BRASIL
"Un verdadero apocalipsis": Un arzobispo brasileño culpa al Gobierno de los incendios en la Amazonía
Publicado: 6 sep 2019 07:18 GMT - RT
Erwin Kräutler critica la política ambiental
del Gobierno brasileño y afirma que espera que el próximo sínodo de los
obispos en el Vaticano denuncie la destrucción de la selva tropical en
la región.
Incendio forestal del Amazonas cerca del municipio de Porto Velho, Brasil, el 31 de agosto de 2019.
Ricardo Moraes / Reuters
El
arzobispo brasileño Erwin Kräutler ha condenado la política ambiental
del presidente de Brasil, el ultraderechista Jair Bolsonaro, al tiempo
que espera que el sínodo de los obispos, que se reunirá el próximo mes
de octubre en el Vaticano, denuncie la destrucción de la selva tropical.
"Siempre ha habido incendios en la Amazonía. Cuando son más pequeños, la naturaleza se reconstruye en pocos años. Pero lo que se está viendo ahora es un verdadero apocalipsis", declaró Kräutler, citado por The Guardian.
El exobispo emérito de la prelatura del Xingu, en el estado brasileño
de Pará, es ahora uno de los 18 miembros del consejo preparatorio
designado por el papa Francisco antes del próximo sínodo de los obispos
que se centrará en el tema de los incendios en el Amazonas.
Según explicó el arzobispo, los preparativos para un sínodo dedicado a
la Amazonía llevan en marcha desde 2016, pero en los últimos meses, "debido a los incendios y a un gobierno hostil", el problema se ha vuelto mucho más grave.
"Los incendios de este año superan todo lo que puedas imaginar. Sin lugar a dudas, es la consecuencia de los comentarios [de Jair Bolsonaro] sobre la apertura de la Amazonía a empresas nacionales y multinacionales. Él entiende 'abrir el Amazonas' como una licencia para limpiar un bosque lluvioso y ganar espacio para que el ganado pueda pastar y plantar monocultivos como la soja y la caña de azúcar", opina Kräutler.
El propio Francisco también se pronunció sobre el tema a finales de agosto. El jefe de Vaticano expresó su pesar por los incendios que afectan a la región amazónica y aprovechó su tradicional aparición semanal en la plaza de San Pedro para hacer un llamamiento a la comunidad global para hacer frente al desastre.
"Siempre ha habido incendios en la Amazonía. Cuando son más pequeños, la naturaleza se reconstruye en pocos años. Pero lo que se está viendo ahora es un verdadero apocalipsis", declaró Kräutler, citado por The Guardian.
"Los incendios de este año superan todo lo que puedas imaginar. Sin lugar a dudas, es la consecuencia de los comentarios [de Jair Bolsonaro] sobre la apertura de la Amazonía a empresas nacionales y multinacionales. Él entiende 'abrir el Amazonas' como una licencia para limpiar un bosque lluvioso y ganar espacio para que el ganado pueda pastar y plantar monocultivos como la soja y la caña de azúcar", opina Kräutler.
Comunidad religiosa exige medidas
La denuncia del arzobispo se suma a los llamados del Consejo Episcopal Latinoamericano, que instó con urgencia a "los gobiernos de los países amazónicos, especialmente de Brasil y Bolivia, a las Naciones Unidas y a la comunidad internacional a tomar serias medidas para salvar el pulmón del planeta".El propio Francisco también se pronunció sobre el tema a finales de agosto. El jefe de Vaticano expresó su pesar por los incendios que afectan a la región amazónica y aprovechó su tradicional aparición semanal en la plaza de San Pedro para hacer un llamamiento a la comunidad global para hacer frente al desastre.
Noticias Internacionales Independientes (EE.UU.)
Arzobispos brasileños denuncian incendios amazónicos
06 Sep. 2019
En
Brasil, los líderes católicos están condenando una serie masiva de
incendios en la Amazonia, que se suman a la presión contra el presidente
de extrema derecha de ese país, Jair Bolsonaro, para que impida que los
mineros, agricultores y ganaderos ilegales destruyan la selva tropical,
cuya existencia es fundamental para frenar la crisis climática.
Hablando con el periódico The Guardian, el arzobispo Erwin Kräutler
calificó los incendios como un “verdadero apocalipsis”, mientras que el
arzobispo Roque Paloschi advirtió sobre el riesgo de genocidio contra
los pueblos indígenas que defienden sus bosques contra los incendios
provocados por actividades ilegales.
La Amazonia: Bien Común de la Tierra y de la humanidad
por Leonardo Boff
2019-09-06
Los recientes incendios de la Amazonía brasileña y boliviana pusieron de manifiesto la importancia del bioma amazónico para el equilibrio y para el futuro de la vida. El descuido con el que el presidente de Brasil trató la cuestión ambiental, negando los datos científicos más serios y las amenazas a las reservas indígenas, aumentándolo además con el desmantelamiento realizado por el ministro del Medio Ambiente de los principales organismos de protección de la selva y de las tierras indígenas, y de la vigilancia del avance descontrolado del agronegocio sobre la selva virgen, mostraron la gravedad de la situación.
Según algunos especialistas internacionales, la Amazonía es la segunda área más vulnerable del planeta en relación al cambio climático provocado por los seres humanos. El propio Papa Francisco advirtió «que el futuro de la humanidad y de la Tierra está vinculado al futuro de la Amazonia; por primera vez, se manifiesta con tanta claridad que desafíos, conflictos y oportunidades emergentes en un territorio, son la expresión dramática del momento que atraviesa la supervivencia del planeta Tierra y la convivencia de toda la humanidad». Son palabras graves, menospreciadas por las grandes corporaciones depredadoras, porque se dan cuenta de que deberían cambiar de modo de producción, de consumo y de descarte. Pero prefieren el lucro al cuidado de la vida humana y terrenal.
No sin razón, el Papa Francisco ha convocado un Sínodo Panamazónico para octubre del presente año cuyo tema es: Amazonía: nuevos caminos para la Iglesia y para una ecología integral”. Se trata de la aplicación de su encíclica “sobre el cuidado de la Casa Común” para evitar una catástrofe socioecológica mundial. No se trata de una ecología ambiental y verde, sino de una ecología integral, que involucra el ambiente, la sociedad, la política, la economía, lo cotidiano y la dimensión espiritual.
Veamos algunos datos generales sobre el bioma amazónico: Cubre una extensión de 8.129.057 Km2 en nueve países: Brasil (67%), Perú (13%), Bolivia (11%), Colombia (6%), Ecuador (2%), Venezuela (1%), Surinam, Guyana y Guyana francesa (0,15). Viven allí 37.731.569 habitantes, 2,8 millones de los cuales son indígenas de 390 pueblos diferentes, que hablan 240 idiomas, de la rica matriz de 49 ramas lingüísticas, un fenómeno inigualable en la historia de la lingüística mundial.
Existen tres ríos amazónicos: el visible de la superficie; el aéreo, los llamados “ríos volantes” (cada copa de árbol con 20 metros de extensión produce 1000 litros de humedad que va a traer lluvias para el [bioma llamado] «cerrado», hacia el sur hasta el norte de Argentina); el tercero, invisible, es el río “rez do chão” (no confundir con el sitio turístico Rez do Chão), un río subterráneo que corre debajo del actual Amazonas.
Todo el bioma amazónico es un Bien Común de la Tierra y de la humanidad. En la visión de los astronautas eso es evidente: desde la Luna o desde sus naves espaciales, Tierra y Humanidad forman una única entidad. El ser humano es aquella porción de la Tierra que comenzó a sentir, a pensar, a amar y a cuidar. Somos Tierra, como enfatiza el Papa y la propia Biblia.
Ahora, en la fase planetaria, todos nos encontramos en una misma y única Casa Común. El tiempo de las naciones está pasando; ahora es el tiempo de la Tierra y tenemos que organizarnos para garantizar los medios que sustentarán nuestra vida y la de la naturaleza. Nadie es dueño de la Tierra. Ella es nuestro mayor Bien Común. Todos tienen derecho a estar en ella. Como la Amazonia es parte de la Tierra, nadie puede considerar sólo suyo lo que es un Bien de todos y para todos. Brasil, a lo máximo, posee la administración de la parte brasilera (67%) y lo está haciendo de forma irresponsable. De ahí la preocupación general.
Actualmente el bioma amazónico es objeto de la codicia mundial por causa de sus riquezas. Se está usando mucha violencia. Desde mediados de los años 1980 ha habido en la Amazonia brasilera más de 12 mártires, indígenas, laicos y religiosos; en Ecuador 6, en Perú 2 y en Colombia innumerables.
Los G 7 reunidos en agosto en Biarritz, se dieron cuenta de la importancia del bioma amazónico para el equilibrio de los climas y de la propia Tierra. Sospecho que la ven convencionalmente todavía, como un baúl de recursos para sus proyectos económicos. Sospecho que no han incorporado la visión de la nueva ecología que entiende la Tierra como un superorganismo vivo, y nosotros como parte de él y no como sus señores. Si la Amazonia fuese completamente abatida, todo el sur de Brasil hasta el norte de Argentina y de Uruguay se transformaría en un desierto. De ahí la importancia vital de ese bioma multinacional.
La irresponsabilidad de Bolsonaro es de tal magnitud, que juristas mundiales planean acusarlo de ecocidio, crimen reconocido por la ONU en 2006, y llevarlo al tribunal de los «crímenes contra la Humanidad». Termino con palabras de un indígena yanomami Miguel Xapuri Ianomâmi:
“Ustedes tienen Dios, nosotros tenemos Omama. Ella creó la vida, creó a los yanomamis, permite todo lo que sucede. Nosotros nos comunicamos con ella permanentemente”. ¿Quién en el mundo secularizado hablaría de corazón de esta forma?
Leonardo Boff
Marcas internacionales dejarán de comprar cuero a Brasil como protesta a Bolsonaro
Las empresas privadas se suman a la presión internacional contra el gobierno brasileño, el cual ha propiciado los incendios en la Amazonia con políticas dañinas al medio ambiente.
Foto: Flickr / DeclanTM
ACCIÓN
31 de agosto de 2019, 09:28hs - LR21La economía brasileña, que ya de por sí está en crisis hace varios
años, está empezando a sufrir las consecuencias de las políticas
ambientales y exteriores del gobierno de Jair Bolsonaro.
La casa matriz VF Corp, dueña de las marcas Vans, Timberland y The North Face, anunció que dejarán de comprar cuero a Brasil como una protesta al daño ambiental que está sucediendo en el país en la era Bolsonaro.
Según un comunicado emitido por la compañía, la compra de esa materia prima a Brasil se reanudará “cuando tengamos la confianza y certeza de que los materiales usados en nuestros productos no contribuyen con el deterioro ambiental del país”.
“Como resultado de una diligencia detallada, ya no podemos asegurarnos satisfactoriamente de que nuestro volumen de cuero comprado a proveedores brasileños cumple con este compromiso (de abastecimiento responsable)”, continúa VF.
El mandatario asegura que la situación está “bajo control”, pero entre el miércoles y el jueves pasados se reportaron más de 2.300 nuevos puntos de fuego.
Desde enero de este año se han degistrado 87.257 fuegos, 51.8% de ellos en la selva Amazónica, según datos del Instituto Nacional de Investigación Espaciales (INPE).
Sin bien JBS negó las acusaciones sí aceptó que les es “difícil” rastrear el origen de parte del ganado.
Consultado por la agencia EFE, el Centro de Industrias de Curtidos (CICB) dijo que no ha sido notificado por parte de VF de la suspensión de compras al tiempo que aseguró que trabajan “con las mejores prácticas ambientales actuando sobre una rigurosa legislación”.
La casa matriz VF Corp, dueña de las marcas Vans, Timberland y The North Face, anunció que dejarán de comprar cuero a Brasil como una protesta al daño ambiental que está sucediendo en el país en la era Bolsonaro.
Según un comunicado emitido por la compañía, la compra de esa materia prima a Brasil se reanudará “cuando tengamos la confianza y certeza de que los materiales usados en nuestros productos no contribuyen con el deterioro ambiental del país”.
