ARGENTINA
03/09/2019
Crisis: a las ollas populares y cortes de ruta por 24 horas se suman carpas y acampes
Más sectores se suman a la jornada nacional de lucha que tendrá lugar en todo el país este miércoles 4 en rechazo a la crisis desatada por las medidas económicas del gobierno de Mauricio Macri. A las ollas populares y cortes de ruta por 24 horas anunciados por organizaciones de trabajadores y trabajadoras cooperativistas, precarizadas y desocupadas, el Polo Obrero anunció que se suma con un «corte total de la Avenida 9 de Julio con permanencia por tiempo indeterminado frente al Ministerio de Desarrollo Social», porque «el gobierno rompió la mesa de negociaciones». Un sector de Barrios de Pie también se suma. La CTEP, junto a otro sector de Barrios de Pie y la CCC, instalará una carpa en el Congreso Nacional hasta que se declare la «Emergencia Alimentaria» nacional. Las medidas de lucha se profundizan en medio de la agudización de la crisis económica. Por ANRed.
Ya a comienzos de la semana una gran cantidad de organizaciones sociales anunciaron que realizarían otra jornada nacional de lucha en todo el país, con cortes de ruta, calles y ollas populares, en rechazo a la crisis político-económica desatada por las medidas económicas del gobierno de Mauricio Macri, tras la aplastante derrota electoral que sufrió en las PASO. «El gobierno sigue priorizando a los sectores financieros y a la banca internacional, mientras la gran mayoría de la población esta sufriendo el desastre provocado por Macri. El ingreso mensual de las y los cooperativistas es de $7500, mientras el gobierno niega la realidad, con una canasta básica a $31.943, e impone un salario mínimo a $16.500 en tres cuotas», denunciaron las organizaciones en un comunicado. Reclamarán por aumento de salarios, nuevos puestos de trabajo y la sanción e implementación urgente de la Ley de Emergencia Alimentaria, en una medida que se replicará en la Ciudad de Buenos Aires, La Plata, Santa Fé, Córdoba, Mendoza, Salta, Tucumán, Chaco y Misiones.
Por su parte, el bloque de organizaciones con el que coordina el Polo Obrero anunció que se pliega a las medidas de lucha con un «corte total de la Avenida 9 de Julio con permanencia por tiempo indeterminado frente al Ministerio de Desarrollo Social«, porque «el gobierno rompió la mesa de negociaciones«, denunció la organización, que reclama apertura de los programas sociales, aumentos de los montos y más y mejores alimentos para los comedores populares. «El gobierno volvió a ratificar su política de no responder ninguno de los reclamos que llevamos las organizaciones, rompiendo en los hechos la mesa de diálogo, que carece de sentido mientras el gobierno insiste en negar una realidad que provocó su derrota electoral y que sigue profundizando la desocupación, aumentando la pobreza y la indigencia y desabasteciendo los comedores populares, que son el último refugio de las familias obreras», sostuvo la organización en un comunicado.
Por su parte, un sector de la organización Barrios de Pie – que usualmente coordina movilizaciones con la CTEP y la CCC – anunció que se suma a la medida de lucha de «acampes en Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y sus dependencias«, concentrando desde las 10 en Avenida de Mayo y 9 de Julio. Silvia Saravia, coordinadora nacional de Barrios de Pie, explicó: «lamentablemente, y pese a haber concurrido a las reuniones convocadas por funcionarios de Stanley, la ayuda necesaria ante la emergencia social aún no llega».
Mientras que otro sector de Barrios de Pie anunció una movilización junto a la CTEP al Congreso Nacional, donde luego instalarán una carpa hasta que se declare la Emergencia Alimentaria nacional. El gobierno había anunciado que este miércoles enviaría un proyecto de ley al Congreso Nacional para tratar el ‘reperfilamiento’ de la deuda externa. Pero luego trascendió que el ministro de Hacienda Hernán Lacunza – quien tenía la misión de ir a presentar y explicar ese proyecto – no iría, hasta nuevo aviso.
Sin embargo, las organizaciones decidieron igualmente ir a instalar allí una carpa. «Este gobierno ha llevado adelante una serie de medidas económicas que agravaron nuestra situación en relación a la deuda externa. Han contraído acuerdos con el FMI que nadie apoyó. Ahora quieren patear el problema de la deuda para adelante”, sentenció el Coordinador Nacional de Barrios de Pie, Daniel Menéndez. Por su parte, Esteban «Gringo» Castro, secretario general de CTEP señaló a Tiempo Argentino: «El miércoles los Movimientos Populares vamos al Congreso Nacional a pedir la sanción urgente de la ley de Emergencia Alimentaria. Cuando no podés comer, ni comprar remedios, lo que ocurre con nuestro pueblo es que se va muriendo, así de simple», expresó
De esta manera, las medidas de lucha se van profudizando de la mano del agravamiento de la crisis político-económica por las medidas económicas del gobierno de Mauricio Macri tras los resultados de las PASO, que impacta en la clase trabajadora en general y en los sectores de trabajadores y trabajadoras precarizadas en particular, que se encuentran organizadas en cooperativas de los movimientos sociales.
Tras la fracasada reunión del Consejo del Salario, el gobierno oficializó este lunes un aumento por decreto del salario mínimo, vital y móvil en tres cuotas (a partir del 1 de agosto estará en $14.125, en septiembre en $15.625 y en octubre $16.875 pesos), con lo que el salario social que cobran los y las integrantes de las cooperativas es sólo la mitad. Es decir, salarios de indigencia.
Derrumbe de las acciones y títulos públicos. El Banco Central sigue perdiendo reservas en cantidad
Colapso del mercado bursátil
El
índice MerVal derrapó 11,7 por ciento en promedio. Las acciones más
castigadas fueron las de bancos y energéticas. No se detiene la corrida
contra los depósitos en dólares. Las reservas bajaron casi 1000 millones
de dólares.
El Grupo Financiero Galicia anotó un retroceso de 17,5 por ciento.
Imagen: Guadalupe Lombardo
Imagen: Guadalupe Lombardo
Los
mercados cerraron este martes con una fuerte caída. El segundo día de
los controles cambiarios no generó optimismo entre los inversores. La bolsa porteña se derrumbó 11,7 por ciento. Los bancos y energéticas retrocedieron hasta 18 por ciento. Las reservas internacionales bajaron 995 millones de dólares. El equipo económico no consigue generar confianza para frenar el retiro de depósitos. El dólar se mantuvo estable en torno de 58 pesos con nuevas intervenciones del Banco Central.
El feriado del lunes en Estados Unidos había permitido -con poco volumen- algunos rebotes en la bolsa local. Pero este martes con nuevas operaciones en el exterior se desplomaron los activos. La petrolera YPF fue una de las firmas con mayor impacto. La acción bajó 5 por ciento hasta 8,13 dólares y alcanzó el valor bursátil más bajo de su historia.
El Grupo Financiero Galicia fue el banco que recibió el mayor impacto en la jornada. Anotó un retroceso de 17,5 por ciento. Las entidades financieras fueron afectadas en las últimas semanas por distintas medidas. El impago de las Letes de corto plazo y el límite para girar las utilidades al exterior fueron algunas de las más importantes.
El fuerte retroceso de las acciones tomó por sorpresa a varios operadores del mercado. El análisis que hacían era distinto. Planteaban que las empresas sin la posibilidad de atesorar en moneda extranjera iban a usar su liquidez para comprar acciones y bonos. Esto iba a impactar en el precio de los activos permitiendo una recuperación. Por ahora los inversores no reaccionaron con esa hipótesis. Los bonos también registraron este martes caídas importantes. Se destacó el desplome del 9,3 por ciento de Bonar 2020.
La entidad a cargo de Guido Sandleris dejó de subastar divisas en el mercado cambiario a un ritmo de 300 millones de dólares por día, pero el problema ahora es que se aceleró el retiro de divisas de las cajas de ahorro de los bancos. El último dato disponible es del 29 de agosto. Ese día se registró una merma de depósitos de 805 millones de dólares. El retroceso ya suma 4746 millones de dólares desde el viernes anterior a las elecciones.
El precio del dólar bajó más del 8 por ciento desde el anuncio de los controles. Este martes finalizó a 58,49 pesos. Se trata de un incremento de 8 centavos respecto del lunes y un retroceso de casi 5 pesos en relación con el viernes de la semana pasada. La cotización del mayorista terminó en 55,98 pesos, con una merma diaria de 2 centavos. El Banco Central intervino con ventas directas en el mercado para moderar la presión cambiaria registrada en las primeras horas de la jornada.
La cotización del dólar informal se ubicó en 61 pesos (bajó unos 2 pesos). La brecha entre tipo de cambio oficial y paralelo fue 10 por ciento el primer día de controles. Este martes la diferencia se redujo al 5 por ciento. Se trata de un spread que no genera ganancias suficientes para incentivar a los ahorristas minoristas a hacer el rulo: comprar las divisas en el mercado oficial y venderlas en el informal.
El feriado del lunes en Estados Unidos había permitido -con poco volumen- algunos rebotes en la bolsa local. Pero este martes con nuevas operaciones en el exterior se desplomaron los activos. La petrolera YPF fue una de las firmas con mayor impacto. La acción bajó 5 por ciento hasta 8,13 dólares y alcanzó el valor bursátil más bajo de su historia.
El Grupo Financiero Galicia fue el banco que recibió el mayor impacto en la jornada. Anotó un retroceso de 17,5 por ciento. Las entidades financieras fueron afectadas en las últimas semanas por distintas medidas. El impago de las Letes de corto plazo y el límite para girar las utilidades al exterior fueron algunas de las más importantes.
El fuerte retroceso de las acciones tomó por sorpresa a varios operadores del mercado. El análisis que hacían era distinto. Planteaban que las empresas sin la posibilidad de atesorar en moneda extranjera iban a usar su liquidez para comprar acciones y bonos. Esto iba a impactar en el precio de los activos permitiendo una recuperación. Por ahora los inversores no reaccionaron con esa hipótesis. Los bonos también registraron este martes caídas importantes. Se destacó el desplome del 9,3 por ciento de Bonar 2020.
Reservas
Las reservas siguen siendo el principal problema para estabilizar las expectativas. La autoridad monetaria no puede frenar la caída de los depósitos en moneda extranjera y eso se transforma en fuertes pérdidas de divisas para el Central. Las reservas se ubicaron en 52.149 millones de dólares y computaron un retroceso de más de 900 millones en la jornada. En los primeros dos días de los controles cambiarios se acumuló una pérdida de 1949 millones y el monto se eleva a 16.612 millones desde la mitad de julio, cuando ingresó el último préstamo del Fondo.La entidad a cargo de Guido Sandleris dejó de subastar divisas en el mercado cambiario a un ritmo de 300 millones de dólares por día, pero el problema ahora es que se aceleró el retiro de divisas de las cajas de ahorro de los bancos. El último dato disponible es del 29 de agosto. Ese día se registró una merma de depósitos de 805 millones de dólares. El retroceso ya suma 4746 millones de dólares desde el viernes anterior a las elecciones.
El precio del dólar bajó más del 8 por ciento desde el anuncio de los controles. Este martes finalizó a 58,49 pesos. Se trata de un incremento de 8 centavos respecto del lunes y un retroceso de casi 5 pesos en relación con el viernes de la semana pasada. La cotización del mayorista terminó en 55,98 pesos, con una merma diaria de 2 centavos. El Banco Central intervino con ventas directas en el mercado para moderar la presión cambiaria registrada en las primeras horas de la jornada.
La cotización del dólar informal se ubicó en 61 pesos (bajó unos 2 pesos). La brecha entre tipo de cambio oficial y paralelo fue 10 por ciento el primer día de controles. Este martes la diferencia se redujo al 5 por ciento. Se trata de un spread que no genera ganancias suficientes para incentivar a los ahorristas minoristas a hacer el rulo: comprar las divisas en el mercado oficial y venderlas en el informal.
Imprescindible control del mercado de cambios para tratar de evitar un estallido financiero y descalabro general de la economía
El cepo de Mauricio Macri
Después
de haber criticado durante años un régimen de administración del
mercado de cambios, que fue señalado en forma negativa por economistas y
gran parte de los medios como un “cepo”, el gobierno de Macri termina
imponiendo controles en el acceso a dólares para tratar de llegar al 10
de diciembre.
El presidente Macri, de festejar la eliminación del "cepo" a terminar su gobierno instalando un régimen de control de cambios.
Hubo que llegar a semejante tragedia financiera ,
una economía real derrumbada, el colapso del negocio bursátil, un
sistema bancario bajo tensión máxima por la incipiente corrida contra
los depósitos en dólares y en pesos, y un nuevo default, para que se
reconozca que la economía argentina necesita funcionar con control de cambios para evitar crisis devastadora.
El discurso tóxico de la mayoría de los economistas, como voceros del poder económico concentrado, amplificado en gran parte de los medios de comunicación, construyó el sentido común acerca de que no es conveniente la administración y control de acceso a la moneda extranjera. Cuando se ha impuesto esa política, el saldo no ha sido otro que una crisis catastrófica.
Así fue durante la dictadura militar, que tuvo el estallido de la tablita cambiaria previa desregulación total del mercado. Fue el comienzo de un proceso de dolarización destructiva de la economía argentina. Cuando aparece la pregunta de por qué existe tal nivel de dolarización en las transacciones comerciales y financieras y la fenomenal fuga de capitales, la respuesta se encuentra en esa política neoliberal extrema liderada por José Alfredo Martínez de Hoz.
Después se consolidó con la fantasía de pensar que un peso era igual a un dólar, el experimento de Domingo Felipe Cavallo equiparando ambas monedas para contratos y créditos, con apertura irrestricta al ingreso de capitales especulativos. Explotó en el 2001.
Ahora, la economía macrista diseñó un esquema similar de apertura financiera total, desregulación absoluta del mercado de cambios y un endeudamiento desaforado que se volvió impagable. El saldo no podía ser otro que el estallido de esa política con costos sociolaborales inmensos, como pasó con la política económica de la última dictadura militar y la convertibilidad.
Macri, casi todos los economistas, la red de propaganda oficial y oficialista privada, y amplios sectores de la clase media y alta, festejaron en diciembre de 2015 que se eliminaba lo que denominaban despectivamente “cepo”. Saludaban que a partir de ese momento se podía comprar dólares sin restricciones, recuperando la libertad que la dictadura K había cercenado. El primero de marzo de 2016, Macri escribió el siguiente tuit: "Levantamos el cepo y todas las restricciones cambiarias sin que ocurriese ninguna de las desgracias pronosticadas". Las desgracias ocurrieron y para intentar llegar al 10 de diciembre en la Casa Rosada, reestableció un régimen de administración del mercado de cambios.
No se trata solamente de reivindicar el “cepo”, palabra que se instaló en el espacio público como una medida que actuaba como una tortura financiera. Inhibiendo la reacción de decir que esa definición fue profundamente destructiva, el tránsito desde un sistema de intervención para cuidar los dólares a otro de absoluta libertad para culminar en otro de administración del mercado muestra que lo relevante, en estos momentos, es que la sociedad y los principales sujetos económicos admitan la necesidad imperiosa del control de cambios para la economía argentina.
La economía argentina no genera los dólares suficientes para atender la demanda total existente: Estados nacional y provinciales para pagar deuda externa; industriales para traer importaciones; multinacionales para girar utilidades a sus casas matrices; ahorristas para dolarizar excedentes; y grupos sociales para realizar turismo en el exterior. Como Argentina no emite dólares, los consigue con exportaciones o colocando deuda en moneda extranjera. Estas son fuentes insuficientes para cubrir la demanda sin restricciones salvo en breves periodos.
La economía argentina, más que otras latinoamericanas, padece lo que en términos académicos se denomina “restricción externa”. Otra forma de decirlo es que padece “escasez relativa de divisas”. Para que se entienda: “No hay dólares para todos, en todo momento y en la cantidad que se quiera”.
Es el factor más importante para entender la inestabilidad económica argentina hoy y desde hace décadas. Cuando se admita esa limitación, o el mundo empresario, de economistas y político ejerza una tarea de docencia a la sociedad para que sea aceptada esa restricción, se podrá empezar la lenta y prolongada tarea de construir una economía que no tendrá que padecer crisis devastadoras.
Macri se despide con default y “cepo”, aunque es mejor decir que, a la fuerza, tuvo que reimplantar un imprescindible control de cambios, lo que el fundamentalismo neoliberal había eliminado y él mismo había festejado. Ahora casi todos están padeciendo las consecuencias de esa celebración.
El discurso tóxico de la mayoría de los economistas, como voceros del poder económico concentrado, amplificado en gran parte de los medios de comunicación, construyó el sentido común acerca de que no es conveniente la administración y control de acceso a la moneda extranjera. Cuando se ha impuesto esa política, el saldo no ha sido otro que una crisis catastrófica.
Así fue durante la dictadura militar, que tuvo el estallido de la tablita cambiaria previa desregulación total del mercado. Fue el comienzo de un proceso de dolarización destructiva de la economía argentina. Cuando aparece la pregunta de por qué existe tal nivel de dolarización en las transacciones comerciales y financieras y la fenomenal fuga de capitales, la respuesta se encuentra en esa política neoliberal extrema liderada por José Alfredo Martínez de Hoz.
Después se consolidó con la fantasía de pensar que un peso era igual a un dólar, el experimento de Domingo Felipe Cavallo equiparando ambas monedas para contratos y créditos, con apertura irrestricta al ingreso de capitales especulativos. Explotó en el 2001.
