Las protestas tumban al Gobierno búlgaro
El descontento por los altos precios de la luz y la austeridad se lleva por delante a Borisov
Enfrentamientos entre la policía y los manifestantes en Sofía. / DIMITAR DILKOFF (AFP)
Las vallas que trataron de contener a los manifestantes que han
tumbado al Gobierno búlgaro en bloque eran las únicas que aguantaban
anoche a los alrededores del Parlamento, en Sofía, la capital búlgara.
Unas horas antes, el primer ministro, el conservador Boiko Borisov,
anunciaba la dimisión en pleno de su Ejecutivo. “Cada gota de sangre que
cae”, manifestó Borisov, “es una mancha para nosotros. No participaré
en un Gobierno bajo el cual la policía pega a la gente”. El líder
conservador no ha podido aguantar la presión de ocho días consecutivos de protestas
por el precio de la energía, que en el último año se ha disparado. Las
marchas fueron ganando en agresividad y se extendieron por un país cuyo
salario medio es de tan solo 350 euros, y cuyas pensiones rondan los 75.
“Yo no quiero un cambio de Gobierno sino de política”, dice bajo el frío Katherina Choleva, de 20 años. “Igual que los que protestan”, entre los que esta estudiante de Medio Ambiente admite que no estuvo, “creo que necesitamos sueldos más altos y que frenen la corrupción”. Freno a la crisis quiso poner el primer ministro al ofrecer la cabeza de su ministro de Finanzas, una reducción de las tarifas de la energía en un 8% o represalias contra las distribuidoras de electricidad. No funcionó.
“No he vivido bajo el comunismo”, continúa Choleva, “pero he oído que entonces no había ricos ni pobres, la gente tenía para comer y pagaba, porque podía, impuestos”. El clamor de los ciudadanos ha llevado al hasta ahora líder indiscutido del país a pedir incluso que su partido de centroderecha, Ciudadanos por el Desarrollo Europeo de Bulgaria (GERB, en sus siglas búlgaras), no participe en el Gobierno provisional que se forme hasta las próximas elecciones. Fuentes diplomáticas apuntan que estos comicios podrían tener lugar en mayo o junio, tan solo uno o dos meses antes de las que ya estaban previstas antes de la crisis.
Cuando la Asamblea Nacional acepte hoy la dimisión en bloque, el jefe de Estado, Rosen Plevneliev, deberá elegir un Gobierno técnico que dirija el país los próximos meses. Pese a que Borisov —un antiguo guardaespaldas que llegó al poder en julio de 2009 con la promesa de acabar con los trapicheos y aumentar el nivel de vida del país más pobre de la UE— ha caído por el precio del gas y la electricidad, insoportable para una gran parte de la población, las medidas de austeridad y los escándalos de corrupción también habían aumentado el malestar popular.
Lazar y María, de 19 y 20 años, son una muestra de un descontento enraizado en el país. “No creemos en la política”, afirma ella tajante. “Que dimitan no servirá de nada porque la estructura no cambiará”. Pese a contar con unas cifras envidiables —un déficit del 2% del PIB y una deuda del 16%—, la congelación de salarios y pensiones y las subidas de impuestos ha encolerizado a una población con una renta per cápita que no llega al 50% de la media de la UE.
El dimitido primer ministro búlgaro, el conservador Boiko Borisov, este martes en Sofía. / STOYAN NENOV (REUTERS)
Las protestas de los búlgaros alcanzaron su punto álgido el pasado
domingo, cuando unas 100.000 personas salieron a las calles en 35
ciudades. El martes se saldó con 25 detenidos, 10 heridos y numerosos daños materiales en Sofía.
El analista Daniel Smilov, del Centro de Estrategias Liberales, apunta
precisamente a la ausencia de partidos involucrados en las
manifestaciones: “Parece que han sido muy espontáneas, los manifestantes
no querían políticos entre ellos. Sin embargo, esto podría ser
problemático si la situación no se traduce al lenguaje político”.
“No voy a cambiar mi decisión de dimitir bajo ninguna circunstancia”, advirtió Borisov durante su comparecencia. Analistas como Zhivko Georgiev consideran, sin embargo, que el líder búlgaro no se va por sus convicciones democráticas, sino que solo ha elegido el mal menor.
“Borisov tiene un instinto de supervivencia a prueba de bombas; y esto es lo que le ha llevado a dimitir”, aseguró este sociólogo a la agencia búlgara BTA. La oposición socialista, sucesora de los antiguos comunistas y que aboga por bajar impuestos y subir salarios, tendrá en las próximas elecciones la posibilidad de recuperar el poder.
“Con nuestras acciones de hoy, hemos demostrado al mundo el nivel de nuestro desarrollo democrático”, dijo el presidente en un comunicado, en el que recordó que ahora “lo más importante” es que tanto los políticos como los ciudadanos actúen “de forma tranquila y sensata”.
“Yo no quiero un cambio de Gobierno sino de política”, dice bajo el frío Katherina Choleva, de 20 años. “Igual que los que protestan”, entre los que esta estudiante de Medio Ambiente admite que no estuvo, “creo que necesitamos sueldos más altos y que frenen la corrupción”. Freno a la crisis quiso poner el primer ministro al ofrecer la cabeza de su ministro de Finanzas, una reducción de las tarifas de la energía en un 8% o represalias contra las distribuidoras de electricidad. No funcionó.
“No he vivido bajo el comunismo”, continúa Choleva, “pero he oído que entonces no había ricos ni pobres, la gente tenía para comer y pagaba, porque podía, impuestos”. El clamor de los ciudadanos ha llevado al hasta ahora líder indiscutido del país a pedir incluso que su partido de centroderecha, Ciudadanos por el Desarrollo Europeo de Bulgaria (GERB, en sus siglas búlgaras), no participe en el Gobierno provisional que se forme hasta las próximas elecciones. Fuentes diplomáticas apuntan que estos comicios podrían tener lugar en mayo o junio, tan solo uno o dos meses antes de las que ya estaban previstas antes de la crisis.
Cuando la Asamblea Nacional acepte hoy la dimisión en bloque, el jefe de Estado, Rosen Plevneliev, deberá elegir un Gobierno técnico que dirija el país los próximos meses. Pese a que Borisov —un antiguo guardaespaldas que llegó al poder en julio de 2009 con la promesa de acabar con los trapicheos y aumentar el nivel de vida del país más pobre de la UE— ha caído por el precio del gas y la electricidad, insoportable para una gran parte de la población, las medidas de austeridad y los escándalos de corrupción también habían aumentado el malestar popular.
Lazar y María, de 19 y 20 años, son una muestra de un descontento enraizado en el país. “No creemos en la política”, afirma ella tajante. “Que dimitan no servirá de nada porque la estructura no cambiará”. Pese a contar con unas cifras envidiables —un déficit del 2% del PIB y una deuda del 16%—, la congelación de salarios y pensiones y las subidas de impuestos ha encolerizado a una población con una renta per cápita que no llega al 50% de la media de la UE.
El dimitido primer ministro búlgaro, el conservador Boiko Borisov, este martes en Sofía. / STOYAN NENOV (REUTERS)“No voy a cambiar mi decisión de dimitir bajo ninguna circunstancia”, advirtió Borisov durante su comparecencia. Analistas como Zhivko Georgiev consideran, sin embargo, que el líder búlgaro no se va por sus convicciones democráticas, sino que solo ha elegido el mal menor.
“Borisov tiene un instinto de supervivencia a prueba de bombas; y esto es lo que le ha llevado a dimitir”, aseguró este sociólogo a la agencia búlgara BTA. La oposición socialista, sucesora de los antiguos comunistas y que aboga por bajar impuestos y subir salarios, tendrá en las próximas elecciones la posibilidad de recuperar el poder.
“Con nuestras acciones de hoy, hemos demostrado al mundo el nivel de nuestro desarrollo democrático”, dijo el presidente en un comunicado, en el que recordó que ahora “lo más importante” es que tanto los políticos como los ciudadanos actúen “de forma tranquila y sensata”.
El Gobierno búlgaro dimite en bloque acorralado por las protestas
El descontento por los altos precios de la luz y la austeridad se lleva por delante a Borisov
Enfrentamientos entre la policía y los manifestantes en Sofía. / DIMITAR DILKOFF (AFP)
El primer ministro de Bulgaria, el conservador Boiko Borisov, ha anunciado este miércoles la dimisión en bloque de su Gobierno ante las masivas protestas que se han sucedido en todo el país por el alto precio de la electricidad y las medidas de austeridad.
Ni las recientes promesas de Borisov de bajar un 8% el precio de la luz a partir del 1 de marzo, ni las multas a las empresas distribuidoras de electricidad, ni la forzada dimisión del ministro de Finanzas, Simeon Dyankov, han servido para calmar el descontento popular.
Tras el décimo día de concentraciones —que en las dos últimas jornadas se habían tornado violentas, con fuertes enfrentamientos entre policía y manifestantes— el jefe de Gobierno ha decidido dejar el cargo. "No participaré en un Gobierno bajo el cual la policía está pegando a la gente", ha declarado Borisov al anunciar la dimisión de su Ejecutivo.
Este martes, las protestas se saldaron en Sofía con 25 detenidos y 10 heridos, entre ellos dos policías, ocho automóviles policiales con daños materiales y ventanas y escaparates rotos. Alrededor de 3.000 personas, en su mayoría jóvenes, bloquearon el tráfico en varios puntos de la capital búlgara y arrojaron piedras y petardos a los antidisturbios, que les cortaron el paso en los alrededores del Parlamento.
Bulgaria celebraba el martes el 140 aniversario de la ejecución de uno de sus héroes nacionales, el revolucionario Vasil Lévski, que luchó contra la dominación turca. El monumento que se levanta en su honor en Sofía apareció fuertemente acordonado y custodiado por agentes antidisturbios para evitar el boicot a una ceremonia oficial en la que participaba el Gobierno, pero la tensión acabó estallando. Los manifestantes abuchearon a los políticos y pidieron su dimisión entre gritos de "mafia".
“Esas manifestaciones se iniciaron contra los altos precios de la electricidad, pero las raíces del descontento son aún más profundas”, dijo el presidente búlgaro, Rosen Plevneliev, del mismo partido que Borisov, después de que el domingo pasado las protestas callejeras alcanzaran su punto culminante con la participación de cerca de 100.000 personas en 35 ciudades.
Plevneliev, que hace apenas dos meses se mostraba orgulloso en declaraciones a la agencia Efe de las cifras macroeconómicas —un déficit menor al 2% y una deuda del 16% del producto interior bruto (PIB)— logradas con una estrategia de ahorro en los últimos cuatro años, reconocía en medio de las protestas las razones del descontento. Los bajos sueldos, el elevado desempleo y la percepción popular de que no impera la justicia son algunas de las causas de este estallido de indignación, según el jefe del Estado.
En Bulgaria, un país en el que el salario medio ronda los 350 euros, el mínimo es de 155 euros y las pensiones se mueven en torno a los 75. En muchos casos, las facturas de la luz que reciben particulares y empresas ascienden al doble que el año pasado por estas fechas.
El Ejecutivo de Borisov gobernaba en minoría desde julio de 2009, cuando su partido, el Ciudadanos por el Desarrollo Europeo de Bulgaria, de centro derecha, se hizo con 116 de los 240 diputados de la Asamblea Nacional. Este cese del Gobierno llega en año electoral, con las legislativas previstas para julio.
Ni las recientes promesas de Borisov de bajar un 8% el precio de la luz a partir del 1 de marzo, ni las multas a las empresas distribuidoras de electricidad, ni la forzada dimisión del ministro de Finanzas, Simeon Dyankov, han servido para calmar el descontento popular.
Tras el décimo día de concentraciones —que en las dos últimas jornadas se habían tornado violentas, con fuertes enfrentamientos entre policía y manifestantes— el jefe de Gobierno ha decidido dejar el cargo. "No participaré en un Gobierno bajo el cual la policía está pegando a la gente", ha declarado Borisov al anunciar la dimisión de su Ejecutivo.
Este martes, las protestas se saldaron en Sofía con 25 detenidos y 10 heridos, entre ellos dos policías, ocho automóviles policiales con daños materiales y ventanas y escaparates rotos. Alrededor de 3.000 personas, en su mayoría jóvenes, bloquearon el tráfico en varios puntos de la capital búlgara y arrojaron piedras y petardos a los antidisturbios, que les cortaron el paso en los alrededores del Parlamento.
Bulgaria celebraba el martes el 140 aniversario de la ejecución de uno de sus héroes nacionales, el revolucionario Vasil Lévski, que luchó contra la dominación turca. El monumento que se levanta en su honor en Sofía apareció fuertemente acordonado y custodiado por agentes antidisturbios para evitar el boicot a una ceremonia oficial en la que participaba el Gobierno, pero la tensión acabó estallando. Los manifestantes abuchearon a los políticos y pidieron su dimisión entre gritos de "mafia".
“Esas manifestaciones se iniciaron contra los altos precios de la electricidad, pero las raíces del descontento son aún más profundas”, dijo el presidente búlgaro, Rosen Plevneliev, del mismo partido que Borisov, después de que el domingo pasado las protestas callejeras alcanzaran su punto culminante con la participación de cerca de 100.000 personas en 35 ciudades.
Plevneliev, que hace apenas dos meses se mostraba orgulloso en declaraciones a la agencia Efe de las cifras macroeconómicas —un déficit menor al 2% y una deuda del 16% del producto interior bruto (PIB)— logradas con una estrategia de ahorro en los últimos cuatro años, reconocía en medio de las protestas las razones del descontento. Los bajos sueldos, el elevado desempleo y la percepción popular de que no impera la justicia son algunas de las causas de este estallido de indignación, según el jefe del Estado.
En Bulgaria, un país en el que el salario medio ronda los 350 euros, el mínimo es de 155 euros y las pensiones se mueven en torno a los 75. En muchos casos, las facturas de la luz que reciben particulares y empresas ascienden al doble que el año pasado por estas fechas.
El Ejecutivo de Borisov gobernaba en minoría desde julio de 2009, cuando su partido, el Ciudadanos por el Desarrollo Europeo de Bulgaria, de centro derecha, se hizo con 116 de los 240 diputados de la Asamblea Nacional. Este cese del Gobierno llega en año electoral, con las legislativas previstas para julio.
Dimite el Gobierno búlgaro tras las protestas por el precio de la energía y los recortes
Tras diez días de intensas protestas populares contra los altos precios de la electricidad, el Gobierno considera que "no tiene nada que hacer"
AGENCIAS Sofía 20/02/2013 10:04 Actualizado: 20/02/2013 10:58 Público
El dimitido primer ministro búlgaro, Boiko Borisov, en el Parlamento anunciando la renuncia de su Gobierno.REUTERS.
El primer ministro de Bulgaria, el conservador Boiko Borisov,
anunció este miércles la dimisión de su Gobierno en pleno tras diez
días de intensas protestas populares contra las políticas de austeridad
y el aumento de las tarifas eléctricas. "A partir de hoy el Gobierno no
tiene nada que hacer. Cada gotita de sangre para nosotros es una mancha. No puedo ver un Parlamento rodeado por tapias",
dijo Borisov en el Parlamento, en alusión a los heridos en las
manifestaciones celebradas en varias ciudades del país en las dos
últimas noches.
Hasta 25 personas fueron hospitalizadas este martes tras enfrentarse con la Policía en las manifestaciones de anoche en Sofía, y unas tres mil personas que intentaron llegar hasta el Parlamento. Esas nuevas y violentas protestas se produjeron a pesar de que Borisov había reaccionado a las manifestaciones anteriores forzando el lunes la dimisión del ministro de Finanzas, Simeon Dyankov, y prometiendo ayer que bajará el precio de la electricidad un 8%. "No voy a participar en un Gobierno bajo cuyo mandato la Policía está golpeando al pueblo", ha declarado el primer ministro ante el Parlamento, sin precisar si se van a adelantar las elecciones legislativas previstas para julio de este año.
Los precios de la electricidad son especialmente sensibles para los búlgaros, especialmente en invierno, cuando una factura cuesta una media de 350 euros al mes. Además, el pasado mes de julio la electricidad ya había subido un 13%. El problema de las tarifas eléctricas se une al malestar general por el bajo nivel de vida y por los altos índices de corrupción en el país, el más pobre de la UE.
Boiko Borisov ha intentado calmar el malestar de la calle cesando el pasado lunes al ministro de Hacienda, Simeon Djankov, y anunciando una serie de medidas, como la reducción de las tarifas eléctricas, la revocación de la licencia a CEZ y la imposición de multas a las tres distribuidoras eléctricas extranjeras, CEZ, Energo-Pro y EVN. "Ayer hicimos lo máximo que podíamos hacer para responder a las exigencias de los manifestantes", subrayó esta mañana el jefe del Gobierno tras anunciar que su Ejecutivo presentará su dimisión hacia el mediodía.
Además, aconsejó a los 117 diputados de su partido, GERB, que también dimitan y abandonen sus escaños. "El Estado necesita nuevamente un crédito de confianza y el pueblo debe decidir cómo gobernarse", señaló. Aseguró que su partido GERB no participará en un eventual gobierno técnico.
Hasta 25 personas fueron hospitalizadas este martes tras enfrentarse con la Policía en las manifestaciones de anoche en Sofía, y unas tres mil personas que intentaron llegar hasta el Parlamento. Esas nuevas y violentas protestas se produjeron a pesar de que Borisov había reaccionado a las manifestaciones anteriores forzando el lunes la dimisión del ministro de Finanzas, Simeon Dyankov, y prometiendo ayer que bajará el precio de la electricidad un 8%. "No voy a participar en un Gobierno bajo cuyo mandato la Policía está golpeando al pueblo", ha declarado el primer ministro ante el Parlamento, sin precisar si se van a adelantar las elecciones legislativas previstas para julio de este año.
Los precios de la electricidad son especialmente sensibles para los búlgaros, especialmente en invierno, cuando una factura cuesta una media de 350 euros al mes. Además, el pasado mes de julio la electricidad ya había subido un 13%. El problema de las tarifas eléctricas se une al malestar general por el bajo nivel de vida y por los altos índices de corrupción en el país, el más pobre de la UE.
Boiko Borisov ha intentado calmar el malestar de la calle cesando el pasado lunes al ministro de Hacienda, Simeon Djankov, y anunciando una serie de medidas, como la reducción de las tarifas eléctricas, la revocación de la licencia a CEZ y la imposición de multas a las tres distribuidoras eléctricas extranjeras, CEZ, Energo-Pro y EVN. "Ayer hicimos lo máximo que podíamos hacer para responder a las exigencias de los manifestantes", subrayó esta mañana el jefe del Gobierno tras anunciar que su Ejecutivo presentará su dimisión hacia el mediodía.
Además, aconsejó a los 117 diputados de su partido, GERB, que también dimitan y abandonen sus escaños. "El Estado necesita nuevamente un crédito de confianza y el pueblo debe decidir cómo gobernarse", señaló. Aseguró que su partido GERB no participará en un eventual gobierno técnico.
Multitudinarias protestas por el precio de la luz arrinconan al Gobierno búlgaro
El primer ministro multa a las distribuidoras de electricidad y fuerza la dimisión del titular de Finanzas
Un manifestante muestra un cartel que dice "No pagaremos" este domingo en Sofía. / DIMITAR DILKOFF (AFP)
El Gobierno de Bulgaria,
el país más pobre de la UE, está cada vez más arrinconado y a la
defensiva, frente a la creciente ira ciudadana por el encarecimiento de
la electricidad, si bien las raíces del malestar son más profundas.
“Esas manifestaciones se iniciaron contra los altos precios de la
electricidad, pero las raíces del descontento son aún más profundas”,
dijo el presidente búlgaro, Rosen Plevneliev, después de que el domingo
pasado las protestas callejeras alcanzaran su punto culminante con la
participación de cerca de 100.000 personas en 35 ciudades.
En su diagnóstico de la situación, Plevneliev destacó, entre los factores más desestabilizadores, los bajos sueldos, el elevado desempleo y la percepción popular de que no impera la justicia.
El jefe del Gobierno búlgaro, el conservador Boiko Borisov, reaccionó el lunes forzando la dimisión de su ministro de Finanzas, Simeon Dyankov, que no dejó de destacar la supuesta bondad de mantener la estabilidad fiscal y la baja deuda del país. Ante la constatación de que la salida de Dyankov no lograba calmar las aguas, el primer ministro salió este martes al paso con multas a las distribuidoras de electricidad (la austríaca EVN y las checas CEZ y Energo-Pro), la retirada de la licencia a una de ellas (CEZ) y el anuncio de que “recomendará” una bajada de las tarifas. “Recomendamos al regulador, y ojalá respete esta recomendación, anular la subida del precio del 13 % que entró en vigor en agosto de 2012. Los cálculos del Gobierno apuntan a que el precio de la electricidad puede reducirse en un 8%”, dijo el Borisov en rueda de prensa este martes en Sofía.
“Somos testigos de cómo el frigorífico ha anulado al televisor”, declaró el politólogo Arman Babikyan a la agencia Bgnes, en alusión a que las dificultades de la población para afrontar los gastos cotidianos contrastan con las informaciones de las cadenas de televisión sobre el éxito de la política económica del Gobierno.
El propio presidente Plevneliev, hace apenas dos meses, se mostraba orgulloso en declaraciones a Efe de las cifras macroeconómicas —un déficit menor al 2% y una deuda del 16% del producto interior bruto (PIB)— logradas con una estrategia de ahorro en los últimos cuatro años.
Pero esa política ha empeorado el bajo nivel de ingresos, pensiones y gastos públicos: el salario medio ronda los 350 euros, el mínimo es de 155 euros y las pensiones se mueven en torno a los 75 euros. “¿Cómo pagar los 300 euros de la factura de la luz y la calefacción con un salario de la misma cantidad? ¿Qué hacer? ¿No comer, no criar a los niños, no comprarse ropa?”, se preguntaba una de las madres que salieron estos días a las calles. “Adiós Dyankov, el próximo es Borisov [el primer ministro]”, fue el lema de las marchas el lunes.
En su diagnóstico de la situación, Plevneliev destacó, entre los factores más desestabilizadores, los bajos sueldos, el elevado desempleo y la percepción popular de que no impera la justicia.
El jefe del Gobierno búlgaro, el conservador Boiko Borisov, reaccionó el lunes forzando la dimisión de su ministro de Finanzas, Simeon Dyankov, que no dejó de destacar la supuesta bondad de mantener la estabilidad fiscal y la baja deuda del país. Ante la constatación de que la salida de Dyankov no lograba calmar las aguas, el primer ministro salió este martes al paso con multas a las distribuidoras de electricidad (la austríaca EVN y las checas CEZ y Energo-Pro), la retirada de la licencia a una de ellas (CEZ) y el anuncio de que “recomendará” una bajada de las tarifas. “Recomendamos al regulador, y ojalá respete esta recomendación, anular la subida del precio del 13 % que entró en vigor en agosto de 2012. Los cálculos del Gobierno apuntan a que el precio de la electricidad puede reducirse en un 8%”, dijo el Borisov en rueda de prensa este martes en Sofía.
“Somos testigos de cómo el frigorífico ha anulado al televisor”, declaró el politólogo Arman Babikyan a la agencia Bgnes, en alusión a que las dificultades de la población para afrontar los gastos cotidianos contrastan con las informaciones de las cadenas de televisión sobre el éxito de la política económica del Gobierno.
El propio presidente Plevneliev, hace apenas dos meses, se mostraba orgulloso en declaraciones a Efe de las cifras macroeconómicas —un déficit menor al 2% y una deuda del 16% del producto interior bruto (PIB)— logradas con una estrategia de ahorro en los últimos cuatro años.
Pero esa política ha empeorado el bajo nivel de ingresos, pensiones y gastos públicos: el salario medio ronda los 350 euros, el mínimo es de 155 euros y las pensiones se mueven en torno a los 75 euros. “¿Cómo pagar los 300 euros de la factura de la luz y la calefacción con un salario de la misma cantidad? ¿Qué hacer? ¿No comer, no criar a los niños, no comprarse ropa?”, se preguntaba una de las madres que salieron estos días a las calles. “Adiós Dyankov, el próximo es Borisov [el primer ministro]”, fue el lema de las marchas el lunes.
CRISIS BULGARIA
Unos 25 detenidos en el segundo día de violenta protesta en Sofía
Unos 25 detenidos, 10 heridos, entre ellos dos policías, ocho
automóviles policiales con daños materiales, ventanas y escaparates
rotos es el resultado de los nuevos enfrentamientos entre la policía y
manifestantes en Sofía.
La protesta, la décima y la segunda en la que se registran enfrentamientos, era contra los altos precios de la electricidad en el país más pobre de la Unión Europea (UE), informaron a Efe fuentes del Ministerio Interiores.
Alrededor de unas 3.000 personas, en su mayoría jóvenes, bloquearon el tráfico en varios puntos de la capital búlgara y arrojaron piedras y petardos a los antidisturbios, que les cortaron el paso en los alrededores del Parlamento.
Los agentes respondieron con cargas que dejaron a varios manifestantes heridos, ninguno de ellos de gravedad.
Los manifestantes trataron también de boicotear antes una ceremonia oficial en la que participaba la plana mayor del Gobierno conservador, pero los agentes de policía impidieron que se acercaran al lugar.
Los manifestantes abuchearon a los representantes políticos al grito de "mafia" y dimisión".
Las protestas, que exigen la dimisión del Gobierno, también se sucedieron en otras ciudades de Bulgaria sin registrarse incidentes graves, salvo en la ciudad de Varna, en la que un grupo de personas apedreó las ventanas de un edificio de la eléctrica EVN.
En Bulgaria, con un salario medio que ronda los 350 euros, las tarifas eléctricas aumentaron a principios de año un 13 % en un contexto de crisis económica y aumento del desempleo.
El primer ministro, Boiko Borisov, forzó ayer la dimisión del ministro de Finanzas, Simeon Dyankov, para tratar de aplacar las protestas y ha prometido que bajará el precio de la electricidad un 8 %.
También anunció multas las distribuidoras de electricidad (la austríaca EVN y las checas CEZ y Energo-Pro) y la retirada de la licencia a una de ellas (CEZ), un procedimiento que ya se ha puesto en marcha por el regulador eléctrico búlgaro.
La protesta, la décima y la segunda en la que se registran enfrentamientos, era contra los altos precios de la electricidad en el país más pobre de la Unión Europea (UE), informaron a Efe fuentes del Ministerio Interiores.
Alrededor de unas 3.000 personas, en su mayoría jóvenes, bloquearon el tráfico en varios puntos de la capital búlgara y arrojaron piedras y petardos a los antidisturbios, que les cortaron el paso en los alrededores del Parlamento.
