Estado español: CORRUPCIÓN
La legalidad de 16 procesos electorales, en cuestión por las 'cajas B' del PP
Desde que estalló el 'caso Naseiro', en el año 90,
hasta la última 'operación Lezo', el partido que preside Mariano Rajoy
ha levantado innumerables sospechas de presunta financiación irregular
por las que aún ahora tendrá que rendir cuentas en el Congreso.
El presidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy, en una imagen de archivo. REUTERS/Juan Medina
"La corrupción no es cosa de partidos, sino de personas". Esa es la frase con la que los portavoces de Génova, sede nacional del PP, se han desmarcado esta última semana del escándalo de la operación Lezo por la que uno de los suyos, el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, está encarcelado por supuesta organización criminal.
Él ya es, como marca la tradición, uno de
"esos señores/as de los que usted me habla", pero es el propio partido
el que está salpicado por los incontables casos de corrupción que se han sucedido desde la década de los años 90. Todos ellos, escándalos de los que nadie ha rendido cuentas políticas, a excepción de Esperanza Aguirre, que decidió servir de ejemplo para Mariano Rajoy y dimitió por su responsabilidad "in vigilando",
aseguró literalmente. Ahora, el partido tendrá que dar explicaciones al
respecto en el Congreso a partir del 8 de mayo, cuando se constituirá
la comisión parlamentaria sobre la financiación del Partido Popular.
Aunque esa comisión ya es conocida exclusivamente como la comisión Bárcenas, la presunta caja B del PP afecta a innumerables procesados, imputados o investigados. Entre ellos, hay exministros, expresidentes autonómicos, exdiputados, senadores, consejeros, alcaldes y, en definitiva, todo tipo de cargos públicos. Casi todos, por haber metido –presuntamente– la mano en la caja para su propio beneficio. Pero también contribuían a la financiación irregular -confirmada, ésta sí, por la Fiscalía o por el juez Pablo Ruz- de la que se habría beneficiado la formación en las distintas campañas electorales de los últimos tiempos.
¿Cuántas? Al menos, nueve generales y siete
autonómicas y municipales. Ésas son las citas electorales que se han
celebrado desde octubre de 1989, cuando Rosendo Naseiro era tesorero del PP. Él se convirtió en el primer dolor de cabeza para José María Aznar, quien recién llegado a la Presidencia del partido –con la bendición de Manuel Fraga–, tuvo que hacer frente al bautizado caso Naseiro.
Corría el año 90 cuando el citado tesorero y el diputado popular Ángel Sanchís
–hoy imputado en el caso de la cuenta en Suiza de Bárcenas– fueron
procesados por lo mismo que todos los posteriores: adjudicaciones
públicas, recalificaciones, ventas, etc., y todas con la comisión
correspondiente. Para ellos y, presuntamente, también para el PP.
El caso Naseiro quedó en agua
de borrajas por un error que supo aprovechar el PP: las escuchas que
probaban el cobro de comisiones del partido habían sido autorizadas por
el juez inicialmente para un asunto de drogas. Aznar, cuya estrategia era arremeter contra la corrupción que también imperaba en el PSOE de Felipe González con el caso Filesa,
supo salir airoso de él al anularse la prueba en el Supremo. Incluso,
llegó a nombrar ministro a uno de los escuchados en aquel entonces: Eduardo Zaplana y sus ganas de hacer carrera en política porque estaba "arruinado".
Hoy Zaplana, ya retirado de la vida pública,
ha vuelto a los titulares, precisamente, por otro pinchazo: el de su
conversación con Ignacio González en la que, según los medios que
han tenido acceso a las grabaciones, ambos conocían meses antes el
nombramiento del fiscal Anticorrupción, Manuel Moix, y se felicitaban por su simpatía por el PP. Además, el juez investiga los posibles "negocios" entre ambos.
Ambos representan a dos de los grandes
feudos del PP que, precisamente, son dos de las comunidades más
salpicadas por el mapa de la corrupción española. Se trata de las
comunidades de Madrid y Valenciana , donde las investigaciones revelan
la presunta financiación ilegal del partido en distintas campañas
electorales.
Se inflaron contratos con Indra y PWC para pagar las deudas del PP contraídas en la campaña de las autonómicas de 2011
En Lezo, según la investigación de la Audiencia Nacional, González pidió un millón de euros a una empresa pública, la Agencia de Informática y Telecomunicaciones de la Comunidad de Madrid (ICM) para sanear las cuentas del PP de Madrid
que entonces presidía Aguirre. El exconsejero-delegado de ICM habría
inflado contratos suscritos con Price Waterhouse Cooper (PWC) e Indra
para conseguir dicha cantidad. ¿La finalidad? Pagar las deudas derivadas
de la las elecciones autonómicas de 2011.
2003, 2004, 2007, 2008, 2011...
Antes de eso, la misma organización territorial de Aguirre habría utilizado a Fundescam para financiar las campañas de 2003 que, previo Tamayazo,
terminaron aupándola a la Presidencia de la Comunidad de Madrid. La
fundación, creada en el año 2000 y dirigida en un principio por el
presidente del Senado, Pío García Escudero, recibía presuntamente donaciones de empresarios hoy investigados en los casos Gürtel y Púnica con las que se pagaron facturas de las campañas de las dos elecciones autonómicas de 2003, así como del Congreso regional del PP y los siguientes comicios generales de 2004.
Más tarde, según las últimas informaciones de la operación Púnica, la caja B del PP de Aguirre se habría visto incrementada con otros cinco millones: tres para las autonómicas de 2007; uno para las generales de 2008 y el otro, para las siguientes autonómicas de 2011.
En esa época, Rajoy ya estaba al frente del
partido. Fue nombrado presidente en 2004 y él sí pagó la factura de la
herencia recibida: logró la mayoría absoluta en 2011 y el PP volvió a
teñir de azul los gobiernos autonómicos en ese mismo año, pero los
escándalos de la caja B, los papeles de Bárcenas, Gürtel, Púnica, Auditorio, Imelsa, Taula, Palma Arena, etc. empezaron a juzgarse y, a día de hoy, en 2017, el PP sigue ganando, pero no de forma tan aplastante.
La propia secretaria general, María Dolores de Cospedal, fue una de las que perdió el bastón de mando de la Comunidad de Castilla-La Mancha. Uno de sus hombres de confianza, el exalcalde de Toledo José Manuel Molina, fue imputado
en una de las piezas separadas de Gürtel por haber adjudicado
–presuntamente– un contrato de limpieza de basuras a Sacyr a cambio de
una mordida de 200.000 euros para la campaña de las autonómicas de 2007.
Valencia, Murcia, Galicia, Baleares...
Y es que no todas las cantidades recibidas son astronómicas. De hecho, la táctica habitual con la que intentaban burlar la ley de financiación de partidos se conoce como pitufeo. Una práctica que Rita Barberá dijo desconocer en su declaración ante el Supremo, pese a que la investigación de la operación Taula –derivada del caso Imelsa en el que está imputado Alfonso Rus–,
destapó la presunta trama de blanqueo del grupo municipal que ella
dirigía en Valencia. Supuestamente, hasta 47 concejales, asesores y
exediles habrían aportado 1.000 euros por transferencia bancaria para la
campaña de las elecciones municipales de 2015 a cambio de recibir en mano dos billetes de 500 euros.
El PP contabiliza 179 imputados sólo en el año 2016
Además del caso Barberá,
el PP valenciano fue otro de los grandes protagonistas de los titulares
de corrupción: de los aeropuertos sin aviones de Carlos Fabra –recientemente en libertad condicional–, a la llamada rama valenciana de Gürtel, que va desde los trajes de Francisco Camps –absuelto–, a los amaños de la trama con los contratos de Fitur, por la que han sido condenados los empresarios Correa, Crespo y El Bigotes.
La visita del Papa a Valencia en 2006, el caso Emarsa, el Brugal,
Acuamed o el de la Fórmula1 son otros de los que imperan en dicha
comunidad autónoma.
Más allá de Madrid y Valencia, la corrupción ha afectado también a Murcia, donde 35 de los 45 municipios de la región están salpicados por diversas tramas y su presidente, Pedro Antonio Sánchez, tuvo que dimitir tras ser imputado en el caso Auditorio e implicado en Púnica; a Galicia, donde los casos Pokémon y Campeón siguen su curso; y a Baleares, con el caso Palma Arena, una de cuyas piezas separadas es el caso Nóos.
Además, otros ex altos cargos conservadores están imputados en otros
casos no directamente relacionados con la financiación irregular.
Ejemplo de ello es el exministro Rodrigo Rato, condenado por la pieza de las tarjetas black,
y procesado en el caso Bankia, y cuya fortuna oculta es investigada
además en un juzgado de Madrid por delitos fiscales, cohecho,
malversación de caudales públicos y blanqueo de capitales. En total, el
PP contabiliza sólo en 2016, 179 imputados.
Un partido en el banquillo
El propio Rajoy ha sido citado a declarar
como testigo en el juicio de la pieza separada de Gürtel, primera etapa
(1999-2005). Una pieza en la que se sienta en el banquillo la exministra Ana Mato como partícipe a título lucrativo –responsable civil– y donde se juzgan también las donaciones de la trama a las campañas electorales de 2003 en Majadahonda y Pozuelo (ambos, municipios de Madrid). Motivo por el que el
PP se sienta como Mato en el banquillo e insiste en arremeter contra la
decisión del tribunal porque, dicen, su presidente no era responsable
directo de dichas organizaciones.
Pero quedan por dilucidar otras piezas del mismo caso relativas al presunto pago irregular de la remodelación de la sede del partido –planta por planta y con dinero B–, su presunta implicación en la destrucción de ordenadores en el caso Bárcenas
o el supuesto pago de sobresueldos en sobres "en B" desvelado por el
citado extesorero. Los casos apuntan a la supuesta existencia de cajas
nacional y provinciales con contabilidad paralela.
Pero la corrupción es, para Génova, cuestión "de personas", y el PP nacional es, al fin y al cabo, el primer partido imputado de la democracia.
Un partido en el banquillo
El propio Rajoy ha sido citado a declarar
como testigo en el juicio de la pieza separada de Gürtel, primera etapa
(1999-2005). Una pieza en la que se sienta en el banquillo la exministra Ana Mato como partícipe a título lucrativo –responsable civil– y donde se juzgan también las donaciones de la trama a las campañas electorales de 2003 en Majadahonda y Pozuelo (ambos, municipios de Madrid). Motivo por el que el
PP se sienta como Mato en el banquillo e insiste en arremeter contra la
decisión del tribunal porque, dicen, su presidente no era responsable
directo de dichas organizaciones.
Pero quedan por dilucidar otras piezas del mismo caso relativas al presunto pago irregular de la remodelación de la sede del partido –planta por planta y con dinero B–, su presunta implicación en la destrucción de ordenadores en el caso Bárcenas
o el supuesto pago de sobresueldos en sobres "en B" desvelado por el
citado extesorero. Los casos apuntan a la supuesta existencia de cajas
nacional y provinciales con contabilidad paralela.
El PP defiende que Rajoy declare por plasma por "motivos de orden público"
Maillo niega que quieran evitar la foto del
presidente ante el tribunal de Gürtel e insiste en que no tienen "nada
que ocultar pero tampoco nada que aportar" al juicio.
El coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maíllo, en una entrevista con Efe. Archivo EFE/Ángel Díaz
"Por motivos de seguridad y orden público". Esa es la excusa que ha puesto el Partido Popular para defender su petición para que Mariano Rajoy declare por videoconferencia en el juicio de Gürtel donde ha sido citado como testigo.
Así lo ha argumentado el número tres de la formación, Fernando Martínez-Maillo en los pasillos del Congreso, donde ha incidido, además, en que el
presidente del Gobierno no tenía responsabilidad alguna en la formación
cuando se produjeron las campañas de Pozuelo y Majadahonda que forman
parte de la investigación de dicha pieza separada de Gürtel.
Respecto al uso del 'plasma', el coordinador
general del PP ha recordado que existen "antecedentes" judiciales
similares. En concreto, ha citado a la comparecencia de Artur Mas ante la Audiencia Nacional por el 'Rodea el Parlament'.
"En casos similares se ha utilizado este sistema que garantiza el
derecho de las partes a preguntar y un juicio con normalidad",
justificó.
"Pero atendiendo a razones de orden público y de seguridad
y también a la agenda del presidente, hemos hecho ese planteamiento",
agregó Maillo, que negó que dicha petición se deba a un intento
premeditado de evitar la foto de Rajoy ante el tribunal.
"Al ser una figura tan importante como el
presidente del Gobierno, por razones de orden público y seguridad parece
lo más razonable", insistió, haciendo hincapié también en los
"antecedentes" existentes. "A partir de ahí, será el tribunal el que
tenga que tomar una decisión", recordó.