Ahora, la economía macrista diseñó un esquema similar de apertura financiera total, desregulación absoluta del mercado de cambios y un endeudamiento desaforado que se volvió impagable. El saldo no podía ser otro que el estallido de esa política con costos sociolaborales inmensos, como pasó con la política económica de la última dictadura militar y la convertibilidad.
Macri, casi todos los economistas, la red de propaganda oficial y oficialista privada, y amplios sectores de la clase media y alta, festejaron en diciembre de 2015 que se eliminaba lo que denominaban despectivamente “cepo”. Saludaban que a partir de ese momento se podía comprar dólares sin restricciones, recuperando la libertad que la dictadura K había cercenado. El primero de marzo de 2016, Macri escribió el siguiente tuit: "Levantamos el cepo y todas las restricciones cambiarias sin que ocurriese ninguna de las desgracias pronosticadas". Las desgracias ocurrieron y para intentar llegar al 10 de diciembre en la Casa Rosada, reestableció un régimen de administración del mercado de cambios.
No se trata solamente de reivindicar el “cepo”, palabra que se instaló en el espacio público como una medida que actuaba como una tortura financiera. Inhibiendo la reacción de decir que esa definición fue profundamente destructiva, el tránsito desde un sistema de intervención para cuidar los dólares a otro de absoluta libertad para culminar en otro de administración del mercado muestra que lo relevante, en estos momentos, es que la sociedad y los principales sujetos económicos admitan la necesidad imperiosa del control de cambios para la economía argentina.
La economía argentina no genera los dólares suficientes para atender la demanda total existente: Estados nacional y provinciales para pagar deuda externa; industriales para traer importaciones; multinacionales para girar utilidades a sus casas matrices; ahorristas para dolarizar excedentes; y grupos sociales para realizar turismo en el exterior. Como Argentina no emite dólares, los consigue con exportaciones o colocando deuda en moneda extranjera. Estas son fuentes insuficientes para cubrir la demanda sin restricciones salvo en breves periodos.
La economía argentina, más que otras latinoamericanas, padece lo que en términos académicos se denomina “restricción externa”. Otra forma de decirlo es que padece “escasez relativa de divisas”. Para que se entienda: “No hay dólares para todos, en todo momento y en la cantidad que se quiera”.
Es el factor más importante para entender la inestabilidad económica argentina hoy y desde hace décadas. Cuando se admita esa limitación, o el mundo empresario, de economistas y político ejerza una tarea de docencia a la sociedad para que sea aceptada esa restricción, se podrá empezar la lenta y prolongada tarea de construir una economía que no tendrá que padecer crisis devastadoras.
Macri se despide con default y “cepo”, aunque es mejor decir que, a la fuerza, tuvo que reimplantar un imprescindible control de cambios, lo que el fundamentalismo neoliberal había eliminado y él mismo había festejado. Ahora casi todos están padeciendo las consecuencias de esa celebración.
Macri tuvo que guardar la última bandera que le quedaba
Cómo se decidió establecer el cepo
Después
de haber demonizado al cepo cuando era opositor, el Presidente venía
analizando medidas de control de cambios desde la derrota en las PASO y
la posterior corrida cambiaria. Las postergó hasta que ya no tuvo
opciones, dicen en la Rosada.
Mauricio
Macri venía meditando las medidas de control de cambios desde la
derrota que sufrió en las PASO y la posterior corrida cambiaria. Las
postergó hasta que ya no tuvo más remedio, según relatan integrantes de
la Rosada. El Presidente no requirió de reuniones de emergencia en el
fin de semana, porque ya estaba todo hablado previamente. La salida de
reservas de la última semana lo terminó de convencer de que no quedaba
otra que volver a restringir la compra de dólares, algo que cuestionó en
su llegada al Gobierno y fue una de sus banderas. En la Rosada ya
delinean un discurso para responder a esa contradicción: dirán que, a
diferencia de con el kirchnerismo, esta medida afecta básicamente a las
empresas.
Cuando lograron recuperarse del "palazo" de las elecciones primarias, desde el equipo económico de Macri -y especialmente tras la salida de Nicolás Dujovne- empezaron a barajar la posibilidad de disponer algún tipo de control de cambios. En sus primeras versiones era mucho más laxo respecto de lo que finalmente se anunció (por ejemplo, se hablaba de un techo de 50 mil dólares y no de 10 mil mensuales). Pero la idea rondaba. "Siempre estuvo en el paquete post-PASO. Lo que lo detonó es cómo reaccionaron los mercados", indicaban en la Rosada. El tema fue materia de discusión en varias reuniones entre el Presidente y el jefe de Gabinete, Marcos Peña, en los últimos 15 días. Lógicamente, también intervinieron el nuevo ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, y el presidente del Banco Central, Guido Sandleris.
Macri siempre se mostró reacio a tomar esa medida, aún cuando la situación de las reservas y la corrida cambiaria iban mostrando cada vez una fasceta más preocupante. Fue la salida masiva del viernes lo que terminó de despabilar al Presidente. "Era inevitabe para evitar la fuga, frenar la caída de reservas y buscar estabilizar", indicaban en uno de los ministerios que sigue el devenir político. Y quedó en claro en más de una reunión de gabinete: sin algún tipo de estabilidad económica, para el oficialismo no hay campaña posible hacia octubre.
¿Hubo detractores de la medida? En el Gabinete de Macri juran que no. No obstante, la decisión choca de frente contra el discurso que sostuvo el macrismo en los últimos cuatro años, y sobre todo cuando era oposición del anterior gobierno.
Sin ir más lejos, el ex secretario de Política Económica Miguel "Mike" Braun tuiteó hace días: "Cuando una familia argentina decide comprar dólares para proteger sus ahorros, se contabiliza como 'fuga de capitales'. Nosotros creemos que los argentinos tienen que decidir libremente cómo ahorrar. Al kirchnerismo le gusta el cepo".
Ya hay, por supuesto, un discurso para diferenciarse de las medidas de control de cambios del gobierno previo, pese a que claramente la decisión rompe con un discurso que se vanagloriaba de haber "salido del cepo" y permitir la compra irrestricta de dólares. El discurso será más o menos así: "Lo que resolvimos está más enfocado en las empresas y las exportadoras. Son 600 mil pesos por mes que puede comprar la gente. Es el 95 por ciento de la Argentina que queda fuera de los controles", ensayaban. También destacaban que no hay ningún tipo de restricción para el retiro de depósitos y que, incluso, se extendió el horario de los bancos para dar mayor seguridad a los ahorristas. Habrá que ver si la población lo entiende así.
Cuando lograron recuperarse del "palazo" de las elecciones primarias, desde el equipo económico de Macri -y especialmente tras la salida de Nicolás Dujovne- empezaron a barajar la posibilidad de disponer algún tipo de control de cambios. En sus primeras versiones era mucho más laxo respecto de lo que finalmente se anunció (por ejemplo, se hablaba de un techo de 50 mil dólares y no de 10 mil mensuales). Pero la idea rondaba. "Siempre estuvo en el paquete post-PASO. Lo que lo detonó es cómo reaccionaron los mercados", indicaban en la Rosada. El tema fue materia de discusión en varias reuniones entre el Presidente y el jefe de Gabinete, Marcos Peña, en los últimos 15 días. Lógicamente, también intervinieron el nuevo ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, y el presidente del Banco Central, Guido Sandleris.
Macri siempre se mostró reacio a tomar esa medida, aún cuando la situación de las reservas y la corrida cambiaria iban mostrando cada vez una fasceta más preocupante. Fue la salida masiva del viernes lo que terminó de despabilar al Presidente. "Era inevitabe para evitar la fuga, frenar la caída de reservas y buscar estabilizar", indicaban en uno de los ministerios que sigue el devenir político. Y quedó en claro en más de una reunión de gabinete: sin algún tipo de estabilidad económica, para el oficialismo no hay campaña posible hacia octubre.
¿Hubo detractores de la medida? En el Gabinete de Macri juran que no. No obstante, la decisión choca de frente contra el discurso que sostuvo el macrismo en los últimos cuatro años, y sobre todo cuando era oposición del anterior gobierno.
Sin ir más lejos, el ex secretario de Política Económica Miguel "Mike" Braun tuiteó hace días: "Cuando una familia argentina decide comprar dólares para proteger sus ahorros, se contabiliza como 'fuga de capitales'. Nosotros creemos que los argentinos tienen que decidir libremente cómo ahorrar. Al kirchnerismo le gusta el cepo".
Ya hay, por supuesto, un discurso para diferenciarse de las medidas de control de cambios del gobierno previo, pese a que claramente la decisión rompe con un discurso que se vanagloriaba de haber "salido del cepo" y permitir la compra irrestricta de dólares. El discurso será más o menos así: "Lo que resolvimos está más enfocado en las empresas y las exportadoras. Son 600 mil pesos por mes que puede comprar la gente. Es el 95 por ciento de la Argentina que queda fuera de los controles", ensayaban. También destacaban que no hay ningún tipo de restricción para el retiro de depósitos y que, incluso, se extendió el horario de los bancos para dar mayor seguridad a los ahorristas. Habrá que ver si la población lo entiende así.
Deja
de pagar la deuda emitida por su gobierno e incumple compromisos en
pesos. El riesgo que la corrida cambiaria se convierta en una bancaria.
El default de Macri
Es
el octavo default de la historia nacional y es el más insólito de
todos. Macri endeudó y defolteó en menos de cuatro años de gestión. El
“corralito de las Letes" es un golpe a las finanzas de empresas y
provincias. La necesidad de reestablecer el control de capitales y del
mercado de cambios.
El default de Macri es inédito cuando se repasa el archivo de cesaciones de pagos de Argentina. Es el octavo de la historia nacional (el inventado por el juez Griesa
no se contabiliza porque no fue una decisión soberana el no pago) con
la particularidad de que éste es con deuda emitida por el mismo
gobierno. Los anteriores fueron por deudas heredadas de administraciones
anteriores. Es un indicador contundente de la velocidad y magnitud del
desastre provocado por la economía macrista. En menos de cuatro años, después de recibir una economía desendeudada, Macri la entregará en default.
O sea, endeudó y defolteó. Es una marca notable para un ciclo económico
tan breve. No pagar la deuda emitida en su propia gestión no es el
único factor que hace a este default excepcional. Se le debe sumar que
el incumplimiento será con la deuda nominada en pesos, o sea en la moneda que emite el país.
El gobierno hubiera podido atender esos compromisos porque no tiene restricciones para emitir pesos; diferente es con la deuda en dólares, divisas que obviamente no emite y no tiene en cantidad. No es usual que los países informen a los inversores que no pueden pagar la deuda pública en su propia moneda. Son casos de quiebras soberanas dramáticas.
Declarar el default de deuda en pesos de corto plazo refleja el agobio en que está hundido el gobierno de Macri, desesperación que lo arrastra a reaccionar sin evaluar consecuencias. Fue una decisión sólo motivada por el temor a que, mientras se vayan concretando los vencimientos de esos pasivos públicos en pesos, esos recursos se destinen a la compra de dólares. Y como las reservas de libre disponibilidad se están liquidando a rápida velocidad, la respuesta de Hacienda fue improvisada, lo que terminó acelerando la corrida.
La tendencia de la pérdida de reservas está adquiriendo una dinámica que proyectada entrega como resultado que las arcas del Banco Central estarán vacías antes de la entrega del gobierno el 10 de diciembre próximo.
Las finanzas de provincias y de empresas industriales, servicios y comercio también recibieron un golpe demoledor con el “corralito de las Letes”. Colocaron parte del capital de trabajo para evitar su desvalorización en instrumentos de deuda de cortísimo plazo del Tesoro Nacional, a tasas más elevadas que las de plazos fijos, y ahora tienen el dinero atrapado.
La compra de Letras del Tesoro fue la estrategia financiera del sector privado en un contexto de derrumbe del consumo y del mercado interno. Las empresas buscaron una salida de emergencia ante el naufragio macrista utilizando al Estado (necesitado de pesos para cubrir el bache fiscal) como financista ahogado. Este estuvo pagando intereses elevadísimos, fondos que facilitaban a las firmas hacer frente a los salarios deprimidos de sus trabajadores y a los compromisos con proveedores. El ingreso financiero conseguido con las Letras colaboraba en la administración diaria de una economía en crisis.
Esas Letras también fueron utilizadas como garantías en el circuito de préstamos en el mercado bursátil (las denominadas cauciones), operaciones que también quedaron en un limbo.
Varias provincias imitaron el comportamiento de empresas privadas, al destinar excedentes del presupuesto a la compra de Letras en pesos y en dólares, para recibir una renta que les permita hacer frente al pago de salarios, aguinaldo y compromisos con proveedores. De acuerdo a un informe oficial, diez provincias tienen en total el equivalente a unos 1250 millones de dólares en esos instrumentos de deuda de cortísimo plazo. La Provincia de Buenos Aires de María Eugenia Vidal quedó atrapada del “corralito de Letes” con unos 500 millones de dólares.
El default de la deuda en pesos es otra muestra más que al dogmatismo neoliberal y al conservadurismo político, además del plan negocios desplegados para amigos, familiares y testaferros, se le agrega un abrumador grado de impericia en la administración de la crisis. Ese anuncio fue el disparador para aumentar la intensidad de la corrida cambiaria y para comenzar la bancaria.
En estos casi cuatro años han estado pasando como funcionarios en el área económica referentes del establishment, desde Alfonso Prat Gay, Federico Sturzenegger, Luis Caputo, Nicolás Dujovne, Guido Sandleris hasta Hernán Lacunza, y uno peor que otro en la gestión pública, para terminar generando otra de las grandes crisis argentinas, como fueron el Rodrigazo, la tablita cambiaria de Martínez de Hoz, la hiperinflación y el estallido de la convertibilidad. Cada uno de ellos, como sus más estrechos colaboradores, se acomodará rápidamente en consultoras de la city, en empresas, universidades privadas locales o del exterior o en organismos internacionales. Antes y ahora, esos economistas gozan de la impunidad conferida por el poder económico, y así se van repitiendo las crisis.
Para continuar con la bicicleta financiera y el pago de la deuda no había dólares suficientes. Para evitar caer en el abismo, el presidente Mauricio Macri corrió en forma desesperada a los brazos del Fondo Monetario Internacional. Recibió un inmenso crédito de 50 mil millones de dólares y luego ampliado a 57 mil millones de ese organismo dominado por Estados Unidos. Fue el pulmotor que mantuvo vivo al oficialismo con la expectativa de ganar las elecciones de octubre.
Con el resultado de las PASO, el FMI mostró otra vez que no sólo fracasó en las propuestas económicas para impulsar el crecimiento (no podía ser de otro modo porque postuló las medidas recesivas de siempre), sino que también falló en su apuesta política electoral. Por presión de Estados Unidos, con el objetivo geopolítico de sostener un gobierno de derecha en la región como freno a lo que denominan despectivamente “populismo”, entregó el préstamo más grande de su historia para financiar la campaña electoral de Macri.
Su candidato recibió una paliza memorable, que todavía sigue exhibiendo preocupantes síntomas de negación del resultado. El FMI decidió entonces cerrar también el grifo. El desembolso de 5400 millones de dólares previsto para el 15 de setiembre fue postergado y no hay fecha para concretar el giro.
Pasaron 17 meses desde marzo del año pasado para que el flamante ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, reconociera formalmente que la economía macrista no puede pagar 101.000 millones de dólares de capital e intereses de la deuda en las condiciones pactadas.
El 28 de septiembre del año pasado, cuando el gobierno cerró el segundo acuerdo con el FMI, Macri le dijo a la cadena de finanzas Bloomberg que “no hay ninguna chance de que Argentina caiga en default”. Otra promesa incumplida.
Fanáticos del naufragio macrista lo denominan “reperfilamiento”. Lacunza presiona para que en el debate público se hable de “reestructuración", término que resulta más amigable para el mercado. Los inversores que no cobrarán al vencimiento saben que Macri se despide declarando el default de gran parte de la deuda. Más allá de la inútil estrategia de maquillaje del oficialismo, los medios internacionales especializados en finanzas y las calificadoras de riesgo sentenciaron que es un default
Esas dos firmas integran el selecto lote de los más grandes fondos de inversión de las finanzas globales. Fueron las que acumularon más papeles de deuda argentina al ser los principales compradores de los bonos Bote y PeDo (bono dual, Pesos/Dólar), en mayo del año pasado.
Los registros de grandes fondos de inversión internaciones de las tenencias declaradas de títulos públicos argentinos, en pesos y en dólares, a mediados del año pasado, anotaban un total de 28 mil millones de dólares. De este total, Templeton concentraba 6200 millones y BlackRock, 3700 millones. Al tope del podio de ese ranking se ubicaba Allianz SE (Pimco), con 6400 millones de dólares.
Esos fondos estuvieron descargando de su cartera una porción de esos bonos desde que comenzó la corrida, pero igual mantienen todavía gran parte, lo que significa que están contabilizando pérdidas pesadas por esas inversiones.
La relevancia de esta situación no es que, en esta oportunidad, estos gigantes del negocio financiero perdieron apostando a bonos argentinos, sino que la economía macrista ha aniquilado la posibilidad de conseguir financiamiento inmediato en el mercado de capitales internacional. Y lo hace con un mundo financiero con tasas bajísimas, lo que facilitaría las operaciones de renovación.
El default macrista clausuró aún más esa puerta, que ya estaba cerrada pero con una pequeña chance de reabrirla; ahora será muy difícil, lo que suma un elemento más a la pesada herencia que recibirá el gobierno 2020-2023.
Macri terminó dinamitando la posibilidad de conseguir recursos inmediatos en el mercado financiero del exterior para un eventual gobierno de Alberto Fernández.
