CHILE
Feliz Año Nuevo: Para que “la dignidad se haga costumbre”
By Juan Pablo Cárdenas
Diciembre 24, 2019
“Sin
embargo, es necesario seguir luchando con más intensidad el próximo año
para que Chile encuentre un nuevo destino en la justicia social y la
dignidad de sus ciudadanos. El año nuevo que se nos avecina debe
reforzar la convicción de que solo un gobierno del pueblo y para el
pueblo puede alcanzar las soluciones demandadas en un país rico en
recursos y reservas que les son usurpadas. En este sentido, quizás sea
ineludible en algún momento recoger y hacer frente a la declaración de
guerra que nos hizo a todos Sebastián Piñera. Marzo podría inaugurar una
nueva etapa en la resistencia civil que se prolonga por casi tres
meses.”
“En
la certeza que nada puede ser más poderoso que un pueblo insurrecto.
Para que “la dignidad, más que una Plaza, se haga costumbre” en nuestra
convivencia política, social y cultural”
Un
Mandatario empecinado en mantenerse en el poder después de la profunda
crisis nacional y cuando las encuestas le señalan apenas un 11 por
ciento de apoyo, y en que millones de personas salen a las calles de
todos el país para demandar su renuncia, como la de los dirigentes
políticos empeñados en retenerlo en La Moneda para, así, escapar también
a su remoción. Ciertamente por la culpa que les cabe a todos por la
mantención de un sistema económico agraviante que ha consolidado la más
alta concentración de la riqueza de nuestra historia, con más de la
mitad de los chilenos sobreviviendo con carencias críticas. Mientras la
inmensa mayoría de los trabajadores y jubilados tienen que subsistir con
un salario o pensión por debajo de los 350 mil pesos. Esto es unas
treinta veces menos de lo que perciben los parlamentarios, el propio
Jefe de Estado y sus ministros.
Una
realidad que nos ha llevado a los últimos lugares del orbe en materia
de equidad social, con un régimen de salud discriminatorio que todos los
días mata a centenares de personas que no alcanzan a recibir atención
médica y cirugías. Mientras que en cuanto a la educación todos perciben
que este derecho ha pasado a tranzarse en el mercado, exigiéndoles a los
estudiantes y sus familias pagar muy caro para poder darse una
educación de calidad. Al tiempo que se deja languidecer intencionalmente
los planteles públicos para así favorecer su privatización.
El
capitalismo en su modalidad más extrema y salvaje le ha cedido a un
puñado de empresas la administración de sus suministros más esenciales,
además de concederle las concesiones en el uso de las carreteras, al
grado que desplazarse por el país resulta hoy un lujo y un gravamen muy
lesivo para los servicios de transporte de pasajeros y cargas. No es
extraño, por lo mismo, que la explosión de descontento haya sido
gatillada por un nuevo aumento de la locomoción pública y los peajes de
las autopistas. Porque, como todos sabemos, los chilenos ya no somos
dueños de los yacimientos y reservas de agua; de los bancos y
administración de sus fondos previsionales, de las clínicas, las
carreteras y la inmensa mayoría de las fuentes productivas y
energéticas.
El
diagnóstico ya es archiconocido, aunque falta todavía mayor conciencia
pública respecto de quienes son todos sus culpables. Tanto así que con
las protestas, que se hicieron incontrolables para las policías, un
conciliábulo político en el Parlamento en cosa de horas concordó una
salida institucional que implicará un plebiscito en abril próximo y una
asamblea constituyente que se ocupará de definir una nueva Carta Magna.
Aunque se dispuso, con la concurrencia del oficialismo y la oposición,
leoninos quórums para convenir cualquiera de sus acápites, en el ánimo
que muchos “representantes del pueblo” tienen de que siga rigiéndonos la
Constitución de Pinochet-Lagos.
La
corrupción de políticos y empresarios nos ha enfrentado a las más
repugnantes colusiones en desmedro de los consumidores, como las de
aquellas cadenas de farmacias y laboratorios que por más de diez años
todavía no sancionan los tribunales. Al tiempo que políticos de distinta
procedencia negocian su impunidad con Impuestos Internos, fiscalías y
jueces, después de haber promovido leyes a favor de la industria
pesquera y otras actividades. Rendidos por mucho tiempo a sus sobornos a
objeto de financiar las elecciones parlamentarias, presidenciales y
edilicias. Además de enriquecerse personalmente.
La
ilusión o la esperanza en una nueva institucionalidad han opacado lo
esencial de la protesta nacional, mucho más interesada, por supuesto, en
mejorar sus ingresos y pensiones, como en satisfacer sus derechos
sociales. De allí que los grandes referentes del pueblo sean hoy las
asociaciones civiles como No+AFP, NO+TAG, o las que exigen el fin de las
isapres, subsidios para viviendas y la cancelación de las deudas
educacionales. Además del auge que tienen las agrupaciones
medioambientalistas, las que exigen los pendientes en materia de
igualdad de género, los derechos de los pueblos autóctonos, entre otras
múltiples aspiraciones. Es revelador que en las multitudinarias marchas
sean las pancartas e himnos de estos sectores los que se manifiesten sin
que bandera o proclama alguna de los partidos sea capaz de sumárseles
sin ser abucheadas o funadas.
Cuando
la violencia delictual e insensata apareció para empañar las protestas
pacíficas surgió la excusa para reprimir criminalmente al pueblo,
detener por miles a los manifestantes, torturarlos y abusar sexualmente a
centenares de ellos; junto con descargar en las calles municiones y
gases altamente tóxicos que le han hecho perder la vida y la visión a
decenas de jóvenes. Reeditando, así, las peores páginas del terrorismo
de estado y los más lapidarios informes internacionales respecto de las
sistemáticas violaciones de los DDHH. Todo lo cual hace más vergonzoso,
todavía, que Piñera se aferre del poder pero, lo más grave, que sectores
de la clase política, que todavía se denominan de centro izquierda,
estén operando activamente para retenerlo en La Moneda. Porque en ello
radica su propio salvataje.
Algo
inaudito si consideramos la batahola que se vive al interior de la
derecha entre los que ceden, por ejemplo, a la demanda de una nueva
Constitución y los que buscan que todo permanezca igual. Aunque unos y
otros coinciden en que no se ceda un ápice respecto del régimen
económico y social. Tanto así que algunos prominentes empresarios, con
más visión que la de sus políticos al servicio, se han abierto a una
reforma tributaria, a un impuesto a la riqueza y a otras iniciativas que
procuren bajar la inquietante presión social. En contraste,
curiosamente también, con demócrata cristianos, socialistas y
socialdemócratas verdaderamente hechizados por el neoliberalismo
rampante y que, por momentos, parecen más renuentes que la propia
derecha a los cambios.
No
hay duda que en todos estos existe la pretensión de establecer
diferencia entre la administración de Piñera y la de los gobiernos de la
Concertación y la Nueva Mayoría, los que no difieren en lo más mínimo
respecto de la suerte de la gran mayoría de chilenos. Abusados,
ciertamente, por el sistema y la represión que se viene ejerciendo por
tantos años contra las justas luchas de los mapuches, las demandas de
los pesqueros artesanales, las exigencias de los ecologistas,
transportistas y, por cierto, de los estudiantes y profesores.
Pero
con el fin del año, va quedando en evidencia que La Moneda como la
clase política siguen renuentes a cumplir con la prometida agenda
social. En medio del fervor popular en las calles, oficialismo y
oposición han concordado el más mezquino reajuste salarial de los
últimos tiempos el que, ni siquiera, alcanzará a compensar el alza del
costo de la vida. Asimismo, las autoridades han declarado su oposición
total a suprimir o rebajar las tarifas del sistema de peaje, junto con
negarse a otorgar un aumento sustantivo a las pensiones de la tercera
edad, tema que, según las encuestas, se ha constituido en la principal
impetración de los chilenos.
La
solución de La Moneda y el Congreso Nacional ha sido, otra vez, asignar
algunos exiguos bonos de fin de año, rebajar “temporalmente” las dietas
parlamentarias y apurar algunos juicios relativos a las colusiones que
de todas maneras van a resultar en compensaciones ridículas para los
defraudados, cuanto en sanciones mínimas para los infractores. Esto es,
muy por debajo de los dividendos obtenidos por años de pactos secretos
para fijar los precios de sus productos.
Contra
las mentiras de la prensa servil y la represión, el país va
concluyendo que debe mantener sus movilizaciones más allá de que se
avance hacia una Constituyente. Que si bien es cierto que un nuevo orden
institucional puede conducirnos a la larga a muchos cambios, los dueños
de Chile y sus representantes en el Estado no tienen voluntad alguna de
poner fin a sus prebendas y recuperar nuestra soberanía económica. En
lo que se explica que los recursos del Estado, además de estos bonos, se
estén destinando para reforzar a las policías y mantener satisfechas a
las Fuerzas Armadas con ingentes recursos para reprimir al pueblo y
seguir desfalcando el erario nacional. Cuando ya son contados con los
dedos de las manos los oficiales que no se han enriquecido
fraudulentamente con las desmedidas asignaciones presupuestarias que se
les asignan. Mientras sus aviones, barcos, tanques y otros pertrechos
caen en desuso por la ausencia de conflictos limítrofes, salvo cuando se
les ordena entrar en guerra con su propio pueblo. O se los destina a
otras naciones, como Haití, para abusar de sus habitantes, como consta
ahora en una nueva denuncia internacional contra los “cascos azules” que
integró a centenares de soldados chilenos. Como es el caso de una
veintena de nuestros “valientes soldados” que abusaron y dejaron
embarazadas a muchas mujeres sin asumir sus consecuencias.
El
costo de esta rebelión es y será, sin duda, alto y desgastante. Sobre
todo cuando en las calles la policía no cumple siquiera con los
protocolos que les han dictado supuestamente desde el Poder Ejecutivo.
Con lo que todos los días se elevan las cifras de la represión, el
número de heridos, detenidos arbitrariamente y abusados bajo la
impunidad de las comisarías.
Sin
embargo, es necesario seguir luchando con más intensidad el próximo año
para que Chile encuentre un nuevo destino en la justicia social y la
dignidad de sus ciudadanos. El año nuevo que se nos avecina debe
reforzar la convicción de que solo un gobierno del pueblo y para el
pueblo puede alcanzar las soluciones demandadas en un país rico en
recursos y reservas que les son usurpadas. En este sentido, quizás sea
ineludible en algún momento recoger y hacer frente a la declaración de
guerra que nos hizo a todos Sebastián Piñera. Marzo podría inaugurar una
nueva etapa en la resistencia civil que se prolonga por casi tres
meses.
En
la certeza que nada puede ser más poderoso que un pueblo insurrecto.
Para que “la dignidad, más que una Plaza, se haga costumbre” en nuestra
convivencia política, social y cultural
Piñera y la cuenta regresiva: Cuántos muertos, mutilados y gaseados cuesta el modelo neoliberal
By Paul Walder
Diciembre 16, 2019
El
movimiento popular que recorre Chile desde el estallido social del 18
de octubre se desplaza como una entidad con vida propia. En este proceso
ha podido recogerse, ampliarse, ocultarse y abrirse hacia nuevas
expresiones. Desde hace ya casi dos meses , el movimiento no ha dado
tregua. Sin partidos ni líderes, sin conducción visible, avanza y crece.
El viernes pasado nuevamente la Plaza de la Dignidad recibió a medio
millón de personas, una deriva esta vez reforzada por los cantos y la
música. Las expresiones artísticas, como también las millares de
convocatorias desde colectivos y movimientos populares, moldean desde
abajo otro país. La fuerza que emerge desde las bases, que ha reconocido
a un país como nunca en treinta años, tiene aterrorizada y cada día más
arrinconada a las elites.
Desde
hace dos meses Chile ha liberado sus dolores y frustraciones. Nos hemos
puesto de cabeza en un movimiento que nos ha revelado y transparentado
como personas. Porque aquellas frustraciones y dolores no son
individuales, sino comunes. No son el error, el fracaso individual, sino
el sometimiento, la esclavitud colectiva. En dos meses hemos aprendido
más política, de la verdadera política y no de los consensos
parlamentarios, que en los últimos treinta años. Un país que hace pocos
meses solo hablaba de consumo y deudas hoy discute sobre asamblea
constituyente y sobre cómo levantar una sociedad más justa e
igualitaria.
El
movimiento 18-O no da tregua porque la contraparte, que no solo es el
gobierno, sino el mercado y el Estado, no tiene respuesta. La gran
defensa del modelo neoliberal y de sus representantes políticos, ha
caído derrotada porque no tiene propuestas. La economía de mercado,
imbricada con todas las instituciones, las normas y el Estado mismo bajo
la constitución neoliberal, no podrá satisfacer jamás las demandas de
la población. No lo hará porque su diseño y objetivo no es ese sino el
lucro y la máxima rentabilidad de sus inversiones. Lo que vale para las
pensiones de miseria vale también también para los recursos naturales,
el ambiente, las ciudades y los territorios. Del mismo modo como el
modelo de mercado globalizado se ufanó de haber llegado a todos los
rincones del planeta y convertir en consumidores y deudores a todos sus
habitantes, hoy, tras los efectos de esta delirante y perversa codicia,
recibe el repudio desde todos aquellos espacios presentes. Sin
respuestas reales, la ira de la población levantará tremendas y
crecientes tempestades.
El
pueblo movilizado apunta y denuncia a un régimen, que representa en
estos momentos Sebastián Piñera. El millonario y apostador en grandes
mercados, ha hecho lo único que sabe hacer: especular, que es también
mentir, manipular los tiempos, las comunicaciones y las emociones. Y en
este proceso, que tiene como fin primordial y último el rescate del
orden de mercado tal como ha existido durante las últimas cuatro
décadas, ha errado y magnificado la crisis. Piñera, ese hábil
especulador de mesas de dinero, ha mostrado en un tiempo récord su
escaso espesor moral. Desde el estallido de octubre Chile bajo su
gobierno ha resucitado los fantasmas más crueles de la pasada dictadura.
Cuántas veces gritamos “Nunca Más” y cuántas veces hoy se han violado
de forma reiterada, diaria, los derechos humanos de la población. El
resguardo de un orden económico y político no merece las decenas de
muertes y miles de mutilados, heridos, golpeados, violados, y detenido.
No merece que el pueblo sea víctima de su guerra y sus masivas
persecuciones. Piñera, efectivamente, le ha declarado la guerra a su
pueblo.
Como
fiel representante de este régimen, Piñera no accederá a ninguna
demanda. Bajo su gobierno no se acabarán las AFP, no se pondrá fin al
lucro en la educación ni la salud, ni a los créditos usureros ni a un
país y una sociedad que vive bajo las órdenes de los grandes capitales y
del lucro generalizado. En este momento él y su gobierno son un dique
que frena las demandas ciudadanas. Una contención que no considera el
aumento diario de la presión.
La
semana pasada ocurrió uno de los eventos más graves, aun cuando
predecibles, del proceso iniciado en octubre. El rechazo a la acusación
constitucional contra el presidente Piñera por parte de toda la
coalición oficialista de Chile Vamos y con la necesaria ayuda de ocho
diputados opositores, hoy apuntados por el pueblo en redes como
“traidores”, ha sido el candado a este muro de contención. Una clausura
que evita dar curso a las demandas de la población movilizada y de paso
pulveriza a gran parte de la clase política que cierra filas con el
gobierno. El rechazo a la acusación contra Piñera se suma a dos eventos
anteriores de similares características, cuales fueron el acuerdo
constituyente de noviembre y la votación por la agenda represiva
presentada por Piñera. Es una regresión a las nefastas políticas de los
consensos, pacto entre las elites y los grandes poderes en las sombras.
Con
el rechazo a la acusación constitucional contra el presidente, la clase
política en el Congreso justifica las violaciones a los derechos
humanos y cierra la posibilidad de dar cauce a cambios políticos y
económicos de mayor profundidad. Una opción que busca retardar una
crisis política que tarde o temprano será inevitable.
PAUL WALDER
La Justicia chilena admite una querella contra Piñera por delitos de lesa humanidad que podría llevarlo a 20 años de cárcel
Publicado:
17 dic 2019 22:09 GMT - RT
La querella ha sido presentada en relación a los abusos
cometidos durante la represión de la protesta social por parte de los
cuerpos policiales.
El juzgado de Garantías Nº 7 de Santiago de Chile admitió este lunes una querella contra el presidente Sebastián Piñera por delitos de lesa humanidad, en relación a los abusos cometidos durante la represión de la protesta social.
La denuncia fue presentada por el senador Alejandro Navarro (partido MAS), y apunta también a los ministros del Interior Andrés Chadwick (ya dimitido) y Gonzalo Blumel; al director general de Carabineros, Mario Rozas; y al comandante en jefe del Ejército, Ricardo Martínez.
Alejandro Navarro @senadornavarro
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El querellante, quien confirmó la aceptación de su denuncia a través de una nota
difundida en Twitter, los considera responsables de cometer violaciones
a los Derechos Humanos, "por las decenas de personas que desde el 18 de
octubre han perdido uno o ambos ojos debido a la represión de agentes del Estado".
La
acusación se basa en el artículo 5° de la Ley 20.357, que tipifica los
crímenes de lesa humanidad y genocidio, así como crímenes y delitos de
guerra.
La norma considera que un delito es de lesa humanidad cuando "el acto es cometido como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil", o "que el ataque responda a una política de Estadoo de sus agentes".
En caso de prosperar la denuncia, el presidente de Chile "arriesga hasta 20 años de cárcel", señaló Navarro, legislador por la región del Biobío.
"Esta es una querella que busca justicia, y la justicia, en este caso por violaciones de derechos humanos, es cárcel para Piñera. Es la única forma de que estos hechos no se repitan, de justicia al dolor de las víctimas, de los mutilados, de quienes han quedado ciegos", concluyó.
La semana pasada, la cámara de Diputados de Chile desestimó una acusación constitucional contra el presidente por violaciones a los derechos humanos en el marco del conflicto social, un recurso que si avanzaba implicaba la destitución del mandatario, y una suspensión para ejercer cargos públicos por un lapso de cinco años.
La denuncia fue presentada por el senador Alejandro Navarro (partido MAS), y apunta también a los ministros del Interior Andrés Chadwick (ya dimitido) y Gonzalo Blumel; al director general de Carabineros, Mario Rozas; y al comandante en jefe del Ejército, Ricardo Martínez.
Alejandro Navarro @senadornavarro
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¡ADMITIDA! querella criminal que presentamos contra @sebastianpinera: Las víctimas quieren #Justicia, que en este caso es #CárcelParaPiñera por ser responsable de las violaciones a los #DDHH en Chile desde el #18Oct
#PiñeraViolaDDHH #DDHH #NoMásImpunidad
http://www.navarro.cl/senador-
La norma considera que un delito es de lesa humanidad cuando "el acto es cometido como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil", o "que el ataque responda a una política de Estadoo de sus agentes".
En caso de prosperar la denuncia, el presidente de Chile "arriesga hasta 20 años de cárcel", señaló Navarro, legislador por la región del Biobío.
"Esta es una querella que busca justicia, y la justicia, en este caso por violaciones de derechos humanos, es cárcel para Piñera. Es la única forma de que estos hechos no se repitan, de justicia al dolor de las víctimas, de los mutilados, de quienes han quedado ciegos", concluyó.
La semana pasada, la cámara de Diputados de Chile desestimó una acusación constitucional contra el presidente por violaciones a los derechos humanos en el marco del conflicto social, un recurso que si avanzaba implicaba la destitución del mandatario, y una suspensión para ejercer cargos públicos por un lapso de cinco años.
Senador Navarro tras admitirse en 7° Juzgado de Garantía: “Querella Criminal contra Piñera por violar DDHH son 20 años de cárcel”
Diciembre 17, 2019
by Admin
- El 7° Juzgado de Garantía de Santiago, admitió la querella por delitos de lesa humanidad que interpuso el senador progresista en contra del Presidente de la República, por las decenas de personas que desde el 18 de octubre han perdido uno o ambos ojos debido a la represión de agentes del Estado.
De acuerdo al presidente de la Comisión de DDHH del Senado, “quien viole el Artículo 5º de la ley 20357, que TIPIFICA los CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD Y GENOCIDIO Y CRÍMENES Y DELITOS DE GUERRA, tras la epidemia de explosión de globos oculares en Chile producto de la represión de los agentes del Estado, se arriesga a la pena antes descrita si se establece que es responsable de : 1- castrare a otro o le mutilare un miembro importante o 2- lesionare a otro, dejándolo demente, inútil para el trabajo, impotente, impedido de un miembro importante, o notablemente deforme”.
“El delito de lesa humanidad se confirma”, continuó, “si 1- el acto es cometido como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil o 2- que el ataque responda a una política de Estado o de sus agentes”.
“Es decir, todo lo que ha ocurrido en Chile desde el 18 de octubre, donde decenas de ciudadanos han sido mutilados, quedando con secuelas de por vida, tras haber sido reprimidos y atacados sistemáticamente por agentes del Estado, es lo que tipifica la ley en la que hemos basado esta querella criminal y por la que Piñera arriesga hasta 20 años de cárcel”, apuntó Navarro.
Para el senador por la Región del Biobío, “ya lo hemos reiterado, no vamos a permitir la impunidad, no dejaremos que ocurra como Pinochet, quien murió sin haber pagado con un día de cárcel por los miles de muertos, heridos y detenidos desaparecidos durante la Dictadura”.
“En el mundo, mandatarios de Perú, Egipto y Serbia, Alberto Fujimori, Slobodan Milosevic y Hosni Mubarak, pagaron con cárcel por su responsabilidad en la violación a los derechos humanos de su pueblo, y hoy en Chile, estos se siguen violando día a día, con soda caústica, con perdigones, con balines, con lacrimógenas, con químicos, con fuerza bruta”, afirmó.
“Esta es una querella que busca justicia, y la justicia en este caso de violaciones de derechos humanos, es cárcel para Piñera. Es la única forma de que estos hechos no se repitan, de justicia al dolor de las víctimas, de los mutilados, de quienes han quedado ciegos”, cerró Alejandro Navarro.
Denuncian que en las protestas en Chile se han cometido "las más graves violaciones a los DD.HH. desde 1989"
Publicado:
23 dic 2019 21:18 GMT - RT
"Se han violado gravemente los derechos a la vida y la
integridad física y psíquica, entre otros derechos", dice el informe del
INDH de ese país.
Este lunes, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) de Chile presentó
su Informe Anual sobre la materia en el país suramericano; pero se
centró en el trato que le han dado a los manifestantes, entre el 17 de
octubre y 30 de noviembre, en medio del estallido social contra el
gobierno de Sebastián Piñera.
Sergio Micco, presidente del INDH, dijo que en este período se han registrado "las más graves violaciones a los derechos humanos desde 1989", cuando aún regía la dictadura de Augusto Pinochet.
"El Consejo del INDH ha llegado a la convicción de que, a la fecha, se han violado gravemente los derechos a la vida y la integridad física y psíquica, entre otros derechos", dice el informe.
Señala que durante las manifestaciones, que según la Fiscalía chilena ha dejado 26 muertos, "el Estado ha faltado gravemente a su deber de proteger una serie de derechos humanos como el derecho a la vida, integridad personal, propiedad privada, libertad de circulación, al no haber podido garantizar el orden público y la seguridad ciudadana".
Policías arremeten contra manifestante en una protesta en Santiago, Chile, 20 de diciembre de 2019.Ricardo Moraes / ReutersEl INDH detalla que, durante 1.022 visitas a 67 centros de salud del país, registraron un total de 3.442 personas heridas a causa de la represión de agentes del Estado; de las cuales, 254 eran niños o adolescentes.
Aparte, el texto da cuenta de 347 casos de personas con heridas oculares, "entre las que se cuentan estallidos del globo ocular, pérdidas de visión por trauma ocular irreversible" y otras patologías relacionadas, debido a la represión policial en las manifestaciones.
La causa de estas heridas oculares fue achacada al "uso de balines no conforme a las normas de la propia institución (Carabineros)" y a la "utilización de escopetas antidisturbios", sin el debido respeto a los protocolos internacionales.
El INDH informó que desde el 19 de octubre hasta el 30 de noviembre interpuso 610 acciones judiciales: 588 querellas y 22 amparos constitucionales.
De las 588 querellas, 476 son por tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, en favor de 568 víctimas, y en cuya totalidad se sindican como victimarios a agentes estatales. De esa cifra, 433 fueron presentadas contra funcionarios de Carabineros, 33 hacia miembros de las Fuerzas Armadas y 10 dirigidas a integrantes de la Policía de Investigaciones.
Sergio Micco, presidente del INDH, dijo que en este período se han registrado "las más graves violaciones a los derechos humanos desde 1989", cuando aún regía la dictadura de Augusto Pinochet.
"El Consejo del INDH ha llegado a la convicción de que, a la fecha, se han violado gravemente los derechos a la vida y la integridad física y psíquica, entre otros derechos", dice el informe.
Señala que durante las manifestaciones, que según la Fiscalía chilena ha dejado 26 muertos, "el Estado ha faltado gravemente a su deber de proteger una serie de derechos humanos como el derecho a la vida, integridad personal, propiedad privada, libertad de circulación, al no haber podido garantizar el orden público y la seguridad ciudadana".
Casos que lleva el INDH
La institución manifestó su preocupación, entre otras cosas, por el por uso indiscriminado de perdigones, torturas con connotación sexual y las lesiones oculares que han sufrido los manifestantes.Aparte, el texto da cuenta de 347 casos de personas con heridas oculares, "entre las que se cuentan estallidos del globo ocular, pérdidas de visión por trauma ocular irreversible" y otras patologías relacionadas, debido a la represión policial en las manifestaciones.
La causa de estas heridas oculares fue achacada al "uso de balines no conforme a las normas de la propia institución (Carabineros)" y a la "utilización de escopetas antidisturbios", sin el debido respeto a los protocolos internacionales.
El INDH informó que desde el 19 de octubre hasta el 30 de noviembre interpuso 610 acciones judiciales: 588 querellas y 22 amparos constitucionales.
De las 588 querellas, 476 son por tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, en favor de 568 víctimas, y en cuya totalidad se sindican como victimarios a agentes estatales. De esa cifra, 433 fueron presentadas contra funcionarios de Carabineros, 33 hacia miembros de las Fuerzas Armadas y 10 dirigidas a integrantes de la Policía de Investigaciones.
Ataques a los defensores de DDH
El instituto aclaró que la información fue recopilada gracias a registros directos realizados por funcionarios y funcionarias del INDH en instancias de observación de manifestaciones, visitas a centros de salud y unidades policiales; denuncias electrónicas ingresadas por la ciudadanía, a través del canal dispuesto para tal efecto; acciones judiciales iniciadas por ese ente; y mediante datos estadísticos de diferentes organismos públicos, organizaciones internacionales y de la sociedad civil.Denunció que mientras realizaban su trabajo, algunos miembros del INDH "fueron objeto de hostigamientos e intimidaciones por agentes de Carabineros", que abiertamente mostraban su incomodidad.
