Un gobierno de nuevo tipo
18 julio 2017
Por Martha Eugenia López Villeda *
Un gobierno de nuevo tipo se constituye en el Continente Latinoamericano, en el año 1959, en un país subdesarrollado: Cuba, y solamente a 90 millas de los Estados Unidos de Norteamérica.
Fidel sabía que para lograr un verdadero cambio en el país en beneficio del pueblo, no era suficiente derrotar a la tiranía, algo que ya había logrado, sino que era necesario establecer un gobierno de nuevo tipo, que ahora se llevaría a cabo.
“El imperialismo tenía que vérselas ahora con una nación latinoamericana sin ejército represivo y con un pueblo armado… Cuba era al fin dueña absoluta de su destino…” (1)
Las fuerzas revolucionarias lograron frustrar el primero de enero de 1959 el golpe de Estado promovido por el gobierno norteamericano, y toman el poder. El gobierno de EE.UU por primera vez no podía intervenir y manipular a sus intereses el nuevo gobierno.
Fidel, al arribar el 8 de enero de 1959 a La Habana expresa: “Estamos en un momento decisivo de nuestra historia. La tiranía ha sido derrotada. La alegría es inmensa. Y sin embargo, queda mucho por hacer todavía. No nos engañemos creyendo que en lo adelante todo será más fácil. Quizás en lo adelante todo será más difícil”. (2)
De inmediato el gobierno es formado con miembros del Ejército Rebelde y de otras fuerzas revolucionarias. Las primeras medidas tomadas Fidel las menciona en su informe al Primer Congreso del Partido, algunas de estas: Castigo a principales responsables de los crímenes cometidos; confiscación de los bienes malversados por los funcionarios del sangriento régimen; disolución del ejército de la tiranía, asumiendo las funciones el Ejército Rebelde; administración pública saneada; disueltos partidos políticos que habían servido a la opresión; barrida la dirección corrompida de los sindicatos; intervención de la Compañía Cubana de Teléfonos; rebaja el 50 % de los alquileres; se declaran de uso público todas las playas; se dicta la primera Ley de Reforma Agraria; rebajan las tarifas eléctricas; suprimidos el juego y tráfico de drogas; se comienza a trabajar en la erradicación de barrios insalubres, y otras medidas más. Todos los servicios de salud y educación pasaron a ser responsabilidad del Estado, no tenían que ser pagados por el pueblo.
Las medidas tomadas por el nuevo Gobierno fueron respaldadas por leyes, normas jurídicas, siguiendo la tradición de las guerras revolucionarias. La organización de la economía del país también fue normada.
Tiene como programa instituir una Revolución Democrática Popular, pero las agresiones del imperialismo llevaron a acelerar la radicalización del proceso y se proclamó una Revolución Socialista el 16 de abril de 1961.
Toda la actividad del nuevo gobierno Fidel la va informando al pueblo, lo toma en cuenta y va haciéndolo participe del proceso, crea estructuras para su intervención en todos los ámbitos, incluyendo la defensa de la Revolución. La respuesta del pueblo es avasalladora, va haciendo suyo el proceso con entusiasmo, esfuerzo y heroicidades.
La reacción del gobierno norteamericano para derrocar la Revolución se hizo sentir de inmediato, no podía admitir que se saliera de su control el gobierno de un país de la región, sería ejemplo para otros pueblos. Además, ya tenía destinada a Cuba para el desarrollo de la mafia norteamericana.
De inmediato las acciones políticas, económicas, terroristas las empezó a aplicar para derrotar la Revolución, el inhumano bloqueo económico ha costado millones de dólares al gobierno de Cuba y grandes limitaciones y sufrimientos a la población. Las acciones terroristas desde organización de bandas criminales, sabotajes, agresiones a barcos, a las costas, bombardeos, invasión militar, derrumbe de una nave y otros han dejado cientos de muertos y miles de afectados. El ataque difamatorio contra la Revolución ha sido sistemático.
El gobierno de los EE.UU. muchas veces ha pensado que el gobierno revolucionario no podría continuar, como cuando el derrumbe del socialismo en Europa del Este, después pensó que ante la enfermedad de Fidel, en el año 2006 el Gobierno no continuaría, se equivocó. Ahora ante la desaparición física de Fidel, el Gobierno Revolucionario sigue avanzando. Han transcurrido 58 años esforzados, exitosos, heroicos, peligrosos, traumáticos, con un pueblo en pie.
*MSc. Martha Eugenia López Villeda, mexicana, incorporada al proceso revolucionario cubano desde 1955, ha escrito varios libros.
(1)Informe central al Primer Congreso del Partido por Fidel. pag 29
(2) ídem, pag. 30.
Un gobierno de nuevo tipo se constituye en el Continente Latinoamericano, en el año 1959, en un país subdesarrollado: Cuba, y solamente a 90 millas de los Estados Unidos de Norteamérica.
Fidel sabía que para lograr un verdadero cambio en el país en beneficio del pueblo, no era suficiente derrotar a la tiranía, algo que ya había logrado, sino que era necesario establecer un gobierno de nuevo tipo, que ahora se llevaría a cabo.
“El imperialismo tenía que vérselas ahora con una nación latinoamericana sin ejército represivo y con un pueblo armado… Cuba era al fin dueña absoluta de su destino…” (1)
Las fuerzas revolucionarias lograron frustrar el primero de enero de 1959 el golpe de Estado promovido por el gobierno norteamericano, y toman el poder. El gobierno de EE.UU por primera vez no podía intervenir y manipular a sus intereses el nuevo gobierno.
Fidel, al arribar el 8 de enero de 1959 a La Habana expresa: “Estamos en un momento decisivo de nuestra historia. La tiranía ha sido derrotada. La alegría es inmensa. Y sin embargo, queda mucho por hacer todavía. No nos engañemos creyendo que en lo adelante todo será más fácil. Quizás en lo adelante todo será más difícil”. (2)
De inmediato el gobierno es formado con miembros del Ejército Rebelde y de otras fuerzas revolucionarias. Las primeras medidas tomadas Fidel las menciona en su informe al Primer Congreso del Partido, algunas de estas: Castigo a principales responsables de los crímenes cometidos; confiscación de los bienes malversados por los funcionarios del sangriento régimen; disolución del ejército de la tiranía, asumiendo las funciones el Ejército Rebelde; administración pública saneada; disueltos partidos políticos que habían servido a la opresión; barrida la dirección corrompida de los sindicatos; intervención de la Compañía Cubana de Teléfonos; rebaja el 50 % de los alquileres; se declaran de uso público todas las playas; se dicta la primera Ley de Reforma Agraria; rebajan las tarifas eléctricas; suprimidos el juego y tráfico de drogas; se comienza a trabajar en la erradicación de barrios insalubres, y otras medidas más. Todos los servicios de salud y educación pasaron a ser responsabilidad del Estado, no tenían que ser pagados por el pueblo.
Las medidas tomadas por el nuevo Gobierno fueron respaldadas por leyes, normas jurídicas, siguiendo la tradición de las guerras revolucionarias. La organización de la economía del país también fue normada.
Tiene como programa instituir una Revolución Democrática Popular, pero las agresiones del imperialismo llevaron a acelerar la radicalización del proceso y se proclamó una Revolución Socialista el 16 de abril de 1961.
Toda la actividad del nuevo gobierno Fidel la va informando al pueblo, lo toma en cuenta y va haciéndolo participe del proceso, crea estructuras para su intervención en todos los ámbitos, incluyendo la defensa de la Revolución. La respuesta del pueblo es avasalladora, va haciendo suyo el proceso con entusiasmo, esfuerzo y heroicidades.
La reacción del gobierno norteamericano para derrocar la Revolución se hizo sentir de inmediato, no podía admitir que se saliera de su control el gobierno de un país de la región, sería ejemplo para otros pueblos. Además, ya tenía destinada a Cuba para el desarrollo de la mafia norteamericana.
De inmediato las acciones políticas, económicas, terroristas las empezó a aplicar para derrotar la Revolución, el inhumano bloqueo económico ha costado millones de dólares al gobierno de Cuba y grandes limitaciones y sufrimientos a la población. Las acciones terroristas desde organización de bandas criminales, sabotajes, agresiones a barcos, a las costas, bombardeos, invasión militar, derrumbe de una nave y otros han dejado cientos de muertos y miles de afectados. El ataque difamatorio contra la Revolución ha sido sistemático.
El gobierno de los EE.UU. muchas veces ha pensado que el gobierno revolucionario no podría continuar, como cuando el derrumbe del socialismo en Europa del Este, después pensó que ante la enfermedad de Fidel, en el año 2006 el Gobierno no continuaría, se equivocó. Ahora ante la desaparición física de Fidel, el Gobierno Revolucionario sigue avanzando. Han transcurrido 58 años esforzados, exitosos, heroicos, peligrosos, traumáticos, con un pueblo en pie.
*MSc. Martha Eugenia López Villeda, mexicana, incorporada al proceso revolucionario cubano desde 1955, ha escrito varios libros.
(1)Informe central al Primer Congreso del Partido por Fidel. pag 29
(2) ídem, pag. 30.
Del triunfo rebelde a la Crisis de Octubre: el mundo al borde del holocausto nuclear
Por:
Ernesto Limia Díaz
Historiador y Licenciado en Derecho. Autor de los libros “Cuba entre tres imperios: perla, llave y antemural” y “Cuba Libre: la utopía secuestrada”.
Historiador y Licenciado en Derecho. Autor de los libros “Cuba entre tres imperios: perla, llave y antemural” y “Cuba Libre: la utopía secuestrada”.
El declive del prestigio de Estados Unidos iniciado a finales de la
década de 1950 —con el colapso del sistema colonial y la creciente
tendencia en la correlación de fuerzas a favor del socialismo—, llegó a
su clímax en la década de 1960 con la Revolución Cubana como protagonista de una nueva era, después que Fidel Castro
y la Generación del Centenario hicieran añicos el mito de la
invencibilidad del ejército de Batista y la hasta entonces paralizante
doctrina del fatalismo geográfico. En una época en que las inversiones
de las transnacionales yanquis en Canadá, América Latina, Europa y Asia
totalizaban 27 484 000 000 de dólares y la industria armamentista
constituía su más poderosa empresa económica —entre 1950 y 1960 cedió o
vendió a otros países equipos bélicos por más de 35 000 000 000 de
dólares—, Cuba tendría que pagar un alto precio por ser la primera en
Latinoamérica —las expropiaciones decretadas por Lázaro Cárdenas
afectaron, sobre todo, a compañías inglesas— en remover el orden
institucional inaugurado a finales del siglo xix por el capital norteño
para señorear la región. Dwight D. Eisenhower, cuyo ciclo en la Casa
Blanca se agotaba tras dos mandatos presidenciales, no podía creer que
la Isla se le iba de las manos.
Tras desafiar al capitalismo desde la cuna de su sistema neocolonial, Fidel se alzó como símbolo de herejía dada su proyección social transformadora e incluyente. La Ley de Reforma Agraria aprobada el 17 de mayo de 1959 marcó la definitiva ruptura de Estados Unidos con la Revolución Cubana. A partir de ese instante Washington se propuso aislarla, reducirla a la miseria, sumergirla en el caos; nadie más en el Hemisferio Occidental podía atreverse a correr su suerte.
Ya entonces el militarismo llegaba a su máximo apogeo, en un clima de Guerra Fría inaugurado tres lustros atrás, en 1946, durante la visita de Winston Churchill a la Universidad de Missouri en Fulton, aunque hasta entonces el principal escenario de tensión entre las dos naciones líderes del socialismo y el capitalismo había sido Berlín. Cuba se sabía con la razón, y en medio del duelo geopolítico bipolar entre Estados Unidos y la Unión Soviética no podía consentir que la soberanía fuese de uso exclusivo de las potencias. Más de noventa años de lucha le daban ese derecho a un pueblo capaz de ofrecer la vida de decenas de miles de sus hijos en prenda a la libertad. La arrogancia yanqui llevó la puja a un punto extremo y fue decretada la expropiación forzosa de los bienes o empresas propiedad de personas naturales y jurídicas estadounidenses, y de las empresas con interés o participación de ellas. Nelson A. Rockefeller, gobernador del estado de Nueva York y miembro del clan familiar que controlaba las finanzas y el petróleo de América Latina —emporio que mucho perdió en el díscolo caimán tras el triunfo de la Revolución—, demandó una política más severa. Y el 9 de julio de 1960, en un improvisado discurso publicitado el domingo 10 por The New York Times, el premier y secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética (PCUS), Nikita S. Jrushchov, le respondió:
Debe recordarse que los Estados Unidos no están ya a una distancia inalcanzable de la Unión Soviética como antes. Hablando en sentido figurado, si fuera necesario, los artilleros soviéticos podrían apoyar al pueblo de Cuba con el fuego de sus cohetes, si las fuerzas agresivas del Pentágono osan iniciar una invasión a Cuba. Y el Pentágono debe estar bien aconsejado de no olvidar que, como demuestran las últimas pruebas, tenemos cohetes que pueden caer con precisión sobre un blanco situado a 13 000 kilómetros de distancia. Esta es, si así os gusta, una advertencia a aquellos que gustarían de resolver los problemas internacionales por la fuerza y no por la razón (Roa, 1986: 86).
Fue tal la algarabía de la prensa internacional, que desde su lecho de enfermo esa misma noche Fidel le habló al pueblo a través de la televisión: destacó el carácter espontáneo de lo declarado por Jruschov; aseguró que la Revolución no contaba con los cohetes soviéticos para defenderse, contaba con su pueblo, y emplazó a Washington a declarar que no abrigaba propósitos agresivos. En respuesta, Eisenhower desempolvó la Doctrina Monroe y desató una cruzada continental para presentar a Cuba como un peón de la URSS. Por supuesto, no mencionó que estaba en curso un plan de invasión con mercenarios cubanos entrenados por la CIA y el Pentágono, que pretendían tomar una cabeza de playa en la mayor de las Antillas para «solicitar» la intervención de Estados Unidos. Tras ganar las presidenciales del 8 de noviembre de 1960, el demócrata John F. Kennedy heredó este proyecto y resolvió proseguir.
Del 17 al 19 de abril de 1961, en las arenas de Playa Girón tuvo lugar la más simbólica y definitoria de las batallas de nuestro continente después de Ayacucho. Washington negó su participación: «Los Estados Unidos se han comprometido a no atacar a Cuba y ninguna ofensiva ha sido lanzada desde Florida o cualquier otra parte de los Estados Unidos» —mintió en la ONU el embajador Adlai Stevenson, mientras mostraba la foto de un avión de la CIA supuestamente piloteado por un desertor cubano; la verdad afloró más tarde: «Hay un viejo dicho que dice que la victoria tiene muchos padres, pero la derrota es huérfana. Se llevan a cabo declaraciones, discusiones detalladas, no se encubre la responsabilidad porque yo soy el oficial responsable del gobierno» —declararía Kennedy atribulado ante las cámaras de la televisión (Stone, 2008: Cap. 6).
Ya estaba en curso entonces otra vil maniobra: la operación Peter Pan, organizada por la CIA con la Iglesia Católica para generar histeria en Cuba y desacreditar a su liderazgo. Desde el otoño de 1960 una emisora de la agencia, Radio Swan, basificada en una pequeña isla del litoral de Honduras, divulgaba la supuesta promulgación de una ley sobre la patria potestad con la que el Gobierno Revolucionario asumiría el control de los niños y adolescentes de 5 a 18 años de edad y los enviaría a granjas agrícolas o a adoctrinarlos a Moscú; se llegó a decir que regresarían enlatados como «carne rusa».
Una red dirigida por la agente de la CIA Phyllis H. Powers (Penny Powers), profesora británica que impartía clases en la Academia Ruston, en el aristocrático barrio habanero Country Club, se encargó de elaborar, imprimir y distribuir la apócrifa ley «sustraída» del Consejo de Ministros, como afirmaba Radio Swan. La estación local de la CIA en Cuba —con la activa colaboración de funcionarios diplomáticos de Gran Bretaña y Países Bajos acreditados en La Habana—, abrió un canal para sacar a los niños cubanos rumbo a Miami con presupuesto de la agencia y visas para estudiantes (I-20), en vuelos de Pan American World Airways y K. L. M. Royal Dutch Airlines.
En Miami fue seleccionado como organizador el sacerdote irlandés Bryan O. Walsh, párroco de la iglesia del Sagrado Corazón y director del Catholic Welfare Bureau, Inc., supuesta agencia de caridad de alcance nacional que le había servido de pantalla a la CIA para instrumentar una operación con emigrados húngaros en 1956. Familias cubanas de clase media enajenadas —opuestas a la Revolución o asustadas frente a una potencial intervención militar yanqui; las menos, con la esperanza de que sus hijos recibieran una beca para estudiar en alguna universidad estadounidense— accedieron a enviar a los niños rumbo a un destino ignoto. Tenían la ilusión de que la separación sería muy corta. En cambio, no pocos de aquellos niños y adolescentes, cuando se despedían en el aeropuerto estremecidos por el llanto, abrigaban la sensación de que no verían más a sus padres.
Bryan O. Walsh tenía suficiente experiencia en la organización de este tipo de actividades y comenzó a recibir a los menores a partir del 26 de diciembre de 1960. Fueron concentrados en campamentos de Miami (Matecumbe, Kendall, Florida City y Opa-locka), antes de diseminarlos por toda la Unión. Cuando el 3 de enero de 1961 Washington rompió relaciones diplomáticas con Cuba y retiró a su personal de La Habana, Walsh fue facultado por el Departamento de Estado para emitir visas waivers (visa volante), que eximen al portador de los trámites reglamentarios para entrar al territorio estadounidense. Solo a los menores de 18 años se les concedió este tipo de documento, sin el cual no se podía abordar las aeronaves de Pan American y K. L. M.; los padres no fueron agraciados con tal facilidad.
En una reflexión publicada el 12 de junio de 2009: «La envidia de Goebbels», Fidel Castro divulgó que la profesora asociada de Ciencias Políticas de la Universidad DePaul en Chicago, María de los Ángeles Torres (niña Peter Pan), descubrió en la Biblioteca Presidencial Lyndon B. Johnson un documento oficial del gobierno estadounidense en que se rechazaba la propuesta del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados de pagar con fondos de la ONU la transportación de los padres de los niños enviados a Estados Unidos. Álvaro Fernández Pagliery —hijo de Ángel Fernández Varela, profesor del Colegio de Belén y agente de la CIA (1959-1968) que participó en la operación Peter Pan—, narró sobre este engendro:
…unos años antes de su muerte en Miami, mi padre nos reunió en presencia de mi madre, mi hermana María, su esposo y yo, nos dijo que él había sido una de las personas responsables de redactar la falsa ley que provocó la histeria de la «eliminación de la patria potestad». Por eso es que sé, sin la sombra de una duda, que la operación Pedro Pan fue una siniestra jugada de inmoralidad diseñada y soñada por la CIA antes de la invasión de Bahía de Cochinos (Castro, 2009).
