EN SOLIDARIDAD CON LA JUEZA MARIANA MOTA
Convocan:
Colectivo denunciantes octubre 2011
SERPAJ
Fundación MarioBenedetti
PIT-CNT
Adhieren: Colectivo de denunciantes de los casos de la dictadura.
Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU), y las
organizaciones vinculadas a los derechos humanos, Madres y Familiares de
Detenidos Desaparecidos, Hijos Uruguay, Federación, Crysol, Uruguay
Entero, Colectivo Denunciante Octubre 2011
Secretaría de DD.HH del PIT-CNT: DECLARACIÓN ANTE EL TRASLADO DE LA JUEZA MARIANA MOTA.
1)
Nuevamente una decisión de la Suprema Corte de Justicia pone de
manifiesto las intrincadas tramas de intereses que siguen apostando a
perpetuar la impunidad en el Uruguay, tomando represalias contra quienes
intentando hacer justicia con idoneidad y competencia, desafían los mandatos y las presiones desde las esferas del poder.2) Es en ese marco, que debe ser leído por los ciudadanos, el alejamiento de la Dra Mariana Mota de la Sede Penal de 7º Turno en la que se encuentran radicadas el mayor porcentaje de causas de violaciones a los DD.HH.
3) En momentos que el Uruguay esta obligado internacionalmente por una sentencia de la Corte IDH a facilitar un proceso de justicia ágil y eficiente que permita el esclarecimiento de los hechos del pasado y hacer justicia, es incomprensible que se tome una decisión como esta que redundara en acentuar la impunidad factica que se ha instalado en el Uruguay.
4) Una suerte de gatopardismo existente a todos los niveles de las distintas instituciones del Estado uruguayo con relación a sus obligaciones en torno a las violaciones a los derechos humanos, donde se cambia algo para que todo siga como esta o peor, suma con la Dra. Mota una nueva victima a la lista de integrantes del sistema judicial, que han sido reprimidos por ser consecuentes con sus obligaciones de llevar a cabo un proceso de justicia eficaz para esclarecer los hechos y hacer justicia.
5) El regocijo que existirá en la Cárcel de Domingo Arena y la indignación de quienes hemos estado comprometidos a todos los niveles con la defensa de los derechos humanos, no pueden oscurecer los avances que en los casos a consideración de esa magistrado existieron tanto desde el punto de vista de su competencia técnica, como el de su calidad humana.
6) En función de esos dos últimos aspectos, la Suprema Corte de Justicia deberá brindar las explicaciones del caso que expliquen la resolución tomada. No nos encontramos en un estado feudal, sino en un estado democrático donde como ciudadanos dirimimos nuestros conflictos ante tribunales de justicia en los que debemos tener confianza y explicaciones satisfactorias de sus decisiones.
Secretaria de DD.HH del PIT-CNT.
13/02/2013
Nacional - ORGANIZACIONES DE DERECHOS HUMANOS
Convocan manifestación en repudio por traslado de jueza Mota
La movilización fijada para las 10 de la mañana de este viernes frente al edificio de la Suprema Corte de Justicia. La magistrada jura a las 11 horas
Organizaciones vinculadas a los derechos humanos (Madres y familiares de Detenidos desaparecidos, Hijos Uruguay, Crysol, Uruguay Entero, Colectivo Denunciante Octubre 2011) y la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (Feuu) convocan este viernes a una manifestación en apoyo a la jueza Mariana Mota y en repudio a su traslado de la justicia penal a la civil por parte de la Suprema Corte de Justicia (SCJ).
La movilización se convoca para las 10 de la mañana frente a la sede de la SCJ. Está previsto que Mota jure en su nuevo cargo a las 11 de la mañana. En su lugar asumirá la jueza Beatriz Larrieu, quien estaba en Colonia hasta el año pasado y ahora ocupaba el cargo de jueza suplente de Montevideo.
El traslado de Mota, una de las juezas que tiene a su cargo más casos sobre derechos humanos (alrededor de 50), se dio a conocer este jueves e inmediatamente despertó el rechazo de estas organizaciones, que entienden que la decisión de la Corte ocurre por algún motivo velado de frenar causas contra la dictadura que siguen en la Justicia.
Apenas se conoció la noticia, la exfiscal Mirtha Guianze escribió en su muro de Facebook: “Pensemos un poco ¿qué significado le podemos asignar a este inexplicable traslado? ¿Por qué ahora, con tantos asuntos a resolver? ¿Es que no llevaba bien los juicios? ¿Cuándo podremos conocer las motivaciones reales? ¿Qué podemos hacer cada uno en su lugar, o todos juntos?”.
Crysol solicitará a la SCJ que revoque inmediatamente la decisión de trasladar a la jueza. En tanto, la jueza Mota ya anunció que recurrirá al Tribunal de lo Contencioso Administrativo.
Organizaciones convocan a marcha en repudio de traslado de Mota
La de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU), y las
organizaciones vinculadas a los derechos humanos, Madres y Familiares de
Detenidos Desaparecidos, Hijos Uruguay, Federación, Crysol, Uruguay
Entero, Colectivo Denunciante Octubre 2011, convocan a participar mañana
de una manifestación en repudio al traslado de la jueza Mariana Mota
quien, desde mañana, ya no estará en la órbita penal y pasará a
desempeñarse en una sede civil.
La magistrada, que tenía a su cargo unos 50 expedientes por violaciones a los derechos humanos, dijo que evaluará si recurre el traslado.
Según un comunicado difundido por estas organizaciones, el traslado de la jueza Mota es "una nueva señal de debilitamiento de los avances en las causas vinculadas a enjuiciar a los criminales del terrorismo de Estado".
De acuerdo a lo expresado, las organizaciones vinculadas a los Derechos Humanos sostienen que la decisión de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) "es un nuevo atropello a la Justicia".
"Por memoria, verdad, justicia y nunca más", las asociaciones convocaron así a una manifestación a realizarse mañana a las 10, frente al edificio de la SCJ. "La lucha por la impunidad continúa", finalizan las organizaciones.
Mota jurará mañana ante los ministros de la SCJ como nueva jueza civil. Su lugar será ocupado por su colega Beatriz Larrieu, quien hasta ahora se desempeñaba como jueza suplente en Montevideo.
La labor de Mota en relación a los casos de violaciones a los derechos humanos es destacada por los familiares de las víctimas y las organizaciones sociales, al tiempo que ha sido duramente cuestionada por los centros sociales militares y los abogados de los oficiales que están siendo investigados.
Mota es una de las pocas magistradas que utiliza la legislación internacional en materia de derechos humanos, aplicando figuras como el homicidio político y la desaparición forzada, las que generan resistencias incluso dentro de la propia SCJ.
La jueza, en una histórica sentencia que dictó en febrero de 2010, condenó a 45 años de prisión al expresidente Juan María Bordaberry (fallecido en julio de 2011) por el delito de atentado a la Constitución y 11 crímenes de lesa humanidad (nueve desapariciones y dos homicidios).
La magistrada, que tenía a su cargo unos 50 expedientes por violaciones a los derechos humanos, dijo que evaluará si recurre el traslado.
Según un comunicado difundido por estas organizaciones, el traslado de la jueza Mota es "una nueva señal de debilitamiento de los avances en las causas vinculadas a enjuiciar a los criminales del terrorismo de Estado".
De acuerdo a lo expresado, las organizaciones vinculadas a los Derechos Humanos sostienen que la decisión de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) "es un nuevo atropello a la Justicia".
"Por memoria, verdad, justicia y nunca más", las asociaciones convocaron así a una manifestación a realizarse mañana a las 10, frente al edificio de la SCJ. "La lucha por la impunidad continúa", finalizan las organizaciones.
Mota jurará mañana ante los ministros de la SCJ como nueva jueza civil. Su lugar será ocupado por su colega Beatriz Larrieu, quien hasta ahora se desempeñaba como jueza suplente en Montevideo.
La labor de Mota en relación a los casos de violaciones a los derechos humanos es destacada por los familiares de las víctimas y las organizaciones sociales, al tiempo que ha sido duramente cuestionada por los centros sociales militares y los abogados de los oficiales que están siendo investigados.
Mota es una de las pocas magistradas que utiliza la legislación internacional en materia de derechos humanos, aplicando figuras como el homicidio político y la desaparición forzada, las que generan resistencias incluso dentro de la propia SCJ.
La jueza, en una histórica sentencia que dictó en febrero de 2010, condenó a 45 años de prisión al expresidente Juan María Bordaberry (fallecido en julio de 2011) por el delito de atentado a la Constitución y 11 crímenes de lesa humanidad (nueve desapariciones y dos homicidios).
El País Digital
Jueza Mota: critican traslado
Apoyo popular
14.02.2013 09:42
Este viernes convocan a una concentración frente a la Suprema Corte de Justicia, en apoyo a la jueza Mariana Mota.
La concentración comienza a las 10.30 hrs y es convocado por un grupo Uruguay Entero.
En un comunicado, los convocantes manifiestan que "a la hora 11 la extraordinaria Jueza Mariana Mota será condicionada a jurar un nuevo destino fuera de la órbita Penal donde tiene a su cargo un medio centenar de causas por delitos de Lesa Humanidad, vale decir Terrorismo de Estado en Uruguay".
Agrega que "rendiremos público reconocimiento a quien retomó y proyectó la mejor historia uruguaya de independencia republicana de poderes y de compromiso valiente por la tutela de DD.HH. fundamentales. Publicitaremos crítica y rechazo a la medida y reclamaremos defensa del proceso institucional para superar la impunidad de torturadores y homicidas terrorista de Estado".
Por otro lado, el senador del Partido Nacional, Jorge Larrañaga, anunció que pedirá explicaciones por la decisión de la Suprema Corte de Justicia de trasladar a la jueza Mariana Mota a un juzgado civil. La magistrada investigaba la caída del avión de Air Class en el Río de la Plata y casi 50 casos de delitos cometidos en dictadura.
"¿Cuáles son las causas por la que se traslada a la jueza Mariana Mota? ¿Qué motiva esta decisión de la Suprema Corte de Justicia?", interrogó el líder de Alianza Nacional tras conocerse el cambio que afectó a la magistrada.
"Vamos a pedir explicaciones preservando el principio de separación de poderes", adelantó el senador blanco.
Montevideo Portal
Mariana Mota. Foto: Nicolás Celaya
Apartada
Sin explicaciones, la Suprema Corte trasladó a un juzgado civil a la jueza Mariana Mota, de relevante actuación en casos de terrorismo de Estado.Sorpresa, indignación, dolor. Eso generó entre los referentes de las organizaciones vinculadas a los derechos humanos la noticia de que la Suprema Corte de Justicia (SCJ) decidió trasladar a la jueza Mariana Mota de la órbita penal a un juzgado civil. Mota ha tenido una destacada participación en causas contra militares y civiles responsables de crímenes cometidos en la última dictadura.
Recordemos
algunas: el procesamiento con prisión de Juan María Bordaberry y de su
canciller Juan Carlos Blanco, la causa del asesinato de Ubagésner Chávez
Sosa, el caso de Rodolfo Perrini contra el general Pedro Barneix, las
declaraciones de José Nino Gavazzo en su último libro y el alegato
contra el pedido de prescripción de la defensa de Jorge Pajarito
Silveira. Más recientemente, se enfrentó con el ministro de Defensa,
Eleuterio Fernández Huidobro, cuando éste le impidió concretar una
inspección ocular en el Batallón de Infantería Nº 13 y en el Servicio de
Material y Armamento del Ejército.
En diálogo con la diaria, la jueza Mota reconoció que la decisión de la SCJ la tomó por sorpresa, entre otras cosas porque ella “ni había pedido el traslado ni había cometido ninguna falta”. Incluso especuló con otros posibles motivos como “la exposición pública o la antigüedad en el cargo, pero la exposición pública no la tuve yo sino los casos en los que trabajé y la antigüedad no corre, porque yo hacía cuatro años que trabajaba en ese juzgado y hay compañeros que hace diez que se desempeñan ahí”. Dijo conocer “los motivos” de su traslado o “al menos sospecharlos”, ya que son los mismos a los que cualquier persona “podría llegar analizando los hechos”. Sin embargo, se negó a especular más allá de eso, ya que las explicaciones debería darlas la propia SCJ. “Lo que es extraño es la forma en que deciden el traslado de un juez sin que éste lo haya pedido o haya cometido alguna falta, y además con el tipo de casos como los que yo estaba trabajando, que ahora, entre una cosa y otra, se van a trancar y van a demorar muchísimo. La SCJ va a decir lo de siempre: que es algo que el estatuto le permite y nada más. No están obligados a dar explicaciones”.
Una de las primeras
manifestaciones de solidaridad con Mota la expresó la ex fiscal Mirtha
Guianze. Ayer temprano escribió en su cuenta de Facebook: “Pensemos un
poco ¿que significado le podemos asignar a este inexplicable traslado?
¿Por qué ahora, con tantos asuntos a resolver? ¿Es que no llevaba bien
los juicios? ¿Cuándo podremos conocer las motivaciones reales? ¿Qué
podemos hacer, cada uno en su lugar, o todos juntos?”.
Por su parte, Baldemar Tarocco, vicepresidente de Crysol, adelantó que desde esa organización pedirán la próxima semana un recurso de revocación. También convocan a una concentración ante la sede de la SCJ para mañana, ya que ese día está previsto que Mota concurra al lugar para aceptar su nuevo cargo.
Según Tarocco, este traslado demuestra que “esta SCJ defiende claramente la impunidad” en materia de las causas vinculadas a los derechos humanos y al pasado reciente. “Ya había pasado algo similar cuando Jorge Díaz trasladó a uno de los fiscales que más conocimiento tenían en causas de derechos humanos como [Ricardo] Perciballe”, al tiempo de mencionar que otro juez a cargo de expedientes sobre los crímenes en dictadura también fue cambiado de fuero, en referencia a Gustavo Mirabal, que pasó de lo penal a lo civil. “Y ahora esto. Forma parte de la campaña de la SCJ de frenar los procesos, como en el caso del juicio de Perrini o en el que Crysol viene llevando a cabo, a pesar de los múltiples palos en la rueda”, sentenció.
El diputado Luis Puig, del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP), concluyó que el traslado de Mota refleja “un verdadero triunfo de la impunidad”. Puig consideró que se trata de una decisión “injusta” y que, “fruto de recusaciones y campañas orquestadas por defensores de la impunidad, se elige apartar a una jueza que siempre cumplió con las leyes y los convenios internacionales en materia de derechos humanos sin ninguna razón”.
El diputado frenteamplista opinó que la campaña contra la magistrada “no sólo vino de los militares acusados y de sus abogados sino también de legisladores blancos y colorados que durante todo este tiempo se dedicaron a hacer fuego contra la jueza Mota con argumentos infundados y trampas de todo tipo”.
El diputado del PVP aseguró que es “la misma campaña que hubo contra Guianze, y eso nos tiene que llamar a la reflexión porque no puede ser que cada vez que nos aproximamos a la verdad se dan estos hechos que hacen volver todo atrás. Un ejemplo claro es la forma en que la SCJ, con todos los elementos para expedirse sobre el caso Perrini, haya frenado todo de forma increíble”.
El abogado señaló que no es la primera vez que trasladan a Mota para frenar sus investigaciones: “Cuando estaba en Ciudad de la Costa había logrado avances significativos en la investigación sobre el contrabando y justo en ese momento la trasladan a Montevideo”.
La SCJ no dará
explicaciones sobre el tema. El vocero Raúl Oxandabarat apenas explicó
que “el artículo 99 de la ley 15.750 le da a la SCJ la potestad de hacer
uso de sus recursos humanos sin brindar explicaciones. Además, el
traslado de la jueza Mota está acompañado de otros 15 traslados,
destinados estrictamente a la mejora del servicio”. De todos modos,
afirmó que “los jueces tienen que pasar por todas las materias a lo
largo de su carrera para adquirir diferentes conocimientos, y la jueza
no había estado en un juzgado civil”. Retomando lo que afirmaba la jueza
sobre su antigüedad, sostuvo que “los jueces no pueden estar mucho
tiempo en su cargo”.
Descartó tajantemente la posibilidad de considerar este traslado un castigo o sanción, ya que “la SCJ está investigando dos causas relacionadas con la jueza Mota: las declaraciones que brindó a Página 12 cuando criticó la política de derechos humanos de Uruguay, y cuando en el marco de un pedido de documentación de la SCJ ésta no fue enviada. La SCJ no se ha expedido, por lo tanto, no se puede hablar de sanción. Además, se trata de un traslado horizontal, porque no baja en el escalafón ni en su sueldo, sino que los juzgados civiles tienen la misma jerarquía que los penales”. El lugar vacante que dejará Mota en el juzgado de 7º turno en lo penal lo ocupará la jueza Beatriz Larrieux, quien ejercía en la ciudad de Colonia.
En diálogo con la diaria, la jueza Mota reconoció que la decisión de la SCJ la tomó por sorpresa, entre otras cosas porque ella “ni había pedido el traslado ni había cometido ninguna falta”. Incluso especuló con otros posibles motivos como “la exposición pública o la antigüedad en el cargo, pero la exposición pública no la tuve yo sino los casos en los que trabajé y la antigüedad no corre, porque yo hacía cuatro años que trabajaba en ese juzgado y hay compañeros que hace diez que se desempeñan ahí”. Dijo conocer “los motivos” de su traslado o “al menos sospecharlos”, ya que son los mismos a los que cualquier persona “podría llegar analizando los hechos”. Sin embargo, se negó a especular más allá de eso, ya que las explicaciones debería darlas la propia SCJ. “Lo que es extraño es la forma en que deciden el traslado de un juez sin que éste lo haya pedido o haya cometido alguna falta, y además con el tipo de casos como los que yo estaba trabajando, que ahora, entre una cosa y otra, se van a trancar y van a demorar muchísimo. La SCJ va a decir lo de siempre: que es algo que el estatuto le permite y nada más. No están obligados a dar explicaciones”.
Bengalas
El presidente del Centro Militar, coronel (r) Guillermo Cedrez, no quiso brindar declaraciones sobre el tema porque necesita “un día para procesar la noticia”. Después de eso, sí estaría dispuesto a detallar “todas las razones” por las que, según su opinión, Mota “termina siendo justificadamente trasladada”.A la reflexión
Los principales referentes de las organizaciones sociales vinculadas a la defensa de los derechos humanos también se expresaron rápidamente. El dirigente Wa- shington Beltrán, de la Comisión de Derechos Humanos del PIT-CNT, se mostró “sorprendido y dolido” por esta decisión del máximo órgano judicial. “No pensamos culpar a la SCJ por un hecho que desde la secretaría consideramos que responde a muchos hechos concatenados de corte político”, aventuró Beltrán, quien considera que se trata de un hecho “gravísimo, que vuelve a poner en evidencia que de parte del sistema político la opción ante nuestros planteos de justicia, ante las denuncias de la sociedad, se elige barrer para abajo de la alfombra”.Por su parte, Baldemar Tarocco, vicepresidente de Crysol, adelantó que desde esa organización pedirán la próxima semana un recurso de revocación. También convocan a una concentración ante la sede de la SCJ para mañana, ya que ese día está previsto que Mota concurra al lugar para aceptar su nuevo cargo.
Según Tarocco, este traslado demuestra que “esta SCJ defiende claramente la impunidad” en materia de las causas vinculadas a los derechos humanos y al pasado reciente. “Ya había pasado algo similar cuando Jorge Díaz trasladó a uno de los fiscales que más conocimiento tenían en causas de derechos humanos como [Ricardo] Perciballe”, al tiempo de mencionar que otro juez a cargo de expedientes sobre los crímenes en dictadura también fue cambiado de fuero, en referencia a Gustavo Mirabal, que pasó de lo penal a lo civil. “Y ahora esto. Forma parte de la campaña de la SCJ de frenar los procesos, como en el caso del juicio de Perrini o en el que Crysol viene llevando a cabo, a pesar de los múltiples palos en la rueda”, sentenció.
El diputado Luis Puig, del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP), concluyó que el traslado de Mota refleja “un verdadero triunfo de la impunidad”. Puig consideró que se trata de una decisión “injusta” y que, “fruto de recusaciones y campañas orquestadas por defensores de la impunidad, se elige apartar a una jueza que siempre cumplió con las leyes y los convenios internacionales en materia de derechos humanos sin ninguna razón”.
El diputado frenteamplista opinó que la campaña contra la magistrada “no sólo vino de los militares acusados y de sus abogados sino también de legisladores blancos y colorados que durante todo este tiempo se dedicaron a hacer fuego contra la jueza Mota con argumentos infundados y trampas de todo tipo”.
El diputado del PVP aseguró que es “la misma campaña que hubo contra Guianze, y eso nos tiene que llamar a la reflexión porque no puede ser que cada vez que nos aproximamos a la verdad se dan estos hechos que hacen volver todo atrás. Un ejemplo claro es la forma en que la SCJ, con todos los elementos para expedirse sobre el caso Perrini, haya frenado todo de forma increíble”.
El temita del poder
Por su parte, el abogado Antonio Rammauro, quien defendió a Mota en los casos de recusaciones llevadas adelante por los militares acusados, evaluó que “son cosas del poder”. “Creo que es una decisión política pero no creo que esté relacionada con tal o cual integrante del gobierno sino con una entidad de poder mucho más grande que el que puede tener cualquier político”, sostuvo Rammauro, quien lamentó “profundamente” que se haya desarticulado una investigación de “varios casos entrelazados que Mota estaba llevando adelante y que ahora quedan trancados”.El abogado señaló que no es la primera vez que trasladan a Mota para frenar sus investigaciones: “Cuando estaba en Ciudad de la Costa había logrado avances significativos en la investigación sobre el contrabando y justo en ese momento la trasladan a Montevideo”.
Explicame
“¿Cuáles son las causas por las que se traslada a la jueza Mariana Mota? ¿Qué motiva esta decisión de la Suprema Corte de Justicia?”, se preguntó el senador y líder de Alianza Nacional, Jorge Larrañaga, en su cuenta de Twitter. Larrañaga adelantó que pedirá “explicaciones” al máximo órgano judicial sobre esta decisión, aunque lo hará “preservando el principio de separación de poderes”.Descartó tajantemente la posibilidad de considerar este traslado un castigo o sanción, ya que “la SCJ está investigando dos causas relacionadas con la jueza Mota: las declaraciones que brindó a Página 12 cuando criticó la política de derechos humanos de Uruguay, y cuando en el marco de un pedido de documentación de la SCJ ésta no fue enviada. La SCJ no se ha expedido, por lo tanto, no se puede hablar de sanción. Además, se trata de un traslado horizontal, porque no baja en el escalafón ni en su sueldo, sino que los juzgados civiles tienen la misma jerarquía que los penales”. El lugar vacante que dejará Mota en el juzgado de 7º turno en lo penal lo ocupará la jueza Beatriz Larrieux, quien ejercía en la ciudad de Colonia.
Juan Gelman: la Corte Interamericana de Derechos Humanos supervisa al Estado uruguayo
Cuestionan las demoras en el Poder Judicial
Ayer, la Corte Interamericana de Derechos Humanos concedió una audiencia
privada a efectos de supervisar el cumplimiento del Estado uruguayo de
la sentencia por el Caso Gelman. El Centro por la Justicia y el Derecho
Internacional (Cejil), quien litigó contra el Estado, informó ayer en un
comunicado que su representante ante la Corte "resaltó la importancia
del reconocimiento público de responsabilidad por los hechos del caso,
efectuado el 21 de marzo de 2012, por el presidente de Uruguay, José
Mujica, en nombre del Estado y que contó con la participación de
representantes de los tres poderes del Estado. Asimismo, informó a la
Corte que aún se encuentra pendiente la realización de una investigación
efectiva tendiente a esclarecer el paradero de María Claudia García de
Gelman y las circunstancias de su desaparición y el nacimiento en
cautiverio de su hija Macarena, hechos que aún permanecen impunes".
"Para dar pleno cumplimiento a la Sentencia, el Poder Judicial debe calificar los delitos ocurridos bajo la dictadura como crímenes de lesa humanidad y debe remover todos los obstáculos que impidan el avance de las investigaciones", sostuvo la representante de Cejil.
"Para dar pleno cumplimiento a la Sentencia, el Poder Judicial debe calificar los delitos ocurridos bajo la dictadura como crímenes de lesa humanidad y debe remover todos los obstáculos que impidan el avance de las investigaciones", sostuvo la representante de Cejil.
El País Digital
ANTE EL TRASLADO DE LA JUEZA MOTA
Que se vaya la Corte
por Roger Rodríguez
Uno, a veces teme que la pasión le enturbie la racionalidad. Uno conoce la incidencia de las letras atadas en palabras que forman frases y trasmiten datos e ideas. Uno tiene que ser entonces muy responsable, por uno y por los demás. Y uno trata, pero a veces… A veces la pasión importa tanto como la racionalidad y una buena puteada dicha en el momento preciso hace que uno y los demás reflexionemos y actuemos.