ONU respalda informe
La oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas respaldó el informe del INDH."Saludamos el informe anual del INDH, el informe, por supuesto, más completo de todos con gráficos contundentes que corroboran los hallazgos sobre la utilización indiscriminada de la fuerza en contra de manifestantes pacíficos", dijo el jefe de la oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas para América del Sur, Jan Jarab, citado por La Tercera.
Los números en rojo de la economía otro problema para Sebastián Piñera
Chile tendrá la navidad más austera en una década
El
61 por ciento de los chilenos reducirá sus gastos de navidad según un
estudio de la consultora Deloitte. También se prevé una fuerte caída del
empleo durante el período de fiestas.
PÁGINA 12 - 17 de diciembre de 2019
Navidad austetera en un shopping de Santiago
Imagen: EFE
Imagen: EFE
Chile vivirá la navidad más austera en los últimos diez años
según un estudio de la consultora Deloitte. El análisis comparó las
proyecciones de consumo para la temporada antes y después del inicio de
las protestas. Así, el 61 por ciento de los chilenos reducirá sus gastos de navidad. También se prevé una fuerte caída del empleo durante el período de fiestas. Mientras tanto las movilizaciones continúan en el país luego del inicio de las protestas el 18 de octubre pasado.
Si bien la recesión en las compras de navidad ya había sido prevista por las consultoras, las protestas potenciaron esta situación. "Es la primera vez que se ve una baja durante la temporada navideña", explicó el especialista en consumo masivo de Deloitte, Miguel Pochat. En la primera quincena de octubre, antes del estallido social, la estimación de gasto promedio en la temporada de Navidad era de 183.129 pesos (240 dólares), un 3,4 por ciento menos que en 2018. Sin embargo, en la sexta semana de protestas la medición indicaba una reducción de un 9 por ciento frente al año anterior, con una estimación de gasto promedio de 166.818 pesos (220 dólares). "El ítem que más disminuirá será el de los regalos (un 15 por ciento respecto a 2018), algo que no sucede con las cenas y adornos porque la gente sigue queriendo vivir la experiencia de Navidad", explicó Pochat.
La menor demanda que vive el sector comercial no solo provocó despidos sino también una menor necesidad de contrataciones nuevas para Navidad. Así, solo se incrementará la demanda de personal en un 6,5 por ciento, según la consultora Randstad que analizó los índices de trabajo temporal. En otros años la cifra alcanzó el 30 por ciento en sectores como comercio, transporte, logística y hotelería. Tras el inicio del estallido social cientos de comercios alteraron su actividad por el escenario de protestas y disturbios. Algunos se vieron obligados a reducir los horarios de venta al público o incluso a cerrar.
El particular contexto que envuelve este período navideño incrementó la desconfianza hacia la economía nacional. Un 72 por ciento de los chilenos califica la situación económica del país como "peor o mucho peor" que el año pasado, según el estudio de Deloitte. Antes del estallido esa cifra era un 13 por ciento menor. A la compleja situación social que todavía se vive en Chile, el gobierno de Sebastián Piñera deberá sumar estos datos alarmantes sobre el futuro económico del país.
Si bien la recesión en las compras de navidad ya había sido prevista por las consultoras, las protestas potenciaron esta situación. "Es la primera vez que se ve una baja durante la temporada navideña", explicó el especialista en consumo masivo de Deloitte, Miguel Pochat. En la primera quincena de octubre, antes del estallido social, la estimación de gasto promedio en la temporada de Navidad era de 183.129 pesos (240 dólares), un 3,4 por ciento menos que en 2018. Sin embargo, en la sexta semana de protestas la medición indicaba una reducción de un 9 por ciento frente al año anterior, con una estimación de gasto promedio de 166.818 pesos (220 dólares). "El ítem que más disminuirá será el de los regalos (un 15 por ciento respecto a 2018), algo que no sucede con las cenas y adornos porque la gente sigue queriendo vivir la experiencia de Navidad", explicó Pochat.
La menor demanda que vive el sector comercial no solo provocó despidos sino también una menor necesidad de contrataciones nuevas para Navidad. Así, solo se incrementará la demanda de personal en un 6,5 por ciento, según la consultora Randstad que analizó los índices de trabajo temporal. En otros años la cifra alcanzó el 30 por ciento en sectores como comercio, transporte, logística y hotelería. Tras el inicio del estallido social cientos de comercios alteraron su actividad por el escenario de protestas y disturbios. Algunos se vieron obligados a reducir los horarios de venta al público o incluso a cerrar.
El particular contexto que envuelve este período navideño incrementó la desconfianza hacia la economía nacional. Un 72 por ciento de los chilenos califica la situación económica del país como "peor o mucho peor" que el año pasado, según el estudio de Deloitte. Antes del estallido esa cifra era un 13 por ciento menor. A la compleja situación social que todavía se vive en Chile, el gobierno de Sebastián Piñera deberá sumar estos datos alarmantes sobre el futuro económico del país.
Piñera dice que hay una “organización internacional” que quiere “destruirlo todo” en Chile
El presidente chileno dice que una organización equipada con "alta tecnología" estaría detrás de las protestas contra su gobierno.
Foto: Gobierno de Chile
BUSCANDO CULPABLES
17 de diciembre de 2019, 17:22hs - LR21
El presidente de Chile, Sebastián Piñera, aseguró que una
organización con equipos de alta tecnología quiere “destruir todo”
y estaría detrás de las convocatorias a las manifestaciones contra el
sistema político chileno.
En una entrevista con una radio de la Asociación de Radiodifusores de Chile (ARCHI), Piñera además dijo que el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) respalda esa hipótesis.
El mandatario derechista aseguró que existen “grupos extranjeros” infiltrados que han modificado los intereses populares, aunque no dio detalles sobre la nacionalidad de estos supuestos agentes porque es un tema que “requiere prudencia”.
Aprovechó para pedir perdón al pueblo chileno y agregó que hizo lo “humanamente posible” para controlar la situación.
“Nadie puede creer que es espontáneo en función del equipamiento que tienen”, agregó.
En ese sentido, apuntó hacia Caracas: “Uno lo ve. Una parte de los tuits pidiendo la renuncia del Presidente Piñera venían de Venezuela (…) Eso definitivamente tiene un componente de coordinación evidente, y hay que ver cómo eso se retroalimenta con estos actores internacionales”.
Entro otros componentes, MSR encontró soda caústica y activos propios del gas pimienta, que son ilegales en estos camiones.
Esos químicos son altamente irritantes, marcan un PH de 12 en la escala regular de 1 a 14 puntos, por lo que generan severos daños dérmicos, oculares y en el tracto digestivo por ingestión accidental.
Piñera dijo que Rozas no será retirado de su cargo porque, al frente de Carabineros, su intención es la de solucionar los conflictos que tienen lugar hace semanas en las calles chilenas.
fuente:
https://carolinavasquezaraya.
climatica.lamarea.com
Este
“retorno” de los militares a la escena política es uno de los efectos
de la “guerra permanente y total” que EEUU impulsa hacia la región.
Foto: Reuters.
Con la luz verde de la Casa Blanca, que no hace más que asegurar el
rápido y buen traslado de su estrategia político-militar hacia
territorio boliviano, el gobierno de facto de Jeanine Añez
se prepara con todo para responder con el recurso desproporcional de la
fuerza represora a los más mínimos movimientos de resistencia popular
que se den en ese país sudamericano, particularmente en los núcleos indígena campesinos leales a Evo Morales, quien fue desalojado del poder mediante un golpe de Estado el 10 de noviembre.
El modo como los golpistas bolivianos se han propuesto mantenerse en el gobierno, evitar la protesta social contra sus medidas anti-nacionales y seguir contando con el apoyo de amplias capas fascistizadas de la clase media, es por la vía de la represión concentrada y selectiva a la vez del movimiento campesino-indígena, que es el “sujeto histórico” que lideró el Proceso de Cambio.
Hay tres hechos –uno interno y dos externos- que confirman el modo de cómo el gobierno ilegítimo pretende avanzar en la línea estratégica de desmontar las bases materiales y simbólicas del Proceso de Cambio, así como las conquistas sociales logradas en el Estado Plurinacional.
El primero, de ninguna manera sorpresivo y el más importante respecto de los otros dos, es el pronunciamiento del presidente estadounidense Donald Trump, quien a través de su cuenta en Twitter, sostuvo en la tarde del martes 17:
La estrategia, que recupera los aspectos positivos para los intereses imperiales de la Doctrina la Seguridad Nacional y de la Guerra de Baja Intensidad –desarrolladas en la región entre las décadas de los 60 y 80-, consiste en el despliegue de la “guerra total y permanente” contra todos los gobiernos y movimientos de izquierda y progresistas de América Latina, con el objetivo de estratégico de “cerrarles el paso a todos los espacios legales e institucionales” que amenacen la hegemonía estadounidense y el orden establecido.
Esta estrategia opera mediante la combinación de viejos y nuevos métodos de desestabilización, intervención y dominación conocidos en la historia de América Latina. A diferencia de algunas interpretaciones parciales y erróneas de algunos ingenuos políticos e intelectuales progresistas, que llegaron a suponer que el poder duro (Hard power) había sido sustituido por el poder blando (Soft power), sobre todo en la llamada “era Obama”, la combinación de lo empleado antes y de lo incorporado en los últimos años, es la principal característica de la estrategia en curso.
Esos métodos van desde el uso, directo e indirecto, del componente militar (golpes de Estado e intervenciones directas) hasta los novedosos juicios políticos (lawfare) y noticias falsas (fake news), pasando por las ya conocidas sanciones y acciones internacionales a través de organismos como la OEA.
El segundo hecho es la promulgación del decreto supremo 4116 que hizo hace pocos días la auto-nombrada presidenta Añez, por el cual se autoriza al Ministerio de Defensa la adquisición, en el extranjero, de material bélico de uso militar.
¿Cómo justifica la compra el ministro de facto de Defensa? La respuesta es como escuchar al mismo Trump: “El país está amenazado, y el boliviano y la boliviana están amenazados permanentemente por gente del exterior armada, por narcoterroristas y por un expresidente (Evo Morales) que permanentemente está incitando al odio y la violencia, el terrorismo y la sedición. Debemos estar preparados para eso”.
Esto quiere decir, para no equivocarse, que la represión será la política general de este gobierno y se basará no en el uso legítimo de la fuerza policial, como encargada de mantener el orden público, a veces con excesos, sino en la participación de las Fuerzas Armadas. Esto implica, al mismo tiempo, que las masacres de Sacaba y El Alto no habrán sido un hecho aislado, sino que se tiene previsto otras masacres donde sea necesario, para evitar la organización del descontento popular.
Ya las masacres de Sacaba (15 de noviembre) y Senkata, El Alto (21 de noviembre) se registraron producto de la acción combinada de policías y militares (a estos últimos se les garantizó mediante decreto estar exentos de procesos penales), con un saldo de más de 32 muertes y centenas de heridos, según da cuenta un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) que visitó Bolivia en la segunda quincena del mismo mes.
Como ocurrió desde la mitad de la década de los 80 hasta fines de 2005, la represión como política general se concentrará, principalmente, en la región del Chapare y en base al discurso -característico de la estrategia estadounidense desde la caída de la URSS- del “terrorismo y el narcoterrorismo” con presencia externa.
El tercer hecho, en el que no vamos a profundizar ahora, es la peligrosa militarización de la política de defensa y seguridad de América Latina, como ya se aprecia en los casos de Ecuador, Colombia, Brasil y Bolivia. Este “retorno” de los militares a la escena política es uno de los efectos de la “guerra permanente y total” que EEUU impulsa hacia la región.
Asistimos
a las mayores protestas de la historia reciente de Colombia, en un
proceso que ha cubierto las calles de esperanza, creatividad y alegría.
El 21 de noviembre (21N), Colombia presenció una explosión
social sin precedentes en la historia del país desde mediados del siglo
pasado. Ese día había sido convocada una marcha de protesta en contra de
los anuncios gubernamentales de reformas económicas regresivas por el
Comando Nacional de Paro, integrado por las centrales sindicales
(Central Unitaria de Trabajadores – Confederación General de
Trabajadores – Confederación de Trabajadores de Colombia) y por
organizaciones de estudiantes, campesinos, indígenas, afros, pensionados
y ambientalistas que en años recientes habían liderado resistencias de
esos sectores sociales a las políticas estatales. La iniciativa de la
convocatoria de las centrales de trabajadores, repitiendo el formato de
años anteriores, de impulsar marchas rutinarias a finales del año para
ambientar la negociación sobre el salario mínimo con los gobiernos de
turno que, por obligación legal, deben citarla en este período. El
límite a la capacidad de convocatoria de las centrales es la escasa
cobertura de sus afiliados que representan tan solo el 4% del total de
los asalariados, lo que debe explicarse por la legislación laboral
regresiva y por la criminalización de las resistencias sindicales (1).
En el plano interno, esta fragilidad en la interlocución social remite
al aislamiento, resultado de una forma de organización vertical y
cerrada que en su funcionamiento requiere acuerdos “por arriba” entre
las direcciones de la burocracia sindical, de los partidos de izquierda y
de la izquierda social no partidaria. Adicionalmente, sus plataformas
de acción se reducen a la esfera de las reivindicaciones corporativas.
Luego, todo hacía presagiar una marcha rutinaria. Sin embargo, durante las semanas previas al 21N, el malestar social que en los últimos meses se ha expresado en barrios, universidades, informales y desempleados, comenzó a focalizarse en la jornada. Las noticias internacionales ayudaron, en ese mismo lapso, el movimiento indígena ecuatoriano derrotó el intento fondomonetarista de imponer un plan de ajuste y en Chile, el país emblemático del neoliberalismo latinoamericano, al que los tecnócratas de oficio habían presentado como ejemplar, se desató una explosión social gigantesca que aún tiene en dificultades al gobierno de Sebastián Piñera. Entonces, el “efecto contagio” animó a los desesperanzados de uno de los países más desiguales de la región. El anuncio de mayores sacrificios a una población cada vez más empobrecida, acompañado al cansancio que produce el tedio de observar asesinatos diarios de líderes sociales sin responsables castigados, la corrupción practicada de manera cómplice entre políticos y grandes magnates para repartirse el patrimonio público, y la existencia de una justicia maniatada por los poderosos que tan solo deja estelas de impunidad.
Por ello, la convocatoria del 21N terminó convirtiéndose en una multitudinaria movilización que incorporó a amplias capas de la población que salieron a las calles a protestar en contra de las múltiples formas de opresión que produce el orden establecido y del cinismo de sus representantes políticos. Por primera vez en décadas, las calles de las principales ciudades del país presenciaron el desfile de millones de personas a pesar de los chantajes gubernamentales, a pesar de las declaratorias de toque de queda, a pesar de los allanamientos selectivos previos a líderes de la protesta. En una palabra, a pesar de las amenazas convencionales del terror de Estado.
Las movilizaciones del 21N tuvieron el respaldo nocturno de los cacelorazos en los barrios convertidos en el eco solidario de las proclamas callejeras, confirmando la enorme legitimidad social del paro. Durante los días siguientes, marchas y cacelorazos continuaron en calles, barrios y parques, acompañados con la presencia de grupos musicales y de teatro. Un espectáculo de euforia colectiva y de arte callejero.
El domingo 8 de diciembre, unas 300.000 personas presenciaron en diversos sitios del centro de Bogotá el llamado “concierto del paro”, en el que participaron orquestas juveniles que quisieron manifestar su solidaridad con las protestas. Cuando los organizadores tramitaron los permisos para realizar la jornada artística, la alcaldía les ofreció el parque Simón Bolívar, un lugar de la ciudad que posibilita la concentración de miles de personas, diseñado para este tipo de espectáculos. Rechazaron la oferta y la realizaron en tarimas callejeras. Se trata de prolongar el disfrute del espacio, público, argumentaron, confirmando que existe un sentimiento popular por continuar en las calles, un sentimiento acompañado de la convicción de que ha llegado el momento de abandonar el miedo que por décadas nos condenó al ostracismo. Un sentimiento verbalizado en murmullos cotidianos en los que se afirma “que este país ya no es el mismo después del 21N”.
El fracaso gubernamental en la aplicación de una política de “seguridad interna”
Históricamente, la principal justificación de las elites para ilegalizar las resistencias sociales fue la de presentarlo como colaborador de las guerrillas en medio de la guerra civil interna, que comenzó hacia mediados del siglo XX. Cualquier protesta de cualquier sector de la población era caracterizada como proclive a la guerrilla, lo que servía de pretexto para aplicar la legislación de excepción, detener a los dirigentes y judicializarlos.
La negociación con las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionaria de Colombia), impidió que se siguiera utilizando este argumento, abriéndole nuevas posibilidades al movimiento popular. Esta negociación no planteó el tránsito a reformas democráticas, aspiración de partidos, organizaciones y personalidades democráticas que acompañaron la propuesta de solución política al conflicto desde hace varias décadas. Fue derrotada plebiscitariamente en octubre del 2016 por una alianza política de derecha liderada por el uribismo, que incluyó al Partido Conservador a la mayoría de la Iglesia Católica y a los predicadores de las iglesias evangélicas, lo que obligó a una nueva negociación entre las partes con presencia del uribismo, que redujo el contenido de lo pactado y cuya aprobación debió pasar por el filtro del Congreso, soportando recortes adicionales. La versión final de estos acuerdos contempló un sistema de justicia, verdad y reparación integrado por la Justicia Especial de Paz (JEP), encargada de la “justicia transicional”, y la Comisión de Verdad. En el caso de la JEP, el tratamiento definido frente a quienes financiaron la guerra (empresarios y latifundistas) fue tan benigno que quedaron con la opción voluntaria de presentarse a este organismo judicial. Igualmente, se desconoció el criterio de “cadena de mando” para ambas partes y en el caso de las responsabilidades por violación de derechos humanos por parte de los miembros de las Fuerzas Armadas, abrieron la posibilidad de amnistiarlos mediante una figura jurídica denominada “renuncia a la acción del Estado”.
La agenda económica tampoco apuntó a reformas estructurales. Dado que las FARC fueron una guerrilla de tradición campesina y con presencia en zonas de colonato el tema de la tierra fue el central en esta negociación. Sin embargo, el acuerdo no incluyó medidas que cuestionaran a la concentración latifundista de la tierra fortalecida en medio de la guerra tanto por el despojo a campesinos como por el lavado de dinero (2); terminó por incluir la formalización de la propiedad de siete millones de hectáreas en zonas de colonato donde las FARC tuvieron presencia y la creación de un fondo de tierras compuesto por tres millones de hectáreas para distribuir nacionalmente a campesinos pobres. Hasta el momento han quedado en letra muerta. Un punto adicional en lo pactado fue el compromiso estatal de realizar inversiones en las regiones marginadas y azotadas por el conflicto, a lo que igualmente se ha negado el gobierno con el pretexto de la actual crisis fiscal. Como si fuera poco un número de 170 desmovilizados de las FARC han sido asesinados desde que dejaron las armas, el último de ellos dentro de los propios campamentos en los que están concentrados, conforme a lo definido por los acuerdos.
A pesar de estas limitaciones en el diseño y la implementación de los acuerdos, el uribismo viene intentando rebajarle aún más los contenidos. El partido Centro Democrático, al que pertenece el actual presidente Iván Duque, presentó una serie de objeciones a la JEP que perseguían oficializar mayor impunidad las cuales no alcanzaron a obtener las mayorías en el Congreso e impide la oficialización de 16 circunscripciones parlamentarias para las víctimas que fueron reconocidas en la negociación.
En lo referente al manejo del “orden público” el gobierno actual viene implementando una política diseñada bajo los obsoletos argumentos del “enemigo interno”. Colocó como Comandante del Ejército al general Nicacio Martínez, quien ha sido señalado por la propia Fiscalía, como responsable de ejecuciones extrajudiciales (llamados eufemísticamente por la prensa como “falsos positivos”) en la región Caribe (Departamentos de la Guajira y el Cesar) durante el año 2006, cuando ofició de segundo comandante y jefe del Estado Mayor de la Brigada ubicada en esa región. (3)
Una vez posesionado, Martínez volvió a incluir en los protocolos del ejército las directrices que llevaron a la generalización de ejecuciones extrajudiciales, lo cual fue denunciado por The New York Times, periódico que obtuvo información de oficiales (4) que certificaron adicionalmente muertes y arrestos “sospechosos”. En medio de estas denuncias ocurrió el asesinato del ex -guerrillero de las FARC Dimas Torres en el municipio de Convención, región del Catatumbo, ubicada en el nororiente del país, quien fue detenido y asesinado por militares activos en estado de indefensión. Este asesinato tuvo la particularidad de que fue conocido y denunciado por los habitantes de la localidad por lo que obligó al general Diego Luis Villegas, comandante de las fuerzas especiales de esa región, a pedir perdón público, gesto que repitió ante la Comisión de Paz del Congreso.
Posteriormente, la opinión pública conoció, en los inicios de noviembre y en medio de un debate parlamentario, el trágico resultado de un bombardeo realizado en contra de las llamadas “disidencias” de las FARC a finales de agosto en San Vicente del Caguán, departamento del Caquetá, en el que murieron 18 niños. En este debate quedó en claro que, previo a la ejecución del bombardeo, el ejército tenía conocimiento de la presencia de menores en el terreno y que el mando de la brigada había sido informada oficialmente por parte del personero municipal. Igualmente quedó en claro que el ejército escondió durante meses la información de lo ocurrido. El debate causó la renuncia del hasta entonces Ministro de Defensa Guillermo Botero. (5)
Estas tensiones en el interior del ejército y entre las fracciones parlamentarias del régimen de dominación, confirman que existe una fisura en las elites: entre el uribismo que pretende preservar la política de “seguridad interna” y quienes acompañaron al expresidente Manuel Santos en la negociación política con las FARC en La Habana, que consideran que debe adecuarse a un ejército postconflicto que gane legitimidad. Por ello, también reivindican la implementación de los acuerdos en su versión final y conformaron un bloque político denominado “Defensores de la Paz”, al que se sumaron todos los partidos no uribistas incluyendo la izquierda y movimientos de derechos humanos el cual realiza campañas y giras nacionales. Tuvieron un papel activo en la realización de alianzas en las últimas elecciones regionales realizadas el 27 de octubre en las que los candidatos del Centro Democrático fueron derrotados en las ciudades capitales.
Más allá de estas contradicciones inter-elites, el desgaste del gobierno por intentar preservar la opción belicista es evidente. El rechazo popular al asesinato continuo de líderes sociales, ambientales y de miembros de las comunidades étnicas en regiones periféricas, cada vez tiene mayor resonancia en las ciudades. El caso de los niños muertos en el bombardeo del Caquetá produjo una indignación colectiva que encontró un eco multitudinario en la movilización del 21 de noviembre.
En el propio desarrollo del paro, la población ha tenido que enfrentar otra forma de terror de Estado: el escuadrón antidisturbios (ESMAD), cuerpo de la policía especializado en el enfrentamiento a las marchas de protesta. Creado en el 2007 durante el segundo gobierno de Uribe enfrentan de tal manera las movilizaciones que han sido varios los muertos, los encarcelados y golpeados por este escuadrón policial. Pero en medio de una explosión social como la actual, ese comportamiento arbitrario genera un rechazo mucho mayor. El 23 de noviembre en el centro de Bogotá, un miembro de ese escuadrón antidisturbios dejó malherido a un estudiante de bachillerato de tan solo 18 años, Dilan Cruz, al dispararle con perdigones de bala recalzados a corta distancia. Dilan murió pocos días después en un hospital de la ciudad convirtiéndose en un símbolo de la resistencia actual. El 11 de diciembre, miembros del mismo escuadrón intentaron secuestrar en un carro sin insignias oficiales a dos estudiantes que participaban en un mitin frente a las instalaciones de la Universidad Nacional. Un ciudadano, ante los gritos de los jóvenes comenzó a grabar, se subió en su vehículo y siguió al carro fantasma obligando a que detuviera la marcha y se identificaran aumentando el estupor ciudadano. Han sido muchos los manifestantes golpeados judicializados y otros que, igual que en la represión en Chile, han perdido los ojos. A causa de estos acontecimientos deleznables una de las reivindicaciones principales y unificadora del paro, al igual que del conjunto del movimiento democrático, es la disolución del ESMAD, que en esta oportunidad no pudo detener la avalancha callejera.
El “paquetazo” económico resultado de la crisis del neoliberalismo periférico
La actual crisis económica internacional desnudó las fragilidades del modelo financiero-extractivista en América latina. La fuerte caída de los precios internacionales de las comodities durante el lapso 2013-2017, produjo déficits comerciales y fiscales en los países de la región, que obligaron a incrementar los endeudamientos públicos y privados. En estas condiciones y como ocurre en períodos de declive en las economías periféricas, la Inversión extranjera directa cayó; en el caso de la IED, por cuanto las inversiones en los sectores extractivos devienen menos rentables y en lo atinente a las inversiones de portafolio por cuanto aumenta la “prima de riesgo”, empujando la fuga de capitales. A la manera de un círculo infernal que se cierra sobre sí mismo, la reducción de la inversión extranjera produce devaluación monetaria y aumento de las deudas, que en la macroeconomía del lenguaje neoliberal, obligan a planes de ajuste que persiguen la contracción de la demanda. Pero la población cansada de soportar el detrimento continuo en sus condiciones de vida ha salido a rechazarlos. Las movilizaciones de octubre en Ecuador y Chile lo explicitaron. Las de Colombia, el 21 de noviembre, hicieron parte de ese mismo hartazgo por los ajustes neoliberales.
Unas semanas antes del paro el gobierno Duque presentó al Congreso una propuesta de reforma tributaria en línea de continuidad con una política fiscal que, desde los inicios de la implementación del neoliberalismo en los inicios de la década de 1990, aumenta las exenciones a los grandes capitales mientras descarga sobre las capas medias y pobres el grueso del castigo tributario, en un país que desde el año 2000 hasta ahora ha tenido que soportar 13 reformas fiscales de este mismo tipo, una cada año y medio en uno de los países de mayor concentración del ingreso en la región.
El gobierno adicionó a esa propuesta la de una contrarreforma laboral que pretende flexibilizar aún más el régimen de trabajo, al punto de incluir el pago de salarios por horas; una contrarreforma jubilatoria favorable a los fondos privados de pensiones; y por recomendación de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la creación de un holding financiero estatal el cual centralizaría la totalidad de los recursos del sector financiero estatal para competir en el mercado de capitales.
Las exigencias del capital transnacional por estabilizar la economía en crisis, después de la caída en los precios del petróleo, el principal producto exportador, explican la propuesta del “paquetazo” gubernamental.
