Chile: Calama da rotundo portazo al Fondenor con barricadas y amplia protesta callejera
La
ciudad minera amaneció con más de cuarenta barricadas repartidas por
sus calles. Para hoy se espera una jornada completa de manifestación en
rechazo a la propuesta de Fondo de Desarrollo del Norte (Fondenor) que
promueve el Gobierno y que ha sido declarado por diversos sectores como
insuficiente.
Durante la mañana y el mediodía, cerca de 8 mil calameños marcharon por la ciudad.
Se veía venir. Tras las amplias movilizaciones ciudadanas de Magallanes y Aysén, las regiones de Chile
parecen estar dando señales de que la paciencia se acaba. Tras muchos
años de abandono y algunos cambios en los rostros del poder, el
centralismo dejado por la dictadura persiste y es un tópico que impulsa a
los habitantes de las regiones del país a salir a las calles en
búsqueda de soluciones.
Hoy es el caso de Calama,
que ha vivido un minucioso proceso de organización y concienciación de
la ciudadanía. En contraste a las razones que motivaron las
movilizaciones de Magallanes y Aysén, en la ciudad minera, los estragos
del centralismo parecieran ser más difíciles de notar, pero no por ello
menos profundos.
“Aquí se está
viviendo un proceso de radicalización, pero que hay que saber leerlo.
Cuando uno hace la comparación lógica con Aysén, hay que entender que
esto no tiene que ver con un apremio específico, como lo era también el
precio del gas en Magallanes, por ejemplo”, explica Darío Quiroga, miembro de la Asamblea Ciudadana de Calama y dirigente regional. “Acá es un tema de muchos años de hacer conciencia donde más cuesta, no es una cosa tan visible. El proceso ha sido lento, pero hay una radicalización en el sentido de cómo se ha ido consolidando esta molestia”, dice.
Ante
sus primeros esbozos de manifestación, el rechazo del pueblo de Calama
dejó un saldo de 12 detenidos. Durante la mañana, el gobernador de la Provincia del Loa, Luis Garrido, anunció
querella contra los implicados, que fueron apresados por estar armando
barricadas. Por su parte, el alcalde de la ciudad respondió visitando a
los detenidos y otorgándole su rotundo apoyo.
Tal
como explica Quiroga, los más de 40 cortes de calle fueron producidos
por voluntad y gestión de los propios calameños. “Hoy la gente ha salido
y ha hecho su propio corte, se han conseguido los neumáticos solos. La
idea es ir sumando”, detalla.
En estos momentos se realiza la marcha que planea terminar en el Parque José Saavedra, donde se hará un acto central que reforzará el mensaje de rechazo hacia la propuesta del Gobierno. Según cálculos estimados, la convocatoria alcanza las 8 mil personas, superando lo contemplado por sus propios organizadores.
“No nos cansaremos de expresar nuestro rechazo completo y absoluto al Fondenor,
ni de decir que no tiene ninguna opción de arreglo, porque está a años
luz de la expectativa de las comunas mineras. En la tarde hay una serie
de actividades más, entre las que se contempla un cacerolazo general –a las 20 horas-, a la luz de la potente respuesta de la gente en las calles”, anuncia el dirigente.
“EL FONDENOR ES UN CHISTE”
El Fondo de Desarrollo del Norte
contempla la entrega de $225 millones a las 40 ciudades mineras entre
el 2013 y el 2025, montos que han sido considerados como una burla,
considerando las demandas conversadas –durante este y el año pasado- con
las autoridades.
Según Cristián Cuevas, presidente de la Confederación de Trabajadores del Cobre,
“una vez develado el contenido del Fondenor, confirmamos lo que dijimos
desde un inicio: que sólo es un volador de luces, sin contenido y
financiamiento real que permita fondos permanentes para las comunidades
mineras”.
Sus palabras son apoyadas
por Quiroga, quien asegura que “hubo una conversación durante varios
meses, ellos venían permanentemente, se creó una mesa técnica y política
y conversamos mucho del Fondenor pese a que nosotros sabíamos que no
iba a ser ninguna solución, pero pensábamos que se iba a acercar en
términos de cifras a lo que estamos demandando y no, es un chiste. Es
demasiado grosera la diferencia”.
En
efecto, los montos exigidos por la Asamblea Ciudadana de Calama y el
propio alcalde de la ciudad superan con creces la escuálida propuesta
del Gobierno. Tal como declaró Esteban Velásquez,
alcalde de la ciudad, hace unos días, para que la propuesta sea
considerada por los calameños movilizados, deben ofrecerse a lo menos
mil millones de dólares anuales a nueve regiones del país.
Por su parte, la senadora de Renovación Nacional, Lily Pérez, manifestó que “este es un muy buen proyecto del Gobierno porque las comunas mineras nunca han tenido nada. Durante décadas han pedido a sucesivos gobiernos estos recursos, cosa que no se ha cumplido. Este proyecto viene a hacerse cargo de una real necesidad que ha existido durante décadas en nuestro país”.
Según
la oferta del Gobierno, cada comuna podrá recibir como máximo sólo 3
millones de dólares al año, mientras que las utilidades producidas por Codelco
sólo en Calama superaron, durante el 2011, los 3 mil 900 millones de
dólares. “Es irrisorio que nos digan que tendremos igual cantidad de
recursos en 13 años para pelearnos entre al menos 40 comunas”, aseguró
el alcade Velásquez.
Así las cosas, y tras una serie de movilizaciones pacíficas y conversaciones sostenidas con autoridades del gobierno de Michelle Bachelet y de Sebastián Piñera,
los habitantes de Calama parecen decididos a no esperar más. “Nosotros
le hemos dicho a los parlamentarios que no queremos que caigan en la trampita del Ejecutivo
de empezar a discutir de mejorar el Fondenor o de sumarle algún cifra
porque está a años luz de lo que queremos, entonces pedimos que lo rechacen. Que el Fondenor se acabe”, declara Quiroga.
“ESTA DEMANDA ES POTENTE PORQUE TIENE QUE VER CON LA RECUPERACIÓN DE LAS RIQUEZAS PARA CHILE”
Los
habitantes de Calama saben que esta lucha que ha comenzado no termina
en el rechazo a la propuesta del Gobierno, sino en avanzar hacia la
demanda que hoy le quita el sueño a las diversas localidades mineras: exigir que el 5% de las riquezas del cobre queden en las zonas productoras.
“Creemos
que esta movilización amplia y profunda va a permitir finalmente
cambiar los contenidos de ese proyecto y lograr el objetivo final de una
real compensación de las utilidades mineras”, sostiene Cuevas.
En
opinión de Quiroga, esta demanda apuesta a un punto que se ha
visibilizado de manera potente en las últimas reivindicaciones
callejeras de las regiones del país: “Tiene que ver con la recuperación
de las riquezas naturales para Chile, por lo tanto como uno habla del
cobre, podrían ser las salmoneras en el sur, que también haya una suerte
de royalty, o los forestales. Eso es parte de la demanda total, sabemos que no es de corto plazo, no es una demanda local”.
Mientras
muchos sostienen que es difícil realizar un diagnóstico de una eventual
radicalización de la protesta en Calama, dirigentes como Quiroga y Cuevas manifiestan que la ciudad está en condiciones de paralizar la producción de cobre y avanzar –previo acuerdo de la ciudadanía- a un estado de paralización más decisivo.
“Si
el Gobierno no entiende, si los parlamentarios no entienden, esto va
hacia allá”, asegura Quiroga. Mientras, el dirigente sindical manifiesta
que “estamos esperando que el colectivo tome la decisión de avanzar hacia un paro comunal prolongado si no hay una respuesta del Gobierno. Esa debería ser la decisión contundente que deberíamos dar las ciudades y particularmente Calama”.
En tanto, la ciudadanía está atenta a los avisos y posibles modificaciones que Sebastián Piñera pueda darle al Fondenor en sus anuncios del próximo 21 de mayo,
sobre todo considerando ahora el poder ya demostrado de los habitantes
de la ciudad minera. Sin embargo, parece difícil auspiciar un futuro
provechoso, considerando que hace apenas unos días el Movimiento Social de Aysén
envió a los medios de comunicación una carta donde hizo públicas las
dificultades que están teniendo en sus negociaciones con el Gobierno.
“Están
desafiando la voluntad de la gente y para nosotros como mesa de trabajo
es muy difícil mantener las buenas relaciones cuando están perjudicando
a las personas”, señaló Iván Fuentes. “El Gobierno regional tiene que ser más cauto y prudente porque venimos saliendo de una movilización”, advirtió.
Por Vanessa Vargas Rojas
Fotografías 1 y 2: Mauricio Páez
El Ciudadano
Histórica jornada de movilizaciones en la zona minera
18 DE MAYO DE 2012
Con una multitudinaria marcha en la ciudad de Calama y manifestaciones en Antofagasta y Copiapó que contaron con la presencia de alcaldes de las comunas de ambas regiones, comenzó este viernes una jornada de movilización en las comunas del norte del país, rechazando el Proyecto Fondenor del gobierno y exigiendo recursos permanentes del cobre, como compensación por los daños sociales y medioambientales que ocasiona la actividad minera, informa el Diario de Antofagasta. En Calama cerca de ocho mil personas repletaron las calles céntricas de la ciudad, entonando cánticos a favor de que parte de los recursos que produce la zona permanezcan en la capital de la provincia el Loa, donde se acusan años de abandono por parte del poder central. A la marcha se sumó incluso el plantel de Cobreloa, encabezado por su DT, el rosarino Javier Torrente.
Las manifestaciones comenzaron desde la media noche, con el bloqueo de la ruta que une Calama con Chuquicamata, mientras que en algunas calles se produjeron barricadas, registrándose un total de 12 detenidos por parte de carabineros, que vio reforzado su contingente de Fuerzas Especiales, desplazándose vehículos lanza agua y lanza gases desde Antofagasta.
Desde la gobernación provincial, comandada por el ex funcionario pinochetista, Luis Garrido (UDI), se anunciaron querellas en contra de los manifestantes, hecho que rechazó categóricamente el alcalde de Calama, Esteban Velásquez, quien acudió a expresar su solidaridad con los detenidos y señaló que “el gobierno no puede venir a amenazarnos de que nos quitará migajas si salimos a las calles”.
En Antofagasta alrededor de un centenar de miembros de agrupaciones sociales de la capital regional, entre ellas Federaciones de Estudiantes y la CUT, además del Movimiento Amplio de Acción Ciudadana (MAAC) se manifestaron frente a la intendencia regional, acompañados por la alcaldesa de Antofagasta,Marcela Hernando, de San Pedro de Atacama, Sandra Berna y el alcalde de Taltal, Guillermo Hidalgo. También estuvo presente el diputado Hugo Gutiérrez.
La convocatoria fue completamente pacífica, no obstante estar rodeada en todo momento de efectivos policiales que crearon una barrera que aisló una vez más a la sede gubernamental de la ciudadanía. No obstante estos actos de protesta, el Intendente Regional, Pablo Toloza (UDI), calificó la jornada como un día “normal”.
Por su parte en Copiapó, alcaldes de las comunas de Copiapó, Caldera, Vallenar, Diego de Almagro, Chañaral y Huasco, participaron de una marcha donde se unieron también ciudadanos y agrupaciones sociales.
En primera instancia los ediles realizaron una asamblea en la municipalidad de Copiapó, donde acordaron expresar su rechazo al Fondenor del gobierno.
FUENTE: DIARIO DE ANTOFAGASTA (CHILE)
Con una multitudinaria marcha en la ciudad de Calama y manifestaciones en Antofagasta y Copiapó que contaron con la presencia de alcaldes de las comunas de ambas regiones, comenzó este viernes una jornada de movilización en las comunas del norte del país, rechazando el Proyecto Fondenor del gobierno y exigiendo recursos permanentes del cobre, como compensación por los daños sociales y medioambientales que ocasiona la actividad minera, informa el Diario de Antofagasta. En Calama cerca de ocho mil personas repletaron las calles céntricas de la ciudad, entonando cánticos a favor de que parte de los recursos que produce la zona permanezcan en la capital de la provincia el Loa, donde se acusan años de abandono por parte del poder central. A la marcha se sumó incluso el plantel de Cobreloa, encabezado por su DT, el rosarino Javier Torrente.
Las manifestaciones comenzaron desde la media noche, con el bloqueo de la ruta que une Calama con Chuquicamata, mientras que en algunas calles se produjeron barricadas, registrándose un total de 12 detenidos por parte de carabineros, que vio reforzado su contingente de Fuerzas Especiales, desplazándose vehículos lanza agua y lanza gases desde Antofagasta.
Desde la gobernación provincial, comandada por el ex funcionario pinochetista, Luis Garrido (UDI), se anunciaron querellas en contra de los manifestantes, hecho que rechazó categóricamente el alcalde de Calama, Esteban Velásquez, quien acudió a expresar su solidaridad con los detenidos y señaló que “el gobierno no puede venir a amenazarnos de que nos quitará migajas si salimos a las calles”.
En Antofagasta alrededor de un centenar de miembros de agrupaciones sociales de la capital regional, entre ellas Federaciones de Estudiantes y la CUT, además del Movimiento Amplio de Acción Ciudadana (MAAC) se manifestaron frente a la intendencia regional, acompañados por la alcaldesa de Antofagasta,Marcela Hernando, de San Pedro de Atacama, Sandra Berna y el alcalde de Taltal, Guillermo Hidalgo. También estuvo presente el diputado Hugo Gutiérrez.
La convocatoria fue completamente pacífica, no obstante estar rodeada en todo momento de efectivos policiales que crearon una barrera que aisló una vez más a la sede gubernamental de la ciudadanía. No obstante estos actos de protesta, el Intendente Regional, Pablo Toloza (UDI), calificó la jornada como un día “normal”.
Por su parte en Copiapó, alcaldes de las comunas de Copiapó, Caldera, Vallenar, Diego de Almagro, Chañaral y Huasco, participaron de una marcha donde se unieron también ciudadanos y agrupaciones sociales.
En primera instancia los ediles realizaron una asamblea en la municipalidad de Copiapó, donde acordaron expresar su rechazo al Fondenor del gobierno.
FUENTE: DIARIO DE ANTOFAGASTA (CHILE)
Chile: Protestas y barricadas en varios puntos del país
Sábado, 19 de Mayo de 2012 10:29
Colaboradores/ Clarín de Chile
Tras
la jornada de protesta del jueves en la madrugada en Freirina como
rechazo a la planta Agrosuper por contaminación, los habitantes de la
comuna vuelven a movilizarse hoy sábado. En tanto en Calama ayer
activistas mantuvieron numerosas barricadas y en Maule, agricultores
bloqueron la ruta 5 en protesta por un fallo contra su acceso al agua de
regadío.
Según
informó Radio BíoBío una auditora en el lugar de los hechos, habría
unas 100 personas cortando la ruta entre Huasco y Freirina como medida
de presión, aumentando el número a cada momento.
Desde
primeras horas de la mañana, los manifestantes se están enfrentando en
la ruta con Carabineros, quienes llegaron al sitio con carros lanza
aguas y lanza gases.
De
acuerdo a las declaraciones de la auditora, los pobladores están
bloqueando el acceso a la planta donde guardan los alimentos para los
cerdos, razón por la cual Fuerzas Especiales intenta desalojarlos.
“Tenemos
gente herida solamente para que Agrosuper pueda sacar el alimento para
llevarle a los cerdos”, declaró respecto a los incidentes protagonizados
con el personal policial. Sin embargo, afirmó que ellos continuarán con la medida hasta que se resuelvan los problemas de contaminación de Agrosuper.
Durante
los últimos días habrían llegado parlamentarios a intentar conversar
con la gente, pero los freirinenses se niegan a discutir con ellos
porque, según dicen, “les dimos dos oportunidades para que dieran
soluciones y no vinieron”.
Calama
Un
grupo de jóvenes se enfrentó con Carabineros en la ciudad de Calama,
esto en protesta por la destinación de los Fondenor por parte del
Gobierno.
Es
así como durante horas de la tarde del viernes sostuvieron tensas
escaramuzas por las calles de la ciudad, resultando un número
indeterminado de personas detenidas y un carabinero herido.
Los
enfrentamientos fueron seguidos por la instalación de barricadas en las
principales avenidad, siendo disueltas por personal uniformado que
patrulla por la comuna.
Carabineros
desplegó personal de Fuerzas Especiales a fin de asegurar el orden
público, en una ciudad que se caracteriza por su pasividad histórica,
saliendo de la rutina este tipo de acciones.
Maule
Una
gran congestión en el tránsito se produjo anoche entre el kilómetro 260
y el 270 de la Ruta 5 Sur producto de manifestaciones por parte de
agricultores, cerca al puente Maule en la ciudad de Talca.
Cabe
destacar que el descontento de los trabajadores se debe al fallo de los
Ministros de la Corte en abrir las compuertas de la Laguna El Maule, y
que permitiría a Endesa obtener aguas estimadas en unos 8 millones de
dólares, unos $ 4.000 millones de pesos.
Ayer
estuvo en la región el Ministro de Obras Públicas, Laurence Golborne,
quien junto al intendente y otras autoridades se sumó al descontento,
presentando incluso un recurso de reposición el cual fue rechazado por
estar fuera de plazo.
El
Presidente de la junta vecinal Río Maule, Gustavo Rivera, manifestó su
rechazo absoluto por la medida, que dejaría sin agua a cerca de 13 mil
regantes de la zona.
“Nos
quedamos sin agua para que una multinacional haga uso sin derechos de
nuestras aguas”, indicó Clemente Guarda, dirigente de los canalistas en
el lugar.
“Nosotros
no vamos a parar hasta que Endesa desista de sacar nuestra agua. Es
nuestra agua. (Endesa) Está usurpando. Nosotros ahorramos 2 años el 20%
de nuestras aguas, y la posamos en la Laguna El Maule, y hoy día en 4
paredes, en 2 horas, se está botando el mar”, sentenció el
representante.
El
tránsito estuvo suspendido de norte a sur, con un taco cercano a los 50
kilómetros que mantuvo a la ruta totalmente congestionada. Luego
obstruyeron la ruta de sur a norte, repitiéndose la crítica situación de
circulación vial.
Pasada
la media noche la protesta fue depuesta, retomándose la circulación de
los viajeros que tuvieron que soportar grandes atochamientos.
Chile no es como algunos la cuentan ni en Educación ni en Minería.
Las opiniones sobre el país modelo neoliberal de Chile están determinadas según quiénes sean los interesados en defender un modelo extractivista como los intereses de las compañías mineras o del país.
Las compañías mineras ¿cuánto se llevaron y qué dejaron? Es cuestión de ver los territorios y el ambiente en que trabajan y, comprobar números verdaderos sobre quiénes y cómo se enriquecieron.
José.
http://www.conflictosmineros.
A cambio del aporte que hacemos, agregó, "sólo recibimos explotación de nuestros recursos hídricos, contaminación y todo un impacto social negativo que produce la industria minera".
Rebeldía por distribución de la renta en el país modelo minero
Lunes 07 de Mayo de 2012 18:06 | Escrito por Prensa Latina |
Noticias Chile
07
de Mayo de 2012
El
inminente estallido de un nuevo levantamiento popular, con epicentro en la
capital minera del país, y azuzado por un cuestionado proyecto gubernamental,
marcó la semana que cierra en Chile. Tras varias decenas de años de explotación
minera a gran escala, en Chile es inequitativa la distribución de regalías.
La Asamblea Ciudadana de la cuprífera comuna de Calama
ratificó en las últimas horas el comienzo de una escalada de protestas en los
distritos mineros de la austral nación en rechazo
al denominado Fondo de Desarrollo para el Norte (Fondenor).
El
proyecto legal, que ingresó al Congreso la semana pasada, contempla la distribución
de 225 millones de dólares para distribuir hasta 2025 entre 40 comunas mineras.
Cuando
uno comienza a sacar cuentas lo que le correspondería a cada municipalidad
queda preocupado, comentó el alcalde de Calama, Esteban Velásquez.
Recordó el edil que las ciudades
cupríferas entregan casi cuatro mil millones de dólares anuales en utilidades y
de esas riquezas aportadas por décadas no queda apenas nada para los pobladores
de esos lugares que viven en precarias condiciones.
Sobre
Fondenor, opinó que lleva mal el nombre "porque no alcanza para ser un
fondo de desarrollo; esto más bien es un fondito, un insulto a nuestra
inteligencia", expresó.
El
jefe comunal sumó la víspera el respaldo del resto de los alcaldes de la región
de Antofagasta, donde se encuentra enclavada Calama, a unos mil 500 kilómetros de
Santiago.
Los
ediles solicitaron al Ejecutivo el reemplazo de Fondenor por otra iniciativa
que dé respuesta a las demandas ciudadanas.
Ayer
además los calameños se manifestaron frente a la Intendencia Regional
y marcharon por las calles antofagastinas.
Según
reportó Radio Bío Bío este sábado, las autoridades de los distritos mineros
pedirán la próxima semana reunirse con el presidente Sebastián Piñera.
"Nos
estamos uniendo y nuestra intención es sumar el respaldo no sólo de las comunas
de la región, sino también de todo el norte del país, para levantarnos en razón
de la postergación de los distritos mineros que financiamos el presupuesto
nacional", declaró el alcalde de Calama.
A cambio del aporte que hacemos,
agregó, "sólo recibimos explotación de nuestros recursos hídricos,
contaminación y todo un impacto social negativo que produce la industria
minera".
Parlamentarios
de la oposición ya anunciaron su desaprobación a la propuesta gubernamental.
Para
el próximo 18 de mayo está prevista una manifestación popular en Calama que
pudiera extenderse también a otras ciudades mineras del norte del país.
José Rouillon Delgado
Red Paulo Freire - PerúChile: Duros enfrentamientos entre manifestantes y carabineros en Freirina
Sábado, 19 de Mayo de 2012 19:12
Colaboradores/Clarín
Pobladores
de Freirina y Carabineros tuvieron un duro enfrentamiento en medio de
las protestas de la comunidad por la operación de una planta faenadora
de cerdos que provoca malos olores en el lugar, informa Radio
Cooperativa.
Los
manifestantes mantienen desde el jueves bloqueados todos los accesos a
la planta de Agrosuper en protesta por los malos olores que emanan de la
faenadora.
La vocera del movimiento medioambiental, Andrea Cisternas, comentó que "la gente aquí está viviendo indignada por el tema de los olores. Estamos pidiendo dignidad para nuestro pueblo, para nuestros niños y para nuestra gente", comentó Cisternas.
"Ahora
estamos en son de paz entre Carabineros y la gente", dijo la dirigenta
que reconoció que el enfrentamiento fue "duro" donde incluso ella
resultó herida producto de una bomba lacrimógena que le cayó en una
pierna. Además, indicó que al menos nueve personas fueron detenidas en esta jornada.
Por
su parte, Carabineros también acusó lesionados como resultado de los
enfrentamientos y la quema de dos vehículos institucionales.
"Cerca de la una tarde turba atacó y quemo dos vehículos de carabineros en Freirina", comentó la institución en la red social.
El
gobernador de Copiapó, Nicolás Noman, defendió el accionar de la
policía uniformada señalando que actuaron bajo la ley, cumpliendo su
deber de mantener las vías expeditas para el tránsito de vehículos y
personas, y acusó a los dirigentes del movimiento de no dar a conocer a sus bases una serie de medidas propuestas por las autoridades, con la finalidad de mantener el conflicto.
Finalmente,
los habitantes de Freirina anunciaron que seguirán movilizados hasta
contar con la presencia en el lugar de la ministra del Medioambiente, María Ignacia Benítez, y el ministro de Salud, Jaime Mañalich).
Chile: Manifestaciones contra proyectos hidroeléctricos de Endesa – Enel en territorio mapuche
Una
seguidilla de protestas y manifestaciones en el plano local e
internacional continuarán en contra de los proyectos hidroeléctricos de
la Transnacional Endesa – Enel que quiere imponer en territorios de
Comunidades Mapuche, particularmente el de Neltume donde la empresa
viene causando severos estragos a la vida social, cultural, económica,
espiritual y ecológica del lugar. Este viernes 18 redes de apoyo y
familias directamente afectadas emplazarán al estado italiano.
La transnacional Endesa de origen español fusionada con la Transnacional Enel
de origen italiana, ambas con capitales de sus respectivos estados
nuevamente pretende invadir de manera neocolonial tierras de Comunidades Mapuche y frente a esto, continúan las acciones de protestas las que se extenderán en el plano local e internacional.
Recientemente
en el marco de la junta de accionistas de la transnacional Enel se
realizaron manifestaciones en su inmediación exigiendo el respeto de los
lugares sagrados del Pueblo Mapuche, la que fue encabezada por el
werkén del Parlamento de Koz Koz, Jorge Weke.
Asimismo,
en el marco de la sesión especial que tuvo el Consejo Regional de los
Ríos (Core) para abordar el proyecto hidroeléctrico en Neltume, se
realizaron manifestaciones en Panguipulli y Valdivia simultáneamente,
cuyo resultado final fue el rechazo del CORE al Proyecto; Y para este
Viernes, las protestas se trasladan a Santiago, particularmente a la
embajada italiana a cuyo gobierno se le exigirá la retirada de los
intereses de Enel.
La responsabilidad Neo colonial de los estados español e italiano
Diversas
acciones tendiente a que se respeten los derechos de las Comunidades
Mapuche, se realizan para emplazar a ambos estados por sus
responsabilidades y exigirles que retiren a ENDESA – ENEL de territorio
mapuche, para asegurar la garantía de no repetición en base al etnocidio
social y cultural causado en Ralco, para que se respeten los derechos
del pueblo mapuche, los tratados internacionales de Derechos Humanos
como el Convenio 169 (y que España tiene ratificado) y
poner fin a estas prácticas depredadoras y neocoloniales en contra de
los Pueblos Indígenas que viene causando la transnacional.
En este
contexto, la Italiana Enel fusionada a Endesa, ahora carga con las
prácticas coloniales que esta última ha venido causando con acciones
soberbias en los territorios de diversos Pueblos Indígenas, como ha sido
al Pueblo Mapuche.
Cabe mencionar que la transnacional impuso hace algunos años una mega presa en RALCO, cabecera del río Bío-Bío,
en la cordillera de los Andes, en territorio de identidad territorial
Pewenche, comunidad integrada en la cultura mapuche. Esta presa dio
lugar a un embalse de 1.222 Hm3 e impacta a unas 3.460 has. de los valles del Bío-Bío, Lomín, Villucura y Lolco,
la mayoría de bosques nativos de alta biodiversidad. Esta instalación a
su vez, ocasionó la desaparición de la vida social, cultural,
económica, política y espiritual ancestral que las comunidades llevaban
allí y generaron un gravísimo conflicto interno, militarización de los
territorios en los momentos de oposición y criminalización a diversos
luchadores mapuche.
Es importante señalar que esta es la segunda
represa en la cuenca del Bio Bio. La primera fue Pangue, destruyendo uno
de los ecosistemas más valiosos del planeta. El embalse Ralco inundó dos comunidades pehuenches: Quepuca-Ralco y Ralco-Lepoy,
que estaban integradas por 92 familias y más de 500 personas. Allí en
estos territorios, en mayo del 2004, las familias pewenche tuvieron la
inundación de su cementerio ancestral en Quepuca Ralco, causada por
Endesa que guarda los restos de 56 personas, identificadas con nombres y
apellidos por sus familiares y que hoy se encuentran bajo agua. En el
presente, ha habido insinuaciones que en el territorio del Bio Bio
Endesa buscaría un nuevo proyecto hidroeléctrico a lo que se agrega el
que actualmente instala su socio, la empresa Colbún en angostura.
El atentatorio proyecto Endesa – Enel en Neltume
El
proyecto CH Neltume corresponde a una central hidroeléctrica de pasada
con una potencia aproximada de 490 MW y una generación media anual
estimada en 1.885 GWh. El monto de inversión de partida es de los 781 millones de dólares.
Según
su Estudio de Impacto Ambiental, traerá efectos adversos significativos
sobre la cantidad y calidad de los recursos naturales renovables,
incluidos el suelo, agua y aire.
Implicaría el reasentamiento de
comunidades humanas, y la alteración significativa de los sistemas de
vida y costumbres de las comunidades que habitan el sector, debido a que
se emplazará de forma permanente en comunidades mapuches (protegidas
por leyes especiales). De hecho, su operación perturbaría la ceremonia
religiosa realizada por las comunidades pues supone la inundación y
alteración del palenque de la cancha de Nguillatun donde participan
comunidades de los territorios de Carirriñe, Lago Neltume y Choshuenco-Punahue, la que hoy, la empresa, pretende trasladar.
Además, el proyecto se emplaza dentro de los límites del sitio prioritario para la conservación Mocho –Choshuenco,
en un área considerada bajo protección oficial (ZOIT) cuyo paisaje es
uno de los atributos relevantes del territorio y uno de los motivos por
los cuales la comuna de Panguipulli fue declarada Zona de Interés
Turístico, habrá una pérdida de especies de flora bajo protección (Lingue y Copihue) y se afectarían varios predios de comunidades mapuche.
Asimismo,
habría una alteración de la calidad y fragilidad del paisaje,
componente de gran relevancia en el área de influencia del proyecto;
habrá un cambio temporal en la percepción de la imagen de turismo de
naturaleza y producirá una alteración de las actividades deportivas y de
recreación y los hitos paisajísticos correspondientes a los saltos del Huilo Huilo, El Puma y La Leona.
Además
de lo señalado, con los impactos a las posibilidades de desarrollo
local de acuerdo a los intereses y necesidades de las mismas familias e
impedir la realización de actividades ancestrales de la zona, el
proyecto busca imponerse sin información transparente y oportuna a las
comunidades, sin cumplir con los compromisos vinculantes del derecho a
consulta y sembrando la división mediante el amedrentamiento, el
hostigamiento y la cooptación del dinero, transgrediendo normas
internacionales de Derechos humanos como el Convenio 169 de la OIT o la
declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que
el estado chileno debe velar y garantizar su cumplimiento.
En efecto, en Neltume,
en la cordillera de la región de los ríos, hay familias mapuches
amenazadas de muerte por defender sus sitios sagrados, su agua y su
forma de vida, causado por el conglomerado ENDESA- ENEL, mediante operadores de la zona que ha cooptado con dinero.
Emplazamiento al estado italiano
Comunidades
Mapuche de Lago Neltume solicitaron este viernes 18 de mayo una
audiencia al embajador de Italia para informar sobre las vulneraciones a
los derechos humanos del pueblo mapuche que implicaría la construcción
de una central Hidroeléctrica de la empresa de capitales italianos y
españoles ENDESA ENEL en el Lago Neltume, comuna de Panguipuli, Región de los Ríos.
Para
las organizaciones y familias afectadas, “Endesa Enel, empresa de
capitales italianos y españoles, en la cual el Estado Italiano tiene un
31% de participación, vulnera derechos de los pueblos originarios
reconocidos en la Declaración ONU de Pueblos Indígenas y el Convenio 169
de la OIT y las recomendaciones del Relator Especial de Naciones
Unidas; al pretender desarrollar una central hidroeléctrica en
territorio mapuche. El nudo crítico de este conflicto socio ambiental es
la imposición de un modelo de desarrollo extractivista que se impone
sobre la base de la violencia, la compra de voluntades y la división de
las comunidades, desconociendo la cultura, la cosmovisión y los derechos
colectivos sobre el territorio. Proyecto Neltume de ENDESA – ENEL puede
transformarse en un nuevo Ralco”, indicaron, haciendo a su vez un
llamado a la solidaridad a los diversos referentes respetuosos de los
derechos humanos y democráticos a nivel local e internacional.
Las
representaciones de familias directamente afectadas en conjunto con la
Red de Apoyo Comunidades Mapuche de Lago Neltume acudieron a la
Embajada de Italia a las 10.30 de la mañana del pasado viernes,
ubicado en Clemente Fabres 1050, Providencia, Santiago.
Por Alfredo Seguel
El mitin oficial
por Roger RodriguezSábado, 19 de Mayo de 2012 19:48
MANDO MILITAR SE APROPIA DEL 40 ANIVERSARIO DE LA MUERTE DE LOS 4 SOLDADOS
PUBLICADA EN CARAS&CARETAS EL VIERNES 18 DE MAYO DE 2012
El mitin oficial
La conmemoración del 18 de mayo de 1972 será hoy para el Ejército, por primera vez en la historia, más importante que su fundacional 1811. Una “orden de operaciones” del comandante de la División de Ejército I, obligó al gobierno a ponerse a la cabeza de un mitin militar que tendrá como único orador al comandante Pedro Aguerre. Una contraorden para que oficiales y subalternos asistan de civil, implicará que todo oficial uniformado caiga en desacato.