“Como resultado de una diligencia detallada, ya no podemos asegurarnos satisfactoriamente de que nuestro volumen de cuero comprado a proveedores brasileños cumple con este compromiso (de abastecimiento responsable)”, continúa VF.
Bolsonaro: “Europa no tiene nada que enseñarnos sobre preservación del ambiente”
El mandatario ultraderechista acusó a Alemania y Francia de intentar "comprar" la…Impacto directo
La decisión fue una de las primeras señales del impacto económico tangible y concreto del controversial manejo de Bolsonaro sobre los incendios en la Amazonia.El mandatario asegura que la situación está “bajo control”, pero entre el miércoles y el jueves pasados se reportaron más de 2.300 nuevos puntos de fuego.
Desde enero de este año se han degistrado 87.257 fuegos, 51.8% de ellos en la selva Amazónica, según datos del Instituto Nacional de Investigación Espaciales (INPE).
La carne, el cuero y la Amazonia
Una investigación difundida por medios locales brasileños en junio mostró que la gigante brasileña de la carne JBS S.A., que es a su vez la más grande productora de cuero del mundo, ha estado comprando ganado a ganaderos que operan en tierras que, por ley, no pueden ser usadas para pastoreo porque pertenecen a la selva Amazónica.Sin bien JBS negó las acusaciones sí aceptó que les es “difícil” rastrear el origen de parte del ganado.
Consultado por la agencia EFE, el Centro de Industrias de Curtidos (CICB) dijo que no ha sido notificado por parte de VF de la suspensión de compras al tiempo que aseguró que trabajan “con las mejores prácticas ambientales actuando sobre una rigurosa legislación”.
ARGENTINA
El fantasma de la quiebra planea sobre Argentina
Por:
Mauricio Macri ve que su gobierno se quiebra. Foto: Télam
El peso sigue depreciándose (el viernes rebasó las 61 unidades por dólar), haciendo más difícil el pago de la deuda en dólares y agravando la inflación (estimada en un 65% anual por diversos analistas).
El Banco Central anunció ayer medidas restrictivas ante la difícil situación. A partir de ahora las entidades financieras deberán contar con la autorización previa del Banco Central para la distribución de sus resultados. La autoridad monetaria aclaró que la comunicación A 6768, por la que se tomó dicha resolución, “sólo corresponde a las entidades financieras y no a otro tipo de empresas”.
“Con esta medida, se garantiza que se mantenga la liquidez del sistema, para que los depositantes puedan hacerse de la liquidez que demanden”, explica la entidad. “En momentos de mayor incertidumbre —agrega—, buscamos que la liquidez del sistema sea mayor para evitar cualquier tipo de falta de dinero”.
El directorio del Banco Central empezó a debatir la imposición de controles a la fuga de capitales y la limitación a la compra de dólares, en un rango de 50 mil a 100 mil por mes, el día que un grupo de bancos internacionales le exigió la cancelación de un préstamo por 2600 millones de dólares. Eso sucedió el martes 20 de agosto, hace 11 días, cuando las entidades financieras reclamaron la devolución de los créditos, denominados REPO, por la desvalorización de los títulos públicos que operaban como garantía. Fue una señal de crisis de confianza de algunas de las entidades más cercanas al Gobierno, como el HSBC, Citi, Credite Suisse, Santander y BBVA, que prefirieron asegurarse el reembolso de las divisas en lugar de renovar el financiamiento.
Para el analista David Cuffré: “El Gobierno corre la crisis de atrás igual que Fernando de la Rúa y Domingo Cavallo en 2001. Los resultados van en la misma dirección. El Fondo Monetario Internacional es hoy tan responsable como entonces. Lo mismo que la prensa hegemónica que les hizo hinchada. El día siguiente del anuncio del ´reperfilamiento´ de la deuda, Clarín tituló en tapa que la medida era para ´calmar a los mercados´. Les salió tan bien como la suba de 8 por ciento de la Bolsa porteña el viernes anterior a las PASO, porque pensaban que Macri era competitivo. La crisis tomó tal velocidad que las operaciones para generar expectativas se caen cada vez más rápido”.
El peronista Fernández se desvinculó del plan de emergencia lanzado por el presidente Mauricio Macri, basado en un aplazamiento de pagos en la deuda pública, y opinó que los mercados “saben ya cómo va a acabar esto”. También calificó al FMI de “corresponsable” del desastre. Sin un mínimo consenso político y con una tormenta financiera que no amaina, el fantasma del colapso de 2001 sobrevuela el país.
“Lo que quiero que entiendan es que el FMI es culpable de esta situación. Fue un acto de complicidad con el gobierno de Mauricio Macri. Fue el desembolso más caro de la historia de la humanidad y se lo dieron a un gastador compulsivo”, agregó Alberto Fernández.
(Con información de agencias y de Página 12)
Jornada nacional de protesta por la emergencia alimentaria
Cortes y marchas en el centro porteño
Frente
al ministerio de Desarrollo Social preparan un frazadazo y acampe,
mientras que algunas agrupaciones concentran en el Obelisco y en el
Congreso Nacional. Denuncian que en los comedores escolares y populares
la comida no alcanza frente a la creciente demanda que reciben por el
aumento del precio de los alimentos.
Los movimientos sociales le reclaman al Gobierno que declare la emergencia alimentaria.
Imagen: Adrián Pérez
Imagen: Adrián Pérez
Con una nueva jornada nacional de protesta, los movimientos sociales le reclaman al gobierno que declare la emergencia alimentaria.
Frente al ministerio de Desarrollo Social, un grupo de organizaciones
preparan un frazadazo y acampe, mientras que otras marchan al Congreso
Nacional para dar una conferencia de prensa acompañados por diputados.
Denunciarán así que en los comedores escolares y populares la comida no
alcanza frente a la creciente demanda que reciben por el aumento del
precio de los alimentos. Además, plantean que la calidad nutricional de
lo que está mandando Desarrollo Social es muy pobre.
Hoy una familia necesita 12.774 pesos para
cubrir la canasta básica alimentaria, mientras que si el objetivo es la
canasta básica total sus ingresos deben superar los 31.934 pesos. Sin
embargo, todos los programas de ingresos dispuestos por el Estado han
quedado muy por debajo de esos montos, que definen las líneas de
indigencia y de pobreza.
El salario social que cobran los integrantes de las cooperativas de empleo (de programas como Hacemos Futuro) es de 7.500 pesos, es decir que alcanza para media canasta alimentaria (exactamente el 58 por ciento de una canasta) . También la Asignación Universal por Hijo -la principal política de protección destinada a los niños- es una frazada corta. El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) dio a conocer este mes un análisis en el que muestra que la AUH (2667 pesos por hijo) sólo alcanza para cubrir las necesidades alimentarias de los chicos menores a 4 años. De esa edad para arriba, no.
En el cuadro, las primeras dos columnas
indican el precio de la canasta alimentaria básica de niños y ninas, de
acuerdo a su edad. En rojo, el porcentaje cubierto por la AUH a partir
de los 4 años.
"Venimos planteando la necesidad de esta ley desde 2018, cuando hicimos la Marcha Federal. En aquel momento hubo diputados que tomaron nuestro planteo y presentaron entonces un anteproyecto de ley, pero pasó un año y medio y nunca llegó a ser votado", recordó desde la plaza del Congreso Juan Carlos Alderete (CCC).
Las organizaciones sociales vienen haciendo controles de peso y talla en sus comedores y merenderos, que muestran la prevalencia de casos de chicos mal alimentados. Por ejemplo, en la última medición de Somos Barrios de Pie, el equipo de salud del movimiento encontró que el 42,8 por ciento de los niños y adolescentes que concurren a sus comedores tienen algún tipo de malnutrición . Eso eso se traduce, mayoritariamente, en sobrepeso o en obesidad, por una dieta con exceso de carbohidratos y falta de proteínas. En menor medida, también están encontrando baja talla o estatura, vinculados a una mala nutrición prologanda en el tiempo.
Alderete agregó que en la actualidad suman ocho los proyectos de ley presentados en el Congreso para la declaración de la emergencia alimentaria. "Queremos que se unifiquen y se traten para ser convertidos en ley".
Otras organizaciones encabezadas por el Frente de Organizaciones en Lucha se movilizaron a Desarrollo Social. Sus referentes mantuvieron hasta ayer reuniones con la segundas líneas del Ministerio, pero cuentan que las definiciones no llegan. “Nos vienen diciendo que tienen medidas en estudio: que está en análisis un aumento del salario social, que van a mejorar en envío de alimentos a los barrios… el problema es que las semanas pasan y las soluciones no llegan”, resumió Silvia Saravia ( Barrios de Pie) sobre la situación. Su agrupación, junto con el Polo Obrero, marchó por la avenida 9 de julio hasta el cruce con Belgrano, con un corte de calle exigieron respuestas.
Saravia denunció que los envíos de productos como la leche en polvo fueron discontinuados, y que en las remesas a los comedores, a medida que los precios de los alimentos subieron, los productos de mejor calidad nutricional fueron reemplazados por otros baratos o ya stockeados por Desarrollo Social. "En algunas provincias recibimos bidones de agua en lugar de leche. Llenaron las cajas de frascos de mermelada, mientras faltan insumos que son mucho más básicos para la alimentación".
El viernes pasado, la Pastoral Social de la iglesia reclamó también al gobierno que declare la emergencia alimentaria. Y el martes hicieron lo mismo los intendentes peronistas de la provincia de Buenos Aires, que exigieron a la gobernadora María Eugenia Vidal que refuerce las partidas presupuestarias de los comedores y escuelas del distrito. Los jefes comunales marcaron que se deben aumentar los cupos en los comedores escolares y abrir nuevos en colegios secundarios y de formación de adultos, "ante la suba indiscriminada de los precios de las últimas semanas".
Según el Observatorio de Políticas Públicas de la
Universidad de Avellaneda, más de cinco millones de argentinos hoy no
pueden acceder a una alimentación básica. El número de personas que
comen poco o mal es el doble que en 2016. El Observatorio lo señala como
consecuencia del aumento en el precio de los alimentos: sólo en el
último año, la leche aumentó un 88,7%; la manteca un 88,3%; las salchichas un 84%; los fideos un 74%; el arroz un 70,9%; y el pollo un 70,3%
El salario social que cobran los integrantes de las cooperativas de empleo (de programas como Hacemos Futuro) es de 7.500 pesos, es decir que alcanza para media canasta alimentaria (exactamente el 58 por ciento de una canasta) . También la Asignación Universal por Hijo -la principal política de protección destinada a los niños- es una frazada corta. El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) dio a conocer este mes un análisis en el que muestra que la AUH (2667 pesos por hijo) sólo alcanza para cubrir las necesidades alimentarias de los chicos menores a 4 años. De esa edad para arriba, no.
Las protestas
Como ya sucedió en las dos semanas anteriores, volvieron a salir a la calle prácticamente todas las organizaciones populares. Ctep, Somos Barrios de Pie, la CCC y el Frente Darío Santillán marcharon desde la Avenida de Mayo y 9 de Julio hasta el Congreso, donde ocho proyectos de ley de emergencia alimentaria esperan tratamiento. El gobierno siempre se opuso a que sean debatidos."Venimos planteando la necesidad de esta ley desde 2018, cuando hicimos la Marcha Federal. En aquel momento hubo diputados que tomaron nuestro planteo y presentaron entonces un anteproyecto de ley, pero pasó un año y medio y nunca llegó a ser votado", recordó desde la plaza del Congreso Juan Carlos Alderete (CCC).
Las organizaciones sociales vienen haciendo controles de peso y talla en sus comedores y merenderos, que muestran la prevalencia de casos de chicos mal alimentados. Por ejemplo, en la última medición de Somos Barrios de Pie, el equipo de salud del movimiento encontró que el 42,8 por ciento de los niños y adolescentes que concurren a sus comedores tienen algún tipo de malnutrición . Eso eso se traduce, mayoritariamente, en sobrepeso o en obesidad, por una dieta con exceso de carbohidratos y falta de proteínas. En menor medida, también están encontrando baja talla o estatura, vinculados a una mala nutrición prologanda en el tiempo.
Alderete agregó que en la actualidad suman ocho los proyectos de ley presentados en el Congreso para la declaración de la emergencia alimentaria. "Queremos que se unifiquen y se traten para ser convertidos en ley".
