficiales nazis en Alemania, reclamando el archivo de las denuncias por la prescripción de la acción penal”, decía a Brecha (8–I–16) Pablo Chargoñia, coordinador del Ejoli. Que ellos lo hagan, sugería el abogado, entra en de la lógica, pero cuando ven las trabas que se les plantean, un día sí y otro también, a quienes quieren hacer justicia, la cosa se convierte en más preocupante.
En su último informe sobre el estado de las causas por violaciones a los derechos humanos como consecuencia del terrorismo de Estado, difundido a inicios de este año, el observatorio relevó la existencia en Uruguay de “173 causas ‘activas’ (en etapa presumarial o sumarial), a las que se les anexan unos 16 expedientes”, y de 74 expedientes inactivos o archivados. Por tipo de delitos, la mayor parte de las causas son por tortura, muerte, privación de libertad, desaparición forzada, detención ilegítima y secuestro, en ese orden. En enero, Chargoñía decía que hasta entonces apenas 22 represores habían sido procesados o condenados. “Sólo un 14 por ciento de los casos de asesinatos de la dictadura tiene un expediente con procesados o condenados. Si se considera a las víctimas de desaparición, los casos judicializados no alcanzan al 42 por ciento. Y si se considera la tortura, el crimen de lesa humanidad que caracterizó a la dictadura uruguaya, que afectó a casi 6 mil personas, el porcentaje es cero”. Cero también es el número de procesados por secuestro de niños. Y cero el de procesados por violencia sexual, ni siquiera en el caso de Asencio Lucero, enviado a la cárcel en abril por la jueza Julia Staricco por “reiterados delitos de privación de libertad” contra 28 mujeres que en 2011 elevaron una denuncia colectiva por torturas y violencia sexual (véanse Brecha 7-VIII-15, 4-XI-11), delitos que no fueron recogidos en la sentencia.
De ese total de 173 expedientes “activos” el Ejoli se había hecho cargo, hasta fines de 2015, de 44, más del 25 por ciento del total, en los que aparecen involucradas 236 víctimas. Leonardo Di Césare dijo a Brecha que a esta altura los expedientes asumidos por el equipo jurídico del observatorio ya deben haber superado los 50.
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Salvo Florencia Retamosa, que tenía experiencia en problemáticas cercanas (trabajó en la ley 18.033 de reparación en derechos jubilatorios a presos, clandestinos y exiliados de la dictadura, y a pedido de Crysol, la asociación de ex presos políticos, ayudó a Pablo Chargoñia en el montaje de algunas causas por desapariciones antes del surgimiento del Oli), ninguno de los otros tres abogados pensó, unos años atrás, que iba a ocuparse de “estos temas”. Ni siquiera tenían antecedentes de militancia de izquierda o progre en sus familias, y, cuando los tenían, ellos mismos los desconocían, por esos avatares de la trasmisión generacional, o mejor dicho de su ausencia. “En mi caso –dice Natalia Jubin, treintañera larga– recién cuando llegué al observatorio me di cuenta de que no tenía ni idea de lo que había pasado en Uruguay en el pasado reciente. No había dimensionado el horror. Sabía de algunas historias, pero lo percibí realmente al leer los expedientes, hablando con las víctimas o sus familiares, o cuando me tocó ver en persona a ‘históricos’ de la represión, como José Gavazzo”, al que conoció en una audiencia en el Hospital Militar, donde el torturador de la eterna sonrisa, que hace unos meses fuera beneficiado por “viejito” con prisión domiciliaria, pasó gran parte del tiempo desde que se lo condenara. Natalia venía de años de trabajo, en el Mides, en “cuestiones ligadas con violencia o identidad de género, otro asunto de derechos humanos en el que hay una enormidad por hacer”, dice. “Pero con esto no tenía vínculo.”
Para Silvia Antúnez, la mayor del equipo, los “antecedentes familiares”, si algo pesaban, era para alejarla de estas temáticas. “Nací en Rocha –cuenta–, en una familia que veía con buenos ojos a la dictadura, y que cuando aparecieron cuerpos de desaparecidos en las costas, en 1976, traídos por las aguas, se tragó de buena gana la versión de los milicos de que se trataba de coreanos que se habían amotinado en un barco.” A fines de los noventa, cuando al ser estudiante hizo una pasantía en el Poder Judicial fue a parar a un despacho cuyo jefe era Raúl Olivera, integrante de la secretaría de Derechos Humanos del Pit–Cnt, militante del Pvp y otro de los actuales coordinadores del Oli, junto a Pablo Chargoñia. Tras trabajar durante años en violencia de género, Silvia se vincula con el Oli a pedido de Olivera. “Es como si hubiera hecho un curso intensivo sobre lo que pasó en este país”, afirma ahora. “Y me di cuenta de que estaba hecha para dedicarme a estas cosas.”