ROGER RODRIGUEZ
rogerrodriguez@adinet.com.uy
El comandante en jefe del Ejército, general Pedro Aguerre, con el respaldo del gobierno, realizó un “anticipo ofensivo” y se puso a la cabeza de un mitin militar en conmemoración, hoy, de los 40 años del incidente en el que cuatro soldados murieron en manos del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros (MLN-T), para evitar una maniobra interna en el Ejército donde grupos y logias decidieron jerarquizar el aniversario aunque se llegara, casi, al desacato…
La convocatoria oficial al acto, que anualmente encabezan los clubes Circulo Militar y Centro Militar ante un monolito dedicado a los cuatro soldados en Avenida Italia y Abacú, se decidió en la propia Torre Ejecutiva luego que trascendiera un comunicado público de la organización de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, donde denunciaban que el jefe de la División 1 del Ejército, general Sergio D’Oliveira había convocado a sus tropa y oficiales.
Paradójicamente, fueron los familiares de las víctimas de la dictadura quienes revelaron que D’Oliveira había suscrito la “Orden de Operaciones 04/12” por la que se ordenaba a la “totalidad del personal superior y subalterno disponible” a la “misión” de participar en el acto recordatorio del 18 de mayo de 1972 y señalaron su preocupación porque la orden fue autorizada por el ministro de Defensa Nacional, Eleuterio Fernández Huidobro.
“Constituye una injerencia indebida e inadmisible de las Fuerzas Armadas en la vida política de nuestro país. Estamos viviendo una escalada en la cual se convoca a las Fuerzas Armadas a asumir funciones que no le son propias en un régimen democrático. Circunstancia que conlleva a magnificar tanto la necesidad de su actuar como su imagen, sin un proceso de rectificación y depuración institucional. Exhortamos a tomar cabal conocimiento de la situación y generar una fuerte corriente de opinión que permita revertirla”, expresaron en el comunicado.
“Anticipo ofensivo”
D’Oliveira, quien ascendió al generalato en el gobierno de Tabaré Vázquez y asumió la principal División del Ejército el pasado 31 de enero, cuando sustituyó al general Daniel Castellá quien pasó a desempeñarse como Jefe del Estado Mayor de la Defensa, incluyó en su “orden” a la Brigada de Infantería N° 1, la Brigada de caballería N° 3, el Batallón de Ingenieros de Combate N° 1, el Grupo de Artillería N° 1 y el Cuartel General de la División de Ejército I.
En la “idea de maniobra” de D’Oliveira se preveía que el personal superior y los suboficiales concurrieran uniformados, pero esa resolución fue modificada por la Presidencia de la República, cuando se ordenó al comandante Pedro Aguirre “apropiarse” del acto y transformarse en el único orador de un aniversario en el que, por primera vez en la historia, el Ejército no recordará su origen en la Batalla de las Piedras de 1811, sino un episodio de la “lucha antisubversiva”.
El discurso de Aguirre –que será breve- comenzará evocando al General José Artigas y su legado, se lamentará la muerte de los cuatro soldados y todas las muertes ocurridas en los enfrentamientos de los años sesenta y setenta (no se reivindicaría la lucha contra la subversión durante la dictadura) y se subrayará que las fuerzas armadas están subordinadas al poder político y se encuentran al servicio de la nación.
La “oficialización” del mitin militar constituiría una concesión del mando militar a una de las más poderosas logias de la interna militar, conocida como la “Dinastía”, a la que pertenecieron los ex comandantes en jefe Raúl Mermot, Carlos Daners y Santiago Pomoli, y a la que actualmente pertenecerían los generales Sergio D’Oliveira (División Ejército I), Willie Purtscher (División Ejército II), Juan Villagrán (División Ejército III), Juan Saavedra (Escuela Militar) y José Burone (Calen).
Escribir la historia
La conmemoración del episodio en que fueron muertos los soldados Saúl Correa, Osiris Núñez, Gaudencio Núñez y Ramos Jesús Ferreira, aparece también como un juego de “equilibrios” hacia una interna donde hubo grupos que no compartieron los actos del centenario del Ejército, celebrados hace un año por iniciativa del ex comandante Jorge Rosales (también de la “Dinastía”) y se constituye, a la vez, en una manifestación hacia un sistema político que ya parece estar disputándose la “simpatía” y, sobretodo, el voto militar.
La verdad sobre lo ocurrido aquel 18 de mayo de 1972 es uno de los puntos de discrepancia entre la historia oficial redactada por las Fuerzas Armadas y el revisionismo histórico impulsado tras la reinstitucionalización democrática. Los militares denunciaron el caso como la matanza de cuatro soldados indefensos que tomaban mate dentro de un jeep y los tupamaros replican que fueron muertos en combate y con sus cuerpos se armó una escena propagandística para mostrarla ante la opinión pública.
Los cuatro soldados se encontraban dentro de un vehículo militar en la puerta del domicilio del entonces comandante en jefe del Ejército, general Florencio Gravina, que fue definido como uno de los objetivos de una serie de operaciones guerrilleras que en esa jornada había planificado el MLN-T, lanzado en el marco de su ofensiva luego de los episodios del 14 de abril de aquel año y de la declaración del estado de guerra interno y la aprobación de la ley de seguridad por parte del Parlamento.
La forma como quedará escrito el incidente ante la historia promete ser tan conflictivo como el caso del homicidio del coronel Ramón Trabal. Los militares siguen adhiriendo a la historia oficial de un “Comando Raul Sendic” y la revisión histórica sospecha de un ajuste de cuentas interno. Casualmente, el actual comandante del Ejército, Pedro Aguirre, era yerno del militar asesinado en Paris en diciembre de 1974
Dientes de tenientes
Para la logia “Tenientes de Artigas” –a la que pertenecen los actuales generales Carlos Loitey (Jefe del Estado Mayor del Ejército), Guido Manini Ríos (Sanidad de las Fuerzas Armadas) y Domingo Montaldo (Agregado militar en Washington)-, lo ocurrido aquel día de 1972 fue el golpe psicológico que modificó la actitud del personal subalterno de las Fuerzas Armadas, alineándolo con la oficialidad, terminando -según han escrito en publicaciones de la logia- con los tiempos del “Ejército civilista” fruto de la “Pax Batllista” de 1904, y permitiendo el resurgimiento del “viejo soldado oriental”.
La reivindicación histórica que los “Tenientes de Artigas” hacen de aquel 18 de mayo, se ha visto reflejada en varios incidentes entre el mando político y la oficialidad militar, en particular el caso del agregado militar en Estados Unidos, coronel Pedro Picabea, quien en setiembre de 2005 desobedeció una orden de retirar de su escritorio en Washington la foto de los soldados del jeep por parte del propio presidente Tabaré Vázquez.
El actual mandatario, José Mujica, entonces Ministro de Ganadería, también fue protagonista de un conflicto con el Centro Militar que a través de su publicación “El Soldado” lo acusó de una campaña de descrédito a las fuerzas armadas al aseverar que el los cuatro soldados habían sido colocados dentro del jeep y que hubo un quinto soldado que disparó primero desde la azotea del domicilio de Gravina, ya que en esos días de 1972, Mujica estaba prófugo tras escapar de Punta Carretas y no participó del operativo.
Curiosamente son ahora dos tupamaros, el presidente Mujica y el ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, quienes decidieron autorizar el mitin militar a través del cual, por primera vez desde la dictadura, las fuerzas armadas podrán hacer una exhibición corporativa de su “fuerza”, bajo una orden de sus mandos a pesar de que desde la casa de gobierno se adujo que la invitación al personal militar, superior y subalterno, es “voluntaria y de civil”.
NOTA DEL AUTOR: La concentración alcanzó finalmente a 3000 personas. Solo un par fueron uniformados. El discurso del comandante Aguerre fue tan breve como se preveía. Estuvieron los "viejitos" que aún siguen libres. Entre ellos Ivàn Paulos. Habrá que estar atentos, ahora, a la interna militar. La "orden de operaciones" de D'Oliveira no fue un error. Las lógias y agrupaciones se están moviendo...
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| Los tres comandantes en Jefe. Washington Martínez Martínez Fuerza Aérea, Pedro Aguerre Ejército, y Ricardo Giambruno Armada Nacional. Foto. EL PAÍS |
| Fotógrafo: Francisco Flores. |
El mitin oficial
La conmemoración del 18 de mayo de 1972 será hoy para el Ejército, por primera vez en la historia, más importante que su fundacional 1811. Una “orden de operaciones” del comandante de la División de Ejército I, obligó al gobierno a ponerse a la cabeza de un mitin militar que tendrá como único orador al comandante Pedro Aguerre. Una contraorden para que oficiales y subalternos asistan de civil, implicará que todo oficial uniformado caiga en desacato.
ROGER RODRIGUEZ
rogerrodriguez@adinet.com.uy
El comandante en jefe del Ejército, general Pedro Aguerre, con el respaldo del gobierno, realizó un “anticipo ofensivo” y se puso a la cabeza de un mitin militar en conmemoración, hoy, de los 40 años del incidente en el que cuatro soldados murieron en manos del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros (MLN-T), para evitar una maniobra interna en el Ejército donde grupos y logias decidieron jerarquizar el aniversario aunque se llegara, casi, al desacato…
La convocatoria oficial al acto, que anualmente encabezan los clubes Circulo Militar y Centro Militar ante un monolito dedicado a los cuatro soldados en Avenida Italia y Abacú, se decidió en la propia Torre Ejecutiva luego que trascendiera un comunicado público de la organización de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, donde denunciaban que el jefe de la División 1 del Ejército, general Sergio D’Oliveira había convocado a sus tropa y oficiales.
Paradójicamente, fueron los familiares de las víctimas de la dictadura quienes revelaron que D’Oliveira había suscrito la “Orden de Operaciones 04/12” por la que se ordenaba a la “totalidad del personal superior y subalterno disponible” a la “misión” de participar en el acto recordatorio del 18 de mayo de 1972 y señalaron su preocupación porque la orden fue autorizada por el ministro de Defensa Nacional, Eleuterio Fernández Huidobro.
“Constituye una injerencia indebida e inadmisible de las Fuerzas Armadas en la vida política de nuestro país. Estamos viviendo una escalada en la cual se convoca a las Fuerzas Armadas a asumir funciones que no le son propias en un régimen democrático. Circunstancia que conlleva a magnificar tanto la necesidad de su actuar como su imagen, sin un proceso de rectificación y depuración institucional. Exhortamos a tomar cabal conocimiento de la situación y generar una fuerte corriente de opinión que permita revertirla”, expresaron en el comunicado.
“Anticipo ofensivo”
D’Oliveira, quien ascendió al generalato en el gobierno de Tabaré Vázquez y asumió la principal División del Ejército el pasado 31 de enero, cuando sustituyó al general Daniel Castellá quien pasó a desempeñarse como Jefe del Estado Mayor de la Defensa, incluyó en su “orden” a la Brigada de Infantería N° 1, la Brigada de caballería N° 3, el Batallón de Ingenieros de Combate N° 1, el Grupo de Artillería N° 1 y el Cuartel General de la División de Ejército I.
En la “idea de maniobra” de D’Oliveira se preveía que el personal superior y los suboficiales concurrieran uniformados, pero esa resolución fue modificada por la Presidencia de la República, cuando se ordenó al comandante Pedro Aguirre “apropiarse” del acto y transformarse en el único orador de un aniversario en el que, por primera vez en la historia, el Ejército no recordará su origen en la Batalla de las Piedras de 1811, sino un episodio de la “lucha antisubversiva”.
El discurso de Aguirre –que será breve- comenzará evocando al General José Artigas y su legado, se lamentará la muerte de los cuatro soldados y todas las muertes ocurridas en los enfrentamientos de los años sesenta y setenta (no se reivindicaría la lucha contra la subversión durante la dictadura) y se subrayará que las fuerzas armadas están subordinadas al poder político y se encuentran al servicio de la nación.
La “oficialización” del mitin militar constituiría una concesión del mando militar a una de las más poderosas logias de la interna militar, conocida como la “Dinastía”, a la que pertenecieron los ex comandantes en jefe Raúl Mermot, Carlos Daners y Santiago Pomoli, y a la que actualmente pertenecerían los generales Sergio D’Oliveira (División Ejército I), Willie Purtscher (División Ejército II), Juan Villagrán (División Ejército III), Juan Saavedra (Escuela Militar) y José Burone (Calen).
Escribir la historia
La conmemoración del episodio en que fueron muertos los soldados Saúl Correa, Osiris Núñez, Gaudencio Núñez y Ramos Jesús Ferreira, aparece también como un juego de “equilibrios” hacia una interna donde hubo grupos que no compartieron los actos del centenario del Ejército, celebrados hace un año por iniciativa del ex comandante Jorge Rosales (también de la “Dinastía”) y se constituye, a la vez, en una manifestación hacia un sistema político que ya parece estar disputándose la “simpatía” y, sobretodo, el voto militar.
La verdad sobre lo ocurrido aquel 18 de mayo de 1972 es uno de los puntos de discrepancia entre la historia oficial redactada por las Fuerzas Armadas y el revisionismo histórico impulsado tras la reinstitucionalización democrática. Los militares denunciaron el caso como la matanza de cuatro soldados indefensos que tomaban mate dentro de un jeep y los tupamaros replican que fueron muertos en combate y con sus cuerpos se armó una escena propagandística para mostrarla ante la opinión pública.
Los cuatro soldados se encontraban dentro de un vehículo militar en la puerta del domicilio del entonces comandante en jefe del Ejército, general Florencio Gravina, que fue definido como uno de los objetivos de una serie de operaciones guerrilleras que en esa jornada había planificado el MLN-T, lanzado en el marco de su ofensiva luego de los episodios del 14 de abril de aquel año y de la declaración del estado de guerra interno y la aprobación de la ley de seguridad por parte del Parlamento.
La forma como quedará escrito el incidente ante la historia promete ser tan conflictivo como el caso del homicidio del coronel Ramón Trabal. Los militares siguen adhiriendo a la historia oficial de un “Comando Raul Sendic” y la revisión histórica sospecha de un ajuste de cuentas interno. Casualmente, el actual comandante del Ejército, Pedro Aguirre, era yerno del militar asesinado en Paris en diciembre de 1974
Dientes de tenientes
Para la logia “Tenientes de Artigas” –a la que pertenecen los actuales generales Carlos Loitey (Jefe del Estado Mayor del Ejército), Guido Manini Ríos (Sanidad de las Fuerzas Armadas) y Domingo Montaldo (Agregado militar en Washington)-, lo ocurrido aquel día de 1972 fue el golpe psicológico que modificó la actitud del personal subalterno de las Fuerzas Armadas, alineándolo con la oficialidad, terminando -según han escrito en publicaciones de la logia- con los tiempos del “Ejército civilista” fruto de la “Pax Batllista” de 1904, y permitiendo el resurgimiento del “viejo soldado oriental”.
La reivindicación histórica que los “Tenientes de Artigas” hacen de aquel 18 de mayo, se ha visto reflejada en varios incidentes entre el mando político y la oficialidad militar, en particular el caso del agregado militar en Estados Unidos, coronel Pedro Picabea, quien en setiembre de 2005 desobedeció una orden de retirar de su escritorio en Washington la foto de los soldados del jeep por parte del propio presidente Tabaré Vázquez.
El actual mandatario, José Mujica, entonces Ministro de Ganadería, también fue protagonista de un conflicto con el Centro Militar que a través de su publicación “El Soldado” lo acusó de una campaña de descrédito a las fuerzas armadas al aseverar que el los cuatro soldados habían sido colocados dentro del jeep y que hubo un quinto soldado que disparó primero desde la azotea del domicilio de Gravina, ya que en esos días de 1972, Mujica estaba prófugo tras escapar de Punta Carretas y no participó del operativo.
Curiosamente son ahora dos tupamaros, el presidente Mujica y el ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, quienes decidieron autorizar el mitin militar a través del cual, por primera vez desde la dictadura, las fuerzas armadas podrán hacer una exhibición corporativa de su “fuerza”, bajo una orden de sus mandos a pesar de que desde la casa de gobierno se adujo que la invitación al personal militar, superior y subalterno, es “voluntaria y de civil”.
NOTA DEL AUTOR: La concentración alcanzó finalmente a 3000 personas. Solo un par fueron uniformados. El discurso del comandante Aguerre fue tan breve como se preveía. Estuvieron los "viejitos" que aún siguen libres. Entre ellos Ivàn Paulos. Habrá que estar atentos, ahora, a la interna militar. La "orden de operaciones" de D'Oliveira no fue un error. Las lógias y agrupaciones se están moviendo...
Una vez más se hace necesario:
DE PIE CONTRA EL FASCISMO !
El senador herrerista Luis Alberto Heber comunicó que el Partido Nacional:
¤ "afina la presentación de un proyecto de ley que permitirá que los militares participen del combate al narcotráfico"
¤ "opinó que experiencias similares funcionaron "con éxito" en México y Brasil."
¤ "darle a las Fuerzas Armadas el marco legal" y que puedan "tener una acción contra el narcotráfico en todo el país".
¤ "buscar la "mejor manera" para que los militares puedan "combatir este flagelo", agregó."
¤ "Ya hemos visto que en Brasil o México los militares fueron llamados para enfrentar con éxito el narcotráfico y pretendemos lo mismo para Uruguay", destacó el senador."
Estas fundamentaciones deben de leerse con atención. En primer lugar porque son una ENORME MENTIRA, y lo peor es, que Heber y los blancos LO SABEN ya que todos ellos - además - leen el diario blanco "El País". LA OCUPACIÓN MILITAR DE UNA PARTE DEL TERRITORIO MEXICANO
Y LA "GUERRA" QUE LLEVAN ADELANTE, NO HA SIDO UN ÉXITO !! . El diario blanco "El País" se ocupa todas las semanas de demostrarlo e informarlo. La violencia y el narcotráfico NO HAN DISMINUÍDO, POR EL CONTRARIO SE HAN ACRECENTADO. Al igual que la corrupción.
Y en segundo lugar porque el planteo de los blancos NO TIENE NADA QUE VER CON LA VIOLENCIA Y EL NARCOTRÁFICO, sino que tratan de MILITARIZAR LA SOCIEDAD URUGUAYA y darle a las asesinas FFAA un rol decisivo en la vida nacional. De la misma manera como votando y apoyando lo hicieron en 1971-72. Pretenden sacar a las FFAA a la calle a UNA GUERRA, cuando ni siquiera se han juzgado los crímenes de lesa humanidad que esta mafia militar llevó a cabo desde 1971 hasta 1985. Será una "guerra" como la del 71-72 que le dará "carta blanca" a las FFAA. Será, una vez más: UNA GUERRA CONTRA EL PUEBLO TODO.
Despierta izquierda !!, despierta PIT-CNT !! , despierta movimiento estudiantil !! despierten las bases y los votantes del FA !! La situación se viene desbordando, se le ha hecho el juego a la derecha y ahí están DESTILANDO FASCISMO. Que irremisiblemente se volcará contra el pueblo trabajador. A detener - como sea - este proceso que se le ha ido de las manos al gobierno y al FA por andar abriéndole "la puerta a Hitler". A reaccionar contra los intentos fascistizantes, prolegómenos de un nuevo proceso controlado o -al final- dirigido directamente por la mafia militar.
A ESTO LE LLAMA EL PARTIDO NACIONAL "ÉXITO" QUE SE DEBERÍA COPIAR EN URUGUAY "Más de 50.000 personas murieron en México en los últimos cinco años a consecuencia de las disputas entre los cárteles y la ofensiva militar lanzada por el gobierno, incluido un número indeterminado de víctimas ajenas al crimen organizado."
Están MINTIENDO descaradamente !
México: Generales de división en el
narco
Eduardo
Ibarra Aguirre (FORUMENLINEA)
Si
la Procuraduría General de la República, encabezada por Marisela Morales,
brinda las pruebas necesarias al juez sobre las acusaciones que pretende fincar
a Tomás Ángeles Dauahare, quien fue el número dos en la Secretaría de la
Defensa Nacional de 2006 a 2008, entonces estaría demostrándose judicialmente
que la connivencia de ésta con el crimen organizado se encuentra en los más
altos mandos.
En
tal caso, se trataría del primer proceso judicial en contra de un subsecretario
de la Defensa Nacional, como lo fue Dauahare tras perder la sucesión frente
Francisco Galván Galván, actual general secretario.
Pero
antes, muchísimo antes, Morales Ibáñez y su jefe, el abogado Felipe Calderón,
tendrán que persuadir y mejor aún convencer a la opinión pública y publicada
que no existe “gato encerrado” en una más que desaseada, ilegal detención de
Dauahare, quien fungió como secretario del titular de la Sedena Enrique
Cervantes Aguirre, durante 1995-2000, lapso en que ambos personajes invirtieron
sus mejores esfuerzos para mantener encarcelado a José Francisco Gallardo
Rodríguez, hasta el punto de asignarle una mazmorra dentro de la prisión del
Campo Militar Número Uno, y hacerle la vida imposible a este editor tanto como
indiciado en la PGR, como someter a presiones a los anunciantes de la revista
Forum y a espionaje mi trabajo periodístico y vida privada.
“¡Demuéstreme
que es inocente!”, ordenaba Cervantes Aguirre al general Gallardo, ignorante de
que el principio universal es el opuesto y que él y su Procuraduría General de
Justicia Militar, a cargo de Rafael Macedo de la Concha, estaban obligados a
demostrar la culpabilidad del colaborador de la antecesora de Forum en Línea.
Escribí
“gato encerrado” porque la secretaria general del Revolucionario Institucional,
Cristina Díaz Salazar, instó a Calderón a informar sobre la detención de
Dauahare y del general brigadier Roberto Dawe González y “actuar con
imparcialidad y como mandatario de todos los mexicanos”. Mas Enrique Peña Nieto
se apresuró a negar cualquier “vínculo electoral” de las detenciones y dijo no
tener “mayor relación con él en lo personal”. Lo anterior por la participación
del divisionario en retiro en un debate sobre estrategias de seguridad pública,
organizado por la Fundación Colosio y al que asistió el candidato tricolor,
mismo que en Ciudad del Carmen, Campeche, acusó que “el partido (sic) de
izquierda busca confrontar a quienes acuden a los actos de campaña”.
La
muy activa intervención de la DEA en la investigación de Dauahare desde 2010 –general
que laboró en la embajada de México en Washington como ayudante de Cervantes
Aguirre cuando fue agregado militar y después lo sustituyó en el cargo–,
resulta un dato demasiado importante pues vuelve a revelar que el gobierno
federal depende de sus socios –¿o jefes?– para dar un golpe consistente al
crimen organizado.
Por
lo demás, no deja de llamar la atención que a Dauahare se le pretenda indiciar,
violentando todos los procedimientos legales al decir de su abogado, por
“presuntos nexos con Alfredo Beltrán Leyva, El Mochomo”, arrestado en enero de
2008. Las acusaciones de la PGR consisten, presuntamente, en dar protección
para el trasiego de cargamentos de estupefacientes e información de operativos
federales y castrenses a la organización criminal.
Tampoco
es para eludirse la especial atención que brindaron las fuerzas armadas para
combatir a los hermanos Beltrán Leyva desde que Marco Arturo, asesinado con
alevosía y ventaja por elementos de la Marina Armada de México y su cadáver
vejado, compró el expediente médico de Calderón Hinojosa a un mayor del
Ejército.
Estudio revela patrón sobre encarcelamiento de delitos de drogas en América Latina
Sistemas sobrecargados: Leyes de drogas y cárceles en América Latina
Buenos Aires (Argentina)
Un
estudio comparativo sobre el impacto de políticas de drogas en los
sistemas carcelarios de ocho países latinoamericanos – Argentina,
Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, México, Perú y Uruguay – revela que
las leyes de drogas han contribuido a la crisis carcelaria que viven
estos países porque imponen penas desproporcionadas a los delitos de
drogas cometidos, no contemplan lo suficiente el uso de penas
alternativas y promueven el uso excesivo de la prisión preventiva. El
estudio Sistemas sobrecargados: Leyes de drogas y cárceles en América Latina
encontró que aquellos que están encarcelados por delitos de drogas
tienden a ser individuos portando pequeñas cantidades de droga, en
muchos casos consumidores, así como vendedores callejeros.
En concreto, el estudio publicado por el Transnational
Institute (TNI) y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos
(WOLA), encuentra que en su mayoría las personas encarceladas por
drogas no son altos o medianos mandos del narcotráfico, sino los
eslabones más bajos de la cadena. El peso de la ley cae sobre la gente
más desprotegida, hacinando las cárceles, pero dejando al narcotráfico
florecer.
Según el reporte, estas leyes han hacinado las cárceles
– con un alto costo humano – pero no han frenado la producción, tráfico
y consumo de drogas. “Encarcelar a ofensores menores con el fin
de restringir el narcotráfico es inútil, pues al día siguiente los
altos jefes los reemplazan. Pero para los encarcelados, la prisión les
destruye la vida”, dice Pien Metaal, coordinadora del proyecto sobre reforma a las leyes de drogas del TNI. “El
enfoque penal hacia estas personas satura los sistemas de
administración de justicia, afectando de esa manera al conjunto de la
sociedad”, agrega Metaal. El estudio concluyó que en Colombia,
el 98 por ciento de las personas privadas de la libertad por delitos de
drogas entre 2007 y 2009 eran ofensores de menor grado, o por lo menos,
no se les pudo probar lo contrario.
A pesar de las diferencias entre los ocho países, el estudio encuentra muchos problemas en común. Por ejemplo, el estudio identifica que las personas encarceladas por drogas provienen por lo general de los sectores más vulnerables de la sociedad, aquellos con poca educación formal, bajos ingresos y oportunidades limitadas. “La pobreza es evidente en las cárceles de todos estos países”, dice Coletta Youngers, investigadora afiliada a WOLA. “Muchas de las personas entran al ‘negocio’ de las drogas por desesperación económica, pero la realidad es que el transporte, venta y producción a este bajo nivel, no saca a nadie de la pobreza, pero se vuelve una opción porque representa un ingreso constante”, agrega Youngers.
Esta desesperación económica es quizás lo que ha llevado a lo que el estudio identifica como una “feminización” del delito de drogas: La mayoría de los encarcelados por droga son hombres, pero entre las mujeres encarceladas, el porcentaje de aquellas que lo están por drogas es mayor en comparación al de los hombres. Esto es particularmente visible en Argentina y Ecuador. “Muchas de estas mujeres son madres solteras y pobres. El miedo que les puede generar caer en la cárcel o involucrarse en el tema de drogas es superado por la necesidad de sacar adelante a sus familias”, dice Coletta Youngers de WOLA. “Estas madres solteras y otros ofensores similares, deberían ser considerados para recibir penas alternativas a la prisión, sobre todo porque mientras están en la cárcel, los hijos quedan desprotegidos”.
Sin embargo, como concluye el estudio, a las personas acusadas y condenadas por delitos de drogas a menudo se les niega acceso a penas alternativas a la prisión. Incluso, en la mayoría de los países estudiados, las sentencias pueden llegar a ser hasta desproporcionadas a los delitos cometidos. Un ejemplo de esto es Ecuador, en donde una “mula” puede terminar más años en la cárcel que un asesino.
Esta desproporcionalidad en las sentencias se debe en parte a que las leyes de estos países no distinguen bien entre consumidores, pequeños vendedores, pequeños transportistas, y medianos y grandes traficantes, concluye el estudio. “Muchos consumidores de drogas terminan en la cárcel – incluso cuando la ley de su país no contempla el encarcelamiento de consumidores – al ser confundidos con vendedores”, dice Metaal del TNI. “Para reestablecer la proporcionalidad en las sentencias, urge que las autoridades introduzcan lineamientos más claros para identificar los diferentes niveles en el tráfico y tipos de drogas, e impedir que los consumidores acaben en la cárcel”, concluye Metaal.
Otro problema detectado por el estudio es que las cárceles de estos ocho países latinoamericanos, por presupuestos e infraestructuras deficientes, no garantizan estándares mínimos internacionales. Un caso particularmente grave es Bolivia, en donde la falta de recursos ha generado problemas de nutrición y salud entre los reclusos. El presupuesto diario de alimentación en las cárceles de Bolivia es de 80 centavos por preso por día.
Sistemas sobrecargados ofrece varias recomendaciones para conducir a políticas más efectivas y humanas. Entre estas figuran:
- Establecer y ampliar las alternativas al encarcelamiento para aquellos acusados por delitos menores de drogas, incluyendo la eliminación de las sanciones penales por la posesión para uso personal.
- Suprimir las penas mínimas obligatorias.
- Evitar la detención preventiva en el caso de delitos menores de ofensores no violentos.
- Estimular un debate abierto sobre las ventajas y desventajas de avanzar hacia un mercado legal y regulado para la cannabis.
“Este estudio deja claro quiénes son la verdaderas víctimas de la “guerra contra las drogas”, dice John Walsh, coordinador de programa de políticas de drogas de WOLA. “Los problemas señalados suenan una alarma sobre la necesidad de reformar las leyes de drogas en el continente”.
- Leer el informe completo
- Leer el resumen ejecutivo
- Capítulos de países: Argentina | Bolivia | Brasil | Colombia | Ecuador | Mexico | Peru | Uruguay
Comunicados de prensa por país
PARA MÁS INFORMACIÓN:Kristel Mucino, Coordinadora de Comunicaciones:
En Estados Unidos: +(617) 584-1713.
El Proyecto de TNI/WOLA sobre
Reformas a las Leyes de Drogas promueve políticas de drogas más
efectivas y humanas a través del dialogo y análisis
Bolivia, Colombia y el fin del consenso global sobre la guerra contra la droga
Se resquebraja el statu quo
Domingo, 15 de abril, 2012
La
región andina ha sido uno de los escenarios centrales de la “guerra
contra la droga” cuyo énfasis principal son las medidas para controlar
la oferta. Los esfuerzos respaldados por Estados Unidos para eliminar la
oferta en la fuente — los cultivos de la planta de coca y la refinación
de la cocaína — han sido un componente fundamental de esta larga guerra
contra la droga, durante más de un cuarto de siglo.En momentos diferentes, Bolivia y Colombia han recibido elogios por parte de Estados Unidos como ejemplos de erradicación masiva de los cultivos y de interdicción efectiva, pero también han sido castigados y “des-certificados” por falta de celo en otros momentos.
Mientras el imaginario colectivo se va construyendo en torno a héroes y villanos, el control de la drogas ha sido un tema constante y bien real en las políticas y en las relaciones internacionales de ambas naciones y ha constituido un factor determinante en sus relaciones con Estados Unidos.
Ambos países comienzan a plantear retos reales y diferentes, no solo frente a los preceptos tradicionales de la política antidroga de Estados Unidos, sino frente al propio Régimen Internacional del Control de Estupefacientes.
Beneficios
y costos del sistema vigente de control anti drogas no se reparten de
manera uniforme, ni entre los países ni dentro de ellos. Foto: Prensa
Libre
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Los beneficios y los costos del sistema vigente no se reparten de manera uniforme, ni entre los países ni dentro de ellos. Algunos países pueden estar satisfechos con el statu quo, mientras otros pueden considerar que están asumiendo costos altos y recibiendo beneficios mínimos, o sea que tienen pocos incentivos para preservar el statu quo.
No debería sorprender entonces que algunos gobiernos latinoamericanos estén examinando cada vez más la política antidroga a la luz de los problemas e intereses de sus propios países.
Como han debido soportar durante mucho tiempo relaciones con Estados Unidos dramáticamente asimétricas y excesivamente focalizadas sobre la droga, tanto Bolivia como Colombia están aprovechando deliberadamente los espacios multilaterales para comenzar a mover los términos del debate.
Maniobras inusuales
La renuncia sin precedentes de Bolivia a la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes y su intento de reincorporarse conservando una reserva para legalizar los usos tradicionales de la hoja de coca han sido interpretados, tanto por el gobierno de Estados Unidos como por los guardianes de la Convención Única en las Naciones Unidas, como un ataque a la integridad de todo el Régimen Internacional de Control de Estupefacientes.
Mientras tanto, Colombia incluyó abiertamente la reforma de la política antidrogas en la agenda de la VI Cumbre de las Américas, que acaba de reunir en Cartagena a 31 presidentes del hemisferio, insistiendo en la necesidad de una discusión abierta de todas las opciones, incluyendo la legalización como una alternativa.
Estas jugadas estratégicas de Bolivia y de Colombia han llamado la atención sobre las grietas ya evidentes del llamado “Consenso de Viena” y sobre la incapacidad de Estados Unidos para acallar las voces disidentes en su propio vecindario.