Otras organizaciones encabezadas por el Frente de Organizaciones en Lucha se movilizaron a Desarrollo Social. Sus referentes mantuvieron hasta ayer reuniones con la segundas líneas del Ministerio, pero cuentan que las definiciones no llegan. “Nos vienen diciendo que tienen medidas en estudio: que está en análisis un aumento del salario social, que van a mejorar en envío de alimentos a los barrios… el problema es que las semanas pasan y las soluciones no llegan”, resumió Silvia Saravia ( Barrios de Pie) sobre la situación. Su agrupación, junto con el Polo Obrero, marchó por la avenida 9 de julio hasta el cruce con Belgrano, con un corte de calle exigieron respuestas.
Saravia denunció que los envíos de productos como la leche en polvo fueron discontinuados, y que en las remesas a los comedores, a medida que los precios de los alimentos subieron, los productos de mejor calidad nutricional fueron reemplazados por otros baratos o ya stockeados por Desarrollo Social. "En algunas provincias recibimos bidones de agua en lugar de leche. Llenaron las cajas de frascos de mermelada, mientras faltan insumos que son mucho más básicos para la alimentación".
El viernes pasado, la Pastoral Social de la iglesia reclamó también al gobierno que declare la emergencia alimentaria. Y el martes hicieron lo mismo los intendentes peronistas de la provincia de Buenos Aires, que exigieron a la gobernadora María Eugenia Vidal que refuerce las partidas presupuestarias de los comedores y escuelas del distrito. Los jefes comunales marcaron que se deben aumentar los cupos en los comedores escolares y abrir nuevos en colegios secundarios y de formación de adultos, "ante la suba indiscriminada de los precios de las últimas semanas".
¡Emergencia alimentaria ya!
10 de septiembre: Jornada Nacional de Lucha con paros y movilizaciones en todo el país
Miércoles 4 de septiembre de 2019, por *
La
Comisión Ejecutiva Nacional de la CTA Autónoma definió continuar con el
plan de lucha, y lanzó una Jornada Nacional para el martes 10 de
septiembre, con paros y movilizaciones en todo el país.
Esta tarde se reunió la Comisión Ejecutiva Nacional de la CTA Autónoma para analizar la coyuntura ante las últimas medidas del gobierno y el aumento por decreto del Salario Mínimo, Vital y Móvil, con una cifra que está muy por debajo de la canasta básica. Definió continuar con el plan de lucha, y lanzó una Jornada Nacional para el martes 10 de septiembre, con paros y movilizaciones en todo el país.
La Jornada Nacional de Lucha incluirá paros y movilizaciones desde Ushuaia a La Quiaca en respaldo de la lucha de los gremios estatales y del pueblo de Chubut, que lleva adelante una verdadera pueblada.
Se exigirá la implementación de la Emergencia Alimentaria, para atender la urgencia del hambre; y ante la crítica situación de los pibes y pibas de nuestra patria, la CTA Autónoma exigirá que se duplique el monto que reciben las familias a través de la Asignación Universal por Hijo o Hija.
Las acciones serán además contra las políticas de ajuste, de hambre y de saqueo del Gobierno y del Fondo Monetaria Internacional, para exigir la reincorporación de todas y todos los trabajadores despedidos, la reapertura de las paritarias, y medidas urgentes para atender la situación de las y los jubilados.
Asimismo, se definió convocar a movilizar, este jueves 5 a las 10 de la mañana, a la Casa de Chubut en Capital Federal (Sarmiento 1172), en el marco de la Jornada de Lucha de CONADU Histórica, y en solidaridad con las reivindicaciones de las y los trabajadores de esa provincia.
Ni un despido más, ni un trabajador menos
10 de septiembre: Paro Nacional de ATE
Martes 3 de septiembre de 2019, por *
Se
reunió ayer el Consejo Directivo Nacional de ATE en la sede del gremio
para analizar el contexto actual, avanzar con propuestas y continuar con
el plan de lucha. En este contexto, se definió realizar un Paro
Nacional el próximo 10 de septiembre con movilizaciones en todo el país.
La medida está enmarcada en exigir la reincorporación de todas y todos
los trabajadores despedidos, reapertura salarial, restablecimiento de
todos los programas que fueron dados de baja, el rechazo al acuerdo
entre el Gobierno y UPCN para la estabilidad y aumento desmedido de los
cargos jerárquicos en la Alta Dirección Pública, y rechazar el escaso
aumento resuelto por el Gobierno en la reunión del Consejo del Salario
Mínimo, Vital y Móvil realizada el pasado viernes. Y, en el marco de la
jornada del pasado 28 de agosto, ATE continúa movilizado en la lucha
para enfrentar el hambre.Además de la medida de fuerza, el próximo jueves 5 de septiembre se llevará a cabo en el gremio el encuentro ’El Derecho al Acceso a Medicamentos en la Argentina que viene’, a cargo de IDEP Salud.
También, el 5 de septiembre, se realizará en el Hotel Quagliaro la reunión de Mujeres de ATE con Responsabilidad de Género. Y el día 6, la reunión de Secretarias de Género de la CTA Autónoma de todo el país.
Estas dos actividades se enmarcan en lo que será el Encuentro de 12, 13 y 14 de octubre a realizarse en la ciudad de La Plata.
Finalmente, para la primera semana de octubre, se realizará el encuentro de debate de Políticas Públicas para discutir el Estado que viene con el próximo gobierno.
Marcha de sindicatos privados de la CTAA
“El camino de la democracia y la libertad es el que hemos elegido para luchar contra las burocracias”
Miércoles 4 de septiembre de 2019, por *
Esta
tarde, los sindicatos que nuclean a trabajadores y trabajadoras de la
actividad privada en la CTA Autónoma movilizaron a la Secretaría del
Trabajo en reclamo de Libertad y Democracia Sindical, en defensa del
trabajo y de los salarios.
La concentración se realizó en las puertas del Congreso Nacional, en Callao y Rivadavia. Desde ese punto, la Secretaria Gremial de CTAA Capital y miembro del SITOS, Hebe Nelli, dijo a ACTA: “los y las trabajadoras del sector privado de la CTA Autónoma nos estamos movilizando a la Secretaría de Trabajo para exigir salarios y condiciones de trabajo dignas, para decirle basta a la precarización, a la reforma laboral, tanto en términos convencionales como el proyecto legislativo que quisieron implementar y le dijimos que no en las calles y estamos también exigiendo que se reconozcan nuestras organizaciones sindicales porque somos las que día a día oponemos resistencia a estas políticas de ajuste”.
Víctor Grossi, Secretario General del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Construcción, explicó: “el SITRAIC hoy se encuentra presente porque en el caso de la industria de la construcción, nosotros hace tiempo que venimos diciendo que se está produciendo una sangría terrible con pérdidas de puesto de trabajo todos los días y ahora peligrando nuevamente la obra privada por la devaluación permanente en la que estamos”.
A su turno, Silverio Gómez, Secretario General de Unión de Conductores
de la República Argentina (UCRA), añadió: Nos movilizamos para denunciar
la crisis que estamos atravesando en el país y la situación de la
mayoría de los trabajadores y las trabajadoras. Esperamos respuestas del
director de Asociaciones Sindicales. Vamos a estar más juntos que
nunca, eso es lo que resolvimos en todas las reuniones que resolvimos
del sector privado.En representación de la Asociación de Buzos Profesionales, su Secretario General, Néstor Andersen, añadió: “estamos acá porque también tenemos frenado nuestro expediente de simple inscripción desde 2016. Vamos a seguir luchando por nuestras personerías”.
Por su parte, el Secretario General del Sindicato del Cuero, Marcelo Cappiello, indicó: “venimos en reclamo de todos los problemas que tiene el sector privado, por la crisis y el industricidio que se está llevando adelante en el país”.
Acto frente a la Secretaría de Trabajo
Desde Callao y Rivadavia, una masiva columna de compañeros y compañeras
marchó a la Secretaría de Trabajo, donde el Secretario Gremial de CTAA
Nacional, Daniel Jorajuria valoró la movilización: “es la continuidad a
la movilización de diciembre a la secretaría de trabajo, es la
continuidad de la movilización por el consejo del salario y de lo que va
a ser el 10, con paros y movilizaciones para que se termine el ajuste
del gobierno de Macri”.“Este ministerio no oficializó una sola de las listas opositoras en los sindicatos de la CGT impulsadas por nuestros compañeros. No han entregado una sola inscripción. Esta secretaría es una maquina de impedir la legalidad de nuestras organizaciones y nuestras luchas”, agregó Jorajuría.
Y ratificó que “La lucha por la libertad y la democracia sindical es clave en nuestra Central. Y hemos conseguido el fuero sindical de organizaciones simplemente inscriptas, para que puedan elegir delegados, entre otras cosas. Esta es la lucha que hemos elegido para acompañar la lucha de los sindicatos de la actividad privada. Este es el camino de la democracia y la libertad que hemos elegido para luchar contra las burocracias”.
Luego, el Secretario General del Sindicato del Vestido, y titular de la Cooperativa 8 de Enero, Fernando Castillo, remarcó: “a través de la organización sindical y de la CTA Autónoma seguimos luchando por la continuidad de los puestos de trabajo. Tenemos la fuerza necesaria para ocupar las fábricas y las calles, para organizamos y para luchar en defensa de nuestros trabajos”.
“En la unidad y en la calle está la lucha y el gobierno debe reconocernos. Desde el sindicato de la seguridad privada hace 10 años que estamos reclamando por la inscripción gremial. Basta de despidos y de precarización laboral”, agregó el compañero del Sindicato de Vigilancia OSTV.
Finalmente, Tomás Devoto, de Telefónicos de Pie, denunció: “Somos víctimas de las patotas sindicales que nos apretan por defender a los trabajadores. Tenemos que estar juntos y rodear a los compañeros en lucha para frenar al gobierno y a las patronales. No aceptamos la flexibilización laboral como las de Vaca Muerta que resultó en 8 compañeros muertos en accidentes. Tenemos que salir a buscar a los compañeros que están enfrentando el ajuste y luchan para frenar los despidos”.
Una Central que crece en el sector privado
En representación de la CTAA Capital, su Secretario General, Pablo
Spataro, dijo: “este modelo macrista ha beneficiado a la patria
financiera y ha desarmado la industria nacional, cierran las Pymes y los
comercios, los trabajadores estamos cada vez más precarizados. Por eso
debemos seguir construyendo organizaciones y agrupaciones en nuestros
sindicatos y dar las peleas. Muchas fuerza que en octubre se van”.Asimismo, Oscar De Isasi, de CTAA provincia de Buenos Aires, indicó: “la CTA Autónoma de la provincia va a seguir respaldando y poniendo lo que haga falta para que se desarrolle la organización en el sector privado. Donde hay problemas que transitan los trabajadores y trabajadoras, ahí tiene que estar la CTA Autónoma, para resolver y para ir por más derechos. La Central debe pertenecerle a todo aquel que vive de su trabajo, que quiere vivir de su trabajo y que vivió de su trabajo.
A continuación, ACTA reproduce el documento que se leyó en las puertas de la Secretaría de Trabajo:
En esta segunda marcha del sector privado, las agrupaciones y sindicatos de la CTA-A del Área Metropolitana de Buenos Aires venimos a denunciar las políticas de saqueo de este gobierno nefasto; venimos a visibilizar la situación de miles de trabajadores que perdieron sus puestos de trabajo o que no llegan a fin de mes; y venimos a exigir que este ministerio, devenido en secretaría, deje de obturar el desarrollo de las organizaciones sindicales que día a día, en cada fábrica, en cada oficina, en cada hospital, en cada lugar de trabajo, oponemos real resistencia a estas políticas. Venimos a decir también, que la tercera experiencia neoliberal en la historia cercana de la Argentina parece estar llegando a su fin pero no sin grandes costos para la clase trabajadora. Como en las anteriores de las Juntas militares y Martínez de Hoz y la de Menem, De la Rua y Cavallo.