Hecha la prevención, le digo a facebook (que me lo pregunta) y a ustedes que me leen, que no siento bronca por el homicidio jurídico y profesional que acaban de cometer los cinco miembros de la Suprema Corte de Justicia con el traslado compulsivo de la jueza Mariana Mota. Siento rebeldía al confirmar que el Poder Judicial uruguayo todavía no salió de la dictadura y es convenientemente sumiso al poder político.
El 11 de setiembre de 2011, durante el 3º Encuentro Latinoamericano por Memoria, Verdad y Justicia, expusimos sobre la cultura de la impunidad., que sigue siendo el tema de fondo en nuestra sociedad.
(http://www.facebook.com/
El 7 de octubre de 2011 en Caras&Caretas señalabamos las implicancias del tema de las prescripciones y exponíamos quiénes eran los cinco ministros de la Suprema Corte de Justicia que definían el tema.
(http://www.facebook.com/
El 13 de abril de 2012 en otro artículo periodístico, intentabamos contextualizar los ataques que recibía la jueza Mariana Mota por sus declaraciones en Página 12 y el procesamiento del coronel Carlos Calcagno.
(http://www.facebook.com/
El 15 de junio de 2012 dabamos cuenta de la decisión de la Suprema Corte de Justicia de quitarle a Mota el expediente Perrini, cuando era evidente una sentencia con el procesamiento del general Barneix y otros.
(http://www.facebook.com/
El 24 de agosto de 2012 nos referíamos al rol que estaba cumpliendo el Tribunal de Apelaciones de 4ª Turno, creado especialmente por la Suprema Corte de Justicia para intervenir en derechos humanos.
(http://www.facebook.com/
El 14 de diciembre de 2012, escribíamos un resumen de lo ocurrido durante el año y cómo se había logrado paralizar casi la totalidad de las causas judiciales sobre crímenes de lesa humanidad.
(http://www.facebook.com/
Repaso las crónicas sobre los hechos que se han sucedido en los últimos dos años, y me siento el narrador que en las cartas de Ángela Vicario va explicando el anunciado asesinato de Santiago Nasar. La jueza Mota no abjuró ante la Santa Inquisición aunque le ofrecieron ser perdonada como Galileo. Su Eppur si move fue insistir en declarar que la dictadura cometió crimenes de lesa humanidad imprescriptibles.
Por eso, Mota no necesitaba de la Ley 18.831 que el Parlamento aprobó con recelo el 27 de octubre de 2011. A ella le bastaron las normas y convenciones internacionales y su razón fue confirmada por el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que condenó al Estado uruguayo en el caso de desaparición de María Claudia García de Gelman, ampliado a todos los casos de desaparición forzada.
Pero en estos tiempos de impunidad, a Mota la condenan como a Giordano Bruno y, también en un mes febrero, puede repetir su frase “Temblais más vosotros al anunciar esta sentencia que yo al recibirla”. Porque quienes han quedado en el más absoluto descrédito son los cinco miembros de la Suprema Corte de Justicia que con su actuación no dan garantías ni a la ciudadanía ni al sistema democrático.
Hablamos con la jueza Mariana Mota (en una nota que se publica este viernes) y nos confesaba su propia sensación de frustración ante la actitud del sistema judicial. El temor de los jóvenes de no ascender y el miedo de los viejos de no retirarse en un cómodo tribunal de apelaciones. Nos dijo de la necesidad de cambiar el sistema de designación y traslado de jueces, hoy bajo la discrecionalidad de la Suprema Corte.
Por todo esto, con desapasionada racionalidad, le digo a facebook y a ustedes, que se tienen que ir. No un “que se vayan todos”, simplemente que se vayan estos, que ya cumplieron la tarea encomendada (¿o aún deben reimponer la prescripción?). Los señores Jorge Ruibal Pino, Jorge Larrieux, Jorge Chediak, Julio Chalar y Ricardo Pérez Manrique deberían renunciar a la Suprema Corte de Justicia. No son creíbles.
También pienso que el sistema político uruguayo, el actual gobierno en particular, debería dejar de jugar con la impunidad de su propio poder, porque también hace correr riesgos de credibilidad al sistema y no solo a su partido político ante su base de votantes. Pienso que quizás, sea tiempo de renovar el contrato social y discutir las reglas de un juego, sucio en cultura de impunidad, que necesariamente es en serio.
Roger Rodríguez
El 11 de setiembre de 2011, durante el 3º Encuentro Latinoamericano por Memoria, Verdad y Justicia, expusimos sobre la cultura de la impunidad., que sigue siendo el tema de fondo en nuestra sociedad.
La incultura de la impunidad
por Roger Rodríguez
La impunidad es el no castigo. La cultura de la impunidad, su consecuencia. En Uruguay a la salida de la dictadura se aprobó una ley de impunidad. Fue votada, los propios legisladores lo reconocieron, bajo presión militar. Se la denominó, pomposamente, “Ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado”.
El Estado cedía sus pretensiones de castigar a los crímenes de la dictadura. Cedió porque las fuerzas armadas condicionaron el retorno a la democracia. Condicionaron la democracia para mantener una política económica. Una política económica que fue la razón y origen de las dictaduras.
La ley de impunidad se fundamentó en una “lógica de los hechos”. El país volvía a tener presidente y parlamentarios si había impunidad. Eso era lo lógico… que se volviera a una democracia tutelada. Que lo hecho por la dictadura no se revisara, no se juzgara, no se recordara…
Sin revisionismo, en los hechos, no se sabría la verdad y no habría memoria. Las democracias tuteladas nos internaron en una eterna transición. Una transición que no termina mientras existan leyes o normas de impunidad. Una transición en la que se puede gobernar, se puede legislar, pero no se puede juzgar.
En toda la región en un mismo tiempo hubo dictaduras… No fue casualidad. En toda la región se reinstauraron democracias limitadas de una u otra forma. En toda la región se aprobaron leyes o normas de impunidad. En toda la región hubo una desgastante búsqueda de la verdad.
En toda la región lo último en democratizarse fueron los sistema judiciales. En toda la región se aplicó una misma política económica neoliberal. En toda la región sufrimos hoy las consecuencias de esas limitaciones. Aquella “lógica de los hechos” se transformó en una “lógica de lo hecho”.
Los militares hoy son militantes en la defensa de su propia impunidad. Impunemente salen en los medios de comunicación a justificar sus crímenes. Los fiscales no pueden acusar y los jueces sentenciar, sin ser presionados. La justicia está en transición. Una transición hacia la verdadera justicia.
Los supremos magistrados no admiten que se trata de crímenes de lesa humanidad. La desaparición se convierte en homicidio, aunque no esté el cuerpo del delito. La tortura y la violencia sexual tampoco son admitidas como delitos imprescriptibles. En Uruguay, hoy, todos los delitos pueden prescribir el próximo 1° de noviembre.
El sistema político no terminar de dar una solución al problema. Cada partido político al llegar al gobierno, de una u otra forma busca un punto final. El Poder Ejecutivo quiere gobernar sin conflicto con las fuerzas armadas. El Poder Legislativo no logra mayorías y consensos para aprobar normas. El Poder Judicial teme juzgar.
El Estado aparece impotente para cumplir con sus obligaciones internacionales. Todos los países de la región son firmantes de convenciones que no cumplen. La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a Uruguay y otros países por eso. Pero la impunidad ya parece enquistada en una sociedad individualista y temerosa.
En Chile aún rige la Constitución impuesta por la dictadura del general Pinochet. Mucho se ha avanzado, pero la cultura de impunidad sobrevive. En Argentina se tardó 20 años en tipificar como crímenes de lesa humanidad, pero el extraditado coronel Manuel Cordero pasea por Buenos Aires bajo arresto domiciliario.
En Brasil, todavía no hay un condenado y sigue vigente la autoamnistía de 1978. Brasil también fue condenado por la CIDH por el caso de la guerrilla de Araguaia. En Paraguay aparecieron los archivos del horror, pero tampoco se logra justicia. En el exilio anda buscando asilo un grupo acusado hoy de subversión…
En Uruguay, el coronel Glauco Yanonne, represor del Plan Cóndor, recibió el Nobel de la Paz para los cascos azules uruguayos. Yanonne fue nombrado docente en la escuela Militar por el gobierno de izquierda. Es que la tortura no es delito aún en Uruguay y la víctima debe convivir con su impune victimario.
Por lo hecho, la impunidad se extendió y se hizo cultura de impunidad. La cultura de la impunidad no implica sólo a los crímenes de la dictadura. La cultura de la impunidad ganó a las instituciones y al entretejido social. La cultura de la impunidad le quito voluntad política a los políticos y le impuso individualismo al individuo.
Mientras se buscaba la verdad, la cultura de impunidad crecía. Mientras los represores se sentían seguros, crecía la corrupción Mientras el Estado amparaba la impunidad, crecía la inseguridad social. Mientras el Parlamento no parlamentaba, se deterioraba la salud. Mientras la Justicia era injusta, la enseñanza se transformaba en negocio.
Y al no juzgarse aquellos crímenes, otros delitos también ganaron impunidad. En toda la región hay casos de negociados financieros que no se juzgaron. En Uruguay los dueños de los bancos que fundieron al país debieron ser liberados. La justicia no los condenaba y ellos reclamaron ante los organismos internacionales.
Los derechos humanos de esos delincuentes fueron respetados por el sistema. Los derechos humanos de las víctimas de la dictadura se consideran revanchismo. También quedan impunes las coimas, las falsas inversiones y las triangulaciones. Es que los negociados en el poder eran parte del modelo económico impuesto.
Impuesto el modelo económico se vendieron empresas públicas, soberanía y libertad. Hoy la Economía no es mía, ni tuya o de aquel. En la globalización es de otros… En un mundo unipolar, todos estornudamos con el dólar y Wall Street. El territorio nacional se extranjeriza. Las vaquitas son ajenas y la tierra también.
La Salud está enferma: enriquece a las clínicas médicas y a los laboratorios. La Enseñanza no enseña: la pública baja su nivel y la privada genera lucro. La Seguridad Social es insegura: la cuenta propia mató a la solidaridad social. El desempleo es bajo, pero la familia necesita el doble empleo para vivir. Nos impusieron impuestos: al valor agregado, la renta, la compra o la venta.
Los que no pagan impuestos y no se adaptan al sistema son marginalizados. La marginalidad, en la crónica policial de la TV, creo la sensación de inseguridad. La minoridad fue criminalizada. Ser joven es delito y ser estudiante subversión. Quieren que a los 16 años sean imputables… Los robos lo harán niños de 12 años.
Quieren que sean mano de obra barata, capacitados para ser un engranaje más. Dejaron que llegaran las drogas baratas, para crear más marginalidad y más miedo. La clase media pide seguridad y suben los presupuestos en tecnología de represión. La gente está libre tras las rejas de sus casas, vigiladas por cámaras de seguridad.
La condición social ya ni se mide por lo que se es o se tiene, sino por la intensidad de compra. La “lógica del consumismo” marca la capacidad de gasto y la posibilidad de crédito. Quien no usa tarjeta es sospechoso y quien se endeuda es confiable. Los ricos son más ricos aunque los pobres sean menos pobres. La brecha crece.
El poderoso puede desde el poder y el desposeído solo puede pedir para poder poder. Los ricos se frustran en sueños de consumismo y los pobres siguen con-su-mismo sueño frustrado. El neoliberalismo, la globalización y el individualismo, dirán, es el modelo sistémico. Sí, pero ese modelo necesitaba esta transición para imponerse.
Terminar con la cultura de la impunidad implica un cambio cultural de la sociedad. Implica saber lo que pasó en la dictadura, se necesita verdad, memoria y justicia. Porque sólo con verdad, memoria y justicia, se comprende lo que pasó y lo que pasa.
Terminar con la cultura de la impunidad implica eliminar toda norma que la ampare. Porque esas normas, leyes o reglamentos son las que institucionalizan la impunidad. Es el colmo que aquí tengan que pedir permiso para protestar o presentar una carta.
Terminar con la cultura de la impunidad implica cerrar el proceso de transición. Una transición que se ha extendido por demasiado tiempo. Porque solo con verdad, memoria, justicia y sin normas impunes termina la transición.
Terminar con la cultura de la impunidad implica que haya políticas de Estado en derechos humanos. Apoyo a los legisladores que proponen enviar nuestros compromisos a la Unasur. Porque involucra a todos avanzar en derechos humanos.
Terminar con la cultura de la impunidad implica a la voluntad política del Estado. Porque no es un tema que soluciona el gobierno de turno. Porque es el mismo Estado el que aplica el terrorismo de Estado ayer, hoy o mañana.
Terminar con la cultura de la impunidad implica a que los jueces puedan juzgar. Hay que capacitar a los jueces en derecho penal internacional para que lo apliquen. Porque la verdad exige justicia, porque no hay justicia sin verdad, ni verdad sin justicia.
Terminar con la cultura de la impunidad implica responder la pregunta ¿Dónde están? Porque ese es el reclamo que se viene haciendo desde hace cuarenta años. Porque esa es la respuesta que desde hace cuarenta años no se da…
Terminar con la cultura de la impunidad implica defender los derechos humanos que hoy se violan. Porque eso pasa hoy en cárceles, centros de menores o psiquiátricos de cada país. Como hubo desaparición, tortura y muerte, esta violación parece normal.
Terminar con la cultura de la impunidad implica a los derechos civiles y culturales. Derechos cotidianos que amparan en el acceso a la salud, la educación, la vivienda o el trabajo. Porque en definitiva el tema sigue siendo la redistribución de la riqueza.
Terminar con la cultura de la impunidad implica a la unión de las ONGs en cada país. Tenemos que unir lo unible a nivel nacional e internacional para actuar en conjunto. Porque somos las organizaciones sociales las que marcamos la voluntad del Estado.
Terminar con la cultura de la impunidad implica indignarse como dice Stephanie Hessel. Son lecciones que nos dan los indignados de España y los estudiantes de Chile. Porque es necesaria la indignación, pacífica y reflexiva para decir “basta”.
Terminar con la cultura de la impunidad implica crear una cultura de los derechos humanos. Una cultura que ya fue articulada por la ONU en 1948, pero que todavía no se cumple. Una cultura que nos permita renovar un contrato social de convivencia en paz.
Mario Benedetti, en su texto “Variaciones sobre el olvido”, del libro “Perplejidades de fin de Siglo” (1987), escribió un concepto que la Fundación Mario Benedetti, que represento, incluyó al hacer un informe a la justicia sobre una investigación de campo en que se pudieron aportar nuevos datos a una causa de 19 muertos por tortura que hoy se está juzgando en Uruguay.
Mario escribió: “No es el olvido lo que puede salvar a una comunidad del rencor y la venganza. Sólo el ejercicio de la justicia permite que la comunidad recupere su equilibrio. La fidelidad, la lealtad, la justicia son actitudes que adquieren valor en su conexión con el pasado. Nadie pretende ser fiel a un futuro, leal a un juramento que todavía no ha hecho. Al prójimo ecuánime y entrañable, que también los hay, no le seduce la retórica del olvido sino las cuentas claras, esas que conservan enemistades. No ignora que tras esa mímica de generosidad, tras ese despilfarro de perdones, tras ese simulacro de justicia, el pasado de veras sigue intacto: con sus principios y sus riesgos, sus frustraciones y sus laureles, sus violetas y sus pavos reales, sus almas en pena y sus almas en gloria. Ocurre que el pasado es siempre una morada y no hay olvido capaz de demolerla.”
Roger Rodríguez - (Fundación Mario Benedetti)
3° Encuentro Latinoamericano por Memoria, Verdad y Justicia - Santiago de Chile – 10 de setiembre de 2011
Reconocimiento a la Dra Mariana Mota, defensa de la llama republicana
Rendiremos público reconocimiento a quien retomó y proyectó la mejor historia uruguaya de independencia republicana de Poderes y de compromiso lúcido y tenaz en la tutela de DD.HH. fundamentales.
Publicitaremos crítica y rechazo a la medida y reclamaremos defensa del proceso institucional para superar la impunidad de torturadores y homicidas terrorista de Estado.
Además de haber coronado la instrucción, procesamiento y condena por 30 años del dictador Dn Juan María Bordaberry, esta Juez encaró investigación y en casos inició procesamientos a varios jefes militares responsables por hechos que la humanidad - y la respectiva institucionalidad internacional y jurisprudencia obligatoria - considera imprescriptible, imperdonable y de necesario castigo universal. Entre los cuales, los cabezas del OCOA Jorge Pajarito Silveira y Jose Nino Gavazzo, quienes fueron citados a declarar en el caso que se abrió en noviembre 2011 por mis denuncia de torturas sistemáticas en cinco episodios de represión como periodista. La defensa del primero interpuso todas las chicanas de dilatoria y cuestionamientos legales de que tuvieron antojo, lo que fue enfrentado por una sentencia interlocutoria de la magistrada, de trascendencia general por sus profusos fundamentos, y a la que le dimos difusión inmediata por diversas redes en diciembre, además de un lucida evaluación del colega Roger Rodríguez en Caras y Caretas. De Gavazzo se evitó entonces la comparecencia aludiendo su internación en el Hospital Militar.
Quedaron pendientes de interrogación y probable encausamiento varios otros ex jefes militares torturadores, documentadamente denunciados también por una decena de testigos en esta misma acción judicial. No solo por las dilatorias ya interpuestas. Ahora por este sorpresivo e inexplicado traslado ejecutado en semana de carnaval.
Su reemplazante, (aun no conocido/a al redactar estas líneas) podría ser igual o más de competente y responsable, pero con las recargas habituales de la instrucción penal y limitados recursos, tendrá que leer miles de folios de las causas entorpecidas y reemprender algunas de las actuaciones pendientes y/o agregar otras. Un típico caso de tirar la pelota hacia adelante, o definitivamente fuera. Porque además se teme que la SCJ pueda agregar otras resoluciones pendientes, en esas acciones de los defensores de los torturadores, que modifiquen negativamente algunos avances de ese mismo supremo cuerpo judicial sentando una jurisprudencia que había resultado parcialmente propicia a las indagatorias y pasos de las causas desde ahora gravemente entorpecidas.
Sin olvidar nuestro reconocimiento de que esta magistrada encabezó en setiembre y noviembre las acciones del primer reconocimiento criminal del principal centro militar de torturas sistemáticas, Galpón Nº 4 del SMA, contra un medio millar de mujeres y hombres durante 1975-1977. La Dra. Mariana Mota encaró in situ y a la postre hizo retroceder un desacato de hecho del Ministro de Defensa Nacional que pretendió impedir la pericia fotográfica de la policía técnica de rigor en estos casos de inspección.
Salud!
Dra Mariana Mota, que sin conocerlo siquiera - a raíz de la larga noche dictatorial - ha proyectado páginas maravillosas de similar entrega y valentía de Jueces de Instrucción Criminal de la pre-dictadura, como Des. Hector Amilivia, Gervasio Guillot y Antonio Grille; de Ministros de SCJ como Alberto Sánchez Rogé y Edenes Alberto Mallo, que inspiraron las posturas de la SCJ en defensa de la independencia del Poder, enfrentaron el desborde autoritario sistemático, las deformaciones de información pública y los reiterados desacatos, iniciando en 1973el juicio político al presidente Jorge Pacheco Areco, el trámite del cual ingresó al Parlamento una semana antes de que este fuera clausurado por Bordaberry y los tanques a su servicio . En la defensa de ese Poder Judicial y de la democracia, se alinearon entonces la Asociación de Magistrados Judiciales, el Colegio de Abogados, las Cátedras universitarias y el propio Consejo Directivo de UdelaR.
Algo de todo lo cual está reflejado en el cuerpo testimonial y documental de la acción judicial que emprendí con apoyo reiterado de la Asociación de la Prensa Uruguaya y que esta magistrada tomó en profundidad y responsabilidad acompañada por la Fiscal de Crimen Ana María Tellechea.
Desde este miércoles de cenizas, ¿podrían además renacer algunas chispas de este fuego republicano que se pretende abortar? Estaremos alentándolo en nuestro homenaje a una Juez que ya nutrió la mejor historia.
Rodolfo Porley Corbo. Uruguay Entero. 13/02/2013
Opina Ariel Castro, nieto del Maestro Julio Castro
¿Cuál es el problema con Mariana Mota?
Ariel Castro
Ayer me enteré de la novedad del cambio del destino de la jueza Mariana Mota. Me indigne, como mucha gente, sobre todo quienes por una u otra razón hemos estado vinculados a los juicios por violaciones de los derechos humanos en la dictadura. Y luego, viendo algún informativo de TV, donde se trató el tema me puse a reflexionar sobre las causas últimas del traslado. En particular viendo los comentarios relacionados con el caso más mediático que involucró en las últimas semanas a Mota, el del avión de Air Class.
Era interesante ver tanto en las preguntas o comentarios de los periodistas como en las declaraciones de algunos involucrados, en particular el buzo y rescatista Bado, una gran incomprensión ante la decisión. No podían entender como ante un caso de gran complejidad se trasladaba a la jueza responsable cuando ésta había demostrado gran profesionalidad para encararlo, además de una gran resistencia a las presiones. ¿A que me refiero con profesionalidad? A investigar, a no tragarse explicaciones superficiales, a buscar asesoramientos donde los hubiera (recordemos las cosas que dijo el ministro de Defensa Nacional del Sr. Bado), a no hacer la venia y a no dar por resuelto algo que no estaba resuelto, a citar y eventualmente procesar a quien sea si es lo correcto. Obviamente ante una gestión con esas características, los involucrados (el buzo, las familias, incluso los periodistas) sienten que quien representa a la justicia les da las garantías de que se harán todos los esfuerzos para aclarar la tragedia. Que es lo que todos buscamos de la justicia cuando una tragedia nos lleva frente a ella. No tengo la más mínima idea de las opiniones políticas del Sr. Bado o de las familias de los pilotos desaparecidos, ni me interesan. Los entiendo y creo que sentiría lo mismo si el caso de mi abuelo, el maestro Julio Castro, hubiera estado radicado en el juzgado de la Dra. Mota y ella hubiera sido trasladada. Porque una jueza de sus características nos da la confianza de saber que se harán todos los esfuerzos para aclarar el caso, no importa las presiones, no importa la enjundia de los posibles culpables. Esa es la misma confianza que nos dio a todos los ciudadanos respetuosos de la ley la misma jueza cuando puso en evidencia las tramoyas en el aeropuerto de Carrasco.
Entonces, ¿cuál es el problema con la jueza Mota? ¿Es una jueza mediática o lo que ocurre es que es una jueza que va a fondo y por tanto genera reacciones? Para mí eso es lo que molesta, que es una jueza que no respeta ciertos sobreentendidos de la justicia de nuestro país. Hasta el caso del juicio por la desaparición de mi abuelo, mi contacto con la justicia, en particular la penal, era nulo. Pero esa experiencia y el ejercicio de mirar lo que pasaba a mi alrededor, además del de tramitar en busca de expedientes por distintos juzgados y oficinas me mostró muchas cosas. Me mostró una justicia donde los apellidos pesan, donde el grado en la Facultad es más trascendente que el peso de los alegatos, donde el tamaño de la oficina y la cercanía con los juzgados de la calle Misiones es relevante, donde no importa pasar de un lado al otro del mostrador, donde todo se puede arreglar tomando un café. Un mundo de iniciados, de colegas, de opiniones hegemónicas en medios “serios”, de acceso privilegiado (con una amplia gama de voceros voluntarios) al poder político.
Y a ese sistema una jueza como la Dra. Mota molesta. Por eso su traslado es una pésima noticia tanto para los afectados por el caso de Air Class como para los vinculados a los juicios por violaciones de DDHH que se tramitaban en su juzgado, como para cualquier otro caso. Porque la Dra. Mota no es una obsesiva vengadora, o una terca indagadora que no entiende los problemas técnicos que nuestro ministro de Defensa con sus escasas calificaciones si, o una enemiga de los uniformados o los aduaneros. Mariana Mota es simplemente una buena jueza que hace seriamente el trabajo por el que todos le pagamos el sueldo. Y que si procesa a alguien lo hace por los crímenes cometidos y no por la ropa que lleva.
Ayer no fue un mal día para los DDHH, fue también un mal día para la justicia uruguaya.
Enviado por Nestor Durante
Trasladan a la jueza Mota: desconocen quien asumirá juicios a torturadores
La Suprema Corte de Justicia comunicó a la jueza Mariana Mota su traslado a un juzgado civil, con lo cual las numerosas causas que venía instruyendo la magistrada para las que había pedido el procesamiento de varios militares asociados a violaciones de los Derechos Humanos, quedarán en distintas manos.