Aun así, Maillo valoró la "disponibilidad"
de Rajoy a "comparecer ante quien le llame" y repitió que "no tiene
nada que ocultar" "Él no era quien llevaba esas campañas. Por tanto, no
tenemos nada que ocultar pero tampoco nada que colaborar", concluyó.
La estafa bancaria: El juez procesa a Rato, Acebes y otras 32 personas por la salida a bolsa de Bankia
Acusa a la cúpula del banco de falsedad en las
cuentas anuales y fraude de inversores. Ahora las partes tienen un mes
para solicitar la apertura de juicio oral o el sobreseimiento del caso.
La
cúpula de Bankia, en su salida a bolsa en 2011: José Luis Olivas,
vicepresidente; Rodrigo Rato, presidente, y Francisco Verdú, consejero
delegado. EFE
El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu da por concluida la instrucción de la salida a Bolsa de Bankia en 2011 y ha dictado auto de procesamiento por delitos de falsedad en las cuentas anuales y fraude de inversores contra 34 personas que eran administradores o consejeros de Bankia y BFA en los ejercicios de 2010 y 2011.
Entre estas personas figuran el ex presidente de la entidad Rodrigo Rato,
José Luis Olivas, Francisco Verdú, José Manuel Fernández Norniella,
Ángel Acebes, Arturo Fernandez y Bankia y BFA como personas jurídicas.
El juez también entiende que procede sentar
en el banquillo al auditor externo, Francisco Celma, por sus informes
favorables elaborados sobre los estados financieros de Bankia, durante
los meses de la salida a Bolsa.
Sin embargo, archiva las actuaciones relativas a los organismos reguladores y supervisores,
con lo que exculpa al exgobernador del Banco de España Miguel Ángel
Fernández Ordóñez, al exsubgobernador Javier Aríztegui, al expresidente
de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) Julio Segura y al
exvicepresidente Fernando Restoy. En el mismo auto el juez también
acuerda el sobreseimiento y archivo para Deloitte,
como persona jurídica —aunque sigue como responsable civil—. La
acusación popular solicitaba la imputación de los organismos
reguladores.
También ha acordado el sobreseimiento de la causa para los inspectores y técnicos del Banco de España
Pedro Comín, Pedro González, Mariano Herrera y Jerónimo Martínez Tello,
así como para los exconsejeros de Bankia Atilano Soto y Luis Blasco
Bosqued, que no intervinieron en las reuniones del consejo de
administración en las que se adoptaron los acuerdos investigados.
En un auto que transforma las diligencias
previas, iniciadas en 2012, en procedimiento abreviado, el titular del
Juzgado central de Instrucción número 4, Fernando Andreu señala que en
los años 2010 y 2011 los exresponsables de la entidad falsearon las cuentas e incluyeron datos falsos en el folleto informativo de la salida a bolsa, que se produjo en julio de 2011.
Según sostiene el auto, los administradores
de BFA y Bankia "aprobaron unas cuentas maquilladas sobre la verdadera
situación de las entidades que administraban, que no reflejaban la
imagen fiel de las mismas, de manera que no mostraban la verdadera
situación económica de la entidad". De ahí se derivó "un evidente
perjuicio tanto para los que posteriormente suscribieron acciones como
para el Estado".
Según sostiene el auto, los
administradores de BFA y Bankia "aprobaron unas cuentas maquilladas
sobre la verdadera situación de las entidades que administraban"
De lo que se acusa a los imputados es de falsear los estados financieros de Bankia, pero no se juzga si la decisión de sacarla a bolsa era o no correcta, algo que "podría ser objeto de examen y de exigencia de responsabilidad en otro foro, pero que carece de relevancia penal".
Por lo que respecta al archivo de las
actuaciones sobre el Banco de España y la CNMV, Andreu asegura que "no
se ha acreditado" que los responsables de ambas entidades participaran
en la formulación y aprobación de las cuentas incluidas en el folleto de
la salida a bolsa.
El auto consta de 253 folios, que resumen cinco años de investigación iniciada a raíz de una querella presentada por UPyD.
En dicha investigación han comparecido 48 investigados y 40 testigos,
en una causa en la que se han personado 44 acusaciones particulares.
Ahora el Ministerio Fiscal y las acusaciones disponen de un mes para
solicitar la apertura de juicio oral o el sobreseimiento.
Contra este auto se puede interponer recurso de reforma ante el juez o Se envía auto y resumen por email.
Corrupción en el PP de Madrid: González y Granados recurrieron a la 'policía paralela' acorralados por el ático y Púnica
La 'Operación Lezo' recorre la corrupción de los
populares desde el 'Tamayazo', pasando por el espionaje en la Comunidad
de Madrid, Gürtel o el ático de Ignacio González. Una trama que ha
podido sobrevivir gracias a policías, fiscales y jueces que ayudaron a
frenar los procedimientos. 'Público' ofrece hoy en exclusiva los audios
que demuestran que los hombres de confianza de Aguirre recurrieron a los
comisarios García Castaño y Villarejo para zafarse de sus problemas
judiciales.
Francisco
Granados e Ignacio González, ambos actualmente en prisión, junto a
Esperanza Aguirre en un acto del Partido Popular en Madrid.
Todos ellos forman parte de la brigada política policial, pero mucho antes de que el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz les convirtiese en sus hombres de confianza en la Policía Nacional, los comisarios Eugenio Pino, Enrique García Castaño y José Villarejo
ya eran los guardianes que impedían que estallase judicialmente la
corrupción imperante en el PP, según quién fuera el dirigente que les
pidiese ayuda. Que el responsable de Interior fuera el socialista Alfredo Pérez Rubalcaba no les supuso ninguna cortapisa para "arreglar los problemas" a algunos dirigentes del PP.
En los casi 10 años de investigación de la
trama Gürtel por parte de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal
(UDEF) de la Policía, que dirigía el comisario José Luis Olivera, nunca se llegó hasta ninguno de los dos hombres de confianza de Esperanza Aguirre, Francisco Granados (quien fue consejero de Presidencia, Justicia e Interior) e Ignacio González (sucesor de la lideresa como presidente de la Comunidad de Madrid),
ahora detenidos ambos por la Guardia Civil y que duermen en prisión sin
visos de salir pronto de ella. ¿Cómo pudo la UDEF saltarse la planta
del PP de Madrid en esas 13 horas que pasó registrando Génova si el
origen de su investigación era la corrupción de alcaldes, consejeros o
concejales madrileños de los populares?
Bajo el mandato de Aguirre se
establecieron las relaciones entre policías que trabajaron en la
Comunidad de Madrid como directores o asesores de Seguridad – como el
actual comisario general de Información, Enrique Barón–, o los hombres que habían hecho de escoltas desde su época de presidenta del Senado a finales de los 90, como Sergio Gamón, que será juzgado en el caso del espionaje en la CAM que instruyó el ahora fiscal jefe Anticorrupción Manuel Moix y en el que la Fiscalía nunca pidió pruebas para investigar al político que hizo ese encargo, Ignacio González.
Había estallado la guerra de dossieres e
investigaciones y el espionaje era mutuo entre los vicepresidentes que
ahora duermen en prisión, Francisco Granados e Ignacio González. Muchos de estos trabajos se pagaron con dinero público a través del Canal de Isabel II, como se desgrana en las operaciones Lezo y Púnica,
por ejemplo a la agencia de detectives Método 3. También se lo pagaron a
esta agencia, y a Detectives Mira, constructores imputados tanto en la
trama Gürtel, en el caso de Ignacio González, o en Púnica, en el de
Granados.
Pero la estrecha relación establecida entre
altos mandos policiales y estos dirigentes del PP, les llevó a dar el
paso y recurrir a los servicios de dos comisarios de Policía, Enrique
García Castaño y José Villarejo, como puede demostrar Público mediante los audios de una conversación mantenida con uno de ellos en agosto de 2015.
"La cita con Ignacio González, para que te quede a ti claro, la monto yo. Ignacio González es amigo mío"
La UDEF de la Policía lleva investigando
Gürtel desde 2009, pero en sus diligencias no aparece la presunta
comisión cobrada por Ignacio González a través del ático que este se
compró en Estepona (Málaga). En ese momento gobernaba el PSOE y el
comisario Eugenio Pino estaba destinado en Aragón, por no ser una persona de confianza.
En 2008, González cerró la compra del piso
de lujo –casi 500m2, con jacuzzi y piscina privada en la
azotea– adquirido, presuntamente, gracias a la comisión recibida del
mayor pelotazo que dio la Gürtel en el municipio de Arganda del Rey. En
ese momento, la hija de Eugenio Pino era la teniente alcalde de dicho municipio madrileño, como desveló Público en
febrero de 2016, y aunque su padre estaba relegado de la cúpula
policial, "misteriosamente fue reclamado para ejercer como adjunto a la
Dirección Adjunta Operativa" de la Policía, explican fuentes policiales.
El puesto de Director Adjunto Operativo de la Policía (DAO), lo ostentaba Miguel Ángel Fernández-Chico
–fallecido hace bastantes años– y a quien el comisario Villarejo
siempre ha señalado como la persona que le mandó investigar el ático.
Sin embargo, esta versión no la sustenta ni el propio comisario que le acompañó a aquel encuentro, Enrique García Castaño, quien aseguró a Público que la cita la montó él porque: "Ignacio González es amigo mío".
Asegura Castaño, como se puede escuchar a
continuación, que el ánimo era de ayudar al ahora detenido expresidente
de la Comunidad de Madrid, "entre otras cosas, porque el hombre
estaba preocupado, indignado por lo que estaba saliendo en la prensa. Yo
le dije: 'Hijo, recurre a tu agregaduría jurídica o si quieres yo
conozco a un compañero que es experto en estos temas, te lo traigo aquí y hablas con él'. Y eso es lo que hice".
Enrique García Castaño: La cita
con Ignacio González, para que te quede a ti claro, la monto yo. Ignacio
González es amigo mío. Pregúntaselo a Ignacio González. Si me estás
grabando la conversación me encantaría…
Patricia López: Yo, ya esos amigos no los tengo…
EGC: Si conoces a Ignacio
González pregúntale qué tiene que ver conmigo y ya verás como él te dirá
que es amigo mío. Yo monto una reunión con Ignacio González hace cuatro
años, entre otras cosas, porque el hombre estaba preocupado, indignado
por lo que estaba saliendo en la prensa. Yo le dije: “Hijo, recurre a tu
agregaduría jurídica o si quieres yo conozco a un compañero que es
experto en estos temas, te lo traigo aquí y hablas con él". Y eso es lo
que hice.
PL: Bueno, no sé…
EGC: Y a mi no me ha llamado chantajista él.
PL: No me parece muy ortodoxo que un policía le arregle las cosas a…
EGC: No, no, no, perdona. Yo no le he arreglado absolutamente nada a él, absolutamente.
PL: Bueno.
EGC: Todo mi trabajo y
todo lo que yo haga está muy clarito y todo mi trabajo está escrito y
con notas y con anotaciones, de cuando voy a ver a uno y cuando voy a
ver a otro. Otra cosa es que yo conozca a una persona y a mí una persona
me transmite eso y digo: “Pues chico tú tienes un gabinete jurídico y
que tu gabinete jurídico se encargue o aquí hay una persona”, que en
este caso quien se prestó para eso fue Pepe [Villarejo] allí a
hablar con él. Y punto y pelota. Yo calladito, porque no tengo ni puta
idea de estos temas, y después de cuatro años aparece una grabación.
PL: ¿Que tú no sabías que se había hecho?
EGC: Que supuestamente quien la había hecho...
PL: ¿Tú no sabías que se había hecho esa grabación?, pregunto.
EGC: No, no, ni idea.
El comisario Castaño –destituido de su puesto en la Comisaría General de Información después de que Público desvelase el chantaje que Pino y Villarejo estaban haciendo a la Casa Real y al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y que él conocía– deja claro en este audio que no estaba trabajando ni investigando cuando gestionó ese encuentro, ya que habría quedado alguna nota informativa suya dirigida a Fernández-Chico o a su comisario general, algo que nunca hizo.
"Todo mi trabajo y todo lo que yo haga
está muy clarito y todo mi trabajo está escrito y con notas y con
anotaciones, de cuando voy a ver a uno y cuando voy a ver a otro. Otra
cosa es que yo conozca a una persona y a mí una persona me transmite
eso y digo, “pues chico tú tienes un gabinete jurídico y que tu
gabinete jurídico se encargue o aquí hay una persona”, que en este caso
quien se prestó para eso fue Pepe allí a hablar con él", explicó tajante
a su interlocutora.
Torre Picasso y los servicios a Púnica "del pinchadiscos de los pinchateléfonos de la Policía"
A "Pepe" Villarejo también recurrió Francisco Granados:
primero para hundir a su rival político, González, y después temeroso
de que la Guardia Civil fuera a echarle el guante. Nuevamente, la UDEF
queda bastante mal parada en sus pesquisas sobre este vicepresidente de
Aguirre que lleva desde 2014 en la cárcel.