Hace una semana el gobierno de la meritocracia y el libre mercado “reperfiló” la deuda e impuso un cepo cambiario. El problema es que los laburantes que vimos subir al salario por la escalera y a la inflación por el ascensor, no podemos pedir reperfilamiento. No podemos reperfilar la comida que debemos garantizarles a nuestres pibes en la mesa; no podemos reperfilar el boleto de colectivo; no podemos reperfilas la factura de luz, agua o gas. Nosotros no podemos reperfilar y punto.
Tampoco podemos comprar dólares, por lo que el cepo parecería no afectarnos. Lo que sí deja en evidencia, es que la plata que nos falta a nosotros la tienen otros que están queriendo fugarla al exterior. Muchos de ellos funcionarios de este gobierno que idearon estas medidas.
Pero todo esto no es una novedad: vinieron a hacer esto, vinieron a concentrar la riqueza en cada vez menos manos, vinieron a empobrecer cada vez más a nuestra clase trabajadora.
Una vez más, dictada por el Fondo Monetario Internacional según una receta que se aplica indistintamente al Zaire o a Chile, a Uruguay o a Indonesia, la política económica de este gobierno sólo reconoce como beneficiarios a la vieja oligarquía ganadera, la nueva oligarquía especuladora y a un grupo selecto de monopolios internacionales al que están ligados todos los miembros de su gabinete.
Los números hablan por sí solos:
La inflación interanual al mes de julio de 2019 llegó al 55.8 %; mientras que los salarios de les trabajadores privados registrades aumentaron en promedio un 41 % y un 34 % aquelles no registrades. Esto quiere decir que -en el mejor de los casos- la inflación se encuentra casi 15 puntos por delante de los salarios.
Hoy una familia tipo necesita más de $31.200 para llegar a fin de mes. Sin embargo, el 50 % de los hogares en nuestro país no los alcanza y el 80% de les trabajadores no cuentan con sueldos que lleguen a ese monto.
Los números de la industria y consecuentemente en los sectores de comercio y servicio, no son más alentadores: mientras los bancos obtienen $3.000 millones por día en intereses de Leliqs, el PBI cayó un 5,8 % interanual en el primer trimestre del año, la producción industrial sufrió una caída interanual del 6.9 % a junio de 2019 y el estimado mensual de actividad económica volvió a caer consecutivamente, esta vez un 0.4 % sólo en ése mes.
Esto se traduce en un 10.1 % de desocupades, y un 11.8 % de subocupades, un 35 % de asalariades no registrades y altamente precarizades y un 27.6 % de la población económicamente activa que está buscando trabajo porque con un sólo sueldo no alcanza.
Con más de un tercio de nuestro país sumido en la pobreza, con uno de cada dos de nuestres pibes sufriendo hambre en el granero del mundo, podemos decir que una vez más lo que ustedes llaman aciertos son errores, lo que reconocen como errores son crímenes y lo que omiten son calamidades.
A todo esto debe sumarse el intento fallido de aprobar una ley de reforma laboral, que fue impedida por la movilización y resistencia popular. Sin embargo, somos conscientes de que la precarización se comenzó a practicar en la vida cotidiana de los lugares de trabajo, con la complicidad y a través de acuerdos a la baja y a espaldas de les trabajadores, firmados por las burocracias sindicales.
Burocracias alejadas de los laburantes que deberían representar; burocracias machirulas sin mujeres en sus cargos de conducción aún en los gremios conformados mayoritariamente por trabajadoras; burocracias que niegan la participación de los migrantes en aquellos rubros donde la mayoría de sus representados son trabajadores de otras latitudes que vinieron a buscar el pan a nuestro país.
En definitiva, para tener éxito en sus políticas económicas de ahogo a la clase trabajadora, necesitaban de un sindicalismo que no represente los intereses de les trabajadores y obturar a quienes sí lo hacemos. Por ello es que fue fundamental para esta gestión la traba de personerías e inscripciones gremiales de nuevas organizaciones o la no homologación de acuerdos o convenios colectivos de trabajo que se salgan de los límites puestos por este gobierno.
En este sentido, reafirmamos nuestras banderas históricas de democracia y libertad sindical, amparados en la Constitución Nacional, los tratados internacionales a los que Argentina ha adherido y los convenios de la OIT. Estamos convencidos de que los trabajadores tenemos derecho a organizarnos colectivamente para defender nuestras conquistas y alcanzar mejores niveles de vida, en la disputa por la riqueza.
Por eso, con el deber y la dignidad de representar los intereses de nuestra clase venimos una vez más a exigir:
SALARIOS Y TRABAJO DIGNO PARA NUESTRA CLASE.
LIBERTAD Y DEMOCRACIA SINDICAL. PERSONERIAS E INSCRIPCIONES GREMIALES YA PARA NUESTROS GREMIOS.
Y para decirle:
NO A LA PRECARIZACIÓN LABORAL
NO A LA REFORMA LABORAL POR SECTOR O POR LEY
El hambre es un crimen
Giuliani: "Las políticas de Macri son un genocidio"
Miércoles 4 de septiembre de 2019, por *
En una
nueva Jornada Nacional de Lucha de los movimientos sociales, la
Federación Nacional Territorial (FeNaT-CTA-A) movilizó al Ministerio de
Desarrollo Social para exigir que se decrete la Emergencia Alimentaria, y
que se implementen medidas urgentes para atender las consecuencias de
la crisis social, agravada por el golpe de mercado.
La Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma estuvo presente en
la jornada de lucha de las organizaciones sociales, para exigir una vez
más acciones inmediatas para atender la crisis social que vive nuestro
país. "Hoy volvimos a salir a la calle para reclamar que se declare, de
manera urgente, la emergencia alimentaria porque esto puede significar
para muchos literalmente la vida o la muerte. Hay pibes y pibas que no
comen ya que hay más de 6 millones de menores en la pobreza", dijo Omar
Giuliani, Coordinador Nacional de la FeNaT-CTA-A.La inmensa movilización fue protagonizada por la FeNaT, la tríada "San Cayetano", compuesta por la CCC, CTEP y Barrios de Pie, junto al Frente Popular Darío Santillán y el FOL, entre otras organizaciones populares. En ese sentido, Giuliani afirmó que "la Jornada Nacional de Lucha, con todos los movimientos sociales en la calle, muestra el espíritu de unidad para decir que el hambre que sufrimos no da para esperar más, y si hace falta vamos a acampar acá en la 9 de julio, hasta que nos escuchen".
Aunque la demanda de los convocantes a la marcha es de políticas que
contengan la tragedia social, Giuliani apuntó también contra los
responsables del estado de las cosas y dijo que "la política económica
diseñada por el gobierno y el FMI tiene como único objetivo la
transferencia de recursos y de la riqueza de nuestro país hacia las
corporaciones y grupos especulativos financieros, empujando a gran parte
de nuestro pueblo a la pobreza y a la indigencia".Para finalizar, el dirigente social también dejó un mensaje para el próximo gobierno: "Nosotros venimos denunciando al gobierno de Macri y a su ministra Carolina Stanley como responsables por el empobrecimiento y el hambre creciente. Pero también decimos que el próximo gobierno debe atender esta situación desde el primer día, o serán también responsables de este genocidio social".
URUGUAY
Enérgica condena a represión policial
Ante la constatación de represión policial a una movilización realizada por organizaciones sociales durante la noche de ayer.
El PIT-CNT declara:
Su enérgica condena a cualquier tipo de mecanismo represivo que pretenda resolver por esa vía los conflictos sociales.
La exigencia a las autoridades de investigar a fondo la actuación policial, actuando con firmeza en caso de constatar provocaciones que resultaran desencadenantes de los hechos y cualquier tipo de violación a los derechos humanos.
El reclamo de que se proceda en forma inmediata a la liberación de las personas detenidas durante la movilización.
La exigencia de respeto por parte de las autoridades al derecho libre e irrenunciable de nuestro pueblo a movilizarse de forma pacífica por cada causa que sienta justa.
El PIT-CNT declara:
Su enérgica condena a cualquier tipo de mecanismo represivo que pretenda resolver por esa vía los conflictos sociales.
La exigencia a las autoridades de investigar a fondo la actuación policial, actuando con firmeza en caso de constatar provocaciones que resultaran desencadenantes de los hechos y cualquier tipo de violación a los derechos humanos.
El reclamo de que se proceda en forma inmediata a la liberación de las personas detenidas durante la movilización.
La exigencia de respeto por parte de las autoridades al derecho libre e irrenunciable de nuestro pueblo a movilizarse de forma pacífica por cada causa que sienta justa.
Incidentes, daños y siete detenidos tras manifestación anti-UPM
Se
produjeron incidentes entre la Policía y manifestantes que provocaron
daños a propiedades públicas y privadas, así como lesiones a un policía.
La
Policía Nacional advirtió hace tiempo la existencia de un grupo que
reitera las conductas de vandalizar propiedades (públicas y/o privadas) y
agredir a policías que están en servicios aislados, modificando las
acciones previas a la convocatoria, situación que se volvió a repetir en
esta instancia, generando la actuación y respuesta inmediata.
Los hechosSobre las 20 horas del pasado jueves 5 de setiembre, efectivos policiales cumplían funciones de patrullaje en apoyo a una manifestación en curso por la Avda. 18 de Julio cuando son alertados por el Centro de Comando Unificado que en Avda. Libertador y Mercedes se estaba produciendo un desorden de importancia.
Al arribo, los efectivos avistan un grupo de unas 15 personas aproximadamente, de las cuales algunas agredían a un funcionario policial en el piso, procediendo rápidamente a su auxilio y la dispersión de los manifestantes. Ante la agresividad persistente de algunos se procede a la utilización de armas no letales utilizadas según protocolos (ángulo de 45º y rebote), procurando hacer desistir a los manifestantes que lanzaban piedras contra los uniformados. Finalmente logran dispersarlos y sofocar el incidente, procediéndose a la detención de 3 personas, que fueron identificadas por el policía agredido como responsables de sus lesiones.
Se brindó asistencia al funcionario policial quien manifestó que mientras realizaba tareas por servicio al amparo del Art. 222 en la casa central del BSE, avista a varios manifestantes que grafiteaban edificios y golpeaban los vehículos estacionados en la vía pública, por lo que solicita que desistan de esa actitud. En ese momento es agredido con un golpe propinado por atrás por otro manifestante con un objeto contundente que lo derriba de su altura; al mismo tiempo, otro manifestante le rocía con un aerosol de pintura en la cara y comienzan a golpearle en el piso.
Ese disturbio fue avistado por los visualizadores del CCU, quienes solicitaron apoyo inmediato al lugar, arribando un grupo que asistió al policía agredido y dispersó a los manifestantes, procediendo a la detención de los implicados.
Posteriormente, llegó un grupo mayor de manifestantes (unos 50 aproximadamente), quienes con sus rostros cubiertos continuaron con la pedrea hacia los efectivos policiales. Finalmente fueron dispersados produciéndose la detención de dos personas más, que participaban de los hechos.
En total fueron 5 los detenidos por la agresión al policía y las pedreas posteriores (4 hombres y una mujer), a los que se sumaron 2 hombres más que provocaron daños en un móvil policial cuando un grupo de personas se manifestaban frente a la sede de la Seccional 7ª solicitando la liberación de los detenidos en los disturbios en Avda. Libertador.
Todos los detenidos fueron llevados a revisión médica; de los detenidos, 2 presentaron lesiones según consta en la boleta de constatación médica.
El policía agredido presentó traumatismo facial con múltiples erosiones en región pomular.
LA CLAVE: Resolución fiscalLa Fiscalía de Flagrancia de 12º turno de Montevideo dispuso el cese de detención para uno de los detenidos, mientras que los restantes fueran conducidos a prestar declaración en Fiscalía ayer por la mañana. Asimismo, solicitó la declaración del policía agredido y el relevamiento -por parte de Policía Científica- de los daños producidos en locales comerciales o instituciones públicas provocados por los manifestantes.
Movilización contra UPM 2, el 5 de setiembre, por la avenida 18 de Julio.
CONDENA 06 de septiembre de 2019, 22:38hs - LR21
La central de trabajadores declaró su “enérgica condena a cualquier tipo de mecanismo represivo que pretenda resolver por esa vía los conflictos sociales”.
