EL GULAG DE MUJICA
La Suprema Corte de Justicia la sacó de todos los casos de violaciones a los DDHH y la congeló enviándola a los juzgados de Derecho Civil.
El
Presidente Mujica pretende ponerle "palos en la rueda" a la Justicia,
quiere hacer echar a la Jueza Mota porque fué la que condenó por delitos
de lesa humanidad al ex-dictador Bordaberry. La Jueza Mota puede llegar
a ser moneda de cambio compensatoria del llamado "perdón del estado".
El movimiento de los DDHH debe de ponerse alerta y defender a una jueza
valiente, íntegra y COMPROMETIDA CON LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS
!! "Noticias Uruguayas" 2012
Primero se llevaron a los comunistas
pero a mí no me importó
porque yo no era.
En seguida se llevaron a unos obreros
pero a mí no me importó
porque yo tampoco era.
Después detuvieron a los sindicalistas
pero a mí no me importó
porque yo no soy sindicalista.
Luego apresaron a unos curas
pero como yo no soy religioso
tampoco me importó.
Ahora me llevan a mí
pero ya es tarde.Bertold Bretch
El movimiento en defensa de los DDHH así como toda la ciudadanía REALMENTE PROGRESISTA han sido sacudidas por la noticia del traslado de la Jueza Mariana Mota. No por casualidad, en medio del feriado.
Con este brutal ataque a los derechos demócraticos se consuma la parte final del proceso iniciado por el Presidente Mujica cuando desde su audición radial privada llamó públicamente a la Suprema Corte de Justicia a tomar medidas contra la Jueza Mota, violando así de manera grosera LA INDEPENDENCIA DEL PODER JUDICIAL y aún más, los derechos de los familiares de los desaparecidos y de los presos torturados. De esto hace poco más de diez meses. Es decir la implementación de una purga con una tremenda celeridad que no se la ve cuando se trata de reparar los locales de los centros de educación o solucionar los gravísimos problemas en la salud, por ejemplo.
No se precisa ser muy avezado para comprender que la Suprema Corte de Justicia (SCJ) SANCIONA A LA JUEZA MOTA retirándola de los juicios FUNDAMENTALES hoy en día en curso y que son la clave acerca del pasado así como sobre la actualidad y el futuro. Poniendo "palos en la rueda" a los juicios a los criminales de lesa humanidad por parte del Presidente Mujica, se está de hecho ocultando una parte de la historia y ni haciendo justicia ni esclareciendo la verdad. Ahora bien, si se saca a la Jueza Mota (reclamo simultáneo de los criminales de lesa humanidad desde Domingo Arena y del Presidente Mujica que hizo un llamado público a la SCJ) es evidente que no será para poner jueces que vayan a profundizar y ACELERAR LOS JUICIOS A LOS CRIMINALES, de lo que se trata es de dilatarlos en el tiempo e incluso ir cambiando la orientación de los procesos no condenando a los criminales. En otras palabras: la SCJ se sometió totalmente a la instigación pública de Mujica y - UNA VEZ MAS EN SU HISTORIA - CAPITULA VERGONZOSAMENTE y entrega la independencia del Poder Judicial para cuyo preservamiento han sido elegidos.
Por lo tanto se acentúa el gobierno unipersonal de Mujica ya escandalosamente comprobado cuando los legisladores del FA parecen no tener opinión propia, o si la tienen, es la de seguir al gran gurú habiendo dejado pasar incontables violaciones gubernamentales a lo que son los fundamentos mismos del FA. No hay otras opiniones en el FA. No hay legisladores del FA que tengan otra funcion que levantar la mano para votar lo que el Presidente quiere y propone, no hay Poder Judicial independiente ya que dictamina sus lineamientos de acuerdo a la presión medíatica del Presidente. Es un camino muy peligroso y antecedentes hay en demasía ya desde el pachecato en adelante.
Tanto el Parlamento como la SCJ teóricamente están para balancear y contrabalancear al poder presidencial del Ejecutivo. Ni la SCJ ni los Legisladores del FA cumplen con esos cometidos y ,al contrario, refrendan CON HECHOS Y LEVANTANDO LAS MANOS EN VOTACIONES APROBATORIAS que el rol de unos y otros no tiene ni pizca de contrabalance sino que sencillamente es de complicidad como la que practican. Todo lo que va a derivar -más tarde o más temprano- en heridas graves a la democracia burguesa que impera. Los derechos ciudadanos se pisotean tanto retroactivamente por los criminales hechos del pasado como por cuestiones de actualidad. Si la Jueza Mota era odiada por los criminales de lesa humanidad, un gobierno de la izquierda con muchísimos de sus componentes que sufrieron esas violaciones en carne propia, lo menos que podía hacer era defenderla, comprendiendo que si los odiados asesinos la agreden es porque la Jueza Mota no se vende. En vez de eso se inicia un ataque masivo contra la Jueza Mota A PARTIR DEL LLAMAMIENTO POR PARTE DEL PRESIDENTE MUJICA con lo que agregó una mancha indeleble a su pasaje por el sillón presidencial.
Sacando a la Jueza Mota se apoya la impunidad criminal. Apoyando hoy la impunidad se le abre la puerta a Hitler como suciamente acusó Mujica a los recolectores de basura en huelga. Los nuevos Hitler criollos ya saben que la izquierda no hará nada serio para condenarlos en caso de que repitan sus fechorías criminales del pasado. Carta blanca que le dicen, lo cual no es más que incitamiento a esas mentes podridas que consideran una labor en "defensa de la seguridad nacional" el robar bebés, desaparecer a los padres o asesinar vilmente al Maestro Julio Castro para solo poner un par de ejemplos de lo que fué la guerra contra el pueblo y el saqueo al pueblo trabajador y al país entero, protagonizado por quienes hoy gozan y gozarán aún de más impunidad.
La Suprema Corte de Justicia y los legisladores del Frente Amplio han ignorado, no han hecho nada para modificarlo, no han intentado cuestionar y han dejado pasar:
- El que probados criminales de lesa humanidad estén sueltos, no hayan sido juzgados y qué incluso se revoquen sus condenas
- Todavia no han reclamado o protestado contra la presencia de fuerzas armadas extranjeras con propio armamento en territorio nacional (los SEALs)
- No han investigado, ni citado, ni procesado a nadie por el patrullaje de la Embajada de los EEUU, en sus propios vehículos,ni tampoco cuestionado el que detengan y controlen a ciudadanos uruguayos. Sea como dice la embajadora yanqui que esto "se hace siempre", o sea novedad, lo cierto es que ALGUIEN HA APROBADO ESA PRÁCTICA CLARAMENTE VIOLATORIA DE LA SOBERANÍA NACIONAL, y hasta de la Constitución y los derechos ciudadanos.
- NO HAN INVESTIGADO QUE TIPO DE ARMAS SECRETAS OCULTA EL EJÉRCITO. Dado el supuesto carácter secretas su existencia no ha sido informada al Parlamento y menos a la prensa. Confirmó su existencia el Ministro de Defensa Huidobro sin especificar que tipo de armas, de donde provienen y más que nada con que fines se ha dotado al Ejército de tal armamento.
- NO HAN PEDIDO INFORMES O PROTESTADO por la puesta en marcha de un fichaje de denominados "antisistema" sin especificar quienes son considerados antisistema y cual sería el delito en caso de ser antisistema, en una FLAGRANTE VIOLACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN Y DE LOS DERECHOS CIUDADANOS ya que se estaria fichando gente por la INTERPRETACIÓN POLICIAL DE LAS OPINIONES DE DICHOS CIUDADANOS, que al ficharlos se lo hace ILEGALMENTE ya que no existe un delito que pene el estar contra el sistema (nunca se podría haber formado un Frente Amplio si hubiese sido delito estar contra el sistema), que, dicho sea de paso no se pone con todas las letras de que sistema se está hablando. En tanto no es delito tener opiniones es sí UN DELITO DE ATENTADO A LA CONSTITUCIÓN Y A LOS DERECHOS CIUDADANOS el que la Policía a cuenta del Gobierno empieze a fichar ciudadanos por sus opiniones o ideas, en una práctica muy cercana -si no la misma- que la llevada adelante por la dictadura.
- NO SE HAN PEDIDO DETALLADOS INFORMES SOBRE LOS FIRMADOS "ACUERDOS ESTRATÉGICOS" CON LOS EEUU y que significan EN CONCRETO. Tanto para el país como para sus ciudadanos, en términos de compromisos territoriales, de ayuda, de bases, de envío de tropas, etc. No se ha dado a conocimiento público el contenido de los tales acuerdos, sus alcances y las obligaciones contraídas.
En cada uno de estos puntos la SCJ NO HA INTERVENIDO NI OPINADO SIENDO QUE DE CONJUNTO Y CADA UNO EN PARTICULAR ATENTAN CONTRA LA CONSTITUCIÓN, LAS LEYES IMPERANTES Y LOS DERECHOS CIUDADANOS.
El triste papel de mudos títeres que estan cumpliendo los legisladores del FA dejando pasar todas la violaciones antes mencionadas los hace cómplices del socavamiento de la democracia y de los derechos ciudadanos así como de la implantación de un gobierno unipersonal al que por mal llamada disciplina se acata y ayuda. Los legisladores del FA tienen UNA DISCILPLINA A LA QUE NO PUEDEN ELUDIR: la con sus votantes, la con los intereses y derechos de sus votantes, las de TODOS LOS CIUDADANOS LOS HAYAN O NO VOTADO, tienen una disciplina para con la democracia y los derechos democráticos de todos, una disciplina con el respeto de la soberanía nacional y la independencia, disciplinas todos que están muy por encima de la mezquina disciplina partidaria y aún más de la disciplina con el Presidente.
Enviando a la Jueza Mota al Gulag el Presidente Mujica no soluciona nada. Empeora porque alienta a los enemigos de la democracia, da ínfulas a los criminales de lesa humanidad cuando la presidencia les da un mano comprensiva y les quita de en medio al "temible enemigo" , la Jueza Mota. No soluciona nada porque el problema de fondo está sin solucionar. O sea, la suerte corrida por los desaparecidos, por los bebés robados, y el enjuiciamiento de los represores responsables de los asesinatos, desapariciones, violaciones, torturas, robos, saqueos e indebida y anticonstitucional detención y prisión de millares de orientales. Y en la medida en que no esté solucionado el problema de fondo, el movimiento por la verdad y justicia continuará. Mujica como "estilo de trabajo" tiene el echar gente, colaboradores, eso lo muestra todo el tiempo con su administración. Piensa que sacando o cambiando gente soluciona los problemas de fondo. Acaba de hacer lo mismo con la Jueza Mota (en este caso vía su "instancia natural": la SCJ).
Hay dos factores coyunturales a los que no se les debe dejar de lado:
UNO: el avión misterioso con su aún más misteriosa, desconocida y no informada carga. El avión que Huidobro como Ministro de Defensa, impidió que se siguiera investigando dejando semanas y meses para que eventuales cuestiones misteriosas o "secretas" como las armas de Huidobro, desaparecieran sin dejar rastros. Huidobro desacató a la Justicia y ni la SCJ ni los Parlamentarios del FA dijeron ni hicieron nada, sencillamente pasó, peor que en la época de Pacheco ya que en ese entonces se protestaba desde la izquierda, la prensa y hasta en el Parlamento. El desacato pasó para que no se vieran supuestas armas secretas y el torpedeo de la investigación de que pasó con el avión tambien pasó a pesar de que estaba en manos de la Justicia. Pero el Ministro de Defensa impidiendo toda neutral investigación y búsqueda de pruebas hizo de lo que al principio se creyó un simple accidente de aviación un asunto político con ribetes de "seguridad nacional", de carácter militar, etc. Ha sido otra de las razones para que se haya enviado a la Jueza Mota al Gulag ya que era la que tenia el caso a su cargo y ha sido gracias a sus esfuerzos que todavía está en el tapete la búsqueda de la verdad.
DOS: la visita que se ha dicho Obama "espera con ansiedad", nada menos que la visita de Mujica a Obama y tal cual ya se sabe desde hace mucho y hasta está refrendado con pruebas terminantes, el imperio muestra una fachada para este tipo de visitas pero la realidad es muy otra: lo que realmente se va a tratar en el encuentro, de eso no se informa, ni antes ni después. Es evidente qué es un mensaje a Obama el anunciar que la Jueza Mota que pretendía juzgar a los criminales de lesa humanidad ha sido sacada en dirección al Gulag y ya no molestará más a los aplicados alumnos de la escuela del crímen conocida como la "Escuela de las Américas", que formó ideológica, política y militarmente a toda la camada golpista componente de los criminales de lesa humanidad que aplicaron los métodos aprendidos justamente en la tal escuela de asesinos para llevar adelante la estrategia imperial de la llamada "seguridad nacional". Es un gesto de buena voluntad como se dice, a Obama, sacando del medio "nubarrones molestos".
Es una verdadera mancha a todas las tradiciones de la izquierda lo que esta haciendo, mejor dicho no haciendo porque no pregunta, no investiga ni cuestiona, la bancada parlamentaria del FA elegida para defender los intereses populares y la soberanía nacional, cuando son cómplices de todas y cada una de estas graves violaciones. De ellos no hay nada que esperar, ya que lo mínimo tratándose de tan "astutos" políticos hubiera sido el comprender las consecuencias de este brutal atropello.
Las organizaciones de defensa de los DDHH y el movimiento popular han hecho sentir su voz, han elevado su protesta, han difundido la información y llamado a reclamar contra este atropello.
Nos adherimos: DEFENDER A LA VALIENTE JUEZA MOTA !
Colectivo del Blog Noticias Uruguayas
Así empezó, con el llamado de Mujica
Último Momento
Trasladaron a Mariana Mota a la Justicia Civil
La jueza penal, Mariana Mota, confirmó a EL PAÍS digital que "lamentablemente" fue trasladada a un juzgado civil.
Desde el Poder Judicial se afirmó que fue trasladada en el marco de varios cambios y que se trata de un "traslado horizontal" por lo que en modo alguno Mota fue degradada.
Mota expresó desconoce las causas que motivaron esta medida: "Nunca en mis 20 años de trabajo me dijeron las causas del por qué me trasladaban. Las conclusiones se las dejo a quienes la quieren tomar, yo no voy a hablar de eso".
La jueza se encontraba trabajando en varias causas contra militares y en el accidente aéreo del Air Class.
Sobre cómo puede repercutir este traslado en las causas en las que venía trabajando, Mota dijo que "no sabía. En mi lugar queda un buen juez de todos modos, pero tiene que conocer los casos de nuevo".
La jueza manifestó que la medida de la Suprema Corte Justicia le fue notificada esta mañana.
Debido a esta causa, Mota mantuvo discrepancias públicas con el ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro.
"Desde el Ministerio de Defensa se me envió un informe donde se aseguraba que ya había elementos suficientes, pero evidentemente yo no opino lo mismo por ello dispuse que se retomara la búsqueda", señaló la magistrada al ser consultada por EL PAÍS en ese momento.
En mayo de 2011, la jueza ocupó los títulos de los diarios debido a que fue vista durante la "Marcha del Silencio" , lo que generó una polémica que fue investigada por la Suprema Corte de Justicia.
Mota dijo en ese momento al semanario Búsqueda que "estuvo en la calle" en el momento de la marcha y que incluso intercambió algunas palabras con el doctor Oscar López Goldaracena, senador suplente del FA y abogado encargado de elaborar el proyecto plebiscitado en 2009 para anular la ley de Caducidad.
La magistrada fue recusada por varios de los militares retirados cuyas causas por violación de los derechos humanos durante la dictadura estaban bajo su órbita, pero finalmente la SCJ no entendió que hubiese cometido falta alguna.
Desde el Poder Judicial se afirmó que fue trasladada en el marco de varios cambios y que se trata de un "traslado horizontal" por lo que en modo alguno Mota fue degradada.
Mota expresó desconoce las causas que motivaron esta medida: "Nunca en mis 20 años de trabajo me dijeron las causas del por qué me trasladaban. Las conclusiones se las dejo a quienes la quieren tomar, yo no voy a hablar de eso".
La jueza se encontraba trabajando en varias causas contra militares y en el accidente aéreo del Air Class.
Sobre cómo puede repercutir este traslado en las causas en las que venía trabajando, Mota dijo que "no sabía. En mi lugar queda un buen juez de todos modos, pero tiene que conocer los casos de nuevo".
La jueza manifestó que la medida de la Suprema Corte Justicia le fue notificada esta mañana.
CASOS RELEVANTES.
Mota es la jueza que investiga la caída en junio de 2012 del avión de Air Class en aguas del río de la Plata. Días pasados, se encontró la puerta del avión, por lo que las investigaciones ganaron nuevo impulso.Debido a esta causa, Mota mantuvo discrepancias públicas con el ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro.
"Desde el Ministerio de Defensa se me envió un informe donde se aseguraba que ya había elementos suficientes, pero evidentemente yo no opino lo mismo por ello dispuse que se retomara la búsqueda", señaló la magistrada al ser consultada por EL PAÍS en ese momento.
En mayo de 2011, la jueza ocupó los títulos de los diarios debido a que fue vista durante la "Marcha del Silencio" , lo que generó una polémica que fue investigada por la Suprema Corte de Justicia.
Mota dijo en ese momento al semanario Búsqueda que "estuvo en la calle" en el momento de la marcha y que incluso intercambió algunas palabras con el doctor Oscar López Goldaracena, senador suplente del FA y abogado encargado de elaborar el proyecto plebiscitado en 2009 para anular la ley de Caducidad.
La magistrada fue recusada por varios de los militares retirados cuyas causas por violación de los derechos humanos durante la dictadura estaban bajo su órbita, pero finalmente la SCJ no entendió que hubiese cometido falta alguna.
El País Digital
Nacional - JUSTICIA
Trasladan a polémica jueza Mota a juzgado civil
Se trata de la magistrada que tenía a su cargo más casos por violaciones a los derechos humanos. El caso del avión Air Class desaparecido también estaba en sus manos
La Suprema Corte de Justicia comunicó este miércoles a la jueza Mariana Mota la decisión de alejarla del juzgado penal en el que se desempeñaba y trasladarla a un juzgado civil.
Mota es una de las juezas que tiene más casos sobre violaciones a los derechos humanos en la dictadura. Desde organizaciones de derechos humanos se adjudica el traslado a ese tema.
Esta mañana la exfiscal Mirtha Guianze escribió en su Facebook: “Lamentablemente nos enteramos hoy que la Suprema Corte de Justicia, intempestivamente, trasladó a la Dra. Mariana Mota a un juzgado de la materia civil (…). Pensemos un poco ¿que significado le podemos asignar a este inexplicable traslado? ¿Por que ahora, con tantos asuntos a resolver? ¿Es que no llevaba bien los juicios? ¿Cuando podremos conocer las motivaciones reales? ¿Que podemos hacer, cada uno en su lugar, o todos juntos?”.
Uno de esos casos en el que indaga a militares por la muerte de Aldo Perrini, asesinado en 1974, la jueza decidió seguir adelante con los interrogatorios aunque las defensas presentaron un recurso de inconstitucionalidad contra la ley interpretativa de la ley de Caducidad.
La Corte debió intervenir y ordenarle que elevara el recurso para analizarlo y suspendiera las actuaciones. Los ministros consideraron la actuación de Mota ilegal.
La última investigación administrativa – la cuarta en un año- que se le había iniciado obedecía a que la jueza recibió una denuncia policial por el delito de apropiación indebida y, sin investigarla, decretó que se trataba de un asunto civil.
Otros dos expedientes administrativos que tramitó la Corte y archivó sin consecuencias para Mota fueron las declaraciones que realizó a un medio argentino Página 12, en las que señaló que en Uruguay “no hay promoción de los derechos humanos”. Apuntó que tanto el presidente Mujica como el ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, en su calidad de extupamaros, no ven “con objetividad un proceso dictatorial que los tuvo como víctimas”. También se la había investigado por su participación en la marcha del silencio del 20 de mayo de 2012 y el caso se archivó.
Enfrentamientos con Fernández Huidobro
El traslado se produce además días después de que la jueza decidiera reiniciar la búsqueda del avión desaparecido Air Class. Por este caso Mota se enfrentó al ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro pero no fue el único motivo de enfrentamiennto.
La jueza había pedido dos veces que se retomara la búsqueda de la aeronave –la última a fines de octubre–. El Ministerio de Defensa desoyó la orden judicial. Finalmente en enero la Armada decidió retomar la búsqueda.
Además, según declaró la jueza al programa Santo y Seña en diciembre, el Ministerio de Defensa nunca remitió al juzgado ningún informe oficial y se ha enterado del resultado de las cajas negras por la familia del piloto o por la prensa.
Además, se enfrentó con Fernández Huidobro porque el ministro impidió que la jueza Mota realizara una inspección ocular en el Batallón de Infantería Blindado N° 13, y en el Servicio de Material y Armamento del Ejército. Cuando la jueza se presentó le impidieron –por orden del ministro– sacar fotos del lugar. Los abogados de esa causa denunciaron al ministro por desacato, pero mientras se instruía la denuncia el ministerio dejó sacar las fotos y el juez Luis Charles finalmente archivó el caso.
Trasladaron a Mariana Mota
Jueza civilizada
13.02.2013 13:51
La jueza Mariana Mota, que tenía unas cincuenta causas de violaciones a los derechos humanos y el caso del avión de Air Class, fue trasladada a un juzgado civil. A la magistrada no le cayó bien: “Desgraciadamente, me trasladan”, dijo a Montevideo Portal.
Con cerca de cincuenta casos de delitos cometidos en dictadura y una investigación sobre la caída del avión de Air Class en curso, la noticia de su traslado a un juzgado civil no era esperada por la jueza Adriana Mota.
"Desgraciadamente, me trasladan", afirmó la magistrada a Montevideo Portal. Explicó que la decisión de la Suprema Corte de Justicia la tomó por sorpresa porque no lo había solicitado.
Agregó que su vocación es la materia penal y no la civil, al tiempo que recordó que en su juzgado tiene el caso del secuestro y desaparición de Horacio Gelós Bonilla ocurrida en 1976 y de decenas de muertos dictadura, la mayoría en la tortura.
El caso del avión de Air Class, desaparecido en el Río de la Plata el 6 de junio de 2012, había enfrentado a la jueza con el Ministerio de Defensa Nacional por la reanudación de la búsqueda del aparato.
En setiembre pasado, a Mota se le impidió sacar fotos durante una inspección ocular del Batallón Nº 13 por orden de Defensa.
Consultada sobre las razones de su traslado, Mota no quiso sacar conclusiones y subrayó: "Este no es un buen momento para mí".
La jueza Beatriz Larrieux, que a mediados del año pasado había sido trasladada desde Colonia, donde ejercía como titular, a Montevideo, para ser suplente, ocupará el puesto de Mota.
Montevideo Portal
Nacional - ACCIDENTE DEL AIR CLASS
Una puerta atrapada en redes de pesca reabre misterio aéreo
El buzo Héctor Bado se alista a retomar la búsqueda de más restos
+ - 12.02.2013, 05:00 hs
Texto: El Observador
El buque de pesca de bandera nacional Dartesa I “hizo contacto en sus redes” con la puerta del avión accidentado en el que viajaban Walter Rigo y Martín Riva. El hallazgo ocurrió a 5,5 kilómetros al este de la isla de Flores, fuera de la zona de exclusión determinada por la Justicia y por la que se prohíbe el pasaje de buques.
La comisión de la Oficina de Investigación y Prevención de Accidentes e Incidentes de Aviación de la Dirección Nacional de Aviación Civil (Dinacia), confirmará si se trata de la puerta del Air Class. Mientras, para la Armada es solo “un elemento que se parece a una puerta de una aeronave”, afirmó Sergio Bique, encargado de prensa.
Sin embargo, el buzo profesional Héctor Bado, quien reanudará la búsqueda de restos en conjunto con la Armada por disposición judicial, se mostró más confiado. “Es muy probable que estemos en el buen camino de saber qué fue lo que pasó”, dijo a El Observador. Su hipótesis es que pudo haberse desprendido y golpeado la cola del avión del Fairchild (ver En Línea).
Bique, por su parte, señaló que la Armada Nacional y Bado están en una “etapa de planificación”, cuyo inicio no tiene aún una fecha estimada. No obstante, el buzo indicó que en un plazo de 48 horas ya se tendrá un plan definido que dependerá de las condiciones climáticas.
Bado se desvinculó del operativo por orden de la Armada Nacional tras encontrar la primera caja negra (la “voice recorder”). La Armada encontró la segunda caja negra (la “fly data recording”) en setiembre. Pero ninguna contenía registros.
La jueza penal Mariana Mota dispuso que se retomara la búsqueda y la contratación de Bado. El comandante en jefe de la Fuerza Aérea, Washington Martínez, había dicho que la participación de Bado no era necesaria, puesto que el lugar físico del accidente ya había sido determinado
Escena alterada
La búsqueda de los restos del avión que aún están en el río será más engorrosa debido a que quedan por retirar más de 1.400 kilos (casi la mitad del avión), pero de pequeñas dimensiones. Además surgen dudas sobre la preservación de las pruebas en relación al efecto que puede haber tenido el pasaje de buques y las corrientes después de ocho meses del accidente.
Algunas partes del avión podrán ser detectados por el sonar de barrido lateral pero para otros se necesitaría otro de mayor potencia y definición. “Hay un elemento que vamos a buscar, del que no puedo decir más, que no va a ser posible detectarlo con el sonar por su pequeño tamaño. Pensamos recurrir a detectores de metales”, dijo.
Por otra parte, el ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, deberá responder en el Parlamento sobre el deterioro de las pruebas cuando lo convoque el senador colorado Tabaré Viera. “El ministerio no ha cumplido con la orden judicial. Es un tema de aviación civil, de cuán segura es la aviación civil”, señaló el legislador.
Al respecto Bado afirmó: “A mí no me importa si fue error del piloto, de Air Class o si les cayó un rayo. Yo lo que quiero es que esta gente salga de la incertidumbre de una buena vez de qué les pasó a sus familiares. Tienen todo el derecho del mundo. Y por una razón o la otra hubo ocultación. Que una jueza penal no tenga acceso a las pruebas y no sepa donde está es la primera vez que ocurre en Uruguay”.
La jueza Mota declinó hacer declaraciones a El Observador hasta que no se corrobore si se trata de la puerta del avión.