Los agentes respondieron con cargas que dejaron a varios manifestantes heridos, ninguno de ellos de gravedad.
Los manifestantes trataron también de boicotear antes una ceremonia oficial en la que participaba la plana mayor del Gobierno conservador, pero los agentes de policía impidieron que se acercaran al lugar.
Los manifestantes abuchearon a los representantes políticos al grito de "mafia" y dimisión".
Las protestas, que exigen la dimisión del Gobierno, también se sucedieron en otras ciudades de Bulgaria sin registrarse incidentes graves, salvo en la ciudad de Varna, en la que un grupo de personas apedreó las ventanas de un edificio de la eléctrica EVN.
En Bulgaria, con un salario medio que ronda los 350 euros, las tarifas eléctricas aumentaron a principios de año un 13 % en un contexto de crisis económica y aumento del desempleo.
El primer ministro, Boiko Borisov, forzó ayer la dimisión del ministro de Finanzas, Simeon Dyankov, para tratar de aplacar las protestas y ha prometido que bajará el precio de la electricidad un 8 %.
También anunció multas las distribuidoras de electricidad (la austríaca EVN y las checas CEZ y Energo-Pro) y la retirada de la licencia a una de ellas (CEZ), un procedimiento que ya se ha puesto en marcha por el regulador eléctrico búlgaro.
Masiva adhesión a la huelga general en Grecia contra el ajuste acompañada por multitudinarias manifestaciones
Grecia vive este miércoles una
jordana de huelga general, la primera de este 2013, contra los duros
ajustes aprobados por el Gobierno nacional a cambio de las
multimillonarias ayudas de la Unión Europea (UE) y el Fondo Monetario
Internacional (FMI).
El paro es secundado por la totalidad de
los organismos públicos, los transportes, los bancos, los hospitales,
los tribunales, los colegios y las universidades. A la huelga, que se
acompañará de dos grandes manifestaciones sindicalistas en la capital
helena, también se sumaron numerosos trabajadores del sector privado.
La protesta afectará al transporte
ferroviario y marítimo, así como alterará el servicio de autobuses y
trolebuses urbanos en Atenas. En cambio, el metro capitalino funcionará
con total normalidad, salvo en el tramo del aeropuerto, debido a que sus
empleados están sometidos a la movilización civil decretada por el
Ejecutivo el mes pasado para poner fin a una huelga de diez días
convocada por el personal del subterráneo.
Entre los huelguistas tampoco figuran
por el momento los controladores aéreos griegos que en anteriores
ocasiones provocaron numerosos bloqueos del espacio aéreo del país.
Grecia aprobó el año pasado un paquete
de drásticos recortes por 13.500 millones de euros a cambio de 50.000
millones en créditos de la UE y el FMI. La mayor parte de estas ayudas
ya ha sido transferida desde diciembre pasado.
Los expertos temen que los nuevos
ajustes superiores al 5% del PIB impidan que el país heleno azotado por
la recesión por sexto año consecutivo recupere este año el crecimiento
económico.
Decenas de miles de personas salen a las calles en marchas multitudinarias contra los recortes
Más de 200 mil personas han clamado
contra la política de austeridad del Gobierno; al paro estaban
convocados el personal sanitario, los abogados, ingenieros, profesores,
empleados de banca, de puertos y de aeropuertos. El desempleo se ha
disparado en Grecia desde la intervención de la troika, y ya afecta al
27% de la población activa y al 61% de jóvenes.
El país vivía este miércoles su primera
huelga general del año, en un nuevo pulso de los sindicatos contra los
recortes del Ejecutivo y al dictado del Banco Central Europeo, la
Comisión Europea y el Fondo Monetario Internacional, en un momento en
que el desempleo alcanza ya el 27% y en el caso de los jóvenes incluso
supera el 60%.
Con carteles contra las medidas de
austeridad y coreando consignas contra el Gobierno como “Que se vayan
todos: el Gobierno, el FMI y la troika; con ellos no hay futuro para
Grecia”, miles de manifestantes pasaron por la céntrica plaza de
Syntagma, frente al Parlamento griego.
Un seguimiento cercano al 80%, según los sindicatos
Los dos principales sindicatos del país,
GSEE y ADEDY, que habían convocado a una huelga de 24 horas para
“repeler las medidas antisociales, ineficaces y contra los trabajadores
de un Gobierno autoritario”, han considerado el seguimiento de la misma
como “masivo y cercano al 80%”.
Hubo servicios mínimos en los hospitales y clínicas
Los sindicatos han convocado a sus
seguidores a concentrarse en varios puntos céntricos de Atenas, donde
hubo una marcha hacia la plaza de Syntagma, corazón de la capital donde
se encuentra el Parlamento.
Al paro estaban convocados también el
personal sanitario, los abogados, ingenieros, profesores, empleados de
banca, de puertos y de aeropuertos, si bien no fue de 24 horas en todos
los sectores.
En los aeropuertos, por ejemplo, se
esperaban cancelaciones y retrasos entre las 04.00 y las 07.00 horas GMT
y entre las 15.00 y 19.00 GMT.
No obstante, hubo servicios mínimos en
los hospitales y clínicas, y los medios de transporte urbanos —excepto
los trenes de cercanías— funcionaron para permitir a los manifestantes
llegar hasta el centro de la ciudad.
LA PRENSA
Los medios de comunicación habían
adelantado la huelga al martes para poder hacer un seguimiento
informativo de la jornada de este miércoles.
La huelga tiene lugar pocos días antes
de que una delegación de la troika llegue a Atenas para analizar los
progresos del programa de reformas al que Grecia se comprometió a cambio
del rescate financiero.
Fuente: Kaos en la Red
Grecia, paralizada en su primera huelga general del año contra los ajustes
Las protestas han ganado fuerza en las últimas semanas, subrayando el descontento de los griegos ante el desempleo récord y los niveles de pobreza
REUTERS Atenas 20/02/2013 10:31 Actualizado: 20/02/2013 10:38 Público
Una estación de tren de cercanías cerrada por la huelga en Atenas.REUTERS.
Los trabajadores griegos hicieron huelga este miércoles en
una protesta nacional contra los recortes de sueldos y subidas de
impuestos, dejando los ferris atracados en puerto, las escuelas cerradas
y los hospitales sólo con personal de emergencias. Los dos mayores
sindicatos griegos congelaron buena parte del país, que está cerca de la
bancarrota, durante unos paros de 24 horas contra los recortes, que según dicen sólo agravan los males de un pueblo que lucha por salir de la peor recesión del país en tiempos de paz.
Los sindicatos, que representan a 2,5 millones de trabajadores, han convocado varias huelgas desde el estallido de la crisis de deuda europea a finales de 2009, poniendo a prueba la voluntad del Gobierno para aplicar las reformas necesarias ante un creciente descontento público. "La huelga es nuestra respuesta a las políticas de vida muerta que han exprimido la vida de los trabajadores, empobrecido a la sociedad y sumido a la economía en la recesión y la crisis", dijo el sindicato del sector privado GSEE, que organiza los paros con su homólogo del sector público, ADEDY. "Nuestra lucha continuará conforme se apliquen estas políticas", dijo.
En sus ocho meses en el poder, el Gobierno de coalición del primer ministro, Antonis Samaras, se ha esforzado por demostrar que aplicará las reformas prometidas a la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional, que han rescatado a Atenas dos veces con unos 200.000 millones de euros. El Gobierno ha adoptado una dura estrategia ante los huelguistas, acudiendo a leyes de emergencia en dos ocasiones este año para ordenar a marinos y trabajadores del metro que volvieran a sus puestos tras paros de una semana que paralizaron el transporte público en Atenas y provocaron un desabastecimiento de comida en las islas.
Las huelgas han ganado fuerza en las últimas semanas, subrayando el descontento de los griegos ante el desempleo récord y los niveles de pobreza. La visita a Atenas del presidente francés, François Hollande, pasó casi desapercibida debido a la huelga de periodistas helenos. En el norte y centro del país, los agricultores llevan casi un mes protestando por los altos costes de producción y los precios del combustible, bloqueando de forma ocasional el tráfico en la principal autopista norte-sur del país.
La mayoría de la actividad empresarial y del sector público se detuvieron durante la huelga del miércoles, seguida por profesores de colegio, empleados de trenes y autobuses y banqueros, entre otros. "Estamos de rodillas. El país ha sido destruido, la gente joven ha sido destruida", dijo Nikos Papageorgiou, un funcionario de 56 años. "Estoy escandalizado con los europeos y nuestros políticos también. Deberían ir todos a la cárcel", afirmó.
Los hospitales contaban sólo con el personal de emergencias y los barcos permanecían amarrados, mientras sus tripulantes desafiaban las órdenes del Gobierno de volver al trabajo. Se espera que varias manifestaciones confluyan en torno al mediodía en el exterior del Parlamento, en la plaza Syntagma del centro de Atenas, donde algunas protestas han terminado en choques violentos entre policía y manifestantes.
Los analistas señalan que cuando Grecia se aseguró fondos de rescate en diciembre, evitando la bancarrota y poniendo fin a meses de incertidumbre sobre el futuro del país en la zona euro, creó expectativas entre los griegos de que las cosas también mejorarían para ellos a nivel personal. "Si estas expectativas no se han cumplido para el verano, entonces lo que quede de la clase trabajadora responderá con más protestas", dijo Costas Panagopoulos, jefe de la encuestadora Alco.
Los sindicatos, que representan a 2,5 millones de trabajadores, han convocado varias huelgas desde el estallido de la crisis de deuda europea a finales de 2009, poniendo a prueba la voluntad del Gobierno para aplicar las reformas necesarias ante un creciente descontento público. "La huelga es nuestra respuesta a las políticas de vida muerta que han exprimido la vida de los trabajadores, empobrecido a la sociedad y sumido a la economía en la recesión y la crisis", dijo el sindicato del sector privado GSEE, que organiza los paros con su homólogo del sector público, ADEDY. "Nuestra lucha continuará conforme se apliquen estas políticas", dijo.
En sus ocho meses en el poder, el Gobierno de coalición del primer ministro, Antonis Samaras, se ha esforzado por demostrar que aplicará las reformas prometidas a la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional, que han rescatado a Atenas dos veces con unos 200.000 millones de euros. El Gobierno ha adoptado una dura estrategia ante los huelguistas, acudiendo a leyes de emergencia en dos ocasiones este año para ordenar a marinos y trabajadores del metro que volvieran a sus puestos tras paros de una semana que paralizaron el transporte público en Atenas y provocaron un desabastecimiento de comida en las islas.
Las huelgas han ganado fuerza en las últimas semanas, subrayando el descontento de los griegos ante el desempleo récord y los niveles de pobreza. La visita a Atenas del presidente francés, François Hollande, pasó casi desapercibida debido a la huelga de periodistas helenos. En el norte y centro del país, los agricultores llevan casi un mes protestando por los altos costes de producción y los precios del combustible, bloqueando de forma ocasional el tráfico en la principal autopista norte-sur del país.
La mayoría de la actividad empresarial y del sector público se detuvieron durante la huelga del miércoles, seguida por profesores de colegio, empleados de trenes y autobuses y banqueros, entre otros. "Estamos de rodillas. El país ha sido destruido, la gente joven ha sido destruida", dijo Nikos Papageorgiou, un funcionario de 56 años. "Estoy escandalizado con los europeos y nuestros políticos también. Deberían ir todos a la cárcel", afirmó.
Los hospitales contaban sólo con el personal de emergencias y los barcos permanecían amarrados, mientras sus tripulantes desafiaban las órdenes del Gobierno de volver al trabajo. Se espera que varias manifestaciones confluyan en torno al mediodía en el exterior del Parlamento, en la plaza Syntagma del centro de Atenas, donde algunas protestas han terminado en choques violentos entre policía y manifestantes.
Los analistas señalan que cuando Grecia se aseguró fondos de rescate en diciembre, evitando la bancarrota y poniendo fin a meses de incertidumbre sobre el futuro del país en la zona euro, creó expectativas entre los griegos de que las cosas también mejorarían para ellos a nivel personal. "Si estas expectativas no se han cumplido para el verano, entonces lo que quede de la clase trabajadora responderá con más protestas", dijo Costas Panagopoulos, jefe de la encuestadora Alco.
En Solidaridad con la Huelga general en Grecia
Las organizaciones abajo firmantes nos pronunciamos en solidaridad con la huelga general en Grecia. Esta huelga se sostiene por la mayoría de los obreros para confrontar el intento de abolir los contratos colectivos, buscando la protección de los miles de desempleados, y para enfrentar las salvajes medidas que el gobierno griego pretende imponer para salvar las ganancias de los grandes banqueros e industriales.
Condenamos las medidas de persecución y terror que el gobierno pro-patronal griego ha desatado contra el movimiento obrero y sindicalista. Condenamos sus medidas para prohibir la huelga, la detención de 35 sindicalistas del PAME, las acciones violentas de la policía que ha devenido en sindicalistas heridos, la movilización de fuerzas para reprimir a los campesinos luchadores en los bloqueos de carreteras en todo el país.
Aplaudimos la lucha de los sindicatos, las federaciones, las uniones regionales y el Frente Militante de los Trabajadores Griegos (PAME). Su lucha cuenta con el apoyo de los trabajadores de todo el mundo.
Frente de Trabajadores Independientes, Coordinadora Sindical Unitaria de México, Frente de Izquierda Revolucionaria, Sindicato Mexicano de Electricistas, División Cuernavaca, Coalición Nacional de Trabajadores Petroleros,Sindicato Unico de Academicos del Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco, Consejo Democrático Magisterial Poblano, Sindicato de Trabajadores Unidos de Honda de México, Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, Sección 101, Sindicato de Trabajadores de la UNAM, Campus Chamilpa, Movimiento Magisterial de Bases, Movimiento de Trabajadores Democráticos e Independientes, Sindicato del INAH, Delegación DIII-2 , Federación General de Trabajadores del Estado y Municipios, Jalisco, Grupo de Resistencia Proletaria de la Fábrica Placido Mata, Asociación de Jubilados y Pensionados de NISSAN Mexicana, Confederación de Jubilados Pensionados y Adultos Mayores de la República Mexicana, Sección Morelos, Sección de Jubilados de la UAEM, Centro Jalisciense del Adulto Mayor y el Migrante, Comité de Trabajadores despedidos de la fábrica CIVSA, Comité de Trabajadores despedidos de Scribe, Planta Escamela, Frente Amplio Jalisco, Comité de Colonias en Lucha, Asamblea de Redes y Movimientos Sociales del Estado de Jalisco, Unión Revolucionaria de Comerciantes y Artesanos Indígenas Zapatistas, Liga Agraria Revolucionaria del Sur Emiliano Zapata, Comité Estudiantil del Sur de Tamaulipas, Liga de la Juventud Comunista, Partido Comunista de México
Partido Comunista de México
Comité Central
comunista@prodigy.net.mx
www.comunistas-mexicanos.org
Grecia: Apagón informativo por huelga de 24 horas deja sin cobertura la visita de Hollande
por Kaos. Laboral y economía
Miércoles, 20 de Febrero de 2013 08:52
El Sindicato de Periodistas de Grecia inició este martes una huelga
de 24 horas, para protestar contra las medidas de austeridad,
disminución de ingresos y despidos en el sector, un apagón informativo
que coincide con la visita de seis horas que realizará el presidente de
Francia, Francois Hollande.
Fuente: Agencias/ telesur
Los noticiarios de radio y televisión quedaron fuera del aire y los sitios de noticias por internet se quedaron sin actualizaciones desde las 06.00 horas locales (04.00 GMT), reseñaron agencias internacionales.
Aunque una corte falló que la huelga era “ilegal en el sector estatal”, el gremio de periodistas de los medios controlados por el Estado atendieron el llamado de sindicatos y se sumaron a la convocatoria.
Esta medida significa que ningún medio de prensa griego brindará cobertura, en vivo, a la visita del Mandatario francés, durante la cual sostendrá encuentros con su homólogo Karolos Papulias, y con el primer ministro, Antonis Samaras.
El pasado fin de semana, la prensa sostuvo que la visita de Hollande tiene doble propósito: mostrar su apoyo al Gobierno conservador de Samaras y a las medidas de austeridad rechazadas por la sociedad, y también asegurar “negocios y dinero” para las empresas galas.
De esta manera, el Sindicato de Periodistas se adhirió a la jornada de huelga general convocada por los sindicatos mayoritarios para este miércoles. No obstante, decidieron emprender la medida un día antes para así asegurar la difusión informativa durante la gran jornada de movilización y protestas.
Desde hace meses, el gremio de trabajadores de la prensa ha estado protestando contra los despidos y recortes de prestaciones y pensiones, entre otros asuntos. Denuncian que cientos de periodistas del sector privado frecuentemente pasan meses sin cobrar su salario, a causa de las medidas gubernamentales.
Durante su visita, el Mandatario francés pretende concretar el alquiler a Grecia de dos fragatas para la exploración de petróleo y gas natural en aguas profundas, y un acuerdo que luego significaría la venta de otros seis buques con las mismas características.
Medios locales destacaron que el encuentro con Samaras se centrará en el proceso de privatizaciones, con el interés mostrado por las firmas francesas en el sector energético y de gestión del agua.
“Las condiciones son favorables y no tenemos duda de que grandes empresas participarán en las subastas públicas que se anunciarán" en Grecia, manifestó Hollande.
Grecia vive su sexto año de recesión, posee el segundo índice más alto de desempleo en la Unión Europea y actualmente es víctima de una fuerte crisis económica que ha obligado al Gobierno a depender de créditos internacionales, los cuales le son concedidos si, solamente si, impone una serie de recortes que atentan contra el bienestar social.
Los noticiarios de radio y televisión quedaron fuera del aire y los sitios de noticias por internet se quedaron sin actualizaciones desde las 06.00 horas locales (04.00 GMT), reseñaron agencias internacionales.
Aunque una corte falló que la huelga era “ilegal en el sector estatal”, el gremio de periodistas de los medios controlados por el Estado atendieron el llamado de sindicatos y se sumaron a la convocatoria.
Esta medida significa que ningún medio de prensa griego brindará cobertura, en vivo, a la visita del Mandatario francés, durante la cual sostendrá encuentros con su homólogo Karolos Papulias, y con el primer ministro, Antonis Samaras.
El pasado fin de semana, la prensa sostuvo que la visita de Hollande tiene doble propósito: mostrar su apoyo al Gobierno conservador de Samaras y a las medidas de austeridad rechazadas por la sociedad, y también asegurar “negocios y dinero” para las empresas galas.
De esta manera, el Sindicato de Periodistas se adhirió a la jornada de huelga general convocada por los sindicatos mayoritarios para este miércoles. No obstante, decidieron emprender la medida un día antes para así asegurar la difusión informativa durante la gran jornada de movilización y protestas.
Desde hace meses, el gremio de trabajadores de la prensa ha estado protestando contra los despidos y recortes de prestaciones y pensiones, entre otros asuntos. Denuncian que cientos de periodistas del sector privado frecuentemente pasan meses sin cobrar su salario, a causa de las medidas gubernamentales.
Durante su visita, el Mandatario francés pretende concretar el alquiler a Grecia de dos fragatas para la exploración de petróleo y gas natural en aguas profundas, y un acuerdo que luego significaría la venta de otros seis buques con las mismas características.
Medios locales destacaron que el encuentro con Samaras se centrará en el proceso de privatizaciones, con el interés mostrado por las firmas francesas en el sector energético y de gestión del agua.
“Las condiciones son favorables y no tenemos duda de que grandes empresas participarán en las subastas públicas que se anunciarán" en Grecia, manifestó Hollande.
Grecia vive su sexto año de recesión, posee el segundo índice más alto de desempleo en la Unión Europea y actualmente es víctima de una fuerte crisis económica que ha obligado al Gobierno a depender de créditos internacionales, los cuales le son concedidos si, solamente si, impone una serie de recortes que atentan contra el bienestar social.
El socialista Hollande visita Grecia en medio de una crisis humanitaria con contratos de fragatas de guerra bajo el brazo y algo más.
El presidente de Francia el socialista Francois Hollande visita Atenas con dos propósitos según informa la prensa. Uno será dar un bonito mensaje a la población de apoyo en estos momentos tan duros donde las políticas de la Troika (no condenadas por los eurodiputados socialistas) han empobrecidos hasta extremos tan dramáticos que hasta Médicos sn Fronteras ya habla de una crisis humanitaria. La esperanza del socialismo europeo ha ido a dar un mensaje de apoyo al gobierno conservador y a las políticas impuestas.En este contexto de drama social el otro propósito del Sr. Hollande es la firma de suculentos contratos de arrendamientos de fragatas francesas por parte del gobierno griego. Según el diario francés Le Figaro , Hollande “quiere sugerir a los griegos” un plan de cooperación que se basa en dos arrendamiento de fragatas polivalentes FREMM para la búsqueda de petróleo y gas natural en el Mar Egeo “. Los planes se iniciarían con el cebo del arrendamiento de las dos fragatas para ”terminar con la venta de seis fragatas a Grecia.” onalert.gr
Los ciudadanos griegos tendrán que seguir financiando las compras de armamento a cambio de “apoyo” .El gobierno griego vende la visita como un ”voto de confianza” francés y para buscar el apoyo de Hollande para liberar fondos europeos para el desarrollo del Banco Europeo de Inversiones y Fondos de cohesión UE , así como para pedir un respiro en el programa de austeridad . Hollande ya ha expresado de manera optimista que “Grecia va por buen camino”, afirmación que contrasta con los datos económicos actuales e incluso con las previsiones mas optimistas.
El acuerdo que se gestó en 2011 fue muy criticado en Alemania , donde no se entendía que el nivel de endeudamiento del pais se pudieran utilizar fondos para estos propósitos. pero Alemani tambié ha estado vendiendo armas a Grecia en medio de la crisis financiera. Este acuerdo en concreto o desató fuertes críticas DCNS los competidores de Alemania, que quisieron hacerse también por el contrato en los últimos años.
En una carta al gobierno alemán, el jefe de los “sistemas de ThyssenKrupp Marin”,
dijo que la compra de buques en realidad será co-financiada por los
contribuyentes franceses y alemanes, como los griegos, que reciben apoyo
de la Unión Europea y del Fondo Monetario Internacional, para
reestructurar sus deudas. Además, los países europeos probablemente
tendrán que cancelar la deuda de Grecia , (parte de ella se ha
reestructurado con cancelaciones) En este caso, los contribuyentes
alemanes se verán obligados a tomar parte del gasto público en Grecia y,
por tanto, a pagar su parte y para la compra de fragatas francesas.
”ThyssenKrupp” protestó por el hecho que no habrá pedidos para
los astilleros alemanes, DCNS y los astillero griegos que están
subsidiados ya poyados s por la UE, incluido el “dinero alemán”. El
miembro del Parlamento Bekmayer Uwe (Uwe Beckmeyer) hizo un llamamiento a
la canciller Angela Merkel y el lider francés para abandonar la venta
de barcos de Grecia. “ThyssenKrupp” dice que el acuerdo también
contraviene la legislación comunitaria sobre subvenciones y contratación
pública.
A pesar de que el gobierno griego niegue la contratación de
fragatas militares, los datos periodísticos basado en declaraciones de
la misma industria militar hace la noticia totalmente verosímil.
Fragatas FREMM francesas
La Marina francesa planea construir once fragatas FREMM, y la Armada
de Italia diez. Las primeras entregas se esperaban para el 2012,
cuando las fragatas francesas entren en servicio. Los barcos serán
construidos en Francia por Armaris (propiedad de DCNS) y en Italia
por Orizzonte Sistemi Navali. Este acuerdo de cooperación militar se
extiende además a las fragatas Clase Horizon. La Marina Real Marroquí ha
encargado una fragata, mientras que Grecia ha ordenado la construcción de seis unidades equipadas con el misil de crucero SCALP.
Fragatas multipropósito FREMM
En el 2004, Bruselas amenazó con intervenir la política dilapidadora de Grecia. Eurostat informó que Grecia estaba enmascarando su déficit al responsable de finanzas de la UE. Gran parte del excesivo gasto venía de las compras de armas entre el 1997 y 2003 donde se aumento el gasto en 9.000 millones de euros mas. Muchas de estas armas fueron compradas gracias a los créditos internacionales y las deudas ocultadas. La Unión europea siempre supo del maquillaje de las cuentas griegas y callaron porque daba beneficios a Alemania y Francia
Gasto miliar griego. En 2012 fue el 2ª en proporción mas elevado de la OTAN
Fragatas multipropósito FREMM
GRAN PARTE DE LA DEUDA GRIEGA VIENE DE LA COMPRA DE ARMAMENTO
La fiscalía de Múnich llegó a investigar si funcionarios alemanes corrompieron a políticos griegos para que compraran submarinos mientras Merkel aprobaba “ayudas” de 22.400 millones de euros.En el 2004, Bruselas amenazó con intervenir la política dilapidadora de Grecia. Eurostat informó que Grecia estaba enmascarando su déficit al responsable de finanzas de la UE. Gran parte del excesivo gasto venía de las compras de armas entre el 1997 y 2003 donde se aumento el gasto en 9.000 millones de euros mas. Muchas de estas armas fueron compradas gracias a los créditos internacionales y las deudas ocultadas. La Unión europea siempre supo del maquillaje de las cuentas griegas y callaron porque daba beneficios a Alemania y Francia
Gasto miliar griego. En 2012 fue el 2ª en proporción mas elevado de la OTANGAS
Hollande no va “apoyar a Grecia”, según múltiples medios , el
objetivo de la venta de material militar , a cambio de “apoyo” , si no
también hacer valer la posición francesa en las privatizaciones del
pais heleno , muy especialmente interesado en el gas, ferrocarriles y el
suministro de Agua de Tesalónica y Atenas .
La privtatización del suministro de Gas en Grecia está trayendo de
cabeza a la unión europea. Dos compañías del gigante eurasiático – la
estatal GAZPROM y la privatizada SINTEZ – están en la puja para
conseguir los derechos de gestión de las (ex) empresas estatales
griegas. Un alto cargo del gobierno griego así declaró a un periódico
británico: “Qué sucedería si los rusos nos hicieran una oferta
que no podríamos rechazar? Estamos presionados por la Troika para que
recaudemos lo máximo posible de las privatizaciones”.
Andrei Korolev, consejero de administración de SINTEZ, declaró a FT que gracias a la privatización de sus dos empresas Grecia podría convertirse en un País clave para la circulación del gas natural en toda Europa.
Además, anadió: “La privatización de DEPA representa para nosotros una
ocasión para entrar en el mercado griego a un coste razonablemente bajo
por efecto de la crisis. Crearemos redes de interconexión con los Países
limítrofes para aumentar los flujos y construir una segunda terminal”.