Exige a las autoridades “investigar a fondo la actuación policial, actuando con firmeza en caso de constatar provocaciones que resultaran desencadenantes de los hechos y cualquier tipo de violación a los derechos humanos”.
El PIT-CNT reclama que “se proceda en forma inmediata a la liberación de las personas detenidas durante la movilización”.
Expresa “la exigencia de respeto por parte de las autoridades al derecho libre e irrenunciable de nuestro pueblo a movilizarse de forma pacífica por cada causa que sienta justa”.
Tras los hechos, el Ministerio del Interior emitió un comunicado a través del cual manifiesta que hubo “incidentes, daños y siete ambientalistas detenidos”.
De acuerdo a la secretaría de Estado la Policía “advirtió hace tiempo la existencia de un grupo que reitera las conductas de vandalizar propiedades (públicas y/o privadas) y agredir a policías que están en servicios aislados, modificando las acciones previas a la convocatoria, situación que se volvió a repetir en esta instancia generando la actuación y respuesta inmediata”.
Los hechosSobre las 20 horas del pasado jueves 5 de setiembre, efectivos policiales cumplían funciones de patrullaje en apoyo a una manifestación en curso por la Avda. 18 de Julio cuando son alertados por el Centro de Comando Unificado que en Avda. Libertador y Mercedes se estaba produciendo un desorden de importancia.
Al arribo, los efectivos avistan un grupo de unas 15 personas aproximadamente, de las cuales algunas agredían a un funcionario policial en el piso, procediendo rápidamente a su auxilio y la dispersión de los manifestantes. Ante la agresividad persistente de algunos se procede a la utilización de armas no letales utilizadas según protocolos (ángulo de 45º y rebote), procurando hacer desistir a los manifestantes que lanzaban piedras contra los uniformados. Finalmente logran dispersarlos y sofocar el incidente, procediéndose a la detención de 3 personas, que fueron identificadas por el policía agredido como responsables de sus lesiones.
Se brindó asistencia al funcionario policial quien manifestó que mientras realizaba tareas por servicio al amparo del Art. 222 en la casa central del BSE, avista a varios manifestantes que grafiteaban edificios y golpeaban los vehículos estacionados en la vía pública, por lo que solicita que desistan de esa actitud. En ese momento es agredido con un golpe propinado por atrás por otro manifestante con un objeto contundente que lo derriba de su altura; al mismo tiempo, otro manifestante le rocía con un aerosol de pintura en la cara y comienzan a golpearle en el piso.
Ese disturbio fue avistado por los visualizadores del CCU, quienes solicitaron apoyo inmediato al lugar, arribando un grupo que asistió al policía agredido y dispersó a los manifestantes, procediendo a la detención de los implicados.
Posteriormente, llegó un grupo mayor de manifestantes (unos 50 aproximadamente), quienes con sus rostros cubiertos continuaron con la pedrea hacia los efectivos policiales. Finalmente fueron dispersados produciéndose la detención de dos personas más, que participaban de los hechos.
En total fueron 5 los detenidos por la agresión al policía y las pedreas posteriores (4 hombres y una mujer), a los que se sumaron 2 hombres más que provocaron daños en un móvil policial cuando un grupo de personas se manifestaban frente a la sede de la Seccional 7ª solicitando la liberación de los detenidos en los disturbios en Avda. Libertador.
Todos los detenidos fueron llevados a revisión médica; de los detenidos, 2 presentaron lesiones según consta en la boleta de constatación médica.
El policía agredido presentó traumatismo facial con múltiples erosiones en región pomular.
LA CLAVE: Resolución fiscalLa Fiscalía de Flagrancia de 12º turno de Montevideo dispuso el cese de detención para uno de los detenidos, mientras que los restantes fueran conducidos a prestar declaración en Fiscalía ayer por la mañana. Asimismo, solicitó la declaración del policía agredido y el relevamiento -por parte de Policía Científica- de los daños producidos en locales comerciales o instituciones públicas provocados por los manifestantes.
Varias organizaciones sociales criticaron la represión policial
en la protesta contra UPM 2
Tres de los siete detenidos fueron liberados ayer, y los otros cuatro deberán volver a declarar hoy.
Ante la constatación de “represión policial a una movilización”
contra la pastera de UPM realizada el jueves por organizaciones
sociales, el Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT declaró esta tarde su
“enérgica condena a cualquier tipo de mecanismo represivo que pretenda
resolver por esa vía los conflictos sociales”. La dirección de la
central sindical reclamó que las autoridades investiguen “a fondo” la
actuación policial, y que actúen “con firmeza” en caso de constatar
“provocaciones que resultaran desencadenantes de los hechos y cualquier
tipo de violación a los derechos humanos”.
También el Servicio Paz y Justicia (Serpaj) repudió el operativo policial en el que “se amenazó, se utilizaron balas de goma y palos contra” los manifestantes, y denunció que diez personas fueron alcanzadas por balas de goma. Para Serpaj, el “violento accionar” de la Policía fue “excesivo, arbitrario y totalmente innecesario”.
El Ministerio del Interior (MI) publicó un comunicado en el que afirma que los policías se encontraron con un grupo de unos 15 manifestantes, “de los cuales algunos agredían a un funcionario policial en el piso”, que luego vandalizaron locales públicos y privados en el centro de Montevideo. De acuerdo con el texto, el policía agredido cumplía un servicio 222 en la sede del Banco de Seguros del Estado. “La Policía Nacional advirtió hace tiempo la existencia de un grupo que reitera las conductas de vandalizar propiedades (públicas y/o privadas) y agredir a policías que están en servicios aislados”, y esto pasó en la manifestación del jueves, afirmó el ministerio. A su vez, el sindicato policial defendió el operativo y afirmó que “se ajustó a la ley”.
Según el comunicado del MI, cinco personas fueron detenidas por la agresión al policía y por tirar piedras contra otros funcionarios, y otras dos por dañar un vehículo de la Policía frente a la Seccional 7ª. Tres de esas siete personas fueron liberadas ayer, y las otras cuatro deberán volver a declarar hoy ante la Fiscalía. Según informó Subrayado, dos de los manifestantes fueron detenidos cuando se acercaron a la seccional en la que se encontraban sus compañeros. Eran sospechosos de causar daños a autos policiales, pero en las imágenes que se presentaron a la Fiscalía no quedó en evidencia que lo hubieran hecho.
También el Servicio Paz y Justicia (Serpaj) repudió el operativo policial en el que “se amenazó, se utilizaron balas de goma y palos contra” los manifestantes, y denunció que diez personas fueron alcanzadas por balas de goma. Para Serpaj, el “violento accionar” de la Policía fue “excesivo, arbitrario y totalmente innecesario”.
El Ministerio del Interior (MI) publicó un comunicado en el que afirma que los policías se encontraron con un grupo de unos 15 manifestantes, “de los cuales algunos agredían a un funcionario policial en el piso”, que luego vandalizaron locales públicos y privados en el centro de Montevideo. De acuerdo con el texto, el policía agredido cumplía un servicio 222 en la sede del Banco de Seguros del Estado. “La Policía Nacional advirtió hace tiempo la existencia de un grupo que reitera las conductas de vandalizar propiedades (públicas y/o privadas) y agredir a policías que están en servicios aislados”, y esto pasó en la manifestación del jueves, afirmó el ministerio. A su vez, el sindicato policial defendió el operativo y afirmó que “se ajustó a la ley”.
Según el comunicado del MI, cinco personas fueron detenidas por la agresión al policía y por tirar piedras contra otros funcionarios, y otras dos por dañar un vehículo de la Policía frente a la Seccional 7ª. Tres de esas siete personas fueron liberadas ayer, y las otras cuatro deberán volver a declarar hoy ante la Fiscalía. Según informó Subrayado, dos de los manifestantes fueron detenidos cuando se acercaron a la seccional en la que se encontraban sus compañeros. Eran sospechosos de causar daños a autos policiales, pero en las imágenes que se presentaron a la Fiscalía no quedó en evidencia que lo hubieran hecho.
PIT-CNT manifestó su enérgica condena a “represión policial” en marcha contra UPM II
El PIT-CNT emitió un comunicado a través del cual manifestó su “enérgica condena” ante la “constatación de represión policial a una movilización realizada por organizaciones sociales durante la noche del jueves 5 de septiembre contra UPM II.
CONDENA 06 de septiembre de 2019, 22:38hs - LR21
La central de trabajadores declaró su “enérgica condena a cualquier tipo de mecanismo represivo que pretenda resolver por esa vía los conflictos sociales”.
Exige a las autoridades “investigar a fondo la actuación policial, actuando con firmeza en caso de constatar provocaciones que resultaran desencadenantes de los hechos y cualquier tipo de violación a los derechos humanos”.
El PIT-CNT reclama que “se proceda en forma inmediata a la liberación de las personas detenidas durante la movilización”.
Expresa “la exigencia de respeto por parte de las autoridades al derecho libre e irrenunciable de nuestro pueblo a movilizarse de forma pacífica por cada causa que sienta justa”.
Manifestación
En el marco de la marcha de este jueves 5 contra la instalación de la segunda planta de celulosa de UPM y la “injerencia de la empresa en la educación”, se generaron enfrentamientos con la Policía.Tras los hechos, el Ministerio del Interior emitió un comunicado a través del cual manifiesta que hubo “incidentes, daños y siete ambientalistas detenidos”.
De acuerdo a la secretaría de Estado la Policía “advirtió hace tiempo la existencia de un grupo que reitera las conductas de vandalizar propiedades (públicas y/o privadas) y agredir a policías que están en servicios aislados, modificando las acciones previas a la convocatoria, situación que se volvió a repetir en esta instancia generando la actuación y respuesta inmediata”.
Pit-Cnt reclamó liberación inmediata de detenidos en marcha contra UPM
La central sindical exigió a las autoridades que investiguen "a
fondo" la actuación policial durante la manifestación de este jueves.
El Pit-Cnt decidió pronunciarse ante "la constatación de represión policial" en la manifestación realizada en la noche de este jueves por integrantes de distintas organizaciones sociales contra la instalación de la segunda planta de UPM.
La central sindical reclamó la liberación "inmediata" de los militantes que fueron detenidos mientras se manifestaban por las calles de Montevideo.
A su vez, exigió a las autoridades que investiguen "a fondo" la actuación policial durante la marcha y que actúen con "firmeza" en caso de constatar cualquier tipo de violación a los derechos humanos o provocaciones que resultaran desencadenantes de los hechos.
También, exigió "respeto por parte de las autoridades al derecho libre e irrenunciable" del pueblo "a movilizarse de forma pacífica por cada causa que entienda justa".
Por último, condenó "cualquier tipo de mecanismo represivo que pretenda resolver por esa vía los conflictos sociales".
El Pit-Cnt decidió pronunciarse ante "la constatación de represión policial" en la manifestación realizada en la noche de este jueves por integrantes de distintas organizaciones sociales contra la instalación de la segunda planta de UPM.
La central sindical reclamó la liberación "inmediata" de los militantes que fueron detenidos mientras se manifestaban por las calles de Montevideo.
A su vez, exigió a las autoridades que investiguen "a fondo" la actuación policial durante la marcha y que actúen con "firmeza" en caso de constatar cualquier tipo de violación a los derechos humanos o provocaciones que resultaran desencadenantes de los hechos.
También, exigió "respeto por parte de las autoridades al derecho libre e irrenunciable" del pueblo "a movilizarse de forma pacífica por cada causa que entienda justa".
Por último, condenó "cualquier tipo de mecanismo represivo que pretenda resolver por esa vía los conflictos sociales".
Rechazo total
Serpaj repudia y denuncia “uso exacerbado de la fuerza policial” en marcha contra UPM
Desde
la ONG consideran "excesivo, arbitrario y totalmente innecesario el
violento accionar policial". Además, denunciarán lo ocurrido ante el
Instituto Nacional de Derechos Humanos.
06.09.2019 18:02 - MONTEVIDEO PORTAL
Foto: Unicom
El Servicio Paz y Justicia Uruguay
emitió un comunicado en el que repudia y denuncia "el uso exacerbado de
la fuerza policial" durante las manifestaciones en una marcha contra
UPM.
Durante el texto denuncian que "se desplegó un operativo fuertemente represivo".