Colombia tiene un déficit en cuenta corriente superior al 4% del PIB, el cual aumentó de manera considerable a partir del 2013, con la caída del precio internacional del petróleo, el principal producto exportable al igual que la IED. En el lapso 2013-2017, hubo un declive pronunciado del precio internacional del petróleo y a consecuencia de ello las exportaciones petroleras bajaron en un 60,4% y la IED del sector en un 41.3%. (6) A pesar de la recuperación parcial de los precios internacionales del petróleo durante los últimos años este déficit sigue en aumento, (7) al igual que la reducción de la IED (8), lo que ha precipitado fuga de capitales de corto plazo graficado estadísticamente en el declive de las inversiones de portafolio. (9)
En medio de este cuadro recesivo la devaluación de la moneda alcanzó uno de los niveles más altos en el promedio internacional de las monedas (10) arrastrando de paso el crecimiento de la deuda externa, lo cual es particularmente grave en el caso de la deuda pública que ya llega al 51% del PIB, con el agravante de que existe en el país una legislación impuesta por el FMI, según la cual en la ejecución de los presupuestos anuales el pago de los intereses de deuda es prioritario. (11)
Bajo las coordenadas de la dominación neoliberal el ajuste económico toma el carácter de inevitable. Por ello, mientras en las calles los manifestantes reclaman una sociedad más justa, el presidente y la mayoría parlamentaria continúan tramitando en el Congreso los proyectos de ley exigidos por el capital transnacional, lo que reafirma la fractura entre población e instituciones, confirmando la estrechez de una “democracia representativa” creada a imagen y semejanza del neoliberalismo, apoyada en clientelas políticas, en lobbies empresariales y en negociaciones secretas. Lo que estamos presenciando en Colombia y en América Latina en general, no es tan solo la crisis del neoliberalismo como modelo económico basado en el despojo, sino también la crisis de sus formas de representación política.
Los retos que plantea la nueva coyuntura política
Desde el 21N ha surgido en el país un movimiento plural que involucra asalariados, pobladores de los barrios, capas medias acorraladas por impuestos y la usura bancaria en las ciudades. Dentro de esta convergencia social debe resaltarse el papel de los movimientos juveniles que han emergido a la confrontación exigiendo derechos y explicitando su lejanía frente a una guerra que ya no los convoca.
Estas expresiones juveniles tienen antecedentes en los movimientos universitarios de resistencia que aparecieron en años anteriores. Efectivamente, en el 2011 la denominada Mesa Nacional estudiantil logró, mediante una protesta de gran espectro, derrotar un proyecto de “reforma universitaria” impulsado por el gobierno de Santos y el año pasado, otro movimiento del mismo carácter logró conseguir recursos presupuestales adicionales a los que había proyectado el actual gobierno. Pero ahora, el campo de la movilización juvenil es mucho más amplio; incluye la presencia de los jóvenes que no pueden acceder a las universidades, o de aquellos que habiendo logrado un título profesional no encuentran empleo (12); incluye a aquellos que estudian en universidades privadas, obligados a soportar endeudamientos asfixiantes. Igualmente a los de los institutos técnicos que antes de terminar los estudios ya les han anunciado una contratación laboral precaria; también a aquellos jóvenes que la pobreza no les permite terminar la secundaria y tampoco pueden acceder a los servicios de salud mercantilizados o lograr un bienestar mínimo.
Tal y como ha ocurrido en otras partes de la geografía planetaria con movimientos sociales similares, este movimiento juvenil acude a la protesta callejera de manera espontánea utilizando las redes virtuales, motivado por denunciar “las consecuencias del neoliberalismo” aunque sin conocer sus causas (13). Rechaza las instituciones y los partidos dominantes pero, igualmente, no se sienten representados en los partidos de izquierda como tampoco en las organizaciones populares tradicionales. Objeta las decisiones verticales, los liderazgos unipersonales, democratizando las decisiones, lo que les imprime una gran fortaleza a su accionar. Expresa, al mismo tiempo, un pluralismo ideológico amplio en medio de la despolitización a la que los condenó el neoliberalismo y de allí su debilidad.
Dentro de esta pluralidad ideológica deben resaltarse dos temas que denuncian la crisis civilizatoria a la que nos ha condenado el capitalismo contemporáneo: el de la destrucción de la naturaleza y el de la preservación de la sociedad patriarcal, cuestionando con mucha fuerza por mujeres jóvenes universitarias y profesionales.
El movimiento social plural que acompañó las protestas callejeras del 21N no cuenta con una correlación de fuerzas que le permita plantearse rupturas institucionales, como la renuncia del Presidente o la convocatoria a una Asamblea Constituyente, como en el caso de Chile. Sin embargo, en su corta existencia ha logrado:
-Derrotar el terror de Estado que durante décadas ilegalizó el accionar de las organizaciones populares al darles el tratamiento de estado excepción, colocándolos como apéndices de las guerrillas.
-Urbanizar la resistencia social tanto por la forma como irrumpió en las ciudades como por los puntos que propone en su plataforma reivindicativa.
-Potenciar un movimiento en defensa de los derechos humanos que cuestiona el asesinato recurrente de líderes sociales y que demanda una política democrática que garantice el cierre definitivo del conflicto armado.
-Colocar en el centro de la discusión política nacional a la desigualdad social como expresión interna de la crisis que el neoliberalismo experimenta a escala internacional.
El denominado Comando Nacional Unitario que convocó el 21N mantiene la interlocución con el gobierno, pero las franjas de la población que actúan de manera espontánea o que pertenecen a una diversidad de organizaciones sociales, se encuentran por fuera de este organismo aunque dispersas y sin capacidad de convertirse en una opción política diferente.
De momento se coordinan en asambleas barriales, una forma territorial de democracia directa que responde al despojo causado por el urbanismo neoliberal, caracterizado como “extractivismo urbano”. (14) Estas asambleas barriales pueden convertirse en expresiones superiores de democracia si logran centralizarse y articularse con movimientos nacionales que resisten a las políticas estatales. Esta apuesta dependerá obviamente de la continuidad del paro en las semanas iniciales del año entrante, lo que en las actuales circunstancias parece posible y de los retos que le plantee al movimiento el enfrentamiento al gobierno. La alternativa política seguirá en disputa aunque ahora en un nuevo contexto. Urge una coordinación unitaria de quienes estamos convencidos de la necesidad de preservar una estrategia anticapitalista.
Notas:
1) El departamento de derechos humanos de la CUT ha denunciado el asesinato de 3000 activistas sindicales desde cuando fue fundada esta central sindical, a mediados de la década de 1980.
2) Los niveles de concentración de la tierra en el país son muy altos. El 1% de los grandes propietarios rurales acaparan el 60% de la tierra apta para cultivar mientras que dos millones y medio de familias campesinas viven en la superficie restante.
3) Durante el segundo gobierno de Álvaro Uribe, en el 2008, el país conoció que miembros de las fuerzas armadas habían asesinado a civiles indefensos haciéndolos pasar por bajas en combates. “El jefe del Ejército de Colombia dirigió una brigada acusada de matar a civiles”, El País”, Madrid, 5-06-2019, https://elpais.com/
4) Los oficiales que hablaron con The New York Times aseguran que estuvieron en el Ejército cuando ocurrían los falsos positivos, más de una década atrás. Las fuentes aseguran que las cosas empezaron a tomar un nuevo rumbo el pasado 19 de enero, un mes después del cambio de cúpula militar, cuando el general Martínez reunió a 50 generales y coroneles entre los que estaban sus principales mandos en todo el país. (..) El 19 de febrero apareció un documento titulado "Cincuenta órdenes de Comando", conocido por el diario. En esta se exigen ataques oportunos y masivos. La directriz que marcaba el mayor cambio a como veían operando las cosas, dice The New York Times, es la de los ataques mortales.” “Falsos Positivos 2.0” La denuncia de The New York Times, Revista Semana, 18 de mayo del 2019, en https://www.msn.com/es-co/
5) Esta renuncia se precipitó antes de que el Congreso votara la “Moción de censura” respectiva. “A una semana de que las mayorías en el Congreso lo convirtieran en el primer ministro en la historia de Colombia en salir de su cargo por una moción de censura, Guillermo Botero tuvo que dar un paso al costado.
a través de un escueto comunicado, en la tarde de este miércoles, presentó la renuncia a su cargo…” “Renuncia Ministro de Defensa”, El Tiempo, 5 de noviembre del 2019, en https://www.eltiempo.com/
6) Marco Fiscal de Mediano Plazo-2018, pág 127 y ss, MinHacienda en http://www.minhacienda.gov.
7) “El déficit de la balanza comercial de Colombia se multiplicó por más de dos veces en agosto pasado, al ubicarse en 1.426,6 millones de dólares, desde uno de 691,7 millones de dólares reportado para el mismo mes del año pasado”. El Tiempo, 18 de octubre del 2019, en https://www.eltiempo.com/
8) Según las propias estadísticas oficiales, la IED cayó en 14,1% durante el 2018 (llegó a US$8.679,2 millones, mientras que en el 2017 había alcanzado US$10.109 millones).
9) Estas inversiones en portafolio vienen experimentando un desplome; durante el 2018 cayeron en un 53,4%, datos que confirman que efectivamente estamos en fuga de capitales. El país es deficitario cuando se toma en cuenta el diferencial entre ingresos por inversión extranjera y salidas por utilidades y dividendos desde hace varios años lo que aparece en el rubro denominado “renta de factores” de la balanza de pagos. El balance deficitario de este rubro llegó a US$11.441 millones en el 2018.
10) En el 2014 el peso cotizaba a $1800 con relación al dólar. A finales del 2017 llegó a $3.000 y en la actualidad asciende a $3.500. Confirma igualmente la fuga de capitales.
11) Se trata del denominado “superávit primario” obligatorio no tan solo en el diseño de los presupuestos públicos, sino también en la elaboración de los planes de desarrollo y de las llamadas políticas públicas.
12) En la Universidad Nacional, la universidad pública más importante del país, procuran ingreso cada seis meses que terminan los períodos académicos de la secundaria aproximadamente 60.000 bachilleres. Y tan solo ingresan 7000 aproximadamente. El desempleo juvenil alcanza niveles del 22% aproximado, de lejos el monto más alto en el globo de los desempleados. Debe tenerse en cuenta que los métodos estadísticos.
13) Han sido caracterizados como movimientos por “ciudadanías emergentes”, movimientos que intentan salir de la marginalidad social a la que han sido sometidos por el neoliberalismo.
14) El reordenamiento espacial de las ciudades por parte del gran capital inmobiliario y financiero en procura de la obtención de rentas lleva al desalojo de las poblaciones de manera similar al desplazamiento que ocurre en los territorios en los que opera la explotación de hidrocarburos y minerales. Por ello ha sido caracterizado como ”extractivismo urbano”.
Fuente:
La
jornada de este martes estuvo caracterizada por masivas movilizaciones
contra las medidas del presidente Iván Duque. Foto: Reuters.
En otra denuncia contra la violación de los derechos humanos en
Colombia, varias personas en las redes sociales rechazaron este martes
la represión de una protesta en la Universidad Nacional, en Bogotá, en
otra jornada de protestas contra el presidente de ese país, Iván Duque.
Desde hace casi un mes en Colombia se suceden movilizaciones, en su mayoría pacíficas, contra políticas del gobierno, en rechazo a la violencia y por la paz.
En los días de protestas transcurridos desde el masivo paro nacional del 21 de noviembre último, varias voces coinciden en denunciar lo que consideran violaciones de los derechos humanos.
Al respecto, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), uno de los sindicatos más importantes de Colombia, denunció lo que calificó de atropellos contra integrantes del paro nacional en rechazo a políticas gubernamentales.
La CUT denuncia ante la comunidad nacional e internacional los atropellos a que vienen siendo sometidos los integrantes del paro, por parte de la Policía en cabeza del Esmad, señaló.
En tal sentido, puntualizó mediante un comunicado que se han desconocido todos los procesos legales de detenciones. Mientras, después de más de tres semanas de movilizaciones, las reuniones entre el Comité de Paro y el gobierno, siguen sin arrojar acuerdos.
En el pliego de peticiones que entregó a la Presidencia de la República, el Comité pidió la disolución del Esmad, sobre el que llueven las críticas por los que muchos consideran uso excesivo de la fuerza durante las protestas, y la depuración de la Policía Nacional.
URUGUAY
En una entrevista con una radio de la Asociación de Radiodifusores de Chile (ARCHI), Piñera además dijo que el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) respalda esa hipótesis.
El mandatario derechista aseguró que existen “grupos extranjeros” infiltrados que han modificado los intereses populares, aunque no dio detalles sobre la nacionalidad de estos supuestos agentes porque es un tema que “requiere prudencia”.
Aprovechó para pedir perdón al pueblo chileno y agregó que hizo lo “humanamente posible” para controlar la situación.
Según una reciente encuesta, Piñera tiene una desaprobación del 82%
Almagro alineado
Luis Almagro se sumó al presidente chileno en su afán por encontrar responsables más allá de las fronteras del país. “Nadie puede creer que es espontáneo atacar cuatro o cinco lugares a la vez en puntos estratégicos de la ciudad de Santiago”, aseveró el uruguayo.“Nadie puede creer que es espontáneo en función del equipamiento que tienen”, agregó.
En ese sentido, apuntó hacia Caracas: “Uno lo ve. Una parte de los tuits pidiendo la renuncia del Presidente Piñera venían de Venezuela (…) Eso definitivamente tiene un componente de coordinación evidente, y hay que ver cómo eso se retroalimenta con estos actores internacionales”.
Violaciones a los derechos humanos
Piñera defendió también al director general de los Carabineros, Mario Rozas, quien está señalado por el Movimiento Salud en Resistencia (MSR) por supuestamente avalar el uso de químicos en el agua que disparan los camiones cisterna.Entro otros componentes, MSR encontró soda caústica y activos propios del gas pimienta, que son ilegales en estos camiones.
Esos químicos son altamente irritantes, marcan un PH de 12 en la escala regular de 1 a 14 puntos, por lo que generan severos daños dérmicos, oculares y en el tracto digestivo por ingestión accidental.
Piñera dijo que Rozas no será retirado de su cargo porque, al frente de Carabineros, su intención es la de solucionar los conflictos que tienen lugar hace semanas en las calles chilenas.
Lecciones que nos dejan las movilizaciones que impugnan la ofensiva capitalista en Nuestramérica
por Julio C. Gambina
LA HAINE - 26/10/2019
La garantía siempre estará en la capacidad de
movilización y protesta de la sociedad para hacer realidad la
satisfacción de las reivindicaciones
Acaba
de realizarse la elección en Bolivia y estamos a pocas horas de las que
se realizan en Argentina y en Uruguay. En los tres casos no da lo mismo
uno que otro resultado. La confirmación de un triunfo en primera vuelta
de Evo Morales habilita la continuidad y profundización de un rumbo de
cambio político en contra de la lógica hegemónica de la ofensiva
capitalista a escala mundial. El conteo provisorio confirma el triunfo
oficialista en primera vuelta y da para pensar en un tiempo de aliento a
la economía comunitaria para el vivir bien.
El triunfo del Frente Amplio en Uruguay y la derrota de Macri en Argentina pueden potenciar una articulación regional objetada por la promoción de la “liberalización” sostenida hasta ahora por los gobiernos de Brasil, Argentina, Paraguay y Chile. Bolsonaro amenaza con excluir a la Argentina del Mercosur si no continúa el macrismo en el gobierno [como ya hicieron con Venezuela].
Por ello es que no sorprende la asociación entre la oposición boliviana y la OEA, o sea, EEUU, quienes pretenden sobrepasar el límite de la legalidad nacional boliviana para convocar a una segunda vuelta electoral, desafiar el rumbo actual de Bolivia y encaminar al país junto a los impugnados regímenes de derecha de la región [que cada vez van a ser menos]. No sorprende que ahora la intelectualidad funcional al poder acuse a Bolivia como la nueva dictadura y estigmaticen como lo hacen con Venezuela.
Lo de impugnado remite en estas horas a la situación chilena. Luego de casi medio siglo de golpe pinochetista e inauguración de las políticas “neoliberales” en el mundo, y a 30 años de la constitución heredada de la dictadura genocida, el pueblo chileno ganó las calles con sus protestas. Hay paro de 48 horas convocado por el movimiento obrero, en confluencia con las luchas de los estudiantes y pobladores. El conjunto de la protesta social constituye un episodio de acumulación gestado en pocos días, que recupera una histórica gesta de luchas protagonizadas por millones.
Todo se disparó con un aumento del boleto del subterráneo en Santiago de Chile y la inmediata impugnación estudiantil, quienes decidieron saltar los molinetes para no pagar y demostrar el descontento. La actitud fue masiva y la represión fue la respuesta gubernamental, lo que motivó la indignación social ampliada y la protesta se transformó en pueblada. El gobierno respondió con el Decreto del “estado de emergencia” y con ello, escaló la represión. A la memoria social retornó la Dictadura pinochetista, con miles de policías, gendarmes y militares reprimiendo con saña. Muertos, heridos y detenidos es el saldo, más el toque de queda que se extendió a varios territorios, ya no solo la capital chilena.
Chile, el modelo exitoso
Es curioso destacar que, en el último debate presidencial en la Argentina (20/10/2019), con la movilización chilena como noticia principal en todos los medios, hubo quien, desde el liberalismo ortodoxo, resaltara el ejemplo del modelo trasandino. Paradigma emblemático del liberalismo contemporáneo (neoliberalismo) que hoy está siendo rechazado ampliamente por la movilización social.
¿A qué se debe que Chile sea considerado exitoso? Chile es el territorio de facilitación de ganancias para el capital más concentrado, de ampliación de tratados de libre comercio; con bajos salarios y deterioro deliberado de la respuesta sindical y popular. Es el modelo a seguir para la ofensiva capitalista, que, además, empezó como “neoliberalismo” en Chile de 1973, algo que se extendió a la Dictaduras del Cono Sur. Solo luego de ese éxito a costa de la calidad de vida de la población, el neoliberalismo desembarcó en Inglaterra y EEUU, con Thatcher en 1979 y Reagan en 1980. Ahora ya son política hegemónica más allá de la desaceleración y crisis de la economía mundial.
Las protestas en Chile fueron más allá que el aumento del transporte y se extiende a la ofensiva capitalista contra los ingresos populares: los trabajadores/as; jubilados/as y los perceptores de ingresos derivados de la política social. Una parte considerable de la población se cansó y salió a la calle para intervenir en la fijación de la política. No solo deciden los “mercados”, también lo hace la población movilizada. Resulta muy interesante concentrarse en las lecciones que vienen desde Chile; como hace muy poco seguimos atentamente el levantamiento indígena y popular en Ecuador contra el aumento del combustible y el acuerdo del ajuste fiscal con el FMI.
En ambos casos, Chile y Ecuador, la movilización popular frenó la medida de aumentos e impuso a las autoridades la convocatoria al “dialogo”, aun cuando se mantuvo el despliegue represivo. Un diálogo amañado con los socios del poder y que desafía a resolver si se está del lado de la institucionalidad anti popular o del de la impugnación de la movilización social.
Tanto en Ecuador como en Chile se sabe que al dialogo hay que llegar y abonarlo con organización y conciencia movilizada sino se quiere avanzar con las artimañas del poder para hacer realidad el ajuste en contra de la mayoría empobrecida de la sociedad. Al mismo tiempo, el pueblo de Haití, el más empobrecido de toda la región, se levantó en estos días en la demanda por la renuncia del antipopular gobierno.
Chile, Ecuador y Haití muestran el cansancio de los pueblos a las políticas hegemónicas, liberalizadoras (neoliberales), de ajuste perpetuo en sintonía con la ofensiva mundial del capital contra el trabajo, la naturaleza y la sociedad. El conflicto social evidencia que no todo está dicho en el rumbo que deben seguir los países, que no todo lo que reluce es oro, como señala la sabiduría popular. Todo eso que aparece como “modelo” se desvanece cuando la movilización social es masiva. Si el capital interviene con lobby o presión mediática, Estado mediante, la sociedad popular lo hace desde la protesta social y la organización popular. En lenguaje tradicional remitimos a la “lucha de clases”.
Lecciones en tiempos electorales
Vale la pena desde Bolivia, Argentina o Uruguay, mirarse en el espejo de la realidad chilena, ecuatoriana o haitiana, porque es el destino del discurso de las derechas y el liberalismo (neo). El neoliberalismo parte de un mensaje directo, simplón, que puede resultar atractivo para una parte de la sociedad, incluso de sectores empobrecidos, si no, no se puede entender el traspié de los gobiernos que impugnaron, con más o con menos, el discurso hegemónico de corte neoliberal. La simpleza del mensaje liberal contemporáneo puede ayudarnos a explicar el consenso electoral en los gobiernos de Argentina con Macri, o de Brasil con Bolsonaro, y que intentan hacer pie de cualquier modo en Bolivia o en Uruguay.
La disputa en estas horas en Bolivia es por continuar y profundizar el proceso de cambio iniciado por Evo Morales en 2006 o retomar una senda cuyos resultados ya vimos en nuestros países en la oleada liberalizadora de los 80´ y los 90´, y que no hay duda se rechazan en las calles de Chile, Ecuador o Haití, incluso en Bolivia. Es lo que se discute en Argentina y Uruguay el próximo domingo 27/10, un rumbo de impugnación a la lógica de la mercantilización que sostienen los ideólogos de la apertura económica y las reaccionarias reformas laborales y previsionales, o un rumbo definido por la organización social consciente de construir otra realidad, basada en la lucha por satisfacer necesidades y ampliar derechos.
Algunos me interrogan porque esas movilizaciones tan amplias no se realizan en la Argentina del 35,4% de pobres, de más del 10% de desocupados o del tercio con empleo irregular, con tarifas por ahora congeladas, pero que al estar dolarizadas volverán a congelar los bolsillos de una mayoría con limitaciones severas en la apropiación personal de ingresos suficientes para atender las ampliadas necesidades.
La explicación es que en Argentina existen expectativas político electorales, del mismo modo que en Uruguay, algo que no necesariamente ocurre con las luchas comentadas en el resto de la región, pero en uno u otro de estos territorios, la garantía siempre estará en la capacidad de movilización y protesta de la sociedad para hacer realidad la satisfacción de las reivindicaciones democráticas, y mucho más si lo que se pretende es transformar la realidad.
La Haine
El triunfo del Frente Amplio en Uruguay y la derrota de Macri en Argentina pueden potenciar una articulación regional objetada por la promoción de la “liberalización” sostenida hasta ahora por los gobiernos de Brasil, Argentina, Paraguay y Chile. Bolsonaro amenaza con excluir a la Argentina del Mercosur si no continúa el macrismo en el gobierno [como ya hicieron con Venezuela].
Por ello es que no sorprende la asociación entre la oposición boliviana y la OEA, o sea, EEUU, quienes pretenden sobrepasar el límite de la legalidad nacional boliviana para convocar a una segunda vuelta electoral, desafiar el rumbo actual de Bolivia y encaminar al país junto a los impugnados regímenes de derecha de la región [que cada vez van a ser menos]. No sorprende que ahora la intelectualidad funcional al poder acuse a Bolivia como la nueva dictadura y estigmaticen como lo hacen con Venezuela.
Lo de impugnado remite en estas horas a la situación chilena. Luego de casi medio siglo de golpe pinochetista e inauguración de las políticas “neoliberales” en el mundo, y a 30 años de la constitución heredada de la dictadura genocida, el pueblo chileno ganó las calles con sus protestas. Hay paro de 48 horas convocado por el movimiento obrero, en confluencia con las luchas de los estudiantes y pobladores. El conjunto de la protesta social constituye un episodio de acumulación gestado en pocos días, que recupera una histórica gesta de luchas protagonizadas por millones.
Todo se disparó con un aumento del boleto del subterráneo en Santiago de Chile y la inmediata impugnación estudiantil, quienes decidieron saltar los molinetes para no pagar y demostrar el descontento. La actitud fue masiva y la represión fue la respuesta gubernamental, lo que motivó la indignación social ampliada y la protesta se transformó en pueblada. El gobierno respondió con el Decreto del “estado de emergencia” y con ello, escaló la represión. A la memoria social retornó la Dictadura pinochetista, con miles de policías, gendarmes y militares reprimiendo con saña. Muertos, heridos y detenidos es el saldo, más el toque de queda que se extendió a varios territorios, ya no solo la capital chilena.
Chile, el modelo exitoso
Es curioso destacar que, en el último debate presidencial en la Argentina (20/10/2019), con la movilización chilena como noticia principal en todos los medios, hubo quien, desde el liberalismo ortodoxo, resaltara el ejemplo del modelo trasandino. Paradigma emblemático del liberalismo contemporáneo (neoliberalismo) que hoy está siendo rechazado ampliamente por la movilización social.
¿A qué se debe que Chile sea considerado exitoso? Chile es el territorio de facilitación de ganancias para el capital más concentrado, de ampliación de tratados de libre comercio; con bajos salarios y deterioro deliberado de la respuesta sindical y popular. Es el modelo a seguir para la ofensiva capitalista, que, además, empezó como “neoliberalismo” en Chile de 1973, algo que se extendió a la Dictaduras del Cono Sur. Solo luego de ese éxito a costa de la calidad de vida de la población, el neoliberalismo desembarcó en Inglaterra y EEUU, con Thatcher en 1979 y Reagan en 1980. Ahora ya son política hegemónica más allá de la desaceleración y crisis de la economía mundial.
Las protestas en Chile fueron más allá que el aumento del transporte y se extiende a la ofensiva capitalista contra los ingresos populares: los trabajadores/as; jubilados/as y los perceptores de ingresos derivados de la política social. Una parte considerable de la población se cansó y salió a la calle para intervenir en la fijación de la política. No solo deciden los “mercados”, también lo hace la población movilizada. Resulta muy interesante concentrarse en las lecciones que vienen desde Chile; como hace muy poco seguimos atentamente el levantamiento indígena y popular en Ecuador contra el aumento del combustible y el acuerdo del ajuste fiscal con el FMI.
En ambos casos, Chile y Ecuador, la movilización popular frenó la medida de aumentos e impuso a las autoridades la convocatoria al “dialogo”, aun cuando se mantuvo el despliegue represivo. Un diálogo amañado con los socios del poder y que desafía a resolver si se está del lado de la institucionalidad anti popular o del de la impugnación de la movilización social.
Tanto en Ecuador como en Chile se sabe que al dialogo hay que llegar y abonarlo con organización y conciencia movilizada sino se quiere avanzar con las artimañas del poder para hacer realidad el ajuste en contra de la mayoría empobrecida de la sociedad. Al mismo tiempo, el pueblo de Haití, el más empobrecido de toda la región, se levantó en estos días en la demanda por la renuncia del antipopular gobierno.