Miércoles 13 de febrero de 2013 | 14:37
Jueza Mariana MotaLa jueza reconoció que en la mañana del miércoles le fue notificado el traslado, desconociendo las causas que llevaron a la medida. “Nunca en mis 20 años de trabajo me dijeron las causas del porqué me trasladaban; las conclusiones se las dejo a quienes las quieren tomar, yo no voy a hablar de eso”, dijo la magistrada al diario El País.
Reconoció no obstante que “lamentablemente” había sido trasladada a la Justicia Civil. En cuanto a las causas en que estaba trabajando, señaló: “En mi lugar queda un buen juez, de todos modos”.
Fuentes judiciales confirmaron la especie pero apuntaron que se trata de un traslado en el marco de otros cambios, y que en absoluto el cambio de lugar significa demérito alguno en la carrera de la profesional.
Con militares y sus afines siempre en contra
La jueza Mota habia sido recusada por algunos de los militares retirados acusados de violaciones a los Derechos Humanos, en tanto participó de la Marcha del Silencio de mayo de 2011, la misma que cada año se efectúa en reclamo de saber lo que ocurrió realmente con los detenidos desaparecidos.Los militares del proceso no lograron su cometido y la Suprema Corte de Justicia entendió que no había cometido falta por su presencia en la manifestación.
Posteriormente Mota tuvo serias discrepancias con el ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, por la desaparición de un avión de transporte que cayó al Río de la Plata presumiblemente en cercanías de Isla de Flores, y cuyo destino es uno de los misterios más actuales que alberga el estuario.
Pero el misterio también alcanzó la costa cuando la jueza Mota, desde el Juzgado Penal de 7º Turno cursó oficio al Ministerio de Defensa para que se reanudara la búsqueda de la aeronave –habían pasado cuatro meses del siniestro- pidiendo también que se sumaran los servicios del buzo Héctor Bado a la búsqueda. Dos meses después el Ministerio seguía sin acatar la orden y nadie sabe aún hoy, que llevaba el avión.
Posteriormente la jueza encontró también resistencia en el Servicio de Material y Armamento, cuando se buscaban restos del ex preso y desaparecido Rodolfo Porley. En esa oportunidad el abogado de Porley intentó sacar fotos del lugar del presunto enterramiento en un predio militar, pero le fue impedido por la oficialidad, invocando “órdenes directas” del ministro Fernández Huidobro.
Nacional | Mariana Mota | Exmagistrada penal
"Por ahora voy a seguir en el Poder Judicial"
P.M.
-¿Cómo tomó su traslado a una sede civil?
-La verdad es que me tomó por sorpresa, pero no estoy en condiciones anímicas de explicarlo. Yo no pedí el traslado.
-Más allá de que no pidió el traslado y que la tomó por sorpresa, ¿intuía que era algo que podía ocurrir?
-Prefiero no opinar.
-¿La Suprema Corte le explicó las razones del traslado?
-No. Me entero hoy de mañana (por ayer).
-¿Le hubiera gustado que se le diera una explicación?
-Es una forma de actuar de la Corte desde hace muchos años. Todos los traslados que he tenido en ningún caso se me dio el por qué. Yo puedo suponer que es una cosa o por otra, pero no lo sé.
-¿Lo ve como una sanción encubierta?
- No voy a decir eso.
-En los últimos tiempos usted se vio implicada en algunos episodios que generaron gran polémica. ¿Relaciona el traslado con esos hechos?
-Lo mismo de antes: prefiero no opinar porque no estoy en condiciones de hacerlo y puedo llegar a decir cosas que son inapropiadas.
-¿Cree que existió algún tipo de presión desde ámbitos militares para que usted fuera trasladada?
-Esa no es una pregunta para mí, porque no puedo decir cosas que no puedo probar. Aunque puedo pensarlo y nadie me prohíbe pensar, por ahora. Pero no voy a decir nada.
-¿A raíz de esta decisión de la Corte evalúa renunciar a la magistratura?
-(Piensa) Por ahora voy a seguir en el Poder Judicial, porque no tengo dinero como para vivir de rentas.
-¿Tiene algún tipo de mecanismo legal para recurrir el traslado?
-Voy a ver qué hago.
-¿Estaba próximo a resolver en algún expediente sobre derechos humanos?
-No porque están todos paralizados gracias a los recursos de inconstitucionalidad que presentaron las defensas (contra la ley aprobada en 2011 que dejó sin efecto la prescripción de los delitos). En realidad se estaba trabajando con otros casos.
-¿Cuántos expedientes por hechos ocurridos durante la dictadura tenía a su cargo?
-En total, tenía a mi cargo unos 50 casos de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura.
-Usted también tiene a su cargo la investigación por el accidente del avión de Air Class, del que hace pocos días fue hallada su puerta y donde ahora volvería a contar con la colaboración del buzo Héctor Bado. ¿Esperaba lograr avances en esa indagatoria en el corto plazo?
-Ese expediente siempre ha tenido avances y su curso. Lo único que estuvo paralizado fue la búsqueda de los restos del avión, a pesar de lo cual se siguió diligenciando otro tipo de pruebas.
-¿Cómo tomó su traslado a una sede civil?
-La verdad es que me tomó por sorpresa, pero no estoy en condiciones anímicas de explicarlo. Yo no pedí el traslado.
-Más allá de que no pidió el traslado y que la tomó por sorpresa, ¿intuía que era algo que podía ocurrir?
-Prefiero no opinar.
-¿La Suprema Corte le explicó las razones del traslado?
-No. Me entero hoy de mañana (por ayer).
-¿Le hubiera gustado que se le diera una explicación?
-Es una forma de actuar de la Corte desde hace muchos años. Todos los traslados que he tenido en ningún caso se me dio el por qué. Yo puedo suponer que es una cosa o por otra, pero no lo sé.
-¿Lo ve como una sanción encubierta?
- No voy a decir eso.
-En los últimos tiempos usted se vio implicada en algunos episodios que generaron gran polémica. ¿Relaciona el traslado con esos hechos?
-Lo mismo de antes: prefiero no opinar porque no estoy en condiciones de hacerlo y puedo llegar a decir cosas que son inapropiadas.
-¿Cree que existió algún tipo de presión desde ámbitos militares para que usted fuera trasladada?
-Esa no es una pregunta para mí, porque no puedo decir cosas que no puedo probar. Aunque puedo pensarlo y nadie me prohíbe pensar, por ahora. Pero no voy a decir nada.
-¿A raíz de esta decisión de la Corte evalúa renunciar a la magistratura?
-(Piensa) Por ahora voy a seguir en el Poder Judicial, porque no tengo dinero como para vivir de rentas.
-¿Tiene algún tipo de mecanismo legal para recurrir el traslado?
-Voy a ver qué hago.
-¿Estaba próximo a resolver en algún expediente sobre derechos humanos?
-No porque están todos paralizados gracias a los recursos de inconstitucionalidad que presentaron las defensas (contra la ley aprobada en 2011 que dejó sin efecto la prescripción de los delitos). En realidad se estaba trabajando con otros casos.
-¿Cuántos expedientes por hechos ocurridos durante la dictadura tenía a su cargo?
-En total, tenía a mi cargo unos 50 casos de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura.
-Usted también tiene a su cargo la investigación por el accidente del avión de Air Class, del que hace pocos días fue hallada su puerta y donde ahora volvería a contar con la colaboración del buzo Héctor Bado. ¿Esperaba lograr avances en esa indagatoria en el corto plazo?
-Ese expediente siempre ha tenido avances y su curso. Lo único que estuvo paralizado fue la búsqueda de los restos del avión, a pesar de lo cual se siguió diligenciando otro tipo de pruebas.
El País Digital
Nueva jueza para 50 casos de DD.HH.
Mariana Mota. La Corte la trasladó a una sede civil y en su lugar nombró a Beatriz Larrieu
PABLO MELENDREZ
Desde mañana, Mariana Mota ya no será más jueza penal y pasará a desempeñarse en una sede civil. La magistrada, que tenía a su cargo unos 50 expedientes por violaciones a los derechos humanos, dijo que evaluará si recurre el traslado.
Sorpresivamente, la Suprema Corte de Justicia (SCJ) ordenó el traslado de Mota, quien tiene 21 años de trayectoria como magistrada y estaba al frente del juzgado penal de 7° turno desde marzo de 2009.
Mota jurará mañana ante los ministros de la SCJ como nueva jueza civil. Su lugar será ocupado por su colega Beatriz Larrieu, quien hasta ahora se desempeñaba como jueza suplente en Montevideo.
La jueza, al ser consultada ayer por El País, dijo que el traslado la tomó "por sorpresa" y señaló que la Corporación no le brindó los argumentos de la decisión. Mota también señaló que "por ahora" seguirá trabajando en el Poder Judicial, al tiempo que evaluará si existen mecanismos legales para recurrir administrativamente el traslado (ver entrevista).
El ministro de la SCJ, Jorge Chediak, dijo a El País que el traslado de Mota se inscribe en una "numerosísima" cantidad de movimientos de magistrados a raíz de la existencia de varias vacantes y la creación de nuevas sedes.
Chediak aseguró que el de Mota es un "movimiento de estilo", y aseguró que a pesar de ser un traslado horizontal, históricamente el pasaje de la materia penal a la civil ha sido considerado como un "ascenso".
El ministro de la Corporación dijo que no se tuvieron en cuenta los episodios polémicos que ocurrieron en torno a Mota en el último tiempo ni los casos que tenía en su sede. "Si fuera por la exposición pública de los magistrados casi no habría posibilidad de mover a los jueces de la materia penal", señaló Chediak.
El juzgado que tenía a su cargo Mota tramita unas 50 denuncias por casos de violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura (1973-1985). Esa cifra es casi la mitad del total de expedientes sobre esa temática.
La labor de Mota en relación a los casos de violaciones a los derechos humanos es destacada por los familiares de las víctimas y las organizaciones sociales, al tiempo que ha sido duramente cuestionada por los centros sociales militares y los abogados de los oficiales que están siendo investigados.
Mota es una de las pocas magistradas que utiliza la legislación internacional en materia de derechos humanos, aplicando figuras como el homicidio político y la desaparición forzada, las cuales generan resistencias incluso en la SCJ.
La jueza, en una histórica sentencia que dictó en febrero de 2010, condenó a 45 años de prisión al expresidente Juan María Bordaberry (fallecido en julio de 2011) por el delito de atentado a la Constitución y 11 crímenes de lesa humanidad (9 desapariciones y 2 homicidios).
POLÉMICA.
Desde 2011 Mota ha sido objeto de varias polémicas públicas. Primero, fue duramente cuestionada por el expresidente Jorge Batlle y el exvicepresidente Gonzalo Aguirre por expresiones que formuló en una sentencia contra el principio jurídico por el cual ningún indagado está obligado a autoincriminarse.
Luego, fue criticada por los abogados de los militares que ella indagaba y por las instituciones sociales castrenses cuando se conoció que el 20 de mayo de 2011 asistió a la "Marcha del Silencio", en la cual familiares y organizaciones sociales reclaman justicia por los desaparecidos.
En marzo de 2012, en una entrevista con el diario argentino Página 12, Mota cuestionó al gobierno uruguayo porque, dijo, no promueve el esclarecimiento de los casos de violaciones a los derechos humanos.
CRÍTICAS.
La Secretaría de Derechos Humanos del Pit-Cnt criticó el traslado de Mota y reclamó que la SCJ explique los fundamentos de su decisión.
Para la central obrera, "es incomprensible que se tome una decisión como esta que redundará en acentuar la impunidad fáctica que se ha instalado en el Uruguay", se indicó en un comunicado de prensa.
A criterio de la Secretaría de Derechos Humanos del Pit-Cnt, el traslado de la jueza Mota es una muestra más de que la SCJ toma "represalias contra quienes intentando hacer justicia con idoneidad y competencia, desafían los mandatos y las presiones desde las esferas del poder".
Por su parte, el abogado Oscar López Goldaracena, denunciante en varios casos de derechos humanos, dijo a El País que "cualquier observador puede presumir que este cambio es para que la doctora Mota no siga interviniendo en las causas de derechos humanos".
Mota "demostró una profesionalidad en la instrucción de las causas, sensibilidad con las víctimas y una idea jurídica de lo más avanzada en la doctrina y las leyes de derechos humanos", resaltó el abogado.
En tanto, Ignacio Errandonea, miembro de la asociación de Familiares de Desaparecidos, dijo a El País que es "preocupante" el traslado de Mota porque "realmente estaba cumpliendo con su función, que es una obligación de todos los jueces que tienen que hacer que se cumpla la ley y finalmente se haga justicia".
Desde mañana, Mariana Mota ya no será más jueza penal y pasará a desempeñarse en una sede civil. La magistrada, que tenía a su cargo unos 50 expedientes por violaciones a los derechos humanos, dijo que evaluará si recurre el traslado.
Sorpresivamente, la Suprema Corte de Justicia (SCJ) ordenó el traslado de Mota, quien tiene 21 años de trayectoria como magistrada y estaba al frente del juzgado penal de 7° turno desde marzo de 2009.
Mota jurará mañana ante los ministros de la SCJ como nueva jueza civil. Su lugar será ocupado por su colega Beatriz Larrieu, quien hasta ahora se desempeñaba como jueza suplente en Montevideo.
La jueza, al ser consultada ayer por El País, dijo que el traslado la tomó "por sorpresa" y señaló que la Corporación no le brindó los argumentos de la decisión. Mota también señaló que "por ahora" seguirá trabajando en el Poder Judicial, al tiempo que evaluará si existen mecanismos legales para recurrir administrativamente el traslado (ver entrevista).
El ministro de la SCJ, Jorge Chediak, dijo a El País que el traslado de Mota se inscribe en una "numerosísima" cantidad de movimientos de magistrados a raíz de la existencia de varias vacantes y la creación de nuevas sedes.
Chediak aseguró que el de Mota es un "movimiento de estilo", y aseguró que a pesar de ser un traslado horizontal, históricamente el pasaje de la materia penal a la civil ha sido considerado como un "ascenso".
El ministro de la Corporación dijo que no se tuvieron en cuenta los episodios polémicos que ocurrieron en torno a Mota en el último tiempo ni los casos que tenía en su sede. "Si fuera por la exposición pública de los magistrados casi no habría posibilidad de mover a los jueces de la materia penal", señaló Chediak.
El juzgado que tenía a su cargo Mota tramita unas 50 denuncias por casos de violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura (1973-1985). Esa cifra es casi la mitad del total de expedientes sobre esa temática.
La labor de Mota en relación a los casos de violaciones a los derechos humanos es destacada por los familiares de las víctimas y las organizaciones sociales, al tiempo que ha sido duramente cuestionada por los centros sociales militares y los abogados de los oficiales que están siendo investigados.
Mota es una de las pocas magistradas que utiliza la legislación internacional en materia de derechos humanos, aplicando figuras como el homicidio político y la desaparición forzada, las cuales generan resistencias incluso en la SCJ.
La jueza, en una histórica sentencia que dictó en febrero de 2010, condenó a 45 años de prisión al expresidente Juan María Bordaberry (fallecido en julio de 2011) por el delito de atentado a la Constitución y 11 crímenes de lesa humanidad (9 desapariciones y 2 homicidios).
POLÉMICA.
Desde 2011 Mota ha sido objeto de varias polémicas públicas. Primero, fue duramente cuestionada por el expresidente Jorge Batlle y el exvicepresidente Gonzalo Aguirre por expresiones que formuló en una sentencia contra el principio jurídico por el cual ningún indagado está obligado a autoincriminarse.
Luego, fue criticada por los abogados de los militares que ella indagaba y por las instituciones sociales castrenses cuando se conoció que el 20 de mayo de 2011 asistió a la "Marcha del Silencio", en la cual familiares y organizaciones sociales reclaman justicia por los desaparecidos.
En marzo de 2012, en una entrevista con el diario argentino Página 12, Mota cuestionó al gobierno uruguayo porque, dijo, no promueve el esclarecimiento de los casos de violaciones a los derechos humanos.
CRÍTICAS.
La Secretaría de Derechos Humanos del Pit-Cnt criticó el traslado de Mota y reclamó que la SCJ explique los fundamentos de su decisión.
Para la central obrera, "es incomprensible que se tome una decisión como esta que redundará en acentuar la impunidad fáctica que se ha instalado en el Uruguay", se indicó en un comunicado de prensa.
A criterio de la Secretaría de Derechos Humanos del Pit-Cnt, el traslado de la jueza Mota es una muestra más de que la SCJ toma "represalias contra quienes intentando hacer justicia con idoneidad y competencia, desafían los mandatos y las presiones desde las esferas del poder".
Por su parte, el abogado Oscar López Goldaracena, denunciante en varios casos de derechos humanos, dijo a El País que "cualquier observador puede presumir que este cambio es para que la doctora Mota no siga interviniendo en las causas de derechos humanos".
Mota "demostró una profesionalidad en la instrucción de las causas, sensibilidad con las víctimas y una idea jurídica de lo más avanzada en la doctrina y las leyes de derechos humanos", resaltó el abogado.
En tanto, Ignacio Errandonea, miembro de la asociación de Familiares de Desaparecidos, dijo a El País que es "preocupante" el traslado de Mota porque "realmente estaba cumpliendo con su función, que es una obligación de todos los jueces que tienen que hacer que se cumpla la ley y finalmente se haga justicia".
LA JUEZA MOTA Y SUS POLÉMICAS
1.FALLO EN EL CASO DE CALCAGNO
En marzo de 2011, la jueza Mariana Mota fue duramente cuestionada por el expresidente colorado Jorge Batlle y el exvicepresidente nacionalista Gonzalo Aguirre, por parte del contenido de una resolución en la que mantuvo el procesamiento del coronel (r) Carlos Calcagno por su responsabilidad en la desaparición de dos uruguayos en Paraguay. En un pasaje del fallo, la jueza cuestionó el principio jurídico de que nadie está obligado a autoincriminarse en el marco de una indagatoria penal. Mota sostuvo que ese principio es "obsoleto y profundamente injusto" y "está hoy claramente derogado por la regla moral que preside el debate judicial". Mota, a su vez, cuestionó a Batlle y Aguirre por criticarla sin haber leído el fallo entero sino solamente los fragmentos que se publicaron en la prensa.2.LA MARCHA DEL SILENCIO 2011
Mota asistió a la tradicional "Marcha del Silencio" en 2011. La movilización, convocada por familiares de desaparecidos y organizaciones sociales, se realiza todos los 20 de mayo desde 1996 en reclamo de esclarecer los casos de desapariciones forzadas durante la dictadura. La presencia de Mota en la marcha fue divulgada semanas después del evento por el semanario Búsqueda. La asistencia de la magistrada a la marcha hizo que la defensa de varios militares que estaban siendo indagados por ella la recusaran, al entender que no es imparcial. La Suprema Corte de Justicia abrió una investigación administrativa contra Mota por este hecho, la cual se archivó sin consecuencias para la jueza. La Corporación concluyó que no fue a la "Marcha del Silencio" en "el ejercicio de su función judicial" sino que lo hizo como una ciudadana más.3.LA ENTREVISTA EN PÁGINA 12
En marzo de 2012, Mota cuestionó la política de derechos humanos del gobierno, en una entrevista que concedió al diario argentino Página 12. Dijo que "no hay una promoción de los derechos humanos" para esclarecer los casos aún a estudio. Agregó que la posición uruguaya "es bien diferente a la del gobierno argentino", ya que el presidente José Mujica y el ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro "fueron rehenes de la dictadura" y por eso no son objetivos.
El País Digital
Nacional - TRASLADO
Jueza Mota: "No tengo ningún sumario abierto"
La magistrada fue transferida a la Justicia Civil, aseguró estar "sorprendida" por la decisión de la Suprema Corte
+ - 13.02.2013, 22:02 hs
- ACTUALIZADO 22:12
Texto: El Observador
En cuanto a la decisión, aseguró que no la esperaba y que se siente "sorprendida". Dijo que no sabe si el hecho de su roce con el ministro de Defensa, Eleuterior Fernández Huidobro, influyó en la decisión.
"Eso hay que preguntárselo a la Corte, yo no hago la decisión del traslado. Yo no estoy para sacar esas conclusiones", sentenció.
De todos modos, cree que esto no afectará al caso del avión de Air Class que se hundió en las aguas del Río de la Plata.
"Supongo que no. (El nuevo juez) Tendrá que hacerse cargo del asunto, estudiarlo y seguir adelante", estimó.
Mota, que en principio va a asumir su cargo como jueza civil, aseguró estar "al tanto" de la puerta del avión que fue hallada recientemente.
"Es una pieza importante. Que sea clave lo va a decir la investigación que se sigue adelante. Es parte de lo que se pretendía: continuar sacando partes del avión para poder periciarlo y poder llegar a una determinación de cuál fue la causa del accidente", dijo.
Escrito y publicado el viernes, 3 de junio de 2011
CONSERVA TODA SU ACTUALIDAD (por desgracia)
LA COMPRENSIBLE INDIGNACIÓN
por José Luis Perera
En
muy pocos días, diversos hechos que tienen que ver con los derechos
humanos, han desatado la indignación de muchos frenteamplistas, los que
se sienten además desconcertados y atónitos. Y no es para menos. Los
comprendemos, porque también nosotros nos hemos sentido indignados. En
primer lugar -y el hecho más notorio- el proceso que culminó en el
naufragio del proyecto interpretativo que anulaba los efectos de la ley
de impunidad. No vamos a entrar en detalles que todos ya conocemos sobre
ese proceso. Pero sí vamos a señalar que de ninguna manera podemos
compartir que se acuse a la estructura orgánica del FA, y menos que
menos a los Comités de Base, de tamaño desaguisado.
QUE CULPA TIENE EL TOMATE
El proyecto interpretativo que anulaba los efectos de la ley de impunidad naufragó en la madrugada del viernes 20 de mayo, día de la marcha del silencio, y el sábado 21 algunos compañeros ya habían empezado la autocrítica, esa rara autocrítica que consiste en criticar a los demás, en encontrar las razones de los fracasos siempre en otros. No puede entenderse de ninguna manera, que se concluya en que “existe una contradicción entre la estructura del FA y la voluntad frentista”. Y menos aún, puede entenderse la afirmación de que la estructura en el FA ya "no representa al pueblo frenteamplista, ni los valores de las organizaciones sociales". Porque está claro que en esta lucha contra la ley de impunidad, no ha habido mayor coincidencia que entre las resoluciones de la estructura del FA y los valores de las organizaciones sociales, que no han hecho otra cosa que luchar contra la impunidad desde que la misma se instaló en este país.
Al parecer –de acuerdo al menos a lo que informa una nota de El País- se trata de “una movida para quitarle poder a las bases”. En caso de que fracase la negociación –dice la referida nota-, Asamblea Uruguay, el sector que lidera Astori, convocará a un "plebiscito interno" para que los frenteamplistas decidan qué hacer con las bases. Si eso es todo, si algunos sectores del FA entienden que los problemas del FA se deben al poder de las bases, y si creen que los problemas del FA se solucionan quitándoles poder a estas, entonces estamos en graves problemas, porque estaría demostrando una pobreza ideológica de magnitudes gigantescas, y una ceguera imperdonable.
Entre otras cosas, porque el proyecto interpretativo que terminaba con la impunidad, no fue elaborado por las bases, sino por los sectores políticos; fue aprobado en la Mesa Política Nacional (integrada por los mismos sectores que están en el Parlamento) y enviado a la Cámara de Diputados donde fue votado por los 50 diputados (ninguno de ellos de las bases, obviamente), se le hicieron modificaciones por parte de los sectores políticos en el Parlamento para que pudiera ser aprobado en el Senado, y allí fue votado por todos los senadores (ninguno es de las bases), con el único voto contrario de Saravia; las bases tienen en el Plenario Nacional apenas el 50% de los votos, y las resoluciones sobre la ley interpretativa siempre fueron tomadas por UNANIMIDAD, es decir, por las bases sí, pero también por todos los sectores; y finalmente, quienes echan a perder todo el proceso son el presidente y el vicepresidente, quienes van al Parlamento a pedir que no se vote. Pero resulta que parece que el problema es “el poder que tienen las bases”, y todo se soluciona quitándoles parte de ese poder. Una conclusión, además de injusta, disparatada.
EL ATAQUE A LA JUEZA MOTA
Según el diario El Observador, luego que el semanario Búsqueda informara que la jueza Mariana Mota estuvo en la Marcha del Silencio, organizada por familiares de desaparecidos el 20 de mayo, la Suprema Corte le pidió a la jueza que en 48 horas informe si estaba en el lugar y en ese caso qué hacía allí. Hasta donde sabemos, nuestra Constitución de la República en su artículo 77, numeral 4º establece: “Los magistrados judiciales… deberán abstenerse, bajo pena de destitución e inhabilitación de dos a diez años para ocupar cualquier empleo público, de formar parte de comisiones o clubes políticos, de suscribir manifiestos de partido, autorizar el uso de su nombre y, en general ejecutar cualquier otro acto público o privada de carácter político, salvo el voto”.
