El Parlament de Catalunya aprueba por unanimidad declarar nulas las sentencias franquistas
El Parlament ha aprobado por
unanimidad declarar «ilegales» los tribunales derivados de la
jurisdicción franquista que actuaron en Catalunya entre 1938 y 1978 y,
en consecuencia, deducir la «nulidad de pleno derecho» de sus sentencias
y resoluciones por «causas políticas»
Los diputados, representantes de entidades y familiares de
víctimas se han fotografiado tras el importante paso del Parlament. (Job
VERMEULEN/PARLAMENT)
Los 129 diputados de Junts pel Sí (JxSí), Ciudadanos, el
PSC, Catalunya Sí Que Es Pot, el PPC y la CUP presentes en el hemiciclo
han votado a favor de la proposición de ley de reparación jurídica de
las víctimas del franquismo, que consta de un solo artículo y dos
disposiciones finales.
Mediante su único artículo, «se declaran ilegales los tribunales de la Auditoría de Guerra del Ejército de Ocupación, llamada posteriormente Auditoría de la IV Región Militar, que actuaron en Catalunya a partir de abril de 1938 hasta diciembre de 1978, por ser contrarios a la ley y vulnerar las más elementales exigencias del derecho a un juicio justo».
«Y, en consecuencia, se deduce la nulidad de pleno derecho, originaria o sobrevenida, de todas las sentencias y resoluciones de las causas instruidas y de los consejos de guerra, dictadas por causas políticas en Cataluña por el régimen franquista», añade el único artículo del texto.
En las disposiciones finales, se autoriza al Archivo Nacional de Catalunya a elaborar y publicar una «lista de los procesos instruidos y de las sentencias adoptadas» de acuerdo con los diversos bandos, decretos y leyes franquistas.
La anulación de los consejos de guerra franquistas incluye, por tanto, el del expresidente de la Generalitat Lluís Companys, fusilado en 1940.
Con decenas de representantes de entidades dedicadas a la memoria histórica y familiares de víctimas de consejos de guerra franquistas en la tribuna de invitados del Parlament, entre ellos el portavoz de la Comisión de la Dignidad, Josep Cruanyes, la diputada de JxSí Montserrat Palau, relatora de esta ley, ha subrayado que no se busca «la revancha, sino la verdad, la justicia, la reparación y la garantía de no repetición» de los crímenes del franquismo.
Palau ha denunciado que la denominada Transición «no fue modélica, porque escondió la memoria republicana», y ha apostado por impulsar una «ley de memoria integral de Catalunya».
Aunque hay unanimidad sobre el alto valor simbólico de la medida, que considera ilegales decenas de miles de procesos franquistas en Catalunya, no está claro que efecto tendrá de cara a la reparación del daño o a las reclamaciones que pudieran producirse.
Por primera vez, remarcan las fuentes consultadas por Efe, un texto con rango de ley declara «explícitamente» la nulidad de las sentencias franquistas, aunque no está claro qué consecuencias puede tener esto a la hora de que los familiares de las víctimas puedan reclamar ahora algún tipo de reparación.
Aunque el texto votado es producto de un acuerdo entre JxSí PSC, Catalunya Sí Que Es Pot y la CUP, también Cs y el PPC han votado a favor.
Desde la CUP, Mireia Boya ha puesto cifra a los juicios –63.961– y a sus víctimas –3.385 ejecutados: 3.368 hombres y 17 mujeres–, en lo que ha denominado «la venganza de Franco», y ha afirmado que la ley que rompe con el régimen del 36 y el del 78, que afirma que son el mismo: uno, continuación del otro.
Ha vaticinado que el Estado nunca pedirá perdón por el franquismo y ha avanzado lo que haría una Catalunya independiente: «Juzgaremos a los asesinos. No habrá medallas para Martín Villa. Votar ‘sí’ el 1 de octubre también es esto», ha dicho sobre el referéndum.
También el diputado de SíQueEsPot Joan Josep Nuet se ha referido a la medalla que recibió el miércoles el exministro Rodolfo Martín Villa, investigado en Argentina por los sucesos registrados en Gasteiz el 3 de marzo de 1976, en los que la Policía mató a cinco trabajadores e hirió a más de cien, muchos de ellos por arma de fuego.
«Ayer Rodolfo Martín Villa recibía una medalla en el Congreso, y hoy el Parlament de Catalunya hace honor a las víctimas del franquismo y les devuelve su dignidad robada, y esta es la fotografía de lo que pasa hoy. Hoy hacemos justicia. Estoy orgulloso de mi Parlament y de mi país», y ha añadido que la jornada de este jueves será recordada siempre.
Ferran Pedret (PSC) ha destacado que la Ley de Memoria Histórica aprobada por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE) declaraba ilegales esos juicios y consejos de guerra, pero no recogía la declaración expresa de la nulidad de sus sentencias: «Y eso, sencillamente, no puede ser».
Ha afirmado que duele llamar ‘juicio’ a los juicios del franquismo porque no lo eran, ha defendido que la ley es un acto de justicia y reparación, que este jueves se honra a los que han trabajado durante años para impulsar este tipo de iniciativas, y ha tenido un recuerdo para las víctimas que están fuera del ámbito territorial y formal de esta ley, como los desaparecidos y detenidos al principio de la Guerra del 36: «Hoy y aquí, honor y memoria».
El diputado de Cs Matías Alonso ha celebrado la aprobación de la ley, que considera un paso, pero limitado, porque hay casos iguales en otras partes del resto del Estado español, en la que también hay víctimas catalanas, pero ha insistido en lo importante de la ley para que impere «la verdad, la justicia y la reparación».
«Hoy gozamos de un Estado de derecho, de un periodo de paz y prosperidad, que es responsabilidad de todos y es fruto de trabajo y compromiso democrático de millones de españoles», ha dicho.
Apoyo del PP
Por la mañana, el PP ya había anunciado que iba a apoyar a la ley, algo que ha ratificado Fernando Sánchez Costa en el pleno: «Han pasado 80 años del golpe de Estado que condenamos. Condenamos el levantamiento militar. Rechazamos el golpe de Estado del general Franco, como rechazamos cualquier forma de dictadura».
«Rechazamos de forma especial la represión de los ciudadanos de Catalunya y de nuestra cultura catalana», ha continuado, y ha añadido que condenan, entre otros, el juicio y la ejecución de Lluís Companys, aunque ha considerado que no fue un buen presidente, comentario que ha levantado el reproche de uno de los invitados al Parlament.
Al terminar su discurso, de vuelta a su escaño, Sánchez Costa ha recibido un apretón de manos del vicepresidente del Govern y líder de ERC, Oriol Junqueras, que, junto con el resto del hemiciclo, una vez aprobada la ley, se han vuelto hacia el palco de los invitados para aplaudir a los representantes de entidades memorialistas y familiares de víctimas, y han cantado ‘Els segadors’.
Entre los invitados han estado Diego Paredes, hermano de ‘Txiki’; el hijo de Manuel Carrasco i Formiguera (UDC), Raimon Carrasco; el sobrino nieto de Companys, Josep Companys; la hermana de Salvador Puig Antich, Mercè Puig Antich; la procesada y condenada a prisión Maria Salvo; el procesado en un consejo de Guerra en 1950 Marià Gadea; el procesado y condenado a prisión Manel Martínez Arcos; el presidente de la Comissió de la Dignitat, Josep Cruanyes, y el director del Memorial Democràtic, Plàcid Garcia-Planas.
Mediante su único artículo, «se declaran ilegales los tribunales de la Auditoría de Guerra del Ejército de Ocupación, llamada posteriormente Auditoría de la IV Región Militar, que actuaron en Catalunya a partir de abril de 1938 hasta diciembre de 1978, por ser contrarios a la ley y vulnerar las más elementales exigencias del derecho a un juicio justo».
«Y, en consecuencia, se deduce la nulidad de pleno derecho, originaria o sobrevenida, de todas las sentencias y resoluciones de las causas instruidas y de los consejos de guerra, dictadas por causas políticas en Cataluña por el régimen franquista», añade el único artículo del texto.
En las disposiciones finales, se autoriza al Archivo Nacional de Catalunya a elaborar y publicar una «lista de los procesos instruidos y de las sentencias adoptadas» de acuerdo con los diversos bandos, decretos y leyes franquistas.
La anulación de los consejos de guerra franquistas incluye, por tanto, el del expresidente de la Generalitat Lluís Companys, fusilado en 1940.
Con decenas de representantes de entidades dedicadas a la memoria histórica y familiares de víctimas de consejos de guerra franquistas en la tribuna de invitados del Parlament, entre ellos el portavoz de la Comisión de la Dignidad, Josep Cruanyes, la diputada de JxSí Montserrat Palau, relatora de esta ley, ha subrayado que no se busca «la revancha, sino la verdad, la justicia, la reparación y la garantía de no repetición» de los crímenes del franquismo.