Como dice el director de Suez, Sr. During “estamos aquí para ganar dinero”. Tarde o temprano la empresa que invierte tiene que recuperar su inversión, lo cual quiere decir que el cliente tiene que pagar por ella. Como las compañías están motivadas por el ánimo de lucro y no por el ideal de servicio público, no tienen ningún estimulo para suministrar agua a las clases sociales desfavorecidas, lo que está en el origen de muchas catástrofes humanitarias. Las grandes corporaciones intentan controlarla en gran parte del planeta, con el apoyo de las instituciones financiera mundiales, especulándose que en los próximos años, unas pocas empresas privadas posean el control monopolístico de casi el 75% de este recurso vital para la vida.
El sindicato de periodistas de Grecia (Esiea) anunció ayer su adhesión a la jornada de huelga general convocada por los sindicatos mayoritarios, y que coincidirá con la visita del presidente francés Francois Hollande al país. El apagón informativo tendrá lugar hoy martes, 24 horas antes que el resto de sectores, para de ese modo asegurar la difusión informativa durante la jornada de movilización y las protestas convocadas para el miércoles.
La huelga en los medios de comunicación dejará al mandatario francés sin cobertura de la prensa local, durante su viaje relámpago al país que durará apenas seis horas y en el que mantendrá encuentros con el Presidente de la República helena, Karolos Papulias, y con el primer ministro, Antonis Samarás. Fuente
PD. Por último una pregunta , teniendo en cuenta que Francia y Alemania prestan “ayuda a Grecia” si firma contratos con sus empresas, y que la mayoría de la deuda griega está en manos del BCE, ¿No estaremos entre todos, primero salvando a la banca alemana y francesa y ahora financiando indirectamente sus contratos en Grecia ? Sin contar que la peor parte se la lleva el ciudadano griego . España e Italia aportan la misma cantidad de dinero a los fondos que Alemania, rescatan su banca, y además con los prestamos dados financian sus negocios sucios en Grecia una vez más .
B.Jaimen-Todos somos griegos
AGUA
Las compañías francesas Vivendi y Suez son unas de las empresas que más contratos recibe en sudamérica y Africa donde han provocado graves problemas que han sido denunciados .Estas compañías están en el puesto 51º y 99º respectivamente en el Global Fortune.Como dice el director de Suez, Sr. During “estamos aquí para ganar dinero”. Tarde o temprano la empresa que invierte tiene que recuperar su inversión, lo cual quiere decir que el cliente tiene que pagar por ella. Como las compañías están motivadas por el ánimo de lucro y no por el ideal de servicio público, no tienen ningún estimulo para suministrar agua a las clases sociales desfavorecidas, lo que está en el origen de muchas catástrofes humanitarias. Las grandes corporaciones intentan controlarla en gran parte del planeta, con el apoyo de las instituciones financiera mundiales, especulándose que en los próximos años, unas pocas empresas privadas posean el control monopolístico de casi el 75% de este recurso vital para la vida.
La troika obliga a privatizar empresas rentables como aguas de Tesalónica, no por un criterio de rentabilidad, si no de colonialismo económico. Te ayudo , para que pagues una deuda que yo he contribuido a crear en gran parte por las ventas desmesuradas de armamento . Te doy créditos, de los que hasta ahora he recibido beneficios en concepto de intereses, a pesar de las quitas. Para ofrecer ayuda te sigo vendiendo armas, privatizas a precio de saldo incluso lo que te da ingresos (como las loterías) , mientras el país está en sumido en una crisis humanitaria sin precedentes desde la guerra.Bienvenidos a las nuevas colonizaciones UE.
El socialista Hollande hoy hará preciosos discursos en Grecia , pero eso si, en medio de una huelga de periodistas, que no cubrirán su visita ..El sindicato de periodistas de Grecia (Esiea) anunció ayer su adhesión a la jornada de huelga general convocada por los sindicatos mayoritarios, y que coincidirá con la visita del presidente francés Francois Hollande al país. El apagón informativo tendrá lugar hoy martes, 24 horas antes que el resto de sectores, para de ese modo asegurar la difusión informativa durante la jornada de movilización y las protestas convocadas para el miércoles.
La huelga en los medios de comunicación dejará al mandatario francés sin cobertura de la prensa local, durante su viaje relámpago al país que durará apenas seis horas y en el que mantendrá encuentros con el Presidente de la República helena, Karolos Papulias, y con el primer ministro, Antonis Samarás. Fuente
PD. Por último una pregunta , teniendo en cuenta que Francia y Alemania prestan “ayuda a Grecia” si firma contratos con sus empresas, y que la mayoría de la deuda griega está en manos del BCE, ¿No estaremos entre todos, primero salvando a la banca alemana y francesa y ahora financiando indirectamente sus contratos en Grecia ? Sin contar que la peor parte se la lleva el ciudadano griego . España e Italia aportan la misma cantidad de dinero a los fondos que Alemania, rescatan su banca, y además con los prestamos dados financian sus negocios sucios en Grecia una vez más .
B.Jaimen-Todos somos griegos
Privatizaciones en Grecia. Suministros del agua, gas, venta de embajadas, islas y ahora regalan la Lotería
por Todossomosgriegos
Lunes, 18 de Febrero de 2013 09:24
Para más “cinismo” el gobierno griego asegura que esta venta
permitirá un ”significativo desarrollo de Loterías y creará nuevos
empleos”, al mismo tiempo que mantendrá y mejorará el aspecto benéfico
de la organización.
El gobierno de Angela Merkel ha
expresado recientemente su insatisfacción sobre el estado de los
procesos de privatización de los activos públicos en el País heleno.
Según fuentes periodísticas, en el
Parlamento de Berlín se formularon interrogantes al respecto. Los
alemanes y los organismos acreedores temen no poder recuperar el dinero
pactado en el Memorándum III cuyos apartados prevén una recaudación de 50 mil millones de euros para 2015. En este sentido se exige que Grecia ponga mucha más carne en el asador y que todo se venda con mayor rapidez.
SUMINISTRO DEL AGUA
Berlín se enfada y Atenas responde. El Fondo de (Des)valoración del patrimonio del Estado (en griego TAIPED) ha convocado una reunión urgente para el 21 de Febrero en la que se anunciará el comienzo del concurso público para la concesión a privados de los derechos de gestión de la entidad que suministra el agua potable en Tesalónica (EYATH), la segunda ciudad del País.*
Berlín se enfada y Atenas responde. El Fondo de (Des)valoración del patrimonio del Estado (en griego TAIPED) ha convocado una reunión urgente para el 21 de Febrero en la que se anunciará el comienzo del concurso público para la concesión a privados de los derechos de gestión de la entidad que suministra el agua potable en Tesalónica (EYATH), la segunda ciudad del País.*
* La prensa griega informa que
hasta hace poco las dos empresas que que iban a las que se les iba a
adjudicar el contrato del suministro del agua tendrían la opción de
compra del 27,3 % de la compañía del servicio del agua en Atenas y el
40 % de la empresa de agua de Tesalónica . Pero ahora informan que
”con el nombramiento de consultores para su venta, se apunta a una
privatización total.” La compañía EYATH SA ha sido rentable estos años
y no ha dado pérdidas .
EMBAJADAS
Además, ya se ha comunicado el inicio de otro concurso para la venta de seis inmuebles de propiedad del Estado griego ubicados en el extranjero. Se trata de las embajadas de Londres,
Belgrado, Liubliana (Eslovenia) y Taskent (Uzbekistan), de la oficina
de representación permanente de Grecia ante la UE en Bruselas y de una
finca de 8000 hectáreas en Nicosía (Chipre).
Residencia embajador griego en Londres a la venta. Mansión victoriana de 115 años de 947 metros cuadrados.
mansión victoriana de 115 años 947 metros cuadrados. A este efecto, se han establecido las cuotas mínimas para que el TAIPED tenga en cuenta las ofertas de eventuales compradores: para la residencia del embajador griego en Londres
no se exigen menos de 22 millones de libras (35 millones de dólares),
mientras la propiedad ubicada en territorio chipriota no vale menos de 5
millones de euros.
Para la embajada de Belgrado no se aceptan menos de 2 millones de euros y para el edificio de Bruselas la oferta debe ser al menos de 3.3 millones de euros.
GAS NATURAL
Una publicación aparecida hoy en el periódico ruso Kommersant hace referencia a la próxima venta de las dos empresas (DEPA-DESFA) responsables de la circulación y la gestión del sistema de gas natural en Grecia. Los rusos de SINTEZ, empresa propiedad del magnate Leonid Lebedev, parecen llevar la delantera, ya que para las dos entidades están dispuestos a desembolsar casi 2 mil millones de euros. De todas formas, la presentación de las ofertas vinculantes se concluirá el próximo 12 de Abril.
Una publicación aparecida hoy en el periódico ruso Kommersant hace referencia a la próxima venta de las dos empresas (DEPA-DESFA) responsables de la circulación y la gestión del sistema de gas natural en Grecia. Los rusos de SINTEZ, empresa propiedad del magnate Leonid Lebedev, parecen llevar la delantera, ya que para las dos entidades están dispuestos a desembolsar casi 2 mil millones de euros. De todas formas, la presentación de las ofertas vinculantes se concluirá el próximo 12 de Abril.
LOTERIAS
El TAIPED ya ha anunciado la finalización del proceso de privatización del tercer activo estatal. La alianza comercial entre las sociedades griegas OPAP e Intralot y la estadounidense Scientific Games se ha hecho con todos los derechos de gestión, por un período de 12 años, de las Loterías del Estado. El coste de la operación ha sido fijado en 190 millones de euros. Sin duda, un pastel muy suculento puesto que la joint venture tendrá que administrar un paquete de seis juegos: Lotería Nacional, Lotería Popular, Rasca y gana, Lotería Europea, Lotería Estatal para la asignación de casas, y Lotería Especial de Sensibilidad Social (el correspondiente griego de la Lotería de Navidad). La concesión no incluye las loterías que se desarrollen por medios electónicos o vía Internet.
El convenio establece que Atenas cobrará un 30% de las ganancias anuales de la empresa privatizada en concepto de impuestos y otras cantidades de nivel inferior. Como siempre sucede, los medios de comunicación no hacen nada más que edulcorar la píldora. Atenas no verá un duro, ya que todo el dinero se depositará en la cuenta cerrada para pagar los intereses de la deuda a los acreedores internacionales.*
El TAIPED ya ha anunciado la finalización del proceso de privatización del tercer activo estatal. La alianza comercial entre las sociedades griegas OPAP e Intralot y la estadounidense Scientific Games se ha hecho con todos los derechos de gestión, por un período de 12 años, de las Loterías del Estado. El coste de la operación ha sido fijado en 190 millones de euros. Sin duda, un pastel muy suculento puesto que la joint venture tendrá que administrar un paquete de seis juegos: Lotería Nacional, Lotería Popular, Rasca y gana, Lotería Europea, Lotería Estatal para la asignación de casas, y Lotería Especial de Sensibilidad Social (el correspondiente griego de la Lotería de Navidad). La concesión no incluye las loterías que se desarrollen por medios electónicos o vía Internet.
El convenio establece que Atenas cobrará un 30% de las ganancias anuales de la empresa privatizada en concepto de impuestos y otras cantidades de nivel inferior. Como siempre sucede, los medios de comunicación no hacen nada más que edulcorar la píldora. Atenas no verá un duro, ya que todo el dinero se depositará en la cuenta cerrada para pagar los intereses de la deuda a los acreedores internacionales.*
Antonio Giovetti.Periodista
La Unión Europea considera la privatización del agua como una de las condiciones de los rescates.
Diferentes grupos de la Sociedad Civil
están mostrando su repulsa ante la Comisión Europea por la exigencia de
privatización de los servicios municipales de agua para la concesión de
fondos de rescate, un plan que describen como “económica, social y democráticamente inaceptable”.
En una carta dirigida a Olli Rehn,
Vicepresidente de la Comisión Europea y miembro de la Comisión
responsable de Asuntos Económicos y Monetarios, por 24 grupos, entre
ellos Food & Water Europe, Save Greek Water, Italian Forum of Water Movements y Blue Planet Project,
señalan que los planes de privatización se basan en las supuestas
virtudes de la gestión privada de los servicios, lo cual no tiene
justificación objetiva. Debido a los problemas en la gestión privada de
los servicios municipales de agua, muchos municipios de la Unión Europea
están volviendo a una gestión municipal. La carta enviada ayer
miércoles es respuesta a otra carta recibida el 26 de septiembre por
parte de Rehn, en la que establece las condiciones de privatización de
este servicio.
“Esto demuestra cómo la Comisión ha
perdido el contacto con la realidad. Sus argumentos ideológicos no se
basan en hechos justiciados y se llega al extremo de ignorar la voluntad
democrática de los ciudadanos”, dijo Grabiella Zanzanaini, Directora de Asuntos Europeos de Food & Water Europa.
Además, estos grupos afirman que “la
imposición de la privatización de los servicios públicos de agua viola
la supuesta neutralidad de la UE en las cuestiones de propiedad pública y
privada y la gestión de los servicios colectivos de agua”.
La carta concluye:
“Le solicitamos que garantice que la
Comisión Europea retire estas demandas y se abstenga de cualquier
presión adicional para imponer las condiciones de privatización del agua
en Grecia, Portugal y cualquier otra país miembro de la UE. Esta
presión es inaceptable, antidemocrática y contraria a los tratados de la
UE, y debe cesar de forma inmediata”.
Jan Willem Goudriaan, de la Federación
Sindical Europea de Servicios Públicos (FSESP), advierte que la
privatización de este servicio cuenta con una fuerte oposición por parte
de los ciudadanos.
“La Comisión tiene que dar
explicaciones. No sólo no hay evidencias de que la gestión por parte del
sector privado sea más eficiente, sino que hay una fuerte resistencia
pública a la privatización. Los ciudadanos europeos no mantendrán
silencio sobre este asunto”, dijo Goudriaan. ver+
El gobierno griego vende las loterias por 12 años por el precio del beneficio de 3 años.
Según el acuerdo, el 30% de los ingresos
brutos por juego de Loterías del Estados, excepto el correspondiente al
sorteo de Año Nuevo, será abonado al Estado, lo que se calcula que,
incluyendo el precio de venta, reportará al país 1.500 millones de euros
durante los 12 años de concesión, 125 millones de euros por año.*
*Según el memorandum con la Troika en realidad este dinero irá a la caja controlada por ella .
El Gobierno griego en el 2012 el beneficio neto para el Estado de Loterías fue de aproximadamente 80 millones de euros,
unas cifras que descendieron “significativamente” durante 2011 y 2012
hasta alrededor de 60 millones de euros. ”El precio ofrecido equivale a
aproximadamente tres años de beneficios”, agrega.ver+
Para más “cinismo” el gobierno griego
asegura que esta venta permitirá un ”significativo desarrollo de
Loterías y creará nuevos empleos”, al mismo tiempo que mantendrá y
mejorará el aspecto benéfico de la organización. Cuando ellos mismos
reconocen que las ventas de lotería han bajado , tampoco
especifica porque esto creará más empleos y lo más importante, porque
dan la concesión de 12 años por el precio de los beneficios de tres.
Bélgica se moviliza contra las políticas neoliberales
“Nosotros producimos; ellos se
lo embolsan. Hagámosles pagar”. Con referencias como esta a los
millonarios y numerosos ataques al Gobierno decenas de miles de
manifestantes han marchado durante toda la mañana por las calles del
centro de Bruselas.
Convocados por los tres grandes
sindicatos del país, los trabajadores –entre 30.000 y 40.000 según los
organizadores- rechazan las medidas capitalistas impuestas por el
Ejecutivo belga bajo presión de la llamada “Troika” (Fondo Monetario
Internacional, Comisión Europea y Banco Central Europeo).
El principal malestar deriva de la congelación salarial que ha decretado el Gobierno para 2013 y 2014.
“Estamos contra el Gobierno, contra un
Partido Socialista que se dice de izquierdas pero que está adoptando
medidas neoliberales”, se queja Baudouin Louis, militante comunista que
reparte octavillas en la manifestación.
Delante de un puesto donde varios
ciudadanos piden, micrófono en mano, que los ricos paguen más impuestos,
Louis se queja de que esta “no es la Europa social, sino la de las
finanzas”.
Además de congelarlos, el Ejecutivo
pretende alterar la revalorización automática de los sueldos en función
de la inflación, de forma que el aumento sea menor que el actual.
“No son los salarios los que son
elevados, sino el nivel de vida”, se queja Akim Mohamed, un trabajador
de Ford en la fábrica de Lieja. Mohamed protesta contra los despidos que
se están produciendo en esa planta y la amenaza que pende sobre sus
cabezas después de que Ford se haya planteado trasladar parte de la
producción al extranjero. Este manifestante recuerda que la planta de
Lieja “ha recibido mucho dinero público del Gobierno belga”.
Los manifestantes preparan el terreno
para otra gran movilización europea, que harán coincidir con la próxima
cumbre de jefes de Estado y de Gobierno, el 14 de marzo.
Más allá de las remuneraciones en el
sector privado, los tres grandes sindicatos (CSC, FGTB y CGSLB) piden
una subida del salario mínimo y de otras rentas públicas como las
prestaciones por desempleo y las pensiones.
EP / LibreRedMiles de manifestantes claman contra la austeridad en el centro de Bruselas
El principal malestar deriva de la congelación salarial que ha decretado el Gobierno para 2013 y 2014
Miles de personas marchan este jueves en Bruselas. / JULIEN WARNAND (EFE)
“Nosotros producimos; ellos se lo embolsan. Hagámosles pagar”. Con
referencias como esta a los millonarios y numerosos ataques al Gobierno
por los recortes aplicados, decenas de miles de manifestantes han
marchado durante toda la mañana por las calles del centro de Bruselas.
Convocados por los tres grandes sindicatos del país, los trabajadores
–entre 30.000 y 40.000 según los organizadores- rechazan las medidas de austeridad que ha empezado a aplicar el Ejecutivo belga y colocan a España como ejemplo negativo de los recortes que atenazan a Europa.
El principal malestar deriva de la congelación salarial que ha decretado el Gobierno para 2013 y 2014, una medida que en España no sería posible, pues el Ejecutivo solo tiene capacidad para fijar el salario mínimo y el de los funcionarios, pero no los del sector privado. “Estamos contra el Gobierno, contra un Partido Socialista que se dice de izquierdas pero que está adoptando medidas como las de España”, se queja Baudouin Louis, militante comunista que reparte octavillas en la manifestación. Delante de un puesto donde varios ciudadanos piden, micrófono en mano, que los ricos paguen más impuestos, Louis se queja de que esta “no es la Europa social, sino la de las finanzas”.
Además de congelarlos, el Ejecutivo pretende alterar la revalorización automática de los sueldos en función de la inflación, de forma que el aumento sea menor que el actual. Bélgica es uno de los pocos países europeos que disponen de esta cláusula –también España, a través de los convenios colectivos- para alinear las remuneraciones con el nivel de vida y evitar la pérdida de poder adquisitivo. “No son los salarios los que son elevados, sino el nivel de vida”, se queja Akim Mohamed, un trabajador de Ford en la fábrica de Lieja. Mohamed protesta contra los despidos que se están produciendo en esa planta y la amenaza que pende sobre sus cabezas después de que Ford se haya planteado trasladar parte de la producción precisamente a Valencia. Este manifestante, a la cabeza de la marcha, defiende “a los camaradas españoles”, pero recuerda que la planta de Lieja “ha recibido mucho dinero del Gobierno belga”.
La protesta se ha desarrollado sin incidentes y el transporte público ha funcionado durante toda la mañana, aunque con bastantes alteraciones en los autobuses y menos frecuencia de la habitual en metros y tranvías. Los manifestantes preparan el terreno para otra gran movilización europea, que harán coincidir con la próxima cumbre de jefes de Estado y de Gobierno, el 14 de marzo.
Más allá de las remuneraciones en el sector privado, los tres grandes sindicatos (CSC, FGTB y CGSLB) piden una subida del salario mínimo (en Bélgica es de 1.500 euros al mes, frente a los 645 euros de España) y de otras rentas públicas como las prestaciones por desempleo y las pensiones. Christian Panier, un antiguo juez ya retirado, y receptor de una pensión, admite que su situación no es mala, pero se manifiesta por los retrocesos sociales que están por venir. “Tengo hijos y no sé qué futuro les espera si se siguen aplicando recortes de este tipo”, confiesa.
El principal malestar deriva de la congelación salarial que ha decretado el Gobierno para 2013 y 2014, una medida que en España no sería posible, pues el Ejecutivo solo tiene capacidad para fijar el salario mínimo y el de los funcionarios, pero no los del sector privado. “Estamos contra el Gobierno, contra un Partido Socialista que se dice de izquierdas pero que está adoptando medidas como las de España”, se queja Baudouin Louis, militante comunista que reparte octavillas en la manifestación. Delante de un puesto donde varios ciudadanos piden, micrófono en mano, que los ricos paguen más impuestos, Louis se queja de que esta “no es la Europa social, sino la de las finanzas”.
Además de congelarlos, el Ejecutivo pretende alterar la revalorización automática de los sueldos en función de la inflación, de forma que el aumento sea menor que el actual. Bélgica es uno de los pocos países europeos que disponen de esta cláusula –también España, a través de los convenios colectivos- para alinear las remuneraciones con el nivel de vida y evitar la pérdida de poder adquisitivo. “No son los salarios los que son elevados, sino el nivel de vida”, se queja Akim Mohamed, un trabajador de Ford en la fábrica de Lieja. Mohamed protesta contra los despidos que se están produciendo en esa planta y la amenaza que pende sobre sus cabezas después de que Ford se haya planteado trasladar parte de la producción precisamente a Valencia. Este manifestante, a la cabeza de la marcha, defiende “a los camaradas españoles”, pero recuerda que la planta de Lieja “ha recibido mucho dinero del Gobierno belga”.
La protesta se ha desarrollado sin incidentes y el transporte público ha funcionado durante toda la mañana, aunque con bastantes alteraciones en los autobuses y menos frecuencia de la habitual en metros y tranvías. Los manifestantes preparan el terreno para otra gran movilización europea, que harán coincidir con la próxima cumbre de jefes de Estado y de Gobierno, el 14 de marzo.
Más allá de las remuneraciones en el sector privado, los tres grandes sindicatos (CSC, FGTB y CGSLB) piden una subida del salario mínimo (en Bélgica es de 1.500 euros al mes, frente a los 645 euros de España) y de otras rentas públicas como las prestaciones por desempleo y las pensiones. Christian Panier, un antiguo juez ya retirado, y receptor de una pensión, admite que su situación no es mala, pero se manifiesta por los retrocesos sociales que están por venir. “Tengo hijos y no sé qué futuro les espera si se siguen aplicando recortes de este tipo”, confiesa.
Se espera una fuerte recesión en Portugal, contradiciendo una vez mas a la UE y el FMI
por Kaos. Que la crisis la paguen los ricos
Jueves, 21 de Febrero de 2013 10:39
El gobierno portugués anunció ayer que deberá modificar sus
previsiones de recesión para este año y calcula que la caída de la
economía rondará en diciembre próximo el 2%, el doble de lo calculado
hasta ahora.
Mienten todo el tiempo, en lo que nos dice, cuando hablan de
resultados, cuando dan previsiones, cuando dan cifras. El aquí y ahora
es ver a la gnte y darnos cuenta de que estas recetas son sinónimo de
miseria.
Fuente: Prensa Libre
En una intervención en el Parlamento, el ministro de Finanzas luso, Vítor Gaspar, atribuyó esta alteración de las proyecciones macroeconómicas del Ejecutivo a la mala evolución de la actividad económica en el último trimestre del 2012, cuando la caída del producto interno bruto fue del 3.8% interanual.
El ministro expresó su esperanza de que la Unión Europea (UE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), que vigilan el cumplimiento del rescate financiero otorgado a Portugal en el 2011, tengan en cuenta las nuevas previsiones para suavizar las metas de déficit del país.
La proyección de caída del PIB anunciada por Gaspar iguala prácticamente a la que hizo hace unas semanas el Banco de Portugal, del 1.9%, y contrasta con los cálculos optimistas de la UE y el FMI cuando concedieron el rescate, que auguraron un crecimiento positivo del 0.3%. Portugal acumulará cerca del 7% de retroceso del PIB en el 2011, el 2012 y el 2013.
Fuente: Prensa Libre
En una intervención en el Parlamento, el ministro de Finanzas luso, Vítor Gaspar, atribuyó esta alteración de las proyecciones macroeconómicas del Ejecutivo a la mala evolución de la actividad económica en el último trimestre del 2012, cuando la caída del producto interno bruto fue del 3.8% interanual.
El ministro expresó su esperanza de que la Unión Europea (UE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), que vigilan el cumplimiento del rescate financiero otorgado a Portugal en el 2011, tengan en cuenta las nuevas previsiones para suavizar las metas de déficit del país.
La proyección de caída del PIB anunciada por Gaspar iguala prácticamente a la que hizo hace unas semanas el Banco de Portugal, del 1.9%, y contrasta con los cálculos optimistas de la UE y el FMI cuando concedieron el rescate, que auguraron un crecimiento positivo del 0.3%. Portugal acumulará cerca del 7% de retroceso del PIB en el 2011, el 2012 y el 2013.
España: Más de 2.000 jueces y fiscales secundan la huelga contra las reformas de Gallardón
Los convocantes aseguran que han seguido el paro 2.553 jueces y fiscales, el 62% del total
Los datos oficiales del Poder Judicial hablan de un 41% de participación
“Magistrado secundando la huelga”. Para que no cupiera duda alguna,
el juez de la Audiencia Nacional José Ricardo de Prada colocó ayer por
la mañana este cartel en la puerta de su despacho. A pesar del aviso, él
estaba dentro. Como ni el Ejecutivo ni el Consejo General del Poder
Judicial (el órgano de gobierno de los jueces) habían fijado servicios
mínimos para la jornada de huelga convocada, no quería ausentarse por si
ocurría algo urgentísimo, pero deseaba dejar claro que él era uno de
los que protestaba por las reformas —algunas proyectadas y otras ya ejecutadas— emprendidas por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón.
Junto a él, más de 2.100 jueces y fiscales y magistrados de toda España siguieron el paro convocado por todas las asociaciones de jueces y fiscales salvo dos: las mayoritarias Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y la Asociación de Fiscales. Algunos de sus afiliados, sin embargo, sí secundaron la huelga.