No habían transcurrido diez meses de la invasión mercenaria de Playa Girón, cuando el presidente Kennedy aprobó un nuevo plan que concebía el empleo directo de fuerzas navales, aéreas y terrestres estadounidenses: «Cuba fue la llave hacia toda América Latina, si Cuba tiene éxito debemos esperar que la mayor parte de América Latina caerá» —insistió el 23 de agosto de 1962 el director de la CIA, John A. McCone (McCone, 1997: 955). Cuando el KGB detectó lo que se preparaba, Jrushchov propuso instalar 42 cohetes nucleares de alcance medio en la Isla; podrían disuadir la agresión y equilibrar la correlación de fuerzas estratégicas —su emplazamiento buscaba eliminar la ventaja proporcionada al Pentágono por sus 105 misiles de alcance medio e intermedio en Turquía, Italia y el Reino Unido que apuntaban hacia la Unión Soviética. En el Kremlin no se sabía, pero ya Estados Unidos poseía una superioridad de 17 a 1 en armas nucleares con respecto a la URSS; de ellas, 229 cohetes intercontinentales (ICBM) contra 48. Y desde agosto de 1960, Eisenhower había aprobado una orden que disponía el ataque nuclear simultáneo contra la URSS y China en las primeras 24 horas del inicio de una guerra.
A Fidel lo tomó por sorpresa la propuesta de instalar proyectiles atómicos en Cuba. No le agradaba la idea, y quería evitar la imagen del país como una base soviética. Fue una consideración de orden ético la que inclinó la balanza, pues el líder cubano creía inconsecuente esperar de los soviéticos y del campo socialista el máximo apoyo en caso de una agresión de Estados Unidos y, en cambio, negarse a enfrentar los riesgos políticos cuando ellos necesitaban ayuda, punto de vista aprobado en forma unánime por el Gobierno Revolucionario.
Una extraña discusión entre Moscú y Washington acerca del carácter ofensivo o defensivo del equipo bélico que suministraba la URSS a la Isla enredó las cosas, pese a que el vicepresidente norteamericano Lyndon B. Johnson —promotor del golpe de Estado contra Jacobo Arbenz en Guatemala, en 1954— había declarado a The New York Times que era política de la administración deshacerse del régimen cubano; mientras, el senador Prescott Bush y la revista Time invocaban la Doctrina Monroe para justificar la invasión. Fidel le sugirió a la URSS declarar que Cuba dispondría del armamento requerido para defenderse, en apego al derecho internacional, y solicitó hacer público el acuerdo como lo hacía Estados Unidos con sus aliados; era imposible mantener en secreto un movimiento de la magnitud demandada por la introducción de los cohetes y sus rampas de lanzamiento. Jruschov no transigió pese a la insistencia cubana: «Debemos enviar y colocar silenciosamente los misiles, tomando todas las precauciones necesarias para poner a los norteamericanos ante un hecho consumado. ¿No nos han obligado a tolerar la presencia de misiles norteamericanos en Turquía?» —concluyó obstinado en una reunión del Kremlin (Dobrynin, 1998: 83).
Oleg Penkovski, coronel de la Dirección de Inteligencia Militar de la URSS que había sido reclutado por la CIA, transmitió a Washington la información sobre los emplazamientos en Cuba y, el 14 de octubre de 1962 un avión espía U-2 fotografió las rampas. El manejo incorrecto de Jruschov y el empleo de la mentira para desinformar envalentonaron a la Casa Blanca. El 22 de octubre Kennedy decretó el bloqueo naval —acto que constituía una declaración de guerra—, aunque no se dejó arrastrar a una respuesta más beligerante. El general Walter C. Sweeney, comandante en jefe del Mando Aéreo Táctico, alertó: «…ni siquiera con un importante ataque aéreo por sorpresa podríamos estar seguros de destruir todas las bases de misiles y armas nucleares en Cuba». Mucho pesó en la decisión de Kennedy la certeza de que una respuesta soviética a un bombardeo nuclear contra Cuba les costaría la vida a decenas de millones de estadounidenses. También sabía que «…un ataque por sorpresa socavaría, y acaso destruiría, la posibilidad moral de los Estados Unidos en todo el mundo» (Kennedy, 1968: 48-49).
Kennedy apostaba su reputación y sus posibilidades de reelección para 1964, y percibió que el mundo no estaba dispuesto a consentir un conflicto atómico por el capricho estadounidense de someter a Cuba; de hecho, el Movimiento de los No Alineados (MNOAL) pidió al secretario general interino de la ONU, U Thant, interceder para resolver la crisis y normalizar la situación en el Caribe.
Al otro lado del Atlántico, Jrushchov estaba desconcertado. No previó el drástico giro tomado por los acontecimientos y no paraba de mentir: «Estos materiales están emplazados en Cuba a petición del gobierno cubano […]» —le escribió a Kennedy en un mensaje dado a conocer el 27 de octubre por Radio Moscú (León, 1983: 352). Una hora más tarde fue derribado un U-2 que cruzó la Isla de Occidente a Oriente en misión ilegal de espionaje, por un grupo coheteril soviético emplazado en Banes, Holguín. Todo el país «…recibió con enorme entusiasmo la noticia de que había sido derribado uno de los aviones que violaban descaradamente el espacio aéreo del país. Por primera vez en un largo período de tiempo, la aviación norteamericana que “paseaba” impunemente por el cielo de Cuba había recibido una respuesta digna y una lección» —narró el coronel (r) Rubén G. Jiménez Gómez, testigo excepcional de estos hechos (Jiménez, 2003: 279-280).
Carente de serenidad y firmeza, el 28 de octubre Jrushchov, a espaldas de Cuba, acordó replegar los cohetes; a cambio, Kennedy prometió una posterior retirada de los misiles estadounidenses de Turquía e hizo un compromiso verbal de no agresión a la Isla. «Muchos ojos de hombres, cubanos y soviéticos, que estaban dispuestos a morir con suprema dignidad, vertieron lágrimas al saber la decisión sorpresiva, inesperada y prácticamente incondicional de retirar las armas» —le escribió indignado Fidel, luego de enterarse por Radio Moscú. Una pequeña dosis de ecuanimidad y sangre fría hubiese conseguido un arreglo justo, que pusiera fin a «…los ataques piratas y los actos de agresión y de terrorismo que se mantuvieron después durante decenas de años; el cese del bloqueo económico, la devolución del territorio que ocupa arbitrariamente la Base Naval en Guantánamo. Todo eso se habría podido obtener, dentro de aquella dramática tensión […]» —declaró años más tarde el líder histórico de la Revolución en entrevista al periodista francés Ignacio Ramonet (Ramonet, 2006: 323).
Secuela de esta crisis fue la suspensión de los vuelos directos entre Estados Unidos y Cuba desde el 22 de octubre. Hasta ese instante varios miles de los familiares de los niños sacados del país en la operación Peter Pan habían conseguido viajar a territorio estadounidense para reunirse con ellos; el resto quedó entonces varado con las visas ya aprobadas. En esta página oscura y triste de la historia, 14 048 niños fueron convertidos por las administraciones Eisenhower y Kennedy en arma política de desestabilización. No pocos recibieron maltratos emocionales, incluso físicos; se registran casos de niñas violadas en las casas de las familias receptoras. Independientemente del triunfo individual, testimonios de víctimas refieren que las penas, sufrimiento y dolor experimentados como consecuencia de la separación de las familias constituyeron una experiencia traumática, que dejó una huella imborrable en la vida de la mayoría de ellos; varios terminaron suicidándose en la adultez. Los padres afectados por la interrupción del tráfico aeroportuario debieron esperar para reencontrarse con sus hijos a 1965, fecha en que se restableció el puente aéreo entre los dos países a partir de un acuerdo bilateral; algunas familias no consiguieron reunificarse nunca.
Esta es la historia que intentó manipular Donald J. Trump en el teatro Manuel Artime de Miami, el pasado 16 de junio, frente a sus delirantes correligionarios conmocionados ante el himno y la bandera de Estados Unidos, el país que financió todas estas operaciones. El pueblo cubano no odia, pero tampoco olvida.
Bibliografía:
Castro Ruz, Fidel (2009): «La envidia de Goebbels», Juventud Rebelde (La Habana), 12 de junio. Disponible en:http://www.juventudrebelde. cu/especiales/fidel-castro/ref lexiones/2009-06-12/la-envidia -de-goebbels/ (Consultado: 20.6.2017).
Dobrynin, Anatoly (1998): En confianza. El embajador de Moscú ante los seis presidentes norteamericanos de la Guerra Fría (1962-1986), México D. F., Fondo de Cultura Económica.
Jiménez Gómez, Rubén G. (2003): Octubre de 1962. La mayor crisis de la era nuclear, La Habana, Editorial de Ciencias Sociales.
Kennedy, Robert F. (1968): Trece días. La crisis de Cuba, Barcelona, Plaza & Janes, S. A.
León Cotayo, Nicanor (1983): El bloqueo a Cuba, La Habana, Editorial de Ciencias Sociales.
McCone, John A. (1997): «Memorandum of Meeting with President Kennedy», August 23. En: U.S. Department of State: Foreign Relations of the United States, 1961-1963, Washington, D.C.
Ramonet, Ignacio (2006): Cien horas con Fidel. Conversaciones con Ignacio Ramonet, La Habana, Oficina de Publicaciones del Consejo de Estado.
Roa, Raúl (1986): Canciller de la dignidad (compilación de discursos e intervenciones), La Habana, Editorial de Ciencias Sociales.
Stone, Oliver (2008): The Untold History of the United States, Showtime Networks Inc., CBS Company.
Tras desafiar al capitalismo desde la cuna de su sistema neocolonial, Fidel se alzó como símbolo de herejía dada su proyección social transformadora e incluyente. La Ley de Reforma Agraria aprobada el 17 de mayo de 1959 marcó la definitiva ruptura de Estados Unidos con la Revolución Cubana. A partir de ese instante Washington se propuso aislarla, reducirla a la miseria, sumergirla en el caos; nadie más en el Hemisferio Occidental podía atreverse a correr su suerte.
Ya entonces el militarismo llegaba a su máximo apogeo, en un clima de Guerra Fría inaugurado tres lustros atrás, en 1946, durante la visita de Winston Churchill a la Universidad de Missouri en Fulton, aunque hasta entonces el principal escenario de tensión entre las dos naciones líderes del socialismo y el capitalismo había sido Berlín. Cuba se sabía con la razón, y en medio del duelo geopolítico bipolar entre Estados Unidos y la Unión Soviética no podía consentir que la soberanía fuese de uso exclusivo de las potencias. Más de noventa años de lucha le daban ese derecho a un pueblo capaz de ofrecer la vida de decenas de miles de sus hijos en prenda a la libertad. La arrogancia yanqui llevó la puja a un punto extremo y fue decretada la expropiación forzosa de los bienes o empresas propiedad de personas naturales y jurídicas estadounidenses, y de las empresas con interés o participación de ellas. Nelson A. Rockefeller, gobernador del estado de Nueva York y miembro del clan familiar que controlaba las finanzas y el petróleo de América Latina —emporio que mucho perdió en el díscolo caimán tras el triunfo de la Revolución—, demandó una política más severa. Y el 9 de julio de 1960, en un improvisado discurso publicitado el domingo 10 por The New York Times, el premier y secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética (PCUS), Nikita S. Jrushchov, le respondió:
Debe recordarse que los Estados Unidos no están ya a una distancia inalcanzable de la Unión Soviética como antes. Hablando en sentido figurado, si fuera necesario, los artilleros soviéticos podrían apoyar al pueblo de Cuba con el fuego de sus cohetes, si las fuerzas agresivas del Pentágono osan iniciar una invasión a Cuba. Y el Pentágono debe estar bien aconsejado de no olvidar que, como demuestran las últimas pruebas, tenemos cohetes que pueden caer con precisión sobre un blanco situado a 13 000 kilómetros de distancia. Esta es, si así os gusta, una advertencia a aquellos que gustarían de resolver los problemas internacionales por la fuerza y no por la razón (Roa, 1986: 86).
Fue tal la algarabía de la prensa internacional, que desde su lecho de enfermo esa misma noche Fidel le habló al pueblo a través de la televisión: destacó el carácter espontáneo de lo declarado por Jruschov; aseguró que la Revolución no contaba con los cohetes soviéticos para defenderse, contaba con su pueblo, y emplazó a Washington a declarar que no abrigaba propósitos agresivos. En respuesta, Eisenhower desempolvó la Doctrina Monroe y desató una cruzada continental para presentar a Cuba como un peón de la URSS. Por supuesto, no mencionó que estaba en curso un plan de invasión con mercenarios cubanos entrenados por la CIA y el Pentágono, que pretendían tomar una cabeza de playa en la mayor de las Antillas para «solicitar» la intervención de Estados Unidos. Tras ganar las presidenciales del 8 de noviembre de 1960, el demócrata John F. Kennedy heredó este proyecto y resolvió proseguir.
Del 17 al 19 de abril de 1961, en las arenas de Playa Girón tuvo lugar la más simbólica y definitoria de las batallas de nuestro continente después de Ayacucho. Washington negó su participación: «Los Estados Unidos se han comprometido a no atacar a Cuba y ninguna ofensiva ha sido lanzada desde Florida o cualquier otra parte de los Estados Unidos» —mintió en la ONU el embajador Adlai Stevenson, mientras mostraba la foto de un avión de la CIA supuestamente piloteado por un desertor cubano; la verdad afloró más tarde: «Hay un viejo dicho que dice que la victoria tiene muchos padres, pero la derrota es huérfana. Se llevan a cabo declaraciones, discusiones detalladas, no se encubre la responsabilidad porque yo soy el oficial responsable del gobierno» —declararía Kennedy atribulado ante las cámaras de la televisión (Stone, 2008: Cap. 6).
Ya estaba en curso entonces otra vil maniobra: la operación Peter Pan, organizada por la CIA con la Iglesia Católica para generar histeria en Cuba y desacreditar a su liderazgo. Desde el otoño de 1960 una emisora de la agencia, Radio Swan, basificada en una pequeña isla del litoral de Honduras, divulgaba la supuesta promulgación de una ley sobre la patria potestad con la que el Gobierno Revolucionario asumiría el control de los niños y adolescentes de 5 a 18 años de edad y los enviaría a granjas agrícolas o a adoctrinarlos a Moscú; se llegó a decir que regresarían enlatados como «carne rusa».
Una red dirigida por la agente de la CIA Phyllis H. Powers (Penny Powers), profesora británica que impartía clases en la Academia Ruston, en el aristocrático barrio habanero Country Club, se encargó de elaborar, imprimir y distribuir la apócrifa ley «sustraída» del Consejo de Ministros, como afirmaba Radio Swan. La estación local de la CIA en Cuba —con la activa colaboración de funcionarios diplomáticos de Gran Bretaña y Países Bajos acreditados en La Habana—, abrió un canal para sacar a los niños cubanos rumbo a Miami con presupuesto de la agencia y visas para estudiantes (I-20), en vuelos de Pan American World Airways y K. L. M. Royal Dutch Airlines.
En Miami fue seleccionado como organizador el sacerdote irlandés Bryan O. Walsh, párroco de la iglesia del Sagrado Corazón y director del Catholic Welfare Bureau, Inc., supuesta agencia de caridad de alcance nacional que le había servido de pantalla a la CIA para instrumentar una operación con emigrados húngaros en 1956. Familias cubanas de clase media enajenadas —opuestas a la Revolución o asustadas frente a una potencial intervención militar yanqui; las menos, con la esperanza de que sus hijos recibieran una beca para estudiar en alguna universidad estadounidense— accedieron a enviar a los niños rumbo a un destino ignoto. Tenían la ilusión de que la separación sería muy corta. En cambio, no pocos de aquellos niños y adolescentes, cuando se despedían en el aeropuerto estremecidos por el llanto, abrigaban la sensación de que no verían más a sus padres.
Bryan O. Walsh tenía suficiente experiencia en la organización de este tipo de actividades y comenzó a recibir a los menores a partir del 26 de diciembre de 1960. Fueron concentrados en campamentos de Miami (Matecumbe, Kendall, Florida City y Opa-locka), antes de diseminarlos por toda la Unión. Cuando el 3 de enero de 1961 Washington rompió relaciones diplomáticas con Cuba y retiró a su personal de La Habana, Walsh fue facultado por el Departamento de Estado para emitir visas waivers (visa volante), que eximen al portador de los trámites reglamentarios para entrar al territorio estadounidense. Solo a los menores de 18 años se les concedió este tipo de documento, sin el cual no se podía abordar las aeronaves de Pan American y K. L. M.; los padres no fueron agraciados con tal facilidad.
En una reflexión publicada el 12 de junio de 2009: «La envidia de Goebbels», Fidel Castro divulgó que la profesora asociada de Ciencias Políticas de la Universidad DePaul en Chicago, María de los Ángeles Torres (niña Peter Pan), descubrió en la Biblioteca Presidencial Lyndon B. Johnson un documento oficial del gobierno estadounidense en que se rechazaba la propuesta del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados de pagar con fondos de la ONU la transportación de los padres de los niños enviados a Estados Unidos. Álvaro Fernández Pagliery —hijo de Ángel Fernández Varela, profesor del Colegio de Belén y agente de la CIA (1959-1968) que participó en la operación Peter Pan—, narró sobre este engendro:
…unos años antes de su muerte en Miami, mi padre nos reunió en presencia de mi madre, mi hermana María, su esposo y yo, nos dijo que él había sido una de las personas responsables de redactar la falsa ley que provocó la histeria de la «eliminación de la patria potestad». Por eso es que sé, sin la sombra de una duda, que la operación Pedro Pan fue una siniestra jugada de inmoralidad diseñada y soñada por la CIA antes de la invasión de Bahía de Cochinos (Castro, 2009).
