Investigación revela injerencia de EEUU en proyecto golpista contra Venezuela // Colombia: El pais que es punta de lanza de la agresion contra Venezuela // Estado español: Conversación con Arnaldo Otegi “Defendemos una estrategia constituyente que tenga su ‘epicentro’ en nuestra sociedad” // Honduras: Indígenas de La Paz, sin acceso a tierra ni justicia // Uruguay: No es posible establecer qué porcentaje de la tierra uruguaya está en manos de extranjeros.

Investigación revela injerencia de EEUU en proyecto golpista contra Venezuela

10 julio 2017 | CUBADEBATE

“El golpe de Estado en progreso en Venezuela fue trabajado en laboratorios de guerra de Estados Unidos por especialistas en actividades desestabilizadoras”, afirmó este lunes el periodista José Vicente Rangel.

En su artículo El blanco, los blancos, publicado en su columna en el diario Ultimas Noticias, Rangel reveló que una investigación confirmó la injerencia foránea en la crisis política de la nación sudamericana, donde en cien días de protesta opositora han muerto más de 90 personas y otros miles resultaron heridos.

Aseveró que existe una macrocoperación nacional e internacional para eliminar el proceso bolivariano y así instaurar un régimen que satisfaga las ansias de las trasnacionales y la derecha de apoderarse de los preciados recursos de Venezuela.

Como parte de esa conspiración, el analista mencionó a la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática, a grupos de ultraderecha en sus variadas expresiones, a la cúpula de la Iglesia Católica y al empresariado ubicado en Fedecámaras.

Rangel incluyó en el complot a la coalición que opera a nivel internacional a través del poder mediático y al gobierno estadounidense con su ayuda y apoyo decisivos al caos en las calles venezolanas.

Asimismo ratificó que uno de los objetivos de la conjura es el derrocamiento del presidente Nicolás Maduro, a quien la derecha no le perdona su origen humilde y su competencia para asumir responsabilidades.

El experto destacó en ese sentido que la capacidad de resistencia demostrada por el mandatario ante cuatro años de permanente guerra política, sin duda, ha desatado odios y deseos de venganza.

Otro de los blancos de la violencia de la derecha, agregó, es la Fuerza Armada Nacional Bolivariana(FANB), que en más de 17 años de Revolución bolivariana dejó de ser un instrumento al servicio de poderosos intereses económicos, de la segregación, de la injusticia social y de la represión contra el pueblo, precisó.

“La FANB dejó de ser una institución tutelada por el imperio norteamericano e inspirada en los manuales de formación de oficiales represores de la Escuela de las Américas”, argumentó el experto.

Por consiguiente, añadió, “en el formato golpista (…) lo que se quiere es defenestrar, al costo que sea, al presidente Maduro y acabar con la Fanb, sostén primordial de la institucionalidad democrática, del Estado de Derecho, de la soberanía nacional y de las conquistas sociales del proceso bolivariano”, sentenció.

(Con información de Prensa Latina)

El pais que es punta de lanza de la agresion contra Venezuela

por Renán Vega Cantor - LA HAINE - 07/07/2017

El país del que les habló es Colombia, cuyo presidente ha sido galardonado con el "Nobel de la paz", que en verdad debería leerse como el Nobel de la muerte

"Hay que invadir militarmente a Colombia para apoderarse de las riquezas de Venezuela".

Paul Coverdale, Senador de los EEUU y ponente del Plan Colombia, 1999.

Estimados compañeros y compañeras de Buenos Aires:

Les escribo desde un país que exhibe los peores indicadores de terrorismo de Estado y de violación de los derechos humanos en Sudamérica. En ese país en donde se han asesinado a 3000 dirigentes sindicales en los últimos 30 años (un promedio de cien por año), y apenas hace cuatro días fue asesinado Mauricio Fernando Vélez, vicepresidente del sindicato de trabajadores de la Universidad del Valle.
En ese país han sido asesinados unos doscientos dirigentes sociales y populares en los últimos dos años, como es el caso del líder de la población afrodescendiente Bernardo Cuero, asesinado el 7 de junio.
En ese país está en marcha un feminicidio abierto contra las mujeres pobres y trabajadores, 400 de las cuales han sido asesinadas en el primer semestre del 2017, como expresión del machismo clerical que aquí impera. Uno de esos casos se presentó en diciembre de 2016, cuando un individuo perteneciente a las clases dominantes, de nombre Rafael Uribe Noguera, un "hombre de bien", como dicen los medios de desinformación, quien con sevicia secuestró, violó, torturó y asesinó a la niña Yuliana Samboni, hija de una familia de desplazados de una comunidad indígena del Cauca.
En ese país, según denunciaba Amnistía Internacional a finales de abril de 2017, se presenta una "ola de asesinatos de indígenas". El 19 de abril fue asesinado Gerson Acosta, gobernador del Resguardo Kite Kiwe, en el municipio de Timbio, Cauca, a pesar de contar con medidas de protección del Estado.
En ese país fueron asesinados más de 500 defensores de Derechos Humanos en los últimos 10 años, 80 de ellos en el 2016. En promedio cada cuatro días es asesinado un defensor de derechos humanos.
En ese país fueron asesinados 107 ambientalistas en el 2016, algo que no resulta sorprendente si tenemos en cuenta que este mismo país es uno de los más biodiversos del planeta, y sus variadas riquezas naturales están en la mira de grandes empresas transnacionales, que suelen financiar a sicarios y asesinos paramilitares.
En ese país se presenta la mayor cantidad de desplazados internos de todo el mundo, puesto que según informaciones del Consejo Mundial para Refugiados, hasta diciembre de 2016 se habían expulsado a 7,2 millones de personas de sus tierras y lugares de residencia, superando a países como Irak, Siria, Sudan o Libia.
En ese país han sido asesinados ya cuatro miembros de una insurgencia desmovilizada, apenas habían salido de la cárcel (recordemos que el actual presidente de ese país continuamente anunciaba el dilema de "La cárcel o la muerte", pero ahora parce haberse actualizado el eslogan con el dicho de Primero la cárcel y luego la muerte), además han sido asesinado ocho familiares de ex guerrilleros, como parte de una campaña de exterminio en marcha. El primer insurgente asesinado fue Luis Alberto Ortiz Cabezas, en Tumaco, el día donde fue vilmente ultimado en abril de 2017, solo quince días después de haber salido de la cárcel.
En ese país, el 10% de la población más rica gana cuatro veces más que el 40% más pobre.
En ese país, según el Índice de Theil (que mide la distribución de la renta, o la desigual distribución de la riqueza), pasó de 0,807 en 2000, a 0,831, en 2013. Tan desigual es este país que el afamado economista Thomas Piketti dejando de lado la diplomacia que caracteriza a cierto tipo de académicos cuando hablan del lugar al que son invitados, sostuvo a comienzos de 2016 que "este país es uno de los más desiguales del mundo".
En ese país, según una Comisión de Expertos en tributación nombrada por el propio gobierno, sus verdaderos dueños, los grandes supermillonarios, evaden anualmente unos 30 billones de pesos, mediante exenciones o deducciones.
En ese país, la corrupción del sector público y privado alcanza tal magnitud que en un solo negociado, el de la Refinería de Cartagena, los sobrecostos de su modernización alcanzaron la cifra de 4 mil millones de dólares, una cifra que corresponde a algo así como a 1,5 veces el costo de ampliar el canal de Panamá, una de las obras de infraestructura más costosas de América Latina.
En ese país, donde se presume mucho de practicar la libertad de prensa, cinco grandes grupos económicos son propietarios de los principales medios de comunicación (radio, televisión y prensa escrita).
El país del que les habló es COLOMBIA, cuyo presidente ha sido galardonado el año anterior con el "NOBEL DE LA PAZ", lo cual en verdad debería leerse como el NOBEL DE LA MUERTE, lo cual no es raro que ocurra por los nefastos antecedentes de ciertos personajes que han recibió tal premio (Barack Obama, Henry Kissinger, Simon Perez, entre otros notables criminales de guerra).
Pero nada de lo anteriormente mencionado es noticia para los grandes conglomerados mediáticos, ni tampoco parece preocupar a cierta intelectualidad biempensante que ha retomado, para referirse al caso venezolano, la teoría de los dos demonios a la hora de intentar explicar la violencia que allí se ha desatado en las últimas semanas.
Es bueno preguntarse, por qué razones ese país, Colombia, no aparece nunca mencionado como el paraíso de la desigualdad, la antidemocracia y la injusticia en el continente y por qué razones no existe una solidaridad con el sufrido pueblo colombiano por parte de intelectuales y vedettes académicos -algunos de los cuales desde Europa y otros lares nos suelen visitar con relativa frecuencia-. Lo llamativo es que muchos de esos mismos intelectuales -y usamos un término completamente desprestigiado, porque como decía Eduardo Galeano esa noción separa el corazón de la razón, o el pensamiento del sentir- se pronuncien con tanta beligerancia contra el gobierno Venezolano, pero nunca nombren al régimen criminal y al terrorismo de Estado imperante en Colombia.
Y existe un hecho adicional que hace más preocupante el silencio sobre lo que sucede en Colombia -en donde el terrorismo de Estado no ha dejado de operar, a pesar del discurso sobre la paz- y es que precisamente este es uno de los países que se han convertido en punta de lanza de esa doble tenaza que amenaza a la revolución bolivariana: la intervención imperialista de los EEUU y la subversión interna de los golpistas abiertos y disfrazados.
En efecto, hasta un ciego puede ver el papel activo del bloque de poder contrainsurgente que domina a Colombia (formado por su Estado y sus clases dominantes) en el saboteo que soporta Venezuela, y un papel relevante en diversos planos: político, económico, mediático y militar. Económico, por los procesos de contrabando, que desangran a la economía venezolana y que hacen llegar productos a muy bajo costo al territorio colombiano (principalmente petróleo), que enriquece a diversos grupos, entre ellos paramilitares. Político, porque es clara la abierta intervención del Estado colombiano, empezando por el actual gobierno, en los asuntos internos de Venezuela, con su apoyo a la mal llamada "oposición", y respaldando a la desprestigiada OEA. Esa intervención política se ha renovado recientemente con la reunión entre Juan Manuel Santos y Donald Trump, donde con cinismo se anunció que "seguiremos trabajando sobre situación de Venezuela", que quiere decir "seguiremos interviniendo y saboteando al gobierno legítimo del vecino país". En el caso de Juan Manuel Santos, su intervencionismo es más vergonzoso, si tenemos en cuenta la contribución de Venezuela al desarrollo de los diálogos con las FARC.
Mediático, porque la prensa colombiana, controlada por los dueños de este país, libra desde siempre una campaña de calumnia, mentira y desprestigio contra el proceso venezolano, como parte de una matriz mediática orquestada desde el corazón del imperio, donde los medios colombianos cumplen un papel central. Leer un diario de este país, escuchar una emisora de radio o ver un canal de televisión cuando se refieren a Venezuela es asistir a un coctel repleto de todo tipo de infundios, que llegan a planos de un realismo mágico invertido, que de no ser por el objetivo criminal que persiguen solo causarían risa. ¿De cuándo acá medios de desinformación como RCN, Caracol, El Espectador, El Tiempo o la Revista Semana se preocupan por los niños que sufren hambre y desnutrición en Venezuela, como si en Colombia no estuvieran muriendo de inanición niños indígenas en la Guajira y negros en el Choco?
Militar, porque desde hace años hay grupos paramilitares de origen colombiano operando en territorio venezolano, con un claro y abierto respaldo de los jefes paramilitares (conocidos políticos) que actúan impunemente desde Colombia, donde además se refugian una gran parte de golpistas (Carmona el "breve", golpista del 2002 recibió asilo político en este país) y de criminales, incluyendo los de "cuello blanco", que han delinquido en Venezuela, pero que aquí son presentados como "perseguidos políticos".
Tan abierta y beligerante es el papel que cumplen el bloque de poder contrainsurgente en Colombia como punta de lanza de la agresión contra Venezuela, que acá un tema de discusión permanente está referido a lo que en forma vulgar se ha denominado como castro-chavismo, hasta el punto que cualquier reflexión crítica -y aquí no abundan, puesto que la intelectualidad es igualmente funcional a ese paradigma contrainsurgente que odia a los venezolanos pobres y mulatos y admira a los millonarios y oligarcas- es inmediatamente descalificada y rechazada.
¡Por algo, debido al papel de quinta columnas del imperialismo estadounidense que han desempeñado las clases dominantes de Colombia y sus intelectuales orgánicos, a nuestro país se le conoce en el mundo como el Caín de América Latina o el Israel de Sudamérica! Esa postura del régimen santista y de los círculos dominantes en la política colombiana y en sus medios de desinformación, nos avergüenza como latinoamericanos, máxime cuando conocemos algo de la historia trágica de nuestro continente y cuando vemos que hoy se vuelve a poner en marcha el guion golpista y contra-revolucionario que en anteriores ocasiones ha funcionado en países como Guatemala (1954), República Dominicana (1963-1965), Chile (1973), Nicaragua (1990), cuyo costo ha sido sangriento para millones de habitantes pobres de esos países.
Hoy es evidente lo que está en juego y lo que interesa a los intervencionistas y a sus socios internos, en Colombia, Venezuela y más allá: eliminar un proyecto que, con todas sus limitaciones y contradicciones, se ha atrevido a tocar intereses estratégicos. Lo que hoy se llaman Derechos Humanos, Democracia, Libertad... por parte de los EEUU, la OEA, los gobiernos abyectos de Colombia, México, Argentina, Brasil..., así como de la mal llamada "oposición venezolana" son simplemente eufemismos para no nombrar en forma directa el interés supremo: EL PETROLEO VENEZOLANO. Este es, y dejémonos de volteretas analíticas innecesarias, el verdadero objetivo de lo que quieren derrocar el régimen constitucional en Venezuela, como también lo ha sido en Irak o en Libia, lugares en los que se repitió la misma cantaleta, la cual condujo a la terrible violencia, que en esos lugares ha dejado miles de muertos y el caos generalizado.
Si llegase a imponerse la tal "oposición", responsable principal del desangre que hoy viven los hermanos venezolanos, uno tendría que ser muy ingenuo, iluso e ignorante de los elementos básicos de la historia de nuestro continente, para creer que esto va a representar un avance democrático para Venezuela y el continente. Dejémonos de engaños y mentiras, lo que se va a imponer va a ser una terrible dictadura, así sea de apariencia civil, a la colombiana, cuyo objetivo es el de desmontar los avances sociales que, en medio de dificultades se han alcanzado en el país vecino, pero sobre todo eliminar del escenario político e histórico a los sectores populares, que es el gran logro de Rafael Chávez. De ahí el odio contra el chavismo, por el carácter plebeyo de su composición social, tras el cual alumbra otro tipo de democracia, que va más allá de la democracia liberal, con sus fetiches institucionales que tanto deslumbran a ciertos intelectuales de Europa y a algunos de sus émulos de estas tierras.
Eso es lo que está en juego y por eso en este momento trascendental no podemos andar con medias tintas ni con compromisos abstractos con la democracia liberal o con los Derechos Humanos, como si no hubiera que respetar la decisión de ampliar esa democracia con la participación soberana de la gente, para que le apueste a nuevos caminos que desde dentro ayuden a encontrar salidas a la encrucijada que hoy vive la revolución bolivariana.
Eso solo lo decidirá el propio pueblo venezolano desde las calles y sus sitios de trabajo y organización. Eso es lo que debemos respaldar y por lo mismo rechazar la intromisión violenta y fascista que desde Washington, Bogotá o los barrios ricos de Caracas se realiza a diario, a costa del dolor y la sangre de los venezolanos humildes. Lo que deseamos es una ampliación de la senda popular que se abrió en Venezuela en 1998, con la participación soberana de los sectores plebeyos. Esto es trascendental para el futuro inmediato de los proyectos anticapitalistas en nuestra América, de ahí la importancia de lo que acontece en estos momentos en la tierra de Simón Bolívar y de Hugo Chávez.
Bogotá, junio 25 de 2017
CALPU