Defensa al borde del desacato
El Ministerio de Defensa pudo haber incurrido en desacato por omisión en la investigación. La jueza Mariana Mota había pedido dos veces que se retomara la búsqueda de la aeronave pero el ministerio desoyó la orden judicial. Finalmente, en enero la Armada anunció que se retomaría la búsqueda del avión y ahora se permitió al buzo Héctor Bado volver a participar de las tareas junto con la Armada, como lo dispuso la jueza.
Héctor Bado: “Había sospecha de que la puerta tenía un problema”
¿Qué relevancia tiene el hallazgo de la puerta?Si se determina que el pesquero enganchó la puerta fuera de la zona de exclusión, aparentemente a unos cinco kilómetros de donde cayó el avión, estamos ante la posibilidad de que este elemento se haya desprendido antes del accidente (…) Esta pieza, en particular, yo se la había mencionado a la jueza (Mariana Mota) como una de las prioridades de búsqueda porque hubo muchas versiones públicas de que tuviese algún problema, que se podía haber desprendido. Si esto ocurrió, eventualmente la puerta pudo haber pegado en la cola del avión. Es muy probable que estemos en el buen camino de saber qué fue lo que pasó. De todas maneras hay que seguir adelante y proceder con la recuperación de todos los restos.
¿Hay diferencia de si se trata de la puerta trasera o la delantera del avión?
La puerta trasera es más grande. Si es ésta, sería un indicio importante y que debemos seguir buscando en esa dirección y que puede haber más restos todavía. De esa puerta había sospecha de que tenía algún tipo de problema.
Por lo tanto, un punto de partida para la nueva operativa es ampliar la zona de exclusión.
Sí. La zona de exclusión es extremadamente chica. Nosotros ya habíamos detectado elementos fuera de ella. Tiene 0,8 millas por 1 milla. Habíamos recomendado que prácticamente rodeara la Isla de Flores del lado del este para incluir la zona por la que pasó el avión.
Si la puerta se desprendió, ¿se puede pensar que los pilotos fueron expulsados del avión antes del impacto?
No si fue la puerta de carga. Inclusive porque el avión no estaba presurizado. Cuando el avión despega, le dan lo que se llama “cota 100”, es decir, le dan 10.000 pies de altura para volar que son unos 3.000 metros. Ahí pasa lo que dice la famosa grabación, que el copiloto dice “pasa algo”, pero no dice “pasa algo”, dice: “¿Pasa algo si pedimos cota 0,80?” Eso significa 8.000 pies. Es la altura máxima para volar sin presurizar. Entonces, ¿qué no hubiera permitido la presurización del avión? El mal funcionamiento de la puerta. Una despresurización provoca hasta la explosión del avión (…) Encontrar la puerta de carga es realmente, una bendición.
¿Se pudo haber modificado la ubicación de los elementos enterrados por el efecto de las corrientes en este tiempo?
No. No se olviden que el avión lo encontramos 60 días después de que se cayó. Tenemos la enorme ventaja del suelo. Yo esperaba encontrar un depósito de barro de más o menos un metro de espesor. Sin embargo, hay una capa de lino de 20 a 30 centímetros y debajo sí hay una especie de arcilla muy dura que impide que los objetos se sigan encajando. Los objetos quedan trabados en esa arcilla. Pero igual esperemos que las corrientes no hayan hecho daño (…) El sitio fue absolutamente desestabilizado.
¿Eso hará más compleja la búsqueda?
A nosotros se nos hizo volver al puerto cuando se encontró la primera caja negra y ahí terminamos. A mí modesto criterio se tendría que haber seguido adelante y hacer cosas que nunca se hicieron (…) Fue una barbaridad no haber sacado todo el avión de entrada. No costaba nada. Lo indican las reglamentaciones internacionales. Es un avión que cayó a 12 metros de profundidad, no estamos hablando de un Air France que cayó a 2.500 metros. Era algo sencillo. Por algún motivo no se hizo y eso nos va a traer algún problemita (…) Fue un error no haber recuperado todo el avión cuando se encontró pero ésa es la realidad. Se hubiera evitado todo esto. Esta espera es totalmente inútil. De todas maneras el hallazgo que se produce hoy es sumamente importante.
Del blog El Muerto
miércoles, 13 de febrero de 2013
SCJ traslada a la jueza Mota
Recordemos
que tenía a su cargo 55 causas por las
violaciones a los derechos humanos violados en dictadura. Algunos
políticos, algunos abogados y ahora la propia SCJ, han demostrado que
les preocupa que cumpla con su deber, es decir, que cumpla con la
investigación inclaudicable de los crímenes cometidos durante el
terrorismo de Estado. Esto implica que las causas queden ahora en “manos que desconocemos”. Habrá que coordinar entre todas las organizaciones de derechos humanos que hacer. Por lo pronto organizar una movilización en la puerta de la SCJ en repudio a estos hechos.
Expresamos nuestra solidaridad con la jueza Mariana Mota y repudiamos el acoso y hostigamiento del que es objeto. Los uruguayos no podemos mantenernos al margen de tal atropello. Respaldar a la jueza Mota es también expresar nuestro reconocimiento a todos los integrantes del Poder Judicial que actúan con la misma honestidad y profesionalismo, y es a la vez, expresar una vez más, nuestro respaldo a la institucionalidad democrática y a la separación de poderes, fundamental para la convivencia democrática.
En un país donde la “democracia” se obtuvo con la sangre y el sufrimiento de familias enteras, hoy la propia “Justicia” obstruye el camino para que se cumplan el más básico de nuestros derechos: saber la verdad y que actúe la justicia igual para todos los uruguayos y uruguayas.
¡NO A LA IMPUNIDAD!!
13-2-2013 Marys Yic
.
Miércoles 13 de febrero de 2013
Pablo Chargoñia:
"es un golpe a los Derechos Humanos"
El abogado patrocinante de varias causas vinculadas con la violación de Derechos Humanos durante la dictadura militar Pablo Chargoñia dijo en De Diez a Doce que el traslado de la jueza Mariana Mota a una sede civil es “una especie de sanción encubierta”.
Chargoñia sostuvo que no le sorprende la decisión y que se trata de “es un golpe a los Derechos Humanos” que la Suprema Corte de Justicia “va a tener que explicar”.
A su entender, es “una especie de sanción encubierta” y “una pésima señal” porque “tenía una intención de esclarecimiento de los hechos” ocurridos en la dictadura.
“El pecado de Mota es tratar de hacer justicia y ser técnicamente competente en el tema Derechos Humanos”, añadió.
Además, calificó el traslado de la magistrada como una señal de “debilidad por sistema judicial”.
Mota asumirá el juzgado civil de primer turno, que ahora es ejercido por Loreley Operti, que fue ascendida a ministra de Tribunal de Apelaciones.
Escuche la entrevista aquí
Esta es la triste realidad que nos convoca a redoblar fuerzas, sin más dilatorias.
-
-Este año el tema de ddhh deberá necesariamente tener la voz de la scj.
Y hoy se expidió sobre la jueza Mariana Mota. La impunidad sigue en curso.
Y esta estocada del día de hoy, nos indica como seguirá el tema DDHH en este país.
Hay muchas dilatorias, han derivado todo lo que han podido la resolución de los recursos y con ello expedirse sobre la calidad de los delitos que se investigan, es decir, si son imprescriptibles o no. Pero va llegando la hora, lo van a tener que decir, y en eso va el cumplimiento o no de la sentencia de la CIDH sobre el caso gelman vs uruguay. La sentencia de la CIDH obliga a todos los poderes del estado, en sus propias atribuciones y como parte de un estado, a cumplir con lo que establece la sentencia. Lamentablemente el Uruguay no esta cumpliendo con lo mas importante de la sentencia: investigar y sancionar a los responsables. Las dilatorias para decidir cuestiones tan obvias como las in constitucionalidades de leyes que no pueden cuestionarse porque van en línea con lo decidido por la CIDH, la falta de recursos humanos para investigar, la falta de interés en formar a los jueces y fiscales para abordar estos temas, la falta de apoyo legal a las victimas ( los abogados trabajan por vocación, por identificación con los reclamos pero no son remunerados, ni por las victimas, ni por el estado lo que hace que solo algunos abogados puedan dedicar parte de su tiempo, porque también tienen que trabajar en forma remunerada para vivir, a estas investigaciones que llevan de por sí mucho tiempo de estudio, de búsqueda de información, de horas de audiencias y de elaboración de escritos, etc) la falta de apoyo psicológico en los ámbitos judiciales, a las victimas, a los operadores del derecho, la falta de difusión de lo que ocurrió en este país, la historia la cuentan solo los familiares, los testigos, las organizaciones sociales que siguen sosteniendo porfiadamente la memoria de estos horrores.
Martha Passeggi reportera-gráfica.
RECOPILACIÓN DE ANTECEDENTES SOBRE LOS ATAQUES DE LOS PODERES A LA JUEZA MOTA
Disparan sobre la jueza Mota
LA OFENSIVA CONTRA LOS JUECES EN CASOS DE DERECHOS HUMANOS
El ataque político, técnico-profesional y personal contra la jueza penal de 7º Turno, doctora Mariana Mota, promete llegar a niveles extremos. Como ocurrió con los magistrados Alberto Reyes, Alejandro Recarey y Gustavo Mirabal, desde distintos flancos se busca deteriorar la imagen de la jueza que condenó al dictador Juan María Bordaberry y a varios militares por delitos que no dudó en tipificar como crímenes de lesa humanidad. En tiempos de impunidad, el sistema judicial desnuda su fragilidad cuando gobierno y Parlamento no le dan apoyo para su mejor funcionamiento.
TEXTO: ROGER RODRIGUEZ
De: Caras y Caretas
rogerrodriguez@adinet.com.uy
Pocos imaginaron que esa mujer delgada, de pelo corto, casi tímida y de voz suave, podría llegar a ser temida por los militares y policías que violaron los derechos humanos en los años de la dictadura. Sus antecedentes en el Juzgado Penal de 3º Turno en la Ciudad de la Costa adelantaban su coraje para enfrentar a una mafia del contrabando que llevó a una serie de procesamientos en la Aduana del Aeropuerto de Carrasco. Pero cuando la doctora Mariana Mota fue designada en el Juzgado Penal de 7º Turno, muchos impunes suspiraban de alivio por el traslado al Juzgado Especial sobre Ilícitos Económicos de la jueza Graciela Gatti, quien había abierto la causa y ordenado el procesamiento con prisión del dictador Juan María Bordaberry.
La jueza Mota heredó un juzgado “caliente”, donde la causa Bordaberry no parecía una prioridad. En sus manos había quedado el caso de los hermanos José, Jorge y Juan Peirano Facio y el incidente de espionaje del ex agente del SIDE argentino, Iván Velázquez, un hacker que había perfeccionado un programa a través de Internet con el que se infiltró en documentos y secretos de autoridades, dirigentes políticos y periodistas de ambas márgenes del Río de la Plata. Mota tuvo que otorgarles la libertad a José y Jorge Peirano porque el Parlamento derogó una ley que los mantenía presos, pero a la vez mantuvo encarcelado a Juan Peirano tras su extradición desde Estados Unidos. Velázquez también fue procesado con prisión luego de espiar a la propia policía uruguaya que le pidió “ayuda” en la instalación de un software.
Desde que llegó al juzgado, Mariana Mota estudió detenidamente el voluminoso expediente contra Bordaberry, donde la denuncia original interpuesta por los abogados Hebe Martínez Burlé y Walter De León, habían permitido recabar testimonios y pruebas sobre decenas de crímenes de lesa humanidad ocurridas durante el mandato del dictador que el ministerio público a cargo de la doctora Ana María Telechea fue “acordonando” como causas a profundizar. Mota modificó la carátula de homicidios con que Gatti había encausado a Bordaberry por los casos de desaparecidos y los tipificó como desapariciones forzadas, a la vez que admitió que el presidente que disolvió el parlamento en 1973 había atentado contra la Constitución. Por primera vez un dictador fue condenado como tal.
La jueza Mota y la fiscal Telechea avanzaron sobre los casos “acordonados” y coincidieron en encarcelar a los oficiales aeronáuticos José Araújo Umpiérrez y Enrique Rivero por el homicidio del militante comunista Ubagesner Chaves Sosa, cuyo cuerpo desaparecido había sido ubicado en una chacra de Pando en el informe que la propia Fuerza Aérea entregó al presidente Tabaré Vázquez en 2005. Paralelamente, se planteó a la Suprema Corte de Justicia un recurso de inconstitucionalidad sobre 19 casos de muertes por tortura durante el ese período de la dictadura y otro similar por el caso del fusilamiento sumario de cinco tupamaros que habían sido secuestrados en Argentina y cuyos cuerpos acribillados fueron encontrados cerca de la localidad de Soca, como supuesta represalia ante el homicidio del coronel Ramón Trabal en París, en diciembre de 1974.
En el juzgado de 7º turno también se resolvió el procesamiento del coronel Carlos Calcagno por la desaparición de los uruguayos Gustavo Inzaurralde y Nelson Santana en Paraguay en 1977 y se reinició la investigación sobre la desaparición en Maldonado del dirigente frenteamplista Horacio Gelós Bonilla, que el presidente José Mujica excluyó de la Ley de Caducidad. El trabajo de Mota se amplió cuando la Suprema Corte de Justicia –como lo había hecho con la muerte de Nybia Sabalsagaray- consideró inconstitucional la polémica Ley 15.848 en los 19 casos de muerte por tortura y en los fusilamientos de Soca, sobre los que había recurrido la fiscal Telechea. Desde entonces, también pasaron a instruir el caso de desaparición del maestro Julio Castro y recibieron nuevas denuncias por torturas en Bosio Lanza y sobre el caso de Antonio Viana Acosta.
El protagonismo adquirido por la jueza Mota (de bajo perfil mediático y a quien no le gusta salir ni en fotografías) y la fiscal Telechea (que seguía los pasos de la fiscal Mirtha Guianze), no tardó en ser atacado por los sectores y estructuras que defienden a los militares encausados por violaciones a los derechos humanos. Adelantando una estrategia que a principios de este año se hizo expresa con la creación del denominado Foro Libertad y Concordia, desde un par de importantes estudios de abogados se comenzó a diseñar una ofensiva que viene disparando sobre la representante del ministerio público y contra la propia jueza en el debate jurídico y a través de una serie de “chicanas” y recursos administrativos que han logrado enlentecer los procesos para llegar a noviembre próximo, fecha prevista para la prescripción de los delitos.
Esa molesta justicia
No es la primera vez que jueces que intentaron avanzar en la investigación de violaciones a los derechos humanos terminan siendo cuestionados. En 1997 el juez Alberto Reyes quiso iniciar las excavaciones en los Batallones 13 y 14 en busca de los desaparecidos y chocó con una resolución del presidente Julio María Sanguinetti quien “estiró” la Ley de Caducidad para impedirlo. En 2003, el juez Gustavo Mirabal impulsó la investigación sobre la desaparición de María Claudia García de Gelman y en tres oportunidades fue detenido por el fiscal Enrique Moller. Mirabal terminó pidiendo su traslado a un juzgado de lo contencioso administrativo y Moller pasó a comisión en el Parlamento como asesor del diputado blanco Sergio Botana. Aquel año, cuando el juez Alejandro Recarey sustituyó por enfermedad al titular Eduardo Cavalli en la causa sobre desaparición de la maestra Elena Quinteros, intentó acelerar la indagatoria y terminó cuestionado por su condición de magistrado suplente. Pese a su estado de salud, Cavalli reasumió en el juzgado.
La embestida contra jueces y fiscales que procuraban esclarecer las violaciones a los derechos humanos también tuvo como víctima a la fiscal Mirtha Guianze, impedida de ascender al cargo de Fiscal de Corte y atacada por la condición de preso político que tuvo su marido. También la fiscal Ana María Telechea fue cuestionada y denunciada ante sus superiores, en el marco de la estrategia desplegada por los abogados de los criminales de lesa humanidad, que cuentan con el asesoramiento y experiencia de sus colegas argentinos especializados en la defensa de estos casos, quienes les han facilitado el acceso a seminarios internacionales y un lobby regional financiado por poderosos grupos económicos que apoyan a partidos políticos conservadores en contra de los gobiernos progresistas existentes en la región.
Mariana Mota terminó siendo blanco de un ataque del ex fiscal Miguel Langón, el ex presidente Jorge Batlle y el ex vicepresidente Gonzalo Aguirre por su sentencia contra el coronel Carlos Calcagno. La jueza se vio obligada a hacer una aclaración pública ante un programa de radio El Espectador donde se le cuestionaba sin fundamentos. Hasta la actual directiva del propio Colegio de Abogados del Uruguay llegó a difundir una crítica declaración que motivó días atrás el pedido de desafiliación gremial por parte de la fiscal Telechea. Ahora, la jueza también pasaría a ser investigada por su eventual participación como ciudadana en una marcha de silencio en la que cien mil uruguayos reclamaron el pasado 20 de mayo por verdad, justicia y la vigencia de los derechos humanos en Uruguay.
La situación termina por revelar la dificultad que fiscales y jueces tienen para realizar su trabajo en las causas de derechos humanos, ante la falta de apoyo de los poderes del Estado que no les facilitan la infraestructura necesaria y donde no hubo voluntad política para crear un par de juzgados especiales en la materia (similares a los de la lucha contra los delitos económicos) como había propuesto el senador Oscar López Goldaracena durante la discusión del presupuesto quinquenal. Similar indefensión sufren los propios testigos y víctimas de las causas por violaciones a los derechos humanos, quienes tienen que compartir sala de espera con los posibles indagados (en ocasiones sus propios torturadores) o declarar en pequeños despachos donde la víctima y el victimario prácticamente se tocan, como le ocurrió a Sara Méndez en un careo con el policía Ricardo Conejo Medina.
El grupo de abogados que defiende a los criminales de lesa humanidad, aparece hoy encabezado por el ex fiscal de Corte, Miguel Langón, que utiliza como sede el Estudio del abogado Carlos Curbelo Tammaro, ubicado junto al edificio de los juzgados de la calle Misiones. Langón, quien asesora directamente al Foro Libertad y Concordia y a varios de los militares retirados que están presos en la cárcel de Domingo Arena, maneja los contactos con los abogados argentinos que defienden a los golpistas del vecino país. En forma paralela se mueve el estudio Bordaberry-Viana, donde el abogado Gastón Chaves Sosa se ocupa de la defensa del dictador Bordaberry junto al doctor Gustavo Bordes. En varias causas ambos grupos de abogados han manejado estrategias en común, como en el caso Luzardo, donde el abogado Pedro Montano (que junto a Curbelo Tammaro fue codefensor de Gregorio Alvarez) recusó al juez Juan Carlos Fernandez Lecchini
Entre las maniobras impulsadas por los defensores se encuentra la de impedir que los testigos sean acompañados por un abogado (como establece la ley 18.026), mientras que los acusados se presentan con un ejército de profesionales que llegan a destratar a las víctimas e interponen sucesivos recursos para dilatar el proceso (aunque saben que serán desestimados), como ha ocurrido en la causa Gelós Bonilla. También ha existido una directa intimidación sobre personal subalterno que podía proporcionar información, a quienes abogados impuestos por los clubes militares les advirtieron que habían llegado como testigos pero podían terminar siendo imputados si hablaban. En la causa Sabalsagaray, la citación a los testigos militares se hizo desde el propio Ministerio de Defensa, con un papel grapado donde aparecía el teléfono de un coronel del despacho del Comandante del Ejército, con quien debían comunicarse antes de ir a declarar
PUBLICADO EN CARAS&CARETAS EL VIERNES 13 DE ABRIL DE 2012
Justicia muda
A los mandos militares les molestó que
Mariana Mota dijera que en la dictadura, de forma deliberada, se destrozó
psíquicamente a los presos políticos. Las declaraciones de la jueza a un
periódico argentino fueron la excusa para iniciar una nueva operación mediática
y política para sacarla de las causas judiciales sobre violaciones de los
derechos humanos. En realidad, temen que la indagación sobre 19 muertes por
tortura de la que está a cargo junto con la fiscal Ana María Tellechea lleve al
procesamiento con prisión de otra tanda de militares.
ROGER
RODRÍGUEZ
El semanario Búsqueda y el segmento ‘La tertulia’ del programa En perspectiva de radio El Espectador
volvieron a ser los protagonistas de un nuevo capítulo mediático contra la
jueza Mariana Mota. En mayo de 2011, Búsqueda
fue el que denunció que Mota estaba conversando con el abogado Óscar López
Goldaracena en la plaza 33 Orientales, cuando por la avenida 18 de Julio
transitaba la Marcha del Silencio en reclamo por los desaparecidos uruguayos.
También el año pasado, en ‘La tertulia’ se opinó duramente sobre Mota por su
fallo de procesamiento del coronel Carlos Calcagno. La propia jueza terminó por
enviar una carta aclaratoria al director del programa, Emiliano Cotelo.
Esta vez, Búsqueda obtuvo las declaraciones de Mujica en las que el presidente
de la República reclama una intervención de la Suprema Corte de Justicia (SCJ)
ante las declaraciones que la jueza Mariana Mota hizo al diario argentino Página 12. Esta vez, el tema fue
planteado por el periodista Emiliano Cotelo en una edición de ‘La tertulia’ a
la que asistieron el colorado Carlos Maggi, el tupamaro Mauricio Rosencof, la
blanca Matilde Rodríguez y el ingeniero Juan Grompone.
Sin dar información de los dichos de
la jueza, Maggi calificó a Mota de “desbocada” y “desequilibrada”, dijo que
“prejuzga” y que está “embanderada” y opinó que “sería bueno que pasara a
ejercer en el derecho civil, donde pueda hacer menos daños al honor y a la
libertad de las personas”. El tertuliano llegó al extremo de afirmar que cuando
Mota ha tomado testimonio a mujeres víctimas de tortura en la dictadura “lo que
tiene es ganas de que las hayan violado para poder juzgar a más gente de una
manera feroz”. Rosencof, por su parte, consideró que Mota había caído en una
suerte de “desacato”, Rodríguez dijo que la jueza sufría de “incontinencia
verbal” y Grompone opinó que “decir que la línea argentina sobre los derechos
humanos es fantástica y maravillosa, y no es como en el Uruguay que es mala, es
un error de apreciación”.
Ninguno de los contertulios, sin
embargo, supo expresar qué ley, norma, reglamento o pauta ética uruguaya habría
violado la jueza con sus palabras a un medio de prensa argentino. Los dichos de
Mota no afectan el inciso 4° del artículo 77 de la Constitución en el que se
prohíbe a los magistrados “formar parte de comisiones o clubes políticos, de
suscribir manifiestos de partido, autorizar el uso de su nombre y, en general,
ejecutar cualquier otro acto público o privado de carácter político, salvo el
voto”. No hay causal de mala “comportación” ni “razones de buen servicio” que
los miembros de la SCJ puedan esgrimir para un eventual traslado de la jueza.
Sin embargo, la presión para una sanción
a Mota ha llegado al extremo de la falsificación de dos supuestos mensajes de
correo electrónico de la jueza, que circularon como auténticos en las redes
sociales de internet y hacen recordar viejas operaciones mediáticas de los
servicios de inteligencia o contrainformación de la dictadura. En ambos textos
se daba una visión correcta del ataque del que es objeto la magistrada; sin
embargo, en su contenido se colocaba a la jueza en una posición mucho más
ofensiva de lo que llegó a declarar, casi con timidez, a Página 12. Incluso, con un párrafo dedicado a la fiscal Mirtha
Guianze, cuya designación al frente del Instituto Nacional de Derechos Humanos
tenía una resistencia similar por parte de los partidos de oposición.
LO QUE DIJO MOTA
En la entrevista con el periodista
Adrián Pérez de Página 12, la jueza
Mariana Mota hizo afirmaciones que molestaron a algunos sectores del sistema
político uruguayo: fundamentó por qué debe aplicarse la tipificación del delito
de desaparición forzada de personas, explicó en qué marco ya la han querido
sacar de su cargo bajo presión política de los partidos tradicionales y sostuvo
que en Uruguay, a diferencia de Argentina, no hay una promoción de Estado en
favor de los derechos humanos.
Mota estaba participando en Buenos Aires
en las jornadas “Hacer justicia: nuevos debates sobre el juzgamiento de
crímenes de lesa humanidad”, a las que había sido invitada por el Centro de
Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Centro Internacional para la Justicia
Transicional (ICTJ). Es en el contexto de ese encuentro y ese temario que hizo
las declaraciones que el periódico porteño publicó el 19 de marzo.
“En Uruguay
se consagró el delito de desaparición forzada en 2006 por la ley 18.026. Es un
delito de ejecución permanente; se continúa cometiendo en el tiempo hasta que
se determine el destino del detenido-desaparecido y aparezca el detenido o sus
restos. En estos casos, dado el largo tiempo transcurrido, se trataría de la
aparición de sus restos. Al continuar ejecutándose en el tiempo, luego del año
2006 corresponde que se aplique el régimen legal vigente, es decir, la ley
18.026, y se califique como desaparición forzada. Otros juzgados y tribunales
consideran –a mi juicio, erróneamente– que al regir en el inicio del delito
otro régimen legal, que no tenía esta figura penal, no corresponde su
aplicación”, explicó la jueza.
La posición jurídica defendida
públicamente por Mota para los casos de desaparecidos coincide con los
lineamientos por los que se rigen los jueces a nivel internacional: son
crímenes de ejecución permanente hasta que aparezcan los restos de las
víctimas, son crímenes de lesa humanidad. Pero no es ésa la posición que
sustenta la mayoría de los ministros de la SCJ uruguaya, quienes comenzaron a
ejercer como jueces en tiempos de la misma dictadura cuyos crímenes hoy juzgan.
En la entrevista con Página 12, Mota también contextualiza el
episodio en el que los ministros de la Corte le pidieron explicaciones por su
supuesta participación en la Marcha del Silencio del 20 de mayo de 2011: en
esos días, estaba condenando al dictador Juan María Bordaberry por el homicidio
de Ubagésner Chávez Sosa, cuyos restos habían sido recuperados, procesaba a
otros dos oficiales por ese crimen e indagaba el caso de desaparición de
Horacio Gelós Bonilla. “Los abogados pidieron que me apartara de esas causas”,
recordó la jueza.