Es evidente que cualquier juez que concurra a una Marcha en defensa de los derechos humanos no está formando parte necesariamente de ninguna comisión o club político, ni está suscribiendo ningún manifiesto (de hecho la marcha del silencio ni siquiera cuenta con una parte oratoria, y menos un manifiesto, y menos aún partidario), ni está ejecutando ningún acto público de carácter político. Un juez que concurra a una marcha en defensa de los derechos humanos universales, está manifestando su adhesión a esos principios universales, que deben estar por encima (y lo están) de cualquier bandería política. Lo que debería suceder, y lo que enorgullecería a la gran mayoría de los uruguayos, y lo que incluso les llevaría tranquilidad y confianza en la Justicia, sería que todos los jueces de nuestro país participaran de una marcha en defensa de los derechos humanos, de la verdad y la justicia.
Además del precepto constitucional, está también la Ley Nº Ley 15.750 (Ley Orgánica de la Judicatura y de Organización de los Tribunales), la que establece en su Artículo 94 que los Jueces se abstendrán:
1º) De expresar y aun insinuar su juicio respecto de los asuntos que por ley son llamados a fallar, fuera de las oportunidades en que la ley procesal lo admite.
2º) De dar oído a cualquier alegación que las partes o terceras personas a nombre o por influencia de ellas, intenten hacerles en forma distinta de la establecida en las leyes.
Y en este caso, menos se puede aún decir que el participar en una marcha en defensa de los derechos humanos, de la verdad y la justicia, sea expresar su juicio respecto de los asuntos en los que el juez o la jueza están llamados a fallar. Porque en el juicio, el juez se manifestará en cuanto a la culpabilidad o no del acusado, pero es de suponer que no se manifestará en cuanto a la pertinencia o no de los derechos humanos universales protegidos, y que todos los jueces tendrán en cuenta esto último.
Mientras en la Argentina, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación dictaminó que un juez está “inhabilitado éticamente” para desempeñarse en el alto tribunal “por su acreditada participación en organismos de poder” durante la última dictadura militar, en nuestro país queremos inhabilitar a una jueza por su compromiso con los derechos humanos. Una condecoración más para mostrar en la ONU cuando asumamos la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos de ese organismo.
DELITOS COMUNES
Para completar este panorama, la Suprema Corte de Justicia (SCJ) ratificó por mayoría que las violaciones a los derechos humanos cometidas por la última dictadura militar son delitos comunes y no de lesa humanidad, por lo que prescribirán el 1 de noviembre próximo. Si, claro, eso es lo que dice la Corte. Que secuestrar a una persona en otro país con personal pago por el Estado, para luego traerla a nuestro país y someter a esa persona a las más terribles torturas en dependencias del Estado y por funcionarios del Estado, para luego asesinarla (puede ser por ejemplo castrándola y dejando que se desangre), y finalmente hacer desaparecer el cadáver, que un delito como ese, no tiene nada de diferente al robo de una gallina o a una rapiña. La única diferencia es que el ladrón de gallina y el rapiñero van a una cárcel común, a donde van todos los delincuentes, mientras que el secuestrador, torturador y asesino múltiple va a un lugar con todas las comodidades, especialmente acondicionado para él.
Es comprensible entonces la indignación, porque estas cosas que describimos no suceden –como algún distraído podría llegar a pensar- en Honduras, por ejemplo, que hoy día vive bajo una dictadura, o en algún país gobernado por la derecha más reaccionaria. No, estas cosas están pasando en un país considerado ejemplo de democracia en muchas partes del mundo. La confirmación de la impunidad y su profundización en tres actos, sucede en este querido Uruguay, en este país que pagó tan alto precio por la recuperación democrática, en este país que tuvo en su momento el record mundial de presos políticos en proporción a su población. Y bajo un gobierno de "izquierda". Es acá donde suceden estas cosas, en el país que ha sido elegido para presidir el máximo organismo de derechos humanos de las Naciones Unidas. Si. Por eso la gente se indigna.
QUE CULPA TIENE EL TOMATE
El proyecto interpretativo que anulaba los efectos de la ley de impunidad naufragó en la madrugada del viernes 20 de mayo, día de la marcha del silencio, y el sábado 21 algunos compañeros ya habían empezado la autocrítica, esa rara autocrítica que consiste en criticar a los demás, en encontrar las razones de los fracasos siempre en otros. No puede entenderse de ninguna manera, que se concluya en que “existe una contradicción entre la estructura del FA y la voluntad frentista”. Y menos aún, puede entenderse la afirmación de que la estructura en el FA ya "no representa al pueblo frenteamplista, ni los valores de las organizaciones sociales". Porque está claro que en esta lucha contra la ley de impunidad, no ha habido mayor coincidencia que entre las resoluciones de la estructura del FA y los valores de las organizaciones sociales, que no han hecho otra cosa que luchar contra la impunidad desde que la misma se instaló en este país.
Al parecer –de acuerdo al menos a lo que informa una nota de El País- se trata de “una movida para quitarle poder a las bases”. En caso de que fracase la negociación –dice la referida nota-, Asamblea Uruguay, el sector que lidera Astori, convocará a un "plebiscito interno" para que los frenteamplistas decidan qué hacer con las bases. Si eso es todo, si algunos sectores del FA entienden que los problemas del FA se deben al poder de las bases, y si creen que los problemas del FA se solucionan quitándoles poder a estas, entonces estamos en graves problemas, porque estaría demostrando una pobreza ideológica de magnitudes gigantescas, y una ceguera imperdonable.
Entre otras cosas, porque el proyecto interpretativo que terminaba con la impunidad, no fue elaborado por las bases, sino por los sectores políticos; fue aprobado en la Mesa Política Nacional (integrada por los mismos sectores que están en el Parlamento) y enviado a la Cámara de Diputados donde fue votado por los 50 diputados (ninguno de ellos de las bases, obviamente), se le hicieron modificaciones por parte de los sectores políticos en el Parlamento para que pudiera ser aprobado en el Senado, y allí fue votado por todos los senadores (ninguno es de las bases), con el único voto contrario de Saravia; las bases tienen en el Plenario Nacional apenas el 50% de los votos, y las resoluciones sobre la ley interpretativa siempre fueron tomadas por UNANIMIDAD, es decir, por las bases sí, pero también por todos los sectores; y finalmente, quienes echan a perder todo el proceso son el presidente y el vicepresidente, quienes van al Parlamento a pedir que no se vote. Pero resulta que parece que el problema es “el poder que tienen las bases”, y todo se soluciona quitándoles parte de ese poder. Una conclusión, además de injusta, disparatada.
EL ATAQUE A LA JUEZA MOTA
Según el diario El Observador, luego que el semanario Búsqueda informara que la jueza Mariana Mota estuvo en la Marcha del Silencio, organizada por familiares de desaparecidos el 20 de mayo, la Suprema Corte le pidió a la jueza que en 48 horas informe si estaba en el lugar y en ese caso qué hacía allí. Hasta donde sabemos, nuestra Constitución de la República en su artículo 77, numeral 4º establece: “Los magistrados judiciales… deberán abstenerse, bajo pena de destitución e inhabilitación de dos a diez años para ocupar cualquier empleo público, de formar parte de comisiones o clubes políticos, de suscribir manifiestos de partido, autorizar el uso de su nombre y, en general ejecutar cualquier otro acto público o privada de carácter político, salvo el voto”.
Es evidente que cualquier juez que concurra a una Marcha en defensa de los derechos humanos no está formando parte necesariamente de ninguna comisión o club político, ni está suscribiendo ningún manifiesto (de hecho la marcha del silencio ni siquiera cuenta con una parte oratoria, y menos un manifiesto, y menos aún partidario), ni está ejecutando ningún acto público de carácter político. Un juez que concurra a una marcha en defensa de los derechos humanos universales, está manifestando su adhesión a esos principios universales, que deben estar por encima (y lo están) de cualquier bandería política. Lo que debería suceder, y lo que enorgullecería a la gran mayoría de los uruguayos, y lo que incluso les llevaría tranquilidad y confianza en la Justicia, sería que todos los jueces de nuestro país participaran de una marcha en defensa de los derechos humanos, de la verdad y la justicia.
Además del precepto constitucional, está también la Ley Nº Ley 15.750 (Ley Orgánica de la Judicatura y de Organización de los Tribunales), la que establece en su Artículo 94 que los Jueces se abstendrán:
1º) De expresar y aun insinuar su juicio respecto de los asuntos que por ley son llamados a fallar, fuera de las oportunidades en que la ley procesal lo admite.
2º) De dar oído a cualquier alegación que las partes o terceras personas a nombre o por influencia de ellas, intenten hacerles en forma distinta de la establecida en las leyes.
Y en este caso, menos se puede aún decir que el participar en una marcha en defensa de los derechos humanos, de la verdad y la justicia, sea expresar su juicio respecto de los asuntos en los que el juez o la jueza están llamados a fallar. Porque en el juicio, el juez se manifestará en cuanto a la culpabilidad o no del acusado, pero es de suponer que no se manifestará en cuanto a la pertinencia o no de los derechos humanos universales protegidos, y que todos los jueces tendrán en cuenta esto último.
Mientras en la Argentina, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación dictaminó que un juez está “inhabilitado éticamente” para desempeñarse en el alto tribunal “por su acreditada participación en organismos de poder” durante la última dictadura militar, en nuestro país queremos inhabilitar a una jueza por su compromiso con los derechos humanos. Una condecoración más para mostrar en la ONU cuando asumamos la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos de ese organismo.
DELITOS COMUNES
Para completar este panorama, la Suprema Corte de Justicia (SCJ) ratificó por mayoría que las violaciones a los derechos humanos cometidas por la última dictadura militar son delitos comunes y no de lesa humanidad, por lo que prescribirán el 1 de noviembre próximo. Si, claro, eso es lo que dice la Corte. Que secuestrar a una persona en otro país con personal pago por el Estado, para luego traerla a nuestro país y someter a esa persona a las más terribles torturas en dependencias del Estado y por funcionarios del Estado, para luego asesinarla (puede ser por ejemplo castrándola y dejando que se desangre), y finalmente hacer desaparecer el cadáver, que un delito como ese, no tiene nada de diferente al robo de una gallina o a una rapiña. La única diferencia es que el ladrón de gallina y el rapiñero van a una cárcel común, a donde van todos los delincuentes, mientras que el secuestrador, torturador y asesino múltiple va a un lugar con todas las comodidades, especialmente acondicionado para él.
Es comprensible entonces la indignación, porque estas cosas que describimos no suceden –como algún distraído podría llegar a pensar- en Honduras, por ejemplo, que hoy día vive bajo una dictadura, o en algún país gobernado por la derecha más reaccionaria. No, estas cosas están pasando en un país considerado ejemplo de democracia en muchas partes del mundo. La confirmación de la impunidad y su profundización en tres actos, sucede en este querido Uruguay, en este país que pagó tan alto precio por la recuperación democrática, en este país que tuvo en su momento el record mundial de presos políticos en proporción a su población. Y bajo un gobierno de "izquierda". Es acá donde suceden estas cosas, en el país que ha sido elegido para presidir el máximo organismo de derechos humanos de las Naciones Unidas. Si. Por eso la gente se indigna.
Publicado por José Luis Perera en 16:10 No hay comentarios: Enlaces a esta entrada
Un Poder Judicial "saneado"....
La persecución a Mariana Motta, Mirtha Guiance y al Fiscal Viana son síntomas de lo fuerte y confiante que está la derecha y la fidelidad enternecedora y agradecida a sus fieles defensores de sus injustos privilegios. Se cagan de risa en el millón 100 mil votos para derogar la ley de impunidad y pone al descubierto en que país ( o feudo?) conservador y fascista vivimos. En DDHH somos la verguenza de América.Pero la culpa no la tiene el chancho sino el que le rasca el lomo;los dueños del país siguen haciendo lo mismo que han venido haciendo durante los últimos 2 siglos,lo lamentable es el desinterés,la desidia,el desentendimiento,la complicidad del pueblo que se auto condena a continuar en la pendiente de deterioro sin reaccionar y ponerse las pilas para modificar una realidad que lo vá a seguir asfixiando.La prioridad y la protección incondicional a los mafiosos órganos represivos,son un claro indicador para todo aquel que lo quiera ver del aliniamiento ideológico,económico y político de éste gobierno que responde al partido único,al sistema y al imperio. A mí me quedó claro a fines del 2005 en una reunión que relato en mi nota de homenaje al Potrillo.- Estoy intrigado X conocer el porcentaje de la masa fraudeamplista que se mantendrá fiel a los postulados primigenios y tendrá el coraje de reconocer que el Rey está desnudo.Creo que estamos en el punto más bajo de la parábola en cuanto a conciencia política,porque es muy breve el plazo transcurrido desde que las masas confiaron en el fraudeamplismo para instrumentar cambios en profundidad,en la tenencia de los medios de produccion y la consiguiente distribución de la renta,que sin alcanzar el poder no se consigue. El fraudeamplio al poner el señalero pa' la izquierda y doblar pa' la derecha,se hizo el hara-kiry político, X que sacrificó la única cuota parte de poder que le pertenecía y que en definitiva es el supremo poder: el pueblo.Ahora a llorar al cuartito y a desensillar hasta que aclare.- MAU-MAU.-Último Momento
Militares: traslado de Mota demuestra que "aún se puede confiar en la Justicia"
El militar retirado insistió en que Mota cometió "irregularidades de todo tipo" y aseguró que no era "imparcial", algo "inadmisible para un juez". "Discriminaba a las personas de nuestro sector cuando interrogaba. Pasó varias veces que eran indagados y los citaba como testigos para que no tuvieran asesoramiento legal durante el interrogatorio, y después los pasaba a indagados cuando ya estaba todo el pescado vendido", comentó el militar retirado.
La participación de Mota en la "Marcha del Silencio" y sus declaraciones al diario argentino Página 12, donde cuestionó al gobierno uruguayo porque, dijo, no promueve el esclarecimiento de los casos de violaciones a los derechos humanos, fueron dos hechos que causaron revuelo y que, según Cedrez, pesaron en la decisión del traslado. "No creo que lo del avión (de Air Class) tenga nada que ver. Eso es una tontería", opinó.
El juzgado que tenía a su cargo Mota tramita unas 50 denuncias por casos de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. La labor de Mota en relación a estos casos es destacada por los familiares de las víctimas y las organizaciones sociales, al tiempo que ha sido duramente cuestionada por los centros sociales militares y los abogados de los oficiales que están siendo investigados.
El País Digital
Se está acabando tratarnos
como a bobas.
"Desde por la mañana me entran unas ganas de matar..."
por Maddalen Ederra Eraso
Miércoles, 13 de Febrero de 2013 23:09
Se está acabando tratarnos
como a bobas.
Esta frase la repite, con asiduidad, Peio M. Me viene a la cabeza hoy, cuando en Alicante un hombre se ha ahorcado.
Mi amigo Peio M. me cuenta, a veces, cada vez con mayor
frecuencia, que ya desde por la mañana, cuando pone la radio, le entran
unas ganas de matar terribles. Que no hay más que hijosdeputa y ladrones en Puterri. Se refiere a España. Son, más o menos, palabras textuales suyas.
Peio está en paro. Se le ha terminado la prestación por desempleo. Tiene cerca de sesenta años y no tiene visos de encontrar nada. Lleva trabajando desde los 14 años. Tiene treinta y pico tacos cotizados, pero -dice- que no puede jubilarse.
Sobrevivió a todos los de su cuadrilla. Toda aquella generación murió por sobredosis de heroína. Él no. Lo salvó la política. De orígenes carlistas evolucionó a abertzale de izquierda. Tenía claro -y lo dice con frecuencia- que la heroína fue una herramienta política de primer grado. Lo argumenta con multitud de ejemplos concretos. Eso le llevó a alejarse de aquella droga y a acercarse a otras muchas, que no han podido con él. Y creo que no podrán. Sin embargo, su situación material de vida, derivada de la situación económica objetiva del capitalismo actual, parece ser otro cantar. Se le ve menos, está más retraído. Creo que puede estar entrando en barrena por el desempleo y la falta de perspectivas económicas. Los gestores de la heroína y los gestores del ejército de reserva del capital y del empobrecimiento masivo de la población, generado por la crisis de sobreproducción del sistema capitalista, son los mismos criminales. Peio lo sabe. Y cuando escucha la radio -dice- le vienen ganas de matar.
Entiendo que no son esas ganas de matar como las que tienen los criminales que aparecen en la tele en un ránking de mejores puntuadores en escenarios bélicos imperialistas. Creo que no son las ganas de matar de un psicópata. Imagino que no son las ganas de matar por matar, ni de matar en un escenario de descomposición social al primero que se encuentre por la calle. Ni las ganas de matar de un matón. Ni las de un macarra. ¿Qué ganas de matar son entonces?
El capitalismo tiene la capacidad de fagocitar casi todo. Especialmente, aquello que no constituye una contradicción insalvable. Hoy, Ana Mato, ministra del gobierno burgués, nos lo volvía a recordar. ¿Para qué oponerse al feminismo si puedes usarlo a tu favor y en su contra? En contra del propio feminismo, de la lucha por la igualdad y de los derechos de las mujeres. Sólo hay que vaciarlo de contenido.
Ante la petición de dimisión que para ella pedía una diputada de la oposición, ella sale por peteneras, se olvida de la Gürtel -una más de las múltiples ramificaciones de la corrupción ilegal. De la corrupción legal ahora no hablaremos- y pasa a la contraofensiva, como mejor saben hacer los de su caterva: Con la esquizofrenia.
La esquizofrenia tiene dos caras: El victimismo y la violencia sin compasión. Al PP, como al resto de fuerzas burguesas, el victimismo le viene ni que pintado, sobre todo cuando controlan la arena mediática. Así si te han descubierto por ser corrupta, pasas a ser una víctima de la envidia, de la persecución o de la maldad de seres pobres y sin escrúpulos. Todo gracias al victimismo. Su trayectoria es larga y fructífera. Con él han ocultado casi todo lo que ya no pueden ocultar.
A renglón seguido, con el manto protector de la víctima -única tipología posible- pasas a dar hostias a diestro y siniestro. Y mejor si es a siniestro y siniestro. De este modo, aprovechas para decir que te atacan... por ser mujer. Así un ataque a una corrupta, es decir, a una víctima, pasa a ser un ataque a todas las mujeres y, por tanto, a un derecho consolidado de toda la sociedad.
Esto no debe verse como un caso aislado. Ya son varias las ocasiones, en que mujeres del PP, cargos electos, utilizan esta estrategia. Que se une a la de: "si nos exigen responsabilidades, les metemos un paquete... Judicial, policial... O el que fuere". Jugando con el miedo. Que medios tenemos.
Las condiciones objetivas piden Revolución. Las subjetivas se están creando. Lentamente. Porque el daño que han hecho las políticas neoliberales de los últimos treinta años en la organización social, en la subjetividad obrera y popular ha sido enorme. De ahí, que cueste tanto arrancar. Y es que los terroristas -quienes siembran el terror- lo han hecho muy bien, para sus intereses. Han generado miedo, anomia y alienación.
A ambas condiciones, le hará falta un chispazo. Me temo que el chispazo será un suicidio. Que, no sé por qué, tendrá la característica de ser definitivo.
Quienes nos mienten a diario, nos engañan diciendo que la violencia no sirve para nada. Sin embargo, todo su poder se ha construído sobre formas múltiples de violencia. Y lo saben.
Peio está en paro. Se le ha terminado la prestación por desempleo. Tiene cerca de sesenta años y no tiene visos de encontrar nada. Lleva trabajando desde los 14 años. Tiene treinta y pico tacos cotizados, pero -dice- que no puede jubilarse.
Sobrevivió a todos los de su cuadrilla. Toda aquella generación murió por sobredosis de heroína. Él no. Lo salvó la política. De orígenes carlistas evolucionó a abertzale de izquierda. Tenía claro -y lo dice con frecuencia- que la heroína fue una herramienta política de primer grado. Lo argumenta con multitud de ejemplos concretos. Eso le llevó a alejarse de aquella droga y a acercarse a otras muchas, que no han podido con él. Y creo que no podrán. Sin embargo, su situación material de vida, derivada de la situación económica objetiva del capitalismo actual, parece ser otro cantar. Se le ve menos, está más retraído. Creo que puede estar entrando en barrena por el desempleo y la falta de perspectivas económicas. Los gestores de la heroína y los gestores del ejército de reserva del capital y del empobrecimiento masivo de la población, generado por la crisis de sobreproducción del sistema capitalista, son los mismos criminales. Peio lo sabe. Y cuando escucha la radio -dice- le vienen ganas de matar.
Entiendo que no son esas ganas de matar como las que tienen los criminales que aparecen en la tele en un ránking de mejores puntuadores en escenarios bélicos imperialistas. Creo que no son las ganas de matar de un psicópata. Imagino que no son las ganas de matar por matar, ni de matar en un escenario de descomposición social al primero que se encuentre por la calle. Ni las ganas de matar de un matón. Ni las de un macarra. ¿Qué ganas de matar son entonces?
El capitalismo tiene la capacidad de fagocitar casi todo. Especialmente, aquello que no constituye una contradicción insalvable. Hoy, Ana Mato, ministra del gobierno burgués, nos lo volvía a recordar. ¿Para qué oponerse al feminismo si puedes usarlo a tu favor y en su contra? En contra del propio feminismo, de la lucha por la igualdad y de los derechos de las mujeres. Sólo hay que vaciarlo de contenido.
Ante la petición de dimisión que para ella pedía una diputada de la oposición, ella sale por peteneras, se olvida de la Gürtel -una más de las múltiples ramificaciones de la corrupción ilegal. De la corrupción legal ahora no hablaremos- y pasa a la contraofensiva, como mejor saben hacer los de su caterva: Con la esquizofrenia.
La esquizofrenia tiene dos caras: El victimismo y la violencia sin compasión. Al PP, como al resto de fuerzas burguesas, el victimismo le viene ni que pintado, sobre todo cuando controlan la arena mediática. Así si te han descubierto por ser corrupta, pasas a ser una víctima de la envidia, de la persecución o de la maldad de seres pobres y sin escrúpulos. Todo gracias al victimismo. Su trayectoria es larga y fructífera. Con él han ocultado casi todo lo que ya no pueden ocultar.
A renglón seguido, con el manto protector de la víctima -única tipología posible- pasas a dar hostias a diestro y siniestro. Y mejor si es a siniestro y siniestro. De este modo, aprovechas para decir que te atacan... por ser mujer. Así un ataque a una corrupta, es decir, a una víctima, pasa a ser un ataque a todas las mujeres y, por tanto, a un derecho consolidado de toda la sociedad.
Esto no debe verse como un caso aislado. Ya son varias las ocasiones, en que mujeres del PP, cargos electos, utilizan esta estrategia. Que se une a la de: "si nos exigen responsabilidades, les metemos un paquete... Judicial, policial... O el que fuere". Jugando con el miedo. Que medios tenemos.
Las condiciones objetivas piden Revolución. Las subjetivas se están creando. Lentamente. Porque el daño que han hecho las políticas neoliberales de los últimos treinta años en la organización social, en la subjetividad obrera y popular ha sido enorme. De ahí, que cueste tanto arrancar. Y es que los terroristas -quienes siembran el terror- lo han hecho muy bien, para sus intereses. Han generado miedo, anomia y alienación.
A ambas condiciones, le hará falta un chispazo. Me temo que el chispazo será un suicidio. Que, no sé por qué, tendrá la característica de ser definitivo.
Quienes nos mienten a diario, nos engañan diciendo que la violencia no sirve para nada. Sin embargo, todo su poder se ha construído sobre formas múltiples de violencia. Y lo saben.
Álvaro Vega analiza irse del MPP y dejar la banca
Dijo sentirse "defraudado" con el grupo de Mujica
VALERIA GIL
El diputado Álvaro Vega, del Movimiento de Participación Popular (MPP), evalúa irse del sector mayoritario dentro del Frente Amplio y dejar la banca. El legislador dijo a El País que mientras él gestionaba la venta del Frigorífico Florida, dirigentes del MPP iniciaban negociaciones -sin que Vega supiera- para que el frigorífico fuera gestionado por una cooperativa de trabajadores.
A su vez, indicó que convertir el frigorífico en una cooperativa "es un absurdo total" y dijo que siempre le planteó al sector las gestiones que estaba realizando con privados para la venta del frigorífico.
Agregó que intentar conformar una cooperativa en la industria frigorífica "es una tontería, porque nadie la va a hacer funcionar". Insistió que este tipo de propuestas se generan cuando "una organización no discute y lo único que hace es aplicar recetas".