No habían transcurrido diez meses de la invasión mercenaria de Playa Girón, cuando el presidente Kennedy aprobó un nuevo plan que concebía el empleo directo de fuerzas navales, aéreas y terrestres estadounidenses: «Cuba fue la llave hacia toda América Latina, si Cuba tiene éxito debemos esperar que la mayor parte de América Latina caerá» —insistió el 23 de agosto de 1962 el director de la CIA, John A. McCone (McCone, 1997: 955). Cuando el KGB detectó lo que se preparaba, Jrushchov propuso instalar 42 cohetes nucleares de alcance medio en la Isla; podrían disuadir la agresión y equilibrar la correlación de fuerzas estratégicas —su emplazamiento buscaba eliminar la ventaja proporcionada al Pentágono por sus 105 misiles de alcance medio e intermedio en Turquía, Italia y el Reino Unido que apuntaban hacia la Unión Soviética. En el Kremlin no se sabía, pero ya Estados Unidos poseía una superioridad de 17 a 1 en armas nucleares con respecto a la URSS; de ellas, 229 cohetes intercontinentales (ICBM) contra 48. Y desde agosto de 1960, Eisenhower había aprobado una orden que disponía el ataque nuclear simultáneo contra la URSS y China en las primeras 24 horas del inicio de una guerra.
A Fidel lo tomó por sorpresa la propuesta de instalar proyectiles atómicos en Cuba. No le agradaba la idea, y quería evitar la imagen del país como una base soviética. Fue una consideración de orden ético la que inclinó la balanza, pues el líder cubano creía inconsecuente esperar de los soviéticos y del campo socialista el máximo apoyo en caso de una agresión de Estados Unidos y, en cambio, negarse a enfrentar los riesgos políticos cuando ellos necesitaban ayuda, punto de vista aprobado en forma unánime por el Gobierno Revolucionario.
Una extraña discusión entre Moscú y Washington acerca del carácter ofensivo o defensivo del equipo bélico que suministraba la URSS a la Isla enredó las cosas, pese a que el vicepresidente norteamericano Lyndon B. Johnson —promotor del golpe de Estado contra Jacobo Arbenz en Guatemala, en 1954— había declarado a The New York Times que era política de la administración deshacerse del régimen cubano; mientras, el senador Prescott Bush y la revista Time invocaban la Doctrina Monroe para justificar la invasión. Fidel le sugirió a la URSS declarar que Cuba dispondría del armamento requerido para defenderse, en apego al derecho internacional, y solicitó hacer público el acuerdo como lo hacía Estados Unidos con sus aliados; era imposible mantener en secreto un movimiento de la magnitud demandada por la introducción de los cohetes y sus rampas de lanzamiento. Jruschov no transigió pese a la insistencia cubana: «Debemos enviar y colocar silenciosamente los misiles, tomando todas las precauciones necesarias para poner a los norteamericanos ante un hecho consumado. ¿No nos han obligado a tolerar la presencia de misiles norteamericanos en Turquía?» —concluyó obstinado en una reunión del Kremlin (Dobrynin, 1998: 83).
Oleg Penkovski, coronel de la Dirección de Inteligencia Militar de la URSS que había sido reclutado por la CIA, transmitió a Washington la información sobre los emplazamientos en Cuba y, el 14 de octubre de 1962 un avión espía U-2 fotografió las rampas. El manejo incorrecto de Jruschov y el empleo de la mentira para desinformar envalentonaron a la Casa Blanca. El 22 de octubre Kennedy decretó el bloqueo naval —acto que constituía una declaración de guerra—, aunque no se dejó arrastrar a una respuesta más beligerante. El general Walter C. Sweeney, comandante en jefe del Mando Aéreo Táctico, alertó: «…ni siquiera con un importante ataque aéreo por sorpresa podríamos estar seguros de destruir todas las bases de misiles y armas nucleares en Cuba». Mucho pesó en la decisión de Kennedy la certeza de que una respuesta soviética a un bombardeo nuclear contra Cuba les costaría la vida a decenas de millones de estadounidenses. También sabía que «…un ataque por sorpresa socavaría, y acaso destruiría, la posibilidad moral de los Estados Unidos en todo el mundo» (Kennedy, 1968: 48-49).
Kennedy apostaba su reputación y sus posibilidades de reelección para 1964, y percibió que el mundo no estaba dispuesto a consentir un conflicto atómico por el capricho estadounidense de someter a Cuba; de hecho, el Movimiento de los No Alineados (MNOAL) pidió al secretario general interino de la ONU, U Thant, interceder para resolver la crisis y normalizar la situación en el Caribe.
Al otro lado del Atlántico, Jrushchov estaba desconcertado. No previó el drástico giro tomado por los acontecimientos y no paraba de mentir: «Estos materiales están emplazados en Cuba a petición del gobierno cubano […]» —le escribió a Kennedy en un mensaje dado a conocer el 27 de octubre por Radio Moscú (León, 1983: 352). Una hora más tarde fue derribado un U-2 que cruzó la Isla de Occidente a Oriente en misión ilegal de espionaje, por un grupo coheteril soviético emplazado en Banes, Holguín. Todo el país «…recibió con enorme entusiasmo la noticia de que había sido derribado uno de los aviones que violaban descaradamente el espacio aéreo del país. Por primera vez en un largo período de tiempo, la aviación norteamericana que “paseaba” impunemente por el cielo de Cuba había recibido una respuesta digna y una lección» —narró el coronel (r) Rubén G. Jiménez Gómez, testigo excepcional de estos hechos (Jiménez, 2003: 279-280).
Carente de serenidad y firmeza, el 28 de octubre Jrushchov, a espaldas de Cuba, acordó replegar los cohetes; a cambio, Kennedy prometió una posterior retirada de los misiles estadounidenses de Turquía e hizo un compromiso verbal de no agresión a la Isla. «Muchos ojos de hombres, cubanos y soviéticos, que estaban dispuestos a morir con suprema dignidad, vertieron lágrimas al saber la decisión sorpresiva, inesperada y prácticamente incondicional de retirar las armas» —le escribió indignado Fidel, luego de enterarse por Radio Moscú. Una pequeña dosis de ecuanimidad y sangre fría hubiese conseguido un arreglo justo, que pusiera fin a «…los ataques piratas y los actos de agresión y de terrorismo que se mantuvieron después durante decenas de años; el cese del bloqueo económico, la devolución del territorio que ocupa arbitrariamente la Base Naval en Guantánamo. Todo eso se habría podido obtener, dentro de aquella dramática tensión […]» —declaró años más tarde el líder histórico de la Revolución en entrevista al periodista francés Ignacio Ramonet (Ramonet, 2006: 323).
Secuela de esta crisis fue la suspensión de los vuelos directos entre Estados Unidos y Cuba desde el 22 de octubre. Hasta ese instante varios miles de los familiares de los niños sacados del país en la operación Peter Pan habían conseguido viajar a territorio estadounidense para reunirse con ellos; el resto quedó entonces varado con las visas ya aprobadas. En esta página oscura y triste de la historia, 14 048 niños fueron convertidos por las administraciones Eisenhower y Kennedy en arma política de desestabilización. No pocos recibieron maltratos emocionales, incluso físicos; se registran casos de niñas violadas en las casas de las familias receptoras. Independientemente del triunfo individual, testimonios de víctimas refieren que las penas, sufrimiento y dolor experimentados como consecuencia de la separación de las familias constituyeron una experiencia traumática, que dejó una huella imborrable en la vida de la mayoría de ellos; varios terminaron suicidándose en la adultez. Los padres afectados por la interrupción del tráfico aeroportuario debieron esperar para reencontrarse con sus hijos a 1965, fecha en que se restableció el puente aéreo entre los dos países a partir de un acuerdo bilateral; algunas familias no consiguieron reunificarse nunca.
Esta es la historia que intentó manipular Donald J. Trump en el teatro Manuel Artime de Miami, el pasado 16 de junio, frente a sus delirantes correligionarios conmocionados ante el himno y la bandera de Estados Unidos, el país que financió todas estas operaciones. El pueblo cubano no odia, pero tampoco olvida.
Bibliografía:
Castro Ruz, Fidel (2009): «La envidia de Goebbels», Juventud Rebelde (La Habana), 12 de junio. Disponible en:http://www.juventudrebelde.
Dobrynin, Anatoly (1998): En confianza. El embajador de Moscú ante los seis presidentes norteamericanos de la Guerra Fría (1962-1986), México D. F., Fondo de Cultura Económica.
Jiménez Gómez, Rubén G. (2003): Octubre de 1962. La mayor crisis de la era nuclear, La Habana, Editorial de Ciencias Sociales.
Kennedy, Robert F. (1968): Trece días. La crisis de Cuba, Barcelona, Plaza & Janes, S. A.
León Cotayo, Nicanor (1983): El bloqueo a Cuba, La Habana, Editorial de Ciencias Sociales.
McCone, John A. (1997): «Memorandum of Meeting with President Kennedy», August 23. En: U.S. Department of State: Foreign Relations of the United States, 1961-1963, Washington, D.C.
Ramonet, Ignacio (2006): Cien horas con Fidel. Conversaciones con Ignacio Ramonet, La Habana, Oficina de Publicaciones del Consejo de Estado.
Roa, Raúl (1986): Canciller de la dignidad (compilación de discursos e intervenciones), La Habana, Editorial de Ciencias Sociales.
Stone, Oliver (2008): The Untold History of the United States, Showtime Networks Inc., CBS Company.
VENEZUELA
Trump amenaza a Venezuela con sanciones económicas “rápidas y firmes”
Este lunes, a través de un comunicado, el mandatario anticipó que su país impondrá sanciones económicas “rápidas y firmes” al país latinoamericano si el gobierno de Nicolás Maduro lleva adelante la Asamblea Nacional Constituyente que promueve, aunque la iniciativa es Constitucional.
“Estados Unidos una vez más exige elecciones libres y justas, y apoya al pueblo de Venezuela en su deseo de que su país vuelva a ser una democracia plena y próspera”, señaló Trump incurriendo en injerencia en asuntos de un Estado soberano.
El anuncio del Presidente estadounidense se da al día siguiente de haberse realizado en Venezuela el plebiscito convocado por la oposición en rechazo a la Constituyente, cuyos resultados han sido fuertemente cuestionados por el Gobierno de ese país, en contraste con el simulacro electoral que convocó el Consejo Nacional Electoral y que evidenció a la mayoría del pueblo participando.
Hace un mes, el secretario de Estado de EE.UU., Rex Tillerson, había adelantado que Washington preparaba “una lista muy robusta de individuos” del Gobierno bolivariano que serían sancionados por la Casa Blanca. Anteriormente, el Tesoro había sancionado a varios jueces del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y al vicepresidente ejecutivo, Tareck El Aissami.
CONSTITUYENTE SIGUE EN PIE
No obstante, Maduro confirmó este lunes que las elecciones del próximo 30 de julio, en las que se designarán los constituyentes que proyectarán una nueva Constitución para Venezuela, se llevarán a cabo a pesar de las acciones de la oposición y de la contraria por parte de otros países.“Así la convoco, a una Constituyente por la independencia y soberanía y que Europa diga lo que quiera decir, no nos importa lo que diga Europa”, aseveró Maduro durante una transmisión en directo en la televisión estatal venezolana, en alusión al llamado que hizo la Unión Europea a cancelar dicha asamblea tras el resultado del plebiscito opositor.
“No debo yo opinar ni meterme en los asuntos internos de España, ni de Cataluña […] no me meto, pero tú, Mariano Rajoy, saca tus narices de Venezuela”, agregó, criticando la posición del mandatario español respecto a Caracas.
Texto/CO
Fuente/BBC-RT
Foto/Reuters-Archivo
Maduro activa el Consejo de Defensa de la Nación para “responder integralmente la amenaza imperial”
A través de su cuenta en Twitter @NicolasMaduro, el mandatario Nacional indicó que la medida permitirá responder “integralmente la defensa imperial”.
Aseguró que la respuesta será muy “firme en defensa del Patrimonio histórico Anticolonial y Antiimperialista de nuestra Patria”.
Resaltó la necesidad de estar unidos ante este nuevo ataque y recordó que a Venezuela no la gobierna ningún gobierno extranjero.
Tal medida se toma en relación a las recientes amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien manifestó que de realizarse las elecciones a la Asamblea Nacional Constituyente, emitiría sanciones económicas contra Venezuela.
El artículo 323 de nuestra Carta Magna reza lo siguiente:
El Consejo de Defensa de la Nación es el máximo órgano de consulta para la planificación y asesoramiento del Poder Público en los asuntos relacionados con la defensa
integral de la Nación, su soberanía y la integridad de su espacio geográfico. A tales efectos, le corresponde también establecer el concepto estratégico de la Nación. Presidido por el Presidente o Presidenta de la República, lo conforman, además, el Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva, el Presidente o Presidenta de la Asamblea Nacional, el Presidente o Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, el Presidente o Presidenta del Consejo Moral Republicano y los Ministros o Ministras de los sectores de la defensa, la seguridad interior, las relaciones exteriores y la planificación, y otros cuya participación se considere pertinente. La ley orgánica respectiva fijará su organización y atribuciones.
BRASIL
Lula da Silva: "Quedó demostrado que el problema de Brasil no era Dilma"
Lula se refirió a la situación actual de Brasil y a quienes orquestaron el golpe contra Dilma Rousseff "prometiendo un paraíso", y consideró que dejan un país peor "donde aumentó la deuda tributaria, aumentó el desempleo y la incertidumbre". Sobre la condena en su contra consideró que "el juez Moro no puede seguir actuando como un zar".
El ex mandatario de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva volvió a
defender al legado de los gobiernos del Partido de los Trabajadores y
reiteró su inocencia ante el fallo del juez Sérgio Moro que lo condenó a
nueve años y medio de prisión la semana pasada.
En entrevista con Radio Capital 1040 este martes, el ex mandatario recordó que fue durante el gobierno de Dilma Rousseff en diciembre de 2014 que Brasil tuvo las mayores tasas de creación de empleo. “Es importante que recordamos diciembre de 2014, cuando Brasil tuvo la tasa de desempleo más baja de su historia, el 4,5% de desempleo” señaló y agregó que “Dilma terminó su primer mandato con una aprobación envidiable”.
“Pero hemos tenido un presidente de la Cámara (Eduardo Cunha) que trabajaba en contra del gobierno, por lo que no funcionó. Y eso fue un error grave”, reconoció al tiempo que consideró que el proceso del golpe parlamentario contra Rousseff terminó demostrando que “el problema de Brasil, no era Dilma”.
En ese sentido reiteró que quienes organizaron el golpe “diciendo que el país se convertiría en un paraíso, hoy entregan un país peor, donde aumentó la deuda tributaria, aumentó el desempleo y la incertidumbre”.
Lula también criticó las reformas impulsadas por el gobierno de Michel Temer “para hacer crecer a Brasil nuevamente”, y consideró que la forma de recuperar al país es a través de elecciones directas.
“La reforma laboral va a dejar una semi esclavitud en este país. La única solución para Brasil ahora es llamar a elecciones directas”, afirmó y agregó “están destruyendo todo lo que tenemos y que dio fuerza al estado nacional”.
En cuanto a la corrupción, Lula opinó que “si no fuera el sector privado”, no existiría, y criticó que “en la tesis de la élite brasileña Brasil tiene que ser construido para apenas un tercio de la sociedad”, poniendo por encima de lo público, lo privado.
A su vez consideró que Moro actúa atado “al compromiso que tiene con la prensa”, que ya lo había condenado de ante mano.
En ese sentido manifestó “sueño con ver algún día la cadena de televisión Globo poner a un presentador suyo a disculparse conmigo”.
Lula catalogó a la causa del triplex de Guarujá (SP) por la que lo condenó Moro como “una farsa”, y reiteró que se trata un juicio político: “cuando vi cómo se empezó a desarrollar el caso, para mí estaba claro que se trataba de un juicio político”, expresó.
“Cuando vi el PowerPoint, vi que la verdad no importa, vi que tenían la necesidad de una condena política. Estaba seguro de que era un proceso político no quieren Lula vuelva a ser candidato”, detalló, y adelató que va a seguir luchando porque “he demostrado mi inocencia en este proceso”.
En ese sentido Lula dijo que creía en la justicia y que ésta se llevaría cabo en otra instancia, por eso consideró que “es importante separar la institución de las personas que están haciendo esto”.
“No moriré tranquilo sin demostrarle a mi familia y al pueblo que hay una verdadera persecución en mi contra”, expresó.
“Voy a defenderme y demostrar mi inocencia hasta que quede bien claro. No permitiré que se difame mi biografía por una mentira” dijo, y agregó: “lo único que tengo es mi dignidad y por ella lucharé hasta el final. No voy a permitir que media docena de mal intencionados intenten ensuciar mi imagen en el barro”.
En entrevista con Radio Capital 1040 este martes, el ex mandatario recordó que fue durante el gobierno de Dilma Rousseff en diciembre de 2014 que Brasil tuvo las mayores tasas de creación de empleo. “Es importante que recordamos diciembre de 2014, cuando Brasil tuvo la tasa de desempleo más baja de su historia, el 4,5% de desempleo” señaló y agregó que “Dilma terminó su primer mandato con una aprobación envidiable”.
“Pero hemos tenido un presidente de la Cámara (Eduardo Cunha) que trabajaba en contra del gobierno, por lo que no funcionó. Y eso fue un error grave”, reconoció al tiempo que consideró que el proceso del golpe parlamentario contra Rousseff terminó demostrando que “el problema de Brasil, no era Dilma”.
En ese sentido reiteró que quienes organizaron el golpe “diciendo que el país se convertiría en un paraíso, hoy entregan un país peor, donde aumentó la deuda tributaria, aumentó el desempleo y la incertidumbre”.
Lula también criticó las reformas impulsadas por el gobierno de Michel Temer “para hacer crecer a Brasil nuevamente”, y consideró que la forma de recuperar al país es a través de elecciones directas.
“La reforma laboral va a dejar una semi esclavitud en este país. La única solución para Brasil ahora es llamar a elecciones directas”, afirmó y agregó “están destruyendo todo lo que tenemos y que dio fuerza al estado nacional”.
En cuanto a la corrupción, Lula opinó que “si no fuera el sector privado”, no existiría, y criticó que “en la tesis de la élite brasileña Brasil tiene que ser construido para apenas un tercio de la sociedad”, poniendo por encima de lo público, lo privado.
“Moro no puede seguir actuando como un zar”
El ex presidente también se refirió a la sentencia del juez Sérgio Moro en su contra y consideró que el magistrado “no puede seguir comportándose como un zar, es decir, que hace lo que quiere, como quiere sin respetar el derecho democrático, sin respetar la Constitución, pasando por encima de ella y tratando de reducir los derechos de defensa”, expresó, y aseguró que si hay un brasileño indignado, es él (Lula).A su vez consideró que Moro actúa atado “al compromiso que tiene con la prensa”, que ya lo había condenado de ante mano.
En ese sentido manifestó “sueño con ver algún día la cadena de televisión Globo poner a un presentador suyo a disculparse conmigo”.