Colombia incluyó abiertamente la reforma de la política antidrogas en la agenda de la VI Cumbre de las Américas, que acaba de reunir en Cartagena a 31 presidentes del Foto: Presidencia.
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No sería nada raro que a estas alturas se descarrilen los planes de Bolivia para reincorporarse a la Convención Única y que la invitación de Colombia a ampliar el debate sobre otras alternativas se quede estancada.
Pero ambos países ya han dado pasos que hubieran parecido inconcebibles hace unos años — e incluso hace solo unos meses. Aunque las especificidades de los desafíos a la ortodoxia de la guerra contra las drogas difieren en forma significativa, individualmente y en su conjunto indican la presencia de una nueva dinámica en el debate sobre política antidrogas, tanto en el continente americano como en el mundo.
Diferencias entre Bolivia y Colombia
Los antecedentes, los estilos de liderazgo, la visión del mundo y las relaciones con Estados Unidos de Evo Morales y Juan Manuel Santos no podrían ser más diferentes:
- Morales, líder de los coqueros y opositor declarado de Estados Unidos, expulsó a la DEA de su país.
- En vivo contraste, Santos, heredero de una dinastía política y exministro de Defensa, trabajó estrechamente con Estados Unidos para poner en marcha el Plan Colombia.
En comparación con el carácter parroquial de los esfuerzos de Bolivia, la crítica directa de Colombia a los resultados de la guerra contra las drogas y a su ethos prohibicionista significa un desafío potencialmente mucho mayor al statu quo. Buena parte del peso del llamado de Santos a un nuevo debate reposa justamente en su credibilidad como luchador contra la droga y en los esfuerzos que Colombia ha hecho en una estrecha alianza con Estados Unidos para frenar la producción de cocaína.
A diferencia de Morales, por ejemplo, el prestigio de Santos en Washington lo guarda de ataques abiertos como reacción a sus críticas de la ortodoxia y el statu quo. Aún más, su experiencia en el Plan Colombia hace difícil para Washington contradecir el reconocimiento que ha hecho Santos de las repercusiones negativas sobre sus vecinos – el efecto globo –.
Los antecedentes, los estilos de liderazgo, la visión del mundo y las relaciones con Estados Unidos de Evo Morales y Juan Manuel Santos no podrían ser más diferentes. Foto: Presidencia.
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Aunque la credibilidad de Colombia para abrir el debate sobre las drogas permite pensar que efectivamente se expandirá el espacio de discusión política, a estas alturas todavía sigue siendo posibilidad. Obviamente Colombia no está aislada en la región: el presidente de Guatemala Pérez Molina, se ha expresado abiertamente a favor y el presidente de México, Felipe Calderón ha sugerido la necesidad de considerar “alternativas de mercado” si los principales países consumidores no logran domesticar su propia demanda de drogas ilícitas. El hecho de que estos presidentes hayan llegado así de lejos en el tema es de por sí muy significativo. Qué tan lejos querrán y podrán llegar está por verse.
Mientras el debate que pretende abrir Colombia se sitúa en el plano de lo potencial e indefinido, la decisión de Bolivia de primero denunciar la Convención Única y luego intentar ser readmitida con reservas ya ha despertado fuertes temores de parte de los auto-declarados guardianes de la Convención, quienes – de llegar a tener éxito Bolivia – consideran que se sentaría un precedente que otros países podrían imitar, afectando seriamente los tratados vigentes – al desafiar por ejemplo la estricta clasificación del cannabis.
La situación de Bolivia resulta algo irónica. Se ha ceñido escrupulosamente a los procedimientos estipulados para alinear sus compromisos internacionales con su propia Constitución, pero también ha sido acusada de debilitar la “integridad” del sistema de tratados por parte de organismos de Naciones Unidas, como la Junta Internacional de Control de Narcóticos (JIFE), cuya percepción sobre el papel y la autoridad que ejerce en defensa del statu quo es alimentada por países poderosos como Estados Unidos y Rusia.
Se recomienda paciencia
Desde una perspectiva externa, el hecho de que tanto como Bolivia como Colombia hayan iniciado procesos que plantean desafíos a la visión de Estados Unidos y al supuestamente inmutable “Consenso de Viena” podría sugerir la futura existencia de una mayor cohesión regional y de un consenso más sólido.
Pero habrá que esperar, dadas las barreras geopolíticas que impiden forjar una coalición de países que tengan una visión común suficiente para desafiar abiertamente a los gobiernos dominantes así como para enfrentar los dilemas genuinos en términos técnicos y de políticas, junto con los complejos trade-offs que caracterizan a la política antidroga.
Aún dentro de sub–regiones que parecen comparativamente pequeñas y homogéneas — como América Central — no se vislumbra un consenso sobre políticas antidrogas alternativas.
Tampoco debería esperarse un progreso lineal. Bolivia descubrió que tras apoyar una coalición mayoritariamente europea que impulsaba la “reducción del daño” en la reunión de 2009 de la Comisión de Narcóticos de Naciones Unidas, diez de tales países decidieron unirse y apoyar a Estados Unidos para objetar la propuesta de enmienda de Bolivia a la Convención Única con respecto a la coca.
La paciencia también está a la orden del día por otra razón: Bolivia y Colombia — con Guatemala y hasta cierto grado México — pretenden desafiar algunos dogmas de la ortodoxia del control de drogas centrados en la oferta.
Los bolivianos continuarán mascando la coca de todas maneras y la defensa de Morales distingue explícitamente entre el uso ancestral de la hoja y el estupefaciente moderno. Foto: FM Bolivia.
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Más allá de la Cumbre
La búsqueda de “un mundo libre de drogas” resultó una peligrosa fantasía. Afortunadamente, un conjunto de premisas más realistas comienzan a tomar forma. Las drogas pueden causar daño y sufrimiento – y de hecho lo hacen – pero las políticas de control de las drogas también lo hacen. La tarea consiste en minimizar ambos conjuntos de daños.
No existe un “problema de la droga” único: las drogas son diferentes, así como lo son los retos particulares que cada una plantea; los riesgos que conlleva el uso del cannabis, por ejemplo, son distintos de los riesgos del consumo de cocaína, que a su vez son distintos de los de la heroína. No hay soluciones perfectas: solo opciones mejores o peores, rodeadas de trade–offs y de auténticos dilemas.
Muchas de las alternativas que merecen una cuidadosa consideración no requerirían de un consenso regional y podrían adoptarse sin violar los tratados internacionales vigentes. De esta manera países individuales podrían cambiar sus políticas internas y aprovechar las experiencias en otras partes.
Por ejemplo, focalizar la coerción sobre la violencia en lugar de atacar los mercados de droga per se, despenalizando la posesión para consumo personal y reformando leyes que castigan los delitos asociados con la droga en forma desproporcionada, son todas formas de reducir las consecuencias tremendamente negativas de las políticas vigentes, tanto en América Latina como en Estados Unidos.
El presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina y el México, Felipe Calderón ha sugerido la necesidad de considerar “alternativas de mercado”.
Foto: TodaNoticia.com |
Las lecciones aprendidas al aplicar modelos de mercados regulados de cannabis podrían también alimentar el debate a largo plazo sobre un tema más difícil: encontrar mejores formas de controlar o de regular el mercado de cocaína.
En fin, no era de esperar que la Cumbre lograra un consenso sobre opciones particulares en la política de control de drogas. Pero con el apoyo o no de Estados Unidos, los líderes de América Latina podrán sostener y a profundizar el debate dentro de la región. Un simple esquema que señale las bases para hacerlo ya es un logro: la clave consiste en reconocer la necesidad de discutir en forma estructurada, informada y cada vez más específica sobre un amplio rango de alternativas.
Las drogas y la cárcel
por Raúl Bracho
Sábado, 19 de Mayo de 2012 12:17
Cuando el imperio se siente perdido recurre a tratar de sublevar a sus peores víctimas.
Muy feliz de volver a tomar la pluma al volver de una misión que
me mantuvo alejado de los medios y de la tecnología virtual por varias
semanas, debo hablar de dos temas que están en primera plana, el primero
la droga, donde el gobierno socialista y revolucionario cada día
muestra los avances del Sistema Público de Atención y Tratamiento de las Adicciones
con las continuas inauguraciones de los centros que lo conforman y de
la cárcel, cuyos habitantes forzados son presa fácil de la oposición
para sublevarse por dinero y tratar de desestabilizar nuestro país.
El 18 de Mayo de este año celebramos el primer aniversario de la
firma del decreto presidencial donde Hugo Chávez, nuestro comandante
presidente aprobó la creación del Sistema Público de Atención y Tratamiento de las Adicciones,
un año apenas y este sistema comienza a convertirse en una realidad en
donde se inauguran los centros donde se recibe una atención a las
adicciones desde un nuevo modelo humanista y socialista que entiende a
esta población como víctimas del mismo sistema capitalista que
combatimos día tras día y su vil comercio de tóxicos y actividades
lúdicas que esclavizan a un segmento importante de nuestra población. La Ministra de Salud Coronela Eugenia Sader, Isis Ochoa de las Comunas y el viceministro General Néstor Luis Reverol,
sin descanso avanzan desde cada ministerio para fortalecer la respuesta
de nuestra revolución ante los daños que causa el narcotráfico. El
Sistema nace para mitigar una situación producida por la sociedad que
luchamos por transformar hacia el socialismo, de manera que en el avance
del Sistema Público Nacional de Tratamiento de las Adicciones
entendemos que mas temprano que tarde deberemos haber logrado atender a
más de un millón de ciudadanos afectados y podremos fortalecer
fundamentalmente la prevención al consumo y las actividades adictivas en
base a la conciencia, a la siembra de valores y al poder popular
socialista constituido como defensor de la comunidad ante las amenazas
de la sociedad de consumo.
Debemos entender que los daños que produce el narcotráfico van más
allá del que producen en la población que se hace adicta al consumo de
tóxicos o al juego y las apuestas. Desde el socialismo debemos ver
igualmente como víctimas a quienes por su adicción al dinero y la
ganancia rápida, son captados por los carteles para practicar el minoreo
de sus venenos, hablo de miles de compatriotas que sin ningún tipo de
valores o respeto a la dignidad de sus conciudadanos expenden las drogas
en nuestros barrios y que un gran número de ellos están privados de
libertad por su violación a las leyes al hacerse parte de la red del
narcotráfico. Esta población que igualmente es víctima de la sociedad
capitalista es la que esta siendo manipulada hoy en nuestros centros de
reclusión para desestabilizar políticamente la patria, seguramente bajo
la oferta de dinero del narcotráfico, que tiene un mercado en el
interior de estos centros, y por los políticos lacayos del imperio que
no se paran ante la muerte o asesinato de privados de libertad con tal
de crear desestabilización, como lo que vemos hoy día en la Planta.
De manera muy clara nuestro comandante Hugo Chávez anunció hoy al
país la aprobación de un monto importante de recursos para crear nuevos
centros penitenciarios a los que denomina Centros de Formación,
entendiendo que solo la concientización e inclusión social de quienes se
encuentran privados de libertad podremos avanzar a una nueva sociedad.
Solo con escuelas para la vida, como se conceptualizan las Comunidades terapéuticas del Sistema Público Nacional de Tratamiento de las Adicciones o los centros de formación que hoy propone nuestro comandante, podremos abrir el camino liberador hacia la sociedad socialista.
En el primer aniversario de la firma del decreto de creación del
Sistema Público Nacional de tratamiento de las Adicciones, felicito a
todas y todos quienes se han sumado a esta lucha y agradezco de forma
pública a nuestro amado presidente Hugo Chávez Frías. Sistema que solo
es posible en socialismo, que solo es posible en revolución.
Indetenibles hacia la victoria del 7 de octubre: ¡Viviremos y venceremos!
América Latina: Las 47 bases militares tuteladas por el Imperio en la región
Bases
militares extranjeras en América Latina:
aquí está la lista
MoPaSSol
Como
introducción a este resumen informativo queremos dejar establecido que este es
el punto al que hemos llegado en la investigación iniciada hace dos años con la
mira puesta en la necesidad de disponer de datos fehacientes en los que sustentar
la Campaña contra las bases militares extranjeras en la región cuyo lanzamiento
tuvo lugar en enero de 2010.
Todos
los datos consignados se apoyan en fuentes concretas de distinto tipo. En
algunos casos hemos recibido información de organizaciones y/o investigadores
de varios países. Anotamos también informaciones incompletas, pero en el
recuento final sobre el número de bases sólo contabilizamos aquellas sobre las
cuales hay suficientes elementos para probar su existencia. Desde que
comenzamos este seguimiento el número de enclaves militares extranjeros
abiertos o encubiertos, se ha multiplicado y continúa creciendo.
Cuando
hablamos de bases militares extranjeras nos referimos a las bases de varios
países de la OTAN y no solamente a las de Estados Unidos.
Otra
aclaración es necesaria: no todas las bases tienen un tamaño similar, algunas
son muy pequeñas y otras de gran extensión; unas son bases militares de las
fuerzas armadas del país sede, las cuales, por convenio o de facto, son
utilizadas por las potencias de la OTAN. Pero todas forman parte de un mismo
entramado bélico capitaneado por Estados Unidos. En ciertos casos no alojan en
forma permanente ni un solo soldado extranjero.
La
presencia militar extranjera presenta formas muy variadas. Por ejemplo, la
militarización de la lucha anti droga en México o Guatemala. Por otra parte,
estamos iniciando un estudio acerca de las maniobras militares conjuntas que se
realizan con participación de EEUU en territorio continental o incluso en alta
mar en unidades de la IV Flota (por ejemplo las maniobras gringo-gaucho).
Falta
mucho por investigar. Sin embargo el resumen que anotamos aquí ofrece
suficientes razones para inquietarse y actuar contra esta forma de guerra
preventiva que supone un enorme peligro para un continente latinoamericano y
caribeño que esperamos continúe avanzando en unidad e integración regional para
asegurar la paz y la cooperación y no la confrontación entre los países.
Argentina: (2) en el archipiélago de Malvinas ocupado
colonialmente por Gran Bretaña, la Fortaleza de la OTAN en Mount Pleasant, Isla
Soledad, cuya pista mayor tiene una longitud de 2.600 metros. La actual
dinamización de la militarización en el Atlántico Sur posiciona a la Fortaleza
Malvinas como la fuerza más importante de la OTAN en esa región.
Existe
además un terreno autorizado para el uso de Estados Unidos por el ex gobernador
de Tierra del Fuego, en la localidad de Tolhuin. Y en febrero de 2012 se hace
pública en Resistencia, Prov. del Chaco, la instalación de un Centro Anti
catástrofes y Ayuda Humanitaria, financiado por el Comando Sur del Pentágono a
inaugurarse en el Aeropuerto Internacional de Resistencia. El Centro dispone de
un radar y equipos de comunicación que habilitan a esta construcción como un
centro de control y espionaje al servicio de los proyectos imperiales. Su
instalación responde a un programa impulsado por la Junta Interamericana de
Defensa (JID) que incluye en sus planes la coordinación e implementación de
centros similares en otros países del continente y ha sido objetado por el
gobierno nacional argentino que cuestiona el papel de la JID en estos temas.
Aruba: (1) base aérea Reina Beatriz, de EEUU.
Belice: (1) un espacio para entrenamiento de efectivos de
Gran Bretaña (OTAN)
Bolivia: No hay bases militares extranjeras. La constitución
Política del Estado aprobada durante el gobierno de Evo Morales lo prohibe
expresamente.
Colombia: (8) Con fecha 30 de octubre de 2010, el gobierno de
Colombia suscribe con los Estados Unidos un convenio de cooperación militar en
el cual se señalan las siguientes bases militares colombianas para que sean
usadas por los EEUU: la base Aérea de Apiay, en el Departamento del Meta; la
base Aérea de Malambo, ubicada en el área metropolitana de Barranquilla; la
base Aérea de Palanquero, situada en Puerto Salgar, en el departamento
(provincia) de Cundinamarca, que cuenta con una pista de aterrizaje de 3500
metros; la base Aérea de Tolemaida, en Melgar, Tolima, es el fuerte militar más
grande de Latinoamérica y tiene una importante fuerza de despliegue rápido; la
base Naval de Bahía Málaga , en el Pacifico colombiano, cerca de Buenaventura;
la base Naval de Cartagena, en la costa del mar Caribe.
A
ellas se suman las que ya venían siendo utilizadas por soldados de Estados
Unidos: la Base aérea deTres Esquinas ubicada en el Departamento de Caquetá y
la base Aérea Larandia, en el mismo Departamento. Y se agrega el uso del puerto
de Turbo (muy cercano a la frontera con Panamá) para aprovisionamiento de la IV
Flota, así como muchas otras instalaciones de las fuerzas armadas colombianas.
Costa Rica: (2) Existe una base de EEUU en Liberia. Hay que tener
en cuenta además la “invasión” de buques y miles de soldados USA autorizada por
el gobierno y el Parlamento nacional en 2010. Es necesario investigar qué ha
quedado como remanente de esa movida.
En
el último tiempo aparecen menciones sobre otra base cercana a la costa del
Pacífico costarricense. Concretamente, la Asociación Nacional de Empleados
Públicos y Privados denuncia que en Liberia, EEUU reactivará y financiará un
radar. La nota está fechada el 9 de octubre de 2009. La ANEP menciona además
que en una entrevista al diario La Nación, el subcomandante del Comando Sur del
Ejército norteamericano Paul Trivelli informó sobre la inversión de 15 millones
de dólares en una base naval que se estaría construyendo en la localidad de
Caldera, provincia de Puntarenas, y que allí funcionará, además, una escuela
para el adiestramiento de oficiales de guardacostas. Una información
proveniente de EEUU confirma que el Comando Sur, en agosto de 2009, aportó 1.5
millones de dólares para iniciar la construcción de un muelle e instalaciones
como parte del cumplimiento de ese contrato.
Cuba: (1) Base usurpada por EEUU en Guantánamo
Curazao: (1) Base de EEUU Hato Rey
Chile: (1) Con autorización del gobierno de Sebastián Piñera se ha instalado
en el Fuerte Aguayo, en Concón, cerca de Valparaíso, una base militar de los EE
UU. El emplazamiento “imita una zona urbana, con 8 modelos de edificios, fue
construido con un aporte de casi 500 mil dólares proporcionados por el Comando
Sur de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos bajo la denominación de que
sirve para “ejecutar operaciones de mantención de la paz o de estabilidad
civil”, según indica la misma Embajada norteamericana. El acuerdo insiste en la
lógica de que las Fuerzas Armadas deben intervenir en conflictos sociales o
“estabilidad civil” lo que renueva la práctica de la Doctrina de la Seguridad
Nacional.
Ecuador: con la retirada de EEUU de la Base de Manta, no
existirían bases militares extranjeras en el país.
Sin
embargo circula una información que no hemos podido confirmar respecto a que el
Comando Sur tiene previsto financiar con una suma 600.000 dólares
“instalaciones para cuarteles contra el narco terrorismo” que se construirían
en Lita, Carchi, en la segunda mitad del año 2011.
El Salvador: (1) Una base en Comalapa, muy próxima al Aeropuerto
internacional de San Salvador.
Guadalupe: (2) Registramos por lo menos dos bases militares de
Francia (OTAN) en este pequeño archipiélago de las Antillas, en el mar Caribe
que forma un departamento de ultramar de Francia y una región ultraperiférica
de la Unión Europea. En Guadalupe, a 600 km al norte de las costas de América
del Sur y al sureste de la República Dominicana, se encuentra el 41º Batallón
francés de la Infantería de Marina, además de aviones, helicópteros y efectivos
de la Fuerza Aérea.
Guatemala: no hay información sobre bases militares extranjeras
pero sabemos que se ha extendido a este país la militarización del combate anti
drogas (Iniciativa Mérida) que se viene aplicando en México, con una presencia
constante de tropas USA.
Guayana Francesa: (3) En este territorio (remanente colonial francés en
América del Sur) se concentran tropas principalmente en Cayena, San Juan de
Maroni y otros lugares. Pero la más importante es la Base Aeroespacial francesa
en Kourou, ahora gestionada por la Agencia Espacial Europea. Sus instalaciones
son de las más avanzadas del mundo en la función que desempeña. Está preparada
para el lanzamiento de satélites con objetivos diversos. El radar ubicado en
Troubiran y la Base Aeroespacial permiten la observación y el control de todos
los países de la región. Con la llegada del satélite militar Galileo, Francia
cuenta en Guayana con 40.000 barbouzes (agentes no oficiales), jubilados en
actividad bajo el comando del Estado Mayor de las fuerzas armadas y los servicios
de inteligencia destacados en Guayana, en capacidad de intervenir contra
independentistas guayaneses, y también contra otros pueblos en lucha contra el
imperialismo en el continente.
Haití: (1) Además de la presencia, desde 2004, de la MINUSTAH, se registra
una presencia de tropas de EEUU cuyo número no se ha podido determinar, así
como el atraque de naves de la IV Flota. Desde la invasión de más de 20.000
efectivos USA con motivo del terremoto de enero de 2010, organizaciones de
Haití vienen denunciando que han quedado remanentes de esas tropas y que todo
su territorio puede considerarse una gran base militar extranjera.
Honduras:
(3) Base Aérea estadounidense Soto Cano, en Palmerola, con una pista de 2.600
metros; otra más nueva en Puerto Lempira, sobre la laguna Caratasca, en el
Departamento Gracias a Dios, territorio de la Mosquitia, próxima a la costa del
Mar Caribe; y una más en construcción, en Guanaja, Departamento Islas de la
Bahía, en el Caribe hondureño.
Martinica: (2) El caso de Martinica es similar al de Guadalupe,
con por lo menos dos bases francesas (OTAN). En el lugar, el Ejército francés
cuenta con más de 1.000 efectivos permanentes, incluyendo el 33º Regimiento de
Infantería con sede en la capital Fort de France. Allí además se encuentra
estacionada la Marina de Guerra con 500 efectivos y los equipos necesarios. El
país es una base de apoyo de la mayor importancia para la vigilancia, la
inteligencia y las intervenciones militares en la región, (junto con Guadalupe,
Martinica ha servido como escala durante la Guerra de las Malvinas y la
invasión de Granada; además, Francia y EE.UU. organizan regularmente maniobras
militares conjuntas).
México: (2) La militarización de la lucha anti drogas con la
intervención directa de los Estados Unidos ha dejado en los últimos años en
este país decenas de miles de muertos.
La
Iniciativa Mérida, firmada el 30/06/08 entre los presidentes Bush y Calderón
implica, según los acuerdos firmados , entrenamiento de las fuerzas militares
mexicanas por parte de Estados Unidos, la venta del armamento necesario y la
estrategia militar para el control del Estado por parte de fuerzas mexicanas ,
y por medio de las agencias yanquis FBI, CIA, DEA y demás que ya estaban
operando en territorio mexicano, el sobrevuelo sobre todo el territorio de
aviones espía no tripulados y la injerencia de tropas USA en la seguridad
interna del país. Como se sabe, ninguno de estos acuerdos anula al anterior,
todos son complementarios y cada vez más ponen el acento en la guerra “contra
el narcotráfico y el terrorismo”.
En
ese marco, el imperio avanza, se ha conocido (en mayo de 2011) la creación de
dos bases militares en la frontera con Guatemala, ambas bases contarían con
todas las “bondades” de la tecnología militar más seiscientos efectivos en cada
una. En conferencia de prensa el Comandante de la VII región militar de México,
general Salvador Cienfuegos Zepeda, declaró que tropas del ejército realizan
operaciones militares en todo el territorio chiapaneco, sobre todo en Frontera Comalapa
, y que estas dos nuevas bases militares estarán situadas en Chiquimosuelo y
Jiquipilas, por recomendación de la DEA. Esto sumado a los catorce mil
militares ya existentes en Chiapas, según sus dichos.
El
10/05/11, se inauguró la construcción de la Academia Estatal de Formación y
Desarrollo Policial, en Las Encinas, San Salvador de Chachapa al oriente de la
capital del Estado de Puebla. Este lugar, destinado a reserva ecológica será en
adelante reserva militar. Así fue presentado por Rafael Moreno Valle y Keith W.
Mines, director general de la Inteligencia Militar, quien dejó en claro y con
precisión que el FBI y otras agencias USA tendrán participación directa en esta
academia.
Además,
una fuerza de tareas de efectivos estadounidenses “ayudará “ en las zonas más
conflictivas, según revelan generales y coroneles en actividad del Ejército
Mexicano. Uno de los militares, de alto cargo en la Secretaría de la Defensa
Nacional, asegura que México vive ya una “ocupación “llevada a cabo por los
organismos de inteligencia de Estados Unidos.
Formalmente,
ni la Academia de Las Encinas, ni las bases de Chiquimosuelo y Jiquipilas,
aparecen como bases de EEUU. Sin embargo, en el marco descripto, no cabe duda
de que es el Pentágono quien dirige las operaciones. Por eso estamos
contabilizando en México por lo menos dos bases militares extranjeras.
Panamá: (12) Son doce bases aeronavales en ambas costas.
Sobre
el Pacífico:
1)
Isla de Chapera
2)
Bahía o Puerto Piña en Darién
3)
Quebrada de Piedra, en Chiriquí
4)
Rambala, en provincia Bocas del Toro
5)
Punta Coco, en Archipiélago de las Perlas;
6)
Isla Galera;
7)
Mensabé, en Los Santos;
8)
Coiba, en Veraguas.
Sobre
el Caribe:
9)
Sherman, en Colón
10)
El Porvenir, en Kuna Yala
11)
Puerto Obaldía, en Kuna Yala
12)
San Vicente, en Metetí, Prov. de Darién, cercana a la frontera con Colombia
Más
denuncias desde Panamá: además de las 12 bases antes enumeradas hemos recibido
denuncias, sobre otras bases militares proyectadas (respecto a las cuales
necesitamos más información) en:
La
Palma (Pacífico), provincia de Darién;
Isla
Grande (Caribe), provincia de Colón;
Corregimiento
de Yaviza, provincia de Darién; y
Estación
Naval Rodman (Pacífico) en la entrada del Canal de Panamá.
Paraguay: (2) Base en Mariscal Estigarribia, en el Chaco
paraguayo, con instalaciones para albergar a varios miles de soldados y una
pista de 3.800 metros de longitud. Otra base en Pedro Juan Caballero (Base de
la DEA estadounidense) en la frontera con Brasil. En ambos casos hemos
comprobado la existencia de estas bases durante la Misión Internacional a
Paraguay en el año 2006.
Perú: (3) En distintas publicaciones se menciona desde hace varios años la
existencia de tres bases militares de EEUU en Perú: Iquitos, Nanay y Santa
Lucía. Sobre esta última ubicada sobre el Río Huallaga (Alto Huallaga) faltan
precisiones e información reciente. Se sabe además que el gobierno peruano ha
autorizado a EEUU el uso de instalaciones portuarias para aprovisionamiento de
la IV Flota en cercanías del puerto de El Callao.
Por
otra parte, en virtud de los acuerdos entre el Gobierno peruano y los Estados
Unidos, a partir de 2006 ambos Estados incrementaron sus acciones de
cooperación militar en el entendimiento común de que el “narcoterrorismo”
constituye una “amenaza asimétrica” que justificaría la asistencia militar de
Estados Unidos “sin condicionamientos”. Con ese criterio el Comando Sur
contribuye al financiamiento y visita regularmente distintas bases militares
peruanas, como por ejemplo:
*Base
Naval de Santa Clotilde, en cercanía de Iquitos, Región de Loreto (margen
izquierda del Río Nanay). Sede del Comando General de la Amazonía. Sede de la
Escuela de Operaciones Ribereñas: Financiada en sus inicios por el Comando Sur (US
SOUTH COM). Está a cargo desde 2003 de la Marina de Guerra de Perú. La embajada
de EEUU en Lima, a través de su Grupo Consultivo y de Apoyo Militar, la apoya,
realiza visitas y permanentes intercambios con el Comando Sur.
*Base
Teniente Clavero, en Iquitos (Perú). Está en la misma zona de frontera con
Colombia. Comprende una serie de destacamentos o estaciones fluviales
integrados por elementos del Batallón de Infantería de Marina Número 1, del
Ejército y la Policía.
*Base
Naval El Estrecho. Ubicada en el distrito de San Antonio, en Iquitos, a orillas
del río Putumayo. Se terminó de construir en julio 2010 ampliando una antigua
guarnición.
La
situación brevemente descripta ha llevado a algunos investigadores peruanos a
afirmar que todo el territorio del Perú se ha convertido en una “plataforma
militar multiuso al servicio de los EEUU”.
República Dominicana: (1) Desde hace varios años se habla del traslado de
tropas USA antes estacionadas en Puerto Rico a la República Dominicana. Nunca
pudimos confirmar esa noticia.
Pero
recientemente (febrero 2012) recibimos y confirmamos lo siguiente:
Organizaciones progresistas y de izquierda de la República Dominicana llaman a
impedir la construcción de una base naval patrocinada por el Gobierno de EE.UU.
en la isla de Saona, en el extremo sureste del país. El proyecto prevé la
construcción de un muelle, unos cuarteles y otras instalaciones del complejo.
La obra será ejecutada por el Comando Sur de EE.UU. que invertirá alrededor de
1,5 millones de dólares, según anunció el jefe de la Marina de Guerra
dominicana, el vicealmirante Nicolás Cabrera Arias. La construcción de la nueva
base naval forma parte de la Iniciativa de Seguridad de la Cuenca del Caribe,
promovida por Washington.
EN
SINTESIS, sin contar el caso de Puerto Rico que comentamos aparte, son por lo
menos 47 bases militares extranjeras en funcionamiento, o en construcción
vinculadas por vía aérea y marítima con la IV Flota naval re-activada desde
2008. Entre ellas merecen especial atención las cinco bases con grandes pistas
de aterrizaje distribuidas estratégicamente a lo largo del continente: Soto
Cano (en Palmerola, Honduras), Palanquero (en Colombia), Mariscal Estigarribia
(en Paraguay), la Fortaleza Malvinas (en Argentina) y la Isla Ascensión (en el
Atlántico Sur).
Notas:
Cuando
hablamos de las bases de la OTAN, no olvidamos que el Pentágono es la cabeza de
la OTAN. Aunque estrictamente, desde el punto de vista geográfico, la base
militar en la Isla Ascensión –en el medio del Océano Atlántico- no pertenece al
continente americano, conviene tener presente esta base militar porque ha
desempeñado y sigue desempeñando un papel importante en la estrategia imperial,
particularmente en el Atlántico Sur y en relación a la IV Flota.
Centro de Estudios y Documentación sobre
Militarización (Cedomi / Mopassol) www.mopassol.com.ar
Puerto Rico
Para
referirse a la presencia militar USA en P. Rico hay que tener en cuenta que por
su condición colonial (oficialmente ubicado en la categoría de “Estado libre
asociado”) para el Pentágono el territorio puertorriqueño es considerado
territorio de los EEUU. Y a la vez que para el movimiento independentista, que
no acepta la condición colonial, las instalaciones y tropas USA desplegadas en
la isla son consideradas presencia militar extranjera.
Por
la significación del tema y la necesidad de disponer conocimiento actualizado
al respecto, haremos aquí una apretada síntesis del documentado trabajo que, a
pedido nuestro, nos hizo llegar Alejandro Torres Rivera, dirigente del
Movimiento Independentista Nacional Hostosiano (MINH).
Con
el cierre de la Estación Naval de Roosevelt Roads, y del Área de Tiro y el Área
de Maniobras de la Flota del Atlántico (AFWTF por sus siglas en inglés) en
Vieques, Puerto Rico, en mayo de 2003, las operaciones que desde la isla venía
desempeñando el Comando Sur fueron modificadas y el Comando Sur traladado a la
Florida. Esos cambios alteraron la importancia militar estratégica hasta
entonces adjudicada a Puerto Rico. Pero lo dicho no significa que este país ha
dejado de ser importante en los planes de dominación geopolítica de Estados
Unidos en la región.
A
partir del 1º de octubre de 2002 se produjo un nuevo Plan de Comandos
Unificados donde las áreas de responsabilidad entre el Comando Sur y un nuevo
Comando del Norte fueron establecidas. En la distribución, Puerto Rico quedó
integrado dentro del Comando del Norte, a quien se le asignó como
responsabilidades –entre otras- la planificación y conducción de apoyo militar
para la estabilidad, seguridad, transición, operaciones de reconstrucción,
ayuda humanitaria y ayuda en situaciones de desastres; la planificación y
participación de misiones que se asignen a nivel global; operaciones contra
redes terroristas.