Texto completo en: http://www.lahaine.org/el-pais-que-es-punta

FUERTE VIDEO: Opositores en Venezuela queman a dos personas por esquivar una barricada

Publicado: 7 jul 2017 21:15 GMT | Última actualización: 8 jul 2017 04:43 GMT - RT

Dos personas fueron quemadas vivas por opositores mientras intentaban pasar por una "barricada" en el estado Zulia, al occidente de Venezuela. Ya son siete las víctimas de este tipo de hechos.

Ivan Alvarado / Reuters

Dos hombres fueron quemados vivos esta semana en el estado Zulia, al occidente de Venezuela, cuando intentaban esquivar una barricada opositora.
El hecho ocurrió durante el "trancazo" convocado el por la derecha, que consistió en el bloqueo de vías en la ciudad para impedir el libre tránsito, refiere Telesur. El Defensor del Pueblo, Tarek William Saab, ha advertido que este tipo de actividades violentan los derechos de la población y han provocado la muerte de varias víctimas en los últimos tres meses.
Según se observa en el video, un hombre yace en el piso junto a la motocicleta mientras su cuerpo es arropado por las llamas ante la vista de quienes graban el momento. Otro intenta, con dificultad, alejarse del fuego. Nadie los socorre.

Ocho personas han sido quemadas por opositores en casi cien días de protestas en Venezuela

No es la primera vez que suceden este tipo de crímenes. El pasado 18 de mayo, manifestantes opositores apuñalaron y quemaron al joven Carlos Ramírez por señalarlo de "chavista".
Dos días después pasó lo mismo con el joven Orlando Figuera, quien falleció tras un paro cardiopulomonar por las quemaduras en más de 60% de su cuerpo. El 29 de junio, Henry Escalona y Wladimir Peña fueron agredidos de la misma manera.


Honduras

Indígenas de La Paz, sin acceso a tierra ni justicia

Por defensores -

6 julio, 2017

Por: Sandra Rodríguez
San José, La Paz. – “Cuándo la policía ataca no se fija si andamos criando o no”, este, posiblemente sea el relato de cientos de mujeres campesinas e indígenas que luchan por el acceso a tierra y los bienes comunes de la naturaleza, en un país catalogado como el más peligroso para defender el planeta.
Honduras tiene más de ocho millones de habitantes, dos millones son mujeres rurales, que luchan en una sociedad patriarcal, por tener acceso a un predio donde volver autosostenible su alimentación y la de su familia.
El departamento de La Paz, ubicado al centro occidente del país, es habitado en un 90 por ciento por indígenas Lencas, quienes desde el 2010 han incrementado los procesos de recuperación de tierras ociosas; cuando se realizan los desalojos -generalmente- violentos, las mujeres son afectadas de diferentes maneras, pues se quedan sin vivienda, sin alimento y además deben cuidar de sus pequeños hijos e hijas.
Con la lucha por la defensa de sus derechos, es necesario la organización y formación ya sea en una base o empresa campesina, que en el La Paz hay unas 50 aproximadamente.
María Concepción Bardales, desde hace siete años es parte de una empresa campesina. Cultiva la tierra, es madre de cuatro hijos menores de edad, y ha vivido en carne propia lo que es quedarse a la intemperie y vigilada por hombres uniformados y armados que ejecutan los desalojos forzados.
Actualmente es la secretaria de género y desarrollo de la Central Nacional de Trabajadores del Campo- regional de La Paz (CNTC- La Paz), ha abanderado la lucha no sólo por su familia, sino por las demás mujeres campesinas e indígenas.
Recién había entrado al predio, que se supone es de un terrateniente llamado Trino Suazo, cuando fue desalojada, llevando un bebé en brazos y otros tres menores de edad. Al igual que el 33.6 por ciento de las hondureñas -según estadísticas del Instituto Nacional de Estadísticas (INE)- es jefa de hogar, por lo tanto, responsable directa de su familia y le ha tocado enfrentarse a los violadores de derechos humanos.

“La situación es un poco caliente, a las mujeres nos discriminan, no nos escuchan, si andamos en la lucha por la tierra llegan a los desalojos, no tienen compasión de nosotras, nos dejan en la calle”.

Lamenta que no exista un avance de diálogo con la policía -quienes materializan los desalojos-.

María Concepción Bardales, lideresa indígena lenca por la defensa de la tierra

“A ellos no les importa si andemos paridas o con niños tiernos, ellos van a hacer desastre a donde estamos luchando por nuestra tierra, no les importa si estamos de hambre, debajo del sol, debajo del agua, no les importa cuánto hemos sufrido, ellos lo que hacen es destruir tal vez lo poquito que hemos hecho con nuestra lucha…” María continuó su relato, mientras tenía receso en una reunión con compañeros y pocas compañeras de la CNTC, en el municipio de San José, “es un montón de cosas que hay acá en el departamento de La Paz, imagínese que, hasta muerte de mujeres, madres que han abortado nuestros hijos por las carreras que nos hacen dar, no hay justicia para nosotras las mujeres”.
Entre las injusticias que suceden con las mujeres indígenas lencas, no se puede dejar a un lado el crimen contra la defensora Bertha Cáceres Flores, hace 16 meses “imagínese la compañera Bertha Cáceres, se quedó así, una compañera de lucha, y está impune eso”. Agregó que “Ellos están callados como si tal nada, y no sólo ella, sino varias compañeras muertas por nuestra lucha”, entre otras campesinas asesinadas se menciona a Margarita Murillo, atacada mientras cultivaba su huerta en agosto del 2014.
A su memoria viene el recuerdo del primer desalojo que vivió, “a los tres meses de estar en la defensa de la tierra, andaba con una niña de dos años, cuando llegaron como 80 policías, a nuestro grupo. Me dejaron totalmente en la calle con hambre con frío, andaba tres niños chiquitos, y nos tuvieron de cinco de la mañana a seis de la tarde, nos quemaron la comida que teníamos, sabíamos que al iniciar una recuperación de tierras íbamos a sufrir, pero que es una lucha previendo el día de mañana para nuestros hijos”.
Su base campesina se llama “Bendición de Dios” está en el municipio de San Pedro de Tutule, aunque hace años don Trino Suazo no vuelve por los predios, les dijo que trabajaran mientras llegaban a un arreglo.
En el primer desalojo fue representado por su hermano Álvaro Suazo, que supuestamente estaba sembrando tres manzanas de patastera. Nos dijo “esta no es parte de mi hermano, sino que es parte mía, porque como él me ha dicho que, si yo con esfuerzo o con un desalojo los eche a ustedes y si ustedes se van, estas tierras me quedan a mí”.
“De ahí como a los tres años, apareció el señor Trino Suazo quien habló sobre un posible arreglo de pago para una parte de la tierra, que trabajáramos y que trabajáramos, pero así nos tiene y no volvió. Supuestamente una parte de tierra es de la alcaldía, otra de la esposa y otra de los hijos, pero no sabemos nada”, afirmó.
La solución no llega para las bases campesinas, aunque se diga que algún predio es de la alcaldía, ésta más bien les obstaculiza el trabajo mediante la Unidad Municipal del Ambiente (UMA), que les saca carrera si los ven por una zona que es bosque según ellos, pero es más bien son montes bajos (zacatales) y no nos dejan que trabajamos, lamentó María.
De las 300 mil familias sin acceso a la tierra en Honduras, 37 son vecinas de María, y pasan el día a día sembrando maíz y frijoles, con el temor que en cualquier momento llegue la policía y un agente del Ministerio Público, que no sólo les queme sus bienes, sino ataquen o que lleven presos a sus compañeros.
Medios para romper el silencio