Lula catalogó a la causa del triplex de Guarujá (SP) por la que lo condenó Moro como “una farsa”, y reiteró que se trata un juicio político: “cuando vi cómo se empezó a desarrollar el caso, para mí estaba claro que se trataba de un juicio político”, expresó.
“Cuando vi el PowerPoint, vi que la verdad no importa, vi que tenían la necesidad de una condena política. Estaba seguro de que era un proceso político no quieren Lula vuelva a ser candidato”, detalló, y adelató que va a seguir luchando porque “he demostrado mi inocencia en este proceso”.
En ese sentido Lula dijo que creía en la justicia y que ésta se llevaría cabo en otra instancia, por eso consideró que “es importante separar la institución de las personas que están haciendo esto”.
“No moriré tranquilo sin demostrarle a mi familia y al pueblo que hay una verdadera persecución en mi contra”, expresó.
“Voy a defenderme y demostrar mi inocencia hasta que quede bien claro. No permitiré que se difame mi biografía por una mentira” dijo, y agregó: “lo único que tengo es mi dignidad y por ella lucharé hasta el final. No voy a permitir que media docena de mal intencionados intenten ensuciar mi imagen en el barro”.
Lula sentenciado, objetivo alcanzado
Por:
Eric Nepomuceno
El juez de primera instancia Sergio Moro sentenció al ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva
a nueve años y seis meses de cárcel. De paso, lo inhabilitó para ocupar
cualquier puesto en la administración pública por los próximos 19 años.
La culpa: haber recibido, como soborno, un departamento de tres plantas
y poco más de 200 metros cuadrados en Guarujá, un decadente balneario a
unos 70 kilómetros de São Paulo, por valor de poco más de 700 mil
dólares.
La sentencia era, bajo muchos aspectos, esperada. Al fin y al cabo, desde el inicio del llamado “Operativo Lavado Rápido” (Lava Jato) quedó más que clara la obsesión fundamentalista del juez de provincias contra el ex presidente más popular del último medio siglo en Brasil y principal figura política del país de nuestros tiempos.
¿Pruebas de que el departamento haya sido regalado a Lula? Ninguna. Para empezar, el inmueble en cuestión tiene su titularidad empeñada junto al banco estatal Caixa Económica, como parte del acuerdo de suspensión de pagos y recuperación judicial de la constructora, la OAS. Pero hay más: no existe un solo registro de propiedad del inmueble a nombre de Lula. Y eso, por una sencilla razón: nunca le perteneció.
Es una historia harto conocida en Brasil, y debidamente ensombrecida por los medios hegemónicos de comunicación que han sido uno de los pilares del golpe institucional que destituyó a la presidenta Dilma Rousseff, pero cuyo objetivo clarísimo siempre ha sido el de liquidar la figura política de Lula da Silva.
Efectivamente, hace más de una década, la fallecida esposa de Lula, doña Marisa Leticia, adquirió una cota de un edificio que sería construido en Guarujá. Acorde a las leyes y costumbres en Brasil, es posible comprar una cota de una construcción y, cuando esté terminada, elegir determinado departamento y pagar la eventual diferencia. Fue lo que ocurrió: cuando el edificio quedó listo, doña Marisa fue a verlo y desistió del negocio. El constructor, que sí obtuvo gordísimos contratos con la Petrobras durante los mandatos de Lula, entendió lo obvio: tener al ex presidente entre los propietarios del edificio sería un atractivo insuperable. Mandó reformar todo el inmueble, dotándolo inclusive de un ascensor privado, y pidió que Lula fuese a verlo. Y cuándo lo vio, Lula – ha sido su única visita al local– le dijo que definitivamente no.
No hay una única prueba de que algún minuto de algún día el ex presidente haya recibido el departamento. Sobran pruebas de que la constructora OAS sigue siendo su verdadera y única propietaria. ¿Por qué motivos entonces se condena da Lula?
Por una única y verdadera razón: porque para liquidarlo se armó y desató el golpe que destituyó a Dilma Rousseff.
Hay que entender que la frustrada presidenta era nada más que un escollo en el camino de los que armaron el golpe: el actual senador Aécio Neves, derrotado por ella en las elecciones del 2014, con el pleno aval del ex presidente Fernando Henrique Cardoso; los medios hegemónicos de comunicación; los partidos políticos que se dejan comprar por el mejor postor, sea de donde sea; el gran capital nacional; y, claro, los intereses de las multinacionales que ahora pretenden beneficiarse de la nueva situación. Para que ese cuadro se completase, era y es necesario liquidar a Lula y su partido, el PT.
La llegada de Michel Temer y sus secuaces tuvo como objetivo primordial imponer “reformas” que, en realidad, significan liquidar todo lo que se construyó, en términos de derechos sociales, no solo bajo los gobiernos de Lula y Dilma, sino de los últimos más de cincuenta años y, en el caso de los derechos laborales, más de setenta. Ahora, cuando se ve quienes son los verdaderos bucaneros, ellos dejan de ser necesarios. Temer es un presidente que, además de ilegítimo, está moribundo.
Lula da Silva se transformó, gracias a la actuación de un juez de provincias cuyo autoritarismo y parcialidad son más que evidentes y ya no solo para juristas, sino para crecientes parcelas de la opinión pública que no se dejaron idiotizar por los medios hegemónicos de comunicación, con la TV Globo a la cabeza, en el primer ex presidente condenado por corrupción.
No hay, vale repetir, una mísera prueba contra Lula en el caso del departamento. Pero sobran pruebas de que, pese a la masacre que el ex presidente sufre de manera incesante, su popularidad es una amenaza. Lula es un pájaro peligroso, que tiene que ser abatido antes de que vuelva a alzar vuelo.
Si para defender esa clase de interés la derecha más rancia encuentra a un joven juez de provincias obcecado por la fama y obsesionado contra Lula, y si a tal magistrado se unen fiscales fanáticos, todo eso al amparo de los medios de comunicación y la omisión cómplice de las instancias superiores de justicia, el guión de la película está cerrado.
Hay que ver cómo reaccionará el público. Si con la debida indignación, o la miserable resignación.
(Tomado de Rebelión)
La sentencia era, bajo muchos aspectos, esperada. Al fin y al cabo, desde el inicio del llamado “Operativo Lavado Rápido” (Lava Jato) quedó más que clara la obsesión fundamentalista del juez de provincias contra el ex presidente más popular del último medio siglo en Brasil y principal figura política del país de nuestros tiempos.
¿Pruebas de que el departamento haya sido regalado a Lula? Ninguna. Para empezar, el inmueble en cuestión tiene su titularidad empeñada junto al banco estatal Caixa Económica, como parte del acuerdo de suspensión de pagos y recuperación judicial de la constructora, la OAS. Pero hay más: no existe un solo registro de propiedad del inmueble a nombre de Lula. Y eso, por una sencilla razón: nunca le perteneció.
Es una historia harto conocida en Brasil, y debidamente ensombrecida por los medios hegemónicos de comunicación que han sido uno de los pilares del golpe institucional que destituyó a la presidenta Dilma Rousseff, pero cuyo objetivo clarísimo siempre ha sido el de liquidar la figura política de Lula da Silva.
Efectivamente, hace más de una década, la fallecida esposa de Lula, doña Marisa Leticia, adquirió una cota de un edificio que sería construido en Guarujá. Acorde a las leyes y costumbres en Brasil, es posible comprar una cota de una construcción y, cuando esté terminada, elegir determinado departamento y pagar la eventual diferencia. Fue lo que ocurrió: cuando el edificio quedó listo, doña Marisa fue a verlo y desistió del negocio. El constructor, que sí obtuvo gordísimos contratos con la Petrobras durante los mandatos de Lula, entendió lo obvio: tener al ex presidente entre los propietarios del edificio sería un atractivo insuperable. Mandó reformar todo el inmueble, dotándolo inclusive de un ascensor privado, y pidió que Lula fuese a verlo. Y cuándo lo vio, Lula – ha sido su única visita al local– le dijo que definitivamente no.
No hay una única prueba de que algún minuto de algún día el ex presidente haya recibido el departamento. Sobran pruebas de que la constructora OAS sigue siendo su verdadera y única propietaria. ¿Por qué motivos entonces se condena da Lula?
Por una única y verdadera razón: porque para liquidarlo se armó y desató el golpe que destituyó a Dilma Rousseff.
Hay que entender que la frustrada presidenta era nada más que un escollo en el camino de los que armaron el golpe: el actual senador Aécio Neves, derrotado por ella en las elecciones del 2014, con el pleno aval del ex presidente Fernando Henrique Cardoso; los medios hegemónicos de comunicación; los partidos políticos que se dejan comprar por el mejor postor, sea de donde sea; el gran capital nacional; y, claro, los intereses de las multinacionales que ahora pretenden beneficiarse de la nueva situación. Para que ese cuadro se completase, era y es necesario liquidar a Lula y su partido, el PT.
La llegada de Michel Temer y sus secuaces tuvo como objetivo primordial imponer “reformas” que, en realidad, significan liquidar todo lo que se construyó, en términos de derechos sociales, no solo bajo los gobiernos de Lula y Dilma, sino de los últimos más de cincuenta años y, en el caso de los derechos laborales, más de setenta. Ahora, cuando se ve quienes son los verdaderos bucaneros, ellos dejan de ser necesarios. Temer es un presidente que, además de ilegítimo, está moribundo.
Lula da Silva se transformó, gracias a la actuación de un juez de provincias cuyo autoritarismo y parcialidad son más que evidentes y ya no solo para juristas, sino para crecientes parcelas de la opinión pública que no se dejaron idiotizar por los medios hegemónicos de comunicación, con la TV Globo a la cabeza, en el primer ex presidente condenado por corrupción.
No hay, vale repetir, una mísera prueba contra Lula en el caso del departamento. Pero sobran pruebas de que, pese a la masacre que el ex presidente sufre de manera incesante, su popularidad es una amenaza. Lula es un pájaro peligroso, que tiene que ser abatido antes de que vuelva a alzar vuelo.
Si para defender esa clase de interés la derecha más rancia encuentra a un joven juez de provincias obcecado por la fama y obsesionado contra Lula, y si a tal magistrado se unen fiscales fanáticos, todo eso al amparo de los medios de comunicación y la omisión cómplice de las instancias superiores de justicia, el guión de la película está cerrado.
Hay que ver cómo reaccionará el público. Si con la debida indignación, o la miserable resignación.
(Tomado de Rebelión)
RESISTENCIA
Frente Brasil Popular convoca manifestaciones para este jueves (20); vea la agenda
Actos tienen como pauta la defensa de los derechos laborales y del ex presidente Lula
Está previsto que los actos ocurran en todos los estados y tienen como una de las pautas la defensa del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, condenado, el miércoles pasado (12), a nueve años y medio de prisión por el juez de primera instancia Sergio Moro, en el ámbito de la Operación Lava Jato.
Además de eso, otro eje de la movilización es la defensa de los derechos de los trabajadores, frente a la aprobación de la reforma laboral, el martes último (11). Las movilizaciones también piden la salida del presidente golpista de la República, Michel Temer, y la realización de elecciones directas.
En relación a la condena de Lula, el Frente Brasil Popular afirma que no hay pruebas que justifiquen la condena. La defensa del ex presidente presentó un recurso contra la sentencia la noche del viernes (14), cuestionando diez puntos de la decisión referente al caso del triplex en Guarujá, en el litoral paulista, que, según Moro, fue adquirido por Lula como parte de una coima recibida de la constructora OAS. Este lunes (17), el Ministerio Público Federal (MPF) presentó un recurso de apelación contra la sentencia.
De acuerdo con el FBP, la propuesta de las movilizaciones es "relacionar la persecución al ex presidente con la agenda de retroceso en las leyes laborales y reafirmar, frente a este cuadro de intensa crisis política e institucional, la necesidad de la realización de elecciones directas para la presidencia de la República".
Vea la agenda de movilizaciones:
Actos 20 de Julio
São Paulo (SP): a las cinco de la tarde, en el MASP
Salvador (BA): a las tres de la tarde, en Campo Grande
Distrito Federal: a las cinco de la tarde, en la Praça dos Três Poderes
Fortaleza (CE): a las cuatro de la tarde, en la Praça da Bandeira
Rio de Janeiro (RJ): a las cuatro de la tarde, en Cinelândia
Porto Alegre (RS): a las cinco y media de la tarde, en la Esquina Democrática
Recife (PE): a las nueve de la mañana, en el Parque 13 de Maio
Belo Horizonte (MG): a las cinco de la tarde, en la Praça Afonso Arinos
Acto 21 de Julio
João Pessoa (PB): a las dos de la tarde, en el Ponto de Cem Réis
Edición: Vivian Fernandes
Conozca cinco perversidades de la reforma laboral brasileña
Cambio en la ley dejará a las trabajadoras más vulnerables al acoso y a jornadas extenuantes
En medio de denuncias de corrupción involucrando directamente al presidente ilegítimo Michel Temer (PMDB), el gobierno aprobó la reforma laboral, que quita derechos a los trabajadores para favorecer a los grandes empresarios. El proyecto de ley que cambió la Consolidación de las Leyes de Trabajo (CLT) fue aprobado el martes pasado (11) en en el plenario del Senado Federal. Mire lo que cambia en la CLT y como eso afecta la vida de las mujeres brasileñas.1. Embarazadas y lactantes podrán trabajar en lugares insalubres. Mujeres embarazadas o que están amamantando ahora pueden trabajar en lugares insalubres de grado medio y mínimo. Solo permanece prohibido el grado máximo. En lugares insalubres, las trabajadoras tendrán contacto con productos químicos, agentes biológicos, radiación, exposición al calor, ambientes hospitalarios de riesgo, frío intenso y otros.
2. Acoso moral y sexual tiene costo acorde con la condición social de la víctima. En caso de que ese crimen sea cometido por el patrón, la víctima será indemnizada de acuerdo con el salario que recibe. Las trabajadoras que ganan menos serán más vulnerables. “Una gerente que fuera acosada ganará una indemnización mayor que la de una secretaria. Así, saldrá más barato acosar a las trabajadoras de base de la fábrica”, explica la senadora Gleisi Hoffmann.
3. Mujeres dejarán de tener derecho a descanso. La reforma revocó el artículo 384 de la CLT. En la práctica, acaba con el derecho de la mujer a descansar 15 minutos, como está previsto hoy, antes de comenzar una jornada extraordinaria, o sea, las horas extra. En el pasado, el Supremo Tribunal Federal (STF) decidió que ese dispositivo es constitucional debido a la doble jornada de trabajo de las mujeres.
4. Trabajo de 12 horas seguidas por día. El gobierno aprobó una medida que permite que el trabajador pueda tener una jornada de 12 horas y descanso de 36 horas, cuando la legislación brasileña establecía jornada m
5. Trabajo intermitente. En este tipo de trabajo el empleado no tiene vínculo con la empresa, ni horario fijo, pero queda a disposición del patrón 24h por día y solo recibe pago por las horas trabajadas. Funciona así: cuando la empresa llama, la persona trabaja 4h. Si no lo vuelve a llamar, el trabajador solo recibirá pago por esas 4h. Y si la empresa no quiere más sus servicios no habrá rescisión de contrato, vacaciones, décimo tercero. Los sindicatos clasifican esta jornada como la "esclavitud del siglo 21".
Edición: Vivian Virissimo | Traducción: Pilar Troya
Estado español
Planes de pensiones: El FMI pide que se prolongue la vida laboral e incentivar los planes de pensiones privados
El Fondo Monetario Internacional (FMI) no descarta
que el PIB español crezca un 3,1 % este año tras cuatro ejercicios de
"impresionante" expansión económica y creación de empleo.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) no descarta que el PIB español crezca un 3,1 por ciento este año tras cuatro ejercicios de "impresionante" expansión económica y creación de empleo. Además, advierte que este ritmo será difícil de mantener a medio plazo si no se reduce la deuda pública y la tasa de paro.
Estas son las principales conclusiones del
análisis que una vez al año realiza el organismo. Este ha sido
presentado hoy en Madrid por la jefa de la misión para España, Andrea
Schaechter, y el responsable del sector financiero, Udaibir Das.
Tras cuatro años de expansión económica y
creación de empleo, el PIB es ya muy superior a los niveles pre-crisis,
con tasas de crecimiento muy por encima de las del resto de la zona del
euro. Se ha reducido el endeudamiento de familias y empresas y el sector bancario es ahora mucho más fuerte, lo que permite prever un crecimiento del PIB el 3,1 % para este año.
Las reformas acometidas han hecho de España un país más flexible, competitivo y resistente,
con un sector servicios muy dinámico orientado a la exportación que ha
permitido no depender tanto del sector inmobiliario y de la
construcción.
Pero no está claro cuánto tiempo puede España mantener este ritmo. La elevadísima
deuda pública y la tasa de paro estructural tan alta son claves
difíciles de combatir dado el envejecimiento de la población y el índice
de productividad relativamente bajos, de ahí que el organismo aconseja
proseguir con las reformas.
El anunciado recorte del gasto previsto para 2018 contribuirá a reducir el déficit, siempre y cuando esto se lleva a cabo en todas las administraciones públicas.
En cuanto a los ingresos, hay margen para nuevas "medidas estructurales", y en concreto para subir el IVA,
que comparativamente es mucho menor que en otros países europeos.
Acercar el IVA al nivel de otros países europeos permitirá reducir el
déficit y la deuda pública.
Asimismo, la revisión de algunas partidas de
gasto, como el farmacéutico, podría elevar la calidad y la eficiencia
de la prestación de servicios. El FMI señala también que esta revisión
debería estar estrechamente ligada a las reformas del marco de
financiación regional.
En cuanto a las pensiones, el FMI estima que solo será sostenible si se prolonga la vida laboral y se incentivan los planes de pensiones privados. Para
tener un mercado laboral saludable y dinámico es preciso, señala el
FMI, flexibilizarlo y poner en marcha políticas activas de empleo para
mitigar la tasa de paro entre los jóvenes que carecen de formación y
experiencia.
Subir a medio plazo la productividad de la economía española es crucial para reducir sus debilidades. El FMI destaca el envejecimiento de la población como una de sas debilidades que hay que suplir, aunque es cierto que esta situación endémica se ha ido corrigiendo.
Además, todo parece indicar que se está recuperado el crédito,
una vez que el sector financiero ha acometido su reestructuración. Sin
embargo, los niveles de productividad de manufacturas, comercio y
servicios son aun comparativamente bajos.
Entre las recetas que propone el FMI destaca la consolidación
de la unidad de mercado, la eliminación de barreras comerciales, el
desarrollo de nuevas tecnologías y un mejor acceso a fuentes de
financiación para empresas en su fase inicial.