“Dijeron que había cometido delito al
manifestarme políticamente y que debían excluirme de continuar conociendo en
las causas. Antes que eso, cuando proceso a Calcagno, como no estaban de
acuerdo con la tipificación del delito, el ex presidente Batlle y el ex
vicepresidente Gonzalo Aguirre fueron a hablar a la Corte para que me
sancionaran. Señalaron, ante la prensa, que era una jueza hitleriana. La Corte
no me sancionó, pero dijo que había faltado a la ética judicial, cuando en
realidad la marcha es convocada por organizaciones sociales y de derechos
humanos, sin ningún tinte político”, reivindicó Mota en la entrevista.
ALUSIONES
QUE DUELEN
Finalmente, Mota hizo dos afirmaciones
que son las que mayor sensibilidad han generado en el escenario político y
posibilitaron una nueva operación mediática en su contra... Cuando se le
preguntó cómo analizaba el apoyo del gobierno uruguayo al proceso de verdad y
justicia, respondió: “No hay una promoción de los derechos humanos para que
esta situación, que es nacional y nos marcó a todos, se esclarezca. Es bien
diferente al gobierno argentino en esa materia. Mujica y el ministro de Defensa
fueron rehenes de la dictadura. Tal vez por eso no puedan ver con objetividad
un proceso dictatorial que los tuvo como víctimas”.
La alusión molestó al presidente José
Mujica, quien, interrogado por Búsqueda,
dijo: “Esperé a ver qué pasaba, a ver si había
naturales manifestaciones tras esas declaraciones, pero por ahora no las hubo […]
Me llamó la atención que no he visto manifestaciones de ningún tipo, ni de la
Suprema Corte de Justicia ni de nada parecido […] Creo suponer que el episodio
de los enfermeros tapó todos los hechos".
Al día
siguiente se informaba que la Corte ya había pedido explicaciones a la jueza.
El ministro Jorge Chediak recordó que a los jueces les está “absolutamente vedado por el estatuto
todo tipo de manifestaciones vinculadas a la política partidaria, eso es
clarísimo […] Habrá que ver si hizo las declaraciones, cuál fue el contenido, y
analizar si están dentro de ese marco de actuación limitado o no”, agregó.
Pero las palabras de Mota tuvieron un
impacto mucho más fuerte dentro del Ministerio de Defensa Nacional. No por esa
frase en la que también hizo alusión al ministro Eleuterio Fernández Huidobro,
sino por la última respuesta de la entrevista en Página 12, en la que Mota afirmó que la destrucción psíquica de los
detenidos fue buscada deliberadamente por las Fuerzas Armadas Uruguaya. Cuando
se le preguntó qué elementos rescataba de los testimonios que recogía en las
audiencias, la jueza contestó: “Las relaciones antagónicas entre padres e
hijos. El destrozo en la psiquis que quedó en cada sobreviviente, porque ésa
fue deliberadamente la intención de los militares cuando no los mataban. El
proceso penal uruguayo es lento. El declarar después de tantos años permite a
las víctimas liberarse de una carga emocional muy grande”.
La afirmación sobre esa
intencionalidad militar sería la excusa que lleva hoy a los mandos castrenses y
otros grupos de presión a reclamar con fuerza –aunque en silencio– que la jueza
sea sacada de las causas de derechos humanos. El posicionamiento jurídico de
Mota les hace prever que otro importante grupo de militares será procesado con
prisión en el marco de la causa de 19 muertes por tortura durante el período
dictatorial de Juan María Bordaberry, que la jueza indaga desde el pasado año
junto con otro actor jurídico atacado, la fiscal Ana María Tellechea.
MÁS ALLÁ DE LA LEY DE CADUCIDAD, CAUSAS POR TORTURA INVADEN LOS JUZGADOS PENALES
Tras el debate parlamentario de ayer (y más allá de su resultado) y una vez que se acalle el silencio que hoy retumbará en 18 de Julio, Uruguay ingresará a otro debate sobre los derechos humanos ante la presentación de una serie de denuncias penales vinculadas a casos de tortura, el crimen de lesa humanidad que intentaba ocultar la ley de caducidad y sobre el cual se debate hoy a nivel internacional. Serán citados José Mujica, Eleuterio Fernández Huidobro y el Goyo Álvarez, entre otros testigos e indagados.
ROGER RODRÍGUEZ
rogerrodriguez@adinet.com.uy
Mientras los medios de comunicación seguían las alternativas de la ley interpretativa de la ley de caducidad, los dichos y contradichos de legisladores, dirigentes del gobierno, voceros del oficialismo, personajes de la oposición, constitucionalistas y juristas y hasta de militares en retiro o actividad, la Suprema Corte de Justicia se pronunció en un aspecto importante del tema de los derechos humanos, al considerar que los desaparecidos del “segundo vuelo” de Orletti no debían tipificarse como tales, como pedía la fiscal Mirtha Guianze, y darle la razón al juez Luis Charles, quien había condenado a militares y policías por un delito de homicidio especialmente agravado.
El punto, fue interpretado erróneamente como una definición en contra de la tipificación de crimen de lesa humanidad en las violaciones a los derechos humanos cometidas en la dictadura y como una confirmación de que en noviembre próximo todos los casos no denunciadas hasta el momento habrían prescripto. Sin embargo, la propia fiscal Guianze explicó –sin que se le diera mayor repercusión- que había pedido una aclaración a la Corte de Justicia ya que el homicidio también puede ser considerado un crimen de lesa humanidad imprescriptible. La respuesta aún no ha llegado y el tema no se ha definido.
El escenario judicial también se conmovió con otro inesperado episodio en la guerra desatada contra la jueza Mariana Mota, a cargo de varios de los más importantes casos de violaciones a los derechos humanos, cuando el Colegio de Abogados realizó un pronunciamiento en su contra (siguiendo la campaña que habían iniciado el ex fiscal Miguel Langón, el ex presidente Jorge Batlle y el ex vicepresidente Gonzalo Aguirre), que determinó una desafiliación pública al gremio por parte de la fiscal Ana María Telechea, quien acusó a la Colegiatura de convertirse en un tribunal de alzada y no defender a jueces y fiscales afiliados que son sometidos a una presión política.
Precisamente, la jueza Mota y la fiscal Telechea, prometen ser las protagonistas de los tiempos judiciales que se avecinan en la medida que serán quienes deban instruir una serie de casos en los que se juzgará el delito de tortura, como ya ocurrió con el caso de Nybia Sabalsagaray (excluido de la caducidad por decisión de la Suprema Corte que consideró inconstitucional la ley) donde el juez Rolando Vomero y la fiscal Mirtha Guianze decidieron el procesamiento con prisión del general en actividad Miguel Ángel Dalmao y del coronel retirado José Chialanza como cómplice de la muerte por torturas en 1974 de la joven militante comunista.
En el juzgado penal de 7º turno, a cargo de Mota y Telechea, se sustancia el caso caratulado como “Organizaciones de Derechos Humanos denuncian” que implica a 19 casos de muertes por tortura durante el período dictatorial encabezado por Juan María Bordaberry, a quien jueza y fiscal condenaron por crímenes de lesa humanidad. Sobre esos casos, la semana pasada un equipo de investigación de la Fundación Mario Benedetti entregó un informe en el que se aportan nuevos datos y testimonios para colaborar con el trabajo de la justicia.
La jueza Mota y la fiscal Telechea también intervendrán en la denuncia presentada por el colectivo de ex presos políticos Crysol sobre torturas sufridas en el mismo período en la base aérea Boiso Lanza, a la que prometen sumarse otras denuncias similares por parte de los presos políticos que sufrieron apremios físicos en el Regimiento de Caballería Nº 9, en los cuarteles de infantería Nº 2 y Nº 3 y en otras unidades militares cuyas víctimas se vienen reuniendo para realizar las denuncias en forma conjunta.
También la jueza Mariana Mota recibió días atrás una denuncia de Antonio Viana Acosta, militante tupamaro secuestrado en Argentina en febrero de 1974 y primer trasladado a Uruguay donde fue torturado en Montevideo y Rocha. El caso, patrocinado por el abogado Pablo Chargonia determinará que entre los múltiples testigos que comenzarán a ser citados en junio, deban comparecer el propio presidente de la República, José Mujica, y el ex senador Eleuterio Fernández Huidobro, quienes estaban en el cuartel de Rocha cuando fue torturado el “pantera”. También quedaría implicado el dictador Gregorio Álvarez que fue uno de los que torturó a Viana Acosta.
El tema de la tortura, en debate internacional cuando se apologizan la base de Guantánamo, la cárcel de Abu Ghraib, las guerra en Afganistán e Irak o los métodos para encontrar y ejecutar a Osama Bin Laden, será también el eje de un seminario regional, impulsado por varias organizaciones de derechos humanos, en el que personalidades de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay expondrán sobre éste imprescriptible crimen de lesa humanidad, en los días previos al próximo 27 de junio, cuando se cumplirán treinta y ocho años del golpe de Estado de 1973.
5 presidentes y la tortura
Desde el 10 de diciembre de 1948, cuando la Organización de Naciones Unidas proclamó la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, el Estado uruguayo, uno de los 48 países firmantes, se comprometió a cumplir el artículo 5º que estableció que “nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes”. Desde entonces la tortura implicó una violación al derecho internacional. “Nada en esta Declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona, para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados”, subrayaba en su artículo 30º aquel compromiso de La Haya.
Semejante crimen de lesa humanidad también fue prohibido –aún en situación de guerra interna- en el Convenio de Ginebra aprobado el 12 de agosto de 1949 y ratificado en Uruguay (Ley 13.683) el 17 de setiembre de 1968 (con la firma del presidente Jorge Pacheco Areco y de los ministros del exterior Venancio Flores y de Defensa, general Antonio Francese). En el artículo 3º se estableció que “las personas que no participen directamente en las hostilidades, incluidos los miembros de las fuerzas armadas que hayan depuesto las armas y las personas puestas fuera de combate por enfermedad, herida, detención o por cualquier otra causa, serán, en todas las circunstancias, tratadas con humanidad (…) Al respecto, se prohíben en cualquier tiempo y lugar (…) los atentados contra la vida y la integridad corporal, especialmente el homicidio en todas sus formas, los tratos crueles, la tortura y los suplicios…”
El 27 de diciembre de 1985, bajo la presidencia de Julio María Sanguinetti, Uruguay también ratificó la “Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes” (Ley 15.798) que tipificaba: “se entenderá por el término "tortura" todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia”.
Bajo la presidencia de Luis Alberto Lacalle, el 11 de agosto de 1992, Uruguay ratificó la “Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura” (Ley 16.294) que rezaba: “se entenderá por tortura todo acto realizado intencionalmente por el cual se inflijan a una persona penas o sufrimientos físicos o mentales, con fines de investigación criminal, como medio intimidatorio, como castigo personal, como medida preventiva, como pena o con cualquier otro fin. Se entenderá también como tortura la aplicación sobre una persona de métodos tendientes a anular la personalidad de la víctima o a disminuir su capacidad física o mental, aunque no causen dolor físico o angustia psíquica”.
El 13 de junio de 2001, con la firma del presidente Jorge Batlle, Uruguay ratificó (Ley 17.347) la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad, aprobada por Naciones Unidas en 1968, donde se impone que los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad (definidos en el Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Nuremberg del 8 de agosto de 1945 y confirmado por resoluciones de Naciones Unidas de 1946, 1948 y 1949, “son imprescriptibles, cualquiera que sea la fecha en que se hayan cometido”
Y durante el gobierno de Tabaré Vázquez, el 25 de setiembre de 2006, se aprobó la Ley 18.026 que incorporó a la normativa uruguaya lo establecido por la “Corte Penal Internacional en materia de lucha contra el genocidio, los crímenes de guerra y de lesa humanidad”, y se tipificó que los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles (Art. 7º) y que “no podrán declarase extinguidos por indulto, amnistía, gracia, ni por ningún otro instituto de clemencia, soberana o similar, que en los hechos impida el juzgamiento de los sospechosos o el efectivo cumplimiento de la pena por los condenados” (Art. 8º).
Roger Rodríguez
¿Cuál sería el problema?
Columna de opinión.La jueza Mariana Mota está en la mira de muchos. No es difícil entenderlo si se consideran, entre otras, sus decisiones relacionadas con los hermanos Peirano y con Juan María Bordaberry, o con la tipificación de delitos de lesa humanidad en la que sus colegas han aplicado otras figuras penales que prescriben.
En los últimos tiempos se han sucedido las acusaciones contra la magistrada, que tiene en su agenda varios asuntos políticamente delicados, y se ha pretendido descalificarla como si se tratara de una fanática ignorante. Las críticas más recientes se centraron en su opinión de que es "obsoleto y profundamente injusto" el precepto de que nadie está obligado a presentar prueba en su contra, una opinión criticada en términos muy duros sin que, curiosamente, los detractores mencionaran en qué especialista se apoyó la jueza para sostenerla.
El jueves, en la primera página de la sección Política de Búsqueda, se dio a conocer que Mota, "a cargo de varias causas vinculadas al pasado reciente, estuvo en la 'marcha' de familiares de desaparecidos" realizada el viernes 20 (por qué la palabra "marcha" se puso entre comillas es un misterio), y que eso fue tema de conversación entre jueces y abogados. Éstos se habrían enterado -de algún modo sobre el cual el artículo no informa- de esa presunta participación de la magistrada en la marcha y habrían discutido si era o no conveniente para preservar su imagen de imparcialidad.
Rápidamente, la Suprema Corte de Justicia dio a conocer que consultaría a Mota para que dijera si estuvo en la manifestación, y -en el caso de que la respuesta sea afirmativa- diera sus razones para ello. Según pudo saber ayer la diaria, la jueza pensaba contestar este lunes, pero sólo se le concedió plazo hasta hoy, viernes.
El abajo firmante ignora si Mota, como muchos otros miles, caminó en silencio por 18 de Julio, y cantó el himno nacional, expresando así su respaldo a la consigna de la marcha: "Verdad y justicia. Derecho de todos. Responsabilidad del Estado". Pero si así fue, le cuesta hallar en esas nueve palabras algún concepto que no sea compartible -algo que no deba ser compartido- por cualquier persona encargada de un juzgado.
Los fallos de Mota pueden, naturalmente, ser discutidos, por quienes saben de derecho y por cualquier otra persona (aunque es más útil, por supuesto, que se discutan con algún conocimiento de causa). Lo que sería lamentable es que se la linche por no disimular su adhesión a principios básicos del estado de derecho.
Marcelo Pereira - La Diaria
Defensas de militares recusarán a la jueza Mota
Polémica presencia de la magistrada en "Marcha del Silencio"Los abogados defensores de los militares indagados por violaciones a los derechos humanos cuyos casos están a cargo de la jueza Mariana Mota, recusarán a la magistrada, luego de conocerse públicamente que participó en la "Marcha del Silencio" el pasado viernes 20.
Mota tramita varios expedientes por crímenes de la dictadura, como por ejemplo el juicio contra el ex dictador Juan María Bordaberry. También procesó al coronel (r) Carlos Calcagno por la desaparición de dos uruguayos en Paraguay, y a los oficiales (r) de la Fuerza Aérea Enrique Rivero y José Araújo por el homicidio de Ubagesner Chaves Sosa.
A su vez, la jueza tiene a su cargo una denuncia por torturas presentada por un grupo de 13 ex presos políticos de la base de Boiso Lanza, por la que serán indagados varios efectivos de la Fuerza Aérea.
La magistrada estuvo en la última edición de la "Marcha del Silencio", que tuvo lugar por la avenida 18 de Julio en reclamo de información sobre el destino de los desaparecidos, así como castigo para los responsables de esos hechos.
"No tengo por qué decir si estuve o no estuve, es mi vida", dijo Mota al semanario Búsqueda, que el miércoles informó sobre la presencia de Mota en la "Marcha del Silencio".
"Yo estuve... estuve en la calle", expresó la jueza, quien reconoció que en el lugar dialogó con el senador suplente y abogado denunciante en varias causas Óscar López Goldaracena. El País intentó ayer comunicarse con Mota, pero la magistrada no respondió las llamadas en su teléfono celular.
El miércoles, la Suprema Corte de Justicia envió un pedido de información a la jueza para que confirme oficialmente "la versión divulgada por la prensa y recién entonces se resolverá qué se hace", dijo el ministro Jorge Ruibal Pino.
Por ahora, solamente "hay una aparente denuncia de la prensa sobre la concurrencia de una jueza a un aparente acto político", señaló Ruibal Pino al ser consultado por El País.
RECUSACIÓN. La Ley de la Judicatura (15.750) establece en su artículo 94 que los jueces se abstendrán de "expresar y aun insinuar su juicio respecto de los asuntos que por ley son llamados a fallar, fuera de las oportunidades en que la ley procesal lo admite".
En el mismo sentido, el ar- tículo 77 de la Constitución de la República establece que los jueces "deberán abstenerse" de "formar parte de comisiones o clubes políticos".
En función de estas disposiciones, los abogados de varios de los militares indagados en causas a su cargo, recusarán a Mota al entender que la magistrada "está demostrando una ideología que no le permite ser imparcial", dijo un defensor.
"Si Mota fuera jueza de familia no tendría importancia, pero en estos casos es importante que no demuestre cuál es su ideología política", agregó uno de los abogados, que prefirió no ser identificado.
Por su parte, el abogado Emilio Mikolic, quien representa a varios militares que están siendo indagados por Mota por la desaparición de Horacio Gelós Bonilla, adelantó a El País que recusará a la jueza.
"Esto deja en clara evidencia que la jueza Mota no está en condiciones de resolver en estos casos de acuerdo a Derecho", sostuvo Mikolic.
El País Digital
POR
VERDAD Y JUSTICIA.
Por Martha Helena Passeggi
En su penúltima edición, el semanario Búsqueda había levantado declaraciones del diario argentino Página 12 de la jueza Mariana Mota, en las que opinaba sobre la actuación de los gobiernos de José Mujica y de Cristina Fernández respecto a las violaciones a los derechos humanos cometidas durante las últimas dictaduras militares, cuestionando al primero y elogiando al segundo. Ayer, el presidente José Mujica expresó a través del mismo semanario que le “llamó la atención” que “ni la Suprema Corte de Justicia (SCJ) ni nada parecido” se hubieran pronunciado sobre el hecho. “Esperé a ver qué pasaba, a ver si había naturales manifestaciones tras esas declaraciones, pero por ahora no las hubo”, deslizó Mujica.
En la tarde de ayer, la SCJ salió a aclarar que el lunes le había solicitado a la jueza un informe sobre sus declaraciones. En el escrito, según pudo saber la diaria, le preguntaba si efectivamente había formulado esas declaraciones, y en su respuesta, ya entregada a la SCJ, Mota contesta que sí, pero no profundiza en si lo dicho vulnera o no su condición de imparcialidad.
En la entrevista con Página 12, Mota declaró textualmente: “No hay una promoción de los derechos humanos para que esta situación, que es nacional y nos marcó a todos, se esclarezca. Es bien diferente al gobierno argentino en esa materia. Mujica y el ministro de Defensa fueron rehenes de la dictadura. Tal vez por eso no puedan ver con objetividad un proceso dictatorial que los tuvo como víctimas”.
El ministro de la SCJ Jorge Chediak dijo a la diaria que el máximo tribunal está analizando el tema, pero que la situación es “delicada”. “Ya hicimos una recomendación en el sentido de que [Mota] se había expuesto a ser imparcial”, recordó. La observación de la SCJ se produjo a raíz de la participación de Mota en la Marcha del Silencio del pasado 20 de mayo, asistencia que también fue difundida por el semanario Búsqueda. El mismo medio había publicado con anterioridad un artículo en el que catedráticos de derecho cuestionaban una sentencia de Mota -que ratificó el procesamiento con prisión del coronel retirado Carlos Calcagno por la desaparición forzada de dos militantes del Partido por la Victoria del Pueblo- por entender que no respetaba el principio legal por el cual ningún ciudadano está obligado a autoincriminarse en un proceso penal. El semanario citó en aquella ocasión sólo una parte de la sentencia, donde Mota señalaba que los acusados debían “cooperar con el oficio en la búsqueda de la verdad”. Omitió la parte donde la jueza aclaraba: “No se pretende que el encausado se inculpe sino que aporte al juzgado las pruebas que tuviere en su poder para alcanzar la verdad material de los hechos, máxime cuando tiene la disponibilidad de la prueba”.
Chediak señaló que la SCJ estudiará “si corresponde algún tipo de acción” en el caso de las declaraciones a Página 12, pero subrayó que a los jueces les está “absolutamente vedado por el estatuto todo tipo de manifestaciones vinculadas a la política partidaria, eso es clarísimo”. “Habrá que ver si hizo las declaraciones, cuál fue el contenido, y analizar si están dentro de ese marco de actuación limitado o no”, indicó. Entre otras causas a su cargo, Mota fue la responsable de la condena a 30 años de prisión del dictador Juan María Bordaberry.
Natalia Uval
El segundo expediente administrativo en menos de un año le fue abierto a la jueza Penal de 7º Turno, Mariana Mota, por parte de la Suprema Corte de Justicia que analiza sus declaraciones a un medio de prensa argentino, contrastando la política de Derechos Humanos en Argentina y Uruguay.
La jueza dijo en declaraciones a “Página 12¨, refiriendo a la investigación de crímenes de lesa humanidad cometidos en los dos países durante la dictadura, que en Uruguay “no hay una promoción de los derechos humanos”. Apuntó que tanto el Presidente de la República como el Ministro de Defensa, Mujica Cordano y Fernández Huidobro, en su calidad de extupamaros, no ven “con objetividad un proceso dictatorial que los tuvo como víctimas”.
La declaración llamó la atención de la Suprema Corte que le pidió un informe a la magistrada sobre sus dichos, el que debía ser entregado en un plazo máximo de 72 horas. Mota cumplió en tiempo y forma. La Corte se expidió al respecto formando “un expediente con estas actuaciones y estudia el asunto a efectos de su resolución”.
La jueza acompañó la marcha, lo cual generó una diferencia pública que se extendió por semanas sobre si la conducta había sido la adecuada. Finalmente la Corte archivó el expediente, pero apuntó que la jueza había violentado el Código Modelo Iberoamericano de Ética Judicial, por cuánto no evitó participar de un hecho que “directa o indirectamente” indicaba un apartamiento de las causas.
Mediante un comunicado, se informó que la Corte formó un expediente con el caso y estudia el asunto a efectos de su resolución.
Este jueves, en declaraciones al Semanario Búsqueda, el presidente José Mujica había dicho que le "llamó la atención" que "ni la Suprema Corte de Justicia ni nada parecido” se hubieran pronunciado sobre los dichos de la jueza, quien elogió al gobierno argentino por su política de derechos humanos y cuestionó al uruguayo.
La semana pasada, entrevistada por Página 12, la doctora Mota dijo que en Uruguay "no hay una promoción de los derechos humanos" para esclarecer los casos que todavía están a estudio.
La profesional agregó que la posición uruguaya "es bien diferente al gobierno argentino en esta materia" y dijo que era porque tanto Mujica como (el ministro de Defensa) Fernández Huidobro "fueron rehenes de la dictadura", por lo que no pueden "ver con objetividad un proceso dictatorial que los tuvo como víctimas".
MARIANA MOTA, JUEZA QUE INVESTIGA LOS DELITOS DE LA DICTADURA
Por Adrián Pérez
Página 12
Las chimeneas humeantes transpiran el rezago industrial mientras un grupo de pescadores amarran sus barcos al muelle de La Boca. Paisaje portuario, mural de Benito Quinquela Martín, asoma detrás de Mariana Mota, en la planta principal de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. “La última vez que me sacaron fotos fue en la audiencia de recusación –recuerda la jurista uruguaya–. No estoy acostumbrada a esto”, agrega ante el pedido del reportero gráfico para hacer un retrato. La magistrada viajó a Buenos Aires, invitada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ), para volcar su experiencia como jueza penal de séptimo turno en Montevideo, donde investiga los delitos cometidos por la dictadura. El miércoles, al finalizar su participación en las jornadas “Hacer Justicia: nuevos debates sobre el juzgamiento de crímenes de lesa humanidad”, la abogada conversó con Página12 sobre el estado de los juicios, el rol de la mujer en la Justicia uruguaya y la persecución mediática que padeció en su país.
“Hay un encasillamiento que me ubica como una persona de izquierda. Si lo soy o no, no le importa a nadie. Fui gremialista estudiantil, que no es lo mismo que una vinculación política partidaria que no tuve”, argumenta Mota. En una entrevista reciente, el diario uruguayo El Observador le preguntó si era militante de la Unión de Jóvenes Comunistas de Uruguay (UJC). La mirada de la jueza atraviesa el ventanal del hall de la facultad. Profuso, el Río de la Plata corre más allá, tapado por el cemento de la urbe porteña. El primer expediente que tramitó tenía, como principal imputado, al presidente de facto Juan María Bordaberry. La querella lo acusó de atentar contra la Constitución y de cometer crímenes de lesa humanidad. En febrero de 2010, gracias a la actuación de Mota, el ex mandatario fue sentenciado a 30 años de prisión. En ese momento fueron hallados los primeros restos de desaparecidos: los del escribano Fernando Miranda fueron encontrados en el Batallón 13; el cuerpo del sindicalista Ubagesner Chávez Sosa apareció en una chacra de Pando en manos de la Fuerza Aérea. Ambos militaban en el Partido Comunista de Uruguay (PCU). En la causa por esos asesinatos, la magistrada cambió la calificación de homicidio, dictada por la jueza Graciela Gatti, su antecesora, por desaparición forzada de persona. Bordaberry murió el año pasado sin recibir sentencia en segunda instancia.
–¿Por qué la calificación de desaparición forzada, en la jurisprudencia uruguaya, tiene un alcance limitado?
–En Uruguay se consagró el delito de desaparición forzada en 2006 por la ley 18.026. Es un delito de ejecución permanente; se continúa cometiendo en el tiempo hasta que se determine el destino del detenido-desaparecido y aparezca el detenido o sus restos. En estos casos, dado el largo tiempo transcurrido, se trataría de la aparición de sus restos. Al continuar ejecutándose en el tiempo, luego del año 2006 corresponde que se aplique el régimen legal vigente, es decir, la Ley 18.026, y se califique como desaparición forzada. Otros juzgados y tribunales consideran –a mi juicio, erróneamente– que al regir en el inicio del delito otro régimen legal, que no tenía esta figura penal, no corresponde su aplicación.
–Quienes defienden el terrorismo de Estado afirman que su país vivió una “dictablanda”.