Palau ha denunciado que la denominada Transición «no fue modélica, porque escondió la memoria republicana», y ha apostado por impulsar una «ley de memoria integral de Catalunya».
Aunque hay unanimidad sobre el alto valor simbólico de la medida, que considera ilegales decenas de miles de procesos franquistas en Catalunya, no está claro que efecto tendrá de cara a la reparación del daño o a las reclamaciones que pudieran producirse.
Por primera vez, remarcan las fuentes consultadas por Efe, un texto con rango de ley declara «explícitamente» la nulidad de las sentencias franquistas, aunque no está claro qué consecuencias puede tener esto a la hora de que los familiares de las víctimas puedan reclamar ahora algún tipo de reparación.
Aunque el texto votado es producto de un acuerdo entre JxSí PSC, Catalunya Sí Que Es Pot y la CUP, también Cs y el PPC han votado a favor.
Desde la CUP, Mireia Boya ha puesto cifra a los juicios –63.961– y a sus víctimas –3.385 ejecutados: 3.368 hombres y 17 mujeres–, en lo que ha denominado «la venganza de Franco», y ha afirmado que la ley que rompe con el régimen del 36 y el del 78, que afirma que son el mismo: uno, continuación del otro.
Ha vaticinado que el Estado nunca pedirá perdón por el franquismo y ha avanzado lo que haría una Catalunya independiente: «Juzgaremos a los asesinos. No habrá medallas para Martín Villa. Votar ‘sí’ el 1 de octubre también es esto», ha dicho sobre el referéndum.
También el diputado de SíQueEsPot Joan Josep Nuet se ha referido a la medalla que recibió el miércoles el exministro Rodolfo Martín Villa, investigado en Argentina por los sucesos registrados en Gasteiz el 3 de marzo de 1976, en los que la Policía mató a cinco trabajadores e hirió a más de cien, muchos de ellos por arma de fuego.
«Ayer Rodolfo Martín Villa recibía una medalla en el Congreso, y hoy el Parlament de Catalunya hace honor a las víctimas del franquismo y les devuelve su dignidad robada, y esta es la fotografía de lo que pasa hoy. Hoy hacemos justicia. Estoy orgulloso de mi Parlament y de mi país», y ha añadido que la jornada de este jueves será recordada siempre.
Ferran Pedret (PSC) ha destacado que la Ley de Memoria Histórica aprobada por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE) declaraba ilegales esos juicios y consejos de guerra, pero no recogía la declaración expresa de la nulidad de sus sentencias: «Y eso, sencillamente, no puede ser».
Ha afirmado que duele llamar ‘juicio’ a los juicios del franquismo porque no lo eran, ha defendido que la ley es un acto de justicia y reparación, que este jueves se honra a los que han trabajado durante años para impulsar este tipo de iniciativas, y ha tenido un recuerdo para las víctimas que están fuera del ámbito territorial y formal de esta ley, como los desaparecidos y detenidos al principio de la Guerra del 36: «Hoy y aquí, honor y memoria».
El diputado de Cs Matías Alonso ha celebrado la aprobación de la ley, que considera un paso, pero limitado, porque hay casos iguales en otras partes del resto del Estado español, en la que también hay víctimas catalanas, pero ha insistido en lo importante de la ley para que impere «la verdad, la justicia y la reparación».
«Hoy gozamos de un Estado de derecho, de un periodo de paz y prosperidad, que es responsabilidad de todos y es fruto de trabajo y compromiso democrático de millones de españoles», ha dicho.
Apoyo del PP
Por la mañana, el PP ya había anunciado que iba a apoyar a la ley, algo que ha ratificado Fernando Sánchez Costa en el pleno: «Han pasado 80 años del golpe de Estado que condenamos. Condenamos el levantamiento militar. Rechazamos el golpe de Estado del general Franco, como rechazamos cualquier forma de dictadura».
«Rechazamos de forma especial la represión de los ciudadanos de Catalunya y de nuestra cultura catalana», ha continuado, y ha añadido que condenan, entre otros, el juicio y la ejecución de Lluís Companys, aunque ha considerado que no fue un buen presidente, comentario que ha levantado el reproche de uno de los invitados al Parlament.
Al terminar su discurso, de vuelta a su escaño, Sánchez Costa ha recibido un apretón de manos del vicepresidente del Govern y líder de ERC, Oriol Junqueras, que, junto con el resto del hemiciclo, una vez aprobada la ley, se han vuelto hacia el palco de los invitados para aplaudir a los representantes de entidades memorialistas y familiares de víctimas, y han cantado ‘Els segadors’.
Entre los invitados han estado Diego Paredes, hermano de ‘Txiki’; el hijo de Manuel Carrasco i Formiguera (UDC), Raimon Carrasco; el sobrino nieto de Companys, Josep Companys; la hermana de Salvador Puig Antich, Mercè Puig Antich; la procesada y condenada a prisión Maria Salvo; el procesado en un consejo de Guerra en 1950 Marià Gadea; el procesado y condenado a prisión Manel Martínez Arcos; el presidente de la Comissió de la Dignitat, Josep Cruanyes, y el director del Memorial Democràtic, Plàcid Garcia-Planas.
Estado español
2017/06/30
El Parlamento de Gasteiz pide la libertad de los presos muy graves
PNV, EH Bildu, Elkarrekin Podemos y
PSE aprobaron ayer que el Parlamento de Gasteiz pida la excarcelación de
los presos muy gravemente enfermos con padecimientos incurables. Y
solicitaron la rectificación del criterio que llevó al ministro de
Interior a afirmar que solo serán liberados cuando les queden dos meses
de vida. El PP votó en contra.
|GASTEIZ
En los últimos meses se están dando en el Parlamento de Gasteiz y
otras instituciones vascas acuerdos de todos los partidos salvo el PP en
asuntos relacionados con los derechos humanos. A partir de una
iniciativa de EH Bildu, ayer este grupo, PNV, PSE y Elkarrekin Podemos
aprobaron un texto conjunto en el que solicitan «a las autoridades
competentes» que, atendiendo a la legislación estatal y a los estándares
internacionales, «los penados enfermos muy graves con padecimientos
incurables puedan ser clasificados en tercer grado y ser excarcelados
por razones humanitarias y de dignidad personal»
Julen Arzuaga, el parlamentario que firmaba la propuesta inicial, subrayó la importancia de esa declaración porque «en la lucha por cambiar la política penitenciaria del Gobierno español es fundamental sumar fuerzas y que esas fuerzas sean cada vez más plurales. Hemos dado un gran paso porque todos los grupos menos el PP hemos sido capaces de ponernos de acuerdo y de solicitar juntos la puesta en libertad de las y los presos enfermos». A juicio del parlamentario de EH Bildu, «estamos logrando traer a la política el consenso que ya existe en la sociedad y tenemos que seguir trabajando en esa dirección para conseguir entre todos que el discurso y la actuación del PP y del Gobierno español acaben siendo indefendibles e insostenibles».
Juan Luis Uria, de Elkarrekin Podemos, también destacó la importancia de los acuerdos que se están alcanzando y que podrían servir de base para una futura transferencia de la política penitenciaria. Rafaela Romero, del PSE, e Iñigo Iturrate, del PNV, se felicitaron del consenso alcanzado en base a la defensa de los derechos humanos y de la propia legalidad.
Una delegación del Foro Social Permanente, junto a miembros de Etxerat y Sare, que participan del mismo, estuvo presente en el pleno y calificó de muy positivo su resultado, que considera que puede ser ejemplo para «acuerdos en otros temas, también de urgencia, como el del alejamiento o las políticas de grado».
La Cámara autonómica entiende que esta medida «vulnera los más básicos principios de legalidad y humanidad, así como los principios deontológicos del personal médico que supuestamente debería adoptar este tipo de decisión».
Rafaela Romero construyó su discurso sobre la defensa que el PSE hace de los derechos humanos y de la legalidad, asegurando que hay que «demostrar la fortaleza del Estado de Derecho siendo impecables y escrupulosos en su garantía y en el respeto de los derechos fundamentales que ese Estado de Derecho protege y que también es el de las personas presas con enfermedades graves e incurables».
Nerea Llanos, del PP, parecía no entender lo que estaba sucediendo. Dedicó su primera intervención no a responder al texto conjunto del resto de grupos, sino a criticar la propuesta original ya superada de EH Bildu, acusándole de «manipular, tergiversar y falsear» la realidad, para acabar echando mano del habitual argumento de que mientras no condene a ETA no puede «dar lecciones» sobre los derechos humanos.
Después intentó convencer a la Cámara autonómica de que el Estado ya respeta el derecho a la salud de los presos, sin atender a datos como el ofrecido por Julen Arzuaga de que en los últimos diez años han muerto 1814 presos en la cárcel.
El último esfuezo de Nerea Llanos fue para acusar al PSE de contribuir a desacreditar la calidad del Estado español como si fuera un Estado bananero. Les acusó de tener síndrome de Estocolmo y haberse dejado abducir por los nacionalistas en el programa de gobierno y por EH Bildu en esta materia.