Leonardo di Césare no llega a los 25 años. Al Oli se acercó a principios de 2015, cuando el observatorio firmó un convenio de colaboración y participación con la Facultad de Derecho de la Udelar, de la que todavía era estudiante. “Me interesó esta problemática, sin estar concernido por nada personal y me presenté a la pasantía. Lo que aprendí fue enorme. Mucho no lo sabía”, dice.
Los cuatro coinciden en que poco hace el sistema educativo para desasnar a los jóvenes sobre el pasado reciente. “Los adolescentes de sexto año de Secundaria a los que les doy clase –dice Florencia Retamosa, que también es docente– tienen unos baches gigantescos sobre lo que sucedió aquí hace treinta o cuarenta años, y sobre derechos humanos ni qué hablar. Sobre ningún problema ligado a derechos humanos, de antes o de ahora, se les da nada. Yo siempre les hablo sobre esto, me parece básico.”
Tampoco hay formación “en serio” en derechos humanos en Facultad de Derecho. “Con los años se ha progresado, es verdad”, dice Di Césare, que para medir los avances toma en cuenta lo que sucedía cuando Silvia Antúnez era estudiante (“todavía seguíamos los planes de la dictadura, la temática no existía”), lo que sucedió la década siguiente (derechos humanos se convirtió en materia semestral opcional, Natalia ni siquiera la cursó), y su propia experiencia (materia semestral obligatoria). “Pero igual estamos lejísimos. En la Udelar no hay posgrados en derechos humanos. Si alguien acá quiere hacer uno tiene que ir a Argentina o a Chile”, observa Retamosa. “Cualquier cambio a futuro que uno piense en estos temas tiene que tener una base en el sistema educativo. Hay jóvenes que lo reclaman, que piden que se les dé una formación”, dice Antúnez. Florencia concluye: “Es fundamental que la presión en esto venga también desde la sociedad. Fue la sociedad civil la que impulsó todo lo relativo a los derechos humanos, desde la investigación hasta la búsqueda de justicia. También tiene que ser la sociedad civil la que impulse que el sistema educativo lo asuma desde su perspectiva pensando en el futuro”.
Hablando de futuro, precisamente, ¿cómo se imaginan estos abogados, cuyas edades oscilan entre los veintipico y los cuarenta y pocos, que “estos temas” seguirán cuando los protagonistas de aquellos años “ya no estén”? “Por el momento esa perspectiva no me la planteo. No estamos en eso”, dice Di Césare. “Hay muchas causas abiertas, y esas causas tienen un comienzo y deben tener también un final. No son todas las que deberían ser, pero si se hiciera justicia en ellas ya se habría avanzado mucho respecto a la actualidad.” Ni Retamosa ni Antúnez se imaginan que incluso cuando la biología haga su obra ese pasado, que tal vez haya dejado de ser reciente, deba desaparecer. “Aunque se lo quiera borrar, reaparece. Habrá que ver, llegado el momento, cómo se plantea. En España se están buscando cuerpos ahora, se intentan juicios ahora”, 80 años después de terminada la guerra civil y 40 después de la muerte de Francisco Franco.
Acompañamiento
A diferencia de Argentina, donde desde el Estado se ha montado un andamiaje institucional de acompañamiento a las víctimas o sus familiares para hacerles más leve el momento de prestar declaración y de eventualmente toparse cara a cara con represores, en Uruguay no hay nada de eso. “Ni siquiera existen protocolos de intervención para que jueces o fiscales sepan los límites a no traspasar”, dice Natalia Jubin. El propio observatorio se ha hecho cargo informalmente de algunas de esas tareas. “Va más allá de lo jurídico, por supuesto. No es nuestro papel asegurar contención, no debería serlo en principio, pero muchas veces es lo que hacemos”, dice. No es raro que los testigos lo agradezcan. “Aseguramos una presencia, y eso es mucho”. Esa presencia ha evitado, por ejemplo, que se repitieran escenas como las que tuvo que padecer tiempo atrás una mujer que denunciaba haber sido objeto de violencia sexual. En cierto momento quedó sola en el juzgado; el acusado se le acercó y le dijo: “cuando quieras podés pasar a visitarme”. “Hoy no ocurriría algo así porque nosotros estamos allí”, señaló la abogada.Permanencia
Durante un tiempo que varió según los casos (entre meses y años) los cuatro integrantes del Ejoli trabajaron como voluntarios, sin ser remunerados. Desde comienzos de este año tienen un contrato part time en función de un convenio tripartito entre el observatorio, la Secretaría de Derechos Humanos del Pit–Cnt (que brinda la infraestructura, incluido el local en que funcionan, en diagonal al Iava, y asegura el salario de la secretaria y de uno de los abogados) y la Open Society, que paga el sueldo de los otros tres. El convenio vence en 2017. Si se renueva o no dependerá de los resultados, aunque los resultados, en este terreno, difícilmente dependan de lo que ellos hagan, sino más bien de lo que haga la justicia.