Chile, Ecuador y Haití muestran el cansancio de los pueblos a las políticas hegemónicas, liberalizadoras (neoliberales), de ajuste perpetuo en sintonía con la ofensiva mundial del capital contra el trabajo, la naturaleza y la sociedad. El conflicto social evidencia que no todo está dicho en el rumbo que deben seguir los países, que no todo lo que reluce es oro, como señala la sabiduría popular. Todo eso que aparece como “modelo” se desvanece cuando la movilización social es masiva. Si el capital interviene con lobby o presión mediática, Estado mediante, la sociedad popular lo hace desde la protesta social y la organización popular. En lenguaje tradicional remitimos a la “lucha de clases”.
Lecciones en tiempos electorales
Vale la pena desde Bolivia, Argentina o Uruguay, mirarse en el espejo de la realidad chilena, ecuatoriana o haitiana, porque es el destino del discurso de las derechas y el liberalismo (neo). El neoliberalismo parte de un mensaje directo, simplón, que puede resultar atractivo para una parte de la sociedad, incluso de sectores empobrecidos, si no, no se puede entender el traspié de los gobiernos que impugnaron, con más o con menos, el discurso hegemónico de corte neoliberal. La simpleza del mensaje liberal contemporáneo puede ayudarnos a explicar el consenso electoral en los gobiernos de Argentina con Macri, o de Brasil con Bolsonaro, y que intentan hacer pie de cualquier modo en Bolivia o en Uruguay.
La disputa en estas horas en Bolivia es por continuar y profundizar el proceso de cambio iniciado por Evo Morales en 2006 o retomar una senda cuyos resultados ya vimos en nuestros países en la oleada liberalizadora de los 80´ y los 90´, y que no hay duda se rechazan en las calles de Chile, Ecuador o Haití, incluso en Bolivia. Es lo que se discute en Argentina y Uruguay el próximo domingo 27/10, un rumbo de impugnación a la lógica de la mercantilización que sostienen los ideólogos de la apertura económica y las reaccionarias reformas laborales y previsionales, o un rumbo definido por la organización social consciente de construir otra realidad, basada en la lucha por satisfacer necesidades y ampliar derechos.
Algunos me interrogan porque esas movilizaciones tan amplias no se realizan en la Argentina del 35,4% de pobres, de más del 10% de desocupados o del tercio con empleo irregular, con tarifas por ahora congeladas, pero que al estar dolarizadas volverán a congelar los bolsillos de una mayoría con limitaciones severas en la apropiación personal de ingresos suficientes para atender las ampliadas necesidades.
La explicación es que en Argentina existen expectativas político electorales, del mismo modo que en Uruguay, algo que no necesariamente ocurre con las luchas comentadas en el resto de la región, pero en uno u otro de estos territorios, la garantía siempre estará en la capacidad de movilización y protesta de la sociedad para hacer realidad la satisfacción de las reivindicaciones democráticas, y mucho más si lo que se pretende es transformar la realidad.
La Haine
La NASA muestra lo que sufre el Ártico por el calentamiento global
15/11/2019 - EL CIUDADANO (Chile)
Foto: Captura de video.
La agencia muestra cómo ha ido cambiando el hielo de este océano entre 1984 y septiembre de 2019
La manera en que el calentamiento global ha afectado el Ártico quedó revelada en un video de la NASA que publicó la organización American Geophysical Union (AGU).
El audiovisual de dos minutos muestra los drásticos cambios en este océano, desde 1984 hasta septiembre de este año.
El hielo más joven, o de primer año, se muestra en un tono azul oscuro, mientras que el que tiene cuatro años o más es blanco, lo que significa que ahora el área está dominada por unas capas más jóvenes y frágiles, reseñó Sputnik.
Kent Moore, físico atmosférico de la Universidad de Toronto en Canadá
y autor principal del nuevo estudio, advirtió que si se pierde todo el
hielo, se perderán las especies de la vida silvestre que dependen del
hielo marino.
“Esta área será un refugio donde las especies podrán sobrevivir y expandir sus regiones una vez que el hielo comience a regresar”, agregó.
Los investigadores aclararon que el hielo al norte de Groenlandia está disminuyendo dos veces más rápido que en el resto del Ártico y que es probable que las corrientes oceánicas y los vientos atmosféricos estén transportando el viejo y espeso hielo a otras partes del mismo océano.
Fuentes: Sputnik, NASA.
La manera en que el calentamiento global ha afectado el Ártico quedó revelada en un video de la NASA que publicó la organización American Geophysical Union (AGU).
El audiovisual de dos minutos muestra los drásticos cambios en este océano, desde 1984 hasta septiembre de este año.
El hielo más joven, o de primer año, se muestra en un tono azul oscuro, mientras que el que tiene cuatro años o más es blanco, lo que significa que ahora el área está dominada por unas capas más jóvenes y frágiles, reseñó Sputnik.
“Esta área será un refugio donde las especies podrán sobrevivir y expandir sus regiones una vez que el hielo comience a regresar”, agregó.
Los investigadores aclararon que el hielo al norte de Groenlandia está disminuyendo dos veces más rápido que en el resto del Ártico y que es probable que las corrientes oceánicas y los vientos atmosféricos estén transportando el viejo y espeso hielo a otras partes del mismo océano.
No matar al mensajero: Greta Thunberg
por Carolina Vàsquez Araya Septiembre 30, 2019
Lo que está en juego es la vida del planeta, razón suficiente para que la protesta sea unánime.
La campaña mediática y los comentarios –algunos francamente indignantes y ofensivos- para descalificar la campaña de protesta y concienciación iniciada hace más de un año por Greta Thunberg, una adolescente sueca de 16 años, es uno de esos fenómenos difícilmente comprensibles. ¿Odio, miedo o simplemente rechazo a una realidad sobre la cual estamos más o menos conscientes? Quizá se pueda sumar a esta fórmula el pensamiento patriarcal, cuyo marco conceptual no solo considera a la mujer un accesorio incapaz de pensar por sí mismo, sino también coloca a la niñez y la juventud en una posición de subordinación y dependencia, cuyos límites a la libertad de expresión demarca con feroz autoridad.
Greta Thunberg dio ante la comunidad internacional una lección valiosa imposible de ignorar. Sus fuertes palabras para recriminar a los representantes de los países reunidos en la cumbre del clima en la sede de las Naciones Unidas, cayeron sobre una audiencia cuyos objetivos están determinados por la economía y el poder geopolítico, no así por la urgente necesidad de reformar sus políticas para detener el acelerado deterioro ambiental que amenaza la vida sobre la Tierra.
No es posible ignorar que un puñado de países industrializados y sus sociedades consumistas han agotado, en menos de un siglo, recursos no renovables extrayéndolos de países empobrecidos por la corrupción y los conflictos bélicos provocados para facilitar sus operaciones. Como consecuencia de esa destrucción sistemática del equilibrio natural de la vida en el planeta, la Humanidad se enfrenta a un futuro incierto y poblado de amenazas que ya es necesario atender.
Sin embargo, ese escenario resulta apocalíptico para las grandes corporaciones y los países hegemónicos que gobiernan al mundo. De establecerse parámetros estrictos de reducción de emisiones, sustitución de fuentes de energía y cese de explotación de recursos no renovables y de especies marinas, muchos serían los efectos en sus planes y perspectivas económicas, en sus políticas sociales y de consumo, pero sobre todo en un replanteamiento drástico del concepto de desarrollo. Por esa razón, observan con recelo las acciones y el impacto de una adolescente de 16 años quien, sin mayores alardes, ha levantado una oleada de protestas a nivel global exigiendo acciones urgentes para detener el cambio climático.
La situación de deterioro ambiental ha sido negada sistemáticamente por los gobiernos de países con mayores índices de consumo, por lo tanto los mayores responsables por la situación actual. Eso, porque en su carrera hacia el poder absoluto, un freno de esa magnitud echaría por tierra sus ambiciones y afectaría gravemente su hegemonía económica. De esa cuenta, el presidente de la nación más consumista del planeta no tuvo empacho en intentar descalificar la actuación de Greta Thunberg y tampoco desperdiciaron la ocasión quienes apoyan sus políticas.
Lo importante no es, en realidad, quien trae el mensaje sino lo que este comunica. Como mensajera, la joven sueca logró su cometido por la pertinencia de un tema que afecta de manera directa a la niñez y la juventud del planeta. Una juventud cuyas perspectivas de vida y desarrollo se ven limitadas por la codicia corporativa y las políticas de dominación de algunas naciones súper poderosas cuyos representantes intentaron matar –mediáticamente- a la mensajera; pero el mensaje logró infiltrarse en la conciencia de millones de jóvenes, para quienes la vida es mucho más importante que un sistema de consumo alienante, impuesto por razones ajenas al bienestar humano.
EL LLAMADO DE GRETA THUNBERG PRENDIÓ FUERTE EN LA JUVENTUD DEL MUNDO.
fuente:
https://carolinavasquezaraya.
climatica.lamarea.com
Informe del IPCC
El océano y la criosfera se dirigen a unas condiciones sin precedentes e irreversibles
26/09/2019 |
Eduardo Robaina
[Los datos de la mayoría de artículos que
leemos sobre el cambio climático provienen del IPCC, siglas en inglés
del Grupo Internacional de Expertos sobre el Cambio Climático,
perteneciente a las Naciones Unidas.
Su trabajo tiene dos vertientes: 1)evaluar los miles de artículos científicos que se publican cada año, señalando los acuerdos que existen en la comunidad científica, las divergencias y los temas que necesitan más investigación; 2)proponer estrategias de mitigación del cambio climático y de adaptación al mismo.
La primera vertiente es ampliamente aceptada y reconocida. La segunda no. Daniel Tanuro explica las razones: “La habilidad del GIEC [IPCC,nde] es imprescindible e infinitamente valiosa cuando se trata de evaluar el fenómeno físico del cambio climático. Al contrario, sus estrategias de estabilización son sesgadas porque la investigación está cada vez más sometida a los imperativos capitalistas del crecimiento y el beneficio en todas partes. El escenario de una superación temporal de 1,5°C con el mantenimiento de la [energía] nuclear y el despliegue de las tecnologías de emisiones negativas, incluso experiencias de agroingeniería dignas de aprendices de brujos, está dictado principalmente por estos imperativos”.
Hecha esta aclaración es evidente que resulta imprescindible conocer los informes del IPCC para conocer los riesgos del cambio climático y para adoptar una posición crítica sobre sus propuestas.
El artículo que publicamos a continuación es un resumen del tercer informe que ha hecho el IPCC en el curso de un año y que ha publicado el portal Climática de la revista La Marea. Los resúmenes de los otros dos informes tienen enlaces en este artículo o se pueden consultar en:
https://www.lamarea.com/2018/
https://www.climatica.lamarea.
Los informes originales se pueden encontrar (en inglés) en: http://www.ipcc.ch/
El primer informe sobre el Calentamiento global de 1,5º C está disponible en castellano:
https://www.ipcc.ch/site/
Redacción]
El calentamiento global está modificando gravemente el océano y la criosfera –zonas congeladas del planeta, como nieve, glaciares, permafrost o hielo marino–. Para hacer frente a esta situación, inédita y puede que irreversible, es urgente priorizar una acción coordinada y ambiciosa, con una reducción inmediata de las emisiones. Este es el demoledor mensaje del último informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés), titulado El océano y la criosfera en un clima cambiante (SROCC, por sus siglas en inglés).
Si continúa el ritmo actual de emisiones, los glaciares perderán durante este siglo más de un tercio de su masa. El nivel del mar aumentará a una velocidad nunca antes vista. Las olas de calor marinas, atribuibles en su mayoría al cambio climático, son ya cada vez más duras y frecuentes. Y no solo se verá perjudicado el océano o la criosfera: estos cambios están haciendo que el clima del planeta sea más extremo.
Presentado este miércoles en Mónaco y aprobado un día antes por los 195 países miembros, es la evaluación más completa hasta la fecha de los efectos, actuales y futuros, del cambio climático en los océanos y la criosfera. Para su elaboración, se ha contado con la participación de 104 científicos –31 mujeres y 73 hombres– procedentes de 36 países, y se han analizado cerca de 7.000 publicaciones. Durante el largo proceso de confección, el trabajo recibió más de 30.000 comentarios de especialistas, de la UE y de 80 gobiernos.
En un contexto en el que el calentamiento global ha alcanzado 1°C por encima de niveles preindustriales como consecuencia de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), el porvenir que dibuja el grupo en su informe no es nada halagüeño, pero tampoco mejorará con la actual actitud de inacción política. A medida que avance el siglo, se espera que los océanos pasen a unas condiciones sin precedentes, con aumento de las temperaturas, mayor acidificación de sus aguas y disminución de la concentración de oxígeno.
También se prevé que los glaciares más pequeños, por ejemplo, los ubicados en Europa, África oriental, los Andes tropicales o Indonesia, pierdan más del 80% de su masa de hielo actual para el año 2100 en escenarios de altas emisiones.
Unos cambios futuros que, no obstante, actualmente ya están afectando a ecosistemas y vida de las personas. El océano hoy está más caliente, más ácido y menos productivo. El derretimiento de los glaciares y las capas de hielo está causando un aumento del nivel del mar, y los eventos extremos costeros, como las tormentas tropicales, se están volviendo cada vez más frecuentes y violentos. “Esto está obligando a la gente, desde las ciudades costeras hasta las comunidades árticas remotas, a alterar fundamentalmente su estilo de vida", asegura Ko Barrett, vicepresidente del IPCC. En este sentido, el informe revela que, con cualquier grado de calentamiento adicional, los eventos que antes ocurrían una sola vez por siglo, para mediados de siglo será una vez cada año, sobre todo en las regiones tropicales.
El nivel del mar ha aumentado en todo el mundo en aproximadamente 15 cm. durante el siglo XX. Actualmente, a causa de las altas emisiones de gases de efecto invernadero emitidas por el ser humano, lo hace a más del doble de velocidad: 3,6 mm. por año, 10 veces superior al del siglo pasado (1,4 mm/año). Para 2100, aun reduciendo drásticamente esas emisiones, la subida podría ser de 30-60 cm. En cambio, si el calentamiento global sigue el ritmo actual, sería de 60-110 cm.
Por ello, sin grandes inversiones en adaptación, la población estaría expuesta continuamente a riesgos de inundaciones cada vez mayores, según el informe. Aunque, como apunta el IPCC, los umbrales de habitabilidad siguen siendo extremadamente difíciles de evaluar, es probable que algunos países insulares –Malvinas, Bahamas o islas Marshall, por ejemplo– se vuelvan inhabitables debido al cambio climático del océano y la criosfera.
Hasta la fecha, el océano ha absorbido más del 90% del exceso de calor del sistema climático. Para el año 2100, el océano absorberá de 2 a 4 veces más calor que entre 1970 y la actualidad si el calentamiento global se limita a 2°C, y de 5 a 7 veces más si las emisiones no dejan de crecer.
Estas altas temperaturas han provocado desde 1993 una subida de la tasa de calentamiento de los océanos de más del doble, lo que ha hecho que las olas de calor marinas hayan duplicado su intensidad y frecuencia desde 1982. Estas, además, se esperan que sean cada vez más comunes, al igual que fenómenos como El Niño y La Niña. “Si reducimos drásticamente las emisiones, las consecuencias para las personas y sus medios de subsistencia seguirán siendo las mismas, pero potencialmente más factibles para los más vulnerables”, afirma Hoesung Lee, presidente del IPCC.
En lo referido a las especies, aproximadamente desde 1950, muchas de estas se han visto abocadas a cambiar su área de distribución geográfica y sus actividades estacionales como consecuencia del calentamiento global. Cambios climáticos que, posteriormente, han repercutido sobre la estructura y el funcionamiento de algunos ecosistemas marinos.
Los cambios sobre la criosfera, continuarán alterando los ecosistemas terrestres y de agua dulce en las regiones de alta montaña y polares. Ello provocará, alertan, una pérdida de biodiversidad única en el mundo. Y no solo eso, pues se prevé que los incendios forestales aumenten significativamente durante el resto de este siglo en la mayoría de los territorios de la tundra y boreales, y en algunas regiones montañosas.
Desde mediados del siglo XX, como señala el grupo de expertos, la disminución de la criosfera en las zonas del Ártico y de alta montaña ha tenido multitud de efectos negativos en la seguridad alimentaria, los recursos hídricos, la calidad del agua, los medios de subsistencia, la salud y el bienestar, la infraestructura, el transporte y en la cultura de la sociedad, especialmente en la de los pueblos indígenas. No obstante, estos cambios no se han experimentado de la misma manera en todo el mundo, poniendo el informe énfasis en la enorme disparidad de las regiones a la hora de adaptarse.
La extensión del hielo marino del Ártico disminuye cada mes. Cada verano, su superficie se está reduciendo en más de un 13% por década. Si se estabiliza el calentamiento global en 1,5°C por encima de niveles preindustriales, el océano Ártico se quedaría sin hielo en septiembre una vez cada cien años. Sin embargo, si la temperatura sube 2°C, esto ocurriría en uno de cada tres.
Mientras, se estima que gran parte del suelo de permafrost –que ha estado congelado durante años–, se descongelará durante el siglo XXI. Lo hará, concretamente, en un 25% para 2100, incluso si el calentamiento global se limita por debajo de los 2°C. En cambio, bajo el ritmo actual de emisiones, la cifra puede ascender hasta el 70%.
Esta proyección, sea cual sea la cifra exacta, ya asegura graves efectos para el planeta. El permafrost contiene grandes cantidades de carbono, y tiene el potencial de aumentar significativamente la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera si se descongela.
Según los autores que han liderado este proyecto, el informe pone de manifiesto los beneficios de combinar los conocimientos científicos con los conocimientos locales y autóctonos para elaborar opciones adecuadas para gestionar los riesgos del cambio climático y aumentar la resiliencia. Es, además, el primer informe del IPCC que destaca la importancia de la educación para mejorar los conocimientos sobre el cambio climático, los océanos y la criosfera. “Cuanto más decididamente y antes actuemos, más capaces seremos de abordar los cambios inevitables, gestionar los riesgos, mejorar nuestras vidas y lograr la sostenibilidad para los ecosistemas y las personas de todo el mundo, hoy y en el futuro”, dijo Roberts.
El primero de ellos, publicado en octubre de 2018, señalaba las consecuencias del cambio climático con un calentamiento global de 1,5ºC con respecto a niveles preindustriales, así como las trayectorias correspondientes que deberían seguir las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero en el contexto del reforzamiento de la respuesta mundial a la amenaza del cambio climático. “Ha llegado el momento de nuestra especie. Es hora de actuar”, afirmaba durante la presentación de este histórico informe Debra Roberts, copresidenta de uno de los grupos de trabajo del IPCC, quien calificaba el umbral de grado y medio como “una línea en la arena”, lo que le hacía ver que “los próximos años son, probablemente, los más importantes de nuestra historia”.
El segundo informe llegó en agosto de este año. El documento, titulado El cambio climático y la tierra, ponía de manifiesto cómo una mejor gestión de la tierra puede contribuir a hacer frente al cambio climático. Esto implica, entre otras cosas, la necesidad de replantear las dietas y modos de producción actuales debido al deterioro que sufren actualmente las tierras, así como las altas emisiones que producen estas actividades. “Este informe es muy importante porque lo que hace es una revisión del sector en cuanto a su capacidad para mitigar y qué opciones de respuestas serían las más adecuadas, y hace hincapié en que es un sector muy vulnerable”, aseguraba en una entrevista a Climática María José Sanz, directora científica del Centro de Investigación para el Cambio Climático del País Vasco y una de las científicas que participó en su elaboración.
Además de estos informes especiales, en mayo de 2019 se presentó otro de tipo metodológico en el que trabajaron 280 especialistas. Este, en palabras del IPCC, “aporta una base científica actualizada para sustentar la preparación de los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero”.
Este último informe Especial del IPCC, dedicado a océanos y criosfera en un clima cambiante, constituye una aportación científica clave de cara a las negociaciones por el clima en la COP25 (Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático) que se celebrará el próximo diciembre en Santiago de Chile.
25/09/2019
https://www.climatica.lamarea.
Su trabajo tiene dos vertientes: 1)evaluar los miles de artículos científicos que se publican cada año, señalando los acuerdos que existen en la comunidad científica, las divergencias y los temas que necesitan más investigación; 2)proponer estrategias de mitigación del cambio climático y de adaptación al mismo.
La primera vertiente es ampliamente aceptada y reconocida. La segunda no. Daniel Tanuro explica las razones: “La habilidad del GIEC [IPCC,nde] es imprescindible e infinitamente valiosa cuando se trata de evaluar el fenómeno físico del cambio climático. Al contrario, sus estrategias de estabilización son sesgadas porque la investigación está cada vez más sometida a los imperativos capitalistas del crecimiento y el beneficio en todas partes. El escenario de una superación temporal de 1,5°C con el mantenimiento de la [energía] nuclear y el despliegue de las tecnologías de emisiones negativas, incluso experiencias de agroingeniería dignas de aprendices de brujos, está dictado principalmente por estos imperativos”.
Hecha esta aclaración es evidente que resulta imprescindible conocer los informes del IPCC para conocer los riesgos del cambio climático y para adoptar una posición crítica sobre sus propuestas.
El artículo que publicamos a continuación es un resumen del tercer informe que ha hecho el IPCC en el curso de un año y que ha publicado el portal Climática de la revista La Marea. Los resúmenes de los otros dos informes tienen enlaces en este artículo o se pueden consultar en:
https://www.lamarea.com/2018/
https://www.climatica.lamarea.
Los informes originales se pueden encontrar (en inglés) en: http://www.ipcc.ch/
El primer informe sobre el Calentamiento global de 1,5º C está disponible en castellano:
https://www.ipcc.ch/site/
Redacción]
El calentamiento global está modificando gravemente el océano y la criosfera –zonas congeladas del planeta, como nieve, glaciares, permafrost o hielo marino–. Para hacer frente a esta situación, inédita y puede que irreversible, es urgente priorizar una acción coordinada y ambiciosa, con una reducción inmediata de las emisiones. Este es el demoledor mensaje del último informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés), titulado El océano y la criosfera en un clima cambiante (SROCC, por sus siglas en inglés).
Si continúa el ritmo actual de emisiones, los glaciares perderán durante este siglo más de un tercio de su masa. El nivel del mar aumentará a una velocidad nunca antes vista. Las olas de calor marinas, atribuibles en su mayoría al cambio climático, son ya cada vez más duras y frecuentes. Y no solo se verá perjudicado el océano o la criosfera: estos cambios están haciendo que el clima del planeta sea más extremo.
Presentado este miércoles en Mónaco y aprobado un día antes por los 195 países miembros, es la evaluación más completa hasta la fecha de los efectos, actuales y futuros, del cambio climático en los océanos y la criosfera. Para su elaboración, se ha contado con la participación de 104 científicos –31 mujeres y 73 hombres– procedentes de 36 países, y se han analizado cerca de 7.000 publicaciones. Durante el largo proceso de confección, el trabajo recibió más de 30.000 comentarios de especialistas, de la UE y de 80 gobiernos.
Consecuencias de la inacción
Tanto los océanos como la criosfera desempeñan un papel fundamental para la vida en la Tierra. Un total de 670 millones de personas en las regiones de alta montaña y 680 millones en las zonas costeras bajas dependen directamente de estos sistemas. Cuatro millones de personas viven permanentemente en la región del Ártico, y los pequeños estados insulares en desarrollo albergan a 65 millones de personas.En un contexto en el que el calentamiento global ha alcanzado 1°C por encima de niveles preindustriales como consecuencia de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), el porvenir que dibuja el grupo en su informe no es nada halagüeño, pero tampoco mejorará con la actual actitud de inacción política. A medida que avance el siglo, se espera que los océanos pasen a unas condiciones sin precedentes, con aumento de las temperaturas, mayor acidificación de sus aguas y disminución de la concentración de oxígeno.
También se prevé que los glaciares más pequeños, por ejemplo, los ubicados en Europa, África oriental, los Andes tropicales o Indonesia, pierdan más del 80% de su masa de hielo actual para el año 2100 en escenarios de altas emisiones.
Unos cambios futuros que, no obstante, actualmente ya están afectando a ecosistemas y vida de las personas. El océano hoy está más caliente, más ácido y menos productivo. El derretimiento de los glaciares y las capas de hielo está causando un aumento del nivel del mar, y los eventos extremos costeros, como las tormentas tropicales, se están volviendo cada vez más frecuentes y violentos. “Esto está obligando a la gente, desde las ciudades costeras hasta las comunidades árticas remotas, a alterar fundamentalmente su estilo de vida", asegura Ko Barrett, vicepresidente del IPCC. En este sentido, el informe revela que, con cualquier grado de calentamiento adicional, los eventos que antes ocurrían una sola vez por siglo, para mediados de siglo será una vez cada año, sobre todo en las regiones tropicales.
El nivel del mar ha aumentado en todo el mundo en aproximadamente 15 cm. durante el siglo XX. Actualmente, a causa de las altas emisiones de gases de efecto invernadero emitidas por el ser humano, lo hace a más del doble de velocidad: 3,6 mm. por año, 10 veces superior al del siglo pasado (1,4 mm/año). Para 2100, aun reduciendo drásticamente esas emisiones, la subida podría ser de 30-60 cm. En cambio, si el calentamiento global sigue el ritmo actual, sería de 60-110 cm.
Por ello, sin grandes inversiones en adaptación, la población estaría expuesta continuamente a riesgos de inundaciones cada vez mayores, según el informe. Aunque, como apunta el IPCC, los umbrales de habitabilidad siguen siendo extremadamente difíciles de evaluar, es probable que algunos países insulares –Malvinas, Bahamas o islas Marshall, por ejemplo– se vuelvan inhabitables debido al cambio climático del océano y la criosfera.
Hasta la fecha, el océano ha absorbido más del 90% del exceso de calor del sistema climático. Para el año 2100, el océano absorberá de 2 a 4 veces más calor que entre 1970 y la actualidad si el calentamiento global se limita a 2°C, y de 5 a 7 veces más si las emisiones no dejan de crecer.
Estas altas temperaturas han provocado desde 1993 una subida de la tasa de calentamiento de los océanos de más del doble, lo que ha hecho que las olas de calor marinas hayan duplicado su intensidad y frecuencia desde 1982. Estas, además, se esperan que sean cada vez más comunes, al igual que fenómenos como El Niño y La Niña. “Si reducimos drásticamente las emisiones, las consecuencias para las personas y sus medios de subsistencia seguirán siendo las mismas, pero potencialmente más factibles para los más vulnerables”, afirma Hoesung Lee, presidente del IPCC.
En lo referido a las especies, aproximadamente desde 1950, muchas de estas se han visto abocadas a cambiar su área de distribución geográfica y sus actividades estacionales como consecuencia del calentamiento global. Cambios climáticos que, posteriormente, han repercutido sobre la estructura y el funcionamiento de algunos ecosistemas marinos.