El más expresivo fue el presidente del EBB, Andoni Ortuzar, que en entrevista con ETB-1 lo calificó como «el gesto más importante en los últimos años por parte de la izquierda abertzale». Jonan Fernández, secretario de Paz y Convivencia de Lakua, y el parlamentario del PSE Eneko Andueza también lo aplaudieron, aunque matizando que esperan que sea seguido por otros ayuntamientos, en los que obviamente el ritmo de los avances en esta materia es sustancialmente menor.
En la línea de discurso marcada por portavoces como Arnaldo Otegi ya hace años y que hasta la fecha no se había reconocido, Mendoza trasladó a estas víctimas de ETA que «si en algún momento este consistorio a lo largo de su historia, o yo mismo, no hemos estado a la altura de las circunstancias, no os hemos acompañado correctamente, o hemos dicho o hecho algo que pudiera haber añadido más dolor al que ya padecéis, pido perdón por ello en nombre del Ayuntamiento y en el mío propio, a la vez que digo que haremos todo lo que esté en nuestras manos para que no se vuelva a repetir».
El acto reconoció a José Luis Caso y Manuel Zamarreño, ambos concejales del PP muertos en 1997 y 1998, y al policía municipal Vicente Gajate, fallecido igualmente en atentado de ETA en 1984. Sus familiares glosaron sus figuras.R.S.
Julen Arzuaga, el parlamentario que firmaba la propuesta inicial, subrayó la importancia de esa declaración porque «en la lucha por cambiar la política penitenciaria del Gobierno español es fundamental sumar fuerzas y que esas fuerzas sean cada vez más plurales. Hemos dado un gran paso porque todos los grupos menos el PP hemos sido capaces de ponernos de acuerdo y de solicitar juntos la puesta en libertad de las y los presos enfermos». A juicio del parlamentario de EH Bildu, «estamos logrando traer a la política el consenso que ya existe en la sociedad y tenemos que seguir trabajando en esa dirección para conseguir entre todos que el discurso y la actuación del PP y del Gobierno español acaben siendo indefendibles e insostenibles».
Juan Luis Uria, de Elkarrekin Podemos, también destacó la importancia de los acuerdos que se están alcanzando y que podrían servir de base para una futura transferencia de la política penitenciaria. Rafaela Romero, del PSE, e Iñigo Iturrate, del PNV, se felicitaron del consenso alcanzado en base a la defensa de los derechos humanos y de la propia legalidad.
Una delegación del Foro Social Permanente, junto a miembros de Etxerat y Sare, que participan del mismo, estuvo presente en el pleno y calificó de muy positivo su resultado, que considera que puede ser ejemplo para «acuerdos en otros temas, también de urgencia, como el del alejamiento o las políticas de grado».
Contra la instrucción 03/2017
El Parlamento solicita también «la derogación de la instrucción
3/2017 de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y la
rectificación del criterio expresado por el ministro de Interior, según
el cual solo se deberá conceder la libertad condicional a un preso
enfermo ante un riesgo inminente de fallecimiento en dos meses».La Cámara autonómica entiende que esta medida «vulnera los más básicos principios de legalidad y humanidad, así como los principios deontológicos del personal médico que supuestamente debería adoptar este tipo de decisión».
Acuerdo laborioso
Alcanzar un texto conjunto entre PNV, EH Bildu, EP y PSE sobre esta
materia fue laborioso. Juan Luis Uria, de Elkarrekin Podemos, habló de
«ingeniería de síntesis». Los tres primeros grupos lo tenían más fácil,
pero el PSE sabía que iba a caer sobre él la ira del PP.Rafaela Romero construyó su discurso sobre la defensa que el PSE hace de los derechos humanos y de la legalidad, asegurando que hay que «demostrar la fortaleza del Estado de Derecho siendo impecables y escrupulosos en su garantía y en el respeto de los derechos fundamentales que ese Estado de Derecho protege y que también es el de las personas presas con enfermedades graves e incurables».
Nerea Llanos, del PP, parecía no entender lo que estaba sucediendo. Dedicó su primera intervención no a responder al texto conjunto del resto de grupos, sino a criticar la propuesta original ya superada de EH Bildu, acusándole de «manipular, tergiversar y falsear» la realidad, para acabar echando mano del habitual argumento de que mientras no condene a ETA no puede «dar lecciones» sobre los derechos humanos.
Después intentó convencer a la Cámara autonómica de que el Estado ya respeta el derecho a la salud de los presos, sin atender a datos como el ofrecido por Julen Arzuaga de que en los últimos diez años han muerto 1814 presos en la cárcel.
El último esfuezo de Nerea Llanos fue para acusar al PSE de contribuir a desacreditar la calidad del Estado español como si fuera un Estado bananero. Les acusó de tener síndrome de Estocolmo y haberse dejado abducir por los nacionalistas en el programa de gobierno y por EH Bildu en esta materia.
Lakua, PNV y PSE saludan esta vez un paso de EH Bildu en Errenteria
Errenteria es referencia en el impulso a la reconciliación y la
convivencia desde hace ya más de cuatro años, con el liderazgo del
alcalde de EH Bildu, Julen Mendoza. Fue en marzo de 2013 cuando se
celebró allí el ciclo de cine y mesas redondas Eraikiz, que implicó a
víctimas de los dos lados, y desde entonces se han desarrollado
múltiples iniciativas en la misma dirección. En esta secuencia encaja el
acto de reconocimiento tributado a tres víctimas de ETA en la
localidad, celebrado anteayer noche. La novedad añadida estuvo en la
repercusión: contrariamente a lo que ha ocurrido ante otros
posicionamientos de EH Bildu en estos años en materia de víctimas y
reconocimiento del daño, esta vez el Gobierno de Lakua, PNV y PSE
optaron por reconocerlo y ponerlo en valor.El más expresivo fue el presidente del EBB, Andoni Ortuzar, que en entrevista con ETB-1 lo calificó como «el gesto más importante en los últimos años por parte de la izquierda abertzale». Jonan Fernández, secretario de Paz y Convivencia de Lakua, y el parlamentario del PSE Eneko Andueza también lo aplaudieron, aunque matizando que esperan que sea seguido por otros ayuntamientos, en los que obviamente el ritmo de los avances en esta materia es sustancialmente menor.
En la línea de discurso marcada por portavoces como Arnaldo Otegi ya hace años y que hasta la fecha no se había reconocido, Mendoza trasladó a estas víctimas de ETA que «si en algún momento este consistorio a lo largo de su historia, o yo mismo, no hemos estado a la altura de las circunstancias, no os hemos acompañado correctamente, o hemos dicho o hecho algo que pudiera haber añadido más dolor al que ya padecéis, pido perdón por ello en nombre del Ayuntamiento y en el mío propio, a la vez que digo que haremos todo lo que esté en nuestras manos para que no se vuelva a repetir».
El acto reconoció a José Luis Caso y Manuel Zamarreño, ambos concejales del PP muertos en 1997 y 1998, y al policía municipal Vicente Gajate, fallecido igualmente en atentado de ETA en 1984. Sus familiares glosaron sus figuras.R.S.
CHILE
Torturados, asesinados y arrojados al mar
El calvario de cinco militantes del FPMR
La desaparición forzada de personas fue practicada por la dictadura militar desde el golpe de Estado de septiembre de 1973 hasta septiembre de 1987. Las víctimas del último episodio criminal fueron Julián Peña Maltés, 37 años; Alejandro Pinochet Arenas, 23; Manuel Sepúlveda Sánchez, 28; Gonzalo Iván Fuenzalida Navarrete, 26 y Julio Muñoz Otárola, de 34 años. Todos eran militantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR).Fueron detectados en sus actividades clandesdinas por la CNI y eran vigilados de cerca.
La Corte Suprema condenó a los responsables de las torturas y muerte de esos combatientes por la libertad. Funcionarios de la CNI, de la Dirección de Inteligencia del Ejército (Dine), del Batallón de Inteligencia del Ejército (BIE), dependiente de la Dine, y del Comando de Aviación del ejército, fueron procesados y condenados.
Las detenciones de los militantes del FPMR se produjeron como represalia frente al secuestro del coronel Carlos Carreño, subdirector de la Fábrica de Armas y Maestranza del Ejército (Famae), ocurrido el 1º de septiembre de 1987. Alvaro Corbalán, comandante del Cuartel Borgoño de la CNI, reveló en la indagación del caso que el secuestro de Carreño produjo conmoción en la dictadura. Se produjeron reuniones de emergencia de altos mandos de la CNI, Carabineros, Investigaciones, los directores de inteligencia de tres las ramas de la Defensa Nacional y el Director de Inteligencia del ejército (Hugo Prado Contreras). Entre el 8 y 9 de septiembre, al constatar que las investigaciones no daban resultados, el director de la CNI, Hugo Salas Wenzel, ordenó la detención de cinco miembros del FPMR, que serían canjeados por el coronel Carreño, según Corbalán.
