La Suprema Corte de Justicia uruguaya está preparando la TOTAL IMPUNIDAD para los criminales de lesa humanidad
Así empezó, con el llamado de Mujica
sábado, 16 de febrero de 2013
“Dejo prueba acumulada”
PUBLICADO EN CARAS&CARETAS EL VIERNES 15 DE FEBRERO DE 2013
PEDIRÁN EXPLICACIÓN A CORTE POR TRASLADO DE LA JUEZA MOTA
por ROGER RODRÍGUEZ
Varios de los casos de derechos humanos que se instruían en el Juzgado Penal de 7° turno y fueron paralizados con recursos y reclamos en el Poder Judicial tienen suficiente prueba acumulada como para dictar sentencia, afirmó la jueza Mariana Mota pocas horas después de ser trasladada a un juzgado civil por los miembros de la Suprema Corte de Justicia a quienes pedirán cuentas hoy las organizaciones sociales y familiares de las víctimas.
TEXTO: ROGER RODRÍGUEZ / rogerrodriguez@adinet.com.uy
La jueza Mariana Mota recibió a Caras y Caretas el miércoles en el que hasta ayer fue su despacho como magistrado en lo penal de 7° turno, en el quinto piso del edificio judicial de la calle Misiones. Hasta entonces no había concedido ninguna entrevista, pero aceptó el diálogo condicionado a que no difundiríamos la nota hasta este viernes, en el que ella asumiría su nuevo cargo como jueza en lo civil.
La jueza será hoy acompañada por organizaciones de derechos humanos y familiares de víctimas que a las 10.00, poco antes de la jura de cargos, se convocaron en las puertas de la sede del Poder Judicial, en la plaza Cagancha, para rechazar el traslado y reclamar incluso la renuncia de los cinco miembros de la Suprema Corte de Justicia, quienes ya no les otorgan garantías de imparcialidad y credibilidad.
Mota estaba trabajando sola, como muchas veces lo hacía, sin ningún otro funcionario en el piso y rodeada de los complejos expedientes que le tocó enfrentar en ese juzgado al que llegó hace cuatro años y del que ahora se tiene que ir sin haberlo solicitarlo y sin querer hacerlo. Mota prefiere no dar opinión sobre su traslado, que llegó a calificar como una situación “desgraciada”. “Yo no pedí el traslado”, sintetiza.
RONY, EL PRIMER CASO
–¿Cuál fue el primer caso vinculado a los derechos humanos en el que le tocó actuar?
–En la muerte de Ronald Scarzella, a principios de 1993, cuando yo era jueza en Rocha –explica Mota.
–Scarzella era tupamaro y su muerte, rodeada de muchas cosas raras, permanece impune, pero entonces ya habíamos salido de la dictadura, ¿por qué lo vincula a esos delitos?
–Por el pasado político que tenía ese hombre y por la forma en que murió: lo encapucharon con su propio buzo, tenía cabellos en una mano y fue ejecutado con un disparo en la cabeza –describe.
–Los allegados de Rony Scarzella pretenden reabrir el caso hoy. Es un tema que se ha mencionado en algunos trabajos de investigación sobre la época y en algunos testimonios de aquellos tiempos de reinstitucionalización del país, cuando había mucha tensión entre Fuerzas Armadas y organizaciones políticas, aparecían bandas que robaban bancos y el MLN-Tupamaros formalizaba su ingreso al Frente Amplio.
‑El juzgado no pudo avanzar entonces más de lo que lo hizo, pero nunca me voy a olvidar de aquel caso. No hubo robo pero hubo lucha en la caja de aquel camión en el que hacía fletes.
–Luego de sus inicios en Rocha fue asignada como jueza de Paz en la localidad de Young y desde allí fue trasladada a distintas ciudades del interior del país: primero a San José, después a Paysandú y de allí a Dolores, donde pasó a desempeñarse como juez letrado.
–La de Dolores fue una experiencia muy importante, porque como letrado se tocan todas las materias. Llegan casos penales, civiles, de familia, uno debe tratar incluso algún tema de menores infractores…
–El juez tiene que sacarse un chip de la cabeza y ponerse otro… ¿Eso permitió que una de las áreas le gustara en particular para seguir su carrera?
–Sí, a uno le empieza a gustar más un área, pero en el sistema judicial nadie te pregunta qué es lo que te gusta. Por lo menos a mí nunca me preguntaron.
–Los trasladan siempre por “razones de servicio”, como ahora…
(Hace un gesto de que no va a contestar)
–Usted comenzó a tomar trascendencia pública cuando la enviaron al juzgado de Ciudad de la Costa, su cargo antes de llegar a Montevideo.
–Lo que más trascendió en los medios fueron unos casos vinculados a Aduanas, tres expedientes grandes que tuvieron repercusión pública, pero también hubo uno muy importante sobre remesas que salían para Estados Unidos. Se trataba de dinero que venía de Paraguay con origen no reconocido, pero no hubo prueba y fue otro caso que terminó archivado.
LA PRESIÓN POLÍTICA
Son más de cincuenta los casos de derechos humanos en los que Mota intervino desde que dejó el Juzgado Letrado de Ciudad de la Costa de 3er Turno para subrogar en Montevideo a Graciela Gatti, la jueza que había procesado con prisión al dictador Juan María Bordaberry, quien pasaba a desempeñarse en los flamantes Juzgados Especializados en Crimen Organizado. Mota modificó la tipificación imputada.
–Mi predecesora había procesado con otra calificación. Ella lo había procesado por homicidios y había desechado la imputación de atentado a la Constitución. En febrero de 2010, hace tres años, con la fiscal Ana María Tellechea tipificamos atentado a la Constitución y delitos de desaparición forzada y homicidios políticos –repasa Mota.
–Pero además de los delitos del dictador, su paso por ese juzgado le permitió enfrentar otros crímenes de lesa humanidad que se produjeron durante el mandato de Bordaberry, entre otros: la muerte de Leonardo de los Santos, el caso de los fusilados de Soca, el homicidio de Ubagésner Chávez Sosa tras la aparición de su cuerpo, que implicó el procesamiento de los aviadores Araújo Umpiérrez y Enrique Rivero, y la desaparición de Santana e Insaurralde en Paraguay por el que fue encarcelado el coronel Carlos Calcagno. ¿Entonces ya comenzaron a sentirse las presiones extrajudiciales?
–A partir del procesamiento de Calcagno fue evidente.
‑En ese caso llegaron a salir en defensa del criminal de la dictadura el ex presidente Jorge Batlle, el ex vicepresidente Gonzalo Aguirre y hasta el hoy ministro de Defensa Eleuterio Fernández Huidobro…
–Yo hasta entonces había evitado salir a decir nada públicamente. No hablaba, no hablaba, no hablaba… hasta que respondí a una tertulia de El Espectador que me resultó algo alevoso. Me condenaron, me trataron de loca, de histérica y otros calificativos…
–El tema de la supuesta autoincriminación.
–Es evidente que se quedaron con una frase de una sentencia que nunca leyeron. Es desconocer lo que es el análisis de prueba a nivel internacional, donde esto no pasa. El Estado pide la prueba y la demuestra.
CORTE A DISCRECIÓN
El caso Santana-Insaurralde y el procesamiento de Calcagno derivaron en una fuerte presión sobre la propia Suprema Corte de Justicia, a la que Batlle y Aguirre llegaron a pedir una audiencia para atacar a la jueza, pero las primeras acciones administrativas en contra de Mota se produjeron a partir de un artículo periodístico en el que se la ubicó en la Marcha del Silencio del 20 de mayo de 2011, convocada bajo la consigna “Verdad y justicia, derecho de todos”.
–Como declaré en su momento, yo iba a encontrarme con mi marido y quedé frente a la marcha… Hace poco fui a un curso en España y vi algo interesante. En medio de la situación económica que se sufre y los ajustes que se hacen, se decidió imponer un timbre que todos debían pagar en las causas judiciales. Ante eso, el Poder Judicial español salió a manifestar porque consideró que se le estaba negando el acceso a la justicia a la población. Marcharon los jueces, los fiscales, los abogados…
No se consideró una acción política, porque se estaba manifestando en favor de la justicia –dice la jueza.
–Para muchos analistas e historiadores, el Poder Judicial uruguayo quedó sometido al poder político desde aquel 15 de abril de 1972 en el que se permitió que la justicia militar actuara sobre los civiles y, luego, cuando con la ley de caducidad los jueces tuvieron que consultar al Poder Ejecutivo sobre en qué casos podían actuar… ¿Los jueces sienten que aún hay resabios de la dictadura?
–Deberíamos recordar lo que pasaba con los jueces al inicio de la dictadura. Cuando una persona iba presa, cuando llegaba al juez quedaba libre porque no había mérito para procesarla. Los jueces reclamaban sus fueros y los defendían porque los estaban avasallando.
–Pero eso hoy no ocurre. Los jueces y los fiscales que actualmente ejercen fueron formados en los años de la dictadura…
–… Yo también…
–… y parecen permeables a los procesos políticos. La Suprema Corte de Justicia del gobierno de Julio María Sanguinetti dijo que la ley de caducidad era constitucional y el mismo organismo opinó lo contrario durante el mandato de Tabaré Vázquez. Eso debe incidir en los propios jueces, que según lo que hagan pueden sufrir un traslado o terminar en el juzgado de algún pueblito perdido del país. ¿Cómo se evita eso?
–Se evita modificando el sistema de designación y traslado de los jueces.
‑Hoy el juez joven teme que le paren el ingreso a Montevideo y el juez viejo sólo espera terminar su carrera en algún tribunal de apelaciones…
(Mota pestañea y hace silencio)
Mota volvió a sentir esa presión cuando al participar en un seminario en Buenos Aires hizo declaraciones en el diario Página 12. Le preguntaron cómo analizaba el apoyo del gobierno uruguayo al proceso de verdad y justicia en el país y respondió: “No hay una promoción de los derechos humanos para que esta situación, que es nacional y nos marcó a todos, se esclarezca. Es bien diferente al gobierno argentino en esa materia. Mujica y el ministro de Defensa fueron rehenes de la dictadura. Tal vez por eso no puedan ver con objetividad un proceso dictatorial que los tuvo como víctimas”.
Sus palabras motivaron entonces incluso alguna frase de parte del presidente y definieron el posicionamiento de Fernández Huidobro en su contra, sin sospechar las consecuencias que ello podría haber terminado teniendo. Mota volvería a tener un “choque” con el líder de CAP-L cuando no se le permitió sacar fotografías dentro del centro de torturas 300 Carlos durante una inspección a la unidad militar que lo cobijó. Su desencuentro con el Ñato culminaría durante la indagatoria del accidente del avión de Air Class, un caso que no está relacionado con los derechos humanos pero parece directamente ligado a la cultura de impunidad que subsiste en el ámbito militar y sus organismos de incidencia. Mota opta por no hablar del tema.
HACER JUSTICIA O HISTORIA
–¿Cuál será su último acto judicial en la sede de 7° turno?
–Responder un pedido de cierre y archivo de las actuaciones en el caso de muerte de Humberto Pascaretta.
–Ya trascendió que será subrogada por la jueza Beatriz Larrieu de las Carreras, que hasta hace poco se desempeñaba en Colonia. Junto a ella realizó la inspección del Cuartel de Infantería N° 4 donde fue asesinado Aldo Perrini, precisamente el caso que en forma polémica un tribunal de apelaciones y la Suprema Corte de Justicia le sacaron de las manos cuando se iba a tomar una decisión que podía implicar al general Pedro Barneix y a conocidos represores como el coronel José Baudean, José Puigvert y Washington Perdomo. ¿Cómo le puede legar toda su experiencia a su sucesora?
–Sólo en derechos humanos son unos cincuenta casos, de los cuales unos treinta están avanzados, pero tienen muchos legajos y en algunos casos quedaron formados con tres piezas cada una de 300 fojas.
–Parece difícil que quien la sustituye pueda leer e integrar tanta información con rapidez…
–Como nuestro sistema es escrito, casi desde el inicio de estos casos, yo misma me encargué de tomar los testimonios. En algún momento pensé que si las cosas terminaban enlenteciéndose, que quedaran acumulados todos los testimonios lo más completos posible. Esto no lo hace una persona sola, lo hacen muchas personas.
Uno hace una parte. Mi parte ha sido acumular prueba. Está allí en cada expediente.
–¿Hay expedientes en los que ya se podía tomar decisión?
–Puede haber, pero se presentaron recursos que los derivaron a Tribunales o la Corte.
–¿Si la Corte sentencia que la Ley contra la prescripciones que se aprobó en octubre de 2011 es inconstitucional, todo volverá a fojas cero?
–No. Sólo habrá que esperar más tiempo. Será tremendo para las víctimas, pero en algún momento todo se va a saber. Sólo que en vez de juicios penales estaremos haciendo libros de historia, porque estarán muertos las víctimas, los testigos y los posibles responsables… Quizá sea eso lo que se busca.
Perfil de la jueza Mariana Mota
VEA LOS DOS VIDEOS
http://youtu.be/-rtt2Sn8jeU
http://youtu.be/9UX4T3BdxSg
CEJIL y WOLA expresan profunda preocupación por traslado de la jueza Mota
Uruguay debe superar impunidad
15-02-13
Buenos Aires, San José y Washington, D.C., 15 de febrero de 2013-
Ante la decisión de la Suprema Corte de Justicia de Uruguay, que ordenó
el traslado a un juzgado civil de la jueza Mariana Mota, titular hasta
hace unos días de un Juzgado Letrado en lo Penal; el Centro por la
Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y la Oficina en Washington
para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), expresan su profunda preocupación
por el impacto que dicha acción pueda tener en la tramitación de causas
por delitos de lesa humanidad.
En tiempos en que Uruguay debe saldar el
cumplimiento de lo ordenado por la Corte Interamericana de Derechos
Humanos en la causa Gelman y, por tanto, satisfacer su obligación de
organizar las estructuras del Estado para superar la impunidad en que se
encuentran los crímenes cometidos durante la última dictadura, el
sorpresivo y hasta ahora no explicado traslado de la jueza Mota al fuero
civil, profundiza las dificultades que hasta este momento enfrenta la
justicia uruguaya.
La alegada legalidad de la medida
ordenada por la Suprema Corte de Justicia, no resulta suficiente para
explicar la inesperada decisión del traslado de la jueza Mota, quien se
encontraba a cargo de más de cincuenta casos vinculados con el
terrorismo de Estado cometidos durante la última dictadura y cuyo
trámite activo representaba una esperanza para la sociedad uruguaya.
CEJIL y WOLA expresan su solidaridad con
las víctimas, sus familiares y con toda la sociedad en Uruguay, que
desde hace décadas persiste en su lucha por la justicia y el cese de la
impunidad.
Notas al editor
El Centro por la
Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL, por sus siglas en inglés) es
una organización de defensa y promoción de los derechos humanos en el
hemisferio americano. El objetivo principal de CEJIL es asegurar la
plena implementación de normas internacionales de derechos humanos en
los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA),
mediante el uso efectivo del sistema interamericano de derechos humanos
y otros mecanismos de protección internacional.
La Oficina en Washington para
Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés) promueve los
derechos humanos, la democracia y la justicia social por medio del
trabajo conjunto con contrapartes locales en Latinoamérica y el Caribe
para influenciar las políticas en los Estados Unidos y el exterior.
Contacto en Buenos Aires
Liliana Tojo/ Directora del Programa para Bolivia y el Cono Sur/ ltojo@cejil.org / + 54-11 3340 9795 (celular) + 54 11 5031-2331 (fijo)
Contacto en San José
Sergio Pacheco S. / Comunicación/ spacheco@cejil.org / + 506 2280 7473 (fijo) + 506 8816 2283 (celular)
Contacto en Washington, D.C.
Jo-Marie Burt / Asesora Principal de WOLA / jmburt.wola@gmail.com / +1 703 946 9714 (celular)
- Estrategias:
- Tema:
- Autor:
- Pais:
Audiencia ante la Corte IDH sobre cumplimiento de la sentencia del caso Gelman v. Uruguay
13-02-13
San José, Costa Rica - 13 de febrero de 2013- Esta mañana, el caso Gelman v. Uruguay, litigado
por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL),tuvo
una audiencia privada ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos
en su sede en Costa Rica. La audiencia se realizó para supervisar el
cumplimiento de la sentencia y las reparaciones dictadas por ese mismo Tribunal el 24 de febrero de 2011.
La sentencia condena a Uruguay por la
desaparición forzada en 1976 -en el marco del Plan Cóndor, coordinación
represiva entre países del Cono Sur- de María Claudia García
Iruretagoyena de Gelman y su hija Macarena, quien nació en cautiverio
durante la dictadura militar uruguaya. De acuerdo con los compromisos
internacionales asumidos por el Estado uruguayo, el pleno cumplimiento
de esta sentencia es obligatorio y vinculante.
En la audiencia, la representante de
CEJIL resaltó la importancia del reconocimiento público de
responsabilidad por los hechos del caso, efectuado el 21 de marzo de
2012, por el Presidente de Uruguay, José Mujica, en nombre del Estado y
que contó con la participación de representantes de los tres poderes del
Estado. Asimismo, informó a la Corte que aún se encuentra pendiente la
realización de una investigación efectiva tendiente a esclarecer el
paradero de María Claudia y las circunstancias de su desaparición y el
nacimiento en cautiverio de su hija Macarena, hechos que aún permanecen
impunes.
También fue puesto en conocimiento de la
Corte, la existencia de numerosos recursos de inconstitucionalidad
pendientes ante la Suprema Corte uruguaya que cuestionan la validez de
la Ley N° 18.831 de Restablecimiento de la Pretensión Punitiva del
Estado.
En palabras de Liliana Tojo, Directora
del Programa de CEJIL para el Cono Sur y Bolivia, que participó en la
audiencia: "Para dar pleno cumplimiento a la Sentencia, el Poder
Judicial debe calificar los delitos ocurridos bajo la dictadura como
crímenes de lesa humanidad y debe remover todos los obstáculos que
impidan el avance de las investigaciones y el establecimiento de
responsabilidades por las graves violaciones a los derechos humanos
ocurridas durante la última dictadura en Uruguay".
Se prevé que en las próximas semanas la
Corte emita una resolución de supervisión de cumplimiento detallando los
próximos pasos a seguir para asegurar el cumplimiento por parte de
Uruguay de la Sentencia del 24 de febrero de 2011.