El esquema de default presentado por Lacunza libera fondos por el no pago de deuda de 10 a 12 mil millones de dólares. Recursos que el Banco Central tendría disponible para atender la demanda del mercado cambiario. Pero ese monto de vencimientos fue transferido al programa financiero 2020, que tiene un faltante de unos 18 mil millones de dólares. O sea, el gobierno de Macri quiere hacer todavía más pesada la mochila de la deuda para Fernández. No sólo eso. Pretende que la fuerza política más votada en las PASO apruebe un proyecto de ley que posterga pagos de bonos sin presentar cuáles serían las condiciones de la reestructuración. La secuencia razonable sería primero conocer cuál sería el esquema de negociación con los acreedores, para luego reclamar el apoyo político del Congreso. El gobierno de Macri lo hace al revés, para comprometer a Fernández en su propio default.
Esa magia queda desnuda ante las debacles, cuando aparecen las excusas y los lamentos. El régimen de especulación financiera y posterior crisis ya ha sido estudiada como “la plétora de capital ”, proceso que ocurre cuando se verifica una expansión desmedida del dinero que se multiplica en la esfera de las finanzas (por la tasa de interés o la valorización de activos inmuebles o bursátiles) sin ser acompañado de una expansión similar de la inversión y de la actividad productiva. Las crisis con el consiguiente crac de activos financieros vienen a destruir ese “dinero ficticio” sin contrapartida en el valor de bienes tangibles.
En contextos traumáticos anteriores, esos picos fueron julio de 1989, cuando la hiperinflación fue devastadora, y diciembre de 2001, cuando la corrida contra el peso derivó en corralito, posterior default y, finalmente, megadevaluación. Es un interrogante cómo será esa instancia final de la crisis macrista, que está recorriendo semanas críticas.
La fase financiera de esta crisis, cuyo disparador fue la fuerte devaluación que se inició a fines de abril del año pasado, ahora no tiene como epicentro la cotización del dólar. Es una variable que ya se descontroló y los intentos para domarla, en las actuales condiciones, son infructuosos. Tampoco lo es el monto de las reservas. Cada vez hay menos dólares en el Banco Central que se dedica diariamente a rifarlos. Ni resulta ya un aspecto nodal el derrumbe de acciones y bonos, colapso de las cotizaciones que provocó un efecto pobreza financiera impactante.
El frente crítico en estos momentos se encuentra en los depósitos en pesos y en dólares. El resto de las variables ya detonaron. El peso con una devaluación gigante; las reservas con una sangría que no se detiene hasta que no quede nada en el Banco Central; acciones y bonos con caídas récord del 60 al 70 por ciento; y la declaración del default de parte de la deuda por un total de 101.000 millones de dólares.
El Banco Central y el Ministerio de Hacienda deben dejar de correr detrás de los acontecimientos, porque si permiten que el pánico sea lo dominante en el mercado, lo peor de la fase financiera de la crisis puede precipitarse. El objetivo primordial debería ser evitar que la corrida cambiaria y contra activos bursátiles se extienda a una bancaria.
El último reporte de la consultora PxQ de Emmanuel Alvarez Agis explica que una suba del tipo de cambio y/o caída de reservas, disparará una mayor salida de depósitos en dólares, que puede contagiarse a los depósitos en pesos. Advierte que “esta dinámica podría poner en riesgo el balance del sistema financiero en su conjunto”.
En crisis de estas dimensiones, cuando el poder político se diluye y la economía real está paralizada, el abordaje de la cuestión financiera tiene que ser integral, dejando de lado el dogmatismo ideológico liberal. Economistas de formación académica diversa coinciden entonces en la necesidad de imponer el control de capitales especulativos y un sistema de restricciones para el acceso a la compra de dólares. Macri terminaría de ese modo restaurando un régimen de administración y control de acceso a la moneda extranjera.
azaiat@pagina12.com.ar
El gobierno hubiera podido atender esos compromisos porque no tiene restricciones para emitir pesos; diferente es con la deuda en dólares, divisas que obviamente no emite y no tiene en cantidad. No es usual que los países informen a los inversores que no pueden pagar la deuda pública en su propia moneda. Son casos de quiebras soberanas dramáticas.
Declarar el default de deuda en pesos de corto plazo refleja el agobio en que está hundido el gobierno de Macri, desesperación que lo arrastra a reaccionar sin evaluar consecuencias. Fue una decisión sólo motivada por el temor a que, mientras se vayan concretando los vencimientos de esos pasivos públicos en pesos, esos recursos se destinen a la compra de dólares. Y como las reservas de libre disponibilidad se están liquidando a rápida velocidad, la respuesta de Hacienda fue improvisada, lo que terminó acelerando la corrida.
La tendencia de la pérdida de reservas está adquiriendo una dinámica que proyectada entrega como resultado que las arcas del Banco Central estarán vacías antes de la entrega del gobierno el 10 de diciembre próximo.
Atrapados
El “corralito” de la deuda pública en pesos, con cronograma de desembolso para personas jurídicas, generó un desquicio de proporciones en los Fondos Comunes de Inversión. El economista Christian Buteler publicó un tuit fulminante: “Las pérdidas que ha provocado Lacunza en los FCI por sus medidas son impresionantes”. El patrimonio de los Fondos bajó de casi 250 a 155 mil millones de pesos del 27 al 30 de agosto. Precisó que “38 por ciento bajó el patrimonio administrado en 3 días producto de los rescates”. Señaló que algunos Fondos bajaron hasta el 62 por ciento en ese lapso e indicó que los bancos que más vieron caer sus Fondos son BBVA, HSBC, ICBC y Banco Nación. La suspensión de las operaciones el día posterior al anuncio del default y el derrumbe posterior del valor de las cuotapartes fue el puntapié al nerviosismo que atrapó a ahorristas por el destino de sus depósitos.Las finanzas de provincias y de empresas industriales, servicios y comercio también recibieron un golpe demoledor con el “corralito de las Letes”. Colocaron parte del capital de trabajo para evitar su desvalorización en instrumentos de deuda de cortísimo plazo del Tesoro Nacional, a tasas más elevadas que las de plazos fijos, y ahora tienen el dinero atrapado.
La compra de Letras del Tesoro fue la estrategia financiera del sector privado en un contexto de derrumbe del consumo y del mercado interno. Las empresas buscaron una salida de emergencia ante el naufragio macrista utilizando al Estado (necesitado de pesos para cubrir el bache fiscal) como financista ahogado. Este estuvo pagando intereses elevadísimos, fondos que facilitaban a las firmas hacer frente a los salarios deprimidos de sus trabajadores y a los compromisos con proveedores. El ingreso financiero conseguido con las Letras colaboraba en la administración diaria de una economía en crisis.
Esas Letras también fueron utilizadas como garantías en el circuito de préstamos en el mercado bursátil (las denominadas cauciones), operaciones que también quedaron en un limbo.
Varias provincias imitaron el comportamiento de empresas privadas, al destinar excedentes del presupuesto a la compra de Letras en pesos y en dólares, para recibir una renta que les permita hacer frente al pago de salarios, aguinaldo y compromisos con proveedores. De acuerdo a un informe oficial, diez provincias tienen en total el equivalente a unos 1250 millones de dólares en esos instrumentos de deuda de cortísimo plazo. La Provincia de Buenos Aires de María Eugenia Vidal quedó atrapada del “corralito de Letes” con unos 500 millones de dólares.
El default de la deuda en pesos es otra muestra más que al dogmatismo neoliberal y al conservadurismo político, además del plan negocios desplegados para amigos, familiares y testaferros, se le agrega un abrumador grado de impericia en la administración de la crisis. Ese anuncio fue el disparador para aumentar la intensidad de la corrida cambiaria y para comenzar la bancaria.
En estos casi cuatro años han estado pasando como funcionarios en el área económica referentes del establishment, desde Alfonso Prat Gay, Federico Sturzenegger, Luis Caputo, Nicolás Dujovne, Guido Sandleris hasta Hernán Lacunza, y uno peor que otro en la gestión pública, para terminar generando otra de las grandes crisis argentinas, como fueron el Rodrigazo, la tablita cambiaria de Martínez de Hoz, la hiperinflación y el estallido de la convertibilidad. Cada uno de ellos, como sus más estrechos colaboradores, se acomodará rápidamente en consultoras de la city, en empresas, universidades privadas locales o del exterior o en organismos internacionales. Antes y ahora, esos economistas gozan de la impunidad conferida por el poder económico, y así se van repitiendo las crisis.
Marzo 2018
La cesación de pagos de la economía macrista fue en marzo del año pasado . No fue declarada oficialmente en ese momento. Pero en ese mes el gobierno de Cambiemos se quedó sin acceso al financiamiento voluntario del mercado internacional. Fue cuando el entonces ministro de Finanzas, Luis Caputo, el responsable de haber gestionado este desaforado ciclo de endeudamiento, fue a Wall Street a pedir más dólares y le cerraron la puerta.Para continuar con la bicicleta financiera y el pago de la deuda no había dólares suficientes. Para evitar caer en el abismo, el presidente Mauricio Macri corrió en forma desesperada a los brazos del Fondo Monetario Internacional. Recibió un inmenso crédito de 50 mil millones de dólares y luego ampliado a 57 mil millones de ese organismo dominado por Estados Unidos. Fue el pulmotor que mantuvo vivo al oficialismo con la expectativa de ganar las elecciones de octubre.
Con el resultado de las PASO, el FMI mostró otra vez que no sólo fracasó en las propuestas económicas para impulsar el crecimiento (no podía ser de otro modo porque postuló las medidas recesivas de siempre), sino que también falló en su apuesta política electoral. Por presión de Estados Unidos, con el objetivo geopolítico de sostener un gobierno de derecha en la región como freno a lo que denominan despectivamente “populismo”, entregó el préstamo más grande de su historia para financiar la campaña electoral de Macri.
Su candidato recibió una paliza memorable, que todavía sigue exhibiendo preocupantes síntomas de negación del resultado. El FMI decidió entonces cerrar también el grifo. El desembolso de 5400 millones de dólares previsto para el 15 de setiembre fue postergado y no hay fecha para concretar el giro.
Pasaron 17 meses desde marzo del año pasado para que el flamante ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, reconociera formalmente que la economía macrista no puede pagar 101.000 millones de dólares de capital e intereses de la deuda en las condiciones pactadas.
El 28 de septiembre del año pasado, cuando el gobierno cerró el segundo acuerdo con el FMI, Macri le dijo a la cadena de finanzas Bloomberg que “no hay ninguna chance de que Argentina caiga en default”. Otra promesa incumplida.
Fanáticos del naufragio macrista lo denominan “reperfilamiento”. Lacunza presiona para que en el debate público se hable de “reestructuración", término que resulta más amigable para el mercado. Los inversores que no cobrarán al vencimiento saben que Macri se despide declarando el default de gran parte de la deuda. Más allá de la inútil estrategia de maquillaje del oficialismo, los medios internacionales especializados en finanzas y las calificadoras de riesgo sentenciaron que es un default
Dinamita
El 4 de enero de 2018 fue la última emisión de bonos públicos en el mercado internacional por 9000 millones de dólares. Fue el aporte final de Wall Street. Los principales fondos de inversión y bancos fueron inundados de papeles de deuda argentina. Cuando en marzo de ese año Caputo no logró convencer a sus amigos de seguir entregando dólares a la economía macrista, el primero que empezó la retirada fue el JP Morgan. El gigante financiero estadounidense desarmó su posición en Lebac (la bomba especulativa creada por el entonces presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger) y compró dólares en cantidad. Fue el disparador para el inicio de la huida de grandes fondos de inversión. Hubo dos que siguieron creyendo en Caputo y hoy se arrepienten, puesto que esa apuesta le reportó contabilizar quebrantos inmensos: Templeton y BlackRock .Esas dos firmas integran el selecto lote de los más grandes fondos de inversión de las finanzas globales. Fueron las que acumularon más papeles de deuda argentina al ser los principales compradores de los bonos Bote y PeDo (bono dual, Pesos/Dólar), en mayo del año pasado.
Los registros de grandes fondos de inversión internaciones de las tenencias declaradas de títulos públicos argentinos, en pesos y en dólares, a mediados del año pasado, anotaban un total de 28 mil millones de dólares. De este total, Templeton concentraba 6200 millones y BlackRock, 3700 millones. Al tope del podio de ese ranking se ubicaba Allianz SE (Pimco), con 6400 millones de dólares.
Esos fondos estuvieron descargando de su cartera una porción de esos bonos desde que comenzó la corrida, pero igual mantienen todavía gran parte, lo que significa que están contabilizando pérdidas pesadas por esas inversiones.
La relevancia de esta situación no es que, en esta oportunidad, estos gigantes del negocio financiero perdieron apostando a bonos argentinos, sino que la economía macrista ha aniquilado la posibilidad de conseguir financiamiento inmediato en el mercado de capitales internacional. Y lo hace con un mundo financiero con tasas bajísimas, lo que facilitaría las operaciones de renovación.
El default macrista clausuró aún más esa puerta, que ya estaba cerrada pero con una pequeña chance de reabrirla; ahora será muy difícil, lo que suma un elemento más a la pesada herencia que recibirá el gobierno 2020-2023.
Macri terminó dinamitando la posibilidad de conseguir recursos inmediatos en el mercado financiero del exterior para un eventual gobierno de Alberto Fernández.
El esquema de default presentado por Lacunza libera fondos por el no pago de deuda de 10 a 12 mil millones de dólares. Recursos que el Banco Central tendría disponible para atender la demanda del mercado cambiario. Pero ese monto de vencimientos fue transferido al programa financiero 2020, que tiene un faltante de unos 18 mil millones de dólares. O sea, el gobierno de Macri quiere hacer todavía más pesada la mochila de la deuda para Fernández. No sólo eso. Pretende que la fuerza política más votada en las PASO apruebe un proyecto de ley que posterga pagos de bonos sin presentar cuáles serían las condiciones de la reestructuración. La secuencia razonable sería primero conocer cuál sería el esquema de negociación con los acreedores, para luego reclamar el apoyo político del Congreso. El gobierno de Macri lo hace al revés, para comprometer a Fernández en su propio default.
Plétora de capital
La crisis macrista enseña que se necesita romper el hechizo que ejerce la ingeniería financiera para la administración de la economía, que en estos años tuvo su máximo exponente a Luis Caputo, responsable del más vertiginoso ciclo de endeudamiento de la historia argentina. En este periodo político neoliberal fue habitual escuchar que “genios” de las finanzas, redefinidos como el “Messi” del mercado, son lo suficientemente listos como para generar estructuras inmunes a las tormentas de la economía. No fue así. Siendo uno de los arquitectos de este desastre financiero, Caputo estuvo en el Ministerio de Hacienda el día que el ministro Lacunza informó las características del default de Macri.Esa magia queda desnuda ante las debacles, cuando aparecen las excusas y los lamentos. El régimen de especulación financiera y posterior crisis ya ha sido estudiada como “la plétora de capital ”, proceso que ocurre cuando se verifica una expansión desmedida del dinero que se multiplica en la esfera de las finanzas (por la tasa de interés o la valorización de activos inmuebles o bursátiles) sin ser acompañado de una expansión similar de la inversión y de la actividad productiva. Las crisis con el consiguiente crac de activos financieros vienen a destruir ese “dinero ficticio” sin contrapartida en el valor de bienes tangibles.
Corrida
Como se sabe, este tipo de crisis tienen tres fases (financiera, económica-sociolaboral y política) que se van realimentando hasta alcanzar un pico máximo, que es cuando se produce un estallido de consecuencias dramáticas.En contextos traumáticos anteriores, esos picos fueron julio de 1989, cuando la hiperinflación fue devastadora, y diciembre de 2001, cuando la corrida contra el peso derivó en corralito, posterior default y, finalmente, megadevaluación. Es un interrogante cómo será esa instancia final de la crisis macrista, que está recorriendo semanas críticas.
La fase financiera de esta crisis, cuyo disparador fue la fuerte devaluación que se inició a fines de abril del año pasado, ahora no tiene como epicentro la cotización del dólar. Es una variable que ya se descontroló y los intentos para domarla, en las actuales condiciones, son infructuosos. Tampoco lo es el monto de las reservas. Cada vez hay menos dólares en el Banco Central que se dedica diariamente a rifarlos. Ni resulta ya un aspecto nodal el derrumbe de acciones y bonos, colapso de las cotizaciones que provocó un efecto pobreza financiera impactante.
El frente crítico en estos momentos se encuentra en los depósitos en pesos y en dólares. El resto de las variables ya detonaron. El peso con una devaluación gigante; las reservas con una sangría que no se detiene hasta que no quede nada en el Banco Central; acciones y bonos con caídas récord del 60 al 70 por ciento; y la declaración del default de parte de la deuda por un total de 101.000 millones de dólares.
El Banco Central y el Ministerio de Hacienda deben dejar de correr detrás de los acontecimientos, porque si permiten que el pánico sea lo dominante en el mercado, lo peor de la fase financiera de la crisis puede precipitarse. El objetivo primordial debería ser evitar que la corrida cambiaria y contra activos bursátiles se extienda a una bancaria.
El último reporte de la consultora PxQ de Emmanuel Alvarez Agis explica que una suba del tipo de cambio y/o caída de reservas, disparará una mayor salida de depósitos en dólares, que puede contagiarse a los depósitos en pesos. Advierte que “esta dinámica podría poner en riesgo el balance del sistema financiero en su conjunto”.