El agente de la Brigada Verde de la CNI, encargada de reprimir al Partido Comunista y al FPMR, Luis Arturo Sanhueza Ross, declaró que una o dos semanas después del secuestro del coronel Carreño, a su unidad se le ordenó abocarse de lleno a la detención de cinco integrantes del FPMR. Los días posteriores Sanhueza pudo advertir que el cuartel comenzó a ser visitado por oficiales del BIE quienes desarrollaron actividades en el subterráneo mientras los cinco detenidos estaban en el lugar, añadió Sanhueza en su relato(1).
El 7 de septiembre fue detenido el mueblista Gonzalo Fuenzalida.
El 9 de septiembre arrestaron a Julián Peña Maltés, ex alumno de Ingeniería de la Universidad Técnica del Estado. Ese día fue visto por última vez por su pareja, María Peñaloza. Peña arrendaba una pieza en calle Ismael Valdés Vergara, en Santiago. El agente Manuel Rigoberto Ramírez Montoya confesó que Julián Peña fue seguido desde la mañana del 9 de septiembre con un vehículo utilitario y un automóvil Daihatsu Charade. Se le detuvo en la calle Coventry, Ñuñoa. Sanhueza Ross actuaba como jefe del grupo represor. Uno de sus integrantes fue el agente Sergio Mateluna Pino.
Peña fue trasladado a los subterráneos del cuartel Borgoño. “Había una pieza anexa al calabozo, en ella se procede a interrogar al sujeto, acción en la que participaban varios oficiales, entre ellos el capitán (Kranz) Bauer (fallecido en 2012), el detective Gonzalo Mass del Valle, y varios otros. Además se encontraba el comandante del cuartel, mayor Alvaro Corbalán Castilla. (...) A Peña lo dejaron desnudo y se le colgó en un fierro”, confesó el agente Ramírez.
EN SACOS Y CON RIELES PARA HUNDIRSE EN EL OCEANO
Días después, un agente fue a retirar los efectos personales que Julián Peña guardaba en el cuarto que alquilaba en calle Ismael Valdés Vergara. La propietaria de la residencial, Lucila Urrutia, identificó a ese agente como José Arturo Fuentes Pastenes.
Manuel Ramírez también identificó en el Cuartel Borgoño al detenido Gonzalo Fuenzalida. Días después, el teniente Sanhueza lo llamó conjuntamente con Pablo San Martín, señalándoles que tenían una misión: “Debemos conseguir un riel y cortarlo en pedazos, porque esta noche se van los huevones”. Ramírez fue desvinculado y la tarea quedó a cargo de San Martín (su nombre real era Luis Alberto Santibáñez Aguilera).
Adrián Renato Patricio Herrera Espinoza jefe de la sección transportes del cuartel de la CNI en calle Loyola N° 5.800, Quinta Normal, dijo haber visto a “un grupo de funcionarios de la CNI, ajenos al Cuartel Loyola, que retiraban unos rieles para un operativo que iban a realizar durante la noche o la madrugada”.
El militante del FPMR, Alejando Alberto Pinochet Arenas, técnico en combustión interna automotriz, fue detenido el 10 de septiembre. Un estudiante, Axel Eduardo Callis Rodríguez, presenció su detención. Pinochet fue introducido a la fuerza en un vehículo que conducía el agente Miguel Angel Morales Acevedo.
Carlos Campos, conductor de un microbús del recorrido Colón Oriente lo confirmó, señalando que una vez reducido, “los captores subieron al vehículo que estaba prácticamente cruzado en la calle, y en forma veloz sin respetar la luz roja del semáforo se alejaron”. Era un vehículo marca Mitsubishi y lo conducía el agente Manuel Angel Morales Acevedo, quien confesó que en el arresto participaron René Valdovinos Morales y César Luis Acuña Luengo.
INTERFERENCIAS DE RADIO
El detenido desaparecido Manuel Sepúlveda Sánchez, tornero mecánico, vivió en Ramón Cruz con José María Narbona hasta marzo de 1987. Después siguió visitando a la familia de esa casa o llamándola por teléfono, según testimonio de María Cantillana. “El 9 de septiembre -dijo- concurrió a nuestra casa alrededor de las 16:15 horas; allí estuvo con mi hermano. Alrededor de las 18 horas se retiró”, señaló. Desde entonces es un detenido deaparecido.
Al proceso se incorporaron registros de interferencias radiales a la CNI realizadas por el MIR en la clandestinidad. Las interferencias pemitían detectar los movimientos de los equipos móviles de la represión. Esas interfe-ren-cias del MIR registraron el operativo para capturar a los cinco miembros del FPMR.
El ministro Mario Carroza concluyó que el análisis de las grabaciones “corresponde a una operación simultánea de gran envergadura que considera la participación de diversos grupos operativos, lugares, vehículos, sistemas de comunicaciones y apoyo de información (…) En los dispositivos se utilizó claves, evitando que terceros conozcan la autoría de organismos y personas, situación que denota que las actividades que se desa-rrollan en las operaciones revisten actitudes reñidas con la legalidad”.
CADAVERES A PELDEHUE
Los agentes Sanhueza y Ramírez confesaron que los militantes del FPMR fueron asesinados con inyecciones administradas por el enfermero del Cuartel Borgoño Mateo Tapia Flores, (a) El Quincy (que se suicidó en 1998).
Rodrigo Pérez Martínez comandante de la Unidad Antiterrorista de la CNI, admitió que en septiembre de 1987 entre las 4:00 o 5:00 horas, recibió un llamado en que se le ordenaba comunicarse con el mayor Alvaro Corbalán. Este le ordenó que se constituyera en el Cuartel Borgoño con una camioneta. Llegó a ese lugar a las 6:00 o 6:30 horas. Pérez se encontró allí con los capitanes Francisco Zúñiga Acevedo, de Carabineros, (a) El Gurka (que se suicidó en 1991) , y de ejército, Gonzalo Héctor Asenjo Zegers (que se suicidó en 2006 al ser procesado en este caso).
Zúñiga le pidió estacionar la camioneta cerca del subterráneo y que le ayiudara a cargar unos “bultos”. Ingresaron al subterrá-neo y en una pieza habían cinco bultos grandes. Pérez dijo haber preguntado al capitán Zúñiga de qué se trataba, pero éste respondió que cumplían órdenes superiores y que debían hacerlo rápidamente. Cada bulto estaba constituido por dos sacos paperos cosidos al centro y eran muy pesados.
Cargados los bultos en la camioneta, el capitán Zúñiga le ordenó a Rodrigo Pérez Martínez dirigirse al campo militar en Peldehue. Pérez condujo la camioneta, el capitán Asenjo iba de copiloto, y otras tres personas iban atrás con los bultos.
POR “ORDEN DE PINOCHET”
Cuatro o cinco uniformados aparecieron y el capitán Zúñiga tomó contacto con ellos. Un helicóptero Puma aterrizó en el lugar y cargaron los bultos en el aparato, que emprendió el vuelo. El piloto era el oficial Víctor Mario Campos Valladares, del Regimiento de Aviación de Rancagua. Fue llamado por el comandante del Comando de Aviación del ejército (CAE), coronel Aquiles Navarrete Izarnótegui. Este le comunicó que por orden del comandante en jefe del ejército, Augusto Pinochet, debía realizar una misión que consistía en trasladarse al campo militar de Peldehue y hacer contacto con personal del Cuartel Borgoño de la CNI.
Al día siguiente -continuó Campos en su relato judicial- entre las 7:00 y las 9:00 horas salió desde el aeródromo de Tobalaba en un helicóptero SA-330 Puma. Aterrizó en Peldehue y pudo visualizar unos vehículos tipo station. Una vez que subieron unos bultos, uno de los agentes dispuso que debían dirigirse a la costa.
“No obstante el techo de nubes estaba muy bajo -prosiguió declarando Campos- por lo que optó por aterrizar en una punta de cerro, parando por completo los motores de la nave. Permanecieron en el lugar alrededor de una hora y media, tiempo en el cual descendió de la nave, pudiendo observar que el personal que iba de pasajeros eran alrededor de cinco personas de civil”. De ellos, reconoció a Sanhueza Ross durante las pesquisas.
“Una vez que se dieron las condiciones, emprendimos vuelo recto a la costa por el sector de Peñuelas, quebrada de Quintay”, precisó Campos. Diez a doce minutos después de sobrevolar el océano Pacífico “el funcionario que dirigía la misión ordenó reducir la velocidad a unos 10 a 12 nudos. En un momento determinado, en el tablero de instrumentos se encendió la luz indicativa Doors que señala que una puerta del compartimiento se encontraba abierta y permaneció en esa condición por espacio aproximado de dos minutos”.
Respecto al lanzamiento de los cadáveres ensacados al mar, el agente Santibáñez dijo que habían participado Bauer y otros oficiales, agregando que Bauer estuvo a punto de caer al vacío cuando arrojaban los cuerpos.