Contactos en Costa Rica
Liliana Tojo
Directora del Programa para Bolivia y el Cono Sur
+ 54-11 3340 9795 (celular)
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Esto se llama SOLIDARIDAD!
Los hermanos de "RESUMEN LATINOAMERICANO" dedican toda su última edición a los sucesos en relación a la purga de la Jueza Mariana Mota y a las protestas en el local de la SCJ
DE "RESUMEN LATINOAMERICANO" A SUS LECTORES/AS:
SALUDABLE REBELIÓN
CONTRA LA IMPUNIDAD EN URUGUAY
Los hermanos de "RESUMEN LATINOAMERICANO" dedican toda su última edición a los sucesos en relación a la purga de la Jueza Mariana Mota y a las protestas en el local de la SCJ
DE "RESUMEN LATINOAMERICANO" A SUS LECTORES/AS:
CONTRA LA IMPUNIDAD EN URUGUAY
Por
considerar de gran gravedad el paso que se ha dado en Uruguay, alejando
a la jueza Mariana Mota de la investigación de los crímenes cometidos
por los militares de la dictadura, RESUMEN
LATINOAMERICANO reenvía y hace suyo este INFORME de los compañeros del
COLECTIVO DEL BLOG NOTICIAS URUGUAYAS. Sumamos esta información a la
que ya dimos en nuestro anterior boletín de noticias.
El
Gobierno de Pepe Mujica y del Frente Amplio quedan de esta manera al
descubierto, por haber sido (junto con la anterior gestión de Tabaré
Vásquez) los que no sólo no incentivaron la investigación de los
crímenes de lesa humanidad cometidos por los militares contra miles de
personas, sino que permanentemente pusieron palos en la rueda para
frenar los juicios y favorecer de esta manera a "los viejitos",
disparatado eufemismo con el que el Presidente Mujica denomina a los
jerarcas militares que gozan de total impunidad.
Ahora,
al decidirse, desde el Supremo Tribunal de Justicia, este
desplazamiento de la Jueza Mota, se consuma un nuevo paso de esa
política fundada en pactos espurios con los asesinos. Pactos que
derivaron en actitudes como las del actual Ministro de Defensa y ex
guerrillero Eleuterio Fernández Huidobro, que se opuso a que se
allanaran dependencias militares para buscar a los desaparecidos.
Ayer,
en Montevideo, la parte sana de la sociedad uruguaya, la que no vive el
sueño de la desmemoria, estalló en gritos de protesta. Y allí, aparte
de familiares de desaparecidos, ex presos políticos se hicieron
presentes figuras emblemáticos de la izquierda como Daniel Viglietti,
Eduardo Galeano y Jorge Zabalza, No podía ser de otra manera: NO HAY
IMPUNIDAD QUE DURE CIEN AÑOS, NI PUEBLO QUE NO REACCIONE FRENTE A LAS
MENTIRAS Y DOBLECES DE LOS PARTIDOS DEL SISTEMA (sea la derecha
tradicional y cómplice de los milicos, sea la izquierda pactista que se
arrodilla frente a las bayonetas).
SALUD A ESA PARTE DEL PUEBLO URUGUAYO QUE SIGUE LEVANTANDO BIEN ALTO LAS BANDERAS DE ARTIGAS Y SENDIC !
Consejo de Redacción de RESUMEN LATINOAMERICANO
DECLARACION DEL COMITE DE BASE GRAL.VICTOR LICANDRO, EN MEXICO
Comité de Base del Frente Amplio de Uruguay en México “Gral. Víctor Licandro”
DECLARACIÓN
México, D.F., 15 de febrero de 2013
Presidenta del Frente Amplio de Uruguay
Compañera Mónica Xavier
Estimada compañera.
Hacemos de su conocimiento, la profunda indignación
de nuestro Comité por la decisión de la Suprema Corte de Justicia del Uruguay,
de trasladar -sin fundamento alguno- a la Jueza Mariana Mota del Juzgado Penal
al Civil. El verdadero fundamento no explicitado, es el de impedir que continúe
con las investigaciones complejas y transparentes a las que nos tiene
acostumbrados dicha Jueza, respecto de los crímenes del período del terrorismo
de Estado.
También le comunicamos que nos solidarizamos con la
Jueza Mota y apoyamos todas las manifestaciones de las organizaciones en
defensa de los derechos humanos en Uruguay y del PIT-CNT, así como esperamos
que el Frente Amplio emita una declaración en la que deje en claro su
desacuerdo, más allá del derecho que le asiste a la SCJ (Art. 99 de la Ley
15.750) de tomar dicha decisión, sin ofrecer ningún tipo de explicación.
Además nos declaramos en estado de alerta respecto de
la próxima decisión que respecto de la Ley 18.831, deberá expedirse la Suprema
Corte; en el entendido de que no admitiremos ningún tipo de retroceso
antidemocrático, que abra algún camino para la impunidad en beneficio de personeros de la dictadura.
Fraternalmente.
El Secretariado del Comité de Base del Frente Amplio de Uruguay en México,“General Víctor Licandro”
Los gráficos de Gabriel Carbajales
Golpe
de ley: todo lo sólido se disuelve en los medios
por Ricardo Viscardi
por Ricardo Viscardi
2ª
quincena julio 2012
Un mal de archivo[1] corroe
la tabla de clasificación de los golpes de Estado. Cada quien recurre a la
analogía de su predilección extrayendo a
piacere, de una morfología al voleo, la explicación del golpismo en
el Paraguay.
El presidente del Uruguay, fiel a su máxima de realidad al máximo, nos
dice una cosa tanto como la otra, en tanto recurre a toda cosa que
de golpe pueda ser dicha “golpe”[2].
Luego,
hay quienes desagradados ven ante todo una cuestión de grado: en efectos
de malversación política este golpe se parecería a otros (golpes de
Estado)[3].
No dejan algunos de suponer que de Estado el golpe lo dio Ponsomby al crear, de
golpe con el Uruguay y Bélgica, el neocolonialismo: te parecerá golpe de Estado
todo lo que disuelva las reglas, sin preocuparte quién las pone[4].
Finalmente, no deja de pensarse cómodamente al golpe, cuando el Estado deja de
ser lo que de golpe sirve y comienza a ser golpeado desde un putsch al estilo cervecero de los nazis[5].
Sin embargo la ruptura
del trazo es de golpe lo más característico de este golpe: no queda nada que
rasgar, porque el mismo corte fue ensayado hasta el cansancio con anticipación.
El efecto de continuidad de las instituciones, en tanto lugares comunes de la
ley, desaparece cuando el ensayo de juicio político se ejerce 23 veces para
adquirir finalmente una forma legítimamente objetable. Lo que pasa a ser lugar
común y por lo tanto institución, en tales condiciones, es el propio golpismo.
Tal golpe de Estado a reiteración obedece a una licuación del efecto de
permanencia institucional, una vez que la base social es substituida, en aras
de la propia consistencia natural de toda relación representativa, por los comunicadores sociales, cuando no por
los relacionistas públicos. Agrupados en sus propias esferas de relaciones, estos
comunicadores relacionistas o viceversa no dejan de relacionarse
comunicativamente por emisiones dando su versión de los hechos, es decir, el
hecho de su versión. Tal versatilidad de las versiones que comienzan a
desfibrar el conjunto de la sociósfera pública, contribuyen decisivamente a la
instalación del golpe de Estado
informacional[6].
En
un golpe de estas
condiciones, el inicio del golpe coincide con un incremento de la
inestabilidad
de la opinión pública. Pero el que golpea primero no siempre golpea
mejor, ni necesariamente gana la pelea. Presentar a Lugo nockt-out tras
un golpe de Estado dado desde la ley, es olvidar que un golpe de
ley es ante todo un buen golpe. Es decir, que “ley” no dice sólo la
norma, sino
también la calidad efectiva. “Golpe de ley” no significa apenas la
tergiversación
de un texto legal para manipularlo desconociendo su sentido legítimo,
sino también
lo apropiado de la fuerza puesta al servicio del mejor impacto.
Desde
este punto de
vista, presentar a Lugo en tanto víctima de una conspiración exitosa
pero antipopular,
no ayuda a sostener la trayectoria depuesta en lo que precisamente el
golpe en
el Paraguay intenta detener: su capacidad de personificar un sentimiento
popular de dignidad y justicia. El presidente víctima de una maniobra
parlamentaria logró concitar en torno a su postulación una adhesión
humilde significativa, que lo ubica como referente de una alternativa al
poder
consuetudinario que asola al Paraguay, pasando por un régimen de
excepción
permanente y dejando una opresión interminable.
Sin embargo, es
necesario observar que esa adhesión popular a un perfil presidencial no se
hubiera concitado sin contar con la misma índole mediática que transcurre por
abajo y por encima de las instituciones. La resonancia opuesta de un mismo canal
informativo supone una orquestación golpista de cuarteles, publicaciones y
sectas diversas, que termina por poner las leyes al servicio de cualquier
fuerza. El golpe de ley deviene régimen de enunciación del golpe de Estado
informacional, una vez que la regulación de la versión configura un régimen
público del sentido.
Ahora, una regulación
no es una fatalidad sino, por el contrario, los efectos acumulados de la contingencia,
en cuanto regula condiciones disímiles en pos de obtener cierto ritmo de
acaecimientos. La concepción esencialista que ve “determinaciones” fatales allí
donde cunden circunstancias variables, no hace sino consolidar una visión subtancial-esencialista,
que al igualar la naturaleza con la emanación de un orden, termina por generar la
fatalidad social de un campo de concentración (de derecha o de izquierda). De no ser así, todos los intentos de golpe de
Estado (infaliblemente consignados por el presidente Mujica bajo un mismo
rótulo) hubieran culminado exitosamente tras salir de bambalinas, lo que no fue
el caso, ni en Venezuela ni en Ecuador, por ejemplo.
Luego, Lugo no puede
ser remitido a una fatalidad de las instituciones que determinadas fuerzas (la
oligarquía, el imperialismo, las trasnacionales) quiebran en su continuidad,
sino que su deposición representa la continuidad de tantas fuerzas (la
oligarquía, el imperialismo, las transnacionales) sumadas, que pueden regular
lo que habrá de ocurrir para que, llegado el caso, lo maduro caiga. Esta fuerza
(de ley) que puede actuar en continuidad y con persistencia para lograr la
persuasión de una base de apoyo, también puede ser implementada contra un golpe
de Estado, a favor de la emergencia de luchas que se abran paso contra el
poder.
Cuando Marx anuncia la
evaporación de lo sólido en la atmósfera capitalista de la producción
incesante, no deja de advertir, en un tramo de la frase poco destacado, que
cierta condena de la persona a la frialdad prosigue a la combustión de los
vínculos sociales[7].
Sin embargo, la condena a la baja temperatura individual que consigna el
Manifiesto del Partido Comunista parece evaporarse hoy día, ante el paso súbito
al estado gaseoso que provoca una ebullición de medios.
Ante todo, esa fuerza de
evaporación institucional significa que la condición humana no está condenada a
determinaciones y trasfondos inalterables, sino que consigna una suma de
intervenciones, de apoyos y de resonancias, que también acuden a favor de los
sectores más postergados.
Entre tantas analogías que
colaboran infructuosamente con la comprensión del golpe de Estado en el
Paraguay, ninguna se detiene en el paralelo entre el presidente depuesto, sus
antecedentes y correlatos, como si su figura se encontrara atada a la misma
hechura del poder que lo depuso. Por el contrario, tanto por el perfil de apoyo
popular con que se inicia, como por la irradiación de una personalidad política
afín al sentimiento mayoritario, debiera sugerir inmediatamente el paralelo con
Mujica.
Este paralelo, más allá
de las pautas y trayectorias de una y otra figura presidencial emerge,
para una lectura atenta, entrelíneas pero inequívocamente, de la imputación que
el senador Bordaberry dirige al presidente uruguayo. El enésimo infortunio
declarativo de este último, que algunos confundieran tiempo atrás con
genialidad política –cuando no con enunciación filosófica, puso en cuestión la
condición jurídica de las normas, de cara a la pertinencia pública. Por un
efecto de contagio, que no debe ser desestimado en un contexto de versiones en
cascada, un jerarca policial llamó a “repetir” con Mujica el derrocamiento de
Lugo, generando de inmediato su propia defenestración jerárquica[8].
El fundamento de la
imputación de Bordaberry (Pedro) admite, desde el punto de vista de la violación
de la letra de la ley, la comparación con la acusación de desgobierno represivo
que se usara contra Lugo[9]. Tales
contagios, pueriles en el caso del policía exaltado, estratégico en boca del senador (Bordaberry), señalan a las claras
que el golpe de ley pasa por aquella versión exitosa en irradiar desde su
propio campo, para congregar simpatías y neutralidades. En el caso del Uruguay,
la puesta en cuestión de la legalidad configura un casus belli de la polémica pública, en cuanto abre la caja de
Pandora de una regulación discursiva y social primordial, de cara a la
labilidad de las condiciones nacionales e internacionales, que dieran origen y
sustentaran trabajosamente luego, la misma continuidad del Estado-nación.
Los manotazos de
ahogado de un gobierno aislado dentro de su propio partido[10]
no dejan de augurar condiciones para un golpe de Estado informacional,
que en el caso uruguayo se desenvuelve, paradójicamente, con el curioso
predominio de autogolpes de ley[11].
[1]
Para Derrida, el “mal de archivo” consiste en que “arriesga lo que salva”, ver Derrida,J.
(1997) Mal de archivo, Trotta, Madrid,
pp.19-20.
[2] “Entre votados
y botados” Montevideo Portal
(12/07/12) http://www.montevideo.com.uy/
[3] Moreira, C. “Democracia
Interrumpida” Compañero (30/06/12) http://www.pvp.org.uy/?p=2977
[4] Pereira, M. “Salivando
contra la ley de gravedad” La Diaria
(12/07/12) http://ladiaria.com.uy/
[5] Legnani, R. “No
es perro, pero ladra y tiene cola” La
Onda Digital (26/06/07) http://www.laondadigital.com/
[6] Virilio,
P.(1996) El arte del motor (cap. “El
golpe de Estado informacional”) Manantial,
Buenos Aires, pp.33-44.
[7] Marx, K. (1992)
La cuestión judía y otros escritos,
Planeta-Agostini, Barcelona, p.251.
[8] “Fulminante
destitución de jefe policial uruguayo por alentar en Facebook el derrocamiento de
Mujica” La Red21 (12/07/12) http://www.lr21.com.uy/
[9] “La columna de
Pedro Bordaberry” Compromiso por Salto 85
(11/07/12) http://www.compromisoporsalto.
[10] “Separados al
votar” Montevideo Portal (09/07/12) http://www.montevideo.com.uy/
[11] “Marihuana: si
el 60% no apoya, se irá “al mazo”, dijo Mujica” La República (12/0712) http://www.diariolarepublica.
Por Blog El Muerto - Foto: Martha Passeggi reportera-gráfica
El fantasma de la dictadura en la SCJ
El fantasma de la dictadura quedó en las imágenes de la protesta en la sede de la Suprema Corte de IN-Justicia
El desacato de la Suprema Corte de Justicia uruguaya
La Suprema Corte de Justicia es la última instancia del poder judicial uruguayo y por lo tanto el ápice claramente político, en interacción con los otros poderes del estado, de dicho poder. Su politicidad sin embargo incluye la declaración constante y deshonesta de apoliticidad, como si cargo de tanta responsabilidad en relación al gobierno y la constitución pudiera librarse fantasmagóricamente de tal responsabilidad en alguna abstracción autosupresora. Los integrantes de la SCJ no deberían mentir declarando su función como apolítica sino que deberían reconocer que su función es la de dirimir políticamente los procesos judiciales y de interpretar las acciones de los demás órganos de gobierno en relación a la constitución, lo cual viene a ser la más difícil y políticamente comprometida actividad que pueda existir en un estado de derecho. Que se declaren apolíticos y se laven las manos en esta supuesta apoliticidad de las consecuencias políticas de sus decisiones, mientras que no las discuten con la ciudadanía sino que se declaran meros interpretadores de la existencia legal, es su peor pecado.
Ultimamente esta fanfarria de neutralidad no ha podido ser mantenida por parte de los integrantes de la SCJ. Ellos están frente a una demandante ciudadanía y a un atento poder periodístico que los tiene bajo la lupa. Tres gestos realizados o en vias de realizarse por la SCJ con insolencia y sin explicaciones, a puertas cerradas y bajo la capa falsa de la neutralidad interpretativa, han hecho que la SCJ perdiera su lustre y quedara expuesta con deshonestidad. Estos tres gestos existen y son más que significativos políticamente hablando como para que la pátina de la neutralidad insolente resista un momento. En primer lugar han decidido desplazar sin motivo sólido alguno, con la soberbia del poder que no declara sus propósitos, a una jueza que se especializaba en casos de terrorismo de Estado, desplazamiento de su cargo que enlentecerá las investigaciones respectivas, que quita a una persona idónea del marco en que se especializaba, y que se muestra como un subterfugio desgraciado contra la real persecución del crimen y el logro de la justicia, en lugar del abstracto y falso de una jerarquia judicial que no parece interesarse por tal meta.
http://www.subrayado.com.uy/Si
También, en los mismos días hemos sabido que la SCJ declarará inconstitucional un impuesto que fue creado por el poder ejecutivo sobre los grandes terratenientes con la justa finalidad de que a través de ese impuesto ellos compensaran a la comunidad uruguaya por los beneficios que han obtenido en su seno colaborando con el mantenimiento y mejoramiento de la caminería que ellos mismos usan, finalidad que todas las intendencias, de todos los partidos, entendieron con tal justicia y razonabilidad. La SCJ, en cambio, guiada por abstractos preceptos vacíos, hace caer este intento de justa compensación, mostrando que en su seno el poder del tecnicismo es superior a la idea de justicia, cuando no algo peor como la realización de servicios ideológicamente guiados a aquellos terratenientes.
http://www.elobservador.com.uy
El tercer gesto que está en proceso y que revelaría con claridad que el desplazamiento de aquella jueza no ha sido casual sino más que premeditado, es el gesto de declaración de inconstitucionalidad de la ley interpretativa de la caducidad de la pretensión punitiva del estado, que fue y sigue siendo una ley de impunidad para crímenes de estado. Lo peor de este tercer gesto es que contravendría la sanción que ha recibido el estado uruguayo por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha mandatado se suprima todo obstáculo que impida juzgar los crimenes terroristas cometidos bajo el amparo de las instituciones secuestradas por la dictadura militar no contra un enemigo interno que ya habia sido derrotado sino contra toda la ciudadanía.