"Estoy evaluando lo que voy a hacer, voy a esperar a que termine todo esto. Si decido irme, me voy del MPP y por ende dejo la banca. Para mí las bancas son de los grupos políticos y no de las personas", aseguró.
El legislador también dijo que se siente "defraudado" por el MPP en
algunos aspectos. "Pensé que habían algunas cosas que no pasarían en el
MPP, como por ejemplo usar los viajes en forma equivocada o en forma
desmedida sin ningún criterio. Esperaba que se condenara este tipo de
cosas".
Vega dijo que al contrario a lo que se podía pensar antes de ser gobierno, cuando llegaron a la Presidencia de la República se vio "cualquier cosa, menos austeridad".
CORTOCIRCUITO.
Las discrepancias entre Vega y el MPP no son nuevas. El legislador mantenía una posición crítica respecto a la gestión del gobierno en varios temas relacionados con la salud y la educación. A fines del 2012, Vega mantuvo en una sesión de Cámara una fuerte discusión con el diputado Alejandro Sánchez, quien era en ese momento coordinador del MPP.
Se estaba terminado de votar el proyecto de microfinanzas del Banco República (el 14 de noviembre de 2012) cuando se escuchó: "No me rompas más los huevos", eso fue lo que le dijo Sánchez a Vega al final de la sesión. De inmediato, Vega se retiró de sala.
La discusión se generó a causa de un planteo de Vega, quien pidió a Sánchez que coordinara la votación de temas importantes "a primera hora", en lugar de poner en los primeros puntos del orden del día las designaciones de nombres de liceos y escuelas. Sánchez se molestó con la posición adoptada por Vega y le dijo que estaba "de personaje". "Estás agrandado", le respondió Vega al final.
El diputado Álvaro Vega, del Movimiento de Participación Popular (MPP), evalúa irse del sector mayoritario dentro del Frente Amplio y dejar la banca. El legislador dijo a El País que mientras él gestionaba la venta del Frigorífico Florida, dirigentes del MPP iniciaban negociaciones -sin que Vega supiera- para que el frigorífico fuera gestionado por una cooperativa de trabajadores.
A su vez, indicó que convertir el frigorífico en una cooperativa "es un absurdo total" y dijo que siempre le planteó al sector las gestiones que estaba realizando con privados para la venta del frigorífico.
Agregó que intentar conformar una cooperativa en la industria frigorífica "es una tontería, porque nadie la va a hacer funcionar". Insistió que este tipo de propuestas se generan cuando "una organización no discute y lo único que hace es aplicar recetas".
"Estoy evaluando lo que voy a hacer, voy a esperar a que termine todo esto. Si decido irme, me voy del MPP y por ende dejo la banca. Para mí las bancas son de los grupos políticos y no de las personas", aseguró.
Vega dijo que al contrario a lo que se podía pensar antes de ser gobierno, cuando llegaron a la Presidencia de la República se vio "cualquier cosa, menos austeridad".
CORTOCIRCUITO.
Las discrepancias entre Vega y el MPP no son nuevas. El legislador mantenía una posición crítica respecto a la gestión del gobierno en varios temas relacionados con la salud y la educación. A fines del 2012, Vega mantuvo en una sesión de Cámara una fuerte discusión con el diputado Alejandro Sánchez, quien era en ese momento coordinador del MPP.
Se estaba terminado de votar el proyecto de microfinanzas del Banco República (el 14 de noviembre de 2012) cuando se escuchó: "No me rompas más los huevos", eso fue lo que le dijo Sánchez a Vega al final de la sesión. De inmediato, Vega se retiró de sala.
La discusión se generó a causa de un planteo de Vega, quien pidió a Sánchez que coordinara la votación de temas importantes "a primera hora", en lugar de poner en los primeros puntos del orden del día las designaciones de nombres de liceos y escuelas. Sánchez se molestó con la posición adoptada por Vega y le dijo que estaba "de personaje". "Estás agrandado", le respondió Vega al final.
El País Digital
por Subcomandante Insurgente Marcos
Ultima modificacion el Jueves, 14 de Febrero de 2013 06:55
SubComandante Insurgente Marcos: ELLOS Y NOSOTROS. VI.- Las Miradas. Parte 5: Mirar la noche en que somos. (De la luna nueva al cuarto creciente)
por Subcomandante Insurgente Marcos
Jueves, 14 de Febrero de 2013 04:59
El mensaje de los pueblos es claro, corto, sencillo, contundente. Como deben ser las órdenes.
5.- Mirar la noche en que somos.
(De la luna nueva al cuarto creciente)
Hace muchas lunas: luna nueva, nuevita, como asomándose ella, apenas para ver las sombras de abajo, y entonces…
Llega él-somos.
Sin necesitar papeles de consulta o apoyo, su palabra va dibujando las
miradas de quienes acá mandan y a quienes obedecemos. Al terminar,
miramos.
El mensaje de los pueblos es claro, corto, sencillo, contundente. Como deben ser las órdenes.
Nosotros, nosotras, soldados, nada decimos, sólo miramos, pensamos: “Es
muy grande. Eso ya no es sólo de nosotras, de nosotros, ni sólo de los
pueblos zapatistas. Ni siquiera es sólo de este rincón, de estas
tierras. Es de muchos rincones, de todos los mundos.”
- Hay que cuidarlo – decimos todas-somos, y sabemos que hablamos de eso, pero también de él-somos.
- Va a salir bien… pero hay que prepararse para que salga mal, como de por sí es nuestro modo – decimostodos-somos.
- Entonces, hay que prepararla a ella - nos decimos todas-somos, – cuidarl
- Sí – nos respondemos todos-somos.
- Hay que hablar con nuestros muertos. Ellos nos señalarán el tiempo y el lugar – decimos, nos decimostodas-somos.
Mirando a nuestros muertos, abajo, los
escuchamos. Les llevamos la pequeña piedra. Al pie de su casa la
llevamos. La miran. Los miramos mirarla. Nos miran y llevan nuestra
mirada muy lejos, donde no alcanzan ni los calendarios ni la geografía.
Miramos lo que su mirada nos muestra. Callamos.
Regresamos, nos miramos, nos hablamos.
- Hay que cuidar largo, preparar cada paso, cada ojo, cada oído… va a tardar.
- Habrá que hacer algo para que no nos miran y luego para que sí nos miran.
- De por sí ya no nos miran, o miran lo que creen que miran.
- Pero sí, hay que hacer algo… Me toca, mi turno.
- Que él-somos vea lo de los pueblos. Todos-somos vemos lo de cuidar, bien, quedito, callando, como de por sí.
-*-
Hace unas pocas lunas, llovía…
- ¿Ya? Pensamos que iban a tardar más tiempo.
- Pues sí, pero así está.
- Bueno, ahora fíjate bien lo que te vamos a preguntar: ¿Quieren que volteen a mirarlos?
- Quieren, se sienten fuertes, están fuertes. Dicen que eso es de todos, de todas, de nadie. Dispuestos, dispuestas están, dicen.
- Pero, ¿te das cuenta de
que no sólo van a mirarnos los que son como somos, también los Mandones
de uno y otro lado que odian y persiguen lo que somos?
- Sí, va en nuestra cuenta, sabemos. Nuestro turno, tu turno.
- Bueno, sólo falta el lugar y la fecha.
- Aquí – y la mano señala el calendario y la geografía.
- La mirada que provoquemos con esto
ya no será la de la lástima, la pena, la compasión, la caridad, la
limosna. Habrá alegría en quienes son como somos, pero coraje y odio en
los Mandones. Nos van a atacar con todos sus medios.
- Sí, les dije. Se miraron, pero
así dijeron: “Queremos mirar y mirarnos con los que somos aunque no
sepamos ni sepan que son lo que somos. Que nos miran queremos. De los
Mandones estamos listos, listas, dispuestas, dispuestos estamos“.
- ¿Cuándo, dónde entonces? – se ponen calendarios y mapas sobre la mesa.
- En la noche, cuando amanezca el invierno.
- ¿Dónde?
- En su corazón.
- ¿Todo listo?
- Todo listo, de por sí.
- Va.
Cada quien a lo que le toca. Sólo nos dimos un apretón de manos. Más no fue necesario.
-*-
Hace unas noches, la luna desvelada y deslavada…
- Ya está. Ya están lo que miramos. La parte que sigue le va a tocar a otras miradas. Te toca – le decimos a él-somos.
- Estoy listo, dispuesto estoy – dice él-somos.
Todos-somos asentimos en silencio, como de por sí es nuestro modo.
- ¿Cuándo?
- Cuando hablan nuestros muertos.
- ¿Dónde?
- En su corazón.
-*-
Febrero del 2013. Noche. Luna en cuarto creciente. La mano que somos escribe:
“Compañeroas, compañeras y compañeros de la Sexta:
Queremos presentarles a uno de los muchos él que
somos, nuestro compañero Subcomandante Insurgente Moisés. Él cuida
nuestra puerta y en su palabra también hablamos los todos y todas que
somos. Les pedimos que lo escuchen, es decir, que lo miren y así nos
miren. (…)”
(Continuará…)
Desde cualquier rincón en cualquier mundo.
SupMarcos.
Planeta Tierra.
Febrero del 2013.
Planeta Tierra.
Febrero del 2013.
P.D. QUE ADVIERTE Y DA PISTAS: El texto
que sigue a continuación y que aparecerá en la página electrónica de
Enlace Zapatista este 14 de febrero, día en que los zapatistas, las
zapatistas honramos y saludamos a nuestr@s muert@s, es principalmente para nuestros compañeros, compañeras ycompañeroas de
la Sexta. El texto completo sólo podrá leerse con una contraseña (de
la cual se han dado varias pistas y que puede ser deducida) que ya ha
sido enviada por correo electrónico a donde hemos podido. Si usted no
la ha recibido y no le atina a la solución (puede encontrarla leyendo
con atención este texto y el anterior -”Mirar y comunicar“-),
sólo tiene que mandar un correo a la página y al remitente se le mandará
la contraseña. Como ya hemos explicado en ocasiones anteriores, los
medios libres son ídem para publicar o no el texto completo según sus
propias consideraciones autónomas y libertarias. Lo mismo va para
cualquier compañera, compañero y compañeroa de la Sexta de
cualquier geografía. Nuestro afán no es otro que el hacerles saber que
es a ustedes a quienes nos dirigimos y, de manera muy especial, a
quienes ustedes decidan poner al otro lado del puente de nuestra mirada.
:::::::::::::
“B Side Players” desde San Diego, Califas, con la rola “Nuestras Demandas”. “B Side Players” está formado por Karlos “Solrak” Paez – voz, guitarra; Damián DeRobbio – bajo; Luis “El General” Cuenca – percusiones y voz; Victor Tapia – Congas y percusiones.; Reagan
Branch – Sax; Emmanuel Alarcon – guitarra, cuatro puertorriqueño, y
voces; Aldo Perretta – charango, tres cubano, jarana veracruzana,
ronrroco, cuatro venezolano, kena, zampoña; Russ Gonzales – saxo tenor; Mike Benge – Trombón; Michael Cannon – tambores; Camilo Moreno – congas y percusión; Jamal Siurano – alto sax; Kevin Nolan – trombón y trompeta; Andy Krier – teclado; Omar Lopez – bajo.
Desde Galicia, Estado Español, la rola “EZLN” del grupo “Dakidarría”, formado por: Gabri (guitarra y voz principal); Simón: (guitarra y voces); Toñete: (trombón); David: (bajo y voces); Juaki: (trompeta y voces); Anxo: (saxo barítono); Charli: (teclado); Jorge Guerra: (batería)
Una versión muy especial del
“Himno Zapatista”, música y voces de “Flor del Fango”. El grupo
musical “Flor del Fango” estuvo formado por: Marucha Castillo –
cantante: Napo Romero – cante, guitarra, charango y quena; Alejandro
Marassi – bajo, cante, coros y guitarrón; Danie Jamer “el peligroso” –
guitarras flamenca, folk y eléctrica y cuatro; Sven Pohlhammer –
guitarras eléctrica, sinte y electro acústica, Cavaquinho y Mandolina;
Philippe Teboul “Garbancito” – cante, batería, percusiones, coros;
Patrick Lemarchand – batería y percusiones; Martín Longan –
coordinación.
Puntadas sin hilo
Arturo González
Pandemia de suicidios
14 feb 2013
Triste país aquél en que las únicas noticias con las que madrugarse durante meses y años son los escándalos del día y la geografía del suicidado sin esperanza. Dejémonos de legalidades, plazos y toda suerte de ardides: estamos ante una emergencia nacional y como tal tiene que reaccionar un Gobierno honesto. Proteste quien proteste y aleguen lo que aleguen los tuercebotas de turno. Es así de clarito: no se puede suicidar más gente por cuestiones de dinero que no tienen, no se les puede quitar a los ciudadanos y familias su techo y cama. No somos dignos los españoles que no lo exijamos con todas nuestras fuerzas, por solidaridad, sí, esa palabra tan devaluado, y por propio egoísmo. No somos ciudadanos honorables si al día siguiente deja de interesarnos y olvidamos el suicidio del día anterior.
Frente a esto moralmente decaen los papeles confirmados de Bárcenas, – que el Presidente del Gobierno califica de enredos, dimes y diretes -, las cuentas no mostradas de Rubalcaba – con el basto twitt trending top #quelaenseñeRubalcaba -, la desvergüenza de Ana Mato, la carcundia de la tropa ministerial, la prima de riesgo, los vaivenes de la Bolsa, los EREs, fraudulentos o no, la reforma criminal-laboral de la que tan ufano se muestra el señor Rajoy. ¡Ya podía ser esto el último ruego del Papa a España antes de perderse en el anonimato! Aunque no le hicieran caso, se dignificaría ante la Historia, ya podía excomulgar a los gobernantes españoles si no lo hicieran. El papable Rouco permanece en silencio, la Monarquía permanece en silencio y sin rebelarse, ¿no habrá ni un solo banquero, incluidos los del Opus Dei, que alce la voz y reclame la solución traumática y fulminante?
El mapa de España comienza a estar lleno de crucecitas mortuorias de aquellos a quienes no fuimos capaces de salvar, de echarle el salvavidas de la dación anulada. Nos será difícil levantarnos de esta abyección. No sería deseable que por estas causas la revolución y la violencia aflorasen cuando el contrato social con los más desgraciados se rompe inicuamente, cuando el liberalismo lo pudre todo, cuando la conciencia de todo un país está emputecida, cuando para la epidemia de vidas cortadas no encontramos vacuna porque creemos que no va con nosotros, que bastante tenemos con lo nuestro. Cuando somos unos miserables. Cuando este Gobierno ha quedado deslegitimado, digan lo que digan curas, monjas, biempensantes, votantes retrógrados, progresistas perezosos, y gentes del buen vivir. ¡Arriba los limpios de corazón!
____________________
Gota DONDE LAS DAN LAS TOMAN: El Fiscal pedirá la imputación por tráfico de influencias del ex ministro de Fomento socialista y actual diputado José Blanco. Si se confirma la imputación, ¿debe renunciar al acta de diputado y el PSOE exigírselo?
________________
Gota SIN ÁNIMO DE OFENDER: San Valentín. ¿Quién del blog se atreve a decir que está enamorado? Se admiten mensajes.
La Plataforma de Afectados por la Hipoteca denuncia un deshaucio por una deuda de 320 euros
por Kaos. Vivienda y okupación
Jueves, 14 de Febrero de 2013 16:52
La Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) se ha concentrado
este jueves frente a una oficina del Banco Sabadell para denunciar la
ejecución hipotecaria que esta entidad ha comunicado a Francisco
Murillo, al que quieren desahuciar por un supuesto impago de 320 euros.
Agencias
El abogado Carlos Hernández, que colabora con la PAH, ha tildado esta ejecución hipotecaria de "absoluto escándalo", ya que según ha explicado, proviene de dos supuestos impagos de 160 euros, cuando Francisco ha hecho ingresos de 300 euros cada mes, un dinero que el banco ha destinado a la tarjeta en lugar de a la cuota hipotecaria.
La portavoz de la PAH, Angela Pons, ha destacado que la noticia no es esta concentración, sino en que el banco "engaña y estafa", y le ha pedido a los ciudadanos que "cada vez que vean Obra Social "la Caixa" piensen en el matrimonio que se suicidó el pasado martes después de que esta entidad les informara de que iban a ser desahuciados".
A su vez, un miembro de los Padrins i Padrines Flautes, Domingo Morales, ha informado de que se celebrará una manifestación, el próximo sábado a las 18.00 horas en la "plaza Islandia" -en referencia al cambio de nombre que realizó el 15M a la plaza España- para apoyar a la PAH y para protestar contra los recientes casos de corrupción política, así como por "los asesinatos que denominan suicidios".
El abogado Carlos Hernández, que colabora con la PAH, ha tildado esta ejecución hipotecaria de "absoluto escándalo", ya que según ha explicado, proviene de dos supuestos impagos de 160 euros, cuando Francisco ha hecho ingresos de 300 euros cada mes, un dinero que el banco ha destinado a la tarjeta en lugar de a la cuota hipotecaria.
La portavoz de la PAH, Angela Pons, ha destacado que la noticia no es esta concentración, sino en que el banco "engaña y estafa", y le ha pedido a los ciudadanos que "cada vez que vean Obra Social "la Caixa" piensen en el matrimonio que se suicidó el pasado martes después de que esta entidad les informara de que iban a ser desahuciados".
A su vez, un miembro de los Padrins i Padrines Flautes, Domingo Morales, ha informado de que se celebrará una manifestación, el próximo sábado a las 18.00 horas en la "plaza Islandia" -en referencia al cambio de nombre que realizó el 15M a la plaza España- para apoyar a la PAH y para protestar contra los recientes casos de corrupción política, así como por "los asesinatos que denominan suicidios".
Ada Colau, la fuerza de los débiles
por Rafael Calero Palma
Jueves, 14 de Febrero de 2013 19:33
Tengo que decir con absoluta rotundidad que esta mujer, Ada Colau,
me ha sorprendido tan gratamente que no quepo en mi de felicidad.
“Sus palabras levantaron la torre /
de la fuerza de los débiles” escribió en un precioso poema hace unos
años el poeta, cantante, y músico extremeño Pablo Guerrero, poema que
sería convertido en canción un poco después e incluido en el disco del
grupo Esclarecidos, titulado, precisamente, La fuerza de los débiles
(Dro East West, 1996). La maravillosa voz de Cristina Lliso susurrando
los versos dolientes de Pablo Guerrero no dejaban, lo puedo asegurar, a
nadie indiferente, salvo que la persona que lo escuchara tuviese el
corazón de granito.
Me vienen a la memoria estos versos de
Pablo Guerrero, precisamente estos días, cuando veo por televisión a la
portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, Ada Colau, en su
comparecencia ante la comisión del congreso que estudia la reforma de
la Ley Hipotecaria. Tengo que confesar que en estos tiempos que nos han
tocado en suerte, esta época terrible en la que tanto miserable, tanto
oportunista, tanto imbécil que vive del cuento, tanto chupóptero de la
subvención pública, tanto mamón de la teta de los partidos políticos,
tanto Carromero suelto que anda por estas tierras de España, convertidos
por obra y gracia del político de turno en asesores de no sé sabe muy
bien qué cuento chino, tanta garrapata dispuesta a cualquier cosa con
tal de no dar un palo al agua, tengo que decir con absoluta rotundidad
que esta mujer, Ada Colau, me ha sorprendido tan gratamente que no quepo
en mi de felicidad.
Cuando vi en televisión su comparecencia
y escuché sus frases, tan rotundas, tan certeras, tan como disparos de
fusil, contra los banqueros, contra los políticos insensibles que
muestran más interés por los datos macroeconómicos que por las personas
de carne y hueso, tengo que confesar que me emocioné. Y es que en los
últimos tiempos todo son malas noticias, corrupción a destajo, monjas
secuestradoras de niños, recortes a mansalva, y desahucios, cientos de
desahucios, más de quinientos al día en todo el estado español.
Y en esto llegó Ada Colau, y sus
compañeras y compañeros de la Plataforma, —no lo olvidemos, ella no está
sola en esta guerra desigual emprendida contra un enemigo súper
poderoso,—, cuyo trabajo viene de lejos, más de una década plantando
cara a los malditos bancos y a una ley a todas luces injusta. Una década
denunciando los abusos del sistema bancario español, una década
diciendo basta ya, no dejéis a la gente sin casa y sin futuro, una
década apoyando a todas esas pobres gentes que se han visto privados de
sus hogares, una década defendiendo el derecho de todas las personas a
tener una casa, uno de los derechos más fundamentales que tiene el ser
humano.
El colofón a estos diez años de lucha lo
han puesto hace unos días, con esa Iniciativa Legislativa Popular
avalada por un millón y medio de firmas, y que en el último segundo de
partido ha salido adelante. Al final la tenacidad de miles de personas,
cuyo rostro más visible ha sido el de Ada, ha dado su fruto. No podemos
tener la absoluta certeza de que la dación en pago acabe imponiéndose,
pero al menos, la victoria en esta batalla nos llena de alegría. Y no
podemos negar que la comparecencia de esta mujer tenaz, valiente,
sincera y solidaria, en el Congreso de los Diputados ha tenido mucha
culpa de ese éxito. No podemos negar que Ada Colau se ha convertido por
derecho propio en la fuerza de los débiles, todos los débiles de este
país.
ADA COLAU | Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH)
“Si el PP desoye un millón de firmas, en España no hay democracia”
El Congreso vota mañana la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) sobre desahucios
Ada Colau, durante la entrevista en Barcelona el pasado viernes. / JOAN SÁNCHEZ
Ada Colau (Barcelona, 1974) es la cara más conocida de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH),
el movimiento ciudadano que ha parado centenares de desahucios, ha
colocado el drama de miles de familias en la agenda social y ha recogido
1,4 millones de firmas para iniciar la tramitación de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que pide una moratoria en los desahucios, la dación en pago y un parque de viviendas de alquiler social.
Pregunta. El martes en el Congreso llamó "criminal" al representante de la banca española después de que alabara el sistema hipotecario español. ¿De qué delitos cree que es responsable la banca española?
Respuesta. De varios. En primer lugar, de estafa generalizada; hay suficientes indicios. Puede haber elementos legales, pero ha engañado a la población, ha ocultado información con el fin de lucrarse y además, en vez de ayudar a las familias, se dedica a otras prácticas que deberían ser delictivas, si no lo son: amenazar y coaccionar a las familias para que les paguen el dinero, cuando no tienen ni para comer.
P. En cuatro años de existencia de las plataformas, ¿ha habido algún cambio de actitud en la banca?
R. Si lo ha habido, ha sido siempre momentáneo y por presión social en casos concretos. La banca busca el máximo beneficio para sus accionistas. Los miles de personas que nos llegan a nosotros siguen sufriendo sus abusos.
P. El PP vetará la tramitación de una iniciativa legislativa popular que ustedes consideran de mínimos. ¿Se les agota la vía institucional?
R. Si se agota, si el PP desoye 1,4 millones de firmas, esto querrá decir que en España no hay democracia. Si no las tiene en consideración para al menos tener en cuenta el problema y admitir la iniciativa legislativa popular a trámite en el Parlamento es que tenemos una crisis democrática. Saldremos todos perdiendo; nosotros y España entera. Esperamos que el PP rectifique.
P. ¿Y ahora qué? Hablan de señalar culpables, de justicia social como en Argentina, donde se señaló a responsables de la dictadura. ¿Qué harán?
R. Mantendremos las campañas en marcha para defender derechos fundamentales, seguiremos parando desahucios y forzando a negociar a las entidades financieras... Pero, agotadas otras vías, hay que dar un paso más y acabar con la impunidad, que forma parte del problema. Vamos a señalar a los responsables, siempre de forma pacífica, a aquellos que pudiendo cambiar estas leyes injustas se niegan a hacerlo porque ceden a los intereses de una minoría. Allí donde vayan (en sus barrios, el trabajo, en actos públicos...) les señalaremos, para que se sepa que aquellas personas, con nombres y apellidos, son responsables del sufrimiento de la población.
P. El paro está detrás del 99% de casos de desahucio. Sin trabajo y sin casa, los activistas tienen poco que perder. ¿Hasta dónde están dispuestos a llegar?
R. Hasta donde haga falta. Hay vidas en juego y si no las defendemos nosotros no lo va a hacer nadie. Pero somos optimistas porque cada vez más gente reacciona, tanto de la sociedad civil como a escala institucional: Ayuntamientos, Poder Judicial, la Unión Europea... mantendremos la presión hasta cambiar la ley.
P. Han levantado un movimiento social con presencia en 100 ciudades en el que los afectados son a la vez activistas. ¿Es esta la clave de su fuerza?