Como desveló Público, los
denunciantes de la trama Gürtel José Luis Peña y Juan José Moreno,
entregaron en 2009 a la UDEF y al Tribunal Supremo todas las grabaciones
que habían hecho a los diferentes empresarios de la trama corrupta
de Francisco Correa, que horadaba entonces los municipios de Madrid a
golpe de comisión a los políticos. Pero también las que señalaban directamente a Granados y a los empresarios de Púnica.
Precisamente en ese sumario aparecen diferentes referencias,
tanto de Granados como de otros imputados, acerca de las visitas a
Torre Picasso, donde Villarejo tiene su base de operaciones privada.
El propio Granados habla con el tertuliano Eduardo Inda de quedar en un
jacuzzi porque un policía les va a enseñar un dossier sobre el ático de
Ignacio González. Y los imputados hacen también referencia a que han
visitado al "pinchadiscos de los pinchateléfonos de la Policía",
enviados a éste por ese otro amigo, también Policía.
En agosto de 2015 Público desveló
que la Guardia Civil sospechaba que ese "pinchateléfonos" era el
comisario Enrique García Castaño, algo que no gustó nada al comisario,
quien se puso en contacto con la periodista. Sin embargo, el propio comisario no supo dar una alternativa a su nombre en este caso:
PL: Ya, pero en la conversación
está diciendo que un profesional, Villarejo, le recomienda los servicios
de un policía, espera, espera, le manda a ver a un policía, si no
quiero entrar en… lo que dice la conversación es que un policía le manda
a ver a un policía que reúne estas características: ser el jefe de los
que se encargan…
EGC: Claro, y como yo me
relaciono con Villarejo… pero Villarejo conoce a mucha gente, no sólo en
la Policía, en la Guardia Civil, en muchos sitios porque hace años que
han trabajado con él.
PL: Sí, sí, pero aparte de ser tú, ¿quién puede ser?
EGC: Oficialmente la gente
que trabaja en medios técnicos, están los que trabajan con Policía
Judicial, que tienen sus propios medios técnicos que son los mismos que
tengo yo, pero los medios técnicos es una parte de mi trabajo, mi
trabajo es mucho más grande. Hay una parte de Policía Judicial que se
dedica a medios técnicos, de medios técnicos no pinchazos telefónicos
–eso lo hace Sitel con los mandamientos judiciales–, la gente se cree
que tú a un móvil le das a una tecla y los pinchas y no es así, eso son
barbaridades que se cometen y hay gente que vive del cuento chino de
vender burras y después sacar dinero a costa de eso, te lo digo en
serio. Hay en los medios técnicos, gente que se dedique… Policía
Judicial y yo.
EGC: Y si han pinchado teléfonos,
han visto, han hablado, porque esto es una investigación que llevaba
mucho tiempo, lleva año y pico esta investigación –también la tenía la
Policía Judicial esta investigación, ¿eh?, que lo sepas- pero alguien
esto, que investiguen, que saquen a ver quién ha sido, que llevan mucho
tiempo con este tema, no ahora que está el tema cerrado.
Pero estos no son los únicos imputados en la Operación Lezo que han recurrido a sus servicios. Porque, aunque el comisario opine otra cosa, la Guardia Civil sigue investigando y el tema no está cerrado.
Así que en estos próximos días seguiremos teniendo sorpresas y sobresaltos.
Exclusiva: Las cloacas del Estado
La Fiscalía dirigida por el PP ya ha intentado encubrir corrupción en una decena de casos
Los fiscales deben promover la acción de la Justicia,
según nuestra Constitución, pero durante el mandato de Rajoy en el
Gobierno, y especialmente a partir de 2016 --cuando el PP vio
desvanecerse su mayoría absoluta--, el Ministerio Público ha emprendido
actuaciones claramente obstruccionistas en demasiados casos de
corrupción política o policial como para seguir aduciendo que se trata
de simples "diferencias de criterio" con los jueces. Estos son los diez
casos más sonados.
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, y el fiscal general del Estado, José Manuel Maza. - EFE
"Me indigna
que se esté pensando que somos como una pandilla de forajidos y que
damos ordenes todos los días [diciendo] quita eso porque es amiguete o
esto no porque me ha dicho el ministro que no se persiga", espetó hace
un mes el nuevo fiscal general del Estado, José Manuel Maza, tras el
escándalo de la purga de los fiscales que perseguían por corrupción al
presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, del PP.
Maza alega "criterios técnicos" para su
firme oposición a que se investigara a ese dirigente político por el
caso Auditorio, no sólo en contra de la opinión de las dos fiscales que
llevaban el asunto y del fiscal jefe Anticorrupción de la región
--Manuel López Bernal, al que apartó fulminantemente de ese cargo--,
sino también del propio magistrado
que lleva el procedimiento y que acabó por imputar al presidente a
pesar de tener tan buenas relaciones con dirigentes del PP murciano que
ha sido fotografiado tomando cañas con ellos en una terraza.
El fiscal general aduce una y otra vez que
sus decisiones --impartidas a través de órdenes en un cuerpo altamente
jerarquizado-- son resultado de consultas técnicas con otros fiscales,
pero la situación es altamente sospechosa porque durante el mandato
de Mariano Rajoy, y especialmente a partir de 2016 cuando perdió la
mayoría absoluta parlamentaria, el Ministerio Público ha emprendido
actuaciones claramente obstruccionistas en no menos de una decena de
casos de corrupción política o policial. Demasiadas coincidencias.
Nombramientos de fiscales que "sólo pueden explicarse desde un interés eminentemente político e ideológico"
Porque, en contra de lo que alega reiteradamente el Gobierno, la
Fiscalía no es en absoluto "independiente", sino que el Ejecutivo
nombra a dedo a su jefe máximo, quien a su vez designa a su libre
arbitrio a los responsables de cada área del Ministerio Público
(fiscales de Sala, fiscales-jefe, fiscales superiores y tenientes
fiscales), quienes, a su vez imparten las órdenes a todos los demás
sobre cómo han de actuar en cada caso y procedimiento. Una estructura
jerárquica casi militarizada.
Así fue posible que Maza impusiera a
Manuel Moix para dirigir la Fiscalía Anticorrupción, a pesar de que
nunca había ejercido antes esa especialidad y de que al puesto se
postulaban fiscales con gran reputación y experiencia en ese campo.
Nombramiento que formó parte de una verdadera caza de brujas en el
Ministerio Público que barrió de los puestos de mando a todos los
fiscales progresistas y los reemplazó por afines al PP.
Una maniobra tan descarada que la Unión Progresista de Fiscales (UPF) emitió un comunicado oficial denunciando que los
nombramientos decididos por Maza suponen "un claro retroceso en la
pretendida autonomía" del Ministerio Público frente al poder Ejecutivo, pues "sólo pueden explicarse desde un interés eminentemente político e ideológico".
Moix ha apartado del caso 3% de corrupción en Catalunya a Bermejo y Grinda porque son dos fiscales no afines al PP
Y
el último capítulo de estas decisiones ha sido el anunciado por Moix
hoy mismo de apartar del caso 3% de corrupción en Catalunya a los
fiscales Fernando Bermejo y José Grinda, dos de los más independientes
que actúan en Anticorrupción y que no se han dejado engañar por los
montajes policiales de la brigada política de Interior en cuanto a
los casos de la familia Pujol o de las falsas acusaciones contra el
exalcalde de Barcelona Xavier Trias. Además, ambos están en el punto de
mira del PP desde que han investigado casos como el de Gaoping (con el
comisario Villarejo implicado) o el de Sintel (con Adrián de la Joya
implicado), mientras que Maza ha estado involucrado en el montaje jurídico de Schola Iuris organizado por el propio José Manuel Villarejo Pérez.
Más todavía: los ceses de Bermejo y Grinda
no servirán para dejar el caso en manos de la Fiscalía catalana, como
aduce Moix, ya que el caso 3% incluye blanqueo de capitales y, por
tanto, tendrá que ir a ser instruido en la Audiencia Nacional, por lo
que volverá a la Fiscalía Anticorrupción central. Ahora bien, para entonces ya se podrá nombrar a otros fiscales más afines al PP para que se hagan cargo del procedimiento.
Maza ha tratado de convencer a la opinión
pública de que es falso que se impartan órdenes estrictas a los
fiscales, porque éstos --acogiéndose al Estatuto Fiscal-- "tienen su
mecanismo para, si no están de acuerdo con una instrucción que se les
da, llevarlo incluso a la Junta de Fiscales". Bien, pues veamos lo que
ha ocurrido en la Operación Lezo.
El obstruccionismo partidista de Moix es de manual
Desde el primer momento, el nombramiento de Manuel Moix fue denunciado como partidista y e injustificado: como fiscal-jefe de Madrid se
opuso a que se considerasen como prueba los correos de Blesa en el caso
Bankia/Caja Madrid, y se encargó del oscuro asunto del espionaje entre
dirigentes del PP de Madrid (entre Francisco Granados e Ignacio
González, ambos presos ahora) y logró que vaya a ser juzgado ahora en
vista oral sin que haya un solo político del PP imputado.
Así que cuando tuvo su primera gran oportunidad de ejercer como jefe Anticorrupción, se lució: ordenó
por escrito a los dos fiscales encargados de la actual Operación Lezo
que no se practicase la diligencia de registrar el domicilio del
principal imputado, Ignacio González. Y tan absurdamente arbitraria
era esa decisión, que esos dos fiscales se rebelaron y convocaron a la
Junta de Fiscales Anticorrupción, quienes por mayoría se opusieron a las
intenciones de Moix.
Porque, además, Moix impuso
la retirada del delito de organización criminal tanto contra el
expresidente de la Comunidad de Madrid como con el resto de investigados
en la Operación Lezo, así que los fiscales no pudieron incluirlo en sus acusaciones a los detenidos,
y sólo se ha sostenido en la causa porque así lo ha decidido el juez
Eloy Velasco, de la Audiencia Nacional, a pesar de la posición oficial
de la Fiscalía.
Todo esto es ya escandaloso, pero aún es
más grave descubrir que finalmente Moix se plegó a aceptar el registro
del domicilio de González porque en esa Junta de Fiscales se le mostró
la grabación en la que este último hablaba por teléfono, el pasado
enero, con el exministro Eduardo Zaplana, felicitándose
por el próximo nombramiento de Moix al frente de Anticorrupción,
calificándolo de afín al PP y previendo que ayudaría al brazo derecho de
Esperanza Aguirre a zafarse de sus problemas judiciales, como el del caso del ático de Estepona.
Esta conversación no sólo constituía un
intolerable chivatazo a un investigado sobre los planes del fiscal
general, cometido un mes antes de que Maza los anunciase, sino que tiene
todos los indicios de una maniobra de encubrimiento de corrupción. Por
ello, Unidos
Podemos ha pedido la reprobación del ministro de Justicia, Rafael
Catalá, y los ceses de Maza y Moix, mientras PSOE y Ciudadanos se han
sumado a la exigencia de que tanto Catalá como el de Interior, Juan
Ignacio Zoido, y el propio Maza comparezcan en el Congreso para dar explicaciones. Si es que todo esto puede tener una explicación "técnica".
El informe policial sobre el blanqueo de Villarejo, enterrado en un cajón por la Fiscalía de Madrid
Moix fue durante diez años fiscal-jefe de
Madrid --antes de ascender al Contencioso-Administrativo en 2015-- y
allí dejó al frente a un hombre de confianza: José Javier Polo
Rodríguez. Pues bien, cuando Anticorrupción remitió a la Fiscalía de
Madrid el informe de Asuntos Internos de la Policía en el que se
detallaba el imperio empresarial levantado por el comisario Villarejo,
y en el que se exponían claros indicios de que esas 40 empresas por
valor de 25 millones de euros habían participado en blanqueo, el
fiscal-jefe Polo decidió meterlo en un cajón, cerrarlo y tirar la llave.
Un año entero pasó ese
informe archivado en la Fiscalía de Madrid, y allí sigue sin que el
Ministerio Público haga una sola indagación, a pesar de que Público reveló su existencia y ofreció amplios detalles de su contenido, donde
los agentes que lo redactan exponen sus sospechas de que ese imperio
pudo haber empezado a crecer a partir de la sustracción de fondos
reservados que se deberían haber dedicado a la persecución de etarras
huidos a países latinoamericanos como Uruguay, donde Villarejo posee
actualmente un hotel de lujo.
Ese informe de la Unidad de Asuntos
Internos subraya a la Fiscalía "la necesidad de adoptar nuevas medidas
de investigación tendentes a esclarecer los hechos; en concreto, si la
estructura societaria analizada pudiera estar sirviendo de base para
introducir en el sistema económico legal bienes de origen ilícito." Y
advierte al fiscal-jefe de que "de ser así resultaría de especial
gravedad tanto desde el punto de vista de las penas con que tales
actividades resultan sancionadas en la ley penal, como desde el punto de
vista de la alarma y repercusión social en cuanto cometidos,
presuntamente, por quienes forman parte de un Cuerpo Policial".