Como
puede notarse, bajo este nuevo Plan la función militar de Puerto Rico se alejó
de la zona de operaciones tradicional de Estados Unidos hacia América Latina.
El 17 de diciembre de 2008 el presidente saliente de Estados Unidos firmó un
nuevo Plan Revisado de Comandos Unificados donde, además de Puerto Rico, Islas
Vírgenes, Bahamas y las islas Turcos y Caicos, todas ellas localizadas en la
región del Caribe, pasan a formar parte del Comando del Norte.
De
acuerdo con el documento titulado Informe de Estructuras de Bases de 2007 (Base
Structure Report, 2007) el aparato militar en Puerto Rico habría indicado
mantener un control de 1,512,631 acres (un acre equivale a 4 mil metros
cuadrados). Peros esa afirmación es falsa, ya que en ella no se toma en
consideración la superficie que abarca Punta del Este en el Yunque, los
terrenos utilizados por el Aerostato en Lajas y el Radar de Arecibo. Figuran
como reservas naturales que no se incluyen en los informes militares. Esto sin
incluir nuevas instalaciones del Department of Homeland Security en Aguadilla,
Ponce y San Juan, instalaciones para espiar comunicaciones, las instalaciones
de la ‘Guardia Nacional’, así como instalaciones ‘científicas’ en universidades
que llevan a cabo funciones militares.
La
Guardia Nacional en Puerto Rico consta de alrededor de 10 mil efectivos en
tierra y aire. Se divide en Guardia Nacional y Guardia Nacional Aérea, siendo
la primera unidades terrestres y de apoyo aéreo a través de helicópteros.
Las
facilidades principales de la Guardia Nacional terrestre se encuentran en la
región sur de la Isla en el Campamento Santiago localizado en el municipio de
Salinas, donde también se encuentra un Destacamento de la Infantería de Marina.
Cuenta también con alrededor de 20 instalaciones denominadas “Armerías” en los
siguientes municipios: San Juan, Ponce, Juana Díaz (Fuerte Allen), Guayama, San
Germán, Aguadilla, Mayagüez, Yauco, Caguas, Humacao, Ceiba, Fajardo, Bayamón,
Toa Baja, Vega Baja, Arroyo, Cayey, Gurabo, Coamo, Hato Rey, Hangar 21 y
Peñuelas. En San Juan, además, cuenta con las instalaciones de helicópteros
localizada en las cercanías del Aeropuerto Rivas Dominicci en Isla Grande.
La
Guardia Nacional Aérea por su parte, tiene sus facilidades principales en la
Base Aérea Muñiz localizada en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional
Luis Muñoz Marín en el municipio de Carolina. Allí opera en estos momentos un
escuadrón de aviones de transporte. También cuenta con facilidades en el
Aeropuerto de Roosevelt Roads a donde eventualmente se propone trasladar sus
facilidades principales localizadas hoy en la Base Aérea Muñiz. Cuenta también
con instalaciones en Aguadilla en lo que fuera antes, hasta la década de 1970,
la Base del Comando Aéreo Estratégico de Estados Unidos “Ramey Fields”, hoy
llamado Aeropuerto Internacional Rafael Hernández en Punta Borinquen. Allí
opera el “Punta Borinquen Radar Site”. Además cuenta con la instalaciones de
radares en Punta Salinas en el municipio de Cataño, en las cercanías de la
Bahía de San Juan.
La
Reserva del Ejército cuenta con aproximadamente 4,500 efectivos. Su instalación
principal es el Fuerte Buchanan localizado en el Área Metropolitana de San Juan
dentro de los municipios de Guaynabo y Bayamón. Allí también opera el Comando
Regional de la Reserva, un Batallón de “Civil Affairs” dentro del cual una de
sus tareas es el área de Operaciones Especiales; una unidad de la Reserva de la
Marina y de la Infantería de Marina. Existen allí unidades de comando,
guarnición, inteligencia, servicios médicos, logística y múltiples contratistas
civiles.
La
Reserva opera, además, en Puerto Nuevo-San Patricio la instalación “Capitán E.
Rubio Jr.”donde tienen base unidades médicas y unidades de entrenamiento;
Aguadilla en el Aeropuerto Borinquen; Ceiba (Roosevelt Roads); Salinas; Fuerte
Allen (LTC H. G. Pesquera) en Juana Díaz (AMSA-Talleres Mecánica); Guaynabo
(AMSA- Talleres Mecánica; MEPS- “Military Entrance Processing Station”) y otros
centros en los municipios del Caguas, Guayama, Ponce y Yauco.
La
Reserva cuenta, también, con unidades de la Infantería de Marina (MCRC SJ)
localizada en el área metropolitana de San Juan en terrenos del Fuerte Buchanan
y en Bayamón; y cuenta también con otra unidad localizada en Ceiba (Roosevelt
Roads).
La
Fuerza Aérea de Estados Unidos cuenta con facilidades en el municipio de Lajas
(“Lajas Radar Site”) y el “Ramey Solar Observatory Research Site” localizado
dentro del municipio de Isabela. De acuerdo con la Lcda. Centeno Rodríguez,
desde el “San Juan Geomagnetic Observartory”, localizado en el municipio de
Cayey, la Fuerza Aérea desarrolla un proyecto relacionado con el control del
clima.
La
Marina de Guerra de Estados Unidos cuenta con facilidades localizadas en
Vieques como son el componente transmisor del Radar Relocalizable Más Allá del
Horizonte (ROTHR) cuyo cuerpo receptor ubica en el Fuerte Allen localizado en
el municipio de Juana Díaz. También cuenta con las instalaciones electrónicas
localizadas en Monte Pirata en la porción occidental de la Isla de Vieques.
Cuenta
también con facilidades localizadas en el Aeropuerto Borinquen de Aguadilla;
con los radares localizados en Punta del Este en el Yunque; las instalaciones
en el “Naval Radio Facility”en Sabana Seca, Toa Baja; el “Naval Radio
Transmiting Facility”en el municipio de Isabela; el ‘Low Frecuency Fixed
Submarine Broadcast System”en el municipio de Aguada; las facilidades
localizadas en “Cabeza de Perro” en el municipio de Naguabo; las instalaciones
del NAVACT en Roosevelt Roads en el municipio de Ceiba; el “Salinas Receiver
Site”; y las facilidades de la Isla Piñero localizada en las cercanías de lo
que fue Roosevelt Roads.
Las
Fuerzas Armadas de Estados Unidos mantiene también operando en Puerto Rico el
programa del Cuerpo de Entrenamiento para Oficiales de la Reserva (“Reserve
Officers Training Corps”) orientado a ofrecer un grado universitario en
ciencias militares. También en el Fuerte Buchanan en el Área Metropolitana de
San Juan se encuentra la policía militar adscrita al Departamento de la Defensa
conocida como “Department of Defense Special Police- DODEP.
Por
su parte, el Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos (“Homeland
Security Department) tiene facilidades diseminadas en Puerto Rico mayormente
concentradas en los municipios de San Juan, Ceiba (Roosevelt Roads) Aguadilla
(Aeropuerto Borinquen) y el Radar Aerostato en Lajas.
La
Guardia Costanera opera en Puerto Rico facilidades en San Juan (La Puntilla) en
Aguadilla (Aeropuerto Borinquen) y en Ceiba (Roosevelt Roads).
Recientemente
en los pasados meses se ha activado nuevamente en Puerto Rico los Cuerpos de
Paz (“Peace Corps”).
A
todo lo anterior hay que sumarle la presencia de la Corte Federal en Puerto
Rico y de las diferentes agencias federales de seguridad como son el FBI, la
DEA, el Servicio Secreto, la CIA, etc.
Sin
entrar al dato sobre los miles de puertorriqueños en Puerto Rico y Estados
Unidos que hoy día forman parte de las fuerzas militares regulares de Estados
Unidos en sus diferentes ramas. La experiencia actual en Puerto Rico es que
prácticamente el 80% o más de los efectivos de la Guardia Nacional y de la
Reserva, han pasado por una rotación de al menos un año en misiones de combate.
Esta experiencia ha permitido a las unidades de la Guardia Nacional y de la
Reserva transformarse de lo que fueron en el pasado como fuerzas auxiliares de
las Fuerzas Armadas de Estados Unidos para asuntos esencialmente domésticos, a
una fuerza militar experimentada, capaz de sustituir en su colonia, Puerto
Rico, y en la región la presencia militar estadounidense.
Más
aún, este desarrollo y transformación le permite a Estados Unidos, ante un
eventual cambio o modificación en sus relaciones políticas con el pueblo de
Puerto Rico, mantener la presencia de un ejército regular permanente, con
experiencia y debidamente acoplado a las fuerzas armadas estadounidenses,
superior en materia de integración militar con Estados Unidos a la de cualquier
otro país latinoamericano.
Foto: Juan Ángel Urruzola
Luisa Cuesta, incansable militante
de los derechos humanos, defensora de la verdad y la justica y madre de
un detenido desaparecido en la dictadura cívico - militar, será
designada Ciudadana Ilustre de Montevideo por decisión de la intendenta
Ana Olivera.
La distinción será entregada por la intendenta en una ceremonia que se realizará el viernes 18 de mayo a la hora 18 en la sala Ernesto de los Campos del Palacio Departamental.
Luisa Cuesta tiene actualmente 93 años y es la madre de Nebio Melo Cuesta, un militante de izquierda que desapareció en Buenos Aires el 8 de febrero de 1976, en el marco de la coordinación represiva de las Fuerzas Armadas del Cono Sur conocido como Plan Cóndor.
Fuente: IMM
18 mayo 2012
De Esquina Montevideo
Enviado por Nestor Durante
Luisa Cuesta: "Tengo unas ganas enormes de llorar"
La Intendencia de Montevideo declaró este
viernes Ciudadana Ilustre de Montevideo a Luisa Cuesta Duarte, en un
emotivo homenaje en que fue reconocida como uno de los máximos
referentes en la lucha por el hallazgo de los desaparecidos.
La
distinción, en homenaje a su papel en la búsqueda de justicia y de la
verdad, fue resaltada por la Intendenta de Montevideo, Ana Olivera.
“Esa pelea permanente por verdad y justicia que no es individual, que no es por saber... Claro que quiere saber de su hijo, pero es por todos y por todas. Es más allá de ti el homenaje que te estamos haciendo. Y por eso, Luisa, sos mucho más que una ciudadana ilustre de Montevideo”, dijo Olivera.
Cuesta Duarte es madre de Nebio Melo, militante de izquierda secuestrado en Buenos Aires en 1976. Con 92 años, este domingo una vez más encabezará la nueva edición de la “Marcha del Silencio”.
“No es que no me acuerde de todo, me acuerdo de todo. Pero no lo puedo decir, porque en lugar de hablar tengo unas ganas muy grandes de llorar. Eso es lo que tengo”, dijo conmovida este viernes en la IMM.
“La Marcha del Silencio” recorrerá este domingo a partir de los 18 horas la avenida 18 de Julio entre Rivera y la Plaza Libertad (o Cagancha), bajo la consigna “Por un futuro con verdad y Justicia. Los vamos a encontrar. ¡Por un futuro sin desaparecidos!”.
Foto: EFE 18 mayo 2012
“Esa pelea permanente por verdad y justicia que no es individual, que no es por saber... Claro que quiere saber de su hijo, pero es por todos y por todas. Es más allá de ti el homenaje que te estamos haciendo. Y por eso, Luisa, sos mucho más que una ciudadana ilustre de Montevideo”, dijo Olivera.
Cuesta Duarte es madre de Nebio Melo, militante de izquierda secuestrado en Buenos Aires en 1976. Con 92 años, este domingo una vez más encabezará la nueva edición de la “Marcha del Silencio”.
“No es que no me acuerde de todo, me acuerdo de todo. Pero no lo puedo decir, porque en lugar de hablar tengo unas ganas muy grandes de llorar. Eso es lo que tengo”, dijo conmovida este viernes en la IMM.
“La Marcha del Silencio” recorrerá este domingo a partir de los 18 horas la avenida 18 de Julio entre Rivera y la Plaza Libertad (o Cagancha), bajo la consigna “Por un futuro con verdad y Justicia. Los vamos a encontrar. ¡Por un futuro sin desaparecidos!”.
Foto: EFE 18 mayo 2012
17º Marcha del Silencio
La causa mueve al sentimiento
19.05.2012 20:28
Este domingo a las seis
de la tarde, se realizará la 17º Marcha del Silencio bajo la consigna
"Los vamos a encontrar". El integrante de familiares Oscar Urtazum dijo
Montevideo Portal que el hallazgo de los restos de Julio Castro y
Ricardo Blanco "marca un nuevo impulso".
Este domingo a las seis de la tarde, se realizará la 17º Marcha del Silencio bajo la consigna "Los vamos a encontrar, por un futuro sin impunidad, verdad y justicia". La marcha partirá a las 18.00hs de la Plaza de los desaparecidos, ubicada en Rivera y Jackson y continuará por 18 de julio hasta Plaza Cagancha.
Frente a la explanada de la Intendencia de Montevideo se emitirá en la pantalla del IMPO un video con imágenes de los militantes detenidos desaparecidos por la dictadura, además nombrarlos por los altoparlante en el transcurso de la marcha.
En conversación con Montevideo Portal el integrante de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Óscar Urtasum señaló que la consigna refiere a la decisión de buscarlos a todos y marcar que aún sigue habiendo impunidad "por más que quieran barrerla debajo de la alfombra".
Urtasum señaló que el hallazgo de los restos del maestro Julio Castro y el militante Ricardo Blanco Valiente "marcan un nuevo impulso" en ese sentido y llamó a que la sociedad "haga suyo" a los detenidos desaparecidos.
El integrante de familiares, expresó su preocupación por la intención de integrar a las FFAA a diferentes actividades de la sociedad civil señalando que "aún está fresca" la herida de la dictadura y que aún no es tiempo para "integrarlos". "Se están desviando del rol que han sido asignados", afirmó.
Montevideo Portal
Este domingo a las seis de la tarde, se realizará la 17º Marcha del Silencio bajo la consigna "Los vamos a encontrar, por un futuro sin impunidad, verdad y justicia". La marcha partirá a las 18.00hs de la Plaza de los desaparecidos, ubicada en Rivera y Jackson y continuará por 18 de julio hasta Plaza Cagancha.
Frente a la explanada de la Intendencia de Montevideo se emitirá en la pantalla del IMPO un video con imágenes de los militantes detenidos desaparecidos por la dictadura, además nombrarlos por los altoparlante en el transcurso de la marcha.
En conversación con Montevideo Portal el integrante de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Óscar Urtasum señaló que la consigna refiere a la decisión de buscarlos a todos y marcar que aún sigue habiendo impunidad "por más que quieran barrerla debajo de la alfombra".
Urtasum señaló que el hallazgo de los restos del maestro Julio Castro y el militante Ricardo Blanco Valiente "marcan un nuevo impulso" en ese sentido y llamó a que la sociedad "haga suyo" a los detenidos desaparecidos.
El integrante de familiares, expresó su preocupación por la intención de integrar a las FFAA a diferentes actividades de la sociedad civil señalando que "aún está fresca" la herida de la dictadura y que aún no es tiempo para "integrarlos". "Se están desviando del rol que han sido asignados", afirmó.
Montevideo Portal
DE BLOG EL MUERTO
Los vamos a encontrar: Marcha 20 de mayo
DOMINGO 20 DE MAYO - 18 HORAS
- JACKSON Y RIVERA -
POR TODOS ELLOS.
- JACKSON Y RIVERA -
POR TODOS ELLOS.
Este 20 de mayo a las 18.00hs se realizará la 17º Marcha del Silencio bajo la consigna "Los vamos a encontrar". El integrante de familiares Oscar Urtazum dijo que el hallazgo de los restos de Julio Castro y Ricardo Blanco marcan un nuevo impulso.
VEA EL VIDEO:
http://youtu.be/9bAiQT8c_Cg
- EN PIRIÁPOLIS EL 20 DE MAYO NOS CONCENTRAMOS A LAS 17 HORAS EN LA PLAZA ARTIGAS
- EN PAYSANDÚ! MARCHA DEL SILENCIO !!! 19 HORAS DESDE CALLE DR.HERRERA HASTA MEMORIAL NELSA GADEA Y TODOS LOS DESAPARECIDOS LATINOAMERICANOS,(SILVAN FERNANDEZ Y 18 DE JULIO,LICEO NRO. 1)
Los
sindicatos advirtieron sobre las condiciones edilicias y sanitarias. El
gobierno los acusó de "meter palos en la rueda" y la derecha de
pretextos para crear conflictos. Lo cierto es que hicieron oídos sordos a
las advertencias. Y ahora: silencio.
Ciudades
También en Florida van a la escuela con botellitas
Florida. Denuncian un pozo contaminado y falta de agua potable en 2 escuelas rurales |
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CARLOS CIPRIANI LÓPEZ
Otras dos escuelas del Interior denunciaron que no tienen agua potable y
sus pozos se hallarían contaminados. Así lo informó el diputado
nacionalista por Florida José Andrés Arocena quien mantuvo varias
reuniones con comisiones de padres.
De acuerdo con la información oficial, la cobertura de agua potable que brinda OSE es de un 98% a nivel nacional. Un programa especial es el de abastecimiento a pequeñas localidades y escuelas que se encuentran en el medio rural aislado y disperso. En la web del ente se afirma que "si bien ello significa aumentar la cobertura total en tan sólo un 1%, es prioritario ya que significará mejorar la calidad de vida de la población más vulnerable". Pese a esto, siguen presentándose denuncias por falta de agua o por focos de contaminación en escuelas del Interior. En la edición de ayer de esta sección de El País, se informó en concreto que en dos escuelas rurales de Río Negro se carece de agua potable debido a la contaminación de los pozos, mientras hay otros tres centros educativos sujetos a evaluaciones.
En la escuela 61 de Nueva Mehlem, los análisis determinaron la presencia de coliformes fecales en el pozo de agua. Y en la 29 de Portones de Haedo "el agua sale en apariencia limpia pero con olor nauseabundo", como reconoció la inspectora Celeste Cruz. En este último caso, los padres de los alumnos vienen denunciando la situación desde 2007.
MÁS PROBLEMAS. Otras dos denuncias que plantean problemas similares en escuelas rurales de Florida, llegaron ayer a la redacción de El País a través de informes del diputado nacionalista José Andrés Arocena. En un documento enviado al Presidente de la Cámara de Representantes, Jorge Orrico, para que dé trámite a una exposición escrita dirigida al Ministerio de Educación y Cultura y a la Anep, se dice que "desde el año 2006, la escuela N° 94 denominada Arroyo de los Negros se encuentra con su pozo de agua totalmente contaminado. Hasta el momento, y tras varias gestiones, no se ha obtenido respuesta alguna de Anep".
En la segunda exposición escrita, se denuncia por su parte que "la comisión de padres de la escuela rural N° 93 de Florida nos comunican que desde el año 2005 vienen denunciando que la escuela no tiene agua potable y que nadie -absolutamente nadie- se hace cargo del problema, ni siquiera de intentar dar un aviso de MENSAJE RECIBIDO". En este caso se solicita que el informe, en el que se incluyen otras demandas llegue a los consejeros del Codicen, a los de la Anep, al Ministro de Educación y Cultura, a la Junta Departamental de Florida y al Consejo de Participación de la Escuela Rural número 93.
Consultado ayer por El País, el consejero de Primaria, Héctor Florit, explicó que en Uruguay hay 1.100 escuelas rurales y que por año se trabaja en obras de 50 pozos de agua. Agregó que los controles de potabilidad se efectúan anualmente y cuando sea necesario si hay informes técnicos que indiquen que la potabilidad está comprometida.
En cuanto a la situación crítica de las escuelas 93 y 94, Florit manifestó que no estaba en conocimiento de ninguna denuncia pero que se comunicaría con autoridades regionales. También en el correr de la tarde de ayer, para responder a las denuncias, se comunicó con este cronista la Inspectora Departamental de Florida, Rosario Cora. En primer lugar, expresó contrariada que los reclamos en cuestión deberían hacerse frente a la Inspección. En segundo lugar, comentó que no puede aceptar que se diga que nadie se hace cargo de los problemas, "porque algo se hace".
Acerca de la escuela 93, dijo que ya se la ha incluido en los planes de OSE para una nueva perforación. A propósito de la escuela 94, indicó que Mecaep realizó obras, y que ella se pondrá en contacto con los arquitectos responsables. Agregó que esa escuela está recibiendo partidas mensuales para comprar agua para beber, como también se destinarán en breve a la escuela 94.
De acuerdo con la información oficial, la cobertura de agua potable que brinda OSE es de un 98% a nivel nacional. Un programa especial es el de abastecimiento a pequeñas localidades y escuelas que se encuentran en el medio rural aislado y disperso. En la web del ente se afirma que "si bien ello significa aumentar la cobertura total en tan sólo un 1%, es prioritario ya que significará mejorar la calidad de vida de la población más vulnerable". Pese a esto, siguen presentándose denuncias por falta de agua o por focos de contaminación en escuelas del Interior. En la edición de ayer de esta sección de El País, se informó en concreto que en dos escuelas rurales de Río Negro se carece de agua potable debido a la contaminación de los pozos, mientras hay otros tres centros educativos sujetos a evaluaciones.
En la escuela 61 de Nueva Mehlem, los análisis determinaron la presencia de coliformes fecales en el pozo de agua. Y en la 29 de Portones de Haedo "el agua sale en apariencia limpia pero con olor nauseabundo", como reconoció la inspectora Celeste Cruz. En este último caso, los padres de los alumnos vienen denunciando la situación desde 2007.
MÁS PROBLEMAS. Otras dos denuncias que plantean problemas similares en escuelas rurales de Florida, llegaron ayer a la redacción de El País a través de informes del diputado nacionalista José Andrés Arocena. En un documento enviado al Presidente de la Cámara de Representantes, Jorge Orrico, para que dé trámite a una exposición escrita dirigida al Ministerio de Educación y Cultura y a la Anep, se dice que "desde el año 2006, la escuela N° 94 denominada Arroyo de los Negros se encuentra con su pozo de agua totalmente contaminado. Hasta el momento, y tras varias gestiones, no se ha obtenido respuesta alguna de Anep".
En la segunda exposición escrita, se denuncia por su parte que "la comisión de padres de la escuela rural N° 93 de Florida nos comunican que desde el año 2005 vienen denunciando que la escuela no tiene agua potable y que nadie -absolutamente nadie- se hace cargo del problema, ni siquiera de intentar dar un aviso de MENSAJE RECIBIDO". En este caso se solicita que el informe, en el que se incluyen otras demandas llegue a los consejeros del Codicen, a los de la Anep, al Ministro de Educación y Cultura, a la Junta Departamental de Florida y al Consejo de Participación de la Escuela Rural número 93.
Consultado ayer por El País, el consejero de Primaria, Héctor Florit, explicó que en Uruguay hay 1.100 escuelas rurales y que por año se trabaja en obras de 50 pozos de agua. Agregó que los controles de potabilidad se efectúan anualmente y cuando sea necesario si hay informes técnicos que indiquen que la potabilidad está comprometida.
En cuanto a la situación crítica de las escuelas 93 y 94, Florit manifestó que no estaba en conocimiento de ninguna denuncia pero que se comunicaría con autoridades regionales. También en el correr de la tarde de ayer, para responder a las denuncias, se comunicó con este cronista la Inspectora Departamental de Florida, Rosario Cora. En primer lugar, expresó contrariada que los reclamos en cuestión deberían hacerse frente a la Inspección. En segundo lugar, comentó que no puede aceptar que se diga que nadie se hace cargo de los problemas, "porque algo se hace".
Acerca de la escuela 93, dijo que ya se la ha incluido en los planes de OSE para una nueva perforación. A propósito de la escuela 94, indicó que Mecaep realizó obras, y que ella se pondrá en contacto con los arquitectos responsables. Agregó que esa escuela está recibiendo partidas mensuales para comprar agua para beber, como también se destinarán en breve a la escuela 94.
Contaminación de agua subterránea
La maestra inspectora departamental de Florida, Rosario Cora, comentó a El País que hay que discernir si la contaminación se suscita en los pozos de las escuelas rurales o ya está en el agua de la región. Los técnicos recuerdan que las napas son capas de agua subterránea ubicadas a diferentes alturas en el perfil del subsuelo. Estas son susceptibles de ser alcanzadas por contaminantes de diversa naturaleza: orgánicos o inorgánicos. La contaminación de las napas implica complejos mecanismos de transporte de los contaminantes, por ejemplo pesticidas. Los expertos señalan que la contaminación puede provenir de una mala ubicación o construcción de pozos ciegos, y por el vertido de aguas residuales. También, debido a trabajos agrícolas y ganaderos que llevan a la filtración agroquímicos en general. La disposición de la basura sin el empleo de las tecnologías apropiadas puede ser otra causa. En páginas especializadas se dice que hay dos modos de contaminación. Directa: cuando la sustancia contaminante ingresa directamente en el acuífero. O indirecta: por entrada de aguas impuras a través de pozos negros, canales y ríos contaminados o cloacas.
El País Digital
Actividades de la "burrocracia".
Niños argentinos en informe de la ANEP
Las fotos simulan ser de las escuelas rurales uruguayas |
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LETICIA COSTA DELGADO
"Más de 28.000 niños y adolescentes asisten a escuelas y educación media
rural", reza cuasi con orgullo un artículo difundido esta semana por la
Administración Nacional de Educación Pública (ANEP). Ilustrando la nota
aparecen seis niños corriendo risueños por un camino rural. No tienen
moña. Son argentinos, o al menos no son uruguayos.
La misma imagen ilustra la nota "Alumnos de escuelas rurales de Bahía Blanca no van a clase por falta de transporte", publicada por el sitio digital "Pagina95.com", medio de prensa de aquella localidad argentina.
Unos párrafos más adelante, en la nota de la ANEP, aparece otra foto con niños y funcionarios mirando con solemnidad un pabellón nacional. El pabellón luce los colores celeste y blanco de la bandera argentina. La foto también aparece en una web argentina, esta vez de "FM Ciudad" (emisora de Misiones) en la que se habla sobre proyectos recreativos de escuelas del departamento de San Pedro.
El artículo de la Administración Nacional de Educación Pública fue difundido entre inspectores y funcionarios como parte de la edición de la "Revista de Prensa", boletín que circula por una red de correos electrónicos. Además, fue publicado en el sitio web oficial de la ANEP.
"Para mucha gente puede ser un tema menor. Yo creo que es serio", dijo a El País Robert Silva, ex secretario general del Codicen y asesor de Vamos Uruguay. "Es un tema de trascendencia porque en la página oficial de la principal autoridad educativa del país se publica una foto de niños argentinos en un acto patrio con la bandera argentina", cuestionó.
Para el exjerarca es una falta de profesionalismo (las imágenes aparecen en el buscador de Google). En su opinión, la nota debería ser retirada del sitio oficial.
La misma imagen ilustra la nota "Alumnos de escuelas rurales de Bahía Blanca no van a clase por falta de transporte", publicada por el sitio digital "Pagina95.com", medio de prensa de aquella localidad argentina.
Unos párrafos más adelante, en la nota de la ANEP, aparece otra foto con niños y funcionarios mirando con solemnidad un pabellón nacional. El pabellón luce los colores celeste y blanco de la bandera argentina. La foto también aparece en una web argentina, esta vez de "FM Ciudad" (emisora de Misiones) en la que se habla sobre proyectos recreativos de escuelas del departamento de San Pedro.
El artículo de la Administración Nacional de Educación Pública fue difundido entre inspectores y funcionarios como parte de la edición de la "Revista de Prensa", boletín que circula por una red de correos electrónicos. Además, fue publicado en el sitio web oficial de la ANEP.
"Para mucha gente puede ser un tema menor. Yo creo que es serio", dijo a El País Robert Silva, ex secretario general del Codicen y asesor de Vamos Uruguay. "Es un tema de trascendencia porque en la página oficial de la principal autoridad educativa del país se publica una foto de niños argentinos en un acto patrio con la bandera argentina", cuestionó.
Para el exjerarca es una falta de profesionalismo (las imágenes aparecen en el buscador de Google). En su opinión, la nota debería ser retirada del sitio oficial.
El País Digital
El día antes de la renuncia: Baráibar enfrenta (SOLO) la protesta que usurpó el honesto nombre de los indignados
El embajador Julio Baráibar y manifestantes en la puerta de la Torre Ejecutiva. Foto: Nicolás Celaya
Plaza del entrevero
Movida de indignados por la inseguridad en un marco de enredo partidario y con abundancia de exabruptos.
En
un momento la escena frente a la Torre Ejecutiva era singularmente
extraña. Un grupo de “indignados” cortó la calle al grito de “Bonomi,
inepto, vos sos culpable de esto”, a pocos metros de la esposa del
ministro del Interior, la diputada Susana Pereyra, del Movimiento de
Participación Popular.
Como era de esperar, ella fue una de las caras visibles del Frente Amplio que se quedaron en la plaza Independencia y no cruzaron hasta el edificio presidencial, donde finalmente le fue entregada una carta a José Mujica. La recibió el director general de Presidencia, Diego Pastorín, pocos minutos después de que el embajador itinerante Julio Baráibar mantuvo un cruce con manifestantes, en la puerta del edificio.
Del lado de la calle por el que optó la esposa de Bonomi, también se quedaron los diputados emepepistas Aníbal Pereyra, Ivonne Passada y Alejandro Sánchez, el socialista Julio Bango, el sociólogo Gustavo Leal -que durante el día argumentó por diferentes vías a favor de concurrir- y referentes de la corriente Articulación del PIT-CNT, como Fernando Pereira, Héctor Castellano, Fernando Gambera y Gustavo Signorelli. También estuvieron los diputados blancos Pablo Abdala y Álvaro Delgado, y el colorado Fernando Amado.
“Sabíamos que esto podía ser una movida de Vamos Uruguay y terminó siendo; vinimos a manifestarnos contra la violencia y resultó ser otra cosa”, evaluó Aníbal Pereyra al final de la actividad. Amado, sin embargo, negó que el sector haya estado en la organización y tomó distancia del modo como se desarrolló la dinámica: “No podemos copiar lo peor de los argentinos; el ‘que se vayan todos’ no sirve para nada. Los fanatismos siempre son malos”.
La encargada de leer la proclama fue la diseñadora gráfica Romana Ferrer, que en todo momento reconoció su pertenencia a Vamos Uruguay, al punto de que en el sitio web del Congreso Ideológico del Partido Colorado aparecen varios textos firmados por ella.
Ferrer intentaba leer la proclama frente a las cámaras y los flashes, con un megáfono que no funcionaba bien. A dos metros de ella se escuchaban más las interrupciones de los manifestantes que el intento de lectura. Ahí se pudo oír gritos del estilo “Bonomi tiene guardaespaldas”, “lo echaste a Paternain por dar las cifras correctas” o “derechos humanos para el laburante” y cánticos que iban por el lado de “que se vayan todos”, “no más muertes”, “que den la cara”, “andate Bonomi, sos un inservible” hasta un llamativo “el pueblo unido jamás será vencido”. “Sí, ése lo usaban ellos, pero ahora la tortilla se dio vuelta y es nuestro”, comentó una mujer.
En un momento la polémica se instaló en torno a qué tipo de cosas convenía exclamar. Un muchacho con gorra gritó: “Mataste a un policía por la espalda; tenés que irte, Bonomi”. De inmediato lo corrigieron: “No se puede decir barbaridades porque no nos van a tomar en serio”. Luego el primero volvió a gritar, pero generalidades: “Tupamaros asesinos”, vociferó. Unos minutos después se escuchó un “afuera, putos”, y el mismo corrector sugirió: “Putos no, asesinos”.
Una mujer un poco mayor que él llevaba otro cartel que decía: “El gobierno muerde la mano que le da de comer”. Al lado, un muchacho exhibía otro que indicaba: “Los asesinos no preguntan de qué partido sos”. La velada también tuvo toques de patriotismo: se cantó el Himno Nacional -en este caso el énfasis estuvo en el “sabremos cumplir” y no en el “tiranos temblad”- y las banderas de Uruguay fueron, por lejos, mayoritarias. Un hombre de unos 40 años llevaba una en los hombros y repetía incesantemente: “Pagamos impuestos, pagamos impuestos”.
A su lado, otro filmaba la escena con una cámara de mano y ensayaba una especie de manifiesto para “subir a Youtube”, según explicaría más tarde. “Somos ciudadanos dignos en mano de una ola delictiva que ya no se soporta”, se declaraba, por lo pronto, a sí mismo. Una señora con lágrimas en los ojos decía: “Nunca pensé venir a una marcha de éstas. Pero verlo así en la tele me impactó..., un padre de familia con cinco hijos. Podrían ser mis nietos”.