"En el operativo se amenazó, se utilizaron balas de goma y palos contra todas y todos los manifestantes que ahí se encontraban, generando pánico en la gente que participaba y también en la que circulaba por la vía pública. Como consecuencia de esto resultaron heridas varias personas", agrega el texto.
Serpaj señala: "se retiene violentamente durante varios minutos en el piso a dos personas que marchaban pacíficamente, para luego llevar detenidas a cinco personas".
Además, explican que "se registran más de 10 personas alcanzadas por palos y/o balas de goma, que presentan lesiones en las piernas, brazos y espalda. Por ello serán realizadas las denuncias correspondientes ante la Institución Nacional de Derechos Humanos, esperando que se pueda expedir de manera pronta sobre esta situación".
Desde la ONG consideran "excesivo, arbitrario y totalmente innecesario el violento accionar de las fuerzas policiales y de la Guardia Republicana, que aplicó métodos de represión y amenazas que atentan contra todas las personas que allí se encontraban".
"Rechazamos estas prácticas intimidatorias que criminalizan la protesta social. Exigimos que Asuntos Internos del Ministerio del Interior realice una pronta investigación sobre los hechos acaecidos y la irresponsable violencia utilizada", añade el texto.
Serpaj "repudia y denuncia una práctica cada vez más extendida en el uso exacerbado de la fuerza policial durante manifestaciones públicas, de proporciones sumamente injustificadas y abusivas, con un claro objetivo de criminalización de la protesta social".
Asimismo, señalan como grave "la intervención de la Guardia Republicana en los espacios públicos, fuerza policial de choque, con fines represivos, que no cuentan con herramientas para gestionar o resolver conflictos de forma pacífica, que brinden garantías a la ciudadanía".
Por su parte, el Sindicato de Funcionarios Policiales de Montevideo asegura que "la actuación policial se ajustó a la ley", ya que quedó "en clara evidencia la agresión a la que es sometido un policía ante un tumulto violento que lo agrede".
Además, según la versión del Ministerio del Interior, un grupo de manifestantes agredió a un funcionario policial en el piso, por lo que se procedió "rápidamente a su auxilio y la dispersión de los manifestantes".
Montevideo Portal
Durante el texto denuncian que "se desplegó un operativo fuertemente represivo".
"En el operativo se amenazó, se utilizaron balas de goma y palos contra todas y todos los manifestantes que ahí se encontraban, generando pánico en la gente que participaba y también en la que circulaba por la vía pública. Como consecuencia de esto resultaron heridas varias personas", agrega el texto.
Serpaj señala: "se retiene violentamente durante varios minutos en el piso a dos personas que marchaban pacíficamente, para luego llevar detenidas a cinco personas".
Además, explican que "se registran más de 10 personas alcanzadas por palos y/o balas de goma, que presentan lesiones en las piernas, brazos y espalda. Por ello serán realizadas las denuncias correspondientes ante la Institución Nacional de Derechos Humanos, esperando que se pueda expedir de manera pronta sobre esta situación".
Desde la ONG consideran "excesivo, arbitrario y totalmente innecesario el violento accionar de las fuerzas policiales y de la Guardia Republicana, que aplicó métodos de represión y amenazas que atentan contra todas las personas que allí se encontraban".
"Rechazamos estas prácticas intimidatorias que criminalizan la protesta social. Exigimos que Asuntos Internos del Ministerio del Interior realice una pronta investigación sobre los hechos acaecidos y la irresponsable violencia utilizada", añade el texto.
Serpaj "repudia y denuncia una práctica cada vez más extendida en el uso exacerbado de la fuerza policial durante manifestaciones públicas, de proporciones sumamente injustificadas y abusivas, con un claro objetivo de criminalización de la protesta social".
Asimismo, señalan como grave "la intervención de la Guardia Republicana en los espacios públicos, fuerza policial de choque, con fines represivos, que no cuentan con herramientas para gestionar o resolver conflictos de forma pacífica, que brinden garantías a la ciudadanía".
Por su parte, el Sindicato de Funcionarios Policiales de Montevideo asegura que "la actuación policial se ajustó a la ley", ya que quedó "en clara evidencia la agresión a la que es sometido un policía ante un tumulto violento que lo agrede".
Además, según la versión del Ministerio del Interior, un grupo de manifestantes agredió a un funcionario policial en el piso, por lo que se procedió "rápidamente a su auxilio y la dispersión de los manifestantes".
Montevideo Portal
No es la forma
Articulación “No a la reforma” criticó la acción de la Policía en marcha contra UPM
Aseguran que el accionar policial “puso en riesgo tanto a los manifestantes como a las personas que circulaban por la zona”.
06.09.2019 18:41 - MONTEVIDEO PORTAL
Foto cedida a Montevideo Portal
La Articulación Nacional "No a la
reforma", que nació con intención de realizar una contracampaña a la
propuesta de reforma constitucional denominada "Vivir sin miedo", emitió
un comunicado en repudio a la acción policial de este jueves en el
Centro de Montevideo en el marco de una marcha contra UPM.
El comunicado señala que repudian "las acciones represivas y la desmedida violencia ejercida por la Guardia Republicana" en la manifestación, ya que "puso en riesgo tanto a los manifestantes como a las personas que circulaban por la zona".
"Este es un claro ejemplo del uso de las fuerzas represivas del Estado para acallar y criminalizar una manifestación legítima", añade el escrito.
En este sentido, aseguran que estos modelos de seguridad son los que rechazan desde la comisión, ya que son "estructuras militarizadas que repetidamente en nuestro país y en la región son utilizadas para reprimir manifestaciones".
"Expresamos nuestro rechazo a la violencia institucional y a la criminalización de la protesta porque la intimidación y el miedo no son la forma y representan una traba al libre ejercicio de los derechos democráticos y constitucionales de todas y todos", concluye el escrito.
Montevideo Portal
El comunicado señala que repudian "las acciones represivas y la desmedida violencia ejercida por la Guardia Republicana" en la manifestación, ya que "puso en riesgo tanto a los manifestantes como a las personas que circulaban por la zona".
"Este es un claro ejemplo del uso de las fuerzas represivas del Estado para acallar y criminalizar una manifestación legítima", añade el escrito.
En este sentido, aseguran que estos modelos de seguridad son los que rechazan desde la comisión, ya que son "estructuras militarizadas que repetidamente en nuestro país y en la región son utilizadas para reprimir manifestaciones".
"Expresamos nuestro rechazo a la violencia institucional y a la criminalización de la protesta porque la intimidación y el miedo no son la forma y representan una traba al libre ejercicio de los derechos democráticos y constitucionales de todas y todos", concluye el escrito.
Gran operativo en Fiscalía mientras declaran detenidos por la marcha
Militantes y organizaciones sociales contrarias a la instalación
de UPM hicieron una concentración en apoyo a los cuatro detenidos del
jueves.
Diferentes organizaciones sociales se manifestaron contrarias a la instalación de la segunda planta de la empresa finlandesa UPM y marcharon por las calles de Montevideo en la noche del jueves, instancia donde se enfrentaron con la Policía.
Los manifestantes comenzaron su caminata en la en una marcha que se inició en la plaza 1º de Mayo y cuatro personas resultaron detenidas luego de enfrentarse con la Policía.
Fuentes de la investigación confirmaron a ECOS que los efectivos utilizaron balas de goma para disuadir el accionar de los manifestantes, que hicieron pintadas en varios puntos del trayecto, en columnas y monumentos públicos.
Los detenidos declaran desde este viernes en la Fiscalía General de la Nación y hasta allí fueron los militantes contrarios a la instalación de la planta para expresar su repudio. La Policía hizo un perímetro de vallas sobre el edificio y hay varias unidades del Ministerio del Interior trabajando en el operativo.
Diferentes organizaciones sociales se manifestaron contrarias a la instalación de la segunda planta de la empresa finlandesa UPM y marcharon por las calles de Montevideo en la noche del jueves, instancia donde se enfrentaron con la Policía.
Los manifestantes comenzaron su caminata en la en una marcha que se inició en la plaza 1º de Mayo y cuatro personas resultaron detenidas luego de enfrentarse con la Policía.
Fuentes de la investigación confirmaron a ECOS que los efectivos utilizaron balas de goma para disuadir el accionar de los manifestantes, que hicieron pintadas en varios puntos del trayecto, en columnas y monumentos públicos.
Los detenidos declaran desde este viernes en la Fiscalía General de la Nación y hasta allí fueron los militantes contrarios a la instalación de la planta para expresar su repudio. La Policía hizo un perímetro de vallas sobre el edificio y hay varias unidades del Ministerio del Interior trabajando en el operativo.
Escribe Raúl Viñas
Opinión | No hay peor sordo… Respuesta a Esteban Valenti por columna sobre UPM
Las
plantaciones de árboles se desarrollaron en base a subsidios que
pagamos todos y que aprovecharon las multinacionales celulósicas
04.09.2019 14:50 - MONTEVIDEO PORTAL
Ministerio de Economía
Por Raúl Viñas
Me halaga que el Sr.Valenti haya hecho una recorrida en mi historial, aunque solo sea por buscarle la quinta pata al gato y le haya quedado incompleta, produciendo un resumen tendencioso.
Es bueno que un ciudadano con muy buen acceso a los medios de prensa y que incluso maneja su propio portal en la web, haya de pronto decidido interesarse en el tema, aunque mas no sea para protagonizar el triste papel del defensor de la empresa, complementando el accionar de algunos integrantes del gobierno.
Así sus dichos, que pretenden ser argumentos, se tiñen de las mismas falacias que antes expresaron voceros gubernamentales, cuando convenientemente para la empresa mezclan al sector forestal y sus actividades con las de las plantas de celulosa en zona franca.
De las zonas francas celulósicas no se generan más ingresos para el país que los de la compra de madera, al igual que si la misma se exportara a otros mercados. Compra que además hacen las zonas francas a sus propias empresas forestales, con las que no pueden ser tratadas como grupos económicos por la DGI al estar justamente en zona franca.
Las zonas francas son en todo el mundo como dice Valenti, "un instrumento válido para atraer inversiones" y en el Uruguay operan 11 que emplean algo más de diecisiete mil personas en sectores muy diversos. Las zonas francas permiten que actividades como las de servicios informáticos que pueden desarrollarse en todo el mundo, se instalen con ventaja en Uruguay al igual que algunos procesos industriales como la producción de concentrados de bebidas gaseosas que también pueden hacerse en cualquier lugar de planeta.
El problema es cuando se otorgan zonas francas al procesamiento de los productos locales, procesamiento que no se puede hacer salvo en la cercanía de las fuentes de producción, como es el caso de la celulosa que necesita la madera.
En el caso uruguayo, además, las plantaciones de árboles se desarrollaron en base a reintegros, exoneraciones y subsidios que pagamos todos los uruguayos y que, en su mayor parte, fueron aprovechados por las multinacionales celulósicas. Cuando esas plantaciones llegaron a una masa crítica que posibilitaba la industrialización local, momento en que el país podía pensar en recuperar al menos parte del dinero entregado, se permitió la instalación de la industria celulósica en Zona Franca.
Como ya dije, esas zonas francas son lo más parecido a factorías coloniales. Agrego ahora que no hay ejemplos en el mundo de países que entreguen de esa forma sus genuinas fuentes de recursos. Específicamente para la producción de celulosa, hay en todo el mundo solo dos zonas francas que son las dos entregadas por nuestro país a UPM y Stora-Arauco.
Ya no dice el Sr. Valenti que UPM mejorará el agua del Río Negro, como expresaron increíblemente autoridades ambientales de nuestro país, y no discute el costo para los uruguayos del TREN DE UPM al que trata de justificar con los mayores costos que supone una PPP. Eso en contrario de los informes del Ministerio de Economía y Finanzas que, concluyeron, era más barata la PPP que la obra pública directa cuando se decidió adjudicar la obra.
Debo reconocer además al Sr. Valenti, que no sale a la defensa del infame contrato firmado por nuestro gobierno con UPM, contrato que ha sido incluso criticado, tímidamente, por integrantes del partido de gobierno como los Señores Bergara y Olesker. Lamentablemente tampoco lo niega, cuando ese contrato nace bastardeado en base un conjunto de decretos aprobados en el primer período de presidencia del Dr. Vázquez sobre los que el Sr. Valenti evita expresarse.