Así que ese inexplicable archivo del
informe podría constituir un delito de omisión del deber de perseguir
delitos. Más si cabe, cuando la Fiscalía también conoce otro informe muy
similar y que llega a idénticas conclusiones, efectuado por la comisión judicial que investiga el caso del pequeño Nicolás.
Y, una vez más, el fiscal de este otro caso se ha dedicado a
obstaculizar todo avance de los investigadores, hasta el punto de alegar
que hay que parar las pesquisas porque "desbordan el ámbito de la
investigación", como si no hubiera que actuar --y de oficio-- cuando
aparecen pruebas sobrevenidas que indican la comisión de otros delitos
al margen de los que se están examinando.
El fiscal San Román, gran defensor del 'pequeño Nicolás'
Anteriormente Público ya ha examinado las
actuaciones del fiscal del caso del pequeño Nicolás, Alfonso San Román,
y ha denunciado que se comporta prácticamente como un compinche del
joven estafador y suplantador, al que ya se le pide un total de 25
años de cárcel por numerosos delitos... y todavía falta la calificación
en algunas de las causas contra él.
“El
propio fiscal San Román está apoyando a las defensas y poniéndose en
contra de las acusaciones tanto populares como particulares, de la
Abogacía del Estado y del Ayuntamiento de Madrid”, ha explicado a Público uno de los letrados presentes en esa causa.
La pormenorización de todas las
estratagemas, maniobras y escritos que ese fiscal ha efectuado con la
evidente intención de provocar la nulidad de las actuaciones en la pieza
separada sobre la grabación ilegal a agentes de Asuntos Internos y del
Centro Nacional de Inteligencia (CNI) --un gravísimo delito contra
la seguridad del Estado-- sería demasiado farragosa para el ámbito de
este artículo (el que la quiera consultar, puede ir a los enlaces de las
párrafos anteriores). Sin embargo, esta última fase de la instrucción, una vez se ha retirado de la causa el juez Arturo Zamarriego, está revelando un comportamiento fiscal más que sospechoso.
Porque, tras insistir durante dos años en
que los dos principales investigadores de la comisión judicial escogida
por el magistrado tenían que retirarse de la causa por ser
"perjudicados del delito de descubrimiento y revelación de secretos" que
se investiga (la grabación y su posterior difusión a la prensa), en
cuanto uno de ellos (Marcelino Martín-Blas) accedió a retirarse de la
comisión y se presentó como acusación particular, San Román cambió súbitamente de postura y se opuso a su personación alegando ahora que no es perjudicado de ese delito.
En su empeño por liquidar la comisión judicial investigadora, el fiscal no sólo ha enviado media docena de escritos al juez y ha planteado recursos a la Audiencia, perdiendo todas esas iniciativas, sino que incluso acusa a un inspector de prestar falso testimonio
(lo que constituye un gravísimo delito para un funcionario público), al
tiempo que da por ciertas las afirmaciones de imputados que tienen
derecho a mentir en su defensa. Algo peor que absurdo en una actuación
fiscal.
Además, San Román cambió súbitamente
de actitud a partir de 2016: dio un giro de 180 grados a sus criterios,
oponiéndose sistemáticamente a todos los informes y diligencias que él
mismo había aceptado durante dos años, negando sus propias
afirmaciones anteriores y recurriendo a argumentaciones y alegaciones
sin base jurídica, siempre con el fin de descarrilar la investigación.
El cúmulo de muestras de ello --todas documentadas-- pone de manifiesto
que ha recibido órdenes de sus superiores para adoptar esas nuevas
posturas, contradiciendo toda su actuación anterior.
Del disco duro de Bárcenas a Pablo Iglesias, pasando por las grabaciones al ministro y el chantaje a la Casa Real
Por si todo lo relatado hasta ahora no
fuera suficiente, se pueden repasar otras cuatro actuaciones claramente
sesgadas de la Fiscalía en casos de corrupción política o policial que
afectan al Partido Popular o a la brigada política montada por el anterior ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz.
Cuando el informático jefe del PP
formateó 35 veces los discos duros del extesorero Luis Bárcenas y luego
los destruyó físicamente, pese a que estaba en marcha la causa sobre la
CajaB del partido relacionada con los archivos que contenían esos
discos, la Fiscalía se opuso una y otra vez a considerar que se había
cometido un delito de obstrucción a la Justicia. Finalmente, tuvo
que ser la jueza, Rosa María Freire, quien decidiese procesar al PP, su
tesorera Carmen Navarro, el informático José Manuel Moreno y el abogado
de la formación Alberto Durán, por la destrucción de los discos, pese a
la oposición de la Fiscalía.
En cuanto al escándalo más importante de los últimos tiempos, el de las grabaciones al ministro del Interior que reveló Público,
la Fiscalía del Supremo hizo un dictamen con la versión íntegra que
este diario facilitó a la Fiscalía General del Estado en el que argumentó
que no veía nada raro en las conversaciones de Fernández Díaz con De
Alfonso conspirando para destruir reputaciones de políticos soberanistas
catalanes y socavar partidos políticos, a base de montajes policiales, investigaciones prospectivas y filtraciones interesadas a la prensa.
Tan "normal" era hablar de eso en el
despacho oficial del ministro del Interior que se ha creado en el
Congreso la primera comisión de investigación desde el 11-M.
Igualmente, la Fiscalía de Madrid se opuso al procesamiento de Javier López-Madrid (hoy detenido en la Operación Lezo) cuando fue denunciado por la doctora Elisa Pinto, quien también denunció que el comisario Villarejo la había apuñalado para intimidarla, sin que la fiscal del caso la apoyara.
Mucho más recientemente, cuando Público ha
revelado --apoyándose en grabaciones de audio de la conversación entre
un comisario principal y ex director adjunto operativo de la Policía,
Eugenio Pino-- la comisión de un chantaje a la Casa Real por parte de
mandos policiales ya retirados, la Fiscalía ha argumentado que ese asunto no es competencia de la Audiencia Nacional. ¡Pero si la Constitución establece claramente que eso es estrictamente de su competencia! ¿O es que sólo le competen los chistes de tuiteros y las portadas de El Jueves?
Finalmente, la Fiscalía también ha
ayudado a justificar la sentencia (en primer instancia) que estima
"veraz" una información publicada por OKdiario acusando a Pablo Iglesias de haber cobrado más de 270.000 euros del Gobierno de Maduro... pese a que el
documento que se mostraba como prueba estaba falsificado y el propio
autor de la noticia ha demandado al director, Eduardo Inda, por
manipular y tergiversar la noticia original que él escribió. ¿Es eso "veraz"?
Cualquier fiscal consideraría que todo esto suma un cuerpo de indicios suficiente como para investigar a la propia Fiscalía por intento de encubrimiento. Pero ¿cómo van a poder investigar a sus jefes si estos se lo pueden prohibir? Aunque sean "forajidos".
Sólo queda ya la independencia del Congreso de los Diputados.
Guerra de Irak: Podemos y ERC piden al Senado investigar el papel del Gobierno de Aznar en Irak
La iniciativa enfatiza en la "estrategia de
comunicación engañosa" que justificó la invasión y a las promesas hechas
a empresas españolas para la reconstrucción.
Tony Blair, junto a George Bush y José María Aznar, durante la cumbre de las Azores que precedió a la guerra de Irak.
Unidos Podemos y ERC han presentado este martes una iniciativa para crear una comisión de investigación en el Senado sobre el papel de España en la Guerra de Irak, con especial atención a la "estrategia de comunicación engañosa" que justificó la invasión y a las promesas hechas a empresas españolas para la reconstrucción.
La iniciativa se debatirá en el pleno que la
Cámara Alta celebrará dentro de dos semanas y ha sido presentada en
rueda de prensa por la senadora de Unidos Podemos Sara Vilà, el senador
de ERC Jordi Martí y la representante de la Campaña Estatal contra la
Ocupación y por la Soberanía de Irak (CEOSI) Sara Sánchez.
Su propuesta reitera otros intentos previos
para esclarecer diversos aspectos de la Guerra de Irak de 2003, tanto
en el Congreso como en el Senado, donde Podemos ya buscó sin éxito, en
esta misma legislatura, la comparecencia del expresidente del Gobierno
José María Aznar para explicar el rol que desempeñó España.
El propósito final de la comisión sería
indagar "sobre las causas y consecuencias de la participación de España
en la Guerra de Irak" a partir de numerosos aspectos resumidos en siete
puntos.
En ellos, según el documento que debatirá el pleno, se alude a la "estrategia de comunicación engañosa citada en el informe Chilcot acordada por Blair y Aznar" a fin de averiguar "qué medios de comunicación españoles participaron en ella y qué cargos públicos colaboraron en generar una 'buena opinión en los ciudadanos conforme se había hecho todo lo posible para evitar la guerra'".
También se pretende estudiar el papel de
Aznar "para intentar legitimar la invasión", así como la "influencia"
del Gobierno de España en la Cumbre de las Azores, o aclarar por qué el
Ejecutivo "decide seguir con la intención de invadir Irak aun sabiendo que no había armas de destrucción masiva".
En este punto se citan distintas
declaraciones de altos cargos sobre la entrada de empresas españolas en
las tareas de reconstrucción del país y los beneficios que supondrían
para ellas.
El carácter de la misión encomendada a las
tropas españolas en Irak y su coste, así como las repercusiones del
conflicto en la actual situación del país completan la relación de
asuntos que los dos grupos proponentes quieren que sean estudiados por
el Senado.
El llamado informe Chilcot, una
investigación encargada por el ex primer ministro británico Gordon Brown
en 2009 considerada muy rigurosa por los promotores de la comisión
sirve también de base para justificar su propuesta, y de hecho recuerdan
que José María Aznar es citado hasta en once ocasiones en el documento.
Siete puntos
La senadora Vilà se ha mostrado optimista
respecto a la posibilidad de que senadores de Compromís, o del PDeCAT
puedan apoyar la comisión, e incluso del PSOE, habida cuenta del rechazo
del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero mostró a esta guerra, y
ha emplazado también a los senadores del PP a respaldarla y "desmarcarse
del Gobierno".
Jordi Martí ha anunciado que el resultado
de la votación en pleno de la propuesta les servirá para sopesar las
posibilidades de que tenga éxito en el Congreso.
Ha hecho hincapié en que lo que pretenden
es "esclarecer la verdad, dirimir responsabilidades, hacer justicia y
reparar a las víctimas" e indagar en aspectos concretos como los 6.000
millones de euros supuestamente prometidos a las empresas españolas para
la reconstrucción del país.
Además, la senadora Vilà ha rechazado que la Guerra de Irak sea "un tema del pasado o del Paleolítico" porque tras 14 años las consecuencias de esta "devastadora"
guerra son "incalculables" como millones de víctimas, incluidos los
once soldados y los dos periodistas españoles que fallecieron entonces.
Por su parte, la representante de CEOSI ha
recordado que el pueblo iraquí "sigue resistiendo" 14 años después de la
guerra aunque las "cifras escalofriantes de asesinados, desaparecidos y
muertos" y la repercusión del conflicto ha hecho que "el país que
conocimos prácticamente haya desaparecido".
Esta es la razón por la que CEOSI apoya
crear una comisión que sirva para "reparar la memoria de los millones de
víctimas que ha dejado la Guerra de Irak". EFE - adr/msr
El Congreso insta al Gobierno a sacar a Franco del Valle de los Caídos
El grupo socialista su proposición no de ley pese a
las críticas de otros grupos. PP y ERC se han abstenido por diferentes
motivos. Los conservadores consideran que "no hay consenso" para sacar
al dictador de su actual tumba.
Tumba de Franco en el Valle de los Caídos.- EFE
Los miembros del
grupo parlamentario popular en el Congreso de los Diputados están
conformes con mantener al dictador Franco en su actual tumba en el Valle
de los Caídos, donde permanece desde noviembre de 1975. La bancada
popular no ha respaldado esta mañana la proposición no de ley (PNL) del
grupo socialista en la que, entre otras cosas, se insta al Gobierno a
que exhume los restos del dictador y se trasladen fuera de ese recinto.
La iniciativa socialista, que como todas las
PNL no tiene fuerza jurídica, “insta” al Gobierno a “revitalizar” el
contenido de la ley de la Memoria Histórica de 2007. En concreto, se
plantean un total de 16 medidas, entre las que se encuentra la de “redefinir” el
Valle de los Caídos “para que deje de ser un lugar de memoria
franquista y nacional católica y reconvertirlo en un espacio para la
reconciliación de la memoria colectiva democrática y de dignificación de las víctimas de la Guerra civil y de la dictadura”.