–Además de los muertos, desaparecidos y presos políticos, toda la gente era controlada. Uruguay pasó a tener el nivel más alto de presos políticos per cápita de Latinoamérica. Con 7 mil detenidos, un 32 por ciento de los uruguayos estuvo en prisión en dictadura. Según un informe de Amnistía, uno de cada cincuenta uruguayos había sido interrogado. Los funcionarios públicos eran calificados según su vinculación con organizaciones sociales o políticas que fueron ilegalizadas. De acuerdo con esa valoración, eran pasibles de destitución. Los despidos se sucedieron durante toda la dictadura, incrementando un elevado número de uruguayos exiliados.
–¿Qué recuerdos guarda de esos años?
–Cursé primaria y secundaria en dictadura. Recuerdo qué profesores habían sido echados. La gente podía enterarse de lo que estaba pasando en la realidad si tenía algún pariente preso o desaparecido. La censura era absoluta.
–También quisieron recusarla por participar en la marcha del silencio, que se organiza cada 20 de mayo en Montevideo.
–Un periodista del semanario Búsqueda publicó que había hablado en la marcha con un abogado de causas por derechos humanos. Efectivamente estuve conversando con él como puedo hacerlo en el juzgado o con cualquier persona. No puedo tener prohibida la palabra con nadie. Como consecuencia de ello, la Suprema Corte me dio una copia del artículo, y me pidió que hiciera un informe en 24 horas.
–¿En qué causas intervenía usted en ese momento?
–En la investigación por el asesinato de Ubagesner Chávez Sosa, donde estaba condenado Bordaberry como co-autor y había dos militares procesados: Jose Araujo Umpiérrez y Enrique Ribero. Y estaba trabajando en la causa por la desaparición de Horacio Gelos Bonilla, obrero de la construcción que además era militante comunista. Los abogados pidieron que me apartara de esas causas.
–¿Bajo qué argumento pidieron eso?
–Dijeron que había cometido delito al manifestarme políticamente y que debían excluirme de continuar conociendo en las causas. Antes que eso, cuando proceso a Calcagno, como no estaban de acuerdo con la tipificación del delito, el ex presidente Balle y el ex vicepresidente Gonzalo Aguirre fueron a hablar a la Corte para que me sancionaran. Señalaron, ante la prensa, que era una jueza hitleriana. La Corte no me sancionó, pero dijo que había faltado a la ética judicial, cuando en realidad la marcha es convocada por organizaciones sociales y de derechos humanos, sin ningún tinte político.
–¿Cómo analiza el apoyo del gobierno uruguayo al proceso de Verdad y Justicia en su país?
–No hay una promoción de los derechos humanos para que esta situación, que es nacional y nos marcó a todos, se esclarezca. Es bien diferente al gobierno argentino en esa materia. Mujica y el ministro de Defensa fueron rehenes de la dictadura. Tal vez por eso no puedan ver con objetividad un proceso dictatorial que los tuvo como víctimas.
–¿Cuáles son los avances en Uruguay sobre la participación civil en la dictadura?
–Juan Carlos Blanco, ex ministro de Relaciones Exteriores uruguayo, fue sentenciado a veinte años de prisión por la desaparición y asesinato en 1976 de la maestra Elena Quinteros. Es el único civil condenado (N. de R.: el Tribunal de Apelaciones confirmó esa sentencia el mes pasado).
–En 2005, un grupo de arqueólogos de la Universidad de la República excavó en una chacra de Pando, perteneciente a las fuerzas armadas, para buscar restos de desaparecidos. El documental Las manos en la tierra registra ese proceso.
–Ese trabajo rescata la voz de los arqueólogos, de los hijos de las víctimas y de la fiscal Guianze Rodríguez. El enfoque del arqueólogo López Mas es interesante: expresa que la tierra habla cuando están buscando a los desaparecidos. Aparece el testimonio de Macarena Gelman, quien todavía busca a su madre, y de Valentina Chávez, la hija de Ubagesner Chávez Sosa. Javier Miranda, hijo del escribano Fernando Miranda, señala cómo el hecho de recuperar los cuerpos repara, pero muy poquito, porque, en realidad, la destrucción es haberte quitado al familiar en vida. Y Guianze Rodríguez analiza lo difícil de la investigación cuando existe un pacto de silencio.
–¿Qué elementos rescata de los testimonios recogidos en las audiencias?
–Las relaciones antagónicas entre padres e hijos. El destrozo en la psiquis que quedó en cada sobreviviente, porque ésa fue deliberadamente la intención de los militares cuando no los mataban. El proceso penal uruguayo es lento. El declarar después de tantos años permite a las víctimas liberarse de una carga emocional muy
grande.
Escrito por: Samuel Blixen
El careo judicial entre cinco militares implicados en la muerte de Aldo Perrini en el cuartel de Colonia, en 1974, revela una fractura en el hasta ahora monolítico pacto de silencio entre terroristas de Estado. Quien se desmarcó fue el general Pedro Barneix, aquel que le mintió a Tabaré Vázquez sobre los enterramientos clandestinos.
No sólo fue tenso, también fue insólito, revelador, inédito. El careo judicial que el miércoles enfrentó a cinco militares retirados los coroneles José Baudean, José Puigvert, Washington Perdomo, Ruben Bonjour y el general Pedro Barneix que mantienen sustanciales contradicciones entre sí, dejó al descubierto hasta dónde la perspectiva de una condena resquebraja la estrategia de los terroristas de Estado de ampararse en el silencio y en la negativa, aun ante lo más evidente, para entorpecer la justicia que se empeña en descubrir la verdad de los crímenes cometidos durante la dictadura.
Los cinco oficiales retirados enfrentan una circunstancia por cierto desgraciada para sus intereses: la existencia de documentos, de insospechado origen militar, que prueban su vinculación directa en el asesinato de Aldo Perrini, vecino de la ciudad de Carmelo, secuestrado en febrero de 1974 y muerto días después en el cuartel de Colonia, victima de indescriptibles y perversas torturas.
En el cuadro de situación, Baudean, Barneix y Puigvert ocupan roles estelares: sometían a Perrini a un interrogatorio cuando el detenido "se desvaneció". Perdomo oficiaba de comandante de guardia y fue quien condujo a Perrini hasta el Hospital Militar, en Montevideo, aunque se presume uno de los tantos puntos oscuros que encubre la política de negativa sistemática que el detenido ya había fallecido en el mismo cuartel. Bonjour era el juez sumariante que instruyó la investigación interna y tomó declaración a sus tres colegas horas después del asesinato.
En los informes que elaboró el juez sumariante escuetos, prolijamente burocráticos y deliberadamente anodinos se consigna la sorpresa de los tres interrogadores ante el "desvanecimiento" de Perrini, cuyo cuerpo era una masa informe de hematomas, y que, ¡cómo se le ocurre!, no sólo no torturaron sino que desconocían que en el cuartel se realizaran tales prácticas.
La responsabilidad de Bonjour, más allá de que revistaba en una unidad donde la tortura, los vejámenes y las violaciones a detenidas eran sistemáticas, puede considerarse puntualmente tangencial, si no fuera porque al hoy general Barneix se le ocurrió negar lo que estaba escrito en los documentos, firmados de su propio puño y letra. Cuando la jueza Mariana Mota, que instruye el proceso, le recordó que lo que hoy negaba había sido admitido en 1974, Barneix no tuvo empacho en denunciar que Bonjour lo había obligado a firmar el acta con afirmaciones que no había reaIizado.
No fue esa la única rectificación del general a quien, como una de sus últimas misiones antes de pasar a retiro, se le encomendó buscar, en la interna del Ejército, la información sobre el destino final de los desaparecidos, misión que, según cómo se mire, cumplió a cabalidad, es decir, elevó a sus superiores, el comandante del Ejército y el presidente de la República, información que se demostró totalmente falsa.
A diferencia de sus colegas, quienes ante las requisitorias judiciales se muestran en extremo parcos y desmemoriados, el general Barneix demostró tener memoria para reconstruir los detalles de aquel 3 de marzo de 1974. Admitió ante la jueza Mota haber estado en la sala de interrogatorios con Perrini pero sólo algunos instantes porque inmediatamente se retiró, de modo que dice no haber estado presente cuando el detenido "se desvaneció". Por el contrario, Baudean y Puigvert confirmaron en sus declaraciones en el Juzgado Penal de Séptimo Turno lo que antes habían afirmado ante el juez sumariante, y ratificaron que Barneix permaneció con ellos mientras duró el interrogatorio. En este sentido Barneix lleva las de perder, porque no sólo hay tres testimonios coincidentes sino que además esa coincidencia está avalada por la documentación.
Barneix además contradijo sus afirmaciones iniciales, al explicar cómo se hizo presente en la sala de interrogatorios. Dijo que había sido convocado expresamente por Baudean, pero éste había afirmado lo opuesto, es decir, que fue Barneix quien lo invitó para interrogar a Perrini. Y también rectificó una afirmación de Baudean de 1974, según la cual Barneix intervino para asistir a Perrini cuando éste se "desvaneció". El ahora general sostuvo ante la jueza que sí intervino, pero para impedir que Baudean continuara interrogando al detenido.
Según pudo saber Brecha, sólo en un aspecto los cinco indagados pero en especial Baudean, Barneix y Puigvert fueron coincidentes: en ningún momento torturaron al detenido. Y esa coincidencia, que se explica por razones obvias, hace que resulte determinante la autopsia histórica que la jueza solicitó a la Facultad de Medicina. De hecho, la autopsia realizada por el doctor Mautone en el Hospital Militar al día siguiente del fallecimiento implícitamente admite las causas de la muerte al confirmar los múltiples hematomas que exhibía el cuerpo, que sólo se explican por las torturas.
Por lo demás, el careo se transformó en una confrontación de Barneix con el resto de sus ex colegas. El general se mantuvo en sus trece: acusó al coronel Bonjour de haberle ordenado que firmara un acta con declaraciones que no había realizado. Bonjour replicó que no era cierto y que nunca había ejercido tales presiones; por el contrario, dijo que en sus actas como juez sumariante había consignado exactamente lo que le habían declarado.
Cuando Barneix insistió en su versión de que se había retirado de la sala de interrogatorios antes de la pérdida de conocimiento de Perrini (lo que intenta ubicarlo como quien dice fuera de la escena del crimen), el coronel Baudean lo calificó despectivamente de mentiroso, como si la mentira fuera un recurso habitual en el general.
Fuentes vinculadas a organizaciones de derechos humanos sostienen que las contradicciones y negaciones que se verifican en este proceso judicial se explican precisamente por la existencia, excepcional, de un documento interno del Ejército, que acota el margen de maniobra de los implicados. Pero también es excepcional que un oficial, y de la jerarquía de un general, funde su defensa acusando a un colega. En ese sentido y en especial porque se presume que los elementos de juicio existentes, más el resultado de la autopsia histórica que llegaría al juzgado a comienzos de mayo, no se debilitan, al contrario, se potencian por las contradicciones de los careos se sospecha que entre el general Barneix y el coronel Baudean existe un contencioso que viene de muy atrás y que ahora se expresa en un ajuste de cuentas.
Las mismas fuentes consultadas subrayaron el detalle de que el abogado de Barneix es el ex juez penal Ruben Eguiluz, mientras que los otros oficiales están representados por tres abogadas que se reiteran en múltiples defensas de militares acusados de delitos de lesa humanidad: las hijas de los procesados José Gavazzo y Ricardo Arab y la doctora Graciela Figueredo, que asiste en varios casos al abogado Miguel Langón, erigido en una especie de juez de jueces. La exclusión de Barneix del equipo de abogados de confianza de los militares presos en la cárcel de Domingo Arena sería una señal de la desaprobación de la conducta de Barneix por parte de los que mantienen a rajatabla la ley de la omertà.
Es posible que la dotación de presos en Domingo Arena se incremente con el aporte del caso Perrini (y en ese sentido, fuentes judiciales aseguran que son inminentes los procesamientos); más improbable es que se llegue a saber los detalles de la historia íntima de ese cuerpo selecto de represores que operaron, aquí y en Argentina, durante toda una década, cometiendo todo el abanico de crímenes.Aportado por Nestor Durante
BRECHA | POLITICA | Pág. 9 | 27/04/2012
Moraes, Tucci y Techera, ex funcionarios del Batallón de Ingenieros de Laguna del Sauce, declararon en sede penal y quedaron a la espera del fallo. El expediente enfrentará nuevamente a la jueza Mota con los tribunales por la figura de desaparición forzada y la calificación de crimen de lesa humanidad. La SCJ deberá resolver el dilema jurídico que puede dejar a Uruguay en consonancia con la jurisprudencia internacional o someter al Estado a un nuevo juicio ante al Corte Interamericana.
La sede penal de séptimo turno interrogó por última vez en la investigación presumarial -etapa previa al eventual dictado de procesamientos- a tres de los cinco militares sobre los que pesa un pedido de encarcelamiento por la desaparición forzada en 1976 del edil frenteamplista de Maldonado, Horacio Gelós Bonilla. Tras cumplirse, el miércoles 18, con esta "audiencia ratificatoria" -en la que los indagados ratifican o no sus declaraciones en el expediente-, resulta inminente el dictado de procesamientos para el teniente coronel Aquiles Moraes, jefe del Batallón de Ingenieros N° 4 de Laguna del Sauce, y los mayores Juan Tucci Sebastiani y Julio Techera Sánchez, de acuerdo a fuentes cercanas a la investigación consultadas por Brecha.
Si bien la Fiscalía había solicitado también, en agosto de 2011, el enjuiciamiento para el capitán Eduardo Giordano DAmato y el médico José Luis Braga Rosado, estos integrantes del cuartel en el que la víctima padeció la tortura y la desaparición, aparecen en principio con menos posibilidades de ser encarcelados en los próximos días. Se mantiene el pedido de captura internacional para el entonces teniente Dardo Barrios Hernández, quien estaba a cargo de los interrogatorios en la unidad militar de Maldonado.
Para la fiscal Ana María Tellechea se ha probado que Gelós Bonilla fue apresado, el 2 de enero de 1976, en la plaza de Maldonado y conducido en un automóvil de un militar que trabajaba en el Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (ocoa). Luego, por las declaraciones de varias víctimas que lograron sobrevivir a aquellos tormentos, e incluso la confesión de algunos militares subalternos sobre las instancias de torturas que tenían lugar en el batallón, se logró comprobar los padecimientos de Gelós Bonilla a manos de los represores, los que determinaron su desaparición forzada.
Es un hecho que al momento de decidir la situación judicial de los indagados y optar por los procesamientos, la jueza Mariana Mota se mantendrá en su tesitura de emplear la ley 18.026 (crímenes de lesa humanidad) para aplicar la figura de desaparición forzada, tal como ordena la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia contra el Estado uruguayo.
Por cuanto, llegado el momento, si la magistrada procesa por tal delito a los militares involucrados, su fallo será revisado por un tribunal de apelaciones y luego subirá a la Suprema Corte de Justicia (SCJ), que finalmente adoptará una decisión firme respecto de la aplicación de la figura y de la calificación del ilícito como crimen de lesa humanidad o como delito común.
El caso se perfila como uno de los que marcarán un antes y un después en la jurisprudencia, puesto que el máximo órgano judicial no puede demorar más un pronunciamiento en uno u otro sentido.
La visión conservadora de los tribunales penales de primer y tercer turno ha llevado al cambio de carátula en algunos casos en que se había aplicado la figura de desaparición forzada. Los ministros sostuvieron, entre otros aspectos, que no se podía emplear la ley de crímenes contra la humanidad porque había sido aprobada en 2006 y el delito, al que consideraron homicidio en vez de desaparición forzada, se había cometido mucho antes, en 1976. Alegaron que de lo contrario se estaría violando el principio de no retroactividad de la ley penal.
La SCJ tiene que optar entre aplicar la visión conservadora y por tanto desoír a la Corte Interamericana -lo que le valdría un nuevo juicio internacional y la segura renovación de la condena contra el Estado uruguayo- o mirase en el espejo de la jurisprudencia regional e internacional y de las convenciones de derechos humanos que desde hace varios años se aplican en otros países para situaciones análogas a las que ocurrieron durante el terrorismo de Estado y que ahora se investigan en Uruguay.
"El que de cualquier manera y por cualquier motivo, siendo agente del Estado o sin serlo contando con la autorización, apoyo o aquiescencia de uno o más agentes del Estado, procediere a privar de libertad a una persona, seguido de la negativa a informar sobre la privación de libertad o el paradero o la suerte de la persona privada de libertad; o que omita y se niegue a brindar información sobre el hecho de la privación de libertad de una persona desaparecida, su paradero o suerte, será castigado con dos a veinticinco años de penitenciaría", describe la ley al referirse a la desaparición forzada de personas.
La fiscalía y la sede penal de séptimo turno entienden que eso fue lo que pasó en los casos en que aún no se sabe el paradero de la víctima. Pero la última palabra -al menos en el ámbito nacional- será de la SCJ.
Aportado por Nestor Durante
El cangrejo abajo de la piedra
(o, el linchamiento de la Jueza Mariana Mota)
La información concreta y los análisis que presenta Samuel Blixen en "Brecha" son harto esclarecedores acerca de la razones de los furibundos ataques contra la Jueza Mariana Mota. La artillería pesada que se dirigió contra la Jueza tuvo y tiene efectos intimidatorios muy parecidos a los utilizados por la mafia siciliana y otras mafias. Criollas también, la mafia militar por ejemplo. Se trata de frenar a la Jueza ante los procesos que tiene en curso para que no los lleve a término de acuerdo a la Ley. Se trata de amedrentarla, así como de ensuciarla públicamente mediante una inusitada cobertura de los medios informativos de la derecha, y hasta de supuestos "paneles" de opinólogos al mejor postor, que hasta incluyó a ex miembros del Ejecutivo del MLN (Rosencof). Los ataques han sido extremadamente rastreros y los insultos burdos en demasía, mostrándonos "opinólogos al mejor postor" que perdieron la normal compostura con la que se presentan como sensatos, reflexsivos y que se toman tiempo para pensar sus suspuestas sesudas respuestas. En éste caso se desnudaron públicamente y mostraron su faceta de barra brava, bolichesca, ordinaria y más que nada patotera. Le dieron y le dieron a quién no puede decir ni pío atada como estaba la Jueza por el expediente , expedientemente iniciado por la Suprema Corte de Justicia una vez que el Presidente Mujica dió la clarinada: todos contra Mota !
Fué un espectáculo realmente denigrante para los protagonistas, expositor de una doble cobardía. La una, frente al objeto de sus ataques que estaba obligada a callarse la boca y la segunda,...ante el cangrejo, el tremendo cangrejo negro, el negro del facismo, que se ocultaba bajo la enorme piedra que le tiraron por la cabeza a la Jueza Mota: la siempre presente mafia militar que digita desde las sombras.
El punto de partida de este patoteo lo da el Presidente Mujica y con ello intimida y anula las eventuales reacciones por parte del Frente Amplio, con la digna excepción de la senadora Constanza Moreira que más se pareció a un solitario Enrique Erro o Zelmar Michelini cuando el patoteo estuvo en su apogeo en los 70s. La Senadora ha tenido una actitud valiente y principista desafiando al poder CORPORATIVO del estado, el gobierno, y el partido de gobierno.
La respuesta de las organizaciones de los DDHH así como las actividades solidarias de rodear a la Jueza Mota y defenderla del malón, han estado al mismo nivel ejemplar como cuando la larga lucha contra la Ley de Caducidad. Un ejemplo de coraje cívico, de solidaridad principista y de asco frente al patoterismo de toda suerte de aparatos con poder.
Hemos presenciado un burdo intento de ponerle bozal a la Justicia como bien se ha dicho, pero disimulado, rastreramente oculto en supuestas fallas de protocolo, al mejor estilo de los escándalos con políticos y gente con poder que nos muestran a personajes de otros países ser objetos de intrigas formales que en realidad ocultan -también ahí- enormes cangrejos. Lo estamos viendo en estos días con las repugnantes maniobras de Sarkozy para mantenerse en el poder tal cual lo hiciera su compinche Berlusconi, en ambos casos acosados por procesos pendientes.
La mayoría medíatica y también la política confluyó con sospechosa unanimidad y CELERIDAD a la ceremonia de linchamiento de una hereje. No se ahorraron insultos como decíamos y de en más, hasta los opinólogos se volvieron sicólogos, siquíatras y - eso sí- expertísimos juristas que dominaban lo constitucional como si fuera pan de cada día. Todo esto ha sido un montaje repugnante, pero eso sí, planificado. No hubieron movimientos en falso sino que se realizó una cronometrada operación de marketing con el fin de tapar de excrementos a una Jueza, mujer, joven, y sin partido o aparato detrás. Y si por acaso el "aparato" natural de la Jueza, el "Poder" Judicial (poder entre comillas hasta que se pruebe lo contrario) se le ocurría defenderla en función de - justamente - LA INDEPENDENCIA DE LA JUSTICIA Y LA SEPARACIÓN DE PODERES fué nada menos que el Presidente Mujica, el "Pepe" amado por las masas, el que advirtió a la SCJ, agregando que había esperado reacciones (le faltó decir "un tiempo prudencial") y que como no las había habido se sentía obligado a salir a los medios y advertir sobre que ese otro Poder, el judicial, más o menos como que no cumple con su deber. En una similitud escalofriante con lo que fueron los ataques del pachequismo al Poder Judicial.
Mujica ha abierto un proceso que nadie sabe bien como va a terminar ya que la confrontación de poderes debilitará la por demás ya confusa gestión de gobierno. Abre también márgenes para "sublevaciones" (civiles, políticas y hasta militares) contra un Poder Judicial que antes el pachequismo tildó de "inoperante" cuando querían que corriera la sangre, ya desde el 67, y que finalmente corrió hasta 1985. Si la SCJ se hace eco de las presiones politiqueras del Presidente y de alguna manera condena, sanciona o remueve a la Jueza Mota, el Presidente la habrá debilitado aún más y al final el país se encamina a un poder unipersonal con los otros poderes sometidos o con bozal y un Presidente que puede - en principio - hacer lo que quiera. Sea defender y respaldar ataques con balas de goma, sea meter a los milicos a romper huelgas o custodiar cárceles o sea calumiando sindicatos a los que se les acusa sin fundamento alguno de conexiones cuasi terroristas un día con Irán y Cuba y al otro con Hitler y el nazismo.
El FA está dando un espectáculo lamentable. Si el FA no defiende el principio de la separación e independencia de los poderes y sí - más que nada - no defiende a los jueces que deben de hacerse cargo de los juicios a los criminales de lesa humanidad, se está "regalando", está mostrando que no es ni siquiera capaz de defender los principios que en los 70s contribuyeron - justamente - a hacer posible la coalición de fuerzas demócraticas que deriva en la formación del FA. Será una presa fácil para la mafia militar que está en la espera vigilante y activa. En otras palabras el FA está mostrando que no hará resistencia ante los ataques a la democracia que los parásitos planean como actividad de tiempo completo. Factores estos que no hacen más que estimular a la bestia fascista cuando constata que sin siquiera ruido de sables pueden lograr sus objetivos. Por ejemplo sacarse de en medio a la Jueza Mota como ayer lo fuera con la Fiscal Guianze.
Oculto bajo la piedra hay un gran y hambriento cangrejo: los juicios a los militares y más especificamente los que están en curso bajo la jurisdicción de la Jueza Mota. Lo vemos con claridad en el actual proceso que compromete a los cinco militares, entre ellos el general Pedro Barneix, sobre lo que nos informa Samuel Blixen. Se trató y se trata de sacarse de encima a la Jueza Mota, evitar las condenas a militares por crímenes de lesa humanidad y - además - intimidar a quién eventualmente la vaya a sustituir. No habrá juez que se aníme - si ello sucediera - a condenar a ningún criminal de lesa humanidad, habida cuenta de que corren el riesgo de ser sacados de sus puestos, y tener encima a la SCJ, al Presidente, al mudo FA, a la mafia militar en las sombras que amenaza, y a TODOS los medios que le darán la justificación "técnica" del linchamiento.
De eso se trata, ni más, ni menos.
En el pasado la guerrilla del MLN retuvo compulsivamente al Juez Pereira Manelli, dos veces, para interrogarlo sobre las injusticias de muchos de sus procesamientos contra "presuntos" tupamaros. Se lo acusaba de debilidad y - de hecho - complicidad con la bestia que venía mostrando las garras, las fuerzas represivas en general, la derecha fascista y EL PRESIDENTE que ejercía presiones inconstitucionales sobre el Poder Judicial, así como también lo hacían los militares, por ejemplo el Brigadier Danilo Sena llamando por teléfono a Pereira Manelli y dándole órdenes de que debía procesar a ciertos detenidos. El MLN liberó a Pereira Manelli siendo portador de una carta - precisamente - a la SCJ de la época, en la que se indicaban estas irregularidades atentatorias para con la independencia del Poder Judicial. El Fiscal Bayardo Bengoa y el Juez Púrpura también fueron sometidos a similar tratamiento por parte de la guerrilla, como exponentes de gente que había entregado la independencia del Poder Judicial.
Tanto el Presidente Mujica como el escritor Mauricio Rosencof eran gente con mando en el movimiento guerrillero. En ese entonces eran capaces de arriesgar la vida de ellos y las de otros, para llevar adelante una operación armada cuyo fin era denunciar que el Poder Judicial estaba entregando su independencia. Hoy en día el Presidente pone en marcha éste desigual ataque contra la Jueza Mota, y Rosencof es una de las estrellas (como "opinólogo") en el lanzamiento de la Jueza Mota a la hoguera del rabioso panel de la Radio "El Espectador". Aquellas idealistas y bien inspiradas acciones de propaganda intentando denunciar el atropello al que se sometía al Poder Judicial han quedado en el olvido. Hoy es el realismo ante el cangrejo a la sombra el que digita los movimientos desde la cúpula política.
De tal manera que los militantes FA, del MPP, del PVP y el PC, de todas esas organizaciones tan maltratadas y reprimidas, con tantos presos, torturados, muertos y desaparecidos, deberían tomar muy en serio la actual situación. No verlo como un incidente burocrático aislado, como si algún funcionario (juez en este caso) hizo algo contradictorio con el reglamento, sino verlo políticamente en toda su dimensión, como militantes políticos que son, muchos de los cuales fueron testigos en el pasado de lo que aconteció cuando el brutal cangrejo negro se expuso a la luz pública. Debería servir de lección. No se trata SOLAMENTE de la Jueza Mota, se trata MÁS QUE NADA del enjuiciamiento a los criminales de lesa humanidad.