CONDENAS A LOS ASESINOS
La Corte Suprema dictó las siguientes sentencias por el secuestro, torturas y asesinato de los cinco militantes del FPMR, confirmando así el fallo del ministro Carroza:
15 años y un día como autores de secuestro calificado: Hugo Salas Wenzel y Alvaro Corbalán. 10 años y un día como autores: Iván Raúl Belarmino Quiroz Ruiz, Gonzalo Maas (PDI asignado a la CNI), Raúl Durán Martínez, Luis Alberto Santibáñez Aguilera, Víctor Ruiz Godoy, Juan Jorquera Abarzúa, Hernán Vásquez Villegas, Sergio Mateluna Pino, José Fuentes Pastenes, Juan Carlos Orellana Morales (PDI asignado a la CNI), Roberto Rodríguez Manquel (oficial de ejército), Alejandro Astudillo Adonis, José Salas Fuentes, Heraldo Velozo Gallegos, Marco Antonio Pincheira Ubilla, Jorge Ahumada Molina, José Miguel Morales Morales (PDI asignado a la CNI), Ema Ceballos Núñez (Armada, asignada a la CNI), Patricio González Cortés, César Acuña Luengo y René Valdovinos Morales. 5 años y un día como autores: Luis Arturo Sanhueza Ross, Manuel Morales Acevedo y Manuel Ramírez Montoya. 5 años y un día como cómplices: Hugo Prado Contreras, Aquiles Navarrete Izarnótegui (comandante del CAE), Fernando Rojas Tapia (BIE), Julio Cerda Carrasco (comandante del BIE), Marco Antonio Bustos Carrasco (BIE), y Rodrigo Pérez Martínez. 3 años y un día con el beneficio de la libertad vigilada: Víctor Campos Valladares. Absuelto: Hugo Barría Rogers, copiloto del helicóptero. Prófugos. Al cierre de esta edición, y luego del cúmplase de la sentencia, no fueron habidos Luis Arturo Sanhueza Ross, Roberto Rodríguez Manquel y Juan Carlos Orellana Morales.
CARLOS ANTONIO VERGARA
(1) El mayor de ejército Luis Arturo Sanhueza Ross participó en la vigilancia que montó la Dine al dirigente del MIR, Jécar Neghme, y al director de Punto Final, Manuel Cabieses. Finalmente, se decidió el asesinato de Neghme, atentado en que participó Sanhueza Ross, el 4 de septiembre de 1989.
(Publicado en “Punto Final”, edición Nº 876, 26 de mayo 2017).
ARGENTINA
Ni un despido más, ni un trabajador menos
La CTA Autónoma apoya la lucha de los trabajadores de PepsiCo
Miércoles 5 de julio de 2017, por ,
*
Las
trabajadoras y los trabajadores de PepsiCo Snacks movilizaron al
Obelisco como parte de una Jornada Nacional de Lucha por la reapertura
de PepsiCo Snacks y en defensa de los 600 puestos de trabajo.
Acompañaron numerosas organizaciones sindicales, centros de estudiantes,
organizaciones sociales, de derechos humanos y políticas, entre las
cuales estuvo la CTA Autónoma.
Sobre la movilización de ayer y la lucha que llevan adelante los
trabajadores despedidos de PepsiCo Snacks y el apoyo de la Central, el
Secretario Gremial de CTA Buenos Aires, Jorge Castro, dijo a ACTA: "La
CTA Autónoma estuvo presente en la movilización en el Obelisco, también
en la Audiencia Pública en el Congreso Nacional y estará en cada una de
las acciones que realicen los lucha de los compañeros y compañeras".Asimismo indicó: "Es una pelea muy desigual, contra una multinacional que es mentira que esté en quiebra. La empresa pretende dejar a 600 trabajadores en la calle y eso es algo que como Central no vamos a permitir. Por eso vamos a seguir solidarizándonos con los compañeros, y acompañando ésta y todas las luchas que de la clase trabajadora en todo el país, tanto en el ámbito del Estado como en las empresas privadas".
Reunión en ATE
En tanto, el Secretario General de ATE Nacional, Hugo ‘Cachorro’ Godoy,
recibió el lunes a delegados de la planta de PepsiCo Snacks de Florida,
partido de Vicente López, al norte del Conurbano bonaerense, que el
pasado 20 de junio (Día de la Bandera) amaneció con un cartel que
anunciaba el “cese de las operaciones y la relocalización de la
producción en otro establecimiento”.Los delegados Luis Medina, Camilo Mones y Ricardo Pacheco, y el trabajador de la planta Gustavo Cándido, convocados por el compañero Raúl Llaneza, Delegado de la Junta Interna de ATE-INDEC, se reunieron con el Secretario General de ATE para coordinar el apoyo del sindicato de los estatales a la lucha de los obreros de la planta que todavía continúa cerrada.
“Los compañeros fueron convocados a una reunión en el Consejo Directivo Nacional para coordinar el apoyo que recibirán por parte de ATE en esta lucha contra el ajuste y los despidos que la clase obrera debe enfrentar en unidad. Nuestro sindicato está al frente de las luchas que se están manteniendo no solamente en el plano estatal municipal, provincial y nacional, sino también en el plano privado”, señaló Hugo ‘Cachorro’ Godoy tras la reunión.
Por su parte, el compañero Raúl Llaneza dijo: “Frente al presente de conflicto social en el que la clase obrera está siendo fuertemente golpeada, y con un futuro que se avizora incluso peor luego de las elecciones de octubre, ATE acompaña la lucha de todos los sectores del campo popular. Se espera que el Gobierno intente aplicar un ajuste feroz para fin de año, y a los ajustes siempre los terminan pagando los trabajadores”.
“Nos enteramos -del cierre de la planta- por un papelito en la puerta y decidimos quedarnos en los portones custodiando que no se lleven la maquinaria, que no vacíen la empresa”, relató el delegado Camilo Mones, que permanece frente a la fábrica estableciendo turnos rotativos con sus compañeros. La noticia corrió rápidamente entre los 600 trabajadores afectados que se convocaron frente a la fábrica donde resolvieron, en asamblea, un plan de lucha en defensa de los puestos de trabajo y en pos de la reapertura de la planta.
Puja redistributiva
No se toman exámenes finales en las Universidades Nacionales
Martes 4 de julio de 2017, por *
Comenzó
ayer la medida de fuerza de no toma de exámenes finales en el mes de
julio resuelta por el Congreso Extraordinario de la Federación Nacional
de Docentes, Investigadores y Creadores Universitarios (CONADU
Histórica-CTA) ante la falta de respuestas favorables por parte del
gobierno nacional al reclamo salarial de la docencia universitaria.
En este contexto crece la solidaridad de la comunidad universitaria.
Tal es el caso de los estudiantes de la Universidad Nacional del Litoral
que el pasado jueves se movilizaron masivamente al Rectorado.Vale mencionar que el actual secretario de Políticas Universitarias, Albor Cantard, es rector en uso de licencia de dicha casa de estudios. Convocados como “Estudiantes por el Derecho a la Educación Pública” se movilizaron hacia el Rectorado en la ciudad de Santa Fe para para expresar el apoyo a los docentes y su preocupación por la situación en la universidad pública.
Más de 400 personas participaron de la lectura de un documento, intervenciones artísticas y una asamblea donde se decidieron los próximos pasos a seguir.
Asimismo, en el resto de las universidades nacionales se comenzaron a desplegar múltiples actividades.
A modo de ejemplo, en la Universidad Nacional del Comahue, una asamblea interclaustros de la Facultad de Ciencias Agrarias resolvió para el día de hoy, que se realiza la paritaria nacional, una volanteada sobre la ruta 151 para visibilizar el conflicto y manifestar la solidaridad con los docentes.
En
tanto que en la Universidad Nacional de Cuyo, se realizó una
concentración docente-estudiantil en el ingreso a la ciudad
universitaria; allí le “tomaron examen” al ministro de Educación,
Bullrich, al Secretario de Políticas Universitarias y a las autoridades
del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). Por evaluación unánime
resultaron: Desaprobados en la defensa de la Universidad Pública.El Ministerio de Educación convocó a Mesa de Negociación Salarial para este martes 4 de julio a las 17 horas, donde realizaría una nueva oferta salarial. En la semana se realizará la reunión de la Mesa Ejecutiva de la CONADU Histórica y asambleas docentes en todo el país para analizar la continuidad del plan de lucha.
Santa Cruz: Puja redistributiva
Gran convocatoria a la marcha de la MUS
Miércoles 5 de julio de 2017, por *
Durante
el mediodía de ayer, un gran número de trabajadores estatales copó las
calles de la ciudad en reclamo por el pago de haberes, de la primera
cuota del sueldo anual complementario y de la reapertura de paritarias.