Los cambios sobre la criosfera, continuarán alterando los ecosistemas terrestres y de agua dulce en las regiones de alta montaña y polares. Ello provocará, alertan, una pérdida de biodiversidad única en el mundo. Y no solo eso, pues se prevé que los incendios forestales aumenten significativamente durante el resto de este siglo en la mayoría de los territorios de la tundra y boreales, y en algunas regiones montañosas.
Desde mediados del siglo XX, como señala el grupo de expertos, la disminución de la criosfera en las zonas del Ártico y de alta montaña ha tenido multitud de efectos negativos en la seguridad alimentaria, los recursos hídricos, la calidad del agua, los medios de subsistencia, la salud y el bienestar, la infraestructura, el transporte y en la cultura de la sociedad, especialmente en la de los pueblos indígenas. No obstante, estos cambios no se han experimentado de la misma manera en todo el mundo, poniendo el informe énfasis en la enorme disparidad de las regiones a la hora de adaptarse.
Lo que está por venir
Analizando la situación actual, el daño al planeta es más que evidente. Y, sin embargo, durante el periodo 2031-2050 no parece que vaya a haber ninguna mejora. Se espera, pues, una inevitable pérdida de masa de los glaciares, el derretimiento del permafrost o la disminución de la capa de nieve. Groenlandia y la Antártida, cuyas capas de hielo liberan más de 400.000 millones de toneladas de agua al año, ofrecerán una imagen cada vez más desoladora. Una situación futura prevista para más allá de mitad de siglo que solo mejorará si se cumplen los objetivos del Acuerdo de París de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.La extensión del hielo marino del Ártico disminuye cada mes. Cada verano, su superficie se está reduciendo en más de un 13% por década. Si se estabiliza el calentamiento global en 1,5°C por encima de niveles preindustriales, el océano Ártico se quedaría sin hielo en septiembre una vez cada cien años. Sin embargo, si la temperatura sube 2°C, esto ocurriría en uno de cada tres.
Mientras, se estima que gran parte del suelo de permafrost –que ha estado congelado durante años–, se descongelará durante el siglo XXI. Lo hará, concretamente, en un 25% para 2100, incluso si el calentamiento global se limita por debajo de los 2°C. En cambio, bajo el ritmo actual de emisiones, la cifra puede ascender hasta el 70%.
Esta proyección, sea cual sea la cifra exacta, ya asegura graves efectos para el planeta. El permafrost contiene grandes cantidades de carbono, y tiene el potencial de aumentar significativamente la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera si se descongela.
Cambio de rumbo lo antes posible
Debra Roberts, copresidenta del Grupo de Trabajo II del IPCC, señaló tras la publicación de este nuevo informe la necesidad de abordar cambios drásticos si se desea frenar la situación: “Solo podremos mantener el calentamiento global muy por debajo de los 2°C si realizamos transiciones sin precedentes en todos los aspectos de la sociedad, incluyendo la energía, la tierra y los ecosistemas, las ciudades y las infraestructuras, así como la industria. Las ambiciosas políticas climáticas y las reducciones de emisiones necesarias para lograr el Acuerdo de París también protegerán el océano y la criosfera y, en última instancia, sustentarán toda la vida en la Tierra”.Según los autores que han liderado este proyecto, el informe pone de manifiesto los beneficios de combinar los conocimientos científicos con los conocimientos locales y autóctonos para elaborar opciones adecuadas para gestionar los riesgos del cambio climático y aumentar la resiliencia. Es, además, el primer informe del IPCC que destaca la importancia de la educación para mejorar los conocimientos sobre el cambio climático, los océanos y la criosfera. “Cuanto más decididamente y antes actuemos, más capaces seremos de abordar los cambios inevitables, gestionar los riesgos, mejorar nuestras vidas y lograr la sostenibilidad para los ecosistemas y las personas de todo el mundo, hoy y en el futuro”, dijo Roberts.
Un año de informaciones reveladoras
Este es el tercero y último de los informes especiales que ha elaborado el IPCC tras el encargo que recibió en 2016 durante su 43ª reunión, celebrada en Nairobi (Kenia). Estos trabajos se enmarcan dentro del ciclo del Sexto Informe de Evaluación, el cual está previsto para el primer semestre de 2022.El primero de ellos, publicado en octubre de 2018, señalaba las consecuencias del cambio climático con un calentamiento global de 1,5ºC con respecto a niveles preindustriales, así como las trayectorias correspondientes que deberían seguir las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero en el contexto del reforzamiento de la respuesta mundial a la amenaza del cambio climático. “Ha llegado el momento de nuestra especie. Es hora de actuar”, afirmaba durante la presentación de este histórico informe Debra Roberts, copresidenta de uno de los grupos de trabajo del IPCC, quien calificaba el umbral de grado y medio como “una línea en la arena”, lo que le hacía ver que “los próximos años son, probablemente, los más importantes de nuestra historia”.
El segundo informe llegó en agosto de este año. El documento, titulado El cambio climático y la tierra, ponía de manifiesto cómo una mejor gestión de la tierra puede contribuir a hacer frente al cambio climático. Esto implica, entre otras cosas, la necesidad de replantear las dietas y modos de producción actuales debido al deterioro que sufren actualmente las tierras, así como las altas emisiones que producen estas actividades. “Este informe es muy importante porque lo que hace es una revisión del sector en cuanto a su capacidad para mitigar y qué opciones de respuestas serían las más adecuadas, y hace hincapié en que es un sector muy vulnerable”, aseguraba en una entrevista a Climática María José Sanz, directora científica del Centro de Investigación para el Cambio Climático del País Vasco y una de las científicas que participó en su elaboración.
Además de estos informes especiales, en mayo de 2019 se presentó otro de tipo metodológico en el que trabajaron 280 especialistas. Este, en palabras del IPCC, “aporta una base científica actualizada para sustentar la preparación de los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero”.
Este último informe Especial del IPCC, dedicado a océanos y criosfera en un clima cambiante, constituye una aportación científica clave de cara a las negociaciones por el clima en la COP25 (Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático) que se celebrará el próximo diciembre en Santiago de Chile.
25/09/2019
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27 DE SEPTIEMBRE HUELGA MUNDIAL POR EL CLIMA
Los recientes informes sobre el estado de la biodiversidad del IPBES y sobre el calentamiento global de 1,5 oC del IPCC, que alertan de un rumbo que lleva al deterioro de un gran número de ecosistemas, tanto terrestres como marinos, así como a la extinción de 1 millón de especies que se encuentran gravemente amenazadas por la actividad humana. También se está al borde de un punto de no retorno frente al cambio climático.
Una crisis climática que es consecuencia de un modelo de producción y consumo que ha demostrado ser inapropiado para satisfacer las necesidades de muchas personas, que pone en riesgo nuestra supervivencia e impacta de manera injusta especialmente a las poblaciones más pobres y vulnerables del mundo. No responder con suficiente rapidez y contundencia a la emergencia ecológica y civilizatoria supondría la muerte de millones de personas, además de la extinción irreemplazable de especies imprescindibles para la vida en la Tierra, dadas las complejas interrelaciones ecosistémicas.
La contundencia de los datos que señala como las regiones mediterráneas son de las más vulnerables al cambio climático, de forma que no limitar la temperatura global en 1,5 oC será una factura demasiado cara para las generaciones presentes y futuras. La responsabilidad de las instituciones europeas y el Gobierno español, así como los gobiernos de las distintas comunidades autónomas
Las organizaciones firmantes piden que en la nueva etapa política se declare, de manera inmediata, la emergencia climática y se tomen las medidas concretas necesarias para reducir rápidamente a cero neto las emisiones de gases de efecto invernadero, en línea con lo establecido por la ciencia y bajo criterios de justicia climática. Evitar que la temperatura global se eleve por encima de 1,5 °C debe ser una prioridad de la humanidad. Es necesario reducir con carácter urgente las emisiones de CO2eq (equivalente de carbono), reajustando la huella ecológica a la biocapacidad del planeta.
Lograr estos objetivos requiere necesariamente de:
Verdad. Asumir la urgencia de la situación actual admitiendo el diagnóstico, indicaciones y sendas de reducción reflejadas en el último informe sobre 1,5 oC avalado por la comunidad científica. Reconocer la brecha de carbono existente entre los compromisos españoles y las indicaciones científicas. Los medios de comunicación tienen un papel fundamental para transmitir esa realidad.
Compromiso. Declarar la emergencia climática a través de asumir compromisos políticos reales y vinculantes, mucho más ambiciosos que los actuales, con la consiguiente asignación de recursos para hacer frente a esta crisis. Garantizar reducciones de gases de efecto invernadero en línea con el Informe del IPCC para no superar un aumento de temperatura global de 1,5oC, que establece una senda de reducción de emisiones global entre el 40 al 60% para 2030 respecto a 2010. Además, es imprescindible detener la pérdida de la biodiversidad para evitar un colapso de todos los sistemas naturales, incluido el humano.
Acción. Abandonar los combustibles fósiles, apostar por una energía 100 % renovable y reducir de manera urgente y prioritaria a cero las emisiones netas de carbono lo antes posible. Demandamos que los gobiernos analicen cómo lograr este objetivo y propongan los planes de actuación necesarios: frenen nuevas infraestructuras fósiles (centrales, exploraciones, grandes puertos, etc).; reducción de los niveles de consumo de materiales, energía y de las necesidades de movilidad; cambio de modelo energético sin falsas soluciones como la energía nuclear; reorganización del sistema de producción; educación, además de otras medidas contundentes. Todo esto debe quedar reflejado en la Ley de Cambio Climático y Transición energética y en el Plan Nacional Integrado de Clima y Energía.
Los recientes informes sobre el estado de la biodiversidad del IPBES y sobre el calentamiento global de 1,5 oC del IPCC, que alertan de un rumbo que lleva al deterioro de un gran número de ecosistemas, tanto terrestres como marinos, así como a la extinción de 1 millón de especies que se encuentran gravemente amenazadas por la actividad humana. También se está al borde de un punto de no retorno frente al cambio climático.
Una crisis climática que es consecuencia de un modelo de producción y consumo que ha demostrado ser inapropiado para satisfacer las necesidades de muchas personas, que pone en riesgo nuestra supervivencia e impacta de manera injusta especialmente a las poblaciones más pobres y vulnerables del mundo. No responder con suficiente rapidez y contundencia a la emergencia ecológica y civilizatoria supondría la muerte de millones de personas, además de la extinción irreemplazable de especies imprescindibles para la vida en la Tierra, dadas las complejas interrelaciones ecosistémicas.
La contundencia de los datos que señala como las regiones mediterráneas son de las más vulnerables al cambio climático, de forma que no limitar la temperatura global en 1,5 oC será una factura demasiado cara para las generaciones presentes y futuras. La responsabilidad de las instituciones europeas y el Gobierno español, así como los gobiernos de las distintas comunidades autónomas
Las organizaciones firmantes piden que en la nueva etapa política se declare, de manera inmediata, la emergencia climática y se tomen las medidas concretas necesarias para reducir rápidamente a cero neto las emisiones de gases de efecto invernadero, en línea con lo establecido por la ciencia y bajo criterios de justicia climática. Evitar que la temperatura global se eleve por encima de 1,5 °C debe ser una prioridad de la humanidad. Es necesario reducir con carácter urgente las emisiones de CO2eq (equivalente de carbono), reajustando la huella ecológica a la biocapacidad del planeta.
Lograr estos objetivos requiere necesariamente de:
Verdad. Asumir la urgencia de la situación actual admitiendo el diagnóstico, indicaciones y sendas de reducción reflejadas en el último informe sobre 1,5 oC avalado por la comunidad científica. Reconocer la brecha de carbono existente entre los compromisos españoles y las indicaciones científicas. Los medios de comunicación tienen un papel fundamental para transmitir esa realidad.
Compromiso. Declarar la emergencia climática a través de asumir compromisos políticos reales y vinculantes, mucho más ambiciosos que los actuales, con la consiguiente asignación de recursos para hacer frente a esta crisis. Garantizar reducciones de gases de efecto invernadero en línea con el Informe del IPCC para no superar un aumento de temperatura global de 1,5oC, que establece una senda de reducción de emisiones global entre el 40 al 60% para 2030 respecto a 2010. Además, es imprescindible detener la pérdida de la biodiversidad para evitar un colapso de todos los sistemas naturales, incluido el humano.
Acción. Abandonar los combustibles fósiles, apostar por una energía 100 % renovable y reducir de manera urgente y prioritaria a cero las emisiones netas de carbono lo antes posible. Demandamos que los gobiernos analicen cómo lograr este objetivo y propongan los planes de actuación necesarios: frenen nuevas infraestructuras fósiles (centrales, exploraciones, grandes puertos, etc).; reducción de los niveles de consumo de materiales, energía y de las necesidades de movilidad; cambio de modelo energético sin falsas soluciones como la energía nuclear; reorganización del sistema de producción; educación, además de otras medidas contundentes. Todo esto debe quedar reflejado en la Ley de Cambio Climático y Transición energética y en el Plan Nacional Integrado de Clima y Energía.
y ayuntamientos coordinados con todos los grupos políticos, es estar a la altura de las
necesidades que exige el momento.
Solidaridad. El deterioro ambiental de las condiciones de vida se sufre de forma desigual en función de la clase social, el
sexo, la procedencia, o las capacidades. Defendemos que la transición ha de enfrentar estas jerarquías y defender y
reconocer de forma especial a la población más vulnerable.
La degradación planetaria y la creciente desigualdad tienen un origen común y se alimentan entre ellas. Así, por ejemplo, muchas grandes empresas y bancos obtienen enormes beneficios a través de la especulación inmobiliaria, el desahucio, la gentrificación o la turistificación que expulsa a las familias de sus casas, a los vecinos de sus barrios. Aunque cada vez hay más inversiones en tecnologías para la transición energética, sigue habiendo muchos fondos que sostienen y financian a las grandes empresas del oligopolio energético en su explotación del planeta, y cuyo resultado es el incremento de la pobreza, incluida la energética.
Los colectivos más desfavorecidos no pueden empeorar su situación, por lo que la transición se tiene que realizar con justicia social. En el caso de los territorios y trabajadores y trabajadoras afectados es preciso adoptar medidas para asegurar empleos alternativos en sectores sostenibles, afrontar la crisis energética, reducción de la jornada laboral, un mejor reparto del empleo y el desarrollo de otros mecanismos en torno a la Transición Justa que deben lograr que no se deje a nadie atrás.
Democracia. La justicia y la democracia deben ser pilares fundamentales de todas las medidas que se apliquen, por lo que han de crearse los mecanismos adecuados de participación y control por parte de la ciudadanía para abordar las cuestiones sociales difíciles y para formar parte activa de la solución mediante la democratización de los sistemas energéticos, alimentarios, de transporte, etc. En estos procesos se debe garantizar la igualdad de género en la toma de decisiones.
Realizar un giro de 180 grados en las políticas comerciales internacionales, acabando con la firma de tratados de comercio e inversión que ahondan la problemática del aumento de gases de efecto invernadero vía incremento del transporte marítimo interoceánico, así como de la aviación civil, que dificultan la lucha contra el cambio climático a través de las cláusulas de protección de inversiones (ISDS). Las medidas de mercado no pueden sustituir la adecuada planificación de la transición ecológica.
Los países empobrecidos son los menos responsables de la degradación planetaria. Sin embargo, son a su vez los países más vulnerables a las consecuencias de esta ruptura de los límites. Los países más enriquecidos son quienes acumulan una mayor deuda ambiental, por ello y atendiendo a los criterios de justicia climática, deberán ser países como los europeos los que deban adquirir unos compromisos mayores. Se hace necesario revertir el hecho de que el 20 % de la población mundial absorbe el 80 % de los recursos naturales.
En defensa del futuro, de un planeta vivo y de un mundo justo, las personas y colectivos firmantes nos sumamos a la convocatoria internacional de Huelga mundial por el clima, una movilización que será, huelga estudiantil, huelga de consumo, movilizaciones en los centros de trabajo y en las calles, cierres en apoyo de la lucha climática,... e invitamos a la ciudadanía y al resto de actores sociales, ambientales y sindicales a secundar esta convocatoria y a sumarse a las distintas movilizaciones que sucederán el 27 de septiembre.
La degradación planetaria y la creciente desigualdad tienen un origen común y se alimentan entre ellas. Así, por ejemplo, muchas grandes empresas y bancos obtienen enormes beneficios a través de la especulación inmobiliaria, el desahucio, la gentrificación o la turistificación que expulsa a las familias de sus casas, a los vecinos de sus barrios. Aunque cada vez hay más inversiones en tecnologías para la transición energética, sigue habiendo muchos fondos que sostienen y financian a las grandes empresas del oligopolio energético en su explotación del planeta, y cuyo resultado es el incremento de la pobreza, incluida la energética.
Los colectivos más desfavorecidos no pueden empeorar su situación, por lo que la transición se tiene que realizar con justicia social. En el caso de los territorios y trabajadores y trabajadoras afectados es preciso adoptar medidas para asegurar empleos alternativos en sectores sostenibles, afrontar la crisis energética, reducción de la jornada laboral, un mejor reparto del empleo y el desarrollo de otros mecanismos en torno a la Transición Justa que deben lograr que no se deje a nadie atrás.
Democracia. La justicia y la democracia deben ser pilares fundamentales de todas las medidas que se apliquen, por lo que han de crearse los mecanismos adecuados de participación y control por parte de la ciudadanía para abordar las cuestiones sociales difíciles y para formar parte activa de la solución mediante la democratización de los sistemas energéticos, alimentarios, de transporte, etc. En estos procesos se debe garantizar la igualdad de género en la toma de decisiones.
Realizar un giro de 180 grados en las políticas comerciales internacionales, acabando con la firma de tratados de comercio e inversión que ahondan la problemática del aumento de gases de efecto invernadero vía incremento del transporte marítimo interoceánico, así como de la aviación civil, que dificultan la lucha contra el cambio climático a través de las cláusulas de protección de inversiones (ISDS). Las medidas de mercado no pueden sustituir la adecuada planificación de la transición ecológica.
Los países empobrecidos son los menos responsables de la degradación planetaria. Sin embargo, son a su vez los países más vulnerables a las consecuencias de esta ruptura de los límites. Los países más enriquecidos son quienes acumulan una mayor deuda ambiental, por ello y atendiendo a los criterios de justicia climática, deberán ser países como los europeos los que deban adquirir unos compromisos mayores. Se hace necesario revertir el hecho de que el 20 % de la población mundial absorbe el 80 % de los recursos naturales.
En defensa del futuro, de un planeta vivo y de un mundo justo, las personas y colectivos firmantes nos sumamos a la convocatoria internacional de Huelga mundial por el clima, una movilización que será, huelga estudiantil, huelga de consumo, movilizaciones en los centros de trabajo y en las calles, cierres en apoyo de la lucha climática,... e invitamos a la ciudadanía y al resto de actores sociales, ambientales y sindicales a secundar esta convocatoria y a sumarse a las distintas movilizaciones que sucederán el 27 de septiembre.
Bolivia protegida por la línea estadounidense de “guerra total y permanente”
Por:
Ernesto Reyes
19 diciembre 2019
| CUBADEBATE
Este
“retorno” de los militares a la escena política es uno de los efectos
de la “guerra permanente y total” que EEUU impulsa hacia la región.
Foto: Reuters.El modo como los golpistas bolivianos se han propuesto mantenerse en el gobierno, evitar la protesta social contra sus medidas anti-nacionales y seguir contando con el apoyo de amplias capas fascistizadas de la clase media, es por la vía de la represión concentrada y selectiva a la vez del movimiento campesino-indígena, que es el “sujeto histórico” que lideró el Proceso de Cambio.
Hay tres hechos –uno interno y dos externos- que confirman el modo de cómo el gobierno ilegítimo pretende avanzar en la línea estratégica de desmontar las bases materiales y simbólicas del Proceso de Cambio, así como las conquistas sociales logradas en el Estado Plurinacional.
El primero, de ninguna manera sorpresivo y el más importante respecto de los otros dos, es el pronunciamiento del presidente estadounidense Donald Trump, quien a través de su cuenta en Twitter, sostuvo en la tarde del martes 17:
"Apoyamos a @JeanineAnez en Bolivia mientras trabaja para garantizar una transición democrática pacífica a través de elecciones libres. Denunciamos la violencia en curso y las que la provocan tanto en Bolivia como desde lejos. ¡Estados Unidos apoya a la gente de la región por la paz y la democracia!".No es nada sorpresiva la posición del presidente estadounidense. Para decirlo claro, no es que Añez recibe el apoyo de EE.UU. a una línea propia, autónoma y nacional, sino es Trump quien respalda la política general de los golpistas que, a través de una senadora desconocida hasta antes de ser colocada como presidente, solo están materializando la estrategia estadounidense para América Latina en un país importante desde el punto de vista geopolítico en la subregión.
La estrategia, que recupera los aspectos positivos para los intereses imperiales de la Doctrina la Seguridad Nacional y de la Guerra de Baja Intensidad –desarrolladas en la región entre las décadas de los 60 y 80-, consiste en el despliegue de la “guerra total y permanente” contra todos los gobiernos y movimientos de izquierda y progresistas de América Latina, con el objetivo de estratégico de “cerrarles el paso a todos los espacios legales e institucionales” que amenacen la hegemonía estadounidense y el orden establecido.
Esta estrategia opera mediante la combinación de viejos y nuevos métodos de desestabilización, intervención y dominación conocidos en la historia de América Latina. A diferencia de algunas interpretaciones parciales y erróneas de algunos ingenuos políticos e intelectuales progresistas, que llegaron a suponer que el poder duro (Hard power) había sido sustituido por el poder blando (Soft power), sobre todo en la llamada “era Obama”, la combinación de lo empleado antes y de lo incorporado en los últimos años, es la principal característica de la estrategia en curso.
Esos métodos van desde el uso, directo e indirecto, del componente militar (golpes de Estado e intervenciones directas) hasta los novedosos juicios políticos (lawfare) y noticias falsas (fake news), pasando por las ya conocidas sanciones y acciones internacionales a través de organismos como la OEA.
El segundo hecho es la promulgación del decreto supremo 4116 que hizo hace pocos días la auto-nombrada presidenta Añez, por el cual se autoriza al Ministerio de Defensa la adquisición, en el extranjero, de material bélico de uso militar.
¿Cómo justifica la compra el ministro de facto de Defensa? La respuesta es como escuchar al mismo Trump: “El país está amenazado, y el boliviano y la boliviana están amenazados permanentemente por gente del exterior armada, por narcoterroristas y por un expresidente (Evo Morales) que permanentemente está incitando al odio y la violencia, el terrorismo y la sedición. Debemos estar preparados para eso”.
Esto quiere decir, para no equivocarse, que la represión será la política general de este gobierno y se basará no en el uso legítimo de la fuerza policial, como encargada de mantener el orden público, a veces con excesos, sino en la participación de las Fuerzas Armadas. Esto implica, al mismo tiempo, que las masacres de Sacaba y El Alto no habrán sido un hecho aislado, sino que se tiene previsto otras masacres donde sea necesario, para evitar la organización del descontento popular.
Ya las masacres de Sacaba (15 de noviembre) y Senkata, El Alto (21 de noviembre) se registraron producto de la acción combinada de policías y militares (a estos últimos se les garantizó mediante decreto estar exentos de procesos penales), con un saldo de más de 32 muertes y centenas de heridos, según da cuenta un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) que visitó Bolivia en la segunda quincena del mismo mes.
Como ocurrió desde la mitad de la década de los 80 hasta fines de 2005, la represión como política general se concentrará, principalmente, en la región del Chapare y en base al discurso -característico de la estrategia estadounidense desde la caída de la URSS- del “terrorismo y el narcoterrorismo” con presencia externa.
El tercer hecho, en el que no vamos a profundizar ahora, es la peligrosa militarización de la política de defensa y seguridad de América Latina, como ya se aprecia en los casos de Ecuador, Colombia, Brasil y Bolivia. Este “retorno” de los militares a la escena política es uno de los efectos de la “guerra permanente y total” que EEUU impulsa hacia la región.
El Turbión
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Editorial
Paro Nacional: Algo está cambiando
Asistimos a las mayores protestas de la historia reciente de
Colombia, en un proceso que ha cubierto las calles de esperanza,
creatividad y alegría.
El paro nacional ya ha triunfado. Sí se pudo. El rechazo al gobierno de Duque, el paquetazo y la brutalidad policial ya ha sido capaz de movilizar a millones, a lo más diverso del país; a niños, jóvenes y mayores; a los vecinos de los barrios populares y a las clases medias; a los indígenas, a los afrodescendientes y a los mestizos; a los campesinos y a la gente de las ciudades; a los estudiantes, maestros y amas de casa; a las mujeres y la comunidad LGBTIQ; a los trabajadores, pensionados, informales y desempleados; a los recicladores, transportadores, personas con discapacidad, barristas, artistas e intelectuales; a los colombianos en el extranjero; a quienes se han pasado la vida en las organizaciones sociales y a quienes nunca se han metido a ninguna; a quienes tradicionalmente se han manifestado y a quienes nunca lo han hecho. Esta ha sido, sin duda, su más sorprendente característica: ha juntado lo que se pensaba imposible de unir y ese todo difícil de cuantificar o entender, a esa suma de multitudes, se ha llenado de esperanza.
Desde el 21 de noviembre se ha demostrado que Colombia cambió, que la gente quiere y puede soñar con un país diferente y, sobre todo, más justo. Las acciones de protesta han estado cargadas de alegría y dignidad, a pesar de la violencia con que las autoridades han respondido a los reclamos de la población. Los vecinos se encuentran en los cacerolazos, ollas comunitarias y asambleas barriales; los jóvenes, que sembraron la semilla de la inconformidad con las protestas estudiantiles iniciadas en agosto, llenan plazas y avenidas con envidiable constancia y alegría; las paredes, pancartas y mensajes en redes sociales muestran la capacidad de la gente para crear y reír; el teatro, la música y los títeres salen a la calle a juntarse a esta pelea por la dignidad de todos; y resuenan las cacerolas en las ventanas y balcones de casas y apartamentos.
Es un momento histórico en que fluye la solidaridad, en que conductores que regresan a casa rescatan a una estudiante detenida irregularmente por la Policía en un carro particular y cuyo destino pudo haber sido trágico sin su ayuda, en que las abuelas salen a abrazar nietos ajenos cuando los persiguen para detenerlos, en que los vecinos abren sus casas para dar resguardo a los muchachos cuando son perseguidos solo por ser jóvenes, en que la gente se organiza para defenderse de la violencia oficial o se reúne para compartir un agua de panela o un café mientras junta sus demandas y planea las jornadas por venir.