Glenda Martínez, educando e informando sobre derechos humanos en la radio Suyuguare “Tierra de Cerros y Llanos”

Este tipo de denuncias no se escuchan en cualquier medio, por eso es importante la radio comunitaria. Glenda Martínez, es comunicadora social, campesina e indígena, por lo que tiene claro su rol ante los micrófonos de radio Suyuguare “Tierra de Cerros y Llanos” de la CNTC- La Paz. La radio inicia transmisiones a la una de la tarde, y cierra a las nueve de la noche, tiene  el propósito es romper el silencio que aumenta la impunidad en la violación a los derechos humanos y empoderar más a las mujeres.
Tenemos este medio y llegamos a cientos de hogares, así que distribuimos el tiempo entre música con mensajes sociales y temas actuales como explotación minera, leyes y convenios que podemos aplicar en nuestra lucha.
Glenda ha sido beneficiaria de los diplomados en derechos humanos impartidos por el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) “esas formaciones me han ayudado a afirmar lo que digo, hablo con propiedad de nuestros derechos, amplío conocimientos y sé que hay personas respaldando lo que emito”. afirmó.
En la radio también hay hombres, es un grupo de seis voluntarios y voluntarias, quienes con sus propios medios y aportando tiempo, ayudan a formar conciencia “porque el régimen no quiere que nos fórmenos, no le conviene que aprendamos y ese es nuestro desafio” concluyó la comunicadora social.
Próximamente el COFADEH iniciará la formación de una Red defensores/as indígenas lencas para acceder a la justicia en el departamento de La Paz, zona brutalmente atacada por cuerpos armados al servicio de quienes tienen el poder político y económico.
Sebastián Reyes, secretario general de la CNTC- La Paz, expresó que dan seguimiento a denuncias de daños y perjuicio contra compañeros de sus bases, y esperan debilitar esos ataques que afecta la lucha por la tierra.
Reyes quien se forma en un diplomado para ser parte dela Red de defensores por el derecho a la tierra, con el COFADEH y La Vía Campesina, cree que la situación es un poco estricta, porque no es fácil, hay sufrimiento, hambre, frío, sol y al final tenemos que estar escondiéndonos de requerimientos fiscales, que tal vez han procedidos los dueños de tierras contra quienes abanderamos esta lucha.

“Es difícil no llegar una construcción de poder entendernos con los terratenientes, fiscales, policías ni alcalde”.

Todas las autoridades que tenemos en el país, están contra nosotros y no nos escuchan lo que nosotros pedimos, nos ignoran, hay poder político que está molestando y no nos toma en cuenta, puntualizó Reyes.

El 26 de junio, Samuel Martinez (al centro), fue dejado en libertad condicional, acusado desde el 2010 por ususrpación.

Hay un promedio de 700 compañeros criminalizados, actualmente se trabaja en un censo para verificar la cifra real, pues este año ha aumentado los procesos, declaró Fabricio Velásquez, secretario de asuntos legales CNTC- La Paz. Las cifras datan del año 2010, cuando se incrementaron los procesos de recuperación. Sólo en la empresa campesina 09 de julio, en Las Huertas, San Pedro de Tutule, hay más de una decena que personas con orden de captura acusados de susurpación. Y siete años después están siendo capturados ya sea en su vivienda o en velorios de parientes, como sucedió con el presidente de ese grupo, Samuel Edgardo Martínez López, quien tiene medidas sustitutivas a la prisión desde el pasado lunes 26 de junio, bajo la representación legal del COFADEH.
Fabricio también debe andar huyendo de las autoridades, pues teme ser capturado por su beligerante lucha “la situación es difícil, porque no somos grupos organizados criminales, sino para recuperar tierras que no están prestando el uso debido, nosotros las hacemos producir con el esfuerzo de nuestras familias, y para la población, por eso pedimos que, en vez de criminalizarnos y llevarnos a la cárcel, nos colaboren para mejorar nuestro trabajo…
En eso agrademos la labor del COFADEH que no sólo nos capacita en defensoría de derechos humanos, sino que nos acompaña legalmente con la representación ante los tribunales, agregó el joven que tambien se forma junto a Reyes en procesos de defensa por el derecho a la tierra.


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Conversación (temporalmente interrumpida) con Arnaldo Otegi

“Defendemos una estrategia constituyente que tenga su ‘epicentro’ en nuestra sociedad”