Fernando Gutiérrez Almeira, docente de Filosofía y Matemática.
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Último Momento
Declararían inconstitucional ley interpretativa de caducidad
Según informó hoy el diario El Observador, citando fuentes de la
corporación, la mayoría de los ministros de la SCJ creen que los
artículos 1 y 2 son inconstitucionales, porque la ley penal no puede
aplicarse retroactivamante.
En 2011, la SCJ determinó que los crímenes cometidos contra detenidos durante dictadura son delitos comunes y no de lesa humanidad. Con este cambio en la jurisprudencia los delitos deberían haber prescripto en noviembre de ese año.
Sin embargo, desde el Parlamento se impulsó la ley interpretativa de la caducidad, por la cual las Justicia continúa investigando crímenes cometidos en la dictadura. Además, el Poder Ejecutivo, mediante un decreto revocó los anteriores creados en otros gobiernos, que incluían decenas de casos dentro de la ley de caducidad y por lo tanto no se podía realizar una investigación judicial.
En medio de este debate jurídico, se suma la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En ella se establece que se debe remover todo obstáculo que permita la impunidad y debe ser dejada sin efecto. En los hechos esto significa que se debe dejar sin efecto la ley de caducidad.
Uno de los ministros, señaló que más allá de la posición mayoritaria no se puede decir que sea un caso cerrado.
En 2011, la SCJ determinó que los crímenes cometidos contra detenidos durante dictadura son delitos comunes y no de lesa humanidad. Con este cambio en la jurisprudencia los delitos deberían haber prescripto en noviembre de ese año.
Sin embargo, desde el Parlamento se impulsó la ley interpretativa de la caducidad, por la cual las Justicia continúa investigando crímenes cometidos en la dictadura. Además, el Poder Ejecutivo, mediante un decreto revocó los anteriores creados en otros gobiernos, que incluían decenas de casos dentro de la ley de caducidad y por lo tanto no se podía realizar una investigación judicial.
En medio de este debate jurídico, se suma la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En ella se establece que se debe remover todo obstáculo que permita la impunidad y debe ser dejada sin efecto. En los hechos esto significa que se debe dejar sin efecto la ley de caducidad.
Uno de los ministros, señaló que más allá de la posición mayoritaria no se puede decir que sea un caso cerrado.
El País Digital
Gráficos de Gabriel Carbajales
"Un conspirador contra la Memoria, la Verdad y la Justicia opera desde el gobierno. También contra la jueza Mariana Mota. Nada menos que en el ministerio de Defensa. Su nombre: Eleuterio Fernández."
LA IMPUNIDAD TOCA EL TECHO
Por Veronika Engler
Por Veronika Engler
En
la página en la que escriben Ramas y Gavazzo (En voz alta”) se lee lo que publicaron cuando Cedrés se hizo cargo
de la Presidencia de la Comisión Directiva del Centro Militar:
“Conociendo las cualidades personales y profesionales que adornan la
individualidad del Cnel. Guillermo Cedrés, descartamos que su actuación y la de
quienes lo acompañan en la Comisión Directiva, se verá coronada por el éxito y
así se lo auguramos desde nuestra modesta posición.”
Los asesinos que están presos por haber cometido serios delitos contra los DDHH lo apoyan y respaldan.
Comprobamos con bronca y tristeza que siguen teniendo éxito al defender y perpetuar la impunidad y al justificar la bestialidad de los crímenes cometidos en nombre del terrorismo de estado con la mentada “teoría de los dos demonios” y con el cuento del “paso del tiempo“, mientras tanto se les sigue dando la espalda a los familiares de los desaparecidos, a los muertos y torturados y a quienes como la jueza Mariana Mota han tenido una conducta intachable y han luchado para esclarecer los casos de violación a los DDHH a pesar de esta política sucia y corrupta. Siento genuina vergüenza frente a lo que sucede en nuestro país. Que me perdonen quienes continúan defendiendo y enmascarando lo indefendible, quienes piensan y quieren creer que el gobierno es ajeno a esta más que evidente política de impunidad, pero no me quedan dudas de la dirección que han tomado quienes conducen el país. Repudio ese actuar. Los militares están cada vez más “agrandados” y se sienten cada día más seguros, ni siquiera cuidan sus declaraciones. Este ejército “renovado” tiene la misma cabeza que el que reprimió, este ejército “renovado” protege encubre y justifica a quienes lo hicieron. Si tienen alguna duda escuchen con suma atención las declaraciones del presidente del centro militar Guillermo Cedrés y repasen los últimos hechos y decisiones de la SCJ. Es hora de despertar de este cuento que todos quisimos creer...
Veronika Engler
http://www.envozalta.org/CNEL_
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Escrito y publicado el jueves, 6 de octubre de 2011 CONSERVA TODA SU ACTUALIDAD!
JUSTICIA BIZARRA
por José Luis Perera
En
el expediente en que se condena a Gavazzo y Arab por veintiocho
homicidios muy especialmente agravados, en reiteración real, se rechaza
el recurso interpuesto por la fiscal para que los delitos fueran
considerados como “desaparición forzada”. La razón del recurso, era que
el Tribunal presumía la muerte de las víctimas, y que la desaparición
forzada es un delito de lesa humanidad, y como tal suponía un crimen de
Estado y además imprescriptible.
La fiscal entendió que: “debe considerarse que con la desaparición forzada se violan una serie de derechos humanos, a la vida, la libertad, en su sentido más amplio, porque al desaparecido se le niega el ejercicio de todos y cada uno de sus derechos como persona, a la seguridad y a la integridad física y psicológica. La desaparición forzada es un delito que continúa perpetuándose mientras no aparezca la víctima, viva o muerta, dado que la privación de sus derechos fundamentales se mantiene, y como delito continuado no era posible empezar a contar el término de prescripción hasta que aparezca la persona o su cadáver”.
Como sabemos, la Corte desestimó el recurso, diciendo que la figura de la desaparición forzada no resulta aplicable, en virtud que el delito fue creado por la Ley No.18.026, de setiembre de 2006, y al no existir la norma al momento de ejecutarse los hechos, no corresponde su aplicación en forma retroactiva. La SCJ argumenta, entre otras cosas, que “el delincuente, sólo puede motivarse por el mandato normativo cuando éste está configurado como Ley en el momento de la comisión del hecho”.
ES DECIR….
Las conclusiones a que uno puede llegar, analizando la sentencia de la Corte, y siendo un lego en la materia, son realmente decepcionantes.
Veamos; tenemos a una persona desaparecida, en el marco de una dictadura feroz. En primer lugar, la Justicia tiene dos cosas a considerar: una, la que plantea la fiscal, es decir, se trata de un delito de desaparición forzada. Es algo de lo que no hay dudas; la persona existía, tenía un nombre y un apellido, una familia, un domicilio, un estado civil; de golpe desapareció, y múltiples testimonios indican que fueron militares, que se lo llevaron a un cuartel, que se lo torturó, y que nunca más se supo de él. La otra opción, es hacer una suposición, una hipótesis que no puede confirmarse (la de la muerte), ya que la única prueba posible es la aparición de los restos; esa opción culmina necesariamente en la tipificación del delito de homicidio.
Tenemos entonces, por un lado, un hecho concreto, la desaparición de una persona, y por otro lado una suposición, su muerte por homicidio. Y la Justicia uruguaya se inclina por esto último, por lo que no puede probarse. Y claro, las consecuencias no son las mismas. La desaparición forzada es un delito de lesa humanidad, y por tanto, imprescriptible, en tanto que el homicidio es un delito común, con un plazo de prescripción.
Pero hay otras cosas un tanto bizarras en el razonamiento de la Justicia. La Corte dice que no se puede tipificar el delito de desaparición forzada porque el mismo fue recién creado en setiembre de 2006. Esto es, hasta agosto de 2006, alguien podría sencillamente presentarse ante un juez y decir que hizo desaparecer a una persona, y este juez no podría acusarlo de nada, salvo que tuviera la presunción de que mató a esa persona, en cuyo caso lo condenaría por homicidio sin prueba alguna, al no aparecer el cuerpo del delito.
Y no es lo único extraño. Como señalamos más arriba, la Corte también dice en la sentencia, que “el delincuente, sólo puede motivarse por el mandato normativo cuando éste está configurado como Ley en el momento de la comisión del hecho”. Esto es, al parecer si en ese entonces hubiera existido una ley que tipificara la desaparición forzada, Nino Gavazzo o Ricardo Arab o cualquier otra bestia similar, no hubieran cometido esos delitos. Sin embargo, se condena a esas mismas personas por (presuntamente) cometer el delito de homicidio que sí estaba tipificado. Es al menos paradójico. No lo condeno porque presumo que si el delito hubiera estado tipificado no lo hubiera cometido, pero lo condeno por un delito que sí estaba tipificado y que presumo que cometió (no puedo probarlo).
OTRAS CUESTIONES
Uno no es juez, está claro, pero puede suponer –haciendo uso de un poco de sentido común- que juzgar un delito no se hace mediante una tabla de doble entrada, en donde en las columnas figuran los delitos y en las filas las penas, o algo por el estilo. Uno puede suponer que los jueces analizan cual es el delito (como vimos más arriba), pero también las circunstancias en que fue cometido, las razones o móviles, los atenuantes, los agravantes, y toda una gama de consideraciones que rodean el caso.
Si mañana un señor cualquiera mata a su vecino, y pongamos que ese vecino era médico, y que lo mató porque no lo quiso atender cuando le golpeó la puerta a las tres de la mañana. Eso es sin duda un brutal asesinato, un delito común. Ahora bien, si el médico es sacado de madrugada de su casa, y es llevado a un cuartel, y allí es asesinado mediante torturas, y el móvil es la filiación política de ese médico, y el marco histórico en que ese hecho sucede es el de una dictadura en la que se violaban todos los derechos humanos, entonces no se trata de un delito común, se trata de un delito de “lesa humanidad”. Y lo es porque así está definido por el Estatuto de Roma. La definición de crimen contra la humanidad recogida en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional comprende las conductas tipificadas como asesinato, exterminio, deportación o desplazamiento forzoso, encarcelación, tortura, violación, prostitución forzada, esterilización forzada, persecución por motivos políticos, religiosos, ideológicos, raciales, étnicos u otros definidos expresamente, desaparición forzada, secuestro o cualquier acto inhumano que cause graves sufrimientos o atente contra la salud mental o física de quien los sufre, siempre que dichas conductas se cometan como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque.
Y no hay duda que las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura formaron parte de un ataque generalizado y sistemático contra una población civil (en especial contra militantes de izquierda y dirigentes sindicales). Quiere decir que, aún en el caso de que la Justicia tipificara el delito de homicidio, por las circunstancias en que fue cometido lo transforman en un delito de lesa humanidad, y por tanto, imprescriptible. Lo mismo para los casos de tortura o cualquier otra violación de los derechos humanos cometida durante el período dictatorial.
EL DERECHO INTERNACIONAL
También se refiere la Corte a lo consagrado en el Pacto de San José de Costa Rica: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable”. Lo que no tiene en cuenta la Justicia uruguaya, es que el derecho aplicable en estos casos es el derecho internacional. El numeral 2 del artículo 11 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre dice que “Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos según el Derecho nacional o internacional”. Esto es, puede que el delito no esté aún tipificado en el derecho nacional (interno), pero si está tipificado en el derecho internacional, entonces el que comete el delito puede y debe ser condenado. En su resolución de 1969 sobre el castigo de quienes hayan cometido crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad (Resolución 2583 – XXIV), la Asamblea General de las Naciones Unidas consideró que la "investigación rigurosa", así como la sanción de los responsables "son un elemento importante para prevenir esos crímenes y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales, y para fomentar la confianza (...) y contribuir a la paz y la seguridad internacionales". Y no hay ninguna duda que al integrar la ONU, los Estados están obligados a cumplir con sus disposiciones. La página de las Naciones Unidas, en la Dependencia de Información al Público dice lo siguiente: “Los Artículos de la Carta tienen el valor de legislación internacional positiva ya que la Carta es un tratado y por lo tanto un documento vinculante. Todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas deben cumplir de buena fe las obligaciones que han contraído a través de la Carta, incluyendo la de fomentar el respeto de los derechos humanos y la de cooperar con las Naciones Unidas y con otras naciones para alcanzar este fin”. Por cierto, el Pacto internacional sobre derechos humanos ya era ley en nuestro país desde 1969 (Ley Nº 13751) y había sido sucrito en 1967.
Paradojalmente, el país que hoy preside el Comité de Derechos Humanos de la ONU (Uruguay), no tiene en cuenta estas cuestiones dentro de su propio territorio.
La fiscal entendió que: “debe considerarse que con la desaparición forzada se violan una serie de derechos humanos, a la vida, la libertad, en su sentido más amplio, porque al desaparecido se le niega el ejercicio de todos y cada uno de sus derechos como persona, a la seguridad y a la integridad física y psicológica. La desaparición forzada es un delito que continúa perpetuándose mientras no aparezca la víctima, viva o muerta, dado que la privación de sus derechos fundamentales se mantiene, y como delito continuado no era posible empezar a contar el término de prescripción hasta que aparezca la persona o su cadáver”.
Como sabemos, la Corte desestimó el recurso, diciendo que la figura de la desaparición forzada no resulta aplicable, en virtud que el delito fue creado por la Ley No.18.026, de setiembre de 2006, y al no existir la norma al momento de ejecutarse los hechos, no corresponde su aplicación en forma retroactiva. La SCJ argumenta, entre otras cosas, que “el delincuente, sólo puede motivarse por el mandato normativo cuando éste está configurado como Ley en el momento de la comisión del hecho”.
ES DECIR….
Las conclusiones a que uno puede llegar, analizando la sentencia de la Corte, y siendo un lego en la materia, son realmente decepcionantes.
Veamos; tenemos a una persona desaparecida, en el marco de una dictadura feroz. En primer lugar, la Justicia tiene dos cosas a considerar: una, la que plantea la fiscal, es decir, se trata de un delito de desaparición forzada. Es algo de lo que no hay dudas; la persona existía, tenía un nombre y un apellido, una familia, un domicilio, un estado civil; de golpe desapareció, y múltiples testimonios indican que fueron militares, que se lo llevaron a un cuartel, que se lo torturó, y que nunca más se supo de él. La otra opción, es hacer una suposición, una hipótesis que no puede confirmarse (la de la muerte), ya que la única prueba posible es la aparición de los restos; esa opción culmina necesariamente en la tipificación del delito de homicidio.
Tenemos entonces, por un lado, un hecho concreto, la desaparición de una persona, y por otro lado una suposición, su muerte por homicidio. Y la Justicia uruguaya se inclina por esto último, por lo que no puede probarse. Y claro, las consecuencias no son las mismas. La desaparición forzada es un delito de lesa humanidad, y por tanto, imprescriptible, en tanto que el homicidio es un delito común, con un plazo de prescripción.
Pero hay otras cosas un tanto bizarras en el razonamiento de la Justicia. La Corte dice que no se puede tipificar el delito de desaparición forzada porque el mismo fue recién creado en setiembre de 2006. Esto es, hasta agosto de 2006, alguien podría sencillamente presentarse ante un juez y decir que hizo desaparecer a una persona, y este juez no podría acusarlo de nada, salvo que tuviera la presunción de que mató a esa persona, en cuyo caso lo condenaría por homicidio sin prueba alguna, al no aparecer el cuerpo del delito.
Y no es lo único extraño. Como señalamos más arriba, la Corte también dice en la sentencia, que “el delincuente, sólo puede motivarse por el mandato normativo cuando éste está configurado como Ley en el momento de la comisión del hecho”. Esto es, al parecer si en ese entonces hubiera existido una ley que tipificara la desaparición forzada, Nino Gavazzo o Ricardo Arab o cualquier otra bestia similar, no hubieran cometido esos delitos. Sin embargo, se condena a esas mismas personas por (presuntamente) cometer el delito de homicidio que sí estaba tipificado. Es al menos paradójico. No lo condeno porque presumo que si el delito hubiera estado tipificado no lo hubiera cometido, pero lo condeno por un delito que sí estaba tipificado y que presumo que cometió (no puedo probarlo).
OTRAS CUESTIONES
Uno no es juez, está claro, pero puede suponer –haciendo uso de un poco de sentido común- que juzgar un delito no se hace mediante una tabla de doble entrada, en donde en las columnas figuran los delitos y en las filas las penas, o algo por el estilo. Uno puede suponer que los jueces analizan cual es el delito (como vimos más arriba), pero también las circunstancias en que fue cometido, las razones o móviles, los atenuantes, los agravantes, y toda una gama de consideraciones que rodean el caso.
Si mañana un señor cualquiera mata a su vecino, y pongamos que ese vecino era médico, y que lo mató porque no lo quiso atender cuando le golpeó la puerta a las tres de la mañana. Eso es sin duda un brutal asesinato, un delito común. Ahora bien, si el médico es sacado de madrugada de su casa, y es llevado a un cuartel, y allí es asesinado mediante torturas, y el móvil es la filiación política de ese médico, y el marco histórico en que ese hecho sucede es el de una dictadura en la que se violaban todos los derechos humanos, entonces no se trata de un delito común, se trata de un delito de “lesa humanidad”. Y lo es porque así está definido por el Estatuto de Roma. La definición de crimen contra la humanidad recogida en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional comprende las conductas tipificadas como asesinato, exterminio, deportación o desplazamiento forzoso, encarcelación, tortura, violación, prostitución forzada, esterilización forzada, persecución por motivos políticos, religiosos, ideológicos, raciales, étnicos u otros definidos expresamente, desaparición forzada, secuestro o cualquier acto inhumano que cause graves sufrimientos o atente contra la salud mental o física de quien los sufre, siempre que dichas conductas se cometan como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque.
Y no hay duda que las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura formaron parte de un ataque generalizado y sistemático contra una población civil (en especial contra militantes de izquierda y dirigentes sindicales). Quiere decir que, aún en el caso de que la Justicia tipificara el delito de homicidio, por las circunstancias en que fue cometido lo transforman en un delito de lesa humanidad, y por tanto, imprescriptible. Lo mismo para los casos de tortura o cualquier otra violación de los derechos humanos cometida durante el período dictatorial.