El cangreso - en el pasado - se expuso completamente al final. Hasta entonces eran "problemas menores", como ser muchos de los injustos procesamientos de Pereira Manelli, pero como nada se hizo el cangrejo entendió - correctamente - que el estrado legalista de la separación de poderes e independencia del Poder Judicial, por ejemplo, no era más que eso: un estrado. Así que pensó qué cada cangrejo negro puede protagonizar su 27 de junio.
Someterse hoy a las presiones de la derecha y a las ocultas amenzas de la mafia militar no es otra cosa que "hacerle el juego a la derecha".
No tocar a la digna Jueza Mota !. Dejemos que se haga justicia con estos cerdos asesinos qué se siguen riendo de todos los uruguayos.
Defender a la Jueza Mota es un NO A LA IMPUNIDAD !
Colectivo del Blog Noticias Uruguayas
Como se podrá apreciar en los materiales que se presentan en esta edición el ataque contra la Jueza Mota no es nuevo. Tampoco los intentos por removerla, así como los ataques contra la Fiscal Guianze, otro integrante del Poder Judicial que hace honor al concepto de justicia. Para el gobierno, que tiene planes estratégicos de alianza con la derecha, es una necesidad el "sacarse de encima" a todos los "molestos", sean jueces, fiscales o federaciones sindicales enteras como la de los profesores. Es la moneda de cambio para los acuerdos con la derecha.Hoy es el turno de la Jueza Mota.
de José Luis Perera López, el miércoles, 4 de abril de 2012
Nueve meses después, vemos con sorpresa (o no tanto) que desde diferentes ámbitos se vuelve a presionar a la jueza Mota, esta vez, por las declaraciones echas en una entrevista al diario Página 12 de Argentina, a donde la magistrada viajó invitada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ), para hablar sobre su experiencia como jueza penal de séptimo turno en donde investiga los delitos cometidos por la dictadura.
¿Y qué cosas tan graves expresó la Dra. Mota en esa entrevista? Habló por ejemplo del delito de desaparición forzada y de su tipificación como tal en nuestro país, habló de la dictadura uruguaya , de los muertos, desaparecidos y presos políticos. Dijo que según un informe de Amnistía, uno de cada cincuenta uruguayos había sido interrogado, que los funcionarios públicos eran calificados según su vinculación con organizaciones sociales o políticas que fueron ilegalizadas, etc. Explicó lo ocurrido luego de la marcha del 20 de mayo pasado: “Dijeron que había cometido delito al manifestarme políticamente y que debían excluirme de continuar conociendo en las causas. Antes que eso, cuando proceso a Calcagno, como no estaban de acuerdo con la tipificación del delito, el ex presidente Balle y el ex vicepresidente Gonzalo Aguirre fueron a hablar a la Corte para que me sancionaran. Señalaron, ante la prensa, que era una jueza hitleriana. La Corte no me sancionó, pero dijo que había faltado a la ética judicial, cuando en realidad la marcha es convocada por organizaciones sociales y de derechos humanos, sin ningún tinte político”.
Y bien, de acuerdo a lo que informó la prensa días pasados, “El presidente José Mujica afirmó que le "llamó la atención" que "ni la Suprema Corte de Justicia (SCJ) ni nada parecido" se haya pronunciado sobre los dichos de la jueza penal Mariana Mota, quien elogió al gobierno argentino por su política de derechos humanos y cuestionó al uruguayo”.
Y ¿qué fue lo que molestó al presidente y por lo cual esperaba un pronunciamiento de la SCJ o de “algo parecido”?
El periodista argentino le pregunta: “¿Cómo analiza el apoyo del gobierno uruguayo al proceso de Verdad y Justicia en su país?”, a lo cual la jueza Mota respondió: “No hay una promoción de los derechos humanos para que esta situación, que es nacional y nos marcó a todos, se esclarezca. Es bien diferente al gobierno argentino en esa materia. Mujica y el ministro de Defensa fueron rehenes de la dictadura. Tal vez por eso no puedan ver con objetividad un proceso dictatorial que los tuvo como víctimas”.
Y la pregunta que nos hacemos es: ¿Hay alguna duda que en nuestro país no hay un interés real por parte del gobierno de que estas cosas se esclarezcan? ¿Hay alguna duda de que la actitud del gobierno argentino es bien diferente a la del uruguayo? Una prueba contundente es que mientras en la Argentina, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación dictaminó que un juez está “inhabilitado éticamente” para desempañarse en el alto tribunal “por su acreditada participación en organismos de poder” durante la última dictadura militar, en nuestro país queremos inhabilitar a una jueza por su compromiso con los derechos humanos. ¿Se puede dudar de que Mujica y Huidobro pierden objetividad en estos temas?
Pero la pregunta fundamental es: ¿Son estas declaraciones político partidarias? Claro que no. Y como lo no son, lo que habría que averiguar es qué hay detrás de la presión que se quiere ejercer sobre la jueza Mota.
Mota y Guianze suben la apuesta por DDHH
La jueza Mariana Mota y la fiscal Mirtha Guianze no atenderán el fallo de la Suprema Corte de Justicia según el cual los delitos cometidos en la dictadura prescriben en noviembre.
05.06.2011
La jueza penal Mariana Mota al llegar al juzgado penal de 7o turno,
proveniente de Ciudad de la Costa, heredó cinco causas que ya estaban en
ese juzgado, entre ellas la de Juan María Bordaberry procesado por la
jueza Graciela Gatti y condenado por Mota por diez homicidios cometidos
en la dictadura.
Más allá de la ley de caducidad, causas por tortura invaden los juzgados penales
25.05.11 - Uruguay |
Roger Rodríguez
rogerrodriguez@adinet.com.uy
Pocos imaginaron que esa mujer delgada, de pelo corto, casi tímida y de voz suave podría llegar a ser temida por los militares y policías que violaron los derechos humanos en los años de la dictadura. Sus antecedentes en el juzgado penal de 3º turno en la ciudad de la costa adelantaban su coraje para enfrentar a toda una mafia del contrabando que llevó a una serie de procesamientos en la Aduana del Aeropuerto de Carrasco. Pero, cuando la doctora Mariana Mota fue designada en el juzgado penal de 7º turno, muchos impunes suspiraban de alivio, por el traslado a los juzgados especial sobre ilícitos económicos de la jueza Graciela Gatti, quien había abierto la causa y ordenado el procesamiento con prisión del dictador Juan María Bordaberry.
La jueza Mota heredó un juzgado “caliente”, donde la causa Bordaberry no parecía una prioridad. En sus manos había quedado el caso de los hermanos José, Jorge y Juan Peirano Facio y el incidente de espionaje del ex agente del SIDE argentino, Iván Velázquez, un hacker que había perfeccionado un programa a través de Internet con el que se infiltró en documentos y secretos de autoridades, dirigentes políticos y periodistas de ambas márgenes del Río de la Plata. Mota tuvo que otorgarles la libertad a José y Jorge Peirano porque el Parlamento derogó una ley que los mantenía presos, pero a la vez mantuvo encarcelado a Juan Peirano tras su extradición desde Estados Unidos. Velázquez también fue procesado con prisión luego de espiar a la propia policía uruguaya que le pidió “ayuda” en la instalación de un software.
Desde que llegó al juzgado, Mariana Mota estudió detenidamente el voluminoso expediente contra Bordaberry, donde la denuncia original interpuesta por los abogados Hebe Martínez Burlé y Walter De León, habían permitido recabar testimonios y pruebas sobre decenas de crímenes de lesa humanidad ocurridas durante el mandato del dictador que el ministerio público a cargo de la doctora Ana María Telechea fue “acordonando” como causas a profundizar. Mota modificó la carátula de homicidios con que Gatti había encausado a Bordaberry por los casos de desaparecidos y los tipificó como desapariciones forzadas, a la vez que admitió que el presidente que disolvió el parlamento en 1973 había atentado contra la Constitución. Por primera vez un dictador fue condenado como tal.
La jueza Mota y la fiscal Telechea avanzaron sobre los casos “acordonados” y coincidieron en encarcelar a los oficiales aeronáuticos José Araújo Umpiérrez y Enrique Rivero por el homicidio del militante comunista Ubagesner Chaves Sosa, cuyo cuerpo desaparecido había sido ubicado en una chacra de Pando en el informe que la propia Fuerza Aérea entregó al presidente Tabaré Vázquez en 2005. Paralelamente, se planteó a la Suprema Corte de Justicia un recurso de inconstitucionalidad sobre 19 casos de muertes por tortura durante el ese período de la dictadura y otro similar por el caso del fusilamiento sumario de cinco tupamaros que habían sido secuestrados en Argentina y cuyos cuerpos acribillados fueron encontrados cerca de la localidad de Soca, como supuesta represalia ante el homicidio del coronel Ramón Trabal en París, en diciembre de 1974.
En el juzgado de 7º turno también se resolvió el procesamiento del coronel Carlos Calcagno por la desaparición de los uruguayos Gustavo Inzaurralde y Nelson Santana en Paraguay en 1977 y se reinició la investigación sobre la desaparición en Maldonado del dirigente frenteamplista Horacio Gelós Bonilla, que el presidente José Mujica excluyó de la Ley de Caducidad. El trabajo de Mota se amplió cuando la Suprema Corte de Justicia –como lo había hecho con la muerte de Nybia Sabalsagaray- consideró inconstitucional la polémica Ley 15.848 en los 19 casos de muerte por tortura y en los fusilamientos de Soca, sobre los que había recurrido la fiscal Telechea. Desde entonces, también pasaron a instruir el caso de desaparición del maestro Julio Castro y recibieron nuevas denuncias por torturas en Bosio Lanza y sobre el caso de Antonio Viana Acosta.
El protagonismo adquirido por la jueza Mota (de bajo perfil mediático y a quien no le gusta salir ni en fotografías) y la fiscal Telechea (que seguía los pasos de la fiscal Mirtha Guianze), no tardó en ser atacado por los sectores y estructuras que defienden a los militares encausados por violaciones a los derechos humanos. Adelantando una estrategia que a principios de este año se hizo expresa con la creación del denominado Foro Libertad y Concordia, desde un par de importantes estudios de abogados se comenzó a diseñar una ofensiva que viene disparando sobre la representante del ministerio público y contra la propia jueza en el debate jurídico y a través de una serie de “chicanas” y recursos administrativos que han logrado enlentecer los procesos para llegar a noviembre próximo, fecha prevista para la prescripción de los delitos.
El segundo suceso tuvo lugar a raíz de unas declaraciones de la jueza en el diario argentino Página 12 referidas a la investigación de crímenes de lesa humanidad en Uruguay y Argentina. Mota expresó una visión crítica sobre el caso uruguayo, señalando que "no hay una promoción de los derechos humanos para que esta situación, que es nacional y nos marcó a todos, se esclarezca. Es bien diferente al gobierno argentino en esa materia".* Por segunda vez, la scj pidió un informe a la jueza y abrió un expediente cuya resolución final desconocemos. El propio presidente de la República, en esta oportunidad, manifestó su "sorpresa" sobre la falta de un pronunciamiento de la scj.
Ni la participación en la Marcha del Silencio ni la opinión sobre el estado de los derechos humanos en Uruguay constituyen una violación del artículo 77 de la Constitución de la República, en cuanto no son pronunciamientos político-partidarios, y sólo pueden ser entendidos como falta de "imparcialidad" si por tal entendemos la "neutralidad valorativa". ¿Es eso lo que queremos de los jueces? No. Queremos que un juez que tenga causas vinculadas a los derechos humanos sea un firme defensor de los mismos. Así, cuando se habla sobre la "imparcialidad" de la jueza Mota, a saber, si su posición clara y contundente de impulso a una política de vigencia plena de los derechos humanos en el país es o no "imparcial", estamos incurriendo en un error de juicio. En este sentido, ¡claro que la jueza no es imparcial! Pues no debería haber imparcialidad alguna –esto es, neutralidad de valores– respecto de las grandes cuestiones de derechos en la "filosofía" de los jueces. ¿No esperamos nosotros que los jueces tomen partido a favor de la democracia o los valores republicanos? Si fuera así no habría neutralidad valorativa en sentido estricto, sino que la imparcialidad de los jueces refiere al caso en cuestión, a su independencia de cualquier otro criterio que no sea la ley, y a su independencia de cualquier influencia "externa".
El problema no es precisamente el de la "imparcialidad" de la jueza Mota, sino el de la independencia de los jueces en general. Es la independencia de la jueza Mota la que está siendo erosionada a través de su sobreexposición en los medios masivos de comunicación, y el sometimiento de su actuación, una y otra vez, ante las máximas jerarquías de la justicia. Cuando una jueza que se destaca en su actuación en la causa de los derechos humanos enfrenta tanta crítica desde la prensa, desde la voz de destacados dirigentes políticos o desde los mismos operadores jurídicos (o incluso desde el Poder Ejecutivo), lo que se produce es un efecto de intimidación.
Por otra parte, cuando estas críticas o controversias respecto de su actuación desembocan en expedientes abiertos ante la scj, el resultado podría ser una vulneración de su estabilidad laboral, especialmente si ello afecta su desempeño en las causas que tiene entre manos. Y esto sí tiene efectos sobre uno de los cuatro pilares de la independencia del pj (el "blindaje" de los jueces frente a intimidaciones externas). En síntesis, el "caso Mota" parece estar desafiando la independencia del Poder Judicial. Y no es casual que ello se esté produciendo porque el campo en cuestión es el de los derechos humanos, un campo que día a día redefine sus límites y alcances jurídicos. Cualquier intento de apartamiento de la jueza de las causas tendrá como inevitable lectura la de un sometimiento de la justicia a influencias "externas". Y la independencia de nuestro Poder Judicial quedará irremisiblemente dañada. Es más, será la confianza en el Poder Judicial la que recibirá más inmediatamente los impactos negativos de esta percepción de la ciudadanía.
La independencia del Poder Judicial. Existen al menos cuatro dimensiones que se usan frecuentemente en la literatura para medir la independencia del Poder Judicial de los países. En primer término, está la independencia sustantiva, o la facultad de tomar decisiones judiciales y ejercer sus funciones oficiales con sujeción a ninguna otra autoridad salvo la ley. En segundo lugar, está la independencia personal, que remite a la estabilidad en el cargo de los jueces y a la libertad de éstos de operar sin intimidación o amenazas. En tercer término está la independencia del Poder Judicial en tanto organización colectiva (lo que remite a su administración de los tribunales); y en cuarto lugar la llamada independencia interna, que remite a los mecanismos de ascenso y a la transparencia de los procedimientos de nombramiento (bid 2006: "Progreso económico y social de América Latina").
Con base en estos criterios los factores que afectan la independencia del Poder Judicial refieren al grado de autonomía presupuestaria; al nivel de transparencia y el uso de criterios meritocráticos en el proceso de nominación de candidaturas y designación de jueces; a la estabilidad en el cargo, y el "blindaje" de los jueces ante intimidaciones externas, así como al alcance de las facultades de revisión judicial.
Esta es la información de cuando al Presidente Mujica "le llamó la atención" "que ni la Suprema Corte de Justicia (SCJ) ni nada parecido" su haya pronunciado sobre declaraciones que el Presidente calificó de "políticas". Dijo "esperé a ver que pasaba", "pero por ahora no las hubo".De inmediato la SCJ le inició un expediente a la Jueza Mota.
http://www.peticiones24.com/
Mariana Mota, Mirtha Guianze: puntadas con nudo
La proscripción no encubierta de la fiscal Mirtha Guianze para integrar la Comisión Directiva de la INDDHH, por parte de algunos parlamentarios de la oposición, ha hecho naufragar la constitución de la misma en la sesión de la Asamblea General del pasado 12 de abril.
Su candidatura fue presentada por Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, el Pit – Cnt, Serpaj y nuestra organización, Crysol. Cuenta con el respaldo de más de 20 organizaciones sociales que públicamente lo han señalado en reconocimiento a su trayectoria en la vida del país.
En
lo inmediato, llamamos a la defensa de la Dra. Mariana Mota, convocamos
a todos los parlamentarios, a todo el sistema político, a votar a la
Dra. Mirtha Guianze y a constituir a la mayor brevedad la Comisión
Directiva de la INDDHH con integrantes que se hayan caracterizado por su
trayectoria y compromiso con las grandes causas de la vida nacional
junto a las organizaciones de la sociedad civil.
Dossier del Blog El Muerto
lunes, 2 de abril de 2012
Palos en la rueda de Mujica a la justicia
La jueza Mariana Mota
Roger Rodriguez
¿Qué pienso?... Pienso que es sintomático que se inicie una nueva campaña contra la jueza Mariana Motta, cuando debe tomar una decisión judicial en el caso Perrini que determine, eventualmente, el enjuiciamiento del general Pedro Barniex. Nada de lo que Mota dijo en P12 puede ser considerado "político partidario" que es lo único que esta vedado hacer públicamente a los magistrados. ¿La Suprema Corte de Justicia y el propio presidente Mujica están jugando? ¿Es tiempo de silenciar a los jueces? ¿El caso Garzón se repetirá en Uruguay? ¿Son "cosas que pasan", como las balas de goma y los carros antimotines contra las protestas del Liceo 70?... No sean nabos, ¡por favor!
El
Presidente Mujica pretende ponerle "palos en la rueda" a la Justicia,
quiere hacer echar a la Jueza Mota porque fué la que condenó por delitos
de lesa humanidad al ex-dictador Bordaberry. La Jueza Mota puede llegar
a ser moneda de cambio compensatoria del llamado "perdón del estado".
El movimiento de los DDHH debe de ponerse alerta y defender a una jueza
valiente, íntegra y COMPROMETIDA CON LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS
!!
Del colectivo `Noticias Uruguayas`
EL
BOZAL SELECTIVO.
La
jueza Dra. Mariana Mota ha
tenido que trabajar en estos años sobre las investigaciones de los crímenes de
la dictadura cometidos desde el estado uruguayo.
La
inmensa cantidad de causas entradas en los juzgados a fines del año pasado se
sumaron a las que ya llevaban años de estar archivadas y vueltas a desarchivar
por resolución del poder ejecutivo
La
jueza, en su entender jurídico siguió y sigue adelante
con las causas, pues en ellas se denuncian crímenes de lesa
humanidad, es decir que, aplicó la imprescriptibilidad en las mismas y la
imposibilidad de renunciar a su juzgamiento por parte del estado sobre esos
crímenes que marcaron una sombría y temible década de calvarios para
muchísimas familias uruguayas.
Familias
que siguen buscando a sus seres queridos y que hoy tristemente se los va
encontrando en fosas, escondidas por los militares y civiles cómplices.
Otras
causas; se sumaron por torturas cometidas en los cuarteles y que
sus víctimas removiendo el pasado doloroso pueden relatar hoy ante los
estrados judiciales con garantías -a diferencia de aquellas décadas infames de
libertad mutilada-.
Es
decir en este caso concreto que nos atañe, la jueza Mota divide su tiempo en las causas "comunes"
que llegan día a día a su juzgado y en las de Derechos Humanos que incluyen: tomar
testimonios a los sobrevivientes,
indagar a los responsables, solicitar documentos de la época al
ministerio de defensa y a otros organismos del estado, todo esto con los pocos recursos
que tiene el poder judicial, volviéndose así, juicios
eternos en un proceso penal obsoleto.
Argentina
La
magistrada viajó a Buenos Aires, invitada por el Centro de Estudios Legales y
Sociales (CELS) y el Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ), para volcar su experiencia
como jueza penal de 7° turno de Montevideo, donde investiga los delitos
cometidos por la dictadura (entre
otras cosas).
El
diario página 12 le
realizó una entrevista que es de fácil acceso a los que manejan Internet.
En
esa entrevista dice claramente que: “el
proceso judicial uruguayo es lento”-
¿Acaso
alguno tiene duda de esta verdad incontrastable?
Luego
el periodista le hace mención a una situación que se dio el año pasado en la
marcha del silencio y de cómo quisieron recusarla por hablar con un
abogado, al cruzar la marcha por una esquina. Con lo cual la jueza tuvo
como consecuencia de ello, que realizar un informe en 24 horas a pedido de la Suprema Corte de Justicia.
La
jueza en los ojos del poder.
La
jueza Mariana Mota nuevamente en la mira de la SCJ, pero esta vez por mandato
del poder ejecutivo a través del presidente Mujica.
–“El presidente José Mujica expresó a través del
semanario Búsqueda, que le “llamó la atención” que “ni la Suprema Corte de Justicia (SCJ) ni nada parecido” se
hubieran pronunciado sobre el hecho. “Esperé a ver qué pasaba, a ver si había
naturales manifestaciones tras esas declaraciones, pero por ahora no las hubo”,
deslizó Mujica.
Lo
que llama la atención es que a tantos años parece ser que aún no aprendimos que
algunos medios de prensa, no solo no se opusieron al golpe de estado sino que
aplaudieron su paso. Antes para desestabilizar a los gobiernos y dar paso a los
golpistas y hoy para sembrar conflictos o caos ciudadano.
En este caso, apoyarse
en las líneas tergiversadas de un semanario para pedir que se ''tomen medidas'' contra la jueza Mota
se podría calificar- humildemente- de falta de filtro político. A no ser…
que se quiera esconder detrás de ese semanario para aprovechar a sacarla del
medio.
El
largo camino andado para quebrar el escudo de la impunidad; ha traído
grandes sorpresas en la sociedad, que alberga en su seno a las organizaciones
de Derechos Humanos entre ellas la más prestigiosa: Madres y Familiares de
Detenidos Desaparecidos.
Un camino de intenso dolor acumulado, en todas
las víctimas del terrorismo de estado que no están dispuestas a retroceder ni
un paso más.
Hace
pocos días todos miramos por cadena de radio y televisión al estado en la
figura del presidente decir del cumplimiento del tema derechos humanos.
Y
ahora vemos su marcada mirada sobre la jueza Mota, a través de la suprema corte
de justicia. Esto nos deja nuevamente una pregunta que a simple vista se
responde por sí sola. ¿El poder judicial carece de independencia?
Estemos
atentos para que luego de pasada la semana de turismo no tengamos que
presenciar el traslado de la jueza Mota para otro lugar y de esa forma
los juicios que están encaminados se paren por otro largo tiempo más.
Por Martha Helena Passeggi
DECLARACIONES
Mujica sorprendido por falta de respuesta de la SCJ a dichos de Mota
El presidente José Mujica afirmó que le "llamó la atención" que "ni la
Suprema Corte de Justicia (SCJ) ni nada parecido" se haya pronunciado
sobre los dichos de la jueza penal Mariana Mota, quien elogió al
gobierno argentino por su política de derechos humanos y cuestionó al
uruguayo.
Mota, en diálogo con el diario argentino Página 12, dijo que en uruguay "no hay una promoción de los derechos humanos" para esclarecer los casos aún a estudio, informa hoy el semanario Búsqueda.
La profesional agregó que la posición uruguaya "es bien diferente al gobierno argentino en esta materia" y dijo que era porque tanto Mujica como (el ministro de Defensa) Fernández Huidobro "fueron rehenes de la dictadura" por lo que no pueden "ver con objetividad un proceso dictatorial que los tuvo como víctimas".
En el reportaje, Mota también criticó una resolución de la SCJ que entendió que la jueza "se separó de su deber ético" al participar en la marcha del silencio que cada año organizan familiares de desaparecidos.
"La Corte no me sancionó, pero dijo que había faltado a la ética judicial, cuando en realidad la marcha es convocada por organizaciones sociales y de derechos humanos, sin ningún tinte político", argumentó.
Mujica dijo al semanario que "esperé a ver qué pasaba, a ver si había naturales manifestaciones tras esas declaraciones, pero por ahora no las hubo", dijo.
El presidente uruguayo finalizó suponiendo que "el episodio de los enfermeros tapó todos los hechos".
Mota, en diálogo con el diario argentino Página 12, dijo que en uruguay "no hay una promoción de los derechos humanos" para esclarecer los casos aún a estudio, informa hoy el semanario Búsqueda.
La profesional agregó que la posición uruguaya "es bien diferente al gobierno argentino en esta materia" y dijo que era porque tanto Mujica como (el ministro de Defensa) Fernández Huidobro "fueron rehenes de la dictadura" por lo que no pueden "ver con objetividad un proceso dictatorial que los tuvo como víctimas".
En el reportaje, Mota también criticó una resolución de la SCJ que entendió que la jueza "se separó de su deber ético" al participar en la marcha del silencio que cada año organizan familiares de desaparecidos.
"La Corte no me sancionó, pero dijo que había faltado a la ética judicial, cuando en realidad la marcha es convocada por organizaciones sociales y de derechos humanos, sin ningún tinte político", argumentó.
Mujica dijo al semanario que "esperé a ver qué pasaba, a ver si había naturales manifestaciones tras esas declaraciones, pero por ahora no las hubo", dijo.
El presidente uruguayo finalizó suponiendo que "el episodio de los enfermeros tapó todos los hechos".
El País Digital
Una Suprema Corte "objetiva": "los magistrados no pueden hacer manifestaciones político partidarias"
Según la "justa" Suprema de Justicia decir que en Argentina los procesos van más rápido es "político partidario", que ecuanimidad !!
Según la "justa" Suprema de Justicia decir que en Argentina los procesos van más rápido es "político partidario", que ecuanimidad !!
Y el presidente también
SCJ pidió informe a la jueza Mota; Chediak advirtió que los magistrados no pueden hacer manifestaciones político partidarias.En su penúltima edición, el semanario Búsqueda había levantado declaraciones del diario argentino Página 12 de la jueza Mariana Mota, en las que opinaba sobre la actuación de los gobiernos de José Mujica y de Cristina Fernández respecto a las violaciones a los derechos humanos cometidas durante las últimas dictaduras militares, cuestionando al primero y elogiando al segundo. Ayer, el presidente José Mujica expresó a través del mismo semanario que le “llamó la atención” que “ni la Suprema Corte de Justicia (SCJ) ni nada parecido” se hubieran pronunciado sobre el hecho. “Esperé a ver qué pasaba, a ver si había naturales manifestaciones tras esas declaraciones, pero por ahora no las hubo”, deslizó Mujica.
En la tarde de ayer, la SCJ salió a aclarar que el lunes le había solicitado a la jueza un informe sobre sus declaraciones. En el escrito, según pudo saber la diaria, le preguntaba si efectivamente había formulado esas declaraciones, y en su respuesta, ya entregada a la SCJ, Mota contesta que sí, pero no profundiza en si lo dicho vulnera o no su condición de imparcialidad.