La cara B de la austeridad: déficit, deuda y pifias abren un cráter financiero de 240.000 millones
El endeudamiento de la Administración central supera
por primera vez el billón de euros tras crecer 169 millones en cuatro
años mientras las consecuencias del rescate, la amnistía fiscal y las
políticas energética y de transportes lastran unas cuentas públicas cuyo
descuadre crece.
Las políticas
austericidas del Gobierno de Mariano Rajoy, marcadas por intensos
recortes del Estado del bienestar, tienen en la gestión presupuestaria
una cara B que augura futuros sufrimientos para ciudadanos y
contribuyentes: un elevado nivel de endeudamiento, de rango billonario
por primera vez en la historia de las cuentas de la Administración
central tras aumentar 169.000 millones en apenas cuatro años; un
creciente descuadre de las cuentas públicas, que al año pasado rondó los 7.000 millones pese
a la aparente mejora de la gestión por el cumplimiento de las
exigencias de Bruselas, que en realidad se debe a la relajación de las
exigencias europeas, y una retahíla de pifias (“error, descuido, paso o
dicho desacertado”), especialmente gravosas en lo que se refiere al
rescate bancario y a las políticas energética y de transportes, han
generado un descomunal boquete de alrededor de 240.000 millones de euros.
Las cuentas del Estado se van equilibrando,
cierto; pero lo hacen al mismo ritmo que se descuadran las de su
Administración central. El propio Gobierno admite que el año pasado, mientras el déficit del Estado se reducía en 4.552 millones (de 55.128 a 50.576), el descuadre presupuestario del ejecutivo alcanzó los 46.115
tras incrementarse en casi 7.000: 5.115 generados por los organismos y
la Seguridad Social y otros 1.854 procedentes del rescate bancario,
anotado como “ayudas a instituciones financieras”.
La reducción del déficit de las
administraciones procede de la gestión de los presupuestos de las
comunidades autónomas, que en 2016 redujeron a menos de la mitad el
descuadre del cambio de legislatura, que cayó de 18.667 a 9.155 millones
de euros, y del aumento del superávit en los consistorios, que en 2016,
un año después de que las candidaturas de confluencia y el PSOE
comenzaran a gobernar los consistorios de las principales ciudades con
apoyos mutuos, alcanzó los 7.083 tras los 5.094 del año anterior.
Los 50.576 millones de euros de déficit
conjunto de las administraciones equivale a un 4,3% del PIB, casi 33.000
por encima del 2,8% que inicialmente había asignado Europa al Gobierno
español para 2016 pero 3.528 por debajo del mucho más elevado listón del
4,6% que le reasignó tras constatar que en el ejercicio anterior se había pasado un punto al alcanzar el 5,1% cuando el tope era del 4,1%.
Las estimaciones del Banco de España cifran en 5.915 millones de euros el descuadre acumulado por la Administración central y la Seguridad Social en los cuatro primeros meses de este año, en los que el de las comunidades autónomas se situó en 3.321.
Deuda pública billonaria
Ocurre algo similar con la deuda pública. En
los cuatro años y cuatro meses transcurridos desde el cierre de 2012,
los préstamos del conjunto de las administraciones crecieron, según el Banco de España, en 225.590 millones para situarse en 1,117 billones de euros,
aunque la cifra es en realidad mayor si se le añaden los 208.956 (el
18,7%, entre la sexta y la quinta parte) que suponen los créditos de
unas administraciones que están en manos de otras.
La deuda del conjunto de las administraciones
públicas españolas, que se ha triplicado en una década desde los 392.168
millones de euros de 2006, superó la barrera del billón de euros
oficialmente en 2014, aunque, si se tienen en cuenta los préstamos entre
instituciones, eso había ocurrido un año antes. El endeudamiento de la
parte del Estado que gestiona el Gobierno central superó esa barrera en
marzo del año pasado, al alcanzar un montante de 1.003.361 millones de
euros. En abril de este año, que es el último dato disponible, ascendía a
1.012.209: se había incrementado en 168.863 millones en cuatro años y
cuatro meses.
Casi dos tercios del aumento de la deuda pública española en ese periodo procede de la Administración central,
mientras la de las comunidades autónomas crecía en 92.645 (de 189.183 a
281.828) y la de los ayuntamientos bajaba en 11.992 (de 44.003 a
32.011).
La gestión de las ciudades del cambio, en las que la reducción de los préstamos ha llegado a alcanzar velocidades de 160.000 euros por hora,
ha resultado clave en este apartado. Esa mejora de la gestión de las
cuentas públicas ha permitido que ayuntamientos como el de Zaragoza
hayan logrado a adelantar en cinco años la salida del Plan de Ajuste
iniciado en 2012, y cuya finalización estaba inicialmente prevista para
2022.
Costosas y variadas pifias
Sin embargo, ese descomunal nivel de
endeudamiento y esa deficiente gestión de las cuentas no son los únicos
factores que lastran la gestión económica de un Gobierno que, al mismo
tiempo, alardea de su rigor presupuestario y se ve capaz de anunciar
para dentro de tres años el final de la crisis pese al progresivo aumento de la desigualdad y la brecha social.
El ejecutivo de Mariano Rajoy acumula decisiones gravosas para las arcas públicas, entre las que destacan dos: el rescate bancario, cuyo análisis lleva al Banco de España a dar por perdidos 60.600 millones de euros, cuando otros países europeos han recuperado íntegramente los fondos destinados a reflotar bancos, y la amnistía fiscal ilegal,
que permitió lavar 28.000 millones de euros y libró a los propietarios
de otros 12.000 de pagar sanciones de entre 5.300 y 8.000.
Paralelamente, dos de las decisiones estrella
del Gobierno de Rajoy en materia de energía ya le han costado más de
200 millones a las arcas públicas: el primero del medio centenar de
laudos del Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial sobre los recortes a las renovables
le ha supuesto a España una condena de 128 millones de euros, cifra a
la que se suman los 77 con los que el Estado debe indemnizar a Repsol,
Cepsa y Disa por obligarles en 2012, en una decisión del ejecutivo de
José Luis Rodríguez Zapatero que optó por mantener, a vender el butano
con un precio inferior al de los costes.
Paralelamente, el Supremo condenó en marzo al
Ministerio de Fomento a indemnizar a la multinacional Abertis con casi
1.500 millones de euros (a pagar en 2021) por el bajo uso de la
autopista AP-7 entre Tarragona y Francia.
Sanciones europeas
Por otro lado, el Estado español ha sido
objeto de tres multas millonarias por parte de la UE: una de 18,9
millones por la manipulación de las cifras reales de déficit de la Comunitat Valenciana,
otra de más de 46 más otro millón adicional cada seis días por la
deficiente depuración de las aguas residuales de 17 municipios y, por
último, la vinculada a la reforma de la estiba, que finalmente ha sido rebajada de los 24 millones iniciales a solo tres.
No parece, ni mucho menos, que vayan a ser
las últimas sanciones comunitarias que reciba España, que tiene abiertos
expedientes por la normativa sobre hipotecas, la escasa implicación en
la acogida de refugiados o las trabas al autoconsumo de energías renovables.
Un informe hecho público esta semana por la Comisión Europea sitúa al Estado Español, con 83 procedimientos de infracción
abiertos a finales de 2015 (37 se incoaron ese año), como el tercer
país con más causas, solo superado por Alemania (88) e Italia (89). Más
de 60 de esas infracciones, bajo investigación se deben a
transposiciones incorrectas de directivas comunitarias y a “mala
aplicación” del derecho de la UE.
Podemos - PSOE: Montero celebra que el PSOE haya "escuchado a la militancia" y no quiera seguir en la "triple alianza" con PP y C's
La portavoz parlamentaria de Unidos Podemos afirma
que el espacio de colaboración parlamentaria con el PSOE sirve también
para "poner nervioso al PP". Reconoce que la dirección no tiene
"noticias" de la consulta a las bases que pidieron hace días a Podem
sobre su posición ante el 1-O.
La portavoz parlamentaria de Unidos Podemos, Irene Montero, celebraba este martes la creación de una "mesa de colaboración parlamentaria",
anunciada el lunes, que a su entender debe servir "para que trabajemos
en una interlocución permanente. En nuestra opinión, con la voluntad de
sacar al PP de las instituciones", apuntaba.
Este marco persigue ayudarles a ponerse de
acuerdo sobre algunas iniciativas a impulsar en el Congreso de los
Diputados -"En otras nosotros queremos ir un poquito más allá"-, y desde
Unidos Podemos sacan pecho porque esta colaboración "pone muy nervioso al Partido Popular".
"Significa que el PSOE, lejos de querer seguir formando parte de una
triple alianza, ha escuchado un mandato claro de la militancia "que
implicaba ponerse de acuerdo con Podemos"", apostillaba Montero en una
entrevista con Cadena Ser.
En esta línea, la portavoz de Unidos Podemos dice entender "que el PSOE no tenga tanta prisa" por expulsar a Mariano Rajoy de la Moncloa,
aunque su grupo tiene la "sospecha" de que el PP "va a frenar de forma
sistemática" todas las iniciativas que impulsen para dar la vuelta a sus
políticas, y por tanto cree que la única manera de desmantelarlas será
un cambio de Gobierno.
Por otro lado, y aunque sus recetas para Catalunya son distintas, su grupo está de acuerdo con el Partido Socialista en la creación de una "instancia parlamentaria" por
concretar -Podemos aboga por una comisión propia, el PSOE por una
subcomisión en el marco de la Comisión Constitucional-. Esta decisión
fue anunciada ayer,tras más de dos horas de reunión entre las
delegaciones de ambos grupos, encabezadas por Pedro Sánchez y Pablo
Iglesias.
Podemos y PSOE están de acuerdo en la creación de una "instancia parlamentaria" para Catalunya
En
la misma entrevista, Montero también ha manifestado que la propuesta
del secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, que el lunes
abogaba por estudiar quitas en la deuda catalana, no serviría
como salida a la situación actual: "Me temo que podríamos estar dándole a
la bola mágica durante muchos días los representantes políticos, y que
no sería algo útil para resolver la cuestión catalana". "La única
solución posible es un referéndum pactado y con garantías", afirmaba.
Sin "noticias" de la consulta de Podem sobre el 1-O
La portavoz parlamentaria de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea-
reconocía este martes que la dirección estatal de su partido aún no ha tenido "noticias" sobre la petición que lanzó hace dos semanas a su homóloga en Catalunya: "No tenemos noticias sobre la consulta a la militancia", afirmaba Montero, una semana después de que el secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, pidiera a la dirección de Podem la celebración de "una consulta lo más amplia posible" para esclarecer su posición sobre el referéndum del 1 de octubre.
reconocía este martes que la dirección estatal de su partido aún no ha tenido "noticias" sobre la petición que lanzó hace dos semanas a su homóloga en Catalunya: "No tenemos noticias sobre la consulta a la militancia", afirmaba Montero, una semana después de que el secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, pidiera a la dirección de Podem la celebración de "una consulta lo más amplia posible" para esclarecer su posición sobre el referéndum del 1 de octubre.
Hasta la fecha, y sin facilitar datos
concretos, la dirección de Podem ha defendido que las bases apoyan su
llamamiento a la participación el 1-O, a diferencia de Podemos, que sólo
reconoce la "legitimidad" de esta jornada, que concibe como una "movilización política legítima",
y no hará campaña para alentar la participación. Este es el principal
punto de fricción entre las direcciones estatal y catalana, que
comparten su propuesta de un referédum "pactado y con garantías" como
solución a la crisis en Catalunya.
En el mismo espacio, Montero ha afirmado compartir la posición de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, de "no poner en riesgo" a los funcionarios catalanes con la consulta,
aunque ha matizado que "esto puede ser compatible con no poner ningún
tipo de dificultad a esta movilización". También se ha mostrado
favorable a la entrada de Podemos en el Gobierno del socialista Emiliano
García Page, en Castilla-La Mancha, como la mayoría de integrantes de
la dirección estatal de su partido.
ARGENTINA
Conferencia de prensa de los trabajadores y trabajadoras de PepsiCo
La Sala VI declaró la ilegalidad de los despidos
Sábado 15 de julio de 2017, por *
En
conferencia de prensa realizada en el Congreso, los trabajadores y
trabajadoras de PepsiCo anunciaron una jornada nacional de lucha para el
martes próximo. Además informaron que la Sala VI de la Cámara Nacional
de Apelaciones del Trabajo resolvió declarar la ilegalidad de los
despidos de diez operarios por parte de la empresa y la obligación de
que los trabajadores y trabajadoras retomen sus tareas y el cobro de sus
salarios.
A continuación, ACTA transcribe la Sentencia de la Sala VI:
"Considerando que, dada la naturaleza de las cuestiones controvertidas se remitieron las presentes actuaciones en vista a la Fiscalía General ante la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que se expidió mediante el Dictamen Nº72.900, que luce agregado a fs. 92. Que, la Sra. Juez de grado estimó no configurado el peligro en la demora en las circunstancias del caso.
"Que, sin embargo, corresponde tener en cuenta las particularidades de la causa en tanto se trata de la extinción de contratos de trabajos que alcanza a la totalidad del personal de la Empresa PEPSICO DE ARGENTINA SRL, en “…virtud del cese de actividades dispuesto para la Planta Florida conforme causas, alcances y circunstancias informadas por la Empresa ante el Ministerio de Trabajo de la Nación…” conforme expresa la comunicación cursada a los actores, dando cuenta asimismo del inicio del procedimiento preventivo de crisis, como surge de la documentación que se acompaña en autos y se tiene presente. Que, la medida cautelar impetrada, excede los recaudos de una medida cautelar típica, en tanto que el procedimiento de crisis requiere cumplir sus exigencias.
"Que, se encuentra acreditada sumariamente con la documental obrante a fs. 38, la verosimilitud del derecho en cuanto a la existencia de la relación laboral de los actores, como las comunicaciones de la empresa que desata el litigio a que se alude supra. Que, no surgen elementos de que el procedimiento de crisis haya concluido ni notificación de la empresa en tal sentido.
"Que, la Ley Nacional de Empleo, en su título III regula “la promoción y la defensa del empleo” por lo que conforme lo expresado en el párrafo anterior, los trabajadores accionantes tienen derecho en éstas condiciones, a mantener su relación de trabajo, tal como surge de los arts. 98/105 de la Ley 24.013 (BO 17.12.1991), los arts. 4, 8 y ccts. del Decreto 265/2002 (BO 11.2.2002); Decreto328/88 (8.3.1988) y 2072/94 (25.11.1994).
"Que, esta última norma en su art. 1 establece que “…Cuando el Procedimiento Preventivo de Crisis se inicie a instancias del empleador y se refiera a empresas de más de CINCUENTA (50) TRABAJADORES, la presentación inicial deberá, como mínimo, explicitar las medidas que la empresa propone para superar la crisis o atenuar sus efectos…” extremo que no surge cumplido por la demandada conforme las expresiones del sector sindical y de los representantes de los trabajadores, que surge de las actuaciones adjuntadas con la presente.
"Que, consecuentemente de conformidad con lo normado por el 78 de la LCT “el empleador deberá garantizar al trabajador ocupación efectiva”. El derecho al trabajo, protegido por el art. 14 y 14 bis de la Constitución Nacional y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos a través de los Pactos, Declaraciones y Convenios a la Carta Magna incorporados después de la Reforma de 1994, que amerita la intervención cautelar solicitada en autos.
"Además es un derecho fundamental, consagrado en el artículo 6.1 del Pacto Internacional de D.E.S. y C. (ONU 16.12.1966), ratificado por Ley 23.313: “Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho a trabajar, que comprende el derecho de toda persona a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido o aceptado, y tomarán medidas adecuadas para garantizar este derecho”.
"Así lo ha entendido y aplicado la Corte Suprema de Justicia de la Nación en precedentes como “Alvarez, Maximiliano y otros c/ Cencosud SA s/ acción de amparo” Bs. As. 7 diciembre 2010- 1023. XLIII aplicando, los contenidos de los instrumentos internacionales dotados de jerarquía constitucional (art.75 inc.22) que se han citado supra al señalar: “la protección del "derecho a trabajar" previsto en el art. 6.1 del PIDESC, al incluir el derecho del empleado a no verse privado arbitrariamente de su empleo, si bien no impone la reinstalación, tampoco la descarta (doctrina caso Madorrán) y la reinstalación guarda coherencia con los principios que rigen las instancias jurisdiccionales internacionales en materia de derechos humanos (CIDH Caso Baena). El objetivo primario de las reparaciones en materia de derechos humanos debería ser la rectificación o restitución en lugar de la compensación. Sólo un entendimiento superficial del art. 14 bis llevaría a que la "protección contra el despido arbitrario" implicara una suerte de prohibición absoluta y permanente a toda medida de reinstalación”. (Considerandos 7º, 8º y 9º).
"Agrega también en el sustancial considerando 7 que existe un abanico de instrumentos internacionales que también enuncian y resguardan el “derecho a trabajar” a saber:… “Declaración Universal de Derechos Humanos - art. 23.1- Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre - art. XIV - y Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial —art. 5.e.i—), el cual debe ser considerado “inalienable de todo ser humano” en palabras expresas de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (art. 11.1.a). No huelga observar que el citado Protocolo de San Salvador contempla a la “readmisión en el empleo” como una de las consecuencias admisibles para la legislación interna en casos de despido injustificado (art. 7°.d)”.
"Y, se tiene en cuenta que, según doctrina permanente del Alto Tribunal, la Constitución Nacional debe ser entendida como una unidad, esto es, como un cuerpo que no puede dividirse sin que su esencia se destruya o altere, como un conjunto armónico en el que cada uno de sus preceptos ha de interpretarse de acuerdo con el contenido de los demás (Galassi, Fallos: 310:2733, 2737, entre otros) según cita del mismo considerando de “Alvarez”.
"El derecho al trabajo es un derecho esencial para la realización de otros derechos humanos y constituye una parte inseparable e inherente de la dignidad humana. Toda persona tiene el derecho a trabajar para poder vivir con dignidad. El derecho al trabajo sirve, al mismo tiempo, a la supervivencia del individuo y de su familia y contribuye también, en tanto que el trabajo es libremente escogido o aceptado, a su plena realización y a su reconocimiento en el seno de la comunidad tal como lo establece Observación general Nº 18 aprobada el 24-11-2005 sobre el Artículo 6 del PIDESyC en línea con el preámbulo del Convenio Nº 168 de la OIT, de 1988: "…la importancia del trabajo y del empleo productivo en toda la sociedad, en razón no sólo de los recursos que crean para la comunidad, sino también de los ingresos que proporcionan a los trabajadores, del papel social que les confieren y del sentimiento de satisfacción personal que les infunden".