EL DERECHO INTERNACIONAL
También se refiere la Corte a lo consagrado en el Pacto de San José de Costa Rica: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable”. Lo que no tiene en cuenta la Justicia uruguaya, es que el derecho aplicable en estos casos es el derecho internacional. El numeral 2 del artículo 11 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre dice que “Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos según el Derecho nacional o internacional”. Esto es, puede que el delito no esté aún tipificado en el derecho nacional (interno), pero si está tipificado en el derecho internacional, entonces el que comete el delito puede y debe ser condenado. En su resolución de 1969 sobre el castigo de quienes hayan cometido crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad (Resolución 2583 – XXIV), la Asamblea General de las Naciones Unidas consideró que la "investigación rigurosa", así como la sanción de los responsables "son un elemento importante para prevenir esos crímenes y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales, y para fomentar la confianza (...) y contribuir a la paz y la seguridad internacionales". Y no hay ninguna duda que al integrar la ONU, los Estados están obligados a cumplir con sus disposiciones. La página de las Naciones Unidas, en la Dependencia de Información al Público dice lo siguiente: “Los Artículos de la Carta tienen el valor de legislación internacional positiva ya que la Carta es un tratado y por lo tanto un documento vinculante. Todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas deben cumplir de buena fe las obligaciones que han contraído a través de la Carta, incluyendo la de fomentar el respeto de los derechos humanos y la de cooperar con las Naciones Unidas y con otras naciones para alcanzar este fin”. Por cierto, el Pacto internacional sobre derechos humanos ya era ley en nuestro país desde 1969 (Ley Nº 13751) y había sido sucrito en 1967.
Paradojalmente, el país que hoy preside el Comité de Derechos Humanos de la ONU (Uruguay), no tiene en cuenta estas cuestiones dentro de su propio territorio.
Publicado por José Luis Perera
ANTE LA DECISIÓN DE LA SUPREMA CORTE
Buenos aires 14-02-2013.
Ante la decisión de la Suprema Corte de Justicia uruguaya de trasladar a la jueza Mariana Mota al ámbito civil; lxs Uruguayxs por los DDHH en Argentina queremos denunciar que esto es un ataque a los DDHH. Y no es el primero, porque sistemáticamente desde el Gobierno se ha impedido toda posibilidad de justicia para con las víctimas del genocidio de Estado. Han dejado que los criminales que implementaron el exterminio de lxs luchadorxs del campo popular se paseen libremente por las calles juntamente con sus víctimas y familiares. Permitiendo la impunidad de quienes tuvieron participación directa sobre lo actuado en la dictadura y obstaculizando el accionar de quienes como la jueza Mariana Mota, demostró estar comprometida con la defensa de los DDHH.
Recordemos que desde el Poder Político se intentó por todos los medios de no anular la ley de impunidad, y que sólo se hizo ante la obligación a que fue sometido el
Gobierno uruguayo por el fallo de la Corte Interamericana de DDHH en el caso Gelman; y no obstante el tratamiento de este tema en las cámaras, estuvo pleno de ridiculeces y artilugios vergonzantes.
Es altamente significativo que la SCJ tome esta decisión justamente en esta fecha , no sólo por el feriado , sino que como sabemos muy bien en los meses veraniegos la ciudadanía está más dispersa.
Fue Mariana Mota quien condenó al dictador Bordaberry por delitos de lesa humanidad.
Fue a Mariana Mota a quien el Ministro de Defensa impidió sacar fotos en el Batallón nro 13 y en el Servicio de Material y Armamento del Ejercito. Y además, desoyó la Orden Judicial de la jueza por la búsqueda del misteriosamente desaparecido avión Air Class.
La jueza Mota está en la mira del Poder Ejecutivo, desde que el presidente Mujica dijo que le llamaba la atención que ni la Suprema Corte, ni nada parecido se hubiera pronunciado ante los dichos de la jueza; haciendo referencia a las opiniones vertidas por Mota al diario Página 12; allí Mota declaraba que el Gobierno uruguayo no hacía una promoción de los DDHH como en Argentina y que la visión de Mujica y Fernández Huidobro estaba marcada por su condición de rehenes de la dictadura uruguaya.
La jueza Mariana Mota también fue criticada por su participación en la Marcha del Silencio realizada en el año 2011.
Es la jueza Mariana Mota quien estaba a cargo de resolver en el caso de homicidio por torturas a Aldo Perrini, que involucraría a un alto oficial de las FFAA.
Y ahora finalmente ha sido trasladada por la SCJ, quedando en evidencia que no existe la separación entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo; a todo esto sería interesante escuchar alguna definición del Poder Legislativo, ante estos hechos gravísimos.
Es otro duro golpe a los DDHH, por eso adherimos a los reclamos de los distintos Organismos de DDHH que se convocaron para estar alertas y manifestarse en contra de estos atropellos.
POR VERDAD YJUSTICIA
por URUGUAYXS por los DDHH en ARGENTINA
Ana María Parnás
Marcia Rodríguez Otegui
“BANANERA”. Para el diputado
(Frente Líber Seregni) José Carlos Mahía es necesario que se aclare la
situación. “Este es un episodio muy raro, habrá que investigar. Si pasó
así, sería un hecho lastimoso, no somos una república bananera”, dijo
Mahía.
Último Momento | EN LA REGIÓN
Para el gobierno norteamericano Uruguay es líder en democracia
Para el gobierno norteamericano, Uruguay, en la región, es líder en democracia y derechos humanos, además de ser un importante referente mundial. Así lo expresó María Otero, subsecretaria de Seguridad Ciudadana, Democracia y Derechos Humanos de la administración Obama.
La jerarca extranjera se reunió con el presidente José Mujica con quien dialogó sobre programas de cooperación (ya en curso) en área de seguridad ciudadana. En ese sentido, el gobierno norteamericano ofreció asistir a Uruguay suministrando fondos para un programa de evaluación del sector carcelario y para buscar soluciones a los casos de violencia doméstica.
Otero también expresó su apoyo a las políticas de operaciones de paz y de concientización de derechos.
Además de reunirse con Mujica, la representante norteamericana se reunió con el canciller Luis Almagro y con el subsecretario del Interior, Jorge Vázquez.
El País Digital
Mota: La Justicia “debería ser independiente”
La jueza mostró su descontento por el desplazamiento de la esfera penal a la civil
© Nicoilás Garrido
+ - 15.02.2013, 16:07 hs
- ACTUALIZADO 19:45
Texto:El Observador
Tras la polémica que causó su traslado, y tras una
marcha de apoyo que terminó con la Policía desalojando a los
manifestantes del edificio de la Suprema Corte de Justicia, Mariana Mota
asumió este viernes en su nuevo cargo de jueza civil. La apatía por esa
designación –y su consiguiente desplazamiento de la esfera penal, donde
atendía varios casos de DDHH- fue la tónica que marcó su asunción.Otros diez jueces también juraron en el mismo acto. Luego de haber realizado sus correspondientes juramentos y tomas de mando, los magistrados se felicitaron y saludaron con un beso, mientras que Mota se limitó a saludarlos con un apretón de manos y la cabeza cabizbaja.
La toma de mando y el juramento correspondiente no se pudieron realizar a la hora que se había establecido por la presencia de unos 300 manifestantes que se agolparon para protestar dentro de la Suprema Corte de Justicia. Desde el organismo se vieron obligados a llamar a la Policía para que desalojara a las personas.
“Investigaciones no hubo nunca, hubo pedidos de informe que se concluyeron con archivos. Hay una investigación que se inició, en la que después declaré y nunca supe lo que pasé con eso. Nunca tuve sumarios, si hubiese tenido me hubieran notificado, se supone que el proceso administrativo es ese es ese”, dijo la jueza a la prensa acerca de posibles investigaciones a su trabajo de parte de la Suprema Corte.
Consultada sobre si piensa que hubo presiones a la justicia para removerla de su puesto penal, Mota indicó: “Yo puedo pensar, no creo que sea yo quien dé las explicaciones”.
“Presionados nos podemos sentir todos, el tema es que hacer con esas presiones”, respondió al ser consultada sobre si se sentía presionada, luego de lo cual fue interrogada acerca de si consideraba una presión la advertencia que le hizo la corte cuando participó de la marcha del día del silencio, en 2011: “Es una opinión de la corte, que me dijo que había faltado a la ética. Yo no lo comparto”.
También dijo que considera que la juez Larrieux, que la subrogará en su cargo, es “muy buena juez”, pero que “se pierde un tiempo importante”, hasta tanto pueda meterse de lleno en todos los casos que manejaba.
“Yo no quisiera hacerlo, no está en mi ánimo”, dijo sobre su partida del ámbito penal, antes de cortarse por la emoción. “No quería irme de ese juzgado”.
La prensa también le consulto sobre si considera que la justicia es independiente en Uruguay. Tras un largo silencio respondió: “Debería ser independiente”.
ACADÉMICOS RESIDENTES EN MÉXICO Y AMÉRICA LATINA SUMAMOS NUESTRAS VOCES A LA DENUNCIA Y PEDIDO DE EXPLICACIONES QUE SUSCRIBEN OTROS COLEGAS DESDE DISTINTOS CENTROS DEL MUNDO EN TORNO AL TRASLADO DE LA JUEZA MARIANA MOTA DE UN JUZGADO PENAL, QUE TENÍA A SU CARGO LAS CAUSAS DE MÁS DE 50 CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD, A UNO CIVIL. ESTO ASEGURA LA PARALIZACIÓN DE LAS CAUSAS Y CONSTITUYE UN GRAN RETROCESO A LA APLICACIÓN DE LA JUSTICIA HUMANITARIA EN URUGUAY
Gracias por adherir con sus FIRMAS.
Reenviar al correo
aburiano@institutomora.edu.mx
ana_buriano@hotmail.com
Ana Buriano, Historiadora, Instituto de Investigaciones Dr. José Ma. Luis Mora
> 15 de febrero
>
> CARTA ABIERTA SOBRE EL TRASLADO DE LA JUEZ MARIANA MOTA DE UN JUZGADO PENAL A UNO CIVIL
>
> Como académicos interesados en el tema de la justicia transicional y los derechos humanos en América Latina, y con especial preocupación por el Uruguay, nos dirigimos a Ud. en relación al anuncio del traslado de la Juez Penal Mariana Mota del juzgado penal 7 al juzgado civil uno.
> La Doctora Mota tenía a su cargo más de 50 causas de crímenes cometidos durante la última dictadura en el Uruguay. En 2010, la Juez condenó a prisión al ex dictador Juan Maria Bordaberry por su papel en llevar a cabo el golpe de estado de 1973.
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> El miércoles 13 de febrero la Juez Mota fue informada de la decisión de la Suprema Corte de su traslado a juzgado civil. Se desconoce la razón detrás de esta decisión. Aunque la ley uruguaya permite a la Corte llevar a cabo este tipo de acción, la falta de fundamento público de esa decisión sobre una juez cuyo trabajo ha sido reconocido por su imparcialidad frente a casos de suma complejidad, nos encontramos desconcertados.
El cambio de la Juez Mota genera incertidumbre sobre el futuro de las investigaciones y los procedimientos judiciales de las causas de derechos humanos que ella tenía a su cargo.
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> En nuestra opinión como académicos, resulta extraño que se decida el traslado de un juez sin que éste lo haya pedido o haya cometido alguna falta. Mucho más grave en este caso específico es que, debido a la naturaleza y el alto número de causas de terrorismo de estado que la Juez tenía a su cargo, es altamente probable que estas causas se vayan a trancar y demorar muchísimo. Es asombroso que eso ocurra apenas unos meses después de que el parlamento uruguayo ratificara la imprescritibilidad de los delitos de lessa humanidad y derogara así la Ley de Caducidad de la Pretención Punitiva del Estado, que por más de veinte años permitió vivir en impunidad a asesinos, violadores, y torturadores. Con esta resolución de la Suprema Corte y a pesar de la condena de la Corte IDH en el caso Gelman vs. Uruguay, nuevamente se facilita la impunidad de los criminales. Aún mas grave, estos impedimentos han sido motivados desde la sede de Justicia que debería tener la responsabilidad de avanzar las causas y no entorpecerlas.
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> Es entonces de alta preocupación para los abajo firmantes, y para la comunidad internacional en general, que existan presiones de este tipo hacia jueces actuantes en causas notorias recientemente desarrolladas en derechos humanos. Además es altamente preocupante que se quiera alejar a una Juez competente, formada, y eficiente desde su juzgado, y de reconocida trayectoria.
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> Es fundamental para la libertad y la democracia en el Uruguay la preservación de su carácter republicano ampliamente conocido en el mundo. Y para lo cual es indispensable que se respete el trabajo independiente de los jueces abocados a estas causas rechazando las presiones que desde el orden público o la prensa se ejercen. Cualquier medida que se adopte siguiendo rumores de prensa o declaraciones del ejecutivo será interpretada como injerencia en la independencia del poder judicial y como en su triste pasado, Uruguay volverá a integrar la lista de naciones donde la libertad de acción y la independencia de la justicia son violadas, y el estado de derecho no es respetado.
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> Exigimos que la Corte Suprema de Justicia fundamente las razones del traslado de la Juez Mota. De no existir fundamentos válidos consideramos que debería continuar en su juzgado para permitir que siga investigando las causas de derechos humanos que hasta ahora permanezcan en la impunidad.
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> Atentamente,
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> Dra Francesca Lessa, Researcher, Latin American Centre y St. Anne's College, Universidad de Oxford (UK)
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> Dra Jo-Marie Burt, Profesora de Ciencias Políticas y Directora del Programa de Estudios Latinoamericanos, George Mason University (USA)
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> Dra Gabriela Fried Amilivia, Department of Sociology/ Latin American Studies Program, California State University. Los Angeles (EE.UU); Investigadora Asociada, Agencia Nacional de Investigacion (ANII) -Uruguay (USA/Uruguay)
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> Dra. Naomi Roht-Arriaza, Professor of Law, University of California, Hastings College of Law (USA)
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> Dra. Paloma Aguilar, Profesora de Ciencia Política, Universidad Nacional de Educación a Distancia (España)
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> Dra Mariana Achugar, Associate Professor of Hispanic Studies and SLA, Department of Modern Languages, Carnegie Mellon University (USA)
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> Dr. Emilio Crenzel, Investigador del CONICET, Profesor de Sociología, Universidad de Buenos Aires (Argentina)
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> Dra Victoria Ruétalo, Associate Professor of Spanish and Latin American Studies, Department of Modern Languages and Cultural Studies, University of Alberta (Canada)
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> Dr. Henry Frank Carey, Dept. of Political Science. Georgia State University (USA)
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> Fabiana Larrobla, Lic. en Ciencia Política. Universidad de la República (Uruguay)
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> Francisco Soberón, Director-Fundador de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) y Presidente de la Asociacion Nacional de Centros (Perú)
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> Dra Elin Skaar, Profesora de Ciencias Políticas y Investigadora, Chr. Michelsen Institute (Bergen, Noruega)
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> Dr Cara Levey, Teaching Fellow in Latin American Studies,Department of Spanish, Portuguese and Latin American Studies, School of Modern Languages and Cultures, University of Leeds (UK)
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> Dr María Soledad Montañez, Lecturer in Spanish and Latin American Studies, Division of Literature and Languages, University of Stirling (Scotland, UK)
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> Dr David Martin-Jones, Senior Lecturer in Film Studies, Director of the Centre for Film Studies, University of St Andrews (UK)
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> Dr. Julio Ríos Figueroa, Profesor Investigador, División de Estudios Políticos, CIDE (Mexico)
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> Dra. Karina Ansolabehere, Profesora-Investigadora,FLACSO
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> Dra. J. Patrice McSherry, Professor of Political Science and Director, Latin America and Caribbean Studies Program, Long Island University
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> Dr. Raul Molina, Adjunct Professor of History, Long Island University
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> Dra. Louise Mallinder, Transitional Justice Institute, University of Ulster, Northern Ireland (UK)
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> Julie Guillerot, consultora independiente (Francia/Peru)
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> Dra. Soledad Pache Espasandín (Uruguay)
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> Dra. Isabella Cosse, CONICET/Universidad de Buenos Aires (Argentina).
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> Lic. Lorena Balardini, profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y coordinadora del Área de Investigación del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) (Argentina)
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> Dr. Gabriel Gatti, Sociología, Universidad del País Vasco (España)
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> Luciana Scaraffuni Ribeiro, Asistente doctoral, Facultad de ciencias sociales, Departamento de antropologia, Universidad de los Andes (Colombia)
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> Gabriel Pereira, Candidato al doctorado, Departamento de Política y Asuntos Internacionales, University of Oxford (UK)
Dra. Ana Buriano Castro, Profesora Investigadora Titular, Instituto Mora, México
Dra. Carmen Collado, Profesora Investigadora Titular, Instituto Mora, México
Dra. Ana Rosa Suárez Arguello, Profesora Investigadora Titular, Instituto Mora, México
Dr. Enrique Coraza de los Santos, Historiador, Depto. Ciencias Jurídicas, División Ciencias Sociales, Universidad de Quintana Roo, México
Dra. Silvia Dutrénit Bielous, Profesora-investigadora titular del Instituto Mora (México, DF)
Dra Isabel Torres Dujisin , profesora asociada Departamento de Ciencias Históricas, Universidad de Chile (Santiago de Chile)
Dra. María Teresa Sierra Camacho, Profesora-Investiadora de CIESAS (México DF)
Dr. Aaron Pollack, Profesor-investigador titular del Instituto Mora (México, DF)
Dra Isabel Torres Dujisin , profesora asociada Departamento de Ciencias Históricas, Universidad de Chile (Santiago de Chile)
Dra. María Teresa Sierra Camacho, Profesora-Investiadora de CIESAS (México DF)
Dr. Aaron Pollack, Profesor-investigador titular del Instituto Mora (México, DF)
Saúl Ibargoyen Islas, Poeta, México
Dra. Mónica Palma Mora. Profesora Investigadora Titular de la Dirección de Estudios Históricos del INAH, México, D.F.
Dr. Gonzalo Varela Petito, Universidad Autónoma Metropolitana, México, DF.