La iniciativa socialista “insta” al Gobierno a “revitalizar” el contenido de la ley de la Memoria Histórica de 2007
Esta PNL aprobada este jueves por el pleno de La Cámara baja se suma a otra aprobada hace unos meses en el seno de la comisión Constitucional
de la cámara. En esta ocasión ha recibido el apoyo de 194 votos –
PSOE, Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, Ciudadanos, PNV y otros
minoritarios como Compromís -, aunque ha contado con la abstención de
otros 140, los de la bancada popular y la de ERC. La portavoz popular, Alicia Sánchez-Camacho, alegó el pasado martes que no existe “el suficiente consenso” para cambiar el actual status del Valle de los Caídos.
El respaldo a la iniciativa socialista ha
sido polémico ya que el grupo proponente no ha querido aceptar ninguna
de las enmiendas que presentaban otros cuatro grupos que pedían ir “más allá” de
la PNL. Con todo, ha habido un apoyo generalizado. El líder de Podemos,
Pablo Iglesias, ha justificado el voto positivo de su grupo “por
responsabilidad, aunque hubiéramos preferido profundizar más”.
El grupo parlamentario de ERC se ha abstenido por no querer “legitimar” una
ley, la de 2007, que no repara los sufrimientos de quienes padecieron
la Guerra Civil ni la dictadura franquista. De hecho, su enmienda exigía
al Gobierno la promulgación de una nueva ley de memoria histórica que,
entre otras medidas, se reconozcan jurídicamente la condición de
víctimas del franquismo.
CHRISTINE LAGARDE: El FMI quiere que España haga una nueva reforma laboral
Christine Lagarde, directora del FMI pide también más reformas y asegura el país "ha doblado la esquina de la crisis"
Fotografía
de Christine Lagarde durante un encuentro durante la reunión de
primavera del FMI y el Banco Mundial que se celebra esta semana. | EFE
La directora
gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde,
vuelve a pedir a España "más reformas" o una nueva reforma laboral que,
según ella, traduzca su actual crecimiento económico en más empleo y
mayores ingresos
Lagarde aprovecha las páginas de El País para
alabar, una vez más, la política económica del Gobierno de Rajoy y
pedir nuevos recortes y reformas sobre todo en el ámbito laboral: la
directora del FMI, que esta semana celebra su reunión de primavera,
llama la atención la dualidad del mercado laboral español, con
"trabajadores temporales muy expuestos y contratos fijos más
protegidos", una situación que ha de abordarse mediante reformas
—recortes para otros—, porque "no conduce a resolver la situación del
desempleo en España".
No obstante, Lagarde ha alabado "la capacidad de resistencia de un país que ha puesto en marcha reformas serias y sólidas"
que han permitido a su economía "doblar la esquina de la crisis", con
un crecimiento que supera el de cualquier otro país europeo, salvo Reino
Unido, y el de la eurozona.
Ha dicho que "España ha hecho grandes
progresos" y ha destacado que "el desempleo, por muy alto que fuera, ha
bajado" y que espera que lo siga haciendo, si bien ha añadido que "aún
no podemos decir misión cumplida".
“La izquierda debe ser antagonista y creo que es el paso dado por Podemos”
El filósofo, profesor y senador italiano Mario
Tronti, referente del movimiento obrero europeo, debate con Pablo
Iglesias y otros miembros de la formación morada sobre el futuro de la
izquierda
El
secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, junto al filósofo y
senador del Partido Democrático italiano Mario Tronti, momentos antes
del coloquio 'De Tangentopoli a la Trama', en el Congreso de los
Diputados. EFE/Paco Campos
¿Cómo se construye
y se practica una izquierda? La pregunta, aparentemente retórica, ha
sido la cuestión principal que ha planteado Mario Tronti (Roma, 1931),
uno de los pensadores más reputados del movimiento obrero desde la
segunda mitad del siglo XX, durante el debate mantenido con Pablo
Iglesias y otros miembros e Podemos en el Congreso de los Diputados bajo
un sugerente lema: “De Tangentopoli a la trama”, organizado por la
formación morada.
El filósofo, profesor universitario y
senador italiano ha dado la respuesta: “Me propongo criticar esa palabra
(izquierda); es débil porque no expresa lo que se quiere, realmente:
ser una fuerza antagonista de gobierno, no una mera alternativa. Una
alternativa es estar ahora en la oposición, ahora en el gobierno…, es
estar alternativamente en el poder. Esa es la cuestión”, ha dicho de
forma clara y directa.
En su opinión, esa opción, la alternativa,
es ciertamente cómoda, incluso cuando se está en la oposición. “Se puede
hablar, se puede protestar…, pero todo se queda ahí. La clave está en
la transformación”, ha sostenido Tronti. Y, evidentemente, siendo una
simple alternativa esa transformación no se consigue.
“Creo que ese es el paso que ha dado
Podemos”, ha sentenciado. Es decir, proponer, aportar por ser una
izquierda antagonista con vocación real de transformación. Unas palabras
que, sin duda, han agradado a la audiencia, sobre todo por la
definición que ha hecho sobre la formación morada: “Hay que hacer una
reflexión (en Italia y en Europa) sobre vuestra experiencia; habéis
englobado un espacio a la izquierda del partido socialista, mientras que
en Italia la izquierda al Partido Democrático – la formación por la que
es senador en Lombardía - está muy fragmentada”.
El debate se ha planteado desde una cierta
altura intelectual, con incontables referencias a autores, clásico u
modernos, sobre la teoría política y, especialmente, los movimientos de
izquierdas. Sobre todo en estos momentos en los que, a juicio tanto de
Tronti como de Pablo Iglesias y otros intervinientes, el capitalismo se
ha trasformado”.
A la cita han asistido la portavoz del grupo
parlamentario de Podemos en la Cámara baja, Irene montero, que ha
actuado de moderadora, y una “fila cero” para intervenir en el debate
integrada, entre otros, por la directora de Público, Ana Pardo de Vera, el cofundador de Podemos Juan
Carlos Monedero, Marcelo Expósito, miembro de la Mesa del Congreso de
los Diputados, Raimundo Viejo, de En Comú Podem, y Andrés Gil, de
eldiario.es.
En la apertura del debate Pablo Iglesias ha
requerido a su invitado a reflexionar sobre la experiencia del fenómeno
denominado “tangentopoli” que supuso a principios de los años noventa la
caída del régimen político italiano surgido tras la II Guerra Mundial.
“Se puso en evidencia que había una relación orgánica entre el poder y
el dinero”, ha explicado Iglesias, quien ha denunciado un paralelismo
con lo que ocurre en estos tiempo en España.
Pero el líder de Podemos, que se desenvuelve
como pez en el agua en los debates en torno a la teoría política y la
evolución del concepto de izquierda, ha estimulado al pensador italiano
para analizar el devenir de los movimientos de izquierdas y sus
fundamentos de cara al futuro en una situación, ha dicho, “que
evoluciona constantemente”. Y se ha interesado por conocer cuál es “el
legado del movimiento obrerista”, del que Tronti es un gran experto.
El pensador italiano ha hecho una extensa
reflexión en la que ha tratado diversos asuntos, pero ha hecho hincapié
en la transformación que ha sufrido el capitalismo industrial. “Fue
sustituido – ha explicado - para evitar el mal que lelvaba dentro, que
no era otro que la revuelta antagonista del obrero… (el capitalismo) se
ha superado a sí mismo, ha adoptado otra forma en la que no hay amenaza
obrera”, ha cocluido.
Ante esa evidencia, Tronti defiende la
validad de la izquierda, siempre que sea antagonista al poder y con
capacidad de afrontar los peligros con los que se enfrenta en la
actualidad: la antipolítica – término que prefiere al de populismo – y
la nueva forma que toma el capitalismo. La crisis económica y fenómenos
particulares como el que originó la caída del viejo régimen italiano –
con la intervención decidida de la magistratura milanesa - han derivado
“en movimientos de las masas contra la política”.
Las consecuencias se han plasmado con
situaciones que han alumbrado a Trump, Le Pen, el Movimiento 5
Estrellas en Italia – antes Berlusconi – o incluso también Macron.
“Deben ser desconocidos en la política, venir del mundo económico, sin
pertenencia a partidos; se tiene más confianza en un banquero o
millonario que en un político”, ha afirmado.
Ante ese estado de cosas Tronti defiende
“la necesidad de una izquierda porque la transformación del capitalismo
industrial a uno de mercado, de las finanzas ha entrado junto a esta
larga crisis desde 2007 y 2008 en toda Europa; eso ha transformado a los
países; ya no hay un gran antagonismo de clase, se ha creado una
sociedad fragmentada. En esa “tercera sociedad” están los obreros
olvidados, marginados, abandonados a su suerte como en Detroit, Turín y
otras ciudades industriales. Plasman su indignación en un contenedor
que…, es de derechas. Debemos devolverlos a la izquierda, hay que
politizar el debate”.
En su opinión, hay que hacer populismo de
izquierdas en el sentido de que hay que alejarla el elitismo en el que
ha caído. Propongo pasar de una izquierda de los derechos a una
izquierda de las necesidades. Con la izquierda elitista se gana en el
centro de las ciudades y se pierden las periferias de marginación donde
está nuestra gente”·.
En esa línea Pablo Iglesias, e la recta
final del debate, ha reiterado una de sus ideas clave: “Hay que ocupar
espacios de poder para poder transformar los que sean. Hay que ser más
que los malos…, para tener a Dios de nuestra parte”, ha insistido en
tono irónico.
Por su parte, Mario Tronti, tras dos horas
de sesión, ha concluido que para hacer frente a la situación actual y al
populismo – de derechas – “la figura del revolucionario, visto como
actor ideológico, debe volverse realista. Yo voy predicando que hay que
hacer la revolución con realismo. La política es compleja: tiene dos
piernas, el conflicto y la mediación. Si vas solo con una te caes”.
Con todo, ha trasladado una advertencia
pesimista: su convicción de que “volverá la edad de los grandes
conflictos el siglo XX que se creían superados; y lo hará de forma
trágica”. A modo de antídoto ha comentado que “un buen pesimismo y un
buen realismo nos hace bien”, pero ha matizado: “La esperanza debe ser
consciente”. Desahucios: Dos detenidos, entre ellos un dirigente de Podemos, al intentar impedir el desahucio de una familia
En el piso del madrileño barrio de Entrevías vivía
una pareja joven con dos hijos pequeños, que unos meses atrás okuparon
la vivienda por problemas económicos. A pesar de las protestas, el
desahucio ha sido ejecutado
Una de las detenciones /EUROPA PRESS (Jesús Montero)
El consejero ciudadano municipal de Podemos Jorge Aranda y el activista Fernando Calvo
han sido detenidos hoy por la Policía Nacional mientras intentaban
impedir el desahucio de una familia en el madrileño barrio de Entrevías,
han confirmado fuentes políticas.
Los hechos han tenido lugar esta mañana en el número 6 de la calle Campiña. Allí, en un piso de la cuarta planta, vivía una pareja joven (Lorena y Quelion) con dos hijos pequeños
que unos meses atrás okuparon la vivienda por problemas económicos. El
piso es propiedad de un banco, que les denunció por usurpación. El
Juzgado de Primera Instancia número 31 ordenó el desahucio para esta
mañana.
Desde las 5 de la madrugada un dispositivo
policial compuesto por varias unidades de antidisturbios, unos 30
agentes, han cortado la calle e impedido que nadie entrara en la
vivienda, en la que estaba la familia y una decena de personas. Hasta el
lugar han ido acudiendo varias personas de plataformas antidesahucios para apoyar a los desalojados.
En un momento dado se ha producido una
trifulca entre agentes y manifestantes, que ha acabado con la detención
de estas dos personas. La Policía les acusa de atentado a la autoridad, resistencia y desobendiencia,
según han indicado fuentes de la Jefatura Superior de la Policía, que
añaden que uno de los agentes ha resultado herido leve por pequeñas
contusiones.
Los arrestados han salido en libertad tras prestar declaración. No ha habido heridos ni más momentos de cargas policiales, han apuntado las mismas fuentes.
Por otra parte, tras la llegada de la comisión judicial y a pesar de las protestas, el desahucio ha sido ejecutado,
tras tres intentos anteriores. El portavoz de la PAH de Vallecas, Diego
Sanz, ha explicado que el banco se han negado a negociar con la familia
y también ha negado la posibilidad de un acuerdo para proporcionarles
un alquiler social, tal y como ha negociado la segunda teniente de
alcalde, Marta Higueras, y otros responsables municipales.
Diego Sanz ha criticado que la familia sólo cuenta con la ayuda del Samur Social y no tiene solución habitacional.
También ha denunciado la falta de colaboración de las autoridades
regionales, "que son las que tienen las competencias en Vivienda y son
parte del problema porque impiden que los okupas puedan acceder a
viviendas sociales del Ivima". También ha culpado al Gobierno central,
ya que el banco propiedad de esta vivienda es en parte público.