08/06/2017 | J.R. Castaños/ Petxo Idoiaga

El sábado 21 de enero finalizaba el Congreso de la –de lejos- mayor organización política de la izquierda abertzale, Sortu 1/ y lo hacía renovando casi en su totalidad la anterior dirección. Ahora, cinco meses después, el próximo 17 de junio, se celebra el Congreso de EH Bildu donde esta pasará de ser mera coalición de cuatro partidos (Sortu, Aralar, EA y Alternativa), a constituirse como un partido-movimiento, en el que el peso y la representación directa de los partidos sea mucho menor y en el que tengan lugar independientes sin partido. Sortu pone ahora su principal prioridad política en esa construcción de EH Bildu y Arnaldo Otegi dejará la próxima semana su función como secretario general de Sortu, para pasar a ser el coordinador general de la nueva EH Bildu 2/.
Esta conversación con Arnaldo Otegi se inició tras el congreso de Sortu. En particular el primer tema de esta conversación (donde el propio Sortu planteaba su conversión en partido-movimiento) corresponde a aquel momento. No obstante lo mantenemos porque da luz a los hechos actuales. Posteriormente el desarme de ETA del pasado 8 de abril, analizado ya en viento sur 3/ha añadido nuevas perspectivas.
Pero aunque la conversación se interrumpió por meras cuestiones técnicas, se ha vuelto a retomar más tarde y mantiene, en su conjunto, un interés “estratégico” muy por encima de la coyuntura de comienzos de año o de ahora mismo. Porque más allá, incluso, de los debates en el pasado congreso de Sortu o en el próximo de EH Bildu, los temas sobre los que conversamos con Arnaldo Otegi son sobre balance estratégico y futuro, estratégico también, de la izquierda en Euskal Herria y de sus repercusiones para el conjunto de la izquierda del Estado español. Así que la publicamos en su totalidad.
viento sur. Habéis definido el congreso de Sortu como el de “refundación”. Habéis subrayado que, si no el único, al menos el elemento principal de “refundación” es convertirse en “partido-movimiento”. Ante la mala tradición no democrática de los partidos clásicos de izquierda, ser asambleario y aceptar hasta “un puntito de trasgresión” (en expresión de vuestro responsable de Acción Política), está muy bien. Eso es necesario para la democracia en un partido, pero no lo convierte, aún, en “partido-movimiento”. ¿Podrías concretar y explicar qué contiene –además de la democracia interna- ese carácter de movimiento? Vinculado a ello, está la relación Sortu y EH Bildu. Parece que en vuestra perspectiva EH Bildu debe pasar de ser una coalición de partidos a un espacio de actividad (no sólo electoral) que recoja personas y sectores diversos y se estructure teniéndolo en cuenta. Eso sería lo más parecido a una organización-movimiento como el Frente Amplio de Uruguay. Pero, entonces, ¿cómo podrían convivir Sortu y EH Bildu ambos como “movimiento” o frente amplio? Y, si Sortu, finalmente, se convierte en un “movimiento” plural y socialmente activo, ¿se convertirá EH Bildu en sólo un acuerdo electoral y parlamentario entre partidos algunos de los cuáles estarán (ya lo están) fuera del activismo social?
Arnaldo Otegi. Venimos de una larga y rica tradición de lucha y búsqueda permanente de fórmulas organizativas novedosas. En la izquierda abertzale siempre hemos sido reacios ante fórmulas de organización política excesivamente ortodoxas, también de las consideradas tradicionalmente como de izquierdas. Por eso nunca nos autoorganizamos al estilo de los clásicos PCs, por eso a menudo hemos sido observados con recelo por todas las variantes de la ortodoxia.
Y tenemos muy claro que eso nos ha mantenido con vida y con el pulso necesario para afrontar nuevos desafíos. La forma partido-movimiento es la expresión de la combinación de esa tradición y las innovaciones que nos exigen los retos del siglo XXI en un momento muy esperanzador en Euskal Herria, pero también lleno de dificultades y múltiples incertidumbres.
Con esta fórmula queremos decir que queremos ser un movimiento social pero también un agente político articulador, esto es, capaz de ayudar a conectar diferentes luchas, con trabajo en las instituciones y en eso que solemos llamar la calle.
Una de los grandes obstáculos para la acción transformadora en estos tiempos líquidos es la fragmentación social, que por desgracia es también consustancial en el campo de los movimientos sociales. No se trata de pretender dirigir esos movimientos, tenemos muy claro que el modelo dirigista-vanguardista es muy perjudicial y debe de ser definitivamente superado; pero es necesario construir alianzas, sumar fuerzas, superar las tendencias corporativistas y esos narcisismos de la pequeña diferencia tan nuestros, de la izquierda, quiero decir. Creemos que hacen falta agentes políticos con verdadero pulso social capaces de construir esas conexiones y levantar alternativas integrales que vayan más allá de las demandas sectoriales. Para eso hace falta una cultura de la articulación desde la base, del cambiar el mundo en común, y nuestra vocación es contribuir a generar esa cultura y expresarla en avances sociales y políticos concretos.
Una cosa es que las condiciones legales te obliguen a ser un partido, porque la legislación española es como se sabe sumamente restrictiva (tanto que confunde política con partidos) y otra que asumas esa lógica de agente institucional que prima sus intereses sectarios y las ansias de poder de sus líderes y cuadros. Ese modelo está en caída libre en toda Europa y es normal, porque la gente no ve diferencias de proyecto, sino vanidades, oportunismo y sumisión a los poderes económicos. No queremos ser eso y por eso apostamos por las dinámicas sociales, pero el terreno de lo institucional, incluso de lo institucional en un marco que cuestionamos profundamente, debe ocuparse con políticas transformadoras y soberanistas. Por eso hay que construir nuevas sinergias entre espacios diferentes y se precisan fuerzas políticas que trabajen en esa dirección.
vs. El 31 de octubre de 2006, las representaciones de Batasuna, PSE-PSOE y PNV que venían reuniéndose en el santuario jesuita de Loiola (Gipuzkoa) se retiraron de la mesa con un borrador de acuerdo en el que se afirmaba que partiendo de la existencia de dos ámbitos institucionales diferenciados - la Comunidad Autónoma Vasca (CAV) y la Comunidad Foral Navarra (CFN)- se iba a crear un órgano institucional común para ambos con atribuciones ejecutivas y de propuesta legislativa. Cuando las tres delegaciones volvieron a reunirse en noviembre, Batasuna planteó como condición para el acuerdo establecer como tarea expresa de ese organo institucional elaborar un “Estatuto de Autonomía” común para ambas comunidades, es decir, ser, desde el inicio, un órgano constituyente común para ambas. Aunque no fuese la única causa de la ruptura, poner eso como condición previa para la constitución misma de la institución común, era ya, por sí sólo, impedir el acuerdo. Y la ruptura de este trajo consigo la vuelta de ETA –atentado T4 en Barajas- al escenario del conflicto. Con el congreso de refundación de Sortu además de diferenciar como sujeto político la CAV y la CFN se acepta que “hoy por hoy no hay mayoría suficiente para un proceso independentista ni siquiera en la CAV y que ese proceso necesita una estación intermedia favorable al derecho a decidir, una cuyas herramientas es un nuevo estatus político de la CAV, con o sin el acuerdo con Madrid” (vuelve a ser la explicación oficial sobre el Congreso de vuestro responsable de Acción Política).
¿Cómo valoráis desde vuestra perspectiva y propuestas actuales el papel de la izquierda abertzale en Loiola? y ¿cómo ha sido el proceso de reflexión para concluir como objetivo –si fuese necesario- en ese nuevo estatus político que reconozca el derecho a decidir a la CAV?
A.O. En cierto modo el proceso de Loiola fue nuestro último gran intento de buscar un acuerdo político que, aunque se sustentaba en las grandes corrientes políticas del país, miraba a la bilateralidad con el Estado español. Hemos aprendido mucho de aquel fracaso. Por nuestra parte hicimos cuanto estuvo en nuestra mano para llegar a un acuerdo que, de haberse llevado a la práctica, habría supuesto un avance enorme. Pero tanto el gobierno español como otros agentes prefirieron cerrar esa vía y apostar por una nueva vuelta de tuerca en la estrategia represiva. Como se sabe, esto nos llevó a muchos/as a la cárcel.
Hemos tenido tiempo para reflexionar sobre esta experiencia y también hemos tenido la honestidad suficiente como para admitir que también por nuestra parte se cometieron graves errores de cálculo político e incluso humano. La ruptura de aquel proceso negociador, independientemente o no de la voluntad del Estado, fue un error político de calado. Hemos tomado nota y asumido todo ello ante el pueblo vasco, que es a quien nos debemos. Pero en lo principal tenemos que ser muy tajantes: aquello no salió mal por nosotros/as, que nos dejamos la piel en el intento de construir una solución justa y democrática al conflicto mal llamado vasco.
Pero, como decía, aquel proceso termino por demostrar que no había vía bilateral a la solución del mal llamado problema vasco. Esto lo ha explicado muy bien hace unos pocos días ni más ni menos que Ibarretxe en un multitudinario acto de solidaridad con Catalunya: si no hay otra parte dispuesta a sentarse y dialogar no se puede hablar de bilateralidad. Y tiene razón. No se trata de nuestros deseos o de la estrategia que nos parezca mejor, sino de tomar nota de la realidad: el Estado español (y podemos decir lo mismo del francés) no quiere afrontar estas cuestiones en términos democráticos. Ante esta reflexión, lo lógico es sacar conclusiones y la responsabilidad política te lleva a decirle a la gente, por duro que sea, que no se puede confiar en llegar a acuerdos bilaterales con Estados que creen que hacer tal cosa sería suicidarse. O dicho de otra manera con Estados para los que la solución es la reedición de la tragedia nacional del 98. Nuestras soluciones son sus pesadillas y es esa razón la que impide un acuerdo satisfactorio para las partes. La lógica del Estado es de suma cero.
Por eso defendemos una estrategia constituyente que tenga su epicentro en nuestra sociedad. Una estrategia autoconstituyente de la futura República Vasca, un proceso que imaginamos confederal, en base a tres ritmos confluyentes en la CAV, Navarra y el País Vasco continental o Iparralde.
Esto no quiere decir que renunciemos a llegar a acuerdos. Lo sensato y lo deseable, desde nuestro convencimiento reforzado cada día de que lo mejor para nuestro país es tener un Estado diferente de Francia y España, es llegar a ese escenario de un modo pactado, civilizado, que evite conflictos innecesarios y permita un escenario en cualquier modo de auténtica colaboración, y buena vecindad. Pero hay que actuar con responsabilidad y no aferrarnos a vías muertas: eso hoy por hoy no es posible. Lo que sí es posible es avanzar en esas dinámicas constituyentes en Euskal Herria y mantener, por supuesto, la mano tendida para pactar, pero sin conceder a los Estados el poder de veto al condicionar cualquier avance a lograr su consentimiento.
vs. Nos parece muy razonable poner en primer plano el derecho a decidir, el soberanismo democrático, en lugar de un impulso unilateral e irreversible del independentismo hasta la independencia, que, a nuestro entender, venía siendo un discurso excesivamente escorado en los últimos tiempos, aunque sea llamativo que la resolución final del Congreso sea la República Vasca independiente y que hasta se le ponga fecha (aunque sea con interrogantes): 2026.
Pero volviendo al soberanismo como camino. Pese a que en la propia CAV haya una mayoría parlamentaria (PNV, EH Bildu y Podemos) formalmente de acuerdo con el derecho a decidir, afirmáis que con la actual dirección del PNV es un proceso imposible; en la votación sobre la constitución de la ponencia sobre el nuevo estatus político EH BIldu se ha abstenido porque la ponencia remite a la legalidad del nuevo estatus como límite, aunque participará en ella. En la campaña de las últimas elecciones al Parlamento Vasco y en las reuniones posteriores entre partidos, más bien fueron vuestras expectativas (al menos así consta en declaraciones vuestras) sobre un “acuerdo de gobierno” con el PNV lo que llevó a retrasar vuestra presentación como alternativa de gobierno a Urkullu (que habría permitido, a nuestro entender, presionar seriamente a Podemos para apoyarla). Parecen bandazos, de los que no siempre es clara la razón. Pero, en todo caso, ¿por qué este cambio ahora sobre la imposibilidad de acuerdos con el PNV?
A.O. Lamento que hayáis podido hacer esa interpretación, sin duda no hemos sabido explicarnos con la claridad exigible si habéis interpretado nuestro Congreso como un cuestionamiento de la apuesta independentista. En realidad, en grandes trazos, esa es la idea central de la reflexión que hemos hecho en el proceso Abian en el conjunto de la izquierda abertzale y ahora en Sortu. Por eso hablamos de decantación independentista y de la independencia como horizonte de época para nuestro país, concepto este de horizonte de época que tomamos prestado, del vicepresidente boliviano García Linera.
Pero vemos ese recorrido hacia la independencia como una posibilidad para construir acuerdos y articularnos con fuerzas que no tienen por qué ser independentistas. No son sólo palabras, lo hemos demostrado con el compromiso con el cambio en Nafarroa, que queremos que sea no sólo un relevo en los gobiernos foral y municipales sino una verdadera democratización de la versión impuesta en este territorio del régimen del 78. Y lo hemos probado también en Ipar Euskal Herria, apoyando esa limitada pero histórica institucionalización que se ha producido.
El derecho a decidir es una de las claves de articulación social y políticas como se está viendo sin ir más lejos en las numerosas consultas organizadas en nuestro país para este 2017. Vemos el derecho a decidir como una de las ideas-fuerza principales de la revolución democrática del siglo XXI. Por ahí pasa la radicalización de la democracia y nos permite trabajar en común a personas y grupos sin que sea necesario compartir una estrategia independentista.
Creemos que el vendaval neoliberal ha ratificado la corrección de nuestra hipótesis estratégica: la clave del cambio social en Euskal Herria es la defensa de nuestra articulación político-jurídica como pueblo. O lo que es lo mismo, la lucha de clases toma en nuestro país, como hace cinco décadas, la forma de proceso de liberación nacional. El soberanismo es uno de los vectores de resistencia y construcción de alternativas a un capitalismo desbocado que coloniza estados, instituciones y partidos, porque pone en el centro del debate la cuestión del poder: ¿quién manda aquí y por qué?
Así que, en realidad, no hay contradicción alguna entre la apuesta por lograr cuanto antes la independencia y, a la vez, fomentar acuerdos y prácticas concretas en torno al derecho a decidir.
vs. Pero si esa imposibilidad se manifiesta, ¿qué aliados políticos o sociales pueden crear una mayoría suficiente –siquiera en la CAV- para pasar de estar de acuerdo con el derecho a decidir a presionar de verdad por su reconocimiento? Habláis de las bases del PNV, pero no es de esperar que se sumen, contra su dirección, a la dinámica propuesta por la izquierda abertzale, aunque en ocasiones se hable de Ibarretxe como referencia alternativa. El propio movimiento por ese derecho a decidir “Gure Esku Dago”, está flojo y apenas incorpora sectores sociales (aunque sí personalidades) que no sean cercanos a la izquierda independentista. Una de las lecciones de Catalunya es que, para ganar una mayoría por la soberanía hay que unir demandas sociales y democráticas a la reivindicación soberanista. Hay en todo esto un debate apenas esbozado en la izquierda abertzale. La idea de un espacio político-sindical (creado junto con el sindicalismo mayoritario de la CAV) como partida y de encuentro en todo ello con los espacios feministas y ecosocialistas, tiene muchísimo interés… pero sería bueno que se planteraan con mayor claridad líneas de trabajo y se realizaran más experiencias para poder visualizarlo. En concreto ¿cuáles pueden ser esas líneas de trabajo y esas experiencias para Sortu y EHBildu?
A.O. Hemos llegado a la conclusión de que el independentismo debe demostrar no sólo que tiene el mejor proyecto para el país, sino de que es capaz de traer cambios positivos en el día a día. Por desgracia, como ocurre con el socialismo, es fácil caer en el esquema del “Día D”, una especie de momento mágico de ruptura ante el que sólo cabe esperar y empujar para que llegue cuanto antes. No, la independencia o se construye cada día, conectando y desconectando, sumando y con rupturas concretas o no llegará nunca.
Desde este punto de vista, planteamos una propuesta estratégica clara, pero tenemos la mano tendida para llegar a acuerdos que posibiliten otras políticas aquí y ahora. Insisto, lo hemos hecho en Navarra y no vemos por qué algo así no sea posible y deseable en la CAV.
No puedo estar de acuerdo en que la izquierda abertzale esté sólo esbozando un debate sobre la relación entre soberanía, cambio social y democracia. De hecho, la izquierda abertzale es ese debate. Esa es nuestra hipótesis fundacional y tiene más de 50 años. Eso nos diferencia tanto del PNV y las otras derechas locales o exógenas como de la izquierda española. Por eso se nos conoce como izquierda abertzale, esto es, izquierda patriótica.
Toda nuestra trayectoria política se explica en torno a la soberanía como ejercicio democrático y mejora para las condiciones de vida y trabajo del pueblo trabajador vasco, la mayoría social. Lo que hace falta es reinventar esa formulación de acuerdo a las circunstancias concretas de nuestro tiempo. Es decir para nosotros la recuperación de la soberanía tiene dos naturalezas convergentes: la recuperación de nuestro futuro político como pueblo y la recuperación ciudadana de la democracia secuestrada por las oligarquías.