Matilde González, Académica, Guatemala
Dra. Angélica Cuéllar Vázquez
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM- México
GUADALUPE VALENCIA GARCÍA
COORDINADORA DEL POSGRADO EN ESTUDIOS LATINOAMERICANOS, UNAM – MÉXICO
Prof. Graciela Saez, Directora del Instituto y Archivo Histórico Municipal de Morón, Prov. de Buenos Aires (Argentina)
Nacional - CRÓNICA DEL JURAMENTO DE MOTA
Un grito en la cara de la Justicia
La manifestación en apoyo a la jueza ingresó a la sede judicial y fue desalojada por la Policía
+ Nicolás Delgado @nicodelgado13 - 16.02.2013, 05:00 hs
Texto: El Observador
Era la hora 10.20 cuando unas 300 personas comenzaron a aplaudir. El aplauso incesante era acompañado por pancartas y cánticos. “Huidobro mafioso”, decía una cartelera en referencia al enfrentamiento entre la jueza y el ministro de Defensa Nacional, Eleuterio Fernández Huidobro. “Se va a acabar, se va acabar la impunidad del Uruguay”, coreaban los presentes, entre quienes habían integrantes del PIT-CNT, Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, Hijos Uruguay, la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU) y Crysol. Estaban además el diputado frenteamplista Luis Puig y varios abogados y fiscales. Más allá de matices en la forma de manifestarse, los presentes coincidían en algo: el traslado de Mota impide que se sigan esclareciendo las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura.
A la hora 10.40 llegó la jueza, acompañada por su esposo y sus tres hijos. La ovación retumbó en plaza Libertad y varios se abalanzaron para saludarla. La fiscal Ana María Tellechea –representante del Ministerio Público en la mayoría de las causas que tramita Mota– se le prendió con todas sus fuerzas y soltó más de una lágrima. Mota tampoco pudo contener la emoción. Tras sus pasos, los manifestantes ingresaron al palacio. “Mariana, amiga, el pueblo está contigo”, coreaban.
El salón donde además de Mota jurarían otros 14 jueces se convirtió pronto en una trinchera de reclamos frontales. “Que se vayan”, era el grito dirigido a los ministros de la SCJ, que permanecían en una sala contigua.
A la hija menor de Mota, Eugenia, de 13 años, no le gustaban muchos los cantos. Estaba asustada, abrazada a su padre en el salón de juramento. Manuel, el varón de 14 años, sonreía. Y Sara, de 15, estaba un poco disgustada. “Me da cosa por la gente, por esta gente”, comentó a El Observador.
Su madre, mientras, era asediada por la prensa y simpatizantes, pero hablaba poco. “Nunca tuve sumarios”, aclaró.
Entre abrazos y forcejeos para ingresar a la pequeña sala de juramentos, uno de los manifestantes comenzó a cantar: “Mariana presidente”. “¿Me estás jodiendo?”, bromeó Manuel. La confusión de los hijos de Mota era compartida por los funcionarios del Poder Judicial que, sobre la hora 11.15, concluyeron que en esas condiciones no se podía realizar el acto público. El rumor de que el juramento no se realizaría si los revoltosos no desalojaban la sala recorrió el palacio. “¿Qué querés que hagamos?”, le preguntó un manifestante a Mota. “No sé, yo no organizo esto”, respondió la jueza.
Primera avanzada policial
A los pocos minutos, ingresaron al hall seis integrantes del Grupo Especial de Patrullaje Preventivo (GEPP) a cargo del oficial Miguel Iraola dispuestos a desalojarlo. De los cánticos agraviantes pasaron a los empujones mutuos. El exjugador de Nacional Diego Jaume, cuyo padre fue torturado en Boiso Lanza, se puso a la vanguardia de la resistencia. La puerta al salón de actos se llenó de manotazos y gritos, hasta que Iraola ordenó que la fuerza se retirara.
El oficial se reunió entonces en una sala contigua al hall con el vocero de la SCJ, Raúl Oxandabarat, y los dirigentes sindicales Gustavo Signorele y Edgardo Oyenard. “Tenemos que desalojar”, les dijo Iraola. “¿Por orden de quién?”, preguntó Signorele. “De (la jueza penal de turno, Gabriela) Merialdo”, respondió el oficial. Signorele comenzó a insultar a los cuatro vientos. “Acá no se reprimió ni en dictadura”, gritaba. Luego amenazó con ocupar el palacio Piria, pero finalmente se calmó y se comprometió a retirar a los manifestantes, si la policía también se retiraba.
Signorele ingresó otra vez a la sala de juramentos, abrazó a Mota y le pidió que le solicitara a los representantes de otras organizaciones que desalojaran la sala. A la jueza no le simpatizó la idea. Aseguró que ella no convocó a ninguna manifestación, pero dijo que lo haría porque no era justo que los demás jueces no juraran por esa razón. Mota se acercó a Irma Leites, vocera de Plenaria Memoria y Justicia, para susurrarle el exhorto. “Yo me voy a retirar, pero esto es un mandado del PIT al gobierno”, dijo Leites.
Lo que en principio era una manifestación pacífica en apoyo a Mota y en repudió a los ministros de la SCJ, se convirtió en confrontación física con la Policía y, luego, en conflicto interno entre las asociaciones convocantes. Si bien los sindicalistas se proponían disuadir y desalojar, no tenían el respaldo suficiente para lograrlo. Además de no aceptar la propuesta, varios manifestantes los insultaron.
Entre la hora 12 y las 12.30, desfilaron por las mejillas y la espalda de Mota besos, lágrimas y abrazos de hombres y mujeres que repetían “gracias”. Cuando le avisaron que la jueza que solicitó el desalojo de la sede, a pedido de los miembros de la corte, fue Gabriela Merialdo, Mota repreguntó, indignada, “¿Merialdo?”, y sonrió.
Una mujer misteriosa
Ante el fracaso en la negociación, la Policía emprendió la segunda avanzada. Volvieron los pechones y los empujones y reapareció un actor central entre el tumulto: Zabalza. Espalda con espalda con Oyenard, empujaba a los policías para evitar el desalojo. “Se tiene que ir”, le decía el oficial a Zabalza. “No me voy a ir”, repetía el extupamaro. “Esto pertenece al pueblo. Que venga Rubial Pino”, ordenó, en alusión al presidente de la SCJ. En la hora más tensa, Zabalza lideró a los revoltosos. “Que se suspenda el acto y nos vamos todos tranquilos”, propuso, pero ninguna de sus ideas encontró tierra fértil en las autoridades. Entrelazado con los policías, el viejo líder era el objetivo preferido de fotógrafos y camarógrafos. “Quedé lindo”, le preguntó a un reportero. Con Zabalza al frente, los manifestantes resistieron el embate policial.
A la hora 13.05, llegó el jefe de Policía de Montevideo, Diego Fernández, acompañado por la Guardia Metropolitana. La tercera ofensiva fue menos violenta pero más efectiva.
Tras el desalojo, la Policía permitió el ingreso solo a la prensa y a familiares de los jueces que juraban. Mota juró con un casi imperceptible “sí, juro”, mirando hacia abajo. Cuando los ministros saludaban con un beso a las otras juezas, Mota les extendió la mano sin mirarlos a los ojos. “Aguante, Mariana”, gritó uno de los presentes.
La jueza se retiró junto a su familia. Unas 30 personas que esperaban en la calle la ovacionaron nuevamente al salir.
Pero todavía quedaba un último escollo. Al doblar la esquina, mientras se retiraba, una mujer rubia comenzó a insultarla. “Mirame. ¿No te acordás de mí?”, le gritaba. Se le acercó, tomó uno de los palos que sostenía una pancarta en apoyo a Mota, y agredió a su hija. “Tú madre es una asesina”, le dijo a la adolescente que comenzó a llorar. Nadie entendía nada. Tras la agresión, la misteriosa mujer desapareció.
Mota caminó cuatro cuadras, acompañada por una procesión de seguidores y se subió al auto. En el asiente trasero, la hija menor, abrió una revista del Gallo Claudio. Su padre arrancó el auto y dejó detrás de sí el último aplauso.
Denuncian presión del FA a la Justicia
Choque de poderes. El Frente Amplio pretende citar a la SCJ para que explique el traslado de la jueza Mota La Corporación y la oposición afirman que eso es una injerencia en Poder Judicial
Convocados por el Pit-Cnt y organizaciones vinculadas a denuncias contra militares de la dictadura (1973-1985), decenas de personas coparon al mediodía la sede de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), mientras otras decenas manifestaban en el pasaje Derechos Humanos de Plaza de Cagancha en contra del traslado de Mota de un juzgado penal a otro civil.
Mota es la jueza que concentraba medio centenar de denuncias contra militares de la dictadura. Ayer juró como jueza en lo civil, acatando una decisión de la SCJ comunicada esta semana. (Ver página A/7).
La SCJ denunció el copamiento y los incidentes en el juzgado de Gabriela Merialdo, que hoy sábado tomará declaraciones a los policías que actuaron en el desalojo de la sede del Poder Judicial.
En la misma línea, el senador frenteamplista Enrique Rubio anunció ayer mientras se desarrollada el copamiento de la SCJ, la convocatoria de los ministros al Parlamento para que expliquen el traslado de Mota. "Entendemos que las explicaciones que se han dado por algunos voceros son insuficientes o contradictorias y es bueno desde el punto de vista institucional que estas cosas se aclaren porque de lo contrario se provoca una erosión institucional", dijo Rubio.
Para Rubio, con la decisión de la SCJ de trasladar a Mota "hay un grupo de gente, de violadores de derechos humanos, que está festejando". Según dijo, "por razones de transparencia democrática es imprescindible que la Corte brinde explicaciones".
Por su parte, el Partido Comunista y el Pit-Cnt abonaron ayer la polémica con dos comunicados donde critican a la SCJ, respaldan a Mota y cuestionan el procedimiento policial que desalojó a los manifestantes.
"Repudio a la provocadora y activa presencia de fuerzas de choque en el marco de una manifestación popular, pacífica y justa", dice la declaración del PCU sobre el proceder de los subalternos del ministro del Interior, Eduardo Bonomi (MPP).
El Pit-Cnt, en tanto, dijo que el traslado de Mota debe entenderse en el marco de las "intrincadas tramas de intereses que siguen apostando a perpetuar la impunidad" por los crímenes de la dictadura. Además, denuncia "una suerte de gatopardismo existente en todos los niveles" del Estado "con relación a sus obligaciones en torno a las violaciones a los derechos humanos" y que Mota es "una nueva víctima" de esto.
Al igual que Almagro y Rubio, la declaración del Pit-Cnt hace referencia al "regocijo" que el traslado de Mota despertó entre los militares detenidos en la cárcel de Domingo Arena, y apoya el planteo del Frente Amplio de que los ministros de la SCJ expliquen la medida en el Parlamento.
"No nos encontramos en un estado feudal, sino en un estado democrático donde como ciudadanos dirimimos nuestros conflictos ante tribunales de justicia en los que debemos tener confianza y explicaciones satisfactorias de sus decisiones", concluye la declaración del Pit-Cnt.
"BESTIAS".
Así como el gobierno, el Frente Amplio y el Pit-Cnt se alinearon en contra de la SCJ, en la oposición fue unánime el respaldo a la actuación de los ministros de la Corte y en que no corresponde que vayan al Parlamento a explicar sus decisiones.
"Creo que la Suprema Corte no le debe rendir cuenta acerca de las medidas que toma en el ejercicio de su competencia. Así como nosotros no le rendimos cuenta a la Corte de las medidas administrativas que tomamos, tampoco la Corte nos debe dar cuenta de las medidas administrativa que tome", dijo a El País el senador colorado Ope Pasquet (Vamos Uruguay).
Pasquet consideró una "injerencia parlamentaria que supondría una lesión al principio de separación de poderes" la citación de la SCJ.
Su compañero de bancada y líder de Vamos Uruguay, Pedro Bordaberry, fue en el mismo sentido que Pasquet, y agregó: "Como integrantes de un poder del Estado debemos tener especial respecto al Poder Judicial, tenemos que guardar silencio y respeto por sus decisiones. El día que vivimos hoy es triste para las instituciones".
Para el expresidente y senador Luis Alberto Lacalle (Unidad Nacional) tampoco corresponde citar a la SCJ al Parlamento. "Es tan posible que concurra la Suprema Corte como que los cardenales del Vaticano respondan a una convocatoria del Frente Amplio", dijo Lacalle.
"No pueden convocar a la Suprema Corte, porque de acuerdo a nuestro ordenamiento constitucional y a la teoría de separación de poderes que es la rige en todos los países democráticos, la Suprema Corte es independiente y sus fallos y decisiones pueden ser susceptibles de critica pero no de contralor parlamentario. No sean bestias, no la pueden convocar", concluyó.
En tanto, el senador Jorge Larrañaga (Alianza Nacional), coincidió en que es inviable la convocatoria a la SCJ. "Rige el principio de separación de poderes, por ejemplo el Poder Legislativo puede citar a los ministros pero no al presidente", explicó Larrañaga.
Y el presidente del Partido Independiente, Pablo Mieres, denunció que la citación del Frente Amplio es "un intento terrible de presión" sobre el Poder Judicial, y consideró un "desacato" la manifestación de ayer frente a la sede de la SCJ.
"UNA LOCURA".
Un ministro de la SCJ, que pidió reserva de su nombre, mostró ayer su sorpresa ante el anuncio de la citación al Parlamento. "Habrá que verlo, pero no creo que existan antecedentes de algo así", dijo a El País. "Normalmente, en un año se trasladan unos 100 jueces y ningún legislador pide explicaciones por eso", agregó.
"La Corte no puede evaluar cada traslado como si fuera un drama o una complicación institucional. Los traslados de penal a civil o a otra materia no son extraños, sino que son el devenir de la carrera judicial", dijo el magistrado, que recordó que dos de los actuales ministros de la SCJ (Jorge Ruibal Pino y Julio César Chalar) en su momento pasaron de la materia penal a la civil.
Por su parte, el constitucionalista Martín Risso dijo a El País que "es una locura" plantear una invitación a la SCJ para que explique el traslado de la jueza Mota, porque de esa forma se violaría el principio de separación de poderes.
"Sería una suerte de presión del Poder Legislativo en un asunto que es privativo del Poder Judicial", explicó Risso.
REACCIONES
Rubio: "Hay un grupo de violadores que festeja"
SENADOR DEL FRENTE AMPLIOHay un grupo de violadores de derechos humanos que está festejando. Por razones de transparencia democrática es imprescindible que la Corte brinde explicaciones".
Lacalle: "No sean bestias, no la pueden convocar"
SENADOR DEL PARTIDO NACIONALEs tan posible que concurra la Suprema Corte de Justicia como que los cardenales del Vaticano respondan a una convocatoria del Frente Amplio. No sean bestias, no la pueden convocar".
Pasquet: "Se lesiona la separación de poderes"
SENADOR DEL PARTIDO COLORADOLa Corte no le debe rendir cuenta de las medidas que toma en el ejercicio de su competencia. Citarla sería una injerencia parlamentaria que supondría una lesión a la separación de poderes".
Mieres: "Pasos hacia un sistema no democrático"
PRESIDENTE PARTIDO INDEPENDIENTELa citación del FA es grave. El Poder Legislativo no tiene facultades de control sobre el Poder Judicial, si así fuera estaríamos dando pasos ciertos hacia un sistema no democrático".
Fallo hará prescribir delitos de la dictadura
La Suprema Corte de Justicia (SCJ) se apresta a declarar en los próximos días la inconstitucionalidad de la ley aprobada en 2011 y por la cual se interpretó la ley de Caducidad elevando los plazos de prescripción de los delitos cometidos por militares y policías durante la dictadura (1973-1985).La ley 18.831, en su artículo 1°, señala: "Se restablece el pleno ejercicio de la pretensión punitiva del Estado para los delitos cometidos en aplicación del terrorismo de Estado hasta el 1º de marzo de 1985, comprendidos en el artículo 1º de la Ley Nº 15.848, de 22 de diciembre de 1986".
Y en el artículo 2° de la ley se estableció que "no se computará plazo alguno, procesal, de prescripción o de caducidad, en el período comprendido entre el 22 de diciembre de 1986 y la vigencia de esta ley, para los delitos a que refiere el artículo 1º de esta ley".
La ley cuestionada fue aprobada para evitar que los delitos cometidos durante la dictadura prescribieran después del 1° de noviembre de 2011, fecha tope establecida según la interpretación jurídica mayoritaria.
Sin embargo, la ley 18.831 fue impugnada por decenas de militares indagados en casos de homicidios, desapariciones y torturas, quienes alegaron que la ley penal no puede aplicarse en forma retroactiva.
Según informó ayer el diario El Observador, entre los cinco ministros de la SCJ hay mayoría para declarar la inconstitucionalidad de la ley interpretativa de la ley de Caducidad. La sentencia se firmaría la próxima semana, según indicó a El País una fuente judicial.
En mayo de 2011, la Corporación concluyó que los delitos cometidos durante la dictadura son delitos comunes y no de lesa humanidad, en cuyo caso no operaría la prescripción. Esa tesis es mantenida por tres de los cinco miembros que actualmente integran la SCJ.
El abogado y exjuez Federico Álvarez Petraglia, quien representa a varios expresos políticos que denunciaron torturas, dijo a El País que si la SCJ declara la inconstitucionalidad de la ley 18.831, "prescribirían todos los casos salvo los que tienen personas condenadas".
"Si esta ley se declara inconstitucional ya no se podrá avanzar en ninguna otra causa que no implique a ninguno de los procesados y condenados, quienes podrán ser investigados hasta que mueran, porque en relación a ellos no hay prescripción", explicó.
El País Digital
Jueza penal inicia investigación sobre la ocupación de la Corte
Choque de poderes. La Suprema Corte de Justicia denunció la ocupación de su sede ante la jueza penal de turno, que hoy iniciará la indagatoria | 300 manifestantes apoyaron a la jueza Mota
P. MELGAR / P. MELENDREZ
Los policías que actuaron ayer en el desalojo del edificio de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) pasarán hoy por el juzgado penal para aportar filmaciones y fotografías del incidente en ocasión de la jura en el cargo de la jueza Mariana Mota.
La Policía Técnica entregará hoy a la jueza Gabriela Merialdo una carpeta en la que se encuentran filmaciones y fotografías de la ocupación de la sede de la SCJ, por parte de unas 300 personas que rechazaban el traslado de la jueza Mota desde una sede penal a una civil.
La SCJ, que debió postergar tres horas el juramento de Mota en su nuevo cargo, puso la ocupación en conocimiento de la jueza Gabriela Merialdo, quien se encuentra de turno. Merialdo y el fiscal Gustavo Zubía esperan recibir hoy la información policial primaria en base a la cual se comenzará a evaluar si existió o no delito.
Sobre las 11.00 de ayer una avalancha de activistas ingresó a SCJ con el objetivo de obligar a suspender la jura en el cargo de la jueza Mota, quien tenía a su cargo más de 50 casos por violaciones a los derechos humanos, y cuya actuación en la materia es muy valorada por los familiares de víctimas y organizaciones sociales y muy cuestionada por los militares.