Los datos de participación de los convocantes y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no son coincidentes. Tampoco lo es el del censo de jueces en activo que sirve de base para calcular el porcentaje de los que siguieron el paro. Los convocantes dieron la cifra de 2.553 jueces y fiscales en huelga, el 62% del censo si se eliminan jueces sustitutos, bajas, enfermedades, licencias, servicios especiales... El CGPJ, sin embargo, parte de un censo de 5.015 jueces y magistrados y asegura que hicieron huelga 2.072, por lo que, según sus cálculos, solo participaron en el paro el 41,3% de los jueces.
“No vamos a entrar en una guerra de cifras, pero los porcentajes del Consejo son más que cuestionables”, indica el portavoz de la Asociación Francisco de Vitoria —una de las convocantes—, José Luis González Armengol. “En primer lugar, no todos los jueces han comunicado la huelga porque no están obligados a ello. En segundo lugar, el censo base no es real y va más allá de los jueces que ayer podían trabajar. Además, según nos han comunicado, los datos los ha aportado un vocal, Antonio Dorado, designado por el PP”.
En cuanto a los fiscales, la Fiscalía General del Estado no ha contabilizado a los huelguistas y los convocantes no han dado las cifras desglosadas. En cualquier caso, el Comité de Huelga reconoce que el seguimiento fue menor que entre los magistrados.
Un hecho no se discute: más de 2.100 jueces y fiscales en España, un gremio muy poco dado a alzar la voz públicamente y en la calle, secundaron la huelga; la tercera convocada en democracia por los jueces (las dos primeras se llevaron a cabo en 2009 contra el Ejecutivo socialista de José Luis Rodríguez Zapatero) y la primera de los fiscales. “Y más de 2.000 jueces y fiscales protestando, diga lo que diga el ministro, es un dato muy importante”, indica Joaquim Bosch, de Jueces para la Democracia.
El malestar dentro del mundo de la justicia es evidente. En los juzgados de Plaza de Castilla (Madrid), el ministro se llevó ayer la mayoría de los ataques verbales de los manifestantes. “Gallardón dimisión” y “No a las tasas, Gallardón a casa”, fueron algunos de los gritos más escuchados. “Ha conseguido unirnos a todos”, señaló un abogado que se había sumado a las protestas de los jueces. “Tenemos un modelo judicial del siglo XIX. Si los jueces perdemos la independencia y no tenemos recursos, no podremos investigar la corrupción”, dijo Ana María Álvarez de Yraola, una de las magistradas que acudió a la manifestación de Plaza de Castilla.
El ambiente en los juzgados de Madrid a primera hora de la mañana era similar al de todos los días. Muchos ciudadanos no se habían enterado de que los jueces estaban de huelga y tuvieron que regresar a sus hogares con una nueva cita para dentro de una semana. Según los convocantes, la huelga provocó que se suspendieran unos 10.000 juicios y señalamientos en toda España.
En el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional el seguimiento de la huelga fue menor. En el alto tribunal, solo uno de los 79 magistrados, de la Sala de lo Civil, decidió seguir la huelga. En la Audiencia Nacional, fueron 5 de 78.
La respuesta del ministro Gallardón al envite fue agradecer “a la mayoría de los jueces” que acudieran a trabajar mientras opinaba que los titulares de un poder del Estado no deben utilizar “instrumentos” como la huelga. La falta de concreción legal sobre la posibilidad de los jueces de convocar y adherirse a una huelga provocó, por otro lado, que ni el Gobierno ni el Consejo General del Poder Judicial fijaran servicios mínimos. Nadie se hará cargo tampoco de descontar de la nómina el día no trabajado.
No hay una única razón para la protesta. Prácticamente cada una de las decisiones adoptadas por el ministro de Justicia desde que tomó posesión del cargo ha ido aumentando el descontento entre los jueces y fiscales. Por un lado, los que participaron en la huelga manifestaban su queja por el proyecto de reforma del CGPJ que resta poderes a las asociaciones judiciales y modifica su composición y forma de elección. Por otro, protestaban por la práctica eliminación de los jueces interinos —lo que incrementará notablemente su carga de trabajo— y lamentaban la baja inversión en Justicia del Gobierno. Además, rechazaban las cuantías de las nuevas tasas judiciales.
Los convocantes pedían también una regulación del indulto que controle esta figura y no permita que el Ejecutivo se convierta en una última instancia que modifica decisiones judiciales sin motivar ni argumentar el porqué.
Junto a él, más de 2.100 jueces y fiscales y magistrados de toda España siguieron el paro convocado por todas las asociaciones de jueces y fiscales salvo dos: las mayoritarias Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y la Asociación de Fiscales. Algunos de sus afiliados, sin embargo, sí secundaron la huelga.
Los datos de participación de los convocantes y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no son coincidentes. Tampoco lo es el del censo de jueces en activo que sirve de base para calcular el porcentaje de los que siguieron el paro. Los convocantes dieron la cifra de 2.553 jueces y fiscales en huelga, el 62% del censo si se eliminan jueces sustitutos, bajas, enfermedades, licencias, servicios especiales... El CGPJ, sin embargo, parte de un censo de 5.015 jueces y magistrados y asegura que hicieron huelga 2.072, por lo que, según sus cálculos, solo participaron en el paro el 41,3% de los jueces.
“No vamos a entrar en una guerra de cifras, pero los porcentajes del Consejo son más que cuestionables”, indica el portavoz de la Asociación Francisco de Vitoria —una de las convocantes—, José Luis González Armengol. “En primer lugar, no todos los jueces han comunicado la huelga porque no están obligados a ello. En segundo lugar, el censo base no es real y va más allá de los jueces que ayer podían trabajar. Además, según nos han comunicado, los datos los ha aportado un vocal, Antonio Dorado, designado por el PP”.
En cuanto a los fiscales, la Fiscalía General del Estado no ha contabilizado a los huelguistas y los convocantes no han dado las cifras desglosadas. En cualquier caso, el Comité de Huelga reconoce que el seguimiento fue menor que entre los magistrados.
Un hecho no se discute: más de 2.100 jueces y fiscales en España, un gremio muy poco dado a alzar la voz públicamente y en la calle, secundaron la huelga; la tercera convocada en democracia por los jueces (las dos primeras se llevaron a cabo en 2009 contra el Ejecutivo socialista de José Luis Rodríguez Zapatero) y la primera de los fiscales. “Y más de 2.000 jueces y fiscales protestando, diga lo que diga el ministro, es un dato muy importante”, indica Joaquim Bosch, de Jueces para la Democracia.
El malestar dentro del mundo de la justicia es evidente. En los juzgados de Plaza de Castilla (Madrid), el ministro se llevó ayer la mayoría de los ataques verbales de los manifestantes. “Gallardón dimisión” y “No a las tasas, Gallardón a casa”, fueron algunos de los gritos más escuchados. “Ha conseguido unirnos a todos”, señaló un abogado que se había sumado a las protestas de los jueces. “Tenemos un modelo judicial del siglo XIX. Si los jueces perdemos la independencia y no tenemos recursos, no podremos investigar la corrupción”, dijo Ana María Álvarez de Yraola, una de las magistradas que acudió a la manifestación de Plaza de Castilla.
El ambiente en los juzgados de Madrid a primera hora de la mañana era similar al de todos los días. Muchos ciudadanos no se habían enterado de que los jueces estaban de huelga y tuvieron que regresar a sus hogares con una nueva cita para dentro de una semana. Según los convocantes, la huelga provocó que se suspendieran unos 10.000 juicios y señalamientos en toda España.
En el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional el seguimiento de la huelga fue menor. En el alto tribunal, solo uno de los 79 magistrados, de la Sala de lo Civil, decidió seguir la huelga. En la Audiencia Nacional, fueron 5 de 78.
La respuesta del ministro Gallardón al envite fue agradecer “a la mayoría de los jueces” que acudieran a trabajar mientras opinaba que los titulares de un poder del Estado no deben utilizar “instrumentos” como la huelga. La falta de concreción legal sobre la posibilidad de los jueces de convocar y adherirse a una huelga provocó, por otro lado, que ni el Gobierno ni el Consejo General del Poder Judicial fijaran servicios mínimos. Nadie se hará cargo tampoco de descontar de la nómina el día no trabajado.
No hay una única razón para la protesta. Prácticamente cada una de las decisiones adoptadas por el ministro de Justicia desde que tomó posesión del cargo ha ido aumentando el descontento entre los jueces y fiscales. Por un lado, los que participaron en la huelga manifestaban su queja por el proyecto de reforma del CGPJ que resta poderes a las asociaciones judiciales y modifica su composición y forma de elección. Por otro, protestaban por la práctica eliminación de los jueces interinos —lo que incrementará notablemente su carga de trabajo— y lamentaban la baja inversión en Justicia del Gobierno. Además, rechazaban las cuantías de las nuevas tasas judiciales.
Los convocantes pedían también una regulación del indulto que controle esta figura y no permita que el Ejecutivo se convierta en una última instancia que modifica decisiones judiciales sin motivar ni argumentar el porqué.
Los convocantes consideran "satisfactorio" el seguimiento del 62% de la huelga de jueces y fiscales
Gritos de dimisión contra el ministro de Justicia en las concentraciones ante los juzgados: "No a las tasas, Gallardón a su casa". Vocales del CGPJ, abogados y sindicatos apoyan la protesta
ANDRÉS MUÑIZ Madrid 20/02/2013 11:54 Actualizado: 20/02/2013 20:42 Público
Jueces y fiscales concentrados en la Plaza de Castilla, de Madrid.A.M.
La huelga de jueces y fiscales convocada para este miércoles estaba teniendo un seguimiento, a las 12 del mediodía, del 62%, según las cifras recopiladas por las cinco asociaciones convocantes, que calificaron el dato de "satisfactorio".
Por su parte, el Consejo General del Poder Judicial ha cifrado el seguimiento de la huelga, aunque sólo en lo que respecta a jueces y no a fiscales, en un 41,32%, a las 19.30 horas.
En un comunicado, el Consejo señala que de un total de 5.015 jueces y magistrados ejercientes en este momento, han comunicado que habían secundado el paro 2.072. Asegura que son los datos que les han remitido los presidentes de los tribunales superiores de Justicia de la distintas comunidades autónomas.
Los jueces y fiscales en huelga protestan contra la política del Gobierno de Rajoy en materia de justicia, al entender que ataca su independencia, no afronta la falta de medios para combatir la corrupción, ha impuesto tasas "desorbitadas" a los ciudadanos, y ha concedido indultos "arbitrarios".
El juez decano de Madrid y portavoz de la asociación de jueces "Francisco de Vitoria", José Luis González Armengol, destacó que la participación en el paro ya igualaba al del registrado el 18 de febrero de 2009, que fue considerado un éxito, pero que esperaban que el dato real sea aún mayor porque faltaban por recibirse cifras de varios territorios.
Jueces y fiscales se han concentrado frente a los juzgados de toda España entre las 11.30 y las 12.30 horas, en actos en los que han tomado parte funcionarios de Justicia, convocados por los sindicatos; y abogados, que respaldan la protesta de los togados y que rechazan el denominado 'tasazo' de Gallardón.
En el acto de Madrid, representantes de las asociaciones de jueces convocantes --Foro Judicial Independiente, Jueces para la Democracia y "Francisco de Vitoria"-- leyeron el manifiesto de la huelga. Estuvieron arropados, entre otros, por tres vocales del sector progresista del Consejo General del Poder Judicial, Margarita Robles, Inmaculada Montalbán y Félix Azón, por el presidente del Consejo General de la Abogacía, Carlos Carnicer, y por numerosos abogados y funcionarios de los tribunales. Entre los jueces, estaban en la concentracion la presidenta de la Audiencia de Madrid, Ana Ferrer, o el magistrado de la Audiencia Nacional Javier Martínez Lázaro.
Los portavoces de las asociaciones casi no pudieron hacerse oir ante los periodistas ante los constantes gritos de "Gallardón, dimisión", "No a las tasas, Gallardón a su casa", o "Manos arriba, esto es un atraco", proferidos por los manifestantes, que protaban mini-pancartas donde se leía un gran "No" a las tasas o mensajes como "Sin justicia, ¿quién investiga la corrupción?".
La huelga está convocada también, por primera vez en la historia, por dos asociaciones de fiscales, la Unión Progresista y la Asociación Profesional Independiente. Al paro están convocados los cerca de 5.000 jueces que trabajan actualmente en España, y los 2.400 fiscales. Por su parte, los sindicatos de funcionarios de Justicia hacen hincapié en que los planes del Ministerio de Justicia de privatizar el Registro Civil pueden dejar en la calle a 3.800 empleados públicos.
El portavoz de Jueces para la Democracia, Joaquim Bosch, desglosó por comunidades autónomas los datos de seguimiento que habían recopilado hasta mediodía. Así, en Madrid, se había registrado un 66%; en Catalunya, un 56; en Extremadura, un 74; en Andalucía, un 79; en Aragón, un 71; en Valencia, un 51; en el País Vasco, un 58; en Murcia, un 72; y en Canarias, un 60%, según las cifras recibidas hasta esa hora.
Asimimo, Bosch descalificó, antes de que se hiciesen públicas, las cifras de seguimiento del Consejo General del Poder Judicial, entre otras cosas porque consideran que el presidente de dicho órgano, Gonzalo Moliner, no se ha mostrado equidistante ante la huelga, sino que ha hecho campaña activa en contra.
El portavoz de JpD destacó que no puede ser que todo el mundo de justicia esté equivocado en sus críticas a la políticas de Gallardón, y que el ministro sea el único que esté acertado. "Tener mayoría absoluta no significa tener la razón absoluta", añadió.
Tambien dijo que aunque la Asociación Profesional de la Magistratura, mayoritaria en la carrera, no haya apoyado la huelga, en una encuesta interna que hizo esa asociación, salió que un 60% de sus afiliados la apoyaban. Bosch se mostró convencido de que una mayoría de los jueces de la APM estaba haciendo hoy huelga.
La peculiaridad de esta huelga es que quienes la secundan no pierden el salario del día, ya que el paro en las carreras judicial y fiscal se haya en una indefinición normativa por la cual ni el Consejo General del Poder Judicial ni el Ministerio de Justicia, aunque creen que no tiene encaje legal, se hacen cargo de la adopción de servicios mínimos o del descuento de retribuciones, precisamente porque ello conllevaría un reconocimiento del derecho de huelga de jueces y fiscales.
por Campamento de la dignida
por Pepe Mejía
Por su parte, el Consejo General del Poder Judicial ha cifrado el seguimiento de la huelga, aunque sólo en lo que respecta a jueces y no a fiscales, en un 41,32%, a las 19.30 horas.
En un comunicado, el Consejo señala que de un total de 5.015 jueces y magistrados ejercientes en este momento, han comunicado que habían secundado el paro 2.072. Asegura que son los datos que les han remitido los presidentes de los tribunales superiores de Justicia de la distintas comunidades autónomas.
Los jueces y fiscales en huelga protestan contra la política del Gobierno de Rajoy en materia de justicia, al entender que ataca su independencia, no afronta la falta de medios para combatir la corrupción, ha impuesto tasas "desorbitadas" a los ciudadanos, y ha concedido indultos "arbitrarios".
El juez decano de Madrid y portavoz de la asociación de jueces "Francisco de Vitoria", José Luis González Armengol, destacó que la participación en el paro ya igualaba al del registrado el 18 de febrero de 2009, que fue considerado un éxito, pero que esperaban que el dato real sea aún mayor porque faltaban por recibirse cifras de varios territorios.
Jueces y fiscales se han concentrado frente a los juzgados de toda España entre las 11.30 y las 12.30 horas, en actos en los que han tomado parte funcionarios de Justicia, convocados por los sindicatos; y abogados, que respaldan la protesta de los togados y que rechazan el denominado 'tasazo' de Gallardón.
En el acto de Madrid, representantes de las asociaciones de jueces convocantes --Foro Judicial Independiente, Jueces para la Democracia y "Francisco de Vitoria"-- leyeron el manifiesto de la huelga. Estuvieron arropados, entre otros, por tres vocales del sector progresista del Consejo General del Poder Judicial, Margarita Robles, Inmaculada Montalbán y Félix Azón, por el presidente del Consejo General de la Abogacía, Carlos Carnicer, y por numerosos abogados y funcionarios de los tribunales. Entre los jueces, estaban en la concentracion la presidenta de la Audiencia de Madrid, Ana Ferrer, o el magistrado de la Audiencia Nacional Javier Martínez Lázaro.
Los portavoces de las asociaciones casi no pudieron hacerse oir ante los periodistas ante los constantes gritos de "Gallardón, dimisión", "No a las tasas, Gallardón a su casa", o "Manos arriba, esto es un atraco", proferidos por los manifestantes, que protaban mini-pancartas donde se leía un gran "No" a las tasas o mensajes como "Sin justicia, ¿quién investiga la corrupción?".
La huelga está convocada también, por primera vez en la historia, por dos asociaciones de fiscales, la Unión Progresista y la Asociación Profesional Independiente. Al paro están convocados los cerca de 5.000 jueces que trabajan actualmente en España, y los 2.400 fiscales. Por su parte, los sindicatos de funcionarios de Justicia hacen hincapié en que los planes del Ministerio de Justicia de privatizar el Registro Civil pueden dejar en la calle a 3.800 empleados públicos.
El portavoz de Jueces para la Democracia, Joaquim Bosch, desglosó por comunidades autónomas los datos de seguimiento que habían recopilado hasta mediodía. Así, en Madrid, se había registrado un 66%; en Catalunya, un 56; en Extremadura, un 74; en Andalucía, un 79; en Aragón, un 71; en Valencia, un 51; en el País Vasco, un 58; en Murcia, un 72; y en Canarias, un 60%, según las cifras recibidas hasta esa hora.
Asimimo, Bosch descalificó, antes de que se hiciesen públicas, las cifras de seguimiento del Consejo General del Poder Judicial, entre otras cosas porque consideran que el presidente de dicho órgano, Gonzalo Moliner, no se ha mostrado equidistante ante la huelga, sino que ha hecho campaña activa en contra.
El portavoz de JpD destacó que no puede ser que todo el mundo de justicia esté equivocado en sus críticas a la políticas de Gallardón, y que el ministro sea el único que esté acertado. "Tener mayoría absoluta no significa tener la razón absoluta", añadió.
Tambien dijo que aunque la Asociación Profesional de la Magistratura, mayoritaria en la carrera, no haya apoyado la huelga, en una encuesta interna que hizo esa asociación, salió que un 60% de sus afiliados la apoyaban. Bosch se mostró convencido de que una mayoría de los jueces de la APM estaba haciendo hoy huelga.
La peculiaridad de esta huelga es que quienes la secundan no pierden el salario del día, ya que el paro en las carreras judicial y fiscal se haya en una indefinición normativa por la cual ni el Consejo General del Poder Judicial ni el Ministerio de Justicia, aunque creen que no tiene encaje legal, se hacen cargo de la adopción de servicios mínimos o del descuento de retribuciones, precisamente porque ello conllevaría un reconocimiento del derecho de huelga de jueces y fiscales.
URGENTE: acampada indefinida contra el paro y la renta básica en las puertas del SEXPE de Mérida
por Campamento de la dignida
Miércoles, 20 de Febrero de 2013 21:02
Se ha montado un pequeño campamento sobre las 20:00 de hoy miércoles
y se solicita apoyo y ayuda para aguantar hasta conseguir las
reivindicaciones. Se avisa que ante cualquier intento de desalojo o
violencia policial se hará resistencia pasiva e irán todos/as a
comisaría.
Alrededor de medio centenar de personas
ha iniciado esta tarde una acampada a las puertas de la oficina del
Servicio Extremeño Público de Empleo (Sexpe) ubicada en el Polígono
Nueva Ciudad de Mérida (Badajoz) y sigue llegando gente.
Se trata de un acto reivindicativo
impulsado por la Plataforma por la Renta Básica en Extremadura y por el
colectivo La Trastienda con el objetivo de protestar contra las actuales
cifras de desempleo, así como de posicionarse a favor de la puesta en
marcha de la Renta Básica en la región.
El objetivo de los manifestantes es
pernoctar este miércoles a las puertas del Sexpe, así como que la
acampada tenga un carácter "continuado". En esta denominada "Acampada de
la Dignidad", en estos momentos están instalando diferentes tiendas de
campaña, además de un cartel de grandes dimensiones en el que puede
leerse "En Extremadura, Renta Básica". Además, varias personas se han
acercado a la zona a repartir alimentos a los asistentes a la acampada.
La presencia policial es constante y de
momento se limitan a observar. Se avisa que ante cualquier intento de
desalojo o violencia policial se hará resistencia pasiva e irán todos/as
a comisaría. En este sentido hay que recordar que las acampadas como
forma de protesta entran dentro del derecho fundamental de manifestación
y concentración, como reconocen varias sentencias: es muy significativa
la Sentencia núm. 2143/2010 de 1 octubre del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla y León, Valladolid (Sala de lo
Contencioso-Administrativo, Sección 3ª), TSJ Canarias (Sede Santa Cruz
de fecha 3.11.2006), del TSJ de Navarra, de fecha 23.6.2005 y del TSJ de
Andalucía (Sevilla) 14.6.2002. Más información sobre este tema: http://www.kaosenlared.net/
De igual modo sería contradictoria que
la propia policía municipal de Mérida en 2006 realizó una concentración
permanente en la plaza de España, frente al ayuntamiento, con motivo del
conflicto laboral y que ahora actuase para desmantelar este campamento
de protesta. Resaltar de igual modo que las ordenanzas municipales de
Mérida no prohíben las acampadas en dicho municipio.
La Policía Local de Mérida continúa la acampada de protesta frente al ayuntamiento: http://blogs.hoy.es/hazteoir/
¡Todos/as a apoyar el campamento de la dignidad en Mérida! Seguiremos informando.
Una gran marea ciudadana inundará las calles de Madrid el 23F
por Pepe Mejía
Miércoles, 20 de Febrero de 2013 13:53
Gran cantidad de colectivos ciudadanos saldrán a protestar en Madrid
el próximo 23 de febrero por el brutal recorte de derechos sociales que
se han aplicado con el pretexto de la crisis.
La movilización, que se prevé
masiva, discurrirá de forma pacífica desde varios puntos para confluir
en Neptuno. Al mismo tiempo, habrá manifestaciones y movilizaciones en
más de 50 ciudades españolas y en otros lugares del mundo, según se ha
informado hoy en rueda de prensa celebrada en las escalinatas de la
Bolsa de Madrid.
Una gran cantidad de colectivos
ciudadanos impulsan la convocatoria de la Marea Ciudadana del próximo
sábado, 23 de febrero. Las Mareas blanca, verde, amarilla, azul,
naranja, negra, roja, violeta… junto con asambleas populares de barrios
del 15M, grupos políticos, organizaciones sindicales y todo tipo de
colectivos y organizaciones cívicas y ciudadanas, llevarán a cabo una
gran movilización en Madrid, aunque la actividad será generalizada en
todo el Estado español.
El lugar elegido para la rueda de prensa
no es casual. Al realizarla junto al edificio de la Bolsa de Madrid, se
quiere poner énfasis, según los organizadores, en que la mayor parte de
los recortes de derechos sociales están siendo dictados por los
mercados financieros, de los que el Gobierno no es sino una correa de
transmisión. Por eso, uno de los lemas de la marea ciudadana es “Contra el golpe de estado financiero”.
Antes de celebrarse la rueda de prensa un policía comunicó que "más de 20 personas reunidas es ilegal".
Entre los asistentes, periodistas y miembros de las distintas mareas
había más de 50 personas. A nadie se les pidió la identificación.
Durante la rueda de prensa, las personas representantes de las
diferentes mareas han ido expresando sus motivos para sumarse a esta
Marea Ciudadana, coincidiendo en la necesidad de garantizar unos
servicios públicos universales y de calidad, el rechazo rotundo a los
recortes sociales y en derechos, y la exigencia de una auditoría
ciudadana de la deuda, que en muchos casos se considera de carácter
ilegítimo por contraerse para financiar la avaricia de las élites
financieras, y no las necesidades de la mayor parte de la población.
También, en el marco actual de
corrupción obscena y desbocada, se ha exigido que los culpables paguen
por sus delitos, así como una drástica profundización de nuestro sistema
democrático, en la que el control de lo público esté en manos de una
ciudadanía informada y participativa.
Todos los participantes han coincidido
en destacar que en la Marea Ciudadana de Madrid no tendrán cabida ningún
tipo de expresiones violentas, racistas, xenófobas, machistas o
fascistas. Por otro lado, la manifestación ha sido comunicada a
Delegación de Gobierno por algunas de las organizaciones convocantes, y
ha sido autorizada.
A la movilización acudirán también un
buen número de autobuses y personas que se desplazarán desde más treinta
ciudades diferentes de todo el Estado. Comenzará simultáneamente a las
16.30 h desde 4 puntos: la Puerta del Sol, la plaza de Colón, la
Glorieta de Embajadores y el Puente de Vallecas, aunque muchas otras
columnas habrán partido previamente de sus barrios, hospitales o centros
educativos. La confluencia de las cuatro marchas será a las 18h en
Neptuno, donde se realizará un grito mudo a las 19h y se dará lectura al
manifiesto.
En Neptuno están previstas diferentes intervenciones, así como las actuaciones de la Orquesta Solfónica, que interpretará la Canción del Pueblo de Los Miserables, L’Estaca de Luis Llach y el Canto a la Libertad
de Labordeta, que serán acompañados por todas las voces presentes
puesto que las intervenciones se retransmitirán en directo por la Unión
de Radios Libres y Comunitarias de Madrid.
Mientras se desarrolla esta movilización
en Madrid, habrá convocatorias simultáneas en Barcelona, Valencia,
Málaga, Almería, Bilbao, Vigo, A Coruña, Zaragoza y otras más de 50
localidades del Estado, así como en Buenos Aires, Nottingham, París o
Ginebra, por citar algunos. La Marea Ciudadana ya está en marcha.
jueves, 21 de febrero de 2013
nuevos
Mis motivos…
A pesar de mis 63 años, todavía no he perdido mi capacidad a indignarme contra injusticia.
César Martinez-Barbosa
CI 1.082.600 A
------------------------------
No pude estar, pero hubiera querido, por todas las razones mil veces reiteradas
y porque es decepcionante la imagen que la SCJ da de la justicia uruguaya, que parece
todavía atrapada en la paranoia que alimentó la dictadura y los primeros gobiernos que la sucedieron.
Jorge Angeloni
------------------------------
Yo también estuve.
Ivonne Klingler
A pesar de mis 63 años, todavía no he perdido mi capacidad a indignarme contra injusticia.
César Martinez-Barbosa
CI 1.082.600 A
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No pude estar, pero hubiera querido, por todas las razones mil veces reiteradas
y porque es decepcionante la imagen que la SCJ da de la justicia uruguaya, que parece
todavía atrapada en la paranoia que alimentó la dictadura y los primeros gobiernos que la sucedieron.