Diego Sanz ha denunciado que sólo en este mes se han ejecutado siete desahucios
de viviendas propiedad de esta entidad bancaria, varios por
usurpaciones, algunos por hipotecas no satisfechas y otras derivadas de
estafas de prestamistas con intereses abusivos. En total, 25 personas,
ocho de ellas menores, han sido desalojados de sus casas, según datos de
la Plataforma, que informan de otros cuatro desahucios más, dos de
ellos la semana que viene.
Cañamero dice que cargará con las consecuencias de no ir a declarar al Supremo
El diputado de Unidos Podemos insiste en que ya se
declaró "insumiso judicial" en 2010 "viendo todas las cosas que estaban
sucediendo" en relación con el Sindicato de Trabajadores de Andalucía
(SAT), del que era su portavoz.
El diputado de Podemos Diego Cañamero, en Vistalegre. / CHEMA MOYA (EFE)
El diputado de
Unidos Podemos Diego Cañamero ha asegurado que cargará con las
consecuencias de su decisión de no acudir a declarar ante el Tribunal
Supremo, donde está citado a las 13.00 horas de este martes en calidad
de investigado por un delito contra los derechos de los trabajadores.
En declaraciones, Cañamero ha insistido en que ya se declaró "insumiso judicial" en 2010 "viendo todas las cosas que estaban sucediendo" en relación con el Sindicato de Trabajadores de Andalucía (SAT), del que era su portavoz.
El diputado por Jaén, que ha viajado a Madrid para asistir al pleno del Congreso, ha asegurado que no se va "a esconder de nada"
y cargará "con las consecuencias", y ha insistido en que no va a
"participar en un teatro en el que está todo decidido de antemano".
En referencia a los tribunales, ha dicho que
"pueden hacer lo que quieran", y ha añadido que "ya lo hacen sin tener
en cuenta testigos, abogados, ni nada".
Los hechos por los que Cañamero está siendo
investigado por el Tribunal Supremo se refieren a un posible delito por
coacción sobre el derecho de huelga en noviembre de 2008 en la finca "La
Jarilla" de La Rinconada (Sevilla) donde según el auto, se personó
junto a un grupo de personas "con la finalidad de presionar a los trabajadores de la finca para que iniciaran o continuaran una huelga".
Aunque en un principio el caso se llevaba en
los juzgados de Sevilla, donde el Juzgado Penal 4 había señalado juicio
oral, al ser elegido diputado Cañamero en 2016 y estar aforado, las
diligencias se derivaron al alto tribunal.
Si el diputado -que se considera "insumiso judicial"-
cumple con su palabra y no comparece hoy, fuentes judiciales y fuentes
del alto tribunal han explicado a Efe que el ponente de la causa, el
juez Andrés Martínez Arrieta, podría dar por hecho que el investigado
renuncia a la oportunidad de explicarse y asumir que acepta los hechos.
Huelga General el 19 de mayo en Cuevas de San Marcos por la libertad de Fran Molero
A nuestro compañero Fran Molero se le ha denegado el indulto. Juzgado sin las mínimas garantías procesales y democráticas, Fran se enfrenta a una sentencia injusta que no podemos aceptar.
Con fecha 21 de abril de 2017, recibía nuestro
Servicio Jurídico la comunicación de que nuestro compañero Fran Molero,
se le había denegado el indulto. Recordar que nuestro joven militante
fue condenado a cinco años y un día y 17.000 € de multa por la
movilización que se hizo en la manifestación de Rodea el Congreso el 25
de abril del año 2012.
No teníamos muchas esperanzas en que el gobierno
corrupto del PP pudiera tener algo de decencia y utilizara la vía del
indulto, para poner algo de sensatez en este caso tan flagrante de
vulneración de derechos constitucionales y humanos.
La condena fue dictada en un juicio en el que Fran no
le fue permitida la defensa, vulnerándose así la Constitución y la
propia Declaración Universal de Derechos Humanos, encontrándose, sin
haberlo sabido, con que no dispuso de abogado durante toda la fase de
investigación judicial, viendo como su condena se dicta en ausencia de
actividad probatoria por parte de las acusaciones, más allá de sus
propias declaraciones, viendo como nadie, ni en el Juzgado de
Instrucción, ni en el Juzgado de lo Penal, ni en la Audiencia
Provincial, ni en el Tribunal Constitucional, ni en el Ministerio
Fiscal, se preocupó de la efectividad de su derecho al Juicio Justo,
Derecho Fundamental (humano) que todos ellos estaban obligados a
garantizar.
Como acto de repulsa hemos convocado una HUELGA
GENERAL EN NUESTRO PUEBLO PARA EL DÍA 19 DE MAYO que sería el día de su
entrada en prisión. Debemos secundar todos/as esta convocatoria.
NO PODEMOS PERMITIR QUE ESTOS CORRUPTOS DESTROCEN UN VIDA
El SAT convocará huelga general en Cuevas de San Marcos en solidaridad con Fran Molero
A nuestro compañero Fran Molero se le ha denegado el indulto.
Juzgado sin las mínimas garantías procesales y democráticas, Fran se
enfrenta a una sentencia injusta que no podemos aceptar.
Con fecha 21 de abril de 2017, recibía nuestro
Servicio Jurídico la comunicación de que nuestro compañero Fran Molero,
se le había denegado el indulto. Recordar que nuestro joven militante
fue condenado a cinco años y un día y 17.000 € de multa por la
movilización que se hizo en la manifestación de Rodea el Congreso el 25
de abril del año 2012.
No teníamos muchas esperanzas en que el gobierno
corrupto del PP pudiera tener algo de decencia y utilizara la vía del
indulto, para poner algo de sensatez en este caso tan flagrante de
vulneración de derechos constitucionales y humanos.
La condena fue dictada en un juicio en el que Fran no
le fue permitida la defensa, vulnerándose así la Constitución y la
propia Declaración Universal de Derechos Humanos, encontrándose, sin
haberlo sabido, con que no dispuso de abogado durante toda la fase de
investigación judicial, viendo como su condena se dicta en ausencia de
actividad probatoria por parte de las acusaciones, más allá de sus
propias declaraciones, viendo como nadie, ni en el Juzgado de
Instrucción, ni en el Juzgado de lo Penal, ni en la Audiencia
Provincial, ni en el Tribunal Constitucional, ni en el Ministerio
Fiscal, se preocupó de la efectividad de su derecho al Juicio Justo,
Derecho Fundamental (humano) que todos ellos estaban obligados a
garantizar.
Por ello el SAT va a organizar la repulsa colectiva a
esta barbaridad convocando en el pueblo natal de Fran, Cuevas de San
Marcos, una Huelga General de 24 horas.
“Cerro Libertad”: sindicalismo de movimiento social y construcción de movimiento popular desde la praxis
El 1 de abril, justo cuando Andrés Bódalo, cumplía un año de
injusta prisión, el SAT ocupaba la finca de Adarves Altos, en las faldas
del Cerro de San Cristóbal, a tan sólo 6 km de Jaén. Tras ocupar la
finca fue rebautizada como Cerro Libertad en reconocimiento a nuestro
compañero encarcelado y a la reivindicación de su liberación inmediata.
La finca de 73 Ha (64 Ha de olivar) fue propiedad de la SAREB, el llamado banco malo, y actualmente pertenece a ANIDA, un organismo del BBVA que gestiona sus propiedades inmobiliarias. Así daba a conocer el SAT la ocupación por boca de su Portavoz Nacional, Óscar Reina:“… una finca de especulación, que podría dar más de mil jornales al año y que ahora no está dando productividad ninguna… en señal de protesta, en señal de reivindicación por la libertad de Andrés Bódalo, en estos momentos está siendo ocupada por más de 200 jornaleros del SAT… la tierra tiene que cumplir una función social, como pone el Estatuto de Autonomía…””.
A partir de aquí, podemos preguntarnos ¿Cómo se continúa ocupando fincas en Andalucía en 2017? ¿Por qué un sindicato ocupa tierras y plantea proyectos más allá de las practicas sindicales habituales?. Intentaremos apuntar algunas reflexiones para explicar este proceso en el que apuntaremos 2 conceptos principales, el sindicalismo de movimiento social y la construcción de movimiento popular.
El primero de ellos es la practica en el SAT de un sindicalismo de movimiento social, entendido este como un sindicalismo que no se centra solo en el tema corporativo de reivindicación de salarios y demandas laborales sino que trabaja en todos los problemas que afectan a la gente, una práctica heredada del Sindicato de obreros del campo y que definía Diego Cañamero en el IV congreso del SOC, ya en los años 90. “Necesitamos un sindicato que aborde todos los problemas locales que repercuten en los trabajadores (sanidad, pensiones, cultura, educación, trabajo, fiestas, ayuntamientos, ecologismo, desarme, etc.). Los trabajadores tienen que ver el sindicato como un instrumento que represente un autentico poder para los obreros”
Este análisis cambiará la estrategia del SOC para trabajar en todos los problemas que afecten a la vida de los pueblos y no sólo al movimiento jornalero, es decir, y entramos en el segundo concepto que consideramos clave, en la construcción de movimiento popular:
-La primera clave de la construcción de ese movimiento es la de ser un movimiento popular en el que puede participar todo el que lo desee. Hay dos aspectos en ese carácter popular. Es popular, en cuanto que toda la familia y movimientos de diferentes colectivos participan. En el caso del Cerro libertad podemos ver como familias enteras participaron en la ocupación, y participan y apoyan vecinos y vecinas de Jaén y de otros pueblos de la provincia sin tener que estar afiliados o militantes del SAT, la premisa básica es todo el que viene a aportar, a colaborar, a construir el proyecto colectivo que supone el Cerro Libertad, es bienvenido, la lucha por la tierra y los derechos sociales es un proyecto para todas las andaluzas.
Otra característica es el componente sindical –sindical, en el sentido corporativo-: la posibilidad de conquistar un pedazo de tierra es la que motiva a una familia a una ocupación o a permanecer en un campamento un período indeterminado de tiempo. En un primer momento, se trata esencialmente de una lucha por una reivindicación económica. Por lo tanto, dentro del SAT hay un componente sindical corporativo que concierne al movimiento jornalero. Lo que hace que se dé un salto cualitativo, a nivel político y organizativo, es no sólo quedarse en la reivindicación de un trozo de tierra sino que la lucha por la tierra se transforme en la lucha por la reforma agraria y, posteriormente, por la soberanía alimentaria, introduciendo otros elementos como la agroindustria, la comercialización o la producción ecológica (éste es ya un estadio superior al de la lucha corporativa).
Entendemos que dentro del carácter sindical, además del corporativo, que en el SAT realizamos la función de sindicalismo de movimiento social. Este tipo de sindicalismo utiliza la acción directa, establece alianzas con movimientos sociales y con el tejido asociativo y conecta los intereses laborales particulares de sus aliados con problemas de justicia social. Esta práctica es la que explica que en la recuperación de la finca Cerro Libertad participaran desde Jornaleros de Jodar a trabajadores de hostelería de Granada, desde Desempleados de Jaén, a militantes de organizaciones juveniles o Activistas del Movimiento de la vivienda como la Acampada Esperanza.
Consideramos un elemento central la construcción de alianzas amplias con reivindicaciones concretas como el Pan, el Trabajo y el Techo, lemas planteados en la coordinación de las Marchas de la dignidad, y que en el caso de los proyectos de Cerro Libertad o Somonte creemos que estos 3 reivindicaciones se dan claramente en la práctica.
Saber abrirse a lo que hay en cada comarca de Andalucía, trabajadores de Hostelería en Granada, Trabajadores del Metal en Cádiz, trabajadoras de tele marketing, desempleados, para ir construyendo una fuerza y un carácter singular como movimiento; es decir, que debemos de saber abrirnos a lo que hay en la sociedad. En definitiva, no nos cerramos, y no se cierra, en los límites de un movimiento sindical típico, en el que sólo entran trabajadores y trabajadoras fijas, sino que debemos construir con los diferentes sectores de la sociedad, construir lo que García Linera plantea como “Potencia plebeya”.
En el caso del cerro libertad, las alianzas deben pasar y están pasando desde los movimientos que están luchando por una vivienda digna y contra los bancos como el BBVA, a los movimientos de la soberanía alimentaria que luchan como nosotras por que la tierra sea para quien la trabaje, a las plataformas de desempleados/as que se movilizan por que haya trabajo, y a los jóvenes andaluces que ven que no solo la salida a la crisis es la emigración que mediante el apoyo mutuo y el cooperativismo puede a ver futuro en esta tierra.
En esta tarea estamos, en la de poder construir con ejemplos concretos esa consigna muchas veces repetida y escrita de poder popular.