En crisis de estas dimensiones, cuando el poder político se diluye y la economía real está paralizada, el abordaje de la cuestión financiera tiene que ser integral, dejando de lado el dogmatismo ideológico liberal. Economistas de formación académica diversa coinciden entonces en la necesidad de imponer el control de capitales especulativos y un sistema de restricciones para el acceso a la compra de dólares. Macri terminaría de ese modo restaurando un régimen de administración y control de acceso a la moneda extranjera.
azaiat@pagina12.com.ar
Intensa fuga de activos argentinos. Derrumbe de acciones y bonos
El mercado bursátil se está desintegrando
Las
pérdidas por la caída de las cotizaciones son inmensas. En un par de
semanas, el capital bursátil se evaporó en 50 por ciento. Mientras, el
Banco Central sigue rifando reservas. El riesgo país en casi 2000
puntos.
Un nuevo capítulo de la guerra comercial entre Estados Unidos y China impactó de lleno en la plaza bursátil local.
Imagen: NA
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La semana terminó con un nuevo derrumbe de las acciones y los bonos. Esta vez no fue la inestabilidad local lo que impulsó las caídas. El clima financiero internacional empezó a ponerse más espeso y golpeó a los activos de todos los países emergentes. La economía argentina es una de las economías más expuestas a shocks externos y sufrió más que el resto.
En Nueva York las compañías argentinas también tuvieron una rueda para el olvido. El Banco Macro fue la acción que más perdió (-7 por ciento en dólares). Ninguna de las compañías pudo mantener los precios. El derrumbe de las cotizaciones en agosto produce estupor entre los operadores del mercado. El Galicia lidera las pérdidas entre los bancos en lo que va del mes (-60 por ciento). Edenor es la energética con peor performance (-65).
El riesgo país se acercó otra vez a los 2000 puntos. En los paneles de la city no cambiaron la cotización del jueves (1821 unidades). Se ajustará en los próximos días. Esto ya había ocurrido la semana pasada con una demora en la actualización del indicador.
El presidente de Estados Unidos Donald Trump hizo una jugada fuerte y ordenó a las empresas norteamericanas que dejen de fabricar sus productos en China. Les solicitó que se busque un reemplazo inmediato para los fabricantes chinos.
La declaración generó pánico en los mercados internacionales. Las bolsas de Nueva York no consiguieron contener las presiones de los inversores y perdieron hasta el 3 por ciento. Los indicadores de volatilidad subieron 19 por ciento y los capitales buscaron nuevamente ponerse a resguardo en bonos del tesoro norteamericano. La tasa de interés de estos títulos anotó una baja de más del 5 por ciento y cerró en 1,529 puntos.
En los últimos días uno de los principales puntos para explicar la caída de las reservas fue la pérdida de depósitos en moneda extranjera. Desde el viernes previo a las elecciones PASO se perdieron 2367 millones de dólares de depósitos. Esta cifra acumulada llega hasta el marte 20 de agosto.
Acciones
El panel de la bolsa se tiño de rojo. No hubo ni una acción entre las principales empresas del MerVal que haya conseguido ganancias en la jornada. El promedio de las firmas marcó una caída del 5 por ciento. Los bancos llegaron a bajar hasta 8 y las energéticas perdieron por encima del 6 por ciento.En Nueva York las compañías argentinas también tuvieron una rueda para el olvido. El Banco Macro fue la acción que más perdió (-7 por ciento en dólares). Ninguna de las compañías pudo mantener los precios. El derrumbe de las cotizaciones en agosto produce estupor entre los operadores del mercado. El Galicia lidera las pérdidas entre los bancos en lo que va del mes (-60 por ciento). Edenor es la energética con peor performance (-65).
Bonos y riesgo país
Los títulos públicos están cotizando a precios de remate. Este viernes se desplomaron otra vez y anotaron caídas de hasta el 8 por ciento. Los bonos cotizan por debajo del 50 por ciento de la paridad y tienen rendimientos en dólares cercanos al 20 por ciento. Se trata de tasas inverosímiles en otros países de la región. Brasil, Chile y Uruguay por una deuda similar pagan retornos por abajo del 5 por ciento.El riesgo país se acercó otra vez a los 2000 puntos. En los paneles de la city no cambiaron la cotización del jueves (1821 unidades). Se ajustará en los próximos días. Esto ya había ocurrido la semana pasada con una demora en la actualización del indicador.
Mundo
El desplome del precio de los bonos en esta oportunidad no se explicó por una novedad del mercado interno que pone en duda el repago de las deudas. El problema fueron las tensiones observadas en el mercado internacional por un rebrote en la guerra comercial.El presidente de Estados Unidos Donald Trump hizo una jugada fuerte y ordenó a las empresas norteamericanas que dejen de fabricar sus productos en China. Les solicitó que se busque un reemplazo inmediato para los fabricantes chinos.
La declaración generó pánico en los mercados internacionales. Las bolsas de Nueva York no consiguieron contener las presiones de los inversores y perdieron hasta el 3 por ciento. Los indicadores de volatilidad subieron 19 por ciento y los capitales buscaron nuevamente ponerse a resguardo en bonos del tesoro norteamericano. La tasa de interés de estos títulos anotó una baja de más del 5 por ciento y cerró en 1,529 puntos.
Dólar
El mercado cambiario -a diferencia de las acciones y los bonos- no se mostró inestable. El dólar minorista finalizó la semana en 57,31 pesos (suba de 7 centavos en la jornada). El tipo de cambio mayorista cerró en 55,15 pesos (alza de 6 centavos). El Banco Central subastó 50 millones de dólares propios y continuó ofreciendo los 60 millones diarios a cuenta del Tesoro. El volumen de operaciones fue muy bajo (487 millones).Reservas
Las divisas de la autoridad monetaria siguen sin encontrar un punto de equilibrio. Se ubicaron en 58.259 millones de dólares y computaron una caída de 149 millones respecto del jueves. Hace 19 jornadas que el Central pierde reservas. Desde mediados de julio la caída acumula los 10.480 millones de dólares.En los últimos días uno de los principales puntos para explicar la caída de las reservas fue la pérdida de depósitos en moneda extranjera. Desde el viernes previo a las elecciones PASO se perdieron 2367 millones de dólares de depósitos. Esta cifra acumulada llega hasta el marte 20 de agosto.
Ante "el aumento indiscriminado de los alimentos”
La Iglesia pide la emergencia alimentaria
A
través de un duro documento de la Comisión Episcopal de Pastoral Social
(Cepas), los obispos reclamaron al Gobierno que declare la “emergencia
alimentaria y nutricional” para hacer frente al “severo aumento de la
indigencia y la pobreza.
PÁGINA 12 - 30 de agosto de 2019
Imagen: NA
A solo tres días de haberse reunido con el presidente Mauricio Macri en Casa Rosada, la cúpula de la
Iglesia Católica le pidió al gobierno nacional que, de manera
“urgente”, declare al país en estado de “emergencia alimentaria y
nutricional” debido al “severo aumento de la indigencia y la pobreza, y el aumento indiscriminado de los alimentos”.
El pedido, que está en línea con la demanda formulada por varios sectores de la oposición, fue hecho a través de un duro documento de la Comisión Episcopal de Pastoral Social (Cepas) en el que los obispos consideran que la ayuda del Gobierno a los sectores más vulnerables “no sería suficiente para paliar” las consecuencias de la política de ajuste permanente aplicada hace casi cuatro años.
Por eso, y con el eco de los lineamientos del papa Francisco, exhortaron al Estado a “aumentar el presupuesto destinado a comedores y a las huertas escolares, comunitarias y familiares”, así como también a “emprendimientos de agricultura familiar y social”.
“Solicitamos (que) se dispongan las medidas necesarias para declarar la emergencia alimentaria y nutricional en todo nuestro país”, puntualizó el texto que, además, sostiene que “es urgente implementar una Canasta Básica de Primera Infancia con productos esenciales que puedan ser distribuidos gratuitamente y/o a costo subsidiado”.
El objetivo, prosigue, es “garantizar la seguridad alimentaria y nutricional, la salud, y los cuidados de calidad de niñas y niños”. Por esto, también pide incluir “medicamentos, vitaminas, leche líquida y en polvo fortificada, y otros productos lácteos, carnes, pescados, frutas, verduras, huevos, legumbres, otros nutrientes y pañales, entre otros productos esenciales.
El texto, además, considera que la ayuda del Gobierno a los sectores más vulnerables “no sería suficiente para paliar las deficiencias de este tiempo, provocadas por el programa económico aplicado desde que Cambiemos está al frente del Poder Ejecutivo.
“Se necesitan también políticas eficaces que promuevan ese principio de la fraternidad” que postula el papa Francisco, citaron lo obispos, para quienes todos deben tener “acceso a los bienes de modo que todos tengan la oportunidad de desarrollarse plenamente como personas”.
En estos meses, adicionalmente, advertimos que, ante el severo aumento de la indigencia, la pobreza, la desocupación y el aumento indiscriminado del precio de los alimentos de la canasta básica, nos encontramos en una situación de emergencia alimentaria y nutricional, que afecta esencialmente a los más vulnerables, en especial a los pequeños.
Por ello, entendemos que es urgente implementar una Canasta Básica de Primera Infancia con productos esenciales que puedan ser distribuidos gratuitamente y/o a costo subsidiado para garantizar la seguridad alimentaria y nutricional, la salud, y los cuidados de calidad de niñas y niños, incluyendo medicamentos, vitaminas, leche líquida y en polvo fortificada, y otros productos lácteos, carnes, pescados, frutas, verduras, huevos, legumbres, otros nutrientes y pañales, entre otros productos esenciales.
Del mismo modo, resulta urgente aumentar el presupuesto destinado a los Comedores y a las Huertas Escolares, Comunitarias y Familiares, y a emprendimientos de la Agricultura Familiar y Social, garantizando la equidad y la calidad federal de los servicios de asistencia alimentaria y nutricional.
Si bien el Estado Nacional está asistiendo con mayor ayuda alimentaria, no sería suficiente para paliar las deficiencias de este tiempo, por ello solicitamos se dispongan las medidas necesarias para declarar la emergencia alimentaria y nutricional en todo nuestro país de modo que se puedan cumplir sin demoras metas como las propuestas.
El Papa Francisco nos recuerda que la fraternidad es el principal fundamento de la solidaridad y que se necesitan también políticas eficaces que promuevan ese principio de la fraternidad, asegurando a las personas –iguales en su dignidad y en sus derechos fundamentales– el acceso a los bienes de modo que todos tengan la oportunidad de desarrollarse plenamente como personas.
Así, del mismo modo, queremos alentar a nuestras comunidades y Cáritas, a ese gran voluntariado, a ser “artesanos de fraternidad y solidaridad”, bajo la protección de la Virgen de Luján, Madre de nuestro pueblo, porque -como dice la canción Jesús Eucaristía- no es posible morirse de hambre en la Patria bendita del pan!
El pedido, que está en línea con la demanda formulada por varios sectores de la oposición, fue hecho a través de un duro documento de la Comisión Episcopal de Pastoral Social (Cepas) en el que los obispos consideran que la ayuda del Gobierno a los sectores más vulnerables “no sería suficiente para paliar” las consecuencias de la política de ajuste permanente aplicada hace casi cuatro años.
Por eso, y con el eco de los lineamientos del papa Francisco, exhortaron al Estado a “aumentar el presupuesto destinado a comedores y a las huertas escolares, comunitarias y familiares”, así como también a “emprendimientos de agricultura familiar y social”.
“Solicitamos (que) se dispongan las medidas necesarias para declarar la emergencia alimentaria y nutricional en todo nuestro país”, puntualizó el texto que, además, sostiene que “es urgente implementar una Canasta Básica de Primera Infancia con productos esenciales que puedan ser distribuidos gratuitamente y/o a costo subsidiado”.
El objetivo, prosigue, es “garantizar la seguridad alimentaria y nutricional, la salud, y los cuidados de calidad de niñas y niños”. Por esto, también pide incluir “medicamentos, vitaminas, leche líquida y en polvo fortificada, y otros productos lácteos, carnes, pescados, frutas, verduras, huevos, legumbres, otros nutrientes y pañales, entre otros productos esenciales.
El texto, además, considera que la ayuda del Gobierno a los sectores más vulnerables “no sería suficiente para paliar las deficiencias de este tiempo, provocadas por el programa económico aplicado desde que Cambiemos está al frente del Poder Ejecutivo.
“Se necesitan también políticas eficaces que promuevan ese principio de la fraternidad” que postula el papa Francisco, citaron lo obispos, para quienes todos deben tener “acceso a los bienes de modo que todos tengan la oportunidad de desarrollarse plenamente como personas”.
La declaración de la Comisión Episcopal de Pastoral Social:
Al concluir la Semana Social el 30 de junio pasado en Mar del Plata, los obispos de la Comisión Episcopal de Pastoral Social decíamos cuan conmovidos estábamos al advertir que el grado de desigualdad social en que estamos sumergidos es muy grande y peligrosísimo para nuestro país.En estos meses, adicionalmente, advertimos que, ante el severo aumento de la indigencia, la pobreza, la desocupación y el aumento indiscriminado del precio de los alimentos de la canasta básica, nos encontramos en una situación de emergencia alimentaria y nutricional, que afecta esencialmente a los más vulnerables, en especial a los pequeños.
Por ello, entendemos que es urgente implementar una Canasta Básica de Primera Infancia con productos esenciales que puedan ser distribuidos gratuitamente y/o a costo subsidiado para garantizar la seguridad alimentaria y nutricional, la salud, y los cuidados de calidad de niñas y niños, incluyendo medicamentos, vitaminas, leche líquida y en polvo fortificada, y otros productos lácteos, carnes, pescados, frutas, verduras, huevos, legumbres, otros nutrientes y pañales, entre otros productos esenciales.
Del mismo modo, resulta urgente aumentar el presupuesto destinado a los Comedores y a las Huertas Escolares, Comunitarias y Familiares, y a emprendimientos de la Agricultura Familiar y Social, garantizando la equidad y la calidad federal de los servicios de asistencia alimentaria y nutricional.
Si bien el Estado Nacional está asistiendo con mayor ayuda alimentaria, no sería suficiente para paliar las deficiencias de este tiempo, por ello solicitamos se dispongan las medidas necesarias para declarar la emergencia alimentaria y nutricional en todo nuestro país de modo que se puedan cumplir sin demoras metas como las propuestas.
El Papa Francisco nos recuerda que la fraternidad es el principal fundamento de la solidaridad y que se necesitan también políticas eficaces que promuevan ese principio de la fraternidad, asegurando a las personas –iguales en su dignidad y en sus derechos fundamentales– el acceso a los bienes de modo que todos tengan la oportunidad de desarrollarse plenamente como personas.
Así, del mismo modo, queremos alentar a nuestras comunidades y Cáritas, a ese gran voluntariado, a ser “artesanos de fraternidad y solidaridad”, bajo la protección de la Virgen de Luján, Madre de nuestro pueblo, porque -como dice la canción Jesús Eucaristía- no es posible morirse de hambre en la Patria bendita del pan!
Cuando
hace cuatro años Mauricio Macri ganó las elecciones presidenciales
argentinas no hubo pocos que celebraron el inicio, o la restauración, de
los procesos liberales en América Latina. Estimulados por la retórica
de Vargas Llosa, habían analistas que levantaron al entonces electo
presidente como un líder de talla regional que reemplazaría al chavismo y
los progresistas y llevaría a su país al crecimiento y desarrollo. Un
encendido y pasional discurso apoyado desde Miami a la Patagonia, todo
registrado en miles de artículos, posts, entrevistas y columnas que
acertaba en parte. Solo en parte.
Hubo sin
duda una restauración liberal a partir de entonces. Recordemos que en
Chile todavía estaba la Nueva Mayoría con Michelle Bachelet, en Brasil
Dilma, en Ecuador aún Rafael Correa y Evo en Bolivia, que todavía sigue.
Maduro mantenía la batalla en Venezuela aun cuando sin los niveles de
asedio de hoy en día.
Los
cambios desde entonces son todos atropellados y por encima de las
instituciones. O tal vez América Latina volvía a sortear por otras vías
las débiles normativas democráticas como lo ha hecho tantas veces.
Golpes institucionales esta vez preparados desde el poder judicial, de
los parlamentos, de los medios de comunicación, hoy órganos de difusión
del poder financiero para la cristalización de normas favorables a las
elites. Un reforzamiento del statu quo para el beneficio del poder de
siempre, representado por las diferentes oligarquías, agrícolas,
industriales, bancarias y los poderes corporativos.
Había
sido más un proceso de desinstalación de los progresismos que una
propuesta. Hasta la llegada de Donald Trump, que termina por derribar lo
poco que quedaba de multilateralismo y derechos. Por lo menos en las
palabras. Trump arremete con todo. Patea el andamiaje con sus consensos
de la globalización, se retira de la Convención sobre Cambio Climático,
porque no cree en el fenómeno y punto, descarga su furia racista y
xenófoba y en la tembladera deja la vía libre para cualquier cosa,
delirio y demencia. Como Bolsonaro y su política del odio, desprecio que
se extiende desde los progresistas, las mujeres y, lo que es más grave,
a la naturaleza.
La
derecha asume sin proyecto. Es creencia simple en una forma de vida, de
mundo, conforme a sus intereses. Creencia irracional. Pero no consigue
dar continuidad al mito neoliberal del fin de la historia de las
postrimerías del siglo XX. Los nuevos derechistas, desde los
neoliberales a fascistas, empujan la máquina desreguladora cuando los
mercados ya tienen poco o nada que entregar y menos que decir. Salvo
mentiras.