Jorge Angeloni
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Yo también estuve.
Ivonne Klingler
recibidas el 21/2
Yo también estuve en la Suprema Corte de Justicia acompañando a Mariana
Mota.
estuve y estoy en defensa de los derechos humanos y la dignidad humana,
repudio la actitud de la suprema corte de justicia por considerar que
vulnera mi derecho a la justicia y no me respeta en mi derecho a vivir
en una sociedad sin impunidad.
Ignacio Lois
------------------------------
No estuve físicamente porque hace años que vivo fuera pero si que sigo
siendo oriental hasta las berijas .Y todo lo referente a los milicos asesinos,
torturadores , ladrones e impunes me jode y mucho. Un abrazo para todos.
José y Fanny DONOSTIA (EUSKAL HERRIA )
------------------------------
“No importa cuan mal van las cosas, tienes que seguir viviendo, incluso si te matan.” Sholem Aleijem
Yo también estuve, y seguiré estando, y estaré nuevamente, y estuvieron todos los compañeros que por
seguir la utopía realizable de un país mejor en un mundo mejor fueron vejados, torturados, secuestrados, asesinados.
Ellos estuvieron y yo también, también otros muchos mas estuvieron para representarlos y decirle a la Sra. Jueza UD NO ESTA SOLA.
Tengo presente el rol sistémico de la SCJ, nada me espero de la injusta y antinatural trama de leyes hechas para mejor control de los desposeídos y garantía de impunidad para los dueños del alambrado, pero aun así,
estuve y estaré apoyando a la Sra. Jueza porque creo que “aún quedan jueces en Berlín”
Hector Sergio Napoli C I 1 178 136 -8
------------------------------
yo estuve andrés olivetti
------------------------------
Yo estuve.
Empujada por una mezcla de indignación, tristeza y bronca, fui a dar mi apoyo a la Jueza Mariana Mota.
Fui sin pensarlo mucho, simplemente sentí que tenía que estar, porque la decisión de la SCJ de trasladar
a la Jueza del juzgado penal al civil no me dejaba ni podía dejarme indiferente.
Porque la decisión de la SCJ va en el sentido opuesto al recomendado por la Corte Interamericana: no viene
a remover obstáculos sino que por el contrario volverá a demorar el proceso de búsqueda de verdad y justicia de los más de cincuenta casos que llevaba la jueza Mota .
Fui porque no me parece aceptable ni creo que no le haga bien a la democracia escudarse en un argumento administrativo para producir un hecho políticamente tan significativo.
Estuve allí, en el Pasaje de los Derechos Humanos 1310, Sede de la SCJ y aplaudí y éramos muchos los que lo hacíamos, prolongadamente, y en silencio. Sin consignas, con respeto y en agradecimiento a una jueza por su dignidad y valentía.
Malena Laucero CI 4.790.730-6
------------------------------
Yo no estuve, pero vaya que hubiera querido estar. Me reprocho a mi
misma por no haberme enterado.
Desde la reapertura democrática lucho en contra de la impunidad y por
la justicia, aunque los que tienen el poder de manipularla para el lado
de sus intereses, nos pegan estos reveces. Pero la historia ha
demostrado que no hay qeu decaer y seguir adelante, para lograr una
sociedad mas justa para nuestros hijos y para poder seguir mirando a
esas madres de siempre a los ojos.
Ana Costa 13004041
------------------------------
No estuve en montevideo ese día,trabajo en el interior,
pero me sumo a la movilización por la Jueza Mota.
Estrella Núnez.
Mota.
estuve y estoy en defensa de los derechos humanos y la dignidad humana,
repudio la actitud de la suprema corte de justicia por considerar que
vulnera mi derecho a la justicia y no me respeta en mi derecho a vivir
en una sociedad sin impunidad.
Ignacio Lois
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No estuve físicamente porque hace años que vivo fuera pero si que sigo
siendo oriental hasta las berijas .Y todo lo referente a los milicos asesinos,
torturadores , ladrones e impunes me jode y mucho. Un abrazo para todos.
José y Fanny DONOSTIA (EUSKAL HERRIA )
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“No importa cuan mal van las cosas, tienes que seguir viviendo, incluso si te matan.” Sholem Aleijem
Yo también estuve, y seguiré estando, y estaré nuevamente, y estuvieron todos los compañeros que por
seguir la utopía realizable de un país mejor en un mundo mejor fueron vejados, torturados, secuestrados, asesinados.
Ellos estuvieron y yo también, también otros muchos mas estuvieron para representarlos y decirle a la Sra. Jueza UD NO ESTA SOLA.
Tengo presente el rol sistémico de la SCJ, nada me espero de la injusta y antinatural trama de leyes hechas para mejor control de los desposeídos y garantía de impunidad para los dueños del alambrado, pero aun así,
estuve y estaré apoyando a la Sra. Jueza porque creo que “aún quedan jueces en Berlín”
Hector Sergio Napoli C I 1 178 136 -8
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yo estuve andrés olivetti
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Yo estuve.
Empujada por una mezcla de indignación, tristeza y bronca, fui a dar mi apoyo a la Jueza Mariana Mota.
Fui sin pensarlo mucho, simplemente sentí que tenía que estar, porque la decisión de la SCJ de trasladar
a la Jueza del juzgado penal al civil no me dejaba ni podía dejarme indiferente.
Porque la decisión de la SCJ va en el sentido opuesto al recomendado por la Corte Interamericana: no viene
a remover obstáculos sino que por el contrario volverá a demorar el proceso de búsqueda de verdad y justicia de los más de cincuenta casos que llevaba la jueza Mota .
Fui porque no me parece aceptable ni creo que no le haga bien a la democracia escudarse en un argumento administrativo para producir un hecho políticamente tan significativo.
Estuve allí, en el Pasaje de los Derechos Humanos 1310, Sede de la SCJ y aplaudí y éramos muchos los que lo hacíamos, prolongadamente, y en silencio. Sin consignas, con respeto y en agradecimiento a una jueza por su dignidad y valentía.
Malena Laucero CI 4.790.730-6
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Yo no estuve, pero vaya que hubiera querido estar. Me reprocho a mi
misma por no haberme enterado.
Desde la reapertura democrática lucho en contra de la impunidad y por
la justicia, aunque los que tienen el poder de manipularla para el lado
de sus intereses, nos pegan estos reveces. Pero la historia ha
demostrado que no hay qeu decaer y seguir adelante, para lograr una
sociedad mas justa para nuestros hijos y para poder seguir mirando a
esas madres de siempre a los ojos.
Ana Costa 13004041
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No estuve en montevideo ese día,trabajo en el interior,
pero me sumo a la movilización por la Jueza Mota.
Estrella Núnez.
No estuve porque en ese horario no puedo. Pero hubiera estado en solidaridad con la jueza Mota. Verdad justicia y nunca mas. Si no hay verdad no hay justicia sino hay justicia el nunca mas es imposible porque significa que los culpables mantienen todo su poder.
Luis Acosta
Yo Estuve.
A la distancia, siguiendo la pelea de nuestros coompañeros indignados. Acompañándolos por la Verdad, por la Memoria y la Justicia.
Gustavo Brufman
Secretario DD.HH CTA Rosario
Argentina
Policía en la Suprema Corte provocó el incidente
Susana Andrade
Apoyamos
a nivel personal y como institución a la Jueza Mota en sus actuaciones a
nivel de juicios de lesa humanidad durante la dictadura cívico -
militar uruguaya, y quiero expresar estupor e inquietud ante su traslado
a un juzgado civil contra toda lógica de derechos humanos, sentimientos
acrecentados por los desatinos de las fuerzas policiales cometidos en
la instancia de juramento de la referida magistrada en el recinto de la
Suprema Corte.
La
gente de las organizaciones sociales convocantes a manifestar
solidaridad y algunos particulares acudieron pacíficamente y así hubiera
transcurrido todo, de no mediar el factor policía en condiciones de
repeler una revuelta que no existía, ni existiría si no hubiesen
empezado a los empujones con caras tapadas, cascos, enarbolando
cachiporras y escudos transparentes, que tanto no lo es la causa por la
cual alguien -quién o quiénes- llamó a los granaderos a proceder en una
circunstancia que les era totalmente ajena pues allí no había ningún
desmán ni amenaza de tal cosa. Hubiera bastado con solicitar silencio a
la hora de efectivizar los juramentos. Por más indignados que estemos,
se trata de gente sensible que acude a la ley en busca de Justicia.
La Policía entiendo que si les dan la orden tienen que acudir. Mal el que llamó y mal los que le hicieron caso.
Deberían
sopesar el riesgo de enfrentar a parte de la población al personal
policial sin sentido, en un asunto tan delicado que toca puntos
neurálgicos de la sociedad uruguaya como lo es el juzgamiento de los
crímenes de violaciones a los derechos humanos en el régimen de facto,
una vergüenza nacional de por sí que demoren tanto en dilucidarse y
existan trabas y demoras para su tratamiento judicial.
Deplorables
las expresiones del Presidente de la Corte Suprema Ruibal Pino, que, al
parecer intentando justificar el traslado; o sea que admiten de alguna
manera que es una especie de “castigo” o reprimenda dicho cambio aunque
digan lo contrario: dijo públicamente que la referida jueza tenía
procesos pendientes cosa de la que tuvo que retractarse posteriormente
aunque es obvio que planteó algo muy grave y no alcanzaría con
retractarse graciosamente.
Esto
habla de la falta de seriedad y transparencia en el tratamiento del
tema y muchas cuestiones vinculadas que sinceramente huelen feo.
Ahora amagan con que la ley interpretativa de la ley de caducidad es inconstitucional!
Sin dudas actitudes coherentes con este cambio, que marcan un perfil y dan cuenta de lo que vendrá.
Deplorable
aún en medio de esta debacle, que criminalicen de forma burda la
protesta de las instituciones de Derechos Humanos, una lucha social
absolutamente válida e históricamente pacífica, sumando tinieblas al
caso del traslado de la jueza Mota.
Afianzar la democracia en Uruguay también pasa por demostrar que la impunidad ya no tiene aliados.
Dijo
Juan Carlos Onetti: "Hay muchas formas de mentir, la más repugnante de
todas, es decir la verdad, toda la verdad y ocultar el alma de los
hechos".
Susana Andrade - Atabaque
http://alainet.org/active/
Nacional - CASO MARIANA MOTA
Alto Comisionado de la ONU para los DDHH se interesó en el caso Mota
Le pidió más información del caso a La Institución Nacional de Derechos Humanos, que opina que el traslado no cumple estándares internacionales de justicia
+ - 21.02.2013, 17:07 hs
- ACTUALIZADO 18:46
Texto: El Observador
Siguiendo esta línea, fuentes del organismo informaron a El Observador que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, se interesaron en el caso y pidieron información a la INDHH.
El comunicado de la INDHH detalla que de acuerdo a un Informe de la nombrada oficina de la ONU “una de las prácticas que afectan la independencia o imparcialidad del Poder Judicial es el sistema de ascensos o movilidad. Los Principios Básicos Relativos a la Independencia de la Judicatura establecen que los criterios deben ser objetivos" y que el Estatuto del Juez Iberoamericano, dicta en la misma línea que "la estabilidad en el cargo es una garantía esencial de la independencia judicial y las decisiones de ascenso deben estar basadas en los mismos criterios objetivos que para la designación, y deben ser el resultado de un procedimiento transparente y equitativo".
Hace referencia también a que "durante más de 30 años la sociedad uruguaya ha avanzado en sus los esfuerzos realizados por la sociedad uruguaya para fortalecer el estado de derecho y consolidar la democracia" pero advierte que "ese proceso da muestras de haber comenzado lenta, pero constantemente, a detenerse. En otras palabras, el freno le ha ganado al impulso".
Recuerda la condena que la Corte Interamericana de Derechos Humanos impuso a Uruguay en febrero de 2011 en la que se le pidió celeridad al país por el caso Gelman. En base a esto establece que el traslado de la jueza enlentece los procesos. Se establece que "el traslado de la Dra. Mota genera el riesgo de que las causas a su cargo por violaciones a los derechos humanos durante el terrorismo de estado pudieran no avanzar con la necesaria celeridad de una pronta y eficiente administración de justicia. Naciones Unidas recuerda que 'Un importante componente de la imparcialidad es la garantía de un juicio en un tiempo razonable. Las demoras en los procesos penales no pueden justificarse por la complejidad del caso o con el comportamiento de las partes. Cuando las demoras son basadas en la falta de recursos o falta de financiación, deben proveerse recursos complementarios para la administración de justicia`".
Subrayan que "la información sobre las causas del traslado de la Dra. Mota nunca fueron comunicadas con claridad por parte de la Suprema Corte de Justicia, de forma tal que toda la ciudadanía tuviera pleno conocimiento de cuales fueron las motivaciones de la decisión"
Citan que "Lamentablemente algo similar sucedió hace poco tiempo, cuando el Fiscal Letrado del Crimen Organizado, Dr. Ricardo Perciballe, especializado en una materia tan delicada, fue trasladado a una Fiscalía Civil".
Y finalmente se propone que "es necesario comenzar a construir en el país una agenda que logre los mayores acuerdos y consensos para seguir fortaleciendo nuestro estado de derecho y sus instituciones. Muchas medidas (que requerirán oportunamente su traducción a reformas de normas de diferente jerarquía), pueden ayudar a modernizar nuestro sistema institucional; a optimizarlo; a generar más compromiso, más ciudadanía y más confianza. Un poder judicial en plena conformidad con las normas contenidas en los instrumentos internacionales, es esencial para la plena realización de los derechos humanos y resulta indispensable para el fortalecimiento democrático y el desarrollo sostenible". Trabajando a la "brevedad sobre una agenda que incluya, entre otras medidas, (a) la creación del Consejo Superior de la Magistratura5; (b) la creación del Tribunal Superior Constitucional6; (c) la reforma del Ministerio Público y Fiscal7; (d) la definitiva sanción del nuevo Código del Proceso Penal".
-
Capitán Haddock -
21.02.2013 - 20:35 hs
Acá tiene la oposición lo que no querían que se dijera. Quizás ahora digan que el Alto Comisionado es tupa o de izquierda. Ustedes salieron a hablar de inconstitucionalidad y de golpe de estado técnico y demás perejiladas... sepan que dan asco señores, son una vergüenza para el país, con sus demagogias que ustedes creen invisibles, sus acomodos digitados, su insoportable voluntad de sacar provecho de sus posiciones privilegiadas y su extemporáneo comercio de poder. Tarde o temprano todo se sabrá, para escarnio de ustedes, taimados leguleyos y politiquillos miserables. Dan asco porque en su cortedad de vista, lo que comprometen es el futuro de millones de personas. Sigan inventando tramas pero les anticipo que una a una se irán volviendo en su contra. No soy nadie importante, sólo un miembro del público una vez más indignado por este tóxico cóctel rosadito que nos quiueren hacer tragar por bueno. La izquierda se equivoca y debe haber alguno corrupto, pero ustedes han hecho de la corrupción carrera. Aborrecibles, del primero al último.
Declaración de la Institución Nacional de Derechos Humanos sobre administración de justicia y derechos humanos.
Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del PuebloSede Provisoria: Anexo Palacio Legislativo Sala 225.
Tel: 142 internos 3242 y 3243
Declaración de la Institución Nacional de Derechos Humanos sobre administración de justicia y derechos humanos.
1. La Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) realiza esta declaración en cumplimiento de sus cometidos y facultades establecidos por la Ley No. 18.446, de 24/12/2008.
2. La mencionada norma fijó la competencia de la INDDHH, que se extiende a todos los Poderes y organismos públicos (Art. 5) y su cometido esencial es la defensa, promoción y protección en toda su extensión de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y el Derecho internacional (Art.1). Asimismo, la INDDHH es competente para “promover la adopción de las medidas que se consideren adecuadas para que el ordenamiento jurídico y las prácticas administrativas e institucionales se armonicen con los instrumentos internacionales relacionados con los derechos humanos en los que el Estado sea parte” (Art. 4).
3. La INDDHH comparte que el sistema judicial es esencial para la protección de los derechos y libertades fundamentales, así como para asegurar el derecho de toda persona de ser oída y juzgada por un tribunal imparcial e independiente, que pueda realizar los deberes de su cargo con las adecuadas garantías institucionales y funcionales. El sistema judicial es garantía fundamental del estado de derecho, un contrapeso clave en el sistema democrático y un contralor eficaz para que los actos de los demás poderes del Estado respeten los derechos humanos y las libertades fundamentales1.
1 Comisión Internacional de Juristas, Principios internacionales sobre Independencia y Responsabilidad de Jueces, Abogados y Fiscales. Guía Profesionales N. 1, Ginebra 2007
4. Para la INDDHH los esfuerzos realizados por la sociedad uruguaya para fortalecer el estado de derecho y consolidar la democracia han sido ingentes y constantes en estos últimos treinta años. Entre esos esfuerzos, es reconocida la larga lucha de víctimas, familiares y organizaciones sociales, sindicales y religiosas por la verdad y la justicia en relación a las gravísimas violaciones a los derechos humanos que tuvieron lugar en el país durante el terrorismo de estado. En los últimos años hubo algunos avances innegables en la materia. Sin embargo, para la INDDHH, ese proceso da muestras de haber comenzado lenta, pero constantemente, a detenerse. En otras palabras, el freno le ha ganado al impulso.
5. Recientemente, víctimas y organizaciones de defensa de los derechos humanos han propuesto la creación de unidades especiales para
colaborar con la investigación de las causas sobre violaciones a los derechos humanos durante el terrorismo de estado, así como también la creación de juzgados y fiscalías especializadas en esa materia. Al respecto no ha habido avance alguno.
6. Nuestro país ha sido condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Sentencia del 24/02/2011, caso Gelman c/ Uruguay). Es la primera sentencia contra el Estado uruguayo desde que se instaló el sistema interamericano de protección de los derechos humanos, y le impone a nuestro país la obligación de investigar con celeridad las denuncias por violaciones a los derechos humanos; no obstaculizar dichas investigaciones y llevarlas adelante por profesionales debidamente especializados. La Corte Interamericana está implementando un seguimiento permanente a la forma en que Uruguay cumple o no los diferentes aspectos de esa sentencia.
7. En los últimos días, la Suprema Corte de Justicia (en el marco de sus actuales facultades) dispuso el traslado a un Juzgado Civil de la Jueza Mariana Mota, una de las magistradas de la órbita penal que estaba a cargo de la mayor parte de las causas donde se investigan violaciones a los derechos humanos cometidas durante el terrorismo de estado. La información sobre las causas del traslado de la Dra. Mota nunca fueron comunicadas con claridad por parte de la Suprema Corte de Justicia, de forma tal que toda la ciudadanía tuviera pleno conocimiento de cuales fueron las motivaciones de la decisión sobre el traslado. El artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos tiene como fin velar por la adecuada administración de la justicia y garantizar la independencia de jueces y magistrados. Y en tal sentido, el requisito de independencia comprende, “[…] el procedimiento y las calificaciones para el nombramiento de los jueces, y las garantías en relación con su seguridad en el cargo […] las condiciones que rigen los ascensos, traslados, la suspensión y la cesación en sus funciones y la independencia efectiva del Poder Judicial respecto a la injerencia política por los Poderes Ejecutivo y Legislativo”2.
2 CCPR/C/GC/32, Comité de Derechos Humanos, Observación General N. 32. “Artículo 14. El derecho a un juicio imparcial y la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia”, párrafo 26.
8. El traslado de la Dra. Mota genera el riesgo de que las causas a su cargo por violaciones a los derechos humanos durante el terrorismo de estado pudieran no avanzar con la necesaria celeridad de una pronta y eficiente administración de justicia. Naciones Unidas recuerda que “Un importante componente de la imparcialidad es la garantía de un juicio en un tiempo razonable. Las demoras en los procesos penales no pueden justificarse por la complejidad del caso o con el comportamiento de las partes. Cuando las demoras son basadas en la falta de recursos o falta de financiación, deben proveerse recursos complementarios para la administración de justicia”3.
3 Naciones Unidas. Resoluciones 50/181 de 22 de diciembre de 1995, 48/137 de 20 de diciembre de 1993 de la Asamblea General de las Naciones Unidas “Los derechos humanos en la administración de justicia”.
9. La Dra. Mota es una Jueza que se ha especializado en la materia penal, y más concretamente en investigaciones por violaciones a los derechos humanos. No parece que se aprovechen bien los recursos técnico-profesionales del país si, luego de tantos años de especialización, se la destina a otro juzgado, de una materia absolutamente diferente. Lamentablemente algo similar sucedió hace poco tiempo, cuando el Fiscal Letrado del Crimen Organizado, Dr. Ricardo Perciballe, especializado en una materia tan delicada, fue trasladado a una Fiscalía Civil.
10. Más allá de las derivaciones que estos hechos han tenido nivel internacional, la INDDHH entiende que es necesario comenzar a construir en el país una agenda que logre los mayores acuerdos y consensos para seguir fortaleciendo nuestro estado de derecho y sus instituciones. Muchas medidas (que requerirán oportunamente su traducción a reformas de normas de diferente jerarquía), pueden ayudar a modernizar nuestro sistema institucional; a optimizarlo; a generar más compromiso, más ciudadanía y más confianza. Un poder judicial en plena conformidad con las normas contenidas en los instrumentos internacionales, es esencial para la plena realización de los derechos humanos y resulta indispensable para el fortalecimiento democrático y el desarrollo sostenible.4
4 Resoluciones 50/181 de 22 de diciembre de 1995, 48/137 de 20 de diciembre de 1993 “Los derechos humanos en la administración de justicia:
11. La INDDHH considera que es necesario que es necesario comenzar a trabajar a la mayor brevedad sobre una agenda que incluya, entre otras medidas, (a) la creación del Consejo Superior de la Magistratura 5; (b) la creación del Tribunal Superior Constitucional 6; (c) la reforma del Ministerio Público y Fiscal 7; (d) la definitiva sanción del nuevo Código del Proceso Penal 8.
5 Que libere a la Suprema Corte de Justicia de sus complejas funciones administrativas para poder dedicarse exclusivamente al ejercicio de la función jurisdiccional. Muchos países (incluso de la región) han incorporado ese consejo (integrado por representantes de los jueces; los abogados; las Facultades de Derecho y los funcionarios judiciales, entre otros). El Consejo Superior de la Magistratura tendría la función de asegurar la carrera judicial (convocatoria, selección, capacitación, régimen de ascensos y traslados y régimen disciplinario de los magistrados). También de su especialización, para que cada materia cuente con magistrados calificados para el mejor conocimiento de los asuntos sobre los que debe resolver.
6 Este Tribunal, al igual que en otros países, conocería en todos aquellos asuntos vinculados con la declaración de inconstitucionalidad de las leyes, liberando también a la Suprema Corte de Justicia de esta compleja tarea, teniendo en cuenta el sinnúmero de materias que debe atender.
7 Asegurando también, como mínimo, el correcto funcionamiento de la carrera profesional de los Magistrados Fiscales (convocatoria, selección, capacitación, especialización por materia, régimen de ascensos y traslados y régimen disciplinario).
8 Esta medida viene dilatándose desde hace años sin motivos que lo justifiquen. Dentro de esta reforma, es esencial la participación de las víctimas de los delitos (de acuerdo a la fórmula que pueda determinarse atendiendo al derecho comparado) de forma tal de que reciban un tratamiento digno; información; y capacidad de participar en un proceso donde son sus intereses personales los que primeramente están en juego.
12. Estas medidas propuestas van en la dirección señalada por los organismos internacionales especializados en materia de derechos humanos. Se reconoce por parte del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas que una de las maneras de garantizar la independencia del poder judicial es mediante el establecimiento de un sistema claro y transparente en relación a los nombramientos y ascensos de los magistrados. El Comité de Derechos Humanos enfatizó que la movilidad de los jueces no puede quedar librada a la discrecionalidad de las autoridades, pues podría exponer a los jueces y comprometer su independencia e imparcialidad. De igual manera la Relatoría Especial sobre la Independencia de los Magistrados y Abogados, ha enfatizado que los ascensos y traslados deben ser adoptados por un órgano independiente; estar basados en disposiciones claras y transparentes; recabarse el consentimiento del juez; y debe ser siempre pasible de revisión. Asimismo ha recomendado el establecimiento de cuerpos independientes que, basados en criterios objetivos, decidan los ascensos establecidos en la carrera de la judicatura.
13. En concreto: las normas internacionales en materia de independencia del Poder Judicial establecen una serie de estándares para los nombramientos y la permanencia en el cargo, y las mismas enfatizan en que “una de las prácticas que afectan la independencia o imparcialidad del Poder Judicial es el sistema de ascensos o movilidad. Los Principios Básicos Relativos a la Independencia de la Judicatura establecen que los criterios deben ser objetivos 9. En la misma dirección se pronuncia el Estatuto del Juez Iberoamericano, cuando establece que la estabilidad en el cargo es una garantía esencial de la independencia judicial y las decisiones de ascenso deben estar basadas en los mismos criterios objetivos que para la designación, y deben ser el resultado de un procedimiento transparente y equitativo 10. Esa es la orientación de los principios y guías sobre independencia de la administración de justicia,
9 A/HRC/11/41. Informe del Relatora Especial sobre la Independencia de los magistrados y abogados, Leandro Despoy. Ver similares informes temáticos de la Relatoría en: www.ohchr.org/EN/Issues/
10 Estatuto del Juez Iberoamericano, Articulo17.
14. Finalmente, por todo lo expuesto en los numerales anteriores, la INDDHH considera que las disposiciones establecidas en los artículos 96 a 99 de la Ley Orgánica de la Judicatura y de Organización de los Tribunales (Ley 15.750), debería armonizarse con las previsiones de los tratados de derechos humanos que protegen el derecho a un recurso efectivo ante un juez independiente e imparcial, como garantía de protección de sus derechos humanos. En tal sentido la administración justicia debe establecer reglas claras, transparentes, así como decisiones motivadas que posibiliten, al implicado y a la sociedad en general, conocer los motivos de las mismas. Esta armonización fortalecería el estado de derecho y la independencia e imparcialidad del Poder Judicial. Del mismo modo, debe disponerse, por los mecanismos pertinentes, la necesaria asignación de recursos para la prestación adecuada de las funciones del sistema de administración de justicia, e impartirse, de manera sostenida y obligatoria, cursos permanentes de formación de los magistrados en materia de derecho internacional de los derechos humanos.
Consejo Directivo
Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo
21 de febrero de 2013
El día que Mariana Mota fue torturada
por Lucas Pittaluga
Integrante del Movimiento 20 de Mayo.