Y en esa articulación entre la demanda de un Estado propio y la defensa de los intereses de la mayoría social frente a las élites y la agenda neoliberal es donde queremos construir nuevas alianzas. Pero eso sólo es posible con dinámicas sociales participativas y abiertas, esperamos mucho más de eso que de eventuales acuerdos entre direcciones de partidos, sindicatos u otros agentes. Siempre, y ahora también, estamos comprometidos con esas articulaciones y, por supuesto, vemos con buenos ojos las llamadas de ELA a unir fuerzas o el acercamiento entre este sindicato y LAB. Es para nosotros fundamental que el sindicalismo nacional y de clase ocupe un espacio central en la propuesta estratégica que defendemos.
vs. Un repetido argumento de la izquierda abertzale es el de la convicción de que resulta imposible que se produzca en España una ruptura democrática con el “régimen de la transición”. Se ha dicho que si eso ocurre se apoyará, pero que si no se produce se llama a la izquierda de España a apoyar el independentismo vasco o catalán o gallego… porque estos procesos independentistas sí tienen perspectiva de triunfo y, además, serían la mejor aportación a la crisis de ese régimen de la Transición. Desde luego está complicado eso de la ruptura del “régimen de la transición” en el Estado español. Pero tampoco la perspectiva de su ruptura unilateral en Euskal Herria está para tocar campanas (aunque defendamos, como debe ser, que no debe estar a la expectativa de la previa ruptura en el conjunto del Estado español).
A.O. Pero lo malo del repetido argumento es que parece que la izquierda abertzale no es un sujeto importante en las políticas y las prácticas que se generan en el conjunto del Estado español y que apuntan al deterioro y derribo del “régimen de la transición”. Pero sí debe serlo. Por supuesto debe serlo en las mareas de los movimientos sanitarios, de la enseñanza, del feminismo, del ecosocialismo y de las movilizaciones obreras, en lugar de pensar, en cada ocasión, en la forma de tener sus fechas y acciones desvinculadas de las del resto del Estado. Y debe serlo, también, en el reconocimiento y trabajo mutuo con una izquierda (como Podemos o IU) del conjunto del Estado –no sólo del interior de Euskal Herria- que aun con un proyecto unionista del Estado, lo es de manera democrática y reconocedora del derecho a decidir. En un contexto en el que el mismo Sortu considera que un Estado vasco no se logrará antes del 2026, ello no solo es importante para acabar con el “régimen de la transición” sino para poner una línea de resistencia contra las agresiones sociales, ecológicas y democráticas que afectan y van a seguir afectando también a la población vasca. Para que esa resistencia sea victoriosa es necesaria, cuando sea posible, la actuación lo más unida posible de quienes combaten, en el resto del Estado, contra esas agresiones.
Durante décadas el soberanismo-independentismo vasco y en general los movimientos populares de este país han sido la única resistencia socialmente enraizada y políticamente potente al “régimen del 78”. Si este régimen ha entrado en crisis es, entre otras razones, por el desgaste que ha acumulado, un desgaste incomprensible sin reparar en la historia de la lucha del pueblo vasco. Y esto nos ha costado mucho sufrimiento. Hace unos días, sin ir más lejos, recordábamos los miles de personas torturadas. Creo que ningún análisis honesto puede hacerse en torno a la crisis de régimen sin prestar atención a esta resistencia vasca, a la larga rebelión vasca contra el franquismo, primero, y contra su reforma, después. Y creo honestamente también que la crisis de régimen que vive el Estado español no se hubiera producido sin el cambio de estrategia operado por la izquierda abertzale. La desaparición de ETA (o de su actividad armada para ser exactos) ha supuesto la desaparición del “enemigo interno· que cohesionaba al conjunto del régimen
En cuanto a la situación actual, seamos realistas, no hay a nivel de Estado una estrategia de ruptura con el régimen de 1978. Que nos digan quién tiene un plan claro para derribar este régimen y construir otro, que nos digan dónde hay momentos constituyentes o expectativas de ponerlas en marcha fuera de Catalunya o Euskal Herria. Ahora mismo no hay en el Estado nada parecido al camino de auto-organización del pueblo de Catalunya. Y, a otro nivel, claro está, pero también hay que decirlo, no se puede apreciar nada comparable con el cambio en Navarra, que se ha hecho dejando de lado al PSOE y, pese a todas sus limitaciones, afrontando medidas destituyentes del régimen de 1978. Y tampoco se ve nada equiparable a las dinámicas populares para realizar consultas sobre sobre la posibilidad de crear un estado en las que van poder votar decenas de miles de personas este mismo 2017.
Celebramos el 15M, la aparición de Podemos y las mareas, nos felicitamos de la llegada de plataformas progresistas a numerosas instituciones, pero eso está muy lejos a día de hoy de ser una alternativa constituyente a nivel de Estado y no se nos escapa que ya ni siquiera se habla de ello.
Pero, sobre todo, por desgracia no apreciamos masa crítica para un cambio de régimen a nivel de Estado. No será desde estas UGT o CCOO que esto se vaya a hacer y no vemos a los movimientos sociales en fase de movilización y fortalecimiento, sino todo lo contario.
La verdad es que todo esto nos reafirma en que nuestra escala preferente es la nacional vasca. Siempre abiertos y abiertas a la colaboración, pero conscientes de que las escalas no son neutras. El espacio vasco está marcado por una rica tradición de lucha, resistencia y organización, nuestros sindicatos mayoritarios son combativos, tanto que muchas veces nos critican porque consideran que no somos suficientemente radicales en el sentido transformador de la palabra. Es decir, hay fuerzas que nos desbordan, que empujan hacia el cambio, nos enriquecen, y yo no veo en el conjunto del Estado nada semejante a este potente juego de poderes y contrapoderes. Y lo digo con pena, porque es una catástrofe que esto esté así, pero hay que ser consecuentes con este diagnóstico.
Por eso hemos dicho en más de una ocasión que la gente de izquierda, la gente que quiere dejar atrás el “régimen del 78” debiera apoyar al soberanismo catalán y vasco. Y nunca, por supuesto, jactarse de ser la única opción capaz de frenar el independentismo. No creo que el papel de perro del hortelano (no cambia el régimen en el Estado ni deja romper con él en Catalunya o Euskal Herria) sea una gran idea para la izquierda española.
vs. Durante todo el proceso del Congreso de refundación, como en el anterior de fundación de Sortu y, más allá, en todo el proceso desarrollado desde “Zutik Euskal Herria” en febrero de 2010, se deja fuera de la agenda de la izquierda abertzale un balance político –repetimos el calificativo: político- sobre ETA. Desde la primera comparecencia de fuerzas abertzales en Gernika tras el cese definitivo de la actividad armada de ETA, pasando por las posiciones públicas de la Mesa Nacional y hasta del propio colectivo de presas y presos de ETA, EPPK 4/
, la izquierda abertzale ha reconocido el dolor causado y se ha hecho autocrítica ética sobre su indiferencia ante el mismo. La importancia que ha tenido la votación muy mayoritaria del congreso de Sortu sobre la estrategia de “desobediencia civil”, también hay que entenderla en clave de rechazo –actual al menos- a estrategias de actividad armada como la que sostuvo ETA.
Sin embargo no hay balance ni debate público sobre la valoración y justificación política de la actividad armada de ETA desde la transición, ni siquiera sobre sus acciones indiscriminadas que afectaron a civiles (Hipercor…), sobre las que supusieron estrategias contra representantes de partidos políticos elegidos por voto popular o sobre periodistas y otras similares.
Hoy todos los movimientos memorialistas ponen la denuncia de la violación de los derechos humanos básicos tanto a los fusilamientos de la guerra y la posguerra, como a las actuaciones policiales, torturas etc., del tardofranquismo y la transición. Hoy la izquierda abertzale pone, con razón, la defensa de los derechos humanos en el centro argumental para el proceso de paz. Hay que afirmar, efectivamente, que la base de una denuncia democrática a todo ello es que fueron violaciones de derechos humanos. ¿No lo fueron, también, muchísimas de las actuaciones de ETA, no casos aislados sino espina dorsal de su estrategia? Frente a los argumentos antiterroristas sostenemos que la militancia en ETA no se debía a afanes racistas ni nada parecido. Pero las razones políticas de esa militancia no impiden considerar que no había razones que justificaran esa violación de derechos humanos.
¿Por qué en el análisis de la izquierda abertzale sobre su pasado no hay un espacio (debería ser principal) para una valoración política sobre el sentido de la existencia de ETA y de sus acciones, al menos desde Hipercor en adelante? ¿No creéis que es necesario un balance político sobre una organización como ETA que fue referente y dirigente del conjunto de la izquierda abertzale? Y ¿no creéis que sin ese balance político, existirán –como existen ahora- presiones reivindicativas del pasado y hasta movimientos escisionistas como el presentado en Iruñea, que -incluso si no son amenazas de reaparición de violencia armada- impiden avanzar y definir lo que la mayoría del reciente Congreso y la mayoría del nuevo Consejo Nacional considera que debería hacerse?
La propuesta para la paz y la convivencia presentada por Julen Arzuaga es un conjunto de medidas que se pueden apoyar, ¿pero puede articularse un plan de paz y puede cerrarse el conflicto sin una valoración política sobre la estrategia de ETA, una valoración que niegue su justificación política al menos (este “al menos” es consciente), insistimos, desde el periodo de Hipercor?
A.O. El pueblo vasco creó la izquierda abertzale y a él nos debemos. Ya hemos ejercido nuestra responsabilidad y nuestra autocrítica acerca de nuestra trayectoria y lo hemos hecho hasta desde la cárcel, entre torturas y guerra sucia. Pero, ¿hay condiciones democráticas para un debate sobre la validez política histórica de la lucha armada? Quien piense que ha sido un error puede defenderlo sin problemas, pero, ¿qué pasa con quien eventualmente no esté de acuerdo con esa idea? Ese debate hoy no puede hacerse. ¡Pero si te meten en la cárcel, doy fe, por mancillar el honor de Carrero Blanco, que era el lugarteniente de Franco!. Además este es un debate que no se puede desarrollar porque los hechos son demasiado recientes. Este es un debate que si no se hace en condiciones solo provocara el aumento de las heridas en una y otra parte. Hay que ser responsables y estar a la altura de las circunstancias. Mientras haya quien plantee estos debates no en términos constructivos y de futuro sino como una especie de ejercicio de suma cero, de intento de imponer un relato único, de construir un relato de vencedores y vencidos sencillamente será un debate que no se podrá desarrollar. Nosotros no vamos a estar en este debate en las circunstancias en las que lo plantea el Estado. Sería un grave error, reabriría heridas aun sin cicatrizar y además sería una hipoteca para la construcción de la convivencia democrática para las siguientes generaciones.
Aquí también hemos de actuar con honestidad y no es posible hacer ese debate, así que nadie debiera actuar como si ese debate fuera posible.
vs. Al referirse al Congreso de Sortu han aparecido bastantes declaraciones hablando de cambio generacional, juventud, etc. Sin lugar a dudas hay un cambio radical entre los componentes de la anterior dirección y la actual. También es cierto que la organización juvenil de la izquierda abertzale –Ernai- inicia su propio proceso de refundación. Pero los datos no nos parecen muy optimistas sobre la incorporación de la juventud. Más bien lo contrario. La media de edad del nuevo Consejo Nacional es de 39’6 años y sólo 5 de sus miembros tienen menos de 30. ¿No hay en la izquierda abertzale una brecha de militancia joven?
En la participación de la gente más joven en la acción política hay ciclos, tanto en Euskal Herria como en cualquier lugar. Sortu se ha rejuvenecido notablemente, desde la base hasta la dirección. Y cualquiera puede comprobar que EH BIldu tiene centenares de concejales y otros cargos jóvenes. Hay miles de jóvenes en Ernai y en numerosos movimientos sociales. La presencia de gente de edad en la izquierda abertzale es la expresión de una trayectoria muy rica: en nuestro movimiento hay muchos lustros de experiencia. En nuestra cultura política esta experiencia es un valor a preservar, no se nos pasaría por la cabeza renunciar a ese capital humano acumulado.
Pero efectivamente, no nos basta con esto. Uno de los retos para abrir un nuevo ciclo de movilización social en Euskal Herria es el protagonismo de la juventud. Queremos empujar ese ciclo tras décadas de resistencia y se precisa una renovación que sólo la juventud puede liderar, obviamente. El cambio en la dirección de Sortu es un paso más en ese sentido.
vs. ¿Quieres añadir algo más?
A.O. Querría, siquiera brevemente, lanzar dos ideas.
Una primera, un mensaje de apoyo a toda la gente que está intentando cambiar las cosas. Hay más vida en el campo popular y de izquierdas del Estado que en las últimas décadas y eso es magnífico, aunque sospechamos que ciertas expectativas puedan estar siendo erosionadas. Nos sentimos muy cerca de todas esas personas y queremos que sepan que compartimos con ellas muchos de sus desvelos, sus ilusiones y sus sueños.
La segunda, nuestra preocupación por los monstruos que está creando el neoliberalismo y la desorientación de buena parte de la izquierda en este delicado momento. Si no acertamos a dar forma en Europa al socialismo del siglo XXI mientras avanza a toda máquina el fascismo del siglo XXI algo está fallando, algo muy grave. Y en este sentido, creemos que una parte de la izquierda debe asumir que ha sido un gravísimo error dejar de lado la cuestión de la soberanía, del sentimiento nacional, haberse tragado ese cuento neoliberal del fin de los estados. Alguien tendría que preguntarse, por ejemplo, cómo se pasa en algunos barrios del predominio del nacionalismo banal francés del PCF, disfrazado de cosmopolitismo o internacionalismo proletario, al éxito del FN. No hay una sola razón, pero no iremos muy lejos sin prestar atención a la ceguera de buena parte de la izquierda ante la cuestión nacional.
Notas
1/ Un Congreso autodefinido como “refundacional” y celebrado tres años después del fundacional de la organización. Para participar en el mismo se inscribieron 7 000 personas de las que casi la mitad ejercieron su derecho al voto. En aquella fecha se le reservó a Otegi -que estaba preso en la cárcel de Logroño- el cargo de secretario general; en el Congreso pudo tomar la palabra, como tal, comprometiéndose a poner en marcha un proceso soberanista desde una perspectiva de izquierda, para lo que “tenemos que convencer a una mayoría del país”. Un Congreso, por lo tanto, que pretendía marcar dicen- “el paso de la identidad de resistencia a la identidad de proyecto” y hacerlo, en palabras de Otegi ·”recuperando espacios de desobediencia civil y confrontación política”.
En la primera parte de este Congreso, celebrada en noviembre del pasado año se aprobó la ponencia base Zohardia (significa tanto “cielo sereno” como “resplandor”) con un 91% de los votos, y se eligieron los 14 miembros del equipo dirigido por Otegi que se presentó –sin alternativa- para formar parte y asumir las principales responsabilidades del nuevo Consejo Nacional. Para la segunda parte del Congreso, junto a las 37 propuestas para ocupar los 15 puestos restantes de dicho Consejo, se presentaron 919 enmiendas parciales de las que 574 fueron directamente incorporadas al texto. De entre las que pasaron a votación hay que destacar, sin duda, un grupo de 8 en defensa de la desobediencia civil que fue aprobada con casi el 85% de votos/.
Las tres ponencias del congreso (“bases ideológicas”, “línea política”, “organización”), así como la totalidad de las enmiendas, los resultados de las votaciones de ellas y del Consejo Nacional, así como de las resoluciones “República Vasca” y “Posición ante la situación internacional” aprobadas, están publicadas en euskara, español y francés en http://sortu.eus/es/
2/ Sortu sostiene que todo su esfuerzo de futuro será dinamizar EH Bildu como un espacio de encuentro de la izquierda vasca.
3/ Ver http://vientosur.info/spip.php?article12424, http://vientosur.info/spip.php?article12462, http://vientosur.info/spip.php?article12464 y http://vientosur.info/spip.php?article12505.
4/ El 26 de febrero de 2013 la izquierda abertzale hizo público un manifiesto titulado Construyamos la paz en el proceso democrático. El documento partía de reconocer "el dolor y el sufrimiento que las diversas manifestaciones de violencia han producido en Euskal Herria". Pero añadía, expresamente, su "profundo pesar" por "las consecuencias dolorosas derivadas de la acción armada de ETA" y aceptaba que "mediante sus (de la izquierda abertzale)declaraciones o actos ha podido proyectar una imagen de insensibilidad frente al dolor causado por las acciones de ETA" y que esto “haya podido suponer, aunque no de manera intencionada, un dolor añadido o un sentimiento de humillación para las víctimas". Declaraciones posteriores han subrayado esta argumentación.
La línea de actuaciones del EPPK había sido, tradicionalmente (a diferencia de la “via Nanclares”), la de plantear una negociación de conjunto para modificar la política penitenciaria y, en particular, el acercamiento a cárceles cercanas a Euskal Herria. Pero siguiendo las recomendaciones que en mayo de 2013 planteó el llamado Foro Social, http://www.forosocialpaz.org, en diciembre de ese mismo año hizo público un comunicado en el que decía “Asumimos toda nuestra responsabilidad sobre las consecuencias derivadas de nuestra actividad política en el conflicto político. Asimismo, mostramos nuestra voluntad para analizar la responsabilidad de cada uno de nosotros, dentro de un proceso acordado que reúna las condiciones y garantías suficientes (…)” .