"El derecho al trabajo es un derecho individual que pertenece a cada persona, y es a la vez un derecho colectivo. La exigibilidad de los derechos sociales cuenta con un aval fundamental como lo es la Observación General Nº9 (1998) del Comité del PIDESyC cuando afirma que en lo relativo a los derechos civiles y políticos, generalmente se da por supuesto que es fundamental la existencia de recursos judiciales frente a las violaciones de esos derechos, pero respecto a los derechos económicos, sociales y culturales, se parte del supuesto contrario, pero ello no está justificado ni por la naturaleza de los derechos ni por las disposiciones pertinentes del Pacto, que deben ser respetados, protegidos, asegurados y promovidos.
"En definitiva, cabe recordar que al tener trabajo el ser humano ES pues como bellamente se ha dicho “Quien no trabaja no tiene, pero sobre todo, no es. No es un ciudadano pleno iure” (Romagnoli Umberto, Conferencia Albacete, España 1/10/1996). Que, en razón de lo expuesto corresponde hacer lugar a la medida cautelar solicitada y ordenar a la demandada cumpla con el deber de ocupación de los actores, Gómez Leandro Javier, Vique Laime Elizabeth Myriam, Guzmán Facundo Javier, Ruiz Mónica, Gonzalez Orlando Daniel, Gramajo Angel David, Herbas Estefanía, Albornos María Ester, Vega Myrna Beatriz y Romero Juan Carlos, conforme lo expresado ut supra, bajo apercibimiento de aplicar sanciones conminatorias a razón de $5.000 por cada día de demora (art. 804 CCyCN).
"Sin costas, atento la ausencia de contradictorio. Por ello, oído el Sr. Fiscal, EL TRIBUNAL RESUELVE: I) Revocar la sentencia apelada, haciendo lugar a la medida cautelar solicitada, ordenando a la empresa PEPSICO DE ARGENTINA SRL a cumplir con el deber de ocupación de los actores Gómez Leandro Javier, Vique Laime Elizabeth Myriam, Guzmán Facundo Javier, Ruiz Mónica, Gonzalez Orlando Daniel, Gramajo Angel David, Herbas Estefanía, Albornos María Ester, Vega Myrna Beatriz y Romero Juan Carlos, con los alcances establecidos en los considerandos bajo apercibimiento de aplicar sanciones conminatorias a razón de $5.000 por cada día de demora (art. 804 CCyCN); II) Sin costas atento la ausencia de contradictorio; III) Líbrese oficio con habilitación de días y horas inhábiles (art. 153 CPCCN) a efectos de notificar a la demandada lo resuelto, cuyo diligenciamiento queda a cargo de los peticionantes.
"Oportunamente, cúmplase con lo dispuesto en el art. 1º de la ley 26856 y con la Acordada de la CSJN Nº 15/2013. Regístrese, notifíquese y vuelvan".
Ni un despido más, ni un trabajador menos
La concentración empezó a las 17.00 en el Obelisco. Hombres, mujeres, niños, niñas de organizaciones sociales, políticas, sindicales llenaron de banderas el centro porteño acompañando el reclamo de los trabajadores y trabajadoras de PepsiCo.
La CTA Autónoma acompañó la masiva movilización que partió del Obelisco en reclamo de la reincorporación y el cese de la represión y la criminalización de la protesta social. Ricardo Peidro, Secretario General Adjunto de la CTA-A dijo: “El avance de las patronales sobre los derechos de los trabajadores no es solamente a nivel nacional sino regional: Es un plan global y lo que estamos haciendo los trabajadores y trabajadoras de este país es poner un límite. Hay que ser consciente que este es un plan pensado hace mucho tiempo”.
Alicia Coca, integrante de la Mesa Nacional de la Central dijo: “Venimos a acompañar esta lucha de las trabajadoras, porque en su mayoría son mujeres y muchas sostenes de hogar. Creemos que tenemos que pensar estrategias desde el campo popular”.
Luego del recorrido, la masiva movilización llegó a la sede de Callao del Ministerio de Trabajo donde se realizó el acto. “Somos obreros, queremos trabajar, es una jornada nacional de lucha: se están manifestando en todo el país”, dijo quien coordinaba el acto mientras que una bandera flameaba desde las ventanas del Ministerio, hecha por los trabajadores y trabajadoras de la Cartera laboral llamando a la reincorporación.
Mientras que en el escenario estaban todas las trabajadoras despedidas, Norita Cortiñas, de Madre de Plaza de Mayo-Línea Fundadora dijo: “Un abrazo para todas las trabajadoras que están acá, que ovarios que tenemos y a los trabajadores también. Las Madres repudian la gran represión. No nos van a hacer volver atrás, seguiremos reclamando lo que es justo. Las Madres hace 40 años que estamos en la calle: Los 30 mil detenidos desaparecidos están acá presentes ahora y siempre”.
Cortiñas pidió además la “reincorporación ya de todos y todas: Sigan con fuerza! Le decimos al Presidente basta de llevar al país a esta tristeza. Fuerza y sigamos adelante. Hasta la victoria siempre, venceremos”, dijo Norita ante el aplauso de todos y todas.
Luego fue el turno de las trabajadoras de PepsiCo, la multinacional estadounidense que cerró sus puertas y dejo a 600 familias en la calle. “Me emociona mucho verlos a todos acá. Yo en esa fábrica perdí a mi vieja y ella me enseñó a luchar porque este gobierno gobierna para los ricos. ¡Acá estamos Rodolfo Daer!, acá estamos todos porque queremos trabajar, no queremos nada de arriba. Hoy en día todo es lucha”, dijo Ana Clara.
También la palabra de Catalina Balaguer, dos veces despedida: “Hace 20 años que trabajamos en esta planta, buscamos volver a nuestros trabajos, que nunca nadie te diga que no sirve luchar: basta de despidos y represión”.
Entre los y las presentes estuvieron, por la CTA-A y sus organizaciones, Alejandra Ángriman, Jorge Yabkowski, Cynthia Pok, Adolfo Aguirre, Carolina Ocar, Silverio Gómez, Hugo Godoy, Julio Fuentes, Silvia León, Oscar de Isasi, Jorge Castro, Claudia Baigorria, Luis Tiscornia, Pablo Spataro, Julio Macera y Leonardo Vázquez, entre otros.
Fotos: Fabián y Walter Piedras
* Equipo de Comunicación de la CTA Autónoma
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AFFUR continúa con la ronda de ocupaciones y paros zonales. Este jueves 20 realizarán un paro de 24 horas, en el merco del paro general del PIT-CNT.
Los funcionarios de la Universidad ocuparán la Facultad de Derecho. De 9 a 11 horas acompañarán la conferencia de prensa en la sede central del PIT-CNT, y se concentrarán desde la hora 11 en la Explanada de la UDELAR donde realizarán un acto en la avenida 18 de Julio junto a distintos sindicatos, para plantear sus demandas en el marco de la lucha presupuestal.
AFFUR inició el pasado 6 de julio una ronda de paros con la detención de actividades y la ocupación de la Facultad de Ciencias Económicas y Administración.
Este miércoles 19 de julio ocuparon la Facultad de Odontología y realizaron un paro de 24 horas en todo el zonal Hospital de Clínicas que comprende las facultades de Enfermería, Higiene, Veterinaria, ICEF y Ciencias.
Reclaman mejoras salariales y en las condiciones de estudio, más becas y mayor y mejor descentralización, por el desarrollo de investigación y extensión, y por un Hospital de Clínicas público al servicio del pueblo.
AFFUR indica que la Ley de Presupuesto para el 2018 “desconoce el acuerdo salarial entre la UDELAR y sus funcionarios, compromete concursos y cargos de ingreso, desarrollo en capacitación, seguridad y salud laboral, congela los planes de desarrollo de la Universidad, niega el presupuesto para reformar el Hospital de Clínicas, limita acceso a la educación universitaria, restringiendo becas e impide el desarrollo en el interior”.
José Olivera. Foto: Pablo Vignali (archivo, agosto de 2015)
Uno de los elementos centrales de la plataforma del PIT-CNT
para el paro general de mañana, de 24 horas, es la reivindicación de que
en este período de gobierno se llegue a 6% del Producto Interno Bruto
(PIB) destinado a la educación. Según ha mencionado el ministro de
Economía y Finanzas, Danilo Astori, actualmente se destina 4,9% del PIB a
la educación, y con los aumentos determinados en esta Rendición de
Cuentas se llegaría a 5%, cuando queda una última Rendición de Cuentas
en el período de gobierno.
“Tuvimos reuniones con diferentes bancadas y hay mucha preocupación; la meta del 6% como promesa está cada vez más lejos”, opinó Emiliano Mandacen, dirigente de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes), integrante de la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza del Uruguay (CSEU). En la reunión con la Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda, el viernes, los delegados de la CSEU plantearon algunos aspectos particulares que preocupan a los sindicatos. Uno es la falta de recursos para crear cargos en los distintos subsistemas.
José Olivera, secretario general de Fenapes, detalló que en el articulado de la Rendición de Cuentas que presentaron las autoridades de la Administración Nacional de la Educación Pública (ANEP), el Consejo Directivo Central (Codicen) pide aumento de recursos, entre otras cosas, para crear cargos docentes de forma de poner en marcha los nuevos locales que se van a construir. “Se hace imperioso resolver este tema, porque se podría caer fuertemente en la contradicción de contar con locales y no tener el personal necesario para atender a los estudiantes que estarían ingresando a estas instituciones”, explicó Olivera, y puntualizó que eso podría impactar en la universalización de la educación inicial a los tres años, en la universalización de la educación media y en las políticas de extensión del tiempo pedagógico (escuelas o liceos de tiempo extendido o tiempo completo).
Elbia Pereira, secretaria general de la Federación Uruguaya de Magisterio, enfatizó en que la propuesta del Poder Ejecutivo, que otorga únicamente 1.500 millones de pesos de incremento para retribuciones de la ANEP, no contempla continuar el proceso de regularización de las auxiliares de servicio, proceso que, de continuar este año, estaba previsto que abarcara a 1.013 auxiliares, que atienden a los grupos de educación inicial y a las necesidades de limpieza de los centros educativos. “Si esta situación no se regulariza –lo decimos claramente– estará muy comprometido el inicio de cursos en 2018, porque son los directores de las escuelas, con los presidentes de las comisiones de fomento, quienes contratan a este personal, a su entera responsabilidad”, afirmó Pereira ante los diputados. Para la regularización se requieren 333 millones de pesos, previstos en el articulado del Codicen, y Pereira insistió: “Si se corta este proceso de regularización por mandato de esta Rendición de Cuentas, ¿quién va a querer contratar personal a su entera responsabilidad?”, haciendo referencia a los directores de las escuelas, que deben constituirse como empresas unipersonales para contratar a las auxiliares.
Otra de las diferencias importantes que mantienen los trabajadores de la educación con el Poder Ejecutivo tiene que ver con el aspecto salarial. El Ejecutivo considera que los 1.500 millones de pesos de aumento presupuestal permitirán cumplir con el artículo 4º del convenio salarial vigente entre la ANEP y la CSEU, pero tanto los sindicatos como el Codicen afirman que son necesarios 1.700 millones de pesos para cumplir con ese objetivo. “Esos 200 millones son un tema de ética”, aseguró Mandacen, que opinó que en la última instancia de negociación colectiva con el gobierno lo que pasó fue “prácticamente un chantaje: nos dijeron ‘si firmás te doy los 200 millones y si no, no’”. Para el dirigente, “las bancadas tienen que buscar los 200 millones de pesos para salvaguardar la ética de la negociación colectiva”. Consideró que “algunos parlamentarios se han dado cuenta” y manifestaron la “intención” de buscar esos recursos. De todas formas, Mandacen asegura que no tiene “mucha expectativa” de que se pueda mejorar el presupuesto destinado a educación, porque “el margen de maniobra que se tiene es muy menor”.
Para y ocupa
Además del paro de 24 horas de mañana, algunos gremios convocan a otras medidas de lucha. Es el caso de la Agremiación Federal de Funcionarios de la Universidad de la República (AFFUR), que desde el 6 de julio viene realizando una serie de paros zonales con ocupación de facultades durante 24 horas. AFFUR anunció que hoy ocupará la Facultad de Odontología y hará un paro en el zonal Hospital de Clínicas, que abarca las facultades de Enfermería, Higiene, Veterinaria, el Instituto Superior de Educación Física y Ciencias. En tanto, el jueves, además de acompañar el paro del PIT-CNT, ocupará la Facultad de Derecho, el edificio central de la Universidad de la República (Udelar). Los funcionarios de la Udelar, además de acompañar la conferencia de prensa que se dará en el PIT-CNT en el marco del paro, convocan a un acto a las 11.00, en la explanada de la Udelar.
Foto: Alessandro Maradei
"Considerando que, dada la naturaleza de las cuestiones controvertidas se remitieron las presentes actuaciones en vista a la Fiscalía General ante la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que se expidió mediante el Dictamen Nº72.900, que luce agregado a fs. 92. Que, la Sra. Juez de grado estimó no configurado el peligro en la demora en las circunstancias del caso.
"Que, sin embargo, corresponde tener en cuenta las particularidades de la causa en tanto se trata de la extinción de contratos de trabajos que alcanza a la totalidad del personal de la Empresa PEPSICO DE ARGENTINA SRL, en “…virtud del cese de actividades dispuesto para la Planta Florida conforme causas, alcances y circunstancias informadas por la Empresa ante el Ministerio de Trabajo de la Nación…” conforme expresa la comunicación cursada a los actores, dando cuenta asimismo del inicio del procedimiento preventivo de crisis, como surge de la documentación que se acompaña en autos y se tiene presente. Que, la medida cautelar impetrada, excede los recaudos de una medida cautelar típica, en tanto que el procedimiento de crisis requiere cumplir sus exigencias.
"Que, se encuentra acreditada sumariamente con la documental obrante a fs. 38, la verosimilitud del derecho en cuanto a la existencia de la relación laboral de los actores, como las comunicaciones de la empresa que desata el litigio a que se alude supra. Que, no surgen elementos de que el procedimiento de crisis haya concluido ni notificación de la empresa en tal sentido.
"Que, la Ley Nacional de Empleo, en su título III regula “la promoción y la defensa del empleo” por lo que conforme lo expresado en el párrafo anterior, los trabajadores accionantes tienen derecho en éstas condiciones, a mantener su relación de trabajo, tal como surge de los arts. 98/105 de la Ley 24.013 (BO 17.12.1991), los arts. 4, 8 y ccts. del Decreto 265/2002 (BO 11.2.2002); Decreto328/88 (8.3.1988) y 2072/94 (25.11.1994).
"Que, esta última norma en su art. 1 establece que “…Cuando el Procedimiento Preventivo de Crisis se inicie a instancias del empleador y se refiera a empresas de más de CINCUENTA (50) TRABAJADORES, la presentación inicial deberá, como mínimo, explicitar las medidas que la empresa propone para superar la crisis o atenuar sus efectos…” extremo que no surge cumplido por la demandada conforme las expresiones del sector sindical y de los representantes de los trabajadores, que surge de las actuaciones adjuntadas con la presente.
"Que, consecuentemente de conformidad con lo normado por el 78 de la LCT “el empleador deberá garantizar al trabajador ocupación efectiva”. El derecho al trabajo, protegido por el art. 14 y 14 bis de la Constitución Nacional y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos a través de los Pactos, Declaraciones y Convenios a la Carta Magna incorporados después de la Reforma de 1994, que amerita la intervención cautelar solicitada en autos.
"Además es un derecho fundamental, consagrado en el artículo 6.1 del Pacto Internacional de D.E.S. y C. (ONU 16.12.1966), ratificado por Ley 23.313: “Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho a trabajar, que comprende el derecho de toda persona a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido o aceptado, y tomarán medidas adecuadas para garantizar este derecho”.
"Así lo ha entendido y aplicado la Corte Suprema de Justicia de la Nación en precedentes como “Alvarez, Maximiliano y otros c/ Cencosud SA s/ acción de amparo” Bs. As. 7 diciembre 2010- 1023. XLIII aplicando, los contenidos de los instrumentos internacionales dotados de jerarquía constitucional (art.75 inc.22) que se han citado supra al señalar: “la protección del "derecho a trabajar" previsto en el art. 6.1 del PIDESC, al incluir el derecho del empleado a no verse privado arbitrariamente de su empleo, si bien no impone la reinstalación, tampoco la descarta (doctrina caso Madorrán) y la reinstalación guarda coherencia con los principios que rigen las instancias jurisdiccionales internacionales en materia de derechos humanos (CIDH Caso Baena). El objetivo primario de las reparaciones en materia de derechos humanos debería ser la rectificación o restitución en lugar de la compensación. Sólo un entendimiento superficial del art. 14 bis llevaría a que la "protección contra el despido arbitrario" implicara una suerte de prohibición absoluta y permanente a toda medida de reinstalación”. (Considerandos 7º, 8º y 9º).
"Agrega también en el sustancial considerando 7 que existe un abanico de instrumentos internacionales que también enuncian y resguardan el “derecho a trabajar” a saber:… “Declaración Universal de Derechos Humanos - art. 23.1- Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre - art. XIV - y Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial —art. 5.e.i—), el cual debe ser considerado “inalienable de todo ser humano” en palabras expresas de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (art. 11.1.a). No huelga observar que el citado Protocolo de San Salvador contempla a la “readmisión en el empleo” como una de las consecuencias admisibles para la legislación interna en casos de despido injustificado (art. 7°.d)”.
"Y, se tiene en cuenta que, según doctrina permanente del Alto Tribunal, la Constitución Nacional debe ser entendida como una unidad, esto es, como un cuerpo que no puede dividirse sin que su esencia se destruya o altere, como un conjunto armónico en el que cada uno de sus preceptos ha de interpretarse de acuerdo con el contenido de los demás (Galassi, Fallos: 310:2733, 2737, entre otros) según cita del mismo considerando de “Alvarez”.
"El derecho al trabajo es un derecho esencial para la realización de otros derechos humanos y constituye una parte inseparable e inherente de la dignidad humana. Toda persona tiene el derecho a trabajar para poder vivir con dignidad. El derecho al trabajo sirve, al mismo tiempo, a la supervivencia del individuo y de su familia y contribuye también, en tanto que el trabajo es libremente escogido o aceptado, a su plena realización y a su reconocimiento en el seno de la comunidad tal como lo establece Observación general Nº 18 aprobada el 24-11-2005 sobre el Artículo 6 del PIDESyC en línea con el preámbulo del Convenio Nº 168 de la OIT, de 1988: "…la importancia del trabajo y del empleo productivo en toda la sociedad, en razón no sólo de los recursos que crean para la comunidad, sino también de los ingresos que proporcionan a los trabajadores, del papel social que les confieren y del sentimiento de satisfacción personal que les infunden".