No voy a hablar en esta nota de la jueza Mariana Mota. Voy a hablar de Mariana Mota mujer. De Mariana ser humano. De Mariana madre. De Mariana esposa. La SCJ la citó para la hora 11 de ese día, para jurar un nuevo destino fuera de la órbita penal. La hicieron esperar tres horas treinta minutos. Es decir, desde las 11.00 a las 14.30. ¿Por qué no sesionó la SCJ a la hora citada? ¿Quién se lo impedía?
Los que concurrimos a rendirle a Mariana un público reconocimiento a quien retomó y proyectó la mejor historia uruguaya de independencia republicana, de poderes y de compromiso, lúcida y tenaz en la defensa de los derechos humanos fundamentales ¿estábamos provocando desorden? Y si había desorden, ¿por qué no desalojaron inmediatamente? ¿Por qué los integrantes de la SCJ no ocuparon su lugar y ante la evidencia de que no podían sesionar, levantaron la sesión o la suspendieron para desalojar? ¿Por qué torturaron a Mariana, a sus hijos, a sus familiares y a quienes estábamos allí apoyándola, durante tres horas y media? ¿Querían que hubiera desorden, y nos provocaron? Porque quienes entramos a la sede de la SCJ, lo hicimos correctamente. Nadie nos dijo que no se podía entrar. Las puertas estaban abiertas. No había un solo portero ni un solo policía controlando. Estaba claro que la sesión era pública.
Cuando a las once de la mañana había cientos de personas en la puerta, no se tomó ninguna medida preventiva para evitar cualquier incidente. Querían que hubiera desorden. Porque Mariana estaba allí, con nosotros, con sus hijas. Compartir esas horas con ella, viendo su sufrimiento, sufriendo con ella ese repugnante manoseo que le hacían, gobierno y autoridades de la SCJ, ministros que alguna vez compartieron aulas de la Facultad de Derecho con ella, y posteriormente, seguramente compartieron lugares de trabajo como abogados y como jueces, ¿no tuvieron la actitud de no hacerle esto a una compañera? Seguramente esperaban una reacción violenta para poder salir a decir que se provocó una asonada por culpa de la jueza Mariana. O que se tomó el local de la SCJ por turbas sublevadas, al influjo de la influencia de la jueza Mariana Mota. Todo esto queda demostrado en los hechos. No había ningún problema.
A la hora de estar dentro de la sede, vinieron seis policías tratando de desalojar. No tuvieron éxito. A las dos de la tarde, vino el jefe de Policía, y en un tono de “mandamás”, les dijo a los compañeros que estaban en el patio de la Corte, no en la sala, porque no cabían, que se tenían que retirar. Que si no, los iban a retirar. Después ingresó a la Sala de Sesiones de la SCJ, y parado junto a la mesa donde sesiona la Corte, nos dijo a las treinta personas que estábamos en esa sala que nos teníamos que retirar, que si no, nos retirarían, y que nos daban cinco minutos de plazo, porque ellos tenían que guardar el orden. Y yo le pregunté quién era él, porque no se presentó diciendo que era el jefe de Policía. Y después le pregunté qué orden quería conservar cuando no se había producido ningún desorden. Todo esto fue una provocación. Si yo estoy equivocado en mi análisis, ¿por qué las autoridades de gobierno y de la SCJ no tomaron medidas preventivas, y esperaron tres horas y media para tomarlas? ¿Por qué los ministros no empezaron la sesión, y si había desorden, ahí sí, hacían desalojar? ¿Por qué permanecieron escondidos en alguna habitación, sin dar la cara? Se puede decir que todos ellos, gobierno y autoridades de la Corte son ineptos, porque en las leyes que regulan la conducta de los funcionarios públicos, se dice que estos podrán ser destituidos por omisión, ineptitud o delito. Indiscutiblemente, estas autoridades, si yo estoy equivocado en mi primera tesis, de que provocaron el desorden, tenemos que concluir que son ineptos, que hubo omisión. Y si no se les destituye, se tendrían que ir.
A la jueza Mariana Mota, que lo que ha hecho es llevar a las cárceles a militares y civiles que violaron la Constitución, que mataron, que secuestraron, que violaron mujeres, que robaron niños, y que puso freno a un ministro de este gobierno que no le permitía trabajar como jueza en los cuarteles para tratar de encontrar los restos de los desaparecidos, se la saca del cargo, se la acosa moralmente y se le provoca un sufrimiento y heridas, moralmente, que todos lucharemos para que cicatricen en ella, y seguir teniéndola para seguir luchando por los DDHH. Este acoso moral está en el Derecho Laboral uruguayo, en el capítulo donde se protege a los trabajadores del mismo. En el capítulo de acoso laboral, está señalado expresamente el acoso moral. Esto hicieron con Mariana. Un gran profesor de Derecho, grado 5 de la Facultad, les decía a sus alumnos: “Cuando tengan que optar entre el Derecho y la justicia, no duden, opten por la justicia”. Los que tuvimos el 15/2/2013 acompañando a Mariana optamos y seguiremos luchando por la justicia.
Foto: Pedro Rincón La Diaria
Justicia invisible
Columna de opinión./ La Diaria
En
el siglo XXI el movimiento de derechos humanos logró algo que parecía
inalcanzable en el Uruguay posdictatorial. En 2002 fue procesado el ex
canciller de la dictadura Juan Carlos Blanco por la desaparición de
Elena Quinteros. Esto fue posible por los vacíos legales que ofrecía la
Ley de Caducidad. Luego de 2005, y como consecuencia de la nueva
interpretación que hizo el Poder Ejecutivo, se abrieron nuevas
posibilidades para el enjuiciamiento a civiles y militares involucrados
en violaciones a los derechos humanos perpetradas durante la dictadura.
En el período se logró que más de dos decenas de militares y dos ex
presidentes fueran procesados.
Lo que antes parecía inalcanzable poco a poco se comenzó a lograr. Pero lo que inicialmente fue un valor, la justicia, comenzó a tener un rostro muy lejano a la utopía: el Poder Judicial. El movimiento de derechos humanos había tenido poco contacto con éste hasta 2005, ya que la mayoría de sus demandas se había orientado al Ejecutivo. Sin embargo, el Poder Judicial ya tenía su historia en relación a la caducidad. En 1988 había declarado que la ley era constitucional y nunca la cuestionó durante la década del 90.
En el nuevo clima posterior a 2005, cuando parecía que se iba a la derogación por iniciativa popular y el Poder Ejecutivo y Legislativo declararon la inconstitucionalidad de la ley, la Suprema Corte de Justicia (SCJ) asumió la misma postura. Por otra parte, más allá de sus posicionamientos públicos, lo que empezó a emerger en las causas vinculadas a los derechos humanos fue que el proceso judicial tenía ciertos problemas similares a otras áreas del Estado uruguayo: lento, burocratizado y sensible a las influencias corporativas y políticas. Seguramente muchos otros lo sabían, entre ellos el 60% de presos que aún no tienen condena, pero su influencia en el debate público era muy limitada.
De los tres poderes, el Judicial es el que menos conoce la opinión pública. Aunque sin duda los miembros de la SCJ afectan de múltiples maneras nuestra vida cotidiana, tal vez mucho más que senadores y diputados, la población ignora quiénes son y cuáles son sus orientaciones jurídicas y políticas. La intención de mantener un clima de neutralidad y sobriedad ha tenido un efecto perverso que es el desconocimiento público de su accionar. La prensa habla esporádicamente del Poder Judicial, la academia no lo estudia, la calle no habla de la SCJ. Si se hiciera una encuesta preguntando quiénes son los ministros de la SCJ el resultado sería asombroso. De la ausencia de presión hemos pasado a la ignorancia pública acerca del Poder Judicial.
El traslado de la jueza Mariana Mota ejemplifica dicha situación. Ante una situación extremadamente sensible, el Poder Judicial consideró que no ameritaba ninguna explicación pública. Más allá de que los motivos últimos de la decisión son inescrutables, la ausencia de información en la materia refleja que dicho acto propicia un clima que no alienta a la posibilidad de justicia. Los saludos del Círculo Militar son una clara evidencia de esto.
Por otra parte, las explicaciones más generales acerca del traslado de funcionarios muestran una llamativa omisión acerca de cómo se tramitan las causas de derechos humanos. En otros países latinoamericanos esas causas son consideradas especiales por múltiples motivos. Entre otros, porque se trata de delitos cometidos por agentes que en Uruguay, como en otras partes, mantienen influencia en ciertas áreas del Estado. Además, se están juzgando delitos que ocurrieron décadas atrás, por lo que se corre el riesgo de que los perpetradores se mueran o sean considerados incapaces antes de ser juzgados. A modo de ejemplo, el Centro de Estudios Legales y Sociales argentino, país que ha encarado estos temas con otro impulso, señala que en 2010 había 230 imputados que murieron antes de ser procesados y 18 que fueron declarados incapaces. No se puede juzgar a un perpetrador que tuvo un cargo estatal de la misma manera que a un “ladrón de gallinas”. El Poder Judicial lo sabe. Y por eso, en relación a otras corporaciones ilegales como el narcotráfico, ha desarrollado políticas específicas. Sin embargo, en materia de derechos humanos no parece mostrar esa preocupación.
A todo esto se agrega la posible declaración de inconstitucionalidad por la SCJ de la ley interpretativa que intenta quitar los efectos de otra ley (la de caducidad) que también ha sido declarada inconstitucional. El resultado de este intríngulis legal terminaría cerrando las posibilidades de continuar los procesos judiciales. Lamentablemente, serán el derecho internacional y los organismos interamericanos el principal recurso con que contarán los movimientos de derechos humanos para asegurar la continuidad de estas causas. El académico Boaventura de Sousa dos Santos afirmó recientemente que la única garantía que le quedaban a una variedad de movimientos sociales en Latinoamérica era la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Un triste diagnóstico que muestra la debilidad de nuestros poderes judiciales frente a la presión de ciertos poderes no institucionales y nada republicanos. Y que muestra las contradicciones y zonas grises de lo que solemos llamar soberanía nacional. ¿Habrá que reflexionar quiénes son los que realmente la ponen en riesgo?
Lo que antes parecía inalcanzable poco a poco se comenzó a lograr. Pero lo que inicialmente fue un valor, la justicia, comenzó a tener un rostro muy lejano a la utopía: el Poder Judicial. El movimiento de derechos humanos había tenido poco contacto con éste hasta 2005, ya que la mayoría de sus demandas se había orientado al Ejecutivo. Sin embargo, el Poder Judicial ya tenía su historia en relación a la caducidad. En 1988 había declarado que la ley era constitucional y nunca la cuestionó durante la década del 90.
En el nuevo clima posterior a 2005, cuando parecía que se iba a la derogación por iniciativa popular y el Poder Ejecutivo y Legislativo declararon la inconstitucionalidad de la ley, la Suprema Corte de Justicia (SCJ) asumió la misma postura. Por otra parte, más allá de sus posicionamientos públicos, lo que empezó a emerger en las causas vinculadas a los derechos humanos fue que el proceso judicial tenía ciertos problemas similares a otras áreas del Estado uruguayo: lento, burocratizado y sensible a las influencias corporativas y políticas. Seguramente muchos otros lo sabían, entre ellos el 60% de presos que aún no tienen condena, pero su influencia en el debate público era muy limitada.
De los tres poderes, el Judicial es el que menos conoce la opinión pública. Aunque sin duda los miembros de la SCJ afectan de múltiples maneras nuestra vida cotidiana, tal vez mucho más que senadores y diputados, la población ignora quiénes son y cuáles son sus orientaciones jurídicas y políticas. La intención de mantener un clima de neutralidad y sobriedad ha tenido un efecto perverso que es el desconocimiento público de su accionar. La prensa habla esporádicamente del Poder Judicial, la academia no lo estudia, la calle no habla de la SCJ. Si se hiciera una encuesta preguntando quiénes son los ministros de la SCJ el resultado sería asombroso. De la ausencia de presión hemos pasado a la ignorancia pública acerca del Poder Judicial.
El traslado de la jueza Mariana Mota ejemplifica dicha situación. Ante una situación extremadamente sensible, el Poder Judicial consideró que no ameritaba ninguna explicación pública. Más allá de que los motivos últimos de la decisión son inescrutables, la ausencia de información en la materia refleja que dicho acto propicia un clima que no alienta a la posibilidad de justicia. Los saludos del Círculo Militar son una clara evidencia de esto.
Por otra parte, las explicaciones más generales acerca del traslado de funcionarios muestran una llamativa omisión acerca de cómo se tramitan las causas de derechos humanos. En otros países latinoamericanos esas causas son consideradas especiales por múltiples motivos. Entre otros, porque se trata de delitos cometidos por agentes que en Uruguay, como en otras partes, mantienen influencia en ciertas áreas del Estado. Además, se están juzgando delitos que ocurrieron décadas atrás, por lo que se corre el riesgo de que los perpetradores se mueran o sean considerados incapaces antes de ser juzgados. A modo de ejemplo, el Centro de Estudios Legales y Sociales argentino, país que ha encarado estos temas con otro impulso, señala que en 2010 había 230 imputados que murieron antes de ser procesados y 18 que fueron declarados incapaces. No se puede juzgar a un perpetrador que tuvo un cargo estatal de la misma manera que a un “ladrón de gallinas”. El Poder Judicial lo sabe. Y por eso, en relación a otras corporaciones ilegales como el narcotráfico, ha desarrollado políticas específicas. Sin embargo, en materia de derechos humanos no parece mostrar esa preocupación.
A todo esto se agrega la posible declaración de inconstitucionalidad por la SCJ de la ley interpretativa que intenta quitar los efectos de otra ley (la de caducidad) que también ha sido declarada inconstitucional. El resultado de este intríngulis legal terminaría cerrando las posibilidades de continuar los procesos judiciales. Lamentablemente, serán el derecho internacional y los organismos interamericanos el principal recurso con que contarán los movimientos de derechos humanos para asegurar la continuidad de estas causas. El académico Boaventura de Sousa dos Santos afirmó recientemente que la única garantía que le quedaban a una variedad de movimientos sociales en Latinoamérica era la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Un triste diagnóstico que muestra la debilidad de nuestros poderes judiciales frente a la presión de ciertos poderes no institucionales y nada republicanos. Y que muestra las contradicciones y zonas grises de lo que solemos llamar soberanía nacional. ¿Habrá que reflexionar quiénes son los que realmente la ponen en riesgo?
Aldo Marchesi- La Diaria
Relación cambió "a partir" de DDHH
Mota lamentó que su traslado demorará causas
La jueza Mariana Mota, cuyo traslado desde el juzgado penal de 7° turno a
la sede civil de 1er turno ha generado una gran polémica política y
social, aseguró que su relación con la Suprema Corte de Justicia (SCJ)
cambió "a partir de adoptar posiciones en los delitos de lesa
humanidad".
La Corporación entiende que los crímenes cometidos por militares y policías durante la dictadura (1973-1985) son delitos comunes, ya que no se puede aplicar la legislación internacional que los califica como ilícitos de lesa humanidad (y por tanto imprescriptibles) porque al momento de los hechos no existía esa normativa y no corresponde aplicarla retroactivamente.
Mota, en cambio, ha aplicado los tratados y normas internacionales vigentes sobre la materia y ha procesado y condenado a exrepresores por los delitos de desaparición forzada y homicidio político.
La jueza, que tenía a su cargo unos 50 casos de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, dijo que su traslado indefectiblemente afectará el curso de esas causas.
"Lleva un tiempo material humano en leer la documentación, entender cómo
era la mecánica en ese momento de las Fuerzas Armadas, conocer la
historia y en qué contexto ocurrieron", destacó", dijo Mota ayer en el
programa "Pisando Fuerte", de Metrópolis FM.
La jueza sostuvo que "también importa cómo se interroga a víctimas, testigos y eso uno lo va aprendiendo por sensibilidad propia o empatía, pero hay protocolos de cómo se aborda y cómo se pregunta".
INTERPRETATIVA. Por otro lado, la SCJ se pronunciará en los próximos días en torno a la ley interpretativa de la ley de Caducidad aprobada a fines de 2011 y por la cual se amplió la prescripción de los delitos cometidos por militares y policías durante la dictadura.
El asunto ha sido analizado por los ministros en los últimos días y, en principio, habría mayoría para declarar la inconstitucionalidad de la ley, que fue impugnada por decenas de militares investigados en casos por violaciones a los derechos humanos. La primera sentencia en torno a este tema se conocerá en unos días, según dijeron a El País fuentes de la Corporación.
La Corporación entiende que los crímenes cometidos por militares y policías durante la dictadura (1973-1985) son delitos comunes, ya que no se puede aplicar la legislación internacional que los califica como ilícitos de lesa humanidad (y por tanto imprescriptibles) porque al momento de los hechos no existía esa normativa y no corresponde aplicarla retroactivamente.
Mota, en cambio, ha aplicado los tratados y normas internacionales vigentes sobre la materia y ha procesado y condenado a exrepresores por los delitos de desaparición forzada y homicidio político.
La jueza, que tenía a su cargo unos 50 casos de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, dijo que su traslado indefectiblemente afectará el curso de esas causas.
La jueza sostuvo que "también importa cómo se interroga a víctimas, testigos y eso uno lo va aprendiendo por sensibilidad propia o empatía, pero hay protocolos de cómo se aborda y cómo se pregunta".
INTERPRETATIVA. Por otro lado, la SCJ se pronunciará en los próximos días en torno a la ley interpretativa de la ley de Caducidad aprobada a fines de 2011 y por la cual se amplió la prescripción de los delitos cometidos por militares y policías durante la dictadura.
El asunto ha sido analizado por los ministros en los últimos días y, en principio, habría mayoría para declarar la inconstitucionalidad de la ley, que fue impugnada por decenas de militares investigados en casos por violaciones a los derechos humanos. La primera sentencia en torno a este tema se conocerá en unos días, según dijeron a El País fuentes de la Corporación.
El País Digital
Del Blog:
martes, 19 de febrero de 2013
TENEMOS DERECHO
por José Luis Perera
No he escuchado nada al respecto ni lo he leído en ningún otro lado, pero el asunto me empezó a dar vueltas en la cabeza, porque de hecho estuve ese viernes en la SCJ, e incluso me he preguntado que contestaría en caso de que fuera citado por la Justicia a explicar que hacía allí ese día, así que me puse a reflexionar sobre la cuestión.
LA INDIGNACIÓN
La primera razón por la que concurrí ese día, es seguramente la indignación. Indignación que es producto de lo arbitrario y hasta prepotente del traslado de la jueza Mota; aún admitiendo su legalidad. Creo que en principio esa es la reacción natural y lógica de un montón de gente, que siente, ante arbitrariedades como esa, indignación, dolor y decepción. Y por cierto, me consta que el viernes 15 no estaba allí toda la gente indignada por ese hecho.
Y la indignación, en este caso, no es producto de un hecho sorpresivo. Es producto de un conocimiento de lo que está en juego, y de la participación y el seguimiento a lo largo de muchos años de lo que es la lucha por los derechos humanos y el reclamo de justicia por los crímenes cometidos por la sangrienta dictadura que asoló nuestro país.
No es una indignación sorpresiva, si uno se decepcionó hasta el llanto cuando se votó la ley de impunidad, cuando uno trabajó denodadamente para recolectar las firmas para que hubiera referéndum contra esa ley, cuando militó activamente por el voto verde y se volvió a decepcionar, cuando trabajó nuevamente para que hubiera un plebiscito para anular la ley en 2009 y luego por la papeleta rosada y sufrió una nueva decepción. Cuando se decepcionó y se indignó nuevamente al ver que una ley de anulación fracasaba por la traición de un diputado, pero traición conseguida por el presidente y el vicepresidente que concurrieron al Parlamento a pedirles a los legisladores de su partido que no la votaran.
Lo que quiero decir, es que uno puede indignarse aún cuando en el hecho no haya sorpresa. Seguramente me indignaré nuevamente cuando, en muy poco tiempo, la Corte declare inconstitucional la ley interpretativa de la ley de impunidad. Y si hay una manifestación ante la SCJ allí estaré, indignado.
LA ARBITRARIEDAD
Porque la indignación viene de la arbitrariedad del hecho. No es que la SCJ haga algo ilegal; no. Lo que indigna, es que la Corte haga algo “simplemente porque puede hacerlo”, aún cuando todos sus miembros seguramente son conscientes del daño que están produciendo. Es eso lo que indigna.
La Corte sin duda puede hacer traslados de jueces por “razones de mejor servicio”. Pero la Corte sabe, como sabemos todos, que no se mejora el servicio sacando a un juez que tiene en sus manos asuntos importantísimos relacionados con la violación de los derechos humanos y colocando en su lugar a alguien que tendrá que pasar meses o años volviendo a leer todos esos expedientes.
Y esa arbitrariedad es la que indigna, porque las razones "de mejor servicio" están más que claras; el traslado de la jueza Mariana Mota es el “mejor servicio” que se le puede prestar a los violadores de los derechos humanos y a la impunidad
Porque el traslado está justificado en una reestructuración de los juzgados, como si esa fuera la cuestión más importante que la SCJ y el país tienen en sus manos.
Digámoslo así: la SCJ tiene dos problemas a resolver: 1) la reestructuración de los juzgados; 2) Uruguay ha sido condenado por la CIDH (caso Gelman) y tiene la obligación de facilitar un proceso de justicia ágil y eficiente, con el objeto de esclarecer los hechos ocurridos durante la dictadura y de investigar, juzgar y sancionar a los responsables.
La SCJ, entre esos dos problemas, opta por solucionar el primero. Porque retirar a una jueza que conoce muy bien el tema de los derechos humanos, que se ha especializado en ello, y que tiene más de cincuenta casos en su despacho, no parece destinado a solucionar el segundo problema. Antes bien, parece todo lo contrario, parece destinado a evitar que los hechos sean esclarecidos y que los responsables sean juzgados. Y también parece –aunque esto se niegue- una sanción por haber aplicado el derecho internacional de los derechos humanos en sus decisiones judiciales.
De manera que haber estado allí el viernes 15, es también una manera de brindarle solidaridad y apoyo a la jueza Mariana Mota por un traslado arbitrario que ella no pidió. Es también un reconocimiento a su dignísima actuación desde que está a cargo de los casos, pero también a su coraje y dignidad al participar en la marcha del 20 de mayo, y a su coraje y dignidad por sus declaraciones en Buenos Aires, esas que tanto molestaron al presidente al punto de reclamar que la Corte hiciera algo con la jueza.
PORQUE TENEMOS DERECHO
Y también estuve allí, el viernes 15, porque tenemos derecho a estar, porque el derecho a disentir es lo propio de las sociedades democráticas. Y la protesta es el ejercicio activo de la libertad de expresión, forma parte de la vida en democracia y constituye una forma de participación política.
Está claro que desde el punto de vista de los gobiernos no todas las protestas son iguales. Algunas son bien vistas, son “progres”, y no quedaría bien repudiarlas abiertamente, pero hay otras que son sin duda problemáticas o incómodas, y también las hay intolerables, las que desestabilizan la comodidad del sistema. Pero la protesta, en general, no debería ser considerada como un atentado contra la democracia sino más bien un indicador de la calidad de esa democracia.
El pataleo, muchas veces es la única vía que algunos sectores tienen para expresar su voz frente a canales institucionales cerrados y con serias dificultades para acceder a los medios de comunicación. Muchas veces es la única forma de decir que no se está de acuerdo, que así no, que eso no se tolera.
Dice Frank La Rue, relator Especial de las Naciones Unidas sobre Libertad de Opinión y Expresión: “En ningún caso puede un gobierno o autoridad de Estado limitar la movilización o protesta social para silenciar la crítica a su gestión o a hechos o acciones que afecten los derechos de la población. Cabe mencionar, que en muchos países del mundo la movilización o protesta no tiene requisitos previos, más que informar oportunamente de su recorrido por razones de organización del tránsito”.
En nuestra Constitución, el derecho está consagrado en el artículo 38: “Queda garantido el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de este derecho no podrá ser desconocido por ninguna autoridad de la República sino en virtud de una ley, y solamente en cuanto se oponga a la salud, la seguridad y el orden públicos”.
Pero se ha puesto de moda la criminalización de la protesta, que consiste en “…una estrategia del Estado, aplicado por gobiernos o la fuerza pública, que implicaría la modificación y el uso de las leyes para detener y condenar con altas penas a los llamados activistas sociales, manifiestándose también en otras medidas que —fuera de la ley y gradualmente— consistirían en señalar, hostigar, perseguir, encarcelar, y hasta torturar y asesinar a quienes actúan motivados por opciones de vida políticas, comparándolos con delincuentes y/o terroristas. Desde este punto de vista, la detención de activistas pretendería inhibir la protesta social; en sus manifestaciones más extremas constituirían una forma de terrorismo de Estado. Quienes estarían a cargo de inducir a la deslegitimación de los activistas y movimientos sociales serían políticos, jueces, policías y medios de comunicación” (Criminalización de la protesta - Wikipedia).
Publicado por José Luis Perera en 15:50
En la Corte hay mayoría para rechazar la citación del Frente
Choque de poderes. "En algún momento la Corte va a tener que responder", dijo ayer el diputado Bayardi | Iturralde respondió que no se puede involucrar al organismo "en un lío interno" del FA
V. GIL / P. MELENDREZ
La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados decidió ayer convocar a la SCJ para que explique el traslado de la jueza Mota. Pero entre los ministros de la Corporación -que hoy analizarán el tema- hay mayoría para rechazar la invitación.
El presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Jorge Ruibal Pino, recibió ayer al mediodía un llamado del presidente de la Comisión de Constitución de la cámara baja, Pablo Iturralde (Alianza Nacional) quien le informó que rato antes se había votado afirmativamente el planteo del diputado José Bayardi (Vertiente Artiguista) para convocar a la Corporación para que explique los argumentos del traslado de Mota.
Iturralde también le informó a Ruibal Pino que el diputado Víctor Semproni (Espacio 609) cursó un pedido de informes por este asunto, que ha generado un importante choque entre el Poder Judicial y algunos sectores frenteamplistas.
Si bien la convocatoria parlamentaria a la SCJ se confirmó recién ayer, como el tema había sido anunciado públicamente con anticipación, los ministros de la Corporación lo han analizado de manera informal y, en principio, habría mayoría para rechazar la convocatoria por improcedente, dijeron a El País fuentes judiciales.
Uno de los informantes afirmó que el manejo político que se hizo del
tema "cayó mal" entre los ministros de la Corporación. La misma fuente
agregó que en todo caso hubiera correspondido que los miembros de la
comisión legislativa le pidieran una audiencia a Ruibal Pino para
analizar el tema.