- See more at: http://vientosur.info/spip.php?article12675#sthash.pIc8YDGD.dpuf

Denuncian injerencia constante de Rajoy en Gobierno Bolivariano

9 Julio, 2017 13:59

Derecha española malgasta su capital político

9 Julio, 2017 13:59

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“La utilización que se está haciendo en nuestro país de la situación de un país hermano es bastante lamentable, denota muy poquita altura de miras y es contrario a lo que debería hacer un Gobierno de España con visión internacional y con visión geoestratégica”, afirmó el secretario de Organización del partido Podemos, Pablo Echenique.
Durante una entrevista a la Televisión Española, se refirió a las constantes injerencias en los asuntos internos del país suramericano del Gobierno de Mariano Rajoy, como lo ha denunciado el Gobierno de Nicolás Maduro.
Enchenique criticó que España asegura ser un puente entre Europa y América Latina, pero en cambio malgasta su “capital político” al usar la situación en Venezuela en busca de “rédito político” para algunos partidos.
Desde abril la derecha en Venezuela ha promovido manifestaciones violentas, que hasta el momento han dejado más de 80 personas muertas y 1.500 heridos.
El Gobierno Bolivariano ha insistido en reactivar el diálogo con estos sectores, que se niegan a aceptarlo, pese a los esfuerzos del Vaticano y de organizaciones como la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur). En cambio, continúan con su llamado a la protesta y el rechazo a la Asamblea Nacional Constituyente, convocada por Maduro como alternativa para la paz en su país.
De acuerdo con un video publicado del diputado venezolano opositor Juan Requesens el plan de la derecha es continuar con estas acciones para justificar una intervención extranjera.

T/ Redacción CO-Telesur
F/ Agencias
Madrid

Otras miradas

Rompiendo barreras, construyendo realidades

08 Jul 2017

por Alfonso “Alfon” Fernández Ortega
Algunos se preguntan al leerme que cómo es posible que un tipo sin estudios superiores y que, encima, se ha criado en las Palomeras de ‘Vallekas’ sea capaz de juntar letras dotándolas de más o menos sentido. Bueno, si tenemos en cuenta la criminalización a la que es sometida la juventud de nuestros barrios podemos llegar a comprender su sorpresa. Una juventud que, tras ser segregada y marginada con unas condiciones materiales de vida que imposibilitan su desarrollo cultural, es sometida al escarnio y a la burla en los medios de comunicación. Así pues, como decía, asumimos ese clasismo meritócrata y pequeñoburgués que se asombra ante un ‘vallekano’ que escribe (casi) sin faltas de ortografía como la reacción lógica a una propaganda que educa a las masas en la desconfianza y el desprecio hacia el que no tiene más propiedad que sus manos y su prole.
Pero existe otro clasismo contra los y las obreras que es muy consciente de su posición, insultante, prepotente, que se regocija en su condescendencia y muestra medias sonrisas de cinismo mientras niega, con toda la seguridad y la serenidad que la barrera cultural que ha construido entre su mundo de privilegios y nuestro mundo de miserias le conceden, que jóvenes como yo seamos siquiera capaces de escribir, así, de escribir en general. Lo que sucede es que por mucho que se esfuercen no pueden evitar que nos percatemos del verdadero motivo de su cerril reacción: les aterroriza la sola idea que les ronda la mente cuando nos leen, la idea de que las masas trabajadoras vuelvan a empuñar el arma de la cultura y del conocimiento en aras de la emancipación.
Y sí, claro que hay cosas que sabemos aunque no sepamos cómo expresarlo, pero si algo sabemos es que ellos lo saben. Saben que no es fácil comprender las injusticias y dotarse de argumentos para desmontar sus mentiras cuando el desempleo, la violencia, las drogas, la frustración y la precariedad no dejan lugar para la cultura, para su desarrollo. Y es por eso que les tiemblan las entrañas cuando ven que donde tendría que haber un lumpen hay un obrero concienciado, organizado, y hasta se sienten ultrajados, como si la cultura y el interés por la vida pública estuviesen reservados a la élite fija de intelectuales burgueses a la que ellos, irremediable e indiscutiblemente, pertenecen, claro. Ellos, dotados de los mejores medios y de las mejores condiciones para el estudio, pero ajenos a la realidad de la mayoría social, esa que se vive en el tajo, en el banco del parque, en la cola de la frutería, sabrán mejor que nadie lo que nos conviene a cada uno. Y es por eso también que se sienten vencedores, satisfechos, cuando se ‘ajustan’ los colegios e institutos de nuestros barrios, cuando se despide a un profesor y se contrata a un policía, cuando la hija del obrero abandona la universidad.
Sin embargo, nos subestiman. Olvidan que ante su perverso y codicioso plan para degenerar nuestras condiciones laborales se encuentran los tormentos y las injusticias que determinan la vida de nuestra clase, tormentos e injusticias de donde surgen uno tras otro los conflictos, y ante estos te defiendes buscando respuestas. Respuestas que el que es ajeno a nuestra realidad no podrá darnos, respuestas que se encuentran en las experiencias que otros ya plasmaron, en la capacidad de algunos de nuestros iguales para arrojar algo de luz cuando nos parece que todo está a oscuras, en lugares y fuentes del conocimiento, de la cultura, mucho más poderosos que todas sus riquezas juntas.
Hace mucho que alguien escribió que el obrero está más necesitado de respeto que de pan, así que no se sorprendan, no se lleven a engaño, no soy yo el que escribe, es la necesidad de toda una generación.

Prisión de Navalcarnero, junio de 2017

CHILE

Con voto electrónico y presencial: Coordinadora No Más AFP espera concretar su consulta nacional

Rodrigo Fuentes |Viernes 7 de julio 2017 20:35 hrs.

La consulta nacional (plebiscito) que se realizará entre el 29 de septiembre y 1 de octubre en todo el país, contará con la participación de observadores nacionales e internacionales, con el fin de garantizar transparencia en el proceso consultivo.

En un masivo acto en la Casa Central de la Universidad de Chile, la Coordinadora No Más AFP dio a conocer oficialmente la realización de un plebiscito nacional que se efectuará entre los días 29 de septiembre y 1 de octubre en todo Chile.

En la oportunidad el vocero de la instancia Luis Mesina, indicó que después de haber concretado 4 marchas, una protesta y un paro nacional contra el sistema de capitalización individual, es necesario “concretar una consulta ciudadana con el objetivo de avanzar otro paso más en la lucha para poner fin a un mecanismo previsional impuesto durante la dictadura”.
“Pese a los millones de recursos económicos, obtenidos de los trabajadores se destinan a campañas de propaganda para atacar nuestro movimiento, la demanda ha permanecido latente en los medios a pesar de los esfuerzos del Gobierno, de los empresarios y de los políticos que defienden las AFP”, argumentó el vocero de la instancia ciudadana, ante una repleto salón en la Universidad de Chile.