"El derecho al trabajo es un derecho individual que pertenece a cada persona, y es a la vez un derecho colectivo. La exigibilidad de los derechos sociales cuenta con un aval fundamental como lo es la Observación General Nº9 (1998) del Comité del PIDESyC cuando afirma que en lo relativo a los derechos civiles y políticos, generalmente se da por supuesto que es fundamental la existencia de recursos judiciales frente a las violaciones de esos derechos, pero respecto a los derechos económicos, sociales y culturales, se parte del supuesto contrario, pero ello no está justificado ni por la naturaleza de los derechos ni por las disposiciones pertinentes del Pacto, que deben ser respetados, protegidos, asegurados y promovidos.
"En definitiva, cabe recordar que al tener trabajo el ser humano ES pues como bellamente se ha dicho “Quien no trabaja no tiene, pero sobre todo, no es. No es un ciudadano pleno iure” (Romagnoli Umberto, Conferencia Albacete, España 1/10/1996). Que, en razón de lo expuesto corresponde hacer lugar a la medida cautelar solicitada y ordenar a la demandada cumpla con el deber de ocupación de los actores, Gómez Leandro Javier, Vique Laime Elizabeth Myriam, Guzmán Facundo Javier, Ruiz Mónica, Gonzalez Orlando Daniel, Gramajo Angel David, Herbas Estefanía, Albornos María Ester, Vega Myrna Beatriz y Romero Juan Carlos, conforme lo expresado ut supra, bajo apercibimiento de aplicar sanciones conminatorias a razón de $5.000 por cada día de demora (art. 804 CCyCN).
"Sin costas, atento la ausencia de contradictorio. Por ello, oído el Sr. Fiscal, EL TRIBUNAL RESUELVE: I) Revocar la sentencia apelada, haciendo lugar a la medida cautelar solicitada, ordenando a la empresa PEPSICO DE ARGENTINA SRL a cumplir con el deber de ocupación de los actores Gómez Leandro Javier, Vique Laime Elizabeth Myriam, Guzmán Facundo Javier, Ruiz Mónica, Gonzalez Orlando Daniel, Gramajo Angel David, Herbas Estefanía, Albornos María Ester, Vega Myrna Beatriz y Romero Juan Carlos, con los alcances establecidos en los considerandos bajo apercibimiento de aplicar sanciones conminatorias a razón de $5.000 por cada día de demora (art. 804 CCyCN); II) Sin costas atento la ausencia de contradictorio; III) Líbrese oficio con habilitación de días y horas inhábiles (art. 153 CPCCN) a efectos de notificar a la demandada lo resuelto, cuyo diligenciamiento queda a cargo de los peticionantes.
"Oportunamente, cúmplase con lo dispuesto en el art. 1º de la ley 26856 y con la Acordada de la CSJN Nº 15/2013. Regístrese, notifíquese y vuelvan".
Ni un despido más, ni un trabajador menos
La CTA Autónoma acompañó a los trabajadores y trabajadoras de PepsiCo del Obelisco al Ministerio de Trabajo
Miércoles 19 de julio de 2017, por *
La CTA
Autónoma acompañó ayer a la tarde la multitudinaria movilización de los
trabajadores y trabajadoras de PepsiCo desde el Obelisco a la sede de
Callao del Ministerio de Trabajo pasando por Plaza de Mayo y el Congreso
en reclamo de las 600 reincorporaciones y que cese la criminalización
de la protesta social.
La concentración empezó a las 17.00 en el Obelisco. Hombres, mujeres, niños, niñas de organizaciones sociales, políticas, sindicales llenaron de banderas el centro porteño acompañando el reclamo de los trabajadores y trabajadoras de PepsiCo.
La CTA Autónoma acompañó la masiva movilización que partió del Obelisco en reclamo de la reincorporación y el cese de la represión y la criminalización de la protesta social. Ricardo Peidro, Secretario General Adjunto de la CTA-A dijo: “El avance de las patronales sobre los derechos de los trabajadores no es solamente a nivel nacional sino regional: Es un plan global y lo que estamos haciendo los trabajadores y trabajadoras de este país es poner un límite. Hay que ser consciente que este es un plan pensado hace mucho tiempo”.
Alicia Coca, integrante de la Mesa Nacional de la Central dijo: “Venimos a acompañar esta lucha de las trabajadoras, porque en su mayoría son mujeres y muchas sostenes de hogar. Creemos que tenemos que pensar estrategias desde el campo popular”.
Luego del recorrido, la masiva movilización llegó a la sede de Callao del Ministerio de Trabajo donde se realizó el acto. “Somos obreros, queremos trabajar, es una jornada nacional de lucha: se están manifestando en todo el país”, dijo quien coordinaba el acto mientras que una bandera flameaba desde las ventanas del Ministerio, hecha por los trabajadores y trabajadoras de la Cartera laboral llamando a la reincorporación.
Mientras que en el escenario estaban todas las trabajadoras despedidas, Norita Cortiñas, de Madre de Plaza de Mayo-Línea Fundadora dijo: “Un abrazo para todas las trabajadoras que están acá, que ovarios que tenemos y a los trabajadores también. Las Madres repudian la gran represión. No nos van a hacer volver atrás, seguiremos reclamando lo que es justo. Las Madres hace 40 años que estamos en la calle: Los 30 mil detenidos desaparecidos están acá presentes ahora y siempre”.
Cortiñas pidió además la “reincorporación ya de todos y todas: Sigan con fuerza! Le decimos al Presidente basta de llevar al país a esta tristeza. Fuerza y sigamos adelante. Hasta la victoria siempre, venceremos”, dijo Norita ante el aplauso de todos y todas.
Luego fue el turno de las trabajadoras de PepsiCo, la multinacional estadounidense que cerró sus puertas y dejo a 600 familias en la calle. “Me emociona mucho verlos a todos acá. Yo en esa fábrica perdí a mi vieja y ella me enseñó a luchar porque este gobierno gobierna para los ricos. ¡Acá estamos Rodolfo Daer!, acá estamos todos porque queremos trabajar, no queremos nada de arriba. Hoy en día todo es lucha”, dijo Ana Clara.
También la palabra de Catalina Balaguer, dos veces despedida: “Hace 20 años que trabajamos en esta planta, buscamos volver a nuestros trabajos, que nunca nadie te diga que no sirve luchar: basta de despidos y represión”.
Entre los y las presentes estuvieron, por la CTA-A y sus organizaciones, Alejandra Ángriman, Jorge Yabkowski, Cynthia Pok, Adolfo Aguirre, Carolina Ocar, Silverio Gómez, Hugo Godoy, Julio Fuentes, Silvia León, Oscar de Isasi, Jorge Castro, Claudia Baigorria, Luis Tiscornia, Pablo Spataro, Julio Macera y Leonardo Vázquez, entre otros.
Fotos: Fabián y Walter Piedras
* Equipo de Comunicación de la CTA Autónoma
.
¡Presentes en nuestras luchas hasta la victoria!
A
41 años de la caída en combate de Mario Roberto Santucho y
compañeros/as de la dirección histórica del PRT-ERP ¡Presentes en
nuestras luchas hasta la victoria!
Este 19 de julio se cumplen 41 años de la caída en combate de Mario Roberto Santucho, Benito Urteaga, Domingo Menna, Fernando Gertel, Liliana Delfino, Ana María Lanzilotto, integrantes de la dirección nacional del PRT-ERP, enfrentando un operativo militar del ejército genocida en Villa Martelli.
El ataque de las fuerzas de la dictadura cívico militar eclesiástica fue perpetrado en vísperas de una reunión en la que el PRT-ERP se abocaría a poner en pie, junto a Montoneros y OCPO (Organización Comunista Poder Obrero) un frente que permitiera aunar esfuerzos para enfrentar en mejores condiciones a la dictadura, ya lanzada a una ofensiva criminal que buscaba el aniquilamiento de las organizaciones revolucionarias, la vanguardia obrera y las diversas expresiones de resistencia popular. La caída de la dirección histórica perretista significó un duro golpe para las posibilidades de resistir exitosamente a los planes genocidas de la dictadura y de comenzar a transitar el camino de una recomposición de fuerzas que pusiera la balanza a favor del pueblo.
El PRT-ERP representa la experiencia de mayor desarrollo alcanzado por la generación de los años sesenta y setenta en torno a la conformación de una fuerza revolucionaria político militar que se propusiera el esfuerzo de enarbolar una estrategia de poder para la revolución socialista en Nuestra América, desarrollada a partir de los fundamentos del marxismo revolucionario encarnado en nuestro continente en la praxis del Comandante Che Guevara; y es para nosotros y nosotras, una concepción estratégica que mantiene vigencia y una tarea histórica aún pendiente.
Hoy, pasados 41 años, el gobierno de Cambiemos -títere servil y punta de lanza de la ofensiva imperialista yanqui en nuestro continente- ejecuta una política anti obrera y anti popular, un ataque criminal que busca imponer condiciones de acumulación y modificaciones estructurales con consecuencias de corto, mediano y largo plazo que implican doblegar y disciplinar a los trabajadores, trabajadoras y al pueblo.
Expresión de ello son las medidas que favorecen al bloque de poder impune y envalentonado y que implican una expropiación millonaria a nuestro pueblo, que paga el festín con un creciente empobrecimiento y precarización de la vida y condiciones de trabajo, soportando despidos masivos, cierre de fábricas, mayores niveles de desempleo y un agravamiento salvaje de la represión estatal.
En estas condiciones, la audacia y disposición a la lucha que supieron darle cuerpo quienes construyeron con sus vidas la experiencia del PRT-ERP, constituye para nosotras/os una referencia ineludible, un claro ejemplo y un llamado a redoblar la apuesta por la imprescindible unidad de acción frente al enemigo común, así como a la necesidad de dotarnos de una estrategia de poder para la transformación revolucionaria de Argentina y el conjunto de Nuestra América.
Ana María LanzilottoBenito UrteagaDomingo MennaFernando GertelLiliana DelfinoMario Roberto SantuchoPRTPRT - ERPEste 19 de julio se cumplen 41 años de la caída en combate de Mario Roberto Santucho, Benito Urteaga, Domingo Menna, Fernando Gertel, Liliana Delfino, Ana María Lanzilotto, integrantes de la dirección nacional del PRT-ERP, enfrentando un operativo militar del ejército genocida en Villa Martelli.
El ataque de las fuerzas de la dictadura cívico militar eclesiástica fue perpetrado en vísperas de una reunión en la que el PRT-ERP se abocaría a poner en pie, junto a Montoneros y OCPO (Organización Comunista Poder Obrero) un frente que permitiera aunar esfuerzos para enfrentar en mejores condiciones a la dictadura, ya lanzada a una ofensiva criminal que buscaba el aniquilamiento de las organizaciones revolucionarias, la vanguardia obrera y las diversas expresiones de resistencia popular. La caída de la dirección histórica perretista significó un duro golpe para las posibilidades de resistir exitosamente a los planes genocidas de la dictadura y de comenzar a transitar el camino de una recomposición de fuerzas que pusiera la balanza a favor del pueblo.
El PRT-ERP representa la experiencia de mayor desarrollo alcanzado por la generación de los años sesenta y setenta en torno a la conformación de una fuerza revolucionaria político militar que se propusiera el esfuerzo de enarbolar una estrategia de poder para la revolución socialista en Nuestra América, desarrollada a partir de los fundamentos del marxismo revolucionario encarnado en nuestro continente en la praxis del Comandante Che Guevara; y es para nosotros y nosotras, una concepción estratégica que mantiene vigencia y una tarea histórica aún pendiente.
Hoy, pasados 41 años, el gobierno de Cambiemos -títere servil y punta de lanza de la ofensiva imperialista yanqui en nuestro continente- ejecuta una política anti obrera y anti popular, un ataque criminal que busca imponer condiciones de acumulación y modificaciones estructurales con consecuencias de corto, mediano y largo plazo que implican doblegar y disciplinar a los trabajadores, trabajadoras y al pueblo.
Expresión de ello son las medidas que favorecen al bloque de poder impune y envalentonado y que implican una expropiación millonaria a nuestro pueblo, que paga el festín con un creciente empobrecimiento y precarización de la vida y condiciones de trabajo, soportando despidos masivos, cierre de fábricas, mayores niveles de desempleo y un agravamiento salvaje de la represión estatal.
En estas condiciones, la audacia y disposición a la lucha que supieron darle cuerpo quienes construyeron con sus vidas la experiencia del PRT-ERP, constituye para nosotras/os una referencia ineludible, un claro ejemplo y un llamado a redoblar la apuesta por la imprescindible unidad de acción frente al enemigo común, así como a la necesidad de dotarnos de una estrategia de poder para la transformación revolucionaria de Argentina y el conjunto de Nuestra América.
A 41 años de la caída en
combate de Mario Roberto Santucho y parte de la conducción nacional del
PRT-ERP ¡Nuestros compañeros y compañeras viven en la lucha popular!
¡Hasta la victoria siempre! ¡Venceremos!
Funcionarios de Universidad de la República ocupan este jueves 20 la Facultad de Derecho
La Agremiación Federal de Funcionarios de la Universidad de la República (AFFUR) continúa este jueves 20 de julio -en el marco del paro general del PIT-CNT- con la ronda de ocupaciones y paros zonales, en la oportunidad ocuparán la sede de la Facultad de Derecho.
AFFUR continúa con la ronda de ocupaciones y paros zonales. Este jueves 20 realizarán un paro de 24 horas, en el merco del paro general del PIT-CNT.
Los funcionarios de la Universidad ocuparán la Facultad de Derecho. De 9 a 11 horas acompañarán la conferencia de prensa en la sede central del PIT-CNT, y se concentrarán desde la hora 11 en la Explanada de la UDELAR donde realizarán un acto en la avenida 18 de Julio junto a distintos sindicatos, para plantear sus demandas en el marco de la lucha presupuestal.
AFFUR inició el pasado 6 de julio una ronda de paros con la detención de actividades y la ocupación de la Facultad de Ciencias Económicas y Administración.
Este miércoles 19 de julio ocuparon la Facultad de Odontología y realizaron un paro de 24 horas en todo el zonal Hospital de Clínicas que comprende las facultades de Enfermería, Higiene, Veterinaria, ICEF y Ciencias.
Reclamos
AFFUR se encuentra en lucha por un presupuesto “justo para la educación pública en general y en especial para la Universidad”.Reclaman mejoras salariales y en las condiciones de estudio, más becas y mayor y mejor descentralización, por el desarrollo de investigación y extensión, y por un Hospital de Clínicas público al servicio del pueblo.
AFFUR indica que la Ley de Presupuesto para el 2018 “desconoce el acuerdo salarial entre la UDELAR y sus funcionarios, compromete concursos y cargos de ingreso, desarrollo en capacitación, seguridad y salud laboral, congela los planes de desarrollo de la Universidad, niega el presupuesto para reformar el Hospital de Clínicas, limita acceso a la educación universitaria, restringiendo becas e impide el desarrollo en el interior”.
Sindicatos de la educación sin mucha expectativa por aumento de recursos durante la discusión de la Rendición de Cuentas
“Tuvimos reuniones con diferentes bancadas y hay mucha preocupación; la meta del 6% como promesa está cada vez más lejos”, opinó Emiliano Mandacen, dirigente de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes), integrante de la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza del Uruguay (CSEU). En la reunión con la Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda, el viernes, los delegados de la CSEU plantearon algunos aspectos particulares que preocupan a los sindicatos. Uno es la falta de recursos para crear cargos en los distintos subsistemas.
José Olivera, secretario general de Fenapes, detalló que en el articulado de la Rendición de Cuentas que presentaron las autoridades de la Administración Nacional de la Educación Pública (ANEP), el Consejo Directivo Central (Codicen) pide aumento de recursos, entre otras cosas, para crear cargos docentes de forma de poner en marcha los nuevos locales que se van a construir. “Se hace imperioso resolver este tema, porque se podría caer fuertemente en la contradicción de contar con locales y no tener el personal necesario para atender a los estudiantes que estarían ingresando a estas instituciones”, explicó Olivera, y puntualizó que eso podría impactar en la universalización de la educación inicial a los tres años, en la universalización de la educación media y en las políticas de extensión del tiempo pedagógico (escuelas o liceos de tiempo extendido o tiempo completo).
Elbia Pereira, secretaria general de la Federación Uruguaya de Magisterio, enfatizó en que la propuesta del Poder Ejecutivo, que otorga únicamente 1.500 millones de pesos de incremento para retribuciones de la ANEP, no contempla continuar el proceso de regularización de las auxiliares de servicio, proceso que, de continuar este año, estaba previsto que abarcara a 1.013 auxiliares, que atienden a los grupos de educación inicial y a las necesidades de limpieza de los centros educativos. “Si esta situación no se regulariza –lo decimos claramente– estará muy comprometido el inicio de cursos en 2018, porque son los directores de las escuelas, con los presidentes de las comisiones de fomento, quienes contratan a este personal, a su entera responsabilidad”, afirmó Pereira ante los diputados. Para la regularización se requieren 333 millones de pesos, previstos en el articulado del Codicen, y Pereira insistió: “Si se corta este proceso de regularización por mandato de esta Rendición de Cuentas, ¿quién va a querer contratar personal a su entera responsabilidad?”, haciendo referencia a los directores de las escuelas, que deben constituirse como empresas unipersonales para contratar a las auxiliares.
Otra de las diferencias importantes que mantienen los trabajadores de la educación con el Poder Ejecutivo tiene que ver con el aspecto salarial. El Ejecutivo considera que los 1.500 millones de pesos de aumento presupuestal permitirán cumplir con el artículo 4º del convenio salarial vigente entre la ANEP y la CSEU, pero tanto los sindicatos como el Codicen afirman que son necesarios 1.700 millones de pesos para cumplir con ese objetivo. “Esos 200 millones son un tema de ética”, aseguró Mandacen, que opinó que en la última instancia de negociación colectiva con el gobierno lo que pasó fue “prácticamente un chantaje: nos dijeron ‘si firmás te doy los 200 millones y si no, no’”. Para el dirigente, “las bancadas tienen que buscar los 200 millones de pesos para salvaguardar la ética de la negociación colectiva”. Consideró que “algunos parlamentarios se han dado cuenta” y manifestaron la “intención” de buscar esos recursos. De todas formas, Mandacen asegura que no tiene “mucha expectativa” de que se pueda mejorar el presupuesto destinado a educación, porque “el margen de maniobra que se tiene es muy menor”.