Son esos los decretos 455/2007 y 477/2008 que determinan como los denominados "grandes proyectos de inversión", deban ser presentados exclusivamente en la Secretaría de la Presidencia de la República que los recibe y preside una comisión que los estudia y prepara el proyecto de un "contrato de inversión", figura que no existe en la ley de promoción de inversiones que el decreto dice reglamentar.
Así en el caso de UPM, los documentos en que se inscriben los compromisos asumidos por Uruguay para facilitar el negocio de UPM, son al menos tres.
El inicial se negoció en secreto y se firmó en 2017. Su firma se hizo en un acto público, con presencia de ministros que concurrieron, sin tener arte ni parte, a enmarcar la firma del Secretario del Presidente, su Secretario y el Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), con los representantes de UPM.
El segundo, modificativo del primero, permaneció fuera de la luz pública por casi un año. A este, solo se pudo tener acceso por una acción al amparo de la ley de acceso a la información pública. Su firma, realizada en secreto en abril de 2018, fue convalidada por el Poder Ejecutivo solo cuatro días después de realizada, confirmando que se firmó sin autorización previa.
El tercero, denominado "Contrato Complementario", también firmado en secreto, posibilitó el adelanto por parte de UPM de su anuncio para la construcción de la planta al otorgarle la posibilidad unilateral de retirarse del compromiso asumido.
Todos ellos sin posibilidad de control parlamentario como el que se exige a cualquier acuerdo internacional.
Así, lo invito al Sr. Valenti a que lea esos decretos y haga uso de su influencia mediática para impulsar su derogación, salvo que vea con buenos ojos la centralización en la secretaría de la Presidencia de la República de los proyectos de inversión y que el país se rebaje al nivel de las empresas para firmar contratos limitando o, directamente, eliminando en las operaciones con esas empresas a los poderes judicial y legislativo de la República.
De la misma forma quedo a sus órdenes para discutir, conversar o debatir a su conveniencia sobre estos temas dónde y cuándo lo considere conveniente.
Saludos
Raúl E. Viñas
METEORÓLOGO MSc
Integrante de MOVUS*
*Movimiento por Uruguay Sustentable
Me halaga que el Sr.Valenti haya hecho una recorrida en mi historial, aunque solo sea por buscarle la quinta pata al gato y le haya quedado incompleta, produciendo un resumen tendencioso.
Es bueno que un ciudadano con muy buen acceso a los medios de prensa y que incluso maneja su propio portal en la web, haya de pronto decidido interesarse en el tema, aunque mas no sea para protagonizar el triste papel del defensor de la empresa, complementando el accionar de algunos integrantes del gobierno.
Así sus dichos, que pretenden ser argumentos, se tiñen de las mismas falacias que antes expresaron voceros gubernamentales, cuando convenientemente para la empresa mezclan al sector forestal y sus actividades con las de las plantas de celulosa en zona franca.
De las zonas francas celulósicas no se generan más ingresos para el país que los de la compra de madera, al igual que si la misma se exportara a otros mercados. Compra que además hacen las zonas francas a sus propias empresas forestales, con las que no pueden ser tratadas como grupos económicos por la DGI al estar justamente en zona franca.
Las zonas francas son en todo el mundo como dice Valenti, "un instrumento válido para atraer inversiones" y en el Uruguay operan 11 que emplean algo más de diecisiete mil personas en sectores muy diversos. Las zonas francas permiten que actividades como las de servicios informáticos que pueden desarrollarse en todo el mundo, se instalen con ventaja en Uruguay al igual que algunos procesos industriales como la producción de concentrados de bebidas gaseosas que también pueden hacerse en cualquier lugar de planeta.
El problema es cuando se otorgan zonas francas al procesamiento de los productos locales, procesamiento que no se puede hacer salvo en la cercanía de las fuentes de producción, como es el caso de la celulosa que necesita la madera.
En el caso uruguayo, además, las plantaciones de árboles se desarrollaron en base a reintegros, exoneraciones y subsidios que pagamos todos los uruguayos y que, en su mayor parte, fueron aprovechados por las multinacionales celulósicas. Cuando esas plantaciones llegaron a una masa crítica que posibilitaba la industrialización local, momento en que el país podía pensar en recuperar al menos parte del dinero entregado, se permitió la instalación de la industria celulósica en Zona Franca.
Como ya dije, esas zonas francas son lo más parecido a factorías coloniales. Agrego ahora que no hay ejemplos en el mundo de países que entreguen de esa forma sus genuinas fuentes de recursos. Específicamente para la producción de celulosa, hay en todo el mundo solo dos zonas francas que son las dos entregadas por nuestro país a UPM y Stora-Arauco.
Ya no dice el Sr. Valenti que UPM mejorará el agua del Río Negro, como expresaron increíblemente autoridades ambientales de nuestro país, y no discute el costo para los uruguayos del TREN DE UPM al que trata de justificar con los mayores costos que supone una PPP. Eso en contrario de los informes del Ministerio de Economía y Finanzas que, concluyeron, era más barata la PPP que la obra pública directa cuando se decidió adjudicar la obra.
Debo reconocer además al Sr. Valenti, que no sale a la defensa del infame contrato firmado por nuestro gobierno con UPM, contrato que ha sido incluso criticado, tímidamente, por integrantes del partido de gobierno como los Señores Bergara y Olesker. Lamentablemente tampoco lo niega, cuando ese contrato nace bastardeado en base un conjunto de decretos aprobados en el primer período de presidencia del Dr. Vázquez sobre los que el Sr. Valenti evita expresarse.
Son esos los decretos 455/2007 y 477/2008 que determinan como los denominados "grandes proyectos de inversión", deban ser presentados exclusivamente en la Secretaría de la Presidencia de la República que los recibe y preside una comisión que los estudia y prepara el proyecto de un "contrato de inversión", figura que no existe en la ley de promoción de inversiones que el decreto dice reglamentar.
Así en el caso de UPM, los documentos en que se inscriben los compromisos asumidos por Uruguay para facilitar el negocio de UPM, son al menos tres.
El inicial se negoció en secreto y se firmó en 2017. Su firma se hizo en un acto público, con presencia de ministros que concurrieron, sin tener arte ni parte, a enmarcar la firma del Secretario del Presidente, su Secretario y el Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), con los representantes de UPM.
El segundo, modificativo del primero, permaneció fuera de la luz pública por casi un año. A este, solo se pudo tener acceso por una acción al amparo de la ley de acceso a la información pública. Su firma, realizada en secreto en abril de 2018, fue convalidada por el Poder Ejecutivo solo cuatro días después de realizada, confirmando que se firmó sin autorización previa.
El tercero, denominado "Contrato Complementario", también firmado en secreto, posibilitó el adelanto por parte de UPM de su anuncio para la construcción de la planta al otorgarle la posibilidad unilateral de retirarse del compromiso asumido.
Todos ellos sin posibilidad de control parlamentario como el que se exige a cualquier acuerdo internacional.
Así, lo invito al Sr. Valenti a que lea esos decretos y haga uso de su influencia mediática para impulsar su derogación, salvo que vea con buenos ojos la centralización en la secretaría de la Presidencia de la República de los proyectos de inversión y que el país se rebaje al nivel de las empresas para firmar contratos limitando o, directamente, eliminando en las operaciones con esas empresas a los poderes judicial y legislativo de la República.
De la misma forma quedo a sus órdenes para discutir, conversar o debatir a su conveniencia sobre estos temas dónde y cuándo lo considere conveniente.
Saludos
Raúl E. Viñas
METEORÓLOGO MSc
Integrante de MOVUS*
*Movimiento por Uruguay Sustentable
Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos
Oratoria de Madres y Familiares el 30 de Agosto
30 de agosto 2019.
Hoy es un encuentro especial.
Conmovidos y expectantes, a tres días de
un hallazgo, tener que hablar de la Desaparición Forzada, además de la
emoción inocultable, de la fuerza que da recuperar un nuevo cuerpo-,
porque es posible, porque ahí están, nos pone sobre la mesa las mismas
preguntas: Cómo es que llegamos acá? ¿Porqué recién hoy? ¿Por qué apenas
cinco? ¿Por qué tantos años de impunidad?
Todo nos habla de lo que continúa oculto,
nos cuestiona sobre quiénes lo ocultan y porqué. Pero también nos dice
que es posible sacarlo a la luz. Con todo lo que esa luz enriquece
nuestro presente.
Nos refuerza el compromiso que asumimos
de encontrarlos a todos y recuerda las dificultades de este camino. Los
cientos de obstáculos que a lo largo de estos años venimos explicando,
denunciando y exigiendo su remoción.
Esta fecha nos interpela aún más. Porque
la Desaparición Forzada que continúa presente en Uruguay enquistada en
el ocultamiento de los cuerpos de nuestros desaparecidos, cobijada por
políticas permisivas hacia sus perpetradores, protegida por barreras de
impunidad, se extiende por el mundo, tanto que hoy coexiste con
distintos regímenes no sólo dictatoriales y abarca a todo tipo de
victimas.
Su permanencia y la cultura de impunidad generada, matrizan en muchos aspectos esenciales la construcción de nuestra democracia.
La desaparición forzada,
vale recordarlo, es un delito de derecho internacional, de lesa
humanidad, imprescriptible y tiene un carácter permanente; articula
estrategias de ocultamiento y destrucción de pruebas desde el inicio
(detención secuestro u homicidio) como forma de invisibilizarse y que
perdure en el tiempo como amenaza desestabilizadora y paralizante para
los demás. Su mayor efecto es social (el desconcierto, el silencio, el
miedo, la dificultad de demostrar que sucedió, la amenaza implícita para
todo tipo de lucha) y no cesa hasta que se encuentren los restos y se
desenmascare todo lo que se conjuga en él.
Para todo eso, es necesaria la
complicidad del Estado; la inicial al momento de la detención o el
secuestro y las sucesivas que lo mantienen oculto e impune. Incluyendo a
los gobiernos posteriores a las dictaduras, si no tienen el claro
propósito de cortar de raíz sus efectos.
Hacerlo, implica acciones comprometidas,
firmes y profundas que tienen que ver con la justicia, con investigar,
conocer , sancionar y divulgar todo lo que pasó y con la desarticulación
y transformación a fondo de la institucionalidad del estado dictatorial
que cometió el crimen, En particular las FFAA que fue el brazo ejecutor
de ese terrorismo de estado.
En nuestro país, las desapariciones se
dieron en el contexto represivo del avance hacia la dictadura y la
posterior instalación del Terrorismo de Estado como resultado de la
persecución masiva que se hizo a todo tipo de oposición política y
social.
En dicho marco, se ejecutó o torturó
hasta la muerte a más de 400 compatriotas y con un criterio selectivo
que aún tenemos que desentrañar, algunos de esos cuerpos no fueron
entregados: nuestros desaparecidos.
Las desapariciones se inician antes del
golpe de estado, en 1971, con el secuestro y desaparición de dos
militantes del MLN: Abel Ayala y Héctor Castagnetto, a manos de
escuadrones de la muerte, (grupos para-policiales durante el gobierno
de Pacheco Areco). Y se continúan a lo largo de toda la dictadura.
El decreto del 1971 da a las FFAA la
conducción de la “lucha anti subversiva” y en ese mismo año se forma la
OCOA que junto al SID, serán como organismos especializados, el brazo
ejecutor de la represión durante el Terrorismo de Estado.
El quiebre institucional venía madurando.
En el 72, con la declaración del Estado
de guerra interno y la ley de seguridad del estado, se legaliza la
arbitrariedad y todo detenido pasa a ser “desaparecido” sin protección
legal por días -semanas, en un proceso que no se detendrá hasta la
disolución del Parlamento en junio del 73.
Ese camino abonado por decretos y leyes
parlamentarias llega al golpe encabezado x un presidente electo.
Rechazado inmediatamente por la histórica huelga general y aplaudido por
las grandes cámaras empresariales y los grandes medios.
Hoy sabemos mucho de los 12 años que siguieron. De las torturas, las muertes, los planes supranacionales, del Cóndor.