-Cuando agarren a ese asesino [de La Pasiva] lo tienen que meter toda la vida adentro, porque fue una vida lo que quitó. Yo digo que hay que armarse; vivo al lado de La Pasiva y no se puede vivir.
-Lo que pasa es que después hay que bancarlos toda la vida, les terminamos pagando la comida 50 años. Hay que matarlos; pena de muerte. Si ponés pena de muerte vas a ver que no hacen cualquier cosa.
Otra opción que manejaron al menos dos entrevistados consistía en “mandarlos aislados a la Isla de Flores”. “Pero sin gastar plata, que coma el que pesca y el que no pesca que no coma”, propuso un señor de 62 años que luego fundamentaría su estado de congoja diciendo: “Vos, botija, porque no conociste el Uruguay que yo conocí”.
Los organizadores evaluaron positivamente la concurrencia, pero algunos esperaban más gente. Por ejemplo, una señora argentina se mostró visiblemente molesta con la participación: “Allá cuando pasó lo de [Juan Carlos] Blumberg salimos todos. El uruguayo no sale, se queda mirando por la tele”, reflexionó. Ella no está de acuerdo con la iniciativa de la pena de muerte que plantearon otros “indignados”. “Sí quiero que haya más dureza para castigar, pero matarlos no. Yo soy cristiana", respondió.
Como era de esperar, ella fue una de las caras visibles del Frente Amplio que se quedaron en la plaza Independencia y no cruzaron hasta el edificio presidencial, donde finalmente le fue entregada una carta a José Mujica. La recibió el director general de Presidencia, Diego Pastorín, pocos minutos después de que el embajador itinerante Julio Baráibar mantuvo un cruce con manifestantes, en la puerta del edificio.
Del lado de la calle por el que optó la esposa de Bonomi, también se quedaron los diputados emepepistas Aníbal Pereyra, Ivonne Passada y Alejandro Sánchez, el socialista Julio Bango, el sociólogo Gustavo Leal -que durante el día argumentó por diferentes vías a favor de concurrir- y referentes de la corriente Articulación del PIT-CNT, como Fernando Pereira, Héctor Castellano, Fernando Gambera y Gustavo Signorelli. También estuvieron los diputados blancos Pablo Abdala y Álvaro Delgado, y el colorado Fernando Amado.
“Sabíamos que esto podía ser una movida de Vamos Uruguay y terminó siendo; vinimos a manifestarnos contra la violencia y resultó ser otra cosa”, evaluó Aníbal Pereyra al final de la actividad. Amado, sin embargo, negó que el sector haya estado en la organización y tomó distancia del modo como se desarrolló la dinámica: “No podemos copiar lo peor de los argentinos; el ‘que se vayan todos’ no sirve para nada. Los fanatismos siempre son malos”.
La proclama y los gritos
Durante las dos horas que duró la concentración se escuchó de todo, pero lo central fue un texto de dos carillas y media que había circulado durante la tarde en las redes sociales. Allí se solicitaba que el gobierno tome medidas para “defender a los trabajadores honestos”. “Queremos vivir en paz, trabajar, producir, tener y criar a nuestros hijos, sentirnos parte del mismo país para todos, recrear un país vivible”.La encargada de leer la proclama fue la diseñadora gráfica Romana Ferrer, que en todo momento reconoció su pertenencia a Vamos Uruguay, al punto de que en el sitio web del Congreso Ideológico del Partido Colorado aparecen varios textos firmados por ella.
Ferrer intentaba leer la proclama frente a las cámaras y los flashes, con un megáfono que no funcionaba bien. A dos metros de ella se escuchaban más las interrupciones de los manifestantes que el intento de lectura. Ahí se pudo oír gritos del estilo “Bonomi tiene guardaespaldas”, “lo echaste a Paternain por dar las cifras correctas” o “derechos humanos para el laburante” y cánticos que iban por el lado de “que se vayan todos”, “no más muertes”, “que den la cara”, “andate Bonomi, sos un inservible” hasta un llamativo “el pueblo unido jamás será vencido”. “Sí, ése lo usaban ellos, pero ahora la tortilla se dio vuelta y es nuestro”, comentó una mujer.
En un momento la polémica se instaló en torno a qué tipo de cosas convenía exclamar. Un muchacho con gorra gritó: “Mataste a un policía por la espalda; tenés que irte, Bonomi”. De inmediato lo corrigieron: “No se puede decir barbaridades porque no nos van a tomar en serio”. Luego el primero volvió a gritar, pero generalidades: “Tupamaros asesinos”, vociferó. Unos minutos después se escuchó un “afuera, putos”, y el mismo corrector sugirió: “Putos no, asesinos”.
Los carteles
En uno de ellos se podía leer: “Nos invaden, nos atacan, nos matan, nos envenenan a nuestros hijos. ¿Dónde están los guerrilleros del pueblo?”. El señor que lo portaba, de unos 50 años, les explicaba a todos los que se acercaban que no pertenecía a ningún partido y que su único propósito era “que despierten los gobernantes”.Una mujer un poco mayor que él llevaba otro cartel que decía: “El gobierno muerde la mano que le da de comer”. Al lado, un muchacho exhibía otro que indicaba: “Los asesinos no preguntan de qué partido sos”. La velada también tuvo toques de patriotismo: se cantó el Himno Nacional -en este caso el énfasis estuvo en el “sabremos cumplir” y no en el “tiranos temblad”- y las banderas de Uruguay fueron, por lejos, mayoritarias. Un hombre de unos 40 años llevaba una en los hombros y repetía incesantemente: “Pagamos impuestos, pagamos impuestos”.
A su lado, otro filmaba la escena con una cámara de mano y ensayaba una especie de manifiesto para “subir a Youtube”, según explicaría más tarde. “Somos ciudadanos dignos en mano de una ola delictiva que ya no se soporta”, se declaraba, por lo pronto, a sí mismo. Una señora con lágrimas en los ojos decía: “Nunca pensé venir a una marcha de éstas. Pero verlo así en la tele me impactó..., un padre de familia con cinco hijos. Podrían ser mis nietos”.
Las opiniones
Una coincidencia entre los “indignados” parecería ser la necesidad de aumentar las penas y de calificar como muy negativa la gestión del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay. Sin embargo, después surgían matices en cuanto a qué tipo de pena merecería, por ejemplo, la persona que mató al trabajador de La Pasiva, y por eso se daban diálogos como éstos:-Cuando agarren a ese asesino [de La Pasiva] lo tienen que meter toda la vida adentro, porque fue una vida lo que quitó. Yo digo que hay que armarse; vivo al lado de La Pasiva y no se puede vivir.
-Lo que pasa es que después hay que bancarlos toda la vida, les terminamos pagando la comida 50 años. Hay que matarlos; pena de muerte. Si ponés pena de muerte vas a ver que no hacen cualquier cosa.
Otra opción que manejaron al menos dos entrevistados consistía en “mandarlos aislados a la Isla de Flores”. “Pero sin gastar plata, que coma el que pesca y el que no pesca que no coma”, propuso un señor de 62 años que luego fundamentaría su estado de congoja diciendo: “Vos, botija, porque no conociste el Uruguay que yo conocí”.
Los organizadores evaluaron positivamente la concurrencia, pero algunos esperaban más gente. Por ejemplo, una señora argentina se mostró visiblemente molesta con la participación: “Allá cuando pasó lo de [Juan Carlos] Blumberg salimos todos. El uruguayo no sale, se queda mirando por la tele”, reflexionó. Ella no está de acuerdo con la iniciativa de la pena de muerte que plantearon otros “indignados”. “Sí quiero que haya más dureza para castigar, pero matarlos no. Yo soy cristiana", respondió.
Para esto si hay tiempo y no "estorba a las internas"
Pit-Cnt: debate por designación de Castillo a OIT
El candidato a presidir el FA integra delegación a Ginebra
El nombramiento del sindicalista y candidato a la presidencia del Frente
Amplio, Juan Castillo, como representante del Pit-Cnt en la próxima
asamblea de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que tendrá
lugar a fines de mayo en Ginebra, Suiza, levantó polvareda en la central
de trabajadores.
El martes 15 durante la reunión del Secretariado Ejecutivo del Pit-Cnt los representantes de Articulación (moderados), Partido Comunista (PCU) y de la Agrupación 41 (estatales) intercambiaron reproches por el reparto de "responsabilidades políticas" recientes. Tres viajes (Cuba, Venezuela y Suiza) y el discurso del 1° de mayo fueron el detonante de un duro intercambio entre sectores.
Un dirigente de Articulación cuestionó al PCU por la presencia del dirigente comunista Jorge Bermúdez en el acto del 1° de mayo en Venezuela. Ayer Bermúdez estaba en México.
Fernando Pereira, uno de los líderes de Articulación, que también estará en Ginebra, participó del acto del 1° de mayo en La Habana, Cuba.
A esto se sumó el reclamo de la Agrupación 41 que planteó que no tuvo representantes en la oratoria del 1° de mayo. Pusieron énfasis en la necesidad de contar con un estatal en la asamblea de la OIT.
En ese momento Richard Read, integrante de Articulación, se sumó inesperadamente a los estatales y propuso que la dirigente de Salud Pública, Beatriz Fajián, se sumara a la delegación, lo que fue aprobado.
Sin embargo, al consultar al Ministerio de Trabajo se les dijo que los pasajes ya estaban comprados y que no había forma de cambiarlos, según confirmó un dirigente estatal.
La asamblea de la OIT tratará la denuncia que plantearon los sindicatos de la Administración Central (COFE) en reclamo de mejoras en la negociación colectiva. Los estatales pretendían que la representación ante la OIT fuera encarada por el dirigente de AFE, Jorge Cajigas.
Está previsto que el ministro de Trabajo, Eduardo Brenta, tenga ocasión de realizar un discurso "importante" en la asamblea de la OIT, según consignaron fuentes sindicales. Los dirigentes que cuestionan la delegación encabezada por Castillo, sostienen que el ministro pretende mostrar que tiene el apoyo de los sindicalistas y las cámaras empresariales.
En ese sentido, las fuentes sindicales consultadas aseguraron que "la relación con el ministro Brenta está cada vez peor". Por otro lado, se maneja que el Ministerio de Trabajo intentará llegar a la asamblea con un acuerdo entre el Pit-Cnt y las cámaras sobre la ultractividad de los convenios.
El martes 15 durante la reunión del Secretariado Ejecutivo del Pit-Cnt los representantes de Articulación (moderados), Partido Comunista (PCU) y de la Agrupación 41 (estatales) intercambiaron reproches por el reparto de "responsabilidades políticas" recientes. Tres viajes (Cuba, Venezuela y Suiza) y el discurso del 1° de mayo fueron el detonante de un duro intercambio entre sectores.
Un dirigente de Articulación cuestionó al PCU por la presencia del dirigente comunista Jorge Bermúdez en el acto del 1° de mayo en Venezuela. Ayer Bermúdez estaba en México.
Fernando Pereira, uno de los líderes de Articulación, que también estará en Ginebra, participó del acto del 1° de mayo en La Habana, Cuba.
A esto se sumó el reclamo de la Agrupación 41 que planteó que no tuvo representantes en la oratoria del 1° de mayo. Pusieron énfasis en la necesidad de contar con un estatal en la asamblea de la OIT.
En ese momento Richard Read, integrante de Articulación, se sumó inesperadamente a los estatales y propuso que la dirigente de Salud Pública, Beatriz Fajián, se sumara a la delegación, lo que fue aprobado.
Sin embargo, al consultar al Ministerio de Trabajo se les dijo que los pasajes ya estaban comprados y que no había forma de cambiarlos, según confirmó un dirigente estatal.
La asamblea de la OIT tratará la denuncia que plantearon los sindicatos de la Administración Central (COFE) en reclamo de mejoras en la negociación colectiva. Los estatales pretendían que la representación ante la OIT fuera encarada por el dirigente de AFE, Jorge Cajigas.
Está previsto que el ministro de Trabajo, Eduardo Brenta, tenga ocasión de realizar un discurso "importante" en la asamblea de la OIT, según consignaron fuentes sindicales. Los dirigentes que cuestionan la delegación encabezada por Castillo, sostienen que el ministro pretende mostrar que tiene el apoyo de los sindicalistas y las cámaras empresariales.
En ese sentido, las fuentes sindicales consultadas aseguraron que "la relación con el ministro Brenta está cada vez peor". Por otro lado, se maneja que el Ministerio de Trabajo intentará llegar a la asamblea con un acuerdo entre el Pit-Cnt y las cámaras sobre la ultractividad de los convenios.
El País Digital
Confrontación sobre las FFAA: troglodita Batlle vs. "peruanismo" militar del MPP (Topolansky)
Batlle: "Topolansky piensa en un golpe de Estado"
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La senadora dijo que la pasta base ingresó en gobierno de Batlle
Un nuevo enfrentamiento, tuvo lugar ayer, entre el oficialismo y la
oposición, por declaraciones de la senadora Lucía Topolansky (MPP) sobre
la inseguridad y la pasta base.
La primera dama y senadora dijo en declaraciones a La República que la
pasta base que "entró durante el gobierno de Jorge Batlle" es el
principal problema en la inseguridad. Más tarde, manifestó a radio Carve
que "la pantalla chica" es la que influye en muchos de los delitos que
se cometen a diario.
El exmandatario colorado no tardó en responder a las afirmaciones de
Topolansky. "La señora senadora está delirando al decir poco menos que
yo soy el culpable de lo que está sucediendo en la calle hoy", dijo
Batlle a El País. Además recordó que en declaraciones que hizo a la
agencia de noticias Télam en Buenos Aires, Topolansky dijo que había que
tener Fuerzas Armadas "fieles" al proyecto del Frente Amplio (FA).
"Parecería que con estas afirmaciones la señora piensa en un golpe de
Estado, puesto que está en el gobierno con la presidencia en manos de su
esposo (José Mujica) y con la mayoría parlamentaria por el voto del
pueblo. No precisó de las armas de la guerrilla para llegar al gobierno,
o sea que esa afirmación hace pensar en el extravío que tiene la
senadora", enfatizó el expresidente.
Batlle insistió en que Topolansky "está angustiada porque el gobierno de su marido no va para adelante ni para atrás".
El expresidente remarcó que la impresión colectiva es que "si no fuera
porque la economía internacional favorece, la situación del país sería
insostenible". Según el expresidente, las ventajas logradas en los
últimos siete años en materia económica deberían haber mejorado la
seguridad, pero "en vez de que eso sucediera, se empeoró, al extremo de
hacerse insoportable. O sea que esto es el fruto del Frente Amplio",
indicó.
Para Batlle, la coalición de izquierda sostiene que "todo va
fantásticamente bien" y "son ellos los que tienen que decir qué hacer
para mejorar la seguridad. Si no saben, entonces que le pregunten a los
dirigentes colorados", indicó.
Batlle opinó que el problema de la seguridad nació en la administración
del expresidente Tabaré Vázquez, con "la tesis ideológica, en donde se
dice que la culpable es la sociedad y ese es el mensaje que ha dañado",
puntualizó.
El exmandatario recordó que la ministra de Desarrollo Social durante el
gobierno de Vázquez, Marina Arismendi, dijo en oportunidad de un motín
en la Colonia Berro: "no toquen a mis chiquitos".
"No toquen a mis niños. Ese es el mensaje que le han mandado desde el
gobierno de Vázquez a los que delinquen y por eso ahora tenemos este
resultado", aseguró.
Batlle cuestionó las medidas de reestructura adoptadas por el Ministerio
del Interior, a las que considera un "desmantelamiento de la Policía".
Dijo que "la sustitución permanente, la falta de confianza y la relación
con el mando se alteró. La Policía se siente abrumada por la irracional
conducta de los superiores", afirmó.
Más allá de sus críticas, Batlle sostuvo que el ministro del Interior,
Eduardo Bonomi, "no debe renunciar", sino que debe "tomar medidas" para
combatir la inseguridad.
Batlle: "Topolansky está delirando al decir que soy el culpable de la inseguridad".
Topolansky: "La pasta base que entró en el gobierno de Batlle es la causa de los delitos".
El País Digital
Violencia, oportunismo electoral y pornografía mediática
En reiteración real
Escrito por:
Daniel Erosa
La moda de la indignación –aunque sea legítima– no
está dejando espacio a la mínima reflexión. Sobre todo cuando ese
sentimiento deriva –además de la reiteración pornográfica de las
imágenes del asesinato del empleado de La Pasiva– de la manipulación
política y comercial de la información.
Estamos intoxicados de miedo, de sobreexposición al morbo y además
somos víctimas del oportunismo político-electoral que ha decidido usar
la seguridad pública como caballito de batalla y azuzar el terror. El
gobierno, despistado como sordo en tiroteo, tiró hipótesis al tuntún y
pidió datos a los periodistas, aumentando el desconcierto y desconfiando
del trabajo de la Policía, que por otra parte actuó con eficacia en
este caso, apresando a los responsables en tiempo récord.
Y cuando la alarma pública se desata, las reacciones se amontonan: la
"gente" sale a la calle a pedir que se "vayan todos", que ruede la
cabeza de algún ministro, que saturen la ciudad de policías, que alguien
se haga responsable, que alguien le dé una razón a la sinrazón de la
violencia en que estamos inmersos. Los hechos suceden, son horribles,
descorazonadores, desgarradores, incomprensibles; actos cometidos al
margen de los valores y los códigos mínimos de la convivencia. Pero la
forma en que se presentan a la opinión pública no es inocua. Sólo hay
que pensar en los grados de "indignación" que produjo el apaleamiento
hasta la muerte de una perra hace algunos meses –mostrada hasta el
cansancio en todos los canales– y la pasividad con que aceptamos la
aparición de una mujer decapitada por su ex pareja o el homicidio de
cuatro transexuales, o toda la larga lista de mujeres y niños asesinados
intramuros por hombres desquiciados de violencia doméstica.
Por otro lado, la velocidad de las noticias muchas veces distorsiona
la realidad, la fragmenta y la esconde. Pero la tentación de escribir
todos los días el guión de un reality macabro –alimentado con escenas
registradas por cámaras de seguridad– termina siendo adictiva para los
canales y alienante para la población. Luego los mismos ciudadanos que
reclaman el fin de la violencia proponen cadenas perpetuas, penas de
muerte, más bajas en la edad de la imputabilidad, defienden la justicia
por mano propia y el ojo por ojo... El sociólogo Luis Eduardo Morás dijo
a Brecha: "Se dice que la delincuencia actual ha roto los códigos; pero
también los medios rompieron todos los códigos al representar 48 veces
(según medición de Foco) las imágenes del cruel asesinato. Resulta un
espectáculo que se regodea en el dolor y la irracionalidad y que nada
aporta a la información de los ciudadanos; que no es pedagógico (por el
contrario estimula la notoriedad y suceso de los autores) ni terapéutico
para la familia de la víctima ni para la sociedad en su conjunto. Al
contrario: reafirma las peores reacciones de las personas y sólo sirve
para mejorar las mediciones de audiencia, lucrando con la desgracia y el
miedo".
Claro que no es culpa de ningún canal de televisión que un individuo
entre a un bar y sin mediar palabra mate al empleado que lo va a
atender. Pero la reiteración real de las imágenes sí parece implicar
alguna responsabilidad en el caos que se describe y se reclama corregir.
Tampoco es culpa de ningún político, pero si un episodio desgraciado
como este se utiliza como un cencerro para llevar a la majada
horrorizada hacia el propio redil, eso sí resulta indignante e inútil
para resolver el problema de fondo. Jaquear al gobierno por ese camino
implica debilitar a todo el sistema político dando signos de
ingobernabilidad respecto a un sector pequeño de la sociedad que aterra
al resto mostrándose dispuesto a matar a sangre fría por cualquier cosa.
Según Morás hay falta de grandeza en el sistema político para
reconocer que las medidas que se implementaron desde 1995 con la ley de
seguridad ciudadana –votada por unanimidad– no dieron los resultados
esperados. "Falta liderazgo para decirle a la ciudadanía que los
procesos de recomposición social son largos y que sea quien fuere que
esté en el gobierno no existen soluciones fáciles para problemas
complejos. Se necesita un gran acuerdo político que tiene que involucrar
a múltiples actores (como los medios de comunicación) para detener el
deterioro social. Claro que esta posibilidad es absolutamente utópica
dado el capital político que brinda mostrar una postura de firmeza
frente al delito y la creciente electoralización del tema."
Para el sociólogo, alguien tendría que decirle a la gente que pide
leyes y penas más duras que la cantidad de presos existente hace
ingobernable al sistema, imposibilita cualquier intento de
rehabilitación y devuelve a la sociedad un individuo en peores
condiciones de las que entró. Y que además esa violencia empieza a
extenderse hacia afuera de los muros carcelarios: por la vía de la
creciente corrupción, por medio de los ajustes de cuentas, por la
extensión de una subcultura carcelaria que se extiende a determinados
barrios y grupos sociales. "Tenés que tirar para que te respeten", dijo
convencido de su propia lógica el homicida de 17 años ante el juez.
Matar para conseguir respeto, matar como un acto banal para obtener
dinero e ir a comprar championes carísimos a un shopping. Sin
resentimiento ni remordimientos ni sentimientos de culpa. El vacío.
"Alguien tendría que decirle a la gente que el desprecio a la vida que
muestran los delincuentes también los incluye a ellos, y que la amenaza
de más años de cárcel no está funcionando como disuasora del delito
violento. Se trata de ganar o perder. Un dato de la Jefatura de
Montevideo dice que el 45 por ciento de las rapiñas en la capital son
por menos de 500 pesos; la rapiña no es excarcelable y se paga con un
mínimo de cuatro años en cárceles infernales", reflexiona Morás.
Todavía no está claro si el caso de La Pasiva fue un violento robo o
un asesinato por encargo que salió mal.* Pero lo cierto es que conmovió a
toda la sociedad. Pareciera que ya no hace falta resistirse al robo
para terminar muerto. Según explica Morás, cuando ocurre un hecho así,
particularmente grave e incomprensible, surge como primera lectura que
lo extraordinario en realidad puede estar formando parte de una
tendencia ya firmemente instalada. La conmoción por el caso del asesino
cuádruple Pablo Borrás en Colonia hace unos años, por ejemplo, alimentó
la idea de la existencia de otros criminales seriales; el homicidio por
una gorra en las afueras del Montevideo Shopping generó la preocupación
sobre la supuesta proliferación de bandas armadas dispuestas a matar por
nada y la llegada al país de las "maras". Sin embargo, nada de eso
ocurrió. Lo que sí ocurre y es real "es que hay una mayor violencia y
letalidad por el uso de las armas en las rapiñas recientes. Esto fue
advertido hace poco por la propia Policía, que auguraba que los cambios y
las mejoras en el patrullaje podía generar delitos más breves y
violentos". Además, el insistente discurso que defiende el uso de armas
para autodefensa estaría teniendo un efecto bumerán, expresado en la
actitud de los delincuentes que juegan al todo o nada.
Presa del miedo y de esa sensación de que nadie puede con los
delincuentes, parte de la sociedad reclama mano dura, más controles y
más presencia policial, aunque eso implique recortes en las libertades
individuales de todos. Según Morás, "la gente se dispone a renunciar a
parcelas cada día más grandes de libertad –porque cree que ella no será
afectada directamente–, procurando mayor seguridad frente al delito. Un
camino peligroso que resulta absolutamente ineficaz para responder al
problema y cuyas consecuencias terminan afectando a toda la sociedad".
La fractura social se evidencia en forma aberrante en este caso. Pero
ni la politiquería barata, ni el tartamudeo oficial, ni la sed de
venganza parecen caminos eficientes para reconstruir la confianza que se
necesita para vivir en comunidad. n
* Una hipótesis que maneja la Policía implica a una ex empleada de
La Pasiva que habría contratado a los jóvenes para matar al encargado
del local, con quien había tenido un problema, y el matador equivocó al
destinatario de los disparos.
En manos propias
Daniel Gatti
Hay cosas que cuesta comprender. Una: aunque suene fácil decirlo con
el diario del martes, prever que el lunes la concentración de la plaza
Independencia iba a terminar en lo que terminó, no parecía propio de
"pitonisos". El lugar elegido para la manifestación, los convocantes, la
manija y la campaña previa, la amplificación de "los medios" a la
convocatoria "surgida de las redes sociales" –ya suena a latiguillo–
daban a entender que lo que se iba a ver y escuchar allí era lo que
finalmente se vio y se escuchó: consignas fascistoides, energumeneces
varias. Puede haber sorprendido la pequeñez de la concentración, no así
el tono. Pero el mismo lunes, o casi, hubo llamados por izquierda a "ir a
la plaza" para "no dejar el tema de la seguridad a la derecha". Parecía
inteligente. Tal vez no lo fuera tanto.
Dos: Hay constantes a esta altura en la izquierda gobernante que por
lo menos parecen sorprendentes. Sorprende, por ejemplo, cómo ha ido
mimetizando el lenguaje, deslizándose de unas ideas a otras, de unas
palabras a otras, asumiendo como propio lo notoriamente ajeno, a medida
que ha ido avanzando y consolidándose en la gestión. Tal vez sea natural
esa evolución, un signo de madurez. Acaso no sea más que una
constatación de fracaso, de una incapacidad para cambiar en serio "la
realidad de las cosas", para construir aquello que un siglo atrás uno de
sus más inteligentes exponentes llamara "hegemonía".
***
Cuando la izquierda en el gobierno habla hoy de "construir
consensos", raramente le viene a uno aquella frase que Nanni Moretti
pusiera en boca de su álter ego Michele Apicella: "decime algo de
izquierda". Piensa más bien en qué vuelta va a encontrar para terminar
asumiendo, al menos en el lenguaje, los conceptos del otro. De las
políticas sociales, que a menudo penan para diferenciarse del
asistencialismo, al affaire de "los cuatro soldados", de la política de
puertas abiertas –bien abiertas, muy abiertas– a "las inversiones
extranjeras" a la seguridad interna, cuesta encontrar algo en que uno
pueda decir: mirá vos, eso sí. Y no parece ser un problema de (mala)
comunicación. Capaz que también.
Acaso puede rescatar insinuaciones, acentos, intenciones, algún plan,
injusticias menos flagrantes. (Uno rasca y se dice: sin duda es mejor
que lo que había. Y luego piensa: pero se quería algo más. Bastante más.
Y luego reflexiona: es lo que hay, valor. Para dar la vuelta de tuerca
final: joder con esa uruguayez de las uruguayeces.)
***
Cuando se escuchaba decir (antes, tiempo ha: es decir, siete años)
"no hay que politizar" tal tema, "este no es un tema político", "no es
de izquierda ni de derecha", no costaba mucho deducir que aquel o
aquella que eso decía era sin duda alguien de derecha. Era lo bueno de
los tiempos en que algunas cosas estaban claras. No es que uno sienta
nostalgia por las épocas en que el misal se recitaba en clave de libro
rojo, pero resulta que hoy ni aquella certeza queda. Que es como decir:
nada queda. Desde el propio gobierno progresista surge ahora el reclamo
de "no politizar", por ejemplo, el tema de la seguridad, y se generaliza
la afirmación de que las soluciones que a la cuestión se encuentren no
serán "de izquierda ni de derecha". Simplemente serán. Asexuadas,
indefinidas. De sentido común. Que como se sabe es el más "statu
quístico" de los sentidos. Se crea la impresión (¿la ilusión?), por
ejemplo, de que entre el bordaberrismo difuso y la sensibilidad "progre"
hay una síntesis posible. Se omite, por ejemplo, que cuando esa
síntesis se da –en los casi cuatro de cada diez frenteamplistas que
dicen estar dispuestos a votar en favor de la baja de la edad de
imputabilidad, sin ir más lejos–, difícilmente se hace en sentido
progre. Es a esa sensación de revoltijo, de indiferenciación, de
"despolitización" de un tema –serio, jodido, "indignante", más grave hoy
que ayer– que respira "política" por todos lados como el de la
(in)seguridad, que puede haber contribuido el llamado "por izquierda" a
"ir a la plaza".
***
Más que el decir puede preocupar el hacer. De nada valdría proclamar
zurdeces urbi et orbi y borrarlas con el codo en la práctica. Pero
cuando tras siete, ocho años de gobiernos progres quedan tantos pobres
extremos viviendo en las condiciones que viven, confrontados al
bienestar de otros que como nunca se muestra; cuando invariablemente
terminan en cárceles entre las más denigrantes del mundo; cuando nada ha
cambiado en los patrones culturales dominantes –más bien lo contrario–;
cuando desde el propio gobierno rezuma un triunfalismo, un exitismo con
el que los "pichis" no pueden más que comparar su propio fracaso;
cuando "Nike es tu cultura hoy"; cuando se asesina para reventar la
guita en el shopping; cuando hay en la sociedad signos de un malestar
difuso que no se condice con ese exitismo –de la violencia doméstica a
los accidentes de tránsito, de los muertos en el fútbol a la agresividad
cotidiana, de los suicidios récord al despanzurrado espacio público–,
hay algo allí que debería interpelar, según diría algún psicoanalista. Y
convocar a respuestas que deberían ser propias, otras, distintas del
sentido común.
***
Tiempo ha –un siglo: antes de 2005–, cuando algún conspicuo
gobernante decía "la economía va bien", y se complacía: "estamos bien,
nunca nos fue tan bien", y por detrás saltaban los índices de violencia
social, que no bajaban, que aumentaban, a uno le salía el rojo y le
espetaba al gobernante en cuestión su derechez. Hoy nos regodeamos en
citar hasta la saciedad las cifras de la pobreza que baja, la indigencia
que baja, los salarios medios que suben, y repetir hasta convencernos
lo extremadamente difícil que resultará cambiar las condiciones de
existencia del "núcleo duro" de los más pobres de los más pobres. Sin
duda así debe ser. Pero en el mientras tanto, clasemedieros contumaces,
seguimos en la noria que alimenta al monstruo. n
De Brecha
También enviado por Nestor Durante
Desconcierto
Escucha el texto
El lunes en No toquen nada decía que
sentía que la sociedad está desconcertada, que me siento parte del
desconcierto... Este martes, al recapitular algunos hechos de las
últimas horas, creo que entiendo por qué.
Publicado el: 15 de mayo de 2012 a las 12:15 - 180 com.
Por: Joel Rosenberg
El presidente chusmea con los periodistas sobre los datos de un homicidio, solicita que apaguen las cámaras y pide datos.
La presencia de la esposa del ministro del Interior en la marcha es una provocación innecesaria e infantil.
Una marcha apolítica fue convocada por una militante de Vamos Uruguay que leyó una proclama política.
Un informativo que repite 25 veces las
imágenes del homicidio en La Pasiva y el periodista pregunta: “¿no lo
vio?” Y responde: “Se lo vamos a repetir”. Y el replay viene en cámara
lenta.
El ministro que vuelve a dar cifras confusas y frías en momentos calientes.
Escucho un himno perdido en la multitud y gritos violentos de matarlos a todos para parar la violencia.
Leo al senador Pedro Bordaberry que dice
que no va a la concentración para no politizar pero que ya saben de qué
lado está. ¿Del lado de los buenos? ¿Es eso?
El jefe de policía de Montevideo que dice
que cada vez son más los recursos y los jóvenes violentos, pero que no
supieron usar esos recursos para prevenir.
El secretario de Presidencia que informa
sobre posibles resarcimientos a las víctimas cuando hace tres años le
niegan los recursos al Centro de Atención a las Víctimas.
El informativo que vuelve a repetir las
imágenes de La Pasiva, pero ahora agrega que hay un herido grave en el
Cerro, con un balazo en la cabeza.
El diario que multiplica los manifestantes por tres como si eso importara.
Los videos con pruebas para la Justicia que llegan a los medios antes que al juzgado.
La senadora Lucía Topolansky que dice que
la pasta base ingresó en el gobierno de Jorge Batlle con una acusación
indirecta. Batlle que se ríe y habla de senilidad desde la ídem.
Una concentración donde integrantes del
PIT-CNT acusan a los manifestantes de ser colorados y colorados que
acusan a los sindicalistas de ser del Frente Amplio.
Pedidos de pena de muerte.
¿Y las muertes por violencia doméstica? ¿Nadie reclama por esos asesinatos? Quizá porque no están filmados...
Un proyecto de ley para víctimas de delitos que tiene apoyo de todos los partidos pero no un tratamiento urgente.
El informativo ahora dice que el
comerciante del Cerro tiene un balazo en la mano, no en la cabeza, que
está bien, no grave, que no corre peligro.
Mucha confusión.
Uruguayos desaparecidos
Documento de la “Federal” detalla desmantelamiento de la OPR-33
mayo de 2012
Los documentos encontrados
El desmantelamiento de la Organización Popular
Revolucionaria 33 Orientales (OPR-33) de Uruguay, que buscara refugio
tras el golpe de Estado de 1973 enla Argentina, fue desmantelada poco
tiempo después por la represión del vecino país. Un documento
desclasificado de la Policía Federal Argentina, aporta las identidades
de quienes persiguieron a los uruguayos en la vecina orilla, ratificando
una vez más las características internacionales de la denominada
“Operación Cóndor”.
La documentación fue presentada en Buenos Aires porla Mesa Permanente
contra la Impunidaden un proceso por tortura, homicidio y desaparición
forzadad de 128 personas en distintos puntos del país.
“Subversivos” uruguayos y chilenos en Argentina
La OPR-33, de tendencia anarquista, fue perseguida en Argentina
conjuntamente con grupos revolucionarios chilenos, según revela un
documento dirigido ala DirecciónGeneralde Operaciones e Informaciones
–con fecha 15 de setiembre de 1976- donde el comisario inspector Alberto
Baldomero Obregón, detalla seguimientos y detenciones de miembros “ de
las organizaciones subversivas de Uruguay y Chile en Argentina”.
Los capturados pertenecían, además de al OPR-33, a los movimientos trostkistas, “Revolucionario Chileno” y MIR.
El documento afirma que para junio de 1976 se había logrado “el
desbaratamiento total” del movimiento y capturado a los integrantes de
la “conducción central”, entre los que se encontraba Gerardo Gatti,
actualmente desaparecido.
Por el revelador aporte de un documento secreto de la policía federal
Piden la indagatoria de más de 40 ex policías involucrados en el Plan Cóndor
Dirigentes gremiales y políticos de Uruguay presentaron una comunicación de 1976 ante el juez federal Norberto Oyarbide, quien investiga los crímenes del plan de represión regional. Los nombres y el detalle de las “operaciones”.
Por:
Gerardo Aranguren
Gerardo Aranguren
A partir de un revelador documento secreto del
Departamento de Asuntos Extranjeros de la Policía
Federal, el ex detenido uruguayo en Automotores
OrlettiSergio López Burgos presentó un pedido de
indagatoria para más de 40 ex policías por su
participación en la persecución de exiliados uruguayos y
chilenos en el marco del Plan Cóndor. Uno de ellos es el
ex comisario Rolando Oscar Nerone, señalado por Rodolfo
Walsh como agente de la Triple A, que se dedicaba a la
represión de perseguidos políticos latinoamericanos.
El documento y el pedido de indagatoria fue presentado en la causa que investiga el juez federal Norberto Oyarbide por López Burgos junto a los dirigentes gremiales Edgardo Oyenart y Fernando Pereira, Lille Caruso, de la Comisión de la Memoria del Uruguay, y el dirigente del Partido Comunista de ese país, Juan Castillo, candidato a la presidencia del Frente Amplio.
La causa, caratulada “Videla Jorge Rafael y otros s/ Privación Ilegal de la libertad”, investiga más de 160 crímenes contra ciudadanos uruguayos, chilenos y de otros países limítrofes cometidos en suelo argentino a partir de la coordinación represiva conocida como Plan Cóndor, que en Argentina tuvo su sede central en Automotores Orletti. Justamente en la causa por delitos de lesa humanidad en ese centro clandestino de detención, el juez Daniel Rafecas se topó con este documento agregado al legajo de Cayetano Roberto Nacarato.
En este documento, un texto de nueve páginas calificado como secreto, al que tuvo acceso Tiempo Argentino, el comisario retirado Nacarato figura primero en una lista de 43 integrantes de Departamento de Asuntos Extranjeros de la Policía Federal Argentina que participaron en la represión de integrantes de agrupaciones políticas opositoras a las dictadura de Chile y Uruguay.
El texto es una solicitud del comisario inspector Alberto Baldomero Obregón, a cargo del Departamento de Asuntos Extranjeros, para “recompensar” a esos integrantes de la fuerza cuyo trabajo “de inteligencia y operacional” permitió “neutralizar, en forma altamente satisfactoria, la actividad desplegada en nuestro país por distintas organizaciones delictivas de tipo subversivo, con proyecciones nacionales e internacionales”.
La solicitud tiene fecha del 15 de septiembre de 1976 y está dirigida al titular de la Dirección General de Operaciones e Informaciones, el fallecido comisario mayor Carlos Vicente Marcote. Allí Obregón pide el ascenso de sus subordinados, quienes “llevaron adelante un trabajo constante que requirió un esfuerzo que fue más allá de los límites convencionales de un horario rutinario, y en el que los riesgos físicos han sido ciertos y reales, dada la alta peligrosidad de los elementos con que se ha debido enfrentar el personal policial”.
Además de Nacarato, quien se recicló como titular de la empresa de seguridad Audiseg, en la lista de 43 policías aparece el ex comisario Rolando Oscar Nerone, procesado por Rafecas por su participación en el secuestro en septiembre de 1976 de la pareja uruguaya Victoria Lucía Grisonas y Roger Julien, junto a sus dos hijos, Anatole, de cuatro años, y Victoria, de un año y medio. En ese operativo, Nerone resultó herido en una pierna, situación que poco tiempo después le costó el retiro.
Casi un año antes de ese secuestro, Walsh realizó una investigación inédita sobre la estructura de la Triple A. Allí aparece el nombre de Nerone vinculado a la organización parapolicial como responsable de la persecución a los exiliados políticos latinoamericanos refugiados en Argentina.
Además de Nerone, Rafecas procesó por su
participación en el operativo contra los Julien Grisonas
al ex suboficial Oscar Roberto Gutiérrez, quien también
integra la lista de agentes que “merecían” un ascenso
por la persecución a militantes latinoamericanos.
Al declarar ante Rafecas, Gutiérrez dio detalles del funcionamiento del Departamento de Asuntos Extranjeros y del rol que cumplía la mayoría de sus integrantes, felicitados en el documento por el comisario Obregón.
Según Gutiérrez, quien integraba la sección Asuntos Americanos junto a Nerone, el entonces subcomisario Laudemaro Luis Azario “a veces” participaba en los operativos. “Era el jefe de América a la mañana y (Carlos Máximo) Quinteros a la tarde”, aclaró sobre sus superiores directos.
“(Luis Alfredo) Moreno operaba con nosotros, era
jefe de Migraciones, un experto en el tema. Sobre (Ángel)
Melía, era antiguo, sólo podía ser operativo porque no
sabía nada del tema, generalmente iba a los
procedimientos porque le gustaba más que quedarse
escribiendo a máquina. Sobre Rodolfo Alfredo Viera, era
como nosotros, a veces iba, a veces no. La mayoría íbamos
si nos designaban, si no nos designaban era mejor”,
sostuvo Gutiérrez al declarar en su indagatoria en abril
de 2011.
Según el procesado, Juan Bautista Pietra “era un analista muy bueno de África y Asia” que también participaba en los operativos represivos, lo mismo que Carlos Hugo Reina, Carlos Jesús Regueira, quien integraba Religiones y Culto; Félix Alberto Tenxera, en Migraciones; Héctor Oscar Morosi, José Cristin y Héctor Alfredo Cancio. Sobre el fallecido ex inspector Aldo Rubén Mosqueira, recordó que “era más de hacer procedimientos pero a su vez era un tipo fabuloso”. Y agregó: “Cuando nos fuimos todos del Departamento, él estaba tan comprometido con eso que se deprimió y luego falleció.”
Además de los nombres de los agentes que participaron, el documento firmado por el ex comisario Obregón que la querella aportó a la causa hace un pormenorizado análisis de la actuación del Departamento de Asuntos Extranjeros y de estos “operativos” que menciona Gutiérrez en su declaración.
Allí se destaca la represión desatada contra seis organizaciones chilenas y uruguayas.
Señala también que en los distintos procedimientos que realizó su fuerza “se obtuvo abundante material de distinto tipo”, se secuestraron armas y municiones y se descubrieron fincas que eran utilizadas como refugios y cárceles del pueblo. También menciona que esos agentes participaron de interrogatorios a los detenidos.
¿Por qué difundir mediante un documento la lista de los agentes que participaron de la represión y los delitos que cometieron? El propio comisario lo explica en el escrito que le envió a sus superiores: “Razones de seguridad hicieron que se omitiera en muchos casos divulgar los procedimientos realizados; ello naturalmente ha protegido la individualidad del personal interventor, pero como lógica consecuencia no ha permitido RECOMPENSAR a dicho personal en el grado de su eficiencia en su actuación”, razonó Obregón. Sin embargo, en un rapto de sobriedad, señala que detallar caso por caso y hecho por hecho le daría “trascendencia a la actuación individual de cada uno de los integrantes del personal, lo que en un primer momento se trató de evitar”.
Recompensa
El documento secreto de la Federal es una
solicitud del comisario Alberto Baldomero Obregón para
“recompensar” a los agentes de la lista.
Fuente: http://www.infonews.com
UN DOCUMENTO DE LA POLICIA FEDERAL DA CUENTA DEL TRABAJO CONJUNTO CON FUERZAS REPRESIVAS DE CHILE Y URUGUAY
Pruebas sobre el Cóndor
Los papeles firmados por el jefe del Departamento de Asuntos Extranjeros dan cuenta con nombre y apellido de secuestros y de la coordinación entre los tres países. El comisario pedía una recompensa para 44 hombres de su tropa por el trabajo realizado.
Por Alejandra Dandan
Si no se hubiese destruido la mayor parte de los archivos
de la dictadura, probablemente aparecerían más documentos
como estos. Es un informe “secreto” firmado por el
entonces jefe del Departamento de Asuntos Extranjeros de
la Policía Federal, comisario inspector Alberto Baldomero
Obregón, en el que sin ahorrar elogios pide una
“recompensa” para 44 hombres de su tropa por haber
“neutralizado” satisfactoriamente las acciones de
“organizaciones delictivas del tipo subversivo nacionales
e internacionales” que estaban en el país. Página/12
accedió al documento presentado por un grupo de
sobrevivientes uruguayos en el juzgado de Norberto
Oyarbide. En él se observan por primera vez comunicaciones
en tiempo real entre las fuerzas represivas argentinas,
chilenas y uruguayas como si estuviesen del otro lado de
una línea. Quedaron plasmadas las caídas de dirigentes y
militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria
chileno y de 76 uruguayos de la Organización Popular
Revolucionaria 33 Orientales. El documento arroja, a la
vez –para la querella–, una nueva prueba sobre la fecha en
la que empieza a funcionar el Plan Cóndor. Uno de los
párrafos indica que Argentina y Chile trabajaban juntos
desde noviembre de 1974, es decir en el momento en que
Isabel Martínez de Perón decreta el estado de sitio.
> El 15 de septiembre de 1976, el comisario Obregón, de Asuntos Extranjeros, describió el trabajo de varios meses en un informe dirigido a la Dirección General de Operaciones e Informaciones: “El trabajo de inteligencia y operacional del personal de este departamento –escribió– ha permitido neutralizar en forma altamente satisfactoria la actividad desplegada en nuestro país por distintas organizaciones delictivas de tipo subversivo, con proyecciones nacionales e internacionales”, dice. “Ello es fruto del trabajo constante en el que la dedicación plena de los hombres requirió de un esfuerzo que va más allá de los límites convencionales de un horario rutinario, y en el que los riesgos físicos han sido ciertos y reales, dada la alta peligrosidad de los elementos con que ha debido enfrentarse el personal policial.” Los procedimientos, de los que desiste detallar, “hecho por hecho y caso por caso” porque “no sólo sería extenso” sino que “obviamente” iría en contra “de lo que en un primer momento se trató de evitar: dar trascendencia a la actuación individual” de la tropa, permitieron “ir anulando la actividad de dichas organizaciones, secuestrándose en muchos casos armas, municiones, en otro caso quedaron al descubierto fincas que eran utilizadas como refugios y cárceles del pueblo”.
> El dato es que siguieron avanzando a partir de lo que declaran fueron los “interrogatorios”: después de los “interrogatorios” a los que fueron sometidos los “detenidos” entendieron que la Coordinadora iba a abrir un “centro de documentación” en Argentina para “invadir la plaza bibliográfica del país con literatura marxista”. Un tema que, dicen, anularon “eficazmente” porque detuvieron a los cinco encargados.
> El documento es rico en el nivel de prueba porque abundan descripciones como éstas con esa y otras organizaciones, uno de los valores más importantes para las querellas es aquello que revela sobre el Cóndor. El correr de las páginas permite ver al menos en dos casos la velocidad con la que circulaba la comunicación de uno a otro país y cómo se coordinaron las acciones.
> Un ejemplo es la intervención en el caso del Movimiento de Izquierda Revolucionario chileno (MIR). En un párrafo, el comisario Obregón explica que se procedió a la “detención” del “periodista chileno Ernesto Carmona Ulloa (a) Mateo Fernández”, a quien ubica como “actualmente responsable del MIR en Venezuela”. Detrás de la “caída”, “se logra detectar la primera célula del MIR en Argentina”. A raíz de lo cual “y continuando con investigaciones, se logra detectar la forma de comunicación entre responsables del MIR exterior e interior, poniendo sobre aviso de esta circunstancia al gobierno chileno. De común acuerdo con las autoridades chilenas e intercambiando opiniones –dice– se establece no entorpecer sucesivas relaciones, a fin de reunir mayor información y llegar a detectar a los integrantes de la cúpula de dicha organización subversiva”. Allí es cuando agregan los datos que hablan del tiempo de trabajo con los chilenos: “Tras un año y medio de investigación, por fin, en abril del corriente año se comienzan a realizar procedimientos simultáneos en ambos países, dando como resultado en Argentina la caída del hombre más importante del MIR, luego de la muerte de Miguel Enríquez en Chile, cayendo además sus principales colaboradores”.
> Eso quiere decir que si en abril de 1976 llevaban “un año y medio de investigación”, el comienzo se remonta a noviembre de 1974.
> Páginas más adelante, el informe habla de los uruguayos y ahí cuentan cómo coordinaron acciones de secuestro, al mismo tiempo, entre los dos países. Para entonces estaban cayendo en el país otros uruguayos del Frente para la Victoria del Pueblo, muchos de los cuales fueron secuestrados en Orletti. En este documento se habla de otro grupo.
> Debajo del subtítulo de “Los 33 Orientales”, Obregón hizo lo mismo que con el resto de las organizaciones espiadas: puso todo lo que sabía sobre los supuestos orígenes políticos del partido, desmembramientos, los ubicó como “brazo armado” en cuyos orígenes ubicó a la Federación Anarquista uruguaya y al Movimiento de Resistencia Obrero Estudiantil. Escribió que cobraron “notoriedad” porque “sustrajeron la bandera de los 33 Orientales, reliquia histórica del pueblo oriental, depositado en el Museo Nacional y que representa lo que la bandera de los Andes para nuestro país”.
> Lo importante es el fragmento que señala cómo, a partir de junio de 1976, coordinaron el trabajo con los uruguayos para detenerlos: “En junio del corriente año, luego de pacientes investigaciones se logra la detención de dos integrantes de la conducción central y el desbaratamiento total de los sectores Obrero y Popular y Agitación y Propaganda a la vez que parte del Frente Interno y Político”, dice el informe. “A raíz de este golpe cae en Uruguay toda la organización que se mantenía en ese país, lográndose la detención de 76 integrantes del mencionado movimiento de los cuales 34 fueron detenidos por personal de la DAE”, es decir el Departamento de Asuntos Extranjeros de Buenos Aires.
> “La burocracia dejó en algunos legajos huellas de la participación de los miembros de las fuerzas en distintos operativos, pero son datos indirectos: en general se entiende que intervinieron porque en los legajos aparece un pedido de licencia por tal acción, un traslado o piden un reconocimiento por el deber cumplido”, explica Elizabeth Gómez Alcorta con Mariana Neves, representante legal de la querella. “Lo que sin embargo no hay son documentos como el que acabamos de presentar, porque la burocracia hizo desaparecer toda esa información.”
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> El 15 de septiembre de 1976, el comisario Obregón, de Asuntos Extranjeros, describió el trabajo de varios meses en un informe dirigido a la Dirección General de Operaciones e Informaciones: “El trabajo de inteligencia y operacional del personal de este departamento –escribió– ha permitido neutralizar en forma altamente satisfactoria la actividad desplegada en nuestro país por distintas organizaciones delictivas de tipo subversivo, con proyecciones nacionales e internacionales”, dice. “Ello es fruto del trabajo constante en el que la dedicación plena de los hombres requirió de un esfuerzo que va más allá de los límites convencionales de un horario rutinario, y en el que los riesgos físicos han sido ciertos y reales, dada la alta peligrosidad de los elementos con que ha debido enfrentarse el personal policial.” Los procedimientos, de los que desiste detallar, “hecho por hecho y caso por caso” porque “no sólo sería extenso” sino que “obviamente” iría en contra “de lo que en un primer momento se trató de evitar: dar trascendencia a la actuación individual” de la tropa, permitieron “ir anulando la actividad de dichas organizaciones, secuestrándose en muchos casos armas, municiones, en otro caso quedaron al descubierto fincas que eran utilizadas como refugios y cárceles del pueblo”.
El documento
> Bajo el subtítulo “Partido Radical Revolucionario chileno”, el comisario Obregón señala entre los logros que consiguió con la “detención” de Javier Huenchllan Sagrista, un chileno secuestrado en Argentina, a quien presentan como “responsable del partido”, también “de la Coordinadora Chilena (ex Resistencia)” y del “Movimiento de Solidaridad con las organizaciones subversivas trasandinas con asiento en diversos países europeos y americanos con sede actual en Cuba”. Su “detención”, dicen, “logra desbaratar a la cúpula de la nueva estructura formada a posteriori”. Informan que “detuvieron a 10 (diez)” personas y explican que así se dejó “desmembrado el Movimiento, (la) ayuda económica, prensa y propaganda y comunicaciones entre integrantes subversivos en el exilio”.> El dato es que siguieron avanzando a partir de lo que declaran fueron los “interrogatorios”: después de los “interrogatorios” a los que fueron sometidos los “detenidos” entendieron que la Coordinadora iba a abrir un “centro de documentación” en Argentina para “invadir la plaza bibliográfica del país con literatura marxista”. Un tema que, dicen, anularon “eficazmente” porque detuvieron a los cinco encargados.
> El documento es rico en el nivel de prueba porque abundan descripciones como éstas con esa y otras organizaciones, uno de los valores más importantes para las querellas es aquello que revela sobre el Cóndor. El correr de las páginas permite ver al menos en dos casos la velocidad con la que circulaba la comunicación de uno a otro país y cómo se coordinaron las acciones.
> Un ejemplo es la intervención en el caso del Movimiento de Izquierda Revolucionario chileno (MIR). En un párrafo, el comisario Obregón explica que se procedió a la “detención” del “periodista chileno Ernesto Carmona Ulloa (a) Mateo Fernández”, a quien ubica como “actualmente responsable del MIR en Venezuela”. Detrás de la “caída”, “se logra detectar la primera célula del MIR en Argentina”. A raíz de lo cual “y continuando con investigaciones, se logra detectar la forma de comunicación entre responsables del MIR exterior e interior, poniendo sobre aviso de esta circunstancia al gobierno chileno. De común acuerdo con las autoridades chilenas e intercambiando opiniones –dice– se establece no entorpecer sucesivas relaciones, a fin de reunir mayor información y llegar a detectar a los integrantes de la cúpula de dicha organización subversiva”. Allí es cuando agregan los datos que hablan del tiempo de trabajo con los chilenos: “Tras un año y medio de investigación, por fin, en abril del corriente año se comienzan a realizar procedimientos simultáneos en ambos países, dando como resultado en Argentina la caída del hombre más importante del MIR, luego de la muerte de Miguel Enríquez en Chile, cayendo además sus principales colaboradores”.
> Eso quiere decir que si en abril de 1976 llevaban “un año y medio de investigación”, el comienzo se remonta a noviembre de 1974.
> Páginas más adelante, el informe habla de los uruguayos y ahí cuentan cómo coordinaron acciones de secuestro, al mismo tiempo, entre los dos países. Para entonces estaban cayendo en el país otros uruguayos del Frente para la Victoria del Pueblo, muchos de los cuales fueron secuestrados en Orletti. En este documento se habla de otro grupo.
> Debajo del subtítulo de “Los 33 Orientales”, Obregón hizo lo mismo que con el resto de las organizaciones espiadas: puso todo lo que sabía sobre los supuestos orígenes políticos del partido, desmembramientos, los ubicó como “brazo armado” en cuyos orígenes ubicó a la Federación Anarquista uruguaya y al Movimiento de Resistencia Obrero Estudiantil. Escribió que cobraron “notoriedad” porque “sustrajeron la bandera de los 33 Orientales, reliquia histórica del pueblo oriental, depositado en el Museo Nacional y que representa lo que la bandera de los Andes para nuestro país”.
> Lo importante es el fragmento que señala cómo, a partir de junio de 1976, coordinaron el trabajo con los uruguayos para detenerlos: “En junio del corriente año, luego de pacientes investigaciones se logra la detención de dos integrantes de la conducción central y el desbaratamiento total de los sectores Obrero y Popular y Agitación y Propaganda a la vez que parte del Frente Interno y Político”, dice el informe. “A raíz de este golpe cae en Uruguay toda la organización que se mantenía en ese país, lográndose la detención de 76 integrantes del mencionado movimiento de los cuales 34 fueron detenidos por personal de la DAE”, es decir el Departamento de Asuntos Extranjeros de Buenos Aires.
La burocracia
> El informe apareció a raíz de dos condenas del juicio de Automotores Orletti. Dos de los condenados eran parte de los 44 policías que integran la lista de Asuntos Extranjeros: los inspectores Rolando Oscar Nerone y Oscar Roberto Gutiérrez. En sus legajos había una felicitación que remitía a su vez a un expediente secreto. El juez Daniel Rafecas pidió el expediente secreto y encontró este nuevo documento que ahora está en manos de Oyarbide y del fiscal Luis Osorio. Para los querellantes uruguayos del Cóndor tiene un enorme valor. Juan Castillo, en este momento candidato a la presidencia del Frente Amplio, Sergio López Burgos y Lille Haydée Carusso Larrainci venían denunciando a militares, policías y diplomáticos uruguayos que actuaron en Argentina, pero ahora pidieron indagatorias para los argentinos. Según sus datos, excepto dos de Orletti y una persona fallecida, el resto de los 44 “están vivitos y coleando” y acaban de ser denunciados por primera vez.> “La burocracia dejó en algunos legajos huellas de la participación de los miembros de las fuerzas en distintos operativos, pero son datos indirectos: en general se entiende que intervinieron porque en los legajos aparece un pedido de licencia por tal acción, un traslado o piden un reconocimiento por el deber cumplido”, explica Elizabeth Gómez Alcorta con Mariana Neves, representante legal de la querella. “Lo que sin embargo no hay son documentos como el que acabamos de presentar, porque la burocracia hizo desaparecer toda esa información.”
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Fuente: www.pagina12.com.ar|
"Si generara problemas al Gobierno me voy a mi casa"
En diálogo con En Perspectiva, la
senadora socialista Mónica Xavier, candidata a la presidencia del Frente
Amplio (FA), dijo que su objetivo, en caso de ganar, será "mantener el
equilibrio" dentro de la fuerza política y "sostener la estructura y las
implementaciones de los programas por parte de los gobiernos". "Si
pensara que genero problemas a mi presidente o al FA me iba para mi
casa".
”Si pensara que genero problemas a mi presidente o a la fuerza política con mi candidatura en ese momento me iba para mi casa. Desistía de esta competencia a la presidencia del FA. No se trata de una presidencia que confronte, pero tampoco de ser el eco del presidente de la República. El presidente del FA es el que tiene que sostener con la estructura las implementaciones de los programas por parte de los Gobiernos, es el que tiene que ayudar a traducir que implica cada cosa que se vota”, aclaró Xavier.
El presidente “tiene además que tener la personería, la fraternidad y la convicción de decir: compañero presidente, por acá no va y de esto nos estamos olvidando últimamente. No pelearse, ser de diferentes sectores, no es escenario de disputa, el tema es que no ha estado la fuerza política a la altura luego de la concreción del segundo periodo de Gobierno”, explicó la senadora socialista.
“Me parece que es importante que tengamos la reivindicación de la unidad en la diversidad, el FA es eso, no es unanimidad pero si unidad. Las características de los cuatro podrían constituirnos en candidatos de consenso, somos cualquiera de los cuatro personas que trascendemos nuestras fronteras sectoriales” pero “esto es una competencia tratando de llevar al frente al mejor rumbo posible, rescatando la historia”, agregó.
Interrogada sobre el análisis negativo que se ha hecho en caso de que Ernesto Agazzi, senador y candidato del MPP, gane el 27 de mayo, Xavier respondió: “a mi no me gusta el término copamiento para hablar de un sector que ya es mayoría en el Parlamento y en el Gobierno, y no me gusta el término porque cuando la gente decide y confiere mayorías es legitimo ese resultado. El tema es el equilibrio dentro del FA, tarea esencial del presidente a mantener y cuando los diferentes ámbitos de poder, como puede ser la mayoría parlamentaria y el Gobierno, si se repite en la fuerza política no es el escenario mejor para concretar ese equilibrio. Si la mayoría es del MPP es una elección legitima”.
Consultada sobre qué le puede ofrecer al FA siendo presidenta, Xavier concluyó: “yo conozco al Frente Amplio desde adentro, ese es un plus. Yo presidí la Comisión de Organización Nacional de la fuerza FA, fui delegada del presidente Tabaré Vázquez y eso me dio conocer desde adentro. Desde compatibilizar mi concepción sectorial para el trabajo unitario con todos los sectores y con la base”.
Espectador 16 de mayo
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ARGENTINA:› UN FALLO DE CASACION ABRIO EL DEBATE SOBRE LA IMPRESCRIPTIBILIDAD DE LOS DELITOS
Todas las fichas en el juicio oral
La Secretaría de DD.HH. de la Nación y la fiscalía
plantean que la Masacre de Trelew es un delito de lesa humanidad. La
decisión del tribunal es crucial para poder avanzar en las condenas de
los imputados por los fusilamientos.
Los acusados por el asesinato de 16 militantes empezaron a ser juzgados la semana pasada.
Por Ailín Bullentini
Página 12
Para
las partes que cumplen con la función de acusar en la causa de la
Masacre de Trelew, el asesinato de los 16 presos políticos y el intento
de homicidio de los tres sobrevivientes en el marco del fusilamiento
cometido por miembros de la Marina en la base Almirante Zar de esa
ciudad de Chubut el 22 de agosto de 1972 es un delito de lesa humanidad.
“La querella de la Secretaría de Derechos Humanos no tiene dudas al
respecto”, planteó el abogado que la representa, Germán Kexel. La
postura del organismo en el juicio que comenzó hace una semana en Rawson
coincide con el objetivo de la Fiscalía, a cargo del fiscal general de
Rawson, Fernando Gelvez, y su colega de Comodoro Rivadavia, Horacio
Arranz. Sin embargo, una serie de recursos interpuestos en la etapa de
instrucción por algunos de los cinco acusados que exigían la
prescripción de los delitos –pasaron más de 40 años– originaron un fallo
de la Cámara de Casación Nacional que puso todas las fichas sobre la
mesa del juicio oral. “Cuestión de hecho y prueba que deberá definirse
en la etapa oral”, mencionó la Cámara entonces, tras rechazar los
pedidos de las defensas y llevar a la “cárcel a los culpables” reclamado
por los familiares de las víctimas y los organismos de derechos humanos
al máximo de suspenso posible. “Es lo crucial en la investigación. Sólo
si el tribunal los considera delitos de lesa humanidad podremos hablar
de la existencia de la imprescriptibilidad de los crímenes y, por ende,
probar los diferentes grados de responsabilidad de los acusados”,
advirtió Gelvez.
El interrogante sobre la naturaleza de los fusilamientos es eje
principal del emblemático juicio que en ésta, su segunda semana de
avance, contará con la declaración de uno de los acusados, el marino
Jorge Bautista –imputado por encubrimiento– y de los primeros testigos
de las partes acusadoras. ¿En qué elementos, entonces, se basaron para
considerarlos delitos de lesa humanidad la Fiscalía y la Secretaría de
Derechos Humanos? La posición de ambas apunta a los contextos previo y
posterior en el que se produjeron los asesinatos de los jóvenes
militantes políticos de las organizaciones armadas Montoneros, FAR y
PRT-ERP y aseguran sin vacilar: la Masacre de Trelew es el germen del
terrorismo de Estado, del “genocidio argentino de 1976”.
La investigación de los fusilamientos comenzó con la denuncia de los
abogados involucrados en la temática de derechos humanos Alberto
Pedroncini y David Baigún, presentada en 2005 ante la Justicia Federal
porteña. “Entre la documentación que presentaron figura un manual de
reglamentos del Ejército elaborado en 1968 y que rigió desde entonces,
la mayoría firmados por el entonces jefe del Ejército Agustín Lanusse,
que describen mecanismos psicológicos, operaciones antisubversivas,
exterminio del elemento subversivo, operaciones contra la guerrilla
urbana”, apuntó Kexel. El documento había sido presentado entonces por
la defensa del represor Santiago Riveros en el marco de una causa en la
que estaba imputado por violación a los derechos humanos con el objetivo
de hacer responsables de los crímenes a las más altas autoridades
militares. “Sirvió como prueba de la categoría de lesa humanidad de la
masacre porque permitía describir el contexto represivo inmediatamente
anterior a la dictadura militar. El Ejército argentino ya había escrito y
publicado reglamentos para proceder ante el accionar de un enemigo en
la población civil, el ‘subversivo’ como lo llamaron, aquel que pensaba
distinto, con el objetivo de eliminarlo”, apuntó Kexel.
“Contamos con abundante prueba documental y testimonial, como es el
caso de la compañera de una de las víctimas, Rubén Bonet, Alicia Bonet
–estaba clandestina cuando su compañero fue asesinado–, o el detalle de
la Cámara Federal, que la dictadura de Lanusse creó especialmente para
juzgar a presos políticos, que confirman la situación de persecución a
determinadas organizaciones políticas, que esa persecución se estaba
dando desde antes de la madrugada del fusilamiento, que era manifiesta,
que hubo represión ilegal y que este hecho fue el inicio del terrorismo
de Estado”, de 1976, comentó el fiscal general de Rawson que participó
en la investigación desde el momento en que de la Justicia porteña pasó a
la de la capital chubutense, poco después de la radicación de la
denuncia.
La Cámara Federal mencionada por Gelvez, conocida como el “Camarón”,
también es un elemento que destacó Kexel, “un fuero antisubversivo
creado ad hoc con reglas particulares y a miles de kilómetros de sus
familiares”, apuntó el representante de la Secretaría de DD.HH. Fue el
juez Jorge Quiroga, integrante del “Camarón”, quien interrogó a los 19
militantes que tras intentar fugarse de la unidad penal 6 de Rawson, el
15 de agosto de 1972, fueron encerrados en la base Zar hasta su muerte,
el 22 de ese mes.
Para Kexel, “el post 22 de agosto de 1972 termina de explicar los
hechos”: la persecución y la desaparición de la familia Pujadas (los
vínculos directos de Mariano Pujadas, otra de las víctimas, están casi
todos desaparecidos), la desaparición forzada de los tres sobrevivientes
de los hechos (Alberto Camps fue asesinado el 16 de agosto de 1977;
María Antonia Berger y Ricardo Haidar continúan desaparecidos) y la
muerte de otros tres chicos que tras la balacera habían quedado vivos
(Bonet, Miguel Polti y Alfredo Kohon), a quienes dejaron morir sin
atención médica son algunos de los elementos que “explican la
continuidad represiva en el terrorismo de Estado. El genocidio argentino
del ’76 no empezó de la noche a la mañana, sino que es un proceso que
se venía trabajando hacía rato”, concluyó.
ARGENTINA: ALICIA BONET CUENTA COMO VIVE EL JUICIO POR LA MASACRE DE TRELEW
“La lucha de cuarenta años llega a su fin”
Su primer esposo, Rubén, fue uno de los 16 fusilados
en la base Almirante Zar. Ella peleó por años en busca de justicia y
hoy será la primera en dar testimonio en el juicio a los responsables de
aquella masacre. Habló con Página/12 de su historia y sus expectativas.
Alicia Bonet siente que su declaración en el juicio por la masacre de Trelew será “fundamental”.