Mientras tanto, ante la crisis de gobernabilidad y desfavorabilidad que atraviesa el Gobierno, que acumula una desaprobación de entre el 70% y el 78% en las encuestas, Duque responde negándose a negociar con el Comité Nacional de Paro y llamando a una ‘conversación nacional’ donde no se decida nada y los intereses de las grandes empresas privadas y del sector que le apoya puedan salir beneficiados de la situación. Mientras tanto, da rienda suelta a la Policía para continuar la represión y desata una campaña de propaganda contra el paro para la que ha contado, a medias, con los grandes medios de comunicación y las agencias de relaciones públicas que, con miles de bots y perfiles falsos, tratan de revertir la tendencia en las redes sociales.
Aunque el mandatario espera que las fiestas decembrinas calmen los ánimos y busca hacer lo propio con pequeñas medidas populistas para desmovilizar el descontento, como la excención por tres días al año del pago de IVA, la devolución de dicho impuesto a un sector de familias vulnerables, la reducción de aportes en salud para una parte de los pensionados y la adhesión de Colombia al Acuerdo de Escazú, un importante protocolo cuya firma reclamaban los ambientalistas, las cosas no parecen estar de su lado.
Todo lo contrario, aunque el paro pareciera haber bajado de ritmo, la multitudinaria manifestación de más de 120.000 personas que acompañó al concierto Un Canto por Colombia en Bogotá y la continuidad de las protestas en Cali, Medellín, Bucaramanga, Pereira y otras capitales de departamento demuestra que la lucha social se ha vestido de fiesta y que estas navidades vendrán acompañadas del repicar de las cacerolas.
Por su parte, Fecode ha anunciado que el año lectivo 2020 empezará con los maestros protestando en la calle contra la creación del holding financiero Grupo Empresarial Bicentenario con el que el Gobierno fusionó por decreto, y en pleno paro, a 18 empresas y fondos estatales en una entidad mixta que sumaría recursos por unos $16 billones que, con esto, quedarían en manos de los grupos financieros privados, lo que afecta gravemente la salud y las pensiones del magisterio. A esto se sumarían, el próximo año, los pueblos indígenas que han convocado una nueva minga nacional contra el etnocidio y la violencia contra sus líderes y guardias, así como los estudiantes universitarios, los trabajadores y el amplio variopinto de sectores sociales que, de una u otra manera, ha venido articulándose alrededor del Comité Nacional de Paro. Esto daría continuidad a esta lucha, ya sea manteniendo el paro novembrino durante el cambio de año o convocando a un nuevo paro cívico nacional.
El rumbo de los acontecimientos, sin duda, estará estrechamente vinculado a lo que ocurra este lunes en el Congreso, con motivo de la votación de la reforma tributaria con la que el Gobierno, encabezado para la ocasión por el cuestionado ministro Alberto Carrasquilla, pretende aprobar millonarias excenciones de impuestos por más de $9 billones para los más ricos entre los ricos y los inversionistas extranjeros, mientras aumenta considerablemente la carga a los sectores populares y las clases medias. A pocos metros del Capitolio, en la Plaza de Bolívar de Bogotá, resonarán las cacerolas mientras los legisladores debaten, a sabiendas de que si este clamor es ignorado, las protestas en estas fiestas y el año por venir llamarán a cuentas a quienes pretenden seguir despojando de derechos al pueblo.
Colombia ha cambiado: la democracia hoy está en las calles. Ojalá que Duque y quienes hoy manejan el país entiendan esta realidad.
El paro nacional ya ha triunfado. Sí se pudo. El rechazo al gobierno de Duque, el paquetazo y la brutalidad policial ya ha sido capaz de movilizar a millones, a lo más diverso del país; a niños, jóvenes y mayores; a los vecinos de los barrios populares y a las clases medias; a los indígenas, a los afrodescendientes y a los mestizos; a los campesinos y a la gente de las ciudades; a los estudiantes, maestros y amas de casa; a las mujeres y la comunidad LGBTIQ; a los trabajadores, pensionados, informales y desempleados; a los recicladores, transportadores, personas con discapacidad, barristas, artistas e intelectuales; a los colombianos en el extranjero; a quienes se han pasado la vida en las organizaciones sociales y a quienes nunca se han metido a ninguna; a quienes tradicionalmente se han manifestado y a quienes nunca lo han hecho. Esta ha sido, sin duda, su más sorprendente característica: ha juntado lo que se pensaba imposible de unir y ese todo difícil de cuantificar o entender, a esa suma de multitudes, se ha llenado de esperanza.
Desde el 21 de noviembre se ha demostrado que Colombia cambió, que la gente quiere y puede soñar con un país diferente y, sobre todo, más justo. Las acciones de protesta han estado cargadas de alegría y dignidad, a pesar de la violencia con que las autoridades han respondido a los reclamos de la población. Los vecinos se encuentran en los cacerolazos, ollas comunitarias y asambleas barriales; los jóvenes, que sembraron la semilla de la inconformidad con las protestas estudiantiles iniciadas en agosto, llenan plazas y avenidas con envidiable constancia y alegría; las paredes, pancartas y mensajes en redes sociales muestran la capacidad de la gente para crear y reír; el teatro, la música y los títeres salen a la calle a juntarse a esta pelea por la dignidad de todos; y resuenan las cacerolas en las ventanas y balcones de casas y apartamentos.
Es un momento histórico en que fluye la solidaridad, en que conductores que regresan a casa rescatan a una estudiante detenida irregularmente por la Policía en un carro particular y cuyo destino pudo haber sido trágico sin su ayuda, en que las abuelas salen a abrazar nietos ajenos cuando los persiguen para detenerlos, en que los vecinos abren sus casas para dar resguardo a los muchachos cuando son perseguidos solo por ser jóvenes, en que la gente se organiza para defenderse de la violencia oficial o se reúne para compartir un agua de panela o un café mientras junta sus demandas y planea las jornadas por venir.
Mientras tanto, ante la crisis de gobernabilidad y desfavorabilidad que atraviesa el Gobierno, que acumula una desaprobación de entre el 70% y el 78% en las encuestas, Duque responde negándose a negociar con el Comité Nacional de Paro y llamando a una ‘conversación nacional’ donde no se decida nada y los intereses de las grandes empresas privadas y del sector que le apoya puedan salir beneficiados de la situación. Mientras tanto, da rienda suelta a la Policía para continuar la represión y desata una campaña de propaganda contra el paro para la que ha contado, a medias, con los grandes medios de comunicación y las agencias de relaciones públicas que, con miles de bots y perfiles falsos, tratan de revertir la tendencia en las redes sociales.
Aunque el mandatario espera que las fiestas decembrinas calmen los ánimos y busca hacer lo propio con pequeñas medidas populistas para desmovilizar el descontento, como la excención por tres días al año del pago de IVA, la devolución de dicho impuesto a un sector de familias vulnerables, la reducción de aportes en salud para una parte de los pensionados y la adhesión de Colombia al Acuerdo de Escazú, un importante protocolo cuya firma reclamaban los ambientalistas, las cosas no parecen estar de su lado.
Todo lo contrario, aunque el paro pareciera haber bajado de ritmo, la multitudinaria manifestación de más de 120.000 personas que acompañó al concierto Un Canto por Colombia en Bogotá y la continuidad de las protestas en Cali, Medellín, Bucaramanga, Pereira y otras capitales de departamento demuestra que la lucha social se ha vestido de fiesta y que estas navidades vendrán acompañadas del repicar de las cacerolas.
Por su parte, Fecode ha anunciado que el año lectivo 2020 empezará con los maestros protestando en la calle contra la creación del holding financiero Grupo Empresarial Bicentenario con el que el Gobierno fusionó por decreto, y en pleno paro, a 18 empresas y fondos estatales en una entidad mixta que sumaría recursos por unos $16 billones que, con esto, quedarían en manos de los grupos financieros privados, lo que afecta gravemente la salud y las pensiones del magisterio. A esto se sumarían, el próximo año, los pueblos indígenas que han convocado una nueva minga nacional contra el etnocidio y la violencia contra sus líderes y guardias, así como los estudiantes universitarios, los trabajadores y el amplio variopinto de sectores sociales que, de una u otra manera, ha venido articulándose alrededor del Comité Nacional de Paro. Esto daría continuidad a esta lucha, ya sea manteniendo el paro novembrino durante el cambio de año o convocando a un nuevo paro cívico nacional.
El rumbo de los acontecimientos, sin duda, estará estrechamente vinculado a lo que ocurra este lunes en el Congreso, con motivo de la votación de la reforma tributaria con la que el Gobierno, encabezado para la ocasión por el cuestionado ministro Alberto Carrasquilla, pretende aprobar millonarias excenciones de impuestos por más de $9 billones para los más ricos entre los ricos y los inversionistas extranjeros, mientras aumenta considerablemente la carga a los sectores populares y las clases medias. A pocos metros del Capitolio, en la Plaza de Bolívar de Bogotá, resonarán las cacerolas mientras los legisladores debaten, a sabiendas de que si este clamor es ignorado, las protestas en estas fiestas y el año por venir llamarán a cuentas a quienes pretenden seguir despojando de derechos al pueblo.
Colombia ha cambiado: la democracia hoy está en las calles. Ojalá que Duque y quienes hoy manejan el país entiendan esta realidad.
Colombia: balance y retos de una explosión social sin precedentes
Daniel Libreros Caicedo
19/12/2019
El 21 de noviembre (21N), Colombia presenció una explosión
social sin precedentes en la historia del país desde mediados del siglo
pasado. Ese día había sido convocada una marcha de protesta en contra de
los anuncios gubernamentales de reformas económicas regresivas por el
Comando Nacional de Paro, integrado por las centrales sindicales
(Central Unitaria de Trabajadores – Confederación General de
Trabajadores – Confederación de Trabajadores de Colombia) y por
organizaciones de estudiantes, campesinos, indígenas, afros, pensionados
y ambientalistas que en años recientes habían liderado resistencias de
esos sectores sociales a las políticas estatales. La iniciativa de la
convocatoria de las centrales de trabajadores, repitiendo el formato de
años anteriores, de impulsar marchas rutinarias a finales del año para
ambientar la negociación sobre el salario mínimo con los gobiernos de
turno que, por obligación legal, deben citarla en este período. El
límite a la capacidad de convocatoria de las centrales es la escasa
cobertura de sus afiliados que representan tan solo el 4% del total de
los asalariados, lo que debe explicarse por la legislación laboral
regresiva y por la criminalización de las resistencias sindicales (1).
En el plano interno, esta fragilidad en la interlocución social remite
al aislamiento, resultado de una forma de organización vertical y
cerrada que en su funcionamiento requiere acuerdos “por arriba” entre
las direcciones de la burocracia sindical, de los partidos de izquierda y
de la izquierda social no partidaria. Adicionalmente, sus plataformas
de acción se reducen a la esfera de las reivindicaciones corporativas. Luego, todo hacía presagiar una marcha rutinaria. Sin embargo, durante las semanas previas al 21N, el malestar social que en los últimos meses se ha expresado en barrios, universidades, informales y desempleados, comenzó a focalizarse en la jornada. Las noticias internacionales ayudaron, en ese mismo lapso, el movimiento indígena ecuatoriano derrotó el intento fondomonetarista de imponer un plan de ajuste y en Chile, el país emblemático del neoliberalismo latinoamericano, al que los tecnócratas de oficio habían presentado como ejemplar, se desató una explosión social gigantesca que aún tiene en dificultades al gobierno de Sebastián Piñera. Entonces, el “efecto contagio” animó a los desesperanzados de uno de los países más desiguales de la región. El anuncio de mayores sacrificios a una población cada vez más empobrecida, acompañado al cansancio que produce el tedio de observar asesinatos diarios de líderes sociales sin responsables castigados, la corrupción practicada de manera cómplice entre políticos y grandes magnates para repartirse el patrimonio público, y la existencia de una justicia maniatada por los poderosos que tan solo deja estelas de impunidad.
Por ello, la convocatoria del 21N terminó convirtiéndose en una multitudinaria movilización que incorporó a amplias capas de la población que salieron a las calles a protestar en contra de las múltiples formas de opresión que produce el orden establecido y del cinismo de sus representantes políticos. Por primera vez en décadas, las calles de las principales ciudades del país presenciaron el desfile de millones de personas a pesar de los chantajes gubernamentales, a pesar de las declaratorias de toque de queda, a pesar de los allanamientos selectivos previos a líderes de la protesta. En una palabra, a pesar de las amenazas convencionales del terror de Estado.
Las movilizaciones del 21N tuvieron el respaldo nocturno de los cacelorazos en los barrios convertidos en el eco solidario de las proclamas callejeras, confirmando la enorme legitimidad social del paro. Durante los días siguientes, marchas y cacelorazos continuaron en calles, barrios y parques, acompañados con la presencia de grupos musicales y de teatro. Un espectáculo de euforia colectiva y de arte callejero.
El domingo 8 de diciembre, unas 300.000 personas presenciaron en diversos sitios del centro de Bogotá el llamado “concierto del paro”, en el que participaron orquestas juveniles que quisieron manifestar su solidaridad con las protestas. Cuando los organizadores tramitaron los permisos para realizar la jornada artística, la alcaldía les ofreció el parque Simón Bolívar, un lugar de la ciudad que posibilita la concentración de miles de personas, diseñado para este tipo de espectáculos. Rechazaron la oferta y la realizaron en tarimas callejeras. Se trata de prolongar el disfrute del espacio, público, argumentaron, confirmando que existe un sentimiento popular por continuar en las calles, un sentimiento acompañado de la convicción de que ha llegado el momento de abandonar el miedo que por décadas nos condenó al ostracismo. Un sentimiento verbalizado en murmullos cotidianos en los que se afirma “que este país ya no es el mismo después del 21N”.
El fracaso gubernamental en la aplicación de una política de “seguridad interna”
Históricamente, la principal justificación de las elites para ilegalizar las resistencias sociales fue la de presentarlo como colaborador de las guerrillas en medio de la guerra civil interna, que comenzó hacia mediados del siglo XX. Cualquier protesta de cualquier sector de la población era caracterizada como proclive a la guerrilla, lo que servía de pretexto para aplicar la legislación de excepción, detener a los dirigentes y judicializarlos.
La negociación con las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionaria de Colombia), impidió que se siguiera utilizando este argumento, abriéndole nuevas posibilidades al movimiento popular. Esta negociación no planteó el tránsito a reformas democráticas, aspiración de partidos, organizaciones y personalidades democráticas que acompañaron la propuesta de solución política al conflicto desde hace varias décadas. Fue derrotada plebiscitariamente en octubre del 2016 por una alianza política de derecha liderada por el uribismo, que incluyó al Partido Conservador a la mayoría de la Iglesia Católica y a los predicadores de las iglesias evangélicas, lo que obligó a una nueva negociación entre las partes con presencia del uribismo, que redujo el contenido de lo pactado y cuya aprobación debió pasar por el filtro del Congreso, soportando recortes adicionales. La versión final de estos acuerdos contempló un sistema de justicia, verdad y reparación integrado por la Justicia Especial de Paz (JEP), encargada de la “justicia transicional”, y la Comisión de Verdad. En el caso de la JEP, el tratamiento definido frente a quienes financiaron la guerra (empresarios y latifundistas) fue tan benigno que quedaron con la opción voluntaria de presentarse a este organismo judicial. Igualmente, se desconoció el criterio de “cadena de mando” para ambas partes y en el caso de las responsabilidades por violación de derechos humanos por parte de los miembros de las Fuerzas Armadas, abrieron la posibilidad de amnistiarlos mediante una figura jurídica denominada “renuncia a la acción del Estado”.
La agenda económica tampoco apuntó a reformas estructurales. Dado que las FARC fueron una guerrilla de tradición campesina y con presencia en zonas de colonato el tema de la tierra fue el central en esta negociación. Sin embargo, el acuerdo no incluyó medidas que cuestionaran a la concentración latifundista de la tierra fortalecida en medio de la guerra tanto por el despojo a campesinos como por el lavado de dinero (2); terminó por incluir la formalización de la propiedad de siete millones de hectáreas en zonas de colonato donde las FARC tuvieron presencia y la creación de un fondo de tierras compuesto por tres millones de hectáreas para distribuir nacionalmente a campesinos pobres. Hasta el momento han quedado en letra muerta. Un punto adicional en lo pactado fue el compromiso estatal de realizar inversiones en las regiones marginadas y azotadas por el conflicto, a lo que igualmente se ha negado el gobierno con el pretexto de la actual crisis fiscal. Como si fuera poco un número de 170 desmovilizados de las FARC han sido asesinados desde que dejaron las armas, el último de ellos dentro de los propios campamentos en los que están concentrados, conforme a lo definido por los acuerdos.
A pesar de estas limitaciones en el diseño y la implementación de los acuerdos, el uribismo viene intentando rebajarle aún más los contenidos. El partido Centro Democrático, al que pertenece el actual presidente Iván Duque, presentó una serie de objeciones a la JEP que perseguían oficializar mayor impunidad las cuales no alcanzaron a obtener las mayorías en el Congreso e impide la oficialización de 16 circunscripciones parlamentarias para las víctimas que fueron reconocidas en la negociación.
En lo referente al manejo del “orden público” el gobierno actual viene implementando una política diseñada bajo los obsoletos argumentos del “enemigo interno”. Colocó como Comandante del Ejército al general Nicacio Martínez, quien ha sido señalado por la propia Fiscalía, como responsable de ejecuciones extrajudiciales (llamados eufemísticamente por la prensa como “falsos positivos”) en la región Caribe (Departamentos de la Guajira y el Cesar) durante el año 2006, cuando ofició de segundo comandante y jefe del Estado Mayor de la Brigada ubicada en esa región. (3)
Una vez posesionado, Martínez volvió a incluir en los protocolos del ejército las directrices que llevaron a la generalización de ejecuciones extrajudiciales, lo cual fue denunciado por The New York Times, periódico que obtuvo información de oficiales (4) que certificaron adicionalmente muertes y arrestos “sospechosos”. En medio de estas denuncias ocurrió el asesinato del ex -guerrillero de las FARC Dimas Torres en el municipio de Convención, región del Catatumbo, ubicada en el nororiente del país, quien fue detenido y asesinado por militares activos en estado de indefensión. Este asesinato tuvo la particularidad de que fue conocido y denunciado por los habitantes de la localidad por lo que obligó al general Diego Luis Villegas, comandante de las fuerzas especiales de esa región, a pedir perdón público, gesto que repitió ante la Comisión de Paz del Congreso.
Posteriormente, la opinión pública conoció, en los inicios de noviembre y en medio de un debate parlamentario, el trágico resultado de un bombardeo realizado en contra de las llamadas “disidencias” de las FARC a finales de agosto en San Vicente del Caguán, departamento del Caquetá, en el que murieron 18 niños. En este debate quedó en claro que, previo a la ejecución del bombardeo, el ejército tenía conocimiento de la presencia de menores en el terreno y que el mando de la brigada había sido informada oficialmente por parte del personero municipal. Igualmente quedó en claro que el ejército escondió durante meses la información de lo ocurrido. El debate causó la renuncia del hasta entonces Ministro de Defensa Guillermo Botero. (5)
Estas tensiones en el interior del ejército y entre las fracciones parlamentarias del régimen de dominación, confirman que existe una fisura en las elites: entre el uribismo que pretende preservar la política de “seguridad interna” y quienes acompañaron al expresidente Manuel Santos en la negociación política con las FARC en La Habana, que consideran que debe adecuarse a un ejército postconflicto que gane legitimidad. Por ello, también reivindican la implementación de los acuerdos en su versión final y conformaron un bloque político denominado “Defensores de la Paz”, al que se sumaron todos los partidos no uribistas incluyendo la izquierda y movimientos de derechos humanos el cual realiza campañas y giras nacionales. Tuvieron un papel activo en la realización de alianzas en las últimas elecciones regionales realizadas el 27 de octubre en las que los candidatos del Centro Democrático fueron derrotados en las ciudades capitales.
Más allá de estas contradicciones inter-elites, el desgaste del gobierno por intentar preservar la opción belicista es evidente. El rechazo popular al asesinato continuo de líderes sociales, ambientales y de miembros de las comunidades étnicas en regiones periféricas, cada vez tiene mayor resonancia en las ciudades. El caso de los niños muertos en el bombardeo del Caquetá produjo una indignación colectiva que encontró un eco multitudinario en la movilización del 21 de noviembre.
En el propio desarrollo del paro, la población ha tenido que enfrentar otra forma de terror de Estado: el escuadrón antidisturbios (ESMAD), cuerpo de la policía especializado en el enfrentamiento a las marchas de protesta. Creado en el 2007 durante el segundo gobierno de Uribe enfrentan de tal manera las movilizaciones que han sido varios los muertos, los encarcelados y golpeados por este escuadrón policial. Pero en medio de una explosión social como la actual, ese comportamiento arbitrario genera un rechazo mucho mayor. El 23 de noviembre en el centro de Bogotá, un miembro de ese escuadrón antidisturbios dejó malherido a un estudiante de bachillerato de tan solo 18 años, Dilan Cruz, al dispararle con perdigones de bala recalzados a corta distancia. Dilan murió pocos días después en un hospital de la ciudad convirtiéndose en un símbolo de la resistencia actual. El 11 de diciembre, miembros del mismo escuadrón intentaron secuestrar en un carro sin insignias oficiales a dos estudiantes que participaban en un mitin frente a las instalaciones de la Universidad Nacional. Un ciudadano, ante los gritos de los jóvenes comenzó a grabar, se subió en su vehículo y siguió al carro fantasma obligando a que detuviera la marcha y se identificaran aumentando el estupor ciudadano. Han sido muchos los manifestantes golpeados judicializados y otros que, igual que en la represión en Chile, han perdido los ojos. A causa de estos acontecimientos deleznables una de las reivindicaciones principales y unificadora del paro, al igual que del conjunto del movimiento democrático, es la disolución del ESMAD, que en esta oportunidad no pudo detener la avalancha callejera.
El “paquetazo” económico resultado de la crisis del neoliberalismo periférico
La actual crisis económica internacional desnudó las fragilidades del modelo financiero-extractivista en América latina. La fuerte caída de los precios internacionales de las comodities durante el lapso 2013-2017, produjo déficits comerciales y fiscales en los países de la región, que obligaron a incrementar los endeudamientos públicos y privados. En estas condiciones y como ocurre en períodos de declive en las economías periféricas, la Inversión extranjera directa cayó; en el caso de la IED, por cuanto las inversiones en los sectores extractivos devienen menos rentables y en lo atinente a las inversiones de portafolio por cuanto aumenta la “prima de riesgo”, empujando la fuga de capitales. A la manera de un círculo infernal que se cierra sobre sí mismo, la reducción de la inversión extranjera produce devaluación monetaria y aumento de las deudas, que en la macroeconomía del lenguaje neoliberal, obligan a planes de ajuste que persiguen la contracción de la demanda. Pero la población cansada de soportar el detrimento continuo en sus condiciones de vida ha salido a rechazarlos. Las movilizaciones de octubre en Ecuador y Chile lo explicitaron. Las de Colombia, el 21 de noviembre, hicieron parte de ese mismo hartazgo por los ajustes neoliberales.
Unas semanas antes del paro el gobierno Duque presentó al Congreso una propuesta de reforma tributaria en línea de continuidad con una política fiscal que, desde los inicios de la implementación del neoliberalismo en los inicios de la década de 1990, aumenta las exenciones a los grandes capitales mientras descarga sobre las capas medias y pobres el grueso del castigo tributario, en un país que desde el año 2000 hasta ahora ha tenido que soportar 13 reformas fiscales de este mismo tipo, una cada año y medio en uno de los países de mayor concentración del ingreso en la región.
El gobierno adicionó a esa propuesta la de una contrarreforma laboral que pretende flexibilizar aún más el régimen de trabajo, al punto de incluir el pago de salarios por horas; una contrarreforma jubilatoria favorable a los fondos privados de pensiones; y por recomendación de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la creación de un holding financiero estatal el cual centralizaría la totalidad de los recursos del sector financiero estatal para competir en el mercado de capitales.
Las exigencias del capital transnacional por estabilizar la economía en crisis, después de la caída en los precios del petróleo, el principal producto exportador, explican la propuesta del “paquetazo” gubernamental.
Colombia tiene un déficit en cuenta corriente superior al 4% del PIB, el cual aumentó de manera considerable a partir del 2013, con la caída del precio internacional del petróleo, el principal producto exportable al igual que la IED. En el lapso 2013-2017, hubo un declive pronunciado del precio internacional del petróleo y a consecuencia de ello las exportaciones petroleras bajaron en un 60,4% y la IED del sector en un 41.3%. (6) A pesar de la recuperación parcial de los precios internacionales del petróleo durante los últimos años este déficit sigue en aumento, (7) al igual que la reducción de la IED (8), lo que ha precipitado fuga de capitales de corto plazo graficado estadísticamente en el declive de las inversiones de portafolio. (9)
En medio de este cuadro recesivo la devaluación de la moneda alcanzó uno de los niveles más altos en el promedio internacional de las monedas (10) arrastrando de paso el crecimiento de la deuda externa, lo cual es particularmente grave en el caso de la deuda pública que ya llega al 51% del PIB, con el agravante de que existe en el país una legislación impuesta por el FMI, según la cual en la ejecución de los presupuestos anuales el pago de los intereses de deuda es prioritario. (11)
Bajo las coordenadas de la dominación neoliberal el ajuste económico toma el carácter de inevitable. Por ello, mientras en las calles los manifestantes reclaman una sociedad más justa, el presidente y la mayoría parlamentaria continúan tramitando en el Congreso los proyectos de ley exigidos por el capital transnacional, lo que reafirma la fractura entre población e instituciones, confirmando la estrechez de una “democracia representativa” creada a imagen y semejanza del neoliberalismo, apoyada en clientelas políticas, en lobbies empresariales y en negociaciones secretas. Lo que estamos presenciando en Colombia y en América Latina en general, no es tan solo la crisis del neoliberalismo como modelo económico basado en el despojo, sino también la crisis de sus formas de representación política.
Los retos que plantea la nueva coyuntura política
Desde el 21N ha surgido en el país un movimiento plural que involucra asalariados, pobladores de los barrios, capas medias acorraladas por impuestos y la usura bancaria en las ciudades. Dentro de esta convergencia social debe resaltarse el papel de los movimientos juveniles que han emergido a la confrontación exigiendo derechos y explicitando su lejanía frente a una guerra que ya no los convoca.