Ruibal Pino dijo ayer que seguramente la decisión formal de la SCJ sobre la convocatoria se tomará durante la reunión de acuerdos que se realizará hoy. En virtud de ello, el magistrado se negó comentar su posición personal al respecto.
"Seguramente cada ministro tiene su posición personal, pero falta que la Corte como tal tome resolución", señaló Ruibal Pino ayer a El País.
El sorpresivo traslado de Mota desde el juzgado penal de 7° turno a la sede civil de 1er turno causó gran malestar entre sectores de izquierda y organizaciones defensoras de los derechos humanos.
Mota, que estaba en su cargo desde marzo de 2009, tenía a su cargo 50 casos de crímenes cometidos por militares y policías durante la dictadura.
La labor de la jueza ha sido destacada por las organizaciones de familiares de víctimas, mientras que fue duramente cuestionada por los centros sociales militares, que acusaron a Mota de no actuar con la debida imparcialidad.
El pasado viernes 15, día en que Mota debía jurar en su nuevo cargo de jueza civil, unas 300 personas se manifestaron y ocuparon la sede de la SCJ, lo que motivó la postergación del acto protocolar durante dos horas y media (ver aparte).
DEBATE.
La Comisión de Constitución y Códigos de Diputados resolvió ayer por una votación dividida (5 en 9) citar a la SCJ para que explique los argumentos del traslado de Mota.
El diputado Bayardi, quien tuvo la iniciativa de convocar a la Corporación, dijo que si la SCJ rechaza la invitación, cursará un pedido de informes escrito, como ya lo hizo su colega de bancada Semproni.
"En algún momento la Corte va a tener que responder, porque no hay poder en democracia que pueda abstraerse de dar a conocer los fundamentos de sus actos administrativos", sostuvo Bayardi.
Iturralde dijo que no acompañó la votación porque "son mecanismos que pueden significar una presión como se ha asistido por distintos actores del Frente Amplio".
"Nos parece que no pueden involucrar a la Justicia en un lío interno del Frente, la Justicia se debe respetar y acatar", afirmó el legislador de Alianza Nacional y presidente de la Comisión de Constitución.
El diputado Gustavo Borsari (Unidad Nacional) aseguró que la convocatoria es violatoria de la Constitución de la República, porque se establece que solamente se le podrán pedir explicaciones a la SCJ por medio del artículo 118, el cual establece la posibilidad de pedidos de informe por escrito.
El legislador sostuvo que el Frente Amplio hace un avasallamiento del Poder Judicial, cuando se habla de "poder hegemónico", en referencia a las declaraciones del senador comunista Eduardo Lorier.
"Es muy claro entonces que no vamos a votar la propuesta del Frente Amplio porque atropella la independencia del Poder Judicial. Son claros los caminos que tienen los legisladores para obtener información: 1) realizar pedidos de informes según el artículo 118 de la Constitución y 2) solicitar una entrevista a la Suprema Corte de Justicia", dijo Borsari.
Por su parte, el diputado Gustavo Cersósimo (Vamos Uruguay) se expresó contra la convocatoria al entender que la decisión del traslado de Mota "se tomó en el ámbito de la Suprema Corte de Justicia en función de su competencia inalienable", afirmó.
FISCAL NO OPINÓ.
Uno de los aspectos que Bayardi pretende que los ministros aclaren es si el traslado de Mota se realizó con la previa opinión del fiscal de Corte, Jorge Díaz, tal como lo prevé el mecanismo establecido en el artículo 246 de la Constitución, que establece que "los Jueces Letrados con efectividad en el cargo, durarán en sus funciones todo el tiempo de su buena comportación hasta el límite establecido en el artículo 250 (70 años)".
El artículo también indica que "por razones de buen servicio, la Suprema Corte de Justicia podrá trasladarlos en cualquier tiempo, de cargo o de lugar, o de ambas cosas, con tal que ese traslado se resuelva después de oído el Fiscal de Corte (...)". Si el traslado no implica una degradación, se podrá disponer con tres votos de los ministros de la SCJ; y si representa una baja de categoría requerirá cuatro votos.
Fuentes judiciales consultadas por El País dijeron que la SCJ no requirió la opinión de Díaz sobre el traslado de Mota. Agregaron que "desde tiempos inmemoriales" la Corporación no consulta al fiscal de Corte para trasladar jueces.
Y si bien eso es una irregularidad, ante situaciones similares el Tribunal de lo Contencioso Administrativo entendió que no era razón suficiente para anular el traslado.
Desde ahora, las personas que ingresan al Palacio Piria deben entregar su cédula de identidad e indicar a dónde se dirigen y para qué. Además, en la puerta del edificio hay dos policías, cuando antes había uno.
"Lo que pasó el otro día demostró que la Corte tiene problemas de seguridad y ahora la población lo sabe, y eso es un riesgo", dijo a El País una fuente de la SCJ.
A raíz de la manifestación y ocupación -que buscaba evitar el juramento de Mota en su nuevo cargo- el acto protocolar se realizó con dos horas y media de retraso. El evento recién se pudo iniciar cuando los manifestantes, por orden de la Policía, desalojaron el edificio.
Los manifestantes, con gritos en respaldo a Mota y en repudio a los miembros de la Corporación, ingresaron por la fuerza al primer y segundo piso del edificio.
En forma inmediata, los ministros de la SCJ dieron cuenta de la situación el mismo viernes a la jueza penal Gabriela Merialdo y al fiscal Gustavo Zubía, quienes ese día estaban de turno.
La magistrada abrió una investigación, en el marco de la cual ya tomó declaraciones en calidad de testigos a los policías que estuvieron al frente del operativo de desalojo. Entre ellos, se encontraba el jefe de Policía de Montevideo, Diego Fernández, quien dirigió personalmente el procedimiento.
La jueza Merialdo envió el expediente al fiscal Zubía, para que analice los pasos a seguir. Fuentes de la investigación dijeron a El País que tras evaluar los registros fílmicos y fotográficos de los incidentes, el fiscal podría pedir las primeras citaciones.
La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados decidió ayer convocar a la SCJ para que explique el traslado de la jueza Mota. Pero entre los ministros de la Corporación -que hoy analizarán el tema- hay mayoría para rechazar la invitación.
El presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Jorge Ruibal Pino, recibió ayer al mediodía un llamado del presidente de la Comisión de Constitución de la cámara baja, Pablo Iturralde (Alianza Nacional) quien le informó que rato antes se había votado afirmativamente el planteo del diputado José Bayardi (Vertiente Artiguista) para convocar a la Corporación para que explique los argumentos del traslado de Mota.
Iturralde también le informó a Ruibal Pino que el diputado Víctor Semproni (Espacio 609) cursó un pedido de informes por este asunto, que ha generado un importante choque entre el Poder Judicial y algunos sectores frenteamplistas.
Si bien la convocatoria parlamentaria a la SCJ se confirmó recién ayer, como el tema había sido anunciado públicamente con anticipación, los ministros de la Corporación lo han analizado de manera informal y, en principio, habría mayoría para rechazar la convocatoria por improcedente, dijeron a El País fuentes judiciales.
Ruibal Pino dijo ayer que seguramente la decisión formal de la SCJ sobre la convocatoria se tomará durante la reunión de acuerdos que se realizará hoy. En virtud de ello, el magistrado se negó comentar su posición personal al respecto.
"Seguramente cada ministro tiene su posición personal, pero falta que la Corte como tal tome resolución", señaló Ruibal Pino ayer a El País.
El sorpresivo traslado de Mota desde el juzgado penal de 7° turno a la sede civil de 1er turno causó gran malestar entre sectores de izquierda y organizaciones defensoras de los derechos humanos.
Mota, que estaba en su cargo desde marzo de 2009, tenía a su cargo 50 casos de crímenes cometidos por militares y policías durante la dictadura.
La labor de la jueza ha sido destacada por las organizaciones de familiares de víctimas, mientras que fue duramente cuestionada por los centros sociales militares, que acusaron a Mota de no actuar con la debida imparcialidad.
El pasado viernes 15, día en que Mota debía jurar en su nuevo cargo de jueza civil, unas 300 personas se manifestaron y ocuparon la sede de la SCJ, lo que motivó la postergación del acto protocolar durante dos horas y media (ver aparte).
DEBATE.
La Comisión de Constitución y Códigos de Diputados resolvió ayer por una votación dividida (5 en 9) citar a la SCJ para que explique los argumentos del traslado de Mota.
El diputado Bayardi, quien tuvo la iniciativa de convocar a la Corporación, dijo que si la SCJ rechaza la invitación, cursará un pedido de informes escrito, como ya lo hizo su colega de bancada Semproni.
"En algún momento la Corte va a tener que responder, porque no hay poder en democracia que pueda abstraerse de dar a conocer los fundamentos de sus actos administrativos", sostuvo Bayardi.
Iturralde dijo que no acompañó la votación porque "son mecanismos que pueden significar una presión como se ha asistido por distintos actores del Frente Amplio".
"Nos parece que no pueden involucrar a la Justicia en un lío interno del Frente, la Justicia se debe respetar y acatar", afirmó el legislador de Alianza Nacional y presidente de la Comisión de Constitución.
El diputado Gustavo Borsari (Unidad Nacional) aseguró que la convocatoria es violatoria de la Constitución de la República, porque se establece que solamente se le podrán pedir explicaciones a la SCJ por medio del artículo 118, el cual establece la posibilidad de pedidos de informe por escrito.
El legislador sostuvo que el Frente Amplio hace un avasallamiento del Poder Judicial, cuando se habla de "poder hegemónico", en referencia a las declaraciones del senador comunista Eduardo Lorier.
"Es muy claro entonces que no vamos a votar la propuesta del Frente Amplio porque atropella la independencia del Poder Judicial. Son claros los caminos que tienen los legisladores para obtener información: 1) realizar pedidos de informes según el artículo 118 de la Constitución y 2) solicitar una entrevista a la Suprema Corte de Justicia", dijo Borsari.
Por su parte, el diputado Gustavo Cersósimo (Vamos Uruguay) se expresó contra la convocatoria al entender que la decisión del traslado de Mota "se tomó en el ámbito de la Suprema Corte de Justicia en función de su competencia inalienable", afirmó.
FISCAL NO OPINÓ.
Uno de los aspectos que Bayardi pretende que los ministros aclaren es si el traslado de Mota se realizó con la previa opinión del fiscal de Corte, Jorge Díaz, tal como lo prevé el mecanismo establecido en el artículo 246 de la Constitución, que establece que "los Jueces Letrados con efectividad en el cargo, durarán en sus funciones todo el tiempo de su buena comportación hasta el límite establecido en el artículo 250 (70 años)".
El artículo también indica que "por razones de buen servicio, la Suprema Corte de Justicia podrá trasladarlos en cualquier tiempo, de cargo o de lugar, o de ambas cosas, con tal que ese traslado se resuelva después de oído el Fiscal de Corte (...)". Si el traslado no implica una degradación, se podrá disponer con tres votos de los ministros de la SCJ; y si representa una baja de categoría requerirá cuatro votos.
Fuentes judiciales consultadas por El País dijeron que la SCJ no requirió la opinión de Díaz sobre el traslado de Mota. Agregaron que "desde tiempos inmemoriales" la Corporación no consulta al fiscal de Corte para trasladar jueces.
Y si bien eso es una irregularidad, ante situaciones similares el Tribunal de lo Contencioso Administrativo entendió que no era razón suficiente para anular el traslado.
Tras la ocupación, reforzaron la seguridad en la sede de la SCJ
Después de los incidentes y la ocupación en la sede de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) del viernes 15, cuando unos 300 manifestantes se oponían al traslado de la jueza Mariana Mota desde un juzgado penal a una sede civil, las autoridades del máximo órgano del Poder Judicial reforzaron las medidas de seguridad en el edificio.Desde ahora, las personas que ingresan al Palacio Piria deben entregar su cédula de identidad e indicar a dónde se dirigen y para qué. Además, en la puerta del edificio hay dos policías, cuando antes había uno.
"Lo que pasó el otro día demostró que la Corte tiene problemas de seguridad y ahora la población lo sabe, y eso es un riesgo", dijo a El País una fuente de la SCJ.
A raíz de la manifestación y ocupación -que buscaba evitar el juramento de Mota en su nuevo cargo- el acto protocolar se realizó con dos horas y media de retraso. El evento recién se pudo iniciar cuando los manifestantes, por orden de la Policía, desalojaron el edificio.
Los manifestantes, con gritos en respaldo a Mota y en repudio a los miembros de la Corporación, ingresaron por la fuerza al primer y segundo piso del edificio.
En forma inmediata, los ministros de la SCJ dieron cuenta de la situación el mismo viernes a la jueza penal Gabriela Merialdo y al fiscal Gustavo Zubía, quienes ese día estaban de turno.
La magistrada abrió una investigación, en el marco de la cual ya tomó declaraciones en calidad de testigos a los policías que estuvieron al frente del operativo de desalojo. Entre ellos, se encontraba el jefe de Policía de Montevideo, Diego Fernández, quien dirigió personalmente el procedimiento.
La jueza Merialdo envió el expediente al fiscal Zubía, para que analice los pasos a seguir. Fuentes de la investigación dijeron a El País que tras evaluar los registros fílmicos y fotográficos de los incidentes, el fiscal podría pedir las primeras citaciones.
El País Digital
Último Momento
SCJ postergó para mañana decidir si concurre al Parlamento
Los ministros de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) resolverán mañana si
aceptan la invitación a concurrir a la Comisión de Constitución y
Códigos de la Cámara de Diputados para explicar a los legisladores la
decisión de trasladar de la Justicia Penal a la Civil a la jueza Mariana
Mota, según informó a EL PAIS digital el vocero de la SCJ, Raúl
Oxandabarat.
"En este caso no hay ninguna limitante porque es una invitación; la decisión tiene que ver más que nada con la conveniencia y oportunidad de concurrir", explicó.
El vocero aclaró que cómo órgano la SCJ no tiene aún posición tomada, más allá de la opinión de cada uno de sus miembros. Si bien la convocatoria parlamentaria a la SCJ se confirmó recién ayer, como el tema había sido anunciado públicamente con anticipación, los ministros de la corporación lo han analizado de manera informal y, en principio, habría mayoría para rechazar la convocatoria por improcedente , dijeron a EL PAÍS fuentes judiciales.
Se estudiará en la SCJ, además, el pedido de informes enviado por el Parlamento a iniciativa del legislador Víctor Semproni. En este caso, según explicó Oxandabarat, tienen un plazo de 45 días. "Cuándo se va a resolver no lo sé, seguro que va a tardar, porque tienen que analizar si corresponde o no responder tomando en cuenta la separación de poderes, ver casos anteriores y estudiar cómo se aplica la legislación vigente", indicó.
"En este caso no hay ninguna limitante porque es una invitación; la decisión tiene que ver más que nada con la conveniencia y oportunidad de concurrir", explicó.
El vocero aclaró que cómo órgano la SCJ no tiene aún posición tomada, más allá de la opinión de cada uno de sus miembros. Si bien la convocatoria parlamentaria a la SCJ se confirmó recién ayer, como el tema había sido anunciado públicamente con anticipación, los ministros de la corporación lo han analizado de manera informal y, en principio, habría mayoría para rechazar la convocatoria por improcedente , dijeron a EL PAÍS fuentes judiciales.
Se estudiará en la SCJ, además, el pedido de informes enviado por el Parlamento a iniciativa del legislador Víctor Semproni. En este caso, según explicó Oxandabarat, tienen un plazo de 45 días. "Cuándo se va a resolver no lo sé, seguro que va a tardar, porque tienen que analizar si corresponde o no responder tomando en cuenta la separación de poderes, ver casos anteriores y estudiar cómo se aplica la legislación vigente", indicó.
El País Digital
Economía/Empresas - MINERÍA
Gobierno intima a Aratirí para que defina si invertirá en el país
Estado ofreció asociarse con la empresa para desarrollar el proyecto
Anoche, en declaraciones a la prensa, Mujica explicó que se “va a dar en pocos días” una discusión para alcanzar una “eventual asociación del Estado” con esta compañía. “Este proyecto es importante en sí mismo por lo que significa para el futuro exportador en materia de trabajo y colabora en gran medida en la necesidad de concretar el puerto de aguas profundas”, destacó.
La propuesta de asociación con el Estado sorprendió ayer en la mañana a los legisladores y la propia empresa que se encontraban analizando en la comisión de especial de Diputados el proyecto de minería de gran porte que tiene a estudio el Parlamento. Precisamente, Aratirí realizó fuertes cuestionamientos sobre varios aspectos que contiene esa nueva legislación propuesta. “La empresa está abierta a cualquier discusión (por la sociedad con el Estado) que sea beneficioso para el país y que sea beneficiosa para el proyecto”, declaró Puntigliano a la prensa antes de retirarse del Parlamento. El diputado nacionalista, Álvaro Delgado, dijo que es “poco serio” que el gobierno anuncie que planea asociarse con Aratirí cuando acaba de enviar un proyecto de ley al Parlamento que no contemplaba esta posibilidad.
De concretarse, el proyecto de la minera Aratirí se convertiría en la mayor inversión de un privado en el país por un monto de unos US$ 3.000 millones.
Dudas
“Los proyectos cambian permanentemente. Cambia la rentabilidad, cambia la cotización de los recursos minerales en los mercados y la energía, y hay algunos aspectos en la ley que impactan financieramente y otros elementos que aparecen que requiere una revisación de los números”, alertó Puntigliano a la prensa luego de dar su punto de vista sobre el proyecto de minería de gran porte.
De acuerdo a la presentación que realizó la firma ante los diputados, a la que accedió El Observador, Aratirí plantea varias objeciones a la iniciativa que envió el Ejecutivo al Parlamento. Desde que “ignora” que la minería no se ha desarrollado aún en Uruguay y que deja de lado medidas promocionales para la inversión que tiene el país.
Respecto a la tributación, alega que “no incentiva” la inversión en tecnología, “desestimula” la expansión productiva” e impone las tasas de retención sobre la producción “más altas del mundo”. Por otro lado, Aratirí advirtió que el hecho de sacar la producción por el puerto de aguas profundas que se proyecta en El Palenque como sugiere el gobierno, retrasaría en dos años la puesta en marcha del proyecto. La empresa había fijado como lugar ideal la zona de La Angostura.
Pastera opera desde mediados de año
El gerente general de Montes del Plata, Erwin Kaufmann, informó ayer que Montes del Plata comenzaría a operar a mediados de este año. Aseguró además que el componente de la cadena de valor de la planta es casi 100% nacional y abarca la mitad de los departamentos del país. Una vez que esté en funcionamiento la nueva pastera, se generarán más de 5.000 empleos permanentes entre directos, indirectos e inducidos, comentó Kaufmann.
Ley de gran porte saldría en abril
El diputado del Partido Independiente, Iván Posada, dijo ayer a El Observador que es probable que la discusión sobre el proyecto de minería de gran porte insuma todo el mes de marzo, por lo que estaría ingresando al Plenario en abril para su votación. El legislador comentó que sería ideal que la discusión del articulado en la comisión cuente con la presencia de algunos de los integrantes que la redactaron. “Es una ley muy compleja”, afirmó.
ARATIRÍ: EL MAL RAYO QUE NOS VA A
PARTIR (13)
Autor: William Yohai
21 de febrero de 2013
Hace ya tres eternos días que
comenzamos a redactar este “El mal rayo…13”. Pensábamos hacer un recuento de lo
sucedido desde aquel lejano junio de 2011 en que comenzamos la saga con el
primer número de esta serie. Tuvimos que cambiar el plan…
Los acontecimientos se precipitan
¡vaya si lo hacen!
Ayer nomás discutíamos con un
querido compañero y le manifestábamos nuestra convicción de que Aratirí “sale o
sale”. Ojalá estemos equivocados. Más adelante se explican en forma muy
sintética las razones de esta convicción.
Mientras tanto la empresa se
presentaba en la comisión parlamentaria que estudia el proyecto de ley sobre
“minería de gran porte” (que en realidad debería llamarse “ley Aratirí”) y
amenazaba con no llevar adelante el mismo. Aducía, en esencia y dejando de lado
la cháchara hueca, que le quieren cobrar demasiados impuestos.
Hoy vemos en la prensa (1) el siguiente
informe:
“El Poder Ejecutivo le dio un ultimátum a la empresa minera Aratirí
para que defina si va a materializar su proyecto en Uruguay, ofreciendo una
sociedad con el Estado. Una fuente del gobierno aseguró ayer a El Observador que
si la compañía no toma una definición al respecto, buscará a otro operador
minero para que explote las reservas de hierro descubiertas en el país. El
presidente, José Mujica, mantuvo ayer una reunión con el gerente general de la
empresa, Fernando Puntigliano, en la residencia de Suárez para plantearle esa
decisión a las autoridades de Aratirí.
Estamos frente a un inaceptable chantaje, presión
o como se le quiera llamar de una empresa privada sobre el Estado Nacional. Por
supuesto, los eternos e imprevisibles cambios de humor y posición del Presidente
de la República alientan, precisamente, este tipo de conductas.
La empresa sabe que tiene cartas fuertes para
jugar. Una gráfica indica donde está, precisamente, el meollo
de la cuestión:
La gráfica,
elaborada a partir de la planilla del BCU (cuentas nacionales por trimestres)
muestra la variación porcentual del producto bruto interno (PBI) en relación al
mismo trimestre pero del año anterior. Desestacionaliza la variación
(crecimiento o caída) del PBI ya que al compararla con la del mismo período, del
año anterior, elimina la tendencia de ciertos trimestres a evolucionar más que
otros.
Reiteramos: la
gráfica no muestra el nivel del PBI de cada trimestre, sino su variación en
relación al mismo pero del año anterior. Y es claro al observarla que durante 9
trimestres (con dos excepciones) el crecimiento del PBI ha caído. Abarca esta
tendencia desde el primer trimestre de 2010 hasta el tercero de 2012, último del
cual hay hoy datos publicados por el BCU.
Hay una clara
tendencia de la economía nacional a desacelerarse. En un trabajo anterior
(“Mujica y sus imperfecciones” en www.resonandoenfenix.blogspot.
Sin embargo
comienza a verse amenazada por dos viejos fantasmas: la inflación y el déficit
fiscal. Las causas de esto son múltiples y no las discutiremos ahora. Ellas
tienen que ver con un modelo económico fuertemente anclado en los lineamientos
neoliberales: apertura económica, desregulación, privatización y primarización.
La manifestación
más ostensible para el ciudadano de a pie de las consecuencias del modelo es el
tan comentado “atraso cambiario” o “dólar barato” que alcanza niveles que
golpean cada vez más la competitividad.
Se unen a estos
factores económicos los “tiempos electorales”.
Las cámaras de
la construcción anuncian una caída de la actividad desde los niveles record
alcanzados por dicha industria en 2012. Niveles record si los comparamos con el
período post-crisis. Aún son inferiores a los de últimos años de la década del
90 y muy inferiores al “boom” de fines de los 70.
Montes del Plata
completa su construcción probablemente a mediados de este año y libera más de
3.000 trabajadores uruguayos. El “boom” de Punta del Este y la costa
montevideana tiende a terminarse.
La ley de
estímulo a la construcción de “viviendas de interés social” se transforma en la
vía de salida a este fenómeno, pero difícilmente cubra los huecos que dejen los
procesos antes mencionados.
El gobierno
necesita proyectos grandes que empleen mano de obra y “muevan” la economía. Y
son 4 los planteados: a) la central de ciclo combinado que comenzará a
construirse en este año. b) la planta regasificadora, complemento de la
anterior. c) Aratirí. d) el puerto de aguas profundas de Rocha.
Un gobierno que
ha demostrado una incapacidad notable para llevar proyectos propios adelante, y
los ejemplos al respecto abundan: el plan JUNTOS, el ferrocarril, la
construcción y mejora de locales educativos, etc. Recurre a mega obras
construidas por el capital extranjero que acentúan el carácter dependiente y
extractivista de la economía. El tema de los dos proyectos energéticos
mencionados será objeto de un estudio particular en el futuro. Su
tratamiento es complejo y pone nuestras capacidades en tensión. Sólo diremos
ahora que, a la vista de la evolución pasada y previsible de los precios de la
energía fósil (petróleo y gas natural), la apuesta a los mismos para la
generación eléctrica de los próximos años luce como gravemente equivocada.
Volviendo a
Aratirí y su proyecto para explotar el hiero de Valentines se visualiza cada vez
con más claridad la irracionalidad antinacional de ese enfoque del tema.
Surge
inobjetable la necesidad de un cambio radical de rumbo. Debiera el gobierno
dejar de lado su apuesta al capital trasnacional para dilapidar en pocos años
(12, 15, tal vez 20) un recurso no renovable y plantearse la explotación por
parte del Estado en una escala mucho menor (pero aún muy importante) del recurso
que es propiedad de la nación, encarando la explotación del hierro junto y en un
todo orgánico con su industrialización hasta los laminados, las varillas que
utiliza la construcción, los caños y aún más allá. A esta escala tendríamos
hierro para 100 años por lo menos.
Se pueden
estimar las ganancias de la empresa antes de impuestos e intereses, una vez que
el proyecto esté funcionando, en unos 2000 millones de dólares anuales. Esto no
debe opacar sin embargo que el fin de esta historia es la liquidación del
recurso en el territorio nacional.
Será una
cuenta más del largo rosario de saqueos de los recursos naturales que ha sufrido
América Latina a lo largo de su historia.
Las veleidades
acerca de crear un “fondo soberano”* que administre parte de las fabulosas
rentas que supuestamente se obtendrían en beneficio de las futuras generaciones
no pueden ocultar otra maniobra más para favorecer al capital financiero. ¿Quién
y en beneficio de quién se administrará ese “fondo soberano”?
Podemos
basarnos, para hacer un pronóstico al respecto, en lo que hace hoy el Banco
Central del Uruguay con las cuantiosas reservas que administra: las coloca en
bonos del tesoro de los EEUU. Financia así las guerras y desmanes que comete la
potencia imperial en todo el mundo. Pero no se trata sólo (y bastaría por cierto
con ello) de un problema ético. Se trata de un tema económico: el dólar es una
moneda “fiat”. O sea su poder adquisitivo se basa en la “confianza”. La historia
demuestra que aquel poder adquisitivo baja en forma continua e indeclinable con
el tiempo. Y continuará haciéndolo. ¿qué mejor forma de conservar riqueza
para las próximas generaciones que el mineral de hierro depositado en el
subsuelo del país?
Nada hace
suponer que, si el proyecto Aratirí se lleva adelante y el Estado recibe durante
algunos años un monto importante de dinero, éste será empleado de forma
adecuada. La parte que el proyecto de ley destina a financiar al gobierno será
gastada en pagar intereses de deuda pública y crear nuevos cargos para los
amigos de la administración. La parte que formará el “fondo soberano” será
colocada en la moneda del imperio en títulos de deuda del imperio.