De todo resaltamos una vez más el
innegable carácter institucional q tuvo la represión, la tortura, la
muerte, las ejecuciones y desapariciones llevadas adelante por las FFAA
uruguayas.
A las denuncias de cientos de testigos,
hoy sumamos los aportes de sus propios archivos. Negaron su existencia,
pero aún los pocos conseguidos, recortados y tachados, claramente los
incriminan.
Nada de lo realizado se hizo sin contar
con la aprobación de los más altos mandos y las órdenes precisas de toda
la cadena jerárquica de las tres armas. El OCOA, el SID no eran una
patota ni un grupo suelto de dementes. Ninguna operación fue realizada
sin una planificación previa, órdenes específicas y detallados informes
posteriores (muchos de los cuales hoy se aportan a la justicia). Nadie,
en este país, en un sistema cuyo sustento es la disciplina y la
subordinación, mató, desapareció, ni enterró clandestinamente a nadie
sin cumplir una orden y sin informar exhaustivamente a sus superiores.
De los compañeros y compañeras asesinados
a lo largo de estos mas de 12 años, ellos resolvieron que cuerpos
entregar y a quiénes desaparecer y ocultar sus restos (como decíamos
antes, con un criterio selectivo que todavía tenemos que desentrañar)
–como ejemplo público ahí está Gavazzo, acusando a Esteban Cristi de ser
quien toma la decisión de desaparecer a Roberto Gomensoro una vez
asesinado.
Fueron los más altos mandos los que decidieron el destino de nuestros familiares
La desaparición tiene una
sistematización, que de a poco se va aclarando y con ella las
responsabilidades .No parece una casualidad que 4 de nuestros
desaparecidos fueron hallados en los predios de los ex Batallones 13 y
14, batallones que no dependían de una región militar, sino directamente
del Comandante en jefe de turno: Chiape Posse, Vadora, Gregorio
Alvarez, Queirolo, Boscan Hontou.
Ellos tuvieron la información y tomaron o accedieron a la decisión.
Fueron luego los Comandantes en Jefe desde esos años hasta hoy, quienes siguen decidiendo el ocultamiento.
También son los gobiernos, presidentes,
ministros, legisladores y Supremos Tribunales de Justicia del año 85 a
la fecha quienes no exigieron que entregaran la verdad.
Durante los años de Terrorismo de Estado,
desde toda la institucionalidad del estado se vigiló, amenazó,
persiguió; se impuso un disciplinamiento a toda la sociedad, que era su
verdadero objetivo. Se intervino la educación y la cultura. Los medios
de expresión y hasta el lenguaje.
Se utilizó toda la estructura del estado,
hasta la diplomática para perseguir y controlar a los exiliados. Se
acordaron y consolidaron planes macabros internos y externos, de
intercambio de prisioneros, de secuestros, ejecuciones, apropiaciones de
nuestros hijos y nietos.
Así de grave y profundo fue el Terrorismo de Estado
Por lo tanto, la tarea de construcción democrática posterior era mucha, y el único camino: verdad y justicia.
Los primeros gobiernos lo bloquearon.
Negando y tergiversando los hechos, legalizando la infamia e impunidad
con la ley de caducidad. No era raro, los mismos políticos que alentaron
el golpe, estaban nuevamente en el ruedo.
Quedaba claro que había cambios que sólo
se podían dar con un gobierno diferente, que reconociera lo sucedido,
libre de complicidades y comprometido con su pasado claramente anti
dictatorial.
La deuda no era exclusivamente con los
muertos y desaparecidos sino con toda la sociedad que debía reconocerse,
cuestionarse y liberarse de lo que se quería naturalizar, la impunidad
del Terrorismo de Estado.
En el 2005, el Frente Amplio no estuvo a
la altura de la demanda histórica para conducir las acciones profundas
que precisábamos.
-Para liberar e impulsar una justicia independiente que cortara el paso a la impunidad.
-Para reformular las instituciones que
seguían intocadas, donde sin lugar a dudas, entre todas, las FFAA era la
principal, aunque no la única. Su oficialidad de aquellos años, aún
activa y muy especialmente sus Comandantes, sus mandos, sus servicios de
inteligencia, debieron ser cesados.
El desafío era uno y ese momento una
nueva oportunidad: democratizar nuestra sociedad. Romper las barreras de
inclusión y pobreza junto a una comprometida batalla contra la
impunidad.
Los logros sociales debían ser sostenidos
por la conciencia de lo que costaron, de las luchas por la libertad,
contra la dictadura y de las luchas anteriores, por trabajo salario,
educación. Todo lo que el autoritarismo arrasó, todo por lo que el
autoritarismo persiguió, mató, desapareció y permanecía avalado por la
impunidad.
La participación de esas Fuerzas Armadas
en la dictadura debía ser cuestionada públicamente y juzgada (aunque
hubieran pasado años, aún lo es) no sólo individualmente, porque no
actuaron así, sino preguntarnos como sociedad algo que sigue pendiente:
Qué FFAA necesita, este país. Claramente no son las que se vuelcan
contra su pueblo al que deberían defender. ¿Entonces: para qué?
Y mientras tanto: ¿Con qué número de
oficiales? ¿Con cuál formación? ¿Para cumplir cuáles tareas? Se debió
derogar su ley orgánica del 74, en ese momento, cambiar drásticamente su
vínculo con el ministerio de defensa, al que nunca se subordinó del
todo y no arrastrar lo que se venía dando.
Este tiempo perdido fue mucho.
Claro q hubo avances y no los negamos,
pero si cuestionamos que esos avances en tandas, de a poquito, no
llegaron al corazón del problema.
Y en este tiempo, se consolidaron dos cosas muy importantes y negativas.
– Una cultura de impunidad que se
extiende más allá de los crímenes que ampara. Que no es sólo judicial,
aunque haya fragilizado al sistema de justicia y el valor de la misma y
por tanto al propio estado de derecho. Una impunidad
“descontextualizada”, totalmente inexplicable e inadmisible para una
sociedad que valora el respeto y la libertad.
-Y unas FFAA cohesionadas en el orgullo
de lo que hicieron en dictadura, de su pasado criminal, convencidas de
su mesianismo salvador, formadas hasta ahora en los valores de aquéllos
años y sintiéndose la reserva moral de la nación.
La ideología que los sostuvo hasta hoy, no ha sido derrotada, ni siquiera se ha acallado.
A pesar de todo lo que se conoce, la
impunidad funcionó como un aval a lo actuado. El Estado les ha ido
otorgando nuevas oportunidades: Misiones de paz, defensa de la frontera.
Ha permitido sus manifestaciones sobre temas ajenos a su incumbencia,
sus mentiras deliberadas sobre el paradero de restos de desaparecidos y
todo lo q conocemos con su profusa presencia de opiniones y críticas en
los medios.
Desde que se hicieron públicas las actas
de los Tribunales de Honor este panorama, ampliamente denunciado en
estos años, explotó y se hizo inocultable.
El hasta ese momento comandante del
ejército, Manini Ríos lo utilizó para atacar al Poder Judicial y como ya
lo venía anunciando, usó su investidura y la estructura estatal como
plataforma para lanzarse al ruedo político.
También provocó una inmediata y positiva
reacción del presidente (dar de baja a 7 generales) que apoyamos
firmemente, aunque cuestionamos su falta de transparencia. Esa firmeza
era la que estos acontecimientos ameritaban.
Fue lamentable la decisión del senado,
que con un confuso mensaje de valores a la sociedad permitió, una vez
más, que estos graves hechos quedaran sin sanción y dejó a esos
generales al mando del ejército.
Hoy, la existencia de un partido militar, creado desde la institución, testifica tristemente esta situación.
En esta peligrosa confusión y con total
irresponsabilidad de parte de sus impulsores, se plebiscitará una
reforma constitucional que pretende poner a estos militares nuevamente
en las calles. Nos oponemos totalmente a esta campaña. Entre los muchos
motivos (que en esta mesa explicó Martín) porque además significa una
marcha atrás en la conciencia sobre su papel institucional en la
dictadura que aún no está aclarado y mucho menos saldado, sino todo lo
contrario.
Este es el corazón de nuestra lucha,
porque es la impunidad quien acarrea estos peligros, la que condiciona
nuestra convivencia, nuestro presente y las luchas del futuro.
Apoyamos desde el primer momento la
campaña “NO a LA REFORMA” y convocamos junto a ellos a los distintos
sectores de la sociedad, como ya lo están haciendo, a sumarse a esta
iniciativa.
Nos ha costado mucho trabajo llegar hasta aquí, pero acá estamos.
Cuando parecía todo liquidado por el
resultado negativo del voto verde, se volvió a empezar. Desde el sótano
de Serpaj, con su indeclinable voluntad, algunas madres resistieron el
aislamiento, nos dieron la esperanza y la fuerza para continuar esta
lucha. Y lo hicimos.
Ante el bloqueo de la justicia local,
hace casi 20 años, unos pocos familiares iniciaron la causa frente al
tribunal de Roma. Hoy festejamos su resultado con una sentencia
trascendente.
La perseverancia, la permanencia, ha sido transmitida por nuestras madres en esta lucha tanto como la justeza de sus objetivos.
Hoy los jóvenes compañeros del GIAF nos
dan una clara muestra de ello. Su fuerte compromiso y gran convicción
son lo que posibilitaron este logro. Como dijimos antes, es a ellos y a
otros persistentes compañeras y compañeros que rodean la tarea que se
los debemos.
Cada hallazgo nos devuelve mucho más que a
la querida o querido compañero que tanto buscamos. Trae la esperanza
que esta lucha los rescatará a todos y con ellos abrirá un camino de
mayor libertad.
Por lo tanto, no hablamos del pasado.
Esta lucha la estamos gestando hoy cada día, cuando queremos justicia,
cuando no queremos aceptar lo inaceptable, cuando queremos cuidar
nuestras fuentes de trabajo, el medio ambiente, la diversidad de
derechos. La lucha por todos los derechos confluye y se potencia. Y sale
a las calles de todo el país los 20de mayo. Hace mucho que no estamos
solos.
Hay que buscarlos y encontrarlos. Con más fuerza, más investigación y exigencia a quienes deben aportar datos y no obstruirlos.
Recibimos con gran expectativa el
proyecto de ley para la búsqueda de nuestros desaparecidos que
presidencia presentó hace unas semanas a la Comisión de legislación y
códigos.
Es auspicioso que quede en manos de un
organismo independiente como la Institución Nacional de Derechos
Humanos. El proyecto es claro y explicita las potestades y presupuesto
imprescindible para llevarlas adelante.
Todos los presidenciables se han
expresado a favor de esta búsqueda. Tienen la oportunidad de que no sean
sólo palabras de campaña electoral sino votos concretos y unánimes para
este proyecto con estas potestades. Sin ellas, no tiene sentido ni
credibilidad, ni asegura resultados concretos.
Y la justicia. ¡¡La queremos toda!!
Aunque ya tan tardía, sea poco o nada reparadora, no podemos dejar a
otra generación esta batalla. No renunciaremos a que el Poder Judicial
incorpore los delitos de lesa humanidad. Y se conforme una nueva Suprema
Corte de Justicia que lo sostenga, en sintonía con el trabajo serio y
activo que está desarrollando la Fiscalía Especializada.
Decimos siempre: No existe Estado que
vaya a asumir estos compromisos sin un impulso popular decidido. Lo
demuestra la tardanza de todos estos años. Por eso es imprescindible una
sociedad informada, consciente, atenta, involucrada; que no tolere las
debilidades, los ocultamientos y las demoras en este tema. No más.
Que no tengan cabida en esta sociedad ni
los crímenes ni sus perpetradores. Ni los ideólogos de estas barbaries,
que se maquillan y reciclan una y otra vez. Todos somos Familiares.
“Hoy hay un cuerpo más entre nosotros. Un
cuerpo como marca, como grito, como recuerdo. Un pedazo de nuestra
identidad que se vuelve visible y que nos vuelve dignos, nos pide
justicia. Un cuerpo que aparece. Uno de nosotros. Un nudo se desata. La
memoria está encontrando las palabras”.
Nunca más Terrorismo de Estado
¡¡Que nos digan dónde están!!
Verdad y Justicia.
Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos
