"La gente ha de autoorganizarse y
pasar a la acción directa"
Andreś Bódalo,en una concentración de protesta
por Enric Llopis
Lunes, 18 de Febrero de 2013 16:27
El dirigente del SAT Andrés Bódalo interviene en la Academia de Socialismo 21
Calada la gorra de estrella roja (en homenaje al
Che Guevara), y con un discurso fresco y apasionado, Andrés Bódalo dice
verdades. Usa el lenguaje franco del jornalero. Transmite la palabra
sincera de la tierra. La del campo de Andalucía que, en su opinión,
“prácticamente no ha cambiado desde los tiempos de la II República”. El
responsable del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) en Jaén y
miembro del Consejo Local de IU en esta ciudad, Andrés Bódalo, ha
defendido en la Academia de Pensamiento Crítico de Socialismo 21 “la
lucha permanente en la calle y la autoorganización de la gente en
pueblos y barrios; es hora de pasar a la acción directa”.
Predica con el ejemplo. Milita en el SAT, el
sindicato más represaliado de Europa, sobre el que pesan actualmente
(sobre sus dirigentes y afiliados) más de 500.000 euros en multas y
peticiones de más de 150 años de cárcel, según las cifras de la
organización. Además, 500 militantes del sindicato tienen abiertos
procesos judiciales. Todos los dirigentes del SAT han sido multados o
han pasado por los calabozos.
El currículo de Andrés Bódalo es coherente con esta
historia de acción directa-represión que acompaña al sindicato desde sus
orígenes. Fue condenado a dos años de prisión por participar en un
piquete informativo durante la huelga general de 2002. En el año 2005,
tomó parte en la ocupación pacífica de la Consejería de Agricultura
andaluza, para pedir la cesión de 3.000 hectáreas de tierra del Marqués
de Medinilla. Bódalo fue brutalmente golpeado, condenado a dos años de
prisión y multado.
Además, por entrar en Mercadona el pasado verano, con
el fin de recoger alimentos en carros y repartirlos entre las familias
menesterosas, la policía lo detuvo en su casa (delante de su hijo) y se
lo llevaron junto a otros compañeros a los calabozos. “Algo hemos hecho
que les ha molestado”, pensó en ese momento. Actualmente se encuentra en
libertad provisional.
¿De dónde sacan la fuerza interior los militantes de
este sindicato, que cuenta con 15.000 afiliados en Andalucía, para dar
la batalla? “Históricamente, la lucha del movimiento obrero es lo que ha
permitido la conquista de derechos; también hay que tener muy claro que
a las personas no se les mide por lo que dicen, sino por lo que hacen.
Por eso, todos hemos de luchar, de manera organizada, sin dejarnos
arrastrar por líderes. Un trabajador nunca puede ser un elemento
pasivo”, concluye el responsable del SAT en Jaén. En tiempos de crisis
muy grave, la lucha autoorganizada incluye la creación de redes básicas
de solidaridad: comedores sociales, huertos urbanos, servicios médicos y
educativos, entre otros.
Tras el negro barbecho de la dictadura, de inmediato
se reabrió la “cuestión agraria”. En 1976 se constituyó el Sindicato de
Obreros del Campo (SOC), ante “una situación sangrante e insostenible de
hambre, emigración, paro y miseria”, recuerda Bódalo. Se reivindicaba
“la tierra para el que la trabaja” y la reforma agraria. El sindicalista
hace balance: “No hemos conseguido tanto como nos hubiera gustado; hay
que tener en cuenta que el sistema nos divide”. Por ejemplo, en la
década de los 80 nace el Plan de Empleo Rural (PER), “una limosna con la
que el PSOE consiguió dividirnos y atenuar el movimiento de ocupación
de tierras; con el mismo objetivo, la Junta de Andalucía promueve el
reparto de tierras por lotes individuales”.
Pero a la vista queda el gran referente, Marinaleda.
“Allí se creó un ejército de jornaleros muy unido y que combatía
duramente por la tierra. Enfrente tenían a la guardia civil y al duque
del Infantado, gran terrateniente, tres veces grande de España y amigo
personal del monarca”, explica Bódalo. Sin llegar al ejemplo de este
municipio sevillano, se han desarrollado otras experiencias de calado.
En marzo de 2012 se ocupó la finca pública de Somonte, en Córdoba, para
ponerla en producción. En julio también se ocupó una finca militar en
Osuna (“Las Turquillas”), de la que se les desalojó 20 días después,
pero volvió a ser ocupada.
Se diría que el ancestral “hambre de tierras” y la
penuria de la clase jornalera permanecen como siempre. Que la historia
se ha paralizado en el campo andaluz. “La situación ha cambiado muy
poco”, explica el dirigente del SAT y miembro de Socialismo 21. Explica
de modo categórico que con el PSOE “se han repartido menos tierras que
durante la dictadura; además, en las mejores tierras –provincias de
Sevilla, Córdoba y Jaén- tenemos metidos a los grandes terratenientes,
burgueses y toreros del país. Es el caso de la Casa de Alba, con sus
35.000 hectáreas en todo el estado y 3 millones de euros anuales de
subvenciones europeas; para colmo, personajes como Duran i Lleida
critican las ayudas del PER, pero nada dicen cuando los latifundistas se
gastan las subvenciones europeas, en algunos casos, en piscinas y
campos de golf”. En Andalucía “hay un clima y unas tierras de primera
calidad, pero el problema es que se hallan en manos de especuladores”,
concluye.
Tampoco un gobierno de coalición entre PSOE e IU en
la Junta de Andalucía ha conducido a transformaciones sustanciales. El
próximo 28 de febrero el SAT participará junto a otras 45 organizaciones
sociales, como el 15-M o “Stop Desahucios”, en un “asalto pacífico” al
Parlamento de Andalucía para protestar por los recortes y contra el pago
de la deuda. “Muchos militantes de base del PSOE e IU están cabreados
porque no se está dando una política de recuperación de los servicios
públicos privatizados, en materia de sanidad y educación, ni está
impulsándose la tan necesaria reforma agraria”, explica Andrés Bódalo.
La demoledora crítica del SAT se extiende a las cúpulas de los
sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT.
Desde que en 2008 aflorara la crisis, el SAT
desencadenó una campaña de movilizaciones para señalar a los
responsables. Ocuparon bancos en Sevilla y Granada; la mayor
inmobiliaria de Andalucía, en Osuna (Granada); el aeropuerto de Málaga,
la estación del AVE en Córdoba y Canal Sur, entre otras acciones. Pero
el poder aprende, explica Bódalo, “y ahora utiliza mecanismos diferentes
a los que usaba en los 80. En cualquier movilización te identifican y
después te multan, a lo que sigue en muchos casos el embargo de cuentas y
de viviendas”. Subraya el sindicalista que la represión ha generado
mucho miedo en la gente. Además, “cuando convocamos una acción, la
policía siempre llega antes que nosotros; y esperan el menor incidente
para machacarnos. Ahora bien, nosotros nunca buscamos el enfrentamiento.
El único objetivo que nos mueve es desarrollar la protesta”.
El pasado verano muchas personas ajenas a la
militancia de izquierdas conocieron a Sánchez Gordillo y a Diego
Cañamero, dirigentes principales del SAT. Con una estrategia muy
meditada, el sindicato organizó la “expropiación” de alimentos en dos
grandes supermercados (Carrefour y Mercadona), para repartirlos entre la
población más necesitada. Así pretendía denunciarse cómo el
“despilfarro” de productos coexiste con la miseria y el paro masivo de
la clase obrera andaluza. Y la acción surtió efecto: el Ministro del
Interior tuvo que dar la cara. La protesta se saldó, pese a todo, con 20
condenados a cinco años de cárcel.
A las expropiaciones siguió una marcha a pie por toda
Andalucía, que pretendía hermanar en la lucha a pueblos y ciudades. “Al
llegar a una ciudad grande nos reuníamos varios miles de personas; pero
los medios no nos daban cobertura”, afirma Andrés Bódalo. “Uno de los
ejemplos más emotivos se produjo en Cádiz, cuando salieron a recibirnos
los trabajadores de los astilleros, que también estaban en lucha”. La
respuesta del estado tampoco se hizo esperar: 50 procesados más, con
multas y penas de prisión.
Pero la represión no empaña los logros de las
movilizaciones. Al contrario. Con las multas, juicios y penas de
prisión, se ha conseguido, según Andrés Bódalo, “sacar a la luz una
grandísima solidaridad llegada de todas las partes del mundo. Por
ejemplo, con afiliaciones solidarias de fuera de Andalucía o miles de
autoinculpaciones por las expropiaciones de los supermercados”. Son los
riesgos de practicar un sindicalismo de corte anticapitalista y
asambleario.
Victoria historica de Correa: “Este triunfo es suyo, de todos los ecuatorianos” (Video)
Publicado el 2/18/13 • en Contrainjerencia
“La posibilidad de un incremento significativo o un decrecimiento significativo del candidato presidente para la reelección es imposible”, aseveró el presidente del CNE, Domingo Paredes, en una entrevista con el canal público Ecuador TV. “Subirá o bajará un poco, pero la tendencia se va a mantener”, agregó.
Incluso, el propio Guillermo Lasso reconoció el triunfo del presidente. “Es de personas decentes como son ustedes, como mi familia y mis colaboradores, reconocer el triunfo de los otros, y esta noche quiero reconocer el triunfo del presidente Rafael Correa”, pronunció el candidato presidencial en un discurso realizado en la ciudad de Guayaquil.
Un par de horas antes, el líder ecuatoriano había proclamado su victoria en medio de un discurso que brindó ante miles de simpatizantes desde el balcón del palacio presidencial de Carondelet, en el que agradeció el apoyo de los votantes.
“Dios les pague”, dijo Correa rodeado de su familia y colaboradores e indicó que “esta revolución no la para nada ni nadie”. En ese contexto, el mandatario ecuatoriano aseguró que recibe la victoria con mucha “humildad”, pero con gran “firmeza” y comentó que serán “cuatro años más de revolución”.
A sus seguidores, que lo apoyaban con gritos y ondeando banderas, les aseguró que la victoria es de cada uno de ellos y les repitió que su Gobierno “jamás” le fallará.
El jefe del Estado de Ecuador agradeció el apoyo de los votantes y a las autoridades locales. “Quería agradecerle a las autoridades locales, más de 180 alcaldes firmaron en apoyo a la revolución”, dijo. Y enfatizó: “Además de la obra de la revolución que está cada vez más consolidada, ahora sí tenemos un movimiento político con capacidad de movilización”.
Correa reiteró sus agradecimientos a los 14 millones y medio de ecuatorianos y señaló: “Podemos cometer muchos errores, somos seres humanos, el que dice que nunca ha cometido un error es un soberbio”. Y poco después agregó: “Tengan la certeza de que lo principal se ha logrado y ratificado”.
“Que aquí ya no mande la partidocracia, el poder mediático, ni las burocracias internacionales”, sostuvo Correa. Y completó: “Con esta revolución mandarán ustedes, los ecuatorianos y ecuatorianas”.
Por su parte, el reelecto presidente tuvo una especial dedicatoria a su par venezolano, Hugo Chávez. “Vale la oportunidad para dedicarle esta victoria a ese gran líder latinoamericano que cambió Venezuela, comandante Hugo Chávez Frías”, expresó el líder ecuatoriano, quien al mismo tiempo le deseó una pronta recuperación: “Desearle los mejores parabienes a él y su familia. Una pronta recuperación y el mejor de los futuros para su queridísima Venezuela”.
“Yo lo admiro mucho a Hugo Chávez porque si ahora es tan duro, mi imagino en el 98 cuando Hugo empezó a luchar solo en su Venezuela, mi admiración, mi respeto y mi cariño a ese queridísimo amigo Hugo Chávez”, concluyó el presidente reelecto.
RESULTADOS PRELIMINARES
Los resultados preliminares del sistema de conteo rápido empleado por el CNE atribuyen a Correa el 56,69% de los votos válidos (descontados los nulos y los blancos), frente al 24,06% del ex banquero y derechista Guillermo Lasso.Les siguen el ex presidente Lucio Gutiérrez con un 5,9 %, el independiente Mauricio Rodas con un 4,2 %, el empresario Álvaro Noboa un 3,67 %, el ex ministro Alberto Acosta con un 2,62 %, el izquierdista Norman Wray con un 1,36 % y por último el pastor evangélico Nelson Zavala con un 1,2 %.
A su vez, los ecuatorianos también votaron hoy por 137 miembros de la Asamblea Nacional (la cámara entera) y 5 delegados de Ecuador en el Parlamento Andino, un órgano asesor que integran Bolivia, Colombia, Perú y el propio Ecuador, pero de esos comicios aun no hay resultados oficiales.
El futuro
El próximo periodo presidencial se inicia el 24 de mayo.Ya logrado el triunfo presidencial, ahora el objetivo de Alianza País, el partido de Correa, es lograr en la mayoría en la Asamblea Nacional para profundizar la “revolución ciudadana”, que el presidente impulsó cuando llegó al poder. Para ello, necesita 69 diputados de los 137 que hay en la Asamblea.
El voto de Correa
Correa ejerció su derecho al sufragio a primera hora de la mañana en medio de una nube de periodistas y de efectivos de su seguridad.En declaraciones a la prensa dijo: “Esta es una fiesta democrática, es una fiesta nacional, esto es lo bello de la democracia electoral, el ciudadano tiene en sus manos su futuro, entonces a ejercer su derecho al voto con absoluta responsabilidad y con infinito amor”.
Además, le abriría las puertas al presidente para aprobar cuestiones que antes le fueron vetadas como la reforma del código penal o una ley de comunicación, que los medios privados consideran que limitará la libertad de expresión.
Añadió que era obligación de todos “cuidar la transparencia del proceso para que sea el proceso más incluyente y más transparente en la historia del país”.
VIDEO
http://youtu.be/Z8KxgMkBOZE
LANACION.COM.AR
La marea verde de Correa submergió la Plaza Grande en el centro de Quito
Publicado el 2/18/13 • en Contrainjerencia
Con 7% de la muestra procesada por el Consejo Nacional Electoral (CNE), el líder de la Revolución Ciudadana cuenta con poco más de 56% de los sufragios.
“Esta Revolución ha hecho que tengamos dignidad; que seamos un país con un presente y un futuro positivos”, dice Diego Segura frente a la sede de Gobierno, mientras abraza a su compañera.
Diego sabe lo que se estaban jugando este domingo: “el retorno de épocas anteriores en las que la banca saqueó al país, en las que la pobreza privaba duramente. Épocas en las que poderes fácticos internacionales no permitían que los países de América latina creciéramos”.
Una voz potente grita “tenemos presidente” y un coro que rompe el frío de Quito responde “tenemos a Rafael”.
Luis Novillo estaba seguro de la victoria del abanderado de Alianza País, pero de ser derrotados no se resignaría: “buscaríamos una trinchera para seguir luchando por este cambio”
“El triunfo refleja que nosotros votamos pensando. Que ya nosotros no nos dejamos engañar por cualquier tipo que viene a tendernos sus millones o a ofrecernos cualquier cosa”, dice con orgullo.
Sabe que sus compatriotas han vivido una toma de conciencia y saben “de la obra social que está haciendo el presidente. “Estamos conscientes de que las escuelas, los hospitales, las carreteras no ha sido una quimera, son reales”.
El gran reto para Luis es la creación de mecanismos que puedan enfrentar a corruptos que traten de sabotear el proceso de cambio.
Desde Venezuela, hace una semana llegó Steven García. Salió con los suyos a festejar. “Hoy se logró más impulso para la revolución, más impulso para la izquierda, más impulso para los pueblos”.
Con lágrimas y 86 años bien llevados, Mery Muegy iza su bandera y grita “no nos falta nada; sólo nos queda volar”.
Alicia Ovalles también corea consignas y manda “saludos al compañero Chávez, porque es uno de los líderes para la América Latina, para la unión de esta gran familia”.
Entre la marea verde, destellan estandartes rojos. Son militantes de la Juventud Nacionalista de Perú. Participan de la juerga y recuerdan que los logros de la administración de Correa “benefician no sólo al Ecuador sino a toda la Patria Grande que es Latinoamérica”.
El mandatario ecuatoriano es un grano de arena en la unidad regional, explica Carlos Solano, “por la inteligencia, por la capacidad, por la honradez, por la humanidad que él ha demostrado”.
El chico de 22 años traza un objetivo inmediato para el próximo lustro: “profundizar los cambios para brindar a la gente dignidad, progreso, desarrollo, inclusión social, que es lo que nuestros presidentes progresistas están logrando”.
Con la bandera de Ecuador y Cuba arriba, Walter Garcés afirma “ganó el socialismo. Una victoria para América Latina unida”. Las líneas que hermanan a la región son recitadas con rapidez: “que sean los pueblos más justos, más unidos, que haya igualdad”.
Opinión, Política, Randy Alonso Falcón
Correa: Victoria popular de la inteligencia y el valor
18 febrero 2013
Cubadebate
Ganó de manera rotunda, Lo hizo con mayor porcentaje que el que le pronosticaban las encuestas previas. Rafael Correa se reeligió como Presidente de Ecuador con muchos más votos que los obtenidos en su primera elección en el 2009 y obtuvo su séptima victoria consecutiva entre comicios y consultas populares. Algo inédito en la historia del hermano país latinoamericano.
Triunfó porque entendió las necesidades del pueblo y le dio poder. Porque no hizo un gobierno de promesas, sino que construyó realidades en beneficio de las mayorías. Porque supo combinar la inteligencia que cultivo en la academia con el carisma del líder, la visión del estadista y la decisión de hacer.
Muchas cosas se le pueden alabar a Correa en su empeño por edificar la Revolución Ciudadana en Ecuador. Pero entre ellas destaco el valor con que ha asumido sus acciones y principios: el valor de lanzarse a la política para sanearla de la indigencia en que la habían sumido partidos y gobiernos de su país; el valor de sacar a los yanquis de la Base de Manta; el valor de enfrentar y condenar el ataque ordenado por Uribe al territorio ecuatoriano para asesinar al líder de las FARC Raúl Reyes; el de lidiar con las multinacionales petroleras; el de auditar la deuda externa del país y rebajar su monto significativamente; el de afrontar el intento del Golpe de Estado del 30 de septiembre; el de batallar contra el poder mediático avasallador y corrompido; el de condenar en pleno Miami la injusta condena en esa ciudad a los Cinco antiterroristas cubanos detenidos en Estados Unidos; el de sumarse a los destinos del ALBA; el de no asistir a la Cumbre de las Américas porque Cuba no estaba invitada; el de dedicarle este domingo su victoria electoral a Chávez, amigo que lucha por su vida y líder innato del proceso integrador latinoamericano.
Correa ha afianzado su liderazgo y abierto una nueva etapa política en Ecuador. Sus próximos cuatro años de gobierno los hará acompañado de una mayoría parlamentaria –de la que careció hasta hoy-, que le permitirá profundizar las transformaciones económicas, sociales y políticas que vive la nación.
Hacia Nuestra América, su triunfo lo reafirma como una de las voces más preclaras de la región, como uno de los líderes de la lucha por la unidad de nuestros países y pueblos.
Desde la mitad misma del mundo, Ecuador y su Presidente han lanzado un mensaje de fortaleza y futuro: “Esta Revolución no la para nada ni nadie”. ¡Enhorabuena!
- - - Servicio Informativo "Alai-amlatina" - - -
Ecuador: cuatro lecciones de una victoria aplastante
por Atilio A. Boron
ALAI AMLATINA, 18/02/2013.- La arrasadora victoria de Rafael Correa, con un porcentaje de votos y una diferencia entre él y su más inmediato contendiente que ya hubieran querido tener Obama, Hollande, Rajoy, entre otros, deja algunas lecciones que es conveniente recapitular.
Primero y lo más obvio: la ratificación del mandato popular para seguir por el camino trazado pero, como dijo Correa en su conferencia de prensa, avanzando más rápida y profundamente. Sabe el re-electo presidente que los próximos cuatro años serán cruciales para asegurar la irreversibilidad de las reformas que, al cabo de diez años de gestión, habrán concluido con la refundación de un Ecuador mejor, más justo y más sustentable. Un Ecuador en donde la diversidad no sea fuente de desigualdad. En la conferencia de prensa ya aludida dijo textualmente: “o cambiamos ahora al país o no lo cambiamos más”. El proyecto de crear un orden social basado en el socialismo del sumak kawsay, el “buen vivir” de nuestros pueblos originarios, exige actuar con rapidez y determinación. Pero esto también lo saben la derecha vernácula y el imperialismo, y por eso se puede pronosticar que van a redoblar sus esfuerzos para evitar la consolidación del proceso de la “Revolución Ciudadana.”
Segunda lección: que si un gobierno obedece al mandato popular y produce políticas públicas que benefician a las grandes mayorías nacionales –que al fin y al cabo de eso trata la democracia- la lealtad del electorado puede darse por segura. La manipulación de las oligarquías mediáticas, la conspiración de las clases dominantes y las estratagemas del imperialismo se estrellan contra el muro de la fidelidad popular ante un gobierno fiel a sus mandatos.
Tercero, y como corolario de lo anterior, el aplastante triunfo de Correa demuestra que la conformista tesis tan común en el pensamiento político convencional, a saber: que “el poder desgasta”, sólo es válida en democracia cuando el poder se ejerce en beneficio de las minorías adineradas o cuando los procesos de transformación social pierden espesor, titubean y terminan por detenerse. Al paralizarse, al abandonar el impulso transformador, se encaminan hacia su propia destrucción. Su condición de viabilidad es la permanente profundización y aceleración del proceso reformista. Pero cuando se gobierna teniendo a la vista el bienestar de las víctimas del sistema pasa lo que ocurrió ayer en Ecuador: si en la presidencial del 2009 Correa ganó en la primera vuelta con el 51 por ciento de los votos, ayer lo hizo, con el recuento existente al momento de escribir esta nota (un 25 por ciento de los votos escrutados) con el 57 por ciento. En lugar de “desgaste”, consolidación y acrecentamiento del poder presidencial.
Cuarto y último, con esta elección se supera la parálisis decisional generada por una Asamblea Nacional que se opuso con intransigencia a algunas de las más importantes iniciativas propuestas por Correa. Si bien hay pocas cifras disponibles al respecto no caben dudas de que Alianza PAIS tendrá la mayoría absoluta de los asambleistas y con posibilidades de alcanzar una representación parlamentaria que le permita contar con una mayoría calificada de dos tercios. Una Asamblea Nacional que acompañe el proceso de cambios tendría que abocarse de inmediato a elaborar y sancionar la Ley Orgánica de Comunicación, un nuevo Código Ambiental, la Ley de Aguas (esencial para la reforma agraria) entre otras piezas legislativas de fundamental importancia. La reconfiguración del mapa sociopolítico de la Asamblea Nacional permitirá remover los obstáculos que, hasta ahora, impidieron el avance en algunos frentes estratégicos del proceso de construcción de una nueva sociedad.
Con el triunfo de Correa, la reciente victoria de Hugo Chávez en Venezuela y la previsible ratificación del mandato popular a favor de Evo Morales en Bolivia el núcleo duro del “giro a la izquierda” experimentado por América Latina a comienzos de siglo queda notablemente fortalecido, ejerciendo un influjo favorable sobre los procesos en curso en países como Argentina, Brasil y Uruguay. Conclusión: los tiempos han cambiado. La ratificación plebiscitaria de un presidente que lideró un formidable proceso de cambios sociales y económicos; que apuesta sin reservas -y trabaja para- la integración latinoamericana; que desafió al imperio incorporando su país al ALBA y que puso fin a la presencia estadounidense en la base de Manta; que realizó una ejemplar auditoría de la deuda externa reduciendo significativamente su monto; que le otorga asilo a Julian Assange y que retira al Ecuador del CIADI no es algo que se vea todos los días. Hay una gran razón para celebrar. ¡Felicitaciones Rafael Correa, salud Ecuador!
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Morales expropia la filial de Abertis y Aena que gestiona los aeropuertos en Bolivia
La empresa Servicios de Aeropuertos Bolivianos S.A. (Sabsa) es la sexta compañía española que pasa a manos del Estado en menos de un año. El Gobierno califica la actuación del Ejecutivo boliviano de "inamistosa" y dice que se replanteará "muy a su pesar" las relaciones bilaterales con el país latinoamericano
EFE La Paz 18/02/2013 16:00 Actualizado: 18/02/2013 19:03 Público
Soldados vigilando la entrada del aeropuerto de El Alto, uno de los expropiados por el gobierno de Evo Morales.REUTERS.
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Bolivia alega mandato constitucional para expropiar filial de Red Eléctrica
El presidente de Bolivia, Evo Morales, expropió este lunes la empresa Sabsa,
filial de las españolas Abertis y Aena que gestiona los tres
aeropuertos más grandes del país, acusándola de haber hecho
insuficientes inversiones. Morales hizo el anuncio en un acto en la
ciudad central de Cochabamba, donde está la sede de Sabsa, acompañado
del vicepresidente del país, Álvaro García Linera, y del ministro de
Obras Públicas, Vladimir Sánchez.
La empresa Servicios de Aeropuertos Bolivianos S.A. (Sabsa) es la sexta compañía española que pasa a manos del Estado en menos de un año, ya que en mayo pasado Morales nacionalizó una filial de Red Eléctrica de España (REE) y en diciembre otras cuatro de Iberdrola, por las que aún no ha habido una compensación económica.
"Venimos a emitir este decreto supremo para recuperar una empresa más para el Estado Plurinacional de Bolivia", afirmó Morales. El gobernante adujo que Sabsa no hizo suficientes inversiones para ampliar los aeropuertos en El Alto (La Paz), Cochabamba y Santa Cruz, los principales del país, y criticó además los "sueldos exorbitantes" que percibían sus ejecutivos. Según el decreto leído por Morales, el ministerio de Obras Públicas asumirá el control de todo el paquete accionarial de Sabsa en representación del Estado boliviano.
Al igual que en anteriores expropiaciones, se dispuso también que la compensación a Abertis y Aena provenga de una tasación realizada por una empresa independiente "en el plazo de 180 días hábiles".
Morales también ordenó el despliegue de militares en los tres aeropuertos "para garantizar la continuidad de los servicios".
Sabsa gestiona desde 1997 los aeropuertos más grandes de Bolivia. Esta compañía perteneció a la estadounidense Airport Group International hasta 1999, cuando pasó a la británica TBI. En 2004, la empresa de infraestructuras Abertis y el ente público aeroportuario Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) adquirieron TBI con todo el paquete de aeropuertos que administraba, incluidos los tres de Bolivia. La empresa asegura haber invertido 33,6 millones de dólares (25,18 millones de euros) desde 1997 a la fecha y adicionalmente entregó 73 millones (54,72 millones de euros) al Estado en el mismo periodo por los derechos de operación de los aeropuertos.
El ministro de Obras Públicas, Vladimir Sánchez, dijo la semana pasada que la empresa ejecutó un plan de inversión maestro entre 1997 y 2005, pero a partir de ese año hizo otras inversiones que "no sobrepasan de los seis millones de dólares", aseveró. La firma ofreció invertir 36 millones de dólares (27 millones de euros) en los próximos nueve años, que es el período que restaba de su concesión, pero el Ejecutivo consideró "insuficiente" esa cifra y pidió a la empresa una inversión de 56 millones (42 millones de euros).
Morales afirmó hoy que su Gobierno ya estuvo preparado "desde años atrás" para la expropiación, si bien "por razones de carácter de relaciones diplomáticas con algunos países" esperó a llegar "a algún acuerdo" con la empresa. "El ministro y los exministros de Obras Públicas negociaron con la empresa para que ellos puedan invertir y estos esfuerzos lamentablemente fueron en vano, no hemos podido entendernos, por eso esta decisión del decreto supremo de nacionalización", agregó. Además de esas expropiaciones, el mandatario ha nacionalizado una quincena de empresas de hidrocarburos, cementos y minas, entre otras, desde que llegó al poder en 2006.
Así las cosas, "el Gobierno español considera esta expropiación como un acto inamistoso que se suma a medidas similares emprendidas en meses recientes contra otras empresas españolas en Bolivia y que contrastan con el papel que hasta ahora ha jugado España en defensa de los intereses bolivianos", prosigue el comunicado.
Previamente, el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, José Manuel García-Margallo, había advertido desde Bruselas de que el Gobierno iba a estudiar "todas las medidas" necesarias, tanto a nivel bilateral como apelando a la "solidaridad" de sus socios de la Unión Europea, en respuesta a la expropiación de SABSA. García-Margallo había apuntado que "no es la primera vez que ocurre" un incidente de este tipo con el Gobierno boliviano y ha lamentado que esta actuación "contraste vivamente" con la cooperación de España en otros asuntos.
La empresa Servicios de Aeropuertos Bolivianos S.A. (Sabsa) es la sexta compañía española que pasa a manos del Estado en menos de un año, ya que en mayo pasado Morales nacionalizó una filial de Red Eléctrica de España (REE) y en diciembre otras cuatro de Iberdrola, por las que aún no ha habido una compensación económica.
"Venimos a emitir este decreto supremo para recuperar una empresa más para el Estado Plurinacional de Bolivia", afirmó Morales. El gobernante adujo que Sabsa no hizo suficientes inversiones para ampliar los aeropuertos en El Alto (La Paz), Cochabamba y Santa Cruz, los principales del país, y criticó además los "sueldos exorbitantes" que percibían sus ejecutivos. Según el decreto leído por Morales, el ministerio de Obras Públicas asumirá el control de todo el paquete accionarial de Sabsa en representación del Estado boliviano.
Al igual que en anteriores expropiaciones, se dispuso también que la compensación a Abertis y Aena provenga de una tasación realizada por una empresa independiente "en el plazo de 180 días hábiles".
Morales también ordenó el despliegue de militares en los tres aeropuertos "para garantizar la continuidad de los servicios".
Sabsa gestiona desde 1997 los aeropuertos más grandes de Bolivia. Esta compañía perteneció a la estadounidense Airport Group International hasta 1999, cuando pasó a la británica TBI. En 2004, la empresa de infraestructuras Abertis y el ente público aeroportuario Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) adquirieron TBI con todo el paquete de aeropuertos que administraba, incluidos los tres de Bolivia. La empresa asegura haber invertido 33,6 millones de dólares (25,18 millones de euros) desde 1997 a la fecha y adicionalmente entregó 73 millones (54,72 millones de euros) al Estado en el mismo periodo por los derechos de operación de los aeropuertos.
El ministro de Obras Públicas, Vladimir Sánchez, dijo la semana pasada que la empresa ejecutó un plan de inversión maestro entre 1997 y 2005, pero a partir de ese año hizo otras inversiones que "no sobrepasan de los seis millones de dólares", aseveró. La firma ofreció invertir 36 millones de dólares (27 millones de euros) en los próximos nueve años, que es el período que restaba de su concesión, pero el Ejecutivo consideró "insuficiente" esa cifra y pidió a la empresa una inversión de 56 millones (42 millones de euros).
Morales afirmó hoy que su Gobierno ya estuvo preparado "desde años atrás" para la expropiación, si bien "por razones de carácter de relaciones diplomáticas con algunos países" esperó a llegar "a algún acuerdo" con la empresa. "El ministro y los exministros de Obras Públicas negociaron con la empresa para que ellos puedan invertir y estos esfuerzos lamentablemente fueron en vano, no hemos podido entendernos, por eso esta decisión del decreto supremo de nacionalización", agregó. Además de esas expropiaciones, el mandatario ha nacionalizado una quincena de empresas de hidrocarburos, cementos y minas, entre otras, desde que llegó al poder en 2006.
España se replanteará "muy a su pesar" las relaciones bilaterales con Bolivia
El Gobierno de Mariano Rajoy ha deplorado este lunes la decisión del Ejecutivo boliviano de nacionalizar una filial de Aena y Abertis y ha advertido de que como consecuencia de ello, y dado que la expropiación se ha hecho sin previo aviso ni pago, el Ejecutivo "muy a su pesar, procederá a replantear el conjunto de las relaciones bilaterales". "España no cuestiona el derecho soberano de un Estado sobre sus recursos y servicios públicos pero defiende que toda expropiación debe hacerse previo pago del justiprecio según una valoración justa e independiente del bien expropiado", ha subrayado el Gobierno.Así las cosas, "el Gobierno español considera esta expropiación como un acto inamistoso que se suma a medidas similares emprendidas en meses recientes contra otras empresas españolas en Bolivia y que contrastan con el papel que hasta ahora ha jugado España en defensa de los intereses bolivianos", prosigue el comunicado.
Previamente, el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, José Manuel García-Margallo, había advertido desde Bruselas de que el Gobierno iba a estudiar "todas las medidas" necesarias, tanto a nivel bilateral como apelando a la "solidaridad" de sus socios de la Unión Europea, en respuesta a la expropiación de SABSA. García-Margallo había apuntado que "no es la primera vez que ocurre" un incidente de este tipo con el Gobierno boliviano y ha lamentado que esta actuación "contraste vivamente" con la cooperación de España en otros asuntos.
Bolivia nacionaliza española Sabsa por no cumplir plan de inversiones
Publicado el 2/18/13 • en Contrainjerencia
Morales, acompañado del vicepresidente Álvaro García y del ministro de Obras Pública, Vladimir Sánchez, aprobó en una conferencia de prensa en la ciudad de Cochabamba el decreto que determina la transferencia de las acciones de Sabsa a manos del Estado y justificó la medida con una serie de aspectos vinculados con el proceso de privatización.
La nacionalizada, aseguró, se constituyó con un capital de 52.100 bolivianos, de los que pagaron sus fundadores 26.050 bolivianos, correspondiente a 2.603 acciones. Dijo que con este capital se adjudicaron la administración de 430 millones de dólares mas las utilidades que generen los aeropuertos.Además denunció el incumplimiento del plan de inversiones y afirmó que el Estado no recibe ingresos de la hoy empresa nacionalizada. Detalló que el plan de inversiones de 1997 a 2005 no fue aprobado, por lo que en ese período no se realizaron inversiones.
En cambio sí se viabilizó el plan 2006-2022, por un monto de 53.4 millones de dólares, de los que entre 2006-2011 debieron haberse ejecutado 26.9 millones de dólares, pero sólo se invirtieron 5,8 millones de dólares, reveló Morales en el acto transmitido por los medios estatales.
En cuanto a las utilidades, señaló que, entre 1997 a 2011, ascienden a 20.6 millones de dólares, “cifra que representa el 2.164% respecto al capital pagado…situación que resulta una ganancia exorbitante para un capital irrisorio”.
Morales también observó los salarios de los ejecutivos de la empresa. Dijo que el gerente general percibe un sueldo de 127 mil bolivianos mes, mientras que el gerente departamental 40 mil bolivianos y un jefe 28 mil bolivianos. “Así jamás va haber inversiones”, cuestionó y afirmó que hay una mala infraestructura y atención en las terminales aéreas.
La estadounidense Airport Group International es la firma que originalmente se adjudicó el control de los aeropuertos en 1997. Dos años después transfirió la gestión a la británica TBI y desde 2004 Sabsa es controlada por la empresa de infraestructuras Abertis y el ente público aeroportuario español Aena.
El Presidente reveló que esta era una decisión tomada hace años atrás. “Por razones de carácter de relaciones diplomáticas con algunos países hemos esperado llegar a un acuerdo y, además de eso el ministro y exministros de Obras Públicas negociaron con la empresa para que ellos puedan invertir; esos esfuerzos de los ministros y exministros, lamentablemente no hemos podido entendernos”, explicó.
Sánchez informó el 14 de febrero que se pidió a la empresa Sabsa, filial de las españolas Aena y Abertis, que invierta 56 millones de dólares en los tres aeropuertos que gestiona en Bolivia, 20 millones más que lo ofrecido por la compañía.
El Gobierno instruyó a las Fuerzas Armadas tomaron el control de los aeropuertos de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz y anunció acciones legales contra quienes obstaculicen la ejecución de la decisión.
El decreto de nacionalización además establece que en 180 días una empresa independiente deberá realizar un estudio para definir el monto que se pagará a la empresa extranjera por las acciones que fueron revertidas y garantiza estabilidad laboral para los trabajadores.
El Ministerio de Obras Públicas toma el control de las actividades que estaban a cargo de Sabsa.
Chávez de regreso en Venezuela: “¡Viviremos y venceremos!”
Publicado el 2/18/13 • en Contrainjerencia
A través de cuenta Twitter el Mandatario expresó que “hemos llegado de nuevo a la Patria venezolana. Gracias Dios mío!! Gracias Pueblo amado!! Aquí continuaremos el tratamiento”.
Tras su llegada, agradeció todas las atenciones brindadas por el hermano pueblo de Cuba. “Gracias a Fidel, a Raúl y a toda Cuba!! Gracias a Venezuela por tanto amor!!!”
El presidente Chávez aseguró que “¡Sigo aferrado a Cristo y confiado en mis médicos y enfermeras. Hasta la victoria siempre! ¡Viviremos y venceremos!”
El primer mandatario nacional arribó al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía a las 2:30 de la mañana y se trasladó al Hospital Militar Dr. Carlos Arvelo, en Caracas, donde continuará con su proceso de recuperación.
Por su parte el vicepresidente de la República Nicolás Maduro, recordó que la batalla del jefe de Estado por su salud ” ha contado con la compresión, el amor, la solidaridad sincera de todos los hombres y mujeres de Venezuela, de América Latina y del mundo entero”.
Asimismo, invitó al pueblo venezolano a mantenerse unido y a redoblar el trabajo y a seguir dando lo máximo para seguir la batalla por la patria.
El vicepresidente llamó al pueblo a manifestar su júbilo por el retorno de Chávez en las Plazas Bolívar del país y otros puntos de concentración, “para demostrar la gran fuerza y alegría que nos invade en estos momentos”.
“La alegría más grande está ahorita en el corazón de millones. Esta batalla continúa y el comandante está aquí junto al pueblo”, expresó Maduro, quien agradeció especialmente al presidente de Cuba, Raúl Castro, y al líder de la Revolución cubana, Fidel Castro, por haber puesto al mejor equipo médico a disposición del mandatario nacional.
Precisó que en las próximas horas, el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, convocará una reunión para discutir las líneas de trabajo de la militancia revolucionaria “porque la principal línea es redoblar la marcha. Es el mejor homenaje que podemos hacerle al presidente Chávez en esta batalla ejemplar que está dando por su salud”.
“Tenemos que organizarnos más, orar con el corazón y unirnos para expresar la solidaridad y alegría junto a nuestros gobernadores”, agregó Maduro, quien hizo un especial reconocimiento al pueblo por la actitud asumida ante los intentos de desestabilización promovidos por la derecha venezolana.
“Hay que agradecer a nuestro pueblo porque hay que ver lo que ha hecho esta minoría (la derecha) por tratar de perturbar la vida del país. A pesar de ellos, la patria está avanzando, consolidándose y apoyando al presidente Chávez”, dijo el vicepresidente en conversación telefónica con Venezolana de Televisión.
Maduro recalcó que en el período durante el cual el presidente estuvo en La Habana, Cuba, cumpliendo la primera etapa del post-operatorio: “Fueron tiempos de gran trabajo, mucha solidaridad y amor verdadero”.
“Un día como hoy, todo lo que tenemos es mente positiva y fe absoluta porque el presidente Chávez está aquí”, aseveró el vicepresidente, quien indicó que en el transcurso del día se rendirán informes para dar detalles de la evolución de la salud del mandatario nacional.
La noticia sorprendió el mundo entero
Los medios internacionales tienen entre sus noticias principales el regreso a Caracas de Chávez, quien finalizó la primera etapa de su proceso postoperatorio en La Habana, Cuba, tras la intervención quirúrgica a la que se sometió el pasado 11 de diciembre.
“Presidente Chávez regresó a Venezuela”, es el titular principal de Radio Caracol, de Colombia, que destaca los trinos del mandatario en la red social Twitter para anunciar su llegada a la Patria.
Una gráfica del Jefe de Estado venezolano acapara el home del portal de InfoBae, con el título: “Hugo Chávez ha regresado a Venezuela: Sigo aferrado a Cristo”.
El diario La Nación, de Argentina, también encabeza su sitio web con la noticia: “Hugo Chávez regresó a Venezuela y permanecerá internado en el hospital militar”.
Aunque sin fotografía, la noticia también es la principal en el diario español El País, rotativo que hace semanas publicó una gráfica falsa del mandatario nacional, por la cual no ofreció disculpas a Venezuela, ni al mandatario, ni a la familia del presidente.
En el portal español Publico.es, la información se reseña de la siguiente forma: “Chávez vuelve a Venezuela: ‘Viviremos y venceremos”.
Por su parte, El Mercurio de Chile titula: “Presidente Chávez anuncia su sorpresivo arribo a Venezuela”.
Los diarios de Miami que han difundido mentiras y rumores falsos sobre el mandatario venezolano como el Nuevo Herald, también encabezan su sitio web con la noticia: “El presidente Hugo Chávez regresa a Venezuela”.
“Chávez regresa a Venezuela” es el titular principal de Financial Times. La noticia también es la primera en el portal de la BBC.
La Radio del Sur
Presidente Chávez regresó a su país para continuar tratamiento médico
18 febrero 2013
Cubadebate
Hugo ChávezEn tres tuits publicados en un intervalo de tres minutos a las 4.10 de la madrugada, el líder bolivariano, reelegido presidente de Venezuela el pasado octubre, ha anunciado su regreso “a la Patria Venezolana” y ha agradecido el trato recibido en Cuba así como las muestras de apoyo del pueblo venezolano.
En el texto de sus mensajes señala:
“Hemos llegado de nuevo a la Patria venezolana. Gracias Dios mio!!Gracias Pueblo amado!!Aquí continuaremos el tratamiento”
“Gracias a Fidel, a Raúl y a toda Cuba!! Gracias a Venezuela por tanto amor!!
“Sigo aferrado a Cristo y confiado en mis médicos y enfermeras. Hasta la Victoria Sempre!! Viviremos y Venceremos!!
Sobre las cinco de la madrugada el vicepresidente del país, Nicolás Maduro, detalló en contacto telefónico con la estatal venezolana VTV que el jefe de Estado se encuentra en el Hospital Militar de la capital acompañado de su familia y algunos miembros del gabinete ministerial. Aprovechó la oportunidad para reconocer y agradecer las muestras de apoyo del pueblo para con el presidente Chávez.
Los mensajes de bienvenida a través de la red social no se hicieron esperar y el ministro de Comunicación , Ernesto Villegas, manifestó que el «Presidente Chávez llegó a Venezuela. Palante, Comandante!».
En tanto, el ministro de Ciencia y Tecnología, Jorge Arreaza, también se manifestó para expresar «que clase de guerrero y luchador por la vida es nuestro Presidente! Bienvenido a tu Patria Comandante! Venceremos! Tod@s somos Chávez!».
Arreaza agregó que «ya el Presidente se encuentra en su habitación en el Hospital Militar Dr. Carlos Arvelo en Caracas, dispuesto a seguir con sus tratamientos».
Por su parte, el canciller Elías Jaua, escribió el siguiente mensaje: «El Comandante Chávez en la Cuna de Bolívar. Que buen despertar para el pueblo noble de Venezuela. Vamos a seguir batallando y a vencer!!».
De igual manera, el presidente de la Asamblea Nacional, diputado Diosdado Cabello, resaltó que «hoy la Diana Carabobo suena con más alegría en todos los rincones de la Patria, nuestro Comandante regresó»
Fidel Castro Ruz, Especiales
Fidel a Chávez: Me satisface mucho que hayas podido regresar al pedazo de la tierra americana que tanto amas
18 febrero 2013
Texto de la Carta del Comandante en Jefe Fidel Castro al Presidente Hugo Chávez en ocasión de su regreso a Venezuela
Querido Hugo:Me satisface mucho que hayas podido regresar al pedazo de la tierra americana que tanto amas, y al pueblo hermano que tanto te apoya.
Fue necesaria una larga y angustiosa espera, tu asombrosa resistencia física y la consagración total de los médicos como lo hicieron durante 10 años, para obtener ese objetivo.
Es absolutamente justo hacer mención a la insuperable constancia con que tus familiares más allegados, tus compañeros en la dirección revolucionaria, las Fuerzas Armadas Bolivarianas, rearmadas y reequipadas por ti, y las personas honestas del mundo, mostraron sus simpatías.
Especial mención merece el aliento que el pueblo venezolano te brindó con sus muestras diarias de apoyo entusiasta e irreductible. A eso se debe un regreso feliz a Venezuela.
Tú aprendiste mucho de la vida, Hugo, en esos duros días de sufrimientos y sacrificios. Ahora que no tendremos el privilegio de recibir noticias tuyas todos los días, volveremos al método de la correspondencia que durante años hemos utilizado.
Viviremos siempre luchando por la justicia entre los seres humanos sin temor a los años, los meses, los días o las horas, conscientes, humildemente, de que nos tocó vivir en la época más crítica de la historia de nuestra humanidad. Nuestro pueblo, que es también el tuyo, conocerá mañana por esta misma vía tu regreso a Venezuela.
Todo debió llevarse a cabo con mucha discreción, para no darle oportunidad a los grupos fascistas de planear sus cínicas acciones contra el proceso revolucionario Bolivariano.
Cuando el campo socialista se derrumbó y la URSS se desintegró, el imperialismo, con el puñal afilado de su bloqueo se proponía ahogar en sangre a la Revolución Cubana; Venezuela, un país relativamente pequeño de la dividida América, fue capaz de impedirlo. En aras del tiempo no menciono los numerosos países de las Antillas, Centro y Suramérica que Venezuela, además de sus grandes planes económicos y sociales, fue capaz de ayudar. Por ello, todas las personas honestas del mundo han seguido de cerca “la salud y las noticias sobre Chávez”.
¡Hasta la victoria siempre!
¡Un fuerte abrazo!
Fidel Castro Ruz
8 y 35 p.m.
Febrero 17 de 2013
Uruguay: Nota de Roger Rodríguez sobre la SCJ
Repaso las crónicas sobre los hechos que se han sucedido en los últimos dos años, y me siento el narrador que en las cartas de Ángela Vicario va explicando el anunciado asesinato de Santiago Nasar. La jueza Mota no abjuró ante la Santa Inquisición aunque le ofrecieron ser perdonada como Galileo. Su Eppur si move fue insistir en declarar que la dictadura cometió crimenes de lesa humanidad imprescriptibles.
Por eso, Mota no necesitaba de la Ley 18.831 que el Parlamento aprobó con recelo el 27 de octubre de 2011. A ella le bastaron las normas y convenciones internacionales y su razón fue confirmada por el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que condenó al Estado uruguayo en el caso de desaparición de María Claudia García de Gelman, ampliado a todos los casos de desaparición forzada.
Pero en estos tiempos de impunidad, a Mota la condenan como a Giordano Bruno y, también en un mes febrero, puede repetir su frase “Temblais más vosotros al anunciar esta sentencia que yo al recibirla”. Porque quienes han quedado en el más absoluto descrédito son los cinco miembros de la Suprema Corte de Justicia que con su actuación no dan garantías ni a la ciudadanía ni al sistema democrático.
Hablamos con la jueza Mariana Mota (en una nota que se publica este viernes) y nos confesaba su propia sensación de frustración ante la actitud del sistema judicial. El temor de los jóvenes de no ascender y el miedo de los viejos de no retirarse en un cómodo tribunal de apelaciones. Nos dijo de la necesidad de cambiar el sistema de designación y traslado de jueces, hoy bajo la discrecionalidad de la Suprema Corte.
Por todo esto, con desapasionada racionalidad, le digo a facebook y a ustedes, que se tienen que ir. No un “que se vayan todos”, simplemente que se vayan estos, que ya cumplieron la tarea encomendada (¿o aún deben reimponer la prescripción?). Los señores Jorge Ruibal Pino, Jorge Larrieux, Jorge Chediak, Julio Chalar y Ricardo Pérez Manrique deberían renunciar a la Suprema Corte de Justicia. No son creíbles.
También pienso que el sistema político uruguayo, el actual gobierno en particular, debería dejar de jugar con la impunidad de su propio poder, porque también hace correr riesgos de credibilidad al sistema y no solo a su partido político ante su base de votantes. Pienso que quizás, sea tiempo de renovar el contrato social y discutir las reglas de un juego, sucio en cultura de impunidad, que necesariamente es en serio.
Nota de Roger Rodríguez colgada en su perfil de Facebook.
aportada por Zapicán RODRÍGUEZ
16 de Febrero de 2013
El traslado de la jueza Mota no es inocente
Entre derechos humanos y Air Class
El traslado a la órbita civil de la jueza Mariana Mota es un cimbronazo muy fuerte para las causas sobre violaciones de los derechos humanos. Entre ellas, la del homicidio de Aldo Perrini en el Batallón de Colonia. Aunque también se mezcla con “el desacato” en el que incurrió el ministro de Defensa, Fernández Huidobro, cuando la jueza le solicitó información sobre el accidente del avión Air Class y que, según supo EL ECO, estaría protegiendo a militares. Pero sea lo que sea, su traslado obedece a razones políticas y no del ámbito judicial.
Con cerca de cincuenta casos de delitos cometidos en dictadura -y una investigación sobre la caída del avión de Air Class en curso-, la noticia de su traslado a un juzgado civil no era esperada por la jueza Mariana Mota. Su transferencia fue una decisión de la Suprema Corte de Justicia.
Las causas
De acuerdo a la información que recabó EL ECO, la Suprema Corte de Justicia (SCJ) comunicó que el traslado de la doctora Mota se debió a razones técnicas, diciendo que es un ascenso. Eso es real, pero en la interna judicial existen otros puntos, como por ejemplo que es inminente que la SCJ falle en que no es inconstitucional el caso Perrini, y si es así el expediente vuelve al juzgado para que el juez resuelva si procesa o no. Y no deseaban que fuera la doctora Mariana Mota. Porque existen fuertes intereses para que no se procese al general ® Pedro Barneix. Y quien tendría esta decisión sería la jueza Beatriz Larrieux, que a mediados del año pasado había sido trasladada desde Colonia, donde ejercía como titular, a Montevideo.
La jueza Mariana Mota era cuestionada por abogados de defensa de militares que estaban con fallos inminentes, por ser comprobados violadores de los derechos humanos en la última dictadura cívico militar que azotó nuestro país desde junio de 1973 a marzo de 1985.
Entre quienes la cuestionaban, estaba la defensa del militar Pedro Barneix, quien ya había pasado por el banquillo de los acusados, y quien, además, (el veredicto era inminente) sería hallado responsable de la muerte del carmelitano Aldo Chiquito Perrini, ocurrida en el Batallón de Colonia en marzo del año 1974.
El doctor Oscar López Goldaracena, consultado por EL ECO, señaló que “no conocemos los verdaderos motivos del traslado, pero un hecho objetivo es que la doctora Motta fue objeto permanente de hostigamiento por parte de un sector de la sociedad que no quiere que se avance en las causas de derechos humanos, y, lamentablemente, otro hecho objetivo es que como consecuencia de la decisión adoptada por la Suprema Corte, la jueza es apartada de los casos de derechos humanos".
Para el abogado defensor de la familia de Aldo Chiquito Perrini, "la doctora Mariana Motta demostró profesionalidad en la recopilación de pruebas, sensibilidad con las víctimas y una fundamentada y avanzada idea del derecho que debe regir en casos de crímenes de lesa humanidad. Esto, sin duda, molesta a los involucrados. Lo que resulta a mi juicio sorprendente es que la Suprema Corte adopte esta decisión de trasladarla, cuando era inminente la finalización de varias causas, entre ellas la del homicidio de Aldo Perrini o las torturas a presos y presas en la base aérea de Boiso Lanza. Fue una decisión desacertada. Si el verdadero motivo de la Suprema Corte fue apartarla de las causas de derechos humanos o de otras indagatorias, por la protesta de quienes todavía se sienten poderosos, asistimos al verdadero desprestigio del Poder Judicial y sería hora de repensarlo".
López Goldaracena agregó a su vez que si “realmente el traslado de la jueza Mota es un ascenso, como se ha dicho por parte de algunos voceros de la Corte, deberíamos pronosticar que dado los antecedentes de la magistrada, dentro de muy poco tiempo debería ser ministra de la Suprema Corte”.
¿Aviones en malas condiciones?
También esta la causa del avión de Air Class, accidentado el 6 de junio de 2012 en el Río de la Plata, y la situación se ha tornado muy grave entre las investigaciones de la Justicia –donde actuaba la jueza Mariana Mota- y el ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro.
La doctora Mota tenía la indagatoria de este accidente y había realizado un pedido de información ante el Ministerio de Defensa, y como esa información fue negada, la magistrada hizo una denuncia por “desacato” al ministro, Eleuterio Fernández Huidobro. Por ello, también los familiares de las personas que murieron en el accidente de Air Class están muy descontentos con el traslado de Mota. Porque en este pedido de información había otro punto muy oscuro: el avión era de militares, y los pilotos habrían avisado en varias oportunidades que los aviones estaban en malas condiciones, y por ello la indagatoria habría sido frenada.
Pero surgieron más hipótesis cuando un barco pesquero de arrastre recogió esta semana en una de sus redes la puerta del avión Air Class que se precipitó a las aguas del Río de la Plata el pasado 6 de junio de 2012.
Como la pieza fue hallada fuera de la zona de exclusión, existe la posibilidad de que este elemento se haya desprendido antes del accidente, aseguró a Canal 10 el buzo Héctor Bado que encabezó las operaciones de búsqueda.
"Esta pieza en particular yo se la había nombrado a la jueza (Mariana Mota) como una de las prioridades de búsqueda, porque hubo muchas versiones públicas de que tuviese algún problema, que se podía haber desprendido. Si esto ocurrió, eventualmente la puerta pudo haber pegado en la cola del avión", explicó Bado.
Las pericias y el análisis permitirían determinar por qué razón el avión se precipitó al mar, causando la muerte de los pilotos Walter Rigo y Martín Riva hace ocho meses.
Ahora, sin la doctora Mariana Mota, también se enlentecerá esta investigación, independientemente de la profesionalidad del magistrado que comience a actuar en la causa.
Las tres salidas de la Suprema Corte de Justicia
Por Enrique Ortega Salinas, analista.
No necesito dar explicaciones de por qué esto es un escándalo. Ya se han escrito montañas de notas sobre los motivos reales que llevaron a la SCJ a bajar de un hondazo a la jueza Mariana Mota de la órbita penal, recibiendo de inmediato las felicitaciones del Centro Militar.
Si bien constitucionalmente está eximida de justificar la sustitución, la cristalinidad, la ética y la responsabilidad de evitar la alarma pública, obligan a la SCJ a demostrar un mínimo de respeto republicano y dar explicaciones a quienes pagan sus sueldos: todos los uruguayos. No es de recibo pretender mimetizar su traslado entre otros sin mayores consecuencias.
En primer lugar sería bueno que un organismo que debe mantenerse limpio de toda sospecha aclare que la magistrada Beatriz Larrieux no tiene ninguna clase de parentesco con Jorge Larrieux, uno de los cinco ministros que consumaron el acto que está haciendo arder las redes y es motivo de brindis en Domino Arenas.
Un Ministro señaló a la prensa que Mota tiene sumarios pendientes. Si es cierto, no es ético comentarlo a los medios antes que ella sea notificada. Si no lo es, ya no estamos frente a una simple operación de enchastre, sino de un delito de difamación pública.
El casi medio centenar de expedientes referidos a violaciones de los Derechos Humanos que Mota tenía en estudio, reciben un golpe paralizante con su traslado, ya que Larrieux tendrá que comenzar recién a leer las decenas de miles de páginas antes de dar un paso. Los torturadores y violadores de la dictadura están festejando junto a sus protectores políticos. Sólo falta el golpe de gracia: que la SCJ determine la inconstitucionalidad de la Ley interpretativa de la Ley de Caducidad y sepulte para siempre nuestras esperanzas de tener un país sin criminales intocables. Si encima el Estado fuera demandado y tuviera que indemnizarlos, la indignación popular sería tan grande que las instituciones temblarían hasta los cimientos; y eso sin recordar la reciente declaración de inconstitucionalidad del Impuesto a la Concentración de Inmuebles rurales.
Estas gotas traerán tempestades, porque desde ahora la ciudadanía parece dispuesta a señalar al único poder del Estado que parecía incuestionable y tendrá su lupa puesta sobre cada resolución.
Con tal panorama, permítanme aclarar a la Suprema Corte de Justicia las tres salidas posibles a este conflicto.
1. Que los ministros se atrincheren en su palacio del Olimpo y hagan oídos sordos a los reclamos de los vulgares mortales que exigen explicaciones, atentando incluso contra la inteligencia de los mismos al decir que estos traslados son comunes.
2. Atender el reclamo de la ciudadanía y tener la grandeza de rectificar su decisión. Sería lo ideal y yo sería el primero en aplaudirlos, porque los hombres que valen algo son aquellos capaces de reflexionar y cambiar de opinión si la situación lo amerita.
3. Tener la decencia de renunciar.
Partido Comunista: Crítica por decisiones de la SCJ
No tocar
18.02.2013 21:02
El traslado de Mariana Mota de un juzgado penal con casos de delitos cometidos en dictadura a uno civil, la posible declaración de inconstitucionalidad de la ley interpretativa de la Caducidad y el fallo contra el Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales (ICIR), todas decisiones de la Suprema Corte de Justicia, fueron vistos por el senador y secretario general del Partido Comunista, Eduardo Lorier, como hechos que demuestran que "la tierra no se toca y a los criminales violadores de Derechos Humanos tampoco".
"Pienso que hay cosas que pueden verse aisladas unas de otras y no está mal. Pero a veces conviene unir hechos que parecen no relacionarse a primera vista. Entonces uno empieza a aproximarse un poco más a la realidad y, con ello, a la verdad. Por ejemplo, yo estoy haciendo el ejercicio de unir traslado de Mariana Motta con posible inconstitucionalidad de la ley interpretativa de la ley de caducidad y con la anunciada inconstitucionalidad del ICIR. Y eso me va llevando a ver cómo se mueve el poder hegemónico, cómo no se pueden tocar algunas vacas sagradas", escribió este lunes Lorier en su cuenta en Facebook.
En ese sentido, el senador oficialista afirmó que "las superestructuras jurídico-políticas actúan para defender los intereses dominantes".
A continuación, Lorier sostuvo que los presidentes Hugo Chávez (Venezuela), Rafael Correa (Ecuador) y Evo Morales (Bolivia) han hecho bien "modificando la Constitución por vía democrática".
"La vida va demostrando que no estábamos tan errados los que queríamos aquí también avanzar por ese camino mediante una Asamblea Nacional Constituyente", concluyó Lorier.
Montevideo Portal
AGRADECEMOS DAR DIFUSIÓN AL SIGUIENTE COMUNICADO
El traslado de la jueza Mariana Mota del
ámbito penal al civil fue denunciada por las organizaciones de Derechos Humanos
y el PIT-CNT como un golpe a la justicia y un paso más hacia la impunidad para
los crímenes de lesa humanidad. La jueza Mota estaba a cargo de 55 causas
contra genocidas y represores. Los representantes de los centros militares y la
derecha más reaccionaria festejaron el traslado.
La fundamentación de la Corte fue
cantinflesca: por un lado dicen que el traslado es el resultado de varias
advertencias y “tarjetas amarillas” que habrían sacado a la jueza. Por el otro, lo pretenden presentar
como un “premio”. Esto revela tanto la mala conciencia de los ministros de la
SCJ, como el hecho de que están haciendo un mandado político.
La jueza Mota también tenía a cargo la
investigación en torno al desaparecido avión de Air Class. En este caso había
chocado con el Ministro Fernández Huidobro por la negativa de este a continuar
la búsqueda. También el ministro de Defensa había desacatado una orden de la
jueza en una investigación sobre violaciones a los derechos humanos. Trasladar
a la jueza implicaría enlentecer por años todas estas causas.
Al mismo tiempo se ha informado que la SCJ
estaría por fallar a favor de la inconstitucionalidad de la ley que declara
imprescriptibles los delitos de la dictadura. Una decisión que implica enterrar
todas las investigaciones y la posibilidad de castigar a los genocidas.
El traslado de la jueza Mota no es un hecho
aislado, sino parte de un nuevo intento de poner “Punto Final” a la lucha por
el juicio y castigo a los responsables de un genocidio. La jueza Mota había
sido criticada al hacer declaraciones que denunciaban la política de derechos
humanos del gobierno, en particular el hecho de que Mujica y Fernández Huidobro
no impulsaban la investigación, el esclarecimiento y el castigo de los crímenes
de lesa humanidad. Hay que recordar que Tabaré Vázquez, Mujica y Astori fueron
contrarios a la anulación de la ley de impunidad, le dieron la espalda a la
campaña de la papeleta rosada que logró 1:105.000 votos pese al sabotaje de los
líderes del FA, e incluso presionaron a la bancada frenteamplista para vetar la
llamada “Ley Interpretativa”, cosa que hicieron a través de su títere Semproni.
No hay que olvidar tampoco las declaraciones de Mujica en cuanto a liberar a
los que llamó “viejitos”, es decir, los Goyo Álvarez, Gavazzo, y demás
criminales responsables de violaciones, secuestros, torturas y asesinatos.
La única conclusión posible es que el
gobierno de Frente Amplio, junto a los ministros de la Suprema Corte, prepara
el “Punto Final”.
La represión que llevó adelante el gobierno
en la sede judicial fue repudiada por el Partido Comunista, así como el
traslado de la jueza Mota. La pregunta que cabe es entonces qué hace el PCU en
el gabinete ministerial de un gobierno que reprime a las organizaciones de
derechos humanos y a los sindicatos que reclaman verdad y justicia.
Saludamos la pronta respuesta de las
organizaciones que convocaron a la protesta en la Corte, y llamamos a darle
continuidad a la movilización popular, única garantía para quebrar la política
de impunidad.
Que el PIT-CNT convoque a un gran paro
general y a una manifestación de masas, junto a las organizaciones de derechos
humanos, para parar el “Punto Final”. Restitución de la jueza Mota a su
anterior puesto. Que se vayan los ministros de la SCJ. Abajo el pacto de la
impunidad. Anulación definitiva de la ley de caducidad. Juicio y cárcel común a
todos los responsables de crímenes y torturas.
PARTIDO DE LOS TRABAJADORES
Para contactar al Partido de los Trabajadores
099 553 220 Rafael Fernández
Mariana Mota en la Suprema Corte de Justicia, el viernes, durante el acto de traslado. Foto: Pedro Rincón
Sigue movida
Topolansky dijo que el “mundo no se acaba” por traslado de un juez; oposición criticó al FA por convocar a la SCJ al Parlamento.El juramento de la jueza Mariana Mota como nueva magistrada del tribunal en lo civil no aplacó los ánimos de nadie y la polémica continúa. La manifestación del viernes 15 en respaldo a Mota frente a la Suprema Corte de Justicia (SCJ) terminó con una orden de desalojo. Al presidente José Mujica le pareció “feo” el episodio, pero no se expidió sobre el traslado de Mota, mientras que Lucía Topolansky planteó que “el mundo no se acaba por el traslado de un juez”. Además, dirigentes del Frente Amplio y la oposición cruzaron acusaciones respecto de la constitucionalidad de convocar a la SCJ al Parlamento para que explique los motivos de su polémica decisión.
Decenas
de militantes de organizaciones sociales y de derechos humanos
concurrieron el viernes a la puerta de la SCJ cuando la jueza asumía su
nuevo cargo. Los manifestantes ingresaron al edificio; las autoridades
de la SCJ presentaron de inmediato la denuncia y la jueza Graciela
Montaldo ordenó que se desalojara el recinto. El rechazo al accionar
policial fue unánime entre los manifestantes. El Partido Comunista
emitió un comunicado para repudiar “la provocadora y activa presencia de
fuerzas de choque en el marco de una manifestación popular pacífica y
justa”.
También hubo manifestaciones de apoyo a la SCJ: el líder del Partido Independiente, Pablo Mieres, expresó que “la reacción de un pequeño grupo de ciudadanos, varios de ellos bien conocidos y famosos”, constituye una “evidente gravedad institucional”. Según Mieres, los manifestantes ingresaron “de pesados” al edificio y, por lo tanto, resulta “natural” que la SCJ presente la denuncia.
Otros
miembros de la oposición expresaron críticas en Twitter. El senador
Jorge Larrañaga (Alianza Nacional), quien llegó a plantear cierto
descontento con el traslado de Mota, esta vez cuestionó a los
manifestantes. “La Justicia de un país no puede ser un traje a la medida
del gobierno de turno. Los episodios de ayer son injustificables. A
prepo no”, opinó. En esa línea, el senador Ope Pasquet (Vamos Uruguay)
planteó que “el día que una manifestación decida qué jueces deben
resolver qué asuntos, cambiaremos la Justicia por los tribunales
populares”.
Pero volviendo al caso de Mota, los parlamentarios de la Vertiente Artiguista Enrique Rubio y José Bayardi declararon que algunos miembros del oficialismo pretenden llamar al Parlamento a la cúpula de la SCJ para que explique las razones del traslado de la jueza.
Antes que nadie, y en declaraciones a El País, el ex presidente Luis Alberto Lacalle criticó esa idea: “La Suprema Corte es independiente y sus fallos y decisiones pueden ser susceptibles de crítica, pero no de contralor parlamentario. No sean bestias”.
Bayardi le respondió al líder nacionalista: “Tengo 25 años de legislador y me precio de ser inteligente. ¿Alguien va a pensar que la guarangada que dijo Lacalle respecto a que no se puede invitar a la Corte, porque lo que estamos haciendo es invitarlos y no convocarlos, es así?”.
Bayardi
explicó que la idea es preguntarles a los ministros de la SCJ cuáles
son los fundamentos que los llevaron a tomar una medida administrativa
de traslado de un juez y si se tuvo en cuenta la opinión del fiscal de
Corte.
El diputado blanco Javier García atribuyó ese llamado a que el Frente Amplio (FA) estaría disconforme con la postura de la SCJ de declarar inconstitucionales el Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales y la ley interpretativa de la Ley de Caducidad, aunque esto último no está confirmado. “A nadie escapa que el FA decidió embestir contra la SCJ en momentos en que declararía inconstitucional leyes que impulsó el gobierno. No hay casualidades”, especuló.
Mieres, en tanto, planteó que el senador Rubio “hace tiempo que no lee la Constitución”, y definió el llamado al Parlamento como “insólito, inédito y gravísimo”. Un poco más allá incluso llegó el senador nacionalista Sergio Abreu, quien en declaraciones a El Observador dijo que la propuesta manejada por Rubio y Bayardi refleja una “injerencia absolutamente inconstitucional. Es una violación de la Constitución y, por tanto, como violación de la Constitución, es un golpe de Estado”. La idea también fue cuestionada por el diputado Víctor Semproni, del Espacio 609 (ver recuadro).
Mientras tanto, las críticas por el traslado de la jueza siguen circulando. Una carta firmada por académicos de varios países latinoamericanos de derecho y ciencias políticas afirma que “es asombroso que eso ocurra apenas unos meses después de que el Parlamento uruguayo ratificara la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad y derogara así la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, que por más de veinte años permitió vivir en impunidad a asesinos, violadores, y torturadores”.
La misiva agrega que con esta resolución de la SCJ, y a pesar de la condena de la Corte Internacional de Derechos Humanos en el caso Gelman contra Uruguay, “nuevamente se facilita la impunidad de los criminales”. “Aun más grave, estos impedimentos han sido motivados desde la sede de Justicia, que debería tener la responsabilidad de avanzar en las causas y no entorpecerlas”, concluyen los académicos.
Por su parte, la presidenta del FA, la senadora socialista Mónica Xavier, dijo a Radio Montecarlo que si bien los ministros de la SCJ no están obligados a concurrir al Parlamento, “sería bueno” que lo hicieran “por la tranquilidad y para tener todos más elementos”, teniendo en cuenta qué tipo de casos tenía Mota bajo su responsabilidad.
Por su parte, el periodista especializado en derechos humanos Roger Rodríguez publicó en su cuenta de Facebook una nota para solicitar la renuncia de los cinco miembros de la SCJ, quienes “con su actuación no dan garantías ni a la ciudadanía ni al sistema democrático”. Por último, Rodríguez deslizó una crítica al sistema político, que en su opinión “debería dejar de jugar con la impunidad de su propio poder, porque también hace correr riesgos de credibilidad al sistema y no sólo a su partido político ante su base de votantes. Pienso que quizá sea tiempo de renovar el contrato social y discutir las reglas de un juego, sucio en cultura de impunidad, que necesariamente es en serio”.
También hubo repercusiones fuera de fronteras. En declaraciones a Página 12, la directora del área de Litigio del Centro de Estudios Legales y Sociales de Argentina, Carolina Varsky, señaló que el traslado de la jueza “es un retroceso para el proceso de verdad y justicia, no sólo para Uruguay, sino para toda la región”.
Por otra parte, el independiente Mieres criticó al canciller Luis Almagro, quien el viernes 15 en diálogo con la diaria expresó que la decisión de la SCJ implica un retroceso en las causas que la jueza manejaba, dada la formación de Mota en temas de derechos humanos. “El inefable canciller, no sabemos a santo de qué, salió a los medios a denostar la decisión del Poder Judicial [...] Como si la única jueza con sensibilidad por estos temas fuera la jueza trasladada, lo que agravia gratuitamente a todo el resto de los magistrados”, disparó.
La DiariaTambién hubo manifestaciones de apoyo a la SCJ: el líder del Partido Independiente, Pablo Mieres, expresó que “la reacción de un pequeño grupo de ciudadanos, varios de ellos bien conocidos y famosos”, constituye una “evidente gravedad institucional”. Según Mieres, los manifestantes ingresaron “de pesados” al edificio y, por lo tanto, resulta “natural” que la SCJ presente la denuncia.
Llamadas internacionales
El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, organizaciones internacionales dedicadas a la promoción y defensa de los derechos humanos, enviaron una carta a la SCJ en la que expresan su rechazo por el traslado de Mota y le piden al máximo órgano judicial que explicite los motivos de esa decisión. En un comunicado las organizaciones “expresan su profunda preocupación por el impacto que dicha acción pueda tener en la tramitación de causas por delitos de lesa humanidad”.Cruce entre barras
Hubo más repercusiones tras los hechos del viernes. El presidente José Mujica, consultado por Canal 4, manifestó apenas que le pareció “feo” y que “ojalá no hubiese pasado”. Por su parte, la senadora Lucía Topolansky (Espacio 609) expresó desde Ecuador a Montevideo Portal que “el mundo no se acaba por el traslado de un juez” y que le “preocupa mucho más la resolución de la SCJ sobre el impuesto a la tierra”, en referencia al primer fallo de inconstitucionalidad de ese gravamen, un tema que fue analizado ayer en Anchorena (ver página 3).Pero volviendo al caso de Mota, los parlamentarios de la Vertiente Artiguista Enrique Rubio y José Bayardi declararon que algunos miembros del oficialismo pretenden llamar al Parlamento a la cúpula de la SCJ para que explique las razones del traslado de la jueza.
Antes que nadie, y en declaraciones a El País, el ex presidente Luis Alberto Lacalle criticó esa idea: “La Suprema Corte es independiente y sus fallos y decisiones pueden ser susceptibles de crítica, pero no de contralor parlamentario. No sean bestias”.
Bayardi le respondió al líder nacionalista: “Tengo 25 años de legislador y me precio de ser inteligente. ¿Alguien va a pensar que la guarangada que dijo Lacalle respecto a que no se puede invitar a la Corte, porque lo que estamos haciendo es invitarlos y no convocarlos, es así?”.
Víctor y los disparates
Al diputado Víctor Semproni (Congreso Frenteamplista, Espacio 609) no le cayó bien la idea manejada por algunos parlamentarios del FA, entre ellos Enrique Rubio y José Bayardi, de invitar a los miembros de la SCJ para que expliquen el porqué del traslado de la jueza Mariana Mota de una sede penal a una civil. “De ser cierto lo que se informa se estaría ante un grave error y un verdadero disparate”, advirtió el diputado en diálogo con la diaria. Semproni cree que “se trataría de una intromisión” de un poder del Estado en asuntos de otro, que perjudica, en resumidas cuentas, la independencia de poderes. Consultado específicamente por el traslado de la jueza, prefirió no dar su opinión.El diputado blanco Javier García atribuyó ese llamado a que el Frente Amplio (FA) estaría disconforme con la postura de la SCJ de declarar inconstitucionales el Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales y la ley interpretativa de la Ley de Caducidad, aunque esto último no está confirmado. “A nadie escapa que el FA decidió embestir contra la SCJ en momentos en que declararía inconstitucional leyes que impulsó el gobierno. No hay casualidades”, especuló.
Mieres, en tanto, planteó que el senador Rubio “hace tiempo que no lee la Constitución”, y definió el llamado al Parlamento como “insólito, inédito y gravísimo”. Un poco más allá incluso llegó el senador nacionalista Sergio Abreu, quien en declaraciones a El Observador dijo que la propuesta manejada por Rubio y Bayardi refleja una “injerencia absolutamente inconstitucional. Es una violación de la Constitución y, por tanto, como violación de la Constitución, es un golpe de Estado”. La idea también fue cuestionada por el diputado Víctor Semproni, del Espacio 609 (ver recuadro).
Mientras tanto, las críticas por el traslado de la jueza siguen circulando. Una carta firmada por académicos de varios países latinoamericanos de derecho y ciencias políticas afirma que “es asombroso que eso ocurra apenas unos meses después de que el Parlamento uruguayo ratificara la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad y derogara así la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, que por más de veinte años permitió vivir en impunidad a asesinos, violadores, y torturadores”.
La misiva agrega que con esta resolución de la SCJ, y a pesar de la condena de la Corte Internacional de Derechos Humanos en el caso Gelman contra Uruguay, “nuevamente se facilita la impunidad de los criminales”. “Aun más grave, estos impedimentos han sido motivados desde la sede de Justicia, que debería tener la responsabilidad de avanzar en las causas y no entorpecerlas”, concluyen los académicos.
Por su parte, la presidenta del FA, la senadora socialista Mónica Xavier, dijo a Radio Montecarlo que si bien los ministros de la SCJ no están obligados a concurrir al Parlamento, “sería bueno” que lo hicieran “por la tranquilidad y para tener todos más elementos”, teniendo en cuenta qué tipo de casos tenía Mota bajo su responsabilidad.
Por su parte, el periodista especializado en derechos humanos Roger Rodríguez publicó en su cuenta de Facebook una nota para solicitar la renuncia de los cinco miembros de la SCJ, quienes “con su actuación no dan garantías ni a la ciudadanía ni al sistema democrático”. Por último, Rodríguez deslizó una crítica al sistema político, que en su opinión “debería dejar de jugar con la impunidad de su propio poder, porque también hace correr riesgos de credibilidad al sistema y no sólo a su partido político ante su base de votantes. Pienso que quizá sea tiempo de renovar el contrato social y discutir las reglas de un juego, sucio en cultura de impunidad, que necesariamente es en serio”.
También hubo repercusiones fuera de fronteras. En declaraciones a Página 12, la directora del área de Litigio del Centro de Estudios Legales y Sociales de Argentina, Carolina Varsky, señaló que el traslado de la jueza “es un retroceso para el proceso de verdad y justicia, no sólo para Uruguay, sino para toda la región”.
Por otra parte, el independiente Mieres criticó al canciller Luis Almagro, quien el viernes 15 en diálogo con la diaria expresó que la decisión de la SCJ implica un retroceso en las causas que la jueza manejaba, dada la formación de Mota en temas de derechos humanos. “El inefable canciller, no sabemos a santo de qué, salió a los medios a denostar la decisión del Poder Judicial [...] Como si la única jueza con sensibilidad por estos temas fuera la jueza trasladada, lo que agravia gratuitamente a todo el resto de los magistrados”, disparó.
Último Momento | POLÉMICA
FA pide explicaciones por traslado de la jueza Mariana Mota
En ese sentido, el secretariado reclamó "la máxima transparencia" por parte de las autoridades para que la población conozca los fundamentos de los actos administrativos "que dicten para cumplir con su función y asegurar la mejor prestación del servicio a su cargo".
También se expresa "confianza" en los magistrados uruguayos "que dentro de la Constitución y la ley y con absoluta independencia, han venido investigando y juzgando los gravísimos delitos cometidos durante la dictadura en aplicación del terrorismo de Estado".
Por último se emitió un "enérgico rechazo" a las declaraciones de la oposición "que pretenden poner en duda la adhesión de nuestra fuerza política a las instituciones democráticas y a la Constitución de la República (…) Resulta de una hipocresía lamentable que pretendan presentarse como defensores de la independencia judicial aquellos sectores que aún hoy justifican y defienden la inmoral Ley de Caducidad", finaliza el comunicado.
El País Digital
Mundo - TRASLADO MARIANA MOTA
FA reclama a Suprema Corte "máxima transparencia"
"Resulta de una hipocresía lamentable que pretendan presentarse como defensores de la independencia judicial aquellos sectores que aún hoy justifican y defienden la inmoral Ley de Caducidad”, dice el texto
+ - 18.02.2013, 16:32 hs
- ACTUALIZADO 16:48
Texto:El Observador
Reclama máxima transparencia en lo sucedido, solicita que se expliquen los motivos del traslado, expresa confianza en la Justicia, rechaza lo dicho por la oposición que la posición del partido es contraria a las instituciones democráticas y a la Constitución de la República.
Finaliza diciendo que el “pueblo conoce bien quiénes pagaron el más alto precio, con sacrificio de su vida y su libertad, para defender y recuperar la democracia en este país. Resulta de una hipocresía lamentable que pretendan presentarse como defensores de la independencia judicial aquellos sectores que aún hoy justifican y defienden la inmoral Ley de Caducidad”.
Lea el comunicado entero abajo.
En su sesión de hoy, el Secretariado del FA ha analizado los hechos relacionados con el traslado de la Dra. Mariana Mota a un Juzgado de lo Civil y considera necesario formular la siguiente Declaración:
1º) Reclamamos la máxima transparencia. En un estado de derecho, todas las autoridades públicas deben actuar con la máxima transparencia, permitiendo a la ciudadanía conocer los fundamentos de los actos administrativos que dicten para cumplir con su función y asegurar la mejor prestación del servicio a su cargo. Por ello, nunca puede entenderse que los reclamos de transparencia puedan afectar la independencia o la posición institucional de un órgano del Estado.
2º) Solicitamos que se expliquen los motivos del traslado. Teniendo en cuenta las dudas que hoy existen en la opinión pública, explicitar las razones de servicio en que debería haberse fundado la decisión administrativa de trasladar a la Dra. Mota, contribuiría a descartar toda interpretación que atribuya su traslado a presiones políticas o a razones de otro orden, lesivas para la independencia de los magistrados.
3º) Expresamos nuestra confianza. El Secretariado expresa su confianza en los magistrados uruguayos, que dentro de la Constitución y la ley y con absoluta independencia, han venido investigando y juzgando los gravísimos delitos cometidos durante la dictadura en aplicación del terrorismo de estado.
4º) Rechazamos enérgicamente las declaraciones provenientes de los sectores políticos de oposición que pretenden poner en duda la adhesión de nuestra fuerza política a las instituciones democráticas y a la Constitución de la República.
Nuestro pueblo conoce bien quiénes pagaron el más alto precio, con sacrificio de su vida y su libertad, para defender y recuperar la democracia en este país.
Resulta de una hipocresía lamentable que pretendan presentarse como defensores de la independencia judicial aquellos sectores que aún hoy justifican y defienden la inmoral Ley de Caducidad, declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia y considerada nula por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ley que esos sectores votaron sometiéndose a la más desembozada presión militar.
Nacional - CASO JUEZA MOTA
Xavier rechazó las críticas sobre la convocatoria de la Suprema Corte de Justicia
La legisladora afirmó que la decisión de citar a la Suprema Corte de Justicia no es una “decisión orgánica” del Frente Amplio, pero qué si refleja una “preocupación legítima”
+ - 17.02.2013, 08:55 hs
- ACTUALIZADO 09:08
Texto: El Observador
La legisladora afirmo que la decisión de citar a la Suprema Corte no es una decisión orgánica del Frente Amplio pero qué si refleja una “preocupación legítima”.
“No es un tema que se haya discutido en un ámbito orgánico pero creo que refleja una preocupación legítima en el sentido en el que todos reconocemos la competencia de la Suprema Corte como poder independiente para realizar las decisiones administrativas que considere pertinente. En este caso, la sensibilidad que despierta el estado de la jueza Mota, dado la importancia de los casos que tenía, muchos de ellos después de una larga espera para que comenzaran a investigarse, creo que genera una legítima interés (sic)”, comunicó Xavier en declaraciones a Radio Montecarlo.
En referencia a la visión de los sectores de la oposición sobre la "presión" que pueda ejercer en la Justicia, la legisladora rechazó tal opinión, e indicó que “Los compañeros han sido muy claros cuando plantearon la necesidad de comprender que esto es una invitación, que no tenemos la misma posibilidad que con el Poder Ejecutivo.”
“No están obligados a venir pero sería bueno por la tranquilidad y por tener todos más elementos para que esta convocatoria prosperara, en los términos que está planteado: desde le respeto de la independencia de Poder de otro Poder del Estado pero por la lógica que ocupa creo que puede despertar estos movimientos de los casos que tenía labor la jueza Mota”, agregó.
Abreu: convocar a SCJ al Parlamento sería "un golpe de Estado"
El senador nacionalista aseguró que se trataría de "una injerencia absolutamente inconstitucional"
+ - 17.02.2013, 17:50 hs
- ACTUALIZADO 17:54
Texto:El Observador
"Es una injerencia absolutamente inconstitucional. Es una violación de la Constitución, y por tanto, como violación de la Constitución, es un golpe de Estado", expresó a El Observador.
El senador frenteamplista Enrique Rubio dijo el pasado viernes que convocará a la SCJ al Parlamento para que explique los motivos concretos del traslado de Mota. Rubio aseguró que no hay "ningún impedimento jurídico" para hacerlo.
"Con ese criterio, vamos a estar todos los días incidiendo o presionando a la SCJ para decirle: 'no me gusta que saquen a fulano o pongan a mengano'. Es una alteración del equilibrio institucional de la separación de poderes y una ruptura institucional", dijo Abreu, tras reiterar que la SCJ no tiene "ningún tipo de rendición de cuentas" sobre el Poder Legislativo.
"Miran las cosas de acuerdo al gusto o disgusto que les provoca una sentencia de la SCJ, o determinadas decisiones", dijo.
En cuanto a los motivos, Abreu aseguró que el oficialismo tiene "una confusión intencional entre los derechos humanos y los izquierdos humanos"
"Los derechos humanos son para todos, pero resulta que les preocupa que, en este caso, son los izquierdos humanos, que son muy respetables pero no se puede flechar la cancha", sentenció.
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Foto y contrafoto de los cana
La Policía aportó videos a la jueza que indaga incidentes del viernes .
VALERIA GIL / PABLO MELENDREZ
El Frente Amplio mantiene su decisión de convocar a la Suprema Corte de Justicia para que explique el traslado de la jueza Mariana Mota. En la Corte, al menos dos de los cinco ministros están en contra de aceptar la convocatoria del FA.
El planteo del oficialismo para que los ministros de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) expliquen el traslado de Mota desatará un duro cruce político entre los legisladores del Frente Amplio y los representantes de la oposición, que entienden que no corresponde la convocatoria.
El diputado José Bayardi (Vertiente Artiguista) le planteó el viernes el tema al presidente de la Comisión de Constitución, Pablo Iturralde (Alianza Nacional), quien se comprometió a comunicar la citación a la Corte, dijo el frenteamplista a El País.
La jueza Mota, quien estaba al frente del juzgado penal de 7° turno desde marzo de 2009, fue trasladada a la sede civil de 1° turno.
El viernes, la jueza prestó el tradicional juramento previo a asumir en su nuevo cargo, pero la ceremonia tuvo que postergarse durante más de dos horas debido a la ocupación e incidentes que se registraron en la sede de la SCJ.
Si bien Bayardi tramitó la citación a la Corporación, inicialmente la iniciativa fue lanzada por el senador Enrique Rubio, líder de la Vertiente Artiguista.
En forma inmediata, los líderes de la oposición (Luis Alberto Lacalle, Jorge Larrañaga, Pedro Bordaberry y Pablo Mieres) cuestionaron duramente la iniciativa al entender que no corresponde que la SCJ explique una decisión administrativa ante el Parlamento.
A nivel de la SCJ la posición se encamina a no aceptar la citación del Frente Amplio. Dos de los cinco ministros de la Corte consultados por El País, adelantaron que la citación no corresponde.
GUARANGADA.
"Tengo 25 años de legislador y me precio de ser inteligente ¿Alguien va a pensar que la guarangada que dijo Lacalle respecto a que no se puede invitar a la Corte, porque lo que estamos haciendo es invitarlos y no convocarlos, es así?", sostuvo Bayardi.
Lacalle pidió a los legisladores del Frente Amplio que "no sean bestias" ya que no se puede convocar a la SCJ por un tema de esta naturaleza.
Bayardi sostuvo que la citación está amparada en el artículo 118 e la Constitución. "Lo que no podemos -y es obvio que no podemos- y en el pedido que hago para invitar a la Corte lo digo: es que esto es independiente de las facultades que le otorga la Constitución a la Corte en el artículo 239 (numeral segundo) de ejercer la superintendencia del Poder Judicial", explicó el diputado.
"En este caso lo que quiero intercambiar con los ministros son los fundamentos que llevaron a tomar una medida administrativa de traslado de un juez", agregó.
El legislador indicó que la Constitución (en su artículo 246) establece la "inamovilidad" de los magistrados. "Lo que quiero saber es si se oyó al fiscal de Corte y cuáles son las razones de `buen servicio` por las que justifica el traslado", remarcó Bayardi.
"Esto el doctor Lacalle lo tiene que saber y los otros legisladores que opinaron también. Pero el doctor Lacalle, por ser abogado, haber sido diputado, senador y expresidente es mucho más imperdonable que no lo sepa", criticó el diputado.
Un ministro de la SCJ consultado el viernes por El País, mostró sus dudas sobre la legalidad de la convocatoria. Otro magistrado dijo ayer a El País considera que la citación "no corresponde", pero que será la Corte la que decidirá.
Los ministros de la SCJ tienen previsto tratar el tema mañana lunes.
INVESTIGACIÓN.
Por otro lado, la jueza penal Gabriela Merialdo y el fiscal Gustavo Zubía comenzaron la instrucción en torno a la ocupación de la sede de la SCJ del viernes. Ayer tomaron declaraciones a los policías que actuaron en el operativo de seguridad. La Policía aportó videos y fotografías de los incidentes, en las cuales se basará la investigación.
Oposición
“La
Corte no puede ser controlada por otro poder del Estado”, dijo el ex
presidente blanco. “Estamos en desacuerdos y nos parece que ese no es el
camino”, agregó en referencia a la afirmación de los legisladores de la
Vertiente Artiguista –el senador Enrique Rubio y el diputado Víctor
Semproni- que “invitarán” la Suprema Corte de Justicia al Parlamento
para que expliquen los motivos por los que la magistrada fue trasladada.
La jueza Mota tenía a su cargo unos cincuenta casos de violaciones a los Derechos Humanos cometidos por militares, durante la pasada dictadura, además del caso del avión de First Class, misteriosamente desaparecido en aguas del Río de la Plata.
-Herreristas quieren se respete “la jerarquía y el orden”
Para el actual líder de la Unidad Nacionalista y exponente de los herreristas, “las decisiones de la Corte son sentencias o decisiones administrativas, susceptibles de crítica, como lo son las leyes del Parlamento y los decretos del Poder Ejecutivo”. Sin embargo Lacalle enfatizó que “cuando hablamos de manifestar es respetando la jerarquía y el orden. Así que si hubo ocupaciones y actos de violencia estamos totalmente en desacuerdo”. En declaraciones a radio Montecarlo, el legislador blanco agregó que “estamos ante un desvarío institucional: la Corte no puede ser controlada por otro poder del Estado como es el Legislativo”.
Cabe recordar que el líder del grupo Alianza Nacional, Jorge Larrañaga, afirmó que pedirá explicaciones a la Corte por el traslado de Mota “preservando el principio de separación de poderes”.
Herrerismo: pedir explicaciones por la jueza Mota es “desvarío institucional” del Frente Amplio
El senador nacionalista Luis Alberto Lacalle calificó de “situación grave” y consideró que se trata de un “desvarío institucional” la idea de legisladores frenteamplistas de convocar a ministros de la Suprema Corte de Justicia por el traslado de la jueza Mariana Mota del la Justicia Penal a la Civil.
Domingo 17 de febrero de 2013 | 12:39 La República
“La
Corte no puede ser controlada por otro poder del Estado”, dijo el ex
presidente blanco. “Estamos en desacuerdos y nos parece que ese no es el
camino”, agregó en referencia a la afirmación de los legisladores de la
Vertiente Artiguista –el senador Enrique Rubio y el diputado Víctor
Semproni- que “invitarán” la Suprema Corte de Justicia al Parlamento
para que expliquen los motivos por los que la magistrada fue trasladada.La jueza Mota tenía a su cargo unos cincuenta casos de violaciones a los Derechos Humanos cometidos por militares, durante la pasada dictadura, además del caso del avión de First Class, misteriosamente desaparecido en aguas del Río de la Plata.