Macri
termina su mandato con una crisis sistémica con pinta de terminal. Con
el dólar desatado desde ayer y el riesgo país en escalada. Un derrumbe
que trae el recuerdo de la explosión económica del 2001, que detonó
todas las más infames políticas neoliberales. Argentina no ha aprendido
nada y en menos de 20 años parece volver a lo mismo.
El
desastre de Macri, en plena expansión, es la expresión acotada de otro
aún mayor: el descalabro que sufre hoy en día todo el sistema
capitalista neoliberal. No solo como orden económico sino como sistema
global. Para cualquier observador más o menos informado hay una recesión
mundial a la vuelta de la esquina y la debacle argentina es tal vez el
anuncio más claro.
A
Macri y la última camada neoliberal le sucedió algo parecido a los
progresistas. Ambos se confiaron de forma excesiva en el devenir de los
mercados internacionales y en los altos precios de las materias primas. A
los progresistas les pilló desprevenidos el fin del ciclo de los altos
precios a mitad de la década y hoy, hacia el final, a todos los demás.
Pero hay una diferencia enorme: los últimos neoliberales intentaron
reparar un modelo excluyente, concentrador de la riqueza y lleno de
contradicciones, desde las económicas, sociales a las humanas, que está
haciendo agua por todas partes. Los gritos y agresiones de Bolsonaro a
Alberto Fernández ayer es una clara expresión del miedo que siente tras
el fracaso de su admirado Macri y sus políticas de mercado.
Hay
economistas que ya hablan del efecto contagio de esta nueva crisis
argentina. Otros estiman que es un poco prematuro. Pero sin duda el
efecto está presente en economías absolutamente interconectadas y
también debilitadas. En el caso chileno, con una de las economías más
abiertas y también vulnerables en toda la región, cada crisis global ha
tenido sus consecuencias, en mayor o menor grado. Esta vez aquel trance
iniciado con la guerra comercial, con presiones sobre el peso y en la
caída del precio del cobre, con frenos en la producción, exportación y
el empleo, tiene todas las probabilidades de continuar hacia nuevas
etapas y profundidades.
Sebastián
Piñera, que asumió el año pasado con un programa propio de las
políticas neoliberales de finales del siglo XX apoyado en la
desregulación y el crecimiento económico mundial, hoy tiene poco y nada
que ofrecer. La economía chilena pierde fuerza y su programa se diluye
en un neoliberalismo de salvataje, como lo es su propuesta de
flexibilización laboral para apuntalar a las empresas. No hay ruta ni
tampoco movimiento. A ninguna parte.
PAUL WALDER
Publicado en POLITIKA
BRASIL
Vía Campesina Brasil: Quemar la Amazonía es un crimen contra la humanidad
Los incendios forestales en el Amazonas afectan a toda la humanidad. Foto: Reuters
Es fundamental que toda la sociedad brasileña, latinoamericana y mundial sepa con claridad que este no es un fenómeno aislado. En realidad, es el resultado de una serie de acciones del agronegocio y de las mineras, ampliamente apoyados e incentivados por el gobierno de Bolsonaro, y que comenzaron con su elección. Después de casi dos décadas de reducción de la deforestación, el actual presidente y su ministro de medio ambiente, Ricardo Salles, articularon un violento discurso contra la legislación y los mecanismos de conservación ambiental brasileños, al mismo tiempo que aumentaron la persecución y criminalización de los pueblos que históricamente protegieron los biomas brasileños: pueblos indígenas y familias campesinas.
Desde el gobierno de transición, los discursos desde Brasilia atacaron el licenciamiento ambiental y el control y monitoreo del Estado sobre las actividades agropecuarias y mineras –justamente elementos que podrían haber evitado los crímenes de Mariana y Brumadinho, en Minas Gerais–. Al mismo tiempo, el gobierno entregó el Servicio Forestal Brasileño a representantes ruralistas, implementó una intervención militar en el Instituto Chico Mendes (ICMBio) y prohibió las acciones de fiscalización del IBAMA, además de atacar públicamente a servidores de todas esas instituciones. El enorme recorte de recursos, impuesto por la política neoliberal al mando del ministro de finanzas, Paulo Guedes, convirtió a la situación en completamente insostenible.
Las denuncias comenzaron ya en 2018, por medio de pueblos y comunidades tradicionales de la región, que están siendo perseguidos por terratenientes y policías. Las ONG socioambientales también están siendo criminalizadas y perseguidas por este gobierno. Por último, científicos de diversas organizaciones, universidades y hasta incluso del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE por sus siglas en portugués), internacionalmente reconocido, también denunciaron las consecuencias, y fueron recibidos con despidos y órdenes de no divulgación de datos. La respuesta de países como Noruega y Alemania a este cambio brutal en la política gubernamental fue la suspensión de las transferencias para el Fondo Amazonía, a lo que el gobierno de Bolsonaro respondió con desdén y acusaciones completamente infundadas.
Las dimensiones del crimen contra la humanidad son alarmantes. Solo en este año ya son más de 70 mil focos de incendios, 33 mil de ellos en la Amazonía, un aumento del 60% sobre la media de los últimos tres años. Solamente entre el 10 y el 11 de agosto hubo un aumento del 300%, cuando el agro negocio de la región declaró el “día del Fuego”. Imágenes de satélites también muestran un avance de la minería artesanal, no visto desde la década de 1980, principalmente en territorios indígenas.
Esas acciones, completamente apoyadas por el actual gobierno brasileño, deben ser reconocidas como crímenes contra la humanidad y daños irreparables al pueblo y a la naturaleza brasileños. En tiempos que el mundo choca con las consecuencias de los cambios climáticas, esta postura es completamente inaceptable.
Debemos también recordar que la Amazonía no es un territorio “salvaje”, sino una región mega diversa en biodiversidad y pueblos. Hace milenios, diferentes formas de convivencia en ese bioma produjeron los bienes comunes que hoy no se pueden separar de la selva. No existe la selva amazónica sin sus pueblos, ni tampoco existimos sin ella. La conservación de la Amazonía sólo es posible junto con la defensa de los territorios indígenas y tradicionales, de la agroecología y de políticas públicas de salud, cultura y educación que tengan como actores a los pueblos de la región.
Por eso, nosotros, organizaciones campesinas de La Vía Campesina, denunciamos a los verdaderos culpables de este crimen de proporciones históricas: el agro negocio y la minería, apoyados por el gobierno de Bolsonaro. Exigimos el combate inmediato a los crímenes ambientales, al mismo tiempo que exigimos la garantía de los derechos de los pueblos de la Amazonía, sus reales e históricos protectores. ¡Es vital que toda la sociedad brasileña se levante contra esta atrocidad! ¡La Amazonía es territorio de vida, de alimentos, de agua, de culturas, no de destrucción, muerte, explotación!
¡Contra el avance del capital, los pueblos en defensa de la Amazonía!
(Tomado de Rebelión)
The Intercept: ¿cómo es el detrás de escena de las filtraciones que hacen temblar a Brasil?
Publicado: 31 ago 2019 14:32 GMT - RT
Desde junio, el medio da a conocer
conversaciones privadas entre fiscales y jueces que ponen en jaque la
investigación que llevó a Lula da Silva a prisión.
Andrew Fisher, Jefe de redacción de The Intercept. Buenos Aires, agosto de 2019.
RT / Julia Muriel Dominzain
—¿Y
para qué sirve la verdad? Lula sigue preso, Bolsonaro todavía es el
presidente de Brasil—, pregunta alguien en el auditorio.
El que va a responder es Andrew Fishman, jefe de redacción de The Intercept Brasil, en una charla en el evento de periodismo Hack Hackers, en Buenos Aires, Argentina. El estadounidense es uno de los que están a cargo de la publicación conocida como 'Vaza Jato': la filtración que hizo tambalear el caso judicial que llevó a la cárcel al exmandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva. "No somos neutrales, estamos enojados con lo que sucede pero no nos vamos quedar quietos: vamos a hacer algo", dice Fishman sobre la actualidad en el país latinoamericano.
Respecto del Lava Jato, precisa: "Aunque para muchos de nosotros fueran evidentes la fallas de ese proceso judicial, antes era un debate y ahora están las pruebas". Y además, pone un ejemplo concreto: "Sergio Moro [actual ministro de Justicia] planeaba su camino hacia la Corte Suprema y ahora eso lo veo difícil".
Los primeros chats que dio a conocer The Intercept salieron a la luz en junio de este año. Eran el resultado de cientos de archivos con conversaciones privadas que el equipo de 14 personas del medio de comunicación, en su versión brasileña, tuvieron que chequear, ordenar y analizar. El resultado es la evidencia de que jueces y fiscales coordinaban acciones para perjudicar a Lula.
Entre otras cosas —precisa Fishman—, las mayores revelaciones tienen que ver con demostrar la relación que existió entre jueces y fiscales,
la existencia de motivaciones políticas en sus acciones, el
enriquecimiento personal, y las implicaciones en la Corte Suprema y el
ministerio de Relaciones exteriores. Y si bien —aclara— los mensajes que
se conocieron no se podrían usar como prueba en un juicio (por el modo
en que fueron obtenidos), sí pueden servir para anular una decisión
porque se demuestra que las bases sobre las que se tomó eran débiles.
Mucho antes de publicarlo, se organizaron: pusieron toda la información a resguardo en servidores de Estados Unidos y empezaron a delinear las estrategias de seguridad. Para ese momento ya se sabía por la prensa que los teléfonos del ministro Sergio Moro y del fiscal Deltan Dallagnol habían sido hackeados. La policía ya estaba buscando a quien tuviera esa información y el reloj corría a toda velocidad.
En la redacción brasilera de The Intercept crearon un grupo élite de reporteros, editores y especialistas en seguridad, en el que se ocuparon de armar un mapa de amenazas y un plan de cómo lidiar con ellas. Desde entonces supieron que no podrían hablar por teléfono, ni chatear despreocupadamente. Incluso si se reunían, dejaban todo tipo de aparato electrónico (celular, computadora) fuera de la habitación. "Brasil es un país en el que los periodistas son asesinados", opinó para poner al nivel del contexto el relato. También recordó el asesinato de la socióloga política y activista Marielle Franco.
"Sabíamos que íbamos a ser el foco de un montón de información negativa. Nuestra mejor defensa como periodistas es la historia: esto no se trata de Lula bueno o Lula malo. Estos eran hechos explosivos que todos querían conocer", definió. Y así avanzaron.
El segundo paso era el análisis de los cientos y cientos de archivos. Para eso utilizaron un sofware que permite hacer búsquedas veloces cruzando varios datos a la vez. "Al instante que empezamos a conocer el material supimos que era muy sensible", contó ante el auditorio.
Sus filtraciones pusieron sobre la mesa las bambalinas de la operación conocida como Lava Jato, que provocó una cantidad de consecuencias impensables: el juicio político contra Dilma Rousseff, la detención de Lula cuando era el candidato con más intención de votos, la elección presidencial sin el líder del PT, el triunfo de un ultraderechista como Bolsonaro. "Esta semana fue responsable de destruir el Amazonas, antes venía siendo famoso por su sexismo y homofobia", repasó. Sin ir más lejos, la revelación más reciente del sitio para el que trabaja Fishman es un artículo que señala a uno de los principales donantes de Donald Trump como uno de los que estaría detrás de la deforestación del Amazonas.
En síntesis: Fishman concluye que Bolsonaro es el presidente "en gran parte es por la reacción tras Lava Jato". Aún así, todo este tiempo intentaron mostrarse como "objetivos". Sin embargo —opina—, "se puso más difícil cuando el Juez a cargo se convirtió en Ministro de Justicia".
Desde la primera publicación, sacaron más de 50 artículos vinculados a esta filtración. Cada una de las historias va mostrando diferentes aristas del polémico comportamiento de jueces y fiscales en esta causa. Las repercusiones fueron inmediatas: las hubo judiciales (se buscó reabrir recursos para liberar a Lula), pero también en la calle y los medios. "Nos acusaron de estar asociados al Partido de los trabajadores (PT), de haber pagado el material. Bolsonaro llegó a decir que Glenn Greenwald [reconocido periodista y cofundador del medio] debería ir a la cárcel y hasta hubo marchas", relató Fishman. Pero también recibieron muchísimo apoyo (y suscriptores).
Hace menos de una semana, en asociación con UOL, The Intercept dio a conocer conversaciones privadas en las que se leía a fiscales burlarse de la muerte de la esposa, el hermano y el nieto de Lula.
"Esperamos varios meses para sacar esta historia",
relata Fishman. Y es que les parecía muy desagradable todo lo que
decían. Pero finalmente el eco terminó siendo fuerte. Una fiscal pidió
disculpas por su actitud y, de ese modo, reconoció la veracidad de los
chats.
Julia Muriel Dominzain
El que va a responder es Andrew Fishman, jefe de redacción de The Intercept Brasil, en una charla en el evento de periodismo Hack Hackers, en Buenos Aires, Argentina. El estadounidense es uno de los que están a cargo de la publicación conocida como 'Vaza Jato': la filtración que hizo tambalear el caso judicial que llevó a la cárcel al exmandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva. "No somos neutrales, estamos enojados con lo que sucede pero no nos vamos quedar quietos: vamos a hacer algo", dice Fishman sobre la actualidad en el país latinoamericano.
Respecto del Lava Jato, precisa: "Aunque para muchos de nosotros fueran evidentes la fallas de ese proceso judicial, antes era un debate y ahora están las pruebas". Y además, pone un ejemplo concreto: "Sergio Moro [actual ministro de Justicia] planeaba su camino hacia la Corte Suprema y ahora eso lo veo difícil".
Los primeros chats que dio a conocer The Intercept salieron a la luz en junio de este año. Eran el resultado de cientos de archivos con conversaciones privadas que el equipo de 14 personas del medio de comunicación, en su versión brasileña, tuvieron que chequear, ordenar y analizar. El resultado es la evidencia de que jueces y fiscales coordinaban acciones para perjudicar a Lula.
El camino previo
The Incercept es dirigido por Glenn Greenwald, quien publicó las revelaciones de Edward Snowden en 2013 en The Guardian. Se puede decir que tenían experiencia al momento en que dieron con el material que —supieron rápido— haría temblar la escena política brasileña. "Sabíamos que viviríamos mucha presión, riesgo de encarcelamiento. Sabíamos que a partir de entonces muchos nos verían como 'enemigos' y querrían que vayamos presos, dejemos de hacerlo o que vayamos al infierno", describió Fishman. Desde ese instante, confiesa, "eres parte de la historia y tienes que admitirlo".Mucho antes de publicarlo, se organizaron: pusieron toda la información a resguardo en servidores de Estados Unidos y empezaron a delinear las estrategias de seguridad. Para ese momento ya se sabía por la prensa que los teléfonos del ministro Sergio Moro y del fiscal Deltan Dallagnol habían sido hackeados. La policía ya estaba buscando a quien tuviera esa información y el reloj corría a toda velocidad.
En la redacción brasilera de The Intercept crearon un grupo élite de reporteros, editores y especialistas en seguridad, en el que se ocuparon de armar un mapa de amenazas y un plan de cómo lidiar con ellas. Desde entonces supieron que no podrían hablar por teléfono, ni chatear despreocupadamente. Incluso si se reunían, dejaban todo tipo de aparato electrónico (celular, computadora) fuera de la habitación. "Brasil es un país en el que los periodistas son asesinados", opinó para poner al nivel del contexto el relato. También recordó el asesinato de la socióloga política y activista Marielle Franco.
"Sabíamos que íbamos a ser el foco de un montón de información negativa. Nuestra mejor defensa como periodistas es la historia: esto no se trata de Lula bueno o Lula malo. Estos eran hechos explosivos que todos querían conocer", definió. Y así avanzaron.
El segundo paso era el análisis de los cientos y cientos de archivos. Para eso utilizaron un sofware que permite hacer búsquedas veloces cruzando varios datos a la vez. "Al instante que empezamos a conocer el material supimos que era muy sensible", contó ante el auditorio.
Sus filtraciones pusieron sobre la mesa las bambalinas de la operación conocida como Lava Jato, que provocó una cantidad de consecuencias impensables: el juicio político contra Dilma Rousseff, la detención de Lula cuando era el candidato con más intención de votos, la elección presidencial sin el líder del PT, el triunfo de un ultraderechista como Bolsonaro. "Esta semana fue responsable de destruir el Amazonas, antes venía siendo famoso por su sexismo y homofobia", repasó. Sin ir más lejos, la revelación más reciente del sitio para el que trabaja Fishman es un artículo que señala a uno de los principales donantes de Donald Trump como uno de los que estaría detrás de la deforestación del Amazonas.
En síntesis: Fishman concluye que Bolsonaro es el presidente "en gran parte es por la reacción tras Lava Jato". Aún así, todo este tiempo intentaron mostrarse como "objetivos". Sin embargo —opina—, "se puso más difícil cuando el Juez a cargo se convirtió en Ministro de Justicia".
Desde la primera publicación, sacaron más de 50 artículos vinculados a esta filtración. Cada una de las historias va mostrando diferentes aristas del polémico comportamiento de jueces y fiscales en esta causa. Las repercusiones fueron inmediatas: las hubo judiciales (se buscó reabrir recursos para liberar a Lula), pero también en la calle y los medios. "Nos acusaron de estar asociados al Partido de los trabajadores (PT), de haber pagado el material. Bolsonaro llegó a decir que Glenn Greenwald [reconocido periodista y cofundador del medio] debería ir a la cárcel y hasta hubo marchas", relató Fishman. Pero también recibieron muchísimo apoyo (y suscriptores).
Hace menos de una semana, en asociación con UOL, The Intercept dio a conocer conversaciones privadas en las que se leía a fiscales burlarse de la muerte de la esposa, el hermano y el nieto de Lula.
Julia Muriel Dominzain
DÍA DEL FUEGO
Escándalo: cómo se organizaron las criminales quemas en la Amazonia
Redacción Esquerda Diário - 28 de agosto 2019 - Publicado en la Izquierda Diario
Así pasará a la historia el tristemente célebre 10 de agosto de este año, cuando comenzó un surto de incendio simultáneos encendidos en forma mancomunada por productores rurales de la región norte de Brasil, que consumieron miles de hectáreas del "pulmón del mundo".
Según la revista, la organización del "Día del Fuego" empezó en el grupo de Whatsapp "Jornal A Voz da Verdade" (Diario La Voz de la Verdad). El grupo fue creado por João Vgas el 17 de agosto de 2016 y tiene 246 participantes, entre productores rurales, expropiadores de tierras y comerciantes del municipio Novo Progreso, en la provincia de Pará.
De ellos, 70 aprobaron los planes del "Día del Fuego", y entonces crearon el grupo "Sertão" -referencia al nombre del establecimiento de Ricardo de Nadai, creador de este segundo grupo. Hasta el final de los preparativos, el grupo llegó a tener 80 participantes.
El objetivo principal del grupo era incendiar matas y tierras estatales, y hacer avanzar el fuego hacia la Floresta Nacional Jamanxim, una reserva de 1,3 millones de hectáreas. Su objetivo era alcanzar la Tierra del Medio, escenario de los mayores conflictos de tierras en Brasil. La revista Globo Rural relevó que al menos cuatro miembros de ese grupo ya fueron presos por crímenes ambientales.
La acción de los criminales
Antes de provocar el fuego, varias áreas fueron previamente desmatadas. Globo Rural entrevistó a un operador de motosierra que afirmó que "nadie se quedó sin tarea". Personas fueron traídas de otras regiones de la Amazonia e incluso del Nordeste para realizar la acción ilegal.El procedimiento de este tipo de acción criminal es primero desmatar y después quemar. Esta acción predatoria de la naturaleza contó incluso con pistas de aterrizaje clandestinas para desembarcar gente para la destrucción de la floresta.
El 10 de agosto, motoqueros contratados por el grupo atizaron el fuego en los márgenes de la ruta BR-163. Todavía no se sabe si este grupo puede haberse organizado con otros grupos. Sin embargo, todos vieron el resultado: una nube de humo que cubrió el país, y hasta pudo ser vista desde satélites. La misma nube que cubrió San Pablo e hizo atardecer a las tres de la tarde.
El gobierno de Bolsonaro lo sabía
El 7 de agosto, tres días antes de esas quemas, el fiscal local Gustavo de Queiroz Zenaide avisó lo que estaba por ocurrir al gerente ejecutivo del Instituto brasileño del medio ambiente (Ibama) de la localidad de Santarém, Roberto Fernandes Abreu, a través de un oficio.Este aviso vino a través de un documento oficial protocolado por el Ibama de Santarém el 8 de agosto. En él Gustavo escribe: "productores rurales planifican realizar una quema en al región del municipio de Novo Progresso el 10 de agosto de 2019 como forma de manifestación".
A pesar de todo esto, durante todo el período, el gobierno de Bolsonaro intentó negar la existencia de las quemas, siendo luego desmentido por las nubes de partículas y hollín que cerraron los cielos de San Pablo.
La política de Bolsonaro de deslegitimar los datos del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE por sus siglas en portugués), o intervenir el Instituto Brasileño de Medio Ambiente (Ibama), no solo encubre sino defiende los intereses de estancieros, apropiadores de tierra y latifundistas. Él y sus ministros, defensores de que el calentamiento global no existe, en el fondo, por su verborragia irracional, tiene un programa bien claro y extremadamente comprensible por cualquier persona racional: transformar todas las riquezas nacionales en ganancia capitalista, tirar a la basura el futuro del país, el futuro de la juventud, atacar a los pueblos indígenas, fortalecer los asesinatos en el campo, la persecución a los Sin Tierra y terminal con los derechos de los trabajadores.
La transformación de esa realidad pasa por un cambio radical de la sociedad en que vivimos. No hay conciliación histórica posible entre una producción voltada hacia la ganancia- cuya dinámica inexorables es la acumulación capitalista - y cualquier cosa parecida a la utilización racional y ambientalmente correcta de los recursos. Solo la organización de una sociedad emancipada de las garras del capital, y por lo tanto con base en los productores libremente asociados podrá superar la explotación predatoria de la naturaleza, la crisis ambiental y la miseria social a la que estamos sometidos.
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Brasil: Una noche vespertina y el desastre ecológico de Bolsonaro
Thiago Aguiar, Israel Dutra
31/08/2019
El gran escritor amazónico Milton Hatoum, en su última novela,
abordó las contradicciones del autoritario Brasil de la dictadura
militar. Parecía premonitorio el título A noite da espera – o lugar mais sombrio.
En la tarde del lunes 19 de agosto, la ciudad más grande del país, Sao
Paulo, tuvo su noche oscura cuando, a las 3 de la tarde, estaba
completamente oscura. La noche de hollín en Sao Paulo fue una trágica
metáfora de lo que sucede en Brasil.En una combinación de fenómenos climáticos, el humo que cubría el cielo de São Paulo se originó a partir de la destrucción del Amazonas que, desde el 1 de agosto, ha sido blanco de una quema ininterrumpida. Estados como Acre, Amazonas, Rondônia y Mato Grosso do Sul ya se han puesto en alerta y suponen que no tienen las condiciones adecuadas para controlar los incendios. Después de varias advertencias de las agencias nacionales de monitoreo, atacados por el gobierno, incluso un informe de la NASA anunció que los brotes de incendios en la Amazonía son el resultado de la deforestación.
En otra declaración absurda, Bolsonaro culpó a las ONG ambientales por promover la quema. Cínicamente, el gobierno pretende no estar al tanto del anuncio de los agricultores en el sur de Pará, Rondônia y Mato Grosso de la organización coordinada de incendios intensos el pasado fin de semana, que llamaron «Día del Fuego», para señalar su apoyo al presidente y su «disposición para trabajar». Es evidente que el aumento escandaloso de las quemaduras es el resultado de las políticas del gobierno de Bolsonaro y su ministro Ricardo Salles, basadas en ataques contra pueblos nativos, indígenas y quilombolas.
El despido del presidente del INPE, Ricardo Galvão, tras el anuncio de un aumento récord en la deforestación en junio y julio presagió la tragedia actual. Bolsonaro supera cualquier criterio científico u objetivo para poner fin a cualquier hipótesis de cuestionamiento o pensamiento crítico dentro de la estructura estatal.
En todo el mundo existe una contradicción entre la política de extrema derecha del despojo acelerado al servicio de la acumulación capitalista y la creciente limitación de los recursos naturales. Las altas temperaturas de este verano, los frecuentes desastres climáticos en todo el mundo o la «muerte» de los glaciares son los últimos síntomas mórbidos que iluminan la señal de advertencia sobre el futuro del planeta. La extrema derecha es experta en «terraplanismo» y negacionismo climático. Es imposible separar la lucha por el medio ambiente y el futuro de la humanidad de la lucha implacable contra la extrema derecha. En Brasil, esto se expresa en la lucha popular y social en defensa del Amazonas contra Bolsonaro y Salles.
La politica de la destruccion
En una entrevista con la prensa extranjera, Bolsonaro declaró que su objetivo como presidente es «destruir» ciertas instituciones y logros logrados en Brasil en las últimas décadas. Esta es su estrategia más general, visible en diferentes intervenciones gubernamentales en educación, ciencia, servicio público y economía. Bolsonaro y Guedes están a cargo de una política de destrucción: entregar el patrimonio público nacional (esta semana, se anunció la privatización de 18 empresas estatales más), desmantelar la educación pública y todo el sistema brasileño de investigación científica.Si, en los últimos años, el territorio de los bosques brasileños, particularmente el Amazonas, ya había sido destruido por iniciativas como los cambios en el Código Forestal y la construcción de plantas hidroeléctricas como Belo Monte, la política de destrucción ha ganado una velocidad sin precedentes con Bolsonaro y Salles. . El gobierno ha prometido terminar con las tierras indígenas y quilombolas. Ricardo Salles, quien organiza y dirige esta línea de acción, siempre ha sido un agente de minería y ruralismo, una figura prominente de la extrema derecha de São Paulo y militante del negacionismo climático.
La política de destrucción promovida por el gobierno condujo a la intervención en organismos de supervisión y científicos como Ibama, ICM-Bio, INPE, entre otros. La reciente enmienda de 16 artículos del Código Forestal, siempre bajo los auspicios de la burocracia, es de hecho una clara línea de restricción en la supervisión y control de la deforestación sistemática promovida por grandes ganaderos, buscadores y compañías mineras. La liberación de la posesión de armas en el campo completa esta política, facilitando la formación de milicias armadas para defender los intereses de los terratenientes.
Los sectores importantes de la agroindustria y la minería son los principales interesados en esta línea destructiva. No por casualidad, son parte de la base militante y organizada de los bolsillos. A fines de julio de este año, el Ministerio de Agricultura aprobó el uso de 51 pesticidas más en el mercado brasileño, totalizando casi 300 pesticidas nuevos lanzados en 2019. La tasa de aprobación del uso de pesticidas se considera la más alta de la historia. Los resultados de la política de destrucción se sintieron más allá del Amazonas. Las grandes compañías mineras, a su vez, están interesadas en abrir nuevas áreas de exploración y son responsables de dos de los delitos ambientales más grandes jamás vistos en el mundo: la ruptura de las represas Mariana y Brumadinho en Minas Gerais.
Defender el Amazonas y el medio ambiente
Los datos antes mencionados del Instituto Nacional de Investigación Espacial (INPE) muestran que desde enero hasta el 19 de agosto, hubo un aumento del 83% en los incendios forestales en Brasil en comparación con el mismo período de 2018. Además, el instituto reveló que el 65% de los incendios forestales en Brasil en 2019 ocurrieron en la Amazonía; en 2018 fueron del 20%.La crítica de los países extranjeros frente a este escenario ha aumentado. Desde principios de año, Bolsonaro y Salles amenazaron con cerrar el Fondo Amazonia, al que contribuyeron fondos de países como Noruega y Alemania. La cruzada contra el fondo fue, según el gobierno, impulsada por la necesidad de «recortar dinero para las ONG». Tras el anuncio de los recortes a las transferencias de fondos por parte de los dos países europeos, la presión aumentó esta semana a medida que se publicaron imágenes de la ciudad más grande del hemisferio sur a causa de la quema de hollín.
Los medios extranjeros ya estaban destacando el tema, como la portada de la revista The Economist, la principal publicación de la burguesía transnacional, destacó como el aumento de la deforestación en Brasil como resultado de la política de Bolsonaro. Las declaraciones del presidente francés, Emmanuel Macron, que proponen que el G7 aborde el tema, seguido de las críticas de los gobiernos de Alemania, Canadá, Irlanda, Finlandia e incluso Estados Unidos, expresaron preocupación por los líderes de los agronegocios, que temen la imposición. sanciones y la pérdida de mercados para las exportaciones brasileñas de carne y granos.
Es evidente que líderes como Macron movilizan el tema ambiental para fortalecer sus posiciones políticas internas, en el caso francés, ante la presión del lobby agrario del país y el crecimiento del Partido Verde en las elecciones al Parlamento Europeo. La exposición de los asuntos brasileños por parte de las potencias extranjeras, a su vez, es el resultado de la política de destrucción antinacional y ambiental de Bolsonaro, que está incondicionalmente alineada con el gobierno de Trump y la política anti-científica y negacionista climática de la extrema derecha internacional.
Al mentir abiertamente y culpar a las ONG ambientalistas por los incendios, Bolsonaro moviliza argumentos contra la interferencia extranjera que busca ocultar lo obvio: su gobierno pro-yanqui, entreguista del patrimonio nacional y defensor de los intereses de la burguesía transnacional es una de las mayores amenazas para la soberanía nacional en la historia brasileña.
Es tiempo de movilización
Por lo tanto, es necesario alentar la movilización en defensa de la Amazonía, una herencia del pueblo brasileño, y contra los ataques de Bolsonaro contra el medio ambiente, la ciencia y la cultura nacionales. La movilización contra este gobierno criminal, autoritario y criminal puede y debe aprovechar la creciente confusión de la clase dominante que apoya al gobierno frente al riesgo de perder los mercados de exportación para los agronegocios. Pero, sobre todo, deben establecerse vínculos con movilizaciones en todo el mundo contra el despojo de los recursos naturales y la destrucción del medio ambiente por parte de las empresas transnacionales que amenazan la supervivencia de los pueblos.Es hora de expandir las denuncias nacionales e internacionales, construir y apoyar movilizaciones en Brasil y en el extranjero. Ya hay actos en más de 100 ciudades de todo el mundo. Por nuestra parte, alentaremos y participaremos activamente en los actos del 24 y 25 de agosto contra la destructiva política ambiental de Bolsonaro y el derrocamiento inmediato de Ricardo Salles, cómplice de la destrucción ambiental. Con esta lucha, daremos un paso fundamental en la organización de la movilización para una huelga climática mundial el 20 de septiembre.
son militantes del MES/PSOL de Brasil.
ENTREVISTA
Leonardo Boff: "La Amazonía es el gran centro vital del planeta"
En una entrevista con Brasil de Fato, el filósofo explica el concepto de bien común y lamenta la destrucción de la selva
Exponente
de la Teología de la Liberación, el filósofo Leonardo Boff es
reconocido internacionalmente por defender a los más pobres con base en
el cristianismo. Leonardo Boff habló con Brasil de Fato sobre la
situación actual en la Amazonia y relación entre la tierra y el concepto
de “bien común” de la humanidad.
“La Amazonia es el gran centro vital para todo el planeta,
humanidad, comunidad de vida, animales, plantas. El actual presidente no
lo comprende. Defender la casa común es defender el agua, la tierra,
para que no sean contaminados y no quemar nada porque va a afectar toda
la vida en planeta”.
Al cumplir los 80 años, el escritor – que ya publicó más de
cien libros – lanza ahora el libro “Reflexiones de un viejo teólogo y
pensador” el próximo viernes (30) en la Universidad Federal de Juiz de
Fora (UFJF) en Minas Gerais. La publicación es una retrospectiva teórica
de su extensa obra que aborda temas como espiritualidad, política y
organización pastoral.
A continuación algunos fragmentos de la entrevista:
Brasil de Fato: Sobre la relación entre la tierra,
la reforma agraria y la cuestión ecológica como un desdoblamiento de la
Teología de la Liberación, ¿como usted analiza la situación actual de la Amazonia?
Leonardo Boff: Siempre hubo preocupación por el Consejo
Indigenista Misionero (CIMI), que es una propuesta pastoral de la
iglesia, no para evangelizar a los indígenas sino para defender su
sabiduría, tradiciones, religiones y reservas. Para que la experiencia
de milenios de historia pueda enriquecer nuestra experiencia.
Creo que es lamentable el hecho de que este gobierno haya
abandonado a la Amazonía completamente. Ahora con esos incendios que son
los más grandes de la historia. Esto forma parte de una estrategia de
prolongar la dependencia. La Amazonía es fundamental para el planeta, es
un bien común y una parte de la Tierra.
Brasil tiene la gestión de esta parte, pero no es su dueño.
Su dueño es la propia Tierra. Defender la Amazonía es defender la
humanidad. Él [Bolsonaro] en su ignorancia, entregó la Amazonía y ahora
vemos como se está consumiendo.
Una de las preocupaciones principales de la iglesia en los
últimos 50 años fue la reforma agraria. La Comisión Pastoral de la
Tierra (CPT) está presente en todos esas áreas con muchos mártires, la
principal es la hermana Dorothy, que fue asesinada por defender las
tierras de la tala de los terratenientes.
El concepto de bien común tiene que ser más difundido. Hay que crear la comprensión de que la Amazonía es un bien común. ¿En su visión, por qué Brasil eligió a un representante de la extrema derecha?
El presidente se considera dueño de Brasil, habla como si
fuera su dueño. Pasa por alto la Constitución, las leyes, no conoce los
límites constitucionales de su poder. Uno de los conceptos básicos hoy
en el mundo es el bien común de la Tierra y de la humanidad, sin las
cuales no podemos vivir. La propia Tierra, el agua, el suelo, el aire,
las semillas y así sucesivamente.
Hay que pensar como el Papa Francisco, cómo cuidar a casa
común. Un solo planeta, todas las naciones y los pueblos se encuentran
en un único sitio que es el planeta Tierra. También las plantas, los
animales, todo lo que vive.
Hay que cuidar la Amazonía porque es el gran centro vital
para todo el planeta, para la humanidad, comunidad de vida, animales,
plantas. El actual presidente no lo comprende. Defender la casa común es
defender el agua, la tierra, para que no sean contaminados y no quemar
nada porque va a afectar toda la vida en planeta.
Edición: Vivian Virissimo | Traducción: Luiza Mançano
Mercosur, el otro foco de los incendios en la Amazonia
Los incendios en la Amazonia han abierto un foco de
tensión entre el Mercosur y la Unión Europea, donde países como Francia
han amenazado con no ratificar el acuerdo comercial al considerar que
Brasil no está cumpliendo con los compromisos sobre la protección a la
biodiversidad.
17-07-2019.
Mauricio Macri, presidente de Argentina, y Jair Bolsonaro, presidente
de Brasil, señalan con el pulgar hacia arriba al comienzo de la Cumbre
del Mercosur. Isac Nobrega / Palacio Planalto
bogotá
31/08/2019 11:32 - Laura Núñez Marín (efe) - PÚBLICO
Los incendios en la Amazonia han abierto un foco de tensión entre el Mercosur y la Unión Europea, donde países como Francia han amenazado con no ratificar el acuerdo comercial entre los dos bloques, por considerar que Brasil no está cumpliendo con los compromisos sobre la protección a la biodiversidad.
El 28 de junio de este año, la Unión Europea
(UE) y el Mercosur, integrado por Brasil, Argentina, Uruguay y
Paraguay, finalizaron después de 20 años la negociación del mayor acuerdo de asociación entre dos regiones y que crea un mercado de 780 millones de consumidores.
El primero en poner en duda la ratificación del
acuerdo fue el presidente de Francia, Emmanuel Macron, quien dijo que no
firmará el pacto con el Mercosur, al considerar que su homólogo de
Brasil, Jair Bolsonaro, "mintió" cuando asumió los compromisos
sobre la "protección de la biodiversidad que no está respetando". Tanto
el Gobierno de Brasil como el Parlamento del Mercosur (Parlasur)
consideran que Francia tiene un interés político más allá de la
preocupación real por lo que pasa en la Amazonía.
El presidente del Parlasur, el uruguayo Daniel
Caggiani, criticó en declaraciones a Efe que la voluntad de algunos
países europeos de no firmar el acuerdo es una "artimaña" para detener
la aprobación del tratado.
Con el acuerdo por el que se reducirían en más del 90% los aranceles de ambos bloques
En cambio, la portavoz de la Comisión Europea Mina Andreeva dijo que la situación es una oportunidad para "crear compromisos legalmente vinculantes con
países que queremos que respeten nuestros estándares medioambientales",
al recordar que el pacto UE-Mercosur es el primero que compromete a los
firmantes a cumplir con el Acuerdo de París de 2016.
Con todo, son muchas más las voces que consideran el
Mercosur y la UE seguirán trabajando para sacar adelante el acuerdo por
el que se reducirían en más del 90% los aranceles de ambos bloques.
La UE es el mayor inversor extranjero para los países
del Mercosur con 381.000 millones de euros y las inversiones del bloque
suramericano a Europa fueron de 52.000 millones de euros en 2017.
Brasil
El Gobierno tildó de "exagerada" la situación
generada por los incendios, señaló que se debe a "cuestiones políticas" y
que "Francia e Irlanda siempre estuvieron entre los pocos países que se
resistían al acuerdo" entre el Mercosur y la UE.
El canciller brasileño, Ernesto Araújo, afirmó que no dejarán "que el tema ambiental sea un pretexto para perjudicar los acuerdos del Mercosur con la UE y la EFTA (Asociación Europea de Libre Comercio). La agenda de apertura y crecimiento sigue firme".
"Sentimos en la negociación la preocupación con las carnes"
Esa
posición es respaldada por patronales industriales que explican que "es
preocupante que integrantes del tratado recurran a pretextos que no tienen ninguna relación con lo que fue negociado para hacer política interna e intentar atacar la imagen de Brasil".
Para la ministra de Agricultura, Tereza Cristina
Correa, "las relaciones comerciales con Europa después de la firma de
acuerdo dejó a algunos países preocupados por la pujanza de nuestro
agronegocio, por el mercado que le podemos quitar. Sentimos en la
negociación la preocupación con las carnes".
Argentina
El Gobierno del presidente Mauricio Macri ha sido más
cauto ante los cruces de Brasil y Francia por el futuro del acuerdo
Mercosur-UE y destacó que tanto Argentina como el resto de los socios
del bloque están comprometidos con el cuidado ambiental. "Como
argentinos y como Mercosur tenemos un enorme compromiso con el medioambiente y
estamos todos preocupados por lo que está sucediendo en la Amazonía con
estos incendios", dijo Macri, quien es un fuerte aliado de Bolsonaro.
El Mercosur "siempre representó un temor enorme para los países agrícolas"
La
secretaria de Comercio Exterior de Argentina, Marisa Bircher, una de
las negociadoras del acuerdo con la UE, dijo que prematuro cuestionar el
acuerdo, que aún "sigue en un avance de revisión legal".
Bircher destacó que el Mercosur "siempre representó y representa un temor enorme para los países agrícolas porque
somos un bloque sólido, somos el primer exportador mundial de
alimentos. Entonces, el temor que puedan tener algunos sectores
agrícolas de la UE se entiende".
Según la consultora Ecolatina, la agroindustria aparece
como el principal sector argentino que podría verse beneficiado con el
acuerdo.
Uruguay
El Gobierno de Tabaré Vázquez es más optimista y destaca que el país logrará que el 97% de su oferta exportable vaya a Europa
con "preferencias arancelarias" gracias a los acuerdos con EFTA y la
Unión Europea. El acuerdo con la UE tuvo "efectos positivos" y logró
"dinamizar la agenda negociadora del Mercosur".
Valeria Csukasi, embajadora y directora general para
Asuntos de Integración y Mercosur de la Cancillería de Uruguay, enfatizó
que el país es el principal proveedor de Suiza y Noruega dentro
del Mercosur y por ello va estar "en mejores condiciones que cualquier
otro competidor en el mundo para acceder al mercado suizo".
Paraguay
Para Paraguay la advertencia de varios países europeos de no ratificar el acuerdo amenaza el futuro del sector de la carne, uno de los sectores estratégicos del país. "El acuerdo es importante porque somos un país agropecuario
que basa su valor en este rubro", señaló a Efe el presidente de la
Comisión de la Carne de la Asociación Rural del Paraguay, Marcos Medina.
Sin embargo, destacó que se busca comercializar otros
alimentos como el grano, las frutas o las hortalizas, para lo cual el
Gobierno impulsa la creación de mesas de exportación para
potenciar los sectores de la alimentación, bebidas, carne, floricultura,
farmacéuticos, industria creativa y la energía renovable.
URUGUAY
Abdala: «Están en juego proyectos de país»
Foto: Gastón Britos / FocoUy
El sindicalista indicó que «el trabajador es un objeto de imposición ajena o el trabajador es protagonista de la definición».
El
secretario general del PIT-CNT, Marcelo Abdala, dijo que ante la
ofensiva desatada por las patronales contra los Consejos de Salarios y
la negociación colectiva, la central sindical llevará a cabo un paro
parcial general este próximo miércoles 28 de agosto de 9 a 13 horas.
Abdala señaló a LA REPÚBLICA que para él es «muy importante» que la negociación colectiva esté ubicada para que «todo el mundo se pronuncie con claridad y la gente pueda saber quién es quién».
¿Cuál es el plan de acción para esta convocatoria en defensa de la negociación colectiva?
Se van a realizar movilizaciones en todo el país, la más nombrada es la que va a realizarse en el área metropolitana, con una concentración en la explanada de la UdelaR, y posterior marcha hasta el Obelisco, con la oratoria de Tamara Camarano, Valeria Ripoll y yo.
Todas estas reflexiones, todas estas cuestiones, las decenas y decenas de asambleas, a esta altura decenas de miles de trabajadores y trabajadoras con los que conversamos, el encuentro de negociación colectiva en SUTEL, la reunión de los zonales, la reunión de los plenarios departamentales y generales, todo esto es porque estamos trabajando en esa dirección de cara al futuro, y todo se sintetiza en la importancia de una enorme movilización el 28 de agosto.
Si cae el sistema de negociación colectiva, se verán perjudicados no solo los trabajadores, sino amplios sectores de la vida nacional, asalariados, jubilados, los pequeños y medianos comerciantes y los productores. Por esta razón la central lleva adelante un plan de defensa de la negociación y apuesta a cambios más seguros.
En un año electoral, ¿cuánto pesa este debate teniendo en cuenta que candidatos de la oposición ya adelantaron su intención de «revisar» algunos aspectos?
Está bien que los distintos candidatos se pronuncien con claridad en relación al tema de fondo, que son los Consejos de Salarios y la negociación colectiva. Están en juego proyectos de país, están en juego caminos, y en este marco, estas definiciones son un aspecto fundamental.
Si el trabajador es un objeto de imposición ajena o el trabajador es protagonista de la definición. Además, la negociación colectiva involucra a diversos actores y supone abordar no solamente aspectos salariales, sino sobre la condición del trabajo, la formación profesional, entre otros. Para nosotros es un mecanismo democrático avanzado para seguir adelante.
¿Por qué la negociación colectiva no puede ser un ámbito de discusión creativa sobre qué tipo de tecnologías precisamos en este siglo? Y sobre qué elementos puede mejorar la productividad, la competitividad de los sectores y a su vez la calidad de vida de todos sus integrantes. Para mí es muy importante que la negociación colectiva esté ubicada para que todo el mundo se pronuncie con claridad y la gente pueda saber quién es quién.
¿Será posible cumplir lo exigido por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en busca de un acuerdo con las cámaras empresariales?
La postura empresarial marca el escenario actual y me resulta brutal que la Cámara de Comercio y la Cámara de Industrias (CIU) pongan a Uruguay en el mismo plano de los países donde no se respetan los derechos humanos más elementales». Tenemos un ejemplo claro en Colombia. Allí asesinan vilmente a los dirigentes sindicales y sociales, es algo terrible.
En nuestro país todos podemos tener diferencias y eso lo respetamos, claramente, pero está garantizado para la totalidad del mundo del trabajo el derecho a crear las reglas del juego a través de la negociación colectiva; es tan brutal que la Comisión de normas de la OIT haya tenido que dedicar parte de su tiempo, incluso si hubieran sido tan solo cinco minutos igualmente habría sido un disparate, pero (la OIT) tuvo que destinar un tiempo importante a considerar el caso uruguayo. No creo que se llegue a cumplir lo exigido por la OIT, teniendo en cuenta el año electoral y el receso parlamentario.
¿Cuánto estará en juego este 27 de octubre para los trabajadores?
Están en juego proyectos de país, están en juego caminos y, en este marco, estas definiciones son un aspecto fundamental, de cara al proceso electoral que estamos atravesando. Está todo en juego, basta con mirar la región, para darnos cuenta cuál es el modelo que no funciona.
Abdala señaló a LA REPÚBLICA que para él es «muy importante» que la negociación colectiva esté ubicada para que «todo el mundo se pronuncie con claridad y la gente pueda saber quién es quién».
¿Cuál es el plan de acción para esta convocatoria en defensa de la negociación colectiva?
Se van a realizar movilizaciones en todo el país, la más nombrada es la que va a realizarse en el área metropolitana, con una concentración en la explanada de la UdelaR, y posterior marcha hasta el Obelisco, con la oratoria de Tamara Camarano, Valeria Ripoll y yo.
Todas estas reflexiones, todas estas cuestiones, las decenas y decenas de asambleas, a esta altura decenas de miles de trabajadores y trabajadoras con los que conversamos, el encuentro de negociación colectiva en SUTEL, la reunión de los zonales, la reunión de los plenarios departamentales y generales, todo esto es porque estamos trabajando en esa dirección de cara al futuro, y todo se sintetiza en la importancia de una enorme movilización el 28 de agosto.
Si cae el sistema de negociación colectiva, se verán perjudicados no solo los trabajadores, sino amplios sectores de la vida nacional, asalariados, jubilados, los pequeños y medianos comerciantes y los productores. Por esta razón la central lleva adelante un plan de defensa de la negociación y apuesta a cambios más seguros.
En un año electoral, ¿cuánto pesa este debate teniendo en cuenta que candidatos de la oposición ya adelantaron su intención de «revisar» algunos aspectos?
Está bien que los distintos candidatos se pronuncien con claridad en relación al tema de fondo, que son los Consejos de Salarios y la negociación colectiva. Están en juego proyectos de país, están en juego caminos, y en este marco, estas definiciones son un aspecto fundamental.
Si el trabajador es un objeto de imposición ajena o el trabajador es protagonista de la definición. Además, la negociación colectiva involucra a diversos actores y supone abordar no solamente aspectos salariales, sino sobre la condición del trabajo, la formación profesional, entre otros. Para nosotros es un mecanismo democrático avanzado para seguir adelante.
¿Por qué la negociación colectiva no puede ser un ámbito de discusión creativa sobre qué tipo de tecnologías precisamos en este siglo? Y sobre qué elementos puede mejorar la productividad, la competitividad de los sectores y a su vez la calidad de vida de todos sus integrantes. Para mí es muy importante que la negociación colectiva esté ubicada para que todo el mundo se pronuncie con claridad y la gente pueda saber quién es quién.
¿Será posible cumplir lo exigido por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en busca de un acuerdo con las cámaras empresariales?
La postura empresarial marca el escenario actual y me resulta brutal que la Cámara de Comercio y la Cámara de Industrias (CIU) pongan a Uruguay en el mismo plano de los países donde no se respetan los derechos humanos más elementales». Tenemos un ejemplo claro en Colombia. Allí asesinan vilmente a los dirigentes sindicales y sociales, es algo terrible.
En nuestro país todos podemos tener diferencias y eso lo respetamos, claramente, pero está garantizado para la totalidad del mundo del trabajo el derecho a crear las reglas del juego a través de la negociación colectiva; es tan brutal que la Comisión de normas de la OIT haya tenido que dedicar parte de su tiempo, incluso si hubieran sido tan solo cinco minutos igualmente habría sido un disparate, pero (la OIT) tuvo que destinar un tiempo importante a considerar el caso uruguayo. No creo que se llegue a cumplir lo exigido por la OIT, teniendo en cuenta el año electoral y el receso parlamentario.
¿Cuánto estará en juego este 27 de octubre para los trabajadores?
Están en juego proyectos de país, están en juego caminos y, en este marco, estas definiciones son un aspecto fundamental, de cara al proceso electoral que estamos atravesando. Está todo en juego, basta con mirar la región, para darnos cuenta cuál es el modelo que no funciona.
Encuentro abierto de trabajadores sobre el gasto público y el déficit fiscal
El próximo martes 27, en la víspera del paro general parcial que
convoca el PIT-CNT, se realizará un Encuentro abierto de trabajadores
sobre el gasto público y el déficit fiscal. El evento que se realizará
en el anfiteatro de la sede del movimiento sindical (Jackson 1283), a
las 9 am, es organizado por el Departamento de trabajadores estatales y
municipales del PIT-CNT con la colaboración del Instituto Cuesta Duarte.
Precisamente, el director del Instituto, Milton Castellano, realizará
la apertura de la actividad en la que se realizará un análisis de la
Rendición de Cuentas y de la evolución de los funcionarios en el Estado.
Los economistas Daniel Olesker y Pablo Da Rocha, integrantes del equipo
económico del Cuesta Duarte, serán los encargados de presentar una
mirada crítica sobre las cifras reales de la Rendición de Cuentas así
como también de la evolución de los funcionarios del Estado.
El secretario general de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE), Joselo López, dijo al Portal del PIT-CNT que la información que se analizará en el encuentro, servirá de “insumos” para los trabajadores y trabajadoras para analizar en sus respectivos sindicatos. “Hay mucho material que es importante compartir para comprender cómo se desglosa el Presupuesto que contiene miles de millones de pesos, pero que en términos porcentuales, hay un 52% que ya está comprometido en función del pago de intereses de deuda, transferencias a la seguridad social y algunas otras cuestiones que son parte de los gastos ya comprometidos” informó. Por tanto, según las cifras que maneja el informe a presentar solo el 48% del presupuesto es lo que queda para distribuir entre todos los diferentes organismos públicos que dependen del presupuesto nacional. “Allí es donde comienzan a aparecer los problemas para satisfacer necesidades, como por ejemplo, cumplir con el 6% para la educación, el 1% para la investigación, y otros asuntos también prioritarios” acotó.
Joselo López, quien además es el responsable del Departamento de trabajadores públicos, será el encargado de la introducción temática del encuentro del martes 27. “Entre otras cosas vamos a desglosar cual es la renuncia fiscal que desarrolla el Estado por voluntad de la actual administración, que se expresa con las exoneraciones fiscales que benefician a las grandes empresas multinacionales, zonas francas, etc, y que generan una inequidad importante e injusta con otras empresas de porte nacional”. Según la mirada de López, con esa renuncia fiscal el Estado se priva de recaudar más recursos que se podrían destinar a vivienda, salud, educación, entre otras.
Funcionarios públicos
Desde el Departamento de Estatales y Municipales se considera imprescindible discutir y analizar a fondo las cifras reales del Presupuesto en el entendido que esto condicionará el futuro del país. López argumentó que los plazos de la transición entre el actual gobierno y el que resulte electo en las urnas, son acotados y “prácticamente en seis meses hay que definir el nuevo Presupuesto que puede llegar a condicionar los próximos cinco años” apuntó. “Es muy importante que todos los sindicatos tengamos la información sobre cómo se distribuye ese Presupuesto y de dónde se podrían generar más recursos para que el déficit fiscal no lo paguen los trabajadores”.
Por otra parte, en el encuentro se abordará la realidad de los funcionarios públicos y los vínculos funcionales que tiene el Estado. El economista Pablo Da Rocha será el encargado de analizar y transparentar la información actualizada para despejar mitos y creencias.