R. Sí, es importante que las propias personas a las que se vulneran los derechos fundamentales no se resignen, no caigan en la depresión, den un paso adelante y demuestren que están dispuestas a plantar cara a esta injusticia.
P. Han logrado parar más de 550 desahucios, pero se producen más de 150 a diario. ¿Qué está pasando con todas estas familias?
R. Buena pregunta, porque el Estado no da información. Hasta donde sabemos, la gente se recoloca en casa de otros familiares, hay familias compartiendo pisos o habitaciones en cámpings, en coches, inmigrantes que regresan...
P. Los pasos dados hasta ahora, como el decreto Guindos, ¿han servido de algo?
R. No, solo para dar más aire a las entidades financieras. Son decretos maquillaje que excluyen al grueso de los afectados y sirven a las entidades para que sigan abusando del resto con una legislación injusta.
P. El banco malo ha comenzado a operar. ¿Cómo afectará a las familias amenazadas de desahucio?
R. Hay mucho miedo. Lo que podría ser una oportunidad para que fuera un banco bueno y tuviera un parque de vivienda social, parece que el Gobierno lo va a ofrecer a inversores extranjeros que no tendrán ningún interés en las familias. Buscará el máximo lucro y puede empeorar la situación.
P. Y sobre la propuesta de convertir en alquileres sociales parte del parque de viviendas vacías, ¿alguna novedad?
R. Lo que ha anunciado el Gobierno es un fondo social de 6.000 viviendas frente al millón de pisos vacíos. 6.000 son migajas y, además, son los bancos quienes deciden cuáles son: las peores o dónde nadie quiere vivir.
P. Ante decenas de casos de corrupción, un rescate a la banca con dinero público que ha provocado recortes... la gente está harta y con la idea de que lo legítimo puede anteponerse a lo legal. ¿Asistiremos a movimientos como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca en otros ámbitos?
R. Sí, es una cuestión inminente. Nos están contactando otros colectivos que quieren aprender de nuestra experiencia. La desobediencia civil se extenderá a otros sectores como la sanidad (con ocupaciones de ambulatorios y hospitales) o la educación.
P. ¿Cómo se explica que con seis millones de parados y razones de sobra para el cabreo no haya un estallido social?
R. Hay varios motivos. Por un lado, la gente que está en situación límite está pendiente de sobrevivir y no tiene tiempo. Hay miedo a perder lo poco que se tiene, sea un trabajo parcial o en negro, porque la prioridad es comer. Y luego hay un mensaje oficial que se repite cada día según el cual no hay alternativas y este es el único mundo posible. Desde la sociedad civil estamos intentando cambiar este imaginario, y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca es un humilde ejemplo de ello. Lo que está claro es que hay que perder el miedo y no delegar. La ciudadanía debe ser la protagonista del cambio, porque de las instituciones no llegará.
Pregunta. El martes en el Congreso llamó "criminal" al representante de la banca española después de que alabara el sistema hipotecario español. ¿De qué delitos cree que es responsable la banca española?
Respuesta. De varios. En primer lugar, de estafa generalizada; hay suficientes indicios. Puede haber elementos legales, pero ha engañado a la población, ha ocultado información con el fin de lucrarse y además, en vez de ayudar a las familias, se dedica a otras prácticas que deberían ser delictivas, si no lo son: amenazar y coaccionar a las familias para que les paguen el dinero, cuando no tienen ni para comer.
P. En cuatro años de existencia de las plataformas, ¿ha habido algún cambio de actitud en la banca?
R. Si lo ha habido, ha sido siempre momentáneo y por presión social en casos concretos. La banca busca el máximo beneficio para sus accionistas. Los miles de personas que nos llegan a nosotros siguen sufriendo sus abusos.
P. El PP vetará la tramitación de una iniciativa legislativa popular que ustedes consideran de mínimos. ¿Se les agota la vía institucional?
R. Si se agota, si el PP desoye 1,4 millones de firmas, esto querrá decir que en España no hay democracia. Si no las tiene en consideración para al menos tener en cuenta el problema y admitir la iniciativa legislativa popular a trámite en el Parlamento es que tenemos una crisis democrática. Saldremos todos perdiendo; nosotros y España entera. Esperamos que el PP rectifique.
P. ¿Y ahora qué? Hablan de señalar culpables, de justicia social como en Argentina, donde se señaló a responsables de la dictadura. ¿Qué harán?
R. Mantendremos las campañas en marcha para defender derechos fundamentales, seguiremos parando desahucios y forzando a negociar a las entidades financieras... Pero, agotadas otras vías, hay que dar un paso más y acabar con la impunidad, que forma parte del problema. Vamos a señalar a los responsables, siempre de forma pacífica, a aquellos que pudiendo cambiar estas leyes injustas se niegan a hacerlo porque ceden a los intereses de una minoría. Allí donde vayan (en sus barrios, el trabajo, en actos públicos...) les señalaremos, para que se sepa que aquellas personas, con nombres y apellidos, son responsables del sufrimiento de la población.
P. El paro está detrás del 99% de casos de desahucio. Sin trabajo y sin casa, los activistas tienen poco que perder. ¿Hasta dónde están dispuestos a llegar?
R. Hasta donde haga falta. Hay vidas en juego y si no las defendemos nosotros no lo va a hacer nadie. Pero somos optimistas porque cada vez más gente reacciona, tanto de la sociedad civil como a escala institucional: Ayuntamientos, Poder Judicial, la Unión Europea... mantendremos la presión hasta cambiar la ley.
P. Han levantado un movimiento social con presencia en 100 ciudades en el que los afectados son a la vez activistas. ¿Es esta la clave de su fuerza?
R. Sí, es importante que las propias personas a las que se vulneran los derechos fundamentales no se resignen, no caigan en la depresión, den un paso adelante y demuestren que están dispuestas a plantar cara a esta injusticia.
P. Han logrado parar más de 550 desahucios, pero se producen más de 150 a diario. ¿Qué está pasando con todas estas familias?
R. Buena pregunta, porque el Estado no da información. Hasta donde sabemos, la gente se recoloca en casa de otros familiares, hay familias compartiendo pisos o habitaciones en cámpings, en coches, inmigrantes que regresan...
P. Los pasos dados hasta ahora, como el decreto Guindos, ¿han servido de algo?
R. No, solo para dar más aire a las entidades financieras. Son decretos maquillaje que excluyen al grueso de los afectados y sirven a las entidades para que sigan abusando del resto con una legislación injusta.
P. El banco malo ha comenzado a operar. ¿Cómo afectará a las familias amenazadas de desahucio?
R. Hay mucho miedo. Lo que podría ser una oportunidad para que fuera un banco bueno y tuviera un parque de vivienda social, parece que el Gobierno lo va a ofrecer a inversores extranjeros que no tendrán ningún interés en las familias. Buscará el máximo lucro y puede empeorar la situación.
P. Y sobre la propuesta de convertir en alquileres sociales parte del parque de viviendas vacías, ¿alguna novedad?
R. Lo que ha anunciado el Gobierno es un fondo social de 6.000 viviendas frente al millón de pisos vacíos. 6.000 son migajas y, además, son los bancos quienes deciden cuáles son: las peores o dónde nadie quiere vivir.
P. Ante decenas de casos de corrupción, un rescate a la banca con dinero público que ha provocado recortes... la gente está harta y con la idea de que lo legítimo puede anteponerse a lo legal. ¿Asistiremos a movimientos como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca en otros ámbitos?
R. Sí, es una cuestión inminente. Nos están contactando otros colectivos que quieren aprender de nuestra experiencia. La desobediencia civil se extenderá a otros sectores como la sanidad (con ocupaciones de ambulatorios y hospitales) o la educación.
P. ¿Cómo se explica que con seis millones de parados y razones de sobra para el cabreo no haya un estallido social?
R. Hay varios motivos. Por un lado, la gente que está en situación límite está pendiente de sobrevivir y no tiene tiempo. Hay miedo a perder lo poco que se tiene, sea un trabajo parcial o en negro, porque la prioridad es comer. Y luego hay un mensaje oficial que se repite cada día según el cual no hay alternativas y este es el único mundo posible. Desde la sociedad civil estamos intentando cambiar este imaginario, y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca es un humilde ejemplo de ello. Lo que está claro es que hay que perder el miedo y no delegar. La ciudadanía debe ser la protagonista del cambio, porque de las instituciones no llegará.
Ada Colau: "Esa gentuza no tiene que darme lecciones de democracia"
por Kaos. Estado Español
Jueves, 07 de Febrero de 2013 11:48
La portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, que el
martes llamó "criminal" en el Congreso al representante de la banca,
está convencida de que "los desahucios son uno de los actos más
violentos que existen".
La cara más visible de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca fue este martes al Congreso de los Diputados para defender la Iniciativa Legislativa Popular contra los desahucios
que han presentado con más de un millón de firmas y decir que no van a
permitir "que se sacrifique a una generación entera que ha sido víctima
de una estafa". Ada Colau (ver su intervención completa)
lleva muchos años peleando en la calle, en despachos, en conferencias,
por todos los medios, contra este drama social por el que más de 500 personas cada día están siendo expulsadas de su vivienda.
Por eso, tras la intervención en la Comisión de Economía del Congreso del portavoz de la Asociación Española de la Banca, en la que éste defendió la actual legislación hipotecaria, reconoció que se había tenido que contener para no tirarle un zapato y aprovechó su intervención para llamarle "cínico" y "criminal", lo que provocó el reproche del presidente de la Comisión y que sus palabras llegaran rápidamente a los medios de comunicación y las redes sociales.
Este miércoles, mientras regresa en tren a Barcelona para preparar la manifestación del próximo 16 de febrero, explica su intervención a Público.
¿Cuáles son los crímenes que le imputaría?
No sólo a él, se lo dije como representante de las entidades financieras, pero es extensible a todos los directivos de estas compañías en este país. Lamentablemente creo que me quedé corta, porque la lista de delitos y agresiones de las que son responsables esta gentuza es terriblemente larga.
Son responsables de haber estafado a gran parte de la población, no sólo con las hipotecas sino también con las preferentes, las swap y varios productos tóxicos más. Además esas estafas se han hecho engañando expresamente a la gente, sin informar de todo lo que podía pasar, con contratos abusivos. Y lo han hecho ganando muchísimo dinero.
"No sólo han estafado a muchísima gente, sino que han hundido la economía del país" Cuando todo esto ha estallado se han desentendido completamente de las consecuencias sociales terribles que provocaba su estafa y han seguido chantajeando al Gobierno amenazando con que podía ser todavía peor si dejaban caer al sistema bancario.
No sólo han estafado a muchísima gente, sino que han hundido la economía del país y han hecho que miles de millones, que nos dicen que no hay para Educación y Sanidad, se hayan tenido que destinar a tapar la pésima gestión que ha hecho esta pandilla de criminales.
Al terminar la intervención, el presidente de la comisión deslegitimó sus argumentos aduciendo que ellos son los verdaderos representantes de la voluntad popular porque han sido votados.
Votar cada cuatro años es totalmente insuficiente. La ciudadanía hace mucho tiempo que está diciendo que votar no es un cheque en blanco. En el siglo XXI hay posibilidad de poder construir una democracia mucho más participativa y el hecho de que se esté impidiendo la participación de la sociedad en las grandes decisiones que nos afectan es muy sintomático de cómo algunos se aferran al poder e intentan mantener algunos privilegios en nombre del voto cada cuatro años. Esto ya no cuela. Hay un clamor social que pide una regeneración democrática.
Yo le diría que la esencia de la democracia, más que votar cada cuatro años, es que los representantes democráticos escuchen a la ciudadanía y trasladen al Congreso sus demandas para traducirlas en políticas públicas.
Si hay tema en el que está claro el consenso social es en los desahucios. El 90% de la población apoya nuestras demandas en las encuestas, hemos reunido más de un millón de firmas para la Iniciativa Legislativa Popular (ILP). Mientras, el PP dijo el martes que ni siquiera va a votar a favor de su admisión a trámite en el Congreso. Esta gentuza no tiene que darme lecciones de democracia.
"Hay muchas formas de violencia", ha afirmado. ¿Cuáles son las peores?
Hay acciones que muy fácilmente se califican de violencia, como tirar un zapato al rescate de la banca, y en cambio hay violencias sistémicas que están produciendo muchísimo más daño, que están generando un sufrimiento intolerable en miles de personas, que las están dejando al borde de la exclusión social, que las están empobreciendo de por vida provocándoles la muerte civil.
"Si hay tema en el que está claro el consenso social es en los desahucios"
Los desahucios son uno de los actos más violentos que existen. El hecho de poner las fuerzas represoras policiales y judiciales del Estado al servicio de los intereses privados de las entidades financieras, haciéndoles el trabajo sucio, para hacer algo como despojar a una familia de su vivienda sin alternativa sin garantizarle realojo es violencia.
Lo dice también Naciones Unidas y los estándares de derechos humanos, que consideran el desahucio el último de los recursos que ha de tomar el Estado, y que ha de recurrir a él de forma excepcional y siempre facilitando el realojo. En el Estado español ni es excepcional ni se garantiza el realojo.
Esta violencia no provoca ninguna indignación a sus señorías.
La portavoz socialista le dio la razón a usted y a la PAH y además dijo que hay que ir a por máximos más que a por mínimos.
De momento este cambio de actitud lo vemos con desconfianza. Lo celebramos porque queremos que todas las fuerzas políticas recojan nuestras demandas. Queremos que rectifiquen: más vale tarde que nunca.
Pero una cosa son las palabras y otra son los hechos. Y teniendo en cuenta los hechos de los últimos cinco años comprenderá la portavoz socialista que desconfíe de sus palabras y hasta que no se plasme en hechos no nos lo creamos. Porque el PSOE no sólo no ha legislado para evitar esta situación cuando podía hacerlo, sino que durante todos estos años ha despreciado totalmente la movilización ciudadana. Les hemos interpelado en diferentes ocasiones y no hemos tenido respuesta. Y por eso tenemos cierto recelo y prudencia ante su cambio de actitud.
Las medidas de la ILP son de mínimos y esperamos que cuando termine el trabajo de esta comisión y se vote su tramitación realmente demuestren que han cambiado su actitud y han adoptado estas medidas.
Llevó a los diputados un sobre, pero en vez de estar lleno de dinero estaba lleno de propuestas.
Eran las propuestas de la ILP acompañadas de una carta en la que recordamos cómo hemos llegado hasta aquí, como hice yo en mi intervención, y explicarles que estamos en un punto de inflexión y ya no podemos esperar más. Si no votan a favor de estas medidas de mínimos pasaremos a actuar y señalarles como responsables de un genocidio financiero.
¿A qué se refiere con señalar?
Lo iremos desvelando poco a poco los próximos días. Es una actuación progresiva de menos a más en la que no vamos a utilizar la violencia contra las personas, porque somos un movimiento pacífico. Pero sí que vamos a actuar con mucha más contundencia, señalándoles en su ámbito de trabajo y en sus barrios. Es una idea tomada de otros países, como Argentina, que también han sufrido situaciones de dictadura y que han necesitado hacer justicia social porque desde la institución no se impartía.
Con esta misma filosofía, se trata de que no puedan comportarse como si no fueran responsables, que allí donde vayan haya alguien recordando que son responsables del sufrimiento de miles personas.
¿Son los políticos realmente conscientes del drama humano que hay detrás de cada desahucio?
En general hay un problema en las instituciones democráticas de lejanía respecto a la mayoría social. En general se han quedado atrás y no están actualizadas con respecto a la sociedad.
"Cuanto más poder han tenido las fuerzas políticas más se han alejado de la ciudadanía"
Esto no quiere decir que todas la formaciones políticas sean igual. Hay algunas que están más cercas de la realidad social que otras. También ayer se vio; algunas nos escucharon más que otras, algunas han recogido nuestras demandas y otras nos han ninguneado de forma sistemática.
Cuanto más poder han tenido las fuerzas políticas más se han alejado de los intereses de la ciudadanía y más se han acercado a la defensa de los privilegios de la minoría.
Hay una relación obscena entre el poder político y el poder financiero. Quien pasa por los lugares de poder supuestamente democrático acaba habitualmente en consejos de administración de grandes multinacionales. Y éste es el principal déficit democrático que tenemos en este país.
¿Y cuáles cree que son las razones por las que el Gobierno no legisla la dación en pago?
Porque hay una relación de dependencia entre el poder político y el financiero en este país. Los partidos tienen deudas y a ellos sí que se las condonan, no como a las familias.
Tenemos el caso del Rato: de ministro pasó al FMI y de ahí a Bankia, donde produjo el desastre. Y ahora está trabajando para Telefónica. O el señor De Guindos, que primero estuvo en Lemman Brothers, uno de los fracasos más sonados que dio inicio al estallido de la crisis, y luego pasó a Nova Caixa Galicia, que es una entidad actualmente intervenida por su pésima gestión, y ahora al Ministerio de Economía.
Hay gente que el paso por la política no lo entiende como la defensa de los intereses de la ciudadanía sino como una forma de hacer carrera personal y defender los privilegios de una minoría, que luego les permite mantenerse en el poder.
Muchos dicen que si el Estado, como ustedes proponen, cogiera las viviendas vacías de los bancos para crear un parque público el sistema financiero se desestabilizaría y la crisis sería aún mayor.
Quienes dicen esto son parte interesada, por lo que no tienen ninguna credibilidad. Las amenazas del sector financiero de que el sistema se va a hundir a nosotros nos producirían hilaridad si no fuera porque tienen consecuencias tan terribles.
El sistema financiero ya se ha hundido por sí sólo, por la pésima gestión, y lo hemos tenido que rescatar con miles de millones de euros que nos están recortando los servicios básicos. Mientras, este rescate no llega a las personas, que son víctimas de esas entidades financieras.
"Hay quien entiende el paso por la política como forma de hacer carrera personal" El parque público de viviendas es una demanda de mínimos como contrapartida al rescate. Si no se hace, no sólo hay un perjuicio social sino también económico, porque todos estos miles de viviendas no tienen ningún tipo de salida en el mercado, ni en el interno ni en el internacional, están condenadas a quedarse vacías durante años.
Además, estas entidades son los peores vecinos, porque son sistemáticamente morosas en los pagos a la comunidad, todos son perjuicios. Lo mejor en términos sociales y económicos es que cumplan la función que manda la Constitución y lo que este país necesita.
Cientos de desahucios evitados a pie de calle a través de la resistencia civil no violenta, más de un millón de firmas, concentraciones, peticiones ante los tribunales internacionales de derechos humanos... Ha afirmado que si los diputados no aceptan a trámite la ILP no os quedaréis de brazos cruzados. ¿Por dónde vais a continuar vuestra lucha?
Nosotros pensamos mantener y ampliar nuestras actuaciones mientras ellos no respondan. La ciudadanía será la que seguirá movilizándose para defender los derechos humanos. Continuaremos con la desobediencia civil, es decir, la paralización de los desahucios y la recuperación de viviendas vacías en manos de entidades financieras.
La del 16 de febrero no va a ser una movilización cualquiera. No sólo hemos interpelado a la gente afectada, sino que hemos llamado a toda ciudadanía y esperemos que tenga una buena respuesta en todo el Estado.
Pero esto no es suficiente. A partir de ese día iniciaremos la campaña de señalar a los culpables y empezar una fase en la que se acabe con la impunidad.
Por eso, tras la intervención en la Comisión de Economía del Congreso del portavoz de la Asociación Española de la Banca, en la que éste defendió la actual legislación hipotecaria, reconoció que se había tenido que contener para no tirarle un zapato y aprovechó su intervención para llamarle "cínico" y "criminal", lo que provocó el reproche del presidente de la Comisión y que sus palabras llegaran rápidamente a los medios de comunicación y las redes sociales.
Este miércoles, mientras regresa en tren a Barcelona para preparar la manifestación del próximo 16 de febrero, explica su intervención a Público.
¿Cuáles son los crímenes que le imputaría?
No sólo a él, se lo dije como representante de las entidades financieras, pero es extensible a todos los directivos de estas compañías en este país. Lamentablemente creo que me quedé corta, porque la lista de delitos y agresiones de las que son responsables esta gentuza es terriblemente larga.
Son responsables de haber estafado a gran parte de la población, no sólo con las hipotecas sino también con las preferentes, las swap y varios productos tóxicos más. Además esas estafas se han hecho engañando expresamente a la gente, sin informar de todo lo que podía pasar, con contratos abusivos. Y lo han hecho ganando muchísimo dinero.
"No sólo han estafado a muchísima gente, sino que han hundido la economía del país" Cuando todo esto ha estallado se han desentendido completamente de las consecuencias sociales terribles que provocaba su estafa y han seguido chantajeando al Gobierno amenazando con que podía ser todavía peor si dejaban caer al sistema bancario.
No sólo han estafado a muchísima gente, sino que han hundido la economía del país y han hecho que miles de millones, que nos dicen que no hay para Educación y Sanidad, se hayan tenido que destinar a tapar la pésima gestión que ha hecho esta pandilla de criminales.
Al terminar la intervención, el presidente de la comisión deslegitimó sus argumentos aduciendo que ellos son los verdaderos representantes de la voluntad popular porque han sido votados.
Votar cada cuatro años es totalmente insuficiente. La ciudadanía hace mucho tiempo que está diciendo que votar no es un cheque en blanco. En el siglo XXI hay posibilidad de poder construir una democracia mucho más participativa y el hecho de que se esté impidiendo la participación de la sociedad en las grandes decisiones que nos afectan es muy sintomático de cómo algunos se aferran al poder e intentan mantener algunos privilegios en nombre del voto cada cuatro años. Esto ya no cuela. Hay un clamor social que pide una regeneración democrática.
Yo le diría que la esencia de la democracia, más que votar cada cuatro años, es que los representantes democráticos escuchen a la ciudadanía y trasladen al Congreso sus demandas para traducirlas en políticas públicas.
Si hay tema en el que está claro el consenso social es en los desahucios. El 90% de la población apoya nuestras demandas en las encuestas, hemos reunido más de un millón de firmas para la Iniciativa Legislativa Popular (ILP). Mientras, el PP dijo el martes que ni siquiera va a votar a favor de su admisión a trámite en el Congreso. Esta gentuza no tiene que darme lecciones de democracia.
"Hay muchas formas de violencia", ha afirmado. ¿Cuáles son las peores?
Hay acciones que muy fácilmente se califican de violencia, como tirar un zapato al rescate de la banca, y en cambio hay violencias sistémicas que están produciendo muchísimo más daño, que están generando un sufrimiento intolerable en miles de personas, que las están dejando al borde de la exclusión social, que las están empobreciendo de por vida provocándoles la muerte civil.
"Si hay tema en el que está claro el consenso social es en los desahucios"
Los desahucios son uno de los actos más violentos que existen. El hecho de poner las fuerzas represoras policiales y judiciales del Estado al servicio de los intereses privados de las entidades financieras, haciéndoles el trabajo sucio, para hacer algo como despojar a una familia de su vivienda sin alternativa sin garantizarle realojo es violencia.
Lo dice también Naciones Unidas y los estándares de derechos humanos, que consideran el desahucio el último de los recursos que ha de tomar el Estado, y que ha de recurrir a él de forma excepcional y siempre facilitando el realojo. En el Estado español ni es excepcional ni se garantiza el realojo.
Esta violencia no provoca ninguna indignación a sus señorías.
La portavoz socialista le dio la razón a usted y a la PAH y además dijo que hay que ir a por máximos más que a por mínimos.
De momento este cambio de actitud lo vemos con desconfianza. Lo celebramos porque queremos que todas las fuerzas políticas recojan nuestras demandas. Queremos que rectifiquen: más vale tarde que nunca.
Pero una cosa son las palabras y otra son los hechos. Y teniendo en cuenta los hechos de los últimos cinco años comprenderá la portavoz socialista que desconfíe de sus palabras y hasta que no se plasme en hechos no nos lo creamos. Porque el PSOE no sólo no ha legislado para evitar esta situación cuando podía hacerlo, sino que durante todos estos años ha despreciado totalmente la movilización ciudadana. Les hemos interpelado en diferentes ocasiones y no hemos tenido respuesta. Y por eso tenemos cierto recelo y prudencia ante su cambio de actitud.
Las medidas de la ILP son de mínimos y esperamos que cuando termine el trabajo de esta comisión y se vote su tramitación realmente demuestren que han cambiado su actitud y han adoptado estas medidas.
Llevó a los diputados un sobre, pero en vez de estar lleno de dinero estaba lleno de propuestas.
Eran las propuestas de la ILP acompañadas de una carta en la que recordamos cómo hemos llegado hasta aquí, como hice yo en mi intervención, y explicarles que estamos en un punto de inflexión y ya no podemos esperar más. Si no votan a favor de estas medidas de mínimos pasaremos a actuar y señalarles como responsables de un genocidio financiero.
¿A qué se refiere con señalar?