Néstor Salvador. Coordinador de áreas y sectores del Sindicato Andaluz de Trabajadores/as
La finca de 73 Ha (64 Ha de olivar) fue propiedad de la SAREB, el llamado banco malo, y actualmente pertenece a ANIDA, un organismo del BBVA que gestiona sus propiedades inmobiliarias. Así daba a conocer el SAT la ocupación por boca de su Portavoz Nacional, Óscar Reina:“… una finca de especulación, que podría dar más de mil jornales al año y que ahora no está dando productividad ninguna… en señal de protesta, en señal de reivindicación por la libertad de Andrés Bódalo, en estos momentos está siendo ocupada por más de 200 jornaleros del SAT… la tierra tiene que cumplir una función social, como pone el Estatuto de Autonomía…””.
A partir de aquí, podemos preguntarnos ¿Cómo se continúa ocupando fincas en Andalucía en 2017? ¿Por qué un sindicato ocupa tierras y plantea proyectos más allá de las practicas sindicales habituales?. Intentaremos apuntar algunas reflexiones para explicar este proceso en el que apuntaremos 2 conceptos principales, el sindicalismo de movimiento social y la construcción de movimiento popular.
El primero de ellos es la practica en el SAT de un sindicalismo de movimiento social, entendido este como un sindicalismo que no se centra solo en el tema corporativo de reivindicación de salarios y demandas laborales sino que trabaja en todos los problemas que afectan a la gente, una práctica heredada del Sindicato de obreros del campo y que definía Diego Cañamero en el IV congreso del SOC, ya en los años 90. “Necesitamos un sindicato que aborde todos los problemas locales que repercuten en los trabajadores (sanidad, pensiones, cultura, educación, trabajo, fiestas, ayuntamientos, ecologismo, desarme, etc.). Los trabajadores tienen que ver el sindicato como un instrumento que represente un autentico poder para los obreros”
Este análisis cambiará la estrategia del SOC para trabajar en todos los problemas que afecten a la vida de los pueblos y no sólo al movimiento jornalero, es decir, y entramos en el segundo concepto que consideramos clave, en la construcción de movimiento popular:
-La primera clave de la construcción de ese movimiento es la de ser un movimiento popular en el que puede participar todo el que lo desee. Hay dos aspectos en ese carácter popular. Es popular, en cuanto que toda la familia y movimientos de diferentes colectivos participan. En el caso del Cerro libertad podemos ver como familias enteras participaron en la ocupación, y participan y apoyan vecinos y vecinas de Jaén y de otros pueblos de la provincia sin tener que estar afiliados o militantes del SAT, la premisa básica es todo el que viene a aportar, a colaborar, a construir el proyecto colectivo que supone el Cerro Libertad, es bienvenido, la lucha por la tierra y los derechos sociales es un proyecto para todas las andaluzas.
Otra característica es el componente sindical –sindical, en el sentido corporativo-: la posibilidad de conquistar un pedazo de tierra es la que motiva a una familia a una ocupación o a permanecer en un campamento un período indeterminado de tiempo. En un primer momento, se trata esencialmente de una lucha por una reivindicación económica. Por lo tanto, dentro del SAT hay un componente sindical corporativo que concierne al movimiento jornalero. Lo que hace que se dé un salto cualitativo, a nivel político y organizativo, es no sólo quedarse en la reivindicación de un trozo de tierra sino que la lucha por la tierra se transforme en la lucha por la reforma agraria y, posteriormente, por la soberanía alimentaria, introduciendo otros elementos como la agroindustria, la comercialización o la producción ecológica (éste es ya un estadio superior al de la lucha corporativa).
Entendemos que dentro del carácter sindical, además del corporativo, que en el SAT realizamos la función de sindicalismo de movimiento social. Este tipo de sindicalismo utiliza la acción directa, establece alianzas con movimientos sociales y con el tejido asociativo y conecta los intereses laborales particulares de sus aliados con problemas de justicia social. Esta práctica es la que explica que en la recuperación de la finca Cerro Libertad participaran desde Jornaleros de Jodar a trabajadores de hostelería de Granada, desde Desempleados de Jaén, a militantes de organizaciones juveniles o Activistas del Movimiento de la vivienda como la Acampada Esperanza.
Consideramos un elemento central la construcción de alianzas amplias con reivindicaciones concretas como el Pan, el Trabajo y el Techo, lemas planteados en la coordinación de las Marchas de la dignidad, y que en el caso de los proyectos de Cerro Libertad o Somonte creemos que estos 3 reivindicaciones se dan claramente en la práctica.
Saber abrirse a lo que hay en cada comarca de Andalucía, trabajadores de Hostelería en Granada, Trabajadores del Metal en Cádiz, trabajadoras de tele marketing, desempleados, para ir construyendo una fuerza y un carácter singular como movimiento; es decir, que debemos de saber abrirnos a lo que hay en la sociedad. En definitiva, no nos cerramos, y no se cierra, en los límites de un movimiento sindical típico, en el que sólo entran trabajadores y trabajadoras fijas, sino que debemos construir con los diferentes sectores de la sociedad, construir lo que García Linera plantea como “Potencia plebeya”.
En el caso del cerro libertad, las alianzas deben pasar y están pasando desde los movimientos que están luchando por una vivienda digna y contra los bancos como el BBVA, a los movimientos de la soberanía alimentaria que luchan como nosotras por que la tierra sea para quien la trabaje, a las plataformas de desempleados/as que se movilizan por que haya trabajo, y a los jóvenes andaluces que ven que no solo la salida a la crisis es la emigración que mediante el apoyo mutuo y el cooperativismo puede a ver futuro en esta tierra.
En esta tarea estamos, en la de poder construir con ejemplos concretos esa consigna muchas veces repetida y escrita de poder popular.
Néstor Salvador. Coordinador de áreas y sectores del Sindicato Andaluz de Trabajadores/as
El SAT presenta su Guía Laboral para el Campo de Granada
A partir del próximo lunes 8 de mayo se encontrará disponible en
todas las Uniones Locales del SAT de Granada la Guía Laboral para el
Sector del Campo de Granada. Con un formato sencillo y contenidos
didácticos, la guía contempla todo lo necesario para manejarse en el
mundo de las relaciones laborales en el sector agrario granadino.
También contiene el convenio vigente y consejos y procedimientos para
presentar reclamaciones y demandas, leer una nómina, calcular un
finiquito, etc… La guía ha sido confeccionada y editada por las
secretarás Jurídica y de Acción Sindical del SAT de Granada y está
financiada por la fundación Rosa Luxemburgo.
Si así lo deseas, puedes descargar la guía en PDF pinchando el archivo siguiente
Guía del Campo Granada 2017.
Si así lo deseas, puedes descargar la guía en PDF pinchando el archivo siguiente
Guía del Campo Granada 2017.
PP, PSOE y Cs rechazan en el Congreso la propuesta de EH Bildu sobre presos enfermos
El Pleno del Congreso ha rechazado,
con los votos de PP, PSOE y Ciudadanos, una moción de EH Bildu que
reclamana la excarcelación de los presos gravemente enfermos. La
iniciativa de la coalición abertzale ha contado con el apoyo de Unidos
Podemos, ERC, PDeCAT, PNV y Compromís.
|MADRID|2017/05/11 13:37
Marian Beitialarrangoitia, diputada de EH Bildu, en el Congreso. (J. DANAE/ARGAZKI PRESS)
PP, PSOE y Ciudadanos ya avanzaron en el debate del pasado martes su rechazo
a la moción sobre los presos gravemente enfermos, que es consecuencia
de la interpelación que la parlamentaria de EH Bildu Marian
Beitialarrangoitia, dirigió hace un mes al ministro español de Interior,
Juan Ignacio Zoido, en la sesión de control al Gobierno.
Por su parte, Unidos Podemos, ERC, PDeCAT, PNV y Compromís sí que han dado el voto favorable.
En su intervención el pasado martes, Beitialarrangoitia acusó al Gobierno español de no «moverle la humanidad y sí la venganza» porque excarcela a los presos enfermos solo cuando les quedan una semanas de vida.
Por su parte, Unidos Podemos, ERC, PDeCAT, PNV y Compromís sí que han dado el voto favorable.
En su intervención el pasado martes, Beitialarrangoitia acusó al Gobierno español de no «moverle la humanidad y sí la venganza» porque excarcela a los presos enfermos solo cuando les quedan una semanas de vida.
URUGUAY
viernes, 12 de mayo de 2017
Agua roja que me brota
12 mayo 2017
El cruzamiento de datos desparramados en la documentación incautada en archivos militares y policiales permite avanzar en el esclarecimiento de los crímenes de la dictadura, como lo revela el conjunto de información sobre la “Momia”, “Óscar 4”, un oficial de Policía implicado en la desaparición de Julio Escudero y el asesinato de Álvaro Balbi, y cuya involuntaria confesión aparece en documentos de la inteligencia militar.
“Esta obra de teatro es un acto de venganza contra Alem Castro, o Alen Castro, o Abayubá Centeno, o Abayubá Sentena de Alencastro, o la ‘Momia’, u Óscar 4. Conserven las generaciones futuras el peor recuerdo de su persona y de todos los que lo acompañaron en las tareas del miedo y la censura.” Insólita dedicatoria para la obra El tipo que vino a la función, con la que su autora, Raquel Diana, ganó el premio Juan Carlos Onetti 2014.
De la confusión sobre el nombre de aquel censor que, al promediar la dictadura, expandía su vigilancia policial sobre la cultura montevideana –y sobre las religiones– sólo sobrevive una certeza: el apodo, la “Momia”, el oficial de la inteligencia policial cuya presencia alta, delgada, amenazante, era conocida en el teatro El Galpón y en los calabozos de la calle Maldonado, donde interrogaba; en Cinemateca y en los galpones del Servicio de Material y Armamento, donde torturaba en el centro de detención “300 Carlos”; en las oficinas de la Iglesia Metodista de la calle Constituyente y en la Escuela de Inteligencia donde impartía cursos sobre marxismo y sobre palestinos.
De la Momia –apodo de barrio por alguna semejanza con el personaje de Titanes en el ring– se sabe lo suficiente como para afirmar que fue torturador, que participó por lo menos en una desaparición y un asesinato, que fue agente a sueldo de la Cia y de la inteligencia militar. Su apellido es Sentena de Alencastro Severo. Si su nombre de pila es Adolfo, entonces la Momia falleció en marzo de 2015; por el contrario, si su nombre es Abayubá, entonces, a los 82 años, puede ser ubicado en Brandon, Florida, Estados Unidos, donde reside con su familia.
Alem Castro (como es nombrado en la mayoría de los documentos), fue primero un diligente y prometedor policía, tanto que fue bendecido con un curso en la Escuela de las Américas; después fue una especie de niño mimado del célebre inspector Víctor Castiglioni, jefe de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia (Dnii); y finalmente integrante de un grupo de policías y militares que, bajo el paraguas de la lucha contra la sedición, cobró la autonomía suficiente como para no rendir cuentas de sus atropellos, sus crímenes y sus actos de corrupción que propiciaba aquella autonomía.
Si este relato se centra en la figura de la Momia es porque él, Alem Castro, se autoincrimina como autor de asesinatos, según la transcripción de una conversación con un oficial de inteligencia militar reproducida en uno de los documentos existentes en el denominado “archivo Berrutti” de la Dirección General de Información de Defensa. Pero sus conversaciones con el oficial de enlace en la inteligencia militar permiten identificar al grupo selecto que integraban, entre otros, los oficiales de la Dnii Javier Ledesma (“Condorito”) y Carlos Ramírez (el “Facho”), los comisarios Telechea y Panizzolo, el inspector Costa Rocha y el “asimilado” Jorge Gundelzoph (“Pancho”).
CENSURAS… Sentena de Alencastro desplegó una agitada actividad al comienzo de la dictadura. Desde el Departamento 2 de la Dnii participaba en las tareas de censura de periódicos e informativos radiales, pero se destacaba en la labor de detectar amagos de subversión en letras de murgas, representaciones teatrales, oficios religiosos o reuniones de catequesis. Como “coordinador” fue responsable de algunas censuras antológicas: la prohibición de cantar en vivo en forma permanente para Eduardo Darnauchans y la prohibición de temas como “Agua”, de Fernando Cabrera, que se sumaba a “Milonga de pelo largo”, de Dino, y “A desalambrar”, de Daniel Viglietti.
Su incursión en la censura religiosa anotó otros récords: el jesuita Luis Pérez Aguirre fue interrogado en varias oportunidades por Alem Castro, desde los tiempos en que “Perico” fue rector de la Casa de los Jesuitas y designado para impulsar el Movimiento Castores, previo al hogar La Huella. La Momia, que era considerado “el tira dedicado a la Iglesia”, llegó a amenazar directamente a Pérez Aguirre después de una homilía celebrada en la Catedral de Montevideo en el aniversario de la muerte de monseñor Romero en El Salvador, que molestó particularmente a los dictadores. Con la Iglesia Metodista Alem Castro mantuvo una conducta similar, con las detenciones y deportaciones de pastores, o los interrogatorios a las pastoras Araceli Ezzatti e Ida Vence.