-Herreristas quieren se respete “la jerarquía y el orden”
Para el actual líder de la Unidad Nacionalista y exponente de los herreristas, “las decisiones de la Corte son sentencias o decisiones administrativas, susceptibles de crítica, como lo son las leyes del Parlamento y los decretos del Poder Ejecutivo”. Sin embargo Lacalle enfatizó que “cuando hablamos de manifestar es respetando la jerarquía y el orden. Así que si hubo ocupaciones y actos de violencia estamos totalmente en desacuerdo”. En declaraciones a radio Montecarlo, el legislador blanco agregó que “estamos ante un desvarío institucional: la Corte no puede ser controlada por otro poder del Estado como es el Legislativo”.
Cabe recordar que el líder del grupo Alianza Nacional, Jorge Larrañaga, afirmó que pedirá explicaciones a la Corte por el traslado de Mota “preservando el principio de separación de poderes”.
Llamado a la SCJ: "golpe de Estado parlamentario"
Gobierno. Busca quitar presión mientras oposición fustiga
Al tiempo que desde el gobierno se busca quitar presión al llamado al
Parlamento a la Suprema Corte de Justicia (SCJ) por el traslado de la
jueza Mota, desde la oposición califican la convocatoria como un "golpe
de Estado parlamentario".
La presidenta del Frente Amplio, Mónica Xavier, salió ayer a aclarar que la citación al Parlamento de la SCJ por el traslado de la jueza Mariana Mota de la órbita penal a la civil no es una decisión partidaria aunque aclaró que la posición del senador convocante, Enrique Rubio, refleja una "preocupación".
"No es un tema que se haya discutido en un ámbito orgánico pero creo que refleja una preocupación legítima en el sentido en el que todos reconocemos la competencia de la SCJ como poder independiente para realizar las decisiones administrativas que considere pertinente", dijo ayer Xavier a radio Monte Carlo.
Aseguró que "la sensibilidad que despierta el estado de la jueza Mota, dado la importancia de los casos que tenía, muchos de ellos después de una larga espera para que comenzaran a investigarse, creo que genera una legítimo interés", mencionó Xavier.
Mota concentraba más de 50 casos de violaciones a los derechos humanos
durante la dictadura, por lo que su traslado fue duramente cuestionado
por organizaciones sociales y sectores de izquierda. El viernes, la
jueza prestó el tradicional juramento previo a asumir en su nuevo cargo,
pero la ceremonia tuvo que postergarse durante más de dos horas debido a
la ocupación e incidentes que se registraron en la sede de la SCJ.
En tanto, ayer minutos antes de comenzar la reunión con los intendentes, el presidente José Mujica se refirió a la asonada contra la SCJ del viernes pasado en que 300 personas intentaron evitar que la jueza Mota jurase el cargo al que fue trasladada.
"Fue feo, muy feo. Ojalá que no hubiera pasado", aseveró Mujica quien no aceptó extenderse sobre el asunto.
Por su parte, la primera senadora del Frente Amplio y primera dama, Lucía Topolansky, opinó que "el mundo no se acaba por el traslado de un juez", según consignó ayer Montevideo Portal.
"Me preocupa mucho más la resolución de la SCJ sobre el impuesto a la tierra porque en eso lleva las posibilidades de tener trabajo y caminería rural a mucha gente", dijo.
La senadora del MPP opinó que quienes ocuparon la SCJ "se olvidan de que en el Uruguay los poderes son independientes". Además, dijo que "yo no le puedo decir a la SCJ, como Poder Legislativo, dónde colocar a la jueza Mota, le puedo preguntar por qué la trasladaron". "Le puedo preguntar al Ejecutivo y al Judicial y el Judicial me puede preguntar cosas a mí, pero no le puedo dar una orden", afirmó.
GOLPE.
Desde la oposición las críticas no se hicieron esperar. "Con la convocatoria a la Suprema Corte de Justicia (SCJ) al Parlamento el Frente Amplio está dando un golpe de Estado Parlamentario", dijo ayer a El País el senador nacionalista Sergio Abreu.
El legislador consignó que "no está previsto que la SCJ ofrezca explicaciones al Parlamento sobre los traslados de los jueces", subrayó Abreu.
JUECES.
La directiva de la Asociación de Magistrados analizará en esta jornada el traslado de la jueza Mariana Mota según informó a El País el titular de la gremial, Rolando Vomero.
"La Corte tiene entre sus facultades el traslado y ascenso de los jueces", dijo Vomero, y aclaró que Mota no pidió apoyo a la gremial. Agregó que no le "gustó" la movilización del viernes en la sede de la SCJ.
Por otro lado, la jueza penal Gabriela Merialdo y el fiscal Gustavo Zubía comenzaron la instrucción en torno a la ocupación de la sede de la SCJ del viernes. Ya tomaron declaraciones a los policías que actuaron en el operativo de seguridad de los que obtuvieron material probatorio como fotografías y videos de los incidentes.
Mujica: "Feo, muy feo, ojalá que no hubiera pasado", aseveró ayer el primer mandatario.
Aseguró que la Constitución establece en el artículo 118, que los legisladores tienen derecho a realizar pedidos de informes a los "ministros de Estado, a la Suprema Corte de Justicia...", y que "los datos e informes que estime necesarios para llenar su cometido. El pedido se hará por escrito y por intermedio de la Cámara respectiva".
Borsari señaló que "es claro, pues, que el artículo 118 invocado por un señor legislador va por otro lado, bien distinto a una convocatoria". Por otro lado, el diputado destacó que el artículo 239 de la Constitución establece la superintendencia que debe ejercer la SCJ sobre los Juzgados y los Tribunales y que el 240 deja en "claro lo que respecta a las relaciones entre los dos poderes del Estado". Allí se establece que el presidente de la SCJ está facultado para concurrir a las comisiones parlamentarias cuando traten de asuntos que interesen a la administración de Justicia o promover reformas en los códigos.
La presidenta del Frente Amplio, Mónica Xavier, salió ayer a aclarar que la citación al Parlamento de la SCJ por el traslado de la jueza Mariana Mota de la órbita penal a la civil no es una decisión partidaria aunque aclaró que la posición del senador convocante, Enrique Rubio, refleja una "preocupación".
"No es un tema que se haya discutido en un ámbito orgánico pero creo que refleja una preocupación legítima en el sentido en el que todos reconocemos la competencia de la SCJ como poder independiente para realizar las decisiones administrativas que considere pertinente", dijo ayer Xavier a radio Monte Carlo.
Aseguró que "la sensibilidad que despierta el estado de la jueza Mota, dado la importancia de los casos que tenía, muchos de ellos después de una larga espera para que comenzaran a investigarse, creo que genera una legítimo interés", mencionó Xavier.
En tanto, ayer minutos antes de comenzar la reunión con los intendentes, el presidente José Mujica se refirió a la asonada contra la SCJ del viernes pasado en que 300 personas intentaron evitar que la jueza Mota jurase el cargo al que fue trasladada.
"Fue feo, muy feo. Ojalá que no hubiera pasado", aseveró Mujica quien no aceptó extenderse sobre el asunto.
Por su parte, la primera senadora del Frente Amplio y primera dama, Lucía Topolansky, opinó que "el mundo no se acaba por el traslado de un juez", según consignó ayer Montevideo Portal.
"Me preocupa mucho más la resolución de la SCJ sobre el impuesto a la tierra porque en eso lleva las posibilidades de tener trabajo y caminería rural a mucha gente", dijo.
La senadora del MPP opinó que quienes ocuparon la SCJ "se olvidan de que en el Uruguay los poderes son independientes". Además, dijo que "yo no le puedo decir a la SCJ, como Poder Legislativo, dónde colocar a la jueza Mota, le puedo preguntar por qué la trasladaron". "Le puedo preguntar al Ejecutivo y al Judicial y el Judicial me puede preguntar cosas a mí, pero no le puedo dar una orden", afirmó.
GOLPE.
Desde la oposición las críticas no se hicieron esperar. "Con la convocatoria a la Suprema Corte de Justicia (SCJ) al Parlamento el Frente Amplio está dando un golpe de Estado Parlamentario", dijo ayer a El País el senador nacionalista Sergio Abreu.
El legislador consignó que "no está previsto que la SCJ ofrezca explicaciones al Parlamento sobre los traslados de los jueces", subrayó Abreu.
JUECES.
La directiva de la Asociación de Magistrados analizará en esta jornada el traslado de la jueza Mariana Mota según informó a El País el titular de la gremial, Rolando Vomero.
"La Corte tiene entre sus facultades el traslado y ascenso de los jueces", dijo Vomero, y aclaró que Mota no pidió apoyo a la gremial. Agregó que no le "gustó" la movilización del viernes en la sede de la SCJ.
Por otro lado, la jueza penal Gabriela Merialdo y el fiscal Gustavo Zubía comenzaron la instrucción en torno a la ocupación de la sede de la SCJ del viernes. Ya tomaron declaraciones a los policías que actuaron en el operativo de seguridad de los que obtuvieron material probatorio como fotografías y videos de los incidentes.
Mujica: "Feo, muy feo, ojalá que no hubiera pasado", aseveró ayer el primer mandatario.
"Constitución no admite llamado"
n El diputado nacionalista Gustavo Borsari afirmó ayer a El País que realizó un estudio sobre la convocatoria a la Suprema Corte de Justicia (SCJ) para analizar el traslado de la jueza Mariana Mota. "No hay palabra alguna en el texto de la Constitución que admita que un parlamentario pueda convocar a la Suprema Corte de Justicia", dijo Borsari.Aseguró que la Constitución establece en el artículo 118, que los legisladores tienen derecho a realizar pedidos de informes a los "ministros de Estado, a la Suprema Corte de Justicia...", y que "los datos e informes que estime necesarios para llenar su cometido. El pedido se hará por escrito y por intermedio de la Cámara respectiva".
Borsari señaló que "es claro, pues, que el artículo 118 invocado por un señor legislador va por otro lado, bien distinto a una convocatoria". Por otro lado, el diputado destacó que el artículo 239 de la Constitución establece la superintendencia que debe ejercer la SCJ sobre los Juzgados y los Tribunales y que el 240 deja en "claro lo que respecta a las relaciones entre los dos poderes del Estado". Allí se establece que el presidente de la SCJ está facultado para concurrir a las comisiones parlamentarias cuando traten de asuntos que interesen a la administración de Justicia o promover reformas en los códigos.
El País Digital
Último Momento
Denunciarán a la Corte ante tribunal internacional si declara nula la ley interpretativa de la Caducidad
El Partido por la Victoria del Pueblo denunciará a la Suprema Corte de
Justicia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en caso de que
declaren inconstitucional la ley interpretativa de la caducidad, dijo a
EL PAÍS digital el diputado Luis Puig.
El representante aclaró que esto "no compromete la posición del Frente Amplio" que analizará el tema en la mesa política el viernes.
"Si la Suprema Corte generara el extremo de plantear la inconstitucionalidad de la ley de imprescriptibilidad de los crímenes nosotros vamos a denunciar el hecho ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque ésta mandata a los tres poderes del Estado a que no se puede aplicar ni la imprescriptibilidad de los crímenes ni la irretroactividad de la ley ni el no juzgar dos veces por el mismo delito ni ningún tipo de obstáculo que siga consagrando la impunidad", dijo Puig. En este sentido, declarar inconstitucional la ley interpretativa de caducidad para "el PVP sería un incumplimiento absoluto de las disposiciones de la Corte".
El representante aclaró que esto "no compromete la posición del Frente Amplio" que analizará el tema en la mesa política el viernes.
"Si la Suprema Corte generara el extremo de plantear la inconstitucionalidad de la ley de imprescriptibilidad de los crímenes nosotros vamos a denunciar el hecho ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque ésta mandata a los tres poderes del Estado a que no se puede aplicar ni la imprescriptibilidad de los crímenes ni la irretroactividad de la ley ni el no juzgar dos veces por el mismo delito ni ningún tipo de obstáculo que siga consagrando la impunidad", dijo Puig. En este sentido, declarar inconstitucional la ley interpretativa de caducidad para "el PVP sería un incumplimiento absoluto de las disposiciones de la Corte".
El País Digital
Suprema Corte de Justicia fallará en contra de la Ley interpretativa de la caducidad que permite seguir investigando los crímenes de militares y civiles de la dictadura
La Ley interpretativa de la Caducidad –ley 18.831- podría tener sus días contados de confirmarse la versión del matutino El Observador, según la cual en la Suprema Corte de Justicia hay opinión en mayoría para que se falle en contra de la constitucionalidad de la norma.
Sábado 16 de febrero de 2013 | 18:43 La República
La ley ha permitido seguir investigando y procesando a los participantes de actos contra los Derechos Humanos, durante la dictadura cívico-militar, los que habrían prescripto de otro modo en noviembre de 2011.
Los ministros estarían divididos entre los que consideran la ley inconstitucional y los que la califican de inaplicable: en cualquiera de los casos la posición es contraria a que se pueda seguir investigando y procesando a quienes cometieron delitos de lesa humanidad que para la Corte uruguaya son delitos comunes.
Las posturas de los ministros de la Corte
Según una de las bibliotecas en pugna para derogar la ley, el decreto del Poder Ejecutivo de 2011, que retiró todos los casos de Derechos Humanos del marco de la Ley de Caducidad, hace perder sentido a la ley interpretativa.En la otra biblioteca se recuerda que hay una ratificación de mayo de 2011, para la prescripción de los delitos en tanto se los considera “comunes” y no de lesa humanidad.
Tres de los ministros, según la misma versión, respaldan además la postura que la ley penal no puede aplicarse retroactivamente por lo que se violan disposiciones constitucionales.
La decisión enfrentaría a Uruguay con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha establecido la necesidad de remover todo lo que obstruya el cumplimiento de las leyes esenciales y habilite la impunidad de civiles o militares.
Nacional - DECLARACIÓN
Colorados calificaron de “asonada” manifestación en apoyo de Mota
En un comunicado aseguran que citar a sus miembros al Parlamento "constituye una forma de presión política sobre el Poder Judicial"
+ - 18.02.2013, 16:49 hs
- ACTUALIZADO 16:51
Texto:El Observador
"Disponer el traslado de los jueces por razones de servicio, es competencia constitucional de la Suprema Corte de Justicia. Nunca antes el ejercicio de esa competencia había sido públicamente cuestionado por sectores políticos", dice el comunicado.
Además, asegura que el propósito anunciado por legisladores del Frente Amplio de citar a la SCJ al Parlamento "carece de sustento constitucional, lesiona el principio republicano de separación de poderes y constituye una forma de presión política sobre el Poder Judicial".
El senador frenteamplista Enrique Rubio dijo el pasado viernes que convocará a la SCJ al Parlamento para que explique los motivos concretos del traslado de Mota. Rubio aseguró que no hay "ningún impedimento jurídico" para hacerlo.
En cambio, el senador nacionalista Sergio Abreu opinó que ello representaría "un golpe de Estado parlamentario" y una injerencia inconstitucional.
"Por encima de coincidencias o discrepancias con medidas administrativas o actos jurisdiccionales determinados, el Partido Colorado manifiesta su rechazo a cualquier tipo de presión sobre la Suprema Corte de Justicia y exige al Frente Amplio que respete la independencia del Poder Judicial, pilar fundamental del Estado de Derecho", culmina el texto.
De: UTAA BELLAUNION
Fecha: 18 de febrero de 2013 18:03
Asunto: COMISION DE TIERRAS U.T.A.A., BELLA UNIÓN.
La comisión de tierras de U.T.A.A. asentada en Bella Unión, solicita a organizaciones sindicales, sociales, etc. apoyo económico, de víveres, u otros, con fin de financiar una movilización para la lucha de los trabajadores por el acceso a la tierra y la problemática de los asalariados rurales del Uruguay, a realizar los días 25, 26, 27 de febrero en la ciudad de Montevideo, serán bienvenidos todos los compañeros que se presenten y enriquezcan la manifestación.
Nº CUENTA B.R.O.U. 3/6779-6
Presidente del Sindicato U.T.A.A. Sr. Jorge Rodas, Nº contacto: 099280326
Se agradece desde ya por la colaboración, compañeros de U.T.A.A.
El ICIR la Suprema Corte de ¿Justicia? y un poco de historia
UN
GOBIERNO INCALIFICABLE
Imposición a la tierra y …
(al querido compañero Carlos Rezzano, alias El Potrillo, in memoriam)
18 de febrero de 2013
Los medios de difusión informan estos días que es segura la declaración como inconstitucional por parte de la Suprema Corte de Justicia; del ICIR (Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales). Se impone hacer un poquito de historia…
A fines del año 1967 el entonces Presidente Jorge Pacheco Areco promulgaba la rendición de cuentas de ese año.
En la misma se creaba el Impuesto a la Producción Mínima Exigible que gravaba con tasas progresivas, de acuerdo al valor monetario de la producción presunta, los predios agropecuarios. (1)
Véase: Impuesto a la “producción mínima exigible”. No a la “propiedad de la tierra”. No a la “concentración de la tierra”.
El artículo 297, parte del capítulo X de la Constitución de la República dice:
“Serán fuentes de recursos de los
Gobiernos Departamentales, decretados y administrados por éstos:
1°) Los impuestos sobre la propiedad inmueble, urbana y suburbana, situada dentro de los límites de su jurisdicción, con excepción, en todos los casos, de los adicionales nacionales establecidos o que se establecieren. Los impuestos sobre la propiedad inmueble rural serán fijados por el Poder Legislativo, pero su recaudación y la totalidad de su producido, excepto el de los adicionales establecidos o que se establecieren, corresponderá a los Gobiernos Departamentales respectivos. La cuantía de los impuestos adicionales nacionales, no podrán superar el monto de los impuestos con destino departamental…”
1°) Los impuestos sobre la propiedad inmueble, urbana y suburbana, situada dentro de los límites de su jurisdicción, con excepción, en todos los casos, de los adicionales nacionales establecidos o que se establecieren. Los impuestos sobre la propiedad inmueble rural serán fijados por el Poder Legislativo, pero su recaudación y la totalidad de su producido, excepto el de los adicionales establecidos o que se establecieren, corresponderá a los Gobiernos Departamentales respectivos. La cuantía de los impuestos adicionales nacionales, no podrán superar el monto de los impuestos con destino departamental…”
Más claro echarle agua: la Constitución
limita severamente las posibilidades de gravar “la propiedad inmueble rural”.