Reafirmando los pedidos que no son escuchados por el gobierno de Alicia
Kirchner, los gremios que integran la Mesa de Unidad Sindical se
movilizaron ayer en Río Gallegos. Llegaron a Casa de Gobierno, donde
jubilados y docentes sostienen su acampe.Allí, hubo oratorias y cánticos contra un Gobierno que se muestra alejado de la gente, la clase trabajadora y todo aquel que piense distinto, como si así solucionara alguno de los incontables conflictos que se siguen sucediendo.
No hay caso. Por más que los conflictos se extiendan en el tiempo, la Gobernadora está decidida a no atender a los sectores en conflicto y eso motivó que ayer se realice una jornada de paro y movilización en Santa Cruz.
Frente al Palacio Gubernamental un total aproximado a las 4 mil personas realizaron un acto con oradores de los distintos sectores, quienes más allá de los temas de cada gremio en particular, abordaron temas comunes donde criticaron fuertemente a la gobernadora Alicia Kirchner por lo que consideraron un “desgobierno” y una “falta total de sensibilidad social y política” de la gobernadora al sostener el pago de los salarios atrasados, en cuotas, no fijar fecha para los aguinaldos, retrasar la jubilaciones y no dar respuestas a los sectores que reclaman a pesar de tener hace 80 días la carpa de los jubilados en la Caja de Previsión Social y en casa de gobierno, al igual que 3 meses de paro docente y carpa en la vereda de Gobierno, o por casi tres meses una carpa de Judiciales frente al Tribunal Superior de Justicia.
Los docentes, por su parte, tuvieron palabras muy fuertes y contundentes para con la Gobernadora, toda vez que se niega a tratar el tema salarial en paritarias y fundamentalmente porque ahora que Nación le gira los fondos para pagar sueldos, ha realizado lo que el secretario General de la ADOSAC Pedro Cormack lo catalogó de “descuentos brutales e injustos”, a los operados en los salarios docentes, habiendo quitado hasta el 50% en algunos casos, sin ningún tipo de explicación, de manera arbitraria, practicándolo “de oficio” sobre docentes que se encontraban de licencia por maternidad e inclusive en sueldos de docentes que no habían hecho paro.
Pese a que en la jornada del lunes, el gobierno provincial había anunciado el pago de haberes para gran parte de la masa de trabajadores estatales pasivos y activos de la administración central, APROSA, ADOSAC, ATE, Viales, Judiciales y Jubilados Unidos ratificaron la movilización para este mediodía.
Tal
como estaba previsto, minutos después del mediodía, un gran número de
estatales se apoderó del mástil mayor ubicado en la intersección de
Kirchner y San Martín para luego movilizarse hasta la Cámara de
Diputados y posteriormente a la explanada de las inmediaciones de Casa
de Gobierno.Nahir Castillo, integrante y vocera del colectivo Papás Unidos indicó al móvil de LU12 Radio Río Gallegos su “apoyo a la marcha” sosteniendo que “lo que hacen el gobierno nacional y el provincial es un pisoteo, en un conflicto que en vez de solucionarse, se extiende más”.
“Ahora parece que quieren judicializar la protesta cuando ellos pudieron haberla solucionado en las paritarias y no lo hicieron”, agregó al mismo tiempo que se refirió a la reunión entre los gremios con Bullrich: “Teníamos expectativas con la reunión de ayer pero ahora parece que el 10 de julio tienen otra reunión y el conflicto se sigue extendiendo”.
Por su parte, Olga Reinoso, integrante de la comisión directiva de ATE encomendó: “Los trabajadores no pueden estar viviendo debajo de la línea de la pobreza, no deberíamos estar resistiendo, deberíamos estar viviendo dignamente”.
En la Mesa de Unidad Sindical confluyen gremios como ATE, Judiciales, APROSA, Viales, etc, quienes en conjunto están de acuerdo con la iniciativa del sindicato judicial de iniciar las acciones para el pedido de juicio político a la gobernadora.
Fuente: www.eldiarionuevodia.com.ar; www.laopinionasutral.com.ar; www.opisantacruz.com.ar
Criminalización de la protesta social
La CTA Autónoma y más de 50 gremios repudiarán la avanzada macrista contra la justicia laboral
Miércoles 5 de julio de 2017, por *
Mientras
el Gobierno insiste con el discurso de las “mafias”, un amplio arco de
gremios y organizaciones repudiará la avanzada del Gobierno sobre la
justicia laboral. La señalan como el preludio de la flexibilizacion.
La CTA Autónoma, junto a ATE, CLATE, AAPM, más de 50 organizaciones
sindicales y diversas asociaciones de abogados realizarán esta tarde -a
las 18.00 en el Hotel Bauen- un acto en contra de la avanzada del
Gobierno contra los derechos laborales y que tiene como prólogo la
denuncia de la existencia de una “industria del juicio” y “mafias” de
abogados que defienden a los trabajadores, como afirmó el presidente
Mauricio Macri.El acto, cuya convocatoria obedece a la Asociación de Abogados Laboralistas (AAL), se realizará este miércoles para “resistir esta feroz ofensiva que, con la excusa de atacar a los abogados, en verdad pretende atacar los derechos de los trabajadores”, según afirmó Matías Cremonte, Presidente de AAL.
“No hay industria del juicio. Hay industria del incumplimiento. Macri no ataca a los abogados ni a los jueces, ataca a los trabajadores y pretende generar el clima propicio para instalar una reforma laboral profunda”, aseguró Cremonte.
En el acto de hoy se anunciarán nuevas medidas de acción en rechazo de la política gubernamental de ataque a la Justicia Nacional del Trabajo y a los derechos de los trabajadores, entre ellas, presentaciones contra el Gobierno ante los órganos de la ONU y la OEA.
Chaco: Puja redistributiva
La Unión Judicial convocó a un paro de 48 horas para este jueves y viernes
Miércoles 5 de julio de 2017, por *
La
Unión de Trabajadores Judiciales de Chaco (UTJCH-CTA) decidió realizar
un paro general de actividades, sin asistencia a los lugares de trabajo,
por 48 horas, en todo el ámbito provincial del sector, los días jueves 6
y viernes 7 de julio.
El viernes pasado en Sáenz Peña, la Unión de Trabajadores Judiciales de
Chaco realizó su Asamblea General Extraordinaria. Allí Walter Bernard,
Secretario General del gremio, informó acerca de las reuniones llevadas a
cabo el miércoles pasado con la Directora de Administración del Poder
Judicial y luego con el ministro de Hacienda y Finanzas de la Provincia,
Cristian Ocampo, quien frente a representantes de los tres gremios
judiciales oficializó la propuesta salarial del Gobierno provincial para
el sector.Mediante un comunicado, el gremio informó que la Asamblea consideró insuficiente la propuesta, "ya que ni siquiera alcanza a lo que mínimamente se había comprometido el Ejecutivo en cuanto a seguir los incrementos salariales que se otorga a sí misma la Corte Suprema de Justicia y los poderes judiciales de todo el país, que a la fecha aumentaron un veintiún por ciento sus ingresos".
"En el debate se ratificaron los reclamos que datan de varios años, en cuanto a la equiparación salarial y en cuanto a la pauta salarial definida por el Gobierno del Chaco, se rechazan los incrementos en negro y se solicita que se respete la carrera judicial, incorporando las sumas no remunerativas a los adicionales particulares del sector", continuó el texto.
"En la Asamblea se votaron dos mociones propuestas por los afiliados decidiendo por mayoría convocar a un paro general de actividades, sin asistencia a los lugares de trabajo, por 48 horas, en todo el ámbito provincial del sector, para los días jueves 6 y viernes 7 de julio. Además, se pasó la Asamblea a cuarto intermedio para el viernes 7 de julio a partir de las 18.00, en la sede gremial de Marcelo T. de Alvear Nº 1020", concluye el comunicado.
Fuente: www.diariochaco.com
“Paro nacional en julio”
Mientras la CGT debate qué protesta activar, el
líder de la CTA Autónoma, Pablo Micheli, anunció que le propondrá a la
CGT realizar una medida de fuerza contra el Gobierno. “No puede pasar de
la última semana de julio”, afirmó.
El secretario general de la CTA Autónoma, Pablo Micheli, le
propondrá a la CGT la realización de un “paro nacional” contra el
gobierno de Mauricio Macri que “no puede pasar de la última semana de
julio”.
Micheli confirmó en declaraciones a DyN que este miércoles a las 15, en el marco de un acto organizado por la Asociación de Abogados Laboralistas en el Hotel Bauen, “vamos a hablar los representantes de las dos CTA y la CGT para ver cuándo le ponemos fecha a una acción concreta, que puede ser un paro nacional”.
Los motivos de la medida de fuerza serían “lo que está ocurriendo con los sindicatos, la política anti trabajador que está llevando Macri”, además del “nivel del salario” y “los despidos”.
El dirigente sindical precisó que en el encuentro participarán también “varias organizaciones de derechos humanos y sociales”, que junto a las centrales obreras definirán “la presentación que vamos a hacer el 13 de julio ante la OIT, denunciando al Gobierno por el ataque a la justicia laboral”.