"Queremos que se suspenda el acto", dijo el exguerrillero tupamaro Jorge
Zabalza, uno más entre los movilizados. Los brazos de los pocos
guardias no alcanzaron para evitar que unas 300 personas ingresaran al
Palacio Piria, sede del máximo órgano judicial.
Los manifestantes gritaban consignas a favor de la jueza: "Mota, amiga, el pueblo está contigo", "Mariana presidenta", "jueces traidores, alcahuetes", "se va a acabar, se va a acabar la dictadura judicial" y "que se vayan, que se vayan".
INCIDENTES.
Mientras la mesa prevista para los juramentos de los magistrados permanecía vacía, las horas pasaban y el ambiente se hacía irrespirable. Los gritos no se detenían y la presencia policial aumentaba.
El coordinador de Jefatura de Policía de Montevideo, Miguel Iraola, hizo varias inspecciones oculares en la sala. Vio a un grupo de manifestantes iracundos, entre los que estaba la líder de Plenaria Memoria y Justicia, Irma Leites, y algunos familiares de los jueces donde había algunos niños.
En determinado momento alguien comentó en voz alta que estaban llegando 30 efectivos de la Guardia Metropolitana para respaldar el procedimiento. De inmediato, varios militantes se movilizaron al patio central del primer piso del edificio. La orden de desalojo ya había sido cursada. Se instaló un cordón policial para evitar nuevos ingresos al recinto. Los primeros en chocar con los efectivos policiales fueron Zabalza y el encargado de Derechos Humanos del Pit-Cnt, Edgardo Oyenart. No hubo golpes pero sí varios empujones.
Mientras los policías lo empujaban Zabalza dijo que se sentía como cuando tenía 17 años y "los milicos nos sacaban de la Universidad".
Varios manifestantes portaban carteles contra el ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro. "Acá tendrían que estar los ministros y el presidente de la República que deberían estar indignados de que se haga una maniobra por la que 55 causas de crímenes de Estado queden relegadas. También tendría que estar Mónica Xavier y la mesa política del Frente si es que desean la verdad y la justicia", dijo Zabalza.
Oyenart dijo que la salida del cargo de Mota comenzó con la presencia de la jueza en la marcha del silencio, tras lo que "blancos, colorados, la prensa y algunos de izquierda iniciaron su eliminación del Poder Judicial".
Agregó que se viene preguntando "seriamente" si hay un acuerdo entre el Poder Ejecutivo y los militares acusados de violaciones a los Derechos Humanos para no generar nuevas causas contra los uniformados de la dictadura.
Sobre el mediodía los delegados del Pit-Cnt entendieron que el hecho político que buscaban los convocantes ya se había alcanzado por lo que abandonarían la sede de la Corte para dejar que se ejecutara la ceremonia con normalidad.
"Es una decisión política que tomamos las cuatro organizaciones convocantes, no es una retirada sino la valoración política sobre la necesidad de pegar un viraje", dijo Oyenart.
Los sindicalistas se reunieron de inmediato con la líder de Plenaria Memoria y Justicia, Irma Leites, para proponerle desalojar el edificio.
La activista afirmó que ella no había convocado a nadie y que no estaba dispuesta a irse porque se lo pidieran los dirigentes de la central sindical. Desde ese momento los dirigentes del Pit-Cnt recibieron insultos de varias mujeres cercanas a la líder de Plenaria. "Alcahuetes, les gustan las cámaras, no nos vamos nada", gritaron. Un rato después el jefe de Policía de Montevideo, Diego Fernández, ingresó a la sala de juramentos y anunció que en un minuto se desocuparía el edificio. Los familiares de los jueces debieron salir y volver tras el desalojo. Por el lado de Mota la que más lamentó no poder acompañar a su amiga fue la abogada Hebe Martínez Burlé, denunciante en varios casos de derechos humanos.
CABIZBAJA.
Tras la demora, finalmente tuvo lugar el juramento ante los ministros de la SCJ. Además de Mota, otros diez magistrados juraron en sus nuevos cargos.
Al finalizar el acto protocolar, todos los ministros de la Corporación saludaron a los jueces. Mota, parca y cabizbaja, se limitó estrechar tibiamente la mano de los miembros de la Corporación sin mirarlos a los ojos.
Mota, en un breve diálogo con los medios de prensa, dijo que no quería cambiar de juzgado. Consultada sobre si la Justicia uruguaya es independiente, hizo un silencio y dijo: "debería ser independiente".
Una vez que la jueza Mota juró en su cargo salió del edificio y fue vitoreada por los activistas. Acompañada por sus familiares y un grupo de manifestantes caminó por la calle San José donde una mujer que no se identificó la insultó y la jueza rompió en llantos.
Tras recomponerse, siguió por San José donde un grupo de activistas la acompañó hasta el cruce con Maldonado y allí la jueza y su familia subieron a un automóvil. Hubo aplausos.
Los policías que actuaron ayer en el desalojo del edificio de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) pasarán hoy por el juzgado penal para aportar filmaciones y fotografías del incidente en ocasión de la jura en el cargo de la jueza Mariana Mota.
La Policía Técnica entregará hoy a la jueza Gabriela Merialdo una carpeta en la que se encuentran filmaciones y fotografías de la ocupación de la sede de la SCJ, por parte de unas 300 personas que rechazaban el traslado de la jueza Mota desde una sede penal a una civil.
La SCJ, que debió postergar tres horas el juramento de Mota en su nuevo cargo, puso la ocupación en conocimiento de la jueza Gabriela Merialdo, quien se encuentra de turno. Merialdo y el fiscal Gustavo Zubía esperan recibir hoy la información policial primaria en base a la cual se comenzará a evaluar si existió o no delito.
Sobre las 11.00 de ayer una avalancha de activistas ingresó a SCJ con el objetivo de obligar a suspender la jura en el cargo de la jueza Mota, quien tenía a su cargo más de 50 casos por violaciones a los derechos humanos, y cuya actuación en la materia es muy valorada por los familiares de víctimas y organizaciones sociales y muy cuestionada por los militares.
Los manifestantes gritaban consignas a favor de la jueza: "Mota, amiga, el pueblo está contigo", "Mariana presidenta", "jueces traidores, alcahuetes", "se va a acabar, se va a acabar la dictadura judicial" y "que se vayan, que se vayan".
INCIDENTES.
Mientras la mesa prevista para los juramentos de los magistrados permanecía vacía, las horas pasaban y el ambiente se hacía irrespirable. Los gritos no se detenían y la presencia policial aumentaba.
El coordinador de Jefatura de Policía de Montevideo, Miguel Iraola, hizo varias inspecciones oculares en la sala. Vio a un grupo de manifestantes iracundos, entre los que estaba la líder de Plenaria Memoria y Justicia, Irma Leites, y algunos familiares de los jueces donde había algunos niños.
En determinado momento alguien comentó en voz alta que estaban llegando 30 efectivos de la Guardia Metropolitana para respaldar el procedimiento. De inmediato, varios militantes se movilizaron al patio central del primer piso del edificio. La orden de desalojo ya había sido cursada. Se instaló un cordón policial para evitar nuevos ingresos al recinto. Los primeros en chocar con los efectivos policiales fueron Zabalza y el encargado de Derechos Humanos del Pit-Cnt, Edgardo Oyenart. No hubo golpes pero sí varios empujones.
Mientras los policías lo empujaban Zabalza dijo que se sentía como cuando tenía 17 años y "los milicos nos sacaban de la Universidad".
Varios manifestantes portaban carteles contra el ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro. "Acá tendrían que estar los ministros y el presidente de la República que deberían estar indignados de que se haga una maniobra por la que 55 causas de crímenes de Estado queden relegadas. También tendría que estar Mónica Xavier y la mesa política del Frente si es que desean la verdad y la justicia", dijo Zabalza.
Oyenart dijo que la salida del cargo de Mota comenzó con la presencia de la jueza en la marcha del silencio, tras lo que "blancos, colorados, la prensa y algunos de izquierda iniciaron su eliminación del Poder Judicial".
Agregó que se viene preguntando "seriamente" si hay un acuerdo entre el Poder Ejecutivo y los militares acusados de violaciones a los Derechos Humanos para no generar nuevas causas contra los uniformados de la dictadura.
Sobre el mediodía los delegados del Pit-Cnt entendieron que el hecho político que buscaban los convocantes ya se había alcanzado por lo que abandonarían la sede de la Corte para dejar que se ejecutara la ceremonia con normalidad.
"Es una decisión política que tomamos las cuatro organizaciones convocantes, no es una retirada sino la valoración política sobre la necesidad de pegar un viraje", dijo Oyenart.
Los sindicalistas se reunieron de inmediato con la líder de Plenaria Memoria y Justicia, Irma Leites, para proponerle desalojar el edificio.
La activista afirmó que ella no había convocado a nadie y que no estaba dispuesta a irse porque se lo pidieran los dirigentes de la central sindical. Desde ese momento los dirigentes del Pit-Cnt recibieron insultos de varias mujeres cercanas a la líder de Plenaria. "Alcahuetes, les gustan las cámaras, no nos vamos nada", gritaron. Un rato después el jefe de Policía de Montevideo, Diego Fernández, ingresó a la sala de juramentos y anunció que en un minuto se desocuparía el edificio. Los familiares de los jueces debieron salir y volver tras el desalojo. Por el lado de Mota la que más lamentó no poder acompañar a su amiga fue la abogada Hebe Martínez Burlé, denunciante en varios casos de derechos humanos.
CABIZBAJA.
Tras la demora, finalmente tuvo lugar el juramento ante los ministros de la SCJ. Además de Mota, otros diez magistrados juraron en sus nuevos cargos.
Al finalizar el acto protocolar, todos los ministros de la Corporación saludaron a los jueces. Mota, parca y cabizbaja, se limitó estrechar tibiamente la mano de los miembros de la Corporación sin mirarlos a los ojos.
Mota, en un breve diálogo con los medios de prensa, dijo que no quería cambiar de juzgado. Consultada sobre si la Justicia uruguaya es independiente, hizo un silencio y dijo: "debería ser independiente".
Una vez que la jueza Mota juró en su cargo salió del edificio y fue vitoreada por los activistas. Acompañada por sus familiares y un grupo de manifestantes caminó por la calle San José donde una mujer que no se identificó la insultó y la jueza rompió en llantos.
Tras recomponerse, siguió por San José donde un grupo de activistas la acompañó hasta el cruce con Maldonado y allí la jueza y su familia subieron a un automóvil. Hubo aplausos.
El País Digital
Nacional - CASO JUEZA MOTA
Suprema Corte denunció penalmente los incidentes de este viernes
Los ministros de la corporación entendieron que los hechos impidieron el “normal funcionamiento de un poder del estado” y recurrieron a la Justicia
+ El Observador - 15.02.2013, 17:27 hs
- ACTUALIZADO 17:45
Texto: El Observador
“Esta gente mediante la ocupación estaba impidiendo el normal desarrollo de la labor de este poder del Estado. Le impedía funcionar con normalidad”, explicó a El Observador el vocero de la SCJ, Raúl Oxandabarat, quien indico que la jura de los jueces finalmente se concretó tres horas después de lo estipulado.
“Para la Corte esto es un hecho lamentable que no debiera suceder en un estado de derecho”, agregó Oxandabarat.
La denuncia fue recibida por la jueza letrada de turno, Gabriela Merialdo, quien inmediatamente dispuso el desalojo del local y ahora deberá de seguir las actuaciones del caso.
Los manifestantes que ingresaron este viernes a la sede del Poder Judicial protestaban por el traslado de la jueza Mota de la órbita penal a la civil. Mota tenía a su cargo más de 50 casos de violación de derechos humanos durante la dictadura.
"Mota nos permitió decir lo que pasó"
Ex preso político destacó el trabajo de la magistrada
"Mariana Mota fue la única jueza que a mí, torturado, me permitió
enfrentarme cara a cara con los milicos torturadores. Fue la única jueza
que nos dio a las víctimas la posibilidad de decir lo que nos pasó",
dijo el ex preso político Álvaro Jaume ayer frente a la entrada a la
Suprema Corte de Justicia.
Jaume, que es uno de los denunciantes en una causa colectiva en Boiso Lanza (sede de la Fuerza Aérea), dijo que es una "tristeza" que se traslade de la órbita penal a Mota, por su compromiso con las causas de derechos humanos.
Jaume agregó que la magistrada no pudo avanzar en el expediente en el que él es denunciante porque el Ministerio de Defensa no le aportó las direcciones de los militares indagados para poder citarlos a declarar.
Jaume, que es uno de los denunciantes en una causa colectiva en Boiso Lanza (sede de la Fuerza Aérea), dijo que es una "tristeza" que se traslade de la órbita penal a Mota, por su compromiso con las causas de derechos humanos.
Jaume agregó que la magistrada no pudo avanzar en el expediente en el que él es denunciante porque el Ministerio de Defensa no le aportó las direcciones de los militares indagados para poder citarlos a declarar.
El País Digital
Lacalle critica propuesta del FA
Juntos pero no revueltos
16.02.2013 11:46
El senador del PN, Luis Alberto Lacalle, dijo que es “grave” que legisladores del FA pretenden convocar a la SCJ, para que expliquen los fundamentos en el traslado de la jueza Mariana Motta a la esfera Civil. “Me parece que estamos ya en un desvarío institucional. La Corte no puede ser controlada por otro poder del estado”, enfatizó Lacalle.
El senador del Frente Amplio (FA), Enrique Rubio, anunció que planteará que los integrantes de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) comparezcan ante el Parlamento para que expliquen cuáles fueron los fundamentos que pesaron en el traslado de la jueza Mariana Motta a la esfera Civil.
El senador del Partido Nacional (PN), Luis Alberto Lacalle, opinó que "las decisiones de la Corte son sentencias o decisiones administrativas. Son susceptibles de crítica como lo son las leyes del Parlamento y los decretos del Poder Ejecutivo. Ahora, cuando hablamos de manifestar, es respetando la jerarquía y el orden. Así que si hubo ocupaciones y actos de violencia en las cosas -porque eso es violencia en las cosas- estamos totalmente en desacuerdo y nos parece que ese no es el camino".
Entrevistado por Radio Monte Carlo, Lacalle consideró que "más grave nos parece la noticia de que algunos legisladores del FA pretenden convocar a la Corte para preguntarle acerca de esta decisión. Me parece que estamos ya en un desvarío institucional, porque la Corte no puede ser controlada por otro poder del estado como es el Poder Legislativo. Es decir, la separación de poderes que hace bastante siglos que existe y es la base del sistema democrático, hace que el Poder Judicial esté libre de toda posibilidad de contralor, porque así debe ser tanto en su sentencia como en sus decisiones de carácter administrativo".
El senador nacionalista y ex presidente de la República, subrayó que quiere "un Poder Judicial libre e independiente. Nos guste o no la Suprema Corte de Justicia y los jueces son independientes. Yo conocí jueces y están sometidos a investigaciones. Se equivocaron y se equivocaron feo, pero nunca se me ocurrió que hubiera un control de la Corte o de los jueces por parte del Parlamento".
"Invitar" a los magistrados
En conversación con Radio Sarandí, el senador Rubio señaló que se buscará el mecanismo, en cualquiera de las Cámaras, para "invitar" a los magistrados al Parlamento.
El legislador entiende que el caso generó "alarma pública" en todos los sectores vinculados a las causas de los Derechos Humanos, y apuntó que esta convocatoria "puede no tener antecedentes", pero detalló que representantes de la Corte concurren "habitualmente" al Legislativo "para asesorar" o cuando se tratan temas presupuestales.
Rubio dijo que "es sano desde el punto de vista institucional" que concurran, y agregó que "todos los que tenían la lupa encima deben estar festejando", porque se trata de causas "numerosas y complejas" en las que no es sencillo interiorizarse. "Son miles de fojas, testimonios, cosas muy pesadas" para que puedan ser abordadas por un nuevo juez que desconozca las causas, y "por ello resulta llamativo este tipo de modificación, que no se puede decir que sea una cosa rutinaria", opinó.
Además, dijo que "Uruguay no puede estar en una noria, girando siempre en el mismo punto. Nunca terminamos de resolver nada, y tampoco incumplir mandatos internacionales en materia de Derechos Humanos".
El senador agregó que "gran parte de la sociedad se ha sentido conmocionada, y me parece importante mantener el prestigio de todos los poderes del Estado, y la transparencia es un tema clave". Recordó que nuestro país tiene responsabilidades, "la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha llamado la atención", y Uruguay tiene un prestigio, y debe "ser consecuente con esa línea de acción".
Montevideo Portal
Jueza Mariana Motta trasladada
La jueza Mariana Motta ha sido trasladada a un juzgado civil.
Ya había sido perseguida durante buena parte del año pasado, por tener 55 causas de DDHH.
Su ejemplar actuación en esta materia le resultó estar en la mira de muchos implicados en delitos de aberrantes torturas; durante el proceso del terrorismo de estado en las décadas del 70-80.
Y sumado a la indiferencia de actores políticos, que no han hecho nada para evitar este desenlace que compromete el destino de todas esas causas.
Las organizaciones de DDHH deberán expedirse ante este atropello.
Solidaridad efectiva, ni un paso atrás.
Por Verdad y Justicia!
Ya había sido perseguida durante buena parte del año pasado, por tener 55 causas de DDHH.
Su ejemplar actuación en esta materia le resultó estar en la mira de muchos implicados en delitos de aberrantes torturas; durante el proceso del terrorismo de estado en las décadas del 70-80.
Y sumado a la indiferencia de actores políticos, que no han hecho nada para evitar este desenlace que compromete el destino de todas esas causas.
Las organizaciones de DDHH deberán expedirse ante este atropello.
Solidaridad efectiva, ni un paso atrás.
Por Verdad y Justicia!
Semanario Alternativas
Último Momento
Oposición insiste contra citación de la SCJ y asegura que es inconstitucional
A pesar de la demora y los desmanes, finalmente Mota, así como otros diez magistrados juraron en sus nuevos cargos ante los ministros de la SCJ.
Mientras eso sucedía en la SCJ, el senador del Frente Amplio, Enrique Rubio, anunciaba a través de su cuenta Twitter su intención de convocar a los ministros del organismo al Parlamento para que expliquen los motivos por los que la Jueza Mota fue trasladada de la órbita penal a la civil.
"Estimamos que es necesario convocar al Parlamento a la Suprema Corte de Justicia para que nos explique el criterio en traslado de jueces", indicó en la red social.