En la entrevista con Página 12, Mota declaró textualmente: “No hay una promoción de los derechos humanos para que esta situación, que es nacional y nos marcó a todos, se esclarezca. Es bien diferente al gobierno argentino en esa materia. Mujica y el ministro de Defensa fueron rehenes de la dictadura. Tal vez por eso no puedan ver con objetividad un proceso dictatorial que los tuvo como víctimas”.
El ministro de la SCJ Jorge Chediak dijo a la diaria que el máximo tribunal está analizando el tema, pero que la situación es “delicada”. “Ya hicimos una recomendación en el sentido de que [Mota] se había expuesto a ser imparcial”, recordó. La observación de la SCJ se produjo a raíz de la participación de Mota en la Marcha del Silencio del pasado 20 de mayo, asistencia que también fue difundida por el semanario Búsqueda. El mismo medio había publicado con anterioridad un artículo en el que catedráticos de derecho cuestionaban una sentencia de Mota -que ratificó el procesamiento con prisión del coronel retirado Carlos Calcagno por la desaparición forzada de dos militantes del Partido por la Victoria del Pueblo- por entender que no respetaba el principio legal por el cual ningún ciudadano está obligado a autoincriminarse en un proceso penal. El semanario citó en aquella ocasión sólo una parte de la sentencia, donde Mota señalaba que los acusados debían “cooperar con el oficio en la búsqueda de la verdad”. Omitió la parte donde la jueza aclaraba: “No se pretende que el encausado se inculpe sino que aporte al juzgado las pruebas que tuviere en su poder para alcanzar la verdad material de los hechos, máxime cuando tiene la disponibilidad de la prueba”.
Chediak señaló que la SCJ estudiará “si corresponde algún tipo de acción” en el caso de las declaraciones a Página 12, pero subrayó que a los jueces les está “absolutamente vedado por el estatuto todo tipo de manifestaciones vinculadas a la política partidaria, eso es clarísimo”. “Habrá que ver si hizo las declaraciones, cuál fue el contenido, y analizar si están dentro de ese marco de actuación limitado o no”, indicó. Entre otras causas a su cargo, Mota fue la responsable de la condena a 30 años de prisión del dictador Juan María Bordaberry.
Natalia Uval
Aquí
tenemos un ejemplo claro que desmiente a los que andan diciendo que la
Justicia dilata y dilata, obsérvese la celeridad en este caso.
"Enseguida Sr. Presidente, como Ud. ordene, faltaba más...no, no es ninguna molestia..."
Suprema Corte abrió expediente a la jueza Penal Mariana Mota
Viernes 30 de marzo de 2012 |
La República
La República
El segundo expediente administrativo en menos de un año le fue abierto a la jueza Penal de 7º Turno, Mariana Mota, por parte de la Suprema Corte de Justicia que analiza sus declaraciones a un medio de prensa argentino, contrastando la política de Derechos Humanos en Argentina y Uruguay.
La jueza dijo en declaraciones a “Página 12¨, refiriendo a la investigación de crímenes de lesa humanidad cometidos en los dos países durante la dictadura, que en Uruguay “no hay una promoción de los derechos humanos”. Apuntó que tanto el Presidente de la República como el Ministro de Defensa, Mujica Cordano y Fernández Huidobro, en su calidad de extupamaros, no ven “con objetividad un proceso dictatorial que los tuvo como víctimas”.
La declaración llamó la atención de la Suprema Corte que le pidió un informe a la magistrada sobre sus dichos, el que debía ser entregado en un plazo máximo de 72 horas. Mota cumplió en tiempo y forma. La Corte se expidió al respecto formando “un expediente con estas actuaciones y estudia el asunto a efectos de su resolución”.
El caso anterior
La jueza Mota que ha tenido en su órbita directa, indagaciones sobre crímenes de la dictadura durante las cuales fue la única magistrada en aplicar la tesis de imprescriptibilidad de esos crímenes, ya sufrió la apertura de un expediente anterior. La Suprema Corte se lo abrió por participar de la Marcha del Silencio el año pasado. El 20 de mayo, como todos los años desde hace 16, se realizó esta marcha –la mayor de cuántas hubo- aunque fue particularmente especial: no alcanzó a ser la primera marcha sin Ley de Caducidad, luego que el Parlamento no aprobara la ley interpretativa de la norma. Mujica, que participó en otras marchas, no lo hizo en esta última.La jueza acompañó la marcha, lo cual generó una diferencia pública que se extendió por semanas sobre si la conducta había sido la adecuada. Finalmente la Corte archivó el expediente, pero apuntó que la jueza había violentado el Código Modelo Iberoamericano de Ética Judicial, por cuánto no evitó participar de un hecho que “directa o indirectamente” indicaba un apartamiento de las causas.
La Suprema Corte de Justicia reacciona con celeridad ante las presiones-insinuaciones-
Evalúan sanción a Mota
30.03.2012 |
La Corte Suprema de Justicia (SCJ)
analizará si sanciona a la jueza penal Mariana Mota por sus dichos al
periódico argentino Página 12.
Mediante un comunicado, se informó que la Corte formó un expediente con el caso y estudia el asunto a efectos de su resolución.
Este jueves, en declaraciones al Semanario Búsqueda, el presidente José Mujica había dicho que le "llamó la atención" que "ni la Suprema Corte de Justicia ni nada parecido” se hubieran pronunciado sobre los dichos de la jueza, quien elogió al gobierno argentino por su política de derechos humanos y cuestionó al uruguayo.
La semana pasada, entrevistada por Página 12, la doctora Mota dijo que en Uruguay "no hay una promoción de los derechos humanos" para esclarecer los casos que todavía están a estudio.
La profesional agregó que la posición uruguaya "es bien diferente al gobierno argentino en esta materia" y dijo que era porque tanto Mujica como (el ministro de Defensa) Fernández Huidobro "fueron rehenes de la dictadura", por lo que no pueden "ver con objetividad un proceso dictatorial que los tuvo como víctimas".
Este
es el reportaje de "Página 12" de Argentina a la Jueza Mota que hirió
las fibras democráticas del Presidente Mujica qué le reclamó a la
Suprema Corte la apertura de un expediente que está en marcha "acusada"
de "declaraciones político partidarias" Juzguen ustedes mismos...
MARIANA MOTA, JUEZA QUE INVESTIGA LOS DELITOS DE LA DICTADURA
“El proceso penal uruguayo es lento”
En febrero de 2010, gracias a la actuación de Mota, el ex dictador Juan María Bordaberry fue sentenciado a 30 años de prisión. La jueza critica al gobierno de su país por no hacer más por el esclarecimiento de los delitos del pasado.
“
Hay un encasillamiento que me ubica como una persona de izquierda. Si lo soy o no, no le importa a nadie.”
Hay un encasillamiento que me ubica como una persona de izquierda. Si lo soy o no, no le importa a nadie.”
Por Adrián Pérez
Página 12
Las chimeneas humeantes transpiran el rezago industrial mientras un grupo de pescadores amarran sus barcos al muelle de La Boca. Paisaje portuario, mural de Benito Quinquela Martín, asoma detrás de Mariana Mota, en la planta principal de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. “La última vez que me sacaron fotos fue en la audiencia de recusación –recuerda la jurista uruguaya–. No estoy acostumbrada a esto”, agrega ante el pedido del reportero gráfico para hacer un retrato. La magistrada viajó a Buenos Aires, invitada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ), para volcar su experiencia como jueza penal de séptimo turno en Montevideo, donde investiga los delitos cometidos por la dictadura. El miércoles, al finalizar su participación en las jornadas “Hacer Justicia: nuevos debates sobre el juzgamiento de crímenes de lesa humanidad”, la abogada conversó con Página12 sobre el estado de los juicios, el rol de la mujer en la Justicia uruguaya y la persecución mediática que padeció en su país.
“Hay un encasillamiento que me ubica como una persona de izquierda. Si lo soy o no, no le importa a nadie. Fui gremialista estudiantil, que no es lo mismo que una vinculación política partidaria que no tuve”, argumenta Mota. En una entrevista reciente, el diario uruguayo El Observador le preguntó si era militante de la Unión de Jóvenes Comunistas de Uruguay (UJC). La mirada de la jueza atraviesa el ventanal del hall de la facultad. Profuso, el Río de la Plata corre más allá, tapado por el cemento de la urbe porteña. El primer expediente que tramitó tenía, como principal imputado, al presidente de facto Juan María Bordaberry. La querella lo acusó de atentar contra la Constitución y de cometer crímenes de lesa humanidad. En febrero de 2010, gracias a la actuación de Mota, el ex mandatario fue sentenciado a 30 años de prisión. En ese momento fueron hallados los primeros restos de desaparecidos: los del escribano Fernando Miranda fueron encontrados en el Batallón 13; el cuerpo del sindicalista Ubagesner Chávez Sosa apareció en una chacra de Pando en manos de la Fuerza Aérea. Ambos militaban en el Partido Comunista de Uruguay (PCU). En la causa por esos asesinatos, la magistrada cambió la calificación de homicidio, dictada por la jueza Graciela Gatti, su antecesora, por desaparición forzada de persona. Bordaberry murió el año pasado sin recibir sentencia en segunda instancia.
–¿Por qué la calificación de desaparición forzada, en la jurisprudencia uruguaya, tiene un alcance limitado?
–En Uruguay se consagró el delito de desaparición forzada en 2006 por la ley 18.026. Es un delito de ejecución permanente; se continúa cometiendo en el tiempo hasta que se determine el destino del detenido-desaparecido y aparezca el detenido o sus restos. En estos casos, dado el largo tiempo transcurrido, se trataría de la aparición de sus restos. Al continuar ejecutándose en el tiempo, luego del año 2006 corresponde que se aplique el régimen legal vigente, es decir, la Ley 18.026, y se califique como desaparición forzada. Otros juzgados y tribunales consideran –a mi juicio, erróneamente– que al regir en el inicio del delito otro régimen legal, que no tenía esta figura penal, no corresponde su aplicación.
–Quienes defienden el terrorismo de Estado afirman que su país vivió una “dictablanda”.
–Además de los muertos, desaparecidos y presos políticos, toda la gente era controlada. Uruguay pasó a tener el nivel más alto de presos políticos per cápita de Latinoamérica. Con 7 mil detenidos, un 32 por ciento de los uruguayos estuvo en prisión en dictadura. Según un informe de Amnistía, uno de cada cincuenta uruguayos había sido interrogado. Los funcionarios públicos eran calificados según su vinculación con organizaciones sociales o políticas que fueron ilegalizadas. De acuerdo con esa valoración, eran pasibles de destitución. Los despidos se sucedieron durante toda la dictadura, incrementando un elevado número de uruguayos exiliados.
–¿Qué recuerdos guarda de esos años?
–Cursé primaria y secundaria en dictadura. Recuerdo qué profesores habían sido echados. La gente podía enterarse de lo que estaba pasando en la realidad si tenía algún pariente preso o desaparecido. La censura era absoluta.
–También quisieron recusarla por participar en la marcha del silencio, que se organiza cada 20 de mayo en Montevideo.
–Un periodista del semanario Búsqueda publicó que había hablado en la marcha con un abogado de causas por derechos humanos. Efectivamente estuve conversando con él como puedo hacerlo en el juzgado o con cualquier persona. No puedo tener prohibida la palabra con nadie. Como consecuencia de ello, la Suprema Corte me dio una copia del artículo, y me pidió que hiciera un informe en 24 horas.
–¿En qué causas intervenía usted en ese momento?
–En la investigación por el asesinato de Ubagesner Chávez Sosa, donde estaba condenado Bordaberry como co-autor y había dos militares procesados: Jose Araujo Umpiérrez y Enrique Ribero. Y estaba trabajando en la causa por la desaparición de Horacio Gelos Bonilla, obrero de la construcción que además era militante comunista. Los abogados pidieron que me apartara de esas causas.
–¿Bajo qué argumento pidieron eso?
–Dijeron que había cometido delito al manifestarme políticamente y que debían excluirme de continuar conociendo en las causas. Antes que eso, cuando proceso a Calcagno, como no estaban de acuerdo con la tipificación del delito, el ex presidente Balle y el ex vicepresidente Gonzalo Aguirre fueron a hablar a la Corte para que me sancionaran. Señalaron, ante la prensa, que era una jueza hitleriana. La Corte no me sancionó, pero dijo que había faltado a la ética judicial, cuando en realidad la marcha es convocada por organizaciones sociales y de derechos humanos, sin ningún tinte político.
–¿Cómo analiza el apoyo del gobierno uruguayo al proceso de Verdad y Justicia en su país?
–No hay una promoción de los derechos humanos para que esta situación, que es nacional y nos marcó a todos, se esclarezca. Es bien diferente al gobierno argentino en esa materia. Mujica y el ministro de Defensa fueron rehenes de la dictadura. Tal vez por eso no puedan ver con objetividad un proceso dictatorial que los tuvo como víctimas.
–¿Cuáles son los avances en Uruguay sobre la participación civil en la dictadura?
–Juan Carlos Blanco, ex ministro de Relaciones Exteriores uruguayo, fue sentenciado a veinte años de prisión por la desaparición y asesinato en 1976 de la maestra Elena Quinteros. Es el único civil condenado (N. de R.: el Tribunal de Apelaciones confirmó esa sentencia el mes pasado).
–En 2005, un grupo de arqueólogos de la Universidad de la República excavó en una chacra de Pando, perteneciente a las fuerzas armadas, para buscar restos de desaparecidos. El documental Las manos en la tierra registra ese proceso.
–Ese trabajo rescata la voz de los arqueólogos, de los hijos de las víctimas y de la fiscal Guianze Rodríguez. El enfoque del arqueólogo López Mas es interesante: expresa que la tierra habla cuando están buscando a los desaparecidos. Aparece el testimonio de Macarena Gelman, quien todavía busca a su madre, y de Valentina Chávez, la hija de Ubagesner Chávez Sosa. Javier Miranda, hijo del escribano Fernando Miranda, señala cómo el hecho de recuperar los cuerpos repara, pero muy poquito, porque, en realidad, la destrucción es haberte quitado al familiar en vida. Y Guianze Rodríguez analiza lo difícil de la investigación cuando existe un pacto de silencio.
–¿Qué elementos rescata de los testimonios recogidos en las audiencias?
–Las relaciones antagónicas entre padres e hijos. El destrozo en la psiquis que quedó en cada sobreviviente, porque ésa fue deliberadamente la intención de los militares cuando no los mataban. El proceso penal uruguayo es lento. El declarar después de tantos años permite a las víctimas liberarse de una carga emocional muy
grande.
Brecha. Viernes 27 de abril de 2012-04-28
Careo confirma desmarque de Barneix. Caso Perrini: perspectiva de condena resquebraja la omertà.
Escrito por: Samuel Blixen
El careo judicial entre cinco militares implicados en la muerte de Aldo Perrini en el cuartel de Colonia, en 1974, revela una fractura en el hasta ahora monolítico pacto de silencio entre terroristas de Estado. Quien se desmarcó fue el general Pedro Barneix, aquel que le mintió a Tabaré Vázquez sobre los enterramientos clandestinos.
No sólo fue tenso, también fue insólito, revelador, inédito. El careo judicial que el miércoles enfrentó a cinco militares retirados los coroneles José Baudean, José Puigvert, Washington Perdomo, Ruben Bonjour y el general Pedro Barneix que mantienen sustanciales contradicciones entre sí, dejó al descubierto hasta dónde la perspectiva de una condena resquebraja la estrategia de los terroristas de Estado de ampararse en el silencio y en la negativa, aun ante lo más evidente, para entorpecer la justicia que se empeña en descubrir la verdad de los crímenes cometidos durante la dictadura.
Los cinco oficiales retirados enfrentan una circunstancia por cierto desgraciada para sus intereses: la existencia de documentos, de insospechado origen militar, que prueban su vinculación directa en el asesinato de Aldo Perrini, vecino de la ciudad de Carmelo, secuestrado en febrero de 1974 y muerto días después en el cuartel de Colonia, victima de indescriptibles y perversas torturas.
En el cuadro de situación, Baudean, Barneix y Puigvert ocupan roles estelares: sometían a Perrini a un interrogatorio cuando el detenido "se desvaneció". Perdomo oficiaba de comandante de guardia y fue quien condujo a Perrini hasta el Hospital Militar, en Montevideo, aunque se presume uno de los tantos puntos oscuros que encubre la política de negativa sistemática que el detenido ya había fallecido en el mismo cuartel. Bonjour era el juez sumariante que instruyó la investigación interna y tomó declaración a sus tres colegas horas después del asesinato.
En los informes que elaboró el juez sumariante escuetos, prolijamente burocráticos y deliberadamente anodinos se consigna la sorpresa de los tres interrogadores ante el "desvanecimiento" de Perrini, cuyo cuerpo era una masa informe de hematomas, y que, ¡cómo se le ocurre!, no sólo no torturaron sino que desconocían que en el cuartel se realizaran tales prácticas.
La responsabilidad de Bonjour, más allá de que revistaba en una unidad donde la tortura, los vejámenes y las violaciones a detenidas eran sistemáticas, puede considerarse puntualmente tangencial, si no fuera porque al hoy general Barneix se le ocurrió negar lo que estaba escrito en los documentos, firmados de su propio puño y letra. Cuando la jueza Mariana Mota, que instruye el proceso, le recordó que lo que hoy negaba había sido admitido en 1974, Barneix no tuvo empacho en denunciar que Bonjour lo había obligado a firmar el acta con afirmaciones que no había reaIizado.
No fue esa la única rectificación del general a quien, como una de sus últimas misiones antes de pasar a retiro, se le encomendó buscar, en la interna del Ejército, la información sobre el destino final de los desaparecidos, misión que, según cómo se mire, cumplió a cabalidad, es decir, elevó a sus superiores, el comandante del Ejército y el presidente de la República, información que se demostró totalmente falsa.
A diferencia de sus colegas, quienes ante las requisitorias judiciales se muestran en extremo parcos y desmemoriados, el general Barneix demostró tener memoria para reconstruir los detalles de aquel 3 de marzo de 1974. Admitió ante la jueza Mota haber estado en la sala de interrogatorios con Perrini pero sólo algunos instantes porque inmediatamente se retiró, de modo que dice no haber estado presente cuando el detenido "se desvaneció". Por el contrario, Baudean y Puigvert confirmaron en sus declaraciones en el Juzgado Penal de Séptimo Turno lo que antes habían afirmado ante el juez sumariante, y ratificaron que Barneix permaneció con ellos mientras duró el interrogatorio. En este sentido Barneix lleva las de perder, porque no sólo hay tres testimonios coincidentes sino que además esa coincidencia está avalada por la documentación.
Barneix además contradijo sus afirmaciones iniciales, al explicar cómo se hizo presente en la sala de interrogatorios. Dijo que había sido convocado expresamente por Baudean, pero éste había afirmado lo opuesto, es decir, que fue Barneix quien lo invitó para interrogar a Perrini. Y también rectificó una afirmación de Baudean de 1974, según la cual Barneix intervino para asistir a Perrini cuando éste se "desvaneció". El ahora general sostuvo ante la jueza que sí intervino, pero para impedir que Baudean continuara interrogando al detenido.
Todas
esas marchas y contramarchas impulsaron a la jueza Mota y a la fiscal
Ana Tellechea a promover un careo múltiple. Si el objetivo era eliminar
contradicciones, el esfuerzo fue inútil. Por el contrario, si lo que se
pretendía era obtener nuevos elementos de juicio, la confrontación
resultó fructífera.
Según pudo saber Brecha, sólo en un aspecto los cinco indagados pero en especial Baudean, Barneix y Puigvert fueron coincidentes: en ningún momento torturaron al detenido. Y esa coincidencia, que se explica por razones obvias, hace que resulte determinante la autopsia histórica que la jueza solicitó a la Facultad de Medicina. De hecho, la autopsia realizada por el doctor Mautone en el Hospital Militar al día siguiente del fallecimiento implícitamente admite las causas de la muerte al confirmar los múltiples hematomas que exhibía el cuerpo, que sólo se explican por las torturas.
Por lo demás, el careo se transformó en una confrontación de Barneix con el resto de sus ex colegas. El general se mantuvo en sus trece: acusó al coronel Bonjour de haberle ordenado que firmara un acta con declaraciones que no había realizado. Bonjour replicó que no era cierto y que nunca había ejercido tales presiones; por el contrario, dijo que en sus actas como juez sumariante había consignado exactamente lo que le habían declarado.
Cuando Barneix insistió en su versión de que se había retirado de la sala de interrogatorios antes de la pérdida de conocimiento de Perrini (lo que intenta ubicarlo como quien dice fuera de la escena del crimen), el coronel Baudean lo calificó despectivamente de mentiroso, como si la mentira fuera un recurso habitual en el general.
Fuentes vinculadas a organizaciones de derechos humanos sostienen que las contradicciones y negaciones que se verifican en este proceso judicial se explican precisamente por la existencia, excepcional, de un documento interno del Ejército, que acota el margen de maniobra de los implicados. Pero también es excepcional que un oficial, y de la jerarquía de un general, funde su defensa acusando a un colega. En ese sentido y en especial porque se presume que los elementos de juicio existentes, más el resultado de la autopsia histórica que llegaría al juzgado a comienzos de mayo, no se debilitan, al contrario, se potencian por las contradicciones de los careos se sospecha que entre el general Barneix y el coronel Baudean existe un contencioso que viene de muy atrás y que ahora se expresa en un ajuste de cuentas.
Las mismas fuentes consultadas subrayaron el detalle de que el abogado de Barneix es el ex juez penal Ruben Eguiluz, mientras que los otros oficiales están representados por tres abogadas que se reiteran en múltiples defensas de militares acusados de delitos de lesa humanidad: las hijas de los procesados José Gavazzo y Ricardo Arab y la doctora Graciela Figueredo, que asiste en varios casos al abogado Miguel Langón, erigido en una especie de juez de jueces. La exclusión de Barneix del equipo de abogados de confianza de los militares presos en la cárcel de Domingo Arena sería una señal de la desaprobación de la conducta de Barneix por parte de los que mantienen a rajatabla la ley de la omertà.
Es posible que la dotación de presos en Domingo Arena se incremente con el aporte del caso Perrini (y en ese sentido, fuentes judiciales aseguran que son inminentes los procesamientos); más improbable es que se llegue a saber los detalles de la historia íntima de ese cuerpo selecto de represores que operaron, aquí y en Argentina, durante toda una década, cometiendo todo el abanico de crímenes.Aportado por Nestor Durante
BRECHA | POLITICA | Pág. 9 | 27/04/2012
Hacia el desenlace jurídico. Inminente procesamiento de tres militares por caso Gelós Bonilla.
Moraes, Tucci y Techera, ex funcionarios del Batallón de Ingenieros de Laguna del Sauce, declararon en sede penal y quedaron a la espera del fallo. El expediente enfrentará nuevamente a la jueza Mota con los tribunales por la figura de desaparición forzada y la calificación de crimen de lesa humanidad. La SCJ deberá resolver el dilema jurídico que puede dejar a Uruguay en consonancia con la jurisprudencia internacional o someter al Estado a un nuevo juicio ante al Corte Interamericana.
La sede penal de séptimo turno interrogó por última vez en la investigación presumarial -etapa previa al eventual dictado de procesamientos- a tres de los cinco militares sobre los que pesa un pedido de encarcelamiento por la desaparición forzada en 1976 del edil frenteamplista de Maldonado, Horacio Gelós Bonilla. Tras cumplirse, el miércoles 18, con esta "audiencia ratificatoria" -en la que los indagados ratifican o no sus declaraciones en el expediente-, resulta inminente el dictado de procesamientos para el teniente coronel Aquiles Moraes, jefe del Batallón de Ingenieros N° 4 de Laguna del Sauce, y los mayores Juan Tucci Sebastiani y Julio Techera Sánchez, de acuerdo a fuentes cercanas a la investigación consultadas por Brecha.
Si bien la Fiscalía había solicitado también, en agosto de 2011, el enjuiciamiento para el capitán Eduardo Giordano DAmato y el médico José Luis Braga Rosado, estos integrantes del cuartel en el que la víctima padeció la tortura y la desaparición, aparecen en principio con menos posibilidades de ser encarcelados en los próximos días. Se mantiene el pedido de captura internacional para el entonces teniente Dardo Barrios Hernández, quien estaba a cargo de los interrogatorios en la unidad militar de Maldonado.
Para la fiscal Ana María Tellechea se ha probado que Gelós Bonilla fue apresado, el 2 de enero de 1976, en la plaza de Maldonado y conducido en un automóvil de un militar que trabajaba en el Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (ocoa). Luego, por las declaraciones de varias víctimas que lograron sobrevivir a aquellos tormentos, e incluso la confesión de algunos militares subalternos sobre las instancias de torturas que tenían lugar en el batallón, se logró comprobar los padecimientos de Gelós Bonilla a manos de los represores, los que determinaron su desaparición forzada.
Es un hecho que al momento de decidir la situación judicial de los indagados y optar por los procesamientos, la jueza Mariana Mota se mantendrá en su tesitura de emplear la ley 18.026 (crímenes de lesa humanidad) para aplicar la figura de desaparición forzada, tal como ordena la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia contra el Estado uruguayo.
Por cuanto, llegado el momento, si la magistrada procesa por tal delito a los militares involucrados, su fallo será revisado por un tribunal de apelaciones y luego subirá a la Suprema Corte de Justicia (SCJ), que finalmente adoptará una decisión firme respecto de la aplicación de la figura y de la calificación del ilícito como crimen de lesa humanidad o como delito común.
El caso se perfila como uno de los que marcarán un antes y un después en la jurisprudencia, puesto que el máximo órgano judicial no puede demorar más un pronunciamiento en uno u otro sentido.
La visión conservadora de los tribunales penales de primer y tercer turno ha llevado al cambio de carátula en algunos casos en que se había aplicado la figura de desaparición forzada. Los ministros sostuvieron, entre otros aspectos, que no se podía emplear la ley de crímenes contra la humanidad porque había sido aprobada en 2006 y el delito, al que consideraron homicidio en vez de desaparición forzada, se había cometido mucho antes, en 1976. Alegaron que de lo contrario se estaría violando el principio de no retroactividad de la ley penal.
La
Corte Interamericana decretó de manera específica que no se podía hacer
valer este principio ni otros que obstaculizaran los procesos. Y
argumentó que los casos de desaparición forzada constituyen crímenes de
lesa humanidad, por tanto permanentes -se siguen cometiendo aún hoy,
pues el cuerpo no ha aparecido- e imprescriptibles: pueden ser
perseguidos por la justicia sin límites de tiempo.