Con respecto a posible fecha para la protesta, Micheli aclaró que buscarán que sea “lo más lejos de las elecciones posible” para que “nadie lo aproveche como una cuestión de campaña”.
Micheli confirmó en declaraciones a DyN que este miércoles a las 15, en el marco de un acto organizado por la Asociación de Abogados Laboralistas en el Hotel Bauen, “vamos a hablar los representantes de las dos CTA y la CGT para ver cuándo le ponemos fecha a una acción concreta, que puede ser un paro nacional”.
Los motivos de la medida de fuerza serían “lo que está ocurriendo con los sindicatos, la política anti trabajador que está llevando Macri”, además del “nivel del salario” y “los despidos”.
El dirigente sindical precisó que en el encuentro participarán también “varias organizaciones de derechos humanos y sociales”, que junto a las centrales obreras definirán “la presentación que vamos a hacer el 13 de julio ante la OIT, denunciando al Gobierno por el ataque a la justicia laboral”.
Con respecto a posible fecha para la protesta, Micheli aclaró que buscarán que sea “lo más lejos de las elecciones posible” para que “nadie lo aproveche como una cuestión de campaña”.
Miércoles 05 de julio de 2017 | 11:40hs
Trabajadores del subte liberaron molinetes en reclamo de paritarias
La medida busca visibilizar el reclamo salarial y se realiza de 7 a 9 y de 17 a 19 en las estaciones cabeceras. La empresa amenaza con sanciones.
En su primer tramo, la medida se desarrollará hasta las 9 en las terminales San Pedrito (Línea A), Juan Manuel de Rosas (Línea B), Constitución (Línea C), Congreso de Tucumán (Línea D), Plaza de los Virreyes (Línea E) y Las Heras (Línea H).
El dirigente de los metrodelegados Claudio Dellacarbonara afirmó que la paritaria "está vencida desde hace más de 127 días, y sin embargo no nos convocan a una mesa de diálogo, mientras nuestro salario se sigue deteriorando por la inflación y los tarifazos".
Asimismo, en un comunicado difundido por su gremio, advirtió que, de no tener respuestas, los trabajadores “endurecerán el plan de lucha la semana que viene, con medidas que afectarán el servicio”.
“Si además tenemos en cuenta que todos los días se conocen cierres de empresas y despidos masivos, como en Pepsico, tenemos que decir que es más necesario que nunca un plan de lucha nacional para continuar con el paro general del 6 de abril, pero la CGT y la CTA han decidido volver a la tregua”, remarcó.
Ante el anuncio de medidas de fuerza por parte de la AGTSyP, Metrovías manifestó en un comunicado que "todos los empleados del Subte perciben desde enero de 2017 una suma no remunerativa a cuenta de la negociación paritaria" y que "en los meses de mayo y junio dicha suma, que era del 10 % de los salarios, se elevó al 15 %, y además con los haberes del mes de junio se abonó un monto extra equivalente al medio aguinaldo".
"La negociación salarial se encuentra en curso en el ámbito de la subsecretaría de Trabajo porteña, en la cual la empresa participó y seguirá participando de todas las audiencias correspondientes a este proceso", agrega el texto.
La compañía concesionaria del servicio de subte porteño sostuvo que "ante el anuncio de esta medida de carácter ilegal, en cuyo marco se suelen vandalizar dispositivos, ocupar instalaciones, y abrir puertas de emergencia para facilitar la evasión, Metrovias ha realizado la denuncia correspondiente ante las autoridades laborales para su inmediata intervención y aplicará las sanciones correspondientes".
Los trabajadores del subte repetirán la acción gremial durante la tarde, entre las 17 y las 19, en las estaciones Plaza de Mayo (Línea A), Leandro N. Alem (Línea B), Retiro (Línea C), Congreso de Tucumán (Línea D), Bolívar (Línea E) y Las Heras (Línea H).
URUGUAY
Familiares de desaparecidos condenaron las declaraciones del comandante en jefe del Ejército
La organización Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos
Desaparecidos emitió un comunicado en el que condena las declaraciones
del comandante en jefe del Ejército, Guido Manini Ríos, quien dijo que a
los inundados “les importa un comino lo que pasó hace 44 años”, en
referencia al golpe de Estado de 1973. El comunicado dice que las
declaraciones son parte de un “discurso peligroso y engañoso” y afirma
que con esta prédica se “continúa avalando [...] el golpe de Estado”,
tal como lo han hecho “sucesivos comandantes desde el año 85, sin
consecuencia alguna”.
“La falta de justicia, los años de impunidad de los crímenes cometidos por los civiles y militares golpistas, explican en parte este discurso agresivo”, dice el texto, y agrega que las Fuerzas Armadas “siguen siendo cómplices hoy, bajo la conducción de Manini Ríos”, de los delitos cometidos por la dictadura. Por último, la organización considera que es “realmente grave” que las declaraciones de Manini Ríos no hayan tenido una respuesta del sistema político, y reclama a los poderes del Estado y, en particular, al presidente Tabaré Vázquez que asuman “su responsabilidad” y no miren “para otro lado” a la hora de “tomar medidas” para que desde las filas militares “no se atente contra los valores democráticos”.
“La falta de justicia, los años de impunidad de los crímenes cometidos por los civiles y militares golpistas, explican en parte este discurso agresivo”, dice el texto, y agrega que las Fuerzas Armadas “siguen siendo cómplices hoy, bajo la conducción de Manini Ríos”, de los delitos cometidos por la dictadura. Por último, la organización considera que es “realmente grave” que las declaraciones de Manini Ríos no hayan tenido una respuesta del sistema político, y reclama a los poderes del Estado y, en particular, al presidente Tabaré Vázquez que asuman “su responsabilidad” y no miren “para otro lado” a la hora de “tomar medidas” para que desde las filas militares “no se atente contra los valores democráticos”.
Hay 17 candidatos a dirigir la Institución Nacional de Derechos Humanos, presentados por organizaciones y legisladores
El 1º de agosto, la Asamblea General designará a los nuevos
integrantes del Consejo Directivo de la Institución Nacional de Derechos
Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH). Hasta esa fecha, la comisión
especial del Parlamento que estudia las postulaciones trabajará contra
reloj para estudiar el perfil de los candidatos y hacer las
negociaciones políticas que permitan obtener dos tercios de votos en la
Asamblea General.
El viernes se cerró la convocatoria a postulaciones, a la que se presentaron 17 candidatos (ver tabla). Ayer se distribuyó a los legisladores que integran la comisión especial los currículums de cada uno de ellos, y un listado de las organizaciones que los postularon y de los legisladores que firmaron para acompañar las candidaturas. La lista incluye nombres que ya se habían anunciado, como el de la jueza Mariana Mota, que fue propuesta inicialmente por Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos y obtuvo un amplio respaldo de organizaciones de defensa de los derechos humanos, del PIT-CNT y de organizaciones feministas. En un perfil similar al de Mota, vinculado a la defensa de los derechos humanos en relación con el pasado reciente, se ubican las candidaturas de la documentalista y ex directora de Televisión Nacional del Uruguay Virginia Martínez, propuesta por el PIT-CNT y la Fundación Mario Benedetti; del docente e investigador Óscar Destouet, propuesto, entre otras organizaciones, por la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU); y de la doctora y ex presa política Ivonne Klingler, presentada por Crysol.
Marina Morelli, abogada especializada en derechos de las mujeres, fue propuesta por organizaciones feministas y de derechos humanos, y también por la Red pro Cuidados y el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (Cainfo). Romero Rodríguez, propuesto por Mundo Afro, se desempeñó durante el período de gobierno pasado como embajador itinerante. La abogada María Josefina Plá fue propuesta por Gurises Unidos y el Centro Latinoamericano de Economía Humana (Claeh). Gurises Unidos también propuso la candidatura de Alejandro Bonasso, ex director del Instituto Nacional del Menor (ahora Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay).
Otras candidaturas tienen un perfil amplio de defensa de los derechos humanos, como la del abogado Wilder Tayler, propuesto por el Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (Ielsur), el Servicio Paz y Justicia (Serpaj) y Cainfo. Tayler fue miembro del Subcomité de Prevención de la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas y director Legal y de Políticas Institucionales de Human Rights Watch, entre otros cargos.
Por partidos
Algunos legisladores de partidos de la oposición y el senador del Frente Amplio (FA) Rafael Michelini también presentaron sus candidatos. Por ejemplo, los diputados nacionalistas Gustavo Penadés, Gloria Rodríguez y Alejo Umpiérrez presentaron la candidatura de Mariana Blengio, abogada, docente universitaria y ex coordinadora de la cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la Universidad de la República. El senador nacionalista Álvaro Delgado presentó a Juan Martín Posadas, abogado y ex senador del Partido Nacional (PN). Posadas fue también respaldado por el Movimiento de Educación Popular Integral y Promoción Social Fe y Alegría, perteneciente a una organización jesuita internacional que en Uruguay gestiona una red de centros educativos.