La actividad contó con la presencia de dirigentes sindicales, federaciones de trabajadores del sector salud y del comercio, además de movimientos sociales, ONGs y los representantes del Frente Amplio, Alberto Mayol y su candidata presidencial Beatriz Sánchez.

Mario Villanueva, dirigente nacional de la Federación Nacional de Profesionales del Sector Salud e integrante de la coordinadora, adelantó que el sistema de votación se hará de manera presencial y a través de internet, tomando todos los resguardos pertinentes para evitar que una persona pueda votar más de una vez.

“Votación Online para quienes lo prefieran, además para los que no tengan un lugar de votación cercano, donde cada cual tendrá una forma de acceso y la otra forma será presencial, a través de la forma tradicional que conocemos, marcando preferencia en una papeleta, pero incorporando también a aquel ciudadano en un sistema computacional que impida igualmente que lo vuelva a hacer por una u otra vía”, detalló.

Respecto a las garantías de transparencia en el plebiscito, el creador del Movimiento por la Consulta Ciudadana, doctor Edgardo Condeza, informó que se conformará una comisión de personas notables, nacionales y extranjeras, con el fin de avalar la legitimidad del proceso, con el fin de que nadie dude de la opinión que expresarán los chilenos.

“Vamos a tener veedores chilenos y de otros países del mundo, gente que sea proba, que esté señalada por la ciudadanía que de confianza y que no va a engañar. A nosotros nos interesa que el proceso sea absolutamente transparente y claro, que las personas confíen en lo que están haciendo, que los escrutinios sean públicos, que participe la gente que quiera en un horario determinado y donde se den a conocer los resultados claramente. Nosotros hemos hecho muchos plebiscitos, nunca nos han cuestionado ninguno de ellos”, precisó.

La Constitución vigente desde época de dictadura, no contempla los plebiscitos vinculantes, por lo que los diferentes integrantes de la Coordinadora No más AFP presente en el evento, destacaron el desarrollo amplio de organización, de movilización, de educación para que la gente se pronuncie sobre la restitución de los derechos fundamentales.

El economista e investigador de la Fundación Sol, Marco Kremerman, se refirió a este punto. “Lo importante es que sea vinculante en términos sociales y en términos de acumulación de poder, yo creo que esa es la gran importancia de instancias como esta y otras que puedan venir en el futuro, que más allá de que la autoridad de turno diga si o no, que el pueblo le diga a las autoridades que lo que se está pensando, lo que se está reflexionando, es lo que va a emanar de este plebiscito. Una señal importante sobre el futuro de este sistema previsional impuesto”, argumentó.

La Coordinadora “No más AFP”, llamó finalmente a la comunidad a participar de una jornada de reflexión y posterior cacerolazo masivo para este 24 de julio, con el fin de seguir preparando el ambiente plebiscitario y a la vez protestar sobre el actual sistema de pensiones.

URUGUAY

por Natalia Uval

“Se declara que los titulares del derecho de propiedad sobre inmuebles rurales y explotaciones agropecuarias sean personas físicas” es el encabezado que figura en el sitio de Presidencia para nombrar a la Ley 18.092, aprobada en enero de 2007. Pese a las contundentes intenciones expresadas allí, en los hechos la ley que estableció que los titulares de inmuebles rurales deben ser personas físicas y que las sociedades anónimas (SA) dueñas de tierras deben tener acciones nominativas se diluye en excepciones. Algunos de los eximentes son casi automáticos, y en otros juega la voluntad política del gobierno de no exigirles a las empresas transparentar su origen.

El Decreto 225/007, reglamentario de la ley, determina que están exceptuadas de estas disposiciones las AFAP, los fiduciarios de fideicomisos, los fondos de pensión y las sociedades comerciales “cuyo capital social está representado mayoritariamente por títulos al portador, que se hayan integrado mediante procedimientos de oferta pública y coticen en la Bolsa de Valores o en otras bolsas del exterior de reconocido prestigio u otros mecanismos que aseguren un procedimiento de oferta competitivo y transparente a juicio del Poder Ejecutivo”. En este último caso, la decisión de autorizar a estas SA se toma en función del proyecto de desarrollo productivo que presenten. Este deberá incorporar un plan de producción y manejo responsable y sustentable de los recursos naturales y de protección del medioambiente. Para proceder respecto de estas excepciones existe una comisión integrada por dos representantes del Ministerio de Economía y Finanzas y dos representantes del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP).

En 2017, según consta en las resoluciones del MGAP publicadas en el sitio de Presidencia, el Ejecutivo eximió a tres empresas del cumplimiento de la ley. El 22 de junio autorizó a la sociedad anónima de capitales alemanes Fort Blue SA a comprarles 3.270 hectáreas en Paysandú a las empresas Cereales del Río Negro y El Caronero SA. Fort Blue SA compró la tierra por 23 millones de dólares para arrendarla a otra sociedad anónima. El estudio Posadas, Posadas & Vecino ofició como depositario de la garantía de la transacción.

El 27 de marzo de 2017 el Ejecutivo autorizó a la empresa Telensy SA a continuar siendo exceptuada del cumplimiento de la norma. En base a información pública, no puede determinarse de qué origen son los capitales de Telensy SA, que poseía en aquel momento 6.672 hectáreas en Florida, 283 en Rocha y 684 en Lavalleja. Hay, además, una resolución del 24 de enero de 2017 que autoriza a la empresa Arroyo Daca SA a quedar exceptuada de la norma, pero no se puede acceder al documento de la resolución.

En 2016 el gobierno adoptó otras cinco resoluciones que beneficiaron a sociedades anónimas con campos en San José, Canelones, Salto, Rivera y otros departamentos que no pueden especificarse, porque no todas las resoluciones detallan los departamentos en los que están las tierras y el número de hectáreas que poseen las SA. En 2015, tres empresas fueron eximidas de los requisitos de la Ley 18.092.
Según publicó el semanario Búsqueda el 23 de marzo, con base en fuentes oficiales, desde enero de 2007 hasta diciembre de 2016 el Poder Ejecutivo dictó 90 autorizaciones a sociedades anónimas para ser propietarias de inmuebles rurales, por un total de 5,7 millones de hectáreas. Esta cantidad de hectáreas equivale a la extensión de tierras agropecuarias de los departamentos de Tacuarembó, Salto, Paysandú, Durazno y San José.

De todos modos, esto no significa que esa cantidad de hectáreas esté ocupada por sociedades anónimas, ya que puede haber varias autorizaciones para una misma extensión de tierra. Entre otras, las empresas beneficiadas fueron Union Agriculture Group (UAG), con 320.000 hectáreas; Stora Enso, con 308.000 hectáreas; Forestal Oriental (UPM), con 115.709 hectáreas; Aratirí, con 9.000 hectáreas; Weyerhauser, con 31.433 hectáreas; Eurofores (adquirida en 2009 por Arauco y Stora Enso), con 369.000 hectáreas; y las empresas propiedad del inversor argentino Alejandro Bulgheroni, con 28.641 hectáreas.

Decisiones
Cada resolución publicada por el MGAP cita un informe o resolución de la comisión encargada de aplicar la Ley 18.092. Sin embargo, una fuente de la comisión dijo a la diaria que no todas las autorizaciones a SA para tener tierras son publicadas como resoluciones en la web de Presidencia. En muchos casos, cuando el trámite es “normal” y se identifica el beneficiario final de la sociedad, la autorización la brinda la comisión. Los casos que requieren firma del ministro y del presidente son aquellos en los que “no se puede certificar que se cumplan las características del trámite normal” y la decisión es política en función del proyecto productivo, explicó la fuente. Por consiguiente, en este período de gobierno las autorizaciones fueron más que las 11 publicadas en la web de Presidencia, pero la comisión no tiene sistematizada la cantidad de excepciones, porque sus informes son caso a caso, aseguró la fuente.

El subdirector de la Oficina de Programación y Política Agropecuaria del MGAP (OPYPA), Adrián Tambler, explicó a la diaria que los pedidos de excepción sólo son considerados por la OPYPA cuando debe analizarse el proyecto productivo, y, por ese concepto, entran “por goteo”. En los casos de las empresas que cotizan en bolsa o los fideicomisos, la excepción es prácticamente automática. Tambler aseguró que las empresas que están exceptuadas de cumplir con la Ley 18.092 son “las que todo el mundo conoce: las forestales, UAG”, apuntó el jerarca.
El último censo agropecuario de 2011 estableció que 39% de la tierra de Uruguay está en manos de sociedades. Las SA poseen 24% de la superficie; las de responsabilidad limitada, 5%; las dirigidas por comanditas, 1,3%; mientras que en la categoría “otras” se ubican propietarios de 8,6% de la tierra uruguaya. Teniendo en cuenta estas cifras y las excepciones a la Ley 18.092, Tambler admitió que no es posible establecer qué porcentaje de la tierra uruguaya está en manos de extranjeros.

Juan Castillo. Foto: Pablo Vignali (archivo, junio de 2016)

Castillo apuesta a recuperar la "diáspora comunista"

08 • jul. • 2017 

No es una tendencia que haya comenzado con su mandato en la secretaría general del Partido Comunista de Uruguay (PCU), pero Juan Castillo admite que intentará “profundizar” esa impronta política. “Queremos darle señales a la diáspora comunista, habilitar una reconstrucción y brindarle espacios al conjunto de comunistas que hoy, por distintas razones, están afuera del partido”, dijo Castillo a la diaria.
La consolidación de un espacio político más amplio se discutió en la última reunión del espacio 10015005, en la que participaron Castillo y el senador Marcos Carámbula. También asistieron varios ex comunistas que en los últimos años estuvieron en la lista 5005, como el director de Inefop, Eduardo Pereira, y el dirigente sindical Ismael Fuentes, entre otros. El secretario general del PCU agregó que el ex vicecanciller Roberto Conde, candidato que apoyaron en las internas, también ha participado activamente en estas conversaciones. “Queremos forjar un espacio abierto a otras grupos y a figuras frenteamplistas, trabajando con mucha amplitud y siendo muy unitarios, partiendo de una clara identificación frenteamplista”, argumentó Castillo.
Durante la reunión del espacio 10015005, Castillo ya había hecho referencia a la situación interna del Frente Amplio, y en particular a la crisis que vive la 711, el sector liderado por Raúl Sendic. “Tenemos que crecer y crecer juntos. A nosotros nos duele en el alma la posibilidad de que algún sector se parta, se rompa, desaparezca, o que algún compañero o compañera en el camino se nos quede, sin tener la posibilidad de dar una mano. No la gozamos haciendo números hipotéticos políticamente”, había dicho Castillo en aquel acto. Consultado respecto de esos dichos, profundizó: “Los comunistas hemos sufrido en carne propia los efectos que tienen las fracturas y los desprendimientos. No sale nadie ganando. Creo que la actitud no puede ser que si desaparece tal sector, entonces ganamos. No podemos caer en la tentación de pescar en la pecera, hay una tradición unitaria frenteamplista que es totalmente distinta a eso”, señaló.
En la reunión del espacio también se aprobó una declaración en la que se “saluda y valora positivamente” la solución planteada por el Poder Ejecutivo en relación al problema de los cincuentones, un gesto que podría interpretarse como de respaldo al ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro, que ganó esa pulseada en la interna del gobierno, enfrentado a las posiciones del Ministerio de Economía y Finanzas. Consultado sobre el futuro político de Murro y la posibilidad de que juegue algún papel en el próximo ciclo electoral, el secretario general del PCU respondió: “No he conversado directamente con Murro, pero es cierto que su nombre siempre aparece en las conversaciones, como aparece Daniel Martínez, Mario Bergara y Carolina Cosse. Condiciones para ocupar cargos importantes tiene, sin dudas; es una figura notoria del gobierno, pero no es algo que hayamos conversado formalmente como PCU”

No es sólo una consigna

Nota: Martín Sanguinetti / Foto: Rebelarte

En estos días comenzó el tratamiento parlamentario de una nueva rendición de cuentas. No es una rendición cualquiera, se juegan muchas cosas: si se va a destinar o no recursos por los tres años que le faltan de la Ley de Presupuesto, cuántos recursos se van a dar, si esos recursos son los necesarios para tender al famoso 6% del PBI para la educación al final del quinquenio. A esto se suma que este año vence el convenio salarial con los funcionarios de la ANEP y por tanto, hubo “negociación” colectiva.