La SCJ tiene que optar entre aplicar la visión conservadora y por tanto desoír a la Corte Interamericana -lo que le valdría un nuevo juicio internacional y la segura renovación de la condena contra el Estado uruguayo- o mirase en el espejo de la jurisprudencia regional e internacional y de las convenciones de derechos humanos que desde hace varios años se aplican en otros países para situaciones análogas a las que ocurrieron durante el terrorismo de Estado y que ahora se investigan en Uruguay.
"El que de cualquier manera y por cualquier motivo, siendo agente del Estado o sin serlo contando con la autorización, apoyo o aquiescencia de uno o más agentes del Estado, procediere a privar de libertad a una persona, seguido de la negativa a informar sobre la privación de libertad o el paradero o la suerte de la persona privada de libertad; o que omita y se niegue a brindar información sobre el hecho de la privación de libertad de una persona desaparecida, su paradero o suerte, será castigado con dos a veinticinco años de penitenciaría", describe la ley al referirse a la desaparición forzada de personas.
La fiscalía y la sede penal de séptimo turno entienden que eso fue lo que pasó en los casos en que aún no se sabe el paradero de la víctima. Pero la última palabra -al menos en el ámbito nacional- será de la SCJ.
Aportado por Nestor Durante
El cangrejo abajo de la piedra
(o, el linchamiento de la Jueza Mariana Mota)
La información concreta y los análisis que presenta Samuel Blixen en "Brecha" son harto esclarecedores acerca de la razones de los furibundos ataques contra la Jueza Mariana Mota. La artillería pesada que se dirigió contra la Jueza tuvo y tiene efectos intimidatorios muy parecidos a los utilizados por la mafia siciliana y otras mafias. Criollas también, la mafia militar por ejemplo. Se trata de frenar a la Jueza ante los procesos que tiene en curso para que no los lleve a término de acuerdo a la Ley. Se trata de amedrentarla, así como de ensuciarla públicamente mediante una inusitada cobertura de los medios informativos de la derecha, y hasta de supuestos "paneles" de opinólogos al mejor postor, que hasta incluyó a ex miembros del Ejecutivo del MLN (Rosencof). Los ataques han sido extremadamente rastreros y los insultos burdos en demasía, mostrándonos "opinólogos al mejor postor" que perdieron la normal compostura con la que se presentan como sensatos, reflexsivos y que se toman tiempo para pensar sus suspuestas sesudas respuestas. En éste caso se desnudaron públicamente y mostraron su faceta de barra brava, bolichesca, ordinaria y más que nada patotera. Le dieron y le dieron a quién no puede decir ni pío atada como estaba la Jueza por el expediente , expedientemente iniciado por la Suprema Corte de Justicia una vez que el Presidente Mujica dió la clarinada: todos contra Mota !
Fué un espectáculo realmente denigrante para los protagonistas, expositor de una doble cobardía. La una, frente al objeto de sus ataques que estaba obligada a callarse la boca y la segunda,...ante el cangrejo, el tremendo cangrejo negro, el negro del facismo, que se ocultaba bajo la enorme piedra que le tiraron por la cabeza a la Jueza Mota: la siempre presente mafia militar que digita desde las sombras.
El punto de partida de este patoteo lo da el Presidente Mujica y con ello intimida y anula las eventuales reacciones por parte del Frente Amplio, con la digna excepción de la senadora Constanza Moreira que más se pareció a un solitario Enrique Erro o Zelmar Michelini cuando el patoteo estuvo en su apogeo en los 70s. La Senadora ha tenido una actitud valiente y principista desafiando al poder CORPORATIVO del estado, el gobierno, y el partido de gobierno.
La respuesta de las organizaciones de los DDHH así como las actividades solidarias de rodear a la Jueza Mota y defenderla del malón, han estado al mismo nivel ejemplar como cuando la larga lucha contra la Ley de Caducidad. Un ejemplo de coraje cívico, de solidaridad principista y de asco frente al patoterismo de toda suerte de aparatos con poder.
Hemos presenciado un burdo intento de ponerle bozal a la Justicia como bien se ha dicho, pero disimulado, rastreramente oculto en supuestas fallas de protocolo, al mejor estilo de los escándalos con políticos y gente con poder que nos muestran a personajes de otros países ser objetos de intrigas formales que en realidad ocultan -también ahí- enormes cangrejos. Lo estamos viendo en estos días con las repugnantes maniobras de Sarkozy para mantenerse en el poder tal cual lo hiciera su compinche Berlusconi, en ambos casos acosados por procesos pendientes.
La mayoría medíatica y también la política confluyó con sospechosa unanimidad y CELERIDAD a la ceremonia de linchamiento de una hereje. No se ahorraron insultos como decíamos y de en más, hasta los opinólogos se volvieron sicólogos, siquíatras y - eso sí- expertísimos juristas que dominaban lo constitucional como si fuera pan de cada día. Todo esto ha sido un montaje repugnante, pero eso sí, planificado. No hubieron movimientos en falso sino que se realizó una cronometrada operación de marketing con el fin de tapar de excrementos a una Jueza, mujer, joven, y sin partido o aparato detrás. Y si por acaso el "aparato" natural de la Jueza, el "Poder" Judicial (poder entre comillas hasta que se pruebe lo contrario) se le ocurría defenderla en función de - justamente - LA INDEPENDENCIA DE LA JUSTICIA Y LA SEPARACIÓN DE PODERES fué nada menos que el Presidente Mujica, el "Pepe" amado por las masas, el que advirtió a la SCJ, agregando que había esperado reacciones (le faltó decir "un tiempo prudencial") y que como no las había habido se sentía obligado a salir a los medios y advertir sobre que ese otro Poder, el judicial, más o menos como que no cumple con su deber. En una similitud escalofriante con lo que fueron los ataques del pachequismo al Poder Judicial.
Mujica ha abierto un proceso que nadie sabe bien como va a terminar ya que la confrontación de poderes debilitará la por demás ya confusa gestión de gobierno. Abre también márgenes para "sublevaciones" (civiles, políticas y hasta militares) contra un Poder Judicial que antes el pachequismo tildó de "inoperante" cuando querían que corriera la sangre, ya desde el 67, y que finalmente corrió hasta 1985. Si la SCJ se hace eco de las presiones politiqueras del Presidente y de alguna manera condena, sanciona o remueve a la Jueza Mota, el Presidente la habrá debilitado aún más y al final el país se encamina a un poder unipersonal con los otros poderes sometidos o con bozal y un Presidente que puede - en principio - hacer lo que quiera. Sea defender y respaldar ataques con balas de goma, sea meter a los milicos a romper huelgas o custodiar cárceles o sea calumiando sindicatos a los que se les acusa sin fundamento alguno de conexiones cuasi terroristas un día con Irán y Cuba y al otro con Hitler y el nazismo.
El FA está dando un espectáculo lamentable. Si el FA no defiende el principio de la separación e independencia de los poderes y sí - más que nada - no defiende a los jueces que deben de hacerse cargo de los juicios a los criminales de lesa humanidad, se está "regalando", está mostrando que no es ni siquiera capaz de defender los principios que en los 70s contribuyeron - justamente - a hacer posible la coalición de fuerzas demócraticas que deriva en la formación del FA. Será una presa fácil para la mafia militar que está en la espera vigilante y activa. En otras palabras el FA está mostrando que no hará resistencia ante los ataques a la democracia que los parásitos planean como actividad de tiempo completo. Factores estos que no hacen más que estimular a la bestia fascista cuando constata que sin siquiera ruido de sables pueden lograr sus objetivos. Por ejemplo sacarse de en medio a la Jueza Mota como ayer lo fuera con la Fiscal Guianze.
Oculto bajo la piedra hay un gran y hambriento cangrejo: los juicios a los militares y más especificamente los que están en curso bajo la jurisdicción de la Jueza Mota. Lo vemos con claridad en el actual proceso que compromete a los cinco militares, entre ellos el general Pedro Barneix, sobre lo que nos informa Samuel Blixen. Se trató y se trata de sacarse de encima a la Jueza Mota, evitar las condenas a militares por crímenes de lesa humanidad y - además - intimidar a quién eventualmente la vaya a sustituir. No habrá juez que se aníme - si ello sucediera - a condenar a ningún criminal de lesa humanidad, habida cuenta de que corren el riesgo de ser sacados de sus puestos, y tener encima a la SCJ, al Presidente, al mudo FA, a la mafia militar en las sombras que amenaza, y a TODOS los medios que le darán la justificación "técnica" del linchamiento.
De eso se trata, ni más, ni menos.
En el pasado la guerrilla del MLN retuvo compulsivamente al Juez Pereira Manelli, dos veces, para interrogarlo sobre las injusticias de muchos de sus procesamientos contra "presuntos" tupamaros. Se lo acusaba de debilidad y - de hecho - complicidad con la bestia que venía mostrando las garras, las fuerzas represivas en general, la derecha fascista y EL PRESIDENTE que ejercía presiones inconstitucionales sobre el Poder Judicial, así como también lo hacían los militares, por ejemplo el Brigadier Danilo Sena llamando por teléfono a Pereira Manelli y dándole órdenes de que debía procesar a ciertos detenidos. El MLN liberó a Pereira Manelli siendo portador de una carta - precisamente - a la SCJ de la época, en la que se indicaban estas irregularidades atentatorias para con la independencia del Poder Judicial. El Fiscal Bayardo Bengoa y el Juez Púrpura también fueron sometidos a similar tratamiento por parte de la guerrilla, como exponentes de gente que había entregado la independencia del Poder Judicial.
Tanto el Presidente Mujica como el escritor Mauricio Rosencof eran gente con mando en el movimiento guerrillero. En ese entonces eran capaces de arriesgar la vida de ellos y las de otros, para llevar adelante una operación armada cuyo fin era denunciar que el Poder Judicial estaba entregando su independencia. Hoy en día el Presidente pone en marcha éste desigual ataque contra la Jueza Mota, y Rosencof es una de las estrellas (como "opinólogo") en el lanzamiento de la Jueza Mota a la hoguera del rabioso panel de la Radio "El Espectador". Aquellas idealistas y bien inspiradas acciones de propaganda intentando denunciar el atropello al que se sometía al Poder Judicial han quedado en el olvido. Hoy es el realismo ante el cangrejo a la sombra el que digita los movimientos desde la cúpula política.
De tal manera que los militantes FA, del MPP, del PVP y el PC, de todas esas organizaciones tan maltratadas y reprimidas, con tantos presos, torturados, muertos y desaparecidos, deberían tomar muy en serio la actual situación. No verlo como un incidente burocrático aislado, como si algún funcionario (juez en este caso) hizo algo contradictorio con el reglamento, sino verlo políticamente en toda su dimensión, como militantes políticos que son, muchos de los cuales fueron testigos en el pasado de lo que aconteció cuando el brutal cangrejo negro se expuso a la luz pública. Debería servir de lección. No se trata SOLAMENTE de la Jueza Mota, se trata MÁS QUE NADA del enjuiciamiento a los criminales de lesa humanidad.
El cangreso - en el pasado - se expuso completamente al final. Hasta entonces eran "problemas menores", como ser muchos de los injustos procesamientos de Pereira Manelli, pero como nada se hizo el cangrejo entendió - correctamente - que el estrado legalista de la separación de poderes e independencia del Poder Judicial, por ejemplo, no era más que eso: un estrado. Así que pensó qué cada cangrejo negro puede protagonizar su 27 de junio.
Someterse hoy a las presiones de la derecha y a las ocultas amenzas de la mafia militar no es otra cosa que "hacerle el juego a la derecha".
No tocar a la digna Jueza Mota !. Dejemos que se haga justicia con estos cerdos asesinos qué se siguen riendo de todos los uruguayos.
Defender a la Jueza Mota es un NO A LA IMPUNIDAD !
Colectivo del Blog Noticias Uruguayas
En el 2012: Apoyo a la Jueza Mariana Mota
El rechazo a la candidatura de la Dra. Mirtha Guianze es parte del mismo plan orquestado por los terroristas de Estado contra la Dra. Mariana Mota.
(a
continuación presentamos fragmentos de diversos artículos y
pronunciamientos, que hemos publicado con anterioridad y que dicen
relación con los ataques contra la Jueza Mota y lo motivos de los
mismos)
De Crysol Opinando:
Mariana Mota, Mirtha Guianze: puntadas con nudo (fragmentos)
Mirtha Guianze y Mariana Mota: piezas del ajedrez nostálgico
Mariana Mota, Mirtha Guianze: puntadas con nudo (fragmentos)
Mirtha Guianze y Mariana Mota: piezas del ajedrez nostálgico
El rechazo a la candidatura de la Dra. Mirtha Guianze es parte del mismo plan orquestado por los terroristas de Estado contra la Dra. Mariana Mota.
Por
diferentes medios, criminalizan a dos mujeres que han jugado un papel
decisivo en el esclarecimiento y sanción de las graves violaciones a los
DDHH cometidas durante el terrorismo de Estado. Se las castiga
personalmente por su conducta y su compromiso con la justicia para
intimidar a los fiscales y a los jueces que han de intervenir en los
procesos en curso.
Al
mismo tiempo se presiona a la Suprema Corte de Justicia para que no
cumpla con la resolución de la Corte Interamericana de DDHH en el caso
Gelman que tiene carácter vinculante para el Estado uruguayo. Pero la
maniobra va mucho más lejos. Apunta a crear las condiciones socio
políticas destinadas a que el máximo órgano declare la
inconstitucionalidad de la Ley 18.831, muy especialmente, en lo referido
a los plazos de prescripción y a la tipificación de los delitos
cometidos. Hacia ese objetivo transitan desde su centro de operaciones
en Domingo Arena. Ya han presentado formalmente un recurso en tal
sentido.
Publicado por
Martha Helena Passeggi
en
Blog Capturavidas
LA IZQUIERDA Y LA DERECHA,
UNIDAS, JAMÁS SERÁN VENCIDAS
Colectivo del Blog Noticias Uruguayas
Y en tercer lugar, hemos asistido a la puesta en marcha de una "quema de brujas" Siglo XXI con el fin de sacar de su puesto a la Jueza Mariana Mota que ha sido quién ha juzgado a una parte importante de los criminales de lesa humanidad, comenzando por el ex dictador Bordaberry y otros asesinos del tipo de Calcagno y varios más.Mujica dió la clarinada y la jauría de la prensa y radio de la derecha, así como sus partidos y diversos "opinólogos" siempre adictos al poder, cual éste sea,se lanzaron sobre su "presa" con una artillería de insultos y calificaciones que nos traen el recuerdo de la Cadena "de las conjuntas" cuya especialidad fué el denigrar. Lo hacen sabiendo -además- que la Jueza no puede salir a debatir. El inicio del intento de desplazamiento de la Jueza Mota arranca a partir de una intervención pública del Presidente Mujica reclamando a la Suprema Corte de Justicia del porqué no se han tomado medidas contra la Jueza a partir de sus declaraciones en un reportaje en Argentina, declaraciones que Mujica considera políticas.
Mensaje de Roger Rodriguez
¿Qué pienso?... Pienso que es sintomático que se inicie una nueva campaña contra la jueza Mariana Motta, cuando debe tomar una decisión judicial en el caso Perrini que determine, eventualmente, el enjuiciamiento del general Pedro Barniex. Nada de lo que Mota dijo en P12 puede ser considerado "político partidario" que es lo único que esta vedado hacer públicamente a los magistrados. ¿La Suprema Corte de Justicia y el propio presidente Mujica están jugando? ¿Es tiempo de silenciar a los jueces? ¿El caso Garzón se repetirá en Uruguay? ¿Son "cosas que pasan", como las balas de goma y los carros antimotines contra las protestas del Liceo 70?... No sean nabos, ¡por favor!
EL BOZAL SELECTIVO
DIFUNDIRLO ES SEMBRAR MEMORIA.
EL BOZAL SELECTIVO.
La jueza Dra. Mariana
Mota ha tenido que trabajar en estos años sobre las investigaciones de
los crímenes de la dictadura cometidos desde el estado uruguayo.
La
inmensa cantidad de causas entradas en los juzgados a fines del año
pasado se sumaron a las que ya llevaban años de estar archivadas y
vueltas a desarchivar por resolución del poder ejecutivo
La jueza, en su entender jurídico siguió
y sigue adelante con las causas, pues en ellas se denuncian crímenes de
lesa humanidad, es decir que, aplicó la imprescriptibilidad en las
mismas y la imposibilidad de renunciar a su juzgamiento por parte del
estado sobre esos crímenes que marcaron una sombría y temible década de calvarios para muchísimas familias uruguayas.
Familias
que siguen buscando a sus seres queridos y que hoy tristemente se los
va encontrando en fosas, escondidas por los militares y civiles
cómplices.
Otras
causas; se sumaron por torturas cometidas en los cuarteles y que sus
víctimas removiendo el pasado doloroso pueden relatar hoy ante los
estrados judiciales con garantías -a diferencia de aquellas décadas
infames de libertad mutilada-.
Es decir en este caso concreto que nos atañe, la jueza Mota divide su tiempo en las causas "comunes" que llegan día a día a su juzgado y en las de Derechos Humanos que incluyen: tomar testimonios a los sobrevivientes, indagar a los responsables, solicitar documentos de la época al ministerio de defensa y a otros organismos del estado, todo esto con los pocos recursos que tiene el poder judicial, volviéndose así, juicios eternos en un proceso penal obsoleto.
Argentina
La
magistrada viajó a Buenos Aires, invitada por el Centro de Estudios
Legales y Sociales (CELS) y el Centro Internacional para la Justicia
Transicional (ICTJ),
para volcar su experiencia como jueza penal de 7° turno de Montevideo,
donde investiga los delitos cometidos por la dictadura (entre otras cosas).
El diario página 12 le realizó una entrevista que es de fácil acceso a los que manejan Internet.
En esa entrevista dice claramente que: “el proceso judicial uruguayo es lento”-
¿Acaso alguno tiene duda de esta verdad incontrastable?
Luego
el periodista le hace mención a una situación que se dio el año pasado
en la marcha del silencio y de cómo quisieron recusarla por hablar con
un abogado, al cruzar la marcha por una esquina. Con lo cual la jueza
tuvo como consecuencia de ello, que realizar un informe en 24 horas a
pedido de la Suprema Corte de Justicia.
La jueza en los ojos del poder.
La
jueza Mariana Mota nuevamente en la mira de la SCJ, pero esta vez por
mandato del poder ejecutivo a través del presidente Mujica.
–“El presidente José Mujica expresó a través del semanario Búsqueda, que le “llamó la atención” que “ni la Suprema Corte de
Justicia (SCJ) ni nada parecido” se hubieran pronunciado sobre el
hecho. “Esperé a ver qué pasaba, a ver si había naturales
manifestaciones tras esas declaraciones, pero por ahora no las hubo”,
deslizó Mujica.
Lo
que llama la atención es que a tantos años parece ser que aún no
aprendimos que algunos medios de prensa, no solo no se opusieron al
golpe de estado sino que aplaudieron su paso. Antes para desestabilizar a
los gobiernos y dar paso a los golpistas y hoy para sembrar conflictos o
caos ciudadano.
En este caso, apoyarse en las líneas tergiversadas de un semanario para pedir que se ''tomen medidas'' contra
la jueza Mota se podría calificar- humildemente- de falta de filtro
político. A no ser… que se quiera esconder detrás de ese semanario para
aprovechar a sacarla del medio.
El
largo camino andado para quebrar el escudo de la impunidad; ha traído
grandes sorpresas en la sociedad, que alberga en su seno a las
organizaciones de Derechos Humanos entre ellas la más prestigiosa:
Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos.
Un camino de intenso dolor acumulado, en todas las víctimas del
terrorismo de estado que no están dispuestas a retroceder ni un paso
más.
Hace
pocos días todos miramos por cadena de radio y televisión al estado en
la figura del presidente decir del cumplimiento del tema derechos
humanos.
Y
ahora vemos su marcada mirada sobre la jueza Mota, a través de la
suprema corte de justicia. Esto nos deja nuevamente una pregunta que a
simple vista se responde por sí sola. ¿El poder judicial carece de
independencia?
Estemos
atentos para que luego de pasada la semana de turismo no tengamos que
presenciar el traslado de la jueza Mota para otro lugar y de esa forma
los juicios que están encaminados se paren por otro largo tiempo más.
POR VERDAD Y JUSTICIA.
LA IZQUIERDA Y LA DERECHA,
UNIDAS, JAMÁS SERÁN VENCIDAS
Colectivo del Blog Noticias Uruguayas
Y en tercer lugar, hemos asistido a la puesta en marcha de una "quema de brujas" Siglo XXI con el fin de sacar de su puesto a la Jueza Mariana Mota que ha sido quién ha juzgado a una parte importante de los criminales de lesa humanidad, comenzando por el ex dictador Bordaberry y otros asesinos del tipo de Calcagno y varios más.Mujica dió la clarinada y la jauría de la prensa y radio de la derecha, así como sus partidos y diversos "opinólogos" siempre adictos al poder, cual éste sea,se lanzaron sobre su "presa" con una artillería de insultos y calificaciones que nos traen el recuerdo de la Cadena "de las conjuntas" cuya especialidad fué el denigrar. Lo hacen sabiendo -además- que la Jueza no puede salir a debatir. El inicio del intento de desplazamiento de la Jueza Mota arranca a partir de una intervención pública del Presidente Mujica reclamando a la Suprema Corte de Justicia del porqué no se han tomado medidas contra la Jueza a partir de sus declaraciones en un reportaje en Argentina, declaraciones que Mujica considera políticas.
Como se podrá apreciar en los materiales que se presentan en esta edición el ataque contra la Jueza Mota no es nuevo. Tampoco los intentos por removerla, así como los ataques contra la Fiscal Guianze, otro integrante del Poder Judicial que hace honor al concepto de justicia. Para el gobierno, que tiene planes estratégicos de alianza con la derecha, es una necesidad el "sacarse de encima" a todos los "molestos", sean jueces, fiscales o federaciones sindicales enteras como la de los profesores. Es la moneda de cambio para los acuerdos con la derecha.Hoy es el turno de la Jueza Mota.
ACOSEN A LOS JUECES
NUEVAMENTE LA PRESION SOBRE MOTA
Nueve meses después, vemos con sorpresa (o no tanto) que desde diferentes ámbitos se vuelve a presionar a la jueza Mota, esta vez, por las declaraciones echas en una entrevista al diario Página 12 de Argentina, a donde la magistrada viajó invitada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ), para hablar sobre su experiencia como jueza penal de séptimo turno en donde investiga los delitos cometidos por la dictadura.
¿Y qué cosas tan graves expresó la Dra. Mota en esa entrevista? Habló por ejemplo del delito de desaparición forzada y de su tipificación como tal en nuestro país, habló de la dictadura uruguaya , de los muertos, desaparecidos y presos políticos. Dijo que según un informe de Amnistía, uno de cada cincuenta uruguayos había sido interrogado, que los funcionarios públicos eran calificados según su vinculación con organizaciones sociales o políticas que fueron ilegalizadas, etc. Explicó lo ocurrido luego de la marcha del 20 de mayo pasado: “Dijeron que había cometido delito al manifestarme políticamente y que debían excluirme de continuar conociendo en las causas. Antes que eso, cuando proceso a Calcagno, como no estaban de acuerdo con la tipificación del delito, el ex presidente Balle y el ex vicepresidente Gonzalo Aguirre fueron a hablar a la Corte para que me sancionaran. Señalaron, ante la prensa, que era una jueza hitleriana. La Corte no me sancionó, pero dijo que había faltado a la ética judicial, cuando en realidad la marcha es convocada por organizaciones sociales y de derechos humanos, sin ningún tinte político”.
Y bien, de acuerdo a lo que informó la prensa días pasados, “El presidente José Mujica afirmó que le "llamó la atención" que "ni la Suprema Corte de Justicia (SCJ) ni nada parecido" se haya pronunciado sobre los dichos de la jueza penal Mariana Mota, quien elogió al gobierno argentino por su política de derechos humanos y cuestionó al uruguayo”.
Y ¿qué fue lo que molestó al presidente y por lo cual esperaba un pronunciamiento de la SCJ o de “algo parecido”?
El periodista argentino le pregunta: “¿Cómo analiza el apoyo del gobierno uruguayo al proceso de Verdad y Justicia en su país?”, a lo cual la jueza Mota respondió: “No hay una promoción de los derechos humanos para que esta situación, que es nacional y nos marcó a todos, se esclarezca. Es bien diferente al gobierno argentino en esa materia. Mujica y el ministro de Defensa fueron rehenes de la dictadura. Tal vez por eso no puedan ver con objetividad un proceso dictatorial que los tuvo como víctimas”.
Y la pregunta que nos hacemos es: ¿Hay alguna duda que en nuestro país no hay un interés real por parte del gobierno de que estas cosas se esclarezcan? ¿Hay alguna duda de que la actitud del gobierno argentino es bien diferente a la del uruguayo? Una prueba contundente es que mientras en la Argentina, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación dictaminó que un juez está “inhabilitado éticamente” para desempañarse en el alto tribunal “por su acreditada participación en organismos de poder” durante la última dictadura militar, en nuestro país queremos inhabilitar a una jueza por su compromiso con los derechos humanos. ¿Se puede dudar de que Mujica y Huidobro pierden objetividad en estos temas?
Pero la pregunta fundamental es: ¿Son estas declaraciones político partidarias? Claro que no. Y como lo no son, lo que habría que averiguar es qué hay detrás de la presión que se quiere ejercer sobre la jueza Mota.
Mota y Guianze suben la apuesta por DDHH
La jueza Mariana Mota y la fiscal Mirtha Guianze no atenderán el fallo de la Suprema Corte de Justicia según el cual los delitos cometidos en la dictadura prescriben en noviembre.
05.06.2011
La jueza penal Mariana Mota al llegar al juzgado penal de 7o turno,
proveniente de Ciudad de la Costa, heredó cinco causas que ya estaban en
ese juzgado, entre ellas la de Juan María Bordaberry procesado por la
jueza Graciela Gatti y condenado por Mota por diez homicidios cometidos
en la dictadura.
También heredó el expediente por la desaparición de los militantes del
Partido Por la Victoria del Pueblo, Gustavo Inzaurralde y Nelson
Santana, por la que procesó al coronel Carlos Calcagno.