Estas expresiones juveniles tienen antecedentes en los movimientos universitarios de resistencia que aparecieron en años anteriores. Efectivamente, en el 2011 la denominada Mesa Nacional estudiantil logró, mediante una protesta de gran espectro, derrotar un proyecto de “reforma universitaria” impulsado por el gobierno de Santos y el año pasado, otro movimiento del mismo carácter logró conseguir recursos presupuestales adicionales a los que había proyectado el actual gobierno. Pero ahora, el campo de la movilización juvenil es mucho más amplio; incluye la presencia de los jóvenes que no pueden acceder a las universidades, o de aquellos que habiendo logrado un título profesional no encuentran empleo (12); incluye a aquellos que estudian en universidades privadas, obligados a soportar endeudamientos asfixiantes. Igualmente a los de los institutos técnicos que antes de terminar los estudios ya les han anunciado una contratación laboral precaria; también a aquellos jóvenes que la pobreza no les permite terminar la secundaria y tampoco pueden acceder a los servicios de salud mercantilizados o lograr un bienestar mínimo.
Tal y como ha ocurrido en otras partes de la geografía planetaria con movimientos sociales similares, este movimiento juvenil acude a la protesta callejera de manera espontánea utilizando las redes virtuales, motivado por denunciar “las consecuencias del neoliberalismo” aunque sin conocer sus causas (13). Rechaza las instituciones y los partidos dominantes pero, igualmente, no se sienten representados en los partidos de izquierda como tampoco en las organizaciones populares tradicionales. Objeta las decisiones verticales, los liderazgos unipersonales, democratizando las decisiones, lo que les imprime una gran fortaleza a su accionar. Expresa, al mismo tiempo, un pluralismo ideológico amplio en medio de la despolitización a la que los condenó el neoliberalismo y de allí su debilidad.
Dentro de esta pluralidad ideológica deben resaltarse dos temas que denuncian la crisis civilizatoria a la que nos ha condenado el capitalismo contemporáneo: el de la destrucción de la naturaleza y el de la preservación de la sociedad patriarcal, cuestionando con mucha fuerza por mujeres jóvenes universitarias y profesionales.
El movimiento social plural que acompañó las protestas callejeras del 21N no cuenta con una correlación de fuerzas que le permita plantearse rupturas institucionales, como la renuncia del Presidente o la convocatoria a una Asamblea Constituyente, como en el caso de Chile. Sin embargo, en su corta existencia ha logrado:
-Derrotar el terror de Estado que durante décadas ilegalizó el accionar de las organizaciones populares al darles el tratamiento de estado excepción, colocándolos como apéndices de las guerrillas.
-Urbanizar la resistencia social tanto por la forma como irrumpió en las ciudades como por los puntos que propone en su plataforma reivindicativa.
-Potenciar un movimiento en defensa de los derechos humanos que cuestiona el asesinato recurrente de líderes sociales y que demanda una política democrática que garantice el cierre definitivo del conflicto armado.
-Colocar en el centro de la discusión política nacional a la desigualdad social como expresión interna de la crisis que el neoliberalismo experimenta a escala internacional.
El denominado Comando Nacional Unitario que convocó el 21N mantiene la interlocución con el gobierno, pero las franjas de la población que actúan de manera espontánea o que pertenecen a una diversidad de organizaciones sociales, se encuentran por fuera de este organismo aunque dispersas y sin capacidad de convertirse en una opción política diferente.
De momento se coordinan en asambleas barriales, una forma territorial de democracia directa que responde al despojo causado por el urbanismo neoliberal, caracterizado como “extractivismo urbano”. (14) Estas asambleas barriales pueden convertirse en expresiones superiores de democracia si logran centralizarse y articularse con movimientos nacionales que resisten a las políticas estatales. Esta apuesta dependerá obviamente de la continuidad del paro en las semanas iniciales del año entrante, lo que en las actuales circunstancias parece posible y de los retos que le plantee al movimiento el enfrentamiento al gobierno. La alternativa política seguirá en disputa aunque ahora en un nuevo contexto. Urge una coordinación unitaria de quienes estamos convencidos de la necesidad de preservar una estrategia anticapitalista.
Notas:
1) El departamento de derechos humanos de la CUT ha denunciado el asesinato de 3000 activistas sindicales desde cuando fue fundada esta central sindical, a mediados de la década de 1980.
2) Los niveles de concentración de la tierra en el país son muy altos. El 1% de los grandes propietarios rurales acaparan el 60% de la tierra apta para cultivar mientras que dos millones y medio de familias campesinas viven en la superficie restante.
3) Durante el segundo gobierno de Álvaro Uribe, en el 2008, el país conoció que miembros de las fuerzas armadas habían asesinado a civiles indefensos haciéndolos pasar por bajas en combates. “El jefe del Ejército de Colombia dirigió una brigada acusada de matar a civiles”, El País”, Madrid, 5-06-2019, https://elpais.com/
4) Los oficiales que hablaron con The New York Times aseguran que estuvieron en el Ejército cuando ocurrían los falsos positivos, más de una década atrás. Las fuentes aseguran que las cosas empezaron a tomar un nuevo rumbo el pasado 19 de enero, un mes después del cambio de cúpula militar, cuando el general Martínez reunió a 50 generales y coroneles entre los que estaban sus principales mandos en todo el país. (..) El 19 de febrero apareció un documento titulado "Cincuenta órdenes de Comando", conocido por el diario. En esta se exigen ataques oportunos y masivos. La directriz que marcaba el mayor cambio a como veían operando las cosas, dice The New York Times, es la de los ataques mortales.” “Falsos Positivos 2.0” La denuncia de The New York Times, Revista Semana, 18 de mayo del 2019, en https://www.msn.com/es-co/
5) Esta renuncia se precipitó antes de que el Congreso votara la “Moción de censura” respectiva. “A una semana de que las mayorías en el Congreso lo convirtieran en el primer ministro en la historia de Colombia en salir de su cargo por una moción de censura, Guillermo Botero tuvo que dar un paso al costado.
a través de un escueto comunicado, en la tarde de este miércoles, presentó la renuncia a su cargo…” “Renuncia Ministro de Defensa”, El Tiempo, 5 de noviembre del 2019, en https://www.eltiempo.com/
6) Marco Fiscal de Mediano Plazo-2018, pág 127 y ss, MinHacienda en http://www.minhacienda.gov.
7) “El déficit de la balanza comercial de Colombia se multiplicó por más de dos veces en agosto pasado, al ubicarse en 1.426,6 millones de dólares, desde uno de 691,7 millones de dólares reportado para el mismo mes del año pasado”. El Tiempo, 18 de octubre del 2019, en https://www.eltiempo.com/
8) Según las propias estadísticas oficiales, la IED cayó en 14,1% durante el 2018 (llegó a US$8.679,2 millones, mientras que en el 2017 había alcanzado US$10.109 millones).
9) Estas inversiones en portafolio vienen experimentando un desplome; durante el 2018 cayeron en un 53,4%, datos que confirman que efectivamente estamos en fuga de capitales. El país es deficitario cuando se toma en cuenta el diferencial entre ingresos por inversión extranjera y salidas por utilidades y dividendos desde hace varios años lo que aparece en el rubro denominado “renta de factores” de la balanza de pagos. El balance deficitario de este rubro llegó a US$11.441 millones en el 2018.
10) En el 2014 el peso cotizaba a $1800 con relación al dólar. A finales del 2017 llegó a $3.000 y en la actualidad asciende a $3.500. Confirma igualmente la fuga de capitales.
11) Se trata del denominado “superávit primario” obligatorio no tan solo en el diseño de los presupuestos públicos, sino también en la elaboración de los planes de desarrollo y de las llamadas políticas públicas.
12) En la Universidad Nacional, la universidad pública más importante del país, procuran ingreso cada seis meses que terminan los períodos académicos de la secundaria aproximadamente 60.000 bachilleres. Y tan solo ingresan 7000 aproximadamente. El desempleo juvenil alcanza niveles del 22% aproximado, de lejos el monto más alto en el globo de los desempleados. Debe tenerse en cuenta que los métodos estadísticos.
13) Han sido caracterizados como movimientos por “ciudadanías emergentes”, movimientos que intentan salir de la marginalidad social a la que han sido sometidos por el neoliberalismo.
14) El reordenamiento espacial de las ciudades por parte del gran capital inmobiliario y financiero en procura de la obtención de rentas lleva al desalojo de las poblaciones de manera similar al desplazamiento que ocurre en los territorios en los que opera la explotación de hidrocarburos y minerales. Por ello ha sido caracterizado como ”extractivismo urbano”.
Docente en la Universidad Nacional de Colombia, miembro de la dirección del Movimiento Ecosocialista.
Correspondencia de Prensa, 18 de diciembre 2019
Denuncian represión de la policía a universitarios en Colombia
17 diciembre 2019
| CUBADEBATE
La
jornada de este martes estuvo caracterizada por masivas movilizaciones
contra las medidas del presidente Iván Duque. Foto: Reuters.“Atención: en este momento fuerte represión de la dictadura (Iván) Duque a movilización en la Universidad Nacional. Las fuerzas del régimen hirieron a esta persona en uno de sus ojos con una aturdidora. No se cansan de derramar sangre colombiana”, escribió en su cuenta en Twitter el activista Álvaro Moisés Ninco.“Joven gravemente herido en uno de sus ojos en la Universidad Nacional luego de violenta acción del Escuadrón Móvil Antidisturbios. Pedimos ayuda urgente para él”, apuntó María José Pizarro, segunda vicepresidenta de la Cámara de Representantes.
Desde hace casi un mes en Colombia se suceden movilizaciones, en su mayoría pacíficas, contra políticas del gobierno, en rechazo a la violencia y por la paz.
En los días de protestas transcurridos desde el masivo paro nacional del 21 de noviembre último, varias voces coinciden en denunciar lo que consideran violaciones de los derechos humanos.
Al respecto, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), uno de los sindicatos más importantes de Colombia, denunció lo que calificó de atropellos contra integrantes del paro nacional en rechazo a políticas gubernamentales.
La CUT denuncia ante la comunidad nacional e internacional los atropellos a que vienen siendo sometidos los integrantes del paro, por parte de la Policía en cabeza del Esmad, señaló.
En tal sentido, puntualizó mediante un comunicado que se han desconocido todos los procesos legales de detenciones. Mientras, después de más de tres semanas de movilizaciones, las reuniones entre el Comité de Paro y el gobierno, siguen sin arrojar acuerdos.
En el pliego de peticiones que entregó a la Presidencia de la República, el Comité pidió la disolución del Esmad, sobre el que llueven las críticas por los que muchos consideran uso excesivo de la fuerza durante las protestas, y la depuración de la Policía Nacional.
URUGUAY
Me gusta cuando callan
Pablo Camacho Spositto - Foto: Sandro Pereyra (La Diaria)
A propósito de José Mujica y sus valoraciones sobre el feminismo.
Así
como muchas veces sobre la figura de Julio María Sanguinetti se fue
forjando el “mito” en torno su papel en la restauración de la
democracia, en relación a José Mujica se generó la idea de un gran
maestro que imparte lecciones de vida al mundo, pronunciando frases con
mucho sentido que ayudan a derrotar al Lord Sith del conservadurismo.
Con esto, su discurso se ha vuelto un elemento intocable dentro del
progresismo y la izquierda bajo pena de ser catalogado como parte de la
derecha mundial por criticarlo.
La postura de Mujica sobre la lucha de género, el feminismo y la
agenda de derechos se repite en múltiples ocasiones; girando en torno a
que el papel de la mujer es cuidar a sus hijos, y que uno de los
grandes problemas de la sociedad actual es la falta femenina en el
hogar, transformándola en un elemento anexo al anafe.
El 20 de diciembre Mujica en una entrevista en el semanario Voces
declaró que la agenda de derechos -que en Uruguay los gobiernos del
Frente Amplio convirtieron en su propia agenda de gobierno- es producto
de la “estupidez humana” ya que toda la vida existieron los derechos
personales que permiten expresar nuestras diferencias de género y
sexuales sin tener que afectar a nadie. A su vez subrayó que la lucha
feminista es “inútil” ya que el machismo es “un hecho” en nuestra
sociedad y la equiparación de derechos “inobjetable”. Destaca que la
misma lucha de las mujeres terminó siendo contraproducente para ellas ya
que es la creadora de una oposición conservadora que separa en dos
grupos a un mundo cada vez más reaccionario.
Por un lado, Mujica, plantea que "cada cual puede hacer de su culo
lo que quiera" y por lo tanto la agenda de derechos es una estupidez. La
raíz de esta afirmación se basa en el estado de derecho y la
individualidad como eje del sistema, algo propio del liberalismo moderno
dónde todos somos iguales, por lo tanto la revolución es innecesaria ya
que rompería con la balanza del sistema. En lo profundo de la
afirmación se ocultan los mecanismos de discriminación, exclusión,
separación y ocultamiento en el que se basan las relaciones de género en
la actualidad.
Decir que la reacción conservadora es por culpa de la lucha
feminista es tan estúpido como decir que el capitalismo es por culpa del
obrero, el colonialismo es por culpa de los pueblos que se instalan
dónde hay recursos naturales, o que a una piba la violan en la calle
porque lleva pollera corta. Con la afirmación se victimiza doblemente a
la mujer, volviéndola causa y efecto de su propia situación.
Se oculta la historicidad del caso, lo conservador no es nuevo ni
causa del reclamo feminista sino que siempre está presente y aparece con
más o menos fuerza en nuestra sociedad. Se encarna en nuestros
discursos y prácticas, vive a nuestro lado, y no es culpa de quién lo
combate sino de quién lo riega día a día.
Si es verdad que este avance conservador se ha visto fortalecido
por una política de oídos sordos incluso de apoyo y tolerancia hacia
declaraciones de las fuerzas armadas totalmente contrarias a su papel
dentro del Estado. Baste sólo con un ejemplo: durante gran parte del
segundo gobierno de Tabaré Vázquez al Comandante en Jefe de las Fuerzas
Armadas, Manini Ríos, se le permitió intromisión dentro de la política
hasta que fue expulsado luego de largas discusiones. O podemos sumarle
también el ejemplo del propio Mujica (en la ya mencionada nota) cuando
dice que tiene muchos amigos militares, como respuesta a la posición de
la senadora Constanza Moreira, que propuso la disolución de las fuerzas
armadas.
No me parece suficiente la tibia explicación de decir ‘y bueno, es
Mujica, todos sabemos cómo es!’ Me parece peligroso que un discurso se
presente y porque viene de un lugar determinado se hagan oídos sordos a
lo que plantea. Mujica es la figura política más votada del Uruguay y
una de las más reconocidas a nivel mundial, por esto su discurso se
vuelve mucho más peligroso que el de cualquier otro, así como el
silencio que hay en otros actores políticos por miedo a perder un voto
tal vez.
La campaña electoral ha puesto un velo sobre quienes votamos al
Frente Amplio que debe ser corrido si queremos terminar con este tipo de
pensamiento en nuestro país.
El avance conservador a nivel nacional,
latinoamericano y mundial no es una noticia nueva, y la lucha debe darse
en todos los ámbitos incluso quienes se vanaglorian de enfrentarlo. Si
para detener su avance debemos destruir nuestros ídolos de terracota
debemos tener el mazo en nuestras manos, lo conservador no solo hace
carne en Manini Ríos, Verónica Alonso o Lacalle Pou sino en todos los
discursos que ocultan las relaciones de opresión que se generan en
nuestra sociedad.
Martes, 15 Octubre 2019 00:00
Trece razones por las cuales defendemos los Consejos de Salarios
Todo indica que si la oposición llega al gobierno se introducirán
profundos cambios al régimen actual de Consejos de Salarios, y esta
afirmación es válida con independencia de cuál fuera el partido de la
derecha que ganara las próximas elecciones.
Tanto el Partido Nacional como el Partido Colorado dejan claro, en sus respectivos programas, que modificarán el modelo de negociación colectiva por rama de actividad, cuyo pilar esencial son los Consejos de Salarios.
A diferencia del pasado, ya no se cuestiona a los Consejos de Salarios sino que en términos cautelosos y ambiguos se habla de la necesidad de “migrar hacia un modelo de negociación colectiva [...] que tenga la capacidad de reflejar las realidades económicas de las empresas” (ver página 96 y siguientes del programa del Partido Colorado) o de “asegurar su legitimidad a ojos de todos los involucrados”, para lo cual, según se afirma sin mayores aclaraciones, se requiere “un funcionamiento razonable y equilibrado” (ver página 33 y siguientes del programa del Partido Nacional).
En una reciente visita a la sede del PIT-CNT del postulante colorado a la presidencia de la República, Ernesto Talvi, en el marco de las actividades organizadas por la central con los candidatos, quedó por demás claro que en caso de que resulte electo, los Consejos de Salarios serán reducidos a meros mecanismos de fijación de salarios mínimos. Al respecto fue muy claro su asesor Fernando Pérez Tabó, que, por otra parte, es un representante relevante de las cámaras empresariales en las negociaciones tripartitas sobre posibles cambios a la Ley 18.566, que establece el sistema de negociación colectiva.
Las propuestas de los dos partidos mayoritarios de la oposición –léase la derecha conservadora y restauradora– son plenamente coincidentes con los planteamientos formulados por las cámaras empresariales. Para constatarlo, basta una simple lectura de las “Propuestas de la Confederación de Cámaras Empresariales para implementar en el próximo período de gobierno” (documento que puede consultarse en la página web de esa organización: confederacionuy.com/).
Las cámaras empresariales reivindican en ese documento –y así además lo han hecho en la mesa de negociación tripartita sobre la queja presentada ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) – que “la negociación colectiva tripartita [léase Consejo de Salarios] únicamente opera para definir mínimos por categoría, y que los aumentos salariales y las condiciones de trabajo se negocian bipartitamente”.
Ante los textos transcriptos, huelga destacar la sintonía ideológica y política existente entre los planteamientos del bloque político conservador y el sector empresarial; cuestión que no es novedad en Uruguay. Basta recordar el pasado para concluir que esa cercanía o afinidad tiene una larga trayectoria histórica.
De cristalizarse estas propuestas, se rompería el equilibrio construido a lo largo de estos años en materia de relacionamiento colectivo. Llevaría a reducir los cometidos de los Consejos de Salarios –es decir, en cuanto mecanismo de fijación de salarios (salarios mínimos y ajustes generales) e instancia de negociación de las demás condiciones de trabajo–, con las consecuencias negativas para los trabajadores que esto implica: desaparición en los hechos de la negociación colectiva por rama y predominio de la negociación por empresa. En un país donde la mayoría de las empresas son medianas o pequeñas, es decir, que se caracterizan por un reducido número de trabajadores, esto significa otorgar carta blanca al empresariado para determinar de modo unilateral los salarios y las condiciones de trabajo (como ya ha ocurrido en el pasado cuando se aplicaron políticas similares).
De ahí que ante estas propuestas que consideramos un retorno a viejas recetas superadas por la realidad, constituye un imperativo ético y político defender sin ambages o titubeos los Consejos de Salarios en su actual formato.
Los Consejos de Salarios, tal como funcionan desde su reinstalación y, sobre todo, a partir de las modificaciones introducidas por la Ley 18.566 de 26 de junio de 2009, constituyen mecanismos de participación democrática que han garantizado –y garantizan– la participación de los trabajadores en cuestiones que son esenciales para estos.
Son instrumentos de redistribución de riqueza que permitieron acompasar el crecimiento económico de estos años, y que asimismo han constituido una herramienta hábil para combatir la evasión de los aportes sociales y la informalidad. Todo esto contrasta con lo acontecido en décadas anteriores cuando los Consejos de Salarios dejaron de ser convocados por decisión política de los gobiernos de turno. En ese período, blancos y colorados cogobernaron más allá de quién era el titular del Poder Ejecutivo, experiencia cuya reedición promueven los referentes actuales de dichos partidos.
Los Consejos de Salarios no deben ser vistos como algo aislado, sino como un componente esencial de las políticas sociolaborales que han permitido materializar un sistema de relaciones de trabajo más equilibrado y democrático, caracterizado por la vigencia efectiva de los derechos inherentes a la libertad sindical. Por lo tanto, toda modificación cuya finalidad sea restringir o minimizar sus cometidos tendrá efectos negativos en el sistema de relaciones laborales.
Precisamente, la aplicación de esas políticas laborales y sociales fueron las que llevaron a que las cámaras empresariales plantearan la queja contra el gobierno uruguayo ante la OIT; si bien esta queja quedó reducida a algunos puntos de la Ley 18.566, la intención de sus promotores era juzgar a Uruguay por haber tenido el tupé de apartarse de las recetas neoliberales, contrariando el fundamentalismo de libre mercado, tan del gusto del empresariado uruguayo.
Ante propuestas que tienen como único objetivo minimizar el papel de los Consejos de Salarios, convirtiéndolos en meros procedimientos de fijación de salarios mínimos, se conjugan una serie de razones que llevan a desechar tales pretensiones.
A nuestro entender existen 13 razones para rechazar las propuestas sobre las relaciones laborales y los Consejos de Salarios que el bloque conservador hace bajo el argumento de que se ha erosionado la legitimidad del sistema y, por lo tanto, resulta necesario generar confianza y reciprocidad entre trabajadores y empleadores.
1. De introducirse los cambios pregonados se alteraría radicalmente el actual sistema de relaciones laborales, abriendo paso a la individualización de las relaciones de trabajo y al declive de la negociación colectiva, lo que pondría en tela de juicio los logros obtenidos en estos últimos 15 años en materia de derechos y equidad social.
2. El funcionamiento de los Consejos de Salarios en su actual formato, resulta imprescindible para garantizar la existencia de la negociación colectiva por rama en el país. Si estos Consejos son reducidos a determinar los salarios mínimos, y se le quitan así los cometidos de establecer los ajustes salariales generales, de reglamentar la licencia sindical y, existiendo acuerdo entre las partes, de acordar sobre las demás condiciones de trabajo, se volvería al régimen de negociación por empresa, y eso ya sabemos en qué termina.
3. La Ley 18.566, cuestionada por el empresariado, vino a complementar la vieja ley de Consejos de Salarios de 1943, la 10.449 –consagrando así un modelo de negociación colectiva que combina dos modalidades: la negociación tripartita (que tiene lugar fundamentalmente en los Consejos de Salarios) y la negociación colectiva clásica o bipartita (que puede darse a nivel de rama o de empresa)–. Las normas que establece esta regla dan certeza a la negociación colectiva bipartita (sujetos, niveles y articulación, efectos y vigencia de los convenios colectivos).
4. Este modelo abreva en una práctica consuetudinaria instaurada por los propios actores sociales, que, utilizando el cauce de los Consejos de Salarios, fortalecieron la negociación colectiva en el país. Mediante la práctica de negociar no sólo salarios mínimos, como originalmente estaba previsto en la ley de creación de estos Consejos, sino también ajustes por inflación y aumentos generales, así como demás condiciones de trabajo, las organizaciones gremiales de empleadores y trabajadores contribuyeron a consolidar una modalidad de negociación colectiva: tripartita y por sector o rama de actividad. La costumbre de negociar cuestiones que iban más allá de lo meramente salarial –es decir, salarios mínimos por categorías laborales–, se instala ya en las primeras rondas de Consejos de Salarios, los que comienzan a funcionar a partir del año 1944.
Este ha sido el modelo de negociación que ha existido en el país por más de 70 años, sin perjuicio de los interregnos causados por el autoritarismo cívico-militar (1968-1984) y el neoliberalismo político (1990-2004).
5. En suma, el sistema de negociación colectiva instaurado por la Ley 18.566, en cuanto moderniza y complementa el régimen de los Consejos de Salarios, profundiza y consolida las prácticas democráticas que han sido una seña de identidad de Uruguay.
6. Se trata de un modelo de negociación que, contrariamente a lo afirmado por algunos expertos y operadores cercanos al sector empresarial, respeta y garantiza la plena efectividad de los principios y derechos fundamentales en materia de libertad sindical y negociación colectiva; en particular los Convenios Internacionales del Trabajo números 87, 98 y 154, y la declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo, de 1998.
7. El régimen legal implantado ha fortalecido la negociación colectiva tanto a nivel de rama como de empresa. Ha permitido que amplios sectores de trabajadores pudieran tener negociación colectiva, por ejemplo, los trabajadores del sector de servicios y de comercio. Asimismo, ha habilitado la canalización del conflicto, así como su solución pacífica, a través de mecanismos autónomos y negociados, lo que ha contribuido a la paz social que tanto se pregona. Paz social con justicia social.
8. La reinstalación de los Consejos de Salarios y la ampliación de sus cometidos permitió recuperar una práctica de relacionamiento que tenía una larga historia en el país. Favoreció el reequilibrio de fuerzas corrigiendo la escandalosa asimetría que había caracterizado la etapa precedente, y que había llevado a un predominio cuasi absoluto del sector empresarial.
9. El retorno de los Consejos de Salarios permitió la revitalización de la actividad sindical y el fortalecimiento de las organizaciones sindicales. Hizo posible la sindicalización y el acceso a la negociación colectiva de sectores de trabajadores tradicionalmente excluidos. El ejemplo más vivo es el caso de los trabajadores rurales. En suma, tuvo como efecto una mayor democratización de las relaciones de trabajo.
10. El funcionamiento de los Consejos de Salarios (ya se ha transitado por siete rondas de negociación) ha permitido que la totalidad de los trabajadores activos del sector privado tengan remuneraciones negociadas y no impuestas unilateralmente por el empleador, y que los salarios a su vez sean periódicamente actualizados; que se haya producido en estos años un importante crecimiento del salario real (en los últimos 14 años el salario real creció más de 60%)1 y un aumento exponencial del salario mínimo nacional, que se haya reducido los niveles de informalidad, de evasión fiscal en materia de aportes a la seguridad social y con respecto a la violación de las normas laborales.
En síntesis, se ha configurado una sensible mejora en las condiciones de vida y de empleo de los trabajadores.
11. Subrayamos que de aplicarse las medidas que los partidos de la oposición piensan llevar adelante si llegan al gobierno, en lo referente a los Consejos de Salarios –insistimos, en sintonía con los reclamos del sector empresarial– se estaría modificando radicalmente el modelo de negociación colectiva vigente. La negociación colectiva por rama, que tiene lugar esencialmente en los Consejos de Salarios, sería suplantada por la negociación colectiva por empresa.
12. Se dinamitarían los cimientos de la reforma laboral llevada adelante en estos últimos años, y que ha sido objeto de permanente referencia por parte de la OIT, y se instalaría un escenario caracterizado por el retorno a viejas lógicas, cuyos resultados ya experimentaron en carne propia los trabajadores: flexibilidad laboral y pérdida de derechos, bajos salarios, precarización, informalidad, desempleo, empobrecimiento y marginación social. En definitiva, una vuelta al predominio patronal; una historia ya vivida, un déjà vu social.
13. Para finalizar, se debe destacar que los Consejos de Salarios además de garantizar el ejercicio de un derecho, como lo es el de negociar colectivamente las condiciones de trabajo, constituyen un mecanismos de gobernanza de las relaciones laborales.
De allí que han tenido –y tienen– un papel que va más allá del subsistema de relaciones laborales, en tanto operan como ámbitos democráticos de participación de los trabajadores en la toma de decisiones sobre cuestiones que le atañen en cuanto colectivo social con intereses propios.