Los terratenientes de este país siempre tuvieron mucho poder. Y se previnieron
en la mismísima Constitución de posibles intenciones fiscalistas de algún
gobierno nacional sobre sus
propiedades.
El Gobierno de Pacheco
(recordemos, acababa de asumir después de la muerte del General Oscar Gestido)
promulga así una ley que había sido creada antes, bajo los auspicios del trabajo
de la Comisión de Investigación y Desarrollo (CIDE) mientras el contador Luis
Faroppa era Director de la Oficina de Planeamiento y
Presupuesto.
Ni se nos pasa por la cabeza imaginar que
Pacheco estaba al tanto del contenido de la ley que estaba firmando. Sus
preocupaciones del momento eran obviamente comprimir al máximo los salarios y
reprimir sin asco al creciente movimiento sindical y popular. Se comenzaban a
sentir en el país aires pre-dictatoriales. Contradicciones de la historia; un
Presidente que integra en la memoria histórica lo peor del uso de la violencia
en defensa del interés oligárquico firma una ley consagrando un impuesto
profundamente prorgesista.
Parece que además de estudiar
profundamente los temas vinculados a la entonces (al igual que ahora),
estancada producción agropecuaria*, los autores de este impuesto se habían
tomado el trabajo de estudiar la Constitución de la República. Por dicha razón
no crearon un “impuesto a la propiedad inmueble rural” sino un impuesto a la
“producción mínima exigible” que gravaba no sólo a los propietarios sino a los
explotadores a cualquier título. Hemos estudiado tan concienzudamente como hemos
podido todo lo referente al IMPROME. No encontramos evidencia alguna de que en
la época éste hubiera sido impugnado como inconstitucional. Estuvo vigente entre
1967 y 1976 año en que fue sustituido por el Impuesto a la Actividad
Agropecuaria (IMAGRO) que incorporaba elementos de gravamen a las ganancias de
las empresas agropecuarias.
El IMPROME era un impuesto en
serio. No hemos estimado rigurosamente su recaudación
potencial de estar vigente hoy. Pero nos atrevemos a afirmar
sin ninguna clase de duda que ésta no bajaría de los 1.000 millones de dólares
anuales. Como comparación se afirma que el ICIR, la payasada creada por el
Gobierno Mujica, recauda 60 millones de dólares anuales. Que, además se vuelcan
a mantener y mejorar la caminería rural. O sea, van a beneficiar a los mismos
estancieros que lo pagan.
Resulta difícil de creer que los técnicos
de toda laya y pelaje, pero siempre muy bien remunerados, que pululan por las
oficinas de la Torre Ejecutiva, el Palacio Legislativo, el Ministerio de
Economía, etc., no hayan sido capaces de preveer que este modestísimo, más bien
simbólico, Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales iba a ser impugnado
con éxito desde el punto de vista
constitucional.
¿Qué pasó en
realidad?
¿Acto de sabotaje desde los equipos
técnicos?
¿Maniobra maquiavélica
(pobre Maquiavelo, que mal liga habitualmente) desde el mismísimo Poder
Ejecutivo?
¿Burda
ineficacia?
De aquí el título. Lo ignoro y prefiero no
sacar conclusiones sin base fáctica.
De lo que no hay duda es de que el
Gobierno ha “quedado pagando”. Resulta muy penoso que a pocos meses de instalada
una medida que tanta charlatanería originó, ésta resulte, previsiblemente,
impugnada de esta forma.
El Presidente siente (o finge vaya uno a
saber) gran indignación con el asunto. Y amenaza con una reforma
constitucional.
Gran cosa sería ésta
eliminando la parte marcada en negrita del maldito inciso 1 del artículo 297 y
abriendo camino para una verdadera imposición progresiva sobre la propiedad de
la tierra que no necesitara llevar otro
nombre.
Lamentablemente los antecedentes recientes
del accionar presidencial nos hacen ser totalmente pesimistas. No habrá tal
reforma constitucional.
Es posible que se busque alguna solución
técnica para reflotar el impuesto. Las intendencias cuentan con su recaudación
para emprender obras de caminería
rural.
También es posible que simplemente que no
se haga nada para sustituirlo y el ICIR pase a la historia e integre algún día
el museo a la incapacidad nacional. El Gobierno se haría cargo en este caso del
financiamiento para las intendencias del interior.
Utilizando, faltaba más, recursos
provenientes, en un 80% de los impuestos indirectos como el IVA, que pagan
predominantemente los trabajadores.
*Decir que hoy la
producción agropecuaria está estancada resulta sorprendente para mucha gente. La
propaganda oficial (incluyendo referentes del gobierno pero también y sobre todo
analistas, economistas agrarios y gente vinculada al sector) no para de alabar
el “formidable desarrollo de la agropecuaria”. Sin embargo la
cruda realidad que reflejan las Cuentas Nacionales informa otra cosa. La gráfica
que construimos (utilizando tal cual viene la información del BCU) es
ilustrativa. De ella se desprende sin lugar a dudas que entre 1997 y 2011 el
crecimiento de la producción agropecuaria es ínfimo; un 15%. O lo que es lo
mismo: un 1% anual. Que conste: este se da en un contexto de precios de los
productos de exportación agropecuarios (tal cual documentamos en un trabajo
anterior reciente) excepcionalmente altos. Y se da también cuando los precios de
la tierra se han más que decuplicado en los últimos 10 años. Señalamos, por
último que no hemos elegido el año base para elaborar la gráfica. 1997 es el
origen de los datos que se pueden encontrar en la página del BCU que exponen las
cuentas nacionales.
1) la lectora
interesada en profundizar en el tema encontrará bastante
material en: www.resonandoenfenix.blogspot.
Información disponible también en este link: resonandoenfenix.blogspot.com
Último Momento | REUNIÓN EN ANCHORENA
Inconstitucionalidad del ICIR fue un "duro golpe" para comunas
El mandatario y los jefes comunales. Foto: Presidencia.
Los intendentes de todo el país y el presidente José Mujica se reunieron
hoy en la estancia presidencial de Anchorena y alcanzaron un compromiso
para lograr el recurso que permita el desarrollo rural, principalmente
de la caminería rural, tras la declaración de inconstitucionalidad por
parte de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) del Impuesto a la
Concentración de Inmuebles Rurales (ICIR).
Luego de cinco horas de reunión, se reconoció que la declaración de la SCJ modifica los caminos y atrasa en por lo menos dos años el cumplimiento de los objetivos trazados, pero también se aclaró que el camino continuará siendo el mismo.
Las alternativas para alcanzarlo no pasarán por sumar nuevos impuestos al campo, idea que ya era rechazada por un bloque de jefes comunales , sino que se buscará abordar la idea primaria de no recordar a los sectores más sensibles, resumidos en este caso en pequeños y medianos productores.
Omar Lafluf, intendente de Río Negro y presidente del Congreso de Intendentes, dijo al finalizar el encuentro que en común acuerdo con Mujica, la alternativa "no va a salir de los 3 millones de uruguayos ni del espectro de todos los productores uruguayos" y aclaro que, pese a lo que se dice, el arreglo de la caminería rural no es para el comercio de la soja o la madera, sino "para garantizar calidad de vida, vida dirigida a la gente del campo".
Para Lafluf "el golpe que produjo esto (el fallo de la SCJ de declarar inconstitucional el ICIR) fue muy grande. Teníamos las licitaciones de la compra de maquinaria ya en marcha, cosa que hay que pararlas. Esto se atrasará no sabemos cuánto, quizá dos años".
Para el jefe comunal de Río Negro, "nosotros tenemos un problema que es el desarrollo rural. Si ese problema no se ataca en poco tiempo la campaña nuestra y el medio rural no va tener gente. Acá se piensa que arreglar la caminería rural es para sacar la soja y la madera, no es para eso, es para provocar un desarrollo rural en serio ", puntualizó.
"Lo primero que precisa la gente para vivir en el medio rural es calidad de vida. La caminería es fundamental. Tener la posibilidad de llegar un ómnibus, de salir una ambulancia donde no hay médicos, donde pueda salir un micro que lleve los estudiantes a estudiar. Eso es fundamental si queremos que la gente no se vaya del campo", añadió Lafluf.
El prosecretario de la Presidencia, Diego Cánepa, explicó en la conferencia, al leer la declaración del Congreso de Intendentes, que "continuarán los esfuerzos que se consideren necesarios", pero agregó que "para lograr esa caminería, aquellos que tienen un beneficio mayor deben dar un aporte mayor porque así lo establece la equidad que queremos construir. Esta pelea se debe dar en todos los ámbitos del país y así se lo transmitió el presidente a los intendentes, pero especificando no que se sumen a esto, sino a la búsqueda de soluciones".
Asimismo, expresó que "no es lo mismo realizar una reunión en el año 2010 ó 2011 que en febrero 2013. Estamos entrando en el cuarto año de gobierno y todos son conscientes de que el clima electoral del país empieza a tomar mayor importancia. Nosotros vamos a seguir gobernando hasta el último minuto".
Y el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Gabriel Frugoni, reiteró este concepto al afirmar que se mantendrá la búsqueda de "los mismos objetivos que teníamos; es decir que paguen más los que tienen más (…) seguir apostando al desarrollo de esta medida".
La declaración de inconstitucionalidad generó incertidumbres entre las intendencias que ya contaban con US$ 60 millones para la compra de maquinaria vial. En el caso de Rivera se adquirió maquinaria por un total de US$ 2 millones como parte del adelanto a cuenta que prometió la OPP.
El intendente de Florida, Carlos Enciso (Unidad Nacional), dijo a El País que no es partidario de subir la contribución inmobiliaria rural para recaudar lo que se no logró con el ICIR.
Mujica, por su parte, dijo al diario La República que con o sin ICIR "la causa por un país desarrollado seguirá adelante", así deban manejarse otras alternativas por parte del Poder Ejecutivo.
Luego de cinco horas de reunión, se reconoció que la declaración de la SCJ modifica los caminos y atrasa en por lo menos dos años el cumplimiento de los objetivos trazados, pero también se aclaró que el camino continuará siendo el mismo.
Las alternativas para alcanzarlo no pasarán por sumar nuevos impuestos al campo, idea que ya era rechazada por un bloque de jefes comunales , sino que se buscará abordar la idea primaria de no recordar a los sectores más sensibles, resumidos en este caso en pequeños y medianos productores.
Omar Lafluf, intendente de Río Negro y presidente del Congreso de Intendentes, dijo al finalizar el encuentro que en común acuerdo con Mujica, la alternativa "no va a salir de los 3 millones de uruguayos ni del espectro de todos los productores uruguayos" y aclaro que, pese a lo que se dice, el arreglo de la caminería rural no es para el comercio de la soja o la madera, sino "para garantizar calidad de vida, vida dirigida a la gente del campo".
Para Lafluf "el golpe que produjo esto (el fallo de la SCJ de declarar inconstitucional el ICIR) fue muy grande. Teníamos las licitaciones de la compra de maquinaria ya en marcha, cosa que hay que pararlas. Esto se atrasará no sabemos cuánto, quizá dos años".
Para el jefe comunal de Río Negro, "nosotros tenemos un problema que es el desarrollo rural. Si ese problema no se ataca en poco tiempo la campaña nuestra y el medio rural no va tener gente. Acá se piensa que arreglar la caminería rural es para sacar la soja y la madera, no es para eso, es para provocar un desarrollo rural en serio ", puntualizó.
"Lo primero que precisa la gente para vivir en el medio rural es calidad de vida. La caminería es fundamental. Tener la posibilidad de llegar un ómnibus, de salir una ambulancia donde no hay médicos, donde pueda salir un micro que lleve los estudiantes a estudiar. Eso es fundamental si queremos que la gente no se vaya del campo", añadió Lafluf.
El prosecretario de la Presidencia, Diego Cánepa, explicó en la conferencia, al leer la declaración del Congreso de Intendentes, que "continuarán los esfuerzos que se consideren necesarios", pero agregó que "para lograr esa caminería, aquellos que tienen un beneficio mayor deben dar un aporte mayor porque así lo establece la equidad que queremos construir. Esta pelea se debe dar en todos los ámbitos del país y así se lo transmitió el presidente a los intendentes, pero especificando no que se sumen a esto, sino a la búsqueda de soluciones".
Asimismo, expresó que "no es lo mismo realizar una reunión en el año 2010 ó 2011 que en febrero 2013. Estamos entrando en el cuarto año de gobierno y todos son conscientes de que el clima electoral del país empieza a tomar mayor importancia. Nosotros vamos a seguir gobernando hasta el último minuto".
Y el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Gabriel Frugoni, reiteró este concepto al afirmar que se mantendrá la búsqueda de "los mismos objetivos que teníamos; es decir que paguen más los que tienen más (…) seguir apostando al desarrollo de esta medida".
La declaración de inconstitucionalidad generó incertidumbres entre las intendencias que ya contaban con US$ 60 millones para la compra de maquinaria vial. En el caso de Rivera se adquirió maquinaria por un total de US$ 2 millones como parte del adelanto a cuenta que prometió la OPP.
El intendente de Florida, Carlos Enciso (Unidad Nacional), dijo a El País que no es partidario de subir la contribución inmobiliaria rural para recaudar lo que se no logró con el ICIR.
Mujica, por su parte, dijo al diario La República que con o sin ICIR "la causa por un país desarrollado seguirá adelante", así deban manejarse otras alternativas por parte del Poder Ejecutivo.
El País Digital
Intendencias se oponen a nuevos impuestos para sustituir el ICIR
Anchorena. Tributos al agro serán el eje central de la reunión con Mujica
La relación entre el presidente José Mujica y el Congreso de Intendentes sufre fisuras. Un bloque de jefes comunales plantearán hoy en la reunión de Anchorena su desacuerdo con el cobro de más impuestos al agro.
La declaración de inconstitucionalidad del Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales (ICIR) generó incertidumbre entre las intendencias, que ya contaban con US$ 60 millones para la compra de maquinaria vial.
El tema estará sobre la mesa en la reunión de Anchorena III a la que convocó para hoy el presidente José Mujica. El intendente de Florida, Carlos Enciso (Unidad Nacional) dijo a El País que no es partidario de subir la contribución inmobiliaria rural para recaudar lo que no se logró con el ICIR.
"No estamos de acuerdo con aumentar la contribución rural que empareja a todos por igual, porque no es justo que sean los productores pequeños los que paguen las consecuencias de este bloqueo del ICIR", explicó el intendente blanco.
Para recaudar los US$ 60 millones que se pensaban conseguir mediante el cobro del ICIR, Enciso plantea que las intendencias paguen un 7% de impuestos patronales al Banco de Previsión Social en lugar del 16,5%. El 9,5% que no aportarían al BPS pasaría directamente a manos de las intendencias para realizar obras de caminería rural. "La renuncia fiscal que debe hacer el BPS no desequilibrará los presupuestos siderales que tiene", justificó Enciso.
Como segunda opción, el intendente propuso que se descuente el IVA a las compras que hagan las intendencias. De acuerdo a sus cálculos, con esta disposición las comunas reunirían US$ 70 millones por año.
Anoche, la bancada de intendentes del Partido Nacional analizaba estos planteos para obtener los fondos que no se podrán recaudar por medio del ICIR. "Lo importante es no quedar avalando fácilmente la lógica de crecimiento de impuesto por parte del gobierno. Marcar un matiz y una diferencia instrumental de fondo", señaló el intendente de Florida.
Enciso aseguró que su planteo tiene el respaldo de los jefes comunales de la región centro sur (Flores, Durazno y San José), todos ellos alineados con Unidad Nacional. Sin embargo, indicó que no se trata de una propuesta "sectorial", porque también pueden haber apoyos en Alianza Nacional.
Además, llamó a dar una discusión de fondo sobre la conveniencia de que sean las comunas las que tengan la responsabilidad de hacer obras de caminería rural. "¿El sector forestal es un problema de las intendencias o de la logística del país?", preguntó. También consideró que el llamado impuesto "el que rompe paga" era "más justo", porque "sectores no ganaderos, como los forestales, no aportan nada por el usufructo de las carreteras".
El intendente de Rivera, Marne Osorio (Propuesta Batllista) dijo a El País que la tributación rural debe estar vinculada al uso de la caminería rural y "no a la filosofía de la concentración de la tierra".
A su vez, opinó que el incremento de la contribución inmobiliaria rural no es de justicia tributaria. "La contribución es un impuesto que no discrimina muchos aspectos que hacen a la producción y, es evidente, tal vez no sea de justicia gravar de igual manera a un productor menor que a aquel de mayor porte", agregó.
Osorio explicó que la inconstitucionalidad del ICIR preocupa a las intendencias, porque en el caso de Rivera se adquirió maquinaria por un total de US$ 2 millones como parte del adelanto a cuenta que prometió la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP).
El País Digital
Mujica e ICIR: “No vamos a bajar los brazos, no vamos a cambiar el programa”
El Presidente de la República dedicó la mayor parte de su audición semanal al análisis del Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales (ICIR), que según algunas versiones de prensa será declarado inconstitucional por los ministros de la Suprema Corte de Justicia.
Jueves 14 de febrero de 2013 | 15:16 La República
Mujica / rionegro.gub.uyEl mandatario refirió incluso a la posibilidad de “plantearse cambios constitucionales” para el caso de que no se pueda llevar adelante el plan. “Al parecer la Constitución se opondría a que pague más el que más se beneficia”, dijo asegurando no poder comprender que “los gobiernos puedan subir aranceles, subir el IVA a los consumidores, el IRPF, tasas, etc. pero no pueden gravar la concentración de la tierra”.