“Se va a demostrar que en realidad el Estado ya viene perdiendo vínculos laborales desde hace bastante tiempo. Con el gobierno actual ya se han perdido muchos puestos de trabajo de funcionarios públicos en la administración central y en las empresas públicas. La gente en general, y posiblemente los propios compañeros se preguntarán porque entonces ha crecido el número de trabajadores en el Estado y en realidad eso tiene una explicación que es el incremento importante especialmente en tres áreas: en el área de la salud, en la educación y en la seguridad. El resto de los organismos públicos, los ministerios de la administración central, los organismos descentralizados, y especialmente en las empresas públicas ha habido una reducción muy importante de los funcionarios presupuestados que en realidad se sustituyen en gran medida por trabajadores tercerizados”. Para el secretario general de COFE, este es otro insumo importante en tiempo de campaña electoral “cuando escuchamos algunos planteos que se están haciendo desde algunos partidos políticos, que anuncian el recorte de funcionarios públicos para abatir el déficit fiscal, es realmente preocupante. Porque la realidad es que si se continúa achicando el Estado, los servicios se pasarán a manos privadas, o directamente se eliminaran servicios fundamentales que debería cumplir el Estado para proteger a los mas vulnerables. Y ese es un gran problema para el movimiento sindical en general y particularmente para aquellos que trabajamos directamente en los organismos del Estado” concluyó.
El secretario general de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE), Joselo López, dijo al Portal del PIT-CNT que la información que se analizará en el encuentro, servirá de “insumos” para los trabajadores y trabajadoras para analizar en sus respectivos sindicatos. “Hay mucho material que es importante compartir para comprender cómo se desglosa el Presupuesto que contiene miles de millones de pesos, pero que en términos porcentuales, hay un 52% que ya está comprometido en función del pago de intereses de deuda, transferencias a la seguridad social y algunas otras cuestiones que son parte de los gastos ya comprometidos” informó. Por tanto, según las cifras que maneja el informe a presentar solo el 48% del presupuesto es lo que queda para distribuir entre todos los diferentes organismos públicos que dependen del presupuesto nacional. “Allí es donde comienzan a aparecer los problemas para satisfacer necesidades, como por ejemplo, cumplir con el 6% para la educación, el 1% para la investigación, y otros asuntos también prioritarios” acotó.
Joselo López, quien además es el responsable del Departamento de trabajadores públicos, será el encargado de la introducción temática del encuentro del martes 27. “Entre otras cosas vamos a desglosar cual es la renuncia fiscal que desarrolla el Estado por voluntad de la actual administración, que se expresa con las exoneraciones fiscales que benefician a las grandes empresas multinacionales, zonas francas, etc, y que generan una inequidad importante e injusta con otras empresas de porte nacional”. Según la mirada de López, con esa renuncia fiscal el Estado se priva de recaudar más recursos que se podrían destinar a vivienda, salud, educación, entre otras.
Funcionarios públicos
Desde el Departamento de Estatales y Municipales se considera imprescindible discutir y analizar a fondo las cifras reales del Presupuesto en el entendido que esto condicionará el futuro del país. López argumentó que los plazos de la transición entre el actual gobierno y el que resulte electo en las urnas, son acotados y “prácticamente en seis meses hay que definir el nuevo Presupuesto que puede llegar a condicionar los próximos cinco años” apuntó. “Es muy importante que todos los sindicatos tengamos la información sobre cómo se distribuye ese Presupuesto y de dónde se podrían generar más recursos para que el déficit fiscal no lo paguen los trabajadores”.
Por otra parte, en el encuentro se abordará la realidad de los funcionarios públicos y los vínculos funcionales que tiene el Estado. El economista Pablo Da Rocha será el encargado de analizar y transparentar la información actualizada para despejar mitos y creencias.
“Se va a demostrar que en realidad el Estado ya viene perdiendo vínculos laborales desde hace bastante tiempo. Con el gobierno actual ya se han perdido muchos puestos de trabajo de funcionarios públicos en la administración central y en las empresas públicas. La gente en general, y posiblemente los propios compañeros se preguntarán porque entonces ha crecido el número de trabajadores en el Estado y en realidad eso tiene una explicación que es el incremento importante especialmente en tres áreas: en el área de la salud, en la educación y en la seguridad. El resto de los organismos públicos, los ministerios de la administración central, los organismos descentralizados, y especialmente en las empresas públicas ha habido una reducción muy importante de los funcionarios presupuestados que en realidad se sustituyen en gran medida por trabajadores tercerizados”. Para el secretario general de COFE, este es otro insumo importante en tiempo de campaña electoral “cuando escuchamos algunos planteos que se están haciendo desde algunos partidos políticos, que anuncian el recorte de funcionarios públicos para abatir el déficit fiscal, es realmente preocupante. Porque la realidad es que si se continúa achicando el Estado, los servicios se pasarán a manos privadas, o directamente se eliminaran servicios fundamentales que debería cumplir el Estado para proteger a los mas vulnerables. Y ese es un gran problema para el movimiento sindical en general y particularmente para aquellos que trabajamos directamente en los organismos del Estado” concluyó.
UPM, la inversión extranjera y la negación indígena
por Martín Delgado Cultelli
Frente
a la reciente concreción del acuerdo entre el gobierno nacional y la
empresa de capitales trasnacionales UPM para construir una nueva
mega-planta de celulosa surgen estas reflexiones que entrelazan las
agendas más urticantes para el progresismo uruguayo.
En
las décadas del 90 y del 2000, el movimiento indígena fue transformando
la legislación de los países del continente. Cambiando radicalmente las
formas de relacionamiento entre los Estados y los pueblos. En algunos
países se voltearon presidentes y se construyeron constituciones de
vanguardia con marcos normativos que cuestionaban el concepto de Estado
Nacional. En otros países solo hubieron pequeños artículos en las
constituciones, leyes y creación de secretarías.
La normativa internacional de derechos humanos también sufrió estos embates del movimiento indígena, en 1989 la OIT establece su Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales, en 2007 las Naciones Unidas redactó su Declaración Universal sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y en 2016 se vota la Declaración Americana sobre los Derechos Indígenas de la OEA. Cada declaración era más vanguardista, pero manteniéndose la Convención de la OIT como el centro neurálgico de la jurisprudencia indígena internacional.
Estas transformaciones normativas de avanzada coincidieron con el periodo de la expansión del relato multicultural, las luchas contra el neoliberalismo en América Latina y el advenimiento del ciclo progresista en el continente. Si bien el progresismo latinoamericano incorporó el relato multicultural y desarrollo una serie de instituciones a favor de los pueblos indígenas. Nunca cuestionó la concentración de la tierra, la economía agro-exportadora y el extractivismo. Esto llevó a una serie de conflictos, contradicciones y pérdida de hegemonía del progresismo con el movimiento indígena en la década posterior al 2010.
Un caso particular en este conflicto latente entre progresismo y movimiento indígena es el de Uruguay. En el caso uruguayo el relato multicultural no fue entendido como diversidad étnica sino como diversidad sexual, por lo cual las políticas multiculturales, la legislación y las instituciones creadas se centraron más en la comunidad LGBT+ que en los afro-descendientes, los migrantes o los indígenas. Uruguay se volvió un país gay-friendly pero no plurinacional. La complejidad de la interpretación del concepto de “diversidad” que ha hecho el progresismo sería para otro artículo. A esto se le debe agregar la imposibilidad que ha tenido el progresismo uruguayo de liberarse del relato batllista del “país modelo” y la “Suiza de América”. Esto significa que Uruguay sigue pensándose a sí mismo como un país caucásico, bajado de los barcos y que se siente superior al resto del Continente. Ese continente mestizo, indígena y afro con sus revoluciones y contrarrevoluciones que no comprende el prístino uruguayo liberal.
Ha sido tan fuerte la imposibilidad de reconocer la presencia indígena en el país que Uruguay a diferencia del resto del continente, no tiene leyes específicas para pueblos indígenas, no tiene instituciones específicas y junto con Surinam ha sido el único país de Sudamérica que no ha ratificado el Convenio 169 de la OIT. El mantenimiento del relato batllista y la sombra del riverismo que permean a toda la institucionalidad y la política nacional son grandes responsables del profundo negacionismo hacía lo indígena en el Uruguay. Sin embargo hay otros causantes y estos tienen que ver con la matriz económica del Uruguay. El racismo anti-indígena uruguayo tiene su raíz en la economía. Recordemos que los derechos indígenas no son solo acciones afirmativas y políticas culturales como la mayoría del multiculturalismo sino que también son las devoluciones territoriales y el derechos soberanista de la Consulta Previa, Libre e Informada.
En su trabajo de investigación sobre el proceso de ratificación del Convenio 169 de la OIT en Uruguay, Trejo, identifica 5 argumentos por los cuales el Estado todavía no lo ha ratificado. Estos son: la invisibilización de la población indígena del país, la visión de determinados académicos, el desconocimiento de los derechos indígenas, los derechos territoriales y el conflicto con la inversión extranjera. Los tres primeros argumentos se deben a la reproducción de un racismo absolutamente naturalizado en las instituciones y en la sociedad.
Pero un fenómeno que se podría combatir con campañas de sensibilización y políticas educativas. Los otros dos argumentos son de índice económico y lo que está atrás es el beneficio económico histórico y contemporáneo que han tenido los capitales nacionales y trasnacionales con el despojo territorial y de soberanía hacia los charrúas. Nadie quiere reconocer que los capitales de este país están sobre tierra indígena robada.
Entrevistado por Trejo para su investigación, Juan Mailhos de la Cámara de Comercio del Uruguay, argumenta la posición de la patronal en contra de la ratificación del Convenio 169 diciendo “nosotros pensamos que estos grupos distorsionan los procesos de radicación de inversiones en los países” (Trejo, p 37, 2019). Marcando que para la patronal es más importante la circulación de capitales globales que los derechos de un colectivo ancestral. La Cámara de Comercio ve a los descendientes de charrúas como el fantasma de Marx, aquel sujeto que si se le permite crecer puede desencadenar en una serie de conflictos que se la pondrán dura al capital. Por lo cual tienen la posición de no dejar que el Estado reconozca los derechos colectivos y amolde su legislación a la legislación internacional. El empresariado tiene un lobby más fuerte que las organizaciones charrúas.
No es casualidad que en el mismo momento histórico en que existe una fuerte legislación internacional en materia de derechos para los pueblos indígenas, hay un proceso de resurgencia indígena en Uruguay y el gobierno del FA vende una imagen de “país modelo” y “sin indios” al exterior para buscar capitales trasnacionales, la respuesta sea demorar la ratificación del Convenio 169 de la OIT. No es casualidad que el gobierno de Tabaré Vázquez que estuvo a lo largo de toda su legislatura negociando con UPM la segunda planta, sea el mismo que dejó bien en claro en una reunión con el CONACHA de que no había voluntad política de ratificar el Convenio 169.
El no reconocimiento de los derechos indígenas es lo mejor para UPM. ¿Qué pasaría si hubiera recursos legales para reclamar “El Duraznal”, la estancia donde estaba la toldería del cacique Sepé y que actualmente es un campo forestal? ¿Qué pasaría si la inversión multimillonaria de UPM dependiera de consultar a las organizaciones indígenas? ¿Qué pasaría si los “loquitos que se ponen la vincha” pudieran tener el poder legal para parar a una empresa multinacional? Este es uno de los grandes temas de la negación indígena en el Uruguay.
Si bien distintas organizaciones charrúas han venido participando de luchas socio-ambientales durante más de una década en el Uruguay. Parece ser que al movimiento ambientalista le cuesta entender el tema indígena. Le cuesta entender el derecho a la diferencia cultural. Le cuesta entender el derecho a la soberanía indígena. Si el movimiento ambientalista uruguayo entendiera que el Convenio 169 de la OIT es una gran herramienta para enfrentar al capital trasnacional, tal vez, otro sería el cantar
La normativa internacional de derechos humanos también sufrió estos embates del movimiento indígena, en 1989 la OIT establece su Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales, en 2007 las Naciones Unidas redactó su Declaración Universal sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y en 2016 se vota la Declaración Americana sobre los Derechos Indígenas de la OEA. Cada declaración era más vanguardista, pero manteniéndose la Convención de la OIT como el centro neurálgico de la jurisprudencia indígena internacional.
Estas transformaciones normativas de avanzada coincidieron con el periodo de la expansión del relato multicultural, las luchas contra el neoliberalismo en América Latina y el advenimiento del ciclo progresista en el continente. Si bien el progresismo latinoamericano incorporó el relato multicultural y desarrollo una serie de instituciones a favor de los pueblos indígenas. Nunca cuestionó la concentración de la tierra, la economía agro-exportadora y el extractivismo. Esto llevó a una serie de conflictos, contradicciones y pérdida de hegemonía del progresismo con el movimiento indígena en la década posterior al 2010.
Un caso particular en este conflicto latente entre progresismo y movimiento indígena es el de Uruguay. En el caso uruguayo el relato multicultural no fue entendido como diversidad étnica sino como diversidad sexual, por lo cual las políticas multiculturales, la legislación y las instituciones creadas se centraron más en la comunidad LGBT+ que en los afro-descendientes, los migrantes o los indígenas. Uruguay se volvió un país gay-friendly pero no plurinacional. La complejidad de la interpretación del concepto de “diversidad” que ha hecho el progresismo sería para otro artículo. A esto se le debe agregar la imposibilidad que ha tenido el progresismo uruguayo de liberarse del relato batllista del “país modelo” y la “Suiza de América”. Esto significa que Uruguay sigue pensándose a sí mismo como un país caucásico, bajado de los barcos y que se siente superior al resto del Continente. Ese continente mestizo, indígena y afro con sus revoluciones y contrarrevoluciones que no comprende el prístino uruguayo liberal.
Ha sido tan fuerte la imposibilidad de reconocer la presencia indígena en el país que Uruguay a diferencia del resto del continente, no tiene leyes específicas para pueblos indígenas, no tiene instituciones específicas y junto con Surinam ha sido el único país de Sudamérica que no ha ratificado el Convenio 169 de la OIT. El mantenimiento del relato batllista y la sombra del riverismo que permean a toda la institucionalidad y la política nacional son grandes responsables del profundo negacionismo hacía lo indígena en el Uruguay. Sin embargo hay otros causantes y estos tienen que ver con la matriz económica del Uruguay. El racismo anti-indígena uruguayo tiene su raíz en la economía. Recordemos que los derechos indígenas no son solo acciones afirmativas y políticas culturales como la mayoría del multiculturalismo sino que también son las devoluciones territoriales y el derechos soberanista de la Consulta Previa, Libre e Informada.
En su trabajo de investigación sobre el proceso de ratificación del Convenio 169 de la OIT en Uruguay, Trejo, identifica 5 argumentos por los cuales el Estado todavía no lo ha ratificado. Estos son: la invisibilización de la población indígena del país, la visión de determinados académicos, el desconocimiento de los derechos indígenas, los derechos territoriales y el conflicto con la inversión extranjera. Los tres primeros argumentos se deben a la reproducción de un racismo absolutamente naturalizado en las instituciones y en la sociedad.
Pero un fenómeno que se podría combatir con campañas de sensibilización y políticas educativas. Los otros dos argumentos son de índice económico y lo que está atrás es el beneficio económico histórico y contemporáneo que han tenido los capitales nacionales y trasnacionales con el despojo territorial y de soberanía hacia los charrúas. Nadie quiere reconocer que los capitales de este país están sobre tierra indígena robada.
Entrevistado por Trejo para su investigación, Juan Mailhos de la Cámara de Comercio del Uruguay, argumenta la posición de la patronal en contra de la ratificación del Convenio 169 diciendo “nosotros pensamos que estos grupos distorsionan los procesos de radicación de inversiones en los países” (Trejo, p 37, 2019). Marcando que para la patronal es más importante la circulación de capitales globales que los derechos de un colectivo ancestral. La Cámara de Comercio ve a los descendientes de charrúas como el fantasma de Marx, aquel sujeto que si se le permite crecer puede desencadenar en una serie de conflictos que se la pondrán dura al capital. Por lo cual tienen la posición de no dejar que el Estado reconozca los derechos colectivos y amolde su legislación a la legislación internacional. El empresariado tiene un lobby más fuerte que las organizaciones charrúas.
No es casualidad que en el mismo momento histórico en que existe una fuerte legislación internacional en materia de derechos para los pueblos indígenas, hay un proceso de resurgencia indígena en Uruguay y el gobierno del FA vende una imagen de “país modelo” y “sin indios” al exterior para buscar capitales trasnacionales, la respuesta sea demorar la ratificación del Convenio 169 de la OIT. No es casualidad que el gobierno de Tabaré Vázquez que estuvo a lo largo de toda su legislatura negociando con UPM la segunda planta, sea el mismo que dejó bien en claro en una reunión con el CONACHA de que no había voluntad política de ratificar el Convenio 169.
El no reconocimiento de los derechos indígenas es lo mejor para UPM. ¿Qué pasaría si hubiera recursos legales para reclamar “El Duraznal”, la estancia donde estaba la toldería del cacique Sepé y que actualmente es un campo forestal? ¿Qué pasaría si la inversión multimillonaria de UPM dependiera de consultar a las organizaciones indígenas? ¿Qué pasaría si los “loquitos que se ponen la vincha” pudieran tener el poder legal para parar a una empresa multinacional? Este es uno de los grandes temas de la negación indígena en el Uruguay.
Si bien distintas organizaciones charrúas han venido participando de luchas socio-ambientales durante más de una década en el Uruguay. Parece ser que al movimiento ambientalista le cuesta entender el tema indígena. Le cuesta entender el derecho a la diferencia cultural. Le cuesta entender el derecho a la soberanía indígena. Si el movimiento ambientalista uruguayo entendiera que el Convenio 169 de la OIT es una gran herramienta para enfrentar al capital trasnacional, tal vez, otro sería el cantar