Para ver en detalle que implicó en dinero esta rendición de cuentas, recomiendo un artículo publicado en Brecha junto con Martín Jauge. Ahora quiero intentar dar más contenido a la lucha por más presupuesto y por tanto, a comprender qué significa esta meta de llegar al 6%.
Los baños no funcionan, los salones se llueven, tal grupo no tuvo docente de tal asignatura en todo el año.  En este barrio no hay liceo y los gurises tienen que trasladarse mucho para poder estudiar. No hay posibilidades de conseguir becas para poder estudiar. Los docentes no tienen tiempo de atendernos y comprender cuales son los problemas que hacen que no pueda encarar la materia, además, no hay personal especializado que pueda ayudar a peteco que anda en el horno con su situación familiar. Corremos de un liceo a otro, tenemos un montón de grupos, de dónde querés que saque tiempo para pensar una propuesta pedagógica, dedicarle a la comunidad y atender a padres o tratar de manera especializada a los gurises. ¡Apenas los conozco!
Es difícil lograr abarcar en una idea qué es lo que mueve la lucha por más presupuesto para la educación.  Es decir, una consigna tan fría como un indicador -6% del PBI- que pocos entienden, logra movilizar desde hace mucho tiempo a diversos colectivos y por momentos parece no existir explicación o algo que una todo un sentir. La falta de recursos a la educación pública, universal y gratuita hace vivir en carne propia un sin fin de problemas, muchos son tan viejos que se naturalizan: así tenemos directoras de escuela que abren una unipersonal y contratan personal de limpieza que, de manera precaria y con un menor salario que un funcionario de la ANEP, logra pagar la comisión de fomento de la escuela. Edificios en estados deplorables donde docentes, funcionarios y alumnos se adaptan para hacer lo mejor posible, los “provisorios para toda la vida” contenedores y un montón de etc.
Lo más grave es que también se naturaliza el hecho de que muchos abandonan: no les rinde estudiar, “no es para mí”.  De esta manera se reproduce una situación donde quienes sí lo logran, son los que tienen condiciones materiales para hacerlo y un capital cultural que jerarquiza la educación como necesaria para la vida. Esta problemática es vivenciada por las personas en el  cuerpo, lo sienten cotidianamente, por más de que se naturalice, está. Los pocos ejemplos expuestos pueden servir para para comprender qué es lo que desborda, es decir, qué hace que muchas personas se sienten indignadas y luchen para mejorar las condiciones materiales para tener una educación de calidad que abarque a todas las personas.
¿Qué es el 6% del PBI para la educación? Es simplemente un indicador que intenta medir cuánto de la riqueza generada por una economía se debería destinar a la educación. Como todo indicador, tiene una serie de limitaciones, pero al ser algo sintético tiene también muchas ventajas. Para comprender la idea central que quiero trasmitir voy a detenerme en algunas de sus ventajas y en algunas otras limitaciones. Una de las ventajas, tal vez la más importante, es que al medir cuánto de la riqueza generada se destina a la educación, nos dice en qué medida esa sociedad prioriza la educación en relación a sus posibilidades, eso vuelve al indicador comparable temporal y geográficamente.
Esta manera de mirarlo, puede pensarse como la cantidad de recursos que el Estado asigna a la educación, para ello extrae los recursos del sector productivo. Cuando estos recursos son destinados a la educación pública, gratuita y universal, se puede pensar que está solucionando la educación de toda la población sin distinciones y por tanto, garantizando el acceso a educarse.
“Yo no entiendo, si va a beneficiar a la mayoría de la personas, por qué no se gasta lo que se precisa” preguntaba un estudiante de un gremio estudiantil de un liceo, en un taller sobre presupuesto. Es una gran pregunta, tal vez, para pensar por qué se destina lo que se destina y el cierto conformismo histórico de la hegemonía y también, para comprender el porqué del techo al que ha llegado el progresismo con el gasto en educación actual. Garantizar ciertos niveles de educación universal es, en cierto lugar, conveniente para la acumulación de capital. Es decir, contar con trabajadores/as que sepan hacer las tareas necesarias en la producción es fundamental para garantizar ganancia en el largo plazo.
Esta idea vincula directamente a la educación con los modelos productivos y, en un plano ideológico, con la concepción de desarrollo. Es esperable que países que producen bienes industriales de grandes contenidos tecnológicos, tengan modelos educativos con más recursos, con mayores alcances a todos los niveles de la educación gratuita y universal, porque la reproducción del capital de estas sociedades necesita que su mano de obra tenga un conocimiento elevado que abarque a toda la población.
Mientras que en países que se desarrollan vendiendo productos primarios ocurra lo opuesto. Es decir, en estos últimos países -como el nuestro-, es posible pensar que a los que se benefician de las ganancias de la acumulación del capital no les interesa tener niveles altos de gasto en educación, simplemente porque no es una condición necesaria para garantizar la ganancia, sino todo lo contrario. Trabajadores con grandes niveles de conocimiento que abarque a toda la población, es en realidad un “estorbo” para la reproducción del capital en este tipo de países. Esto da pistas para pensar los niveles de gasto en educación de la historia de nuestro país, cuando se analiza este indicador a lo largo del tiempo.
Esta idea se vuelve aún más compleja, cuando se agrega al análisis que en Uruguay una proporción importante de la población soluciona sus problemas educativos en el sector privado. Aproximadamente el 20% más rico de la población hace su carrera educativa en el sector privado -a grandes rasgos en todos los niveles ese es el porcentaje de matriculación privada-.  Este dato es de enorme relevancia porque si bien es la minoría de la población, es sin duda la que más incidencia tiene en la construcción del sentido común.
Tal vez, esta idea puede ser sintetizada en la polémica nota de Fernando Isabella, donde acusa a los sindicatos de la educación de fomentar la migración del sector público al privado por los paros. Sin duda, que Isabella abusa del sentido común con ese razonamiento, debe de ser algo que le sucede a su entorno, ya que forma parte de ese 20% pero no es algo que pueda suceder generalizadamente, porque el restante 80% no puede acceder al sector privado. Y justamente, pujar por más recursos por la educación pública gratuita y universal -haciendo paros por mayor presupuesto es una forma- es intentar hacer lo opuesto de lo que él acusa a los sindicatos.
Los sujetos que se benefician de este modelo de producción no les sirve que se gaste más en educación pública y universal  porque no lo precisan o solucionan sus problemas educativos en el sector privado. A su vez, a los que Isabella llama clase media, que de media tienen poco, ya que son el 20% más rico, también suelen solucionar sus problemas educativos en el sector privado. Esto tensiona la posibilidad de generar la fuerza necesaria de invertir más recursos en la educación, y también pone arriba de la mesa la necesidad de dar discusiones más amplias con el fin de avanzar de manera más consciente.
Como decía más arriba, este indicador tiene limitaciones, solo está midiendo la cantidad de recursos que se destina en relación a la riqueza generada. Eso genera algunos problemas, uno es que no dice nada de las necesidades que tiene el sistema. A modo de ejemplo, puede ocurrir que hace 20 años se realizó una gran inversión, se alcanzó la infraestructura necesaria, la cantidad de cargos adecuados, lo mismo con la carrera docente y la inmensa mayoría de los y las jóvenes terminan sus estudios. Desde hace 20 años, en nuestro país,  comenzó una transición demográfica que  genera que cada vez haya menos niños y jóvenes. En este caso, mirar como algo malo la caída o estancamiento del gasto en educación no sería del todo correcto. Está claro que no es lo que le sucede a Uruguay, donde existe un gran debe histórico de recursos, sobretodo en educación media y terciaria.
Otra de las limitaciones, es que tampoco dice nada del tipo de sistema educativo que se tiene,  es posible un escenario donde el gasto en educación crezca, pero que ese crecimiento sea funcional y deseable para el avance del capital en la educación. Por ejemplo, una forma que tiene la educación privada de crecer es captando parte del gasto público en educación. Muchas de estas cuestiones  ya existen aunque no todas son contabilizadas dentro del gasto en educación -exoneraciones fiscales, PPP o Ley de Mecenazgo-, y otras están en el discurso político constantemente, como el caso de los vouchers.
Otro ejemplo que hace a las limitaciones del indicador, puede verse en las condiciones de trabajo. La masa salarial de la educación suele pesar entre un 80% y un 85% del presupuesto total, por tanto, luchar por más presupuesto es un sinónimo de luchar por más salario y/o más cargos. Esto nos lleva a pensar, que cuando se ve la historia de este indicador para el caso uruguayo, puede identificarse un recorrido concreto que fue en la dirección de precarizar el trabajo docente.
Esto se concretiza en algunos indicadores que hacen a la tarea docente, como por ejemplo, que el 57 por ciento de los docentes que trabajan en el Consejo de educación secundaria -CES-, son multiempleados, con altas cargas horarias -el 75 por ciento del profesorado cuenta con 25 horas de aula o más, y la mitad tiene 33 horas de aula o más-, a su vez, a esa carga de horas de aula se le agrega el trabajo que se realiza desde la casa (con lo cual el 75 por ciento trabaja 35 horas semanales o más y el 50 por ciento lo hace por 42 horas o más, sólo contando el trabajo en el CES). Este dato no es menor si se considera que el 70 por ciento de los docentes tiene menos de 44 años de edad y el 70 por ciento son mujeres, y en su gran mayoría en edad reproductiva. El 28 por ciento vive con al menos un menor de 6 años en el hogar, 47 por ciento vive con al menos un menor de 13 años y el 60 por ciento vive con al menos un menor de 18 años, haciendo que la reproducción de la vida se sume a la elevada carga horaria, es dable esperar que las condiciones de trabajo no son las ideales para la tarea.
Es claro que el aumento presupuestal del primer gobierno del Frente Amplio  sirvió para mejorar muchas cosas, pero cuando uno pone en números los problemas de la condiciones de trabajo, se visualiza que  falta mucho para lograr mejoras sustantivas. El pedido salarial que reivindica la CSEU, está en consonancia con la consigna: 6% del PBI para ANEP y UdelaR -incluso podría pensarse en 6% para la educación y alcanzaría-, ya que implicaría aumentar aproximadamente un 1% del PBI el gasto en ANEP y UdelaR -meta que se pudo cumplir en los 5 primeros años del gobierno del FA-, pero sobretodo  es una necesario para pensar mejoras sustantivas en las condiciones de trabajo de las docentes.
El desafío pendiente es lograr avanzar en lo más importante: cuáles serían las condiciones adecuadas para los docentes, cuál es la carrera docente para una educación transformadora y tal vez la más difícil,  cuál es el sistema educativo a reivindicar desde el movimiento popular..