Así, la asonada de ayer en la sede de la SCJ y el anuncio del Frente Amplio de que citará a los ministros para que expliquen el traslado en cuenstiónn, provocó el rechazo de la oposición y resistencia en la propia corporación.
Es que en la oposición fue unánime el respaldo a la actuación de los ministros de la Corte y en que no corresponde que vayan al Parlamento a explicar sus decisiones.
Varios legisladores insistieron este sábado a tavés de sus cuentas de Twitter en su preocupación sobre la citación al Parlamento. El líder de Alianza Nacional y senador blanco, Jorge Larrañaga aseguró que "se puede discrepar con la Justicia pero hay que acatarla" y calificó de "injustificables" los incidentes de ayer
Advirtió admás, que "la Justicia de un país no puede ser un traje a la medida del gobierno de turno", haciendo referencia así a la intención del Frente Amplio de citar a los ministros de la SCJ al Parlamento.
También a través de la red social, el diputado nacionalista Pablo Abdala brindo su "más absoluto" respaldo al Poder Judicial y a la SCJ "ante el embate antidemocrático del que fue objeto". Aseguró que "la citación del FA a la SCJ es impertinente e inconstitucional. Viola los artículos 118, 239 y 240 de la Constitución y arrasa el principio de separación de poderes".
En tanto, la diputada del Partido Nacional, Analía Piñeyrúa, indicó que es "inaceptable la presión sobre la Suprema Corte de Justicia y pretensión de violación a la separación de poderes por parte del FA". Según dijo en su cuenta Twitter, "el FA reacciona ante fallos que no le son favorables violando uno de los pilares de la democracia: la separación de poderes".
Por último aseguró que "el traslado de un juez es una potestad de la Suprema Corte de Justicia. La ejerce rutinariamente".
El senador del Partido Colorado José Amorín Batlle, también expresó su opinión por Twitter. Allí, el líder de Propuesta Batllista indicó que "ante un gobierno y actores políticos que no aceptan los límites, la defensa de la Constitución requiere firmeza y seriedad de la oposición".
Por último, Luis Alberto Heber, presidente del directorio del Partido Nacional, indicó que "la asonada de ayer fue una barbaridad" y se preguntó: "¿Qué se pretendía?¿Presionar a la Corte para que dejara sin efecto el traslado? ¿Generar un enfrentamiento?".
En su cuenta Twitter, el representante blanco aseguró que "guste o no, las decisiones de Poder Judicial "hay que acatarlas".
"Aunque se discrepe, esto es válido para las organizaciones de DDHH y Ministros", subrayó.
Por último brindó su "solidaridad con la Suprema Corte de Justicia" y aseguró que desde su partido se respalda "la independencia del Poder Judicial".
El País Digital
Nacional - IMPUESTO
Mujica: si ICIR es inconstitucional, hay que reformar la Constitución
El presidente defendió la herramienta pese al fallo de la Suprema Corte de Justicia
+ - 15.02.2013, 05:00 hs
- ACTUALIZADO 07:23
Texto: El Observador
Aunque es inminente el pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) sobre la inconstitucionalidad del Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales (ICIR), el mandatario no está dispuesto a bajar los brazos, porque entiende que es algo “moralmente defendible”.
Los grandes terratenientes están en la mira del presidente, al punto que ayer, en la audición de radio M24, manejó la posibilidad de introducir cambios en la Constitución para poder aumentarles la carga impositiva.
“Al parecer la Constitución se opondría a que pague más el que más se beneficia. Entonces, habrá que plantearse cambios constitucionales”, dijo. “Los gobiernos pueden subir aranceles, subir el IVA a los consumidores, el IRPF, tasas, etcétera, pero no pueden gravar la concentración de la tierra”, afirmó.
El fallo
La SCJ declarará inconstitucional el ICIR por cuatro votos a uno entre sus cinco ministros, según informó ayer el semanario Búsqueda.
Los votos de los ministros venían dos a dos (Jorge Chediak y Jorge Larrieux por la inconstitucionalidad y Jorge Ruibal y Ricardo Pérez Manrique a favor de la norma) y con la llegada del nuevo ministro Julio César Chalar se definió la votación a favor de la inconstitucionalidad. A ello se sumó que Ruibal cambió de opinión porque le convencieron los argumentos de la mayoría.
Los recursos presentados plantean que los artículos 1, 2, 10 y 11 de la ley 18.876 del 29 de diciembre de 2011, violan los artículos 256 a 260 de la Constitución. Básicamente plantean que se viola la autonomía financiera de los gobiernos departamentales y que la ley fija una superposición de impuestos.
Los ministros de la Corte por mayoría comparten el argumento de que el ICIR no es un adicional, como se plantea, sino un impuesto departamental que tiene un hecho generador propio. Cuestiona que no se lo determina tomando como base de cálculo la contribución inmobiliaria rural y porque su monto no es inferior al del tributo departamental al que supuestamente accede.
Los magistrados tienen discrepancias en temas formales debido a que la Constitución señala que para presentar una acción de inconstitucionalidad se debe tener un interés “directo, personal y legítimo”. Algunos de los magistrados entienden que los particulares no tienen legitimación para plantear que se lesiona la autonomía municipal y que solo las intendencias pueden impugnar la ley que creó el impuesto.
Ese punto puede generar que algunos recursos presentados pueden ser rechazados, pero, de todas formas, la mayoría de los ministros concuerda en que el “tema de fondo” es inconstitucional.
Mujica
En medio de ese panorama, el gobierno ya ajusta detalles para implementar un nuevo impuesto que permita recaudar una cifra similar a lo que estaba previsto con el ICIR (US$ 60 millones) para ser volcado en primera instancia a la compra de maquinaria destinada a la reparación de caminería rural. El ICIR ya comenzó a cobrarse en diciembre pasado, y se llevan recaudados U$S 10 millones, según datos de la Dirección General Impositiva.
El presidente dijo ayer que acatará el fallo de la SCJ porque las decisiones de la Justicia “hay que obedecerlas”, pero dejó la puerta abierta para introducir más cambios porque está convencido de que “la bonanza del país ha hecho posible la suba del valor” de la tierra.
“Todo envejece y todo pierde valor, menos la tierra. Eso es una ley de hierro. Por eso, este es un bien que no se puede comparar con el resto (…) Lo que hace ocho años valía unos US$ 400, hoy vale US$ 5.000 o a veces más”, comentó el mandatario, quien consideró que el aporte de los grandes propietarios es “profundamente defendible desde el punto de vista ético”.
Hay clima de tensión entre la Justicia y el Poder Ejecutivo
En el oficialismo empiezan a ver a la Justicia como un obstáculo a algunas de sus iniciativas
+ Gonzalo Ferreira @gonza_ferreira - 16.02.2013, 05:00 hs
- ACTUALIZADO 13:13
Texto: El Observador
A la decisión obligada de sustituir al ministro de Salud Pública Jorge Venegas por estar inhabilitado por la Constitución para ejercer el cargo, al gobierno se le sumarán dos sentencias desfavorables en la Suprema Corte de Justicia (SCJ) a leyes aprobadas en este período.
En el acuerdo que los ministros celebraron el miércoles, votaron 4 a 1 decidiendo que el Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales (ICIR) es inconstitucional, según informó el jueves el semanario Búsqueda.
Por otra parte, según supo El Observador, entre los ministros ya hay consenso en que la norma interpretativa de la ley de Caducidad deberá caer, ya sea por inconstitucionalidad o inaplicabilidad.
El clima de tensión entre el sistema judicial y el Frente Amplio es creciente. Militantes de izquierda (algunos frenteamplistas y otros de ultraizquierda) lo demostraron ayer al ocupar la sede de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) para protestar contra el traslado de la jueza Mariana Mota de un juzgado Penal a uno Civil.
En la izquierda sienten –según cuentan por lo bajo– que con los últimos cambios en la composición de la Corte, se empieza a transformar en una piedra en el zapato.
“Nos están frenando los cambios”, dijo a El Observador una fuente del Poder Ejecutivo.
En el gobierno señalan que la jubilación de los ministros Lesley Van Rompay y Daniel Gutiérrez tras 10 años en la SCJ es lo que más los ha complicado.
En medio de esta tensión y sucesión de decisiones judiciales adversas, Mujica dedicó parte de su audición del jueves al asunto de ICIR. Dijo que si la Suprema Corte de Justicia lo declara inconstitucional habrá que modificar la Constitución.
Esa intención del presidente de reformar la Carta Magna ya empezó a ganar adeptos en la izquierda. La posibilidad fue manejada por el senador Enrique Rubio (Vertiente Artiguista), por varios dirigentes del MPP y del Partido Socialista (ver nota aparte).
Salvo en el caso de Venegas –que se salteó todos los controles– en los otros dos episodios las alertas sonaron a tiempo pero el oficialismo hizo oídos sordos.
Cuando el Parlamento discutió el ICIR, varios constitucionalistas alertaron a los legisladores de los posibles choques de la iniciativa con la Carta Magna. La ley fue sancionada en diciembre de 2011, pero ya en agosto de ese mismo año, la mayoría de los juristas opinaba en contra de la norma. En ese momento, los prestigiosos tributaristas Alberto Varela y José Luis Shaw expresaron en el Poder Legislativo que el impuesto era inconstitucional porque violaba la independencia de los gobiernos departamentales. Ese fue el mismo argumento que usó la Suprema Corte.
Las “presiones”
En la oposición, dirigentes tanto blancos como colorados ya empezaron a marcar las expresiones de los frenteamplistas como una “presión” hacia la Justicia.
Las declaraciones del canciller Luis Almagro a La Diaria sobre el traslado de la jueza Mota son las que más molestias generaron. El ministro dijo que “pierden las víctimas” con el traslado. “Habrá dinosaurios contentos”, señaló. El canciller calificó a Mota como una “jueza extraordinaria”, quien ha estado “cerca del ideal que se pretende del derecho y la justicia”. “Es el miembro del Poder Judicial que más cabalmente entendió la dimensión del tema de los derechos humanos y la vigencia de los convenios internacionales”, agregó.
Toma impulso idea de reforma constitucional
En el programa del Frente Amplio para las elecciones de 2009 la izquierda se comprometía a impulsar en su primer año de gobierno una convención nacional constituyente para introducir cambios en la Carta Magna. Nunca se cumplió con ello y los comunistas lo reclaman como un debe. Ahora, con los fallos de inconstitucionalidad fijados por la Suprema Corte de Justicia, crece dentro de la izquierda la idea de realizar esas transformaciones.El primero en mencionar la posibilidad fue el presidente José Mujica en su audición del jueves. El senador Enrique Rubio dijo ayer a El Observador que apoya la iniciativa. “Esto de la tierra (por el ICIR) es un camino de avances y retrocesos. Ahí sí estamos considerando la posibilidad política de llevarlo como una reforma constitucional. Porque ni siquiera las cosas más obvias se pueden hacer”, declaró el senador. “Si avanzamos en algún otro tema de legislación nos van a plantear otro asunto de constitucionalidad y no podemos avanzar”, dijo Rubio.
El diputado del MPP, Alejandro Sánchez, escribió en su cuenta de Twitter: “Tengo la percepción de que con las últimas decisiones de la SCJ, los dinosaurios andan haciendo fiestas!! Reforma constitucional ya”.
Los gráficos de Gabriel Carbajales
Bado lamentó la salida de Mota
El lunes vuelve a zona en que cayó avión de Air ClassEn medio de la espera en la Suprema Corte de Justicia apareció el buzo Héctor Bado a saludar a la jueza Mariana Mota. La abrazó unos segundos y le dijo unas breves palabras tras lo que se retiró rápidamente.
Bado anunció que el próximo lunes volverá a investigar en la zona en que se produjo el accidente del avión de Air Class, otra causa que estaba a cargo de Mota.
En el marco de la investigación el buzo se enfrentó públicamente con el ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro.
Bado definió a la jueza Mota como "muy sagaz y trasparente". Lamentó que fuera retirada del cargo.
El País Digital
Escuela de la tortura
Paraguay: Carta al Estado norteamericano
por Martín Almada
Viernes, 08 de Febrero de 2013 12:49
Todos mis torturadores hicieron cursos para torturar
“científicamente” en la ESCUELA DE LAS AMÉRICAS quienes me acusaron de
TERRORISTA INTELECTUAL.
Señor Denis McDonough
Chielf
of staff
The White House
El 7 de abril de 2012 se cumplió el 22 aniversario de la
creación del OBSERVATORIO DE LA ESCUELA
DE LAS AMERICAS (SOAW) para el cierre
definitivo de la nombrada Escuela de ingrato recuerdo por los crímenes de lesa
humanidad cometidos por sus egresados en
toda América Latina, mas de 60.000..Esta iniciativa se merece nuestras sinceras
felicitaciones
Fui
detenido/torturado por haber defendido
en la Universidad Nacional de La Plata, Argentina mi tesis doctoral
PARAGUAY. EDUCACION Y DEPENDENCIA que me costó 1000 dias de prisión
(1974/77)
el asesinato de mi esposa, y casi 15 años de exilio. Nunca hice curso
para ser
TORTURADO, mientras que mis torturadores como Alfredo Stroessner ,
Francisco Britez Borges, Benito Guanes
Serrano, Gerardo Johannsen, German Martínez, ,Alejandro Fretes Dávalos,
General
Patricio Colman, Gral.Ramon Duarte Vera
,Clebs, José Félix Grau, Galo Escobar, los Agregados militares de la
OPERACIÓN
CONDOR ( en Argentina ,Brasil ,Bolivia ,Chile ,Paraguay y Uruguay),
todos
ellos hicieron cursos para torturar
“científicamente” en la ESCUELA DE LAS AMERICAS quienes me acusaron de
TERRORISTA INTELECTUAL.
Cuando el Sr. Obama
asumió la presidencia de los Estados Unidos ,le hemos solicitado que el
impuesto que paga el pueblo americano deje destinarse a financiar
el entrenamiento en artes de hacer sufrir a la gentes sobre todo
inocentes, cerrando la ESCUELA DE ASESINOS y convertirla mas bien en la
ESCUELA
DE LAS AMERICAS PARA LA ENSEÑANZA DE LOS DERECHOS HUMANOS Y
ECOLOGIA. Es increíble que se siga manteniendo la suma de 18
millones de dólares
solamente para sostener el improductivo
WHINSEC/SOA. Seria el mejor homenaje que USA puede ofrecer a América
Latina destinando esa suma para la
enseñanza de la paz y la comprensión internacional.
Los paraguayos demócratas y pacifistas hicimos votos por el éxito de la reunión que tuvo
lugar el 17 de setiembre de 2012 para
el cierre de la Escuela de Asesinos por
la salud de la democracia en América Latina.
Le saludo muy
atentamente
Ley de Inteligencia hondureña reaviva preceptos de la Guerra Fría
voselsoberano.com | Domingo 03 de Febrero de 2013 12:26
Thelma Mejía
TEGUCIGALPA, ene (IPS) - La doctrina de la seguridad nacional, impuesta por Estados Unidos en América Latina y que abonó las dictaduras de los años 70 y 80, vuelve a cobrar vigencia en Honduras de la mano de una nueva norma que fusiona la defensa militar del país con el esquema policial de preservación del orden interno.
La ley creó la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia (DNII), un organismo clave en la estructura de seguridad que aparece sin una clara dependencia de organismo alguno y en el que no se aprecia un control civil democrático.
"En este proyecto se unen o fusionan la defensa militar y la seguridad interna, lo cual es peligroso, porque uno de los propósitos posteriores a la Guerra Fría fue separar ambos campos por los efectos negativos que tuvo en la violación sistemática de los derechos humanos" en la región, dijo a IPS la socióloga Mirna Flores, experta en la materia.
"Estamos frente a viejos conceptos de seguridad nacional de tiempos de la Guerra Fría en América Central y el peligro es que se sustituya la retórica discursiva del anticomunismo hacia las ‘nuevas amenazas’, como pueden ser los jóvenes presuntamente delincuentes, disidentes del régimen, la protesta social o la imposición de poderes absolutos", añadió.
La aprobación de la Ley de Inteligencia, hace dos semanas, tomó por sorpresa a organizaciones defensoras de los derechos humanos, de instancias civiles y académicas por la premura del caso, la falta de consenso y por haber saltado por dos de los tres debates necesarios en este tipo de trámite parlamentario.
El diputado Sergio Castellanos, del izquierdista partido Unificación Democrática, fue el primer sorprendido cuando se introdujo el proyecto. Pidió tiempo para un mayor debate, pero no pudo con la amplia mayoría derechista conformada por los representantes del gobernante Partido Nacional y de un ala del Partido Liberal.
La norma se aprobó en medio de una feria legislativa que, también sobre tablas, sancionó reformas constitucionales y otras legislaciones secundarias que han generado polémica en el país, como la que regula la minería y la de revisión y suspensión de exoneraciones fiscales sin excepción, entre otras.
En el caso de la Ley de Inteligencia, algunos vacíos que presenta se relacionan con la falta de definiciones conceptuales que rigen las legislaciones modernas para no dejar espacio a decisiones de carácter discrecional.
Así lo explicó a IPS el experto Roberto Cajina, consultor civil en Seguridad, Defensa y Gobernabilidad Democrática, para quien la falta de definiciones y límites del nuevo texto puede ser una "tentación" para los abusos.
"Se debe tener claro qué se entiende por investigación, inteligencia, acción estratégica, protección de privacidad, seguridad nacional, unidades especiales, operaciones encubiertas, agentes especiales, medidas de protección especial, fondos reservados y riesgos especiales, por citar las más importantes y que no están en esta ley", detalló Cajina.
Asimismo, el consultor dijo que en el artículo 28 de los 33 con que cuenta la nueva normativa se indica que la DNII podrá reclutar miembros activos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Eso es "muy delicado y debe ser revisado con detenimiento", apuntó.
"Tal como está redactado, abre espacios peligrosos. No está de más advertir sobre una ‘piratería’ de la DNII hacia las Fuerzas Armadas y la policía. ¿Qué tipo de inteligencia realizan unas y otras?", se preguntó.
"Si esto no se deja claro, habrá problemas, contradicciones serias, y el panorama cambiará radicalmente. Es necesario delimitar los campos de acción de cada uno de ellos", reiteró Cajina.
Tanto Cajina como la socióloga Flores coinciden en señalar como otro de los vacíos de la ley el hecho de que la DNII se vuelve una especie de agencia sin adscripción orgánica a ninguna institución o autoridad civil, es decir que no queda claro de quién depende orgánicamente.