La Momia decidió la deportación a Chile de Miguel Castro Grinberg, de Cine Universitario, simultáneamente con la intervención de esa institución; tenía autoridad para determinar qué película era subversiva o no; y, por supuesto, ordenó el secuestro de una edición de una filmografía del cine uruguayo, porque incluía referencias a las películas de Mario Handler. Walter Reyno y José Germán Araújo competían por quién había sido el más citado e interrogado en Jefatura por el “coordinador de Cultura” Alem Castro.
Pese a su celo, el Teatro Circular logró gambetear a la censura y estrenar El herrero y la muerte, de Jorge Curi y Mercedes Rein; y Cinemateca exhibir Mataron a Venancio Flores, de Juan Carlos Rodríguez Castro, ambas obras meritorias de ser galardonadas como subversivas. Según contó Manuel Martínez Carril, la Momia optó por no clausurar Cinemateca después de que le informaron que, si la cerraba, saldrían telegramas en código anunciando que “murió la abuela”, con lo que se generaría en el exterior un escándalo similar al que la dictadura debió soportar tras la clausura de El Galpón.
La Momia fue incapaz de consagrarse como censor en dos episodios registrados por Rubén Olivera: la difusión de los comunicados 4 y 7 de las Fuerzas Armadas (primer acto del golpe, en febrero de 1973) con ambientación sonora de “A don José” cantada por Los Olimareños; y el del coronel que en 1975, al inaugurar un puente en Paysandú, recordó que “‘el Uruguay no es un río, es un cielo azul que viaja’, como dijo el poeta de la patria”, aludiendo a Aníbal Zampayo, por entonces preso en el penal de Libertad. Pero ese costado de la Momia encubría otro más aterrador.
… Y TORTURAS. En 1975 el “profesor Alem Castro” estaba instalado en el despacho del director de Librería Horizonte, en la calle Tristán Narvaja, después de que dicha librería fuera clausurada y su local incautado, como había ocurrido con otras propiedades del Partido Comunista (Pcu) tras su ilegalización. Para entonces la Momia había devenido en “Óscar 4”, nombre y número con el que se identificaba a los miembros del Organismo Coordinador de Actividades Antisubversivas (Ocoa).
A mediados de ese año el Departamento 2 de la Dnii participó activamente en la ola de detenciones y allanamientos contra militantes del Pcu. Junto con el entonces subcomisario Eduardo Telechea, la Momia allanó, el 29 de julio de aquel año, una vivienda de la calle Canstatt, donde se realizaba una reunión de la dirección del Regional 3 del Pcu. Los ocho detenidos fueron trasladados al Departamento 2 de la Dnii y horas después al cuartel del Regimiento de Coraceros, donde funcionaba, en las caballerizas, un centro de detención. Allí fueron salvajemente torturados, a la intemperie. Veinticuatro horas después, siete de los ocho detenidos fueron devueltos al Departamento 2; al principio, encapuchados, no advirtieron que faltaba uno de ellos.
El 31 de julio los familiares de Álvaro Balbi, uno de los detenidos, fueron informados que el militante y músico de 31 años había muerto por “insuficiencia cardiopulmonar aguda”, según el médico militar José Alejandro Mautone. Alem Castro y Telechea concurrieron al domicilio de Balbi para informar de la muerte a su esposa, Lile Caruso, debido a “un ataque de asma”. Lile Caruso objetó que su marido no sufría de asma. “Fue un accidente”, dijo Telechea. Una autopsia posterior determinó que Balbi presentaba “hundimiento de tórax, órganos genitales calcinados, rotura de hígado, fractura de pierna izquierda y fractura de cráneo”, pruebas irrefutables de las torturas a que fue sometido y que el médico Mautone encubrió al firmar el certificado de defunción; uno, quizás el primero, de una larga lista.
Adscripto al Ocoa, la Momia fue parte activa de los equipos de las Fuerzas Conjuntas que desplegaron, a partir de noviembre de 1975, la ola de allanamientos y detenciones conocida como Operación Morgan, una vez procesado el fichero de afiliados del Pcu, incautado durante la detención de Rodney Arismendi. Numerosos detenidos coincidieron en que la Momia era parte de los equipos de interrogadores que torturaban sistemáticamente en el 300 Carlos, a los fondos del 13 de Infantería, en Avenida de las Instrucciones.
Isidro Berón, militante comunista, fue torturado durante más de 40 días en el “Infierno Grande” por la Momia, que parecía tener cierta responsabilidad en los interrogatorios (“una vez por semana se reunía con Gavazzo”). Detenido el 10 de noviembre de 1976, un mes más tarde, mientras la Momia lo interrogaba, Berón identificó la voz de Julio Escudero, bancario, dirigente de Aebu, secretario del Regional 1 del Pcu, que estaba siendo torturado junto con una mujer. Berón había visto a Escudero en un ómnibus el 29 de octubre, el último día en que éste se comunicó por teléfono con su esposa, como lo hacía sistemáticamente desde que había pasado a la clandestinidad, siete meses antes. La Momia, testimonió Beron, pidió que cuidaran al detenido, porque quería participar del interrogatorio a Escudero. Voces que después fueron identificadas como las del mayor Victorino Vázquez y el capitán Jorge Silveira insistían en saber qué significaba la norma “uno por cinco” en la estructura organizativa del partido.
Fue después de la incorporación de la Momia a los interrogatorios que, según el testimonio de J R –una mujer que era torturada por el mayor Vázquez–, el “Pajarito” Silveira arrojó sobre la mesa una cédula de identidad que la detenida pudo ver por debajo de su capucha y que correspondía a Escudero. “Este se fue al cielo”, comentó Silveira, y en ese momento la detenida fue sacada del lugar, mientras se producía un gran alboroto entre los soldados.
AGENTE TRIPLE. En el último tramo de la dictadura Alem Castro pasó a desempeñarse en la Sección Análisis, del Departamento 3 de la Dnii. Por entonces comenzó a recibir un “sobresueldo” de 250 dólares mensuales de los miembros de la Cia que mantenían estrechos contactos en Jefatura. A cambio de esos dólares informaba a la Cia sobre las investigaciones a que estaba sometido el Pcu, aunque también informaba de los controles sobre la colectividad palestina, y las relaciones de grupos políticos con la derecha peronista. La Cia le encomendaba operaciones de infiltración en el Pcu, que eran autorizadas por sus superiores.
Por esas fechas, también, comenzó a recibir otro sobresueldo del Servicio de Información de Defensa. La relación con la inteligencia militar, el Servicio de Información de las Fuerzas Armadas (Siffaa) y la Dirección General de Información de Defensa (Dgid), a juzgar por la documentación existente en el “archivo Berrutti”, fue más estable que con la Cia. Debido a lo que calificó de “zancadillas” de sus compañeros de la Dnii, que también recibían sobresueldos, Alem Castro vio mermados sus ingresos y debió aceptar un trabajo de portero en la planta frigorífica de la empresa Moro.
En sus conversaciones con sus enlaces militares, Alem Castro explicó que había sido puesto a prueba por el “residente” de la Cia en la Policía, el oficial Carlos Ramírez, el Facho. Según confió a “Diego”, a “Guillermo” y a “Germán”, alias de los oficiales de inteligencia, Ramírez le pidió que se hiciera cargo de la distribución de los sobres con dinero que la Cia repartía en Jefatura y en el Ministerio de Relaciones Exteriores. La Momia cumplió el encargo pero se cuidó de registrar los nombres de todos los funcionarios a sueldo de la Cia (“yo tuve el bolsito con los 37 sobres”). Cuando pretendieron acusarlo de mantener una relación de captación con un militante del Pcu que podía ser un potencial doble agente para infiltrar a la Policía, Alem Castro le advirtió al Facho Ramírez que tenía registrado y guardado todo lo referente a los sobres de la embajada. Y que no temía represalias, porque él conocía todos los trapos sucios de la Dnii: “Yo sé cosas serias, muy graves”.
CONFESIONES. El incidente (revelador del grado de descomposición de la inteligencia policial, tanto que el enlace “Diego” llegó a comentar que, como militar del arma de Ingenieros, la solución era “agarrar cuatro o cinco TD 20, los bulldozers de pala, y tirar abajo toda la Dirección”) degeneró en una discusión entre Alem Castro y el “residente” Ramírez por la maniobra de la Cia de inculparlo en el episodio del doble agente. En la discusión, Alem Castro le dijo al Facho: “¿Qué me tienen que probar? Yo no maté gente por satisfacción propia. Y a vos te consta, porque salimos juntos enterrando gente, ¿o no?”. Y Carlos Ramírez admitió: “Sí, pero eso fue una cagada”. La Momia lanzó entonces la amenaza: “Y, bueno, si vos te olvidaste, yo no me olvido”.
El informe del enlace a sus superiores militares respecto de la conversación con el Facho Ramírez incluía un párrafo sobre la entrega de las fotografías de pintadas a la entrada de un supermercado en la avenida Millán que denunciaban su responsabilidad en desapariciones y torturas. Alem Castro explicó que tenía una causa abierta en la justicia pero esperaba que, si triunfaba el voto amarillo en el plebiscito por la ley de caducidad, y la causa se archivaba, vendería el apartamento y se iría a Estados Unidos.
La causa, referida al asesinato de Álvaro Balbi, fue efectivamente archivada, pero después fue reabierta. En esta instancia, la esposa de Balbi, Lille Caruso, solicitó al juez actuante que investigara a Adolfo Sentena de Alencastro, en la sospecha de que podía ser la Momia, el oficial que junto con Telechea detuvo a su compañero. El pedido sufrió varios retrasos, y según manifestó Lille Caruso, cuando en 2015 finalmente se ordenó la citación al juzgado, Adolfo Sentena hacía ya unas semanas que había sido enterrado en el panteón policial del Cementerio del Norte.
De hecho, la causa de Álvaro Balbi volvió a un nuevo impasse, pero la documentación de la inteligencia militar que obtuvo Brecha abre nuevos campos de investigación, en la medida que, tanto Alem Castro como Carlos Ramírez aparecen, en documentos oficiales, confesando asesinatos y enterramientos clandestinos. Todos los funcionarios policiales y militares mencionados en los partes de inteligencia pueden, eventualmente, ser interrogados en sede judicial para determinar las responsabilidades en los asesinatos de Balbi y de Julio Escudero, posteriormente desaparecido, aunque la confesión de la Momia sugiere más crímenes de los que eran conocedores el Condorito Ledesma, el comisario Panizzolo y el ex director Costa Rocha.
El cruzamiento de todos los datos referidos a Alem Castro revela, incidentalmente, que un manejo sistemático de la información incautada hasta ahora permitiría avanzar en las investigaciones, siempre que haya voluntad de hacerlo y pese al silencio de los criminales involucrados en esos crímenes.
Fiscalía de Roma apela ante la Corte Penal absolución de militares del Plan Cóndor
La fiscal Tiziana Cugini y el fiscal jefe Adjunto, Francesco Caporale, presentaron ante la Corte Penal de Roma un recurso de apelación contra la sentencia que absolvió a militares uruguayos, bolivianos, chilenos y peruanos vinculados al Plan Cóndor de coordinación represiva de las dictaduras del Cono Sur, en los años 70.
La Fiscalía de Roma había solicitado en octubre de 2016 la condena a cadena perpetua para 27 de personas, entre ellas 13 militares uruguayos, por la muerte de 23 ciudadanos de origen italiano en el marco del Plan Cóndor.
El 17 de enero pasado, la III Corte Penal del Tribunal de Roma decidió que de los 27 imputados en el juicio, ocho fueran condenados a cadena perpetua. Ellos son los chilenos Hernán Jerónimo Ramírez y Rafael Ahumada Valderrama, el uruguayo Juan Carlos Blanco -quien cumple prisión domiciliaria en el país por la desaparición de la maestra Elenea Quinteros-, los bolivianos Luis García Meza y Luis Arce Gómez y los peruanos Francisco Morales Bermúdez, Pedro Richter Prada y Germán Ruiz Figueroa.
Asimismo, decidió absolver a 12 uruguayos de los 13 acusados por la Fiscalía de Italia.
Los absueltos son: José Ricardo Arab, José “Nino” Gavazzo, Juan Carlos Larcebeau, Pedro Antonio Mato, Luis Alfredo Maurente, Ricardo José Medina, Ernesto Avelino Ramas, José Sande Lima, Jorge Alberto Silveira, Ernesto Soca, Jorge Néstor Troccoli y Gilberto Vázquez.
El capitán de navío Tróccoli, reside en libertad en Italia desde 2007.
También se absolvió, pero por fallecimiento a los uruguayos Iván Paulós y Gregorio Álvarez.
La resolución judicial justifica el concepto de “responsabilidad por verticalidad”, por los que se había juzgado a los cargos jerárquicos militares y se había absuelto a los mandos medios.