Lo iremos desvelando poco a poco los próximos días. Es una actuación progresiva de menos a más en la que no vamos a utilizar la violencia contra las personas, porque somos un movimiento pacífico. Pero sí que vamos a actuar con mucha más contundencia, señalándoles en su ámbito de trabajo y en sus barrios. Es una idea tomada de otros países, como Argentina, que también han sufrido situaciones de dictadura y que han necesitado hacer justicia social porque desde la institución no se impartía.
Con esta misma filosofía, se trata de que no puedan comportarse como si no fueran responsables, que allí donde vayan haya alguien recordando que son responsables del sufrimiento de miles personas.
¿Son los políticos realmente conscientes del drama humano que hay detrás de cada desahucio?
En general hay un problema en las instituciones democráticas de lejanía respecto a la mayoría social. En general se han quedado atrás y no están actualizadas con respecto a la sociedad.
"Cuanto más poder han tenido las fuerzas políticas más se han alejado de la ciudadanía"
Esto no quiere decir que todas la formaciones políticas sean igual. Hay algunas que están más cercas de la realidad social que otras. También ayer se vio; algunas nos escucharon más que otras, algunas han recogido nuestras demandas y otras nos han ninguneado de forma sistemática.
Cuanto más poder han tenido las fuerzas políticas más se han alejado de los intereses de la ciudadanía y más se han acercado a la defensa de los privilegios de la minoría.
Hay una relación obscena entre el poder político y el poder financiero. Quien pasa por los lugares de poder supuestamente democrático acaba habitualmente en consejos de administración de grandes multinacionales. Y éste es el principal déficit democrático que tenemos en este país.
¿Y cuáles cree que son las razones por las que el Gobierno no legisla la dación en pago?
Porque hay una relación de dependencia entre el poder político y el financiero en este país. Los partidos tienen deudas y a ellos sí que se las condonan, no como a las familias.
Tenemos el caso del Rato: de ministro pasó al FMI y de ahí a Bankia, donde produjo el desastre. Y ahora está trabajando para Telefónica. O el señor De Guindos, que primero estuvo en Lemman Brothers, uno de los fracasos más sonados que dio inicio al estallido de la crisis, y luego pasó a Nova Caixa Galicia, que es una entidad actualmente intervenida por su pésima gestión, y ahora al Ministerio de Economía.
Hay gente que el paso por la política no lo entiende como la defensa de los intereses de la ciudadanía sino como una forma de hacer carrera personal y defender los privilegios de una minoría, que luego les permite mantenerse en el poder.
Muchos dicen que si el Estado, como ustedes proponen, cogiera las viviendas vacías de los bancos para crear un parque público el sistema financiero se desestabilizaría y la crisis sería aún mayor.
Quienes dicen esto son parte interesada, por lo que no tienen ninguna credibilidad. Las amenazas del sector financiero de que el sistema se va a hundir a nosotros nos producirían hilaridad si no fuera porque tienen consecuencias tan terribles.
El sistema financiero ya se ha hundido por sí sólo, por la pésima gestión, y lo hemos tenido que rescatar con miles de millones de euros que nos están recortando los servicios básicos. Mientras, este rescate no llega a las personas, que son víctimas de esas entidades financieras.
"Hay quien entiende el paso por la política como forma de hacer carrera personal" El parque público de viviendas es una demanda de mínimos como contrapartida al rescate. Si no se hace, no sólo hay un perjuicio social sino también económico, porque todos estos miles de viviendas no tienen ningún tipo de salida en el mercado, ni en el interno ni en el internacional, están condenadas a quedarse vacías durante años.
Además, estas entidades son los peores vecinos, porque son sistemáticamente morosas en los pagos a la comunidad, todos son perjuicios. Lo mejor en términos sociales y económicos es que cumplan la función que manda la Constitución y lo que este país necesita.
Cientos de desahucios evitados a pie de calle a través de la resistencia civil no violenta, más de un millón de firmas, concentraciones, peticiones ante los tribunales internacionales de derechos humanos... Ha afirmado que si los diputados no aceptan a trámite la ILP no os quedaréis de brazos cruzados. ¿Por dónde vais a continuar vuestra lucha?
Nosotros pensamos mantener y ampliar nuestras actuaciones mientras ellos no respondan. La ciudadanía será la que seguirá movilizándose para defender los derechos humanos. Continuaremos con la desobediencia civil, es decir, la paralización de los desahucios y la recuperación de viviendas vacías en manos de entidades financieras.
La del 16 de febrero no va a ser una movilización cualquiera. No sólo hemos interpelado a la gente afectada, sino que hemos llamado a toda ciudadanía y esperemos que tenga una buena respuesta en todo el Estado.
Pero esto no es suficiente. A partir de ese día iniciaremos la campaña de señalar a los culpables y empezar una fase en la que se acabe con la impunidad.
La PAH no bajará la guardia tras su primera gran victoria contra los desahucios
Miércoles, 13 de Febrero de 2013 11:46
“¡Sí se puede!”. Este ha sido el grito que “voló” por las redes
sociales tras anunciar el PP que no se opondría a la tramitación de la
ILP contra los desahucios presentada por la PAH, que seguirá presionando
para que la ley no sea ninguneada.
EL VENTANO | “¡Sí se puede!”. Este ha sido el grito que “voló” por las redes sociales tras anunciar el PP que no se opondría a la tramitación de la ILP
contra los desahucios presentada por la PAH, que seguirá presionando
para que la ley no sea ninguneada. Un joven fue detenido por la policía
acusado de insultar a sus señorías desde la tribuna de invitados del
Congreso, de donde fueron expulsadas varias personas de la PAH. En la
calle, cientos de personas permanecían ante las puertas del Congreso,
que vivió una de las jornadas más kafkianas de su historia
reciente. En varias sedes del PP en decenas de ciudades del Estado
también oyeron en sus puertas pitos y lemas contra los desahucios.
En Zaragoza, cientos de personas se
concentraron durante algo más de tres cuartos de hora, en la sede del PP
ante un fuerte control policial, cinco furgonetas y decenas de
policías. Se hizo un minuto de silencio en recuerdo de las últimas
víctimas del “genocidio financiero”, después gritos y pitos contra el
Partido Popular, los banqueros y a favor de medidas reales contra los
desahucios. Al terminar la convocatoria la policía registró la mochila
de una de las personas que se manifestaba.
En Madrid, en el Congreso, finalmente
todos los partidos se subieron al carro de la ILP, con alabanzas a la
PAH que iban desde el cinismo de UPyD hasta el oportunismo del PSOE.
Todas y todos los parlamentarios votaron a favor, menos Juan Manuel
Albendea, diputado del PP por Sevilla y encargado de defender la ILP de los toros
que también se debatió ayer en la Cámara, siendo aprobada con los votos
del PP, UPN y UPyD, la abstención del PSOE y los votos en contra de
CiU, PNV, ERC y la Izquierda Plural.
Puede que el “os señalaremos allá donde vayáis”
de Ada Colau en su comparecencia la pasada semana haya dado el último
empujón que ha tumbado la prepotencia del PP, tras semanas de ver a
cientos de personas en las puertas de sus sedes. El que se ha salido del
guión ha sido Carlos Martínez Gorriarán, del PP, al criticar a la PAH
por el contenido de la carta que más de un millón de personas han
envíado a sus señorías a través de la red. “La carta que hemos
recibido es impresentable; es una pura coacción, no hace falta
amenazarnos ni coaccionarnos, porque también aquí estamos trabajando por
solucionar este problema que no tiene razón de ser“, afirmó. El toque cutre y casposo lo dio el presidente de la Cámara, Jesús Posada, con esa finura que le caracteriza. “¡Procedan a desalojarlos, coño!”, se le escuchó decir con un tono de odio hacia la gente de la PAH que le fastidió la tarde desde la tribuna.
La PAH ha ganado una batalla. O, mejor,
ha ganado la Democracia, según dicen en la plataforma, que teme que los
grandes partidos desvirtúen el contenido de la ILP, por lo que seguirán
vigilantes para denunciarlo. Su próxima acción será este sábado, con
manifestaciones en numerosas ciudades por una vivienda digna y para
señalar a los culpables, como aclara la convocatoria. En Zaragoza la marcha partirá a las 18.00 horas desde la Glorieta Sasera.
Desahuciados contra diputados: "Les señalaremos hasta en los bares donde toman cañas"
por Kaos. Estado Español
Jueves, 14 de Febrero de 2013 10:51
La Plataforma de Afectados por la Hipoteca y el 15-M anuncian que no
permitirán que el Gobierno cambie la Iniciativa Legislativa Popular y
continuarán ocupando casas en manos de los bancos.
Después de que ayer el Partido Popular cambiara de opinión en el último momento y votara a favor de admisión a trámite de la Iniciativa Legislativa Popular
(ILP) contra los desahucios, este miércoles la Plataforma de Afectados
de la Hipoteca ha acudido de nuevo al Congreso de los Diputados, pero
esta vez para hacer una clara advertencia desde la calle frente al
hemiciclo: "No nos contentaremos con las medidas propuestas en el
proyecto de ley de protección de deudores hipotecarios que propone el
Gobierno y mucho menos admitiremos el truco anunciado ayer por el
portavoz del PP, Alfonso Alonso, de cambiar el título de este proyecto
de ley por el título de nuestra ILP". Lo ha dicho en rueda de prensa
Lola Fernández, que sentada junto a otras dos portavoces de la PAH, la
Asamblea y la Oficina de Vivienda, ligadas al 15-M madrileño, ha
manifestado que "este cambio de nombre sería considerado por la
ciudadanía simplemente como un insulto".Si los partidos no votan a favor de la ILP "en la forma exacta" en la que la firmaron 1,4 millones de personas los activistas de Stop Desahucios han anunciado que pasarán a emprender su campaña de scratches, es decir, señalar a los diputados públicamente como culpables "del genocidio financiero", tal y como ya había anunciado la plataforma recientemente.
La PAH hizo un envío masivo de 200.000 mails a los diputados que no querían admitir la tramitación de la ILP
Como medida de presión para forzar la tramitación, durante los últimos días la PAH, a través de la plataforma virtual Oiga.me, preparada para la ocasión por hackers del 15-M, han llevado a cabo un envío masivo de 200.000 mails a los diputados hasta saturar su teléfonos móviles y ordenadores. Lo mismo han hecho a través de la red social Twitter. Sin embargo, si no votan a favor, la protesta pasará de la red a la calle y les señalarán "en sus barrios, en los restaurantes a los que van a comer y en los bares donde se toman las cañas".
Los desahuciados y el conjunto de activistas aseguran que en todo momento estas acciones serán pacíficas y que se ven obligados a emprender este tipo de acciones ante la inacción de las instituciones frente a las 420.000 ejecuciones hipotecarias en toda España que se han producido en los últimos seis años y los 220.000 desahucios, que consideran "sencillamente intolerables".
En declaraciones a Público, Violeta Fernández, de la PAH, ha querido reiterar que "el PP ha cambiado de opinión gracias a la presión popular". Y ha advertido que lucharán contra cualquier intento del Gobierno de cambiar la ILP que ellos han presentado.
"El PP ha cambiado de opinión gracias a la presión popular" Además, han hecho un llamamiento a la manifestación que tendrá lugar el próximo sábado en al menos 43 ciudades de todo el país contra lo que denominan "el genocidio financiero", y por las medidas recogidas en la ILP: la dación el pago retroactiva, la moratoria de los desahucios y el alquiler social, como exigencias de mínimos. En Madrid, la marcha partirá a las 18.00 horas desde la Plaza de Colón.
Y también han anunciado intensificarán "las campañas de recuperación de casas vacías en manos de entidades financieras pero también públicas". Es decir, seguirán apostando por okupar casas para los desahuciados.
"Declive de nuestro funcionamiento democrático"
Los activistas han denunciado ante los medios de comunicación que en la sesión del Congreso de ayer uno de sus compañeros de la Plataforma fue detenido y los que estaban con él fueron retenidos después de que gritaran desde el palco cuando el portavoz del PP anunciaba la tramitación de la ILP. Y han recordado que no es la primera vez que la Policía detiene a un miembro de Stop Desahucios "por luchar por una vivienda digna".Denucian que el de ayer en el Congreso "no es el primer detenido por luchar por una vivienda digna"
Minutos antes de que denunciaran el "declive de nuestro funcionamiento democrático" a las puertas del Congreso varios agentes de la Policía Nacional habían acudido hasta el lugar donde se realizaba la rueda de prensa para indicar que no podían permanecer allí porque había sesión parlamentaria en ese momento. Entonces, han asegurado a los agentes que apenas tardarían unos minutos y éstos les han permitido hablar a los medios. Sin embargo, después de que acabara la rueda han informado de que uno de sus compañeros había sido identificado por la Policía mientras se retiraba del lugar.
Finalmente, mientras el grupo de la PAH se disponía a irse les ha llegado una llamada: se suspende un desahucio anunciado para mañana en Villaverde. Balbina, que reside en una vivienda social de la Empresa Municipal de Vivienda del Ayuntamiento de Madrid, dejó de poder pagar después de quedarse viuda y acumuló una deuda de 6.000 euros. Cuando los responsables de este servicio, que tiene el objetivo de garantizar una vivienda a los sectores sociales más desfavorecidos, le anunciaron que tendría que dejar su casa ella consiguió todo el dinero, pero ellos no se lo aceptaron. Tenía que irse de la casa y dar todo el dinero de la deuda.
Cuando ya habían convocado al barrio para intentar parar el desalojo el jueves, ha llegado la noticia minutos después de haber acabado la rueda de prensa. Todos juntos han gritado: "¡Sí se puede!"
Posada justifica la expulsión de los activistas
El Presidente del Consejo de los Diputados, Jesús Posada, ha asegurado que "se quebrantó el reglamento que prohíbe que en las tribunas se hagan manifestaciones sobre lo que ocurre en el Hemiciclo" durante el pleno en el que se debatía la Iniciativa Legislativa Popular por la dación en pago. Es por eso, según Posadas, que se procedió a evacuar las tribunas puesto que "habían adoptado una actitud que no era la adecuada. Era una actitud de griterío que impedía seguir y procedimos simplemente a despejar las tribunas de público".Además, una de las veinte personas que componían el grupo de activistas fue detenido. Acción que el presidente ha justificado asegurando que "insultó a los diputados, cosa que no tenía que no se puede admitir".
La PAH y 15M "intensificarán" la campaña de "recuperación de pisos vacíos" para desahuciados
por Kaos. Vivienda y okupación
Miércoles, 13 de Febrero de 2013 17:17
La Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) y el movimiento
15M han avisado este miércoles de que a partir de ahora "intensificarán"
la campaña de "recuperación de pisos vacíos"...
Agencias
.... que están en manos tanto de entidades financieras como de administraciones públicas para alojar a las víctimas de desahucios, y también ha advertido de que señalará "públicamente" a los diputados que voten contra la iniciativa legislativa popular (ILP) por la dación en pago o a quienes traten de "rebajar" sus peticiones.
En una rueda de prensa celebrada frente al Congreso de los Diputados, Lola Fernández, de la PAH, ha explicado que los ciudadanos "no se contentarán" con las medidas del proyecto de ley del Gobierno ni "mucho menos" admitirán el "truco" de bautizar la norma como la ILP para pretender que se han aceptado sus reclamaciones. "Para la ciudadanía sería simplemente un insulto y un menosprecio", ha asegurado.
Por eso, ha instado a todas las formaciones políticas a "apoyar" las tres "peticiones de mínimos" que incluye la iniciativa: dación en pago retroactiva, paralización inmediata de todos los desahucios y creación de un parque de vivienda pública en alquiler social con los pisos vacíos. Además, exigen que se tramite el texto de forma "urgente".
"Si no lo hacen, o si cambian el contenido, les señalaremos como responsables del genocidio financiero y tendrán que aceptar las consecuencias. No nos pararemos aquí. Frente al sinsentido de la banca, que acumula viviendas vacías mientras desahucian a familias, intensificaremos nuestra campaña de recuperación de pisos vacíos de las entidades financieras y de las administraciones", ha añadido.
Por su parte, Violeta Fernández, de la Asamblea de Vivienda de Madrid, ha hecho un llamamiento a todos los españoles para que "señalen pública y pacíficamente a los diputados y los responsables políticos de la tragedia de los desahucios" y de los suicidios que han causado y que, a su juicio, son "en realidad asesinatos". Además, ha recomendado al resto de colectivos que sufren otras "injusticias" a adoptar una táctica de presión en la calle similar a la de la PAH.
En este sentido, ha destacado que esta presión a los diputados ya se ha venido realizando en los últimos días "de forma virtual" a través de correos electrónicos y de las redes sociales, pero ahora "en función de la tramitación de la ILP" y si "no se aprueba en sus términos" se comenzará este "señalamiento público y presencial".
"No pueden ir en contra de la ciudadanía. No negociaremos nuestras peticiones porque son de mínimos minimísimos ante incumplimientos de los Derechos Humanos. Y ya es triste que en un país europeo en pleno siglo XXI tengamos que defender los derechos humanos", ha añadido.
Finalmente, las tres han llamado a todos los españoles ha participar este sábado 16 de febrero en las manifestaciones que hay convocadas en 43 ciudades --en Madrid partirá a las 18.00 horas de la plaza de Colón-- "contra el genocidio financiero" y a favor de la ILP y de la dación en pago. "La situación es urgente, no podemos esperar más. Salgamos todos en masa a exigir una vivienda digna", han concluido.
.... que están en manos tanto de entidades financieras como de administraciones públicas para alojar a las víctimas de desahucios, y también ha advertido de que señalará "públicamente" a los diputados que voten contra la iniciativa legislativa popular (ILP) por la dación en pago o a quienes traten de "rebajar" sus peticiones.
En una rueda de prensa celebrada frente al Congreso de los Diputados, Lola Fernández, de la PAH, ha explicado que los ciudadanos "no se contentarán" con las medidas del proyecto de ley del Gobierno ni "mucho menos" admitirán el "truco" de bautizar la norma como la ILP para pretender que se han aceptado sus reclamaciones. "Para la ciudadanía sería simplemente un insulto y un menosprecio", ha asegurado.
Por eso, ha instado a todas las formaciones políticas a "apoyar" las tres "peticiones de mínimos" que incluye la iniciativa: dación en pago retroactiva, paralización inmediata de todos los desahucios y creación de un parque de vivienda pública en alquiler social con los pisos vacíos. Además, exigen que se tramite el texto de forma "urgente".
"Si no lo hacen, o si cambian el contenido, les señalaremos como responsables del genocidio financiero y tendrán que aceptar las consecuencias. No nos pararemos aquí. Frente al sinsentido de la banca, que acumula viviendas vacías mientras desahucian a familias, intensificaremos nuestra campaña de recuperación de pisos vacíos de las entidades financieras y de las administraciones", ha añadido.
HEMOS AGOTADO LAS VÍAS DEMOCRÁTICAS
En la rueda de prensa también ha estado presente Olga Velosa, una afectada por las ejecuciones hipotecarias que ha subrayado que la ciudadanía ha "agotado" con la ILP "todas las vías democráticas" existentes para cambiar "una ley injusta". "El éxito de este gesto defenderá par siempre la credibilidad de este sistema enfermo", ha añadido.Por su parte, Violeta Fernández, de la Asamblea de Vivienda de Madrid, ha hecho un llamamiento a todos los españoles para que "señalen pública y pacíficamente a los diputados y los responsables políticos de la tragedia de los desahucios" y de los suicidios que han causado y que, a su juicio, son "en realidad asesinatos". Además, ha recomendado al resto de colectivos que sufren otras "injusticias" a adoptar una táctica de presión en la calle similar a la de la PAH.
En este sentido, ha destacado que esta presión a los diputados ya se ha venido realizando en los últimos días "de forma virtual" a través de correos electrónicos y de las redes sociales, pero ahora "en función de la tramitación de la ILP" y si "no se aprueba en sus términos" se comenzará este "señalamiento público y presencial".
"No pueden ir en contra de la ciudadanía. No negociaremos nuestras peticiones porque son de mínimos minimísimos ante incumplimientos de los Derechos Humanos. Y ya es triste que en un país europeo en pleno siglo XXI tengamos que defender los derechos humanos", ha añadido.
MANIFESTACIÓN EL SÁBADO
Por otra parte, la portavoz de la PAH ha lamentado la detención, este martes, de uno de los promotores de la iniciativa popular que siguió el debate desde la tribuna de invitados del Congreso, una actitud que pone de manifiesto el "declive del funcionamiento democrático" pero que tampoco es habitual.Finalmente, las tres han llamado a todos los españoles ha participar este sábado 16 de febrero en las manifestaciones que hay convocadas en 43 ciudades --en Madrid partirá a las 18.00 horas de la plaza de Colón-- "contra el genocidio financiero" y a favor de la ILP y de la dación en pago. "La situación es urgente, no podemos esperar más. Salgamos todos en masa a exigir una vivienda digna", han concluido.
El SAT apoya las movilizaciones por el derecho a la vivienda y contra los deshucios
por SAT
Jueves, 14 de Febrero de 2013 16:50
El SAT apoya las movilizaciones del próximo 16 de febrero por el
derecho a una vivienda digna y contra los desahucios. Y también el
próximo 28 de febrero en la manifestación andaluza que recorrerá Sevilla
convocada por el Bloque Crítico el derecho a la vivienda es uno de los
ejes fundamentales.
LOS DESAHUCIOS MATAN, LOS BANCOS SON RESPONSABLES, EL GOBIERNO CÓMPLICE DE ESTOS CRIMENES“Sólo el suicidio abre los ojos al Gobierno”. Con esta frase lapidaria resumía un periodista el cambio de actitud del PP a la hora de tramitar la ILP sobre dación en pago propuesta por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca.
Hace pocos días fue un activista de Stop Desahucios en Córdoba, ayer un matrimonio de jubilados en Mallorca y un hombre de 56 años en Basauri, antes otros dos suicidos en Málaga y suma y sigue... A mediados de enero una senadora afirmaba en el pleno de la cámara que “el 34% de los suicidios se producen por causa de los desahucios”.Hace cinco años que desde el gobierno central se habla de “crisis”, ofreciendo diariamente una ración de miedo en forma de cifras y letras, de primas de riesgo y de vaivenes de la bolsa, mientras se oculta la tragedia humana que esas cifras esconden.
Lo dijo claramente Ada Colau en el Congreso cuando llamó criminales a los bancos que se quedan con los pisos y siguen cobrando la hipoteca de por vida. Efectivamente, los bancos han dejado en la calle a 400.000 familias, víctimas de la estafa inmobiliaria y siguen sacándole la sangre a la gente una vez desahuciada. Pero esto es así porque la ley lo permite y las leyes se hacen en los parlamentos y son los gobiernos quienes las aplican. La Ley Hipotecaria en el Estado español está puesta al servicio de los intereses de banqueros sin escrúpulos y no en función de garantizar el derecho a la vivienda que consagra la Constitución y los diferentes Estatutos de Autonomía.
Durante el boom inmobiliario se construyeron más viviendas en el Estado español que en Gran Bretaña, Francia y Alemania juntos. Está claro que no faltan viviendas, sino justicia. Acabar con el poder de los bancos y especuladores que acaparan miles de viviendas manteniéndolas vacías e impidiendo que la gente las use de forma asequible a sus recursos exige una gran movilización social para realizar los cambios legislativos que se necesitan. Por eso el SAT apoya las movilizaciones del próximo 16 de febrero por el derecho a una vivienda digna y contra los desahucios. Y también el próximo 28 de febrero en la manifestación andaluza que recorrerá Sevilla convocada por el Bloque Crítico el derecho a la vivienda es uno de los ejes fundamentales.
Con la premisa de la demanda del reconocimiento efectivo del derecho universal al disfrute de una vivienda digna, exigimos:
1º.- La suspensión y moratoria inmediata para todo tipo de desahucios de viviendas habituales.
2º.- La puesta en uso de las viviendas vacías: ni gente sin casa ni casas sin gente; despenalización de la ocupación pacífica de viviendas deshabitadas.
3º.- Parque público de vivienda en alquiler para cualquiera que lo necesite.
4º.- Reforma de la Ley Hipotecaria y de la Ley de Arrendamientos Urbanos.
5º.- Plan de rehabilitación de viviendas.
STOP DESAHUCIOS, LA VIVIENDA ES UN DERECHO, NO UN NEGOCIO
La muerte de Francisco J. Lema Bretón no fue un suicidio, fue un asesinato de estado
por Francisco González Tejera
Sábado, 09 de Febrero de 2013 15:38
No me sorprende, aunque no deje de alucinarme, que quienes hasta
hace poco se movilizaban en las puertas de sus instituciones y empresas
contra el terrorismo de ETA, ahora no les quede dignidad para votar a
favor de la justa propuesta de Dación en Pago.