También, la norma obliga a las entidades privadas a "cooperar brindando la información que les sea requerida a fin de apoyar el esfuerzo de inteligencia".
En este aspecto, los expertos proponen un mejor desarrollo sobre el tipo de información que deben dar las empresas privadas, pues así como está redactado deja abierta una puerta a la discrecionalidad, "de tal forma que el director de la DNII puede, sin mayor justificación, calificar a cualquier entidad como sujeto de interés que debe proporcionar la información que requieran", advirtieron.
"Estamos alarmados ante esta ley que metieron sin tapujos, sin que hubiera debate y más amparándose en viejos conceptos de la Guerra Fría", advirtió a IPS la activista Bertha Oliva, del Comité de Familiares Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh).
Oliva dijo que le preocupan algunos aspectos de la ley al otorgar potestad a la DNII para crear "unidades especiales de investigación e inteligencia" y para cooperar con "otros órganos de inteligencia del Estado".
"¿Significa acaso que existen más? ¿Cuáles son? ¿Por qué no los conocemos? Creo que hay muchas lagunas que pueden terminar en abusos", puntualizó.
En los años 80, los cuerpos de inteligencia de Honduras crearon el llamado Batallón de la Muerte, que terminó siendo responsable de la desaparición forzada de 187 personas por razones político- ideológicas, según un informe oficial.
Ese antecedente hace temer que se reedite esa figura, al dar el Poder Ejecutivo amplias facultades a militares y policías para conducir un cuerpo de inteligencia que por ley estaba consignado como mandato de la Comisión de Reforma para la Seguridad Pública, una instancia civil que trabaja en reformas estructurales a la policía, fiscales y justicia.
Pero según Matías Funes, jefe de la Comisión de Reforma de la Seguridad Pública, sus propuestas no tienen eco en los poderes Legislativo y Ejecutivo. "Es como si hubiera una agenda paralela", y el país así no avanza en institucionalidad y democratización, dijo.
(FIN/2013)
http://www.ipsnoticias.net/
BORÓN / Protección a los terroristas y cárceles a quienes los combaten en EEUU
Publicado el 2/06/13 • en Contrainjerencia
En suma, hay una víctima del terrorismo por cada 1972 cubanos, lo que configura un índice escandalosamente elevado para un país que no le ha declarado la guerra a nadie y pese a lo cual se lo agrede ferozmente desde hace más de medio siglo. Aún cuando “los 5” no sustrajeron información de ningún organismo del gobierno de Estados Unidos, no haberse apropiado de documento oficial alguno, ni cometido absolutamente ningún delito más que conocer desde adentro los planes que urdían las organizaciones criminales los luchadores cubanos fueron aprehendidos por las autoridades norteamericanas, juzgados en un juicio plagado de irregularidades, y sentenciados a largas penas de prisión -inicialmente fueron 4 cadenas perpetuas más 77 años de prisión, para ser luego re-sentenciados en el caso de 3 de ellos: Antonio Guerrero Rodríguez, Ramón Labañino Salazar, y Fernando González Tort. Tanto a Gerardo Hernández Nordelo como a René González Sehwerert se les negó el derecho a re-sentencia.
Las condenas actuales son: Fernando 17 años más 9 meses; Antonio 21 años más 10 meses; Ramón 30 años. Gerardo dos cadenas perpetuas más 15 años y a René, quien cumplió su condena de 15 años el 7 de octubre de 2011, se le aplicaron 3 años más de libertad supervisada por el “delito” de ¡haber nacido en Estados Unidos! Lo mismo pretenden hacer con Antonio, quien también nació en ese país.
Y si bien no se los acusó de haber cometido delitos federales se decidió juzgarlos ¡nada menos que en Miami!, donde la prensa contrarrevolucionaria y de la mafia anticastrista enquistada en esa ciudad ya los había condenado de antemano. Así, lo que la justicia de Estados Unidos garantiza a un violador y asesino serial de niñas de la escuela primaria, trasladándolo a una ciudad en donde los jurados puedan estar exentos de las presiones del medio en que cometió su delito, ese mismo derecho a un juicio justo les fue negado a “los 5″. Estos héroes cubanos están próximos a cumplir 15 insoportables años de prisión, excepto René González quien debe permanecer absurdamente dos años más de libertad supervisada en La Florida antes de poder volver a Cuba. En suma: se trata de una condena injusta, ilegítima, ilegal y violatoria de la propia Constitución de los Estados Unidos. No sólo eso: una condena que se ha ensañado con los familiares de los prisioneros. Durante estos años a Olga Salanueva y Adriana Pérez, las esposas de René y Gerardo respectivamente , les denegaron las visas de ingreso a Estados Unidos con el sólo propósito de visitar a sus esposos, violando el derecho de todo prisionero a recibir visita familiar y el derecho de familia, denunciado en reiteradas oportunidades por organismos de derechos humanos de todo el mundo, entre ellos por Amnistía Internacional. Autoridades de los Estados Unidos dijeron, repetidamente, que su visita pondría en riesgo la seguridad nacional del imperio más poderoso que jamás haya existido sobre la faz de la tierra.Tampoco se les permitió a “los 5” visitar a familiares gravemente enfermos o en su lecho de muerte Como puede verse, más allá de la flagrante injusticia hay una crueldad que repugna a la condición humana.
¿Qué podría explicar este enfermizo ensañamiento con los prisioneros y sus familias y tan sistemática violación de la propia institucionalidad jurídica norteamericana? Creemos que estas aberraciones morales expresan una insana voluntad de escarmentar a Cuba por haber tenido la osadía de llevar a cabo una revolución y construir el socialismo. Una castigo ejemplar para un país subdesarrollado del Tercer Mundo que pudo, gracias precisamente a su revolución, garantizar condiciones de salud y educación superiores a las de la gran mayoría de los países del mundo desarrollado, y facilitar el acceso a la cultura y a la recreación a todas y todos. Y esto ha sido así porque en la Cuba socialista no existe la mercantilización de la salud, la educación, la cultura, la seguridad social, la recreación o de cualquiera de los bienes y servicios requeridos para acceder a una vida digna. Ese flagelo, que lo padecen casi todos los países de América Latina y el Caribe no existe en Cuba y por eso la isla de Martí y de Fidel constituye un pésimo ejemplo que el imperio pretende erradicar a cualquier precio, aunque para ello tenga que violar cuanta norma moral o religiosa exista en el país que imprime en sus billetes de dólar la frase “in God we trust” y todas sus leyes y prescripciones constitucionales.
En abierto contraste con la política adoptada en relación a los heroicos antiterroristas cubanos, el gobierno de Estados Unidos convalidó y apoyó el accionar de dos de los más sanguinarios terroristas del continente: Orlando Bosch y Luis Posada Carriles. Autores de innumerables crímenes, activos protagonistas de las mayores atrocidades cometidas en contra del pueblo y gobierno cubanos y de otros países también, ambos revistaron en los servicios de inteligencia de Estados Unidos y sus gobernantes los acogieron en su seno, protegiéndolos para asegurar la total impunidad por sus crímenes. En Abril del 2011 Bosch dejó este mundo como un alma impoluta, en su casa, sin jamás haber sido molestado por sus numerosos crímenes. No sólo eso, para su eterna verguenza la muy “seria y rigurosa” Universidad de Miami, a la cual acuden numerosos estudiantes de América Latina y el Caribe, destruyó sin remedio la escasa reputación que le quedaba (por ser una de las más virulentas usinas de mentiras y difamaciones en contra de Cuba) al conferirle a Orlando Bosch el título de Doctor Honoris Causa, haciendo caso omiso de las evidencias que lo señalaban, junto a Posada Carriles, como actor principalísimo en siniestros proyectos como el Plan Cóndor que asoló a América del Sur en los años setentas, el atentado del vuelo 455 de Cubana de Aviación que provocó la muerte de 73 personas e inclusive, se dice, del asesinato de Orlando Letelier en Washington, en 1976.
Bosch ya murió, pero Posada Carriles sigue vivo, moviéndose con total libertad y protegido por las leyes y autoridades de Estados Unidos. Así, mientras quienes combaten el terrorismo purgan penas tan enormes como injustas en las cárceles del imperio, los peores terroristas de nuestro tiempo siguen disfrutando de los favores y la impunidad que les otorga la Casa Blanca.
Pero la historia no ha concluido. Estamos seguros que el pueblo y el gobierno de Cuba lograrán el regreso de sus hijos a la isla. Obama, insólito Premio Nobel de la Paz (2009), tiene en sus manos la posibilidad de poner fin a tanta injusticia y crueldad. Está en sus prerrogativas como presidente de Estados Unidos firmar el indulto mediante el cual estos luchadores antiterroristas recobrarían su libertad, podrían reunirse con sus familias y rehacer sus vidas y la de sus familiares, brutalmente violentadas por quince años de cárcel y separaciones. Si Obama fuera coherente con sus dichos y su permanente apelación a los sentimientos religiosos del pueblo norteamericano; si fuera, como lo proclama, un hombre movido por profundos impulsos humanitarios, tendría que firmar el indulto ya mismo, sin un minuto más de dilaciones. Sólo así podría justificar, al menos parcialmente, el Nobel que le fuera otorgado. Si no lo hace no cabe la menor duda de que la historia no lo absolverá, dejando una deshonrosa huella como uno de los mayores fiascos de su época. Es de esperar que tenga la sabiduría y el valor para firmar el indulto que “los 5” se merecen y poner fin a tanta afrenta a los más elevados valores humanitarios de nuestro tiempo.
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http://www.thecuban5.org
http://www.ecured.cu/index.
Los gráficos de Gabriel Carbajales
Financiera Monty: a 44 años de una acción magistral
por Riquui
Sábado, 16 de Febrero de 2013 10:57
Concientizar por el ejemplo
Dentro de las líneas de los tupamaros orientales se encuentra la de
propaganda armada. Ésta consiste en divulgar la conciencia popular en
cuanto a justicia social, liberación nacional y socialismo por medio de
acciones directas que revelen la naturaleza intrínseca del sistema
capitalista
Financiera Monty: a 44 años de una acción magistral
Dentro de las líneas de los tupamaros orientales se encuentra la de propaganda armada. Ésta consiste en divulgar la conciencia popular en cuanto a justicia social, liberación nacional y socialismo por medio de acciones directas que revelen la naturaleza intrínseca del sistema capitalista en que las leyes del propio sistema y aun los Derechos Humanos están subordinados al poder real, económico y militar, y pueden ser quebrantados no bien cualquier circunstancia amenace dicho poder.Tenemos de esto un ejemplo bien reciente: las presiones del Poder Ejecutivo llevaron al traslado de la jueza Mariana Mota por la SCJ en lo que configura una flagrante violación del principio fundamental de la democracia burguesa: la división de poderes entre ejecutivo, legislativo y judicial. Esta medida no hace sino confirmar la línea de este gobierno de mantener la impunidad de los peores criminales de la historia de nuestro país, que encima de todo actuaron cubiertos por todo el aparato del estado, que aseguraba y sigue asegurando la impunidad para sus crímenes.
El fin último de la formación de la conciencia colectiva sería entonces el de provocar movilizaciones populares que forzaran los cambios estructurales en la distribución del poder.
Hay quienes sostienen justamente que la diferencia fundamental de los tupamaros con otros movimientos o partidos fue la de introducir una metodología de agitación social mediante mostrar por medio de acciones directas en lugar de tanto discurso político y tanta retórica, en otras palabras una pedagogía de pocas palabras y muchos hechos. En el asalto a la Financiera Monty se incautaron de valiosos documentos que implicaron a varias personalidades del gobierno en estafas y negociados sucios.
EL CASO DE LA FINANCIERA MONTY
La Compañía financiera Monty funcionaba paralela al Banco de Crédito. “Estas financieras habían sido prescritas de la vida económica uruguaya por la ley de presupuesto de 1967, después de una fraudulenta quiebra del Banco Trasatlántico, que dejó al descubierto que todos los bancos operaban con compañías paralelas, donde invertían los dineros de los pequeños accionistas y ahorristas.
Dichas financieras operaban fraudulentamente, también, con moneda extranjera, provocando continuas especulaciones que producían la caída vertical de la moneda nacional. Ante la presión de la opinión pública, el gobierno burgués optó por declararlas ilegales por una ley que sabía no se cumpliría nunca, ya que los intereses eran demasiado poderosos y estaban enquistados en el corrupto gobierno. Cada "Financiera" era a su vez subsidiaria o co dueña de otras sociedades, donde disfrutaban los grandes ejecutivos de jugosas ganancias, mientras el pueblo cada día pierde su poder adquisitivo y es expoliado por el régimen. Los bancos concedían grandes préstamos a estas compañías fantasmas, con los fondos de los pequeños poseedores de cuentas, dinero que era invertido o vendido o prestado a grandes intereses. Los negociados estaban y están a la orden del día,….”
El 16 de febrero de 1969 tres jóvenes compañeros y una hermosa compañera, integrantes del comando Líber Arce del MLN histórico, entraron por la puerta principal del banco, se dirigieron al piso donde funcionaba la financiera donde dominaron con firmeza, pero sin violencia a los empleados y se llevaron una considerable suma de dinero, además de seis libros de contabilidad y otros documentos probatorios de la actividad delictiva de la financiera.
El asalto fue tan perfectamente planeado y ejecutado que no hubo heridos ni lesionados de parte del personal ni tampoco de compañeros tupamaros y, por encima, no hubo ni siquiera una denuncia de la financiera, por temor seguramente de que una investigación policial revelara aún más detalles de sus delitos socioeconómicos.
El 28 de febrero un incendio intencional destruye los archivos de la empresa.
Para entonces los tupamaros ya habían difundido una lista de clientes: Carlos Frick Davie, Ulysses Pereira Reverbel, Jorge Batlle, Walter Pintos Risso, Venancio Flores, todos implicados en el gobierno o los partidos políticos, además de importantes hombres de negocios y otros poderosos políticos.
La entregadora de esta operación fue la actual primera dama, Lucía Topolansky, que a la sazón era empleada de la financiera, muchos años antes de convertirse en aliada de los intereses económicos y de los criminales militares que ella misma contribuyó a denunciar.
Ricardo Ferré
16 de febrero de 2013.
Payadas analíticas.-I
Deseo seguir expresando una serie de ideas que me están dando vueltas en la cabeza,que tienen que ver con el proceso político,económico y social del paisito. Lleva tiempo desentreñar de la historia mentirosa (tanto pasada como reciente) la realidad que cuenta.No es fácil ser honestamente auto-crítico a nivel individual y colectivo para a partir de lo básico,esencial,verdadero comenzar a construir el camino de los cambios;y además de que cambios se trata y cómo conseguirlos. Bien sé que las revoluciones no se exportan ni pueden copiarse,pero es inegable que cuba nos dejó una receta que idearon,construyeron y dió resultado.-A pesar de los ríos de tinta que tradicionalmente han corrido en éste país,no se encuentran análisis de nuestra realidad concreta a pesar que está a la vista de todo el mundo. Tal vez vivir en la mentira,haciendo de cuenta y mirando para otro lado es una necesidad imperiosa de sobrevivencia en un país con pocos recursos que están monopolizados históricamente X una minoría avara,elitista,conservadora y violentamente fascista. Necesito ilustrar con ejemplos?.- Cómo entiendo que la 1a. tarea,la + imperiosa,,soy premeditadamente repetitivo de aquellos puntos básicos tratando de que se adquiera conciencia de la realidad a nivel popular,cosa cada vez + difícil,teniendo en cuenta el premeditado sucateo de la enseñanza pública.-Uruguay es un país tremendamente injusto en el reparto de la riqueza con un pueblo cada vez + sumergido,dónde no se avizora ninguna posibilidad de cambio en lo inmediato.- Los 16 millones de hectáreas son de 2.000 personas que se maman el 50% del PIB de 50.000.000.000 de dólares anuales.-La esperanza de cambio X la vía electoral con el FA se frustró y pasará mucho tiempo para que los pocos individuos lúcidos,informados y bien intencionados se nucleen y se agrupen para encarar la única vía de cambio:la toma del poder; que fué lo que Cuba hizo en 18 meses comenzando con 13 hombres que fué lo que quedó después del desembarco del "Granma".- En Uruguay es sintomático que el único cuestionamiento al gobierno parte de los compañeros de izquierda y nó de los blanqui/colorados. (Qué estaré haciendo mal que mi enemigo me aplaude?).-En Uruguay - X ahora - nada indica que pueda alterarse la marcha de la historia que viene incambiada desde hace 200 años. La blitz fascista fué muy efectiva y consiguió aniquilar todo el espíritu progreista que ha sido siendo sustituído X una adaptación a un modelo mediático virtual que se toma como verdadero.La mejor prueba del control absoluto que detenta la derecha es el muro infranqueable de la impunidad que le brinda a los 400 genocidas y torturadores identificados y que se cagan de risa del 1.100.000 de ciudadanos/as que votaron X la derogación de la ley de impunidad.En el 2014 habrá mundial de fútbol y + gato/pardismo para cambiar algo para que todo siga como está.Dificilmente volverá a ganar el Fraude Amplio,pero eso no significará ningún cambio; X lo - positivo.- MAU-MAUPayadas analíticas.-II
Un compa del 26 hizo comentarios válidos en el FASEBUQ que indujeron algunas reflexiónes personales.- Me intriga saber cómo será la próxima página de la historia del paisito,para lo cual no alcanza mi conocimiento y mi formación para predecirla. Apenas puedo imaginar los ajustes necesarios que habrá que hacer en el futuro , aprovechando las enseñanzas que dejaron la sangrienta lección de la "guerra del '72",dónde nuestra minúscula - pero hábil - clase dirigente y dueña del país sacó los milicos a la calle (que para eso están) desmantelando nuestra también minúscula izquierda,el movimiento estudiantil y la organización sindical para imponer el modelo privatizador y neo-liberal y consiguiendo reducir los salarios y,en consecuencia,el poder adquisitivo de los trabajadores. Exageraron en la dosis,asustados "X el ruido adentro de un bazar " (Bebe dixit) lo que a pesar del precio,resultó didáctivo y formativo para la toma de conciencia popular como también lo ha sido el captar,cooptar y poner al servicio de los intereses de la clase dominante ese grupo activo y competente que se puso en el timón del gobierno.-Mañana la seguimos;me tengo que ir,X que hoy comienzo un programa de música popular brasilera (MPB) en la radio FM del pueblo y se me hace tarde.-
MAU-MAU