La diputada colorada Cecilia Eguiluz presentó la candidatura del ex diputado colorado Gustavo Espinosa, también apoyado por la organización Stop Abuso Uruguay, que sostiene defender los derechos de los niños y denuncia la existencia de un “síndrome de alienación parental”, según el cual las madres predisponen a sus hijos en contra de sus padres.
El maestro Sebastián Camacho, actual director de la escuela 327, del barrio Casabó, logró apoyo para su postulación a partir de reuniones que solicitó con legisladores del Partido Colorado (PC) y del FA, a los que les presentó las tareas que está desarrollando en la escuela. Firmaron por su candidatura los diputados colorados Conrado Rodríguez y Tabaré Viera, y el senador frenteamplista Rafael Michelini. Rodríguez explicó a la diaria que acompañó la candidatura de Camacho en virtud de su “experiencia en temas sociales y de derechos humanos” a partir de su trabajo en zonas de “contexto social crítico”, y aclaró que no es una propuesta del PC. Michelini dijo a este medio que firmó por la candidatura porque considera que todas las personas que así lo deseen deberían ser habilitadas a postularse.
Michelini también apoyó las candidaturas de Marcos Israel –ex presidente del Comité Central Israelita del Uruguay, quien contó con el apoyo de esa organización para postularse a la INDDHH– y de Patricia Peralta, ex directora del Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados, quien también fue respaldada por el Centro de Participación para la Integración y el Desarrollo, una asociación civil que trabaja por los derechos de los niños y los adolescentes. En el caso de Israel, Michelini consideró que “ha trabajado en temas de derechos humanos” y que es positivo que haya “un aporte de alguien vinculado a situaciones de discriminación, y los judíos en eso son muy buenos, y también en todo el tema de la memoria”. En cuanto a Peralta, Michelini resaltó que tiene “una preparación muy buena sobre derecho de los reclusos”.
La comisión especial se reunirá el viernes para definir un cronograma de trabajo, explicó a la diaria la senadora frenteamplista Daniela Payssé. En la elección anterior se presentaron 32 candidaturas y se hizo una preselección, pero en esta instancia, al proponerse 17 candidaturas, Payssé estimó que se podrá entrevistar a todos los candidatos a mediados de julio. De todos modos, la comisión hará una consulta previa a la Corte Electoral para cerciorarse de que los candidatos no tengan suspendidos sus derechos cívicos, y también habrá una comunicación a la Oficina Nacional de Servicio Civil, ya que es incompatible ser funcionario público e integrar el Consejo Directivo de la INDDHH.
La senadora aclaró que todavía no conversó con la bancada frenteamplista acerca de los criterios para la selección de los candidatos, pero personalmente consideró necesario mantener el equilibrio de género, que los candidatos tengan perfiles complementarios y que haya renovación en la institución. Dos de los actuales integrantes de la INDDHH, Juan Raúl Ferreira y Juan Faroppa, se postulan a la reelección, apoyados por Crysol, en el primer caso, y por la Asociación de familiares y amigos de migrantes Idas y Vueltas y la Red de Amigos de Luis Pérez Aguirre, en el segundo.
El viernes se cerró la convocatoria a postulaciones, a la que se presentaron 17 candidatos (ver tabla). Ayer se distribuyó a los legisladores que integran la comisión especial los currículums de cada uno de ellos, y un listado de las organizaciones que los postularon y de los legisladores que firmaron para acompañar las candidaturas. La lista incluye nombres que ya se habían anunciado, como el de la jueza Mariana Mota, que fue propuesta inicialmente por Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos y obtuvo un amplio respaldo de organizaciones de defensa de los derechos humanos, del PIT-CNT y de organizaciones feministas. En un perfil similar al de Mota, vinculado a la defensa de los derechos humanos en relación con el pasado reciente, se ubican las candidaturas de la documentalista y ex directora de Televisión Nacional del Uruguay Virginia Martínez, propuesta por el PIT-CNT y la Fundación Mario Benedetti; del docente e investigador Óscar Destouet, propuesto, entre otras organizaciones, por la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU); y de la doctora y ex presa política Ivonne Klingler, presentada por Crysol.
Marina Morelli, abogada especializada en derechos de las mujeres, fue propuesta por organizaciones feministas y de derechos humanos, y también por la Red pro Cuidados y el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (Cainfo). Romero Rodríguez, propuesto por Mundo Afro, se desempeñó durante el período de gobierno pasado como embajador itinerante. La abogada María Josefina Plá fue propuesta por Gurises Unidos y el Centro Latinoamericano de Economía Humana (Claeh). Gurises Unidos también propuso la candidatura de Alejandro Bonasso, ex director del Instituto Nacional del Menor (ahora Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay).
Otras candidaturas tienen un perfil amplio de defensa de los derechos humanos, como la del abogado Wilder Tayler, propuesto por el Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (Ielsur), el Servicio Paz y Justicia (Serpaj) y Cainfo. Tayler fue miembro del Subcomité de Prevención de la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas y director Legal y de Políticas Institucionales de Human Rights Watch, entre otros cargos.
Por partidos
Algunos legisladores de partidos de la oposición y el senador del Frente Amplio (FA) Rafael Michelini también presentaron sus candidatos. Por ejemplo, los diputados nacionalistas Gustavo Penadés, Gloria Rodríguez y Alejo Umpiérrez presentaron la candidatura de Mariana Blengio, abogada, docente universitaria y ex coordinadora de la cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la Universidad de la República. El senador nacionalista Álvaro Delgado presentó a Juan Martín Posadas, abogado y ex senador del Partido Nacional (PN). Posadas fue también respaldado por el Movimiento de Educación Popular Integral y Promoción Social Fe y Alegría, perteneciente a una organización jesuita internacional que en Uruguay gestiona una red de centros educativos.
La diputada colorada Cecilia Eguiluz presentó la candidatura del ex diputado colorado Gustavo Espinosa, también apoyado por la organización Stop Abuso Uruguay, que sostiene defender los derechos de los niños y denuncia la existencia de un “síndrome de alienación parental”, según el cual las madres predisponen a sus hijos en contra de sus padres.
El maestro Sebastián Camacho, actual director de la escuela 327, del barrio Casabó, logró apoyo para su postulación a partir de reuniones que solicitó con legisladores del Partido Colorado (PC) y del FA, a los que les presentó las tareas que está desarrollando en la escuela. Firmaron por su candidatura los diputados colorados Conrado Rodríguez y Tabaré Viera, y el senador frenteamplista Rafael Michelini. Rodríguez explicó a la diaria que acompañó la candidatura de Camacho en virtud de su “experiencia en temas sociales y de derechos humanos” a partir de su trabajo en zonas de “contexto social crítico”, y aclaró que no es una propuesta del PC. Michelini dijo a este medio que firmó por la candidatura porque considera que todas las personas que así lo deseen deberían ser habilitadas a postularse.
Michelini también apoyó las candidaturas de Marcos Israel –ex presidente del Comité Central Israelita del Uruguay, quien contó con el apoyo de esa organización para postularse a la INDDHH– y de Patricia Peralta, ex directora del Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados, quien también fue respaldada por el Centro de Participación para la Integración y el Desarrollo, una asociación civil que trabaja por los derechos de los niños y los adolescentes. En el caso de Israel, Michelini consideró que “ha trabajado en temas de derechos humanos” y que es positivo que haya “un aporte de alguien vinculado a situaciones de discriminación, y los judíos en eso son muy buenos, y también en todo el tema de la memoria”. En cuanto a Peralta, Michelini resaltó que tiene “una preparación muy buena sobre derecho de los reclusos”.
La comisión especial se reunirá el viernes para definir un cronograma de trabajo, explicó a la diaria la senadora frenteamplista Daniela Payssé. En la elección anterior se presentaron 32 candidaturas y se hizo una preselección, pero en esta instancia, al proponerse 17 candidaturas, Payssé estimó que se podrá entrevistar a todos los candidatos a mediados de julio. De todos modos, la comisión hará una consulta previa a la Corte Electoral para cerciorarse de que los candidatos no tengan suspendidos sus derechos cívicos, y también habrá una comunicación a la Oficina Nacional de Servicio Civil, ya que es incompatible ser funcionario público e integrar el Consejo Directivo de la INDDHH.
La senadora aclaró que todavía no conversó con la bancada frenteamplista acerca de los criterios para la selección de los candidatos, pero personalmente consideró necesario mantener el equilibrio de género, que los candidatos tengan perfiles complementarios y que haya renovación en la institución. Dos de los actuales integrantes de la INDDHH, Juan Raúl Ferreira y Juan Faroppa, se postulan a la reelección, apoyados por Crysol, en el primer caso, y por la Asociación de familiares y amigos de migrantes Idas y Vueltas y la Red de Amigos de Luis Pérez Aguirre, en el segundo.