Para y ocupa
Además del paro de 24 horas de mañana, algunos gremios convocan a otras medidas de lucha. Es el caso de la Agremiación Federal de Funcionarios de la Universidad de la República (AFFUR), que desde el 6 de julio viene realizando una serie de paros zonales con ocupación de facultades durante 24 horas. AFFUR anunció que hoy ocupará la Facultad de Odontología y hará un paro en el zonal Hospital de Clínicas, que abarca las facultades de Enfermería, Higiene, Veterinaria, el Instituto Superior de Educación Física y Ciencias. En tanto, el jueves, además de acompañar el paro del PIT-CNT, ocupará la Facultad de Derecho, el edificio central de la Universidad de la República (Udelar). Los funcionarios de la Udelar, además de acompañar la conferencia de prensa que se dará en el PIT-CNT en el marco del paro, convocan a un acto a las 11.00, en la explanada de la Udelar.
Trabajadores de la ex Bao dejaron planta de fabricación de jabón en polvo pero continúan con cooperativa y nuevos objetivos
Se mudaron para la sede de la Unión de Trabajadores de
Bao, su sindicato, después de dos años arrendando, a cambio de sus
despidos, una parte de la planta donde trabajaban. Acopiaron una buena
cantidad de jabón en polvo para seguir vendiendo, pero apuestan a
elaborar, envasar y distribuir otros productos de limpieza y venderlos a
cooperativas y sindicatos.
Los diez ex trabajadores de la Compañía Bao, que conformaron
hace poco más de dos años la Cooperativa de Trabajo Jóvenes de la
Industria Química-CooperatiBao La Minga, para continuar elaborando
productos de limpieza tras el cierre de la empresa, decidieron rescindir
el contrato que les permitía utilizar las instalaciones de la planta
ubicada en La Teja. El acuerdo, firmado el 18 de noviembre de 2015 con
el actual dueño de Bao, establecía el arrendamiento por cinco años de la
planta, con opción a otros cinco más, para la elaboración de jabón en
polvo.
“Fue un convenio colectivo y un contrato de arrendamiento que se hicieron juntos. En el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social hicimos un convenio por el cual quedamos despedidos a cambio de la posibilidad de acceder al arrendamiento, y se estableció de una forma ficta que ese monto de despido correspondía a dos años de arrendamiento de la planta”, explicó Raúl Pérez, secretario de la cooperativa.
Sin embargo, el contrato planteaba que se podía hacer una “especie de rescisión” a los dos años, antes de empezar el período en que el arrendamiento de la planta se debía pagar en efectivo al dueño actual de Bao. Pérez dijo que el mecanismo “estaba previsto” con la única condición de avisarle al dueño seis meses antes de la rescisión, algo que cumplieron en diciembre. “Siempre aspiramos a que se podía mantener la elaboración de jabón en polvo en Uruguay. Esta es la última planta que queda para el soplado de jabón y hacer jabón en polvo”, agregó el secretario de la cooperativa. Pero no se pudo.
Espuma controlada
Según Pérez, cuando fueron despedidos “había una perspectiva de que Bao había dejado un mercado que hacía viable la posibilidad de mantenerlo”, pero “lo que se vio después en realidad fue que Bao se retiró del mercado, pasaron unos seis meses y otras marcas ocuparon ese espacio, y no fue posible recuperarlo”.
Diber Rodríguez, presidente de CooperatiBao La Minga, que es el “nombre de fantasía” del emprendimiento, contó que recorrieron cadenas de compras de los supermercados, se reunieron con distribuidores e intentaron negociar con otros grandes compradores, pero las cadenas exigían descuentos insostenibles o tenían vendidos los espacios de las góndolas a otras poderosas marcas de productos de limpieza.
Además, estamos en “un momento en el que el jabón en polvo está en baja en el mercado”, ya que está siendo sustituido lentamente por los jabones líquidos para lavarropas. “Por eso es que empezamos a ver que no nos podíamos quedar en la planta, y empezamos a caminar un poco hacia donde va el mercado”, explicó Rodríguez.
Se instalaron entonces en la sede del viejo Sindicato de Bao, ubicada en Pedro Celestino Bauzá y Carlos María Ramírez. “Hicimos un acopio de jabón, previendo que se nos venía el período de cierre y entrega de la planta, y fuimos incrementando la producción. En cada producción que hacíamos para pedidos de clientes, hacíamos más jabón en polvo, y ahora tenemos un stock que nos permite trabajar unos cuatro o cinco meses cómodos con ese producto. Después veremos cuáles son las opciones, y mientras tanto venimos creciendo con el tema de los productos líquidos”, explicó Pérez.
Es que para fabricar jabón en polvo precisan de la planta de Bao y de su máquina de soplado, pero para elaborar jabón líquido para lavar ropa, limpiador desodorante, detergente de cocina, suavizante o perfumador de prendas, sólo necesitan de fórmulas que ya conocen y de un lugar donde aplicarlas. “Y estamos viendo en ese horizonte de productos a ver qué cosas podemos ir incluyendo”, remató Pérez.
Una de las dificultades que perciben en el mercado es que “el uruguayo es muy conservador” para lavar la ropa, y hay quien sigue usando jabón en barra o no conoce la existencia del jabón líquido para lavarropa. Pérez lo ejemplifica así: “Hay jabones en polvo de alta espuma y otros de espuma controlada. La diferencia es la espuma, y no el efecto sobre la limpieza de la ropa; sin embargo, la gente sigue pidiendo de alta espuma, porque alguna gente veterana conserva lavarropas a vaivén y ver que hace espuma es señal de más limpieza”.
La fábrica de jabones Bao fue inaugurada por el inmigrante italiano Agustín Deambrosis en 1863, y sus descendientes condujeron los destinos de la empresa hasta mediados de la década del 80, cuando se comenzó a negociar la venta de las principales marcas creadas por Bao a la multinacional Colgate Palmolive, que las continúa comercializando hasta la actualidad.
Nos pegamos un jabón
Cuando Bao cambió de dueños y estuvieron un tiempo en seguro de paro, aprendieron a hacer otras “changas” porque “el seguro no alcanzaba”. Pérez supo “subir a los ómnibus a tocar la guitarra”. Hoy las cosas volvieron a ponerse complicadas, porque no hay trabajo para sostener un salario mensual para los diez (nueve hombres y una mujer), y las changas volvieron a imponerse: “En la medida que va entrando trabajo, vamos llamando a los demás compañeros”. Rodríguez contó que hay uno empezando los trámites jubilatorios, otro en período prejubilatorio e incluso uno, de los más jóvenes, con “licencia sin goce de sueldo, porque está probando con otro trabajo”. Para el resto, renunciar a lo que saben hacer desde que entraron, muy jóvenes, a la histórica Bao significa buscar un trabajo para el que no están preparados, ni por capacidad, ni por edad: “Ya no estamos para andar a pico y pala, y para esto que hacemos ahora nos capacitamos mucho tiempo cuando la fábrica funcionaba”. Por ahora, la única opción que se conversa es “el camino de incrementar la venta para tener trabajo todos los días”.
Manteniendo a algunos clientes grandes como droguerías y distribuidoras, y la venta a los vecinos del barrio, una de las ideas es “apuntar a sindicatos y cooperativas de vivienda”, según Pérez. “Al faltarnos toda la parte de marketing y publicidad, lo que hacemos es tratar de llegar a los lugares organizados en los que podemos hablar con los vecinos. Nos abren las posibilidades de hablar con las comisiones directivas de las cooperativas de vivienda, a veces la posibilidad de hablar en una asamblea, y eso es lo que nos permite trasladar que somos ex trabajadores de Bao, en qué estamos, y tratar de que vean nuestros productos a ver si les gustan”, explicó. Para eso, “tenemos el versito de la calidad y el buen precio porque se eliminan los intermediarios”, agregó, señalando con orgullo los productos.
Palillos de madera
Por sus dimensiones y volumen de producción, La Minga no necesitó, para iniciar el emprendimiento, de montos significativos de inversión. En su momento, mantuvieron reuniones con autoridades del Fondo para el Desarrollo (Fondes) e hicieron gestiones ante el Instituto Nacional del Cooperativismo “para ver cuáles eran las posibles vías de asistencia”, contó el secretario de la cooperativa. También obtuvieron asistencia técnica del Centro Cooperativista del Uruguay. Pero, para empezar a trabajar “la planta estaba armada, las fórmulas también estaban” y lo que en realidad necesitaban era “la posibilidad de una ayuda económica en el armado de los envases y el diseño de las etiquetas”. Encontraron la ayuda económica para la materia prima y otra para infraestructura, pero tenían que hacer “una proyección de ventas”: “Cómo creíamos que se iban a colocar nuestros productos, lo que nos obligaba a inventar, a hacer un plan de ventas que nos asegurara un retorno. Preferimos no embarcarnos en eso”, explicó Pérez. Entonces, no solicitaron ningún crédito al sistema financiero formal, pero sí aceptaron un préstamo como “capital inicial de trabajo” de parte de la Unión de Trabajadores de Bao, su sindicato, que “tenía algunos fondos que venían quedando de la cuota sindical y de otros ingresos”, y alrededor de 10.000 dólares de parte del Sindicato de Trabajadores de la Industria Química (STIQ) para “la primera producción”. El STIQ siempre fue un puntal fundamental del emprendimiento e incluso apoyó el acuerdo con Bao. “Después seguimos rodando solos. Teníamos temor por lo que pasó con alguna otra gente, el temor de que fuera complicado pagar en tiempo y forma. Decidimos ir por el camino seguro e ir devolviendo lo que nos prestaron. Con eso empezamos a andar”, resumió Pérez. Ahora apuestan al apoyo y la solidaridad de la gente a cambio de su trabajo.
“Fue un convenio colectivo y un contrato de arrendamiento que se hicieron juntos. En el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social hicimos un convenio por el cual quedamos despedidos a cambio de la posibilidad de acceder al arrendamiento, y se estableció de una forma ficta que ese monto de despido correspondía a dos años de arrendamiento de la planta”, explicó Raúl Pérez, secretario de la cooperativa.
Sin embargo, el contrato planteaba que se podía hacer una “especie de rescisión” a los dos años, antes de empezar el período en que el arrendamiento de la planta se debía pagar en efectivo al dueño actual de Bao. Pérez dijo que el mecanismo “estaba previsto” con la única condición de avisarle al dueño seis meses antes de la rescisión, algo que cumplieron en diciembre. “Siempre aspiramos a que se podía mantener la elaboración de jabón en polvo en Uruguay. Esta es la última planta que queda para el soplado de jabón y hacer jabón en polvo”, agregó el secretario de la cooperativa. Pero no se pudo.
Espuma controlada
Según Pérez, cuando fueron despedidos “había una perspectiva de que Bao había dejado un mercado que hacía viable la posibilidad de mantenerlo”, pero “lo que se vio después en realidad fue que Bao se retiró del mercado, pasaron unos seis meses y otras marcas ocuparon ese espacio, y no fue posible recuperarlo”.
Diber Rodríguez, presidente de CooperatiBao La Minga, que es el “nombre de fantasía” del emprendimiento, contó que recorrieron cadenas de compras de los supermercados, se reunieron con distribuidores e intentaron negociar con otros grandes compradores, pero las cadenas exigían descuentos insostenibles o tenían vendidos los espacios de las góndolas a otras poderosas marcas de productos de limpieza.
Además, estamos en “un momento en el que el jabón en polvo está en baja en el mercado”, ya que está siendo sustituido lentamente por los jabones líquidos para lavarropas. “Por eso es que empezamos a ver que no nos podíamos quedar en la planta, y empezamos a caminar un poco hacia donde va el mercado”, explicó Rodríguez.
Se instalaron entonces en la sede del viejo Sindicato de Bao, ubicada en Pedro Celestino Bauzá y Carlos María Ramírez. “Hicimos un acopio de jabón, previendo que se nos venía el período de cierre y entrega de la planta, y fuimos incrementando la producción. En cada producción que hacíamos para pedidos de clientes, hacíamos más jabón en polvo, y ahora tenemos un stock que nos permite trabajar unos cuatro o cinco meses cómodos con ese producto. Después veremos cuáles son las opciones, y mientras tanto venimos creciendo con el tema de los productos líquidos”, explicó Pérez.
Es que para fabricar jabón en polvo precisan de la planta de Bao y de su máquina de soplado, pero para elaborar jabón líquido para lavar ropa, limpiador desodorante, detergente de cocina, suavizante o perfumador de prendas, sólo necesitan de fórmulas que ya conocen y de un lugar donde aplicarlas. “Y estamos viendo en ese horizonte de productos a ver qué cosas podemos ir incluyendo”, remató Pérez.
Una de las dificultades que perciben en el mercado es que “el uruguayo es muy conservador” para lavar la ropa, y hay quien sigue usando jabón en barra o no conoce la existencia del jabón líquido para lavarropa. Pérez lo ejemplifica así: “Hay jabones en polvo de alta espuma y otros de espuma controlada. La diferencia es la espuma, y no el efecto sobre la limpieza de la ropa; sin embargo, la gente sigue pidiendo de alta espuma, porque alguna gente veterana conserva lavarropas a vaivén y ver que hace espuma es señal de más limpieza”.
La fábrica de jabones Bao fue inaugurada por el inmigrante italiano Agustín Deambrosis en 1863, y sus descendientes condujeron los destinos de la empresa hasta mediados de la década del 80, cuando se comenzó a negociar la venta de las principales marcas creadas por Bao a la multinacional Colgate Palmolive, que las continúa comercializando hasta la actualidad.
Nos pegamos un jabón
Cuando Bao cambió de dueños y estuvieron un tiempo en seguro de paro, aprendieron a hacer otras “changas” porque “el seguro no alcanzaba”. Pérez supo “subir a los ómnibus a tocar la guitarra”. Hoy las cosas volvieron a ponerse complicadas, porque no hay trabajo para sostener un salario mensual para los diez (nueve hombres y una mujer), y las changas volvieron a imponerse: “En la medida que va entrando trabajo, vamos llamando a los demás compañeros”. Rodríguez contó que hay uno empezando los trámites jubilatorios, otro en período prejubilatorio e incluso uno, de los más jóvenes, con “licencia sin goce de sueldo, porque está probando con otro trabajo”. Para el resto, renunciar a lo que saben hacer desde que entraron, muy jóvenes, a la histórica Bao significa buscar un trabajo para el que no están preparados, ni por capacidad, ni por edad: “Ya no estamos para andar a pico y pala, y para esto que hacemos ahora nos capacitamos mucho tiempo cuando la fábrica funcionaba”. Por ahora, la única opción que se conversa es “el camino de incrementar la venta para tener trabajo todos los días”.
Manteniendo a algunos clientes grandes como droguerías y distribuidoras, y la venta a los vecinos del barrio, una de las ideas es “apuntar a sindicatos y cooperativas de vivienda”, según Pérez. “Al faltarnos toda la parte de marketing y publicidad, lo que hacemos es tratar de llegar a los lugares organizados en los que podemos hablar con los vecinos. Nos abren las posibilidades de hablar con las comisiones directivas de las cooperativas de vivienda, a veces la posibilidad de hablar en una asamblea, y eso es lo que nos permite trasladar que somos ex trabajadores de Bao, en qué estamos, y tratar de que vean nuestros productos a ver si les gustan”, explicó. Para eso, “tenemos el versito de la calidad y el buen precio porque se eliminan los intermediarios”, agregó, señalando con orgullo los productos.
Palillos de madera
Por sus dimensiones y volumen de producción, La Minga no necesitó, para iniciar el emprendimiento, de montos significativos de inversión. En su momento, mantuvieron reuniones con autoridades del Fondo para el Desarrollo (Fondes) e hicieron gestiones ante el Instituto Nacional del Cooperativismo “para ver cuáles eran las posibles vías de asistencia”, contó el secretario de la cooperativa. También obtuvieron asistencia técnica del Centro Cooperativista del Uruguay. Pero, para empezar a trabajar “la planta estaba armada, las fórmulas también estaban” y lo que en realidad necesitaban era “la posibilidad de una ayuda económica en el armado de los envases y el diseño de las etiquetas”. Encontraron la ayuda económica para la materia prima y otra para infraestructura, pero tenían que hacer “una proyección de ventas”: “Cómo creíamos que se iban a colocar nuestros productos, lo que nos obligaba a inventar, a hacer un plan de ventas que nos asegurara un retorno. Preferimos no embarcarnos en eso”, explicó Pérez. Entonces, no solicitaron ningún crédito al sistema financiero formal, pero sí aceptaron un préstamo como “capital inicial de trabajo” de parte de la Unión de Trabajadores de Bao, su sindicato, que “tenía algunos fondos que venían quedando de la cuota sindical y de otros ingresos”, y alrededor de 10.000 dólares de parte del Sindicato de Trabajadores de la Industria Química (STIQ) para “la primera producción”. El STIQ siempre fue un puntal fundamental del emprendimiento e incluso apoyó el acuerdo con Bao. “Después seguimos rodando solos. Teníamos temor por lo que pasó con alguna otra gente, el temor de que fuera complicado pagar en tiempo y forma. Decidimos ir por el camino seguro e ir devolviendo lo que nos prestaron. Con eso empezamos a andar”, resumió Pérez. Ahora apuestan al apoyo y la solidaridad de la gente a cambio de su trabajo.
En la góndola | La CooperatiBao La Minga ofrece jabón en polvo marca Bonsai a 44 pesos la bolsa de 800 gramos, que también se envasa en bolsas más grandes a pedido. Elabora un jabón líquido para lavarropa que vende a 48 la botella plástica de 900 cc, un limpiador líquido con aromas a floral o lavanda que se puede comprar a 38 pesos los 900 cc, un suavizante de un litro que vende a 50 pesos, un perfumador de ropa que ofrece a 80 pesos los 250cc, y el detergente marca Manu (con etiqueta que incluye una imagen del propio Manu, el nieto de uno de los trabajadores de La Minga), de un litro, que vende a 40 pesos. Todos estos productos son envasados a pedido en botellas plásticas más grandes. El jabón líquido para lavarropas de 3 litros se vende a 150 pesos, mientras que el de 5 litros vale 250 pesos. Se pueden encargar en la sede del sindicato o llamando a Diber (097 234 094) o a Raúl (095 866 605). La disponibilidad para entregar a domicilio depende de que la cantidad solicitada justifique el flete. Por eso, apuestan a las cooperativas y sindicatos, en donde los pedidos pueden ser voluminosos.