Héctor Zapirain es asesor jurídico-laboral del PIT-CNT y el Instituto Cuesta Duarte.
Publicado en La Diaria el 12/10/19
Montevideo, 22 diciembre, 2019
Tanto el Partido Nacional como el Partido Colorado dejan claro, en sus respectivos programas, que modificarán el modelo de negociación colectiva por rama de actividad, cuyo pilar esencial son los Consejos de Salarios.
A diferencia del pasado, ya no se cuestiona a los Consejos de Salarios sino que en términos cautelosos y ambiguos se habla de la necesidad de “migrar hacia un modelo de negociación colectiva [...] que tenga la capacidad de reflejar las realidades económicas de las empresas” (ver página 96 y siguientes del programa del Partido Colorado) o de “asegurar su legitimidad a ojos de todos los involucrados”, para lo cual, según se afirma sin mayores aclaraciones, se requiere “un funcionamiento razonable y equilibrado” (ver página 33 y siguientes del programa del Partido Nacional).
En una reciente visita a la sede del PIT-CNT del postulante colorado a la presidencia de la República, Ernesto Talvi, en el marco de las actividades organizadas por la central con los candidatos, quedó por demás claro que en caso de que resulte electo, los Consejos de Salarios serán reducidos a meros mecanismos de fijación de salarios mínimos. Al respecto fue muy claro su asesor Fernando Pérez Tabó, que, por otra parte, es un representante relevante de las cámaras empresariales en las negociaciones tripartitas sobre posibles cambios a la Ley 18.566, que establece el sistema de negociación colectiva.
Las propuestas de los dos partidos mayoritarios de la oposición –léase la derecha conservadora y restauradora– son plenamente coincidentes con los planteamientos formulados por las cámaras empresariales. Para constatarlo, basta una simple lectura de las “Propuestas de la Confederación de Cámaras Empresariales para implementar en el próximo período de gobierno” (documento que puede consultarse en la página web de esa organización: confederacionuy.com/).
Las cámaras empresariales reivindican en ese documento –y así además lo han hecho en la mesa de negociación tripartita sobre la queja presentada ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) – que “la negociación colectiva tripartita [léase Consejo de Salarios] únicamente opera para definir mínimos por categoría, y que los aumentos salariales y las condiciones de trabajo se negocian bipartitamente”.
Ante los textos transcriptos, huelga destacar la sintonía ideológica y política existente entre los planteamientos del bloque político conservador y el sector empresarial; cuestión que no es novedad en Uruguay. Basta recordar el pasado para concluir que esa cercanía o afinidad tiene una larga trayectoria histórica.
De cristalizarse estas propuestas, se rompería el equilibrio construido a lo largo de estos años en materia de relacionamiento colectivo. Llevaría a reducir los cometidos de los Consejos de Salarios –es decir, en cuanto mecanismo de fijación de salarios (salarios mínimos y ajustes generales) e instancia de negociación de las demás condiciones de trabajo–, con las consecuencias negativas para los trabajadores que esto implica: desaparición en los hechos de la negociación colectiva por rama y predominio de la negociación por empresa. En un país donde la mayoría de las empresas son medianas o pequeñas, es decir, que se caracterizan por un reducido número de trabajadores, esto significa otorgar carta blanca al empresariado para determinar de modo unilateral los salarios y las condiciones de trabajo (como ya ha ocurrido en el pasado cuando se aplicaron políticas similares).
De ahí que ante estas propuestas que consideramos un retorno a viejas recetas superadas por la realidad, constituye un imperativo ético y político defender sin ambages o titubeos los Consejos de Salarios en su actual formato.
Los Consejos de Salarios, tal como funcionan desde su reinstalación y, sobre todo, a partir de las modificaciones introducidas por la Ley 18.566 de 26 de junio de 2009, constituyen mecanismos de participación democrática que han garantizado –y garantizan– la participación de los trabajadores en cuestiones que son esenciales para estos.
Son instrumentos de redistribución de riqueza que permitieron acompasar el crecimiento económico de estos años, y que asimismo han constituido una herramienta hábil para combatir la evasión de los aportes sociales y la informalidad. Todo esto contrasta con lo acontecido en décadas anteriores cuando los Consejos de Salarios dejaron de ser convocados por decisión política de los gobiernos de turno. En ese período, blancos y colorados cogobernaron más allá de quién era el titular del Poder Ejecutivo, experiencia cuya reedición promueven los referentes actuales de dichos partidos.
Los Consejos de Salarios no deben ser vistos como algo aislado, sino como un componente esencial de las políticas sociolaborales que han permitido materializar un sistema de relaciones de trabajo más equilibrado y democrático, caracterizado por la vigencia efectiva de los derechos inherentes a la libertad sindical. Por lo tanto, toda modificación cuya finalidad sea restringir o minimizar sus cometidos tendrá efectos negativos en el sistema de relaciones laborales.
Precisamente, la aplicación de esas políticas laborales y sociales fueron las que llevaron a que las cámaras empresariales plantearan la queja contra el gobierno uruguayo ante la OIT; si bien esta queja quedó reducida a algunos puntos de la Ley 18.566, la intención de sus promotores era juzgar a Uruguay por haber tenido el tupé de apartarse de las recetas neoliberales, contrariando el fundamentalismo de libre mercado, tan del gusto del empresariado uruguayo.
Ante propuestas que tienen como único objetivo minimizar el papel de los Consejos de Salarios, convirtiéndolos en meros procedimientos de fijación de salarios mínimos, se conjugan una serie de razones que llevan a desechar tales pretensiones.
A nuestro entender existen 13 razones para rechazar las propuestas sobre las relaciones laborales y los Consejos de Salarios que el bloque conservador hace bajo el argumento de que se ha erosionado la legitimidad del sistema y, por lo tanto, resulta necesario generar confianza y reciprocidad entre trabajadores y empleadores.
1. De introducirse los cambios pregonados se alteraría radicalmente el actual sistema de relaciones laborales, abriendo paso a la individualización de las relaciones de trabajo y al declive de la negociación colectiva, lo que pondría en tela de juicio los logros obtenidos en estos últimos 15 años en materia de derechos y equidad social.
2. El funcionamiento de los Consejos de Salarios en su actual formato, resulta imprescindible para garantizar la existencia de la negociación colectiva por rama en el país. Si estos Consejos son reducidos a determinar los salarios mínimos, y se le quitan así los cometidos de establecer los ajustes salariales generales, de reglamentar la licencia sindical y, existiendo acuerdo entre las partes, de acordar sobre las demás condiciones de trabajo, se volvería al régimen de negociación por empresa, y eso ya sabemos en qué termina.
3. La Ley 18.566, cuestionada por el empresariado, vino a complementar la vieja ley de Consejos de Salarios de 1943, la 10.449 –consagrando así un modelo de negociación colectiva que combina dos modalidades: la negociación tripartita (que tiene lugar fundamentalmente en los Consejos de Salarios) y la negociación colectiva clásica o bipartita (que puede darse a nivel de rama o de empresa)–. Las normas que establece esta regla dan certeza a la negociación colectiva bipartita (sujetos, niveles y articulación, efectos y vigencia de los convenios colectivos).
4. Este modelo abreva en una práctica consuetudinaria instaurada por los propios actores sociales, que, utilizando el cauce de los Consejos de Salarios, fortalecieron la negociación colectiva en el país. Mediante la práctica de negociar no sólo salarios mínimos, como originalmente estaba previsto en la ley de creación de estos Consejos, sino también ajustes por inflación y aumentos generales, así como demás condiciones de trabajo, las organizaciones gremiales de empleadores y trabajadores contribuyeron a consolidar una modalidad de negociación colectiva: tripartita y por sector o rama de actividad. La costumbre de negociar cuestiones que iban más allá de lo meramente salarial –es decir, salarios mínimos por categorías laborales–, se instala ya en las primeras rondas de Consejos de Salarios, los que comienzan a funcionar a partir del año 1944.
Este ha sido el modelo de negociación que ha existido en el país por más de 70 años, sin perjuicio de los interregnos causados por el autoritarismo cívico-militar (1968-1984) y el neoliberalismo político (1990-2004).
5. En suma, el sistema de negociación colectiva instaurado por la Ley 18.566, en cuanto moderniza y complementa el régimen de los Consejos de Salarios, profundiza y consolida las prácticas democráticas que han sido una seña de identidad de Uruguay.
6. Se trata de un modelo de negociación que, contrariamente a lo afirmado por algunos expertos y operadores cercanos al sector empresarial, respeta y garantiza la plena efectividad de los principios y derechos fundamentales en materia de libertad sindical y negociación colectiva; en particular los Convenios Internacionales del Trabajo números 87, 98 y 154, y la declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo, de 1998.
7. El régimen legal implantado ha fortalecido la negociación colectiva tanto a nivel de rama como de empresa. Ha permitido que amplios sectores de trabajadores pudieran tener negociación colectiva, por ejemplo, los trabajadores del sector de servicios y de comercio. Asimismo, ha habilitado la canalización del conflicto, así como su solución pacífica, a través de mecanismos autónomos y negociados, lo que ha contribuido a la paz social que tanto se pregona. Paz social con justicia social.
8. La reinstalación de los Consejos de Salarios y la ampliación de sus cometidos permitió recuperar una práctica de relacionamiento que tenía una larga historia en el país. Favoreció el reequilibrio de fuerzas corrigiendo la escandalosa asimetría que había caracterizado la etapa precedente, y que había llevado a un predominio cuasi absoluto del sector empresarial.
9. El retorno de los Consejos de Salarios permitió la revitalización de la actividad sindical y el fortalecimiento de las organizaciones sindicales. Hizo posible la sindicalización y el acceso a la negociación colectiva de sectores de trabajadores tradicionalmente excluidos. El ejemplo más vivo es el caso de los trabajadores rurales. En suma, tuvo como efecto una mayor democratización de las relaciones de trabajo.
10. El funcionamiento de los Consejos de Salarios (ya se ha transitado por siete rondas de negociación) ha permitido que la totalidad de los trabajadores activos del sector privado tengan remuneraciones negociadas y no impuestas unilateralmente por el empleador, y que los salarios a su vez sean periódicamente actualizados; que se haya producido en estos años un importante crecimiento del salario real (en los últimos 14 años el salario real creció más de 60%)1 y un aumento exponencial del salario mínimo nacional, que se haya reducido los niveles de informalidad, de evasión fiscal en materia de aportes a la seguridad social y con respecto a la violación de las normas laborales.
En síntesis, se ha configurado una sensible mejora en las condiciones de vida y de empleo de los trabajadores.
11. Subrayamos que de aplicarse las medidas que los partidos de la oposición piensan llevar adelante si llegan al gobierno, en lo referente a los Consejos de Salarios –insistimos, en sintonía con los reclamos del sector empresarial– se estaría modificando radicalmente el modelo de negociación colectiva vigente. La negociación colectiva por rama, que tiene lugar esencialmente en los Consejos de Salarios, sería suplantada por la negociación colectiva por empresa.
12. Se dinamitarían los cimientos de la reforma laboral llevada adelante en estos últimos años, y que ha sido objeto de permanente referencia por parte de la OIT, y se instalaría un escenario caracterizado por el retorno a viejas lógicas, cuyos resultados ya experimentaron en carne propia los trabajadores: flexibilidad laboral y pérdida de derechos, bajos salarios, precarización, informalidad, desempleo, empobrecimiento y marginación social. En definitiva, una vuelta al predominio patronal; una historia ya vivida, un déjà vu social.
13. Para finalizar, se debe destacar que los Consejos de Salarios además de garantizar el ejercicio de un derecho, como lo es el de negociar colectivamente las condiciones de trabajo, constituyen un mecanismos de gobernanza de las relaciones laborales.
De allí que han tenido –y tienen– un papel que va más allá del subsistema de relaciones laborales, en tanto operan como ámbitos democráticos de participación de los trabajadores en la toma de decisiones sobre cuestiones que le atañen en cuanto colectivo social con intereses propios.
Héctor Zapirain es asesor jurídico-laboral del PIT-CNT y el Instituto Cuesta Duarte.
Publicado en La Diaria el 12/10/19
UN NUEVO ROL PARA EL PARLAMENTO
Andrade: «Hay que defender las conquistas de los trabajadores»
Oscar
Andrade es dirigente sindical, fue diputado, precandidato del Frente
Amplio en las elecciones internas de junio, y en marzo asumirá una banca
en el senado. Siguiendo una larga tradición de la izquierda,
representará con su voz y su voto a los trabajadores.
Foto: Dante Fernández
22 diciembre, 2019 - CARAS Y CARETAS
Por Pablo Silva Galván
El Parlamento que se instalará en febrero tiene varios cambios y novedades respecto al que se va. Además de la menor presencia de mujeres y del ingreso de representantes de nuevos partidos, incluye un legislador obrero. Nada menos que un senador. Siguiendo el camino que abrieron en su tiempo Julia Arévalo y Enrique Rodríguez, Oscar Andrade asumirá una banca en directa representación de los trabajadores, de la clase obrera.
Andrade,
el joven secretario general del Sindicato de la Construcción y Afines
(Sunca), se abrió paso tanto en el sindicalismo como en la política a
fuerza de defender los derechos de sus hermanos de clase. Tras pugnar
por la candidatura a presidencia del Frente Amplio en junio, donde
obtuvo un sorpresivo segundo puesto, llegó al Senado encabezando la
lista del Partido Comunista, su partido, y aliados.
El secretario general del aguerrido sindicato de la construcción –Sunca– no es un novato en las lides parlamentarias, ya que ocupó una banca en la Cámara de Diputados durante el segundo gobierno del Frente Amplio (FA). Desde ella tuvo un rol fundamental en la aprobación de la Ley de Responsabilidad Penal Empresarial, uno de los hitos en la protección y defensa de la seguridad y la vida de los trabajadores. Pero ahora el desafío será mayor: por un lado el Senado exige una responsabilidad mayor, pero por otro asume tras la derrota del FA en las pasadas elecciones, por lo que su acción se desarrollará desde la oposición.
El joven senador, hincha de Nacional, cuadro al que va a ver cada vez que sus actividades se lo permiten, nació y se crió en la localidad canaria de Villa Felicidad. Hace poco perdió a su padre. Durante la campaña hacia las elecciones internas su familia fue objeto de persecución a través de las redes sociales, hecho que fue denunciado a las autoridades, en particular su hija debido a una foto de un baile de disfraces.
Su actividad estará centrada en la defensa de las conquistas y los derechos de los trabajadores, convirtiendo al parlamento en una caja de resonancia de las inquietudes sociales. Ya lo ha anunciado en reiteradas oportunidades, y la llegada de un gobierno de corte conservador pone en el orden del día estas premisas. «Tenemos que entender que el asedio sobre los derechos laborales y sindicales se hace mucho más por motivo ideológico que por razones que se fundamenten en los económico», dijo en entrevista con Caras y Caretas en vísperas del 1º de Mayo de 2017, cuando ya se veían en el horizonte las líneas principales de la ofensiva conservadora. «El caso más claro fue el año pasado: la arremetida de los medios de prensa de la derecha, de los neoliberales, fue que no se puede modificar las pautas porque si se modifican las pautas salariales se va a descontrolar la inflación, se va a generar una catástrofe. Fueron tres veces modificadas las pautas salariales. Se modificaron en función de reclamos que hacía el movimiento popular, y la inflación bajó. Sin embargo los teóricos neoclásicos que estaban parados en sus tesis dogmáticas hoy no tienen espacio ni para la autocrítica. Nos demuestra que hay una enorme ofensiva que tiene como uno de sus objetivos el movimiento social organizado y tenemos el desafío rumbo al primero de mayo de ensanchar qué es lo que queremos discutir en el trabajo».
Esta ofensiva, profundizada ahora con el triunfo de la coalición multicolor, se verá reflejada, en opinión de analistas y dirigentes varios, en la labor del nuevo gobierno y por ende del Parlamento. Y la Ley de Responsabilidad Penal Empresarial será uno de los bancos predilectos.
Esta ley, aprobada tras una intensa movilización sindical que incluyó hasta un virtual «cerco» al Parlamento, demostró la necesidad de medidas fuertes para defender la seguridad y la vida de los trabajadores en sus ámbitos laborales. Así lo explicó Andrade en la misma entrevista al recordar que «cuando se aprobó la ley de responsabilidad empresarial en 2014, teníamos en el período anterior algo por encima de los 50.000 siniestros registrados por el Banco de Seguros, la cifra fue descendiendo hasta culminar el 2015 con 37.000 siniestros y el año pasado se ubicó en 35.000. El descenso de la siniestralidad fue brutal. Tan importante como la ausencia de repercusión pública que tuvo este efecto de la ley en la salud de los trabajadores».
Y agregó, en una entrevista publicada en el diario Progreso al Día, que en la bancada del Frente Amplio «vamos a distribuirnos los barrios, los territorios, los sindicatos, reuniones con el feminismo, pensar los proyectos de ley desde abajo, problemas como el de la vivienda se tienen que discutir mucho con los movimientos sociales, problemas como los del trabajo no se pueden resolver sin la participación del pueblo trabajador uruguayo, problemas como los de la violencia hay que discutirlos en cada territorio, dramas como las adicciones complejas hay que repensarlas con la sociedad».
Se trata, entonces, de «un tipo de trabajo parlamentario que tenga mucho de laburo capilar, el senado se va a tener que adaptar a esa metodología de trabajo porque pensamos recorrer mucho el interior, los centros de trabajos, los territorios, asambleas, reuniones, de intentar pensar las políticas con todos. Ojalá logremos prender la lucha institucional a las luchas sociales contra la desigualdad porque eso jerarquiza la política y nosotros precisamos que la sociedad reivindique a la política como la forma de resolver los problemas».
Nueva etapa
Ese nuevo Parlamento asumirá cuando el país inicie una nueva etapa de su derrotero histórico con la llegada al gobierno de una coalición encabezada por el Partido Nacional y compuesta por los partidos Colorado, de la Gente, Independiente y Cabildo Abierto. Este último abiertamente opuesto a todos los derechos conquistados en los últimos años. Lo que parecía a comienzos del año como algo lejano e improbable se terminó dando: Cabildo llegó al Parlamento y al gobierno, donde tendrá un papel central. Los intentos de contrarrestarlo por parte del candidato colorado Ernesto Talvi, canciller del gobierno electo, no dieron su fruto, y los cinco partidos, más unidos por su rechazo al Frente Amplio que por coincidencias programáticas, asumirán el gobierno el 1º de marzo.
«Si vemos a los partidos de la oposición (ahora gobierno electo), vemos que nos los presentaron como lavados. (Ernesto) Talvi se presentó poco menos que como un progresista y ya dejó en evidencia su concepción neoliberal», señaló Andrade al analizar la composición de la coaliciòn en una entrevista con Caras y Caretas previa a las elecciones. «Durante semanas se pasó diciendo que no integraría una coalición con (Guido) Manini Ríos y ahora dice estar dispuesto a hacerlo. Dijo que entre él y Manini había un océano de diferencia y eso desapareció. Se ve que el calentamiento global debe estar bravo porque en pocos días dejó seco el océano entre Talvi y Manini», agregó. Ahora tanto Talvi como Manini son aliados. Y Manini estará sentado en el senado, en el mismo ámbito de debate y trabajo que Andrade.
Durante la campaña electoral Andrade dejó bien clara su postura afirmando que «la ambición de poder» era tan grande que explicaba la afirmación de (Luis) Lacalle Pou de negar públicamente, «y sin ningún pudor, el déficit creciente de la Caja Militar».
Tiene claro que la aplicación del programa de la coalición multicolor, basado en un dólar alto y congelación salarial, provocará la protesta social. No solo de los trabajadores, que saldrán a reclamar por mantener el salario y sus conquistas, sino de otros sectores de la sociedad. Para Andrade el ejemplo de Chile está presente y considera que la bancada del Frente Amplio deberá estar a la altura de las consecuencias.
El Parlamento que se instalará en febrero tiene varios cambios y novedades respecto al que se va. Además de la menor presencia de mujeres y del ingreso de representantes de nuevos partidos, incluye un legislador obrero. Nada menos que un senador. Siguiendo el camino que abrieron en su tiempo Julia Arévalo y Enrique Rodríguez, Oscar Andrade asumirá una banca en directa representación de los trabajadores, de la clase obrera.
El secretario general del aguerrido sindicato de la construcción –Sunca– no es un novato en las lides parlamentarias, ya que ocupó una banca en la Cámara de Diputados durante el segundo gobierno del Frente Amplio (FA). Desde ella tuvo un rol fundamental en la aprobación de la Ley de Responsabilidad Penal Empresarial, uno de los hitos en la protección y defensa de la seguridad y la vida de los trabajadores. Pero ahora el desafío será mayor: por un lado el Senado exige una responsabilidad mayor, pero por otro asume tras la derrota del FA en las pasadas elecciones, por lo que su acción se desarrollará desde la oposición.
El joven senador, hincha de Nacional, cuadro al que va a ver cada vez que sus actividades se lo permiten, nació y se crió en la localidad canaria de Villa Felicidad. Hace poco perdió a su padre. Durante la campaña hacia las elecciones internas su familia fue objeto de persecución a través de las redes sociales, hecho que fue denunciado a las autoridades, en particular su hija debido a una foto de un baile de disfraces.
Su actividad estará centrada en la defensa de las conquistas y los derechos de los trabajadores, convirtiendo al parlamento en una caja de resonancia de las inquietudes sociales. Ya lo ha anunciado en reiteradas oportunidades, y la llegada de un gobierno de corte conservador pone en el orden del día estas premisas. «Tenemos que entender que el asedio sobre los derechos laborales y sindicales se hace mucho más por motivo ideológico que por razones que se fundamenten en los económico», dijo en entrevista con Caras y Caretas en vísperas del 1º de Mayo de 2017, cuando ya se veían en el horizonte las líneas principales de la ofensiva conservadora. «El caso más claro fue el año pasado: la arremetida de los medios de prensa de la derecha, de los neoliberales, fue que no se puede modificar las pautas porque si se modifican las pautas salariales se va a descontrolar la inflación, se va a generar una catástrofe. Fueron tres veces modificadas las pautas salariales. Se modificaron en función de reclamos que hacía el movimiento popular, y la inflación bajó. Sin embargo los teóricos neoclásicos que estaban parados en sus tesis dogmáticas hoy no tienen espacio ni para la autocrítica. Nos demuestra que hay una enorme ofensiva que tiene como uno de sus objetivos el movimiento social organizado y tenemos el desafío rumbo al primero de mayo de ensanchar qué es lo que queremos discutir en el trabajo».
Esta ofensiva, profundizada ahora con el triunfo de la coalición multicolor, se verá reflejada, en opinión de analistas y dirigentes varios, en la labor del nuevo gobierno y por ende del Parlamento. Y la Ley de Responsabilidad Penal Empresarial será uno de los bancos predilectos.
Esta ley, aprobada tras una intensa movilización sindical que incluyó hasta un virtual «cerco» al Parlamento, demostró la necesidad de medidas fuertes para defender la seguridad y la vida de los trabajadores en sus ámbitos laborales. Así lo explicó Andrade en la misma entrevista al recordar que «cuando se aprobó la ley de responsabilidad empresarial en 2014, teníamos en el período anterior algo por encima de los 50.000 siniestros registrados por el Banco de Seguros, la cifra fue descendiendo hasta culminar el 2015 con 37.000 siniestros y el año pasado se ubicó en 35.000. El descenso de la siniestralidad fue brutal. Tan importante como la ausencia de repercusión pública que tuvo este efecto de la ley en la salud de los trabajadores».
Y agregó, en una entrevista publicada en el diario Progreso al Día, que en la bancada del Frente Amplio «vamos a distribuirnos los barrios, los territorios, los sindicatos, reuniones con el feminismo, pensar los proyectos de ley desde abajo, problemas como el de la vivienda se tienen que discutir mucho con los movimientos sociales, problemas como los del trabajo no se pueden resolver sin la participación del pueblo trabajador uruguayo, problemas como los de la violencia hay que discutirlos en cada territorio, dramas como las adicciones complejas hay que repensarlas con la sociedad».
Se trata, entonces, de «un tipo de trabajo parlamentario que tenga mucho de laburo capilar, el senado se va a tener que adaptar a esa metodología de trabajo porque pensamos recorrer mucho el interior, los centros de trabajos, los territorios, asambleas, reuniones, de intentar pensar las políticas con todos. Ojalá logremos prender la lucha institucional a las luchas sociales contra la desigualdad porque eso jerarquiza la política y nosotros precisamos que la sociedad reivindique a la política como la forma de resolver los problemas».
Nueva etapa
Ese nuevo Parlamento asumirá cuando el país inicie una nueva etapa de su derrotero histórico con la llegada al gobierno de una coalición encabezada por el Partido Nacional y compuesta por los partidos Colorado, de la Gente, Independiente y Cabildo Abierto. Este último abiertamente opuesto a todos los derechos conquistados en los últimos años. Lo que parecía a comienzos del año como algo lejano e improbable se terminó dando: Cabildo llegó al Parlamento y al gobierno, donde tendrá un papel central. Los intentos de contrarrestarlo por parte del candidato colorado Ernesto Talvi, canciller del gobierno electo, no dieron su fruto, y los cinco partidos, más unidos por su rechazo al Frente Amplio que por coincidencias programáticas, asumirán el gobierno el 1º de marzo.
«Si vemos a los partidos de la oposición (ahora gobierno electo), vemos que nos los presentaron como lavados. (Ernesto) Talvi se presentó poco menos que como un progresista y ya dejó en evidencia su concepción neoliberal», señaló Andrade al analizar la composición de la coaliciòn en una entrevista con Caras y Caretas previa a las elecciones. «Durante semanas se pasó diciendo que no integraría una coalición con (Guido) Manini Ríos y ahora dice estar dispuesto a hacerlo. Dijo que entre él y Manini había un océano de diferencia y eso desapareció. Se ve que el calentamiento global debe estar bravo porque en pocos días dejó seco el océano entre Talvi y Manini», agregó. Ahora tanto Talvi como Manini son aliados. Y Manini estará sentado en el senado, en el mismo ámbito de debate y trabajo que Andrade.
Durante la campaña electoral Andrade dejó bien clara su postura afirmando que «la ambición de poder» era tan grande que explicaba la afirmación de (Luis) Lacalle Pou de negar públicamente, «y sin ningún pudor, el déficit creciente de la Caja Militar».
Tiene claro que la aplicación del programa de la coalición multicolor, basado en un dólar alto y congelación salarial, provocará la protesta social. No solo de los trabajadores, que saldrán a reclamar por mantener el salario y sus conquistas, sino de otros sectores de la sociedad. Para Andrade el ejemplo de Chile está presente y considera que la bancada del Frente Amplio deberá estar a la altura de las consecuencias.