Imagen: Rolando Andrade
Por Ailín Bullentini
Página 12
Alicia
Bonet está agotada y preocupada, dice. Sabe que la tarea que le toca
hoy no es fácil, pero no porque tenga que reconstruir –una vez más– la
historia que la obliga a sentarse frente al Tribunal Oral Federal de
Comodoro Rivadavia. Es la primera persona que brindará su testimonio en
el juicio por la Masacre de Trelew. Tampoco porque le cueste recordar
cada detalle de lo acontecido hace poco menos de 40 años. Lo difícil
será contar su historia, ésa que la une eternamente a Rubén Bonet, su
compañero, primer esposo y una de las 16 víctimas del fusilamiento
cometido en la base aeronaval chubutense Almirante Zar, delante de
quienes están acusados de haber apretado los gatillos de las metrallas
aquella madrugada del 22 de agosto de 1972. “Yo no vi a personas la
primera vez que los tuve enfrente (en la inauguración del juicio, la
semana pasada). Yo sólo vi figuras de hombres mayores cubiertas de
sangre. En mis ojos apareció eso”, relató. Pese al obstáculo, más
emocional que visual, que la cansó y la mantiene nerviosa, sabe que éste
es un buen momento, “el más esperado”: “Siento que mi declaración es
fundamental”, sentenció.
–¿Siente alguna responsabilidad especial por ser la primera en dar su testimonio?
–Es que soy la primera persona que, como familiar de una de las víctimas, va a contar todo lo que vivió y lo que pasó en Trelew con los 16 muertos y también lo que dijeron los sobrevivientes en Buenos Aires. Soy, además, prácticamente la única que vivió todo en ese entonces y que está viva para contarlo. Llevo en mis espaldas esa responsabilidad, en nombre de todos los familiares que siempre me pidieron que hablara. Era la más joven, era la que más sabía de los asesinatos. Los únicos que me acompañaron entonces fueron los abogados de algunos de los muertos, Rodolfo Ortega Peña y Eduardo Luis Duhalde. A Rodolfo la Triple A lo asesinó en el ’74. Eduardo me abandonó hace poco. Con él, sobre todo, compartí estos difíciles 40 años de lucha.
Alicia conoció a Rubén Monet en 1964. El, un militante y obrero de 21 años, la vio en la puerta de la fábrica en la que trabajaba ella, que entonces tenía 19 y repartía volantes con sus compañeros de militancia. En el ’65 se casaron, en el ’66 nació su hijo, en el ’68 su hija. En el ’71 detuvieron a Rubén por razones políticas. Devoto, primero. Rawson, después. La base y la muerte, finalmente.
–¿Qué pasó en ese tiempo? ¿En qué consistió esa lucha?
–La iniciamos ellos como abogados y yo como familiar el mismo día en que ocurrió la masacre. Nos habíamos conocido en las cárceles. Cuando pasó todo esto, la relación se vuelve más fuerte y el sufrimiento se vuelve común. No hay un juramento de por medio, pero hubo un pacto de no dejar nunca de luchar porque se diga verdaderamente lo que pasó en Trelew, cada uno desde el lugar en el que se encontrara. A una semana de los fusilamientos denuncié a la Armada por los asesinatos en Buenos Aires. Ese juicio se frenó, pero tuvo algunas acciones. Un juez ordenó la autopsia del cuerpo de mi marido. Luego, un tribunal les tomó declaración a los tres sobrevivientes (Alberto Camps, Ricardo Haidar y María Antonia Berger) que todavía estaban en la enfermería en Devoto, incomunicados. Nos ocupamos de difundirlas inmediatamente. Cuando salimos de la cárcel con sus versiones, teníamos en la mano la verdad sobre Trelew. Después empezó un período complicado: la presidencia de (Héctor) Cámpora, el Devotazo (la amnistía de entonces a los presos políticos) y el comienzo de la Triple A. En sus listas estábamos los abogados y los familiares de Trelew, señalados para ser asesinados.
El período fue realmente complicado. Alicia y su familia –los dos hijos que había tenido con Rubén, su segundo esposo y el bebé de ambos que llevaba en la panza– debieron pasar a la clandestinidad cuando asesinaron a Ortega Peña. En las vacaciones de invierno de 1977 cruzaron a Brasil, con documentos falsos que ella misma fabricó. Pidieron asilo político a las Naciones Unidas. Francia los terminó acogiendo. Allí vive desde entonces.
–¿Cómo mantuvo la batalla por Trelew desde el exilio, con la impunidad de las leyes de los ex presidentes Ricardo Alfonsín y la ignorancia de los ’90 durante el gobierno de Carlos Menem?
–Nunca paré. Escribí artículos para explicar lo que había pasado en la Masacre de Trelew. Les escribí a los docentes argentinos para que lo enseñaran en las aulas; a los senadores y diputados de la Nación para que cumplieran con la Constitución y exigieran justicia. Mandé a cada presidente una carta abierta explicando lo que pasó en la Base Zar y pidiéndoles lo mismo: justicia. El único que me contestó fue Néstor Kirchner. Y en esto tuvo mucho que ver Duhalde. Cuando fue nombrado por Kirchner secretario de Derechos Humanos no se olvidó de lo que siempre quiso: llevar a juicio a los muertos de Trelew. En 2005 Kirchner me invitó al país, hacía poco se habían derogado las leyes de impunidad. Me preguntaron qué quería hacer con Trelew y yo pedí que se retomara la causa, que se transformara el aeropuerto en un espacio para la memoria y que se abrieran los archivos de la Armada. El entonces presidente me contestó que haría todo lo que estuviera en su poder para que todo aquello se llevara a cabo.
En el 2007, Alicia regresó al país, esta vez acompañada por sus hijos y sus nietos, para la inauguración del aeropuerto viejo de Trelew, allí en el que su compañero y el resto de los jóvenes asesinados se entregaron a las fuerzas de seguridad tras intentar fugarse de la UP6, transformado en centro cultural. Ese día declaró ante el juez Hugo Sastre, a cargo de la instrucción de la causa.
–¿Cómo vivió el inicio del juicio?
–Es sentir que el túnel de 40 años de lucha y espera llega a su fin. Fue postergado muchas veces durante estos años. Fue muy largo el proceso de prepararse para la largada y que no se haga. El día de la inauguración fue de una emoción difícil de explicar, porque no sabíamos si estábamos viviendo la realidad o era imaginación. Sin embargo, fue duro enterarnos de que los represores estaban libres. Teníamos información de que estaban presos aunque sea en sus domicilios. Que estén libres nos pareció inmoral desde el punto de vista humano: verlos llegar libres, saber que van a la misma confitería que nosotros, que duermen en los mismos hoteles que nosotros, como me pasó a mí, es algo inconcebible. Pero los jueces autorizaron que esto se mantenga. Aunque siempre confié en la Justicia. Desde el primer día supe que debía avanzar en este camino para saldar lo que ocurrió con mi compañero y el resto de los chicos.
–¿Qué fue la Masacre de Trelew para usted?
–Es el momento en que se puso en práctica por primera vez en tanto política de Estado, la teoría que plantea que hay que eliminar físicamente a todo aquel que se opusiera a las ideas gobernantes. Es la primera muestra del terrorismo de Estado que luego se convirtió en 30 mil desaparecidos. En Trelew, el Estado argentino asesinó a jóvenes de alrededor de 20 años por pensar diferente. Estaban presos hacía mucho, a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, no estaban en ninguna acción subversiva. Eran todos militantes de diferentes organizaciones políticas, pero compartían la idea de que era insoportable vivir de golpe militar en golpe militar, insoportable la injusticia que había en Argentina, compartían las ganas de cambiar el país por uno más justo socialmente. Por eso los mataron: desnudos, indefensos, desarmados, reducidos en celdas, rodeados permanentemente de soldados y de marinos listos para disparar.
–¿Siente alguna responsabilidad especial por ser la primera en dar su testimonio?
–Es que soy la primera persona que, como familiar de una de las víctimas, va a contar todo lo que vivió y lo que pasó en Trelew con los 16 muertos y también lo que dijeron los sobrevivientes en Buenos Aires. Soy, además, prácticamente la única que vivió todo en ese entonces y que está viva para contarlo. Llevo en mis espaldas esa responsabilidad, en nombre de todos los familiares que siempre me pidieron que hablara. Era la más joven, era la que más sabía de los asesinatos. Los únicos que me acompañaron entonces fueron los abogados de algunos de los muertos, Rodolfo Ortega Peña y Eduardo Luis Duhalde. A Rodolfo la Triple A lo asesinó en el ’74. Eduardo me abandonó hace poco. Con él, sobre todo, compartí estos difíciles 40 años de lucha.
Alicia conoció a Rubén Monet en 1964. El, un militante y obrero de 21 años, la vio en la puerta de la fábrica en la que trabajaba ella, que entonces tenía 19 y repartía volantes con sus compañeros de militancia. En el ’65 se casaron, en el ’66 nació su hijo, en el ’68 su hija. En el ’71 detuvieron a Rubén por razones políticas. Devoto, primero. Rawson, después. La base y la muerte, finalmente.
–¿Qué pasó en ese tiempo? ¿En qué consistió esa lucha?
–La iniciamos ellos como abogados y yo como familiar el mismo día en que ocurrió la masacre. Nos habíamos conocido en las cárceles. Cuando pasó todo esto, la relación se vuelve más fuerte y el sufrimiento se vuelve común. No hay un juramento de por medio, pero hubo un pacto de no dejar nunca de luchar porque se diga verdaderamente lo que pasó en Trelew, cada uno desde el lugar en el que se encontrara. A una semana de los fusilamientos denuncié a la Armada por los asesinatos en Buenos Aires. Ese juicio se frenó, pero tuvo algunas acciones. Un juez ordenó la autopsia del cuerpo de mi marido. Luego, un tribunal les tomó declaración a los tres sobrevivientes (Alberto Camps, Ricardo Haidar y María Antonia Berger) que todavía estaban en la enfermería en Devoto, incomunicados. Nos ocupamos de difundirlas inmediatamente. Cuando salimos de la cárcel con sus versiones, teníamos en la mano la verdad sobre Trelew. Después empezó un período complicado: la presidencia de (Héctor) Cámpora, el Devotazo (la amnistía de entonces a los presos políticos) y el comienzo de la Triple A. En sus listas estábamos los abogados y los familiares de Trelew, señalados para ser asesinados.
El período fue realmente complicado. Alicia y su familia –los dos hijos que había tenido con Rubén, su segundo esposo y el bebé de ambos que llevaba en la panza– debieron pasar a la clandestinidad cuando asesinaron a Ortega Peña. En las vacaciones de invierno de 1977 cruzaron a Brasil, con documentos falsos que ella misma fabricó. Pidieron asilo político a las Naciones Unidas. Francia los terminó acogiendo. Allí vive desde entonces.
–¿Cómo mantuvo la batalla por Trelew desde el exilio, con la impunidad de las leyes de los ex presidentes Ricardo Alfonsín y la ignorancia de los ’90 durante el gobierno de Carlos Menem?
–Nunca paré. Escribí artículos para explicar lo que había pasado en la Masacre de Trelew. Les escribí a los docentes argentinos para que lo enseñaran en las aulas; a los senadores y diputados de la Nación para que cumplieran con la Constitución y exigieran justicia. Mandé a cada presidente una carta abierta explicando lo que pasó en la Base Zar y pidiéndoles lo mismo: justicia. El único que me contestó fue Néstor Kirchner. Y en esto tuvo mucho que ver Duhalde. Cuando fue nombrado por Kirchner secretario de Derechos Humanos no se olvidó de lo que siempre quiso: llevar a juicio a los muertos de Trelew. En 2005 Kirchner me invitó al país, hacía poco se habían derogado las leyes de impunidad. Me preguntaron qué quería hacer con Trelew y yo pedí que se retomara la causa, que se transformara el aeropuerto en un espacio para la memoria y que se abrieran los archivos de la Armada. El entonces presidente me contestó que haría todo lo que estuviera en su poder para que todo aquello se llevara a cabo.
En el 2007, Alicia regresó al país, esta vez acompañada por sus hijos y sus nietos, para la inauguración del aeropuerto viejo de Trelew, allí en el que su compañero y el resto de los jóvenes asesinados se entregaron a las fuerzas de seguridad tras intentar fugarse de la UP6, transformado en centro cultural. Ese día declaró ante el juez Hugo Sastre, a cargo de la instrucción de la causa.
–¿Cómo vivió el inicio del juicio?
–Es sentir que el túnel de 40 años de lucha y espera llega a su fin. Fue postergado muchas veces durante estos años. Fue muy largo el proceso de prepararse para la largada y que no se haga. El día de la inauguración fue de una emoción difícil de explicar, porque no sabíamos si estábamos viviendo la realidad o era imaginación. Sin embargo, fue duro enterarnos de que los represores estaban libres. Teníamos información de que estaban presos aunque sea en sus domicilios. Que estén libres nos pareció inmoral desde el punto de vista humano: verlos llegar libres, saber que van a la misma confitería que nosotros, que duermen en los mismos hoteles que nosotros, como me pasó a mí, es algo inconcebible. Pero los jueces autorizaron que esto se mantenga. Aunque siempre confié en la Justicia. Desde el primer día supe que debía avanzar en este camino para saldar lo que ocurrió con mi compañero y el resto de los chicos.
–¿Qué fue la Masacre de Trelew para usted?
–Es el momento en que se puso en práctica por primera vez en tanto política de Estado, la teoría que plantea que hay que eliminar físicamente a todo aquel que se opusiera a las ideas gobernantes. Es la primera muestra del terrorismo de Estado que luego se convirtió en 30 mil desaparecidos. En Trelew, el Estado argentino asesinó a jóvenes de alrededor de 20 años por pensar diferente. Estaban presos hacía mucho, a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, no estaban en ninguna acción subversiva. Eran todos militantes de diferentes organizaciones políticas, pero compartían la idea de que era insoportable vivir de golpe militar en golpe militar, insoportable la injusticia que había en Argentina, compartían las ganas de cambiar el país por uno más justo socialmente. Por eso los mataron: desnudos, indefensos, desarmados, reducidos en celdas, rodeados permanentemente de soldados y de marinos listos para disparar.
(Argentina) Albañil desde la cárcel: habla Carlos Olivera, preso en el penal Melchor Romero
Penal de Melchor Romero
Una charla con Carlos Olivera
“Me siento mas fuerte
y con más ganas de luchar
que cuando estaba en la calle”
(Jueves 3 de mayo de 2012)
Desde
el Encuentro Sindical Clasista y de Base fuimos hasta el penal Nº45 de
Melchor Romero (La Plata) a acercar nuestra solidaridad con el compañero
Carlos Olivera, detenido desde diciembre de 2009, por una causa armada
por la burocracia de la UOCRA, en complicidad con el gobierno.
Mientras
editábamos esta nota (12/05), nos enteramos que dictaron la prisión
domiciliaria para el compañero. Este hecho, implicaría el traslado del
penal hacia su domicilio. Situación que mejoraría notablemente las
condiciones de detención del compañero, pero seguiría condenando
injustamente, no sólo a Olivera, sino a la lucha independiente y
antiburocrática de los trabajadores. Ahora, nos mantenemos en estado de
alerta hasta que se efectivice el traslado. De todos modos, no podemos
dejar de alegrarnos por esta noticia, que, sabemos, es fruto de la lucha
dada por su libertad y por la de todos los presos políticos.
En esta nota, intentamos reflejar algunos ejes de la conversación que mantuvimos con él.
Sobre su militancia
Al
charlar sobre su vida, nos cuenta que proviene de una familia muy
humilde de la provincia de Misiones y que de muy joven tuvo que salir a
rebuscársela con el trabajo para ganarse el pan. A los 16 años, llegó a
Buenos Aires, donde se inició como obrero de la construcción. Hoy, a los
47 años, nos dice: “Estoy orgulloso de ser albañil, de ser obrero”.
Nos
cuenta que comenzó a militar en 1984, siendo delegado en Petroquem (La
Plata), hasta, aproximadamente, el ´88. A partir de entonces, fue
elegido delegado en una obra en Lomas de Zamora.
Durante muchos años fue delegado, afiliado a la UOCRA. “Ahí
no existe democracia sindical, viene el sindicato y te dice: a partir
de ahora éste es tu delegado, nadie elige nada. Es muy duro el trabajo
en la construcción, las condiciones de trabajo son deplorables, tenemos
el convenio de trabajo más bajo de todos, hay una gran parte de
compañeros que trabaja en negro, y todo eso es responsabilidad de la
UOCRA, porque ellos utilizan el sindicato para mantener sus privilegios,
para enriquecerse y no para defender los derechos de los trabajadores.
Aparte, si querés organizar a tus compañeros, te persiguen, te patotean,
te hacen echar de tu trabajo”.
En
2008, en el marco de una intervención del sindicato por parte de la
dirección nacional, comienza a conformarse el Sindicato de Trabajadores
de la Industria de la Construcción y Afines (SITRAIC) del que forma
parte. “El SITRAIC surge a partir del cuerpo de delegados de Lomas de Zamora”, nos explica. Y nos cuenta sobre esa experiencia: “Salimos
a hablar con la gente, a ver las condiciones de trabajo de los
compañeros. Íbamos con un grupo del SITRAIC a las obras y donde no había
delegado hacíamos una asamblea para que elijan uno. Donde había gente
trabajando en negro, íbamos para que se los ponga en blanco. Todos los
días venía gente a vernos al sindicato. El SITRAIC empezó a ser
una alternativa nueva para los trabajadores. Los compañeros venían a
vernos cuando tenían algún
problema. De hecho, el día que me detienen y que soy golpeado por la
mafia de la UOCRA, estábamos haciendo una asamblea en una obra porque
había compañeros que estaban en negro y no tenían delegado. Después de
eso es que me arman toda la causa”.
La cárcel, el juicio y la lucha por la libertad
“Estando
en cana no fue fácil, estando en Sierra Chica estaba muy aislado, de mi
familia, de los compañeros. En la cárcel perdí todo, pero no estoy
arrepentido porque sé que fue defendiendo los derechos de los
trabajadores, y me siento orgulloso de luchar por los trabajadores, de
ser obrero. Querían que me quiebre pero no lo lograron. En el juicio era
conciente que tenía a la UOCRA, al gobierno y a la justicia contra mí.
Ellos no pudieron probar absolutamente nada, fue todo armado. Tengo
mucha fuerza y estoy muy agradecido por toda la solidaridad de muchos
compañeros que pelearon para que yo salga. Cuando fue toda la pelea, ahí
recién yo me di cuenta que no estaba solo, que había muchos compañeros
peleando para que yo esté afuera.”
Desde
el Encuentro Sindical estuvimos difundiendo la situación de Olivera,
movilizándonos a los Tribunales de Lomas y organizando un festival en
Zona Norte por la libertad de los presos políticos, al que asistió la
compañera de Carlos. En relación a esto, nos dijo: “Me pone contento y
saludo que exista un nuevo espacio de unidad y de lucha de los
trabajadores. Yo estando acá adentro me di cuenta mas que nunca que sin
unidad no podemos hacer nada, que si los trabajadores no estamos unidos
no vamos a llegar a ningún lado, por eso es que mas que nunca quiero
salir para seguir luchando.”
Enviado por Abajero
Enviado por Abajero
Pedido de juicio ya
“Queremos
que haya juicio ya”, dijo Milagro Sala de la Tupac Amaru. “Hay que
recordar que en julio del ’76, durante un apagón en Calilegua,
detuvieron y torturaron a 400 compañeros, de los cuales 30 permanecen
todavía hoy desaparecidos. En ese entonces, la empresa Ledesma puso toda
la infraestructura en contra de quienes militaban por la justicia
social. Hoy, después de 36 años, estamos viendo una pequeña luz de
esperanza de que estos tipos paguen por todo lo que hicieron. En Jujuy
estamos en democracia y se tienen que sentar en el banquillo para rendir
cuentas por los delitos que cometieron durante la última dictadura.”
ARGENTINA: BLAQUIER SALIO DEL PAIS Y ALEGO PROBLEMAS DE SALUD PARA NO PRESENTARSE A LA INDAGATORIA
Un viejo truco para ganar tiempo
El presidente del Ingenio Ledesma debía declarar hoy
por la Noche del Apagón. Sus abogados pidieron diferir la citación y,
además, Migraciones confirmó que Blaquier viajó a Uruguay hace un mes y
no volvió. Las querellas pedirían su captura internacional.
Por Alejandra Dandan
Página 12
Desde Jujuy
Pedro Blaquier volvió a patear el tablero: no se presentará a la indagatoria de hoy. Sus abogados presentaron en el Juzgado Federal de Jujuy un escrito “para acreditar una dolencia de salud”. El presidente del Ingenio Ledesma, citado a indagatoria por su participación en la privación ilegal de 27 personas en la causa por la Noche del Apagón, consiguió de esa manera “diferir” la citación. El juez federal Fernando Poviña, que aceptó la presentación, dijo que la indagatoria se posponía “solo por única vez” y pidió de todas maneras un perito del Cuerpo Médico Forense para que acredite ese estado. Aun así, mientras esa noticia se confirmaba en Jujuy, donde la indagatoria de Blaquier era esperada por un acampe multitudinario de organizaciones políticas y sociales y organismos de derechos humanos, este diario pudo conocer que en realidad nadie sabe si los peritos van a poder ver alguna vez al empresario: según los datos de Migraciones, que depende del Ministerio del Interior, Blaquier salió del país el último 15 de abril con destino a Uruguay y todavía no regresó. Los organismos de derechos humanos que forman parte de la querella anunciaron que, si se confirma en forma oficial que Blaquier permanece fuera del país, pedirían su captura internacional. En el juzgado, sin embargo, fueron más cautos: dicen que como la indagatoria fue técnicamente “diferida” deben esperar el informe de los peritos para tomar una decisión.
Ninguno de los acampantes se levantó de la plaza de San Salvador cuando se conoció que Blaquier no se presentaría. Los carteles preparados durante toda la noche por las organizaciones –como la Tupac Amaru, de Milagros Sala– para esperar el momento de la indagatoria multiplicaban en las calles miles de imágenes con el logo del Ingenio Ledesma, ahora dibujado con una gorra militar y la palabra “genocidas”.
Blaquier está representado en la causa por el abogado Horacio Aguilar, ex juez federal de la provincia de Jujuy. Aguilar fue el juez que tuvo en sus manos la causa del Ingenio Ledesma que nunca avanzó, y quien dejó como sucesor a Carlos Olivera Pastor, que siguió sus pasos y terminó obligado a renunciar por las movilizaciones multitudinarias del último 24 de marzo. Poviña es el nuevo juez subrogante. Viene de Tucumán porque no se consiguieron jueces ni en Jujuy ni en Salta. Asumió en la causa el 16 de abril, sugestivamente un día después de la partida de Blaquier. El fue el juez que ordenó dos allanamientos simultáneos a las sedes de la empresa Ledesma el 26 de abril, y el 3 de mayo le prohibió a Blaquier la salida del país y lo convocó a indagatoria. En la causa no hay ningún dato acerca del viaje de Blaquier. Los únicos datos que hay en el expediente son los que entregaron sus abogados el martes pasado, 14 de mayo. En esos escritos pidieron posponer la indagatoria por razones de salud. Avalaron la presentación con certificados expedidos en Argentina, por médicos de instituciones de Buenos Aires. En los informes dicen que Blaquier debe someterse a interconsultas en el exterior. En ese contexto, el juez pidió ese mismo martes al cuerpo médico forense un perito para que acredite esa situación de salud. Y ahora espera la respuesta.
Los abogados no informaron ese día sobre el viaje de Blaquier, pero los investigadores dicen que, si bien hubiese sido adecuado hacerlo, la omisión no es ilegal. Blaquier podría estar en este momento en una casa de Punta del Este o en cualquier otro lugar y volver al país cuando los peritos lo requieran. El asunto es que a esta altura nadie cree demasiado en esta supuesta buena voluntad. Quienes conocen de estos temas aseguran que aquellos que buscan salir del país para evitar una causa penal suelen hacerlo a través de países limítrofes y luego desde ahí tomar otro rumbo. En ese escenario, los investigadores dicen que deben esperar el informe de los peritos antes de tomar alguna decisión. Las querellas, en cambio, acostumbradas a las prácticas dilatorias que caracterizaron a esta causa, ayer ya abrieron el paraguas. Pablo Pelazzo, representante legal de los organismos de derechos humanos y querellante, presentó un escrito para que el juzgado autorice un perito particular y para que pida informes a Migraciones sobre la salida del país. “Si Migraciones dice oficialmente que Blaquier no está en el país, pediremos la captura internacional para que se vuelva a presentar”, explicó a Página/12.
Un dato curioso son los certificados médicos. Los escritos son del 13 de abril. Si Blaquier salió del país el día 15, se hicieron dos días antes. Uno de los datos llamativos es que los médicos, con esas fechas, se adelantaron al pedido de indagatoria: Poviña la ordenó después de los allanamientos, el día 3 de mayo.
Pero éstas no fueron las únicas noticias del día. Durante la mañana, las organizaciones fueron llegando al centro de San Salvador para acampar en la plaza y esperar al primero de los indagados civiles de la compañía. A las cinco de la tarde debía presentarse en el juzgado federal el ex administrador de Ledesma, Alberto Lemos, a quien las querellas señalan como el brazo ejecutor de los secuestros de la Noche del Apagón. Para esa hora, las organizaciones habían proyectado una movilización con el tono de una vigilia. Al final, tampoco eso salió como se suponía.
El ex administrador de Ledesma, representado por el mismo abogado de Blaquier, se presentó anticipadamente en el juzgado, a la mañana temprano, acompañado por varios hombres con pinta de custodios y sus defensores. Lemos le pidió al juez adelantar unas horas la indagatoria, probablemente para evitar la marcha. El juzgado lo consultó con el fiscal Domingo Batule, y se aceptó. Durante el trámite, Lemos se negó a declarar pero dejó un escrito con un descargo. Pese al pedido de prisión que hicieron los organismos de derechos humanos, el juzgado lo dejó en libertad. La medida tampoco parece causal: el problema de la indagatoria de Lemos y el pedido de prisión parece derivar del modo en que la fiscalía lo imputó por los cargos: lo acusó por “privación ilegal de la libertad” de 27 personas, una carga que tiene un máximo de seis años de prisión, y no lo imputó por los cargos de tormentos y desapariciones que reclaman los querellas. En ese contexto, aunque el juez tiene diez días hábiles para decidir si lo procesa, si no cambian las cosas podría dejarlo en libertad. Una situación que podría repetirse con Blaquier: está imputado por los mismos cargos.
Inés Peña, de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, es una de las que se quedó pasmada con la rapidez de todo el trámite de Lemos. “Es una impresión subjetiva –dijo–, pero uno espera que en una indagatoria el otro declare”, explicó. “Sin embargo, el hecho de que haya ido a la indagatoria es reparatorio para los familiares, ahora nos preocupan las medidas que tome la Justicia para que no se fugue, porque no es cualquier represor, es uno de los pesos pesados.” Algo de eso, se entendía también dentro del juzgado. En ese lugar, frente al cual hace poco más de un mes todavía estaba Olivera Pastor, ahora se están presentado los abogados de los acusados: “Ahora traen papeles y documentos, piden exenciones de prisión: antes ni siquiera lo hacían”.
Pedro Blaquier volvió a patear el tablero: no se presentará a la indagatoria de hoy. Sus abogados presentaron en el Juzgado Federal de Jujuy un escrito “para acreditar una dolencia de salud”. El presidente del Ingenio Ledesma, citado a indagatoria por su participación en la privación ilegal de 27 personas en la causa por la Noche del Apagón, consiguió de esa manera “diferir” la citación. El juez federal Fernando Poviña, que aceptó la presentación, dijo que la indagatoria se posponía “solo por única vez” y pidió de todas maneras un perito del Cuerpo Médico Forense para que acredite ese estado. Aun así, mientras esa noticia se confirmaba en Jujuy, donde la indagatoria de Blaquier era esperada por un acampe multitudinario de organizaciones políticas y sociales y organismos de derechos humanos, este diario pudo conocer que en realidad nadie sabe si los peritos van a poder ver alguna vez al empresario: según los datos de Migraciones, que depende del Ministerio del Interior, Blaquier salió del país el último 15 de abril con destino a Uruguay y todavía no regresó. Los organismos de derechos humanos que forman parte de la querella anunciaron que, si se confirma en forma oficial que Blaquier permanece fuera del país, pedirían su captura internacional. En el juzgado, sin embargo, fueron más cautos: dicen que como la indagatoria fue técnicamente “diferida” deben esperar el informe de los peritos para tomar una decisión.
Ninguno de los acampantes se levantó de la plaza de San Salvador cuando se conoció que Blaquier no se presentaría. Los carteles preparados durante toda la noche por las organizaciones –como la Tupac Amaru, de Milagros Sala– para esperar el momento de la indagatoria multiplicaban en las calles miles de imágenes con el logo del Ingenio Ledesma, ahora dibujado con una gorra militar y la palabra “genocidas”.
Blaquier está representado en la causa por el abogado Horacio Aguilar, ex juez federal de la provincia de Jujuy. Aguilar fue el juez que tuvo en sus manos la causa del Ingenio Ledesma que nunca avanzó, y quien dejó como sucesor a Carlos Olivera Pastor, que siguió sus pasos y terminó obligado a renunciar por las movilizaciones multitudinarias del último 24 de marzo. Poviña es el nuevo juez subrogante. Viene de Tucumán porque no se consiguieron jueces ni en Jujuy ni en Salta. Asumió en la causa el 16 de abril, sugestivamente un día después de la partida de Blaquier. El fue el juez que ordenó dos allanamientos simultáneos a las sedes de la empresa Ledesma el 26 de abril, y el 3 de mayo le prohibió a Blaquier la salida del país y lo convocó a indagatoria. En la causa no hay ningún dato acerca del viaje de Blaquier. Los únicos datos que hay en el expediente son los que entregaron sus abogados el martes pasado, 14 de mayo. En esos escritos pidieron posponer la indagatoria por razones de salud. Avalaron la presentación con certificados expedidos en Argentina, por médicos de instituciones de Buenos Aires. En los informes dicen que Blaquier debe someterse a interconsultas en el exterior. En ese contexto, el juez pidió ese mismo martes al cuerpo médico forense un perito para que acredite esa situación de salud. Y ahora espera la respuesta.
Los abogados no informaron ese día sobre el viaje de Blaquier, pero los investigadores dicen que, si bien hubiese sido adecuado hacerlo, la omisión no es ilegal. Blaquier podría estar en este momento en una casa de Punta del Este o en cualquier otro lugar y volver al país cuando los peritos lo requieran. El asunto es que a esta altura nadie cree demasiado en esta supuesta buena voluntad. Quienes conocen de estos temas aseguran que aquellos que buscan salir del país para evitar una causa penal suelen hacerlo a través de países limítrofes y luego desde ahí tomar otro rumbo. En ese escenario, los investigadores dicen que deben esperar el informe de los peritos antes de tomar alguna decisión. Las querellas, en cambio, acostumbradas a las prácticas dilatorias que caracterizaron a esta causa, ayer ya abrieron el paraguas. Pablo Pelazzo, representante legal de los organismos de derechos humanos y querellante, presentó un escrito para que el juzgado autorice un perito particular y para que pida informes a Migraciones sobre la salida del país. “Si Migraciones dice oficialmente que Blaquier no está en el país, pediremos la captura internacional para que se vuelva a presentar”, explicó a Página/12.
Un dato curioso son los certificados médicos. Los escritos son del 13 de abril. Si Blaquier salió del país el día 15, se hicieron dos días antes. Uno de los datos llamativos es que los médicos, con esas fechas, se adelantaron al pedido de indagatoria: Poviña la ordenó después de los allanamientos, el día 3 de mayo.
Pero éstas no fueron las únicas noticias del día. Durante la mañana, las organizaciones fueron llegando al centro de San Salvador para acampar en la plaza y esperar al primero de los indagados civiles de la compañía. A las cinco de la tarde debía presentarse en el juzgado federal el ex administrador de Ledesma, Alberto Lemos, a quien las querellas señalan como el brazo ejecutor de los secuestros de la Noche del Apagón. Para esa hora, las organizaciones habían proyectado una movilización con el tono de una vigilia. Al final, tampoco eso salió como se suponía.