Ni un misero pronunciamiento
oficial, ni un escueto comunicado del gobierno español, sobre el nuevo
suicidio por desahucio en Córdoba el viernes 9 de febrero, esta vez de
Francisco, un joven de 36 años, casado y con una hija. El Partido
Popular pretende tapar un genocidio evidente generado por sus políticas
de recortes sociales. Las imágenes de este chico con todo un futuro por
delante en un documental, meses antes de lanzarse desde un cuarto piso,
han recorrido el mundo, allí se le veía con su niña, su padre, su
compañera, desesperado por la presión que sufría desde la banca
pandillera, desde una judicatura entregada al juego de la muerte, que
está generando solo en el estado español una media de 15 a 20 suicidios
diarios por razones económicas. Un dato estadístico que asombra, pero
que está evidentemente manipulado, ya que son muchas personas más las
que deciden quitarse la vida, que los medios de comunicación y el propio
gobierno ocultan para que no se sepa lo que realmente está pasando,
como millones de seres atrapados en la tela de araña del miedo y el
chantaje, deciden tirarse al vacío, envenenarse con un tarro de
pastillas, cortarse las venas o quemarse a lo bonzo.
Francisco, nos contaba en este documental como había intentado meses
antes cortarse el cuello delante de la sede del Banco de Badajoz. Este
humilde obrero con cara de buena gente, decía que se arrepentía de ese
intento de suicidio, que quería demasiado a su niña, a su mujer, a toda
su familia, para dejarles ese lastre de conciencia, esa tristeza de por
vida. Pero Francisco siguió agobiado, recibiendo frías notificaciones de
Hacienda, cartas amenazantes de esta entidad bancaria, hasta que en
medio de esa vorágine de presiones no pudo más y la desesperación lo
llevó quitarse la vida lanzándose al vacío.Este nuevo y alevoso crimen de estado, se suma a las cientos de miles de víctimas inducidas por un régimen depredador y sin sentimientos, que condena a millones de personas a la miseria y el hambre, a no tener más salida que la muerte para escapar de la desesperación y las presiones de la usura, de una casta político-empresarial que son conscientes de lo que hacen, que se alegran de que nos matemos. “Uno menos”, dirán en sus lujosas cenas del confeti, el vino gratis y los regalos caros entregados por empresas mafiosas. La idea es que perdamos nuestra esperanza, la resistencia, que nos entreguemos sumisos a su juego siniestro, con el objetivo de vencernos, que nos dejemos llevar por el caudal sanguinario de sus actitudes criminales y abusos generalizados de poder.
La inmolación de Francisco, resiente, al ser uno de sus miembros, la columna vertebral de un movimiento ciudadano ejemplar. Stop Desahucios ya sabe bien quienes son la gentuza responsable de estas defunciones, les vieron sus babosas caras de hipócritas, sus medias sonrisas, sus trajes caros, sufriendo en su intervención en el Congreso de los Diputados esta semana la censura y el ataque de esta casta parasitaria, una banda organizada que vive del cuento de la política.
Hasta el propio PSOE, supuesta oposición al gobierno de la caverna, se ha manifestado en contra de la dación en pago y no apoyará la Iniciativa Legislativa Popular con más de un millón de firmas, convirtiéndose en los perfectos cómplices del expolio y el reparto de poder, en un bipartidismo sin alternativas que arrastra a todo un pueblo al caos y la barbarie.
Podrá parecer fuerte lo que digo en este artículo, pero la muerte de Francisco considero que es un asesinato en toda regla, que este hombre joven no merecía que lo acosaran de esa forma, que lo amargaran a pesar de que entregó la casa que había construido con sus propias manos a este banco. No se entiende que estos sinvergüenzas millonarios, no tuvieran bastante con su propiedad con la que podrán especular, sino que le exigieran 20.000 euros más, un dinero que este compañero caido jamás hubiera podido recaudar, estando en el desempleo y con una grave lesión laboral en su pierna.
No me sorprende, aunque no deje de alucinarme, que quienes hasta hace poco se movilizaban en las puertas de sus instituciones y empresas contra el terrorismo de ETA, ahora no les quede dignidad para votar a favor de la justa propuesta de Dación en Pago. Esta actitud de verdad terrorista y de lesa humanidad, al provocar la muerte por suicidio de infinidad de personas desesperadas, contrasta con sus extemporáneos llamamientos hace pocos años, a la concordia, a la paz, a la no violencia, cuando esta organización armada cometía sus atentados.
La vara de medir no parece ser la misma. Su vergonzosa hipocresía sonroja a una empobrecida ciudadanía ya sin límites para medir la inmensa pestilencia que generan sus gobernantes, que flipa en colores viendo como estos sobrecogidos líderes de la mierda viven a cuerpo de rey, pidiéndonos que trabajemos más por mucho menos dinero, mientras ellos malgastan, despilfarran y se hacen con miles de millones de dinero manchado de explotación y sangre obrera.
El corazón de Francisco se olvidó de latir y trasmitir esperanza, ahora vive para siempre en nuestro recuerdo, sus seres queridos y la gente que lo conoció más de cerca estoy seguro que jamás lo olvidarán. El como otros y otras que tomaron esta importante decisión nos alimentan el fragor de nuestra lucha, entregándonos sin pedirnos nada su vida malgastada, para que no paremos hasta lograr la verdadera justicia, la autentica democracia que de verdad esté al servicio del conjunto del pueblo y no de unos pocos corruptos, responsables y culpables directos de la muerte de quienes se ven forzados, forzadas a escapar de sus vidas y de las presiones criminales.
http://
Siempre fue lucha de clases...
por Txanba Payés
Miércoles, 13 de Febrero de 2013 19:31
La lucha de clases siempre ha estado allí, sin embargo hoy se
manifiesta en toda su crueldad. Esta violencia que no se ve y que la
ejercen los Bancos, es la que parece estar ganando de momento, esta
lucha. Ya lo dijo Warren Buffett: “hay una guerra de clases, pero es mi
clase, la de los ricos..."
Partidos políticos y la banca.
Si no es lucha de clases, entonces ¡qué cosa es!
De nada sirve que la sociedad española en su conjunto, cuestione a
los partidos políticos que se dicen "mayoritarios" ya que por más que
los movimientos sociales les interpelen, seguirán en sus trece los
políticos, y es que a estas alturas, todos sabemos que ellos defienden
intereses espurios que nada tienen que ver con lo que se dice en las
campañas.
Y es que por algo no retroceden ni un ápice en su discurso
político: negar las reivindicaciones que hacen los movimientos sociales
sobre las hipotecas y lo más importante, sobre la manera en que han
gestionado por parte de los bancos los créditos hipotecarios, que la
banca y las cajas hacían a la población, que en vez de ayudarles, lo que
pretendían - y este es el quid de la cuestión -, robarles el dinero a
la gente que, amablemente y en su desconocimiento, confiaba en ellos.
Y es esto lo que está en juego en el estado español, se está con
los Bancos que han practicado y practican la usura o estas con la
inmensa mayoría del pueblo…, Banca por un lado y pueblo por otro, es
definitiva lucha de clase. Y allí están los partidos políticos que
defienden los intereses de la banca, y los movimientos sociales
defienden los intereses de los ciudadanos que de alguna u otra manera se
vieron involucrados en los engaños y mentiras de la Banca.
La lucha de clases siempre ha estado allí, sin embargo hoy se
manifiesta en toda su crueldad. Esta violencia que no se ve y que la
ejercen los Bancos, es la que parece estar ganando de momento, esta
lucha. Ya lo dijo Warren Buffett: “hay una guerra de clases, pero es mi
clase, la de los ricos, la que está haciendo guerra, y la estamos
ganando”
Allí está el quid, esta lucha de clases, y según parece la está
ganando la burguesía. Si una minoría que con la miserable complicidad de
los partidos políticos PSOE antes y ahora con el PP. La violencia se
está cebando con la clase de las mayorías, eso es lo que, de momento, se
ve y reflejan los suicidios..., que no se nos olvide que esto ocurre
precisamente por las deudas injustas contraídas con las Cajas y Bancos.
Mientras los movimientos insistan y persistan en sus luchas
defendiendo los intereses de las amplias mayorías por tanto de una
clase, veremos a esos partidos políticos PPSOE, quedarse solos,
desvelando así, qué intereses defienden y a qué intereses se deben.
Esos intereses son, como se evidencia cada vez más los de la burguesía,
la Banca. Y si, es lucha de clases.
Allí estaremos entre tanta pelea porque a pesar de que de momento
nos dé la impresión que la están ganando ellos, el futuro, pertenece a
la mayoría social.
por Joan Martínez Alier
Cuando en Cataluña, en la transición (tras la muerte de Franco en 1975), se reclamaba un estatuto de autonomía, se añadía siempre la siguiente cláusula (aceptada entonces por socialistas y comunistas):
Tres ciudadanos ibéricos confederalistas de cierto peso habían sido Anselmo Carretero (pensador de León y Castilla, largos años exiliado en México, militante del PSOE, con una visión de España como
Ni Anselmo Carretero ni Blas Infante ni Castelao eran catalanes o vascos. Tenían seguidores, había una tradición federal y hasta confederal en toda España. Una vez muerto Franco, había posibilidades, contando también con el valencianismo republicano federalista, de haber ido hacia una constitución confederal que pudiera acomodar a vascos y catalanes para siempre. El PSOE y también el Partido Comunista de Santiago Carrillo prefirieron la reconciliación con los posfranquistas, incluyendo el monarca, que es una herencia franquista.
Tiene Andalucía monumentos muy merecidos a Blas Infante como
El PSOE celebra a Blas Infante, pero no ha entrado en la defensa de una confederación hispánica ni del derecho de autodeterminación, ni va a entrar mientras tenga a Rubalcaba al frente. Vean lo que escribía Blas Infante en 1919, y cuán oportuno es: “¡Qué tristeza! ¡Y aún hay andaluces españolistas! ¡Andaluces que ante las ansias libertadoras del pueblo catalán gritan con inconsciencia imbécil: La unidad de la patria! Nos dirigimos a vosotros, andaluces de verdad; andaluces de verdad, porque es este título expresivo de agobiadores sufrimientos…”.
De ahí que el Parlamento catalán, en 2013, proclame una vez más que el pueblo catalán es soberano para ejercer su derecho de autodeterminación y anuncie un referéndum o consulta para 2014 o cuando se pueda. No se sabe aún la pregunta. Seguramente será si los catalanes quieren constituirse como un Estado más de la Unión Europea o si prefieren quedarse en España como están o tal vez si desean una hipotética España federal o confederal. Imagínense las respuestas. Y como en Madrid se las imaginan también, veremos qué harán para impedir la consulta o referendo.
A esta España que se desintegra por suerte la va a recoger en sus diversos pedazos la Unión Europea. Una Europa que nació de la derrota de los fascismos en 1945 y de la vergüenza de tanta barbarie entre europeos.
Hay quien pregunta harto de política: y si Cataluña se separa, ¿en qué liga jugará el Barça? Pues en la Liga de la Federación Futbolística Ibérica, contra el Bemfica, el Porto, el Bibao, el Valencia, el Sevilla y, por supuesto, el Madrid.
Joan Martínez Alier. Instituto de Ciencia y Tecnología Ambientales de la Universidad Autónoma de Barcelona, coordinador del proyecto EJOLT. Autor de El ecologismo de los pobres: conflictos ambientales y lenguajes de valoración.
¿España se desintegra?
por Joan Martínez Alier
Lunes, 04 de Febrero de 2013 12:16
España se desintegra sin haber digerido la historia del franquismo y
con un monarca borbónico que se comporta como tal. No hemos sabido
construir un Estado federal o confederal.
España se desintegra sin haber digerido la historia del
franquismo y con un monarca borbónico que se comporta como tal. No hemos
sabido construir un Estado federal o confederal. El franquismo
descerebró a varias generaciones de españoles con la gloriosa consigna
de España, una, grande y libre. España se desintegra por efecto de la crisis económica y de la cerrazón, no ya de la derecha patriótica posfranquista del PP, sino de los socialistas.
Cuando en Cataluña, en la transición (tras la muerte de Franco en 1975), se reclamaba un estatuto de autonomía, se añadía siempre la siguiente cláusula (aceptada entonces por socialistas y comunistas):
Como paso al libre ejercicio del derecho de autodeterminación. Los partidos comunista y socialista apoyaban los estatutos de autonomía y también, en teoría, el derecho de autodeterminación, pero reinaba la ambigüedad sobre quién se autodeterminaría. La izquierda española no sabía (como dejé escrito en Cuadernos de ruedo ibérico) si la autodeterminación la ejercería cada región autónoma por sí misma (Euskadi, por ejemplo) o si se precisaba el acuerdo del conjunto de los españoles. Y en la Constitución de 1978 cayó fuera el derecho de autodeterminación. Expulsado, que no se hable. Ni derecho de autodeterminación ni sólo una constitución federal. Eso fue decisión de la derecha, pero también del PSOE de Felipe González.
Tres ciudadanos ibéricos confederalistas de cierto peso habían sido Anselmo Carretero (pensador de León y Castilla, largos años exiliado en México, militante del PSOE, con una visión de España como
nación de naciones); Blas Infante, el notario andalucista asesinado por los franquistas en 1936, autor del hermoso himno andaluz (
Andaluces levantaos, pedid tierra y libertad); el republicano y nacionalista gallego Castelao, muerto en el exilio en Buenos Aires en 1950. Los tres recibieron elogios, Carretero en vida, los otros dos ya póstumos, pero su influencia no logró que la izquierda española propugnara una constitución distinta en 1978, una constitución que no hable tanto de la indisoluble unidad de la patria española y que no amenace a las autonomías rebeldes con los militares, como en el actual artículo ocho.
Ni Anselmo Carretero ni Blas Infante ni Castelao eran catalanes o vascos. Tenían seguidores, había una tradición federal y hasta confederal en toda España. Una vez muerto Franco, había posibilidades, contando también con el valencianismo republicano federalista, de haber ido hacia una constitución confederal que pudiera acomodar a vascos y catalanes para siempre. El PSOE y también el Partido Comunista de Santiago Carrillo prefirieron la reconciliación con los posfranquistas, incluyendo el monarca, que es una herencia franquista.
Tiene Andalucía monumentos muy merecidos a Blas Infante como
padre de la patria andaluza, un muerto más de 1936, arrojado a la cuneta por la represión franquista, como García Lorca y tantísimos otros. El PSOE, que ha gobernado Andalucía desde las primeras elecciones, le ha honrado solemnemente, ha tomado su Himno de Andalucía como himno oficial (aunque olvidó hacer una reforma agraria por mucho que cantando pidan tierra y libertad).
El PSOE celebra a Blas Infante, pero no ha entrado en la defensa de una confederación hispánica ni del derecho de autodeterminación, ni va a entrar mientras tenga a Rubalcaba al frente. Vean lo que escribía Blas Infante en 1919, y cuán oportuno es: “¡Qué tristeza! ¡Y aún hay andaluces españolistas! ¡Andaluces que ante las ansias libertadoras del pueblo catalán gritan con inconsciencia imbécil: La unidad de la patria! Nos dirigimos a vosotros, andaluces de verdad; andaluces de verdad, porque es este título expresivo de agobiadores sufrimientos…”.
De ahí que el Parlamento catalán, en 2013, proclame una vez más que el pueblo catalán es soberano para ejercer su derecho de autodeterminación y anuncie un referéndum o consulta para 2014 o cuando se pueda. No se sabe aún la pregunta. Seguramente será si los catalanes quieren constituirse como un Estado más de la Unión Europea o si prefieren quedarse en España como están o tal vez si desean una hipotética España federal o confederal. Imagínense las respuestas. Y como en Madrid se las imaginan también, veremos qué harán para impedir la consulta o referendo.
A esta España que se desintegra por suerte la va a recoger en sus diversos pedazos la Unión Europea. Una Europa que nació de la derrota de los fascismos en 1945 y de la vergüenza de tanta barbarie entre europeos.
Hay quien pregunta harto de política: y si Cataluña se separa, ¿en qué liga jugará el Barça? Pues en la Liga de la Federación Futbolística Ibérica, contra el Bemfica, el Porto, el Bibao, el Valencia, el Sevilla y, por supuesto, el Madrid.
Joan Martínez Alier. Instituto de Ciencia y Tecnología Ambientales de la Universidad Autónoma de Barcelona, coordinador del proyecto EJOLT. Autor de El ecologismo de los pobres: conflictos ambientales y lenguajes de valoración.
Por un frente amplio en la lucha contra el fascismo
por En lucha Andalucía
Jueves, 14 de Febrero de 2013 11:56
Recientemente los y las compañeras de Red Roja de Sevilla han
publicado un comunicado en el que apuestan por un modelo de lucha contra
el fascismo limitado a la izquierda radical. Desde En Lucha queremos
hacer algunas apreciaciones sobre este comunicado, en el que se nos
nombra de forma directa
Recientemente los compañeros y
compañeras de Red Roja de Sevilla han publicado un comunicado en el que
apuestan por un modelo de lucha contra el fascismo limitado a la
izquierda radical, o al menos a las organizaciones que se sitúan a la
izquierda del PSOE. Desde En Lucha Andalucía queremos hacer algunas
apreciaciones sobre este comunicado, en el que se nos nombra de forma
directa:
1. Desde En lucha apostamos por la
construcción de espacios amplios de lucha contra el fascismo donde
tienen cabida todas aquellas personas y organizaciones interesadas en
extirpar el fascismo de la sociedad y que podrían verse potencialmente
amenazadas por éste. Creemos que estos frentes de lucha deben
establecerse bajo la premisa de unidad de lucha contra el fascismo y el
racismo, dejando al margen otras diferencias o consideraciones
ideológicas. Es por eso que nuestro modelo de lucha contra el fascismo
está abierto a organizaciones con las que discrepamos abiertamente en
otras cuestiones políticas o que no toman posición respecto al
anticapitalismo o la tradición del socialismo revolucionario a la que
pertenecemos. Rechazamos exigir a cualquier organización de inmigrantes,
LGTB, sindicato o grupo político que tenga que declararse abiertamente
anticapitalista para poder trabajar con ellas en la lucha contra el
fascismo. De esta forma, reivindicamos la forma de organización y la
tradición de lucha contra el fascismo existente actualmente en Alemania,
que ha conseguido parar ya durante tres años seguidos la protesta anual
emblemática de las organizaciones fascistas en Dresde. Esta campaña ha
contado con la participación tanto de organizaciones de la izquierda
radical como de sindicatos (tan burocráticos o más que los del Estado
español), partidos políticos socialdemócratas, verdes, organizaciones
sociales de base en un amplio espectro, bajo una estrategia de
confrontación directa de masas frente a las manifestaciones fascistas.
Reivindicamos la tradición de la Liga Antinazi y Unite Against Fascism
(UAF) en Reino Unido, plataformas donde participan tanto activistas de
la izquierda radical como miembros de la izquierda del Partido Laborista
y los grandes sindicatos, así como organizaciones kurdas, paquistaníes,
indias o espacios culturales que no toman posición respecto a otras
cuestiones políticas, y que han conseguido dejar al fascista British
National Front fuera del Parlamento y bloquear al grupo nazi English
Defense League en todas sus expresiones públicas. Reivindicamos el
frente antifascista griego KEERFA (“Unidos contra el racismo y la
amenaza fascista”) que ha conseguido organizar la mayor respuesta de
masas contra Amanecer Dorado habida hasta el momento el pasado 19 de
enero en una manifestación internacional sin precedentes. Y más
recientemente, reivindicamos el modelo surgido en Catalunya (UCFR,
Unitat contra el Fascisme y el Racisme) que ha conseguido bloquear la
entrada de Plataforma per Catalunya (PxC) en el Parlament Catalán, y que
aglutina a más de 300 organizaciones. Todos estos modelos se
fundamentan en la unidad en la lucha en contra el fascismo y el racismo,
y no exigen posicionamientos excluyentes respecto a otras cuestiones
políticas. Creemos que Andalucía debe dotarse de un frente similar de
lucha contra el fascismo al que se está desarrollando en Catalunya,
exitoso y amplio, y que es apoyado por las CUP, el conjunto de la
izquierda anticapitalista e independentista y por muchas coordinadoras
antifascistas, además del PSC, EU-ICV, CGT o la IAC.
2. Valoramos positivamente la
experiencia unitaria de Sevilla Plural iniciada hace ya más de un año,
motivada por la presencia del líder de la organización fascista italiana
Casa Pound en un acto en la ciudad de Sevilla. En Lucha ha tomado como
una absoluta prioridad la lucha contra el fascismo y siempre hemos
apoyado con todos nuestros recursos las actividades de Sevilla Plural y
de la Coordinadora Antifascista de Sevilla. Pero reconocer el excelente
trabajo que se ha venido desarrollando durante estos años no puede
limitar nuestra intención de generar un nuevo espacio más amplio, donde
tengan cabida más organizaciones, y donde el nivel de actividad y
compromiso sea mayor que el de Sevilla Plural, espacio al que también
pertenecemos y con el que nos sentimos identificados. En el actual
contexto de crisis económica, la amenaza fascista es muy real, y ya ha
demostrado en Sevilla y otros lugares de Andalucía su potencial para
seguir creciendo. Es por ello que queremos mejorar de forma incluyente
los espacios de lucha contra el fascismo, sin exigencias ideológicas que
dañarían la unidad de movilización que necesitamos en estos momentos.
3. Pensamos que la confusión sobre qué
es el fascismo ha acarreado históricamente enormes problemas para la
izquierda y que este comunicado de Red Roja falla de forma clara al
explicar y apuntar quiénes son los fascistas. Considerar que las
organizaciones socialdemócratas (como el PSOE o cualquier otro partido
socialista europeo) y sus políticas representan, en última instancia, el
fascismo es un error que ya cometió la izquierda comunista en la
Alemania de los años 30 y que conllevó la división entre la acción
conjunta del KPD (el Partido Comunista Alemán) y el SPD (Partido
Socialdemócrata alemán) contra Hitler, posibilitando su ascenso y toma
del poder. Hoy en día, la consideración de este error está ampliamente
aceptado por la mayor parte de las corrientes ideológicas de la
izquierda alemana. Esta caracterización de la socialdemocracia como
“socialfascismo” nos parece un error de bulto, donde se confunde el
neoliberalismo, el social-liberalismo y las políticas imperialistas
(implementadas por partidos socialdemócratas y liberales en los
gobiernos) con el fascismo. El fascismo es una corriente ideológica
concreta, que apuesta por la supresión de todas las libertades para las
organizaciones de la izquierda (para el conjunto de la izquierda, y no
sólo para la izquierda radical), donde se utilizan colectivos sociales
concretos como chivos expiatorios, culpándoles de la crisis económica y
de la degradación social, fomentando así el racismo, la xenofobia y la
homofobia además de realizarse una exaltación patriótica para ocultar la
existencia del conflicto entre diferentes clases sociales. Si
difuminamos lo que es el fascismo perdemos de vista a los verdaderos
fascistas y dificultamos así la lucha para debilitarlos.
4. Argumentar, como se deriva del
comunicado de los compañeros y compañeras de Red Roja, que ya vivimos en
un régimen fascista nos parece enormemente peligroso, pues rebaja la
importancia de la tragedia que supone que organizaciones verdaderamente
fascistas como Amanecer Dorado en Grecia alcancen o se acerquen al poder
político. Es decir, “si ya vivimos bajo el fascismo, Amanecer Dorado u
otro partido nazi en el poder no será muy diferente”. Discrepamos
absolutamente con este planteamiento. Bajo un régimen fascista no existe
ningún atisbo de libertades políticas y civiles, no cabe ningún tipo de
organización en defensa de los intereses de la clase trabajadora y se
vive bajo un estado de terror policial permanente respaldado
jurídicamente. No saber diferenciar entre el orden político de la
democracia burguesa y el de un régimen fascista equivale a decir que no
existe ninguna diferencia entre el régimen político actual del Estado
español y cuando vivíamos bajo la dictadura franquista, la Alemania nazi
de los años 30 o la dictadura de Pinochet en Chile. Un error de bulto,
que desvela la ausencia de un análisis serio del fascismo y del papel de
la democracia liberal en el conflicto de clase. De ahí que se cometa el
error de considerar a las organizaciones nazis como “fascismo
superficial” y al “fascismo institucional” como el más peligroso.
Creemos que ningún militante de la izquierda griega estaría de acuerdo
en considerar a Amanecer Dorado como “fascismo superficial” y al PASOK o
Nueva Democracia como valedores del “fascismo institucional” más
peligroso. Creemos que la visión presentada por los compañeros de Red
Roja y otras organizaciones debilita la unidad contra el fascismo de
todas las personas identificadas con la izquierda y el multiculturalismo
y allana el camino para el crecimiento del verdadero fascismo.
En lucha Andalucía, febrero 2013.