En la línea de José Batlle y Ordoñez
Mujica remarcó que respetará cualquiera sea la decisión de la Suprema Corte de Justicia sobre el ICIR, pero dijo que no va “ocultar” su línea de pensamiento sobre los terratenientes y las propiedades de miles de hectáreas, “la concentración de la gran propiedad de la tierra, está en línea con lo que en su tiempo pensaba don José Batlle y Ordoñez (…) Parece moralmente defendible que quienes con mucha tierra, más de dos mil hectáreas, quienes han recibido un beneficio tan grande, hagan un aporte de 10, 12, hasta 16 dólares por hectárea por año. ¿por qué? Porque recibieron un beneficio cuyo origen es en gran medida la marcha de la sociedad”. Mujica reafirmó que sus palabras corresponden a algo moralmente defendible y que no objeta la legalidad de la cuestión.“Yo estoy hablando no de legalidad, sino de moralidad. Si esto es moralmente defendible, legalmente vamos a acatar lo que hay que acatar”, agregó.
“Y todavía más si esa recaudación tiene una puntería específica de contribuir a urbanizar todas las comunicaciones en los caminos uruguayos: es una necesidad de carácter histórico y por ello moralmente defendible desde el punto de vista ético”.
El presidente concluyó recordando que en su anterior emisión radial había apuntado a los especuladores financieros con la tierra y se preguntó como es posible que “no le podamos colocar un humilde impuesto que nos ayude a urbanizar la vida de nuestro campo”, a “los fondos jubilatorios de trabajadores de Estados Unidos, o de Suecia, o de donde fuera” que han estado comprando “tierras importantes para que esa especulación les permita en todo caso multiplicar su capital”.
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Bordaberry: A Mujica “le afloró el odio contra el campo”
“Se la agarra con el que tiene 2.000 hectáreas, pero no con la multinacional que tiene 200.000”, dijo el senador colorado
+ - 18.02.2013, 07:40 hs
- ACTUALIZADO 08:32
Texto:
-El Observador
“Quizá lo peor de todo esto es cómo al presidente Mujica le afloró el odio que siente contra el campo uruguayo, contra los que se despiertan a las cinco de la mañana a trabajar todos los días, con los que hace años van metiendo el progreso en el campo”, dijo en su audición de Radio Rural de este domingo.
Para el líder de Vamos Uruguay, tras el dictamen de la SCJ el mandatario apeló a esa “cosa de división de clases, en lugar de buscar unir” a los uruguayos, recoge la diaria.
“Planteó el odio, pero no dice nada de Montes del Plata, a la que compensó con la exoneraciones de impuestos. Se la agarra con el que tiene 2.000 hectáreas, pero no con la multinacional que tiene 200.000”, dijo el senador.
Bordaberry también cuestionó a quienes están “a favor o en contra” del ICIR según si los beneficia o no.
Caso Mota
El líder colorado también se refirió al traslado de la jueza Mariana Mota desde la justicia penal a la civil, lo que generó incidentes y protestas en la sede de la SCJ del pasado viernes. Bordaberry criticó la “asonada” para “no dejar jurar a la jueza”.
“Esto es como los partidos de fútbol: si cada vez que un juez dicta un fallo la hinchada se mete para adentro y terminamos echando al juez, entonces no podemos jugar a nada, no hay Estado de derecho posible”, indicó.
Mujica dijo que con o sin ICIR, "la causa por un país desarrollado seguirá adelante"
El presidente José Mujica dijo que si se confirma la decisión de la
Suprema Corte de Justicia de declarar inconstitucional el impuesto a la
tierra (ICIR), el Poder Ejecutivo analizará otras alternativas.
Pero aclaró que más allá del fallo "la causa por un país desarrollado seguirá adelante". En diálogo con el diario La República, el presidente uruguayo afirmó que la decisión de la Justicia será "acatada", pero sí le llamó la atención "las filtraciones" en medios de prensa sobre un eventual resultado.
"Antes había mucha reserva, sin embargo hoy estamos asistiendo a un cambio de actitud en este sentido. Hasta que no tengamos el texto de la decisión formal no podemos decir vamos a hacer esto o aquello", afirmó.
Mujica se reúne esta mañana con intendentes de todo el país para analizar la viabilidad de aplicar más impuesto al agro, pero la propuesta ya generó resistencias y rechazos en un bloque de jefes comunales, que así lo transmitirán al mandatario.
Pero para Mujica, el "plato fuerte" de la reunión será el informa que presenta la dirección de la Universidad Tecnológica".
"Ellos nos mostrarán el croquis de lo que piensan hacer en el Interior", dijo y adelanto que se analizará el planteo de "cinco o seis intendencias" que plantean hacer uso de recursos que no fueron ejecutados en el ejercicio pasado y que por ley deberían volcarse a Rentas Generales, agrega la crónica del matutino montevideano.
El presidente uruguayo dijo que la idea será evaluada, pero en el marco de un "gasto eficiente" de los recursos.
Pero aclaró que más allá del fallo "la causa por un país desarrollado seguirá adelante". En diálogo con el diario La República, el presidente uruguayo afirmó que la decisión de la Justicia será "acatada", pero sí le llamó la atención "las filtraciones" en medios de prensa sobre un eventual resultado.
"Antes había mucha reserva, sin embargo hoy estamos asistiendo a un cambio de actitud en este sentido. Hasta que no tengamos el texto de la decisión formal no podemos decir vamos a hacer esto o aquello", afirmó.
Mujica se reúne esta mañana con intendentes de todo el país para analizar la viabilidad de aplicar más impuesto al agro, pero la propuesta ya generó resistencias y rechazos en un bloque de jefes comunales, que así lo transmitirán al mandatario.
Pero para Mujica, el "plato fuerte" de la reunión será el informa que presenta la dirección de la Universidad Tecnológica".
"Ellos nos mostrarán el croquis de lo que piensan hacer en el Interior", dijo y adelanto que se analizará el planteo de "cinco o seis intendencias" que plantean hacer uso de recursos que no fueron ejecutados en el ejercicio pasado y que por ley deberían volcarse a Rentas Generales, agrega la crónica del matutino montevideano.
El presidente uruguayo dijo que la idea será evaluada, pero en el marco de un "gasto eficiente" de los recursos.
El País Digital
Decisión de reformar la Constitución
Impuestos. Presidencia quiere aumentar tributos a los grandes propietarios de tierra y cree que la Constitución se lo impide. Busca alternativa rápida al ICIR tras ser declarado inconstitucional
El presidente José Mujica y sus jerarcas más cercanos están decididos a impulsar una reforma constitucional que permita gravar a los propietarios de tierras. La inconstitucionalidad del ICIR puede atrasar hasta dos años obras en caminería rural.
En la Torre Ejecutiva existe la voluntad firme de embarcar al Frente Amplio en la búsqueda de una reforma constitucional, aunque saben que los plazos son largos.
Prima un criterio general de que la Constitución "fue hecha" para cuidar a los grandes propietarios de la tierra y se entiende que quienes la escribieron tomaron todo tipo de resguardo para evitar que pagaran más, lo que fue obra de "mayorías conservadoras" que gobernaban, dijeron fuentes del Poder Ejecutivo a El País.
Como ejemplo manejan la imposibilidad de un tributo nacional que grave la extensión de tierra o que la contribución rural la fije el Parlamento para no dejar esa potestad en manos de un intendente.
Entre quienes han analizado el tema en el Ejecutivo están el prosecretario de la Presidencia Diego Cánepa, el director de la OPP Gabriel Frugoni, el asesor presidencial Pedro Buonomo y el ministro de Trabajo Eduardo Brenta.
Mujica ya realizó algunas declaraciones públicas en el sentido de impulsar una reforma constitucional que permita ponerle más tributos a los grandes dueños de tierra. Pero a diferencia de otros asuntos, en este tema existe conocimiento y cierto consenso en parte del gobierno.
Si bien no existe aún un texto con la propuesta, en la Presidencia quieren promover la reforma antes del fin del período de gobierno.
ICIR.
El presidente Mujica y los 19 intendentes acordaron ayer domingo mantener la idea de una transformación profunda de la caminería rural en el país y reafirmaron la voluntad de continuar haciendo esfuerzos para reunir los recursos que alcancen ese objetivo.
Los jefes comunales le plantearon al mandatario que está en falta en cuanto a la creación de un impuesto denominado "el que rompe paga" que grave a quienes utilizan más las rutas y caminos, como el transporte de madera y granos (ver recuadro).
Tras concluir el denominado Anchorena III, luego de cinco horas de encuentro en la estancia presidencial, se reconoció que la inconstitucionalidad del Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales (ICIR) modifica los caminos, atrasa en aproximadamente dos años el cumplimiento de los objetivos, pero que la senda continuará siendo la misma.
Los intendentes continuarán en contacto con Presidencia y mantendrán una línea de acción, mientras se buscan las alternativas que no estarán por sumar nuevos impuestos, sino el de abordar la idea primaria de no recargar a los sectores más sensibles, resumidos en este caso en pequeños y medianos productores.
El presidente dijo en la reunión que se seguirá buscando gravar a los grandes propietarios de tierras pero ni él ni el prosecretario de la Presidencia Diego Cánepa y el director de la OPP Gabriel Frugoni, especificaron el cómo, en lo que dijeron están trabajando.
Se comprometieron a plantear una alternativa al ICIR en un plazo de 20 días o un mes.
Este tema y la presentación de la UTEC, que se realizó por la mañana en el Centro de Visitantes, fueron los dos principales temas de la agenda, que encontró nuevamente al primer mandatario con los integrantes del Congreso de Intendentes.
La reunión comenzó sobre la hora 10 y culminó minutos después de las 15.30. Los intendentes de todo el país se pusieron a disposición del presidente para ver los mecanismos a seguir que permitan conseguir los recursos "para un problema que lo sufrimos todos los días", en alusión al estado de la caminería rural.
Al concluir el encuentro, el intendente de Río Negro y presidente del Congreso Nacional de Intendentes Omar Lafluf, reconoció que "el problema de todos los días es la caminería para el desarrollo rural". "Si queremos que haya gente en el campo debemos darles caminos para que se puedan movilizar", agregó. "Hoy vinimos a decirle que queremos ser partícipes del trabajo y no queremos abandonar al presidente", resumió Lafluf.
En cuanto al origen de los recursos, Mujica transmitió a los intendentes que no recaerán sobre los pequeños o medianos productores, en una posición compartida con los propios jefes comunales.
Al referirse a los plazos, todas las partes coincidieron en que "será lo más rápido posible", aunque Mujica propuso volver a reunirse a mediados de marzo para definir el tema.
Los intendentes comunicaron que las licitaciones que concluían en la compra de 680 maquinas quedaron paradas y eso atrasa en por lo menos dos años el planteamiento inicial. Algunas intendencias ya había realizado adjudicaciones y ello llevará a un cambio de solución. "El estado antes era el garante del fideicomiso, ahora si no está la plata no podrá serlo", dijo Lafluf, quien afirmó que se deberán encontrar soluciones para subsanar en cierta medida este retraso que surge. "Si no, se nos va un año y medio a dos", confirmó Lafluf.
Frugoni afirmó que este año se seguirá avanzando en otros temas con las comunas, como los residuos, el ingreso de los empleados de las intendencias al Fonasa y el alumbrado.
En el año 2014, la UTEC tendrá entre dos y cuatro carreras, fue tema importante en reunión de Anchorena,
El presidente de la República, dijo que el Uruguay se está jugando el futuro para los próximos 30 años, y que la Universidad Tecnológica (UTEC) es un puntal de conocimiento que debe llegar a todos los rincones del país. Indicó que la reserva del país está en el interior y es hacia allí donde se deben poner grandes esfuerzos para llevar la capacitación.En el marco de la reunión que Mujica mantuvo con los intendentes en la estancia de Anchorena, el mandatario subrayó que "Uruguay tiene un límite para ser desarrollado y es que al interior se le pasó la espumadera hace años". Pidió que todos piensen en la importancia que tiene "abrir el juego a nuevas carreras, y aportar más tecnología y conocimientos prácticos y rápidos", en el mismo lugar de residencia.
Diego Cánepa señaló que hay un compromiso de la Presidencia y el Congreso de Intendentes en desarrollar la UTEC y descentralizar la educación en el interior del país. En tanto, Omar Lafluf sostuvo que la creación de la UTEC es el logro más grande para el interior del país. "Hoy reafirmamos nuestro compromiso con la UTEC", concluyó.
Previo al encuentro con los intendentes que se desarrolló tras el almuerzo en el casco principal de la estancia presidencial, Mujica y los jefes comunales recibieron una presentación de la futura universidad tecnológica de parte de los tres miembros del Consejo Directivo Central provisorio de la misma.
Uno de ellos, María Elena Grompone, dijo que la primera directriz es la de establecer carreras específicas, en una primera etapa que abarca las definiciones de las líneas de acción y en 2014 con la puesta en práctica de entre dos y cuatro carreras.
La segunda directriz desarrolla la profundización del sistema, que lo haga definitivo en el tiempo. Dijo que la producción, los granos, la productividad son elementos importantes y que por encima de todo, está la posibilidad de que el joven pueda estudiar en su medio rural.
Indicó que las carreras, se instrumentarán teniendo en cuenta a los estudiantes que además deben trabajar, para que los horarios de estudio se lo permitan.
"Ideológica": Así se define en Presidencia la decisión de reformar la Constitución. Licitaciones: Para la compra de maquinaria están paradas tras la debacle del ICIR.
Plantean un nuevo impuesto
n "El espíritu de los intendentes fue insertar nuevamente en la agenda bilateral con el presidente el tema de `el que rompe paga`, del que más usufructe los caminos no solo nacionales sino rutas y caminos departamentales, pague el justo costo del transporte de ese tonelaje", dijo el intendente de Florida, el nacionalista Carlos Enciso y apuntó a la producción maderera y de granos. Los intendentes se ofrecieron a mediar con las gremiales. "Es un tema país", afirmó Enciso, agregó que el tema "fue aceptado" por el Ejecutivo que informó "trabaja en alternativas". "El tema es que los meses pasan y nuestros caminos cada vez están peor".
El País Digital
Nacional - ICIR
Astori contradijo a Mujica: es "innecesario" reformar la Constitución
El vicepresidente aseguró que la búsqueda de alternativas se basará en otras propuestas que el equipo económico hizo durante la gestación del ICIR
+ - 18.02.2013, 20:14 hs
- ACTUALIZADO 20:20
Texto:El Observador
"Para estos efectos, no es necesario. Porque según tengo entendido, el dictamen de la corte no se va a basar en que la Constitución esté en contra de gravar a los grandes inmuebles, sino que se va a basar en otra razón, y es que se violan las soberanías municipales. Por lo tanto, me parece totalmente innecesario", expresó el jerarca en declaraciones recogidas por Telenoche.
Esta postura se contrapone a los dichos del presidente José Mujica, quien el jueves pasado aseguró que, si el ICIR era inconstitucional, había que reformar la Constitución.
Por cuatro votos en cinco, los ministros de la SCJ consideraron que los artículos 1 y 2 del ICIR son inconstitucionales. "La Constitución establece que la propiedad inmueble rural únicamente puede ser gravada mediante impuestos departamentales o nacionales de carácter adicional de inferior cuantía a los departamentales", señala el órgano en el texto de la sentencia.
Astori aseguró que la búsqueda de alternativas se basará en otras propuestas que el equipo económico ya había considerado cuando se gestó el ICIR. Una de ellas era la reincorporación del impuesto al patrimonio a los inmuebles rurales, así como un par de adicionales a la contribución inmobiliaria, lo cual implicaba instaurar la vigencia del impuesto de Primaria y otro impuesto adicional que gravara a extensiones de más de 10 mil hectáreas. Esto incluía además una flexibilización entre el Impuesto a la Enajenación de Bienes Agropecuarios (IMEBA) y el IRAE, aseguró Astori.
“No digo que sea lo que se va a hacer ahora, porque eso en definitiva depende de la decisión del presidente, pero es una de las opciones que nosotros entendemos válida, seguimos creyendo en esta propuesta. Y lamentablemente hemos perdido tiempo por este proceso, lo cual significa también haber perdido recaudación, recursos y posibilidades de hacer obras”, manifestó.
Ya sé que son las bardas,pero X las dudas,poné las barbas en remojo...
Algunos/as deben haber visto la patética foto que mostró EL MUERTO QUE HABLA dónde aparece el Tambero rodeado X toda la taquería,una verguenza.-
Bien sé que estoy comprendido en las generales de la ley X que soy compañero y amigo del tocayo. -
Pero
si nó lo fuese,igual me indignaría el absurdo que el obsecuente
gobierno emplee métodos violentos de disuasión para obedecer las órdenes
de la embajadora, (cómo cuál embajadora...?,esa con la que Diego Cánepa
anda a los besitos...), que impone una política anti-popular de
impunidad absoluta y total para esos poquitos asesinos/torturadores que
tenemos presos de nidal,pa' mostrar.-
Dejemos
de lado de que el que mandó la taquería es un ex-Cro. del MLN y
compañero en el Penal,la historia lo "absolverá" X que no lo vá a
registrar.- Pero escarbando un poco,en todo se pueden encontrar aspectos
aprovechables. Los esfuerzos para protejer nuestra numerosa,cara,
gloriosa pandilla enfierrada mantiene el tema sobre el tapete,agrede
valores que perduran en la gente, aunque sólo hallan ido 1000 personas a
la Pza. Libertad. Se me ocurre que habría que ir preparando a la
uruguaya una marcha de 200.000 personas para el 20 de mayo. Esa
emocionante marcha del silencio que es el instrumento de medición del
repudio de los uruguayos bien nacidos,sensibles y con principios
innegociables.Yo no tengo nada que ver con ese sordo que tiene una
consultora,pero de atrevido nomás,opino que el FraudeAmplio ya se
suicidó electoralmente teniendo en cuenta los márgenes de votos
favorables en las 2 elecciones anteriores.-
Éstos
hechos repudiables y lamentables son el caldo de cultivo propicio para
que el pueblo aprenda y visualice la realidad,paso previo y obligado
para una necesaria e imprescindible toma de conciencia y aunque las
revoluciones X hambre sólo llegan hasta la 1a. panadería,me palpita que
el pueblo uruguayo se va a concientizar, obligatoriamente, X la
barriga.-
MAU-MAU 