El ex administrador de Ledesma, representado por el mismo abogado de Blaquier, se presentó anticipadamente en el juzgado, a la mañana temprano, acompañado por varios hombres con pinta de custodios y sus defensores. Lemos le pidió al juez adelantar unas horas la indagatoria, probablemente para evitar la marcha. El juzgado lo consultó con el fiscal Domingo Batule, y se aceptó. Durante el trámite, Lemos se negó a declarar pero dejó un escrito con un descargo. Pese al pedido de prisión que hicieron los organismos de derechos humanos, el juzgado lo dejó en libertad. La medida tampoco parece causal: el problema de la indagatoria de Lemos y el pedido de prisión parece derivar del modo en que la fiscalía lo imputó por los cargos: lo acusó por “privación ilegal de la libertad” de 27 personas, una carga que tiene un máximo de seis años de prisión, y no lo imputó por los cargos de tormentos y desapariciones que reclaman los querellas. En ese contexto, aunque el juez tiene diez días hábiles para decidir si lo procesa, si no cambian las cosas podría dejarlo en libertad. Una situación que podría repetirse con Blaquier: está imputado por los mismos cargos.
Inés Peña, de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, es una de las que se quedó pasmada con la rapidez de todo el trámite de Lemos. “Es una impresión subjetiva –dijo–, pero uno espera que en una indagatoria el otro declare”, explicó. “Sin embargo, el hecho de que haya ido a la indagatoria es reparatorio para los familiares, ahora nos preocupan las medidas que tome la Justicia para que no se fugue, porque no es cualquier represor, es uno de los pesos pesados.” Algo de eso, se entendía también dentro del juzgado. En ese lugar, frente al cual hace poco más de un mes todavía estaba Olivera Pastor, ahora se están presentado los abogados de los acusados: “Ahora traen papeles y documentos, piden exenciones de prisión: antes ni siquiera lo hacían”.
ARGENTINA: LA VIGILIA DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES EN JUJUY
“Demasiada sangre en el azúcar”
Por Alejandra Dandan
Página 12
Los
acampes convertidos en prácticas políticas hicieron de la plaza del
centro de San Salvador de Jujuy un escenario de vigilia y de memoria
durante todo el día. Los movimientos sociales y políticos de la Tupac
Amaru y los organismos de derechos humanos levantaron carteles, afiches,
cartelones, banderas, y desde allí recorrieron las calles para sostener
ese proceso de justicia que tenía lugar en el Juzgado Federal. Un
enorme afiche mostraba en una esquina de la plaza el dibujo de unos
huesos. “Ledesma, demasiada sangre en el azúcar”, se leía. En otro, al
lado de la cara de Pedro Blaquier decía: “Mucho más que un cómplice
necesario”.
Los afiches y cartelones en los que trabajaron especialmente las organizaciones desde hacía varias noches marcaron el tiempo de la plaza: a través de esas imágenes entraron las demandas más importantes de los últimos 35 años en términos de derechos humanos. Estaban los afiches que evocaron a Blaquier, pero también al juez Carlos Olivera Pastor, responsable de las últimas demoras en las causas. Otros reclamaron el comienzo de los juicios orales, y mientras la enorme bandera de los desaparecidos cruzaba una de las calles y se ponía en el centro de una de las marchas que a la tarde cruzaron la ciudad, otros afiches mostraban las caras de los de-saparecidos, las fechas de los secuestros, pero arriba, el dato más importante era éste: sin juicio.
Fernando, uno de los profesores de la escuela de música Bartolina Sisa, se ubicó en uno de los laterales de la plaza con buena parte de los músicos. Entre bombos, saxos y trompetas que empezaban a ensayar lo que iban a tocar durante la tarde, uno de los viejos militantes se les acercó preguntándose, como en un diálogo interno, por qué es que esos jóvenes cantaban. “Hoy es un día especial por el tema Blaquier”, le dijo Fernando, orgulloso también de su escuela, por el trabajo según decía sobre la identidad a través de la música. Para la noche, los músicos que se pusieron a ejecutar sus instrumentos, incluso los de cámara, voceando “La Marcha de la Bronca”, tenían previsto cubrir la calle con velones como en una especie de alfombra fúnebre.
Los afiches y cartelones en los que trabajaron especialmente las organizaciones desde hacía varias noches marcaron el tiempo de la plaza: a través de esas imágenes entraron las demandas más importantes de los últimos 35 años en términos de derechos humanos. Estaban los afiches que evocaron a Blaquier, pero también al juez Carlos Olivera Pastor, responsable de las últimas demoras en las causas. Otros reclamaron el comienzo de los juicios orales, y mientras la enorme bandera de los desaparecidos cruzaba una de las calles y se ponía en el centro de una de las marchas que a la tarde cruzaron la ciudad, otros afiches mostraban las caras de los de-saparecidos, las fechas de los secuestros, pero arriba, el dato más importante era éste: sin juicio.
Fernando, uno de los profesores de la escuela de música Bartolina Sisa, se ubicó en uno de los laterales de la plaza con buena parte de los músicos. Entre bombos, saxos y trompetas que empezaban a ensayar lo que iban a tocar durante la tarde, uno de los viejos militantes se les acercó preguntándose, como en un diálogo interno, por qué es que esos jóvenes cantaban. “Hoy es un día especial por el tema Blaquier”, le dijo Fernando, orgulloso también de su escuela, por el trabajo según decía sobre la identidad a través de la música. Para la noche, los músicos que se pusieron a ejecutar sus instrumentos, incluso los de cámara, voceando “La Marcha de la Bronca”, tenían previsto cubrir la calle con velones como en una especie de alfombra fúnebre.
Intentaron secuestrar al nieto de un ex-detenido y querellante contra Ledesma
Jujuy
(AW)El nieto de Hugo Condor, ex detenido cívico militar y querellante en las causa por delitos de lesa humanidad por la noche del apagón, surió el miércoles pasado, un intento de secuestro. Un desconocido, en momentos en que el niño esperaba a su tía en la puerta de la escuela, lo tomó del brazo y corrió aproximadamente media cuadra. Allí tropezó y el chico aprovechó esto para volver corriendo a la escuela, donde aún había maestras.
Entrevistade "La Colectiva" a Julio Gutiérrez de CAPOMA - 011-15-3159-9744
San Salvador de Jujuy, 17 de mayo de 2012
Ayer miércoles fueron las vísperas de un evento histórico para la lucha por los derechos humanos en Jujuy, tal como es la posibilidad de hacer comparecer por primera vez en la justicia a los conductores del ingenio
Ledesma cuando la dictadura, el entonces administrador, Lemos, y su aún dueño, Blaquier, por las represiones y desapariciones durante la última dictadura, cuyo capítulo más oscuro fue la tristemente célebre "noche del apagón" (en realidad una semana durante la cual al resguardo de cortes nocturnos de la luz suministrada por Ledesma desaparecieron a cerca de 400 personas con el apoyo de vehículos de la misma empresa y entre ellos trabajadores de la misma
También fue la antesala de un día que significaba un pequeño gran avance en la investigación sobre la patronal ideóloga de la última dictadura militar.
Pero para Hugo Condorí, más conocido como "el coya" Condorí, ex-sindicalista de ledesma, ex-preso político, testigo en las causas (muchas unificadas merced la lucha popular) por la desaparición de Luis Aredez, Jorge Weisz, Carlos Patrignani y Crescencio Vargas, así como querellante en una de las causas de Ledesma, para el coya el día tuvo un curioso aditamento.
Sugestivamente en la víspera de este día clave el nieto del coya Condorí, de 8 años, sufrió un intento de secuestro a la salida de su colegio, al promediar las 5 de la tarde. Por un hecho fortuito el aún ignoto secuestrador, que tomó al niño por detrás y echó a correr, tropezó en un pequeño desnivel y cayó al suelo permitiendo al niño escapar de sus designios.
Este sugerente modo de operación parece transformarse en un modus operandi si sumamos a este hecho que hace unos años, al finalizar el coya su participación en un documental sobre la historia de la lucha por los derechos humanos en Jujuy, llamado "Nadie Olvida Nada", fue una hija suya quien sufrió también un intento de secuestro.
Pese a todo, en esta Jujuy librada a los aprietes, a las dilaciones judiciales o a la contradictoria política nacional de tener como socio burgués a una empresa manchada con el genocidio, la valentía de testigos inéditos, de viejos denunciantes como el coya y de una fuerte movilización social ha logrado poner en la agenda el cobro de una vieja deuda social hacia aquellos que, lejos de ser socios del poder de turno, han significado el poder mismo, el que siempre está de turno... hoy parece haberle llegado el turno
El temor es comprensible
Colectivo Radio Pueblo
{audio}
http://www.agenciawalsh.org/
Publicado por
Pelusa
en Otro Uruguay es Posible
(AW)El nieto de Hugo Condor, ex detenido cívico militar y querellante en las causa por delitos de lesa humanidad por la noche del apagón, surió el miércoles pasado, un intento de secuestro. Un desconocido, en momentos en que el niño esperaba a su tía en la puerta de la escuela, lo tomó del brazo y corrió aproximadamente media cuadra. Allí tropezó y el chico aprovechó esto para volver corriendo a la escuela, donde aún había maestras.
Entrevistade "La Colectiva" a Julio Gutiérrez de CAPOMA - 011-15-3159-9744
San Salvador de Jujuy, 17 de mayo de 2012
Ayer miércoles fueron las vísperas de un evento histórico para la lucha por los derechos humanos en Jujuy, tal como es la posibilidad de hacer comparecer por primera vez en la justicia a los conductores del ingenio
Ledesma cuando la dictadura, el entonces administrador, Lemos, y su aún dueño, Blaquier, por las represiones y desapariciones durante la última dictadura, cuyo capítulo más oscuro fue la tristemente célebre "noche del apagón" (en realidad una semana durante la cual al resguardo de cortes nocturnos de la luz suministrada por Ledesma desaparecieron a cerca de 400 personas con el apoyo de vehículos de la misma empresa y entre ellos trabajadores de la misma
También fue la antesala de un día que significaba un pequeño gran avance en la investigación sobre la patronal ideóloga de la última dictadura militar.
Pero para Hugo Condorí, más conocido como "el coya" Condorí, ex-sindicalista de ledesma, ex-preso político, testigo en las causas (muchas unificadas merced la lucha popular) por la desaparición de Luis Aredez, Jorge Weisz, Carlos Patrignani y Crescencio Vargas, así como querellante en una de las causas de Ledesma, para el coya el día tuvo un curioso aditamento.
Sugestivamente en la víspera de este día clave el nieto del coya Condorí, de 8 años, sufrió un intento de secuestro a la salida de su colegio, al promediar las 5 de la tarde. Por un hecho fortuito el aún ignoto secuestrador, que tomó al niño por detrás y echó a correr, tropezó en un pequeño desnivel y cayó al suelo permitiendo al niño escapar de sus designios.
Este sugerente modo de operación parece transformarse en un modus operandi si sumamos a este hecho que hace unos años, al finalizar el coya su participación en un documental sobre la historia de la lucha por los derechos humanos en Jujuy, llamado "Nadie Olvida Nada", fue una hija suya quien sufrió también un intento de secuestro.
Pese a todo, en esta Jujuy librada a los aprietes, a las dilaciones judiciales o a la contradictoria política nacional de tener como socio burgués a una empresa manchada con el genocidio, la valentía de testigos inéditos, de viejos denunciantes como el coya y de una fuerte movilización social ha logrado poner en la agenda el cobro de una vieja deuda social hacia aquellos que, lejos de ser socios del poder de turno, han significado el poder mismo, el que siempre está de turno... hoy parece haberle llegado el turno
El temor es comprensible
Colectivo Radio Pueblo
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http://www.agenciawalsh.org/
Argentina: El testigo Martín Cañas recordó a su familia en el juicio por el Circuito
por Casapueblos-AEDD
Martes, 15 de Mayo de 2012 09:59
Testigo declara sobre el operativo que diezmó a su familia, en una
nueva audiencia del juicio por los crímenes de la dictadura en el
"Circuito Camps"
"El ataque a la casa duró varias horas y no dejó nada en pie" En otra audiencia de juicio por el Circuito Camps, un testigo recordó el operativo y los secuestros que diezmaron su familia: tiene una hermana y un hermano secuestrados y a su madre y una hermana asesinadas. Inspeccionan Arana y la Quinta.
Martín Horacio Cañas era el menor de cinco hermanos. De todos ellos la dictadura sólo le dejó uno. Los otros ya no están: Amelia, de 29 años, y Santiago, de 26, fueron secuestrados en 1977 y permanecen desaparecidos; su madre, María Angélica Blancá, y su hermana Carmen, de 24 años, fueron asesinadas en un ataque a la casa del barrio San Carlos, en La Plata, que habían alquilado intentando esconderse de la represión. El hombre, que explicó que logró huir del país junto con la hija y la nuera de la Madre de Plaza de Mayo Adelina de Alaye contó que su hermano fue secuestrado al día siguiente del asesinato del hijo de Chicha Mariani, cuando acudía a reunirse con él.
En el juicio por el denominado
Circuito Camps también declararon otros tres testigos, entre ellos una
sobreviviente y hermana de una desaparecida y el hijo mayor de Adriana
Calvo.
En total, cuatro testigos hablaron en una nueva audiencia del juicio por el Circuito Camps realizada desde las 12 en la ex Amia de 4 entre 51 y 53, en el que el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº1 investiga las responsabilidades de 21 policías, tres militares y un civil por crímenes de lesa humanidad cometidos contra 280 víctimas en seis centros clandestinos de detención que comandó la Bonaerense durante la dictadura.
En la jornada, Cañas recordó que “en el momento de la desaparición, Angélica y Santiago estaban militando en la Unión de Estudiantes Secundarios y yo y Carmen en la JUP (Juventud Universitaria Peronista), porque como nosotros éramos una familia de bajos recursos económicos los menores pudimos estudiar en tiempo y formas y estábamos en la universidad, pero mis otros hermanos terminaron en el secundario de adultos y por eso estaban en la UES”.
Cañas explicó que su padre era un militar retirado y que su madre era docente y una antigua militante del peronismo auténtico. Recordó que el periplo que concluyó con el exterminio de su familia comenzó a mediados de 1976 cuando secuestran a su amigo Roberto Castagnet y su esposa y a militantes de la UES. Fue entonces que la familia comenzó a huir.
“Dejamos nuestra casa y nos mudamos a Ensenada, al barrio de Cambaceres”, contó. A finales de ese año, al saberse perseguidos, la familia volvió a mudarse, pero esta vez se dividió para preservarse.
Contó que el 15 de abril de 1977 su hermana María Angélica fue secuestrada en La Plata, en cercanías de las calles 19 y 35 cuando caminaba hacia lo de la dirigente de la UES, Cecilia Salomone.
El siguiente fue su hermano Santiago, quien entonces militaba con Daniel Mariani, el hijo de Chicha. El 30 de julio de ese año los dos militantes “hicieron una interferencia en la transmisión de los canales de televisión 2 y 13 durante la segunda pelea entre (Carlos) Monzón y (el colombiano Rodrigo) Valdez, en la que pasan una proclama de Montoneros”.
Dos días después Mariani fue asesinado a tiros cuando intentó escapar del operativo realizado en la casa de 1132 y 35 en la que vivía con el matrimonio Médicci-Aued, quienes permanecen desaparecidos, y donde también fue secuestrado Guido Carlotto, esposo de la presidenta de Abuela de Plaza de Mayo, Estela Barnes.
El siguiente día, el 2 de agosto, Santiago fue capturado a pocas cuadras de esa casa. “Mi hermano va a esa casa y cuando está llegando lo detienen”, contó el testigo.
Cañas recordó que al día siguiente su madre viajó a Varela para pedirle a su ex esposo que inicie un habeas corpus pidiendo por su hermano Santiago. Y que el 4 de agosto, cuando él fue a verla, encontró la casa de 134 y 39 donde vivía con su hermana Carmen arrasada por las balas.
En ese ataque murió su madre y su hermana. Sólo se salvaron dos bebés: su sobrino, Ernesto Valiente y Cecilia Porfidio, hija de Roberto uno de los asesinados el año anterior en el ataque a la casa Mariani Teruggi. Fue su padre quien, por su indicación, logró recuperar a los dos niños que habían sido llevados a una casa cuna.
“El ataque duró varias horas. La casa quedó demolida. No quedó nada en pié”, contó el testigo. Y abundó: “En la casa solamente había un revólver que era de mi abuelo. Un arma calibre 32 de principio de siglo. Yo no creo que lo haya usado… Pero ojalá que Carmen les haya tirado”. En el operativo los únicos que salieron ilesos fueron los bebés y los atacantes.
Treinta mil. “Después del ataque a la casa de mi madre logramos juntarnos con María Alaye, que era mi compañera, con Inés Ramos, que era la nuera de Adelina de Alaye y con otro compañero. Y nos vamos los cuatro a vivir al interior, a Paraná”, recordó Cañas.
Gracias a Adelina los cuatro pudieron escapar a Brasil y luego como refugiados a Francia, donde junto con los otros exiliados organizaron la primera conferencia de prensa internacional con testigos.
“Cuando estábamos organizando eso surgió una pregunta que seguramente iban a hacer los periodistas ¿cuántos desaparecidos hay en Argentina?
Entonces Adriana Lesgart toma la carta abierta a la Junta Militar de Rodolfo Walsh, en donde menciona que al momento de su desaparición, que había ocurrido un año antes, había 15.000 desapariciones. Entonces a Adriana lo que se le ocurre es duplicar el dato. Que yo sepa esa es la primera vez que se habla de los 30 mil desaparecidos”, recordó.
Testigos. En la audiencia también declararon los ex prisioneros políticos de la dictadura Carlos Gensón y Lidia Araceli Gutiérrez de Elizardi y el hijo de la sobreviviente Adriana Calvo, Santiago Laborde, quien fue entregado a sus vecinos cuando su madre fue secuestrada en Tolosa, La Plata.
El juicio continuará con dos inspecciones oculares en el destacamento policial de Arana y la comisaría Quinta, donde en dictadura funcionaron centros clandestinos de detención y tortura.
Por Pablo Roesler - pabloroesler@gmail.com
CHILE RECHAZO EL PEDIDO DE ASILO REALIZADO POR EL EX JUEZ MENDOCINO
Romano se quedó sin refugio
El gobierno de Piñera desestimó que existiera una
supuesta persecución contra Otilio Romano, procesado en Argentina por
delitos de lesa humanidad. También le anuló la visa de residencia
temporal. Ahora la Corte chilena analiza si lo extradita o no.
Romano se escapó a Chile en agosto pasado, un día antes de que se le iniciara el juicio político.
Por Irina Hauser
Página 12
El
gobierno chileno rechazó el pedido de refugio del ex camarista mendocino
Otilio Romano con el argumento de que no lo considera un perseguido
político y, además, le anuló la visa de residencia temporaria que le dio
resguardo a pesar de estar prófugo. Romano está procesado por la
Justicia argentina como partícipe primario de delitos de lesa humanidad
durante la última dictadura, cuando actuaba como fiscal y juez
subrogante en su provincia. La resolución del Ministerio del Interior de
Chile es concluyente: “Del estudio de todos los antecedentes aportados y
recabados no fue posible acreditar la existencia de un fundado temor de
persecución”, dice. Esta decisión aumenta las posibilidades de que la
Corte Suprema del país vecino resuelva extraditarlo, ya que le resta
argumentos y pone en evidencia que habría sobreactuado en busca de
protección. El juicio de extradición está en pleno trámite.
Romano se escapó a Chile en agosto del año pasado, un día antes de que el Consejo de la Magistratura resolviera suspenderlo y abrirle juicio político. Pero no huía únicamente del jury, sino de la investigación penal en su contra. En el expediente judicial, que impulsó el fiscal Omar Palermo, se le atribuye haber tenido participación en 103 casos de secuestros, torturas y hasta robo de bienes de desaparecidos, desde tiempo antes del golpe de Estado –cuando la Justicia aplicaba la ley 20.840 conocida como “ley antisubversiva”– y a lo largo del régimen dictatorial. En el momento que huyó, Romano no tenía orden de detención, por eso pudo tomarse un avión sin problemas. Fue su demostración de reticencia a someterse a la Justicia lo que determinó que el juez Walter Bento decidiera pedir su captura internacional, aunque recién se activó cuando fue destituido, a mediados de diciembre. Luego siguió el pedido de extradición desde el gobierno argentino.
Romano estaba fugitivo pero hacía declaraciones victimizándose. “No sé de qué carajo se me acusa”, protestó, y dijo que era blanco de “una persecución y venganza de personeros de izquierda”. Con una línea argumental similar, pidió refugio ante el gobierno de Sebastián Piñera. Un punto central de su planteo era que el Gobierno lo perseguía porque como camarista había firmado el fallo que suspendió con efectos generales la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (luego revertido y fuertemente criticado por la Corte Suprema). El Ministerio del Interior chileno, sin embargo, le contestó que las denuncias en su contra ante el Consejo de la Magistratura son anteriores a la firma de aquella sentencia, por lo tanto “no se acredita que dicha circunstancia sea la causa principal de la persecución que alega”. Tampoco se puede decir, evaluó, que “su enjuiciamiento sea de carácter discriminatorio”.
La resolución del gobierno chileno, que surge del análisis de la Comisión de Reconocimiento de la Condición de Refugiado, dice que “los vicios o defectos de carácter procesal-constitucional” que Romano adjudica a los “expedientes seguidos en su contra” no muestran “persecución”. Añade que tampoco demostró que se lo haya “privado de las garantías de un debido proceso” previstas en la Convención Americana de Derechos Humanos, ni que las instituciones argentinas no le “garantizan los estándares mínimos de un Estado de Derecho”, ni probó “falta de autonomía o imparcialidad” de la Justicia. La conclusión es que no se da ninguno de los requisitos que prevé la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados.
“Chile siempre es respetuoso de los países vecinos. Argentina tiene la prioridad para hacer los juzgamientos de sus nacionales, de quienes piden requerimiento, siempre hemos actuado de la misma manera”, le dijo ayer el ministro vocero del gobierno chileno Andrés Chadwick al diario El Sol online de Mendoza. “En Argentina hay un Estado de Derecho y los tribunales de Justicia tienen la facultad para hacer la investigación que corresponda”, señaló. Romano tiene tres días para apelar el rechazo al asilo y la anulación de la visa provisoria. No le quedarían, de todos modos, chances para esperar que se revierta. Apenas puede depositar una mínima esperanza en la Corte Suprema chilena, que es la que tramita la extradición.
Interpol detuvo a Romano por unas horas el 24 de febrero último en el departamento que habita en el coqueto balneario de Reñaca, que muchos mendocinos eligen como destino de vacaciones. Fue para llevarlo a declarar en los inicios del juicio de extradición en la Corte, donde repitió su libreto. Al final le concedieron un “arresto domiciliario nocturno”: tiene que volver todas las noches a dormir al mismo lugar, allí en Reñaca. El proceso de extradición está a cargo de un juez supremo que lo instruye, Adalis Oyarzún Miranda, quien en los últimos días requirió gran cantidad de legislación argentina e internacional para analizar el caso (desde la Constitución, el Código Penal, las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, así como las normas que las anularon, entre otras cosas). El instructor es el que resuelve, pero su decisión es apelable ante el pleno de la Corte. El desenlace no sería tan lejano. Si la Corte lo extradita, será deportado para ser juzgado en Argentina. Si rechaza devolverlo, habrá que ver si consigue un permiso de residencia.
El abogado Pablo Salinas (del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos de Mendoza), quien impulsó la investigación contra Romano, dijo que “con el rechazo a darle refugio se le cierran las puertas. Es una señal fuerte de parte del gobierno de Piñera, que nos hace tener la esperanza de que pronto lo tendremos acá para juzgarlo y que posiblemente sea Mendoza la primera que le haga juicio a él y otro grupo de jueces que fueron cómplices de la dictadura”.
Romano se escapó a Chile en agosto del año pasado, un día antes de que el Consejo de la Magistratura resolviera suspenderlo y abrirle juicio político. Pero no huía únicamente del jury, sino de la investigación penal en su contra. En el expediente judicial, que impulsó el fiscal Omar Palermo, se le atribuye haber tenido participación en 103 casos de secuestros, torturas y hasta robo de bienes de desaparecidos, desde tiempo antes del golpe de Estado –cuando la Justicia aplicaba la ley 20.840 conocida como “ley antisubversiva”– y a lo largo del régimen dictatorial. En el momento que huyó, Romano no tenía orden de detención, por eso pudo tomarse un avión sin problemas. Fue su demostración de reticencia a someterse a la Justicia lo que determinó que el juez Walter Bento decidiera pedir su captura internacional, aunque recién se activó cuando fue destituido, a mediados de diciembre. Luego siguió el pedido de extradición desde el gobierno argentino.
Romano estaba fugitivo pero hacía declaraciones victimizándose. “No sé de qué carajo se me acusa”, protestó, y dijo que era blanco de “una persecución y venganza de personeros de izquierda”. Con una línea argumental similar, pidió refugio ante el gobierno de Sebastián Piñera. Un punto central de su planteo era que el Gobierno lo perseguía porque como camarista había firmado el fallo que suspendió con efectos generales la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (luego revertido y fuertemente criticado por la Corte Suprema). El Ministerio del Interior chileno, sin embargo, le contestó que las denuncias en su contra ante el Consejo de la Magistratura son anteriores a la firma de aquella sentencia, por lo tanto “no se acredita que dicha circunstancia sea la causa principal de la persecución que alega”. Tampoco se puede decir, evaluó, que “su enjuiciamiento sea de carácter discriminatorio”.
La resolución del gobierno chileno, que surge del análisis de la Comisión de Reconocimiento de la Condición de Refugiado, dice que “los vicios o defectos de carácter procesal-constitucional” que Romano adjudica a los “expedientes seguidos en su contra” no muestran “persecución”. Añade que tampoco demostró que se lo haya “privado de las garantías de un debido proceso” previstas en la Convención Americana de Derechos Humanos, ni que las instituciones argentinas no le “garantizan los estándares mínimos de un Estado de Derecho”, ni probó “falta de autonomía o imparcialidad” de la Justicia. La conclusión es que no se da ninguno de los requisitos que prevé la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados.
“Chile siempre es respetuoso de los países vecinos. Argentina tiene la prioridad para hacer los juzgamientos de sus nacionales, de quienes piden requerimiento, siempre hemos actuado de la misma manera”, le dijo ayer el ministro vocero del gobierno chileno Andrés Chadwick al diario El Sol online de Mendoza. “En Argentina hay un Estado de Derecho y los tribunales de Justicia tienen la facultad para hacer la investigación que corresponda”, señaló. Romano tiene tres días para apelar el rechazo al asilo y la anulación de la visa provisoria. No le quedarían, de todos modos, chances para esperar que se revierta. Apenas puede depositar una mínima esperanza en la Corte Suprema chilena, que es la que tramita la extradición.
Interpol detuvo a Romano por unas horas el 24 de febrero último en el departamento que habita en el coqueto balneario de Reñaca, que muchos mendocinos eligen como destino de vacaciones. Fue para llevarlo a declarar en los inicios del juicio de extradición en la Corte, donde repitió su libreto. Al final le concedieron un “arresto domiciliario nocturno”: tiene que volver todas las noches a dormir al mismo lugar, allí en Reñaca. El proceso de extradición está a cargo de un juez supremo que lo instruye, Adalis Oyarzún Miranda, quien en los últimos días requirió gran cantidad de legislación argentina e internacional para analizar el caso (desde la Constitución, el Código Penal, las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, así como las normas que las anularon, entre otras cosas). El instructor es el que resuelve, pero su decisión es apelable ante el pleno de la Corte. El desenlace no sería tan lejano. Si la Corte lo extradita, será deportado para ser juzgado en Argentina. Si rechaza devolverlo, habrá que ver si consigue un permiso de residencia.
El abogado Pablo Salinas (del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos de Mendoza), quien impulsó la investigación contra Romano, dijo que “con el rechazo a darle refugio se le cierran las puertas. Es una señal fuerte de parte del gobierno de Piñera, que nos hace tener la esperanza de que pronto lo tendremos acá para juzgarlo y que posiblemente sea Mendoza la primera que le haga juicio a él y otro grupo de jueces que fueron cómplices de la dictadura”.
Respuesta de Daniel De Santis a la editorial de La nación
Buenos Aires, miércoles 16 de mayo de 2012
Director del Diario La Nación
Señor Bartolomé Mitre.
La edición del lunes 14 de mayo del diario que usted dirige
publicó una nota editorial crítica con nuestra Cátedra Che Guevara. Reciba la
presente que, en uso del derecho a réplica, debería ser publicada en el mismo
lugar y con la misma extensión.
La Cátedra fue fundada, junto a mí, por estudiantes de la
Universidad de La Plata. El Presidente de ésta, Dr. Alberto Dibbern, envió sus
felicitaciones a la clase inaugural que se realizó el día 30 de agosto de 2003
en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social. Obtuvo el reconocimiento
académico de la misma Facultad y fue aprobada como seminario curricular en la
Facultad de Trabajo Social. Desde el año 2008 desarrolla cursos en las
Facultades de Ciencias Sociales y de Filosofía de la UBA.
Impartimos tres materias: El pensamiento y la acción de
Ernesto Guevara, Historia de las Revoluciones en América Latina y La historia
del PRT-ERP. Ni un solo peso de los contribuyentes es gastado en esos cursos ya
que todas sus actividades son ad-honorem, por lo que sus reiteradas referencias
al pago de los impuestos evidencian lo poco que nos conoce.
Respecto al rigor histórico que vuestra nota impugna, el
historiador Luis Brunetto afirma que: “Fuera de la lógica interna que rige el
proceso de interpretación de los fenómenos históricos, lo único que puede
exigírsele a una investigación historiográfica es la prueba de veracidad de los
hechos en que apoyan sus explicaciones. Y, en lo que se refiere a La historia del PRT está claro que el
cuerpo documental reunido por el autor cumple acabadamente con este requisito”.
Nos pide que hagamos lo que usted no hace: Nunca hemos tenido
la oportunidad de exponer sobre estos temas en su Diario. En este sentido le
recordamos que el más fecundo pluralismo fue la coexistencia de diversas
escuelas en la Grecia antigua que culminó con el ingreso de nuestra especie en el
pensamiento científico.
En cuanto “a los valores de la democracia, la libertad y el Estado de
Derecho” que dice defender, le recuerdo que fueron ustedes responsables
ideológicos de los bombardeos a la población civil en la Plaza de Mayo en junio
de 1955, y en septiembre de “asaltar las instituciones de la República” por
medio de un golpe que llamaron “Revolución Libertadora”. Con “el arma sobre el
brazo” y “mil veces una muerte argentina”, como clamaba la Marcha de vuestra
Libertad en aquellos días, se fue tornando en fusiladora. También ustedes
aportaron al derrocamiento del Presidente radical Arturo Illia el 28 de junio
de 1966.La Universidad de La Plata fue ocupada el mismo 28 por las tropas del dictador Onganía. Los estudiantes fuimos reprimidos y perseguidos, entonces, ante la inoperancia de la dirigencia, muchos buscamos como aliados a los obreros sindicalizados para enfrentar juntos a los dictadores. ¿Cuánto valía el Estado de Derecho en esos años? Nada. La lucha contra la dictadura nos acercó al Che, del que nos hicimos sus discípulos en los días posteriores de recibida la noticia de su muerte por asesinato de vuestro “Estado de Derecho”.
Desde la Cátedra Libre Ernesto Che Guevara y la Juventud Guevarista estamos empeñados en la batalla de ideas contra la explotación de los trabajadores y la descomposición ética de las clases dirigentes. Para llevarla al terreno de la práctica política, con la Unión del Pueblo, por nosotros fundada, venimos participando en las elecciones y no dudamos que el pueblo acompañará con su voto y participación nuestras propuestas como lo ha comenzado a hacer en los últimas comicios. Nuestro propósito: ¡ganar las elecciones! En esos días veremos nuevamente quiénes son los democráticos. Mientras tanto educamos a las nuevas generaciones en el ejercicio de la memoria, porque no olvidamos vuestra vocación fusiladora en el 56, en Trelew en el 72 y los miles de desparecidos de la Dictadura del 76, que ni el coraje para fusilarlos tuvo.
No somos partidarios de disfrazarnos de corderos porque creemos que la verdad enaltece a las personas, a las organizaciones y bien educa a nuestro pueblo.
Ernesto Che Guevara es querido por los pueblos de América Latina y del mundo por su honestidad y entrega, nosotros hace años tomamos su bandera y se la llevamos a las jóvenes generaciones para que vean que no todo es lucro, egoísmo, individualismo, que los seres humanos podemos construir una sociedad justa y solidaria. El capitalismo ha fracasado en ello. Nuestro socialismo, el del Che, sigue siendo la utopía posible para el futuro de la humanidad.
Daniel De Santis
Coordinador de la Cátedra Ernesto Che
Guevara.