¿Cuánta de esa
plata se utilizará para construir infraestructura energética basada en energías
renovables a cargo del Estado?
¿Cuánta se
destinará a investigación científica básica y aplicada?
¿Cuánta a
infraestructura de transporte realmente necesaria (ferrocarril por ejemplo)?
Si bien se puede
alegar que no estamos en condiciones de pronosticar el uso de esos fondos,
tenemos derecho a establecer una hipótesis de trabajo basándonos en lo sucedido
hasta ahora.
El Estado deja
librado, por ejemplo, todo lo referente a energías renovables al mercado. Los
principales inversores en energía eólica son empresas privadas que firman
contratos de compra de energía con UTE.
Y lo mismo se
plantea, en lo esencial, para la energía fotovoltaica.
Ya discutimos el
tema del manejo de las reservas del BCU.
No tenemos
motivos para pensar que en el futuro será diferente.
Si lo que
comentamos hasta ahora no fuera suficiente para preocuparnos muy seriamente la
información: “Anoche, en declaraciones a la prensa, Mujica explicó que se “va a dar
en pocos días” una discusión para alcanzar una “eventual asociación del Estado”
con esta compañía. “Este proyecto es importante en sí mismo por lo que significa
para el futuro exportador en materia de trabajo y colabora en gran medida en la
necesidad de concretar el puerto de aguas profundas”, destacó.”
Literalmente
congela la sangre en nuestras venas. Resurge el parloteo presidencial sobre la
“asociación” con Zamin Ferrous.
Asociación que
ya sabemos lo que significa: el Estado pone la garantía, o sea, la plata. No
sólo nos saquearán el hierro, seríamos además, garantes del saqueo por si “algo
sale mal”.
Otra PLUNA, sólo
que 10 (por lo menos) veces mayor. Porque cuando a una empresa privada le
conviene fundir a su socia con el Estado para que éste se quede con las deudas
después que aquella se llevó las ganancias…eso casi siempre sucede. Lo dice la
historia nacional y mundial.
Respecto a los
puestos de trabajo, el proyecto empleará 2 o 3 mil trabajadores en la fase de
construcción. Y unos 1300 durante su funcionamiento. No son pocos, pero para
nada justifican dilapidar el recurso. Y son muchos menos que los que emplearía
un proyecto nacional a menor escala pero que avanzara en la industrialización
del mineral.
Reiteremos, la
obligación legal de destinar el 15% del producido a la industria nacional que
establece el proyecto de ley es un engañapichanga para tontos. Lo dijimos hace
18 meses y lo repetimos ahora. Si realmente se quisiera fomentar la
industrialización del mineral bastaba con elaborar un esquema impositivo basado
en detracciones a la exportación del mismo. O sea, a modo de ejemplo, un
gravamen de 30% (similar al que impone Argentina a la exportación de soja en
bruto) significa un abaratamiento del mismo tenor del precio del insumo para una
eventual industria siderúrgica nacional. Sería un aliciente económico fuerte y
eficaz para ésta. Dentro del esquema que plantea Zamin Ferrous un nivel tal de
detracciones, con un precio de 150 dólares FOB China del mineral daría una
recaudación aproximada de 770 millones de dólares anuales. Ésta es monto del
estímulo hacia la industrialización del mineral en el país. Sería posible
invertir parte de esa recaudación en la construcción de una industria nacional.
Pero claro, este tipo de impuestos, fáciles de controlar y cobrar son palabra
maldita para la pseudociencia económica oficial cuando afectan a los grandes
intereses financieros trasnacionales.
Sólo se acude a
ellos (por ejemplo el IVA) cuando afectan en mayor medida a los trabajadores que
consumen todo lo que ganan. En este caso no son “distorsivos”, “injustos”,
“contrarios a la inversión”, etc. No nos resulta nada llamativo a estas alturas
que NADIE le pregunte a la jerarquía económica porque no se plantean las
detracciones a la exportación de mineral. El actual sistema político con
representación parlamentaria está allí para servir a unos intereses. Que no son,
precisamente, los del pueblo trabajador.
* Los
lineamientos de la ley sobre minería de gran porte se resumen en la presentación
de A. Masoller en la comisión parlamentaria. Los hemos publicado en
www.resonandoenfenix.blogspot.
Información disponible también en este link:
resonandoenfenix.blogspot.com
Barajar y dar de nuevo.-
Todo indica que debo ser yo que estoy equivocado,cosa que me gustaría.Compruebo que el pueblo uruguayo sigue apostando - X inercia histórica - al juego tramposo de las democracias representativas;que ni son democracias,ni representativas. Ahora se descubre que tenemos una justicia de clase, fiel a los mandatos del sistema,(la embajada,la oligarquía,la derecha fascista,el militarismo) .-No escucho una sóla voz que diga que la llegada de la izquierda al gobierno demostró que X ese camino no hay cambios en profundidad,que no aumenta la justicia social ni el reparto de la renta siquiera,que se mantiene la correlación de fuerzas y que las elites conservan sus privilegios y son protegidas no solamente ellas sino su brazo armado. Tampoco escucho una palabra de que el 1er. objetivo para lograr cambios significativos es la conquista del poder;y el poder de las armas en 1er. lugar. (Eso parece que el Pepe,el Bicho y el Ñato lo tienen claro).-Corren ríos de tinta por aspectos terciarios de la problemática pero no se alude a lo esencial. Cualquier problema tiene una secuencia lógica para su resolución:hacer la revolución significa dar los pasos necesarios que indica el sentido común y no solamente la charlatanería inconducente que a nada compromete y dá la oportunidad de lucirse sin costo, o arrimar alguna brasita - de paso - para la propia sardina.Tampoco veo que nuestra historia reciente halla dejado lecciones provechosas,se podrían recojer las enseñanzas para barajar y dar de nuevo.Corren ríos de tinta X el caso Mota ahora.Vienen 1000 ciudadanos a reclamar un asunto de principios y te mandan la taquería para acogotar al Tambero y se acabó la protesta.- Y cual será el saldo aprovechable y útil que vá a dejar? O Aratirí, o el puerto pa' la 4a. flota,o la soja transgénica,o la impunidad. El sistema se caga de risa,le importa un carajo.Tienen el poder,el pueblo nó. Se puede hacer algo? Hay que reunir las pocas fuerzas dispersas y aplicar criterios modernos,originales y creativos de organización,estableciendo filtros para impedir el paso de arribistas y disfrazados o corruptos potenciales.La revolución cubana sobrevive X que arranca con una inflexible coraza ética y moral. Se divulga muy poco de la estricta disciplina en cuanto a valores que regía en el minúsculo ejército guerrillero desde el principio de su accionar. Bueno:yo tengo cada ocurrencia también....si no aprendemos de nuestra propia historia,mirá si vamos a aprender de la ajena... MAU-MAUNacional - CRISIS EN EL GOBIERNO
Mujica:
el que quiera romper con el gobierno que se vaya
El presidente terminó con la hegemonía de Astori y Lorenzo en economía. En el Consejo de Ministros hicieron "catarsis", pero no se llegó a ninguna resolución
+ M. Viggiano y G. Ferreira - 21.02.2013, 05:00 hs
- ACTUALIZADO 07:05
Texto: El Observador
Además de marcar su molestia con las salidas públicas del vicepresidente Danilo Astori, Mujica transmitió ayer el concepto de que la hegemonía astorista en la conducción económica no corre más. A partir de ahora el gobierno deberá trabajar en equipo en esa materia para evitar la clara división entre los liderados por el ministro Fernando Lorenzo y los jerarcas que se mueven en Torre Ejecutiva alrededor del mandatario.
El gabinete fue convocado de urgencia en la residencia de Suárez y Reyes, luego que la tensión generada por cómo sustituir al impuesto a la tierra (ICIR), declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia.
“A mí me votó la gente”, disparó Mujica en su intervención inicial, que, según los que escucharon su discurso fue “muy duro”.
“El que quiera romper con el gobierno, que se vaya. Todo el mundo es libre de irse. Acá no hay más vacas sagradas”, dijo Mujica, según relataron a El Observador participantes de la reunión.
El mandatario se quejó de las salidas públicas de Astori esta semana, con críticas al manejo del gobierno en busca de la alternativa.
Mujica aseguró que el problema de las declaraciones del vicepresidente fue haber generado una crisis en la opinión pública.
Astori tomó la palabra una vez que terminó Mujica. Al inicio realizó una autocrítica del tono utilizado públicamente para referirse a la polémica. Dijo que no tendría que haber hablado así, pero aclaró que lo hizo reaccionando a una “andanada de críticas” a través de reportajes de prensa. Aludió directamente a jerarcas del gobierno que han criticado en el último tiempo la conducción económica, como el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Gabriel Frugoni; el ministro de Desarrollo Social, Daniel Olesker; el de Trabajo y Seguridad Social, Eduardo Brenta; y al presidente de ANCAP, Raúl Sendic.
El vicepresidente fue enumerando cada uno de los episodios, aludiendo de forma directa a los protagonistas. Frugoni, serio y con un tono de dureza similar, fue de los primeros en contestarle.
El ministro de Economía, Fernando Lorenzo, protagonista central de la polémica, habló sobre el final de la reunión y lo hizo “desde los sentimientos”, explicó a El Observador uno de los presentes en la reunión. Dijo que se había sentido dolido por cómo se generó la polémica pública. El secretario de Estado había manifestado su intención de renunciar, y ayer ante el presidente y los ministros dejó picando una frase que nadie terminó de entender pero que siembra más dudas sobre su continuidad en el cargo (ver recuadro).
Según coincidieron varios participantes, el consejo de ministro de ayer fue una catarsis.
El tono del intercambio creció a medida que pasaban las horas. La reunión comenzó a las 17 y se extendió hasta pasadas las 20. Mujica decidió terminar con la discusión para entrar en “cuarto intermedio” –según dijo luego ante la prensa– cuando la tensión no había bajado.
Una vez afuera todos los ministros, el presidente recibió a periodistas y lejos de aventar las especulaciones previas sobre la crisis en el gobierno, dejó claro que existen “heridas” entre los “compañeros” del Poder Ejecutivo y, al pedir que se “vuelva a funcionar como equipo” terminó de confesar la convivencia de las dos miradas sobre la economía.
“Tenemos que lograr que los compañeros vuelvan a funcionar como equipo, y ese es el empeño que tiene el Poder Ejecutivo en ese momento”, dijo el presidente.
Mujica prefirió ser él mismo el encargado de enfrentar a los medios de comunicación, aunque se negó a dar responder preguntas. Asumió que podría haber elegido mentir o eludir la polémica. “Yo les podría haber dicho otra cosa pero me parece que lo mejor es acercarse a la verdad, y reconocer que hemos tenido problemas, problemas de comunicación entre nosotros”, comentó ante las cámaras, acompañado del secretario de la Presidencia, Homero Guerrero, y del prosecretario Diego Cánepa.
El presidente dijo que los problemas en el gobierno son los que atraviesa “cualquier ámbito laboral”, pero al referirse a los cruces utilizó términos de enfrentamientos duros. “Como en cualquier frente de lucha, a veces, quienes integran ese frente de lucha, se lastiman, y por la salud del gobierno nos pareció prudente hacer un alto en el camino y conversar con los compañeros”, comentó Mujica.
El mandatario aseguró que no habrá ningún “cambio de rumbo” ni modificación “fantástica” en lo “sustancial”. “Hay una necesidad de emparchar el alma y querernos un poco más entre los compañeros”, culminó.
Fernando Lorenzo: “Es la última vez que vengo”
El ministro de Economía y Finanzas, Fernando Lorenzo, pidió la palabra justo antes de que Mujica –por la tensión que había tomado la reunión– decidió terminar el encuentro. Con angustia y desde “los sentimientos”, el jerarca se descargó y dejó picando una frase que desconcertó a todo el mundo: “Es la última vez que vengo”, dijo, según relataron a El Observador participantes del gabinete. No quedó claro si estaba anunciando su renuncia, ni siquiera si amenazó con retirarse. Horas antes, de todos modos, había manejado la posibilidad de renunciar en conversaciones con dirigentes del sector al que pertenece, el Frente Líber Seregni. Según dijeron a El Observador dirigentes cercanos a Lorenzo, se mostró con un ánimo similar al momento en que explotó el escándalo de Pluna.Mujica marcó su autoridad: “A mí me votó la gente”
El presidente reconoció la existencia de dos visiones sobre la economía y dijo que deben "trabajar en equipo"
+ - 20.02.2013, 20:35 hs
- ACTUALIZADO 01:40
Texto: El Observador
Mujica admitió la existencia de dos visiones de la economía y dijo que el gobierno debe “lograr que los compañeros vuelvan a trabajar como un equipo” tras el enfrentamiento entre sectores astoristas y mujiquistas.
Aunque señaló que “no hay ningún cambio de carácter esencial” en el gobierno, reconoció que “hay la necesidad de emparchar el alma y querernos un poco más entre los compañeros”.
Manifestó que el gobierno debe “lograr que los compañeros vuelvan a trabajar como un equipo” tras el enfrentamiento entre sectores astoristas y mujiquistas por la política económica, y aunque dijo que “no hay ningún cambio de carácter esencial” en el gobierno, reconoció que “hay la necesidad de emparchar el alma y querernos un poco más entre los compañeros”.
Las declaraciones del presidente se dieron luego del Consejo de Ministros convocado este miércoles de forma urgente en la residencia de Suárez, luego de las diferencias públicas expresadas en torneo al impuesto a las grandes extensiones rurales (ICIR).
“Quedamos en un cuarto intermedio porque el tiempo no nos da. La vamos a proseguir, pero como en cualquier frente de lucha, a veces quienes integran ese frente de lucha se lastiman, y por la salud del gobierno nos pareció hacer un alto en el camino y conversar con los compañeros. Estamos en ese proceso”, dijo Mujica, único orador al término de la reunión de más de tres horas
“No hay ningún cambio de rumbo, no tenemos ningún cambio fantástico en política económica, fiscal, tenemos que lograr que los compañeros vuelvan a funcionar como equipo, y ese es el empeño que tiene el Ejecutivo en ese momento. En la medida que tengamos más novedades las vamos a comunicar”, agregó el presidente.
“Hay factores hijos de la naturaleza de la tarea de gobernar, que no es un lecho de rosas. Son en general algunos malestares y algunas heridas entre la gente que trabaja. En cualquier ámbito laboral puede suceder. Necesitábamos decirnos unas cuantas cosas. Porque nos damos cuenta que se está utilizando la prensa y no conversaciones entre compañeros”, indicó el presidente.
“Podría haber dicho otra cosa pero lo mejor es acercarse a la verdad y reconocer que tenemos problemas, de comunicación entre nosotros. Reconocer que públicamente se han lastimado algunos compañeros. Reconocer que la tarea de gobernar no significa andar con tornillos, sino con seres humanos, y que estas cosas a veces pueden ser desgastantes y general dolor. Pero no hay ningún cambio de carácter esencial, hay la necesidad de emparchar el alma y querernos un poco más entre los compañeros”, agregó el mandatario.
La molestia con Astori
Mujica reunió en la residencia de Suárez a sus ministros para analizar la polémica tras la declaración de inconstitucionalidad del impuesto a la tierra (ICIR) por parte de la Suprema Corte de Justicia (SCJ). La convocatoria fue sorpresiva y de forma urgente, cursada en la mañana de este miércoles por la secretaría del mandatario a todos los secretarios de Estado.
Según supo El Observador, Mujica estaba muy molesto con cómo se ha planteado públicamente la polémica sobre qué hacer ahora que el impuesto a la tierra cayó. Le sorprendió mucho la salida del vicepresidente Danilo Astori, quien en declaraciones a Subrayado defendió la postura del equipo económico, que se oponía a la creación del ICIR, y alertó de “problemas serios” si no se respaldaba al ministro de Economía Fernando Lorenzo.
El clima sobre la tarde, en la previa a la reunión sorpresiva del gabinete, era de tensión. Tal es el caso que en algunos ámbitos del gobierno se hablaba de una posible salida de Lorenzo. Ello fue confirmado por operadores del astorismo. Sin embargo, la posibilidad de que se vaya el ministro de Economía aparece como lejana, más en la actual coyuntura con varios frentes abiertos.
En su cuenta de la red social Twitter, el senador del Nuevo Espacio, Rafael Michelini, escribió a primera hora de la tarde de este miércoles: “La prensa insiste que hay dos equipos económicos en el gobierno. Si fuera así, el presidente debe elegir por uno y asumir las consecuencias”.
Por otra parte, dentro de lo previsto estaba Economía planteara un proyecto de impuesto alternativo al ICIR, que recoge ideas ya manejadas en la discusión de 2011. En ese sentido, Mujica indicó que tras la reunión de hoy se estableció un cuarto intermedio para seguir discutiendo en los próximos días.
Aratirí y Venegas
El presidente también informó que el encuentro sirvió para “formalmente despedir a Venegas, que ha tenido una participación larga y por los motivos que conocen ha tenido que renunciar”.
A su vez, el presidente también informó sobre la reunión con representantes de la minera Aratirí, que se realizó más temprano en Torre Ejecutiva. Al respecto informó que mantuvo una “reunión con la dirección y los propietarios del grupo Aratirí, que están presentes en el país, con respecto a establecer un compromiso de iniciación lo más rápidamente posible” y si la gestión del proyecto “implica la aprobación eventualmente con alguna modificación posible”.
Mujica también dijo que en los próximos días se discutirá “el marco de alguna eventual asociación del Estado con esta compañía en este proyecto”.
“Quiero recordar que este proyecto es importante en sí mismo por lo que significa el futuro exportador, en materia de trabajo, y porque colabora en gran medida en la necesidad de concretar el puerto de aguas profundas”, agregó el presidente.
Astoristas emitirán declaración política sobre la crisis
El grupo del vicepresidente dice que “La Camporita” filtró datos falsos sobre el Consejo de Ministros para dejar bien parado al presidente
+ - 21.02.2013, 23:03 hs
Texto:El Observador
Los astoristas acusan a los mujiquistas de haber filtrado una versión distorsionada de la reunión que deja mejor parado al presidente que al vice. “La camporita –por como llaman en la interna a los jerarcas de la Torre Ejecutiva- se puso de acuerdo y sacaron frases de Mujica que nunca dijo”, señaló a El Observador un operador astorista que no estuvo en el Consejo de Ministros.
Del otro lado, los mujiquistas, dicen que esperan una respuesta del vicepresidente luego del planteo del presidente de ayer.
La reunión del gabinete del miércoles terminó abruptamente en uno de los momentos de mayor tensión. Por lo tanto no se llegó a ninguna conclusión y los ánimos siguieron crispados por toda la mañana y mediodía del jueves.
Por eso y para hablar de todo esto, está previsto que Mujica y Astori se reúnan en las próximas horas.
En la noche de este jueves, el astorismo se reunió en cónclave durante más de tres horas. Del encuentro participaron Astori y las principales figuras de su sector, entre los que se destacaron los ministros Fernando Lorenzo (Economía), Enrique Pintado (Transporte) y Liliam Kechichián (Turismo).
Sobre las 22.30, al salir de la sede central del Frente Líber Seregni, el vicepresidente dijo a El Observador que su grupo acordó no hablar sobre la discusión que habían mantenido, e informó que este viernes el grupo hará pública una declaración escrita "extensa" sobre la coyuntura política.
Comunicado del FLS: "filtraciones parciales y deformadas"
A su vez el Frente Liber emitió este jueves un comunicado en el que asegura que “ recoge plenamente la exhortación del Presidente de la República de darnos una instancia de reflexión por parte de todos los integrantes del gobierno. Para un gobierno de izquierda siempre deben primar los intereses nacionales y el impacto de cualquier decisión en la vida de los uruguayos. Sobre eso estamos discutiendo”.
De todos modos insiste en la teoría sobre de que lo que trascendió no fue lo que de verdad ocurrió dentro de la reunión. “Corresponde de todas maneras aclarar en forma terminante que algunas versiones de prensa sobre la reunión del gabinete realizada en el día de ayer, no reflejan lo que realmente ocurrió. Lamentablemente, ello demuestra una vez más que las filtraciones parciales y deformadas no contribuyen a un debate serio, profundo y menos aún, a la reflexión a la que convocó el Presidente”.
“Legítimos” y “paralelos”
Las disputas de poder son viejas pero la convivencia pasa por el momento más complejo
+ - 21.02.2013, 05:00 hs
- ACTUALIZADO 07:25
Texto:El Observador
Mujica perdió en la idea de que Guillermo Pomi fuera presidente del Banco República, así como en otras tantas batallas del primer gobierno de izquierda (ver recuadro).
“Me ganó Harvard”, dijo un par de años después, cuando no le aceptaron el proyecto del MPP por las deudas del agro.
Desde allí en adelante quedó la idea en el Frente Amplio de que la conducción económica era hegemonía absoluta del astorismo y que eso no se podía tocar. Mujica previo a las elecciones del 2009 alentó eso. Dijo que la economía estaría en manos del vicepresidente y basó la campaña en ello.
Hace muchos años que Mujica habla de la “dependencia” entre ambas figuras. “A mi juicio la relación (con Astori) queda mejor de lo que estaba, con una conciencia más lúcida de la mutua dependencia y, por qué no, de la amistad que debemos mantener”. Mujica dijo esa frase en 2005, a penas comenzaba el primer gobierno de izquierda y un día después de haber desactivado la primera bomba: Astori, ministro de Economía, había amenazado con renunciar por diferencias en el presupuesto para la educación.
Pero desde el 2010 en adelante ya con el gobierno de Mujica instalado, la realidad empezó a cambiar. El presidente armó un equipo económico alternativo en la Torre Ejecutiva, liderado por Gabriel Frugoni (director de la OPP), Jerónimo Rocca (subdirector de la OPP y co-creador de la reforma tributaria), Pedro Buonomo (primero fue viceministro de Economía y ahora asesor presidencial). Todo eso además con la presencia política del ahora secretario de la Presidencia Homero Guerrero y del prosecretario Diego Cánepa.
El bombardeo al astorismo –a los que ahora de manera informal y despectiva lo llaman los “legítimos”– fue de a poco. Al principio eran comentarios críticos a la prensa sin nombre y apellido o filtrando información que los perjudicaba.
Luego dieron un paso más y empezaron a dar la cara en las críticas. Frugoni salió varias veces a la prensa. Buonomo incluso renunció como subsecretario de Economía tras varios encontronazos con el ministro Fernando Lorenzo. Uno de ellos fue por el dólar, al igual que una vieja disputa del gobierno anterior entre Mujica y Astori.
El tercer paso fue el más “doloroso” para los astoristas: el Impuesto a la Concentración de los Inmuebles Rurales (ICIR). Ese impuesto lo sintieron como una injerencia directa en la economía.
Lorenzo entre tanto, fue cediendo en algunas cosas. Por ejemplo, ante reclamos presupuestales no puso coto –algo que Astori sí había hecho en el gobierno pasado– y hoy el déficit fiscal está en 2,8% del PIB muy por encima de lo previsto (1,7%).
También la inflación está elevada y la competitividad de los exportadores comprometida por el valor del dólar.
Pero no solo los indicadores han complicado los últimos meses de Lorenzo. El caso Pluna fue el golpe más duro y el ministro de Economía es indagado por la Justicia.
Golpeado por ello y por varios reportajes en la prensa de otras figuras de gobierno criticando a su equipo, Astori se cansó y salió con fuerza lunes y martes a pegarle al mujiquismo.
La caída del ICIR tras la declaración de inconstitucionalidad por parte de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), fue la oportunidad para luego de varios meses de reveses pasar al frente. Pero eso despertó la ira del presidente (ver página 3).
Ahora si quedaban dudas, lo que Mujica hizo explícita es la existencia de las dos visiones de la economía conviviendo y ambas con poder. Ya no son ni “legítimos”, ni “paralelos” y deberán compartir el poder.
Oposición advierte "caos" y oficialismo divide respaldo a MEF
El diputado de Asamblea Uruguay, Alfredo Asti, sostuvo que el enojo del ministro de Economía, Fernando Lorenzo, es "muy preocupante" y reclamó "que cada uno asuma las tareas asignadas por el presidente de la República y por la Constitución de la República". "Reclamamos que el trabajo en equipo mantenga el rumbo económico, que ha sido tremendamente exitoso para Uruguay", dijo Asti en declaraciones a radio Uruguay.
El vicepresidente del Frente Amplio Juan Castillo agregó a radio Rural: "No creo que esto sólo sea un tema de enfrentamiento entre dos grupos políticos por la conducción económica. En materia económica hay por lo menos tres o cuatro opiniones distintas y no sólo dos; no es algo exclusivo del MPP y el FLS. No todo es opinable, no todos podemos meternos en un tema, se puede escuchar opiniones, pero no meter cuchara".
Quien fue más allá es el senador del Partido Comunista, Eduardo Lorier, que dijo a canal 4 que existe "arrogancia" de parte de algunos sectores más allá de las "discrepancias naturales" y coincidió con Mujica en que "no hay territorios vedados, vacas sagradas, no hay temas que no se puedan tratar".
Lorier admitió que este "es uno de los momentos más complejos que atraviesa el Frente Amplio desde el gobierno de Tabaré Vázquez" y agregó que se imagina "una conversación de Vázquez en esta decisión del Pepe" de convocar a un Consejo de Ministros extraordinario para limar asperezas.
En la oposición, el senador Luis Alberto Heber líder del Partido Nacional sostuvo a través de su cuenta de Twitter que existe un "gran caos en el gobierno" en el que "se enfrentan los equipos económicos y no se sabe bien quién conduce la economía".
El líder de Vamos Uruguay, Pedro Bordaberry cuestionó también a través de la red social las incertidumbres generadas en materia de política económica. "¿Un ministro K? es complicado traer dudas en materia económica", sostuvo.
Pablo Mieres, del Partido Independiente, sostuvo por su parte que "está bien con la sinceridad, pero un gobierno no es grupo de reflexión o terapia grupal".
Entre los economistas también hubo reacciones al Consejo de Ministros de ayer. El economista Javier de Haedo, ex director de la OPP, sostuvo: "Mujica dice que a él lo votaron, pero también es verdad que ganó gracias a los que lo votaron porque Astorismo seguiría a cargo de economía".
El economista Gabriel Oddone había planteado ayer que "no queda margen para la ambigüedad; mientras más se tarde en aceptarlo, más difícil será arreglarlo". Y agregó que la política económica "requiere mando único" y que en Uruguay "debe ser bajo coordinación del Ministerio de Economía; institucionalidad no preparada para la cohabitación".
El País Digital
21 de febrero de 2013