Chiquito Perrini, el amigo de todos
Chiquito Perrini, el amigo de todos en Carmelo, hombre de familia bueno y servicial, de gran corazón, asesinado en la tortura durante la bárbara razzia de los infames milicos del cuartel de Colonia, justamente por intentar defender a una compañera que estaba siendo violada.
En ese antro de tortura que fue el cuartel de Colonia masacraron a todos y violaron a hombres y mujeres; no respetaron ni siquiera a madres de familia. Esos violadores, asesinos y torturadores andan paseándose hoy libremente por las calles. Ninguna sociedad civilizada puede sobrevivir sin justicia. Su falta sólo va a conducir a más dictaduras asesinas y a más respuestas como la Cárcel del Pueblo para establecer justicia popular. Pero la próxima vez les va a tocar perder a los verdugos porque el pueblo tiene que aprender de todo lo que pasó, so pena de no sobrevivir...
Ricardo Ferré
En términos generales, podemos decir que la noción de justicia es histórica, relativa a un modo de producción específico. La esclavitud no es injusta desde el punto de vista de una sociedad esclavista, ni la explotación sería injusta según las reglas contractuales propias de la producción mercantil generalizada.
El marxismo entiende al Estado como un órgano de dominación de una clase sobre otra. La división de poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) en las repúblicas burguesas compone un sistema de engranajes para mantener esta dominación sobre el pueblo trabajador, junto a otras instituciones, como las Fuerzas Armadas, la Iglesia, entre otras.
Ninguno de estos poderes es imparcial, sino que defienden a su clase, es decir la clase explotadora, aunque se disfracen como poderes independientes.
No obstante, dentro del propio derecho burgués es evidente que la justicia actúa de modo diferente con los pobres y los ricos.
Si un pobre comete un hurto, seguramente que usted no lo verá al poco tiempo paseando por Gorlero o viviendo en una chacra de José Ignacio. Sin embargo, un señor que fue el jefe de la banda que cometió la estafa más importante de los últimos 40 años, que en el año 2002 condenó a la pobreza a casi un millón de uruguayos, que provocó el suicidio de unas 500 personas y se quedó con unos 1.500 millones de dólares de ahorristas uruguayos, argentinos y paragüayos, apenas estuvo en la cárcel 5 años. Se llama Juan Peirano y lleva una apacible vida en Punta del Este.
Si usted es joven y pobre y comete un delito, seguramente dormirá tras las rejas por el tiempo que marca el código. Nadie lo verá por la rambla paseando a su perrito en brazos como lo hace un señor llamado Eugenio Figueredo, procesado por una causa internacional de corrupción, lavado de activos y estafa.
Alí Primera cantaba: “La policía es siempre eficiente cuando se trata de los pobres”. Y mucho antes el gaucho Martín Fierro afirmaba: “La ley es tela de araña, y en mi ignorancia lo explico, no la tema el hombre rico, no la tema el que mande, pues la rompe el bicho grande y sólo enrieda a los chicos”.
Hay una muy buena película argentina llamada Relatos Salvajes. En la misma, el actor Oscar Martínez compone a un millonario al que un día su hijo lo despierta llorando y diciéndole: “Atropellé a alguien con el coche”. A partir de ahí se desespera por evitar que ese hijo vaya a la cárcel, por más que para ello deba apelar a diversos ilícitos”.
Y el actor explica: “la ley no es igual para todo el mundo. Hay una Justicia para ricos y otra para pobres. Para empezar, una persona rica puede contratar un abogado que el de pocos recursos no. Amén de los vínculos y conexiones que tiene alguien así. Los que pueden hacer eso son una minoría”.
Y lo más interesante: “Mirá, no voy a decir dónde filmamos, por lo que te voy a contar. Nosotros rodábamos en un barrio muy caro, en una casa que sale más de US$ 10 millones. Las de por ahí ninguna bajaba de los US$ 3 o US$ 4 millones...Un señor muy amable se asomaba. Muy simpático. Un vecino lindante. Y resulta que ese vecino era un ex juez. Todos sabemos lo que cobra un juez. Con el sueldo de un juez no te podés comprar una casa de 3, 4 o 5 millones de dólares. Salvo que los haya heredado. Es imposible que con su sueldo se la haya comprado ”.