A pesar de que Calcagno negó su participación en la detención y tortura
de los desaparecidos en Paraguay, la jueza se basó en documentación de
la dictadura de ese país que “evidencian que tomó parte en los
interrogatorios bajo tortura de Inzaurralde y Santana”, dijo en su
fallo.
Más allá de la ley de caducidad, causas por tortura invaden los juzgados penales
25.05.11 - Uruguay |
Roger Rodríguez
El escenario judicial
también se conmovió con otro inesperado episodio en la guerra desatada
contra la jueza Mariana Mota, a cargo de varios de los más importantes
casos de violaciones a los derechos humanos, cuando el Colegio de
Abogados realizó un pronunciamiento en su contra (siguiendo la campaña
que habían iniciado el ex fiscal Miguel Langón, el ex presidente Jorge
Batlle y el ex vicepresidente Gonzalo Aguirre), que determinó una
desafiliación pública al gremio por parte de la fiscal Ana María
Telechea, quien acusó a la Colegiatura de convertirse en un tribunal de
alzada y no defender a jueces y fiscales afiliados que son sometidos a
una presión política.
Precisamente, la jueza Mota y la fiscal Telechea, prometen ser las protagonistas de los tiempos judiciales que se avecinan en la medida que serán quienes deban instruir una serie de casos en los que se juzgará el delito de tortura, como ya ocurrió con el caso de Nybia Sabalsagaray (excluido de la caducidad por decisión de la Suprema Corte que consideró inconstitucional la ley) donde el juez Rolando Vomero y la fiscal Mirtha Guianze decidieron el procesamiento con prisión del general en actividad Miguel Ángel Dalmao y del coronel retirado José Chialanza como cómplice de la muerte por torturas en 1974 de la joven militante comunista.
En el juzgado penal de 7º turno, a cargo de Mota y Telechea, se sustancia el caso caratulado como "Organizaciones de Derechos Humanos denuncian” que implica a 19 casos de muertes por tortura durante el período dictatorial encabezado por Juan María Bordaberry, a quien jueza y fiscal condenaron por crímenes de lesa humanidad. Sobre esos casos, la semana pasada un equipo de investigación de la Fundación Mario Benedetti entregó un informe en el que se aportan nuevos datos y testimonios para colaborar con el trabajo de la justicia.
La jueza Mota y la fiscal Telechea también intervendrán en la denuncia presentada por el colectivo de ex presos políticos Crysol sobre torturas sufridas en el mismo período en la base aérea Boiso Lanza, a la que prometen sumarse otras denuncias similares por parte de los presos políticos que sufrieron apremios físicos en el Regimiento de Caballería Nº 9, en los cuarteles de infantería Nº 2 y Nº 3 y en otras unidades militares cuyas víctimas se vienen reuniendo para realizar las denuncias en forma conjunta.
También la jueza Mariana Mota recibió días atrás una denuncia de Antonio Viana Acosta, militante tupamaro secuestrado en Argentina en febrero de 1974 y primer trasladado a Uruguay donde fue torturado en Montevideo y Rocha. El caso, patrocinado por el abogado Pablo Chargonia determinará que entre los múltiples testigos que comenzarán a ser citados en junio, deban comparecer el propio presidente de la República, José Mujica, y el ex senador Eleuterio Fernández Huidobro, quienes estaban en el cuartel de Rocha cuando fue torturado el "pantera”. También quedaría implicado el dictador Gregorio Álvarez que fue uno de los que torturó a Viana Acosta.
Precisamente, la jueza Mota y la fiscal Telechea, prometen ser las protagonistas de los tiempos judiciales que se avecinan en la medida que serán quienes deban instruir una serie de casos en los que se juzgará el delito de tortura, como ya ocurrió con el caso de Nybia Sabalsagaray (excluido de la caducidad por decisión de la Suprema Corte que consideró inconstitucional la ley) donde el juez Rolando Vomero y la fiscal Mirtha Guianze decidieron el procesamiento con prisión del general en actividad Miguel Ángel Dalmao y del coronel retirado José Chialanza como cómplice de la muerte por torturas en 1974 de la joven militante comunista.
En el juzgado penal de 7º turno, a cargo de Mota y Telechea, se sustancia el caso caratulado como "Organizaciones de Derechos Humanos denuncian” que implica a 19 casos de muertes por tortura durante el período dictatorial encabezado por Juan María Bordaberry, a quien jueza y fiscal condenaron por crímenes de lesa humanidad. Sobre esos casos, la semana pasada un equipo de investigación de la Fundación Mario Benedetti entregó un informe en el que se aportan nuevos datos y testimonios para colaborar con el trabajo de la justicia.
La jueza Mota y la fiscal Telechea también intervendrán en la denuncia presentada por el colectivo de ex presos políticos Crysol sobre torturas sufridas en el mismo período en la base aérea Boiso Lanza, a la que prometen sumarse otras denuncias similares por parte de los presos políticos que sufrieron apremios físicos en el Regimiento de Caballería Nº 9, en los cuarteles de infantería Nº 2 y Nº 3 y en otras unidades militares cuyas víctimas se vienen reuniendo para realizar las denuncias en forma conjunta.
También la jueza Mariana Mota recibió días atrás una denuncia de Antonio Viana Acosta, militante tupamaro secuestrado en Argentina en febrero de 1974 y primer trasladado a Uruguay donde fue torturado en Montevideo y Rocha. El caso, patrocinado por el abogado Pablo Chargonia determinará que entre los múltiples testigos que comenzarán a ser citados en junio, deban comparecer el propio presidente de la República, José Mujica, y el ex senador Eleuterio Fernández Huidobro, quienes estaban en el cuartel de Rocha cuando fue torturado el "pantera”. También quedaría implicado el dictador Gregorio Álvarez que fue uno de los que torturó a Viana Acosta.
LA OFENSIVA CONTRA LOS JUECES EN CASOS DE DERECHOS HUMANOS
Disparan sobre la jueza Mota
El ataque político, técnico-profesional
y personal contra la jueza penal de 7º turno, doctora Mariana Mota,
promete llegar a niveles extremos. Como ocurrió con los magistrados
Alberto Reyes, Alejandro Recarey y Gustavo Mirabal, desde distintos
flancos se busca deteriorar la imagen de la jueza que condenó al
dictador Juan María Bordaberry y a varios militares por delitos que no
dudó en tipificar como crímenes de lesa humanidad. En tiempos de
impunidad, el sistema judicial desnuda su fragilidad cuando gobierno y
parlamento no le dan apoyo para su mejor funcionamiento.
por ROGER RODRIGUEZrogerrodriguez@adinet.com.uy
Pocos imaginaron que esa mujer delgada, de pelo corto, casi tímida y de voz suave podría llegar a ser temida por los militares y policías que violaron los derechos humanos en los años de la dictadura. Sus antecedentes en el juzgado penal de 3º turno en la ciudad de la costa adelantaban su coraje para enfrentar a toda una mafia del contrabando que llevó a una serie de procesamientos en la Aduana del Aeropuerto de Carrasco. Pero, cuando la doctora Mariana Mota fue designada en el juzgado penal de 7º turno, muchos impunes suspiraban de alivio, por el traslado a los juzgados especial sobre ilícitos económicos de la jueza Graciela Gatti, quien había abierto la causa y ordenado el procesamiento con prisión del dictador Juan María Bordaberry.
La jueza Mota heredó un juzgado “caliente”, donde la causa Bordaberry no parecía una prioridad. En sus manos había quedado el caso de los hermanos José, Jorge y Juan Peirano Facio y el incidente de espionaje del ex agente del SIDE argentino, Iván Velázquez, un hacker que había perfeccionado un programa a través de Internet con el que se infiltró en documentos y secretos de autoridades, dirigentes políticos y periodistas de ambas márgenes del Río de la Plata. Mota tuvo que otorgarles la libertad a José y Jorge Peirano porque el Parlamento derogó una ley que los mantenía presos, pero a la vez mantuvo encarcelado a Juan Peirano tras su extradición desde Estados Unidos. Velázquez también fue procesado con prisión luego de espiar a la propia policía uruguaya que le pidió “ayuda” en la instalación de un software.
Desde que llegó al juzgado, Mariana Mota estudió detenidamente el voluminoso expediente contra Bordaberry, donde la denuncia original interpuesta por los abogados Hebe Martínez Burlé y Walter De León, habían permitido recabar testimonios y pruebas sobre decenas de crímenes de lesa humanidad ocurridas durante el mandato del dictador que el ministerio público a cargo de la doctora Ana María Telechea fue “acordonando” como causas a profundizar. Mota modificó la carátula de homicidios con que Gatti había encausado a Bordaberry por los casos de desaparecidos y los tipificó como desapariciones forzadas, a la vez que admitió que el presidente que disolvió el parlamento en 1973 había atentado contra la Constitución. Por primera vez un dictador fue condenado como tal.
La jueza Mota y la fiscal Telechea avanzaron sobre los casos “acordonados” y coincidieron en encarcelar a los oficiales aeronáuticos José Araújo Umpiérrez y Enrique Rivero por el homicidio del militante comunista Ubagesner Chaves Sosa, cuyo cuerpo desaparecido había sido ubicado en una chacra de Pando en el informe que la propia Fuerza Aérea entregó al presidente Tabaré Vázquez en 2005. Paralelamente, se planteó a la Suprema Corte de Justicia un recurso de inconstitucionalidad sobre 19 casos de muertes por tortura durante el ese período de la dictadura y otro similar por el caso del fusilamiento sumario de cinco tupamaros que habían sido secuestrados en Argentina y cuyos cuerpos acribillados fueron encontrados cerca de la localidad de Soca, como supuesta represalia ante el homicidio del coronel Ramón Trabal en París, en diciembre de 1974.
En el juzgado de 7º turno también se resolvió el procesamiento del coronel Carlos Calcagno por la desaparición de los uruguayos Gustavo Inzaurralde y Nelson Santana en Paraguay en 1977 y se reinició la investigación sobre la desaparición en Maldonado del dirigente frenteamplista Horacio Gelós Bonilla, que el presidente José Mujica excluyó de la Ley de Caducidad. El trabajo de Mota se amplió cuando la Suprema Corte de Justicia –como lo había hecho con la muerte de Nybia Sabalsagaray- consideró inconstitucional la polémica Ley 15.848 en los 19 casos de muerte por tortura y en los fusilamientos de Soca, sobre los que había recurrido la fiscal Telechea. Desde entonces, también pasaron a instruir el caso de desaparición del maestro Julio Castro y recibieron nuevas denuncias por torturas en Bosio Lanza y sobre el caso de Antonio Viana Acosta.
El protagonismo adquirido por la jueza Mota (de bajo perfil mediático y a quien no le gusta salir ni en fotografías) y la fiscal Telechea (que seguía los pasos de la fiscal Mirtha Guianze), no tardó en ser atacado por los sectores y estructuras que defienden a los militares encausados por violaciones a los derechos humanos. Adelantando una estrategia que a principios de este año se hizo expresa con la creación del denominado Foro Libertad y Concordia, desde un par de importantes estudios de abogados se comenzó a diseñar una ofensiva que viene disparando sobre la representante del ministerio público y contra la propia jueza en el debate jurídico y a través de una serie de “chicanas” y recursos administrativos que han logrado enlentecer los procesos para llegar a noviembre próximo, fecha prevista para la prescripción de los delitos.
Presiones al Poder Judicial, o disparando contra la jueza Mota
por Senadora Constanza Moreira (BRECHA - Viernes 13 de Abril)
Los sucesos acontecidos en los últimos 12 meses a propósito de
la jueza penal Mariana Mota y su comportamiento han reabierto un
debate sobre la independencia del Poder Judicial en nuestro país. Estos
sucesos nos remiten a una cronología compleja en la cual destacan al
menos dos hechos de singular relevancia. En primer lugar, su
participación en la Marcha del Silencio del 20 de mayo de 2011 ocasionó
la apertura de un expediente ante la Suprema Corte de Justicia (scj).
El debate duró semanas en los medios y finalmente la scj archivó el
expediente, pero señaló que la jueza había violentado el artículo 12
del Código Modelo Iberoamericano de Ética Judicial, por cuanto "su
conducta puso en tela de juicio su imparcialidad provocando se
solicitara su apartamiento de la causa".
El segundo suceso tuvo lugar a raíz de unas declaraciones de la jueza en el diario argentino Página 12 referidas a la investigación de crímenes de lesa humanidad en Uruguay y Argentina. Mota expresó una visión crítica sobre el caso uruguayo, señalando que "no hay una promoción de los derechos humanos para que esta situación, que es nacional y nos marcó a todos, se esclarezca. Es bien diferente al gobierno argentino en esa materia".* Por segunda vez, la scj pidió un informe a la jueza y abrió un expediente cuya resolución final desconocemos. El propio presidente de la República, en esta oportunidad, manifestó su "sorpresa" sobre la falta de un pronunciamiento de la scj.
Ni la participación en la Marcha del Silencio ni la opinión sobre el estado de los derechos humanos en Uruguay constituyen una violación del artículo 77 de la Constitución de la República, en cuanto no son pronunciamientos político-partidarios, y sólo pueden ser entendidos como falta de "imparcialidad" si por tal entendemos la "neutralidad valorativa". ¿Es eso lo que queremos de los jueces? No. Queremos que un juez que tenga causas vinculadas a los derechos humanos sea un firme defensor de los mismos. Así, cuando se habla sobre la "imparcialidad" de la jueza Mota, a saber, si su posición clara y contundente de impulso a una política de vigencia plena de los derechos humanos en el país es o no "imparcial", estamos incurriendo en un error de juicio. En este sentido, ¡claro que la jueza no es imparcial! Pues no debería haber imparcialidad alguna –esto es, neutralidad de valores– respecto de las grandes cuestiones de derechos en la "filosofía" de los jueces. ¿No esperamos nosotros que los jueces tomen partido a favor de la democracia o los valores republicanos? Si fuera así no habría neutralidad valorativa en sentido estricto, sino que la imparcialidad de los jueces refiere al caso en cuestión, a su independencia de cualquier otro criterio que no sea la ley, y a su independencia de cualquier influencia "externa".
El problema no es precisamente el de la "imparcialidad" de la jueza Mota, sino el de la independencia de los jueces en general. Es la independencia de la jueza Mota la que está siendo erosionada a través de su sobreexposición en los medios masivos de comunicación, y el sometimiento de su actuación, una y otra vez, ante las máximas jerarquías de la justicia. Cuando una jueza que se destaca en su actuación en la causa de los derechos humanos enfrenta tanta crítica desde la prensa, desde la voz de destacados dirigentes políticos o desde los mismos operadores jurídicos (o incluso desde el Poder Ejecutivo), lo que se produce es un efecto de intimidación.
Por otra parte, cuando estas críticas o controversias respecto de su actuación desembocan en expedientes abiertos ante la scj, el resultado podría ser una vulneración de su estabilidad laboral, especialmente si ello afecta su desempeño en las causas que tiene entre manos. Y esto sí tiene efectos sobre uno de los cuatro pilares de la independencia del pj (el "blindaje" de los jueces frente a intimidaciones externas). En síntesis, el "caso Mota" parece estar desafiando la independencia del Poder Judicial. Y no es casual que ello se esté produciendo porque el campo en cuestión es el de los derechos humanos, un campo que día a día redefine sus límites y alcances jurídicos. Cualquier intento de apartamiento de la jueza de las causas tendrá como inevitable lectura la de un sometimiento de la justicia a influencias "externas". Y la independencia de nuestro Poder Judicial quedará irremisiblemente dañada. Es más, será la confianza en el Poder Judicial la que recibirá más inmediatamente los impactos negativos de esta percepción de la ciudadanía.
La independencia del Poder Judicial. Existen al menos cuatro dimensiones que se usan frecuentemente en la literatura para medir la independencia del Poder Judicial de los países. En primer término, está la independencia sustantiva, o la facultad de tomar decisiones judiciales y ejercer sus funciones oficiales con sujeción a ninguna otra autoridad salvo la ley. En segundo lugar, está la independencia personal, que remite a la estabilidad en el cargo de los jueces y a la libertad de éstos de operar sin intimidación o amenazas. En tercer término está la independencia del Poder Judicial en tanto organización colectiva (lo que remite a su administración de los tribunales); y en cuarto lugar la llamada independencia interna, que remite a los mecanismos de ascenso y a la transparencia de los procedimientos de nombramiento (bid 2006: "Progreso económico y social de América Latina").
Con base en estos criterios los factores que afectan la independencia del Poder Judicial refieren al grado de autonomía presupuestaria; al nivel de transparencia y el uso de criterios meritocráticos en el proceso de nominación de candidaturas y designación de jueces; a la estabilidad en el cargo, y el "blindaje" de los jueces ante intimidaciones externas, así como al alcance de las facultades de revisión judicial.
Mesa Permanente contra la Impunidad
7, Expresamos que este tipo de
presiones sobre los jueces, y en esta oportunidad por segunda vez en menos de
un año hacia la Dra. Mariana Mota justamente antes de que ésta adopte
resolución sobre el homicidio mediante torturas de Aldo Perrini que,
aparentemente, podría involucrar entre otros, a otro alto oficial de las
FF.AA., no solo crean un nefasto precedente, sino que pueden instalar la
inseguridad y la duda en las víctimas de Terrorismo de Estado de poder acceder
realmente a la Justicia.
Víctimas de un Terrorismo de
Estado cuya aplicación en forma planificada y sistemática fue reconocida
recientemente por los tres poderes del Estado.
Por todo ello la Mesa
Permanente contra la Impunidad se declara en estado de
alerta y en actitud vigilante en el seguimiento de las acciones que
eventualmente pudieran emprenderse para cercenar la independencia de la Dra.
Mariana Mota.
Así mismo adelanta que no vacilará en denunciar en forma
inmediata y ante los organismos nacionales e internacionales que corresponda,
cualquier atropello a la independencia de la Justicia para quien se reclama la
más absoluta libertad y el más firme apoyo del Estado para facilitar su accionar
como garante de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas.
Mesa Permanente contra la Impunidad,
Secretaria de Derechos Humanos del PIT CNT,
Movimiento de Educadores para la Paz - Uruguay,
Memorial Fusilados de Soca -
Crysol,
Mujeres de Negro - Uruguay.
Esta es la información de cuando al Presidente Mujica "le llamó la atención" "que ni la Suprema Corte de Justicia (SCJ) ni nada parecido" su haya pronunciado sobre declaraciones que el Presidente calificó de "políticas". Dijo "esperé a ver que pasaba", "pero por ahora no las hubo".De inmediato la SCJ le inició un expediente a la Jueza Mota.
El Espectador. com Viernes 30.03.2012
La SCJ tiene a estudio un informe de la Jueza Mota sobre las declaraciones que hizo al diario argentino Página 12
957 personas han firmado esta petición.
PARA DEJAR SU FIRMAhttp://www.peticiones24.com/
La Jueza
Mariana Mota está sufriendo un campaña de acoso que resulta agraviante
para todos los defensores de los Derechos Humanos. En una alocución
realizada en un Seminario en la Argentina, hizo una objetiva explicación
de cómo marchan los juicios en Uruguay.
El semanario " Búsqueda", tomó parcialmente estas expresiones y la Suprema Corte de Justicia, la intimó a que aclarara.
Este
cuestionamiento permanente sobre la jueza Mota, antes por parte de los
doctores Jorge Batlle y Gonzalo Aguirre ( por el procesamiento del
militar retirado Carlos Calcagno ) y ahora por la propia Suprema Corte
de Justicia, demuestran que más que lo que dijo, les preocupa lo que
hace, es decir la investigación inclaudicable de los delitos cometidos
durante el terrorismo de Estado. " Búsqueda" y " El País", le controlan
todos los pasos.
La
ciudadanía de este país, no puede mantenerse al margen de tamaño
atropello. Respaldar a la jueza Mota es también expresar nuestro
reconocimiento a todos los integrantes del Poder Judicial que actúan con
la misma honestidad y el profesionalismo que ha caracterizado a dicho
poder en nuestro país. Y es a la vez hacer público – una vez más -
nuestro respaldo a la institucionalidad democrática y a la separación de
poderes, piezas fundamentales de la convivencia democrática.
Convocamos
a todos los uruguayos y uruguayas a expresar nuestra solidaridad con la
Jueza Mariana Mota, respaldando su gestión y repudiando las acciones
de hostigamiento de las que es objeto.
Mariana Mota, Mirtha Guianze: puntadas con nudo
La proscripción no encubierta de la fiscal Mirtha Guianze para integrar la Comisión Directiva de la INDDHH, por parte de algunos parlamentarios de la oposición, ha hecho naufragar la constitución de la misma en la sesión de la Asamblea General del pasado 12 de abril.
Su candidatura fue presentada por Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, el Pit – Cnt, Serpaj y nuestra organización, Crysol. Cuenta con el respaldo de más de 20 organizaciones sociales que públicamente lo han señalado en reconocimiento a su trayectoria en la vida del país.
La
Dra. Mirtha Guianze cumple con todos los requisitos formales
establecidos por la Ley 18 446 que creó la Institución Nacional de DDHH.
Ha tenido un rol destacado en defensa de las disposiciones
constitucionales y promoviendo el accionar de la justicia por las
atrocidades cometidas durante el terrorismo de Estado.
Por
el momento solamente cuenta con el respaldo de la bancada gubernamental
que unánimemente se ha pronunciado a su favor. Ha declarado, además,
que su designación es innegociable.
Hemiplejia y desconocimiento de las normas de DDHH.
Según
trascendidos de prensa, hay parlamentarios que no respaldan su
designación por entender que la Dra. Mirtha Guianze tiene una visión
hemipléjica con respecto a los DDHH. Increíble.
Afirmar
que la Dra. Guianze tiene una visión hemipléjica acerca de los derechos
humanos es inadmisible. Muestra cabalmente que quienes la impugnan con
tales argumentos no tienen la más mínima idea acerca de la temática
involucrada.
Es
una verdadera paradoja que algunos de quienes tienen la facultad de
participar en la designación de los integrantes del órgano que ha de
promover, proteger y defender los DDHH estén demostrando, de una manera
ostensible, su desconocimiento de los principios básicos y esenciales
que los regulan y les dan sentido.
Solo el Estado viola los DDHH
Las
normas de DDHH, desde su lejano antecedente del 12 de agosto de 1789 en
Francia, Declaración de los Derechos del hombre y del ciudadano, surgen
para poner freno al descontrol y la arbitrariedad del poder estatal,
para proteger a los ciudadanos frente a él. Los Derechos Humanos
solamente son violentados por los órganos, los agentes o los
funcionarios del Estado. Son los agentes y funcionarios del Estado
quienes vulneran los derechos humanos.
Cuando
se equiparan las conductas de los civiles con las de los funcionarios
del Estado se desconoce que algunos de ellos, los militares y los
policías, cuentan con el privilegio exclusivo de portar armas con la
finalidad, entre otras, de garantizar el pleno goce de las libertades
fundamentales y de los derechos esenciales al resto de la población. En
este campo no existe hemiplejia posible. Lo que existe es
desconocimiento de los principios fundamentales de la temática y una muy
poca identificación con ellos.
Mirtha Guianze y Mariana Mota: piezas del ajedrez nostálgico
El
rechazo a la candidatura de la Dra. Mirtha Guianze es parte del mismo
plan orquestado por los terroristas de Estado contra la Dra. Mariana
Mota.
Por
diferentes medios, criminalizan a dos mujeres que han jugado un papel
decisivo en el esclarecimiento y sanción de las graves violaciones a los
DDHH cometidas durante el terrorismo de Estado. Se las castiga
personalmente por su conducta y su compromiso con la justicia para
intimidar a los fiscales y a los jueces que han de intervenir en los
procesos en curso.
Al
mismo tiempo se presiona a la Suprema Corte de Justicia para que no
cumpla con la resolución de la Corte Interamericana de DDHH en el caso
Gelman que tiene carácter vinculante para el Estado uruguayo. Pero la
maniobra va mucho más lejos. Apunta a crear las condiciones socio
políticas destinadas a que el máximo órgano declare la
inconstitucionalidad de la Ley 18.831, muy especialmente, en lo referido
a los plazos de prescripción y a la tipificación de los delitos
cometidos. Hacia ese objetivo transitan desde su centro de operaciones
en Domingo Arena. Ya han presentado formalmente un recurso en tal
sentido.
La ley 18.831: un gran avance en la lucha contra la impunidad
Cumpliendo
con lo dispuesto por la Corte IDH en el caso Gelman, el pasado 26 de
octubre, el Parlamento restableció la pretensión punitiva del Estado. Al
mismo tiempo señaló que las graves violaciones a los derechos humanos
cometidas durante el terrorismo de Estado son crímenes de lesa
humanidad. Por lo mismo, imprescriptibles e inamnistiables.
La
eliminación de los obstáculos legales que impedían al Poder Judicial
llevar a cabo sus cometidos constitucionales sin contar con la
autorización expresa del Poder Ejecutivo fue un enorme avance en todos
los planos. El Poder Judicial, que ya en octubre de 2009 había declarado
que la Ley de Caducidad era inconstitucional, recobró plenamente su
independencia en lo referido a los temas del pasado dictatorial.
La
plena independencia de los tres poderes del Estado es uno de los
principios básicos del sistema republicano uruguayo que fue vulnerado
por la Ley de Caducidad en el afán de consagrar la impunidad para los
golpistas y perpretradores de graves violaciones a los derechos humanos.
La
aprobación de la Ley 18. 831 restableció el derecho a la justicia de
las víctimas del terrorismo de Estado. Fue un acto militante por parte
del Parlamento, de reafirmación democrática, de afirmación de las normas
internacionales de DDHH en el camino de evitar que los hechos
repudiados por la inmensa mayoría de los uruguayos vuelvan a ocurrir.
Resolución 60/147 de la ONU: estándar de la calidad democrática.
La
implementación a cabalidad y en profundidad de las directrices de la
Resolución 60/147 de las Naciones Unidas en todos los planos:
restitución, rehabilitación, indemnización, satisfacción y garantías de
no repetición es el camino a transitar por Uruguay para superar las
heridas y los sufrimientos ocasionados por el terrorismo de Estado.
Las
ex presas y los ex presos políticos seguiremos demandando a todo el
sistema político comprometido con un futuro de paz, de justicia social,
de plena vigencia de las normas constitucionales y democráticas, al
gobierno y a los poderes del Estado la implementación de ellas. Las
directrices de la Resolución 60/147 son el único camino que asegura el
Nunca Más terrorismo de Estado.
